SUMARIO
Sobre el problema de deudores de la banca, hacen uso de la palabra los diputados:
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova
Víctor Manuel Quintana Silveyra, para contestar alusiones personales.
Marta Alvarado Castañón, para rectificar hechos.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, presenta iniciativa de reformas al artículo 25 de la Carta Magna. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma diversos artículos de dichos ordenamientos. Se turna a la Comisión de Justicia.
Dictamen de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma dicha ley. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Servando Sepúlveda Enríquez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Autrique Gómez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comlsión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Peter Cadó Cortés, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto, se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma dichos ordenamientos. Se turna a las comisiones Unidas de Comercio y de Justicia.
Se refieren a los lugares destinados para el público que concurra a presenciar las sesiones, los diputados:
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Jorge Efraín Moreno Collado
Juan Nicasio Guerra Ochoa, para rectificar hechos.
Francisco Antonio Tenorio Adame
Ramón Miguel Hernández Labastida
Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, para rectificar hechos.
Solicitud de los diputados Tenorio Adame, Quintana Silveyra y Quintero Martínez, se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Respecto al CDLXXVII aniversario de la fundación del primer ayuntamiento de América: Veracruz, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Mario de la Torre Hernández
Augusto César Leal Angulo
El diputado Luis Sánchez Aguilar, se refiere a los problemas laborales surgidos con la liquidación de dicha empresa y problemas en la administración del Departamento del Distrito Federal.
La diputadaMartina Montenegro Espinoza, presenta punto de acuerdo referente a la exportacion de tomate. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada Ysabel Molina Warner
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Florencio Catalán Valdés:
Se informa a la Presidencia que existen registrados, previamente, 296 diputados, por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 12:11 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Florencio Catalán Valdés:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 23 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y de San Luis Potosí.
Iniciativa de diputados
De reformas al artículo 25 párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Fernández Gavaldón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minuta
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco de Miranda, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Peter Cadó Cortés, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Comentarios
Sobre el CDLXXVII aniversario de la fundación del Primer Ayuntamiento de América, a cargo del diputado Mario de la Torre Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre problemas del Departamento del Distrito Federal, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Gonzalo Alarcón Bárcena
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos siendo las once horas con cuarenta minutos del viernes diecinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos noventa y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
En razón de que el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley para los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, ha sido impreso y distribuido entre los diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional y para presentar el voto particular en contra, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo, en contra; Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jorge Urdapilleta Núñez, del Partido Acción Nacional, en contra; Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Marta Alvarado Castañón, en contra y Luis Sánchez Aguilar, en contra.
Para rectificar hechos, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional; María Rosa Márquez Cabrera y José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y el Presidente informa que se reservaron, para la discusión en lo particular, los artículos: séptimo, cuarenta y tres, cuarenta y siete y ciento dos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y séptimo, octavo y noveno transitorios del proyecto de decreto, por el Partido Revolucionario Institucional; segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, doce, quince, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintiuno-bis, veintidós, veintitrés, veintiséis, veintiocho-bis, treinta y siete, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y tres-bis, cuarenta y siete, cuarenta y siete-bis, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y uno, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y nueve, ochenta y dos, ochenta y tres, noventa y ocho, noventa y nueve y ciento doce, de la misma ley, cuarenta y siete y ochenta y uno de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, séptimo de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ochenta y nueve de la Ley de Instituciones de Crédito, veintidós-bis-dos, de la Ley del Mercado de Valores, octavo transitorio, noveno-bis y décimo y decimosexto transitorios del proyecto de decreto, por el Partido de la Revolución Democrática y treinta y siete, cuarenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete de la misma ley y sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios del proyecto de decreto, por el Partido Acción Nacional.
La Asamblea autoriza a que la votación en lo general y en lo particular se realice en un solo acto, al término de la discusión en lo particular.
Hacen uso de la palabra, para discutir los artículos reservados, los diputados:
Armando Gamboa Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone modificaciones a los artículos: séptimo, cuarenta y tres, cuarenta y siete, ciento dos y séptimo transitorio:
Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones a los artículos: segundo, cuarto, quinto, un nuevo artículo séptimo, octavo, noveno-bis, quince y ochenta y tres:
Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las propuestas a los artículos quinto, séptimo, octavo y quince:
Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales:
Hildiberto Ochoa Samayoa, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer modificaciones al contenido de la sección cuarta, Capítulo Tercero de la iniciativa y a los artículos tercero y cincuenta y ocho, así como la supresión de los artículos cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, cien y ciento doce:
Alfonso Molina Ruibal, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las proposiciones; Hildiberto Ochoa Samayoa, para rectificar hechos; Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a los artículos treinta y siete, setenta y cinco y séptimo transitorio:
Gerardo Ordaz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las propuestas; Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos:
Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones a los artículos dieciocho, diecinueve, veintidós, veintiséis, veintiocho, treinta y siete, cuarenta y tres, setenta y cinco y séptimo transitorio:
Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las proposiciones; Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos:
Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones al artículo veintiuno-bis; Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la proposición; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos:
Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo cuarenta y tres; Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la propuesta.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados: Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional; María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Rojas Díaz-Durán, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor González Reyes, del mismo partido; Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática y Javier González Garza, del mismo partido.
Sube a la tribuna la diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un nuevo capítulo, añadir una sección dos-bis que comprenda los artículos del cuarenta y cinco A, al cuarenta y cinco Q y modificar los artículos setenta y seis y noventa ocho; Lorenzo Duarte y Zapata, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las proposiciones:
para rectificar hechos, los diputados: Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Ramón Flores Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional; Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Salgado Delgado, del mismo partido; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, del Partido Acción Nacional; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Florentino Castro López, del mismo partido; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional:
Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones al artículo séptimo, la eliminación del artículo ochenta y nueve de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo veintidós-bis-dos, de la Ley del Mercado de Valores y los correspondientes de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y propone un artículo dieciséisbis transitorio:
Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las propuestas; Joaquín Humberto Vela González, del Partido del Trabajo, para rectificar hechos; José Alberto Castañeda Pérez, del Partido Acción Nacional, quien propone modificación al artículo setenta y cuatro de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; Héctor San Román Arreaga, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la proposición; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones a los artículos ochenta y uno de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y cuarenta y siete de la Ley General de Instituciones de Crédito y Sociedades Mutualistas de Seguros:
Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de las propuestas y acepta una interpelación del diputado González Garza.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza a que la votación nominal se refiera a la discusión en lo general, en lo particular y de las proposiciones realizadas durante el debate, misma que arroja los siguientes resultados:
Aprobado en lo general por doscientos ochenta votos en pro y cien en contra; doscientos setenta y nueve votos en pro de las proposiciones del Partido Revolucionario Institucional; ochenta y un votos en pro de las proposiciones del Partido Acción Nacional; veintiséis votos en pro de las proposiciones del Partido de la Revolución Democrática y siete votos en pro de las modificaciones propuestas por el Partido del Trabajo.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
CARTERAS VENCIDAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Marco Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, quien ha solicitado el uso de la palabra.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señora Presidenta:
Lamentablemente se inició con retraso esta sesión por una visita inesperada del gobernador del Estado de Tabasco que vino a presentar aquí una exposición. ¿Quién pago la exposición? ¿La fuente? Pareciera que se vino a hacer escarnio de que estamos en jauja, pero aquí se cruzó la situación con otros ciudadanos mexicanos que no están precisamente en jauja, sino que están expresando la situación de quiebra que existe en nuestro país. Lamentamos el retraso de esta sesión por la visita del licenciado Madrazo, el cual creíamos que traería respuestas sobre los intereses o sobre los temas que interesan a los mexicanos: la corrupción e iniquidad en el manejo de los recursos públicos.
Compañeros diputados: ¡Qué falta nos hace el presidente Juárez! ¡Qué falta nos hace la voluntad y la firmeza del presidente Juárez! Cómo recordamos y el pueblo de México cómo recuerda en estos días y en estos tiempos al presidente Juárez. Nadie defenderá la República ante la usura, el desprecio y el grosero intervencionismo que está viviendo nuestro país en estos tiempos. ¿Por qué no acompaña este Congreso al espíritu de Juárez y defendemos la nación y a los mexicanos?
Está con nosotros una comisión de deudores de la banca, ciudadanos mexicanos, trabajadores que han depositado y depositaron su confianza en el país, como decía la propaganda, preocupados por lo sucedido el día de ayer y las noticias del día de hoy en relación a las reformas al Código Civil y de Procedimientos, en lo que respecta al título de operación de crédito y Nacional Financiera.
Compañeros diputados: los senadores nos han ganado en rapidez y superficialidad, en cinco horas aprobaron la iniciativa Zedillo Madariaga de 220 cuartillas e hicieron 180 modificaciones. Nos dejamos ganar como unos tontos, han sido más irresponsables que las irresponsabilidades que se han dado aquí.
Dicen que esta ley no afecta a los deudores. El diputado Víctor Quintana ha sido muy extenso en consideraciones al respecto para aclararnos esta situación, pero podemos adelantar que por presiones de la usura internacional nos han aplicado un nuevo fast track, adecuando las leyes mexicanas a sus propios intereses. Podemos seguirnos haciendo locos el tiempo que sea necesario y no llegar a la conclusión de que hoy estamos frente a una política de hechos consumados y lo que estamos viviendo es readecuar las leyes mexicanas, el texto constitucional a lo que son las necesidades usureras, a las presiones del Departamento del Tesoro norteamericano, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Se dice que las nuevas reformas no afectan a los deudores anteriores, o sea, que a los nuevos sí, ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué no se detiene mejor esta política económica? La insistencia a la política económica por parte del señor Ernesto Zedillo, quizá esconde un hecho más grave un hecho gravísimo que aquí y sobre todo la clase política y el PRI no quieren considerar.
El hecho grave que expresa la insistencia en mantener esta política económica, lo que esconde es de que el Presidente y el Gobierno no pueden modificarla porque estamos intervenidos y un Presidente de la República como el que tenemos, actúa más como procónsul que como un representante de los intereses de los mexicanos.
Los deudores aquí presentes, ciudadanos de la quiebra, de una situación agravada que no fue por motivos naturales, sino por determinaciones muy claras de la política económica, han venido a plantear de que se congelen estas iniciativas que veremos aquí en esta Cámara de Diputados y se abra al debate con todos los sectores para saber las implicaciones de esta reforma.
Asimismo, compañeras y compañeros diputados, nos parece muy importante que en estos tiempos, cuando se están presentando una y otra iniciativas que están hipotecando la independencia y la soberanía del país, actuemos con toda responsabilidad.
Muchas gracias.
La Presidenta:
El diputado Víctor Quintana, ha solicitado el uso de la palabra para contestar alusiones personales.
Le rogaría a los demás diputados que quieran participar en este debate, que después de que hable el diputado Víctor Quintana, sigamos en el orden del día, acabemos con los trámites y después ya entremos al debate, porque si no perdemos el orden y esta sesión se vería muy afectada.
Muchas gracias.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señora Presidenta; compañeras y compañeros:
Hace 16 días, tuvimos que cambiar nuestros relojes. Ahora el reloj de la Cámara tuvo que cambiarse por la visita del señor gobernador de Tabasco.
Dimos un recorrido por la amplia y bellísima exposición de Tabasco y nos parece muy completa, sólo le falta una cosa: le faltan las cajas, las famosas cajas con los gastos de campaña, para que la exposición sobre Tabasco sea completa.
En un memorable fast track, nuestros compañeros senadores, como decía el compañero Marco Rascón, han aprobado la ley Zedillo-Madariaga. Una ley que apenas entró al Senado la semana pasada, ayer ya se discutió, se dictaminó y no tarda en llegar la minuta a la Cámara de Diputados, a esta soberanía.
Por cierto, desgraciadamente yo dudo cada vez más que esto sea una soberanía. ¿Cuántas iniciativas de ley importantes duermen "el sueño de los justos"? ¿Cuántas iniciativas de ley de Acción Nacional, del PRI, del PRD, están por ahí archivadas en la congeladora, con propuestas muy importantes para modificar el orden jurídico de este país?
Sin embargo, la ley que más afecta a los deudores de la banca, está siendo dictaminada con una rapidez inaudita. No cabe duda, compañeras y compañeros diputados, no cabe duda compañero Roque Villanueva, si es que me escucha, que los banqueros nos están tronando los dedos a los senadores y a los diputados.
Si los senadores se dejaron tronar los dedos por los banqueros, los diputados, compañero Villanueva, no debemos permitirlo. Debemos demostrarle a los banqueros y a la comisión de desregulación, que ésta es una soberanía y que nosotros no vamos a votar una ley eminentemente antipopular, indigna de un Poder Legislativo como éste, sin consultarlo, sin analizarlo y sin estudiarlo.
Acabamos de votar la ley de Afore. Antes de votarla hicimos reuniones de estudio, invitamos a representantes de los sindicatos, invitamos a representantes del Seguro Social, de la banca; vinieron incluso representantes de gobiernos extranjeros, a decir cuál es la experiencia de las Afore en otros países; hubo semanas de trabajo.
No es posible que con la mayor ligereza del mundo únicamente porque don Salvador Madariaga nos truena los dedos y a su vez le truenan los del Banco de Bilbao y Vizcaya, nosotros vayamos a votar esta ley. Tenemos que estudiarla; tenemos que someterla a consulta del pueblo.
Recordemos, compañeras y compañeros diputados, que somos una autoridad delegada, que tenemos poder únicamente porque nos lo delega esta gente y si traicionamos el término del mandato que nos dio y votamos una ley que va en contra no únicamente de los mexicanos del futuro, sino de los mexicanos del presente, vamos a estar traicionando el mandato popular.
Yo los invito, compañeras y compañeros, yo invito al presidente de la Comisión de Comercio, al compañero Jorge Ocejo; yo invito al Presidente de esta Cámara, a que esta iniciativa de ley no se introduzca la minuta del Senado este periodo y que si le va bien, sea hasta el periodo que se inicia en septiembre, previa una amplia consulta y un amplio análisis de la misma.
Muchas gracias.
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Pido la palabra, señorita Presidenta.
La Presidenta:
La diputada Marta Alvarado Castañón ha solicitado el uso de la palabra; yo le pediría a la diputada Marta Alvarado si pudiera esperar a que se acabe la sección de trámites, para llevar esta sesión en el orden que habíamos previsto. De otra manera, el debate va a ser muy desordenado.
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Es para rectificar hechos.
La Presidenta:
Entonces la diputada Marta Alvarado, tiene la palabra.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Voy a ser muy breve, compañeras y compañeros:
Es importante que ustedes sepan que en Querétaro los deudores de la banca tienen un gobernador que sí se interesa por ellos. Ha sido ejemplar la intervención del gobernador Burgos en este vergonzoso asunto que tiene a la mayoría de los mexicanos en manos de los usureros, hoy disfrazados de banqueros, tratando de despojarlos para nuevamente dejar la riqueza en manos de unos cuantos. El gobernador Burgos tuvo voluntad política y sentó a los banqueros, jueces, barra de abogados, Hacienda y deudores, a buscar soluciones equitativas.
Y yo me pregunto: ¿por qué en Querétaro sí se puede? ¿Por qué ahí sí hay voluntad política de su gobernante? ¿Por qué en el resto del país no? ¿Por qué no podemos hacer nada los diputados? Creo que es el momento de que la Cámara de Diputados realmente tenga voluntad política y busque apoyar a los mexicanos, en este caso, a los verdaderos mexicanos que son los deudores.
Gracias.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario Raúl Ríos Magaña:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Para su conocimiento y efectos, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes, que de conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 38 de la Constitución Política del Estado y 19, 24 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con esta fecha quedó legalmente constituida la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Hidalgo, dándose apertura al primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio constitucional y eligiéndose a la directiva que fungirá durante el mes de abril del año en curso, quedando integrada en la forma siguiente:
Presidente: Juan Manuel Sepúlveda Fayad; vicepresidente: Cuauhtémoc Fernández Hernández; secretarios propietarios: Fernando Hernández Ramírez, Héctor Méndez Alarcón; secretarios suplentes: Mabel Gutiérrez Chávez y Reyes Flores Nolasco.
Asimismo, nos permitimos informarles que el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, fue electo por unanimidad, coordinador general de la LVI Legislatura.
La legislatura de referencia, se integra con 18 diputados electos por mayoría relativa y nueve de representación proporcional, cuya relación con especificación de nombres, distritos que representan y partidos políticos a que pertenecen, se anexa a la presente circular.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 1o. de abril de 1996.- Secretarios diputados: Fernando Hernández Ramírez y Héctor Méndez Alarcón.»
Diputados por mayoría relativa: Juan Manuel Sepúlveda Fayad, I distrito; María Elena Graciela Macip Vera, II distrito; Jorge Jesús Berganza Linares, III distrito; Adriana Durán García, IV distrito; Matías Cruz Mera, V distrito; Fernando Jiménez Uribe, VI distrito; Alfonso Covarrubias Rubio, VII distrito; Humberto Cuevas Piñón, VIII distrito; Saúl Marcelino Hernández Ramírez, IX distrito; José Carmelo Acosta Carrillo, X distrito; Fernando Hernández Ramírez, XI distrito; Mabel Gutiérrez Chávez, XII distrito; Reyes Flores Nolasco, XIII distrito; Reyes Vargas Paredes, XIV distrito; Carolina Viggiano Austria, XV distrito; Efraín Arista Ruiz, XVI distrito; Celia Martínez Bárcenas, XVII distrito; Andrés Manning Novales, XVIII distrito, del Partido Revolucionario Institucional; de representación proporcional: Germán Arce Martínez, Raymundo Bautista Pichardo, Héctor Méndez Alarcón, Marco Antonio Vega Escamilla, del Partido Acción Nacional; Encarnación Ortiz Ramírez, Cuauhtémoc Fernández Hernández, Francisco Vicente Ortega Sánchez, José López García, del Partido de la Revolución Democrática y Carolina Leyva Santillán, del Partido del Trabajo.»
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La secretaria Leticia Camero Gómez:
«Escudo.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos permitimos comunicar a usted(es) que con fecha 1o. de abril del presente año, la LIV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, abrió el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, habiendo quedado integrada su mesa directiva de la siguiente manera:
Diputados: Antonio Monsiváis Ramírez, presidente; Gerardo Limón Montelongo, primer vicepresidente; Jesús Pozos Pozos, segundo vicepresidente; Gustavo Enríquez Guerrero, primer secretario; José Antonio Herrán Cabrera, segundo secretario; Raymundo García Olivares, primer prosecretario y Bertha Galarza Regalado, segunda prosecretaria.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1o. de abril de 1996.- Diputados: Antonio Monsiváis Ramírez, presidente; Gustavo Enríquez Guerrero y José Antonio Herrán Cabrera, secretarios.»
De enterado.
Presidencia de la diputada María Claudia Esqueda Llanes
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Salvador Fernández Gavaldón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reformas al artículo 25, párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
"Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la Asamblea de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de Ley qué Reforma el artículo 25, en sus párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
EXPOSICION DE MOTIVOS
La globalización, la apertura comercial, los avances tecnológicos, el Tratado de Libre Comercio, la crisis ecológica, la deuda externa y la democratización del país, implican para el Estado mexicano enfrentar nuevos retos. Desde 1929 el grupo en el poder, que es el mismo que ha gobernado a México, ha identificado al Estado con el Ejecutivo. Las políticas económicas han sido aplicadas con propósitos de dominio político.
Del mismo partido salieron teorías económicas tan disímbolas como el "socialismo dentro de la constitución", "el capitalismo nacionalista", el "desarrollo estabilizador", "el desarrollo compartido", el "aprender a vivir con la inflación y la administración de la abundancia", el "centro progresista" y, por último, el "neoliberalismo" llamado "liberalismo social" de los últimos dos sexenios.
Durante los últimos 12 trágicos años, han dilapidado recursos y desperdiciado posibilidades, han llevado al país al borde de la quiebra. El poder político se entrelazó con el poder económico: políticos y dueños de capital se coligaron para controlar a la sociedad. La crisis que afecta a México tiene dimensiones tan dramáticas porque las causas que la han generado son múltiples y variadas; podemos afirmar que se han conjuntado las causas internas con las causas externas y las estructurales con las coyunturales.
Es preocupante constatar que detrás de la crisis de los llamados países del Tercer Mundo, hay una reivindicación de justicia mayor en las relaciones económicas mundiales. Cada vez más se está exigiendo una revisión radical de las mismas estructuras que han permitido un desarrollo económico tan dispar, una crisis que produce, a su vez, no pocas víctimas y precisamente en los países más pobres, que son los más indefensos.
Ha dicho una voz autorizadísima: "Queda mostrado cuan inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deje al capitalismo como único modelo de organización económica. Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo y asegurar a todos, individuos y naciones, las condiciones básicas que permitan participar en dicho desarrollo". Hasta aquí la cita.
El mercado es un instrumento valioso dentro de la actividad que, en la medida que opere en libertad (economía de mercado), permite lograr el uso eficiente de los recursos escasos y creación de riqueza. Sin embargo el mercado por sí solo no asegura ni el desarrollo ni la solidaridad. Con otras palabras: el mercado es factor necesario, pero no suficiente. Por eso es preciso que esté orientado al bien común. Para ello es necesario un sólido marco jurídico, un adecuado control social y político y un eficiente autocontrol de las propias empresas y sectores.
La libre competencia y su aportación al bien común se ve entorpecida cuando el poder económico impide la libre fijación de precios a través de prácticas monopolistas. Es cometido del Estado determinar el marco jurídico dentro del cual se desarrollen las relaciones económicas. De igual relevancia resulta que el Estado y la sociedad toda otorguen un lugar preponderante a la iniciativa de los ciudadanos como a la de los denominados cuerpos intermedios, actividad orientada por la consecución del bien común y regulada por el desarrollo, que no mero crecimiento, de las potencialidades de la persona humana.
El libre mercado es eficaz ante las necesidades solventes y recursos vendibles, pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en él y son necesidades de mujeres y hombres con igual dignidad y derecho a sobrevivir y participar en la vida económica. El medio ambiente natural y el medio ambiente humano no puede estar asegurado por los simples mecanismos del mercado. El desastre ecológico es el fruto necesario de un sistema económico que sólo se interesa por la satisfacción de necesidades solventes, es decir, aquellas que pueden pagarse y producir beneficios económicos. Así, el mercado no puede hacer efectivo por sí mismo el primer principio de todo ordenamiento ético social: el destino universal de los bienes de la tierra para todos los hombres, para cada hombre.
La intervención del Estado en la economía debe ser racional: corregir el funcionamiento del mercado, preservar y aumentar los empleos, una política fiscal que impulse el desarrollo armónico de los distintos sectores sociales, manejar con honestidad y eficacia las áreas estratégicas de la economía. Nadie desea volver al pasado en que el Estado se fue quedando con hoteles, restaurantes, agroindustrias y hasta con una fábrica de bicicletas y otra de escobas.
La reforma política y la reforma económica son procesos inseparables porque un gobierno democrático representará los intereses de la sociedad. "La democracia está al servicio de la verdad y la justicia cuando defiende la dignidad de toda persona humana, cuando respeta los derechos humanos inviolables e inalienables; cuando convierte el bien común en el fin y el criterio que gobierna toda la vida pública y social. Con todo, estos mismos valores deben tener un contenido objetivo. De otra forma, corresponden sólo al poder de la mayoría o a los deseos de quien grita más fuerte".
Todas estas ideas están en la base del Partido Acción Nacional, que desde su fundación se ha empeñado por una auténtica reforma política; hay constancia en el Diario de los Debates de esta soberanía, de las innumerables iniciativas presentadas en este sentido. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consciente de su responsabilidad ante el pueblo de México, inició en el Congreso de la Unión una auténtica reforma del Estado con miras a una verdadera transición a la democracia, elemento indispensable para lograr un marco jurídico que si bien siempre perfeccionable, con la democracia como fundamento deja de ser simple quimera; una democracia que tienda a la realización de los valores individuales y sociales.
Decía don Manuel Gómez Morín "... sabemos que hay, peculiarmente en el mundo moderno, trágicamente uno y a la vez, hendidos en fracciones dispersas y hostiles, fuerzas sociales y económicas ineludibles, por lo menos para un país aislado, que puede congestionar de abundancia a una patria y hundir a otras en las carencias más espantosas y que dentro de ese grupo social y dentro de cada hombre, existen también, sin cesar, despiertas, fuerzas de degeneración que arrastran hacia abajo, hacia el engaño, la injusticia y el mal; pero hemos de recordar siempre que contra esas fuerzas y esas tendencias hay técnicas y empeños colectivos y dirección social empapada de actitudes, de ardimiento y de generosidad y existe una aspiración también, viva siempre e irresistible, a la verdad y al bien. Sabemos, pues, que es posible la lucha contra el desamparo y la miseria y que esa lucha es nuestro deber, deber de todos y de todos los momentos".
En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma el artículo 25 en sus párrafos segundo y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Párrafo segundo: El Estado animará, coordinará, fortalecerá, integrará la actividad de los individuos y los cuerpos intermedios y garantizará un conjunto de condiciones sociales que permitan a los individuos el desarrollo de su propia personalidad en todas sus dimensiones en el marco de las libertades que otorga esta Constitución.
Párrafo sexto: Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía con base en el principio de subsidiariedad en virtud del cual el Estado las fomenta, ordena, complementa y suple, sujetándolas tanto a las modalidades que dicte el bien común como al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 23 de abril de 1996.- Firman por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputados: Ricardo García Cervantes, Fernando Pérez Noriega, Francisco Peniche y Bolio, Eugenio Ortiz Walls, Juan Antonio García Villa, Salvador Beltrán del Río y Salvador Fernández Gavaldón.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION; CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El secretario Sergio Vázquez Olivas:
«Escudo.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., 22 de abril de 1996.- Senadores: Luis Alvarez Septién y Pedro Macías de Lara, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Artículo primero. Se reforman los artículos 7o. fracción III, 64 segundo y tercer párrafo, 65, 70, fracciones I, II y III, 185, 189, 243, 253 párrafo primero y la fracción I, en sus incisos e segundo párrafo y g, 289, 364 párrafo primero y fracción I, 366 párrafo primero con sus fracciones II y III, 400-bis; se adicionan un tercer párrafo al artículo 63, un segundo y tercer párrafos al artículo 65, un párrafo final al artículo 70 y otro al artículo 158, el artículo 196-ter, un segundo párrafo al artículo 243, el inciso i a la fracción I del artículo 253, las fracciones VII y VIII al artículo 254, el artículo 254-ter, un segundo y tercer párrafos a la fracción I del artículo 364, un nuevo artículo 366-bis, hecho lo cual se recorre en su orden el actual artículo 366-bis, para ser el artículo 366-ter, la fracción III al artículo 368, los artículos 368-bis y 368-ter, un tercer párrafo al artículo 371, el artículo 377 y un último párrafo al artículo 400; se modifica la denominación del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo y se les divide en dos capítulos y se deroga el artículo 321 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 7o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Continuando, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.
Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.
Artículo 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En caso de concurso real, se impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero. Cuando el concurso real se integre por lo menos con un delito grave, la autoridad judicial impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual deberá aumentarse con cada una de las penas de los delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado antes mencionado.
En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero.
Artículo 65. La reincidencia a que se refiere el artículo 20 será tomada en cuenta para la individualización judicial de la pena, así como para el otorgamiento o no de los beneficios o de los sustitutivos penales que la ley prevé.
En caso de que el inculpado por algún delito doloso calificado por la ley como grave, fuese reincidente por dos ocasiones por delitos de dicha naturaleza, la sanción que corresponda por el nuevo delito cometido se incrementará en dos terceras partes y hasta en un tanto más de la pena máxima prevista para éste, sin que exceda del máximo señalado en el Título Segundo del Libro Primero.
En el caso del párrafo anterior, el sentenciado no podrá gozar de los beneficios o de los sustitutivos penales que la ley prevé.
Artículo 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años:
II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años o
III. Por multa, si la prisión no excede de dos años.
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.
Artículo 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si el sentenciado lo fuere por delito grave así calificado por la ley, la sanción antes citada será de uno a cuatro años de prisión.
Artículo 185. Cuando varias personas de común acuerdo procuren impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos o la de los destinados a la prestación de un servicio público, mandados a hacer con los requisitos legales por autoridad competente o con su autorización, serán castigadas con tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena será de hasta de dos años.
Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.
Artículo 196-ter. Se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que:
I. Produzca, posea o realice cualquier acto u operación con precursores químicos, máquinas o elementos, con el propósito de cultivar, producir o preparar narcóticos a los que se refiere el artículo 193, en cualquier forma prohibida por la ley o II. Financie cualquiera de las conductas señaladas en la fracción anterior.
La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.
Se consideran precursores químicos las sustancias líquidas, sólidas y gaseosas que sirven para la preparación de narcóticos, como el ácido lisérgico, efedrina, ergometrina, ergotamina, fenil2-propanona, seudoefedrina, acetona, ácido antranílico, ácido fenilacético, anhídrido acético, éter etílico, piperidina y, en su caso, sus sales o cualquier otra sustancia con efectos semejantes.
Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días multa.
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.
Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a 10 años y con 200 a 1 mil días multa, los siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si se depone la conducta ilícita dentro de los dos días hábiles siguientes al momento en que la autoridad administrativa competente lo requiera, la sanción aplicable será de seis meses a tres años de prisión o de 100 a 500 días multa:
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o comerciantes en general. En los casos de que el lucro indebido sea inferior al equivalente a 60 días del salario mínimo general vigente en la región y en el momento donde se consuma el delito, se sancionará con prisión de dos a seis años y de 60 a 300 días multa:
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, distribución o venta de energía eléctrica de servicio público.
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo:
VIII. Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica.
Artículo 254-ter. Se impondrá de tres meses a un año de prisión o de 100 a 300 días multa a quien, sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de cualesquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos de la industria petrolera a que se refiere la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo o bien de los equipos, instalaciones o inmuebles afectos del servicio público de energía eléctrica.
Si con los actos a que se refiere el párrafo anterior se causa algún daño, la pena será de dos a nueve años de prisión y de 250 a 2 mil días multa.
Artículo 289. Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrán de tres a ocho meses de prisión o de 30 a 50 días multa o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de 15 días, se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de 60 a 270 días multa.
En estos casos, el delito se perseguirá por querella, salvo en el que contempla el artículo 295, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
Artículo 321. Se deroga.
Artículo 364. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 100 días multa:
I. Al particular que prive a otro de su libertad hasta por cinco días. Si la privación de la libertad excede de cinco días, la pena de prisión será de un mes más por cada día.
La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de hasta la mitad:
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:
I. De 10 a 40 años de prisión y de 100 a 500 días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:
a) Obtener rescate:
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera o c) Causar daño o perjuicio a la privada de la libertad o cualquier otra.
II. De 15 a 40 años de prisión y de 200 a 750 días multa, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la fracción anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario:
b) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública o se ostente como tal sin serlo:
c) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas:
d) Que se realice con violencia o e) Que la víctima sea mayor de 16 o mayor de 60 años de edad o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad.
Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere la fracción I de este artículo y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias previstas en la fracción II, la pena será de uno a cuatro años y de 50 a 150 días de multa.
En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere la fracción I anterior, las penas de prisión aplicables serán de tres a 10 años y de 250 hasta 500 días multa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 366-bis. Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de 200 a 1 mil días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el artículo anterior y fuera de las causas de exclusión del delito previstas por la ley:
I. Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima:
II. Colabore en la difusión pública de las prestaciones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información:
III. Actúe como asesor con fines lucrativos de quienes representan o gestionen en favor de la víctima, evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro:
IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades:
V. Efectúe el cambio de moneda nacional por divisas o de éstas por moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate a que se refiere la fracción I del artículo anterior:
VI. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes.
Artículo 366-ter. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le aplicará pena de prisión de dos a nueve años y de 200 a 500 días multa.
La misma pena a que se refiere el párrafo anterior se aplicará a los que otorguen el consentimiento a que alude este numeral y al tercero que reciba al menor.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, la pena se reducirá hasta la cuarta parte de la prevista en el párrafo anterior.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento que se refiere el párrafo primero, la pena se aumentará hasta el doble de la prevista en aquel.
Además de las sanciones señaladas, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia, en su caso, a quienes teniendo el ejercicio de éstos, cometan el delito a que se refiere el presente artículo.
Artículo 368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La sustracción o aprovechamiento de hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.
Artículo 368-bis. Se sancionará con pena de tres a 10 años de prisión y hasta 1 mil días multa, al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos del robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de éstos sea superior a 500 veces el salario.
Artículo 368-ter. Al que comercialice en forma habitual objetos robados, a sabiendas de estas circunstancias y el valor intrínseco de aquéllos, sea superior a 500 veces el salario, se le sancionará con una pena de prisión de seis a 13 años y de 100 a 1 mil días multa.
Artículo 371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a 15 años de prisión y hasta 1 mil días de multa. También podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta por un término igual al de la libertad la sanción privativa impuesta.
Artículo 377. Se sancionará con pena de cinco a 15 años de prisión y hasta 1 mil días de multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le corresponden por la comisión de otros delitos:
I. Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes:
II. Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados:
III. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado:
IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero:
V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.
A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerará copartícipe en los términos del artículo 13 de este código.
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, además de las sanciones, a que se refiere este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
TITULO VIGESIMOTERCERO
Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
CAPITULO I
Encubrimiento
Artículo 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones I párrafo primero y II a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para aplicar la sanción que autoriza este párrafo.
CAPITULO II
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Artículo 400-bis. Se impondrá de cinco a 15 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir, conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita.
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforma a la legislación financiera vigente.
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y en su caso denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, los derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoreje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos para el retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario."
Artículo segundo. Se reforman los artículos 146 párrafo primero, 194 último párrafo y se adicionan el artículo 177 y un párrafo segundo al artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
"Artículo 146. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener, los demás antecedentes personales que puedan comprobarse así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad de la gente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 177. Para la comprobación de elementos de tipo penal de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica, previstos en los artículos 185; 253 fracción I inciso i; 254 fracciones VII y VIII, 254-ter 368 fracciones II y III del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.
Para el acreditamiento de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o escritura pública o la inscripción en el registro público.
Artículo 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los requerimientos que formule el Procurador General de la República o el servidor público en quien se delegue esta facultad o la autoridad judicial en su caso, de información o documentos relativos al sistema financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en sus respectivas competencias.
Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal, por conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el titular de dicha Secretaría.
La información y documentos así obtenidos sólo podrán ser utilizados en la investigación y para efectos del proceso penal, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.
Artículo 194.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) al c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal: homicidio por culpa grave previsto en el artículo 60 tercer párrafo; traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; terrorismo, previsto en el artículo 139 párrafo primero; sabotaje, previsto en el artículo 140 párrafo primero, así como los previstos en los artículos142 párrafo segundo y 145; piratería, previsto en los artículos 146 y 147; genocidio, previsto en el artículo 149 bis; evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152; ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 168 y 170; uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172-bis párrafo tercero; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195 párrafo primero, 195-bis excepto cuando se trate de los casos previstos en las dos primeras líneas horizontales de las tablas contenidas en el apéndice I, 196-bis, 197 párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; corrupción de menores, previsto en el artículo 201; trata de personas, previsto en el artículo 205, segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237; de violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266-bis; asalto en carreteras o caminos, previstos en el artículo 286 segundo párrafo; homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315-bis, 320 y 323; de secuestro, previsto en el artículo 366 exceptuando el párrafo antepenúltimo; robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 381 fracciones VIII, IX y X, 381-bis; robo, previsto en el artículo 371 párrafo último; extorsión, previsto en el artículo 390 y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, así como los previstos en los artículos 83 fracción III, 83-bis, exceptuando sables, bayonetas y lanzas y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; tortura, previsto en los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; el de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población y los previstos en los artículos 104 fracciones II y III último párrafo y 105 fracción IV del Código Fiscal de la Federación."
Artículo tercero. Se reforman los artículos 33 primer párrafo, 267 primer y último párrafo, 268 y 296bis; se adiciona el artículo 124 con un segundo párrafo y se deroga el último párrafo del artículo 33 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 33. El Ministerio Público, los tribunales o jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear, indistintamente, cualquiera de los siguientes medios de apremio:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se deroga.
Artículo 267. Se entiende que existe delito flagrante cuando la persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo o bien cuando el inculpado es perseguido material e inmediatamente después de ejecutado el delito.
Se equiparará la existencia de delito flagrante cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera participado con ella en la comisión del delito o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundamente su participación en el delito, siempre y cuando se trate de un delito grave así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de 72 horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se hubiera iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiese interrumpido la persecución del delito.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La violación a esta disposición hará penalmente responsable a quien decrete la indebida retención y el indiciado deberá ser puesto en inmediata libertad.
Artículo 268. Habrá caso urgente cuando concurran las siguientes circunstancias:
I. Se trate de delito grave así calificado por la ley;:
II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia:
III. El Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar u otras circunstancias.
Existirá el riesgo fundado a que se refiere la fracción II anterior, en atención a las circunstancias personales del inculpado, a sus antecedentes penales, a sus posibilidades de ocultarse, a ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviera conociendo del hecho o, en general, a cualquiera que haga presumir fundamente que puede sustraerse de la acción de la justicia.
El Ministerio Público ordenará la detención en caso urgente, por escrito, fundando y expresando los indicios que acrediten los requisitos mencionados en las fracciones anteriores.
Salvo que el individuo se encuentre en presencia del Ministerio Público, las demás detenciones serán ejecutadas por la Policía Judicial, la que deberá sin dilación alguna poner al detenido a disposición del Ministerio Público.
Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, se clasifican como delitos graves los siguientes: homicidio por culpa grave previsto en el artículo 60 párrafo tercero; terrorismo, previsto en el artículo 139 párrafo primero; sabotaje, previsto en el artículo 140 párrafo primero; evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152; ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 168 y 170; corrupción de menores, previsto en el artículo 201; trata de personas, previsto en el artículo 205, segundo párrafo; explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266-bis, asalto, previsto en los artículos 286; párrafo segundo y 287; homicidio, previsto en los artículos 302, con relación al 307, 313, 315-bis, 320 y 323; secuestro, previsto en el artículo 366 exceptuando el párrafo antepenúltimo; robo calificado, previsto en los artículos 367, en relación con el 370, párrafos segundo y tercero, cuando además se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372, 377, 381 fracciones VIII, IX y X y 381-bis robo, previsto en el artículo 371 párrafo último; extorsión, previsto en el artículo 390; y despojo, previsto en el artículo 395 último párrafo todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
También lo será el delito de tortura, previsto en los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en el párrafo anterior, también se califica como delito grave.
Artículo 296-bis. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos en otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente."
Artículo cuarto. Se deroga el artículo 115-bis del Código Fiscal de la Federación.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El artículo 115-bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirá aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.
Asimismo dicho precepto seguirá aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por el mencionado artículo.
Para proceder penalmente en los casos a que se refiere el artículo 115-bis del Código Fiscal de la Federación, en los términos del párrafo anterior, se seguirá requiriendo la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para los efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal citado, sin que ello implique la extinción de los tipos penales.
Tercero. Para los supuestos, sujetos y efectos del artículo anterior, los delitos previstos en el artículo 115-bis del Código Fiscal de la Federación, se seguirán calificando como graves, en los términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para todos los efectos legales procedentes.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 22 de abril de 1996.- Senadores: Miguel Alemán Velasco, presidente; Luis Alvarez Septién y Pedro Macías de Lara, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 22 de abril de 1996.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Jesús Carlos Hernández Martínez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: la Presidencia de esta Cámara turnó a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, el 9 de abril del año en curso, la minuta proyecto de decreto elaborada por el Ejecutivo Federal, que reforma la Ley Federal de Cinematografía, misma que fue enviada a esta Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores.
Con las facultades que les confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 57, 87, 88 y demás conducentes, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, presentan a la consideración y, en su caso, aprobación de esta Cámara de Diputados, el presente
DICTAMEN
I. Antecedentes legislativos
Por orden del proceso legislativo, inicialmente fueron analizados los antecedentes que dan origen al proyecto de decreto que reforma la ley, materia del presente dictamen.
A) La primera ley de este tipo fue creada en el seno del honorable Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, que data del 31 de diciembre de 1949, bajo el título de Ley de la Industria Cinematográfica.
Esta legislación facultó en principio a la Secretaría de Gobernación para formar la Cineteca Nacional, misma que integraría su acervo a partir de la obligación de los productores de entregar una copia por cada película producida en el país al solicitar la autorización para la exhibición de las mismas.
B) Esta ley fue reformada mediante decreto expedido por el honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 1952.
La reforma confirmó como facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación la de formar la Cineteca Nacional para cuyo fin los productores o empresas productoras entregarían gratuitamente una copia de las películas que se elaborarán en el país, en los términos señalados por el reglamento.
C) Con fecha 20 de diciembre de 1992, el honorable Congreso de la Unión expidió una nueva ley, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 del mismo mes y año y que tomaría el nombre de Ley Federal de Cinematografía, misma que abrogaría la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949.
Esta ley contempló nuevamente como atribución de la Secretaría de Gobernación la de "dirigir y administrar la Cineteca Nacional..." y refrenda la obligación de los productores, distribuidores o comercializadores, de aportar para el acervo de esta institución, copia de las películas, en los términos que señala el reglamento.
D) Dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere a la Secretaría de Gobernación, se encuentran las que desempeña a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, entre las que destaca la de "dirigir y administrar la Cineteca Nacional".
E) Por escrito de fecha 29 de marzo de 1996, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió a los secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía vigente, derogando por una parte la fracción II del artículo 5o., que faculta a la Secretaría de Gobernación para dirigir y administrar la Cineteca Nacional y por la otra adicionando una fracción VIII al artículo 6o. para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la facultad para dirigir y administrar la Cineteca Nacional.
II. Componentes del sumario A) objetivo, acervo, recursos y bienes de la Cineteca Nacional.
Objetivo
Según la vigente Ley Federal de Cinematografía, la Cineteca Nacional tiene como objetivos "el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de películas", artículo 5o. fracción II.
Acervo
Está conformado por las películas que cada productor, exhibidor o distribuidor debe entregar a esta institución, como trámite obligatorio para el registro y permiso de exhibición pública de sus películas, ya que según la Ley Federal de Cinematografía (1992), "...para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en la fracción anterior, los productores, distribuidores o comercializadores deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas, en los términos que señale el reglamento", artículo 5o. fracción II.
Esta disposición se complementa con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece: "los distribuidores de películas producidas fuera de México, donarán a la Cineteca Nacional, por cada cinco títulos de películas importadas por tal distribuidor, no más de una copia de dos títulos de tales películas".
Asimismo, el decreto del acta final de la Ronda de Uruguay (1994), señala que: "los distribuidores de películas producidas fuera de México donarán una copia a la Cineteca Nacional por cada título de película importada".
Recursos y bienes
El fideicomiso para la Cineteca Nacional fue constituido el 29 de marzo de 1974 para cubrir sus gastos y administrar los recursos provenientes de los fondos recibidos por concepto de explotación comercial de sus instalaciones y salas de exhibición, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 1996, aprobado por esta Cámara de Diputados, el fideicomiso está considerado en la sectorización correspondiente a la Secretaría de Gobernación para efecto de las transferencias presupuestales autorizadas.
Después de la destrucción física causada por el incendio del edificio de la Cineteca Nacional, ubicado en terrenos de los estudios Churubusco (actualmente Centro Nacional de las Artes), el 23 de marzo de 1982 se creó el Patronato pro Reconstrucción y Recuperación de la Cineteca Nacional, AC, cuyo objetivo primordial es recuperar el acervo perdido, así como la construcción de bóvedas de seguridad para la totalidad del acervo. Dicho patronato está facultado para recibir donaciones deducibles de impuestos.
EL 26 de noviembre de 1984, la Cineteca Nacional se declara por decreto de utilidad pública y para tal efecto se expropian los terrenos, así como las construcciones que en él se encuentran para albergar la nueva sede de la Cineteca Nacional.
Dicho terreno tiene una superficie de 3 mil 400 m2 y está ubicado en la calle de Mayorazgo número 61, en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal.
En la actualidad cuenta con cuatro cines y una videosala, área de oficinas, biblioteca, librería, galería, área de estacionamiento público y algunos locales comerciales; además, en esta superficie se ubican las cuatro bóvedas de seguridad, construidas para la protección del acervo.
B) Marco jurídico vigente.
Al dictaminar la presente iniciativa de ley lo hacemos teniendo en cuanto la normatividad marco de la materia:
1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 27. Entre otras atribuciones de la Secretaría de Gobernación las siguientes:
Fracción XX. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y la industria editorial; vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública y a la dignidad personal y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de Estado y departamentos administrativos.
Artículo 38. Son atribuciones de la Secretaría de Educación Pública:
Fracción XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio cultural del país.
Fracción XXII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural.
Fracción XXIX. Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica de radio y televisión y de la industria editorial.
2. Ley Federal de Cinematografía
Artículo 5o. La Secretaría de Gobernación tendrá las siguientes atribuciones:
Fracción II. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de películas.
Artículo 6o. La Secretaría de Educación Publica, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tendrá las siguientes atribuciones:
Fracción I. Fomentar y promover la producción, distribución y exhibición de películas de alta calidad e interés nacional y la producción fílmica experimental, tanto en el país como en el extranjero, así como la realización de eventos promocionales, concursos y la entrega de reconocimientos en numerario y diplomas:
Fracción II. Fortalecer, estimular y promover por medio de actividades de cinematografía, la identidad y la cultura nacionales, considerando el carácter plural de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y creatividad artística del quehacer cinematográfico:
Fracción VI. Procurar la difusión de la producción del cine nacional a los diversos niveles del sistema educativo:
Fracción VII. Promover el uso del cine y del video como medios de instrucción escolar y de difusión cultural extraescolar.
C) Foros y consultas de la Cámara de Diputados.
Las comisiones especial de Comunicación Social y de Cultura de esta LVI Legislatura, en el marco de las facultades que les confiere la ley, han promovido la consulta pública en materia de comunicación social y las mesas de análisis en materia de política y legislación cultural; también han recibido propuestas de la comunidad involucrada en el quehacer cinematográfico y cultural, como las conclusiones del foro-debate "los cineastas toman la palabra".
En todas ellas ha quedado de manifiesto la necesidad de la revisión total de la Ley Federal de Cinematografía y la exigencia de elaborar su reglamento.
Los ponentes en las consultas coinciden en demandar que la Cineteca Nacional deje de pertenecer a la esfera administrativa de la Secretaría de Gobernación y pase a depender de otra instancia gubernamental.
En este sentido, esta Cámara de Diputados se reserva el estudio amplio y profundo de las consideraciones expresadas en la consulta pública en materia de comunicación social y las mesas de análisis en materia de política y legislación cultural, en lo referente a la actual Ley Federal de Cinematografía, para, en su caso, establecer las adecuaciones necesarias.
III. Conclusiones
La lectura de los anteriores textos legales: artículos: 27 fracciones XX, 38 fracción XX, XXII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 5o. fracción II, artículo 6o. fracciones I, II, VI y VII de la Ley Federal de Cinematografía, nos permite concluir que la transferencia de la adscripción de la Cineteca Nacional del campo de la Secretaría de Gobernación al campo de la Secretaría de Educación Pública, es congruente con la naturaleza de aquélla y las funciones de ésta.
En efecto, nadie duda que el acervo de la Cineteca Nacional es parte del patrimonio cultural de la nación. Su preservación, acrecentamiento y promoción son indudablemente tareas eminentemente culturales, por lo que las mismas corresponden de manera natural a la Secretaría de Educación Pública, que, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, podrá desempeñarlos con eficacia.
Conservar la memoria del quehacer cinematográfico de nuestro país equivale no sólo a la conservación de un tesoro artístico, sino sobre todo a preservar un aspecto esencial de nuestra memoria histórica, cuya permanencia es garantía de fidelidad a nuestro ser nacional y en consecuencia, de la permanencia en el tiempo y en el espacio de la identidad nacional.
Adscribir la Cineteca Nacional a la Secretaría de Educación Pública es dar coherencia a sus actividades en relación a los objetivos que persigue. En efecto, la conservación, enriquecimiento y desarrollo de la Cineteca Nacional forman parte de la recreación, conservación y promoción de la cultura nacional, que a su vez constituye la base para poder ofrecer una educación integral a nuestra niñez y juventud.
IV. Contenido del proyecto de decreto
La reforma es positiva porque transfiere a la Secretaría de Educación el cuidado de una institución cuya función es afín a sus anteriores encomiendas y competencias.
La reforma es sencilla, precisa e importante. Su contenido fundamental consta en la derogación de la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Cinematografía y adicionar su artículo 6o., recorriendo el texto de la actual fracción VIII para constituirlo en fracción IX y formular un nuevo texto para la fracción VIII, quedando de la siguiente manera: dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de películas.
Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en la fracción I del artículo anterior, los productores, distribuidores o comercializadores, deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de películas, en los términos que señale el reglamento y...
La derogación de la fracción II del artículo 5o. de la ley en cuestión, se debe a que es precisamente en donde se establece como facultad de la Secretaría de Gobernación dirigir y administrar la Cineteca Nacional, por lo tanto debe ser derogado para pasar con su texto casi íntegro, como la fracción VIII del artículo 6o., en el cual se especifican las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
La pertinencia de la propuesta comentada se observa también a partir del principio de administración pública que postula la congruencia entre las competencias, facultades, actividades y objetivos de sus dependencias y órganos integrantes. En esta línea la modificación de la ley deja para la Secretaría de Gobernación las facultades normativas de la industria cinematográfica.
En cuanto a los transitorios, se proponen cuatro para el decreto relativo;
El primero, que establece la vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El segundo, que dispone que los recursos financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Gobernación para la dirección y administración de la Cineteca Nacional, deben transferirse a la Secretaría de Educación Pública.
El tercero, por un acto de justicia laboral consigna que se deben respetar en su integridad los derechos de los trabajadores transferidos por necesidad de una dependencia a otra.
Por último, el cuarto transitorio previene que se derogue las disposiciones que se opongan al decreto en cuestión. Estos transitorios garantizan una transición operante y justa.
V. Propuestas a considerar
Consideramos conveniente presentar algunas propuestas a tenerse en cuenta para la nueva etapa de la Cineteca Nacional, bajo la sectorización de la Secretaría de Educación Pública.
Estos planteamientos han sido extraídos de los presentados por la comunidad artística y cultural, así como por los involucrados en los procesos de la actividad cinematográfica, a esta Cámara de Diputados.
1o. La cinematografía debe ser contemplada y normada teniendo en cuenta el universo de los medios audiovisuales, como ya de alguna manera lo sugiere la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 3o., cuando dice: para los efectos de esta ley el término "película" comprenderá a las nacionales y extranjeras, de largo, medio y cortometraje, en cualquier formato o modalidad, conocido o por conocer, incluido el video, el videograma o cualquier otro medio que sirva para almacenar imágenes en movimiento y su audio, producidos por la industria cinematográfica.
Consideramos que la correcta interpretación de este texto legal permite inferir la obligación para los productores de películas de integrar a la Cineteca Nacional copias en formato de video profesional, en disco láser y CD cuando se produzcan.
2o. La Cineteca Nacional debe ser punta de lanza para la promoción a nivel nacional de un circuito de cine de calidad, incluyendo en éste todos los espectros actuales del universo audiovisual, para conformar una red nacional audiovisual.
3o. La Cineteca Nacional debe aspirar a cumplir funciones de un centro de vinculación, documentación e investigación del quehacer cinematográfico, de modo que a través de ella se pueda tener acceso a la información que se genera sobre el cine en México y en el mundo; esto es, funcionar como un centro cultural cinematográfico o de la imagen que podría incluso albergar al museo del cine.
4o. La Cineteca Nacional será la institución idónea para crear un banco de datos de la actividad cinematográfica y audiovisual.
5o. La Cineteca Nacional debe considerar entre sus funciones la de difundir el cine nacional a través de nuevas tecnologías, en México y en el mundo.
6o. La Cineteca Nacional debe explorar los diversos modelos de conformación de las cinetecas existentes en el mundo, entre los que destacan el de la Cinemateca de Francia y el de la Cineroboteca de Montreal.
Estas comisiones seguirán trabajando en la reforma integral del ámbito jurídico de la cinematografía, a fin de ofrecer respuestas adecuadas a los diversos planteamientos presentados por la comunidad artística, cinematográfica y cultural.
Por todas las razones expuestas y por ser congruente con las opiniones vertidas a este Poder Legislativo por la comunidad involucrada en este tema, estas comisiones unidas consideran adecuada la iniciativa del Ejecutivo que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía y someten consecuentemente a esta Asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA
Artículo único. Se deroga la fracción II del artículo 5o.; se recorre el texto de la fracción VIII para pasar a ser IX y se adiciona una fracción VIII al artículo 6o., de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:
"Artículo 5o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 6o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Dirigir y administrar la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de películas.
Para el otorgamiento de las autorizaciones previstas en la fracción I del artículo anterior, los productores, distribuidores o comercializadores deberán aportar para el acervo de la Cineteca Nacional, copia de las películas, en los términos que señale el reglamento:
IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los recursos financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Gobernación para la dirección y administración de la Cineteca Nacional se transferirán a la Secretaría de Educación Pública.
Tercero. Los derechos laborales de los trabajadores que, en su caso, pasen de una dependencia a otra con motivo de este decreto, se respetarán íntegramente.
Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.- Diputados:- Netzahualcóyotl de la Vega, presidente; María Teresa Gómez Mont, secretaria; Heriberto Lizárraga Zataraín, Ana Lilia Cepeda de Léon, Jaime Jesús Arceo Castro, secretarios; Carlos A. Reta Martínez, Daniel Quintero Peña, Miguel Lucero Palma, Roberto Pedraza, Martínez, Ismael Orozco Loreto, Florencio Catalán Valdés, Manuel Hinojosa Juárez, Agustín Mauro Jordán Arzate, Lauro Rendón Castrejón, Abel Trejo González, Zaida Alicia Lladó Castillo, Ignacio González Rebolledo, Gladys Merlín Castro, José de Jesús Padilla Padilla, Hugo Meneses Carrasco, Cruz Pérez Cuéllar, Cristian Castaño Contreras, Rafael Ayala López, Abel García Ramírez, Gonzalo Alarcón Bárcena, Marco A. Rascón Córdova, Antonio Tenorio Adame, Adolfo Miguel Aguilar Zinser, Oscar González Yáñez y Carlos Chaurard Arzate.
Comisión de Cultura, diputados: Dulce María Sauri Riancho, presidenta; Jesús Sánchez Ochoa, Alejandro Rojas Díaz-Durán, Adriana Luna Parra, Liberato Montenegro Villa, secretarios; Yolanda Eugenia González Hernández, Vito Lucas Gómez Hernández, Florencio Castro López, Luis Contreras Salazar, Josué Valdés Mondragón, Olga Bernal Arenas, Primo Quiroz Durán, Lucero Saldaña Pérez, Fidel Pérez García, Mara N. Robles Villaseñor, Osbelia Arellano López, Abel Velasco Velasco, Gloria Sánchez Hernández, Héctor Hugo Olivares Ventura, José Antonio Hernández Fraguas, Virginia Hernández Hernández, Marcelo Ramírez Ramírez, José de la Cruz Martínez López, Irma Eugenia Cedillo y Amador, Margarita Villanueva Ramírez, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Giuseppe Macías Beilis, Arnulfo Cueva Aguirre y Cristian Castaño Contreras.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Florencio Catalán Valdés:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 17 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, para que pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán como recepcionista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE VENEZUELA
El secretario Raúl Ríos Magaña:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Servando Sepúlveda Enríquez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 17 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE ESTONIA
La secretaria Leticia Camero Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estonia de la Estrella Blanca, en grado de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Estonia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F. a 17 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios, Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE LA INDIA
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 16 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado de la India en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Autrique Gómez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la India en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario Raúl Ríos Magaña:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Peter Cadó Cortés, pueda prestar servicios como jardinero, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 16 de abril, se turnó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como jardinero:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único Se concede permiso al ciudadano Peter Cadó Cortés, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de abril de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriores reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario Raúl Ríos Magaña:
Señora Presidenta, se emitieron por el primer dictamen 222 votos en pro y 118 votos en contra; por los dictámenes segundo y tercero, se emitieron 327 votos en pro y tres en contra; por el cuarto dictamen, se emitieron 330 votos en pro.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular los proyectos de dictamen.
El secretario Raúl Ríos Magaña:
Pasa al Senado y al Ejecutivo Federal respectivamente, para los efectos constitucionales.
La Presidenta:
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores que se acaba de recibir.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA EL DISTRITO FEDERAL, LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, CODIGO DE COMERCIO, LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL
El secretario Sergio Vázquez Olivas:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; el Código de Comercio; de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 22 de abril de 1996.- Senadores: Luis Alvarez Septién, secretario; Pedro Macías de Lara, secretario.»
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA, DEL CODIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Artículo primero. Se reforman los artículos 12; 35; 36; 38; 39; 41; 42; 43; 47; 53; 56; 57; 58; 59; 62 fracciones II y IV; 65; 71; 72; 73, fracción IV; 81; 87; 88; 89; 90; 95; 96; 97; 99; 104; 106; 108; 109; 111; 112; 113; 114 fracción I; 116; 118; 120; 121; 123; 124; 125; 128; 129; 130; 137 fracciones I, II y IV; 137-bis primer párrafo y fracciones III, IV y V; 139; 140 fracciones III, V y Vl; 141; 142; 149; 154; 160; 163 tercer y cuarto párrafos; 165; 166; 167; 168; 171 tercer párrafo; 190; 201; 202; 214; 240 primer párrafo; 255 fracciones ll y V; 257; 260; 261; 262; 264; 266; 267; 268; 270; 271 tercero y cuarto parráfos, 272-C; 272-G; 290; 291; 298; 300; 301; 308; 310; 313; 324; 327 fracción l; 340; 346; 347; 348;349; 350; 351; 352; 353; 357; 359; 398 fracción II; 426 fracción I; 468; 469; 470; 471; 476; 479; 481; 483; 484; 486; 487; 488; 515; 531; 546; 582 primer párrafo; 583; 654; 684; 685; 690; 691; 692; 693; 694; 696; 697; 698; 702; 703; 704; 705; 706; 708; 709; 712; 713; 714; 725; 726; 896 y los artículos 2o., 5o., 16 primero y tercer párrafos; 17; 20, fracciones I y III; 21; 47 del título especial, de la justicia de paz y se adicionan un segundo párrafo al artículo 63; un tercer párrafo al artículo 72; un segundo párrafo y cuatro fracciones al artículo 105; un cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos al artículo 112; una VII fracción al artículo 140; un segundo párrafo al artículo 212; un segundo párrafo a la fracción V y una VIII fracción al artículo 255; una VI fracción al artículo 426; un segundo párrafo al artículo 797, pasando el actual segundo a ser tercero; se derogan los artículos 263; 272-B; 478 y 20 fracciones IV a VII; 22 y 39 del título especial, de la justicia de paz; así como las denominaciones existentes entre los artículos 261 y 262, 264 y 265, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 12. Se intentará la acción hipotecaria para constituir, ampliar y registrar una hipoteca o bien para obtener el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el poseedor a título de dueño del fondo hipotecado y en su caso, contra los otros acreedores. Cuando después de anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad y contestada ésta, cambiara el dueño y poseedor jurídico del predio, con éste continuará el juicio.
Artículo 35. Son excepciones procesales las siguientes:
I. La incompetencia del juez:
II. La litis pendencia:
III. La conexidad de la causa:
IV. La falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor:
V. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la obligación:
VI. El orden o la excusión:
VII. La improcedencia de la vía:
VIII, La cosa juzgada:
IX. Las demás a las que les den ese carácter las leyes.
Todas las excepción procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Si se declara procedente la litis pendencia, el efecto será sobreseer el segundo juicio. Salvo disposición en contrario, si se declarara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia.
En las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Si se declara procedente la litis pendencia, el efecto será sobreseer el segundo juicio. Salvo disposición en contrario, si se declarara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia.
En las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la obligación, el orden, la división y la excusión, si se allana la contraria, se declararán procedentes del plano. De no ser así, dichas excepciones se resolverán en la audiencia a que se refiere el artículo 272-A y de declararse procedentes su efecto será dejar a salvo el derecho, para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio.
Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, sin perjuicio de la obligación del juez para regularizar el procedimiento.
Artículo 36. Salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales se resolverán en la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, a menos que en disposición expresa se señale trámite diferente.
De todas las excepciones que deban resolverse en la audiencia se dará vista a la contraria por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Si al oponer la excepciones de falta de personalidad, conexidad, litispendencia o falta de capacidad, se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen y de ser admisibles se ordenara su preparación para que se reciban en al audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. En la excepción de falta de personalidad, únicamente serán admisibles la documental y la pericial y en las demás exenciones procesales, sólo se admitirá la prueba documental, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes tratándose de las excepciones de la litispendencia y conexidad, respecto de las cuales se podrá ofrecer también, la prueba de inspección de los autos.
En este caso, desahogas las pruebas en una sola audiencia, que no se podrá diferir bajo ningún supuesto, se oirán los alegatos y en el mismo acto se dictará la sentencia interlocutoria que corresponda. El tribunal nunca podrá diferir la resolución que deberá dictarse en la misma audiencia.
Artículo 38. La excepción de litis pendencia procede cuando un juez conoce ya de un juicio en la que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados cuando las partes litiguen con el mismo carácter.
El que la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio y acompañar copia autorizada de las constancias que tenga en su poder o solicitar la inspección de los asuntos. En este último supuesto, la inspección deberá practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una multa del equivalente al importe de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
El que oponga la litis pendencia por existir un primer juicio ante juzgado que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las copias autorizas o certificadas de la demanda y contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá exhibir hasta antes de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. En este caso, declarada procedente la litis pendencia, se sobreseerá el segundo procedimiento.
Artículo 39. Existe conexidad de causas cuando haya:
I. Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas:
II. Identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean diversas:
III. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas:
IV. Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.
El que oponga la conexidad debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompañando copia autorizada de las constancias que tenga en su poder o solicitando la inspección de los autos conexos. En este último supuesto, la inspección deberá practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una multa del equivalente al importe de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos del juicio en que ésta se opone, al juzgado que previno en los términos del artículo 259 fracción I, de este código, conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una sola sentencia.
Artículo 41. En la excepción de falta de personalidad del actor o en la impugnación que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, sí fuere subsanable el defecto, el tribunal concederá un plazo no mayor de 10 días para que subsane y de no hacerse así, cuando se tratare del demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no fuera subsanable la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio y también devolverá los documentos.
La falta de capacidad en el actor obliga al juez a sobreseer el juicio.
Artículo 42. La excepción de cosa juzgada deberá tramitarse incidentalmente, dando vista a la contraria por el término de tres días, debiéndose resolver en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, si al oponerla o antes de dicha audiencia exhibe copia certificada de la sentencia y del auto que la haya declarado ejecutoriada en que funde la excepción. El tribunal siempre podrá ordenar, cuando lo considere necesario y se pueda practicar en el Distrito Federal, la inspección de los autos de la que derive la cosa juzgada.
En los juicios de arrendamiento inmobiliario, solamente serán admisibles como prueba de las excepciones de litis pendencia, conexidad y cosa juzgada, las copias selladas de la demanda, de la contestación de la demanda o de las células de emplazamiento del juicio primeramente promovido, tratándose de las dos primeras excepciones y en caso de la última, se deberá acompañar como prueba, copia certificada de la sentencia de segunda instancia o la del juez, de primer grado y del auto que la declaró ejecutoriada.
Si la copia certificada mencionada llegare a juicio con posterioridad a dicha audiencia, la excepción se resolverá de modo incidental.
Artículo 43. Salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan serán consideradas como perentorias y se resolverán en la sentencia definitiva.
Artículo 47. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes y el interesado podrá corregir cualquier deficiencia al respecto hasta la audiencia a qué hace mención el artículo 272-A de esta ley. Contra el auto en que el juez desconozca la personalidad negándose a dar curso a la demanda procederá el recurso de queja.
Artículo 53. Existirá litis consorcio necesario, sea activo o sea pasivo, siempre que dos o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberá litigar unidas y bajo una misma representación.
A este efecto deberán, dentro de tres días, nombrar un mandatario judicial, quien tendrá las facultades que en el poder se le hayan concedido, necesarias para la continuación del juicio. En caso de no designar mandatario, podrán elegir de entre, ellas, mismas un representante común. Si dentro del término señalado no nombraren mandatario judicial ni hicieran la elección de representante común, o no se pusieren de acuerdo con ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos y si nadie lo hubiera sido, a cualquiera de los interesados.
El representante común que designe el juez tendrá las mismas facultades que si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de desistirse, transigir y comprometer en árbitros. El que designen los interesados sólo tendrá estas últimas facultades, si expresamente le fueren concedidas por los litis consortes.
Cuando exista litis consorcio de cualquier clase, el mandatario nombrado, o en su caso el representante común, sea el designado por los interesados o por el juez, será el único que pueda representar a los que hayan ejercido la misma excepción, con exclusión de las demás personas.
El representante común o el mandatario designado por los que conforman un litis consorcio, son inmediata y directamente responsables por negligencia en su actuación y responderán de los daños y perjuicios que causen a sus poderdantes y representados. El mandatario o el representante común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario y autorizar personas para oir notificaciones en los términos del artículo 112 de este código.
Artículo 56. Todos los expedientes se formarán por el tribunal con la colaboración de las partes, terceros, demás autorizados y auxiliares que tengan que intervenir en los procedimientos, observando forzosamente las siguientes reglas:
I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Cuando algunas de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. La falta de cumplimiento de los requisitos señalados, dará lugar a que no se obsequie la petición que se contenga en el escrito respectivo:
II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español:
III. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura salvándose al final del documento con toda precisión de error cometido:
IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto:
V. Las copias simples de los documentos que se presenten, confrontadas y autorizadas por el secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el seguro del tribunal, donde podrá verlos la parte contraria, si lo pide.
Artículo 57. Todos los expedientes se llevarán en la forma y para los fines que se precisan en este código.
Cuando se interpongan apelaciones que se tengan que admitir en efecto devolutivo, el juez, al admitir el recurso de oficio, ordenará se forme el testimonio con todo lo actuado, incluyendo hasta la resolución impugnada y lo remitirá al tribunal de alzada para tramitar esos recursos, haciendo constar en el expediente el número de fojas con que se integra el que se envíe al superior, así como las fechas de la providencia impugnada y del auto que admitió el recurso, precisando, si se trata del primer testimonio que se envía o el que corresponda en los sucesivos envíos.
Cuando se interponga otra apelación que se admita en un solo efecto, también se remitirá al superior copias certificadas en continuación del testimonio enviado con anterioridad hasta la nueva resolución impugnada, para que tramite y resuelva el nuevo recurso, haciendo constar los mismos conceptos que se ordenan en la parte final del párrafo anterior.
Artículo 58. El tribunal de alzada con el primer testimonio que se envíe por el inferior para trámite de algún recurso, formará un expediente "de constancias" y ordenará formar otro expediente que se denominará "toca de recurso", el cual se integrará con los escritos de agravios y su contestación si la hubo, las providencias y actuaciones ordenadas y practicadas por la alzada, así, como con la resolución que se dicte, de la que se agregará una copia autorizada al cuaderno "de constancias" y se remitirá otra copia igual al inferior para su conocimiento y en su caso, cumplimiento.
El inferior seguirá actuando en el expediente sin suspender el procedimiento, a menos que haya disposición en contrario, salvo cuando los recursos se admitan en ambos efectos, caso en el cual remitirá los autos originales al superior.
El superior formará con los diferentes testimonios que remita el inferior, un sólo expediente "de constancias", que servirá para el trámite de todos los subsecuentes recursos de que deba conocer en segundo grado. Cuando el superior deje de conocer por cualquier razón de tales recursos, lo comunicará al inferior y remitirá ese expediente "de constancias" al superior que deba de continuar conociendo de los recursos subsecuentes.
Los expedientes "de constancias" que se formen se podrán destruir cuando el asunto esté definitiva y totalmente concluido.
Artículo 59. Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a cabo observando las siguientes reglas:
I. Serán públicas, pero el tribunal podrá determinar que aquellas que se refieran a divorcio, nulidad de matrimonio o las demás en que a su juicio convenga, sean privadas. En todos los supuestos en que no se verifiquen públicamente, se deben de hacer constar los motivos para hacerlo en privado, así como la conformidad o inconformidad de los interesados. El acuerdo será reservado:
II. El secretario, bajo la vigilancia del juez, hará constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, así como la hora en que termine:
III. No se permitirá interrupción de la audiencia por persona alguna, sea de los que intervengan en ella o de terceros ajenos a la misma. El juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con medios de apremio o correcciones disciplinarias, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza pública de aquel o aquellos que intenten interrumpirla:
IV. En los términos expresados en la fracción IV del artículo 62, serán corregidos los testigos, peritos o cualesquiera otros que, como partes o representándolas, faltaren en las vistas y actos solemnes judiciales, de palabra o de obra o por escrito, a la consideración, respeto y obediencia debido a los tribunales.
Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La multa, que será en los juzgados de paz, el equivalente como máximo, de 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la comisión de la falta; en las de primera instancia de 120 días el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como máximo y en el Tribunal Superior de Justicia, de 180 días el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como máximo.
Estas multas se duplicarán en caso de reincidencia:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán arrestados hasta por un término de seis horas.
Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En la resolución de estos incidentes se podrá confirmar, atenuar o dejar sin efecto la corrección, sin que en contra de dicha resolución proceda recurso alguno.
Artículo 65. Los tribunales tendrán una oficialía de partes común y su propia oficialía de partes.
La primera de éstas tendrá las siguientes atribuciones:
I. Turnar el escrito por el cual se inicie un procedimiento, al juzgado que corresponda, para su conocimiento:
II. Recibir los escritos de término que se presenten después de las horas de labores de los tribunales:
III. Proporcionar servicio desde las nueve horas hasta las 21 horas, durante los días señalados en el artículo 64 de este código y remitir los escritos que reciba al tribunal que corresponda, a más tardar al día siguiente.
El escrito por el cual se inicie un procedimiento, deberá ser presentado en la oficialía de partes común a los juzgados de la rama de que se trate, para ser turnado al juzgado que corresponda; los interesados pueden exhibir una copia simple del escrito citado, a fin de que dicha oficialía de partes se los devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación, sellada y firmada por el empleado que la reciba.
La oficialía de partes de cada tribunal recibirá los escritos subsecuentes que se presenten al juez que conozca del procedimiento, durante las horas de labores del juzgado correspondiente, pudiendo los interesados exhibir una copia de sus escritos, a fin de que se les devuelva con la anotación de la fecha y hora de presentación, sellada y firmada por el empleado que lo reciba en el tribunal.
Los escritos subsecuentes que se presenten fuera de las horas de labores del juzgado del conocimiento, dentro del horario señalado, deberán presentarse ante la oficialía de partes común de los juzgados de la rama que corresponda al juez del conocimiento.
Los empleados encargados de la recepción de escritos y documentos, en ningún caso y por ningún motivo podrán rechazar promoción alguna.
Las primeras diligencias en materia de depósito de personas y demás cuestiones de derecho familiar o cualquiera otras que, a juicio del juez, fueren de índole tan perentoria y urgente que su dilación de motivo fundado para temer que se causen perjuicios a los interesados, podrán acordarse y, en su caso proceder a la ejecución que se ordene por cualquiera de los jueces ante quienes se solicite.
Fuera de los casos expresados en el párrafo anterior, los jueces que dicten providencia en un negocio que no estuviere turnado a ellos serán corregidos disciplinariamente.
Artículo 71. El tribunal está obligado a expedir, a costa del solicitante, sin demora alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos, bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto judicial, dejando constancia en autos de su recepción.
Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial y sólo se expedirá conforme a lo dispuesto en el artículo 331 de este código, cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.
Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquel que pretenda lograrlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no se dictará sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente, en caso de oposición.
Artículo 72. Los tribunales no admitirán nunca promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte ni formar artículo y en su caso consignarán el hecho al agente del Ministerio Público.
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Al desechar las promociones o solicitudes, incluyendo los recursos o incidentes que los tribunales consideren notoriamente frívolos o improcedentes, los tribunales deben fundar y motivar su determinación.
Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. El arresto hasta por 36 horas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 81. Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
Artículo 87. Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar por publicación en el boletín judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar por publicación en el boletín judicial, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados anteriormente.
Tratándose de sentencias de segunda instancia de pronunciamiento colegiado, el ponente contará con un máximo de 15 días para elaborar el proyecto y los demás magistrados con un máximo de cinco días cada uno para emitir su voto. En el caso que se tengan que analizar documentos voluminosos, el plazo para el ponente se ampliará en ocho días más para tal fin. En apelaciones de autos, interlocutorias y dictado de cualquier otra resolución de pronunciamiento unitario, el plazo será de 10 días.
Artículo 88. Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados, incidentalmente o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. En caso de admitirlas se citará para audiencia dentro del término de 10 días, diferible por una sola vez, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones y se cite para sentencia interlocutoria.
Artículo 89. Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar por publicación en el boletín judicial, dentro del plazo de tres días siguientes a las 24 horas en que el secretario de acuerdos forzosamente dé cuenta después del último trámite o promoción correspondiente Artículo 90. El retardo en el pronunciamiento y publicación de decretos, autos y sentencias dará lugar a queja administrativa que se presentará ante el Consejo de la Judicatura para su tramite y sanción respectiva.
Artículo 95. A toda demanda o contestación deberá acompañarse necesariamente:
I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro o bien el documento o documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona:
II. Los documentos en que el actor funde su acción y aquéllos en que el demandado funde sus excepciones. Si no los tuviera a su disposición, acreditarán haber solicitado su expedición con la copia simple y sellada por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedirselos.
Si las partes no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo protesta de decir verdad, la causa por la que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, si lo estima procedente, ordenará al responsable de la expedición que el documento solicitado por el interesado se expida a costa de éste, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.
Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con algunos de los requisitos anteriores, no se les recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación, como tampoco si en esos escritos se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas.
III. Además de lo señalado en la fracción II, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte y, los que presentaren después, con violación a este precepto, no les serán admitidos, salvo de que se trate de pruebas supervenientes:
IV. Copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos precedentes, para correr traslado a la contraria, así como para integrar el duplicado del expediente, en los términos del artículo 57 de este código.
Artículo 96. En el caso de que se demuestre haber solicitado la expedición del documento al protocolo o archivo público y dicha dependencia no lo expida, el juez deberá ordenar su emisión al encargado del archivo con apercibimiento de imposición de sanción pecuniaria, hasta por los importes señalados en el artículo 62 de este ordenamiento, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada.
Artículo 97. La presentación de documentos que establece el artículo 95, cuando sean públicos, podrá hacerse por copia simple, si el interesado manifestare, bajo protesta de decir verdad, que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla ningún efecto si durante el término de ofrecimiento de prueba o durante el desarrollo de la audiencia respectiva, no se presentare una copia del documento con los requisitos necesarios para que haga fe en juicio o se cotejen las copias simples con sus originales por medio de fedatario público a quien autorice el tribunal y a costa del interesado, pudiendo asistir a la diligencia de cotejo la contraparte, para que en su caso haga las observaciones que considere pertinentes.
A las partes sólo les serán admitidos, después de los escritos de demanda y contestación, los documentos que les sirvan de pruebas contra excepciones alegadas contra acciones en lo principal o reconvencional; los que importen cuestiones supervenientes o impugnación de pruebas de la contraria; los que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda o a la contestación y aquellos que aunque fueren anteriores, bajo de protesta de decir verdad, se asevere que no se tenía conocimiento de ellos.
Artículo 99. A ninguna de las partes se le admitirá documento alguno después de concluido el desahogo de pruebas. El juez repelará de oficio los que se presenten, mandando devolverlos a la parte, sin ulterior recurso, sin agregarlos al expediente en ningún caso.
Artículo 104. Los exhortos y despachos deben recibirse por la oficialía de partes común, quien designará el juzgado en turno, para que éste provea dentro de las 24 horas siguientes a su recepción y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse exija, necesariamente, mayor tiempo.
En los exhortos y despachos no se requiere la legalización de las firmas del tribunal que los expida, a menos que la exija el tribunal requerido, por ordenarlo la ley de su jurisdicción como requisito para obsequiarlos.
Artículo 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El auxilio que se solicite, se efectuará únicamente por medio de exhorto dirigido al órgano que deba prestarlo y que contendrá:
I. La designación del órgano jurisdiccional exhortante:
II. La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la actividad solicitada, aunque no se designe la ubicación del tribunal exhortado:
III. Las actuaciones cuya práctica se intenta:
IV. El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas.
Artículo 106. En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional o a otra autoridad de cualquier índole, de la que debiera enviarse a exhorto, oficio, despacho o mandamiento, se considere de urgente práctica, podrá formularse la petición por télex, telégrafo, teléfono, remisión facsimilar o por cualquier otro medio, bajo la fe del secretario, quien hará constar la persona con la cual se entendió la comunicación, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en despacho ordinario que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente. Del empleo de los medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así como de las causas para considerarlo urgente.
Artículo 108. Las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero, se cursarán en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados y los convenios internacionales de los que los Estado Unidos Mexicanos sea parte.
Si el demandado fuera extranjero, las copias de la demanda y de los documentos irán redactadas en español, con su respectiva traducción a la lengua del país extranjero, a costa del interesado, quien deberá presentarla en el término que fije el tribunal y de no hacerlo, dejará de remitirse el exhorto, en perjuicio del solicitante.
Estas mismas reglas se observarán para dar cumplimiento en el Distrito Federal a los exhortos de tribunales extranjeros por los que se requiera la práctica de alguna diligencia judicial.
Cualquier duda se resolverá según el principio de reciprocidad.
Artículo 109. Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlo con los que se practicare, si por su conducto se hiciere la devolución.
El tribunal redactará el exhorto con las inserciones respectivas, dentro del término de tres días, contados a partir del proveído que ordene su remisión y lo pondrá a disposición del solicitante, mediante notificación por boletín judicial que se hará dentro del mismo plazo, para que a partir del día siguiente en que surta sus efectos dicha notificación, se inicie el término que se haya concedido para su diligenciación.
Cuando el exhorto tenga algún defecto, la parte solicitante deberá hacerlo saber al tribunal y regresárselo dentro de los seis días siguientes, para que sea corregido y se proceda como se ordena en el párrafo anterior. De no hacerse la devolución del exhorto defectuoso, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá.
En la resolución que ordene librar el exhorto podrá designarse, a instancia de parte, persona o personas para que intervengan en su diligenciación, con expresión del alcance de su intervención y del plazo para su comparecencia ante el órgano exhortado, expresando al juez exhortado si su incomparecencia determina o no la caducidad del exhorto. No procederá la nulidad de actuaciones por las diligencias practicadas por las personas mencionadas.
De igual manera, el juez exhortante podrá otorgar plenitud de jurisdicción al exhortado para el cumplimiento de lo ordenado.
No se exigirá poder alguno a las personas a que se refieren los párrafos anteriores.
La parte a cuya instancia se libre el exhorto, queda obligada a satisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento.
El juez exhortante podrá disponer que para el cumplimiento de lo que haya ordenado, se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de lo solicitado y que se devuelva directamente al exhortante, una vez cumplimentado, salvo que se designase a una o varias personas para la tramitación, en cuyo caso se le entregarán, bajo su responsabilidad, para que haga su devolución dentro del término de tres días como máximo.
El juez exhortante podrá inquirir del resultado de la diligencia al juez exhortado por alguno de los medios señalados en el artículo 106, dejando constacia en autos de lo que resulte.
El juez exhortante podrá facultar al juez exhortado, para que cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo envíe directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea éste, solicitando el exhortante que se le dé cuenta de dicha circunstancia por oficio.
El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no ocurrir así, se recordará por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento, lo que se podrá hacer de oficio o a instancia de la parte interesada. Si a pesar del recordatorio continuase la misma situación, el tribunal exhortante lo pondrá en conocimiento directo del superior inmediato del que deba cumplimentarlo, rogándole adopte las medidas pertinentes a fin de obtener el cumplimiento.
Si la parte a quien se le entregue un exhorto, para los fines que se precisan en este artículo, no hace la devolución dentro de los tres días siguientes al plazo que se le hubiere concedido para su diligenciación, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante, será sancionada en términos del artículo 62 de este ordenamiento ya se dejará de desahogar la diligencia por causas imputables al peticionario.
Igual sanción se le impondrá cuando la contraparte manifieste que sin haberse señalado plazo para la diligencia objeto del exhorto, la misma y se llevó a cabo ya no se ha devuelto el exhorto diligenciado, por aquél que lo solicitó y recibió, salvo prueba en contrario.
Artículo 111. Las notificaciones en juicio se deberán hacer:
I. Personalmente o por cédula:
II. Por boletín judicial, en los términos de los artículos 123 y 125:
III. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se autoricen en los plazos que se precisen:
IV. Por correo:
V. Por telégrafo.
La forma en que se lleven a cabo las notificaciones anteriores, será de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realiza cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante, pero no podrán subsistir o delegar dichas facultades en un tercero.
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y exhibir su cédula profesional o carta de pasante en la primera diligencia en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado y únicamente tendrá las que se indican en el último párrafo de este artículo.
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.
Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales y cartas de pasante, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo, deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.
Artículo 113. Mientras un litigante no hiciera nueva designación del inmueble en donde se tengan que practicar las diligencias y las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en el que para ello hubiere designado. El notificador tiene la obligación de realizarlas en el domicilio señalado y en el supuesto de no hacerlo así se le impondrá multa por el equivalente de cinco días del importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
En caso de no existir dicho domicilio o de negativa a recibirlos en el señalado, el notificador deberá hacer constar en autos, una u otra circunstancia, para que surtan efectos las notificaciones que se hayan publicado en el boletín judicial, así como las subsecuentes y además de que las diligencias en que debiere tener intervención se practicaran en el local del juzgado sin su presencia.
Artículo 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. El emplazamiento del demandado y siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento de las diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de las mismas a la otra parte;
II a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 116. Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos, entregando cédula en la que hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación.
Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, además de cumplir con los requisitos anteriores el notificador se identificará ante la persona que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado.
Salvo disposición legal en contrario cuando se trate de diligencias de embargo el ejecutor no podrá practicarla cuando por primera ocasión en que la intente no se entienda con el interesado. En este caso dejará citatorio a éste para que lo espere dentro de las horas que se le precisen que serán para después de seis horas de las del citatorio y entre las 48 horas siguientes.
Si el buscado no atiende el citatorio, la diligencia se practicará con alguna de las personas que se indican en el artículo siguiente. En todo los casos, practicada la diligencia de la ejecución decretada, el ejecutor entregará tanto al ejecutante como al ejecutado copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado.
La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad o del comercio dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá cumplir con lo ordenado por el artículo 546 de este código y de no hacerlo responderá de los daños y perjuicios que se ocasionen por su omisión.
El notificador expresará las causas precisas, por las que no se pueda practicar la diligencia o notificación, así como las oposiciones, para que el juez con vista al resultado imponga las correcciones disciplinarias y medios de apremio que considere procedentes.
Artículo 118. Si después que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquél con quien se entiende la notificación a recibir ésta, el notificador la hará en el lugar en que habitualmente trabaje la persona por notificar, sin necesidad de que el juez dicte una determinación especial para ello, siempre y cuando obren en autos datos del domicilio o lugar en que habitualmente trabaje o le sean proporcionados por la contraparte al notificador y éste lo haga constar así en autos y cumpla en lo conducente con lo que se previene en los artículos anteriores.
Artículo 120. Cuando se trate de citar a peritos y testigos, la citación se hará por conducto de la parte que haya ofrecido dichas pruebas y será en su perjuicio la falta de comparecencia de tales citados a quienes no se les volverá a buscar, salvo que este código o el juez dispongan otra cosa. La entrega de la citación por las partes, a peritos y testigos, tendrá como efectos para éstos, la comprobación ante las personas que a los citados les interese, de su llamamiento en la fecha y hora que se precise, pero su inasistencia no dará lugar a la imposición de medida de apremio alguna a dichos terceros, sino que se desechará tal probanza.
Artículo 121. Los testigos, peritos o terceros que no constituyan parte, podrán ser citados por correo certificado o telégrafo, en ambos casos a costa del promovente, dejando constancia en autos.
Cuando se haga por telegrama se enviará por duplicado a la oficina que deba de trasmitirlo, la cual devolverá, con el correspondiente recibo, uno de los ejemplares que se agregará al expediente y cuando se realice por correo, se dejará copia del documento en que conste la citación, así como el acuse de recibo que recabe el correo. En todo caso el secretario de acuerdos dará fe de que el documento en donde conste la situación se contenga en el sobre correspondiente.
Si las partes consideran pertinente que la segunda y ulteriores notificaciones se les hagan a ellas por vía telefónica o telefacsimilar proporcionarán al tribunal los correspondientes números telefónicos para que así se practiquen y manifestarán por escrito su conformidad para que se lleven a cabo en la forma mencionada. El tribunal deberá asentar razón del día y hora en que se verifiquen las notificaciones así practicadas, al igual que el nombre y apellido de la persona que la haya recibido y de la que la haya enviado y, en su caso, copia del documento remitido.
Artículo 123. La primera notificación al promovente de cualquier procedimiento se hará por boletín judicial, salvo que se disponga otra cosa por la ley o el tribunal. En todo caso el tribunal tendrá la obligación de notificar personalmente, entregando copia simple o fotostática de la resolución, la segunda y ulteriores notificaciones a los interesados o sus apoderados, procuradores o autorizados, si éstos ocurren al tribunal o juzgado respectivo, el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse y exigen que se les haga conocedoras de las providencias dictadas, sin necesidad de esperar a que se publiquen en el boletín judicial, dejando constancia en autos de dicha notificación, firmada por el notificado y el fedatario o haciendo saber si el primero se negó a firmar.
Artículo 124. Debe firmar las notificaciones la persona que las hace y aquélla a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará constar el secretario o notificador. A toda persona se le dará de inmediato copia simple de la resolución que se le notifique o de la promoción o de la diligencia a la que le hubiere recaído, bastando la petición verbal de su entrega, sin necesidad de que le recaiga decreto judicial y salvo que sea notificación personal, dejando constancia o razón de su entrega y recibo en autos.
Artículo 125. Si las partes, sus autorizados o sus productores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el tribunal las mandará publicar en el boletín judicial. La notificación por boletín judicial se dará por hecha y surtirá sus efectos al día siguiente al de su publicación.
Artículo 128. Dentro de un procedimiento judicial, todo los edictos, convocatorias y avisos que por mandato legal o judicial se tengan que hacer del conocimiento de alguna persona o del público en general, así como aquellas comunicaciones similares de notarios públicos, corredores públicos o particulares que por cualquier causa deban hacerlos, por así obligarles la ley o los cargos que ostenten, serán redactadas de modo preciso y conciso, sintetizando las providencias que se ordenen publicar, evitando transcripciones literales y señalándose únicamente los puntos sustanciales.
Las publicaciones de esos edictos, convocatorias y avisos sólo podrán realizarse en aquellos medios de difusión que tengan una sección especial destinada para "edictos, avisos y convocatorias judiciales" o sección destacada similar que representa el menor costo de todas las inserciones y anuncios que se lleven a cabo por esos medios de comunicación.
Artículo 129. Los términos empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en el que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. Tratándose de notificación realizada por el boletín judicial, el término empezará a correr el día siguiente de aquél en que haya surtido efectos dicha notificación.
Artículo 130. La ley sólo reconoce como términos comunes en los juicios, los siguientes:
I. Cuando fueren varias las personas que puedan conformar por obligaciones solidarias o casos similares, un litis consorcio pasivo, tratándose del caso de emplazamiento de todos los interesados:
II. Para todas las partes que intervengan en el juicio, el relativo a ofrecimiento de pruebas y aquéllos en que el tribunal determine la vista para desahogo por las partes al mismo tiempo:
III. Los demás que expresamente señale este código como términos comunes.
Los términos comunes empezarán a contar desde el día siguiente a aquél en que todas las personas que conformen el posible litis consorcio pasivo o todas las partes o los demás casos hayan quedado notificados.
Los demás términos se considerarán individuales y empezarán a correr para cada interesado en particular, cuando la notificación haya surtido sus efectos.
Artículo 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva:
II. Seis días para apelar de sentencia interlocutoria o auto:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Tres días para todos los demás casos, salvo disposición legal en contrario.
Artículo 137-bis. Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia, cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos 120 días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.
Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares. Se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencia, litis pendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio interior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal:
IV. La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de 60 días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial ninguna de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante el juez:
V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 30 días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción alguna de las partes; la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso ésta por la aprobación de aquel:
VI a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 139. Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva.
El pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación. Cuando las leyes utilicen solamente las palabras gastos o solamente costas, se incluyen ambos conceptos de gastos y costas y la condenación abarcara las dos.
La condenación no comprenderá la remuneración del abogado patrono ni la del procurador, sino cuando estuvieran legalmente autorizados para ejercer la abogacía.
Los abogados extranjeros no podrán cobrar gastos, sino cuando estén autorizados legalmente para ejercer la abogacía.
Artículo 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posición y el que intente alguno de estos juicios sino obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente:
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. El que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes:
VI. El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución definitiva y
VII. La demás que prevenga este código.
Artículo 141. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito en el que se promueva la liquidación por la parte que haya obtenido dicha prestación, del que se dará vista a la contraria por el término de tres días, debiéndose resolver y mandar publicar la resolución en el boletín judicial dentro del término improrrogable de ocho días.
El juez deberá analizar la cotización que se presente por notarios públicos, abogados, corredores públicos o peritos y para aprobarla deberá comprobar que se apega al arancel respectivo y a las constancias de autos y, en su caso, sólo autorizará la liquidación formulada por lo que resulte de acuerdo a los conceptos señalados.
La decisión que se pronuncie será apelable cuando lo fuere el negocio principal y el recurso se admitira en efecto devolutivo.
Artículo 142. En todos los negocios ante los jueces de la paz se causarán como máximo costas del 5% del monto de las prestaciones a que resulte condenada la parte que pierda el juicio, sin la necesidad de formular planilla, pagaderas juntamente con las prestaciones principales y accesorios.
Artículo 149. La competencia por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal.
La competencia, por razón de materia, únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas, sea necesario convenio entre las partes ni dará lugar a excepción sobre el particular. En consecuencia ningún tribunal podrá abstenerse de conocer de asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que daría lugar a la división de la continencia de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias.
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal superior de apelación contra auto o interlocutoria las partes estén de acuerdo en que conozcan de la cuestión principal. El juicio se seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase, prosiguiendose éste ante el superior.
Artículo 154. Es nulo todo lo actuado por el juez que fuere declarado incompetente, salvo:
I. La demanda, la contestación a la demanda, la reconversión y su contestación, si las hubo las que se tendrán como presentadas ante el juez en que reconocida una incompetencia, sea declarado competente:
II. La actuaciones relativas al conflicto competencial o aquéllas por las que se decrete de oficio;
III. Cuando la incompetencia, sea por razón del territorio o convengan las partes en su validez:
IV. Que se trate de incompetencia sobrevenida:
V. Los demás casos en que la ley lo exceptúe.
Artículo 160. Es juez competente para conocer de la reconvención, cualquiera que sea la materia de ésta, aquel que conoce de la demanda en el juicio principal.
Si el valor de la reconvención es inferior a la cuantía de la competencia del juez que conoce de la demanda principal, seguirá conociendo éste, pero no a la inversa.
Artículo 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La declinatoria se propondrá ante el juez que se considere incompetente al contestar la demanda, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado la competente.
En caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de los términos señalados por el que se estime afectado, se considerará sometido a la del juez que lo emplazó y perderá todo derecho para intentarla. Las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedimiento principal, pero deberá resolverse antes de dictarse sentencia definitiva.
Artículo 165. Los tribunales quedan impedidos para promover de oficio las cuestiones de competencia y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio, materia, con excepción de lo dispuesto en el artículo 149 o cuantía superior a la que le corresponda por ley y siempre y cuando se inhiba en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o ante reconvención por lo que hace la cuantía.
Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte a quien perjudique ocurrirá a su elección, dentro del término de seis días, ante cualquiera de las salas a las que estuvieran adscritos dichos jueces, a fin de que ordene a los que se niegan a conocer que el término de tres días, le envíen los expedientes originales en que se contengan sus respectivas resoluciones. Si las dos partes consideran que les causa perjuicio la negativa a conocer del asunto y ambas ocurrieran a las salas diferentes a las que estén adscritos los jueces dentro del término señalado, será competente para resolver la que primero reciba la inconformidad.
Una vez recibidos los asuntos por la sala elegida, los pondrá a la vista del peticionario o en su caso de ambas partes, por el término de tres días para que ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga. En el caso de que se ofrezcan pruebas y éstas sean de admitirse, se señalará fecha para audiencia, la que se celebrará dentro de los 10 días siguientes y se mandará preparar para recibirse y alegarse en la audiencia, debiendo pronunciar resolución y mandarla publicar en boletín judicial, dentro del término de ocho días.
En el supuesto de no ofrecerse pruebas y tan sólo se alegare, el tribunal dictará sentencia y la mandará publicar en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
Artículo 166. El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro del término de nueve días contados a partir del día siguiente al emplazamiento. Si el juez al que se le haga la solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su competencia y requerirá al juez que estime incompetente, para que dentro del término de tres días, remita testimonio de las actuaciones respectivas a la sala al que esté adscrito el juez requirente, comunicándoselo a éste quien remitirá sus asuntos originales al mismo superior.
Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, dentro del término de tres días remitirá el testimonio de las actuaciones correspondientes al superior señalado en el párrafo anterior y podrá manifestarle a éste las razones por las que a su vez sostenga su competencia o si por lo contrario, estima procedente la inhibitoria, haciéndolo saber a las partes.
Recibidos por el superior los autos originales y el testimonio de constancias, los pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su interés convenga. Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, en la que desahogará las pruebas y alegatos y dictará la resolución que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas o las propuestas no se admitan, el tribunal las citará, para oír resolución, la que se pronunciará y se hará la notificación a los interesados dentro del término improrrogable de ocho días.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará a los jueces contendientes.
Si la inhibitoria se declara improcedente, el tribunal lo comunicará a ambos jueces.
Artículo 167. La declinatoria de competencia se propondrá ante el juez, pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio. El juez al admitirla, ordenará que dentro del término de tres días se remita a su superior el testimonio de las actuaciones respectivas, haciéndolo saber a los interesados para que en su caso comparezcan ante aquel.
Recibido por el superior el testimonio de las constancias, lo pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga.
Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal mandando prepararlas y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, en la que se desahogarán las pruebas y alegatos y dictará la resolución que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas o las propuestas no se admitan, el tribunal citará para oír resolución, la que se pronunciará dentro del término improrrogable de ocho días a partir de dicha citación.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará al juez ante quien se promovió la declinatoria y, en su caso, al que se declare competente.
Si la declinatoria se declara improcedente, el tribunal lo comunicará al juez.
Artículo 168. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro ni tampoco emplearlos sucesivamente.
En el caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se aplicará al que la opuso, una sanción pecunaria equivalente hasta de 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en beneficio del colitigante, siempre que a juicio del juez, el incidente respectivo fuere promovido para alagar o dilatar el procedimiento.
Artículo 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando un juez magistrado se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes puede acudir en queja al consejo de la judicatura quien encontrando injustificada la abstención podrá imponer la sanción que corresponda.
Artículo 190. De la recusación de los magistrados integrantes de una sola conocerá aquélla a la que corresponda y para tal efecto se integrará de acuerdo con la ley; de la recusación de un juez, conocerá la sala respectiva.
Artículo 201. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad y el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el objeto de la audiencia, la cantidad que se reclame y la causa del deber.
Si el deudor no fuere hallado en su domicilio, la notificación se hará en los términos del artículo 116.
Se tendrá por confeso en la certeza de la deuda a aquel deudor que habiendo sido citado no comparezca a la diligencia mencionada en el primer párrafo de este artículo ni pruebe justa causa que se lo haya impedido.
Artículo 202. Se tendrá por reconocido el documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, cuando el deudor reconozca su firma ante la presencia judicial o cuando requerido para ello rehuse contestar si es o no suya la firma y cuando deje de asistir a la audiencia de reconocimiento sin justa causa.
Artículo 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso, decretará quién de los cónyuges permanecerá en el domicilio conyugal.
Artículo 214. La inconformidad de alguno de los cónyuges sobre la resolución o disposición decretada, se deberá hacer por medio de un incidente, cuya resolución no admitirá recurso alguno.
Artículo 240. Si el arraigo de una persona para que conteste el juicio, se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de una fianza que responda de los daños y perjuicios que se causen al demandado, cuyo monto discrecionalmente fijará el juez, para que se haga al demandado la correspondiente notificación.
Artículo 255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones:
III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos.
Asimismo deben numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión:
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. El valor de lo demandado, si de ello depende la competencia del juez:
VIII. La firma del actor o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias:
Artículo 257. Si la demanda fuere oscura o irregular o no cumpliera con algunos de los requisitos de los artículos 95 y 255, el juez dentro del término de tres días señalará con toda precisión en que consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto dicte.
El actor deberá cumplir con la prevención que haga el juez en un plazo máximo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efecto la notificación por boletín judicial de dicha prevención y de no hacerlo transcurrido el término, el juez la desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido, con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. La anterior determinación o cualquier otra por la que no se dé curso a la demanda, se podrá impugnar mediante el recurso de queja, para que se dicte por el superior la resolución que corresponda.
Artículo 260. El demandado formulará la contestación a la demanda en los siguientes términos:
I. Señalará el tribunal ante quien conteste:
II. Indicará su nombre y apellidos, el domicilio que señale para oír notificaciones y en su caso, las personas autorizadas para oír notificaciones y recibir documentos y valores:
III. Se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos:
IV. Se asentará la firma de puño y letra del demandado o de su representante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, lo hará un tercero en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias, poniendo los primeros la huella digital:
V. Todas las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervenientes.
De las excepciones procesales se le dará vista al actor para que las conteste y rinda las pruebas que considere oportunas en los términos de este ordenamiento:
VI. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención en los casos en que proceda, la que tiene que ajustarse a lo prevenido por el artículo 255 de este ordenamiento:
VII. Se deberá acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y de todos los documentos anexos a ella para cada una de las demás partes.
Artículo 261. Las excepciones que no se hayan resuelto en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales y la reconvención, se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia.
Artículo 262. Cuando se trate de demandas por controversias sobre bienes inmuebles, el juez ordenará la anotación preventiva de la misma ante el Registro Público de la Propiedad, de conformidad a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, siempre que previamente el actor otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se causen al demandado, la que deberá ser fijada al prudente arbitrio del juez.
Artículo 263. Derogado.
Artículo 264. En los supuestos que las excepciones procesales puedan ser subsanables, el juez en su resolución ordenará con claridad y precisión en qué forma deberá de subsanarse por el interesado, al que le otorgará un plazo prudente que no será inferior a tres días ni superior a 30 días. Si no se cumple con lo que ordene el juez, se sobreseerá el juicio, condenando al promovente al pago de los gastos y costas causados, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de las partes.
Artículo 266. Si en el escrito de contestación el demandado no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos o negándolos expresando los que ignore por no ser propios, se tendrán por fictamente confesados por dicho demandado y esta confesión ficta se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio y aun en la sentencia definitiva.
Cuando los hechos que se contesten hayan sido conocidos por algún testigo, se deberá mencionar su nombre y apellidos.
De igual manera, quien conteste deberá precisar los documentos relacionados en cada hecho y adjuntarlos precisamente con su contestación, salvo los casos de excepciones a que se refieren los artículos 96, 97 y 98 de este ordenamiento.
Se tendrán por confesados los hechos sobre los que se guardó silencio o que se evadió la contestación, exceptuando lo previsto en la parte final del artículo 271.
Artículo 267. En los casos en que las partes dejen de mencionar los testigos que estén relacionados con los hechos que fijen la litis; o se dejen de acompañar los documentos que se deben presentar, salvo en los casos que señalan los artículos 96, 97 y 98 de este código, el juez no admitirá tales pruebas. En el caso de que llegue a admitir alguna, su resolución será apelable.
Artículo 268. Las excepciones procesales supervenientes que se hagan valer por dicho motivo, el juez las tramitará en los términos y plazos que señala el artículo 88 de este ordenamiento.
Artículo 270. Todas las promociones de las partes deben ser firmadas por éstas o por sus representantes legales.
Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias.
Asimismo, las promociones deberán tener la debida identificación del litigio al que se dirigen, sin cuyo requisito no se les dará el trámite correspondiente, hasta en tanto no se proporcionen dichos datos de identificación.
Artículo 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable.
Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en lo casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos.
Artículo 272-B. Derogado.
Artículo 272-C. En el supuesto de que se objete la personalidad, si fuere subsanable, el juez resolverá de inmediato lo conducente; en caso contrario declarará terminado el procedimiento.
Artículo 272-G. Los jueces y magistrados podrán ordenar, aun en la audiencia a que se refiere el artículo 272-A, que se subsane toda omisión que notare en la sustanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, con la limitante que no podrán revocar sus propias determinaciones.
Artículo 290. El mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es 10 días comunes, que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación a todas las partes del auto que manda abrir el juicio a prueba.
Artículo 291. Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cual es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente estima que demostrará sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores del nombre y domicilio de testigos y peritos y pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 298 de este ordenamiento.
Artículo 298. A día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso el juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente, que sean contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 de este código.
Contra el auto que admita pruebas que se encuentren en algunas de las prohibiciones anteriores, procede la apelación en el efecto devolutivo y en el mismo efecto se admitirá la apelación contra el auto que deseche cualquier prueba, siempre y cuando fuere apelable la sentencia en lo principal. En los demás casos no hay más recurso que el de responsabilidad.
Artículo 300. Cuando las pruebas hubieren de desahogarse fuera del Distrito Federal o del país, se recibirán a petición de parte dentro de un término de 60 y 90 días naturales, respectivamente, siempre que se llenen los siguientes requisitos:
I. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas:
II. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilios de los testigos que hayan de ser examinados, cuando la prueba sea testimonial:
III. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que han de cotejarse o presentarse originales.
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Artículo 301. A la parte a la que se le hubiere concedido la ampliación a que se refiere el artículo anterior, se le entregarán los exhortos para su diligenciación y si no rindiere las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo impedimento bastante, se le impondrá una sanción pecuniaria a favor de su contraparte, equivalente al monto del depósito a que se hace mención en el artículo anterior, incluyendo la anotación en el registro judicial a que se refiere el artículo 61; asimismo se le condenará a pagar indemnización de daños y perjuicios en beneficio de su contraparte y además se dejará de recibir la prueba.
Artículo 308. Desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de confesión, quedando las partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exija el contrario.
Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula para hacerlo.
Artículo 310. Las personas físicas que sean parte en juicio, sólo están obligadas a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las artícula y desde el ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución deba realizarse de modo estrictamente personal y existan hechos concretos en la demanda o contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal para así ordenar su recepción.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el mandatario o representante que comparezca a absolver posiciones por alguna de las partes, forzosamente será conocedor de todos los hechos controvertidos propios de su mandante o representado y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de aquél por quien absuelve ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con evasivas ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de modo categórico en forma afirmativa o negativa, pues de hacerlo así se le declarará confeso de las posiciones que calificadas de legales se le formulen.
El que comparezca a absolver posiciones después de contestar afirmativa o negativamente, podrá agregar lo que a su interés convenga.
Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevará a efecto por apoderado o representante, con facultades para absolver, sin que se pueda exigir que el desahogo de la confesional se lleve a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena en el párrafo anterior.
Artículo 313. Si el citado a absolver posiciones comparece, el juez abrirá el pliego si lo hubiere e impuesto de ellas, las calificará y aprobará sólo las que se ajusten a lo dispuesto por los artículos 311 y 312. En seguida el absolvente firmará el pliego de posiciones, antes de procederse al interrogatorio. Contra la calificación de posiciones no procede recurso alguno.
Artículo 324. El auto en que se declare confeso al litigante o en el que se deniegue esta declaración admite el recurso de apelación, cuya tramitación quedará reservada para que se realice en su caso, conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva que se dicte.
Artículo 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante notario o corredor público y los testimonios y copias certificadas de dichos documentos:
II a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 340. Las partes sólo podrán objetar los documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio, dentro de los tres días siguientes a la apertura del plazo de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual plazo, contado desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del auto que ordene su recepción.
Artículo 346. La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares.
Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica o industria requieren título para su ejercicio.
Si no lo requirieran o requiriéndolo no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título.
El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador.
Artículo 347. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos:
I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deban resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos:
II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en cuestión;
III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica o industria para el que se les designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos:
IV. Cuando se trate de juicios sumarios, especiales o cualquier otro tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a presentar a sus peritos dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tenga por designados para que se cumpla con lo ordenado en el párrafo anterior, los cuales quedan obligados, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo:
V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes y éstos resulten sustancialmente contradictorios, se designará al perito tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 349 de este código:
VI. La falta de presentación del escrito del perito del oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que el juez designe perito en rebeldía del oferente. Si la contraria no designare perito o el perito por ésta designado no presentara el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.
En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquel que se rinda por el perito de la contraria y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones III o IV, según corresponda.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el juez sancionará a los peritos omisos con multa equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, debiendo presentar los peritos el original de su cédula profesional o de los documentos anexados a sus escritos de aceptación y protesta del cargo:
VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un solo perito para que rinda su dictamen al cual se sujetarán:
IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su conformidad con el dictamen del perito de la contraria y hacer observaciones al mismo, que serán consideradas en la valoración que realice el juez en su sentencia.
Artículo 348. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria para el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen.
Artículo 349. Cuando los dictámenes rendidos resulten sustancialmente contradictorios de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular; asimismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los que deben ser aprobados y autorizados por el juez y cubiertos por ambas partes en igual proporción.
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios, en los términos fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto el tribunal dictará, proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal en pleno y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que le hubiere propuesto, por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes.
En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión.
Artículo 350. Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su dictamen y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia de pruebas en la que se lleva a cabo la junta de peritos, donde la parte que la haya solicitado o de todos los colitigantes que la hayan pedido, podrán formular sus interrogatorios.
Artículo 351. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se notifique la aceptación y protesta del cargo por dicho perito a los litigantes. Son causas de recusación las siguientes:
I. Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, de alguna de las partes, sus apoderados, abogados, autorizados o del juez o sus secretarios o tener parentesco civil con alguna de dichas personas;
II. Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se haya mandado reponer la prueba pericial:
III. Haber prestado servicios como perito a alguna de las partes o litigantes, salvo el caso de haber sido tercero en discordia o ser dependiente, socio, arrendatario o tener negocios de cualquier clase, con alguna de las personas que se indican en la fracción I:
IV. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante, o participación en sociedad, establecimiento e empresa con alguna de las personas que se indican en la fracción I:
V. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus representantes, abogados o con cualquier otra persona de relación familiar cercana a aquéllos.
Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al perito recursado, para que el perito en el acto de la notificación si ésta se entiende con él, manifieste al notificador si es o no procedente la causa en que aquélla se funde.
Si la reconoce como cierta, el juez lo tendrá por recusado sin más trámites y en el mismo auto nombrará otro perito. Si el recusado no fuere hallado al momento de notificarlo, deberá comparecer en el término de tres días, para manifestar bajo protesta de decir verdad, si es o no procedente la causa en que se funde la recusación.
Si admite ser procedente en la comparecencia o no se presenta en el término señalado, el tribunal sin necesidad de rebeldía, de oficio, lo tendrá por recusado y en el mismo auto designará otro perito.
Cuando el perito niegue la causa de recusación, el juez mandará que comparezcan las partes a su presencia en el día y hora que señale, con las pruebas pertinentes. Las partes y el perito únicamente podrán presentar pruebas en la audiencia que para tal propósito cite al juez, salvo que tales probanzas sean documentales, mismas que podrán presentarse hasta antes de la audiencia que señale el juez.
No compareciendo la parte recusante a la audiencia, se le tendrá por desistida de la recusación. En caso de inasistencia del perito se le tendrá por recusado y se designará otro. Lo anterior, salvo que las pruebas ofrecidas por la parte recusante o el recusado sean documentales, mismas que podrán presentarse hasta antes de la audiencia que señale el juez.
Si comparecen todas las partes litigantes, el juez las invitará a que se pongan de acuerdo sobre la procedencia de la recusación y, en su caso sobre el nombramiento del perito que haya de reemplazar al recusado.
Si no se ponen de acuerdo, el juez admitirá las pruebas que sean procedentes desahogándose en el mismo acto, uniéndose a los autos los documentos e inmediatamente resolverá lo que estime procedente.
En el caso de declarar procedente la recusación, el juez en la misma resolución, hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo designan de común acuerdo.
Del resultado de esta audiencia, se levantará acta, que firmarán los que intervengan.
Cuando se declare fundada alguna causa de recusación a la que se haya opuesto el perito, el tribunal en la misma resolución condenará al recusado a pagar dentro del término de tres días, una sanción pecuniaria equivalente al 10% del importe de los honorarios que se hubieren autorizado y su importe se entregará a la parte recusante.
Asimismo, se consignarán los hechos al Ministerio Público para efectos de investigación de falsedad en declaraciones judiciales o cualquier otro delito, además de remitir copia de la resolución al Consejo de la Judicatura, para que se apliquen las sanciones que correspondan.
No habrá recurso alguno contra las resoluciones que se dicten en el trámite o la decisión de la recusación.
Artículo 352. En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una sanción pecuniaria hasta por el equivalente a 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se que aplicará en favor de su contraparte, siempre que se hubiere promovido de mala fe.
Artículo 353. Los jueces podrán designar peritos de entre aquéllos autorizados como auxiliares de la administración de justicia o de entre aquellos propuestos, a solicitud del juez, por colegios, asociaciones o barras de profesionales, artísticas, técnicas o científicas o de las instituciones de educación superior públicas o privadas o las cámaras de industria, comercio, confederaciones de cámaras o la que corresponda al objeto del peritaje.
Cuando el juez solicite que el perito se designe por alguna de las instituciones señaladas en último término, prevendrá a las mismas que la nominación del perito que proponga se realice en un término no mayor de cinco días, contados a partir de la recepción de la notificación o mandamiento que expida el juez.
En todos los casos en que se trate únicamente de peritajes sobre el valor de cualquier clase de bienes y derechos, los mismos se realizarán por avalúos que practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito, nombrados por cada una de las partes y en caso de diferencias en los montos que arrojen los avalúos, no mayor de 30% en relación con el monto mayor, se mediarán estas diferencias. De ser mayor tal diferencia, se nombrará un perito tercero en discordia, conforme al artículo 349 de este código, en lo conducente.
en el supuesto de que alguna de las partes no exhiba el avalúo a que se refiere el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos será el del avalúo que se presente por la parte que lo exhiba, perdiendo su derecho la contraria para impugnarlo.
Cuando el juez lo estime necesario, podrá designar a algún corredor público, institución de crédito, al Nacional Monte de Piedad o a dependencias o entidades públicas que practican avalúos.
En todos los casos en que el tribunal designe a los peritos, los honorarios de éstos se cubrirán por mitad por ambas partes, y aquella que no pague lo que le corresponde será apremiada por resolución que contenga ejecución y embargo en sus bienes. En el supuesto de que alguna de las partes no cumpla con su carga procesal de pago de honorarios al perito designado por el juez, dicha parte incumplida perderá todo derecho para impugnar el peritaje que se emita por dicho tercero.
Artículo 357. Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de esta ley; sin embargo, cuando realmente estuvieran imposibilitadas para hacerlo, la manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite, expresando las causas de su imposibilidad que el juez calificará bajo su prudente arbitrio.
El juez ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o multa equivalente hasta 30 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a declarar.
La prueba se declarará desierta si no es presentado el testigo por el oferente o si ejecutados los medios de apremio antes mencionados, no se logra dicha presentación.
En caso de que el señalamiento de domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al promovente una sanción pecuniaria a favor del colitigante, equivalente hasta de 60 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de imponerse la misma, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, debiendo declararse desierta la prueba testimonial.
Artículo 359. Al Presidente de la República, a los secretarios de Estado, a los titulares de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, federales o locales, al gobernador del Banco de México, senadores, diputados, asambleístas, magistrados, jueces, generales con mando, a las primeras autoridades políticas del Distrito Federal, se pedirá su declaración por oficio y en esta forma la rendirán. En casos urgentes podrán rendir declaraciones personalmente.
Artículo 398. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los jueces que resuelvan deben ser los mismos que asistieron a la recepción de las pruebas y alegatos de las partes. Si por causa insuperable dejare el juez de continuar la audiencia y fuere distinto el que lo sustituyere en el conocimiento del negocio, puede ordenar la ampliación de cualquier diligencia probatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 279, de esta ley:
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Las sentencias pronunciadas en juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales que tengan un valor hasta de 60 mil pesos. Los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente, cuyo monto no exceda de 20 mil pesos. Dichas cantidades se actualizarán en forma anualizada que deberá regir a partir del 1o., de enero de cada año, de acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los jueces de lo familiar, los reservados a los jueces del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal:
II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario o extraordinario de defensa.
Artículo 468. Se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice.
Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga, según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponda en los términos de la legislación común y registrados en el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido o que éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 469. Procederá el juicio hipotecario sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, cuando:
I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo;
II. El bien se encuentra inscrito a favor del demandado:
III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos 90 días anteriores a la de la presentación de la demanda.
Artículo 470. Presentando el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, admitirá la misma y mandará anotar la demanda en el Registro Público de la Propiedad y que se corra traslado de ésta al deudor y, en su caso, al titular registral del embargo o gravamen por plazo inferior a que se refiere la fracción III del artículo anterior, para que dentro del término de nueve días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que no podrán ser otras que:
I. Las procesales previstas en este código:
II. Las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo:
III. Falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción:
IV. Nulidad del contrato:
V. Pago o compensación:
VI. Remisión o quita:
VII. Oferta de no cobrar o espera:
VIII. Novación de contrato:
IX. Las demás que autoricen las leyes.
Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII sólo se admitirán cuando se funden en prueba documental. Respecto de las excepciones de litis pendencia y conexidad sólo se admitirán si se exhiben con la contestación las copias selladas de la demanda y contestación de ésta o de las cédulas del emplazamiento del juicio pendiente o conexo o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral.
El juez bajo su más estricta responsabilidad revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autorizan o aquellas en que sea necesario exhibir documento y el mismo no se acompañe, salvo los casos a que se refieren los artículos 95 y 96 de este código.
La reconvención sólo será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se refiera a su nulidad. En cualquier otro caso se desechará de plano.
Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el juez dará vista al actor para que, dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes.
Artículo 471. Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, en la vista que se dé con ésta a la actora y, en su caso en la reconvención y en la contestación a ésta, las partes tienen la obligación de ser precisos, indicando en los hechos si sucedieron ante testigos, citando los nombres y apellidos de éstos y presentando todos los documentos relacionados con tales hechos. En los mismos escritos, las partes deben ofrecer todas sus pruebas, relacionándolas con los hechos que se pretendan probar. En el caso de que las pruebas ofrecidas sean contra la moral o el derecho, sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles o no se hayan relacionado con los mismos, el juez las desechará. Las pruebas que se admitan se desahogarán en la audiencia.
Salvo el caso de allanamiento total a la demanda, en que el juez citará para sentencia definitiva, con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga, hecho lo cual o transcurrido el plazo para ello, se señalará fecha para la celebración de la audiencia que deberá fijarse dentro de los 25 días siguientes.
Si hubiere reconvención se correrá traslado de ésta a la actora principal para que la conteste dentro de los seis días siguientes y en el mismo proveído, dará vista por tres días con las excepciones opuestas para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Contestada la reconvención o transcurrido el plazo para ello, se señalará día y hora para la audiencia dentro del término arriba señalado.
Artículo 476. Si en el título con base en el cual se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el juez mandará notificarles la existencia del juicio para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.
Artículo 478. Derogado.
Artículo 479. La demanda se anotará en el registro público correspondiente, a cuyo efecto el actor exhibirá un tanto más de dicha demanda, documentos base de la acción y en su caso, de aquéllos con que justifique su representación, para que, previo cotejo con sus originales se certifiquen por el secretario, haciendo constar que se expiden para efectos de que la parte interesada inscriba su demanda, a quien se le entregarán para tal fin, debiendo hacer las gestiones en el registro dentro del término de tres días y acreditándola en su oportunidad al tribunal.
Artículo 481. Desde el día del emplazamiento, contrae el deudor la obligación de depositario judicial respecto de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor.
Para efecto del inventario, el deudor queda obligado a dar todas las facilidades para su formación y en caso de desobediencia, el juez lo compelerá por los medios de apremio que le autoriza la ley.
Artículo 483. Las partes deberán ofrecer sus pruebas para acreditar los hechos de su acción o de sus excepciones en los escritos que fijan la controversia, exhibiendo los documentos que tengan en su poder o la copia sellada en que se solicite la expedición de tales documentos que no tuvieran, según ordenan los artículos 96 y 97 de este ordenamiento.
Las pruebas admitidas deberán ser preparadas por las partes y en consecuencia en la audiencia deberán presentar a sus testigos. En cuanto a la pericial, deberá estarse a lo ordenado en el juicio ordinario en cuanto a dicha prueba.
No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir verdad, manifiestan no poder presentar a los testigos ni obtener los documentos que no tengan a su disposición, el juez mandará citar a dichos testigos, con el apercibimiento que de no comparecer a declarar, sin justa causa que se los impida, les impondrá una multa de hasta 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o arresto hasta de 36 horas y dejará de recibir tales testimoniales.
De igual manera auxiliará al oferente, expidiendo los oficios a las autoridades y terceros que tengan en su poder documentos, apercibiendo a las primeras con la imposición de una sanción pecuniaria, en favor de la parte perjudicada, por el equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente, que se hará efectiva por orden del propio juez y a los segundos con la imposición de un arresto hasta de 36 horas, en la inteligencia de que estos terceros podrán manifestarle al juez, bajo protesta de decir verdad, que no tienen en su poder los documentos que se les requieren.
El juez debe presidir la audiencia, que se iniciará resolviendo todas las excepciones procesales que existan, los incidentes que hubieren y desahogará las pruebas admitidas y preparadas. Sino se llegaren a desahogar por falta de preparación, se diferirá la audiencia y bajo su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen las pruebas para desahogarse en la fecha que se señale, que no excederá en su fijación de los 10 días posteriores.
En todo lo no previsto en lo relativo al ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de las pruebas, así como al desarrollo de la audiencia y diferimiento de la misma, se observarán las reglas del capítulo anterior y en especial las contenidas en los artículos 432 a 436 de este código.
Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el juez procurará dictar en la misma fecha de la audiencia la sentencia que corresponda, a menos que se tratare de pruebas documentales voluminosas, porque entonces contará el juez con un plazo de ocho días para dictarla y mandarla notificar por boletín judicial dentro de dicho término.
Artículo 484. Anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda.
Artículo 486. Para el remate, se procederá de la siguiente forma:
I. Cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, una institución de crédito o por perito valuador autorizado por el consejo de la judicatura, los cuales en ningún caso podrá tener el carácter de parte o de interesada en el juicio:
II. En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria:
III. En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado en la fracción I de este artículo, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para el remate el primero en tiempo:
IV. Si las dos partes exhibieren los avalúos en el plazo a que se refiere la fracción I de este artículo y los valores determinados de cada uno de ellos no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista un 30% de diferencia entre el más bajo y el más alto, en cuyo caso el juez ordenará se practique nuevo avalúo por el corredor público o la institución bancaria que al efecto señale:
V. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar los valores:
VI. Obtenido el valor del avalúo, según el caso que corresponda de acuerdo a las fracciones anteriores, se procederá a rematar la finca en los términos de la Sección Tercera del Capítulo V del Título Séptimo de este ordenamiento.
Artículo 487. Si el superior revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente el remate, luego que vuelvan los autos al juzgado de su origen, se mandará cancelar la anotación de la demanda en el registro público y en su caso se devolverá la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el término que le fije el juez, que no podrá exceder de 30 días. Si el remate se hubiera ya verificado, se hará efectiva la fianza en la vía de apremio.
Artículo 488. En el caso de la adjudicación prevista en el segundo párrafo del artículo 2916 del Código Civil, se deberá solicitar avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago, debiéndose aplicar en lo conducente lo señalado en el artículo 486 de este ordenamiento. La venta se hará de la manera que se hubiere convenido y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicación alegando las excepciones que tuviere y esta oposición se sustanciará incidentalmente.
También pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripción de la acción hipotecaria.
Artículo 515. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.
Artículo 531. Contra la ejecución de las sentencias y convenios judiciales no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de 180 días; si ha pasado este término, pero no más de un año, se admitirán, además las de transacción, compensación y compromiso en árbitros y, transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de ejecutoria o convenio constante en autos.
Todas estas excepciones, sin comprender de la falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio y constar por instrumento público o por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial. Se sustanciarán estas excepciones en forma de incidente, con suspensión de la ejecución, sin proceder dicha suspensión cuando se promueva en el incidente respectivo, el reconocimiento o la confesión. La resolución que se dicte no admite más recurso que el de responsabilidad.
Artículo 582. No habiendo postor quedará al arbitrio del ejecutante pedir, en el momento de la diligencia, que se le adjudiquen los bienes por el precio del avalúo que sirvió de base para el remate o que se saquen de nuevo a pública subasta con rebaja del 20% de la tasación.
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Artículo 583. Si en ella tampoco hubiere licitadores, el actor podrá pedir o la adjudicación por el precio que sirvió de base para la segunda subasta o que se le entreguen en administración los bienes para aplicar sus productos al pago de los intereses y extinción del capital y de las costas.
Artículo 654. Las tercerías que se deduzcan en el juicio se sustanciarán en la vía y forma en que se tramite el procedimiento en la que se interponga la tercería.
Artículo 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento.
Artículo 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79 fracción I de este código.
En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad.
Artículo 690. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones vertidas por el juez en la resolución de que se trata. Con dicho escrito se dará vista a la contraria para que en igual plazo manifieste lo que a su derecho corresponda.
La adhesión al recurso sigue la suerte de éste.
Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias.
Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva.
Artículo 692. El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida.
Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria deberán hacerse valer en el término de seis días y, las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.
Artículo 693. Interpuesta una apelación, el juez la admitirá sin sustanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo.
El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate.
De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria y de seis días si se tratare de sentencia definitiva. Transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que se señalan anteriormente o los autos originales, al superior.
El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la sala a la que se encuentre adscrito, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar los agravios o, en su caso, del auto en que se tuvieron por contestados, indicando si se trata de primera, segunda o el número que corresponda en las apelaciones interpuestas.
La sala, al recibir el testimonio, formará un solo toca, en el que se vayan tramitando todos los recursos de apelación que se interpongan en el juicio de que se trate.
La sala, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos del artículo 704.
Artículo 694. El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos efectos.
Tratándose de apelaciones contra cualquier clase de resoluciones, excepto la relativa a la sentencia definitiva, se tramitarán en un solo cuaderno "de constancias", en donde vayan agregándose los testimonios relativos y al que se anexarán copias de todas las resoluciones a dichas apelaciones, inclusive la de la sentencia definitiva del juicio de que se trate.
En el caso de que se trate de sentencia definitiva, se dejará en el juzgado, para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego los autos originales al tribunal superior.
La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio. De no ser así, sólo se suspenderá en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada y se continuará el procedimiento en todo lo demás.
Artículo 696. De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación.
Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.
La garantía debe atender a la importancia del asunto y no podrá ser inferior al equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.
En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a 60 días del salario indicado, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá al superior la queja planteada junto con su informe justificado para que se resuelva dentro de igual término.
Declarada fundada la queja que interponga el apelante, el superior ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el inferior dentro del término de seis días.
Si se declara infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten más recurso que el de responsabilidad.
También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante.
Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto, con su informe justificado, al superior en el término de tres días y éste resolverá en el plazo máximo de cinco días.
Si el tribunal confirmase la resolución apelada, condenará al recurrente al pago de dichas indemnizaciones, fijando el importe de los daños y perjuicios que se hayan causado, además de lo que importen las costas.
Artículo 697. Al recibirse las constancias por el superior éste ordenará notificar personalmente a las partes la radicación ante dicho tribunal, a menos que de las constancias remitidas aparezca que no se ha dejado de actuar por más de seis meses.
Artículo 698. No se suspenderá la ejecución de la sentencia, auto o providencia apelados, cuando haya sido admitida la apelación en el efecto devolutivo.
Si la apelación fuere de sentencia definitiva quedará en el juzgado testimonio de lo necesario para ejecutarla, remitiendo los autos al superior.
Artículo 702. En el caso del artículo anterior, se suspenderá la ejecución de la sentencia o auto apelado hasta que recaiga el fallo del superior; mientras tanto, queda en suspenso la jurisdicción del juez para seguir conociendo de los autos principales desde el momento en que se admita la apelación en ambos efectos.
No obstante lo anterior, el juez continuará conociendo para resolver con plenitud la jurisdicción, todo lo relativo a depósitos, embargos trabados, rendición de cuentas, gastos de administración, aprobación de entrega de fondos para pagos urgentes, medidas provisionales decretadas durante el juicio y cuestiones similares que por su urgencia no pueden esperar.
Artículo 703. La sala, al recibir el testimonio, formará un solo toca, en el que se tramitarán todos los recursos de apelación que se interpongan en el juicio de que se trata.
Con este testimonio se formará un cuaderno de constancias al que se seguirán agregando los subsecuentes testimonios que remita el inferior para tramitar otras apelaciones y quejas.
Por separado la sala formará cuadernos de recursos que se integrarán con los escritos de agravios y contestación, así como todo lo que se actúe en cada recurso y la resolución que se dicte, de la cual se agregará copia autorizada al cuaderno de constancias.
Artículo 704. Al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y calificará si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarlo ajustado a derecho lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia, la que pronunciará y notificará por boletín judicial dentro del término de ocho días si se tratare de auto o interlocutoria y de 15 si se tratare de sentencia definitiva; cuando se trate de expedientes muy voluminosos se podrá ampliar el plazo en ocho días más para dictar sentencia y notificarla.
Artículo 705. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios al interponer el recurso de apelación ante el juez, sin necesidad de acusar rebeldía, precluirá su derecho y quedará firme la resolución impugnada, sin que se requiera declaración judicial, salvo en lo relativo a la sentencia de primera instancia en que se requerirá decreto del juez.
Si no se presentara apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento.
Artículo 706. En los escritos de expresión de agravios y contestación, tratándose de apelación de sentencia definitiva, las partes sólo podrán ofrecer pruebas, cuando hubieren ocurrido hechos supervenientes, especificando los puntos sobre los que deben versar las pruebas, que no serán extrañas ni a la cuestión debatida ni a los hechos sobrevenidos y el superior será el que admita o deseche las pruebas ofrecidas.
Artículo 708. Admitida la apelación en ambos efectos una vez contestados los agravios, el juez remitirá los autos originales desde luego a la sala correspondiente del tribunal superior, dentro del tercer día, citando a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal.
Artículo 709. Será causa de responsabilidad la falta de envío oportuno a la sala de los autos o testimonio para la sustanciación del recurso.
Artículo 712. Contestados los agravios o perdido el derecho de hacerlo, si no se hubiere promovido prueba o las ofrecidas no se hubieren admitido, el superior dictará su sentencia dentro de los términos que señala el artículo 704.
Artículo 713. Cuando se admitan pruebas, el superior desde el auto de admisión, fijará la audiencia dentro de los 20 días siguientes, procediéndose a su preparación para su desahogo en la fecha señalada. Concluida la audiencia, alegarán verbalmente las partes y se les citará para sentencia.
Artículo 714. La apelación interpuesta en los juicios sumarios y especiales contra sentencia definitiva o cualquier otra determinación, sólo procederá en el efecto devolutivo.
Artículo 725. El recurso de queja contra resoluciones del juez se interpondrá ante éste, dentro de los tres días siguientes al acto reclamado, expresando los motivos de inconformidad. Dentro del tercer día en que se tenga por interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación y acompañará, en su caso, las constancias procesales respectivas. El superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda.
La falta de remisión del recurso de queja e informe con justificación dentro del término de tres días por parte del juez al superior dará lugar a la imposición de una corrección disciplinaria por parte del superior, de oficio o a petición del quejoso.
Artículo 726. Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en derecho o hubiere recurso ordinario en contra de la resolución reclamada, será desechada por el tribunal, imponiendo condena en costas contra el recurrente.
Artículo 797. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando se impugne la autenticidad o la existencia del testamento, se podrá hacer valer a través de incidente, en los términos del artículo 88 del ordenamiento.
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Artículo 896. Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima después de efectuado el acto de la jurisdicción voluntaria, se reservará el derecho al opositor para que lo haga valer en la vía y forma que corresponda.
TITULO ESPECIAL
De la justicia de paz
Artículo 2o. Conocerán los jueces de paz en materia civil de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción y que tengan un valor de hasta 3 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en los demás negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente, cuyo monto no exceda de 1 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cantidades las anteriores que se actualizarán anualmente como lo dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Quedan exceptuados de la anterior disposición todas las controversias relativas a las materias familiar y de arrendamiento inmobiliario, cuya competencia queda asignada a los jueces de primera instancia de la materia.
Artículo 5o. Cada juzgado conocerá de los negocios relativos a predios ubicados dentro de su jurisdicción, cuando se trate de acciones reales sobre bienes inmuebles. Conocerá también de aquéllos en que el demandado pueda ser citado en algún lugar que se encuentre comprendido en el perímetro de su jurisdicción.
En caso de duda será competente por razón del territorio, el juez de paz que ha prevenido y en ningún caso se dará entrada a cuestión relativa a competencia de jurisdicción por aquel concepto; por el hecho de haber conocido indebidamente de casos correspondientes a otras jurisdicciones, será motivo de corrección disciplinaria que impondrá el Consejo de la Judicatura mediante queja del agraviado.
Artículo 16. En toda diligencia o comparecencia ante el juez o secretario, las partes deberán identificarse plenamente.
Artículo 17. Si al anunciarse el despacho del negocio no estuviere presente injustificadamente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una sanción pecuniaria que no será mayor del equivalente a 120 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que se aplicará al demandado por vía de indemnización.
Artículo 20. Concurriendo al juzgado las partes en virtud de la citación, se abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones:
I. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación y exhibirán los documentos y objetos que estimen conducentes a su defensa y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos:
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo pronunciamiento. Si de lo que expongan o aprueben las partes resultara demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el juez lo declarará así, desde luego y dará por terminada la audiencia. Ante los jueces de paz sólo se admitirá reconvención hasta por el monto de su competencia en términos del artículo 2o. de esta ley.
Artículo 21. Las sentencias que se pronuncien en los juzgados de paz en materia civil deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 81 de este código.
Artículo 22. Derogado.
Artículo 39. Derogado.
Artículo 47. Los jueces de paz no son recusables, pero deben excusarse cuando estén impedidos y en tal caso, el negocio pasará al siguiente juzgado en número. Si los jueces impedidos no se excusaren, a queja de parte el Consejo de la Judicatura impondrá la corrección disciplinaria correspondiente haciendo la anotación en el expediente del funcionario."
Artículo segundo. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, para quedar como sigue:
"Artículo 7o. La sociedad será exclusiva depositaria de los títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante las autoridades administrativas o judiciales de la Federación y por o ante las autoridades administrativas del Distrito Federal, así como de las sumas en efectivo, títulos o valores que secuestren las autoridades judiciales o administrativas de la Federación y aquellas que secuestren las autoridades administrativas del Distrito Federal.
Las autoridades mencionadas estarán obligadas a entregar a la sociedad dichos bienes, en su indicado carácter de depositaria.
También deberán hacerse exclusivamente en la sociedad, los depósitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y, en general, los depósitos de garantía que deban constituirse conforme a las disposiciones de las leyes federales y, en su caso, del Distrito Federal o por órdenes o contrato de autoridades de la Federación y, en su caso, del Distrito Federal."
Artículo tercero. Se reforman los siguientes artículos; 1o.; 2o.; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1072; 1075; 1076; 1077; 1079 fracciones I a Vl; 1080; 1082; 1090; 1094 fracciones ll y III; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1111; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132 primer párrafo; 1133; 1134; 1135; 1139; 1140; 1144; 1146; 1147, 1148; 1149; 1150; 1151 fracciones I y V; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1174; 1183; 1184; 1185; 1186; 1189; 1190; 1193; 1198; 1201; 1202; 1203; 1205; 1207; 1214; 1215; 1216; 1217; 1219; 1220; 1232 fracción I; 1234; 1236;1241; 1242; 1243; 1247; 1250; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1268; 1269; 1271; 1303 fracción I; 1307; 1310; 1312; 1314; 1318; 1319; 1334; 1335; 1336; 1337 fracción II; 1339 fracción II; 1343; 1344; 1345; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1360; 1361; 1372; 1377; 1378; 1380 primer párrafo; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1391 fracciones IV, V y VI; 1392; 1393; 1394; 1399; 1400; 1401; 1403 último párrafo; 1404; 1405; 1406 y 1414, así como la denominación de los capítulos XXIV y XXVI del Título Primero del Libro Quinto; se adicionan las fracciones IV y V al artículo 1061; un segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 1067; un párrafo segundo con seis fracciones al artículo 1068; párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 1069; párrafo segundo al artículo 1070; párrafo segundo con fracciones I, II, III y IV y párrafos tercero y cuarto al artículo 1071; fracción V al artículo 1084; fracción VI al artículo 1094; fracciones V, VI, VII y VIII al artículo 1151; párrafo segundo al artículo 1209; párrafo segundo al artículo 1249; párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 1259; párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 1272; fracción III al artículo 1337; fracción VIII al artículo 1391; párrafos primero y segundo al artículo 1394; así como el nombre al Capítulo VIII del Título Primero del Libro Quinto y se derogan las fracciones VII y VIII del artículo 1079 y el artículo 1309, del Código de Comercio, para quedar como sigue:
"Artículo 1o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables.
Artículo 2o. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.
Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.
Artículo 1055. Los juicios mercantiles son ordinarios, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Todos los ocursos de las partes y actuaciones judiciales deberán escribirse en idioma español; fácilmente legibles a simple vista y deberán estar firmados por los que intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, impondrá su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias:
II. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español:
III. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido:
IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto:
V. Los secretarios cuidarán de que las promociones originales o en copias sean claramente legibles y de que los expedientes sean exactamente foliados, al agregarse cada una de las hojas; rubricarán todas éstas en el centro de los escritos sellándolo en el fondo del cuaderno, de manera que se abarquen las dos páginas:
VI. Las copias simples de los documentos que se presenten confrontadas y autorizadas por el secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el seguro del tribunal, donde podrá verlos la parte contraria, si lo pidiere:
VII. El secretario dará cuenta al titular del tribunal junto con los oficios, correspondencia, razones actuariales, promociones o cualquier escrito con proyecto de acuerdo recaído a dichos actos, a más tardar dentro del día siguiente al de su presentación bajo pena de responsabilidad, conforme a las leyes aplicables. El acuerdo que se prepare será reservado:
VIII. Los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la sustanciación, para el efecto de regularizar el procedimiento correspondiente.
CAPITULO II
De la capacidad y personalidad
Artículo 1056. Todo el que, conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no se hallen en el caso anterior, comparecerán a juicio por medio de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Código Civil para el Distrito Federal.
Artículo 1057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este código.
Artículo 1058. Por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover en el interés del actor o del demandado y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos 1896 a 1909 del Código Civil para el Distrito Federal y gozará de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de ésta no será necesaria.
Artículo 1059. El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar fianza que garantizará que el interesado pasará por lo que él haga y de que pagará lo juzgado y sentenciado. La fianza será calificada por el tribunal bajo su responsabilidad y se otorgará por el gestor judicial, comprometiéndose con el dueño del negocio a pagar los daños, los perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o negligencia.
Artículo 1060. Existirá litis consorcio, sea activo o sea pasivo, siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma representación.
A este efecto, dentro de tres días, nombrarán un mandatario judicial quien tendrá las facultades que en el poder se le concedan, necesarias para la continuación del juicio. En caso de no designar mandatario, podrán elegir de entre ellas mismas un representante común. Si dentro del término señalado, no nombraren mandatario judicial ni hicieren la elección de representante común o no se pusieren de acuerdo en ella, el juez nombrará al representante común escogiendo a alguno de los que hayan sido propuestos y si nadie lo hubiere sido, a cualquiera de los interesados.
El representante común que designe el juez tendrá las mismas facultades como si litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de desistirse, transigir y comprometer en árbitros, el que designen los interesados sólo tendrá estas últimas facultades, si expresamente le fueren concedidas por los litis consortes.
Cuando exista litis consorcio de cualquier clase, el mandatario nombrado o en su caso el representante común, sea el designado por los interesados o por el juez, será el único que puede representar a los que hayan ejercitado la misma acción u opuesto la misma excepción, con exclusión de las demás personas.
El fin del representante común o la designación del mandatario por los que conforman un litis consorcio es evitar solicitudes múltiples, contrarias o contradictorias, por lo que tales mandatarios y representantes serán inmediata y directamente responsables por negligencia en su actuación y responderán de los daños y perjuicios que causen a sus poderdantes y representados. El mandatario o el representante común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario y autorizar personas para oír notificaciones en los términos del artículo 1069 de este código.
Artículo 1061. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro:
II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele trasmitido por otra persona:
III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquéllos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda.
Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.
Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas:
IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes:
V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba, según los párrafos precedentes para correr traslado a la contraria.
Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente.
Artículo 1062. En el caso de que se demuestre haber solicitado al protocolo, dependencia o archivo público la expedición del documento y no se expida, el juez ordenará al jefe o director responsable, que lo expida a costa del solicitante dentro del plazo de tres días y le informe al juez con apercibimiento en caso de no hacerlo de imposición de sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada.
Artículo 1063. Los juicios mercantiles se sustanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por la ley procesal local respectiva.
Artículo 1067. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El tribunal está obligado a expedir a costa del solicitante, sin demora alguna, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos bastando que la parte interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto judicial, dejando constancia en autos de su recepción.
Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose decreto judicial y cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún caso se dará vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar en autos razón y constancia de su recibo, en el que señale las copias que reciba.
Para obtener copia o testimonio de cualquier documento que se encuentre en archivos o protocolos que no están a disposición del público, aquel que pretenda logarlo y carezca de legitimación en el acto contenido en el documento, requiere de decreto judicial, que no se dictará, sino con conocimiento de causa y audiencia de parte, procediéndose incidentalmente, en caso de oposición.
Artículo 1068. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:
I. Personales o por cédula:
II. Por boletín judicial, gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados:
III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados:
IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal:
V. Por correo:
VI. Por telégrafo.
Artículo 1069. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.
Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.
Artículo 1070. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mientras un litigante no hiciere sustitución del domicilio en donde se tenga que practicar las diligencias y notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado y en caso de no existir el mismo o de negativa a recibirlas, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos, así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia.
Artículo 1071. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El auxilio que se solicite se efectuará únicamente por medio de las comunicaciones señaladas dirigidas al órgano que deba prestarlo y que contendrá:
I. La designación del órgano jurisdiccional exhortante:
II. La del lugar o población en que tenga que llevarse a cabo la actividad solicitada, aunque no se designe la ubicación del tribunal exhortado:
III. Las actuaciones cuya práctica se interesa:
IV. El término o plazo en que habrán de practicarse las mismas.
En el caso de que la actuación requerida a otro órgano jurisdiccional o a otra autoridad de cualquier índole, de la que debiera enviarse exhorto, oficio o mandamiento, se considere de urgente práctica, podrá formularse la petición por telex, telégrafo, teléfono, remisión facsimilar o por cualquier otro medio, bajo la fe del secretario, quien hará constar la persona con la cual se entendió en la comunicación, la hora de la misma y la solicitud realizada, con la obligación de confirmarla en despacho ordinario que habrá de remitirse el mismo día o al siguiente. Del empleo de los medios de comunicación indicados se dejará razón en el expediente, así como de las causas para considerarlo urgente.
En los despachos, exhortos y suplicatorias no se requiere la legalización de la firma del tribunal que lo expida.
Artículo 1072. Pueden los tribunales acordar que los exhortos y despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación por el juez exhortado y devolverlos con lo que se practicare, si por su conducto se hiciere la devolución.
La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a satisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento.
En la resolución que ordene librar el exhorto podrá designarse, a instancia de parte, persona o personas para que intervengan en su diligenciación, con expresión del alcance de su intervención y del plazo para su comparecencia ante el órgano exhortado, expresando al juez exhortado si su incomparecencia determina o no la caducidad del exhorto.
No se exigirá exhibición ante el juez exhortado de poder alguno a las personas que intervengan en su diligenciación si aparecen mencionadas en el exhorto para tal fin.
El tribunal redactará con las inserciones respectivas, el exhorto dentro del término de tres días, contados a partir del proveído que ordene su remisión y lo pondrá a disposición del solicitante mediante el tipo de notificación procedente, que se hará dentro del mismo plazo, para que a partir del día siguiente al que surta sus efectos dicha notificación se inicie el término que se haya concedido para su diligenciación.
Cuando el exhorto adolezca de algún defecto, la parte solicitante deberá hacerlo saber precisando en que consiste regresándolo al tribunal dentro de los tres días siguientes a aquél en que lo hubiere recibido, para su corrección y se proceda como se ordena en el párrafo anterior. De no hacerse la devolución del exhorto defectuoso en el término señalado, el plazo para su diligenciación no se interrumpirá.
De igual manera el juez exhortante podrá otorgar plenitud de jurisdicción al exhortado para el cumplimiento de lo ordenado y disponer que para cumplimiento de lo ordenado se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para desahogo de lo solicitado y que se devuelva directamente al exhortante una vez cumplimentado, salvo que se designase a una o varias personas su devolución, en cuyo caso se le entregará a este quien bajo su responsabilidad lo devolverá al exhortante dentro del término de tres días contados a partir de su recepción.
El juez exhortante podrá facultar al juez exhortado, para que cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo envié directamente al que corresponda, si es que le consta cuál sea la jurisdicción competente, debiendo dar cuenta de dicha circunstancia por oficio al exhortante.
El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no ocurrir así, se recordará por cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento lo que se podrá hacer de oficio o a instancia de la parte interesada.
El juez exhortante de oficio o a petición verbal o escrita de cualquier interesada podrá inquirir del resultado de la diligenciación al juez exhortado por alguno de los medios señalados en el artículo 1071, dejando constancia en autos de lo que resulte.
A pesar del recuerdo, continuase la misma situación, el tribunal exhortante lo pondrá en conocimiento directo del superior inmediato del que deba cumplimentarlo, rogándole adopte las medidas pertinentes a fin de obtener el cumplimiento.
Si la parte a quien se le entregue un exhorto para los fines que se precisan en este artículo no hace la devolución dentro de los tres días siguientes al plazo que se le hubiere concedido para su diligenciación, sin justificar impedimento bastante, será sancionada en los términos que autorice la ley y se dejará de desahogar la diligencia. Igual sanción se le impondrá cuando la contraparte manifieste que sin haberse señalado plazo para la diligencia objeto del exhorto, la misma ya se llevó a cabo y no se ha devuelto el exhorto diligenciado, por aquel que lo solicitó y recibió salvo prueba en contrario.
Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.
Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado y las demás surten al día siguiente, de aquél en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal.
Cuando se trate de la primera notificación y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada 200 kilómetros o por la fracción que exceda de 100, pudiendo el juez, según las dificultades de las comunicaciones y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido.
Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley.
La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada:
b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.
Los efectos de la caducidad serán los siguientes:
I. Extingue la instancia, pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los registros públicos correspondientes:
II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva:
III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas:
IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquel, si transcurren 60 días:
V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero sí en aquellos que se tramiten en forma independiente, aunque estén relacionados o surjan de los primeros:
VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades y en los demás casos previstos por la ley:
VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición:
VIII. las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.
Artículo 1077. Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar como proceda en derecho, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados anteriormente.
Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como proceda, dentro de los tres días siguientes al último trámite o de la presentación de la promoción correspondiente.
Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley.
Artículo 1079. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Ocho días, a juicio del juez, para que dentro de ellos se señalen fechas de audiencia para la recepción de pruebas, reconocimiento de firmas, confesión, posiciones, declaraciones, exhibición de documentos, juicio de peritos y práctica de otras diligencias, a no ser que por circunstancias especiales, creyere justo el juez ampliar el término:
II. Nueve días para interponer el recurso de apelación contra sentencia definitiva y seis días cuando se trate de interlocutoria o auto y para pedir aclaración:
III. Tres días para desahogar la vista que se les dé a las partes en toda clase de incidentes que no tengan tramitación especial:
IV. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos:
V. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos;:
VI. Tres días para todos los demás casos.
Artículo 1080. Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a cabo observando las siguientes reglas:
I. Siempre serán públicas, manteniendo la mayor igualdad entre las partes, sin hacer concesiones a una de ellas sin que se haga lo mismo con la otra, evitando disgresiones y reprimiendo con energía las promociones de las partes que tiendan a suspender o retardar el procedimiento, el cual debe ser continuado y en consecuencia resolverán en la misma cualquier cuestión o incidente que pudieran interrumpirla:
II. El secretario, bajo la vigilancia del juez hará constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, así como la hora en que termine:
III. No se permitirá interrupción de la audiencia por persona alguna, sea de los que intervengan en ella o de terceros ajenos a la misma. El juez queda facultado para reprimir los hechos de interrupción con la imposición de la medida de apremio que considere pertinente, además de ordenar la expulsión con uso de la fuerza pública de aquel o aquellos que intenten interrumpirla:
IV. Los que se resistieren a cumplir la orden de expulsión serán arrestados hasta por un término de seis horas y que cumplirán en el lugar que designe el juez:
V. En los términos expresados en el párrafo anterior, serán corregidos los terceros ajenos a la controversia, los testigos, peritos o cualesquier otro que, como partes o representándolas, faltaren en las vistas y actos judiciales de palabra o de obra o por escrito, a la consideración respeto y obediencia debido a los tribunales o a otras personas cuando los hechos no constituyan delito:
VI. Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la fuerza.
Los jueces y magistrados que hubiesen cedido a la intimidación o a la fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables.
Artículo 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que se hubieren causado, cuando hubiese opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes con el propósito de retardar el procedimiento.
La condenación no comprenderá la remuneración del procurador ni la del patrono, sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo comprenderá sus honorarios la condenación, cuando el mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado.
Artículo 1084. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenara respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.
CAPITULO VIII
De las competencias y excepciones procesales
Artículo 1090. Toda demanda debe interponerse ante juez competente.
Artículo 1094. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor:
III. El demandado por no interponer dentro del término correspondiente las excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose en este caso que hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó:
IV y V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. El que sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia, el que tendrá calidad de parte, pudiendo ofrecer pruebas, alegar e interponer toda clase de defensas y recursos, sin que oponga dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna.
Artículo 1096. Es juez competente para conocer de la reconvención, aquel que conoce de la demanda principal.
Si el valor de la reconvención es inferior a la cuantía de la competencia del juez que conoce de la demanda principal, en todos los casos seguirá conociendo éste, pero no a la inversa.
Artículo 1097. El juez que conozca de la quiebra y suspensión de pagos en concurso de acreedores, es competente para conocer de todos los juicios contra el fallido, concluyendo aquellos que se sigan contra otros codemandados en calidad de obligados solidarios avalistas, fiadores o que se les haya demandado por cualquier causa, prestaciones de contenido patrimonial y sea que se tramiten en procedimientos mercantiles o civiles, con el fin de que se acumulen al juicio concursal, universal y atractivo, con el fin de que dichos terceros puedan deducir sus derechos en ese proceso.
Se exceptúa de lo anterior aquellos que procedan de créditos hipotecarios o prendarios o en los que ya esté pronunciada y notificada la sentencia definitiva de primera instancia.
Artículo 1098. En el caso del primer párrafo del artículo anterior, cualquier interesado podrá solicitar al juez en donde se tramita el juicio, que en original remita los autos al concursal, sin que se tenga que promover cuestión competencial. También podrá solicitar al juez concursal que solicite la remisión de los autos originales.
Artículo 1099. No se dará curso a cuestión de competencia ni será materia de improcedencia de la vía cuando se hagan valer por comerciantes acciones o procedimientos especiales, en vía civil, derivada de contratos y actos reglamentados en el derecho común o garantías derivadas de ese tipo de convenciones entre las partes, en que se alegue la necesidad de tramitar el juicio de acuerdo a las disposiciones mercantiles, debiéndose estar en lo conducente a lo que dispone el artículo 1090.
Artículo 1100. Ningún juez puede sostener competencia con su superior inmediato, pero sí con otro juez o tribunal que, aunque sea superior en su clase, no ejerza jurisdicción sobre él, al igual que con aquellos de fuero federal, cuando se esté en el caso de jurisdicción concurrente en los términos de la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución.
Artículo 1101. Todas las providencias que dicten los jueces para sostener su competencia, o los tribunales superiores al resolver dichas cuestiones, deberán ser precisamente fundadas en ley Artículo 1102. Las contiendas sobre competencia sólo podrán entablarse a instancia de parte.
Artículo 1103. Los litigantes pueden desistirse de la competencia antes o después de la remisión de los testimonios de constancias al superior y su desistimiento hará cesar la contienda.
Artículo 1111. En todos los casos de jurisdicción voluntaria es competente el juez del domicilio del que promueve.
Artículo 1114. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. Cualquiera de las dos que se elija por el que la haga valer, debe proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda en el juicio en que se intente, cuyos plazos se iniciarán a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento.
Cuando se trate de dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los estados o entre los de un Estado y los de otro, corresponde decidirla al Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 106 constitucional y de las leyes secundarias respectivas.
Tratándose de competencias que se susciten entre los tribunales de un mismo estado, se resolverá por el respectivo tribunal de alzada al que pertenezcan ambos jueces, debiéndose observar las siguientes reglas:
I. La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que remita testimonio de las actuaciones respectivas al superior y el requirente también remita lo actuado por él al mismo tribunal de alzada para que éste decida la cuestión de competencia:
II. la declinatoria se propondrá ante el juez que se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo actuado al superior para que éste decida la cuestión de competencia.
III. las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedimiento principal:
IV. En caso de no promoverse cuestión de competencia alguna dentro de los términos señalados por el que se estime afectado, se considerará sometido a la del juez que lo emplazó y perderá todo derecho para intentarla:
V. Tampoco se promoverán de oficio; pero el juez que se estime incompetente puede inhibirse del conocimiento del negocio en los términos del primer párrafo del artículo siguiente.
Artículo 1115. Los tribunales quedan impedidos para declarar de oficio las cuestiones de competencia y sólo deberán inhibirse del conocimiento de negocios cuando se trate de competencias por razón de territorio o materia y siempre y cuando se inhiban en el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal o ante la reconvención por lo que hace a la cuantía.
Cuando dos o más jueces se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte a quien perjudique ocurrirá a su elección dentro del término de nueve días ante el superior, al que estén adscritos dichos jueces, a fin de que se ordene a los que se niegan a conocer, que en el término de tres días, le envíen los expedientes originales en que se contengan sus respectivas resoluciones.
Una vez recibidos los autos por el superior, los pondrá a la vista del peticionario, o en su caso, de ambas partes, por el término de tres días para que ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga. En el caso de que se ofrezcan pruebas y éstas sean de admitirse, se señalará fecha para audiencia la que se celebrará dentro de los 10 días siguientes y se mandarán preparar para recibirse en la audiencia las pruebas admitidas, pasando a continuación al periodo de alegatos y citando para oír resolución, la que deberá pronunciarse y notificarse dentro del término de ocho días, remitiendo los autos al juez competente.
En el supuesto de no ofrecerse pruebas y tan solo se legare, el tribunal dictará sentencia y la mandará publicar en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
Artículo 1116. El que promueva la inhibitoria deberá hacerlo dentro del término señalado para contestar la demanda que se contará a partir del día siguiente del emplazamiento. Si el juez al que se le haga la solicitud de inhibitoria la estima procedente, sostendrá su competencia y mandará librar oficio requiriendo al juez que estime incompetente, para que dentro del término de tres días, remita testimonio de las actuaciones respectivas al superior y el requirente remitirá sus autos originales al mismo superior.
Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, dentro del término de tres días remitirá el testimonio de las actuaciones correspondientes al superior señalado en el párrafo anterior y podrá manifestarle a éste las razones por las que a su vez sostenga su competencia o si por lo contrario, estima procedente la inhibitoria.
Recibidos por el superior los autos originales del requirente y el testimonio de constancias del requerido, los pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su interés convenga.
Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes, en las que desahogará las pruebas y alegatos y dictará en la misma la resolución que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas o las propuestas no se admitan, el tribunal las citará para oír resolución, la que se pronunciará y se hará la notificación a los interesados dentro del término improrrogable de ocho días.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará a los jueces contendientes.
En caso de declararse procedente la inhibitoria, siempre tendrán validez las actuaciones practicadas ante el juez declarado incompetente, relativas a la demanda y contestación a ésta, así como la reconvención y su respectiva contestación si las hubiera y la contestación a las vistas que se den con la contestación de la demanda o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando al juez del conocimiento que remita los autos originales al juez que se tenga declarado como competente para que este continúe y concluya el juicio.
Si la inhibitoria se declara improcedente, el tribunal lo comunicará a ambos jueces para que el competente continúe y concluya el juicio.
Artículo 1117. El que promueva la declinatoria deberá hacerlo dentro del término señalado para contestar la demanda que se contará a partir del día siguiente del emplazamiento.
La declinatoria de jurisdicción se propondrá ante el juez pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio. El juez al admitirla, ordenará que dentro del término de tres días remita a su superior testimonio de las actuaciones respectivas haciéndolo saber a los interesados, para que en su caso comparezcan ante aquel.
Recibido por el superior el testimonio de constancias las pondrá a la vista de las partes para que éstas dentro del término de tres días ofrezcan pruebas o aleguen lo que a su interés convenga.
Si las pruebas son de admitirse así lo decretará el tribunal mandando prepararlas y señalará fecha para audiencia indiferible que deberá celebrase dentro de los 10 días siguientes, en las que se desahogarán las pruebas y alegatos y dictará en la misma la resolución que corresponda.
En el caso de que las partes sólo aleguen y no ofrezcan pruebas o las propuestas no se admitan, el tribunal citará para oír resolución, la que se pronunciará dentro del término improrrogable de ocho días.
Decidida la competencia, el tribunal lo comunicará al juez ante quien se promovió la declinatoria y en su caso al que se declare competente.
En caso de declararse procedente la declinatoria, siempre tendrán validez las actuaciones practicadas ante el juez declarado incompetente, relativas a la demanda y contestación a ésta, así como la reconvención y su respectiva contestación si las hubiera y la contestación a las vistas que se den con la contestación de la demanda o reconvención, dejando a salvo el derecho de las partes en cuanto a los recursos pendientes de resolverse sobre dichos puntos, ordenando al juez del conocimiento que remita los autos originales al juez que se tenga declarado como competente para que éste continúe y concluya el juicio.
Si la declinatoria se declara improcedente el tribunal lo comunicará al juez para que continúe y concluya el juicio.
Artículo 1118. El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una incompetencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro ni tampoco emplearlos sucesivamente.
En caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se aplicará al que la opuso, una sanción pecuniaria equivalente hasta de 60 días de salario mínimo general vigente de la zona respectiva, en beneficio del colitigante, siempre que se compruebe que el incidente respectivo fue promovido de mala fe.
Artículo 1119. Salvo disposición expresa que señale a alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan serán consideradas como perentorias y se resolverán en la sentencia definitiva.
Artículo 1120. La jurisdicción por razón del territorio y materia son la únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal.
Artículo 1121. La competencia por razón de materia, es prorrogable con el fin de no dividir la continencia de la causa en aquellos casos en que existan contratos coaligados o las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir.
En consecuencia ningún tribunal podrá abstenerse de conocer de asuntos alegando falta de competencia por materia cuando se presente alguno de los casos señalados, que podrán dar lugar a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias.
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal superior de apelación contra auto o interlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se seguirá tramitando conforme a las reglas de su clase, prosiguiéndose este ante el superior.
Artículo 1122. Son excepciones procesales las siguientes:
I. La incompetencia del juez:
II. La litis pendencia:
III. La conexidad de la causa:
IV. La falta de personalidad del actor o del demandado, o la falta de capacidad en el actor:
V. La falta de cumplimiento del plazo, o de la condición a que esté sujeta la acción intentada:
VI. La división y la excusión:
VII. La improcedencia de la vía,:
VIII. Las demás al que dieren ese carácter las leyes.
Artículo 1123. La excepción de litis pendencia procede cuando un juez conoce ya de un juicio en el que hay igualdad entre partes, acciones deducidas y cosas reclamadas.
El que la oponga debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio, acompañando copia autorizada de las constancias que tenga en su poder o solicitando la inspección de autos. En este último supuesto la inspección deberá practicarse por el secretario, en el caso de que se trate de juzgados radicados en la misma población dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en este término se le impondrá una multa del equivalente al importe de un día de su salario.
Si se declara procedente, se remitirán los autos al juzgado que previno en el conocimiento del negocio, cuando ambos jueces se encuentren dentro de la jurisdicción del mismo tribunal de apelación para que se acumulen y se tramiten como uno, decidiéndose en una sola sentencia.
Que oponga la litis pendencia por existir un primer juicio ante juzgado que no se encuentre en la misma población o que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá ofrecer y exhibir en la audiencia incidental de pruebas, alegatos y sentencia. En este caso, declarada procedente la litis pendencia, se dará por concluido el segundo procedimiento.
Artículo 1124. Existe conexidad de causas cuando haya:
I. Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas:
II. Identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean distintas:
III. Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas:
IV. Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.
Artículo 1125. El que oponga la conexidad debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompañando copia autorizada de las constancias que tengan en su poder o solicitando la inspección de los autos conexos. En este último supuesto, si ambos juzgados se encuentran en la misma población, la inspección deberá practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una multa de equivalente al importe de un día de su salario.
Cuando la excepción de conexidad sea por relación con un juicio en juzgado que no se encuentre en la misma población o que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, sólo podrá acreditarla con las copias autorizadas o certificadas de la demanda y contestación formuladas en el juicio anterior, que deberá ofrecer y exhibir en la audiencia de pruebas. En el caso de pertenecer a la misma jurisdicción de apelación, declarada procedente la conexidad, tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone, al juzgado que previno en el conocimiento de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una sola sentencia.
Cuando los juzgados que conozcan de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente, no procede la conexidad ni tampoco cuando los pleitos están en diversas instancias o se trate de procesos que se ventilan en el extranjero.
Artículo 1126. En la excepción de falta de personalidad de actor o en la objeción que se haga a la personalidad del que represente al demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable, el tribunal concederá un plazo no mayor de 10 días para que se subsane. De no hacerse así, cuando se trate de la legitimación al proceso por el demandado, se continuará el juicio en rebeldía de éste. Si no se subsanara a la del actor, el juez de inmediato sobreseerá el juicio y devolverá los documentos.
La falta de capacidad del actor obliga al juez a dar por sobreseído el juicio.
Artículo 1127. Todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Si se declara procedente la litis dependencia el efecto será sobreseer en segundo juicio. Salvo disposición en contrario si se declara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos para evitar se divida la continencia de la causa con el fin de que se resuelvan los juicios en una sola sentencia.
Cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente.
Artículo 1128. En las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la obligación, el orden y la excusión, si se allana la contraria, se declararán procedentes de plano. De no ser así, dichas excepciones se resolverán de modo incidental, dando vista a la contraria por el término de tres días y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente por el tribunal y notificarse a las partes dentro del término de ocho días, sin que se pueda suspender el procedimiento y su efecto será dejar a salvo el derecho para que se haga valer cuando cambien las circunstancias que afectan su ejercicio.
Artículo 1129. Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales se resolverán de modo incidental, dando vista a la contraria por el término de tres días y si no se ofrecen pruebas deberá dictarse la resolución correspondiente por el tribunal y notificarse a las partes centro del término de ocho días sin que de modo alguno se pueda suspender el trámite del juicio.
Artículo 1130. Si al oponer las excepciones procesales se ofrecen pruebas, éstas se harán en los escritos respectivos, fijados los puntos sobre los que versen y de ser admitidas se ordenará su preparación para que se reciban en una sola audiencia que se fijará dentro de los ocho días siguientes a que se haya desahogado la vista o transcurrido el término para hacerlo, audiencia que, no se podrá diferir bajo ningún supuesto recibiendo las pruebas, oyendo los alegatos y en el mismo acto se dictará la sentencia interlocutoria que corresponda sin que el tribunal pueda diferir tal resolución que dictará en la misma audiencia.
En las excepciones procesales sólo se administran como prueba la documental y la pericial, salvo en la litis pendencia y conexidad, respecto de las cuales se podrán ofrecer también la prueba de inspección de los autos.
Artículo 1131. La excepción de cosa juzgada, se resolverá en los términos del artículo 1129 de este código.
Artículo 1132. Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:
I a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 1133. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas en los artículos 1132 y 1138 de esta ley o cualquiera otra análoga, aun cuando las partes no los recusen. La excusa debe expresar concretamente la causa en que se funde.
Sin perjuicio de las providencias que conforme a este código deben dictar, tienen la obligación de inhibirse, inmediatamente que se aboquen al conocimiento de un negocio de que no deben conocer por impedimento o dentro de las 24 horas siguientes de que ocurra el hecho que origina el impedimento o de que tenga conocimiento de él.
Cuando un magistrado o juez se excuse sin causa legítima, cualquiera de las partes puede acudir en queja ante le órgano competente quien encontrando injustificada la abstención, podrá imponer la sanción que corresponda.
Artículo 1134. Toda recusación se impondrá ante el juez o tribunal que conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que se funde, quien remitirá de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas a la autoridad competente para resolver sobre la recusación.
La recusación debe decidirse sin audiencia de la parte contraria y se tramita en forma de incidente.
Artículo 1135. De la recusación de un magistrado que integre un tribunal colegiado, conocerá el propio tribunal de que forma parte, aunque el magistrado tenga competencia unitaria en tribunales colegiados, para tal efecto se integrará de acuerdo con la ley. De un magistrado unitario, conocerá el presidente del tribunal al que pertenezca dicho recuzado, sea fuero local o federal.
En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos por este código y además, la confesión del funcionario recusado y la de la parte contraria.
Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación son irrecusables para sólo este efecto.
Artículo 1139. Las recusaciones pueden interponerse durante el juicio desde el escrito de la contestación a la demanda hasta la notificación del auto que abre el juicio a prueba, a menos de cambio en el personal del juzgado o tribunal. En este caso la recusación será admisible si se hace dentro de los tres días siguientes a la notificación del primer auto o decreto proveído por el nuevo personal.
Mientras se decide la recusación, no suspende la jurisdicción del tribunal o juez, por lo que se continuará con la tramitación del procedimiento.
Si la recusación se declara fundada, será nulo lo actuado a partir de la fecha en que se interpuso la recusación.
Artículo 1140. Declara procedente la recusación, termina la jurisdicción del magistrado o juez o la intervención del secretario en el negocio de que se trate.
Artículo 1144. Antes de contestada la demanda o de oponerse las excepciones procesales, en su caso, no cabe recusación.
Artículo 1146. Los tribunales desecharán de plano toda recusación:
I. Cuando no se presente en tiempo:
II. Cuando no se funde en alguna de las causas a que se refieren los artículos 1132 y 1138 de esta ley o en el caso del artículo anterior.
Artículo 1147. Cuando se declare improcedente o no probada la causa de recusación, se impondrá al recusante una sanción pecuniaria a favor del colitigante, equivalente hasta 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, si fueren un secretario o jueces de primera instancia y hasta de 60 días de dicho salario, si fuere un magistrado.
Artículo 1148. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se comunicará al juzgado correspondiente, para que éste, a su vez, remita los autos al juez que corresponda. En los de segundo grado, el magistrado recusado queda separado del conocimiento del negocio y cuando pertenezca a tribunal colegiado se complementará en la forma que determine la ley. En todos los casos el funcionario que declare procedente la recusación de que se trate, también determinará cual será el tribunal que debe seguir conociendo el asunto y el término en que deben remitírsele los autos.
Si se declara no ser bastante la causa, se comunicará la resolución al juzgado de su origen. Si la denegación de recusación fuese de un magistrado, continuará conociendo del negocio el mismo si se trata de unitario o la misma sala como antes de la recusación.
Las recusaciones de los secretarios del tribunal superior y de los juzgados de primera instancia y de paz, se sustanciarán ante las salas o jueces con quienes actúen. Las resoluciones de los jueces de primera instancia serán apelables en el efecto devolutivo.
Artículo 1149. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse por las mismas causas por las que pueden ser recusados y deben de señalar expresamente la causa de su excusa.
Artículo 1150. Cuando un juez o magistrado se excuse sin causa legítima o no exprese con precisión la misma, cualquiera de las partes puede acudir en queja ante el presidente del tribunal, quien podrá imponer una corrección disciplinaria.
Artículo 1151.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquél contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia:
II. a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean difíciles las comunicaciones y no sea posible intentar la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía:
VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior:
VII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero:
VIII. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estados del tiempo o situaciones parecidas hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo.
Artículo 1152. Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme.
Artículo 1153. El juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos.
Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia o el de revocación si fuere por juez menor o de paz.
Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II y III del artículo 1151 procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquél contra quien se promueva para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla.
En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días y en donde se alegue y en la misma se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo a la misma, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo.
Artículo 1155. Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado en oficina pública, si el juez concede la diligencia preparatoria, mandará que se practique por el actuario, ejecutor o secretario, acompañado del peticionario, en el domicilio del notario, corredor o de la oficina respectiva, dejándoseles a éstos, cédula de notificación en la que se transcriba la orden judicial, para que se realice la inspección, sin que en ningún caso salgan los originales. De ellos se expedirán copias certificadas por duplicado, a costa del solicitante, autorizadas por el notario, corredor o servidor público correspondiente, con la anotación de haberse extendido por mandamiento judicial, señalando la fecha del mismo, datos de identificación del procedimiento y fecha de expedición, de las cuales unas se entregarán al solicitante, mediante razón de recibo en autos y la otra quedará agregada al expediente.
Artículo 1156. Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano y se ordenará, mediante notificación personal a aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al afecto se señale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.
Artículo 1157. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones V a VIII del artículo 1151 se practicará con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspección judicial, según sean los casos.
Artículo 1158. El juez podrá utilizar sin limitación de ninguna especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio.
Artículo 1159. En todos los casos en que las partes interesadas no comparezcan a los procedimientos de que se trata en este capítulo, se procederá en su rebeldía, sin necesidad de nueva búsqueda.
Artículo 1160. Es obligación del tribunal ordenar se expidan copias certificadas de todo lo actuado en los medios preparatorios a juicio de que se trate.
Artículo 1161. Promovido el juicio las partes podrán exhibir las copias certificadas a que se refiere el artículo anterior o solicitar que se agreguen las actuaciones originales de los medios preparatorios que se hubieren tramitado, para lo cual deberá hacerse la petición desde el escrito de demanda o contestación y de no hacerse así no se recibirán dichos originales, al igual que cuando se hubieren extraviado o destruido.
Artículo 1162. Puede prepararse el juicio ejecutivo, pidiendo al deudor confesión judicial bajo protesta de decir verdad, para lo cual el juez señalará día y hora para la comparecencia. En este caso el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación y ésta deberá ser personal, expresándose en la notificación el nombre y apellidos del promovente, objeto de la diligencia, la cantidad que se reclame y el origen del adeudo, además de correrle traslado con copia de la solicitud respectiva, cotejada y sellada.
Artículo 1163. Si el deudor fuere hallado o no en su domicilio debidamente cerciorado, el notificador de ser ése, le entregará la cédula en la que se contenga la transcripción íntegra de la providencia que se hubiere dictado, al propio interesado, a su mandatario, al pariente más cercano que se encontrare en la casa, a sus empleados, a sus domésticos o a cualquier otra persona que viva en el domicilio del demandado, entregándole también copias del traslado de la solicitud debidamente selladas y cotejadas.
Artículo 1164. Si no comparece a la citación y se le hubiere hecho con apercibimiento de ser declarado confeso, así como cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores y la exhibición del pliego de posiciones que calificadas de legales acrediten la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por confeso en la certeza de la deuda y se despachará auto de embargo en su contra, siguiéndose el juicio conforme marca la ley para los de su clase.
Artículo 1165. El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo.
Para tal fin, el juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor, para que se le requiera que bajo protesta de decir verdad, haga reconocimiento de su firma, así como del origen y monto del adeudo y en el mismo acto se entregue cédula de notificación en que se encuentre transcrita la orden del juez, así como copia simple, cotejada y sellada de la solicitud.
De no entenderse la diligencia personalmente con el deudor cuando se trate de persona física o del mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio tratándose de personas morales o del representante legal, en otros casos, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno y dejará citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal, lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que se señale en el citatorio, la que se practicará después de las seis y hasta las 72 horas siguientes.
También el actuario o ejecutor podrá, sin necesidad de providencia judicial, trasladarse a otro u otros domicilios en el que se pueda encontrar el deudor, con obligación de dejar constancia de estas circunstancias. Si después de realizadas hasta un máximo de cinco búsquedas del deudor éste no fuere localizado, se darán por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que corresponda.
Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante e intimado dos veces rehuse contestar si es o no es suya la firma, se tendrá por reconocida, así lo declarará el juez.
Cuando reconozca la firma, más no el origen o el monto del adeudo, el actuario o ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los cinco días siguientes exhiba las pruebas documentales que acredite su contestación. De no exhibirse, el juez lo tendrá por cierto en la certeza de la deuda señalada o por la cantidad que deje de acreditarse que no se adeuda, al igual que cuando reconozca la firma origen o monto del adeudo.
Cuando el deudor desconozca su firma se dejarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, pero de acreditarse la falsedad en que incurrió el deudor, se dará vista al Ministerio Público.
Lo mismo se hará con el mandatario o representante legal del deudor que actúe en la misma forma que lo señalado en el párrafo anterior.
Cuando se tenga por reconocida la firma o por cierta la certeza de la deuda, se ordenará la expedición de copias certificadas de todo lo actuado a favor del promovente y a su costa.
El actor formulará su demanda en vía ejecutiva, ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios acompañando la copia certificada como documento fundatorio de su acción, copias simples de éstas y demás que se requieran para traslado al demandado y se acumularán los dos expedientes y en su caso se despachará auto de ejecución.
Cuando se despache auto de ejecución, se seguirá el juicio en la vía ejecutiva como marca la ley para los de su clase.
La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y en caso contrario se admitirá en el efecto devolutivo.
Artículo 1166. Puede hacerse el reconocimiento ante notario o corredor, ya en el momento de su otorgamiento o con posterioridad, de aquellos documentos que se hubieren firmado sin la presencia de dichos fedatarios, siempre que lo haga la persona directa obligada, su representante legítimo o su mandatario con poder bastante.
El notario o corredor harán constar el reconocimiento al pie del documento mismo, asentando si la persona que lo reconoce es el obligado directo o su apoderado y la clausula relativa del mandato o el representante legal, señalando también el número de escritura y la fecha de la misma en que se haga constar el reconocimiento.
Los documentos así reconocidos también darán lugar a la vía ejecutiva.
Artículo 1167. Si es instrumento público o privado reconocido o contiene cantidad líquida, puede prepararse la acción ejecutiva siempre que la liquidación pueda hacerse en un término que no excederá de nueve días.
Artículo 1174. Si el arraigo de una persona para que conteste en juicio se pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de una fianza que responda de los daños y perjuicios que se causen al demandado, cuyo monto discrecionalmente fijará el juez, para que se haga al demandado la correspondiente notificación.
Artículo 1183. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo las que señalan en el artículo 1180.
Artículo 1184. El aseguramiento de bienes decretados por providencia precautoria, se regirán por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles y en cuanto a la consignación a que se refiere el artículo 1180 de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa, a que pertenezca el juez que haya decretado la precautoria y en su oscuridad o insuficiencia a lo que resuelva el juez.
Artículo 1185. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda, el que la pidió deberá entablarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiera seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075.
Artículo 1186. Si el actor no cumple con lo dispuesto en el artículo que precede, la providencia precautoria se revocará de oficio, aunque no lo pida el demandado.
Artículo 1189. Reclamada la providencia en escrito de demanda en el que se ofrezcan las pruebas por el tercero, el juez correrá traslado al promovente de la precautoria y en su caso al deudor para que la contesten dentro del término de cinco días, debiendo en su caso, ofrecer las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido y señalará fecha para desahogo dentro de los 15 días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten.
Artículo 1190. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibirán las pruebas y concluido su desahogo las partes alegarán verbalmente lo que a su derecho convenga y el tribunal fallará en la misma audiencia.
Artículo 1193. Las fianzas de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva.
El fiador o la compañía de fianzas que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entienda que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos 2850 a 2855 del Código Civil para el Distrito Federal.
Artículo 1198. Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.
Artículo 1201. Las diligencias de prueba deberán practicarse dentro del término probatorio; el juez deberá fundar la resolución que permita su desahogo fuera de dicho término, las cuales deberán mandarse concluir en los juicios ordinarios dentro de un plazo de 20 días y en los juicios especiales y ejecutivos dentro de 10 días, bajo responsabilidad del juez, salvo casos de fuerza mayor.
Artículo 1202. No obstante a lo dispuesto en el artículo anterior las reglas que se establecen para la recepción de pruebas en incidentes o las documentales de las que la parte que las exhibe manifieste bajo protesta de decir verdad, que antes no supo de ellas o habiéndolas solicitado y hasta requerido por el juez, no las pudo obtener o las supervenientes.
Artículo 1203. Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este código.
Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en efecto devolutivo, cuando sea apelable la sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo será apelable la determinación en que se deseche cualquier prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se les considerará como partes en el mismo.
Artículo 1205. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas de videos, de sonido, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad.
Artículo 1207. El término ordinario que procede, conforme al artículo 1199, es susceptible de prórroga cuando se solicite dentro del término de ofrecimiento de pruebas y la contraria manifieste su conformidad o se abstenga de oponerse a dicha prórroga dentro del término de tres días. Dicho término únicamente podrá prorrogarse en los juicios ordinarios hasta por 20 días y en los juicios ejecutivos o especiales hasta por 10 días.
El término extraordinario sólo se concederá cuando las pruebas se tengan que desahogar en distinta entidad federativa o fuera del país y cuando se otorguen las garantías por cada prueba que se encuentre en dichos supuestos, bajo las condiciones que dispongan las leyes procesales locales aplicadas supletoriamente, quedando al arbitrio del juez señalar el plazo que crea prudente, atendida la distancia de lugar y calidad de la prueba. Del término extraordinario no cabe prórroga.
Artículo 1209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La suspensión del procedimiento se levantará cuando se haya hecho por consentimiento de los interesados a petición de cualquiera de ellos, sin ulterior recurso, sin perjuicio de que dicha suspensión no impida que corra el término de la caducidad.
Cuando se decrete por causa muy grave a juicio del juez, la suspensión se levantará cuando cese dicha causa o éste requiera a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten y acrediten si tal gravedad subsiste. Transcurridos 90 días naturales de que se haya suspendido por causa grave, de oficio o cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, para que se compruebe si subsiste la gravedad y de haberse salvado ésta, se levantará la suspensión, previa constancia de haberse efectuado el requerimiento señalado anteriormente, con el fin de que se inicie cualquier término judicial, incluyendo el de la caducidad.
Artículo 1214. Desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de confesión, quedando las partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exija el contrario.
Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas o en general con cláusula para hacerlo.
Artículo 1215. La personas físicas que sean parte de un juicio, sólo están obligadas a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las articula y desde el ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución debe realizarse de modo tan personal y existan hechos concretos en la demanda y contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal para así ordenar su recepción. En caso contrario, la absolución se hará por el mandatario o representante legal con facultades suficientes para absolver posiciones.
Artículo 1216. El mandatario o representante que comparezca a absolver posiciones por alguna de las partes, forzosamente será conocedor de todos los hechos controvertidos propio de su mandante o representado y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de aquél por quien absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con evasivas ni mucho menos negarse a contestar o se abstenga de responder de modo categórico en forma afirmativa o negativa, pues de hacerlo así se le declarará confeso de las posiciones que calificadas de legales se le formulen, toda vez que el tribunal bajo su responsabilidad debe considerar a dicho mandatario o representante legal, como si se tratara de la misma persona o parte por la cual absuelva las posiciones. Desde luego que el que comparezca a absolver posiciones después de contestar afirmativa o negativamente, podrá agregar lo que a su interés convenga.
Artículo 1217. Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevará a efecto por apoderado o representante, con facultades para absolver, sin que se pueda exigir que el desahogo de la confesional se lleve a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena en el artículo anterior.
Artículo 1219. Si el que debe absolver las posiciones no estuviere en el lugar del juicio, el juez librará el correspondiente exhorto acompañado, cerrado y sellado, el pliego en que consten las posiciones, mismas que deben ser previamente calificadas. Del pliego, el oferente de la prueba deberá, al ofrecer la confesión, acompañar copia que, autorizada conforme a la ley con la firma del juez y la del secretario, quedará en el seguro del juzgado, sin oportunidad de que pueda ser conocida por el contrario del oferente.
Artículo 1220. El juez exhortado practicará todas las diligencias que correspondan conforma a este capítulo, pero no podrá declarar confeso a ninguno de los litigantes, salvo que el juez exhortante lo autorice para que haga esa declaración de confeso o en los casos que así lo permite la ley.
Artículo 1232. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Cuando sin justa causa no comparezca a absolver posiciones cuando fue citado para hacerlo y apercibido de ser declarado confeso:
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 1234. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de formularlas en el acto al articulante si hubiere asistido. El tribunal puede, libremente, interrogar a las partes sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.
Las partes pedirán en el mismo acto de la declaración que el tribunal exija al absolvente que aclare algún punto dudoso sobre el cual no se haya contestado categóricamente, sea de las posiciones formuladas por las partes, o por el interrogatorio que de oficio se haya realizado y en su caso que se declare confeso si se haya en alguno de los casos de las dos últimas fracciones del artículo 1232.
Artículo 1236. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores, salvo lo dispuesto en el artículo 1217, pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las posiciones que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean contestadas por la persona que designa, dentro del término que designe el tribunal y que no excederá de ocho días con el apercibimiento de tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado o si no lo hiciere categóricamente afirmando o negando los hechos. La declaración de confeso podrá hacerse de oficio o a petición de parte.
Artículo 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los interesados, presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma.
Artículo 1242. Los documentos privados se presentarán en originales y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.
Artículo 1243. Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el documento o la constancia, deberá fijar con precisión cuál sea y la copia testimoniada se tomará en el escritorio del establecimiento, sin que los directores de él estén obligados a llevar al tribunal los libros de cuenta, sino sólo a presentar las partidas o documentos designados.
Artículo 1247. Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del auto que ordene su recepción. En ambos casos se hará en forma incidental.
Podrá pedirse el cotejo de firmas y letras, siempre que se niegue o que se pongan en duda la autenticidad de un documento privado o de un documento público que carezca de matriz.
La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos indubitables con que deba hacerse o pedirá al tribunal que cite al interesado para que en su presencia ponga la firma o letras que sirvan para el cotejo.
Se considerarán indubitables para el cotejo:
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo:
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquél a quien se atribuya la dudosa:
III. Los documentos cuya letra o firma haya sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuye la dudosa:
IV. El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique:
V. Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar.
El juez podrá hacer por sí mismo la comprobación después de oír a los peritos revisores y apreciará el resultado de esta prueba conforme a las reglas de la sana crítica, sin tener que sujetarse al dictamen de aquéllos y aun puede ordenar que se repita el cotejo por otros peritos.
Artículo 1249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tampoco requerirán de legalización, los documentos públicos extranjeros, cuando se tenga celebrado tratado o acuerdo interinstitucional con el país de que provengan y se exima de dicha legalización.
Artículo 1250. En caso de impugnación de falsedad de un documento, se observará lo dispuesto por las siguientes reglas:
I. La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse desde la contestación de la demanda y hasta 10 días después de que haya terminado el periodo de ofrecimiento de pruebas:
II. La parte que redarguye de falso un documento debe indicar específicamente los motivos y las pruebas:
III. Cuando se impugne la autenticidad del documento privado o público sin matriz, deben señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promover la prueba pericial correspondiente:
IV. Sin los requisitos anteriores se tiene por no redargüido o impugnado el instrumento:
V. De la impugnación se correrá traslado al colitigante para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas que se recibirán en audiencia incidental únicamente en lo relativo a la impugnación:
VI. Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento impugnado, sin que pueda hacerse declaración alguna general que afecte al instrumento y sin perjuicio del procedimiento penal a que hubiera lugar:
VII. Si durante la secuela del procedimiento se tramitare diverso proceso penal sobre la falsedad del documento en cuestión, el tribunal, sin suspender el juicio y según las circunstancias, podrá determinar al dictar sentencia si se reserva los derechos del impugnador para el caso en que penalmente se demuestre la falsedad o bien puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a la prestación de una caución.
Artículo 1252. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica, oficio o industria requieren título para su ejercicio.
Si no lo requirieran o requiriéndolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquier personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título.
La prueba pericial sólo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desecharán de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas o tan sólo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares.
El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador.
Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos:
I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos:
II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez desechará de plano la prueba en cuestión:
III. En caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se les designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos:
IV. Cuando se trate de juicios ejecutivos, especiales o cualquier otro tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a cumplir dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tengan por designados tales peritos, conforme a lo ordenado en el párrafo anterior, quedando obligados los peritos, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo:
V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes y éstos resulten sustancialmente contradictorios, se designará al perito tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 1255 de este código:
VI. La falta de presentación del escrito del perito del oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se tenga por desierta dicha pericial. Si la contraria no designare perito o el perito por ésta designado, no presentara el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.
En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de la contraria y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas partes, no rinden su dictamen dentro del término concedido, se declarará desierta tal prueba:
VII. Las partes quedan obligadas a pagar los honorarios de los peritos que hayan nombrado, así como a presentarlos cuantas veces sea necesario al juzgado. También quedarán obligadas a presentar el dictamen pericial dentro del plazo señalado, debiendo presentar los peritos el original de su cédula profesional o de los documentos anexados a sus escritos de aceptación y protesta del cargo:
VIII. Las partes en cualquier momento podrán convenir en la designación de un solo perito para que rinda su dictamen al cual se sujetarán:
IX. También las partes en cualquier momento podrán manifestar su conformidad con el dictamen del perito de la contraria y hacer observaciones al mismo, que serán consideradas en la valoración que realice el juez en su sentencia.
Artículo 1254. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen.
En el supuesto de que alguna parte no designe el perito que le corresponda o aquel que haya designado no comparezca en la forma señalada a aceptar el cargo o no presente su dictamen, el tribunal entenderá que dicha parte se conforma con el peritaje que rinda el perito de la contraria, como si hubiere sido nombrado de común acuerdo. Si ninguno de los peritos rinde su peritaje, la pericial que se hubiere propuesto se declarará desierta por imposibilidad para recibirla.
Artículo 1255. Cuando los dictámenes rendidos resulten sustancialmente contradictorios de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular; asimismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o en su defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el juez y serán cubiertos por ambas partes en igual proporción.
El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ajecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal pleno y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes.
En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en discordia y de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión.
Artículo 1256. El perito que nombre el juez puede ser recusado dentro de los cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la aceptación y protesta del cargo por dicho perito a los litigantes. Son causas de recusación las siguientes:
I. Ser el perito pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, de alguna de las partes, sus apoderados, abogados, autorizados o del juez o sus secretarios o tener parentezco civil con alguna de dichas personas:
II. Haber emitido sobre el mismo asunto dictamen, a menos de que se haya mandado reponer la prueba pericial:
III. Haber prestado servicios como perito a alguno de los litigantes, salvo el caso de haber sido tercero en discordia o ser dependiente, socio, arrendatario o tener negocios de cualquier clase, con alguna de las personas que se indican el la fracción I:
IV. Tener interés directo o indirecto en el pleito o en otro juicio semejante o participación en sociedad, establecimiento o empresa con alguna de las personas que se indican en la fracción I:
V. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus representantes, abogados o con cualquier otra persona de relación familiar cercana a aquellos.
Propuesta en forma la recusación, el juez mandará se haga saber al perito recusado para que el perito en el acto de la notificación, si ésta se entiende con él, manifieste al notificador si es o no procedente la causa en que aquélla se funde.
Si la reconoce como cierta, el juez lo tendrá por recusado sin más trámites y en el mismo auto nombrará otro perito. Si el recusado no fuere hayado al momento de notificarlo, deberá comparecer en el término de tres días, para manifestar bajo protesta de decir verdad, si es o no procedente la causa en que se funde la recusación.
Si admite ser procedente en la comparecencia o no se presenta en el término señalado, el tribunal sin necesidad de rebeldía, de oficio, lo tendrá por recusado y en el mismo auto designará otro perito.
Cuando el perito niegue la causa de recusación, el juez mandará que comparezcan las partes a su presencia en el día y hora que señale, con las pruebas pertinentes. Las partes y el perito únicamente podrán presentar pruebas en la audiencia que para tal propósito cite el juez.
No compareciendo la parte recusante a la audiencia, se le tendrá por desistida de la recusación. En caso de inasistencia del perito se le tendrá por recusado y se designará otro.
Si comparecen todas las partes litigantes, el juez las invitará a que se pongan de acuerdo sobre la procedencia de la recusación y en su caso sobre el nombramiento del perito que haya de reemplazar al recusado.
Si no se ponen de acuerdo, el juez admitirtá las pruebas que sean procedentes desahogándose en el mismo acto, uniéndose a los autos los documentos e inmediatamente resolverá lo que estime procedente.
En el caso de declarar procedente la recusación, el juez en la misma resolución hará el nombramiento de otro perito, si las partes no lo designan de común acuerdo.
Cuando se declare fundada alguna causa de recusación a la que se haya opuesto el perito, el tribunal en la misma resolución condenará al recusado a pagar dentro del término de tres días, una sanción pecuniaria equivalente al 10% del importe de los honorarios que se hubieren autorizado y su importe se entregará a la parte recusante.
Asimismo, se consignarán los hechos del Ministerio Público para efectos de investigación de falsedad en declaraciones judiciales o cualquier otro delito, además de remitir copia de la resolución al tribunal pleno, para que se apliquen las sanciones que corresponda.
No habrá recurso alguno contra las resoluciones que se dicten en el trámite o la decisión de la recusación.
En caso de ser desechada la recusación, se impondrá al recusante una sanción pecuniaria hasta por el equivalente a 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se aplicará en favor del colitigante.
Artículo 1257. Los jueces podrán designar peritos de entre aquellos autorizados como auxiliares de la administración de justicia por la autoridad local respectiva o solicitar que el perito sea propuesto por colegios, asociaciones o barras de profesionales, artísticas, técnicas o científicas o de las instituciones de educación superior públicas o privadas o las cámaras de industria, comercio o confederaciones de cámaras a la que corresponda al objeto del peritaje.
Cuando el juez solicite que el perito se designe por alguna de la instituciones señaladas en último término, prevendrá a las mismas que la nominación del perito que propongan, se realice en un término no mayor de cinco días, contados a partir de la recepción de la notificación o mandamiento que expida el juez.
En todos los casos en que se trate únicamente de peritajes sobre el valor de cualquier clase de bienes y derechos, los mismos se realizarán por avalúos que practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito, nombrados por cada una de las partes y en casos de diferencias en los montos que arrojen los avalúos, no mayor del 30% en relación con el monto mayor, se mediarán estas diferencias. De ser mayor tal diferencia, se nombrará un perito tercero en discordia, conforme al artículo 1255 de este código, en lo conducente.
En el supuesto de que alguna de las partes no exhiba el avalúo a que se refiere el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos será el del avalúo que se presente por la parte que lo exhiba, perdiendo su derecho la contraria para impugnarlo.
Cuando el juez lo estime necesario, podrá designar a algún corredor público, institución de crédito, al Nacional Monte de Piedad o a dependecias o entidades públicas que practican avalúos.
En todos los casos en que el tribunal designe a los peritos, los honorarios de éstos se cubrirán por mitad por ambas partes y aquella que no pague lo que le corresponde será apremiada por resolución que contenga ejecución y embargo en sus bienes. En el supuesto de que alguna de las partes no cumpla con su carga procesal de pago de honorarios al perito designado por el juez, dicha parte incumplida perderá todo derecho para inpugnar el peritaje que se emita por dicho tercero.
Artículo 1258. Las partes tendrán derecho a interrogar al o a los peritos que hayan rendido su dictamen, salvo en los casos de avalúos a que se refiere el artículo 1257 y a que el juez ordene su comparecencia en la audiencia que para tal fin se señale, en la que se interrogará por aquél que lo haya solicitado o por todos los colitigantes que lo hayan pedido.
Artículo 1259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar que se señalen.
Las partes, sus representantes o abogados pueden concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas.
También podrán concurrir a ellas los testigos de identidad o peritos que fueren necesarios.
Artículo 1261. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, están obligados a declarar como testigos.
Artículo 1262. Las partes tendrán obligación de presentar sus propios testigos para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Sin embargo, cuando realmente estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con apercibimiento de arresto hasta por 36 horas o multa equivalente hasta 15 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a declarar.
Artículo 1263. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen. Contra la desestimación de preguntas sólo cabe la apelación en el efecto devolutivo.
Artículo 1264. La protesta y examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. Interrogará el promovente de la prueba y a continuación los demás litigantes.
Artículo 1265. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre y apellidos, edad, estado, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y en que grado, de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación se procederá al examen.
Artículo 1268. El Presidente de la República, los secretarios de Estado, los titulares de los organismos públicos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, el gobernador del Banco de México, lo senadores, diputados, magistrados, jueces, generales con mando, las primeras autoridades políticas del Distrito Federal, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar. En este caso, y en cualquier otro, se pedirá su declaración por oficio y en esta forma lo rendirán.
Artículo 1269. Cuando el testigo resida fuera de la jurisdicción territorial del juez que conozca del juicio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios con las copias respectivas para las otras partes, que dentro de tres días podrán presentar sus interrogatorios de repreguntas. Para el examen de estos testigos, se librará exhorto en que se incluirán en pliego cerrado, las preguntas y repreguntas.
Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos que dispone este código.
Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.
Artículo 1271. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos pueden presenciar las declaraciones de los otros. A este efecto, el juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban declarar conforme a un mismo interrogatorio y designará el lugar en que deben permanecer hasta la conclusión de la diligencia. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla el siguiente.
La parte contraria al oferente de la prueba decidirá a su perjuicio si la prueba testimonial se divide, permitiendo que se examine a un testigo sin que haya comparecido alguno con el que esté relacionado el examinado.
Artículo 1272. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del juez para que éste, si lo estima conveniente, exija al testigo las aclaraciones oportunas.
El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad respecto a los puntos controvertidos.
Si el testigo no sabe el idioma, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el juez. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete.
Las respuestas del testigo se harán constar en autos en forma que al mismo tiempo se comprenda el sentido o términos de la pregunta formulada. Salvo en casos excepcionales, a juicio del juez, en que permitirá que se escriba textualmente la pregunta y a continuación la respuesta.
Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y el juez deberá exigirla en todo caso.
Artículo 1303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Que no sean declaradas procedentes las tachas que se hubieren hecho valer o que el juez de oficio llegue a determinar:
II a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 1307. Dentro de los tres días que sigan a la declaración de los testigos, podrán las partes tachar a los testigos por causas que éstos no hayan expresado en sus declaraciones.
Artículo 1309. Derogado.
Artículo 1310. Cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo parentesco o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo o indirecto en el pleito para con las dos partes, no será tachable.
Artículo 1312. El juez nunca repelará de oficio al testigo. Será siempre examinado y las tachas que se hagan valer se calificarán en la sentencia. Cuando las tachas aparezcan de las declaraciones de los testigos u otras constancias de autos, el juez hará dicha calificación aunque no se hayan opuesto tachas al testigo.
Artículo 1314. La petición de tachas se hará en forma de incidente y en los términos para su tramitación.
Artículo 1318. En igual plazo que el señalado en el artículo 1307, podrá alegarse la falsedad de los documentos, observándose las disposiciones relativas a los incidentes.
Artículo 1319. Si los documentos se presentan después del término de ofrecimiento de pruebas, en los casos en que la ley lo permite o sean supervenientes, el juez dará vista de ellos a la parte contraria, para que haga valer sus derechos.
CAPITULO XXIV
De la revocación y reposición
Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio.
De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición.
Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes.
De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso.
Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación.
Artículo 1337. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas;:
III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de éste.
Artículo 1339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste.
En cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo.
Artículo 1343. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación, cualquiera que sea el interés que en el litigio se verse.
CAPITULO XXVI
Del trámite de la apelación
Artículo 1344. La apelación debe interponerse por escrito, dentro de nueve días improrrogables, si la sentencia fuere definitiva, de seis si fuere auto o interlocutoria y en el mismo escrito se expresarán por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule.
El juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, expresará si lo admite en un solo afecto o en ambos efectos, dando vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga y ordenará se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente a la superioridad dentro de un plazo de tres días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio.
Será causa de responsabilidad la falta de envío oportuno al superior de los autos o testimonios respectivo para la sustanción del recurso.
Artículo 1345. Cuando la apelación proceda en un solo efecto suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deberá señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación, que podrán ser adicionadas por la contraria y las que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no señalarse las constancias por el recurrente, se tendrá por no interpuesta la apelación. Si el que no señale constancias es la parte apelada, se le tendrá por conforme con las que hubiere señalado al apelante.
Respecto del señalamiento de constancias, las partes y el juez deben de cumplir con lo que se ordena en el párrafo final de este artículo.
Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelación se admita en efecto devolutivo se remitirán las originales al superior, pero se dejará en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las demás constancias.
Si la apelación se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la resolución hasta que cause ejecutoria.
Al recibirse las constancias por el superior, no se notificará personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por más de seis meses.
Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al superior, éste, dentro de los tres días siguientes, dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas por y ante el juez a quo, citando en su caso a las partes para oír sentencia, misma que se pronunciará dentro del plazo de 15 días contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el superior examine documentos voluminosos, podrá disfrutar de ocho días más para pronunciar resolución.
Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior, revocada la calificación, se procederá en consecuencia.
El tribunal de apelación formará un solo expediente, iniciándose con la primera apelación que se integre con las constancias que se remitan por el inferior y se continúe agregándose las subsecuentes que se remitan para el trámite de apelaciones posteriores.
Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.
Artículo 1349. Son incidente las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guarden esa relación serán desechados de plano.
Artículo 1350. Los incidentes se sustanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal.
Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos.
Artículos 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez el fondo de lo planteado.
Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de 15 minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más pruebas que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional.
Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito y al promoverse el incidente o al darse constestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten.
Artículo 1354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes.
Artículo 1355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoría que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes.
Artículo 1356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo.
Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase.
Artículo 1360. La acumulación puede pedirse en cualquier estado del juicio, antes de pronunciarse sentencia, salvo que se trate de excepciones procesales que deban hacerse valer al contestar la demanda o que tratándose del actor bajo protesta de decir verdad manifieste no conocer, al solicitar la acumulación, no haber conocido antes de la presentación de su demanda, de la causa de la acumulación.
Artículo 1361. La acumulación deberá tramitarse en forma de incidente.
Artículo 1372. Vencido el término de prueba se pasará al periodo de alegatos por tres días comunes para las partes.
Artículo 1377. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario.
Artículo 1378. En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de nueve días.
Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres día y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos relacionados con los hechos de la controversia.
Artículo 1380. En la contestación a la demanda, en los juicios ordinarios, deberá proponerse la reconvención en los casos en que proceda. De la reconvención se dará traslado a la parte contraria para que la conteste dentro del término de nueve días, y con dicha contestación se dará vista el reconveniente para los mismos fines que se indican en el último párrafo del artículo 1378 de este código.
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Artículo 1383. Según la naturaleza y calidad del negocio el juez fijará de oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba, no pudiendo exceder de 40 días, de los cuales los 10 días primeros serán para ofrecimiento y los 30 siguientes para desahogo de pruebas. Si el juez señala un término inferior al máximo que se autoriza, deberá precisar cuantos días completos se destinan para ofrecimiento y cuantos días completos para el desahogo, procurando que sea en la misma proporción que se indica anteriormente.
Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera de lugar del juicio, se recibirán a petición de parte dentro de términos hasta de 60 y 90 días naturales, si se tratare de pruebas desahogarse dentro de la República mexicana, o fuera de ella, respectivamente, siempre que se llenen los siguientes requisitos:
I. Que se solicite durante los 10 primeros días del periodo probatorio:
II. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilio de las partes o testigos, que hayan de ser examinados cuando se trate de pruebas confesional o testimonial, exhibiendo en el mismo acto el pliego de posiciones o los interrogatorios a testigos:
III. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que haya que testimoniarse o presentarse originales.
El juez al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinará si los interrogatorios exhibidos para la confesional o la testimonial guardan relación con los puntos controvertidos o si los documentos y los testigos fueron nombrados al demandar o contestar la demanda y si no reúnen estos requisitos se desecharán de plano.
De no exhibirse el pliego de posiciones o los interrogatorios a testigos con las copias correspondientes de éstos, no se admitirán las pruebas respectivas.
En el caso de concederse el término extraordinario, el juez por cada prueba para la que conceda dicho término determinará una cantidad que el promovente deposite como sanción pecuniaria en caso de no rendirse alguna de las pruebas que se solicitan o se practiquen fuera del lugar del juicio. En ningún caso las cantidades que se ordene se depositen como sanción pecuniaria serán inferiores al equivalente del importe de 60 días del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, teniendo el juez la facultad discrecional de señalar importes mayores al mínimo señalado anteriormente, tomando en cuenta la suerte principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes.
El que proponga dichas pruebas deberá exhibir las cantidades que fije el juez, en billete de depósito dentro del término de tres días y en caso de no hacerlo así, no se admitirá la prueba.
La prueba para la cual se haya concedido el término extraordinario y que no se reciba, dará lugar a que el juez haga efectiva la sanción pecuniaria correspondiente en favor del colitigante.
Las pruebas que deban recibirse fuera del lugar del juicio, se tramitarán mediante exhorto que se entregue al solicitante, quien por el hecho de recibirlo no podrá alegar que el mismo no se expidió con las constancias necesarias, a menos de que lo hagan saber al tribunal exhortante dentro del término de tres días, para que devolviendo el exhorto recibido corrija o complete el mismo o lo sustituya.
Transcurrido el término extraordinario concedido, que empezará a contar a partir de la fecha en que surta efectos la notificación a las partes, según certificación que haga la secretaría, sin que se haga devolución del exhorto diligenciado, sin causa justificada, se hará efectiva la sanción pecuniaria y se procederá a condenar en costas.
Artículo 1384. Dentro del término concedido para ofrecimiento de pruebas, la parte que pretenda su prórroga pedirá que se le conceda la misma y el juez dará vista a la contraria por el término de tres días y de acuerdo a lo que alegaren las partes se concederá o denegará. Si ambas partes estuvieran conformes en la prórroga la misma se concederá por todo el plazo en que convengan, no pudiendo exceder del término de 90 días.
Artículo 1385. Transcurrido el término de pruebas, el juez en todos los casos en que no se haya concluido el desahogo de las mismas, mandará concluirlas en los plazos que al efecto se autorizan en este código.
Artículo 1386. Las pruebas deberán desahogarse dentro de los términos y prórrogas que se autorizan y aquellas que no se logren concluir serán a perjuicio de las partes, sin que el juez pueda prorrogar los plazos si la ley no se lo permite.
Artículo 1387. Para las pruebas documentales y supervenientes se observará lo que dispone este código y en su defecto lo que al efecto lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa que corresponda.
Artículo 1388. Concluido el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para que dentro del término común de tres días produzcan sus alegatos y transcurrido dicho plazo hayan alegado o no, el tribunal de oficio, citará para oír sentencia definitiva la que dictará y notificará dentro del término de 15 días.
Artículo 1391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Los títulos de crédito:
V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia:
VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia:
VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.
Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.
Artículo 1393. No encontrándose al deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las 72 horas posteriores y sino aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas de la ley procesal local, respecto de los embargos.
Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado.
En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.
La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio.
El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el registro público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gasto de administración de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores.
Artículo 1399. Dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este código y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el mismo escrito ofrecerá pruebas, relacionándolas con los hechos y acompañando los documentos que exige la ley para las excepciones.
Artículo 1400. Si el demandado dejare de cumplir con lo dispuesto por el artículo 1061 de este ordenamiento respecto de las documentales en que funde sus excepciones, el juez dejará de admitirlas, salvo las que sean supervenientes.
En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas o cumplido con lo que ordena el artículo 1061 de este ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones, que permite la ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga.
Artículo 1401. En los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionado el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; así como los de sus peritos y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver y todas las demás pruebas que permitan las leyes.
Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente.
Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará prepara las pruebas que procedan, de acuerdo a la ley procesa local, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de 15 días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción.
Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez o su prórroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará dentro de los 10 días siguientes.
Artículo 1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las excepciones comprendidas desde la fracción IV a la IX sólo serán admisibles en juicio ejecutivo, si se fundaren en prueba documental.
Artículo 1404. En los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento y se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y contándose con tres días para dictar resolución. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones y en la misma se dicte la resolución correspondiente que debe notificarse a las partes en el acto o a más tardar el día siguiente.
Artículo 1405. Si el deudor se allanare a la demanda y solicitare término de gracia para el pago de lo reclamado, el juez dará vista al actor, para que, dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el juez resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes.
Artículo 1406. Concluido el término de prueba, se pasará al periodo de alegatos, el que será de dos días comunes para las partes.
Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscitare en los juicios ejecutivos mercantiles, serán resueltos por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este título y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los juicios ordinarios mercantiles y a falta de unas y otras, a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas."
Artículo cuarto. Se reforma el artículo 348 cuarto párrafo y se adiciona un quinto párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:
"Artículo 348. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Es nulo el fideicomiso que se constituye en favor del fiduciario, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente y en las demás disposiciones legales aplicables.
La institución fiduciaria podrá ser fideicomisaria en los fideicomisos en que, al constituirse, se transmita la propiedad de los bienes fideicomitidos y que tengan por fin servir como instrumento de pago de obligaciones incumplidas, en el caso de créditos otorgados por la propia institución para la realización de actividades empresariales. En este supuesto, las partes deberán designar de común acuerdo a una institución fiduciaria sustituta para el caso que suriere un conflicto de intereses entre las mismas."
Artículo quinto. Se reforma el artículo 750 fracción XIII y se adiciona un tercero y cuarto párrafos al artículo 2926 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 750. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.
Artículo 2926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social, podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria sin necesidad de notificación al deudor, de escritura pública ni de inscripción en el registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso de que el cedente deje de llevar la administración de los créditos, el cesionario deberá únicamente notificar por escrito la cesión al deudor.
En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, la inscripción de la hipoteca a favor del acreedor original se considerará hecha a favor de el o los cesionarios referidos en tales párrafos, quienes tendrán todos los derechos y acciones derivados de ésta."
TRANSITORIOS
Primero. Las reformas prevista en los artículos 1o. 3o., del presente decreto, entrarán en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
Segundo. La reforma prevista en el artículo segundo entrará en vigor al mismo tiempo que la legislación respectiva del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que regule el funcionamiento del Fondo de Administración de Justicia para el Distrito Federal.
Tercero. La reforma prevista en el artículo cuarto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y será aplicable a fideicomisos que se celebren con posterioridad a dicha entrada en vigor y sin que estos fideicomisos puedan ser instrumentos para novar créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.
Cuarto. Las reformas prevista en el artículo quinto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., 22 de abril de 1996.- Senadores: Miguel Alemán Velasco, presidente; Luis Alvarez Septien y Pedro Macías de Lara, secretarios.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Comercio y de Justicia.
GALERIAS
La Presidenta:
Ahora, tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el público en el salón de sesiones.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:
Nuevamente tenemos que plantear aquí en tribuna un asunto que es de lo más absurdo, pero que se ha constituido en una práctica por la vía de la fuerza del grupo parlamentario mayoritario. Es la negativa a cumplir con el reglamento del Congreso en una materia muy importante, que las sesiones de la Cámara son públicas; no son sesiones privadas, los diputados no tenemos porque temerle al juicio popular, la Cámara ventila sus asuntos de manera pública y a pesar de esta naturaleza son un adorno las galerías que tengo en el frente y que tienen ustedes a sus espaldas.
¿En qué se basa la mayoría de esta Cámara para mantener como decorativas las galerías?.. No se basa en nada. Dicen que hay un acuerdo, éste es un acuerdo que se tomó en la legislatura anterior, se tomó por los coordinadores, por el temor precisamente a la opinión popular después de la experiencia de 1988 y que no fue una experiencia donde no pudiéramos regular el comportamiento de quienes estaban en las galerías, siempre estuvimos de acuerdo en que tenían que permanecer como lo dice el reglamento, en orden y con respeto, pero la experiencia que asimilaron es que los estaban viendo aquella vez de 1988, cómo se solapaba un fraude, cómo se violaban todos nuestros ordenamientos.
Ya no se quiso testigos en la LV Legislatura y tomaron un acuerdo, pero qué valor tiene para nosotros ese acuerdo, es un acuerdo de la legislatura anterior, no es un acuerdo de ésta, pero además no puede haber un acuerdo que violente el reglamento, porque si violentamos nuestro reglamento, lo que norma nuestras actividades, pues entonces qué respeto le tenemos a las normas y a las leyes que nosotros mismos nos hemos dado.
Hoy en la mañana volvimos a tener esta circunstancia y seguramente hay argumentos porque aquí del sofismo se hace virtud, de que las galerías son las que están abajo, el reglamento es muy claro de que eso es dedicado al cuerpo diplomático, dentro de las galerías, dice, habrá un espacio para el cuerpo diplomático, para invitados, para funcionarios; las galerías que se abren al público son ésas que hoy parecen decorativas.
En el plano, como se construyó esta Cámara, quien lo quiera revisar dice que aquéllas son las galerías. Aquí hay sofistas que nos quieren enseñar que el arquitecto se equivocó y que las galerías son otras, pero es eso, sofismas nada más. Esos son un lugar destinado, insisto, donde se le asigna hoy como galerías a invitados, no al público.
Yo quiero aquí emplazar a las fracciones parlamentarias a que cumplamos con el reglamento, porque si el reglamento no vale en una parte no vale en nada, porque si no respetamos lo que tenemos no respetamos nada, porque no es por la fuerza y la imposición como se ventilan las cosas.
Minímamente yo planteo que este asunto, la Comisión de Concertación lo recoja y lo discuta y que no sigamos aquí y que veamos cuál es la posición clara de Acción Nacional también al respecto, estamos porque se abran las galerías como fueron construidas, para los propósitos que fueron construidas, para el carácter público de las sesiones de la Cámara o no lo estamos y el PRI nos tiene que decir si el reglamento lo respeta o no lo respeta, ¿cuál es el valor que tiene para ellos.
Y yo espero que esto se discuta a la brevedad, porque no podemos estarnos jaloneando cada vez que viene gente, a asistir con un derecho constitucional que tiene a presenciar los debates; que la gente tiene que estar en orden eso ni lo discutamos, el reglamento es muy claro del comportamiento que se tiene que mantener en las galerías, como es muy claro que éstas tienen que estar abiertas al público.
Entonces yo los llamo a no más actos de fuerza, a no más violaciones al reglamento, los llamo a compromisos con las normas que tenemos, a darle a cada lugar el destino para el que tiene, eso es lo que estoy planteando.
Hoy en la mañana la Presidenta de esta sesión, en uso de sus facultades lo iba a hacer. Convenimos porque no estamos por violentar las cosas, en discutir y ventilar esto abiertamente, pero les decimos, qué argumentos tienen que no sea la fuerza, la sinrazón, el temor a la gente, para mantener como decorativas lo que son las galerías aquí.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:
Señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Voy a disentir de lo que ha expresado en esta tribuna el diputado Juan Guerra.
Las sesiones de la Cámara de Diputados, todas las sesiones que celebramos con esa calidad de públicas, han sido celebradas, realizadas con toda la apertura que exige un régimen democrático. Las galerías que están disponibles para el público, son normalmente ocupadas por personas que cotidianamente asisten a los trabajos parlamentarios que realizamos. Hay además un hecho singular que vale la pena destacar en este momento: los parlamentos ciertamente en todo el mundo, se originaron cuando menos hace más de un siglo y medio, cuando los medios de comunicación no tenían la inmediatez ni la enorme cobertura que tienen el día de hoy.
¿Quién podría en este momento decir que una sesión del Congreso mexicano tiene un carácter reservado, si aun las sesiones llamadas "secretas" se realizan con la presencia de los representantes de los medios de comunicación? ¿Y qué comparación puede haber entre unas cuantas decenas de personas que puedan ingresar a este recinto, frente a los millones y millones de radioescuchas, de televidentes, de lectores de los medios de comunicación que se enteran precisa e inmediatamente de todo lo que ocurre y de todo lo que decimos en esta tribuna y en los trabajos de las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Nadie puede decir, nadie puede decir autorizadamente que nuestras sesiones las hemos convertido en privadas, porque la difusión de todo lo que aquí ocurre es un hecho cotidiano que nadie puede negar, de que la opinión pública está puntualmente informada de lo que aquí se realiza.
Lo que ha habido y esto es lo que hay que explicar, son acuerdos parlamentarios para darle seguridad y celeridad y contribuir al desarrollo adecuado de las sesiones y de los trabajos de Cámara y por lo tanto se han cerrado estas galerías de aquí para que no tengamos de ninguna manera perturbaciones que pudieran ser perniciosas al trabajo y a la libertad con que debemos de trabajar los diputados en esta Cámara.
Y a este respecto vale la pena recordar que existe una Ley Orgánica, que aún está por encima del reglamento, que señala en su artículo 45 que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política tendrá o fungirá como órgano de gobierno a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas. Cuando han adoptado acuerdos como éste, que permiten mantener cerradas las galerías o el acuerdo que pudieran adoptar de aquí en adelante para propósitos similares, es con ese fin, no de cerrar las puertas a la nación, porque con todo orgullo lo digo junto con todos los diputados, legislamos de cara a la nación, debatimos de cara al pueblo, no le tememos ni a los argumentos ni a las decisiones y lo hacemos por lo tanto convencidos de nuestra misión democrática.
Esto que se adopta como determinación de la directiva o de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, no es sino para cumplir con este artículo de la Ley Orgánica que obliga a optimizar el trabajo legislativo.
No dudo de que el tema deba de ser discutido en el seno de la comisión como lo propone el diputado Juan Guerra, de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, pero no olvidemos que este Congreso, como todos los parlamentos del mundo, está sujeto también a las prácticas parlamentarias y que las prácticas parlamentarias están reconocidas textualmente en nuestra legislación en el momento mismo en que la Ley Orgánica ha aceptado la existencia de una comisión que se llama de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Por eso quiero decir que esas galerías que están ahí son galerías para el público, que no están cerradas las que están aquí abajo, que las galerías de arriba merecen tener esa limitación para optimizar el trabajo de la Cámara, pero que además todo lo que hacemos aquí lo hacemos con cara al público, de cara a la nación, abiertamente, sin temor a que se diga, ¿qué es lo que hace cada diputado y el Congreso en su conjunto?, porque para eso estamos aquí, para representar a la nación y trabajar en nombre de ella.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
El arquitecto Moreno Collado ya cambió los planos de esta Cámara y ya puso que ésas son las galerías para el público. Como abogado a veces uno le puede tener cierto respeto, como arquitecto uno ya no sabe verdaderamente qué pensar.
Las prácticas parlamentarias no pueden ser imposiciones parlamentarias, porque la imposición es eso, una decisión de fuerza, no un acuerdo, no una concertación, es simple y sencillamente un hecho de fuerza al que se quiere someter a los demás.
No hay ningún acuerdo de esta legislatura para cerrar las galerías que el plano arquitectónico dice están destinadas al público, no existe ningún compromiso, no hay ningún convenio, simple y sencillamente no es ninguna práctica parlamentaria, es una imposición de ustedes, Moreno Collado, eso es lo que tenemos y no hay que cambiar los planos al respecto. Pero aunque hubiera un acuerdo, este acuerdo sería dudoso porque no puede ninguna instancia de Gobierno atribuirse facultades que no le están expresamente conferidas y si el Reglamento establece expresamente que ésas son las galerías que se deben abrir al público, no puede un órgano de gobierno, así sea de esta Cámara, trasgredir normas que ya tienem establecidas.
Las sesiones, Moreno Collado, son públicas no sólo porque estén aquí los medios, eso también está reglamentado y qué bueno, con esa apertura que hay, que verdaderamente la sostuviéramos y pudiéramos televisar todas las sesiones, incluso que el Congreso tuviera su propia televisión, pero no son públicas solamente porque estén abiertas a los medios, son públicas porque gente interesada, que se ve afectada además con las decisiones de esta soberanía, de esta Cámara, tiene todo el derecho, por eso hay lugares de acceso al público. Es decir, no es una cosa o lo otro, no fue así, no ha sido así.
Son públicas, pueden estar los medios y ojalá tengamos un medio permanente y no sigan rechazando muchas veces que se televisen aquí sesiones, pero son públicas además porque el público, la gente que se ve afectada, que tiene interés, puede participar en las sesiones escuchando con su presencia de que hay un lugar que, por desgracia, costó mucho dinero, que es un dinero hasta ahora mal utilizado, inútil, simplemente porque ustedes se aferran hasta cambiar los planos arquitectónicos y no saben ni siquiera para qué es eso. Seguramente creen que es el adorno que le puso aquí el arquitecto.
Son públicas y el público puede asistir aquí a la Cámara y si no asiste el público, se está violentando el carácter público y se está violentando también la reglamentación.
Y qué bueno que lo discutan y tomen conciencia que los reglamentos son para respetarse.
Muchas gracias.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Pido la palabra para rectificación de hechos, sobre el mismo tema.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, para rectificación de hechos, sobre el mismo tema.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:
Solicito a la Presidencia que se le dé lectura al artículo 205 del Reglamento y para tal efecto instruya a la Secretaría.
La Presidenta:
Instruyo a la Secretaría que dé lectura al artículo que solicita el diputado.
El secretario Raúl Ríos Magaña:
"De las galerías. Artículo 205. Habrá en cada Cámara un lugar con este nombre, destinado al público que concurra a presenciar las sesiones y se abrirán antes de comenzar cada una de ellas y no se cerrarán sino cuando las sesiones se levanten, a no ser que haya necesidad, por algún desorden o por cualquier otro motivo, de deliberar sin presencia del público, en cuyo caso permanecerán cerradas."
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Gracias, señora Presidenta. Compañeros, las galerías están cerradas, luego, se está violentando el reglamento:
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Orgánica, no hay facultades directas para que la Comisión de Régimen Interno lleve a cabo este acuerdo de abrir las galerías. Entonces ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es de la Presidenta, ella es la que debe de ordenar que se abran las galerías, dado que el artículo 45 fracción VI de la Ley Orgánica, sólo dice que la Comisión de Régimen Interno, contribuirá a preservar, a conservar el orden con la Presidencia, pero de ninguna es facultad de esta comisión el instruir para que se abran las galerías.
¿Cuál es la diferencia entre la información pública a la que alude el diputado, el compañero Jorge Moreno Collado y lo que es el interés público. La información pública es la presencia de los medios de comunicación que nos dan posibilidad, en una comunicación condicionada, dirigida, amortiguada, seleccionada y excluida, hacia el exterior. Pero el interés público es la posibilidad de la participación, del testimonio, de la presencia, la posibilidad de que la gente concurra por interés. De esa manera nosotros estamos deslindando lo que es el interés público y lo que es la información pública.
Lo que no tiene razón el diputado Moreno Collado, aunque me dé la espalda, le digo y le aseguro que no hay diferencia entre la Ley Orgánica y el Reglamento ni uno es superior al otro, los dos nos norman y nos dirigen. Yo diría que el reglamento nos da a nosotros la continuidad y el origen de nuestra legalidad y tiene el valor de lo fundamental, de lo constitucional, es tan valioso e importante como la misma Constitución.
Si la Ley Orgánica en algún momento se decretó y se aprobó, fue para especificar y ordenar aspectos de organización y de estructura general para el Congreso y los aspectos específicos que el reglamento nos da para nuestro proceso de legislación y de debate.
En esa razón, yo me reservo, en el momento en que entremos a la reforma de la Ley Orgánica, a la reforma del reglamento, a un debate para sostener la importancia que tiene el reglamento. No es menos, es nuestro origen y tenemos que defenderlo, porque es lo que da el principio de la legalidad en nuestro proceso de legislación.
Junto con la Ley Orgánica tendremos que determinar formas superiores de organización, pero que no nos supriman el derecho que tenemos a que las sesiones sean públicas y por lo tanto, exijo, reclamo, pido que la Presidencia ejercite sus facultades y ordene que se abran las galerías. Que instruya la Oficialía Mayor para ese propósito.
La Presidenta:
Para hablar sobre el mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Le he pedido una moción para que usted actúe, para que ejercite sus facultades.
La Presidenta:
Le solicito que lo entregue por escrito a la Secretaría para que se tome en cuenta.
El diputado Ramón Miguel Hernández Labastida:
Señora Presidenta; señores diputados:
Efectivamente esta discusión no es nueva, ya la habíamos tenido en periodos anteriores y en aquellos periodos se había tomado un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a efectos de que se consideraran las lunetas como galerías.
Esto posteriormente con el compromiso de revisar durante este periodo de sesiones todos estos aspectos que tienen qué ver con el funcionamiento lógico, normal, natural, de la Cámara de Diputados. Lamentablemente se está terminando este periodo de sesiones y no hemos tenido otra discusión al respecto, salvo lo que el mismo partido oficial ha mencionado, dentro de la comisión, ellos son mayoría y asumen la responsabilidad.
Nosotros desde luego que estamos de acuerdo en que se abran las galerías de arriba, no sólo las de abajo, las de arriba también, ¿por qué? Señores, aquí mismo se ha venido a hablar no sólo de que se publique lo que aquí se dice, sino que se radíe y se pase por televisión y nos negamos nosotros mismos a que exista público, ciudadanos que en nada van a afectar nuestro funcionamiento normal como legisladores.
¿Por qué digo esto? Porque es lógico, como en muchos otros congresos del mundo están supeditados los asistentes, los invitados a normas, a requisitos, a orden y si mal no recuerdo y aquí hay varios señores diputados con quienes he coincidido en otras legislaturas, siempre hemos tenido público presente, no sólo en las lunetas, también lo hemos tenido arriba.
¿Qué era lo que se hacía? Pues se llegaba a un acuerdo entre los coordinadores de los grupos parlamentarios y se distribuían los asientos en forma proporcional, así de sencillo, sin siquiera saber si era arquitectónica o jurídica la determinación de las galerías.
En consecuencia, si nosotros vemos que estos acuerdos que se han podido tomar en otras legislaturas y si la Ley Orgánica establece en su artículo 45 que la Comisión de Régimen Interno tiene que velar por el buen funcionamiento, pero también tenía ya el compromiso de revisar todos estos aspectos en este periodo de sesiones y no se ha realizado nada.
En consecuencia, también nosotros consideramos que deben de abrirse, no hay que tenerle miedo a la ciudadana, ella ha participado y nosotros hemos participado en otras instancias como diputados con ella presente, claro, guardando el orden debido. No hay ningún problema con que estén los ciudadanos aquí presentes y como decía el diputado Tenorio Adame, también tenemos que analizar esto a fondo para que un acuerdo por muy parlamentario que sea, por muy de la Comisión de Régimen Interno que sea, no pueda pasar ni por el reglamento ni por la ley.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Marco Antonio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:
Gracias, señora Presidenta; compañeros diputados:
Podríamos llevar la intervención del diputado Moreno Collado y la posición del PRI a las últimas consecuencias y hacer de este acuerdo al que él alude, hacerlo un acuerdo en todo tiempo y de manera permanente y yo únicamente invitaría a los diputados del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, que el próximo 1o. de septiembre pues bloqueáramos el acceso a estas galerías de lo que son los invitados del Partido Revolucionario Institucional; de esta manera llevaríamos hasta las últimas consecuencias la idea de hacer que permanezcan cerradas estas galerías para todos los invitados.
Gracias.
La Presidenta:
Esta Presidencia ha recibido por escrito la solicitud del diputado Antonio Tenorio Ademe, del diputado Víctor Quintana y del diputado Armando Quintero.
«Solicitamos a la Presidencia aplicar el artículo 205 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Firman los diputados Antonio Tenorio Adame, Víctor Quintana y Armando Quintero Martínez»
Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra el diputado Mario de la Torre Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CDLXXVII aniversario de la fundación del Primer Ayuntamiento de América.
El diputado Mario de la Torre Hernández:
Señora Presidenta; honorable Asamblea:
Dice la historia que un 22 de abril de 1519 don Hernán Cortés promovió la fundación de la Villa Rica de la Veracruz y estableció el Primer Ayuntamiento de tierra firme, eligiéndose alcaldes ordinarios a Porto Carrero y Montejo; con ello, Cortés eliminó la autoridad de Diego Velázquez y recibió una investidura municipal, definiéndose dos autoridades en el nuevo país, la Virtual del Rey de España y la Efectiva del Conquistador.
Así se incorporaron México y América a la organización municipal europea. La teoría sociológica explica la existencia del municipio como una institución de derecho natural, prolongación de la vida familiar, solidaridad para el bienestar y seguridad del agrupamiento humano, todo derivado de la habitación continua, de la ubicación primaria de individuos que viven en una comarca, que tienen necesidades económicas, sociales y jurídicas de semejante naturaleza.
Nace espontáneamente el municipio y no es creación del estado, es sólo un reconocimiento a su existencia. Con la fundación del municipio de Veracruz, Latinoamérica recibió el acervo cultural de una humanidad que lo formaba desde Grecia, Germania y Japón y lo nacionalizó en el calpulli azteca; con los fueros imperiales, las cartas pueblo del Imperio Romano y los fueros de León, de Castilla y Barcelona, en España.
La legislación ibérica se vino aplicando hasta épocas posteriores a la Independencia y ya en el Constituyente de 1917 se encaró de lleno el problema de la autonomía municipal y del municipio libre con los diputados Mújica y Jara a la cabeza.
El Estado mexicano es una República representativa, democrática y federal, con una sola soberanía y diferentes potestades: la federal, la local y la municipal.
De acuerdo al artículo 115 constitucional, la estructura políticoadministrativa fundamental es el municipio libre. El municipio, persona jurídica de derecho público eminentemente política y cuya forma de gobierno puede variar según la comunidad de que se trate, es la célula del cuerpo político federal.
El Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo, desde su campaña hizo la propuesta del nuevo federalismo que ahora es vértice de su Gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, recogió esa intención de fortalecer el federalismo mexicano. Tenemos que avanzar en el ámbito de corresponsabilidad con el Poder Ejecutivo y el Judicial. Así, esta Cámara de Diputados ha recogido en sus tareas este reclamo nacional y creó la Comisión de Fortalecimiento Municipal permeando la panorámica regional y federalista en diferentes iniciativas de reformas, nuevas leyes que se han revisado, discutido y aprobado en su caso.
El reto principal es que unamos fuerzas; que coordinemos esfuerzos; que busquemos coincidencias y que respetemos discrepancias, para transitar de un federalismo centralizador a uno descentralizador que arraigue en la conciencia política de los mexicanos.
Juntos luchemos para actuar en los órdenes de la unidad política, económica y social del país, hasta lograr una estructura gubernamental descentralizada que impulse un desarrollo cooperativo que distribuya positiva y justamente el ingreso entre la población.
Nuestro rezago municipal es inmenso; es una tarea apasionante y si en los municipios urbanos es dramático, en los municipios urbanorurales, es trágico. Hay que revisar el proceso distributivo de los recursos que genera el país para que sea más equitativo, para lograr mejor ejercicio del presupuesto público con mejores participaciones para las entidades federativas y los municipios.
La Federación históricamente ha centralizado y concentrado las facultades relativas al desarrollo económico, a la deuda pública, a la industria, minas, pesca y actualmente los ingresos municipales se sostienen por una aportación del 98% de su monto de la Hacienda Federal; del 1.5% de la hacienda estatal y sólo el 0.5% de su propia hacienda.
Escuchemos, compañeros diputados, el llamado angustioso de los 1 mil 400 municipios que buscan un alivio en su atraso económico, político y cultural. Debemos aliviar las desigualdades, estimular la productividad del campo municipal; auspiciar la generación de recursos y empleos según las regiones del país.
Escuchemos, compañeros diputados, la marcha migratoria que es producto de la insuficiencia alimentaria municipal y más en el sur del país.
Rememorar el suceso trascendental de la fundación del primer ayuntamiento de América continental es importante, es emotivo. Pero a nombre de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, de nuestros compañeros legisladores, de cada uno de los habitantes de los municipios más pobres de la República, les pido que ésta sea oportunidad de refrendar ante nuestros representados el compromiso de dignificar la vida municipal, para que lo que se alcance se distribuya con equidad y con fraternidad mexicanista; que el progreso alcance para todos.
Recojamos la bandera municipalista de 1917 y marchemos tras ella juntos. Entonces, sólo entonces, compañeros diputados, habremos cumplido con nuestro deber.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene el uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado César Leal Angulo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Augusto César Leal Angulo:
Con el permiso de la Presidencia:
Agradezco, desde luego, a Ricardo Cervantes, nuestro coordinador y a Cecilia Romero, el que me hayan confiado el que rindiera un pequeño homenaje, 470 años después, al primer municipio de América. Probablemente en mi homenaje, invito a Mario de la Torre, el diputado que me acaba de preceder en el uso de la palabra, a rectificar algunas ideas básicas que él maneja en su discurso, que como parece de una recta intención, me parece en algunos puntos que no encaja en la historia moderna de México político.
Estar 10 minutos, gastar media hora en La Antigua, a la orilla del río y meter la mano en sus aguas y mojarse en las aguas de este río, es como pararse a contemplar el agua que corrió en un punto de partida angular en la historia, hasta antes de 1519 de ese 22 de abril y poder contemplar el agua que luego correría en la permanente búsqueda de nuestra identidad. De esa porción de España culturizante, hay legados que hemos asimilado hasta constituir parte de nuestro ser nacional: el idioma, el sentimiento cristiano de la vida. Pero hay instituciones que no hemos terminado de entender, como es la noción de municipio, como célula básica del tejido social.
La Villa Rica de la Veracruz, ha sido y es en su significado "de piedra angular", a través de los siglos: villa, rica, vera y cruz.
La exquisita espiritualidad de los veracruzanos del pueblo, siente un profundo amor y respeto hacia su primogenitura. Pero muchos de sus hijos que han tenido oportunidad de servir, se han servido y por tanto, no han sido leales a su vocación de hijos mayores.
Veracruz camina actualmente con dificultades, hacia el restablecimiento de su papel histórico, y con más de 20 mil comunidades con menos de cinco mil habitantes, encontrará en la Villa Rica de la Veracruz, en el municipio, su forma permanente, respetuosa, familiar y cristiana de su destino y la fuerza de sus arpas en el concierto de México.
Saludo a Veracruz, ante todos estos compañeros de esta legislatura, con una línea de un poema de un insigne veracruzano, filósofo, maestro y poeta que acaba de morir: Librado Basilio: "Dejad que bogue la galera, el porvenir calla y espera".
Muchas gracias.
AUTOTRANSPORTES URBANOS RUTA-100
La Presidenta:
Para hablar sobre problemas en el Departamento del Distrito Federal, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
¡El déspota Oscar Espinosa Villarreal ha dado nueva prueba de su desprecio por las leyes! ¡Está confeso de haber violado el artículo 8o. constitucional, en perjuicio de más de una docena de legisladores federales y más de 30 personalidades del mundo académico, de las artes, de las letras! ¡Está también confeso de emitir doble documentación, como si fuera una doble contabilidad! ¡Y desde luego ha confirmado su absoluta falta de sensibilidad política, producto de su prepotencia y autoritarismo, a lo largo del desarrollo del conflicto del SUTAUR-100!
En esta misma tribuna hemos denunciado, en varias ocasiones, que Oscar Espinosa Villarreal desestimó una solicitud debidamente rubricada por las personas a las que he hecho mención, desde el 25 de mayo del año próximo pasado, solicitando su audiencia para quienes rubricaron y para la dirigencia del SUTAUR-100.
En ocasión anterior, también, expusimos aquí que obligaríamos al regente a dar respuesta por la vía del Poder Judicial, ya que este individuo no se considera obligado por el artículo 8o. constitucional y es el caso que el juez séptimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal ya lo obligó a dar respuesta.
¡Está confeso! Un año después de la solicitud de marras, el 16 de abril de este año el señor Espinosa Villarreal contesta por conducto de su secretario particular, un señor Eduardo Maza Urueta. Se dirige a los diputados que interpusimos el recurso de amparo. ¡Aquí es donde reconoce, por eso decimos está confeso de haber recibido nuestra solicitud en tiempo y forma, desde mayo del año anterior. Dice:
"Por instrucciones del jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Oscar Espinosa Villarreal y en debida atención a su escrito del 25 de mayo del año próximo pasado, me permito comunicarle lo siguiente:
El día 19 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, serán recibidos por el subsecretario de gobierno, licenciado José Ignacio González Brito, en el edificio central del Departamento del Distrito Federal, ubicado en Plaza de la Constitución número uno, primer piso, Centro, a fin de atender su petición.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El secretario particular del jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Eduardo Maza Urueta."
¡Desde luego hemos desestimado la carta del señor Eduardo Maza Urueta! ¡Porque ocurre que el señor regente no entiende, no entiende que a quien le hemos pedido audiencia es al jefe del Departamento del Distrito Federal, no a un funcionario de tercera categoría! ¡Sin ánimo peyorativo, si el primer nivel lo detenta Espinosa Villarreal y en un segundo nivel está el señor Salazar Toledano, el subsecretario de asuntos jurídicos está, efectivamente, en el tercer sótano de la estructura del Departamento del Distrito Federal!
Y le hemos contestado al señor Maza Urueta, por conducto de la compañera Botey Estape, lo siguiente: con fecha 19 de abril. "Por medio de la presente damos respuesta a su comunidad del 16 del mes en curso, en oficio número SAJ460/96, en el que se nos dice que seríamos recibidos hoy día a las 12:00 horas por el subsecretario de gobierno, licenciado José Ignacio Jiménez Brito, en el edificio central del Departamento del Distrito Federal.
De la manera más atenta le transmitimos que la petición nuestra fue dirigida al licenciado Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, para que en su calidad de máxima autoridad de la ciudad atendiera y nos permitiera coadyuvar en la solución al conflicto de Ruta-100, petición que no vemos satisfecha en la notificación, de que seamos recibidos por un subsecretario de gobierno.
Con copia al juez séptimo de distrito en materia administrativa.
Decíamos, en la introducción de esta exposición, que el señor Espinosa además está confeso de usar doble documentación para un mismo fin. Al verse compelido a contestarle al juez para rendir sus informes, tiene el siguiente atrevimiento. Textual: "se anexa fotocopia de este oficio, toda vez que la original, se refiere a la carta que nos envía a los peticionarios, será presentada como prueba en el cuaderno principal"; hasta ahí la cita.
Resulta, compañeras y compañeros diputados, que el documento original es éste, aquí está la firma original del señor Eduardo Maza Urueta, que por instrucciones de su jefe nos remitió al tercer sótano. Pero ahora dice Espinosa Villarreal que él posee otro original, mínimo hay dos, quizá puede haber cinco y que ése otro original se lo va a remitir al ciudadano juez como prueba en el cuaderno original. Este es un nuevo detalle, nueva maña, innovación del regente, quien está dando pruebas de sus malas artes para resolver los problemas que afectan a la ciudad.
No debería extrañarnos en el fondo, compañeras y compañeros diputados, don Oscar es experto en las dobles contabilidades, las aplicó cuando fue presidente de la Comisión Nacional de Valores, tenía dos medidas, dos tablas para resolver los problemas: una, la que él privilegió en favor de los bolseadores, aquellos que defraudaron a los ingenuos que invirtieron en ese casino de Reforma y Niza, denominado Bolsa de Valores de México, en el famoso Bump 1986-1987 y resulta que también aplicó una doble medida cuando fue director de la Nafinsa; por un lado privilegió a los magnates con créditos generosos y, por el otro, castigó a los microempresarios, a los pequeños y medianos inversionistas, para quienes no hubo crédito suficiente.
Y desde luego donde se doctoró sin haber ido a Harvard o a Stanford como el doctor Córdova, doctor ex tesis, porque no hizo la tesis, se ostenta indebidamente como galardonado por un título que no le ha conferido ninguna universidad; Espinosa se doctoró en el PRI, fue el jefe de las finanzas priístas y ahí no sólo hizo doble o triple, quizá quíntuple contabilidad, para esconder de dónde procedieron los 1 mil 250 millones de dólares que costó la campaña de Zedillo, 25 veces más de la que costó en Estados Unidos a Bill Clinton, cuando el tamaño de la economía de este país es 25 veces menor. Ahí fue donde se doctoró, cuando escondió en la contabilidad priísta los recursos del pase de charola de la casa de Tres Picos, cuando Ortiz Mena le pidió a los magnates que aportasen 25 millones de dólares per capita.
Se doctoró cuando escondió la aportación de una empresa que antes fue del Estado y que fue privatizada por el régimen primero de Miguel de la Madrid que la disuelve y luego en el de Salinas que se consolida como entidad particular Aeroméxico.
Resulta que Aeroméxico dio un pequeño donativo de 8 millones de dólares que no aparecían por ningún lado en la contabilidad del PRI. Constreñido Espinosa y María de los Angeles Moreno, quien fuera presidenta del Revolucionario Institucional, a dar respuesta a la actuación judicial, de un juzgado de Texas, en donde el señor Gilles de Prevoisin, último director de Aeroméxico para defenderse de imputaciones de malversación, él dijo no malversé nada, me obligaron los consejeros de Aeroméxico a atender la petición del señor Espinosa Villarreal y de la señora María de los Angeles Moreno para patrocinar a Zedillo Ponce de León y les entregue 8 millones de dólares.
Espinosa Villarreal, con su magia, escondió la pista; finalmente reconoció que habían sido sólo tres millones, le queda por aclararnos dónde quedaron los otros cinco. Con estos antecedentes no nos debería extrañar que Espinosa Villarreal produzca dos, tres, cinco documentos originales sobre cada asunto, pero el caso es que no resuelve el fondo del problema; el problema de Ruta-100 sigue en la calle, el problema Ruta-100 amenaza con llegar al 1o. de mayo en una manifestación multitudinaria en donde la demanda de los compañeros trabajadores de la antigua paraestatal del Distrito Federal será el tema señero.
Espinosa Villarreal, con estas actitudes viene a confirmar su mala calidad como servidor público, seguiremos adelante en la tramitación de este juicio de amparo hasta su debida conclusión legal.
Hoy, venimos por último a hacer un extrañamiento a la Presidencia de la Gran Comisión de esta Cámara de Diputados. Cuatro veces hemos solicitado la intervención del licenciado Humberto Roque Villanueva, para dar cumplimiento al artículo 61 constitucional que dice a la letra: "el Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero de la misma y por la inviolabilidad del recinto", en cumplimiento de ese deber legal solicitamos intervenga para que Espinosa Villarreal atienda la petición de los diputados Botey, Tenorio Adame, Jacobo García, Marco Rascón, Armando Quintero y el de la voz.
Que tutele y proteja la actuación de los legisladores federales que hoy se encuentran en estado de indefensión ante la prepotencia del regente. Si la autoridad, si el Ejecutivo es capaz de desdeñar las peticiones de varios miembros de esta Cámara y también del Senado de la República, puesto que hay senadores que han apoyado esta demanda, nos preguntamos nosotros ¿qué ocurrirá con las decenas de miles de peticiones que los ciudadanos por su propio derecho y en ejercicio de sus garantías constitucionales presentan no sólo a Espinosa Villarreal sino a autoridades de rango inferior.
En esa virtud, por enésima ocasión, exhortamos al señor licenciado Roque Villanueva al cumplimiento cabal de su deber legal con relación al artículo 61 de la Constitución y con vistas a obtener una solución justa a las demandas históricas del Sindicato de Trabajadores de Ruta-100.
Muchas gracias, compañeros diputados.
EXPORTACIONES AGRICOLAS
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza, para hablar sobre exportación de hortalizas.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El fenómeno migratorio constituye uno de los temas hasta hoy de mayor importancia, para la formulación de las políticas laborales y también para la formulación de las políticas de población.
Para evitar el desplazamiento de los migrantes de México hacia los Estados Unidos, el Gobierno de México y los empresarios están haciendo un gran esfuerzo, al menos lo estamos viendo nosotros en Baja California, por conservar las fuentes de empleo, porque entre más fuentes de trabajo tengamos, habrá menos desplazamientos.
Este fenómeno de migración de México a Estados Unidos, requiere de acciones bilaterales, acciones bilaterales que permitan acuerdos no ideologizados ni fanatizados, para solucionar de fondo el problema mencionado. Sin embargo, nuevamente somos víctimas de acciones unilaterales por parte de las autoridades de los Estados Unidos, al no respetarse las reglas contenidas en el Tratado Trilateral de Libre Comercio.
En esta ocasión me refiero a la exportación de tomate, ya que protegiendo a sus productores, recurren a las artimañas en el aspecto fitosanitario, a pesar de que existen reglas claras y definidas al respecto.
Antes fue el atún, después el camarón y otros productos que se exportan a ese país, incluidas las hortalizas, entre ellas el aguacate, en esta ocasión se ve amenazada la producción del tomate, que se caracteriza por ser el trabajo calificado de sus productores.
Ayer viajaron los productores de tomate a Washington, para asistir a la primera audiencia de su defensa, contra la acusación de dumping que presentaron sus homólogos de la Unión Americana.
Los productores tienen confianza en ganar el juicio, ya que la audiencia de acusación 201 contra el tomate mexicano, se llevará a cabo el 3 de junio del año en curso y no tiene justificación.
La producción de tomate en Baja California es de 243 mil toneladas al año, lo que significa una derrama económica de la comercialización del producto, del orden de 369 millones de pesos, además de que dicha actividad genera más de 15 mil empleos permanentes y cerca de 40 mil empleos temporales.
Independientemente de lo anterior, genera una importante derrama económica de diversos sectores comerciales, como lo es la industria del transporte, el consumo de combustible, el empaque y otros.
En 1995 el 80% de la producción del tomate se exportó a la Unión Americana cubriendo un 30% del consumo de Estados Unidos.
El bloqueo comercial de los Estados Unidos al tomate mexicano, claro, va a ocasionar severos daños a la economía mexicana y en especial al municipio de Ensenada, de Baja California.
Por lo anterior me permito proponer ante esta alta tribuna los siguientes
«PUNTOS DE ACUERDO
Primero. En virtud de celebrarse en fecha próxima la reunión interparlamentaria entre legisladores de Estados Unidos y México, que se incluya en la agenda el problema antes mencionado, con objeto de lograr mayor responsabilidad en el respeto a las reglas del Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para que intervengan y apoyen a los productores de tomate de la zona de la costa de Ensenada y del Estado de Sinaloa y defiendan en forma conjunta el posible cierre de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones del tomate mexicano.
Firmamos los diputados: Franciscana Krauss Velarde, Alfonso Garzón Santibáñez, Julio Felipe García y Daniel Quintero Peña.»
Agradeceré a la Presidenta dar el trámite de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y de Comercio, como lo solicita la diputada Martina Montenegro.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.- Segundo Año. LIV- Legislatura.
Orden del día
Miércoles 24 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Colima y Durango.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 14:55 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 24 de abril a las 10:00 horas.
| AC | Asociación Civil |
| CD | Disco compacto (por las siglas en inglés) |
| D.F. | Distrito Federal |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| SUTAUR-100 | Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta-100 |