SUMARIO
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, se refiere a la aplicación del artículo 213 de dicho ordenamiento.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa del pronunciamiento presentado en su legislatura, respecto a la violencia en contra de indocumentados mexicanos. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite solicitud de la Comisión de Ecología de su legislatura, respecto a la reubicación de instalaciones de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
El diputadoJorge Andrés Ocejo Moreno, presenta iniciativa de decreto que crea dicho Organismo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Jorge Hernández Domínguez, presenta iniciativa de reformas a dicha ley. Se turna a la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
Dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 20, 21, 22 y 73 de la Carta Magna. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de dichas monedas. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de dlchas monedas. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata, previstas en el artículo 2o.-bis de dicho ordenamiento. Es de segunda lectura.
La Asamblea autoriza que la discusión de los tres dictámenes anteriores, se realice en un sólo acto.
El diputado José Rosas Aispuro Torres, fundamenta los dictámenes a nombre de la comisión.
A discusión en lo general.
Se concede el uso de la palabra al diputadoFrancisco Antonio Tenorio Adame.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turnan al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de dicha ley. Es de segunda lectura.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, fundamenta el dictamen conforme al artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
A discusión del dictamen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández.
Aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Sobre el tema el diputadoItzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, presenta propuesta. Se turna a la Comisión Plural para la Reforma Democrática del Estado.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, se refiere a dicha conmemoración y presenta proposición que se turna a las comisiones de Cultura y a los comités Asuntos Editoriales y de Biblioteca e Informatica.
El diputado Rafael Jacobo García, propone punto de acuerdo referente a problemas en el campo mexicano. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
El diputado Máximo Cagigal Manilla, realiza comentarios referentes al C aniversario del natalicio del general Avila Camacho.
El diputado Alfonso Martínez Guerra, recuerda en el X aniversario el desastre nuclear del complejo nucleoeléctrico de Chernobil, Ucrania y deja documento que se turna a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, de Salud y de Energéticos.
El diputadoRamón Sosamontes Herreramoro, presenta propuesta en relación al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al municipio de Coyuca de Benítez, de esa entidad.
Francisco Antonio Tenorio Adame, realiza solicitud a la oficialía Mayor.
La propuesta del diputadoRamón Sosamontes Herreramoro, se turna a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
Sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Serafín; Núñez Ramos
Píndaro Urióstegui Miranda
Rectifican hechos los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Marcelino Miranda Añorve
Raúl Armando Quintero Martínez
Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez, se refiere a la situación laboral en esa empresa.
El diputado Humberto Andrade Quezada, comenta la situación impuesta por los Estados Unidos de América en la comercialización del atún.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape, hace comentarios en relación a hechos ocurridos en el municipio de Tepoztlán de esa entidad, el pasado 10 de abril.
Sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputacloJorge Armando Meade Ocaranza.
Rectifican hechos los diputados:
Carlota Angela Rosa Botey y Estape
Jorge Armando Meade Ocaranza
Juan Nicasio Guerra Ochoa
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo, se refiere al CXXXIII aniversario del natalicio del ilustre senador.
Presenta punto de acuerdo respecto al problema de los transbordadores en esa entidad, el diputado Crisóforo Lauro Salido Almada. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Trasportes.
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo referente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al municipio de Coyuca de Benítez, de esa entidad. Se turna a la Oficialía Mayor.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada María Claudia Esqueda Llanes
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputados, por lo tanto hay quorum.
La Presidenta (a las 11:45 horas):
Se abre la sesión con un diputado adicional que se suma a la lista de asistencia.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Perdón, previamente 293 más el diputado Tenorio Adame.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 25 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Colima, Durango y Sinaloa.
Iniciativas de diputados
Para modificar la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Hernández Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Para la creación de un fideicomiso, a cargo del diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictamen de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20, fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de la Tercera Moneda de Plata Conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona al diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan el decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Propuestas de diputados sobre la reforma del Estado.
Comentarios
Sobre el Día Internacional del Libro, a cargo del diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre problemas agrarios, a cargo del diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el aniversario del natalicio del general Manuel Avila Camacho, a cargo del diputado Máximo Cagigal Manilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario de la muerte de José Revueltas, a cargo de la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el X aniversario de la tragedia de Chernobil, a cargo del diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Punto de acuerdo en relación al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Aguas Blancas, a cargo de los diputados Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Luis Sánchez Aguilar.
Sobre Ferrocarriles, a cargo del diputado Hildiberto Ochoa Samayoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre Tepoztlán, a cargo de la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el embargo atunero, a cargo del diputado Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el CXXXIII aniversario del natalicio de Belisario Domínguez Palencia, a cargo del diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señora Presidenta, solicito un micrófono para hacer una moción.
La Presidenta:
Por favor se ruega que se le proporcione un micrófono en su lugar al diputado. Desde su lugar señor diputado, si es usted tan gentil.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
En vista de que no hay micrófono en mi lugar, paso acá para hacer la siguiente moción:
La Cámara de Diputados se encuentra prácticamente en estado de sitio, cosa muy vergonzosa en un país democrático, que los accesos al Palacio Legislativo estén bloqueados por granaderos.
Yo quiero preguntarle a la Presidencia con todo respeto, si en primer lugar esta Presidencia solicitó la intervención de la fuerza pública, de acuerdo al artículo 213 del reglamento. Si no lo solicitó ¿quién lo hizo? Si lo solicitó queremos una copia del escrito en que lo hizo y que explique a esta soberanía las razones por las que se le está impidiendo a un nutrido grupo de ciudadanas y ciudadanos el acceso a esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Sí, con mucho gusto. Esta Presidencia informa que en ningún momento ha solicitado a la fuerza pública. En vista de la solicitud del diputado, se rogará a la Oficialía Mayor que nos rinda un informe en torno a este asunto.
Continúe la Secretaría.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Florencio Catalán Valdés:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Serafín Núñez Ramos
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos setenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
Hace uso de la palabra el diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de Radio, Televisión y Cinematografía, de Telecomunicaciones, de Educación, a la Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía, así como a las que solicitó el orador.
En razón de que los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyectos de decreto que:
Establece las características de la tercera moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos:
Que adiciona el diverso por el que se establecen las características de las monedas de plata conmemorativas del encuentro de dos culturas:
Que reforma el decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata previstas en el artículo segundobis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno y el del cinco de enero de mil novecientos noventa:
Que reforma diversas disposiciones de la ley que establece las bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Han sido impresos y distribuidos entre los señores diputados, la Asamblea les dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones que los anteriores, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Cinematografía y se somete a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Carlos Alfonso Reta Martínez, del Partido Revolucionario Institucional y a discusión en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados: Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional, en pro; Irma Eugenia Cedillo y Amador, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Adolfo Miguel Aguilar Zinser, motu proprio, en pro y Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una proposición.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza a que la votación se realice en lo general, en lo particular y por las proposiciones que se hicieron durante el debate, en un solo acto.
La Secretaría recoge la votación respectiva, que arroja los siguientes resultados: en lo general y en lo particular votación unánime en pro de trescientos ochenta y cuatro votos; por las proposiciones, veintisiete votos en pro y trescientos cincuenta y siete en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Para rendir homenaje póstumo a la maestra María Lavalle Urbina, hace uso de la palabra la diputada Sofía Valencia Abundis, del Partido Revolucionario Institucional y al termino de su intervención, la Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio.
Comentan el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, los diputados:
Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y contestar a una interpelación de la diputada Luna Parra y Trejo Lerdo:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se reabra el juicio político en contra del ex gobernador del Estado de Guerrero.
Se turna la solicitud a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hablan los diputados: Javier de Jesús Gutiérrez Robles, del Partido Acción Nacional; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, motu proprio; María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Cortez Cervantes, del Partido Acción Nacional; Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del mismo partido; Abel Eloy Velasco Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación de la diputada Luna Parra y Trejo Lerdo; Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, motu proprio; José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional y Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura el orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veinticinco de abril de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
La Presidenta:
Dígame, señor diputado.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Para una aclaración, señora Presidenta.
Si usted no pidió el uso de la fuerza pública para impedir la entrada a este recinto, yo quiero solicitar que se le exija inmediatamente al jefe del Departamento del Distrito Federal que retire la fuerza pública porque eso es una intromisión del Ejecutivo en los asuntos del Legislativo y usted debe obrar de acuerdo a los términos del artículo 62 constitucional, 61 constitucional que yo pido se haga lectura en la tribuna.
La Presidenta:
Perdón, pregunto para pedir la lectura. ¿Habla usted del 61 o del 62.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
61.
La Presidenta:
Gracias. Por favor la Secretaría dé lectura al artículo 61 constitucional.
El secretario Jesús Carlos Hernández Martínez:
"Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de la Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reunen a sesionar."
La Presidenta:
Gracias, señor Secretario.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Señora Presidenta, este recinto está siendo violado por el Poder Ejecutivo al impedir el ingreso a un contingente de ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a ingresar a este recinto.
Le pido por favor que haga usted uso de sus facultades como lo marca la ley o si no, de acuerdo al artículo 210 del reglamento, que suspenda la sesión en tanto no se retire la fuerza pública.
La Presidenta:
Esta Presidencia informa, conforme a lo que se comentó hace unos momentos, que ha recibido el informe a su vez de la Oficialía Mayor en cuanto a que no hay fuerza pública alguna dentro de este recinto. Por lo tanto y en relación a lo contenido al propio artículo 213 del reglamento y el 13 de la Ley Orgánica, que no se contravienen, continúe la Secretaría.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):
Exijo un escrito con ese informe y también quiero decir lo siguiente. No se necesita penetrar a este recinto para violarlo.
El que se impida el ingreso a ciudadanas y ciudadanos es violar este recinto.
La Presidenta:
Esta Presidencia le pide que en cumplimiento al orden de la sesión, cuando solicite la palabra lo haga previamente a utilizarla.
Adelante, diputado Ortega.
El diputado José Jesús Ortega Martínez (desde su curul):
Gracias, señora Presidenta:
Esta es la casa del pueblo, señora Presidenta. Aquí está la representación popular y la representación nacional.
Las fuerzas públicas del Departamento del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal están obstruyendo el paso de los ciudadanos que vienen al Palacio Legislativo. Usted nos ha informado que no ha pedido fuerza pública en las entradas del Palacio Legislativo. Nos ha dicho que el Oficial Mayor de la Cámara tampoco lo hizo, entonces si usted no lo hizo y el Oficial Mayor tampoco, el jefe del Departamento del Distrito Federal o la autoridad que maneja la fuerza pública no tiene por qué mandar fuerza pública a las puertas del Palacio Legislativo. Le reitero, ésta es la casa del pueblo.
Por lo tanto le pido, señora Presidenta, si es tan amable, que se pudiera comunicar con las autoridades del Departamento del Distrito Federal para que retiren la fuerza pública de los ingresos al Palacio Legislativo y la gente, los ciudadanos, puedan ejercer su derecho de venir al Palacio Legislativo, a su casa.
Le pido eso por favor, señora Presidenta.
La Presidenta:
En torno a la solicitud del diputado Jesús Ortega, esta Presidencia insiste que la fuerza pública no se encuentra dentro de las instalaciones del Congreso. Sin embargo, en torno a su petición, haremos lo conducente y daremos el informe correspondiente, aclarando que la fuerza pública en el exterior del Palacio Legislativo es naturalmente responsabilidad de las autoridades del Departamento del Distrito Federal.
El diputado Tenorio Adame y después la diputada.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señora Presidenta, solicito que autorice a la Secretaría para que dé lectura al artículo 115 fracción VII de la Constitución.
La Presidenta:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Para ilustrar al pleno.
La Presidenta:
Por favor la Secretaría haga lo conducente.
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
"Artículo 115, fracción VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios donde residiesen habitual o transitoriamente y ... ".
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Gracias.
Señora Presidenta, usted ha dicho que el mando de la fuerza pública la tiene el regente de la ciudad. No. La tiene el Presidente de la República, tanto en estos acontecimientos como en los ocurridos en días pasados en Tlaltizapán, en el Estado de Morelos, donde ocurrieron hechos de sangre y la pérdida de la vida de un ciudadano mexicano, el responsable fue el Presidente de la República. De igual manera, hoy, el Presidente de la República nos impide trabajar y tiene una grave intromisión en la vida del Legislativo.
Muchas gracias.
Pido a usted que cumpla con el reglamento y la Constitución.
La Presidenta:
Gracias por su comentario, diputado Tenorio Adame.
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Señora Presidenta:
La Presidenta:
¿Dígame, diputada Marta Alvarado.
La diputada Marta Alvarado Castañón (desde su curul):
Respetuosamente le solicito, señora Presidenta, que usted pida que se retire la fuerza pública. Yo tuve que discutir para que me pudieran dejar entrar. Creo que los legisladores tenemos que llegar a nuestra casa y a la casa del pueblo, libremente.
La Presidenta:
Bien, para finalizar este asunto, esta Presidencia reitera la solicitud de que no se impida el acceso. ¿Está muy claro?, lo que pase en el exterior del recinto no es cuestión de esta Presidencia.
Continúe la Secretaría.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta: ¿Con qué objeto, diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul):
Señora Presidenta, se le está informando que para acceder a este recinto no hay condiciones porque la fuerza pública obstruye y obstruye no sólo a los ciudadanos, violando la libertad de tránsito y de caminar por estas calles, obstruye a los propios diputados acceder a este recinto y la Presidencia no nos puede salir con que no es materia de ella, porque, en primer lugar, como representante del pueblo, no podemos ser ajenos a que se viole la Constitución y se impida la libertad de tránsito en las afueras de este recinto.
Y en segundo lugar, porque hay gente, como pueden venir comisiones a las que no se les permite y en tercer lugar porque los diputados, aun en nuestro caso, tenemos que discutir o esperar que nos abran la valla. Nos está afectando para los trabajos. De manera que es asunto de este Congreso, es asunto de esta Cámara y particularmente suyo; y no queremos una evasiva, queremos simple y sencillamente que se actúe como corresponde a la Presidencia o se nos diga sí no puede actuar de acuerdo a sus responsabilidades.
La Presidenta:
Gracias, diputado Guerra. Insisto en la respuesta que ya fue otorgada al diputado Jesús Ortega, en torno a que se atendería este asunto y se cuidará de que no haya impedimento a los señores diputados para el acceso a este recinto.
Continúe la Secretaría.
ESTADO DE COLIMA
El secretario Francisco Javier Hernández Armenta:
«Escudo Nacional.-LI Legislatura.-Honorable Congreso del Estado de Colima.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
Nos permitimos informar a usted que en sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, por la LI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, se aprobó el pronunciamiento presentado ante el pleno, por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, en torno a los lamentables incidentes ocurridos la semana anterior en el Estado de California, en los que perdieron la vida varios mexicanos y otros resultaron lesionados.
Para los efectos legales conducentes, enviamos a usted copia de dicho pronunciamiento.
Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, abril 11 de 1996.-Diputados: Claudia A. Alcaraz Munguía y Jaime Salazar Silva, secretarios.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.
ESTADO DE DURANGO
El secretario francisco Javier Hernández Armenta:
«Escudo.-LX Legislatura.-Congreso del Estado de Durango.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D.F.
En la sesión ordinaria del día 9 de abril del año en curso, las fracciones políticas del PRI, PAN, PT y PRD, que integran la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobaron un punto de acuerdo referente a dirigirse a esa representación popular federal, con la finalidad de darles a conocer la protesta enérgica del pueblo de Durango y nuestra manifestación de solidaridad al repudio nacional que se ha originado por los recientes hechos en los que autoridades norteamericanas han hecho uso de una violencia xenofóbica en contra de nuestros connacionales, quienes por las circunstancias económicas que afectan a nuestro país, se han visto en la necesidad de emigrar al vecino país del Norte, en busca de mejores oportunidades de vida.
Esta evidente y constante violación a los más elementales derechos humanos motivó que esta soberanía popular, solicite a esa Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión su decisiva intervención en las investigaciones que permitan conocer a fondo el origen de estas frecuentes agresiones y se percaten de que verdaderamente se castigue a los responsables que con estos hechos ponen en riesgo las relaciones internacionales con los Estados Unidos de América.
Sin otro particular, les manifestamos nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 11 de abril de 1996.-Por la LX Legislatura del Estado de Durango.-Diputados: Rafael Palacios Alvarado, presidente; Héctor Raúl Avendaño y Jesús Dávila Valero, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE SINALOA
El secretario Raúl Ríos Magaña:
«Escudo Nacional.-Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presente.
En virtud de que en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentran ubicadas las instalaciones de Petróleos Mexicanos y que en repetidas ocasiones se han acudido a visitarlas por un grupo de colonos y la Comisión de Ecología del honorable Congreso del Estado, solicitando su reubicación por representar un gran peligro, acudimos a esa Cámara solicitando su intervención para que gestione ante las autoridades competentes lo antes mencionado, ya que ha sido un viejo reclamo social y como representantes populares tenemos el derecho de hacerlo.
Cabe señalar, que en repetidas ocasiones se ha tratado el problema con el titular de la misma y a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. Argumentando que son sólo empleados y no cuentan con autorización para dar información sobre lo procedente.
Por este hecho, manifestamos que hay poca voluntad y que han pasado por alto al llamado del pueblo que sólo quiere la paz y seguridad de sus familias.
Por otra parte, al ver que los titulares de esta empresa federal se encuentran en la Ciudad de México y una vez agotadas todas las instancias legales acudimos al honorable Congreso de la Unión para que se una a la gestoría que mencionamos.
Atentamente.
Culiacán Rosales, Sinaloa, marzo 28 de 1996.-La Comisión de Ecología del honorable Congreso del Estado de Sinaloa.-Diputados: Florencio Cázares Niebla, presidente; Gilberto Aguilar Gaxiola, secretario; Mario Manuel Gutiérrez Orozco, María Guadalupe Castro Sánchez y Alvaro Vega Gaxiola vocales.»
La Presidenta:
Recibo y túrnese a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
FIDEICOMISO DE APOYO A DEUDORES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa para la creación de un fideicomiso.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Vengo en nombre y representación del Partido Acción Nacional a proponer la creación de un fideicomiso de apoyo a deudores, espero que este conflicto que hoy mismo se está suscitando hoy al frente de la Cámara, puede empezar a encontrar alternativas de solución en propuestas concretas y viables, como la que presentamos hoy a la consideración de todos ustedes, sabiendo de este grave problema que aqueja a la sociedad, pero es una propuesta que como todo acto humano es perfectible, por eso la ponemos a consideración de todos ustedes, de las autoridades y del pueblo de México, con objeto de que contribuyan con sus aportaciones a que se haga totalmente posible una propuesta global en relación con los deudores.
Pero sobre todo buscamos la decisión para llevar adelante las acciones que permitan cumplir nuestra responsabilidad con el pueblo de México.
«Iniciativa de decreto que crea el Fideicomiso de Apoyo a Deudores, S.A. (FAD).
Propuesta de un plan integral para la solución a la problemática de los deudores de la banca.
La ciencia de la política consiste en alcanzar la unidad en la diversidad, es una cita de Dante Alighieri.
Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados.-Presente.
Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 57, 58 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la LVI Legislatura que suscriben la presente, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional atentos al clamor y agobio de los ciudadanos mexicanos por la situación económica que padecen presentamos, a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que crea el Fideicomiso de Apoyo a Deudores (FAD), de conformidad al marco de referencia y exposición de motivos y de acuerdo a los apartados siguientes: fundamentos, justificación, apoyos en reciprocidad, objetivos, estructura, operatividad financiera, conformación jurídica y resultados previsibles.
Marco de referencia La gravedad de la crisis económica por la que atraviesan los ciudadanos, las familias y las unidades productivas, la descapitalización de la banca, la imposibilidad de cumplir con los montos de los adeudos, el sinnúmero de juicios que han generado remates y adjudicaciones que agravan el problema, el clima de intranquilidad social, las pérdidas de patrimonios y desaparición de fuentes de empleo, así como la necesidad de desarticular los potenciales "riesgos" de un conflicto social de proporciones incalculables, hacen urgente e indispensable la configuración de un "plan jurídico-financiero" que resuelva de manera definitiva el lamentable deterioro económico que ha sufrido el país y que procure en sí mismo una pronta recuperación de la planta productiva, la demanda, el empleo y el gasto privado.
Sensibles con esta histórica realidad y con objeto de participar en una "objetiva resolución", el Partido Acción Nacional, a través de los diputados que integran su grupo parlamentario en la LVI Legislatura, ha venido realizando diversas audiencias con miembros de distintas asociaciones de deudores y profundas consultas con investigadores universitarios y profesionales especialistas en la materia. La suma de estos esfuerzos, ha permitido conocer la magnitud de la problemática que vivimos los mexicanos y estructurar una firme y clara propuesta de solución: conceptualmente concreta, funcionalmente viable y jurídicamente posible.
Esta propuesta ha sido ya presentada a las instancias de autoridad competentes, como obsequio de instrumentación; que ahora consideramos conveniente, sea puesta al conocimiento del Congreso y del público en general, guardando estricta seriedad conceptual y apego a los principios de derecho, equidad, legalidad y generalidad.
Alejados de la subjetividad de cualquier interés y haciendo un llamado a la apertura, buena fe y a la libertad legislativa, proponemos la iniciativa de decreto que crea el Fideicomiso de Apoyo a Deudores (FAD).
Principios y objetivos del FAD: partimos del principio de que el problema de la cartera vencida y de la deuda bancaria, son corresponsabilidad de la banca, los deudores y el Gobierno; cuya solución debe de implicar, inequívocamente, en beneficio de México, la participación de todos sus actores responsables, dentro del respeto al marco legal prevaleciente y la implementación de medidas que conduzcan al incremento de la demanda interna y a la recuperación económica... porque sin respeto al derecho y sin recuperación económica, ninguna medida o plan de solución puede ser suficiente. El FAD se presenta como una solución que fortalece la confianza financiera y la tranquilidad social.
Los mecanismos que el FAD propone han de beneficiar de manera integral, tanto a la banca acreedora, como a los deudores cumplidos y morosos (sin dar ventaja a unos sobre otros, por razones de justicia) y favorecer al Estado mismo en la captación estable de ingresos tributarios.
Los beneficios de implementación del FAD, permitirán consolidar las bases y la estructura socio-económica de los individuos, las familias, las empresas, la sociedad y las instituciones mexicanas; detonando la riqueza humana, tesón y solidaridad que nos caracterizan. De manera que de esta crisis emerjamos como una nación más fortalecida en lo social, jurídico y económico.
El prerrequisito indispensable para alcanzar estos fines, radica en la apertura, la participación y la buena fe de las partes, ya que todas ellas tienen una problemática y un interés de bien común.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Problemática judicial de los deudores: la incapacidad de pago de los deudores de la banca, ha provocado que los bancos emprendan una serie de demandas, embargos y ejecuciones, que traen como consecuencia la pérdida del patrimonio personal, familiar y empresarial, que redundan en la transferencia de la titularidad de los bienes, en la insolvencia, el desempleo, la pauperización y la indigencia generalizada y por tanto en la nueva incapacidad de reestructuración financiera de los ciudadanos.
El saldo de las acciones judiciales ha generado un clima de incertidumbre, desaliento, desesperanza y miedo grave, que estimula por un lado, la asociación creciente de deudores que presentan un frente común y por otro, la informalidad de la economía, la inseguridad social y la Comisión de Delitos, cuyas consecuencias inerciales podrían ser propicias para un estallido social de magnitudes impredecibles.
Lo anterior ha desembocado en una creciente sicosis social, que estima desde su perspectiva como "injustas" la falta de responsabilidad solidaria de los bancos, las altas tasas de interés, la inequidad o violencia de algunos actos judiciales, la unilateralidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la pasividad gubernamental, así como la insuficiencia práctica del Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores y el serio problema que hoy enfrentan quienes han reestructurado sus adeudos en Udis.
Problemática judicial de los bancos: por su parte, las instituciones bancarias se han visto, tanto demandadas como contrademandadas por los usuarios del crédito, en razón de que el cobro de los adeudos adolece de los fundamentos de ley suficientes (estados de cuenta no desglosados, carencia de firma del contador general, fundamentación no explícita de los intereses, anatocismo etcétera).
El retraso en la recuperación oportuna de los créditos, ha provocado la insolvencia de los bancos, quienes se han visto obligados a recurrir a distintos instrumentos de recapitalización como el Fobaproa y el Procapte, así como a la compra gubernamental de cartera, fondeados en buena parte con recursos públicos, distrayéndose y perdiéndose para los ciudadanos los recursos que bien pudieron ser directamente destinados al rubro de "desarrollo".
Las consecuencias de esta modalidad de soporte han conllevado a los bancos, al depósito de sus obligaciones convertibles, comprometiéndose con el Gobierno a la copropiedad de los mismos, al desequilibrio financiero interno y a la imposibilidad de refinanciar la demanda crediticia. En adición a una vuelta "fáctica" al estado de gubernamentalización de la banca.
En oposición judicial, el creciente número de juicios dictaminados en contra de los bancos, ha llevado consigo a la conformación de miles de demandas y contrademandas de "machote", que paralizan las acciones de defensa jurídica de los bancos.
Problemática de los tribunales competentes: resultado de la impresionante acumulación de controversias judiciales, que diariamente acceden a los tribunales competentes, existe un rezago inmenso en la atención y resolución de los casos particulares.
El dictado de acuerdos, desahogo de diligencias, celebración de audiencias, resolución de sentencias y demás autos judiciales, no sólo conducen a una enorme carga de trabajo y "empantanamiento", sino además corren el riesgo de generar un sinnúmero de apelaciones y final jurisprudencia, que pongan en entredicho el actual marco general del derecho y la resolución en "cascada" de los asuntos, en detrimento tanto de los particulares como de los bancos.
Necesidad de ampliar la tregua judicial: en vista de la problemática jurídica que la presente situación económica ha traído consigo, resulta necesario, en beneficio de los deudores y en favor de los mismos bancos, reiterar la suspensión temporal de los conflictos judiciales acerca de la cual la Cámara de Diputados ha manifestado punto de acuerdo; otorgando así, certeza y seguridad jurídica al deudor, lo que provocará paz y orden para el buen desenvolvimiento de las actividades particulares; mientras tanto, las personas físicas y morales vean reflejados en sus deudas, los beneficios de los mecanismos de apoyo aquí propuestos, necesarios para la resolución de la cartera vencida y la recuperación del dinamismo de las economías ciudadanas que finalmente componen la economía nacional.
Sería un error histórico, considerar a priori, que el sólo discurrir del tiempo o la acción "gélica" de las leyes de mercado, podrán, por sí mismas, permitir el pago de los adeudos ciudadanos y empresariales, dentro de un ambiente de insolvencia y descapitalización generaliza, que "hoy por hoy" y sin comparación histórica algunas y salvo excepciones en empresas exportadoras), sumen a millones de mexicanos y a un porcentaje enorme de unidades productivas (lo mismo a muchos bancos) en una "quiebra técnica", que puede degenerar, en breve, en una "quiebra real", es decir, en la cultura y estado generalizado de "no pago", por simple imposibilidad de efectuarlos, en detrimento del equilibrio de las delicadas relaciones de mercado (producción, distribución y consumo).
La determinación de ampliar la "tregua judicial" ha de permitir a los deudores, evitar las acciones judiciales en su contra, manifestar su intención de pago, llegar a convenios de reestructuración y preservar su patrimonio. Dicha tregua ha alcanzar a todos los deudores, incluyendo a los de montos mayores, sin discriminación, a efecto de conformarse constitucionalmente como una oportunidad general de derecho, que otorgue seguridad y certeza jurídica a la nación entendida como unidad.
Por lo anteriormente expuesto, es indispensable contar con un instrumento que jurídica y económicamente permita resolver el grave problema por el que atraviesan un gran número de particulares y empresas, además de propiciar el saneamiento del sistema financiero. Proponemos que este instrumento sea:
Fideicomiso de apoyo a deudores
1. Fundamentos
Existen diversos precedentes jurídicos para enmarcar la posibilidad de establecer un fideicomiso de apoyo a deudores. Baste señalar que esta figura jurídica está prevista desde 1924 mediante la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, derivada del derecho romano y del trust anglosajón; que permiten en México, tanto el cumplimiento de encomiendas como la emisión de bonos de "puenteo financiero".
En adición al Código Civil y para determinar su materia, reconocen ampliamente esta institución, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, la legislación bancaria general y reglamentaria y la jurisprudencia acumulada.
Mediante el fideicomiso es posible establecer negocios legales y fiduciarios, por los que la parte "fideicomitente" constituida en este caso por los bancos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecen la voluntad de constituir garantías, ventas, compras, hipotecas, pensiones, contratos de capitalización y crédito, administración y remates a cargo de un fiduciario.
El "fiduciario", que para este efecto será el Banco de México, se constituye en la persona física o moral a quien se encomienda la realización del fin establecido en el acto constitutivo, asumiendo con derechos reales, el carácter patrimonial titular de los bienes o derechos encomendados.
Para efectos de constitución del fideicomiso, basta el acuerdo entre fideicomitente y fiduciario, conforme al artículo 347 y relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se designará como beneficiarios del mismo a los "deudores", asumiendo el carácter de "fideicomisario"; que eventualmente podrían estar representados por el honorable Congreso de la Unión, a través de quienes para este efecto se designe, en su personalidad de representación ciudadana
El "comité técnico" que se configure, será el encargado de velar por el cumplimiento de los objetos del fideicomiso.
Los fideicomisos, por razón de uso y costumbre entre instituciones financieras, empresas y público en general, conforman una tradición jurídica bien consolidada. Su implementación privada y pública, goza de una recia experiencia y marco legal, a cuyo resguardo se ha acudido para la resolución de problemáticas y destinos diversos. Bajo su amparo, se han implementado reiteradas encomiendas y rescates económicos de probada solvencia, siendo por virtud de su objeto limitado y su transitoriedad estatutaria, mecanismos seguros de cumplimiento.
Es fundamental hacer notar, que establecer un fideicomiso que brinde apoyo directo a los deudores, permitiría completar un proceso de saneamiento que integre a todas las partes que configuran el sistema financiero y, por tanto, reducir los enormes "riesgos" de favorecer sólo a una parte de los actores; es decir, el FAD permitiría integrar un universo de soluciones que el Procapte, el Fobaproa, el Ade y las Udis no han logrado culminar.
De manera atinada, pero incompleta, a través de los programas de saneamiento representados por el Procapte y el Fobaproa, el Gobierno justamente movido por el interés público, ha asumido la calidad de corresponsable en los créditos emitidos por la banca, mediante un proceso directo de apuntalamiento y recapitalización bancaria, que ha permitido a los usuarios el beneficio de la certeza y disponibilidad de sus fondos. Sin embargo, sus beneficios han sido tan sólo indirectos, pues la inyección de recursos al sistema bancario no ha logrado favorecer a los deudores, estimular la regularización en el pago de sus créditos vencidos ni reducir las altas tasas de interés.
A pesar de la esperanza gubernamental con que fue establecido el programa de Apoyo Inmediato a Deudores (Ade) y del inicial entusiasmo de los mismos por reestructurar el pago de sus créditos, que a la fecha se estima alcanzan 1 millón 700 mil convenios, la realidad muestra su insuficiencia, pues los pagos están pasando de muy difíciles a imposibles.
Por un lado, el riesgo de incumplimiento en las obligaciones bancarias respecto al Procapte y al Fobaproa, provocarán que nuevamente el Gobierno se asuma como nuevo dueño de los bancos y por otro, el riesgo de incumplimiento en los deudores, aun con el Ade, provocará no sólo el incumplimiento de pago y la amenaza de quiebra bancaria, sino una final y profunda descapitalización gubernamental, de efectos incalculables.
Contracción de la producción, del empleo y la demanda, incapacidad de cumplimiento en la red de pagos, altas tasas de interés e intermediación y sus implicaciones sicosociales, configuran las razones "económicas", para proponer un plan de Apoyo a Deudores, que comprenda la resolución de la cartera vencida y la reactivación general de la economía de manera que el FAD se constituya, como una alternativa complementaria al Procapte, al Fobaproa y al Ade, en un instrumento "público" de beneficio:
a) Para el Gobierno, al posibilitársele el retorno de los recursos inyectados a la banca:
b) Para los bancos recurrentes y no recurrentes al facilitárseles el cobro a los usuarios de los créditos vencidos y la emisión de nuevos:
c) Para los deudores, cumplidos y morosos, al permitirseles el pago de sus adeudos en condiciones de viabilidad y
d) A la economía en su conjunto mediante la reactivación de la demanda.
Es axioma económico irrefutable el reconocer que "el valor real de una deuda sólo puede ser estimado en la capacidad real de pago", la esperanza bancaria en ser acreedor de una deuda acrecentada por intereses ad infinitum, es inútil. En un escenario de libre economía, resulta falsa la consideración de que el valor "nominal" de los bienes y las obligaciones han de prevalecer sobre su valor "real".
Es también una afirmación y principio de la "economía real de mercado", la aceptación de que el valor nominal de los bienes y de las obligaciones se ajusta por sí mismo a la capacidad de demanda y pago. En el ámbito internacional es práctica ordinaria la aplicación de descuentos a los créditos nominales, a efecto de que las deudas adquieran su valor real y sean efectivamente pagadas; por ejemplo, a través de ajustes mediante swaps.
En el ámbito interno, las operaciones con divisas o acciones, el cobro de títulos de crédito o el dinero en circulación, cuando pretenden ser efectivos instrumentos de pago, adquieren su valor real por virtud de su misma posibilidad de realización. No es, pues, un sofisma, ni una práctica heterodoxa o injusta, que los gobiernos ajusten el sistema nominal de pagos a las condiciones reales del mercado, mucho menos cuando de ello depende la tranquilidad social y las posibilidades de reactivación económicas.
Este fideicomiso se propone como una medida de salvamento al sistema de pagos. Está concebido como un "plan de garantías" mediante el intercambio de documentos; que no implican erogaciones inmediatas ni transferencias de fondos líquidos, ni restricciones al gasto público. Su viabilidad y legitimidad estarían dadas, por ofrecer una solución real, a un costo inferior, al de otros planes de rescate.
2. Justificación
Entre 1988 y 1994, al denominado Fondo de Contingencia, ingresaron por concepto de privatización de empresas públicas 23.7 mil millones de dólares (OCDE Economic Surveys, página 79, México 1995), que fueron destinados a amortizar deuda pública externa e interna. De manera que es posible justificar, que los bienes públicos pueden tener dos destinos: desarrollo y/o saneamiento y que toda vez que este fideicomiso cumple con ambas funciones al mismo tiempo, resulta viable que en 1996, se proceda a utilizar los recursos de las privatizaciones pendientes para amortizar deuda privada interna, tomando en cuenta que jurídicamente las empresas públicas son propiedad de la nación.
Es necesario considerar que una gran proporción de los impuestos recaudados por el Gobierno, han servido para rescatar a los bancos, mediante el Procapte y el Fobaproa, sin aportar un beneficio directo a los deudores, realizando éstos un doble pago, vía pago de intereses a bancos y vía recursos fiscales al Gobierno.
3. Apoyo en reciprocidad
En apoyo al sistema bancario, el Gobierno Federal ha constituido, para salvaguardar el interés público, el Procapte y el Fobaproa, que han permitido a las instituciones financieras hacer frente a los casos de fraude (Banca Unión y Cremi) y a la compra de cartera (Mercantil-Probursa, Serfin, Promex, Atlántico, Bancrecer, Banoro, Bital, Banamex, Mexicano, Obrero, Banorte), representando una inversión pública de alrededor de 80 mil millones de pesos a febrero de 1996.
Dado que la naturaleza del problema actual, consiste en la falta generalizada de liquidez, carencia de créditos disponibles, supresión del circulante (1995) inflación acumulada, devaluación de la moneda ante las divisas internacionales, incremento de la deuda externa pública y privada, así como el consecuente incremento en las tasas de interés; el saldo arroja un "círculo vicioso" que sume al país en una recesión y estado de emergencia económicas.
El Procapte y el Fobaproa, como fondos de recapitalización y apoyo a la banca, han participado de manera parcial en la resolución, por lo que resulta recíproca y "fundamental" la recomendación explícita de constituir un Fideicomiso de Apoyo a Deudores (FAD), que salvaguarde en reciprocidad el interés público.
4. Objetivos del fideicomiso
El objeto general de este fideicomiso consiste en preservar la economía de los particulares de los embates que ha traído consigo el estado recesivo de la economía, motivando la reactivación económica general, mediante una "quita de capital e intereses" en el estado de cuenta de los deudores, de forma tal, que no resulten afectados los activos de la banca.
El Fideicomiso de Apoyo a Deudores (FAD) se propone como un plan de carácter general, universal, no discrecional ni discriminatorio, de manera que los objetivos específicos del fideicomiso son:
4.1 Mejorar el estado de los activos de la banca, saneando su posición de mercado y su capacidad de negociación con la banca extranjera.
4.2 Liberar recursos de todos los deudores, con el fin de aumentar inmediatamente la demanda interna.
4.3 Ofrecer al Ejecutivo Federal un instrumento de política económica que permita la reactivación de la economía, usando los recursos que son propiedad de la nación (paraestatales).
4.4 Contribuir al alivio inmediato de la cartera vencida, sin perjuicio de la banca ni de los deudores.
4.5 Finalizar el estado de emergencia y la eventual quiebra ciudadana, bancaria y estatal.
6. Operatividad financiera
6.1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los bancos constituyen el Fideicomiso de Apoyo a Deudores, cuyos activos sean equivalentes al 30% de la cartera total de la banca comercial y de desarrollo.
6.2 Las fuentes de este capital se generan mediante el siguiente mecanismo:
a) 70% de bonos emitidos por el Gobierno Federal, respaldados por el valor actual de los activos de las paraestatales, cuya venta está prevista (ferronales, petroquímica secundaria y aeropuestos y servicios auxiliares) o cualesquier otros activos gubernamentales que se pudieran ofrecer en garantía.
b) 30% de bonos emitidos por los bancos en proporción a su respectiva cartera respaldados por sus correspondientes reservas legales y/o otros activos que garanticen este importe.
c) Los bonos tendrán un rendimiento equivalente al de otros bonos gubernamentales.
6.3 Respaldados en los bonos gubernamentales y bancarios citados, el Fideicomiso de Apoyo a Deudores emite, a su vez, los bonos FAD, pagaderos a sus tenedores en 20 años, que generarán también un interés equivalente al de los bonos gubernamentales y bancarios.
6.4 La implementación inmediata, puede instrumentarse mediante el cruce de cartas-compromiso entre fideicomitentes y fiduciaria, en tanto que dentro de un término prudencial se puedan realizar las operaciones de venta de paraestatales y la emisión, depósito y colocación de los bonos correspondientes.
6.5 El Fideicomiso de Apoyo a Deudores realza, en un solo día, un trueque de documentos con la banca comercial y de desarrollo, comprando el 30% de la cartera crediticia total, entregando bonos del FAD, por el importe correspondiente.
6.6 En favor de los deudores (morosos y cumplidos) y para el cumplimiento de su encomienda, el Fideicomiso de Apoyo a Deudores condona el 30% del total de las deudas privadas.
6.7 A partir de esta "quita", los deudores liberan recursos para reactivar la demanda interna, equivalente al 30% de la deuda original ($738 mil millones de pesos), es decir, $221 mil 400 millones de pesos.
6.8 Los bancos se liberan de su cartera vencida, habilitándoseles para colocar en el mercado secundario los bonos FAD, los cuales están debidamente garantizados de acuerdo a lo descrito en el inciso numero dos de este apartado, con lo que quedan en aptitud de reactivar el otorgamiento de créditos, además de que estarán en capacidad de recomprar el Gobierno las obligaciones convertibles que obran en su poder y que fueron otorgadas como garantías por los fondos recibidos a través del Procapte y el Fobaproa, disminuyendo así la participación pública y recuperando la participación bancaria privada.
6.9 Los bonos FAD pagarán a sus tenedores (bancos, personas morales o físicas, nacionales o extranjeros) un interés análogo al obtenido por el cobro de los intereses de los bonos entregados por los fideicomitentes.
El siguiente diagrama de flujo, en 20 años, representan los movimientos de esta operación:
La operación en síntesis consiste en tres pasos:
a) Un trueque de bonos y cartera (trueque de papeles no de flujo).
b) Una liberación inmediata de ingresos para consumo e inversión.
c) Paga de bonos que producen un flujo en 20 años.
7. Conformación Jurídica
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los mismos bancos, en su carácter de fideicomitentes, manifiestan su voluntad de constituir un fideicomiso con la exposición de motivos, objetos generales y específicos anteriores descritos, solicitando al Banco de México, fungir como fiduciario, mediante el esquema de operatividad financiera descrito; mientras los deudores o terceros interesados, representados por el honorable Congreso de la Unión, asumen su carácter de fideicomisarios. Dicha constitución se realiza por la voluntad de las partes de conformidad con el decreto que reúna las formalidades de ley.
La fiduciaria establece como condición de la encomienda: la determinación de una tregua judicial y la quita del 30% del total de los adeudos, a favor de todos lo deudores cumplidos y morosos. En todos los casos, se conservan las "obligaciones" y "excepciones", que expresan los contratos y convenios ya celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes. Los efectos que eventualmente genere la aplicación del fideicomiso, no interferirán bajo ningún aspecto en el libre mercado.
7.1 De la tregua judicial: la tregua judicial que unilateralmente los bancos otorgaron a sus deudores mediante el acuerdo de Apoyo Inmediatamente a Deudores, se prolonga hasta el día último del mes de octubre de 1996, con objeto de que los acreditados y deudores, restablezcan el pago de sus adeudos, dentro de un clima de confianza y certeza jurídica. Transcurrido este término, se restituyen las acciones y autos judiciales que correspondan.
7.2 De la quita: la condonoción del pago del 30% del total de los adeudos que establece la fiduciaria a favor de los beneficiarios, se comunica a la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación y se expresa particularmente a los acreditados en el estado de cuenta correspondiente, describiendo de manera individualizada las nuevas condiciones que reporta.
Se solicita a los acreditados que manifiesten su conformidad con los montos expresados en su estado de cuenta; determinándose una fecha límite, tras la que se considerará como "tácita" su conformidad.
D
Esta conformidad, expresa o tácita, de parte de los acreditados, tendrá para efectos financieros y jurídicos, el carácter de "reconocimiento de adeudos".
7.3 De las Udis: la aplicación de Unidades de Inversión, que bancos y clientes han signado como modo de pago de adeudos, a través de contratos específicos de largo plazo, no se ve afectada en ningún sentido. Si bien, gozarán igualmente del beneficio de la condonación que establece el fideicomiso.
7.4 Del Ade: los acuerdos asignados entre clientes y bancos, como consecuencia del plan de Acuerdo Inmediato de Apoyo a Deudores, no se verán afectados en ningún sentido, fuera del beneficio de la condonación que establece el fideicomiso; es decir, los beneficiarios gozarán de la condonación, pero conservarán las condonaciones y tasas pactadas.
7.5 De los contratos y convenios: se conserva incólume la naturaleza civil y el interés privado, que consagran los contratos y convenios celebrados entre los bancos y sus clientes, independientemente del tipo de crédito que amparen (tarjeta de crédito, rehabilitación y avío, hipotecario, personal, quirografario etcétera). Prevaleciendo para todos los casos, las condiciones libremente pactadas o las que en el futuro acuerden las partes entre sí, sin más limitantes que aquellas que las leyes establecen.
7.6 Acciones y excepciones: vencido el plazo de tregua judicial que los bancos conceden a sus deudores, se preserva para las partes, con todas sus consecuencias y sin limitación alguna, el ejercicio de los derechos, acciones y excepciones judiciales, a que haya lugar.
7.7 Del libre mercado: la aplicación del Fideicomiso de Apoyo a Deudores no afecta, en ningún momento o circunstancia, la libertad del mercado. Se conservará la libre concurrencia y fluctuación de los factores componentes de las finanzas, públicas y privadas. De manera tal, que el "mercado libre" determine los movimientos y efectos macroeconómicos, así como las decisiones particulares de microeconomía.
7.8 De la temporalidad: la duración del fideicomiso será de 20 años y no podrá excederse en el ejercicio de sus funciones, mientras los mecanismos de operatividad que se les asignen estarán debidamente definidos en estatutos.
8. Resultados previsible:
a) La implementación del Fideicomiso de Apoyo a Deudores es plenamente posible dentro de los marcos jurídicos vigentes.
b) Se trata de un plan económicamente viable, basado en un trueque de documentos.
c) El trueque de bonos es inmediato. El pago de los bonos es a 20 años. El efecto en la demanda interna es inmediato.
d) Los beneficios abarcan equitativamente a deudores cumplidos y morosos, al condonárseles el 30% de la deuda, mejorando su situación patrimonial y pudiendo destinar una mayor parte de su ingreso disponible al pago de lo debido, al consumo y al ahorro.
e) Las empresas podrán aumentar su margen de utilidad y destinar mayor parte de su ingreso a la inversión y reinversión al liberar fondos destinados a gastos financieros. Se reducirá la capacidad ociosa de las empresas, lo que a su vez permitirá la recontratación de personal.
f) Se logra la reactivación económica general a través del efecto multiplicador de la demanda interna.
g) Los beneficios sociales por el aumento de la demanda de empleo y la consecuente reactivación salarial inciden en mayor bienestar para las familias.
h) Las instituciones financieras se liberan de su cartera vencida, reactivan el otorgamiento de crédito y se fortalecen con el ahorro interno, además de verse en la posibilidad de recuperar las obligaciones cambiarias adquiridas por el Gobierno a través de los apoyos brindados mediante el Procapte y el Fobaproa.
i) El Gobierno logra ampliar su base de captación fiscal, evitando los altos costos del Fobrapoa y Procapte, que representó el 3.64% del PIB en 1995 y que se estima podría alcanzar hasta el 12% del PIB en 1996.
j) El costo de amortización, de los bonos y sus intereses, diferido a 20 años resulta "significativamente" bajo en relación al PIB, estimado en 0.7% (cero punto siete por ciento), promedio anual.
k) El rescate financiero que Procapte y Fobrapoa han realizado hacia los bancos que han visto incrementada su cartera vencida, logra beneficiar mediante el FAD, tanto a los bancos recurrentes como a los bancos no recurrentes.
l). Habrá efectos secundarios en los mercados financieros como son:
Baja en la tasa de interés.
Estabilización del tipo de cambio.
Mayor inversión nacional y extranjera en el mercado bursátil.
Reducción en los índices de la inflación.
m) Los gobiernos Federal, estatal y municipal aumentarán su recaudación fiscal a través de la recuperación económica general.
n) El plan integral del Fideicomiso de Apoyo a Deudores, beneficia al Gobierno, los bancos, los deudores y la población en general, restituyendo a México las posibilidades de reactivación económica inmediata, por vía de la inversión y el gasto privado y público, siendo un detonador de la confianza social, económica y política.
En virtud de lo anterior y con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de
INICIATIVA DE DECRETO QUE CREA EL FIDEICOMISO DE APOYO A DEUDORES
Artículo 1o. Se constituye el Fideicomiso de Apoyo a Deudores, con objeto de otorgar a los deudores de la banca, una condonación de intereses y capital, equivalentes al 30% del total de la cartera bancaria vigente.
Artículo 2o. El fideicomiso estará conformado por las partes siguientes:
I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los bancos que integran el sistema financiero mexicano en calidad de fideicomitentes.
II. El Banco de México, de conformidad con las facultades que le confiere su respectiva Ley Orgánica, asumirá la calidad de fiduciario.
III. Los deudores de la banca, representandos por el honorable Congreso de la Unión, adquirirán en el carácter de fideicomisario.
Artículo 3o. El comité técnico encargado de la vigilancia de la administración del fideicomiso, quedará integrado de conformidad con lo previsto en las disposiciones relativas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo 4o. El patrimonio del fideicomiso estará constituido por bonos de garantía emitidos por los fideicomitentes en la forma siguiente:
I. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará una emisión de bonos a favor del fideicomiso, respaldos en el valor de los activos de las paraestatales que designe o en cualesquier otro activo, por un valor equivalente al 70% del patrimonio de la fiduciaria.
II. Los bancos realizarán una emisión proporcional de bonos, sustentados en las reservas legales u otros activos que designen, por un valor equivalente al 30% del patrimonio de la fiduciaria.
Estos bonos se ofrecen como garantía suficiente para cubrir el 30% de la cartera total del sistema bancario, con un plazo de vencimiento de 20 años.
Artículo 5o. El fideicomiso con el respaldo de los bonos recibidos de la fideicomitente, emitirá los bonos denominados con las siglas FAD, con objeto de entregarlos proporcionalmente a los bancos acreedores, a cambio del 30% de la cartera total en posesión de cada uno de ellos.
Artículo 6o. Los bonos FAD podrán ser colocados por los bancos en el mercado financiero nacional e internacional.
Artículo 7o. Los bonos emitidos por los fideicomitentes así como por el fideicomiso, pagarán un interés que será determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con las políticas y condiciones que correspondan en su momento, a este tipo de instrumentos, guardando un término de vencimiento a 20 años.
Artículo 8o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en acuerdo con los bancos que conforman el sistema financiero mexicano, con el propósito de preservar un ambiente de confianza y certeza jurídica, establecerá una tregua judicial en favor de los deudores bancarios, prorrogable hasta el día último del mes de octubre de 1996.
Artículo 9o. El fideicomiso, una vez entregados los bonos FAD a los bancos, hace efectiva, de acuerdo con su objeto, a favor de los deudores cumplidos y morosos, una quita por el equivalente al 30% de sus deudas, comunicándolo a los bancos, para que se realice la notificación individualizada de esta condonación en los estados de cuenta de cada uno de los deudores bancarios.
Artículo 10. Los beneficios de este fideicomiso, sin distinción alguna, cubren la quita de todo tipo de créditos atorgados por instituciones bancarias, incluidos los que actualmente se encuentran en diversos esquemas de reestructuración.
Artículo 11. Realizada la condonación objeto de este decreto, se conservarán en sus términos la naturaleza de los contratos y convenios celebrados entre los bancos y sus deudores, prevaleciendo para todos los casos las condiciones libremente pactadas o las que en el futuro acuerden las partes entre sí.
Artículo 12. Vencido el plazo de la tregua judicial se preserva para las partes, con todas sus consecuencias y sin limitación alguna, el ejercicio de los derechos, acciones y excepciones a que haya lugar.
Artículo 13. El presente decreto tendrá una vigencia de 20 años, aplicable en todas las entidades que conforman los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en este decreto y en todas y cada una de las leyes vigentes en la matería.
TRANSITORIO
Primero: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.-México, D.F., a 25 de abril de 1996.- Rúbricas.»
ANEXOS:
1. Casos prácticos
2. El "hoyo macro".
3. Desplome de la demanda interna.
4. Cartera vencida del sistema bancario.
Casos prácticos.
Caso práctico 1 (deudor moroso):
Capital + intereses normales capitalizados = deuda; 100 + 90 = 190
190-57 (30% condonados por el fideicomiso) = 133
Al ser condonados a los deudores el 30% de su adeudo y al estar pagando ellos una tasa de interés promedio del 54.36% por el servicio de la deuda, este dinero será reorientado y en lugar de ser pagado al banco por concepto de gasto financiero, será destinado al gasto privado o reinversión; lo anterior descrito, para el caso aquí presentado, quiere decir que, inmediatamente al ser puesto en operación el FAD, de $190.00 que era la deuda, ahora con el descuento del 30% ($57.00), reorientará el pago de intereses (54.36%) por esta cantidad, es decir $30.98, que serán destinados al gasto privado para la reactivación de la demanda interna.
Caso práctico 2 (deudor cumplido):
Capital + Deudor cumplido = deuda;
100 100:
100-30 (30% condonado por el fideicomiso) = 70
Al ser condonados a los deudores el 30% de su adeudo y al estar pagando ellos una tasa de interés promedio del 54.36% por el servicio de la deuda, este dinero será reorientado y en lugar de ser pagado al banco por concepto de gasto financiero, será destinado al gasto privado o reinversión; lo anterior descrito, para el caso aquí presentado, quiere decir que, inmediatamente al ser puesto en operación el FAD, de $100.00 que era la deuda, ahora con el descuento del 30% ($30.00), reorientará el pago de intereses (54.36%) por esta cantidad, es decir $16.36, que serán destinados al gasto privado para la reactivación de la demanda interna.
(La tasa activa promedio anual de acuerdo a datos del Banco de México, del 15 de marzo de 1996, se ubicó en 54.36%.)
Dejo a la Secretaría esta iniciativa para que se turne como corresponda, agradezco a todos ustedes su atención a la presentación de esta iniciativa y estamos dispuestos a que se enriquezca y podamos llevar adelante ya un programa de tipo general, no discrecional y no discriminatorio, que nos permita una salida viable a esta grave crisis que estamos padeciendo.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DE AGUAS NACIONALES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Jorge Hernández Domínguez:
Señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Presento a su consideración la iniciativa que adiciona un artículo a la Ley de Aguas Nacionales.
Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la comisión correspondiente, la siguiente iniciativa de ley que adiciona un artículo a la Ley de Aguas Nacionales, a fin de evitar los conflictos de intereses entre las comunidades rurales y los centros urbanos tomando en cuenta la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.
Además de reconocer que la nación mexicana tiene una composición pluricultural y pluriétnica, nuestra ley fundamental determina la protección y la promoción del desarrollo de, entre otros, los usos, costumbres y recursos de los pueblos indígenas (4o.); la regulación del aprovechamiento de aguas de uso común y provisión de las acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores de ejidos y comunidades (27-VIII, 3) y asigna al Estado la función de promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional (27-XX).
El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales define el criterio de desarrollo integral sustentable como el manejo de los recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presente y futuras.
Es evidente que este marco jurídico es contravenido en la práctica por la construcción de obras hidráulicas que constituyen actos depredatorios sobre los recursos hidráulicos existentes en ejidos y comunidades agrarias.
En efecto, las grandes concentraciones urbanas requieren cada vez de mayores recursos para su existencia. Pero la vida de las ciudades no tiene por qué significar la muerte del campesino.
A manera de ejemplo revisemos a vuelo de pájaro lo que ha sucedido con el abastecimiento de agua para la Ciudad de México y su zona conurbada. Antes de la Colonia, Tenochtitlan se asentó en un valle lacustre. Netzahualcóyotl construyó un dique de 12 kilómetros de longitud con el que se separaron las aguas salubres del lago de Texcoco de las aguas dulces de los lagos de Chalco y México. Durante la Colonia se construyó la primera gran obra de drenaje de la cuenca de México, a través del tajo de Nochistongo.
Posteriormente se construyeron el gran canal de desagüe y los túneles de Tequisquiac, inaugurados en el año de 1900. Con estas obras se empezó a alterar la ecología del valle de México, provocando entre otras consecuencias el hundimiento de la ciudad. La perforación de pozos profundos y la construcción del drenaje profundo agravó el desequilibrio hidrológico del valle, provocando más hundimiento de la mayor parte del área urbana.
Para evitar el hundimiento de la Ciudad de México se decidió limitar la extracción de agua de los pozos profundos del Valle de México y traer el agua primero de las fuentes del Río Lerma en el valle de Toluca y posteriormente del llamado alto río Cutzamala.
Las consecuencias de esta depredación están a la vista. El valle de Toluca, antes un valle lacustre, ahora tiene que recibir agua del sistema Cutzamala o extraerla de pozos de 200 metros de profundidad. En absurdo contrasentido, la ciudad de Toluca se inunda con las lluvias, pues no existen las obras hidráulicas pertinentes para el control de las lluvias torrenciales y la superficie impermeable, por pavimentación o construcción de la estructura urbana, es cada vez mayor.
En el sistema Cutzamala se extraen 19 metros cúbicos por segundo y próximamente serán 24, al incorporarse cinco metros cúbicos por segundo del proyecto Río Temascaltepec. Este enorme caudal hay que elevarlo más de 1 mil metros y conducirlo 120 kilómetros para llegar al valle de México Resulta ilógico que, mientras se implementa un horario de verano para el ahorro de electricidad, se pare el sistema Miguel Alemán, primer gran sistema hidroeléctrico de la CFE, se liquiden 2 mil 600 trabajadores electricistas con un fuerte impacto depresivo en la economía regional, a más del enorme consumo de energía de las plantas de bombeo.
Todo esto mientras en el valle de México existe un desperdicio de aproximadamente 18 metros cúbicos por segundo.
No es ocioso plantear la falta de estudios sobre impacto ambiental a nivel macro. Como referencia baste decir que del total de 410 mil millones de metros cúbicos de escurrimientos superficiales que se registran al año a nivel nacional, 120 mil millones de metros cúbicos (29%) corresponden a la vertiente del Pacifico, en tanto 287 mil millones de metros cúbicos (69%) corresponden a la vertiente del golfo de México.
Para abastecer al valle de México se está transfiriendo agua de las cuencas de los ríos Lerma y Balsas, de la vertiente del Pacífico, a la cuenca del río Pánuco de la vertiente del golfo de México, es decir, de la vertiente más pobre se transfieren recursos hidráulicos a la vertiente más rica.
En el caso que nos ocupa no se trata de falta del recurso sino de un mal aprovechamiento de él. En efecto, se puede estimar la precipitación pluvial anual de la cuenca del río Lerma correspondiente al Estado de México en 5 mil millones de metros cúbicos. Cantidad suficiente para el reabastecimiento de los acuíferos y disponibilidad de agua superficial de unos 1 mil 500 millones de metros cúbicos. Pero se carece de las obras hidráulicas pertinentes y jamás se han tomado en consideración los efectos que estas acciones depredatorias tienen en los poseedores originarios del recurso.
En tanto la precipitación pluvial en el valle de México puede estimarse en 6 mil millones de metros cúbicos; lo que debiera bastar para el reabastecimiento de los acuíferos y tener una disponibilidad de al menos 100 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, las grandes obras hidráulicas en el valle de México se concretan en dos objetivos: uno, captar agua del acuífero del valle y traerla de los ríos Lerma y Cutzamala y, otro, eliminar las aguas usadas a través del drenaje profundo principalmente. Todo esto con un enorme costo de construcción y de operación. Pero, salvo el proyecto Texcoco, no se han hecho obras para el aprovechamiento del agua de lluvia que tengan como objetivo la restauración ecológica del valle de México.
Dentro de la política hidráulica del Gobierno mexicano se decidió la concurrencia de los particulares en diversos proyectos que van desde la transferencia de los distritos de riego a los usuarios, hasta la operación y desarrollo de sistemas de agua potable. Esto implica que el usuario debe pagar el costo real del agua suministrada. Desgraciadamente, dentro de los costos no se incluye el costo del agua en su origen que asegure su aprovechamiento sustentable por los centros urbanos y al mismo tiempo, el desarrollo rural integral al que por disposición constitucional tienen derecho los habitantes de las áreas rurales.
La adición que se propone a la Ley de Aguas Nacionales, dará la base jurídica que permitirá llevar a la práctica los derechos constitucionales para el desarrollo rural sustentable, contribuirá a elevar el nivel de vida de la población rural poseedora originaria de los recursos hidráulicos objeto de transferencia a los centros urbanos.
Asimismo se asegurará el cuidado de las fuentes de captación hidráulica, la restauración del equilibrio ecológico e hidrológico y se logrará el óptimo funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua durante un largo plazo.
Bajo este criterio de beneficio común se evitarían los conflictos de intereses entre las comunidades rurales y los centros urbanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 44A, A LA LEY DE AGUAS NACIONALES
Artículo único. Se adiciona el artículo 44-A a la Ley de Aguas Nacionales, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 44-A. Para otorgar la asignación de aguas nacionales a los ayuntamientos, a las entidades federativas o a los concesionarios particulares, éstos deberán garantizar a la comisión la construcción de las obras hidráulicas pertinentes para asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se deberán presentar a la misma los estudios de factibilidad respectivos.
En caso de que la utilización de las aguas asignadas implique transferencia de cuenca, las obras hidráulicas asegurarán el uso actual del agua en la cuenca de origen y, con el criterio de sustentabilidad, los excedentes suficientes y útiles para los organismos operadores beneficiarios.
Cuando en la asignación de aguas nacionales "la comisión" disponga del recurso existente en zonas indígenas, comunidades agrarias o ejidos, que tradicionalmente han usado dicho recurso, además de la construcción de las obras hidráulicas a las que se refieren los párrafos anteriores, los organismos operadores beneficiarios aportarán al fideicomiso que se organice conforme al reglamento de esta ley, un pago equivalente a no menos del 10% del costo promedio que tenga el metro cúbico de agua en el sitio de entrega al usuario. Los fondos así generados se manejarán en forma equitativa, en los términos que establezca el reglamento, por asociaciones rurales debidamente organizadas, cuyo objetivo será el desarrollo rural integral sustentable de la cuenca correspondiente.
Las obligaciones de los organismos y entidades a que se refiere el presente artículo, subsistirán en tanto continúe el aprovechamiento de las aguas nacionales. El incumplimiento de dichas obligaciones se sancionará con la cancelación de la asignación, independientemente de la responsabilidad legal que pudiera corresponderles.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Segundo. Los organismos y entidades que administren obras hidráulicas en operación, deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 44-A, a partir de la publicación del presente decreto, dándose un plazo de 90 días para empezar a cubrir el pago correspondiente y un año para la construcción de las obras hidráulicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 1996.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional los diputados: Jorge Hernández Domínguez, Salvador Becerra Rodríguez, Apolonio Méndez Meneses, Ramón Cárdenas Gudiño, Eduardo Cárdenas Lebrija, Martín Hernández Balderas y Fernando Rivadeneira y Rivas.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Asuntos Hidráulicos.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Florencio Catalán Valdés:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a esta Cámara de Diputados por la colegisladora.
Estas comisiones, con fundamento en los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estudió y analizó la minuta de referencia con base en los siguientes
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 19 de marzo de 1996, el pleno de la Cámara de Senadores conoció dos iniciativas con proyectos de decreto por los que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Presidente de la República y legisladores federales.
2o. A efecto de estudiar y analizar con detalle las iniciativas en comento, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Sección Primera, del Distrito Federal, de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores, celebraron reunión en conferencia el día 25 de marzo de 1996.
3o. En la sesión del día 1o. de abril del año en curso, la colegisladora aprobó el decreto por el que se reforman los artículos constitucionales en cita, contenido en el dictamen de las comisiones unidas.
4o. Con fecha 2 de abril del actual, la Cámara de Diputados conoció la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5o. De conformidad con el ordenamiento interno, la Presidencia de la mesa directiva dictó el siguiente trámite: "túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia".
En razón de lo anterior, estas comisiones unidas se permiten hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
I. En la actualidad, el crimen organizado tiene una indudable presencia en nuestro país y su actuación se demuestra en hechos como narcotráfico, secuestros, asaltos y otros. Por ello, el Estado mexicano debe promover políticas que permitan enfrentar y combatir eficazmente este tipo de delincuencia, que ha modernizado su modus operandi de manera significativa.
Consecuente con la posibilidad de lograr mejores líneas de acción legal en contra de la delincuencia organizada, el Estado mexicano hace suya la necesidad de crear nuevos instrumentos jurídicos para una mejor procuración de justicia, en beneficio de la sociedad. La existencia de la delincuencia organizada permite fundadamente suponer en su disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos de mayor envergadura, lo cual conduce a la necesidad de legislar para establecer las bases que posibiliten la adopción de estrategias necesarias para enfrentar eficazmente este fenómeno.
II. En función de una estrategia efectiva, el Ejecutivo Federal envió al honorable Congreso de la Unión, a finales de 1995, una iniciativa que reforma al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; así como diversas disposiciones que reforman al Código Federal de Procedimientos Penales, entre las que destacan las relacionadas con el lavado de dinero, los inhalantes y los precursores químicos.
También, en agosto de 1995, la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados realizó una consulta nacional para definir estrategias y lineamientos para el combate al fenómeno del narcotráfico. En esta consulta los legisladores federales analizaron y discutieron la problemática ocasionada por este fenómeno social, que rebasa fronteras y que provoca alteraciones graves en el orden político, en la estabilidad económica y en la convivencia social. Los legisladores concluyeron que el crimen organizado requiere, para afrontarlo, de un esfuerzo multidisciplinario e internacional. También se sugirió que la legislación contemple procedimientos efectivos para contrarrestar la acción de grupos de delincuentes que trabajan con equipos y tecnología sofisticados; la realidad impone que se adecúen nuevas formas de investigación que auxilien al Ministerio Público y a la policía: intervención de los medios de comunicación, instauración de programas de protección a testigos, reducción de penas para sujetos que colaboren con la justicia y regulación jurídica de policías encubiertos.
La necesidad es imperante. El orden jurídico requiere de una revisión profunda para instaurar y adecuar disposiciones legales, incluyendo a las constitucionales, que permitan combatir con eficacia, pero con pleno respeto al estado de derecho, los malestares que provoca este fenómeno, como puede ser la introducción de disposiciones que reduzcan las penas, de manera total o parcial, a quienes contribuyan con la justicia en la persecución y desarticulación de organizaciones de esta índole; así como la creación de un sistema de recompensas a quien proporcione información válida sobre estas organizaciones, la protección de testigos, la colaboración en forma anónima y la reserva de identidad como una forma que garantiza la seguridad.
La intervención telefónica es un medio que permite a la autoridad investigadora allegarse elementos para cumplir con sus atribuciones, pero este instrumento deberá estar fundado y motivado en las causas legales del tipo de intervención, el sujeto pasivo de esta acción fundamental y su duración, para que queden establecidos con claridad los presupuestos básicos para su autorización por parte de la autoridad judicial federal y, con ello, no se conculque la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
III. Por otra parte, existe un vacío legal que se creó con la reforma de 1993 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el sentido de que era procedente la libertad provisional bajo caución, aun rebasándose el término medio aritmético de cinco años de prisión, siempre que no se tratara de delitos graves, situación que se ha deformado en la práctica al permitir la libertad a individuos que puedan aprovechar esta garantía para cometer nuevos ilícitos o para evadir la acción de la justicia.
La iniciativa de reformas regula la hipótesis de aplicación de la libertad provisional bajo caución en los delitos no graves y establece cuales son los presupuestos para que ésta se dé; esto es, cuando no exista una condena previa por delito y cuando no esté bajo proceso por la comisión de otro delito, también se prevé que podrá ser negada la petición, debidamente razonada por el Ministerio Público. En cuanto a la caución le da al Ministerio Público la posibilidad de aportar elementos para la fijación judicial de la misma y el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades, circunstancias del delito, las características del inculpado y del ofendido y los daños y perjuicios causados a éste.
Así mismo, se propone que la ley determinará los casos en que el juez podrá revocar la libertad provisional y con ello ante varias hipótesis que puedan darse para revocar la libertad, se evita que el inculpado disfrutando de dicho beneficio, cometa otros delitos.
La redacción de la fracción XXI del artículo 73 constitucional deja perfectamente establecida la atribución federal para conocer también de los delitos del fuero común, pero para garantizar a las entidades federativas el orden jurisdiccional para el cumplimiento de sus funciones, se delimita el criterio bajo el cual debe ejercer esta atribución el honorable Congreso de la Unión, facultad que hasta ahora gozaba de un alto grado de discrecionalidad.
IV. De las modificaciones realizadas por el Senado de la Republica al dispositivo legal de las iniciativas.
1. Artículo 16 constitucional
La intervención de comunicaciones telefónicas y de otros medios similares por parte de la autoridad competente, constituyen una de las principales estrategias en la lucha contra el crimen organizado, que permiten recabar pruebas judiciales al interceptar, mediante grabaciones, las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas o similares, que se realicen por quienes colaboren o pertenezcan a este tipo de organizaciones.
El tratamiento de esta reforma no es sencillo. La reforma provoca un creciente interés y origina opiniones encontradas sobre sus consecuencias. La prohibición nos conduciría a obstáculos en el diseño de medios eficaces del Estado para mejorar las tareas de investigación policiaca; regularlo puede llevarnos a la vulneración de las garantías individuales de los sujetos si no se realiza con minuciosidad. La desventaja que trae consigo la prohibición para el Estado implicaría la ventaja para la delincuencia organizada. En la actualidad, esta delincuencia hace gala de su poderío económico en el uso de las técnicas más sofisticadas en la intercepción de los medios de comunicación, aprovechando, sin duda, de los adelantos científicos y tecnológicos más recientes para evadir la acción de la justicia.
La intervención telefónica de comunicaciones telefónicas y medios similares, cuyo tópico se considera necesario en la legislación penal como elemento indiscutible en la política anticriminal, provoca preocupación sobre su constitucionalidad, donde se vierten opiniones encontradas, que van desde la autorización con una base constitucional, hasta los que piensan que es una práctica que vulnera los derechos individuales consagrados en la Constitución.
Las opiniones que se han vertido sobre la intervención de los medios de comunicación, en el sentido de que se vulneraría la intimidad o la vida privada de las personas es, ciertamente factible, si la reforma constitucional no se hiciere con cuidado. Existen opiniones que sostienen que como todo acto que cause molestia, debe fundarse y motivarse por mandamiento de autoridad competente, como lo establece el primer párrafo del artículo 16 constitucional; por esta razón, la regulación de la autorización para intervenir comunicaciones telefónicas y similares no puede ser contrario al espíritu de la Constitución.
En el análisis sobre la posibilidad de regular la autorización de las intervenciones telefónicas y de otros medios de comunicación similar se plantearon diversas alternativas. La de reformar el párrafo VIII del artículo 16 constitucional, referente a los cateos y al párrafo décimo, que establece la inviolabilidad de la correspondencia. Si observamos el contenido del párrafo décimo del artículo 16 constitucional, notaremos que no ha sido alterado desde la Constitución de 1857; en 1983 este párrafo sólo cambió de ubicación, transfiriéndose al artículo 16, pero sin hacer alusión a los modernos medios de comunicación. Es admisible, que tanto la intimidad como la privacidad son bienes jurídicos tutelados por la ley; sin embargo, el Constituyente Permanente no ha considerado en un nivel constitucional, dado que no la protegió frente a los nuevos medios de comunicación; se piensa pues, que para efectos en actos de molestia se considere aplicable el párrafo primero del artículo 16 constitucional. Los avances científicos y tecnológicos que implica, facilitan la invasión en la esfera privada de los sujetos, mediante sofisticados medios de vigilancia electrónica, por lo que resulta inútil intentar salvaguardar la privacidad de las personas mediante fórmulas jurídicas tradicionales.
Se considera conveniente entonces, se adicione un párrafo noveno al artículo 16 constitucional para que se regulen expresamente las intervenciones en los medios de comunicación privados, con una base constitucional para cumplir los fines de la justicia.
La propuesta de reforma es precisa; la intervención en los medios de comunicación privada es un medio extraordinario de allegarse de elementos que permitan al Estado cumplir con sus atribuciones, siempre autorizados por la autoridad judicial federal, lo que garantiza que esta práctica no se vuelva arbitraria sancionando penalmente a quien sin cumplir las formalidades de ley, lo haga.
2. Artículo 20 constitucional Respecto al artículo 20 constitucional fracción I, se establece la libertad provisional otorgada bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba conceder este beneficio, sin embargo, el Ministerio Público podrá solicitar al juez niegue la libertad provisional en caso de delitos no graves, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por un delito grave o bien, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juzgador, estableciendo que la libertad del inculpado, por su conducta, circunstancias o características del delito, conforma un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El espíritu de esta disposición constitucional, versa sobre todo, en los sujetos reincidentes y en la de conducta antisocial que presentan permanentemente.
Sobre el monto y la forma de caución, la disposición constitucional sugiere que deben ser factibles para el inculpado; de acuerdo a las circunstancias la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución, y para resolver sobre la forma y el monto de la caución el juzgador deberá considerar la naturaleza, modalidades y circunstancias en que se desarrolló el delito, además de las características del inculpado, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales, los daños y perjuicios del ofendido, así como de la sanción pecuniaria que pudiese imponerse al inculpado.
De todas las especificaciones que establece la propuesta constitucional, la ley establecerá los casos graves, en los cuales el juez, estará facultado para revocar la libertad provisional del inculpado. La propuesta constitucional, sin duda, es un avance en el rubro de la política anticriminal.
3. Artículo 21 constitucional La reforma al artículo 21 constitucional, dispone en el primer párrafo, que la imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial y la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo el mando y la autoridad de éste.
La institución del Ministerio Público tiene una larga tradición, en la cual se perciben las influencias europeas. La Constitución de 1857 establecía que, la Suprema Corte de Justicia estaría integrada por 11 ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general; ésta es, la primera distinción que hace la Ley Constitucional mexicana entre fiscal y procurador general; las funciones de éstos, adscritos primeramente a la Suprema Corte se precisaron en su reglamento el 29 de julio de 1862.
A influencia de la legislación francesa se realizó una modificación en la estructura y en los fines del Ministerio Público, dado que, se sustrajo del Poder Judicial para integrarlo al Poder Ejecutivo; además, se institucionalizó, al crearse un órgano unitario dependiente del Procurador General de la República. En 1908 se expidió la Ley de Organización del Ministerio Público Federal, en la que se señala que el Ministerio Público Federal es una institución que auxilia a la administración de justicia en el orden federal, en la persecución, indagación y represión de los delitos federales en aras de defender los intereses de la Federación frente a los órganos judiciales federales.
Sin embargo, el Ministerio Público no pudo asumir las funciones que le competían, lo cual se manifestó en los debates que originaron el artículo 21 constitucional en 1917, por lo que el Constituyente dejó muy clara la división de competencias, estableciendo que la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la persecución e indagación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial que está subordinada a aquel.
Tradicionalmente se asigna el nombre de Policía Judicial a los cuerpos policiacos que auxilian al Ministerio Público para la averiguación de los delitos, surgiendo de una estrecha vinculación con el Poder Judicial, que en una época se encomendó a la investigación de los delitos. En la Constitución de 1917, la denominación ya no tenía una justificación sustentable, dado que al encargarse la investigación de los delitos al Ministerio Público, lo más lógico era que la policía que lo auxiliase dependiera de él.
Es necesario reafirmar la subordinación de un cuerpo de policía al Ministerio Público y por ello, se estima conveniente que el artículo 21 constitucional se refiera específicamente a un cuerpo policial que auxilie al Ministerio Público.
4. Artículo 22 constitucional
El artículo 22 constitucional, prohibe la confiscación de bienes como pena. Sin embargo, se acepta que por resolución judicial pueda aplicarse total o parcialmente, los bienes de una persona destinados al pago de la responsabilidad civil que, resultara de la comisión de un delito, el pago de impuestos o multas o se decomisen en el caso de enriquecimiento ilícito conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución.
La confiscación de bienes, como sanción a los delitos, existió desde la época de la monarquía en el derecho romano como un elemento fundamental de las penas capitales y que subsistieron en la época republicana y en el imperio, extendiendo su aplicación a los condenados a muerte, a penas perpetuas de trabajo, a los deportados y a los sujetos que habían cometido delitos considerados como gravísimos. Este tipo de sanción fue objeto de abuso durante la edad media y recibiendo críticas a partir del Siglo XVIII, en voz de Beccaria, que motivó su desaparición en la legislación francesa y posteriormente en toda Europa.
En la actualidad, un cierto tipo de delincuencia internacional, altamente poderosa económicamente, desarrollando métodos y técnicas realiza el denominado "lavado de dinero" desplazando enormes sumas de dinero mediante los sistemas financieros multinacionales con impunidad. La experiencia sobre la delincuencia organizada y sus bienes mal habidos, demuestra que las acciones de confiscación de bienes son necesarias; la medida confiscatoria se ha reiterado en diversos foros internacionales, en los que se busca mejorar estrategias en el combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico y el lavado de dinero.
Las ganancias desmesuradas producto de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada se han convertido en un punto toral para el desequilibrio de los sistemas financieros internacionales, por ello, se buscan normas que conduzcan a la localización y aseguramiento de sus bienes para contrarrestar los efectos nocivos de poder económico.
La propuesta de reforma constitucional al artículo 22, tiene como finalidad posibilitar la aplicación o decomiso de bienes involucrados con la delincuencia organizada y ser susceptibles de asegurarse por la autoridad competente. El decomiso, establece la reforma constitucional, se hará siempre y cuando se haya sido condenado como miembro o responsable de la delincuencia organizada.
5. Artículo 73 fracción XXI constitucional
Es favorable crear todo un orden jurídico que permita combatir a la delincuencia organizada. Es ineludible que ciertos delitos de competencia del fuero común, sean del conocimiento de la autoridad federal. Este planteamiento trae consigo reflexiones sobre la posible vulneración de la soberanías de las entidades federativas. Con el propósito de evitar la invasión de esferas de competencia que se ha motivado con la aplicación del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece la facultad de atracción de la jurisdicción federal sobre los delitos del fuero común, es conveniente el establecimiento de la base constitucional para su aplicación.
La propuesta sobre la fracción XXI del artículo 73 constitucional establece la facultad del Congreso para que defina los delitos y faltas contra la Federación, además de instaurar la sanciones que deban imponerse por ellos.
El señalamiento de los delitos federales se establece en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fija la competencia de los jueces de distrito en materia penal enlistando éstos en la fracción I inciso a. Esta disposición relacionada también con la fracción XXX del artículo 73 constitucional, que establece facultades implícitas, sería suficiente para darle legitimidad al Congreso de la Unión para crear legislación sobre delincuencia organizada para tutelar bienes jurídicos como la seguridad pública, la soberanía y la seguridad nacional. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la ley referente al crimen organizado, trastocaría no sólo delitos del fuero federal, sino también del fuero común, o en el caso de que las organizaciones criminales actuaran en dos o más entidades federativas.
La propuesta constitucional motivaría, en lo posterior, la modificación a la fracción I inciso a, del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que establece los delitos de orden federal.
V. La nueva garantía individual de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, establecida expresamente por el Senado de la República, contiene la regla general de prohibición de injerencias externas en la esfera de la vida privada. De ella se deriva el establecimiento de límites y condiciones determinantes de aquellas excepciones que permitan a la autoridad intervenirlas.
Ante la preocupación de proteger con la mejor cobertura jurídica dicha garantía individual, las comisiones unidas que suscriben precisan los compromisos encaminados a fijar los alcances, interpretación, orientación y reflexión de la reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ellos habrán de constituirse en elementos ineludibles de sustento y consulta para los minuciosos trabajos de legislación secundaria o reglamentaria en esta materia.
A efecto de que los lineamientos aquí expuestos sean invocados siempre como necesarios antecedentes de la reforma al artículo 16 constitucional y dado que la Cámara de Diputados, integrante del Congreso de la Unión, interviene dentro del proceso legislativo específico a que se refiere el artículo 135 de la Carta Magna como órgano integrante del Constituyente Permanente, el presente dictamen ha de entenderse como fuente auténtica de interpretación del sentido, alcances y motivos de las reformas y adiciones en comento, en términos de lo previsto en el inciso f del artículo 72 constitucional.
Consecuentemente, en un acto histórico y ciertamente inusual, este dictamen, al ser aprobado por la Cámara, fija posiciones y criterios de orientación para la legislación secundaria, como un elemento adicional de sustento al Congreso de la Unión en la formación de las leyes reglamentarias del artículo 16 constitucional cuya reforma se somete a esta soberanía, con el fin de armonizar y compatibilizar la garantía individual de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas con la expresa excepción que el propio texto constitucional contiene y que implica la injerencia externa de autoridades sólo en razón de proteger los intereses superiores y generales por los que el Estado debe velar, siempre que tales intervenciones estén contempladas en ley expedida por el Congreso de la Unión.
Las consideraciones y los planteamientos expuestos son prueba de la firme convicción de pleno respeto a la vigencia del estado de derecho que anima a estas comisiones unidas, acatamiento que comprende, desde luego, a las garantías individuales y derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano a todos los individuos, de manera que las reformas que este dictamen propone al texto de la Constitución del país no conceden, como tampoco lo podrían hacer las leyes secundarias de él derivadas, ningún poder ilimitado ni carta blanca para la intervención de comunicaciones privadas sino, antes bien, las mayores regulaciones, acotamientos, controles, penalidades y, en general, garantías precisas que hagan de esta posible intervención jurídica una verdadera excepción ante necesidades previstas en la ley.
VI. Posiciones, alcances y orientaciones.
1o. Ninguna autoridad federal, incluyendo al Ministerio Público de la Federación y a los titulares de los ministerios públicos de las entidades federativas, está facultada, por la sola entrada en vigor de las reformas y adiciones al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a solicitar de la autoridad judicial federal competente alguna orden para intervenir comunicaciones privadas. En consecuencia, se entiende que no se trata de disposiciones constitucionales autoaplicativas; por el contrario, las facultades que otorgan sólo pueden ejercerse cuando entre en vigor la ley o leyes secundarias que las reglamenten y precisen.
2o. La entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales únicamente faculta al honorable Congreso de la Unión para expedir las leyes secundarias, en las cuales se haga la regulación específica sobre la intervención de comunicaciones privadas, ajustada a la nueva determinación constitucional.
3o. Para los efectos de la regulación de la intervención de las comunicaciones privadas por las leyes secundarias, se enfatiza que ninguna autoridad federal, inclusive el Ministerio Público de la Federación, aun cuando estuviera facultada por ley para realizar la intervención, podrá llevarla a cabo sin estar previamente autorizada por el Poder Judicial de la Federación, pese a que se alegue urgencia, notoria necesidad o cualquier otra razón,
4o. Sólo el Poder Judicial de la Federación, a través del órgano que determine la ley que expida el Poder Legislativo de la Unión, estará facultado para autorizar la intervención de comunicaciones privadas con estricto apego a todos los elementos regulatorios en la Constitución y en las leyes secundarias. Aun la facultad de apreciación de la autoridad judicial federal competente para atender lo solicitado, estará restringida y condicionada por los fundamentos, causas legales, requisitos, límites y necesidades en los términos que lo dispongan las leyes que apruebe el Congreso de la Unión.
5o. La ley secundaria determinará el tipo idóneo de autoridad judicial que permita una intervención de las excepcionalmente contempladas en el artículo 16 constitucional, cuya reforma se propone. Para tal efecto, el legislador ordinario analizará acuciosamente todo el espectro del Poder Judicial Federal: jueces federales de jurisdicción especial, jueces federales que no tengan competencia especial, tribunales colegiados y aun ministros de la Corte, para decidir cuál o cuáles de ellos, en razón de la mayor conveniencia para la sociedad, deben ser investidos de la delicada función de otorgar las autorizaciones multicitadas.
6o. No basta que las leyes secundarias faculten a una autoridad federal a solicitar autorización para intervenir comunicaciones privadas, sino que dichas leyes reglamentarias deberán contener necesariamente una estricta regulación respecto de las materias o hechos en que se justifique la intervención, enumeren las causas legales que deben sustentar la solicitud respectiva, incluyan los demás requisitos que se deriven de la naturaleza de ese acto de autoridad, y establezcan los límites precisos de forma, tiempo y espacio de su ejecución.
Igualmente, la ley reglamentaria por ningún motivo omitirá normas acerca de regular la intervención y sus resultados, y las que sean necesarias para precisar controles y responsabilidades. Así, las autoridades federales a las que se refiere el texto del artículo 16 constitucional propuesto, incluido el Ministerio Público Federal, podrán actuar sólo si están facultadas por la ley, lo cual constituye el elemento básico para la protección de la nueva garantía individual de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
7o. En virtud, primero, de que la adición al artículo 16 constitucional propone "fundar y motivar las causas legales de la solicitud" de autorización para intervenir comunicaciones privadas; segundo, que se dará una especial relación entre autoridades locales y federales y, tercero, que precisamente será el Poder Judicial de la Federación quien otorgue la autorización, la atribución concedida a los titulares de los ministerios públicos de los estados y del Distrito Federal, para solicitar a los jueces federales autorizaciones de intervención en comunicaciones privadas, no es una norma constitucional autoaplicativa; más aún, la instancia judicial competente sólo concederá la autorización que aquéllos le soliciten:
a) Si median en la petición respectiva las fundamentaciones y motivaciones respecto de causas previstas en las leyes federales, que se exijan a las autoridades de ese orden de gobierno:
b) Si se solicitan para averiguaciones previas de delitos calificados como graves en la legislación local respectiva:
c) Si se cumplen los demás requisitos y condiciones determinados en las leyes locales. Lo anterior implica, igualmente, que el otorgante de la autorización concedida al Ministerio Público local, deberá estar facultado para darle seguimiento a su ejecución. En consecuencia, el legislador ordinario federal hará las reformas pertinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y al Código Federal de Procedimientos Penales y analizará la conveniencia de expedir una ley reglamentaria del artículo en comento.
8o. Como lo asentó el Senado, tratándose de las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, los jueces federales no podrán otorgar autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas. En consecuencia, esta prohibición implica la imposibilidad de que el Congreso de la Unión legisle ordinariamente para permitir se soliciten autorizaciones de intervenciones de comunicaciones privadas y su otorgamiento por el Poder Judicial Federal en dichas materias.
9o. Se debe enfatizar, y en consecuencia desarrollar en la ley, la importante taxativa que prevé la adición al texto del artículo 16 constitucional, en cuanto al establecimiento de las causas legales de la solicitud para que la autoridad judicial federal permita la intervención de una comunicación privada. Por lo tanto:
a) "Las causas legales de la solicitud" deben entenderse como un elemento determinante y básico para otorgar la autorización a la luz de que el texto introducido por el Senado, enfatiza la imperiosa necesidad de la fundamentación y motivación de la solicitud.
b) Como la propia expresión lo indica, las causas deberán estar expresamente plasmadas en la ley.
c) Como toda taxativa, las causas legales serán limitativas y, en su enumeración, tenderán a generar convicción en la autoridad judicial que deba discernir el permiso.
10. La ley también debe regular requisitos y límites que necesariamente figuren en las autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, así como las causas de revocación de éstas, entre las que se deberán incluir:
a) No ajustarse a los términos, condiciones y requisitos de la propia autorización:
b) Hacer uso indebido de la misma y:
c) Incumplir las demás disposiciones de la ley secundaria que regulen dicha intervención, para contar así con un sistema doble de seguridad jurídica, uno a nivel propiamente legislativo y otro derivado de las propias autorizaciones.
11. La duración de las intervenciones será reglamentada en ley y escrupulosamente respetada tanto por las autoridades solicitantes, cuanto por la autoridad judicial federal que las otorgue, prohibiéndose determinaciones laxas que pudieran dar pauta a intervenciones indefinidas o a que las posibles prórrogas dependan más de la autoridad investigadora que del Poder Judicial Federal.
12. La ley secundaria deberá regular los tipos de intervención y determinar que la autorización estará condicionada al uso de los equipos, máquinas, aparatos y sistemas que garanticen, de acuerdo con la propia ley y sus reglamentos, el fiel registro del contenido de las comunicaciones que sirvan al solo propósito de contribuir a la investigación respectiva, de manera que cumplan, entre otros, con el objeto de registrar la fecha y hora precisas de las comunicaciones, el lugar o lugares de las mismas, los elementos de identificación de quienes las realizan y otras previsiones técnicas y de control que permitan confirmar la autenticidad de ellas.
Igualmente, la ley determinará sanciones penales y administrativas severas a que se harán acreedores quienes pretendan darle validez a intervenciones realizadas en fechas distintas, anteriores o posteriores, a las contempladas por la autorización respectiva y en tal circunstancia establecerá los procedimientos para realizar la destrucción de comunicaciones que no guarden relación con los hechos objeto del permiso, a satisfacción de la persona afectada.
La ley precisará quiénes deben participar en las diligencias de intervención y cuáles formalidades han de seguirse para dicho propósito, incluidas las actas que deberán levantarse y la mención de las responsabilidades en que puedan incurrir quienes actúen en cada caso. Finalmente, la ley establecerá los preceptos para posibilitar la reclamación y, en su caso, la reparación de daños por eventuales irregularidades, así como para objetar los resultados de la intervención.
13. La ley regulará un sistema de control doble de la ejecución de la autorización:
El primero, de naturaleza interna, destinado a supervisar que la intervención se pliegue a las disposiciones legales, determinaciones de la autorización judicial y que se realizarán siempre por el personal especializado de investigación y la intervención de un perito calificado; además, la autoridad competente contará con un cuerpo de controladores técnicos para verificar la autenticidad de los resultados de la intervención.
El segundo, de naturaleza externa, realizado por el mismo Poder Judicial de la Federación para constatar, en cualquier momento, el uso que la autoridad respectiva haga de este instrumento jurídico para que, en caso procedente, decida su revocación.
14. Las intervenciones de comunicaciones privadas no suponen, implican o autorizan la violación domiciliaria para la colocación secreta de aparatos de escucha o videograbación. En efecto, el Senado de la República eliminó la "colocación secreta de aparatos de escucha" que venía propuesta en la iniciativa y aun en el dictamen de sus comisiones, lo cual significa que ninguna autorización otorgada por el Poder Judicial de la Federación podrá extenderse a este tipo de intervenciones e injerencias en los domicilios particulares. Hay una firme convicción de que prevalecen las causas limitativas que la Constitución dispone para efectuar una injerencia al interior del domicilio de todo gobernado.
15. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se expida debe ajustarse a los señalamientos anteriores.
La sociedad necesita para poder defenderse de las nuevas formas de criminalidad que atentan contra ella, que las autoridades dispongan de los medios legales pertinentes para lo cual dicha ley deberá contemplar previsiones normativas de investigación que, con las regulaciones sobre intervenciones de comunicaciones privadas, vayan configurando un sistema adecuado a procedimientos técnicos que no cesan de perfeccionarse.
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas que suscriben someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 16, 20 FRACCION PRIMERA Y PENULTIMO PARRAFO, 21, 22, Y 73 FRACCION XXI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se adicionan dos párrafos al artículo 16, como noveno y décimo, hecho lo cual, los párrafos subsecuentes se recorren en su orden; se reforma el artículo 20 fracción I y penúltimo párrafo; se reforma el artículo 21 párrafo primero; se reforma el artículo 22 párrafo segundo; se reforma el artículo 73 fracción XXI y se le adiciona un segundo párrafo; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohiba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional:
II a X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.
Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109 ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de lo previsto como de delincuencia organizada o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales:
XXII a XXX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., 23 de abril de 1996.- Por las comisiones unidas, diputados: Saúl González Herrera, Fernando Pérez Noriega, presidentes; Ignacio González Rebolledo, Amadeo Flores Espinosa, Alejandro Zapata Perogordo, Leonel Godoy Rangel, Jesús Zambrano Grijalva, Carmen Segura Rangel, Eduardo Escobedo Miramontes, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, J. Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco J. Peniche y Bolio, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Oscar Villalobos Chávez, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Esqueda Llanes, Manlio F. Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro J. Calvillo Ramos, José F. Lozada Chávez, Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo Zúñiga Martínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Alejandro González Alcocer, Horacio A. Gutiérrez Bravo, Ramón Sosamontes Herreramoro, Ezequiel Flores Rodríguez y Píndaro Urióstegui Miranda.»
Es de primera lectura.
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que establece las características de la tercera moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
«Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que establece las características de la tercera moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, la cual ha sido turnada, para su estudio y dictamen, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con base en el estudio realizado y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el presente
DICTAMEN
El propósito de la iniciativa en estudio es el de autorizar la emisión de una tercera moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.
De acuerdo con los antecedentes analizados, este honorable Congreso de la Unión se sirvió aprobar, con fecha 26 de junio de 1991, el decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos; por añadidura, este honorable Congreso aprobó con fecha 5 de julio de 1994, el decreto que establece las características de la segunda moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos. Cabe destacar que las emisiones contempladas en los referidos decretos tienen su origen en el consenso de diversos países iberoamericanos que suscribieron un programa de emisión de monedas conmemorativas del mencionado suceso y del cual México forma parte.
La pieza numismática cuya acuñación es sometida a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, estaría elaborada en plata con valor nominal de cinco pesos, presentando en el anverso, al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico y rodeándolo los escudos nacionales de los países participantes en el programa de acuñación conmemorativa; y en su reverso mostraría la escena de una pareja bailando el jarabe tapatío, llevando este signo monetario en su contorno superior la leyenda "Jarabe Tapatío".
Cabe señalar la gran aceptación que en el mercado numismático mundial han tenido las emisiones anteriores de las piezas monetarias en comento, lo cual es resultado del gran prestigio del que goza nuestro país en la acuñación de monedas, permitiendo con ello el ingreso sustancial de recursos para el erario federal.
Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora estima que los diseños de la acuñación que se propone contribuyen a la difusión de las danzas y trajes regionales de los países participantes en el mencionado programa.
De acuerdo con lo manifestado, la comisión que suscribe estima conveniente la emisión de la tercera moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, por lo que propone a esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LA TERCERA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Artículo único. Se autoriza la emisión de una tercera moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Valor nominal: cinco pesos.
b) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
c) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de plata.
d) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre.
e) Peso: 27.0 g (veintisiete gramos).
f) Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.
g) Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más.
h) Tolerancia en peso: por unidad: 0.216 g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de 1 mil piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos.
i) Canto: estriado.
Cuños:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, los escudos nacionales de los otros países participantes en la tercera emisión de monedas conmemorativas del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso.
Reverso: una escena que muestra a una pareja bailando el jarabe tapatío. Siguiendo el contorno del marco superior la leyenda "Jarabe Tapatío". En el cuadrante inferior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo de éste el año de acuñación. En el cuadrante inferior izquierdo el signo de "$" y a continuación el número "5". En el exergo la palabra "México". El marco liso.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 24 de abril de 1996.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona al diverso por el que se establecen las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Raúl Ríos Magaña:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional-Poder Ejecutivo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona al diverso por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, el cual ha sido turnado, para su estudio y dictamen, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el análisis realizado al citado documento, y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el presente
DICTAMEN
El propósito de la iniciativa en estudio es el de incorporar nuevas piezas numismáticas a la serie de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Analizando los antecedentes legislativos de este tipo de emisiones, se desprende que este Congreso de la Unión se sirvió aprobar, con fecha 13 de diciembre de 1991, el decreto por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, así como la reforma al mismo en fecha 20 de mayo de 1993, consistente en modificar el valor nominal de dichas monedas y la leyenda que aparece al reverso en el exergo, a fin de ser acordes con el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos.
Las piezas numismáticas conmemorativas cuya acuñación es sometida a la consideración de este Congreso de la Unión, estarían elaboradas de la siguiente manera: cuatro series de monedas de plata y tres series de monedas de oro. La primera serie de monedas de plata constaría de tres diferentes tipos de cinco onzas con valor nominal de 10 pesos, la segunda de 12 tipos de una onza con valor nominal de cinco pesos, la tercera de tres tipos de media onza con valor nominal de dos pesos y la cuarta de tres tipos de un cuarto de onza con valor nominal de un peso.
En cuanto a las monedas de oro, la primera serie estaría conformada por tres diferentes tipos de una onza con valor nominal de 100 pesos, la segunda de tres tipos de media onza con valor nominal de 50 pesos y la tercera de tres tipos de un cuarto de onza con valor nominal de 25 pesos.
En este contexto, es de señalarse la gran aceptación que en el mercado numismático internacional han tenido las emisiones anteriores de los signos monetarios en comentario, lo cual ha permitido el ingreso sustancial de recursos para las finanzas nacionales.
Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora estima que los diseños de la acuñación que se propone permiten un mayor conocimiento acerca de las culturas precolombinas que existieron en este país, tales como la tolteca, olmeca y teotihuacana, de manera que el público coleccionista, nacional e internacional, aprecie diversos motivos que caracterizan a dichas culturas.
En virtud de que la emisión de las monedas materia del presente dictamen pretende dar a conocer algunos aspectos de culturas precolombinas, se sugirió considerar que, en lo sucesivo, en algunos casos en que sea posible, los nombres de las piezas arqueológicas que formen parte de las monedas, se expresen, además del idioma español, en la lengua de la cultura a que correspondan siempre y cuando no se rompa con la continuidad de las series. En atención a las consideraciones precedentes, la comisión que suscribe propone a esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO QUE ADICIONA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL 500 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
Artículo único. Se adiciona el decreto por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1991, con los artículos octavo a decimocuarto, para quedar de la siguiente manera:
Artículo octavo. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de 10 pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 65.0 mm (sesenta y cinco milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 155.515 g (ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (cinco) onzas troy.
d) Contenido: 5 (cinco) onzas troy de plata pura.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.940 g (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de 100 piezas, 9.500 g (nueve gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la boca de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "5 Onzas de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de la cabeza olmeca, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "Cabeza Olmeca" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la boca de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$ 10". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de los guerreros atlantes. En el exergo, la leyenda "5 Onzas de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de los atlantes, piezas pertenecientes a la cultura tolteca y que se encuentran en la zona arqueológica de Tula, llevando debajo la leyenda "Atlantes" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de los guerreros atlantes. En el exergo, la leyenda "$10". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de un brasero ceremonial de Huehueteotl. En el exergo, la leyenda "5 Onzas de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de la pirámide del sol, perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacan. Llevando debajo la leyenda
"Pirámide del Sol" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de un brasero ceremonial de Huehueteotl. En el exergo, la leyenda "$10". El marco liso.
Artículo noveno. Se autoriza la emisión de 12 monedas de plata con valor nominal de cinco pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (una) onza troy.
d) Contenido: 1 (una) onza troy de plata pura.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos); por conjunto de mil piezas, 1 g ( un gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los elementos ornamentales de un vaso ceremonial. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción del luchador, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "El Luchador" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila cuyo diseño se basa en los elementos ornamentales de un vaso ceremonial. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "Señor de las Limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un hombre jaguar, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Hombre Jaguar" y a los lados el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en elementos gráficos extraídos del tocado y pectoral de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
IV. Para la cuarta moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en las cejas de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un hacha ceremonial, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda
"Hacha Ceremonial" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en las cejas de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
V. Para la quinta moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el cinturón de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa el nacimiento de Ce-acatl Topiltzin Quetzalcóatl, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda " Quetzalcóatl" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el cinturón de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
VI. Para la sexta moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del Templo de QuetzalcóatlTlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
VII. Para la séptima moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en una estilización de la pechera de un atlante. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una escultura que representa a un sacerdote, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en una estilización de la pechera de un atlante. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
VIII. Para la octava moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un detalle del relieve de los muros del coatepantli de Tula, que representa a una serpiente con un cráneo, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Serpiente con Cráneo" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en la pechera de una figura de Quetzalcóatl. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso IX. Para la novena moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte. pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Disco de la Muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso
X. Para la décima moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una máscara con incrustaciones de turquesa. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una máscara, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Máscara" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una máscara con incrustaciones de turquesa. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
XI. Para la decimaprimera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una imagen de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un jugador de pelota, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Jugador de Pelota" y a los lados, el ano de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una imagen de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
XII. Para la decimasegunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído del tocado de una escultura teotihuacana. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una vasija antropomorfa, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Vasija" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído del tocado de una escultura teotihuacana. En el exergo, la leyenda "$5". El marco liso.
Artículo décimo. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de 2 pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 33.0 mm (treinta y tres milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos, mínimo de plata pura.
c) Peso: 15.552 g (quince gramos, quinientos cincuenta y dos miligramos), equivalente a 1/2 (media) onza troy.
d) Contenido: 1/2 (media) onza troy de plata pura.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.183 g (ciento ochenta y tres miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 3.500 g (tres gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa, llevando debajo la leyenda "Señor de las Limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$2". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del Templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda " $2". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Disco de la Muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$2". El marco liso.
Artículo decimoprimero. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de un peso, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 27.0 mm (veintisiete milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 7.776 g (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy.
d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza troy de plata pura.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.106 g (ciento seis miligramos): por conjunto de 1 mil piezas, 2.0 g (dos gramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción del señor de las limas, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa llevando debajo la leyenda "Señor de las Limas" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en unas cejas que simbolizan el fuego. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un jaguar, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Jaguar" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico de una de las columnas del Templo de Quetzalcóatl-Tlahuizcalpantecuhtli. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de una escultura que representa al disco de la muerte, perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Disco de la Muerte" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo de una vasija trípode cónica. En el exergo, la leyenda "$1". El marco liso.
Artículo decimosegundo. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 100 pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 34.5 mm (treinta y cuatro punto cinco milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.
c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos), equivalente a 1 (una) onza troy.
d) Contenido: 1 (una) onza troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.060 g (sesenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. llevando debajo la leyenda "Aguila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.
III. Para la tercera
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de
Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacan, llevando debajo la leyenda "Serpiente Emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$100". El marco liso.
Artículo decimotercero. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 50 pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 29.0 mm (veintinueve milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.
c) Peso: 15.551 g (quince gramos, quinientos cincuenta y un miligramos), equivalente a 1/2 (media) onza troy.
d) Contenido: 1/2 (media) onza troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.040 g (cuarenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Sacerdote" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. llevando debajo la leyenda "Aguila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1/2 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacan, llevando debajo la leyenda "Serpiente Emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$50". El marco liso.
Artículo decimocuarto. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de 25 pesos, conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan: a) Diámetro: 23.0 mm (veintitrés milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.
c) Peso: 7.776 g (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy.
d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.0225 g (veintidós y medio miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un sacerdote rodeado de una serpiente, pieza perteneciente a la cultura olmeca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Sacerdote" y a los lados el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un gráfico que representa los ojos de un hombre jaguar. En el exergo, la leyenda "$25". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: una reproducción de un relieve que representa a un águila devorando un corazón, pieza perteneciente a la cultura tolteca y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, llevando debajo la leyenda "Aguila" y a los lados el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en el adorno del brazo de un chac-mool. En el exergo, la leyenda $"5". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "1/4 Onza de Oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reveso: una reproducción de la serpiente emplumada, pieza perteneciente a la cultura teotihuacana y que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacan, llevando debajo la leyenda "Serpiente Emplumada" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en un elemento decorativo extraído de una escultura de Chalchiuhtlicue. En el exergo, la leyenda "$25". El marco liso.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 24 de abril de 1996.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
LEY MONETARIA
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que por el que se modifican y adicionan el decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se modifican y adicionan el decreto por el que se fija las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990, la cual ha sido turnada, para su estudio y dictamen, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la revisión a las disposiciones señaladas en la referida iniciativa y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente
DICTAMEN
El propósito de la iniciativa en estudio consiste en modificar las características de las monedas de oro y de plata comúnmente conocidas en su conjunto como "Serie Libertad", a efecto de que las mismas incrementen su competitividad en el mercado numismático e igualmente incorporar a esa serie monedas de dos y cinco onzas troy de plata pura.
En tal sentido, el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado mediante decreto aprobado por este honorable Congreso de la Unión el 28 de diciembre de 1979 y reformado en su primer párrafo mediante decreto igualmente sancionado con fecha de 26 de diciembre de 1985, dispone que formarán parte del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos las monedas metálicas acuñadas en platino, en oro y en plata, cuyo peso, cuño, ley y demás características se señalen en los decretos relativos.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1981 se aprobó el decreto por el que se fija las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1981 y el 27 de diciembre de 1989 se sancionó por esta instancia legislativa el decreto que modifica y fija las características de diversas monedas de platino, oro y plata, previstas en el artículo 2o.-bis de la antecitada ley, publicado en el referido Diario Oficial el 5 de enero de 1990.
Las modificaciones a las monedas de oro y de plata de la denominada "Serie Libertad", presentadas a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, consisten en cambiar el diseño de la imagen que aparece en el reverso de tales piezas, de manera que en el mismo se observe una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en donde sobresalen los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl e igualmente aumentar el diámetro de las unidades siguientes: las de una onza de plata, las de media onza de plata y las de un cuarto de onza de plata.
En cuanto a las piezas numismáticas cuya incorporación a la "Serie Libertad" se propone, las mismas se acuñarían en cinco y dos onzas de plata, distinguiéndose de las demás piezas de la serie por incluir en su anverso distintos escudos que históricamente han sido representativos de nuestra nación, así como el águila que aparece en el Códice Mendocino, con un reverso idéntico a las de los ejemplares que conforman el resto de la serie.
Tomando en cuenta la gran aceptación en el mercado numismático internacional que han tenido las anteriores emisiones de estos signos monetarios, así como los beneficios que el erario federal ha recibido con la comercialización de estas monedas, esta comisión dictaminadora estima conveniente dar cabida a las modificaciones que se plantean, a fin de que prevalezca la competitividad de dichos ejemplares, de manera que sean aprovechadas las novedades tecnológicas con que cuenta la Casa de Moneda de México, en cuanto a diseño y acuñación se refiere y asimismo, se incremente la variedad de piezas que componen la serie, a efecto de satisfacer las diversas exigencias del público coleccionista.
Por lo antes expuesto y conforme a lo señalado, esta comisión dictaminadora se permite solicitar de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN EL DECRETO POR EL QUE SE FIJA LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS DE PLATA PREVISTAS EN EL ARTICULO 2o.-BIS DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1981, ASI COMO EL DECRETO QUE MODIFICA Y FIJA LAS CARACTERISTICAS DE LAS MONEDAS QUE SE INDICAN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 2o.-BIS DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 5 DE ENERO DE 1990
Artículo primero. Se modifica el artículo único del decreto por el que se fija las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, para quedar como sigue:
Artículo único. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Monedas con contenido de una onza troy de plata pura por pieza:
a) Diámetro: 40 mm (cuarenta milímetros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1 Onza Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
Artículo segundo. Se modifican los artículos primero, segundo y tercero del decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990, para quedar como sigue:
Artículo primero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Monedas con contenido de una onza troy de oro puro por pieza:
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1 Onza Oro Puro" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
II. Monedas con contenido de media onza troy de oro puro por pieza:
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/2 Onza Oro Puro" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
III. Monedas con contenido de un cuarto de onza troy de oro puro por pieza:
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/4 Onza Oro Puro" seguida del año de acuñación y la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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Artículo segundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Monedas con contenido de media onza troy de plata pura por pieza.
a) Diámetro: 33mm (treinta y tres milímetros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverso. una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/2 Onza Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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III. Monedas con contenido de un cuarto de onza troy de plata pura por pieza:
a) Diámetro: 27 mm (veintisiete milímetros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/4 Onza Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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IV. Monedas con contenido de un décimo de onza troy de plata pura por pieza:
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Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/10 Onza Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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V. Monedas con contenido de un vigésimo de onza troy de plata pura por pieza:
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Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/20 Onza Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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Artículo tercero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Monedas con contenido de un décimo de onza troy de oro puro por pieza:
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Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/10 Onza Oro Puro" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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V. Monedas con contenido de un vigésimo de onza troy de oro puro por pieza:
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Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "1/20 Onza Oro Puro" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
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Artículo tercero. Las características de las monedas que se acuñen en cinco y dos onzas troy de plata pura, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, serán las siguientes:
1. Monedas con contenido de cinco onzas troy de plata pura por pieza:
a) Diámetro: 65 mm (sesenta y cinco milímetros) b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.
c) Contenido: 5 (cinco) onzas troy de plata pura.
d) Peso: 155.515 g (ciento cincuenta y cinco gramos, quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (cinco) onzas troy.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.940 g (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 9.500 g (nueve gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.
Cuños:
Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "5 Onzas Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
Canto: estriado II. Monedas con contenido de dos onzas troy de plata pura por pieza:
a) Diámetro: 48 mm (cuarenta y ocho milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata.
c) Contenido: 2 (dos) onzas troy de plata pura.
d) Peso: 62.206 g (sesenta y dos gramos, doscientos seis miligramos), equivalente a 2 (dos) onzas troy.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: por unidad, 0.350 g (trescientos cincuenta miligramos); por conjunto de 1 mil piezas, 6.1g (seis gramos cien miligramos), ambas en más o en menos.
Cuños:
Anverso: al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.
Reverso: una victoria alada teniendo como fondo un paisaje en el que se aprecian los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Siguiendo el contorno del marco superior, la leyenda "2 Onzas Plata Pura" seguida del año de acuñación y de la ley de la moneda. En el cuadrante superior derecho el símbolo de la Casa de Moneda de México. El marco liso.
Canto: estriado.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 24 de abril de 1996.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la discusión de los tres dictámenes a los que se les dio segunda lectura, se realice en un solo acto.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza que la discusión de los tres dictámenes a los que se les dio segunda lectura, se realicen en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que la discusión de los tres dictámenes, se realice en un solo acto.
La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna (desde su curul):
Señora Presidenta.
La Presidenta:
Dígame, diputada.
La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna (desde su curul):
Señora Presidenta:
En las últimas ocasiones se nos ha consultado sobre nuestra forma de votar, no se dice en qué forma, se dice: "sírvanse manifestarlo".
¿Podemos manifestarlo en cualquier forma o como es habitual, levantando la mano?
Muchas gracias.
La Presidenta:
Recuerdo a la Asamblea que en tratándose de esta clase de votaciones, las votaciones son económicas y consisten en levantar la mano.
Gracias.
Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, para fundamentar los dictámenes, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Con su permiso, señora Presidenta de esta Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados:
El titular del Poder Ejecutivo sometió a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, tres iniciativas para modificar y adicionar los decretos mediante los cuales se establecen las características de las siguientes monedas:
A. Las conmemorativas del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos, siendo su principal objetivo autorizar la emisión de una tercera moneda de plata.
B. Las conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas y su principal objetivo es incorporar nuevas piezas numismáticas a la serie de las monedas conmemorativas a dicho encuentro.
C. Las de plata previstas en el artículo 2o.-bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su principal objetivo el modificar las características de las monedas de oro y de plata, comúnmente conocidas en su conjunto como serie libertad, a efecto de que las mismas incrementen su competitividad en el mercado numismático e igualmente incorporar a esa serie monedas de dos y cinco onzas troy de pura plata.
Esta comisión dictaminadora reconoce que ha sido una demanda del sector minero, el que se le dé un mayor valor agregado a la plata, sobre todo a través de este importante instrumento de inversión que constituirá esta nueva disposición de tipo legal, por lo cual reconocemos en el Ejecutivo Federal la sensibilidad que tuvo para poder escuchar y darle cauce a esta demanda planteada por el sector minero que representa una parte muy importante de la economía, sobre todo en algunos estados de la República.
La acuñación de moneda es una función que ejerce de manera exclusiva el Estado en los términos del artículo 28 de la Constitución, con la participación del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, éste a través de sus áreas competentes en materia financiera, según lo previsto por el artículo 1o. de la ley de Casa de Moneda de México.
Por estimarse de trascendental importancia la acuñación de moneda, se realiza con base en las características que fija el Congreso de la Unión, mediante decretos que para tal efecto expide con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la legislación vigente no existe ninguna restricción a esta soberanía para determinar las características de las monedas. Sin embargo, existe una tradición histórica para incorporar en el reverso imágenes ilustres cuya aportación esté fuera de cualquier discusión ideológica o bien de paisajes representativos de nuestro país, de piezas arqueológicas de valor histórico, de ejemplares de flora y fauna que identifiquen una región geográfica o la totalidad del país y de imágenes de aspectos folclóricos o tradicionales.
Esto es con la finalidad de añadir en las monedas un mensaje de carácter cultural que permita a los coleccionistas y al público en general, tener a través de ellas un punto de contacto con nuestro país.
Otro signo representativo de las monedas mexicanas, es que en el anverso invariablemente tienen el Escudo Nacional con la leyenda: "Estados Unidos Mexicanos".
Las características propuestas para que se acuñen las monedas en las iniciativas de referencia respetan la tradición histórica mencionada y su forma oficial al proponerse que se incluya en su anverso el Escudo Nacional con la leyenda del nombre oficial de nuestra patria y en el reverso símbolos de las culturas precolombinas, así como escenas de estampas folclóricas e imágenes representativas de la orografía nacional.
Por esta razón consideramos que debe existir consenso en este honorable cuerpo colegiado, para aprobar estos dictámenes de referencia, toda vez que las características de los cuños que se propone incorporar en el anverso de las monedas, forman parte de nuestra cultura e historia y de los compromisos internacionales como son: el V Centenario del Encuentro de Dos Mundos y el 500 Aniversario de Dos Culturas.
Además, la serie de monedas que se acuñarían, de aprobarse estas iniciativas inscritas en estos dictámenes, serían de metales preciosos como el oro y la plata, que se extraen en nuestro país, sobre todo, considerando que México es el primer productor de plata a nivel mundial, aspecto éste que es necesario tenerlo presente porque a través de la acuñación de las monedas, se revertiría en parte la tendencia de exportar los metales referidos, incorporándoles un mayor valor agregado. Teniendo en consecuencia, que al dar nuestro voto aprobatorio a estos dictámenes, estaríamos fortaleciendo nuestra presencia como país en los mercados internacionales.
Se otorgaría un mayor valor agregado a la plata, que en estos momentos es de fundamental importancia para que en los estados, en las regiones del país donde se lleva a cabo esta actividad, se pueda reactivar. Se generaría una nueva opción a los inversionistas que deseen invertir a través de estos nuevos instrumentos. Se cumplen, además, compromisos internacionales al emitir estas monedas y se generaría además un instrumento muy importante para fomentar el ahorro interno que creo que debe ser una preocupación de todos los mexicanos en este momento a través de estos...
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señora Presidenta, ¿pregunte al orador si acepta una interpelación?, por favor.
La Presidenta:
Diputado Aispuro, ¿le permite una pregunta al diputado Tenorio Adame.
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Si me permite concluir y al final, con todo gusto.
La Presidenta:
Con mucho gusto, al final, diputado Tenorio Adame.
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Otro punto importante que se lograría al aprobar esta iniciativa, es que se va a reactivar la economía en el sector minero generando mayores empleos, sobre todo en las manufacturas especializadas en esta materia, y conservando los empleos que ya existen en este ramo y que además las regiones del país que cuentan con este potencial minero, hoy se verían altamente favorecidas porque les daríamos una oportunidad, una opción más para invertir, para reactivar esa actividad, sobre todo en los estados en donde esta actividad es de la mayor importancia como son: Guanajuato, Chihuahua, Hidalgo, San Luis, Zacatecas y Durango, sobre todo estos dos últimos estados que es donde la producción de plata es fundamental, es parte importante de la economía de esos estados, y por esa razón nosotros consideramos que hoy se está atendiendo a la inquietud, a la demanda de los mineros porque el Gobierno Federal les dé la oportunidad de poderle dar un mayor valor a sus productos y que de esta manera, sobre todo, vamos a reactivar, vamos a generar mayores empleos.
Yo como duranguense, aquí afirmo que para Durango esto será un signo alentador, sin duda, porque estamos cumpliendo una demanda de este sector que además genera importantes empleos indirectos y que hoy creo que debe de ser nuestra mayor preocupación el de buscar alentar la reactivación de la economía. Y este, reitero, viene a ser un instrumento más para poder fomentar el ahorro interno, y sobre todo, para que haya una nueva opción de inversión.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, los invito a que votemos a favor de estos dictámenes que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que de esta manera podamos dar cabal cumplimiento a una inquietud de un sector importante de la sociedad mexicana y en particular de estos estados, en donde esta actividad es preponderantemente considerable en la actividad económica.
Gracias por su atención.
La Presidenta:
¿Desea contestar la pregunta, señor diputado?
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Sí, con mucho gusto.
La Presidenta:
Adelante, diputado Tenorio Adame.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Diputado Aispuro: quisiera yo que me dijera sobre los relieves que lleva esta moneda. De una parte lleva el escudo, pero no conozco los relieves que llevan las monedas.
El diputado José Rosas Aispuro Torres:
Por una parte efectivamente lleva el Escudo Nacional y por el anverso va a llevar, lo que comentábamos, una serie de referencias a nuestra cultura, a nuestras regiones del país, lo que representan en lo cultural, en lo orográfico y ésa sería la importancia de que hoy nos daría la oportunidad de que en el mundo conozcan más cual es la cultura e historia de nuestro país.
La Presidenta:
Están a discusión en lo general y en lo particular los dictámenes.
Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión el diputado Antonio Tenorio Adame, quien tiene la palabra.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
La moneda mexicana alcanzó fama universal y fue moneda de curso corriente aun en la lejana China, en el lejano oriente. La moneda mexicana sufrió una caída irreversible, a partir de las crisis de fin de siglo y principios de éste, durante el porfiriato, debido a que la plata dejó de ser patrón monetario vigente.
Por lo que yo he escuchado aquí de la razonada intervención de mi estimado y admirado diputado Aispuro, que bien ha venido aquí con la representación del pueblo de Durango, al cual estimo por muchas razones, quiero atraer la atención de ustedes para que reflexionemos, me permitan externar algunas ideas de alguna falta de precisión acerca de nuestra memoria histórica.
Yo no estoy muy seguro si sea facultad nuestra el permitir a las autoridades hacendarias emitir monedas conmemorativas. Nosotros tenemos facultades para controlar, normar, el flujo monetario de carácter legal, de curso obligatorio. Pero lo conmemorativo a mí me parece extraño que lleve el escudo nacional.
Es cierto que es conveniente que las monedas tengan un mayor contenido de metal de plata, de metal que le permita tener una mayor captación de recursos para que sea una forma de ahorro y a la vez también impacte, aunque no de manera sensible, pero que dé oportunidad de abrir algunas plazas de trabajo. En eso estoy de acuerdo. En lo que no coincido plenamente es en que se utilice el Escudo Nacional para esta conmemoración; que por otra parte y como ha sido aquí expresado y reconocido, no es nuestra historia y no tenemos por qué conmemorarla.
El 10 de octubre de 1995 vinieron los distintos representantes de los partidos a plantear consideraciones que hoy no vamos a abundar en ellas, acerca de lo que algunos consideraban epopeya y que finalmente quedó en tragicomedia, que comenzaron a titular como conquista del nuevo mundo, como descubrimiento de la América, cuando en realidad los que fueron descubiertos fueron los europeos porque cuando llegaron las naves europeas nuestro continente estaba habitado.
Entonces ¿cuál epopeya y cuál historia, qué conmemoramos, cómo vamos a escribir la historia y cómo la vamos a seguir reescribiendo? Se dice que los elementos descriptivos y alegóricos de la moneda van en razón de nuestras culturas y nuestras regiones y dentro de nuestra memoria, dicho expresamente por el diputado Aispuro y que en esa razón nos van a conocer mejor en el mundo, creo que se está siguiendo la huella de Silvia Hernández en el sentido de utilizar monedas de plástico o monedas de alto valor metálico para promocionarnos turísticamente.
Yo creo que el planteamiento está desviado, está torcido, nos altera, nos ofende compañeros, ofende nuestra memoria histórica. ¿Qué es la memoria? Un historiador connotado decía que la historia de los muertos, era la historia de los vivos y ¿para qué nos sirve nuestra memoria? Sirve para nuestra identidad y nuestra identidad nos da cohesión y nos permite solidarizarnos como nación y proyectarnos para hacernos valer como comunidad en el mundo, para hacer sentir nuestra soberanía, para darnos formas de Gobierno; hoy mismo aquí se va a discutir acerca del BID y vamos a ver cómo estamos condicionados en el BID; en esa razón compañeros es en que la memoria es el presente, no solamente el recuerdo, no solamente el recuentro del pasado y más aún cuando, incluso en los centros de dominio que fueron antes nuestras metrópolis como en España durante el V Centenario, durante el llamado cinco siglos del Encuentro de Dos Mundos y Dos Culturas, fue impugnada esta idea. Yo no veo en esta iniciativa otra razón más que seguir frotando la herida que tanto nos duele a los mexicanos.
En la época previa a la Independencia llamó la atención el discurso de Abad y Queipo, obispo de Morelia que hablaba de la miseria tremenda que existía, llamó la atención al mundo la declaración del Barón de Humboldt, acerca de las condiciones de oprobio y de riqueza que se convivían en nuestro pueblo y ése fue el resultado del Encuentro de los Dos Mundos y de las Dos Culturas, disfrazados como una acción de conquista de una guerra acometida durante tres siglos seguidos en un exterminio de nuestras culturas indígenas y de nuestros grupos étnicos.
Con razón Vasco de Quiroga creó la utopía en Santa Fe y en Patzcuaro, con razón fray Bartolomé de las Casas fue a las cortes a plantear la razón que asistía a los grupos indígenas que también tenían alma, tenían espíritu y tenían razón. Por ello no podemos aceptar una argumentación como la que aquí se ha dado.
Y es en esa razón que queremos dejar sentada nuestra inconformidad, aunque exista consenso para que la moneda sea autorizada y pueda circular, no aceptamos los elementos de historia y cultura que aquí han venido a distorsionar nuestra vertebración como pueblo mexicano, porque finalmente somos un pueblo mestizo, somos la unión de todos los pueblos y de todas las culturas, pero esto ha sido a través de una elaboración social de integración que nos ha costado a los mexicanos y que no podemos por esa razón, ser sometidos bajo el camuflaje de ideas coloniales que nos vienen aquí a imponer de otra manera.
Como mestizos estamos de acuerdo que nuestra identidad y nuestra soberanía deben de ponernos a salvo de las nuevas formas coloniales, de la nueva dependencia, de las tesis del neoliberalismo, de las formas que nos impone el BID, que incluso nos dice cuál es el tamaño de nuestra pobreza y cómo la debemos de combatir.
En esa razón compañero y por muchas, es que yo dejo sentado aquí la inconformidad de quienes estén de acuerdo conmigo de que no existe la idea histórica del encuentro de dos mundos ni la integración de dos culturas, es la formación de nuestro pueblo y la forja de su independencia y su libertad en los principios de nación lo que se debe de exaltar hoy y siempre.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los dictámenes en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos, señora Presidenta.
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los tres dictámenes en un solo acto.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los tres dictámenes en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitió la siguiente votación: por el primer dictamen, 357 votos en pro y 10 votos en contra; por el segundo dictamen se emitieron 358 votos en pro y nueve votos en contra; por el tercer dictamen se emitieron 362 votos en pro y cinco votos en contra.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que adiciona el diverso por el que se establece las características de las monedas conmemorativas del 500 Aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se modifica y adiciona el decreto por el que se fijan las características de las monedas de plata previstas en el artículo 2o.bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 1981, así como el decreto que modifica y fija las características de las monedas que se indican, previstas en el artículo 2o.bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de enero de 1990.
La secretaria Leticia Camero Gómez:
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el día 11 de abril del presente año, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, por parte de la colegisladora, quien la aprobó en su oportunidad.
De acuerdo con el estudio efectuado al citado documento y con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
En relación a la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, los diputados que integran esta Comisión de Hacienda y Crédito Público conocimos y analizamos las propuestas que contiene la minuta proyecto del decreto correspondiente de la Cámara de Senadores.
A ese respecto, coíncidimos con la minuta de decreto en el sentido de que el Gobierno Federal participe en la suscripción adicional de acciones representativas de capital del Banco Interamericano de Desarrollo; realice de igual forma una aportación adicional al Fondo para Operaciones Especiales de esa misma institución; se derogue el artículo 6o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, por último, se modifique el mencionado convenio constitutivo.
Del análisis y estudio a que hace referencia la minuta respectiva, puede desprenderse que las alternativas de financiamiento a nivel mundial son limitadas y onerosas, por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo se constituye en una fuente multilateral que provee recursos en términos preferenciales, como en el caso de nuestro país.
En este sentido, esta comisión apoya la participación de México en el incremento en el capital mediante la suscripción de 202 mil 245 acciones por un monto de 2,022.450,000 (dos mil veintidós millones cuatrocientos cincuenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, en vigor al 1o. de enero de 1959, equivalentes a 2,439.770,000 (dos mil cuatrocientos treinta y nueve millones setecientos setenta mil) dólares corrientes de los Estados Unidos de América. Esta suscripción se llevaría a cabo efectuando el pago de 4 mil 316 acciones de capital pagadero en efectivo, equivalente a 52.070,000 (cincuenta y dos mil millones setenta mil) dólares corrientes.
Con estas aportaciones, las contribuciones de México a este organismo financiero multirregional alcanzarían históricamente la cifra de 6 mil 316 millones de dólares, de los cuales 298 millones corresponden a capital pagadero en efectivo. El resto sería de capital exigible, el cual constituye fundamentalmente una garantía para apalancar operaciones crediticias de la institución. Este capital exigible también está previsto para cuando se presenten situaciones extraordinarias contempladas en el convenio constitutivo, como sería el caso de la extinción del propio organismo. Cabe señalar que, desde el inicio de operaciones de este organismo, no se ha requerido ni a México ni a ningún otro país miembro, el pago correspondiente a las acciones del capital exigido.
Esta comisión también coincide con la colegisladora para que se autorice al Gobierno Federal que se efectúen aportaciones adicionales hasta por el equivalente de 9.374,212 (nueve millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos doce) dólares corrientes de los Estados Unidos de América, a cubrir durante 10 años mediante cuotas anuales, correspondiendo efectuar el presente año un primer pago por 1.589,400 (un millón quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos) dólares de los Estados Unidos de América.
En el caso particular de México, a partir de la constitución del Banco Interamericano de Desarrollo en 1960 se han recibido 153 créditos por un total de 9 mil 442 millones de dólares, en condiciones preferenciales tanto en tasa como en plazo, lo que implica que, por cada dólar aportado a este organismo, se han recibido aproximadamente 38 dólares de financiamiento, destinados fundamentalmente a proyectos en los sectores agropecuario, de infraestructura, industrial y educativo.
El aumento general de recursos que se propone tiene por objeto, además de dotar a la institución con nuevos recursos, reajustar la distribución accionaria y las proporciones de votación, aumentando la participación de los países extrarregionales, lo cual fortalecerá el carácter multilateral del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta comisión subraya que con las aportaciones que se recomiendan autorizar, el poder de voto de nuestro país, tomando en cuenta la recomposición para fortalecer el carácter multirregional de la institución, disminuye ligeramente al pasar de 7.4% a 6.91% del total.
A partir de este nuevo aumento de recursos, la estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo se centrará en el apoyo a programas destinados al combate de la pobreza, al mejoramiento del ambiente y al financiamiento de proyectos de infraestructura.
Cabe señalar por otra parte, que para las aportaciones adicionales que deberán realizarse este año, en nuestro caso ya se encuentran contempladas en las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no incidirán en el ejercicio fiscal de 1996.
Por lo que se refiere a la derogación del artículo 6o. de la ley, su fundamento radica en que su contenido ya se encuentra contemplado con plena seguridad jurídica en la Ley del Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1993, toda vez que al establecerse la autonomía del instituto central, éste dejó de fungir como garante del Gobierno Federal que le correspondía en los términos del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, función que desde esa fecha realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esta comisión da su apoyo a la colegisladora en la enmienda al convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la estructura de votación de los países miembros; la adecuación en las mayorías de votos para ciertas resoluciones y a la integración del directorio ejecutivo, con el propósito de mejorar la representatividad de los estados miembros, a la vez que se fortalece el carácter multilateral del organismo con una mayor participación de países ajenos a la región.
Finalmente, por considerar que el fortalecimiento de la capacidad financiera del organismo debe acompañarse necesariamente de la renovación de su estructura operativa, son de apoyarse diversas enmiendas en la recomposición de su directorio y por consiguiente, de las votaciones, para la autorización de préstamos concesionales para países de más bajo nivel de desarrollo y actividades específicas como los que compete al fondo para operaciones especiales.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, somete a consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Artículo primero. Se reforman los artículos 2o. y 3o. y se deroga el artículo 6o., de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Se autoriza al Gobierno Federal para que, por conducto del Banco de México, efectúe la suscripción adicional de 202 mil 245 acciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta por el equivalente a 2,022.450,000 (dos mil veintidós millones cuatrocientos cincuenta mil) dólares de los Estados Unidos de América, del peso y ley en vigor al 1o. de enero de 1959.
Artículo 3o. Se autoriza al Gobierno Federal para que, por conducto del Banco de México, efectúe aportaciones adicionales hasta por el equivalente de 9.374,212 (nueve millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos doce) dólares de los Estados Unidos de América, para cubrir la cuota de la contribución de México al Fondo para Operaciones Especiales a que se refiere el artículo 4o. del convenio constitutivo de dicho organismo.
Artículo 6o. Se deroga.
Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal para aceptar enmiendas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, referentes a la estructura de votación de los países miembros, la adecuación en las mayorías de votos para ciertas resoluciones y a la integración del directorio ejecutivo.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- a 24 de abril de 1996.-Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Mónica Leñero Alvarez, Alfonso Reyes Medrano, Jorge Padilla Olvera, Saúl Escobar Toledo, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto R. Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Antonio Sánchez Gochicoa, Dulce María Sauri Riancho, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos :y Joaquín Vela González.»
Es de segunda lectura.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señora Presidenta, señoras diputadas; señores diputados:
Me ha correspondido el honroso encargo de sustentar el dictamen relativo al que estamos examinando, a nombre de la comisión.
Al efecto y además del excelente dictamen en comento, partiré de dos argumentos a los que trataré de dar una mayor elaboración. Es el primero el de la utilidad y conveniencia de negociar ciertos temas e intereses a través de organismos multilaterales. Hacerlo así evita presiones de los más fuertes y hegemónicos y permite alianzas y acuerdos que otorguen mayor peso de votación de los miembros de esos organismos, que de otra manera se verían si no indefensos, por lo menos en una posición muy débil.
El segundo argumento sería que la ventaja de este trato colegiado se acrecienta cuando dichos organismos son de carácter regional, pues eso si da un mayor peso específico a los socios de la zona, quienes seguramente por esa circunstancia guarda mayor relación política e internacional.
Esto hace que concretamente en el caso de México, su presencia sea más fuerte en el Banco Interamericano de Desarrollo que en otras instituciones financieras de alcance mundial.
Desde un principio el hablar de un organismo regional implica que nuestras relaciones con los países latinoamericanos y con aún los de habla inglesa del Caribe, sea mucho más cercana que si la tenemos con los de otros continentes.
Al hablar de regional me refiero en cuanto a los sujetos del crédito de esos organismos y no del total de sus socios. Me explicaré en esto o trataré de explicarme un poco más.
Es cierto que a partir de 1974 y por acción promotora sobre todo de un mexicano ilustre, de don Antonio Ortiz Mena, entrar al banco, países que se llamaron extra regionales, precisamente por ser de otros continentes. Sin embargo, otros países como también los dos países industrializados de América, del continente nuestro, Estados Unidos y Canadá no son países elegibles para ser sujetos de crédito, son al contrario, los países que llamaríamos prestamistas, por más que no sea una connotación muy precisa decir esto.
En la creación del Banco Interamericano, además México tiene un largo camino recorrido y una acción que se remonta a muchos años atrás. La idea de un organismo financiero interamericano ya con características de un banco, fue propuesta especialmente o precisamente por México desde la Conferencia Panamericana de Montevideo en 1933. Por algunos años y por las circunstancias especiales de esa década y de la siguiente, un poco se olvidó este tema, pero no así por México, quien en 1939, en la I Reunión de Ministros de Hacienda del continente americano, que en ese momento era uno de los tantos mecanismos que siempre ha tenido la entonces Unión Panamericana, hoy Organización de Estados Americanos, a través del jefe de la delegación mexicana, que lo era don Eduardo Villaseñor, presentó nuevamente una propuesta de un organismo financiero regional.
Por circunstancias también de la época y por una serie de por supuesto objeciones que había por parte de quienes habrían de aportar las mayores cantidades y también ante ciertos temores de que esto trajera mayores presiones financieras, durante los años siguientes se siguió manejando el tema, pero siempre con una insistencia por México muy importante. Se hizo tanto en la conferencia de Chapultepec, que era finalizar la guerra, pero en la que se abría por supuesto un gran capítulo económico; se volvió a insistir en Bogotá en 1948, cuando se da la Carta Nueva de la OEA, en Quintandín en 1954 y no había conferencia interamericana plenaria o bien de algunas entidades menores, en las que México no tuviera esa insistencia por crear el organismo.
Ahí hubo la acción y vale la pena recordarlo porque eso es hacer justicia de muy distinguidos mexicanos. Ahí estuvieron siempre, además del citado Eduardo Villaseñor, puedo hablar también de Rodrigo Gómez, de don Eduardo Suárez, de Antonio Carrillo Flores, del licenciado también Antonio Ortiz Mena, quienes siempre estuvieron pendientes de esta idea mexicana y la apoyaban con toda su inteligencia y patriotismo en estas conferencias.
El banco inicialmente estuvo integrado por 19 países de América latina, por el Caribe y por Estados Unidos. Son datos que seguramente ustedes conocen bien, pero vale la pena a veces recordar esas instituciones que sí han sido, yo diría como un balance total, beneficiosas para el país.
Ya en 1974 empezaron a entrar países extraregionales precisamente por acción de Antonio Ortiz Mena, entonces presidente del banco, hasta llegar hoy a 46 miembros de todos los continentes.
El banco inició sus operaciones en 1960, ha prestado, como se señala con toda precisión en el dictamen, excelentes servicios a México. Aquí están los datos ya concretos del monto de los préstamos, hasta la fecha 153 préstamos, la mayor parte de ellos ya totalmente desembolsados, como también la posibilidad que cada día ha sido mayor, de alianza de México con otros países para llevar a votaciones favorables no sólo en el caso nuestro, sino también en el caso de otros países latinoamericanos que a veces se han visto en circunstancias difíciles, hablando de política internacional. Sin embargo, México los ha apoyado siempre y esto ha sido muy importante para el continente.
Solamente para terminar, porque el dictamen por sí solo, no digo se defiende, sino que comprueba estas afirmaciones, querría señalarles a ustedes los campos tan importantes para nuestro país en los cuales nos ha prestado el banco en términos siempre favorables, favorables en relación con los órganos financieros privados internacionales, nos ha prestado en primer lugar y la mayor parte en agricultura y pesca, ya los montos de préstamo han llegado a 3 mil 677 millones, que han dado origen a proyectos con un costo de 8 mil 420 millones.
Después, el segundo sector que ha favorecido es industria, minería y turismo, con 1 mil 715 millones de dólares, que ha dado también origen a un total de proyectos de 4 mil 576 millones.
En tercer lugar salud y saneamiento; transporte y comunicaciones; reforma del sector público; desarrollo urbano; inversión social; educación; energía; ciencia y tecnología; medio ambiente y algunos otros proyectos de preinversión.
Como ustedes ven, realmente los préstamos al banco han ido a sectores de la mayor importancia para el país y desde el punto de vista, no diré negocio, pero sí como una forma comparativa de demostrar lo ventajoso que ha sido para México y por qué, en opinión de la comisión y de su servidor, debemos apoyar esta octava reposición de fondos, es que a la fecha de lo que hemos dado, por cada dólar que hemos aportado nosotros, muchos de ellos no en moneda contante y sonante, sino a través de lo que se llama capital exigible, por cada dólar hemos recibido 38 dólares aproximadamente de préstamo, en condiciones algunas lo que se llama fondos blandos o concesionales y claro, la mayor parte a través de tasas de interés muy favorables en el mercado mundial.
Por estas razones, señoras diputadas, señores diputados, mi propuesta es que apoyemos el dictamen de la comisión y demos un voto afirmativo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.
Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto la siguiente oradora, la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene la palabra.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señora Presidenta; compañeros diputadas y diputados:
Vengo a hacer algunos comentarios en torno al dictamen de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Después de las doctas y optimistas palabras del diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, realmente mi intervención es para dar un sesgo un poco más objetivo y complementario al razonamiento que él nos hizo.
A pesar de que efectivamente hay una retórica del BID, no debemos de dejarnos confundir acerca de la filosofía que lo ha estado inspirando últimamente.
Yo estoy de acuerdo que en sus orígenes México tuvo una importante participación, fue a instancias de México y de Chile que finalmente se creó este banco, en parte también fue con el apoyo de los fondos de la alianza para el progreso y que se le estableció como su objetivo fundamental el desarrollo.
Sin embargo, esa época ya ha pasado o cuando menos se ha visto nublado por los criterios de condicionalidad y por la ideología que se ha tratado de imponer a todo nuestro continente, que es la aperturista y la que se conoce como neoliberal.
Así, por ejemplo, yo quisiera mencionar aquí que en abril de 1944, en la reunión de Guadalajara-México, en la reunión anual de gobernadores del BID, el ciudadano Enrique Iglesias, su presidente, sostuvo que los procesos de apertura, liberalización y desreglamentación de las economías constituyen un desafío sin precedente.
El éxito de la estrategia de desarrollo adoptada depende en gran medida de que el sector privado de la región asuma en plenitud la función que le corresponda en economías de libre mercado.
En tal sentido, es necesario continuar con los esfuerzos, en remover los obstáculos e impedimentos de carácter jurídico, reglamentarios o burocráticos que afectan la inversión privada, a fin de consolidar un entorno favorable a la misma.
Todo esto suena muy bien si no fuera porque al mismo tiempo está acompañado de una política que exige la privatización y la reducción de la economía pública; es decir, una economía que es la que adoptó nuestro país por ser la que más le conviene y muchos otros países de América latina también y sin embargo sí hay una filosofía ideologizada fuertemente en contra de la economía pública para tratar de imponer los criterios que normen los créditos del banco interamericano.
En su fundación el banco prevería que los países de América latina tuvieran siempre una aportación mayoritaria. Queremos advertir que con estas reformas se disminuye la aportación, el porcentaje de aportación del área de América latina y el Caribe de 53% a 50.05% y también se disminuye la participación de México.
Vemos conveniente que aporten otros países industrializados y que su aportación sea nada más, como se llama ahora, donantes pero no sean susceptibles de recibir créditos o sea las bases de la constitución de esta institución fueron adecuadas a lo que sigue siendo la necesidad vital de nuestro continente, sigue siendo el desarrollo, sigue siendo el crecimiento, sobre todo porque somos países en donde el crecimiento demográfico, si bien ha disminuido la tasa, en números absolutos ha aumentado.
El BID insiste, sin embargo, en sus informes en la apertura de las economías de la región, en una mayor integración a los circuitos modernos de la economía, en una disminución de la intervención del Estado, con un modelo de desarrollo que puede calificarse como neoliberal.
Ahora nosotros, ¿a qué nos oponemos? Nosotros nos oponemos a ese patrón forzoso de desarrollo, que se trata de imponer a los países miembros y que se conoce como las condicionalidades. Las condicionalidades del Fondo Monetario y del Banco Mundial, también han permeado al Banco Interamericano, que es una institución que forma parte del sistema mundial.
Todos los que han leído o han visto la carta de intención, los compromisos que acepta un gobierno soberano, para modificar su política económica, su estructura tributaria, la forma como va a efectuar su gasto social, ni más ni menos aquí lo vamos a ver en unos cuantos días, cuando que se trata de individualizar los subsidios al grado de llegar a darles una tarjeta automática a los clasificados o a los que se clasifiquen como pobres.
Todas estas medidas de tipo general, indiscriminado, que sí lesiona la soberanía, es a lo que nos oponemos firmemente y a lo que creemos y consideramos que nuestros representantes en la junta de gobernadores y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el Banco Mundial y ante el Fondo Monetario Internacional, deberían de rechazar y no admitir.
La lucha de México sigue siendo una lucha por la descolonización. No hemos terminado la lucha que se inició en 1810 y no hay forma peor de colonialismo que el colonialismo ideológico. Por eso también nos opusimos a las medallas conmemorativas de los 500 Años del Encuentro de Dos Mundos y Dos Culturas.
Debemos tener una visión diferente. Tenemos nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro propio sistema de economía mixta y las instituciones financieras internacionales deben de respetar la idiosincrasia y las características de la política económica, que cada país y miembro decida libre y soberanamente darse.
Hechas estas consideraciones y esta advertencia, nosotros daremos nuestro voto a favor, pero seguiremos insistiendo porque haya una reforma del sistema monetario internacional, que permita un desarrollo sustentable con respeto a los derechos humanos y a las formas democráticas de gobierno que cada pueblo decida darse.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
La Presidenta:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el articulo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 340 votos en pro, cero votos en contra.
La Presidenta:
Aprobado en lo general y en lo particular por 340 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REFORMA DEL ESTADO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, para presentar una propuesta sobre la reforma del Estado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Con su permiso, señora Presidenta:
Quisiera solicitarle pida usted la atención a la Asamblea para poder dirigir mis palabras, diputada Presidenta.
La Presidenta:
Esta Presidencia pide atentamente a la Asamblea guarde orden a fin de escuchar las palabras del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados las propuestas que los diputados formulamos para enriquecer la reforma del Estado y en particular la reforma electoral en las que estamos comprometidos y empeñados.
Estas propuestas abarcan el conjunto de temas que a nuestro juicio constituyen las áreas del orden jurídico nacional donde la democratización y los cambios resultan más urgentes y necesarios.
Este documento del cual ya se les ha entregado a todos ustedes un ejemplar, fue entregado en tiempo y en forma a la Secretaría de Gobernación para que fuera tomado en consideración en la mesa central. Dado que estas propuestas ya han sido entregadas a su vez por la Secretaría de Gobernación a los diputados y senadores coordinadores de los grupos parlamentarios, sentimos la necesidad y el compromiso de presentarlas ante todos ustedes para que sean de su conocimiento y puedan contribuir al necesario debate que hoy estamos abordando.
De muy distintas formas y atravesando por toda clase de tropiezos, se logró y al fin que el Congreso de la Unión conozca de las iniciativas de reforma de los partidos políticos y del Gobierno y se disponga a transformarlas en modificaciones constitucionales y nuevas leyes. Al respecto, destaca por un lado, este acuerdo logrado en la Secretaría de Gobernación entre el Gobierno y tres partidos políticos. Asimismo y por otro lado, habremos de examinar las iniciativas de ley que con anterioridad presentó el Partido Acción Nacional.
Como punto de partida manifestamos que nuestras propuestas coinciden en mucho con las de los partidos políticos y el Gobierno. No cabe duda que los consensos logrados entre los partidos y el Gobierno, así como los planteamientos expresados por el PAN en esta plenaria, recogen y expresan algunas de las más importantes demandas de democratización surgidas en la sociedad y expresadas en muy diversos documentos.
Existen, sin embargo, aspectos muy puntuales donde creemos que es posible enriquecer y completar las propuestas de estos consensos. Nos sumamos un buen número de los ya logrados hasta ahora, pero queremos también aportar a la discusión algunas perspectivas de reforma que surgen de una óptica de participación política no partidaria.
A reserva de agotar en las distintas mesas de trabajo y comisiones la discusión puntual de cada uno de los asuntos que son materias de las propuestas que hoy integramos, quisiéramos aprovechar esta ocasión para subrayar algunas cuestiones que nos parecen de particular y especial relevancia.
Nos parece, antes que nada, que la autonomía del órgano electoral está llamada a ser la columna vertebral de los procesos electorales democráticos a los que los mexicanos aspiramos. Esta ha sido una demanda en la que han coincidido, de tiempo atrás, los ciudadanos y los partidos de oposición y que en la búsqueda del mejor esquema ha sido también desde hace tiempo discutida y formulada de muy distintas maneras. Tanto los acuerdos de Gobernación como la iniciativa de ley del PAN, contienen así diseños de lo que deberá ser una autoridad electoral autónoma e imparcial.
Tan importante y decisiva esta cuestión y tan enérgica ha sido la demanda de la ciudadanía en este sentido, que en el documento suscrito en Bucarelí se delinea un órgano electoral tan autónomo que se asemeja incluso a un cuarto poder.
En nuestra opinión, no es necesario constituir un cuarto poder para contar con una estructura imparcial de administración y manejo de las elecciones. Por ello, proponemos aquí una fórmula de integración del Consejo General del IFE, que a nuestro juicio despoja definitivamente al Poder Ejecutivo del control y tutelaje que hasta hoy ha ejercido sobre el IFE. Pero que al mismo tiempo preserva la estructura de nuestro régimen republicano constituido sólo por tres poderes.
La reforma que proponemos está diseñada para conformar un régimen político democrático donde no quepan la impunidad y la discrecionalidad de la que ha gozado el Poder Ejecutivo; donde la separación y equilibro de poderes sea efectivamente garantía de control y de responsabilidad de los gobernantes y donde los partidos políticos sean estructuras sólidas que cuenten de una manera ponderada con los medios legales, los recursos y los accesos que les permitan expresar las aspiraciones de la ciudadanía y contender en condiciones de plena equidad.
En efecto y a pesar de la desconfianza e incluso la antipatía con la que amplios sectores de ciudadanos ven hoy a los partidos políticos, los diputados que sin pertenecer a ningún partido participamos en los trabajos de esta legislatura, creemos que los partidos son instrumentos insustituibles de la democracia. Lejos de acotarlos la reforma política debe ampliar sus márgenes de maniobra vigorizarlos y enriquecerlos para que a partir de ese fortalecimiento los partidos puedan ser en el nuevo orden que estamos construyendo, los principales agentes de la revaloración de la política y su dignificación.
En el marco precisamente de una sólida estructura de partidos, creemos también indispensable diseñar formas de participación directa que ofrezca a los ciudadanos cauces no partidarios para expresarse, para influir, para proponer soluciones y para acceder a la representación.
Estas fórmulas no partidarias de participación política, deben tener en cierta medida un carácter complementario en relación al espacio que sin duda deben ocupar los partidos.
En todo caso las vías no partidarias para entrar al juego político, deben ser instrumentos accesibles a todos los ciudadanos, que sirvan precisamente de contrapeso a los partidos.
La ausencia de fórmulas simplemente ciudadanas de participación política, es un elemento que debilita al propio régimen de partidos, al dejar a todos los ciudadanos irremediablemente a merced de arreglos partidarios que a muchos nos satisfacen.
Creemos firmemente que no sólo los poderes públicos deben ser vigilados y contrapesados por los ciudadanos; los partidos políticos tienen también que someterse a mecanismos de auditoría política ciudadana. Deben existir fórmulas para que de una manera institucional y responsable los propios ciudadanos puedan testimoniar su independencia, en determinado momento expresar su desencanto con los partidos, disponiéndose a actuar en política fuera de ellos.
Las fórmulas de participación política no partidaria, deben ser también en un régimen democrático, fórmulas embrionarias para la gestación de nuevas alternativas políticas que gradualmente tomen la forma de partidos y que vengan a enriquecer y a renovar precisamente las ofertas partidarias con que cuenta la sociedad.
Hasta ahora, los partidos políticos han sido por una u otra razón, reticentes e incluso hostiles a la idea de facilitar e institucionalizar fórmulas de participación política no partidarias, independientes.
La razón que casi todos esgrimen es que al permitir que los ciudadanos actúen y compitamos en la política fuera de los partidos, se fomentan tendencias de disgresión y fragmentación política que no sólo socavan a los partidos, sino que dañan seriamente los fundamentos de la gobernabilidad y favorecen la atomización política del país. En particular, los partidos de oposición tienen el fundado temor de que los espacios no partidarios de representación política no favorezcan en la práctica a los ciudadanos verdaderamente innovadores e independientes, sino que sean un instrumento para que el Gobierno o el partido mayoritario intente disgregar a la oposición y pulverizar su voto.
Se piensa también que las fórmulas de organización política no partidarias, permitirán al régimen crear estructuras satélites; con la complicidad de las cuales ejercer la hegemonía de los órganos de representación política nacional.
Todos estos peligros son ciertos y nada desdeñables. Sin embargo, tales riesgos no justifican la proscripción de los espacios estrictamente ciudadanos de participación política, necesarios en nuestra democracia. Por el contrario, obligan a diseñarlos cuidadosamente para evitar que en la práctica su propósito y función sean desvirtuados. Después de todo, el conjunto de disposiciones que integran la reforma que este Congreso examina, tiene la intención expresa de modificar de manera sustancial las estructuras políticas del país y de sustituir al actual régimen que ha sido el amo de la manipulación, por uno verdaderamente plural donde las viejas prácticas de control queden erradicadas.
Es decir, si la reforma que los propios partidos de oposición proponen fructifica y se hace en realidad en ese marco, las vías de participación ciudadana no partidiarias, dejarán de representar algunos de los peligros que hoy se apuntan.
Atendiendo el doble propósito de constituir con un régimen de partido sólido, atractivo y vigoroso y de connotar al mismo tiempo con vías de actuación independientes, proponemos aquí criterios para el registro de candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular.
Consideramos que para cumplir previamente su registro, con el requisito de autenticidad y representatividad, las candidaturas independientes deberán ser respaldadas cuando al menos por el 2% de los ciudadanos registrados para votar en la localidad, registro o espacio de que se trate. Este porcentaje es el mismo que debe exigírseles a los partidos para obtener su registro.
Las candidaturas ciudadanas deben tener un régimen democrático y plural, acceso justo a los medios de comunicación y sus posturas deben de ser escuchadas a lo largo del proceso en los órganos electorales correspondientes y en las instancias jurisdiccionales de resolución de disputas. Sin embargo, no por ello los candidatos independientes deberán gozar de las mismas prerrogativas reservadas por ley, a los partidos.
Sólo en el caso de que los candidatos independientes logren acceder, triunfando en una elección, proponemos que la autoridad electoral les otorgue el equivalente al 50% del financiamiento promedio que se les haya concedido a los candidatos de los diversos partidos, en el lugar de esa elección.
Existen múltiples maneras de fiscalización y control para evitar que las candidaturas independientes sean el vehículo de intereses ilegítimos o el brazo de grupos de poder que intenten, por ese camino, desvirtuar la democracia.
Hay también fórmulas para que respetando los principios jurídicos que nos rigen, las candidaturas independientes no sean usadas como armas en las pugnas de poder al interior de los propios partidos. Estamos en todo caso convencidos, de que en una reforma electoral que excluya por principio a las candidaturas independientes, será una reforma incompleta e insatisfactoria.
Junto a este instrumento valioso, nuestro sistema político debe también ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de organizarse en asociaciones políticas que con muy distintos propósitos y por diversas vías, puedan incluir o participar en la política. Los miembros de las asociaciones políticas podrán, conforme a nuestras propuestas, postularse como candidatos independientes o convenir con algún partido político esa postulación. De esa manera y en el marco de disposiciones muy precisas y claras las asociaciones serán, como se ha dicho ya, formas embrionarias de asociación para fines políticos que en determinados casos puedan transformarse en partidos.
Las asociaciones políticas deberán ser también formas promotoras y complementarias de los partidos y de ninguna manera reductos antipartidistas.
A la par de estos mecanismos proponemos que los ciudadanos tengan posibilidad de someter al escrutinio público iniciativas populares que puedan proponer la celebración de referendum y participar en la convocatoria a plebiscito.
Proponemos también criterios para que los órganos de representación política a los que los ciudadanos acceden por la vía independiente, se estructuren y funcionen de manera tal que esos representantes puedan cubrir cabalmente su misión.
Los partidos políticos de oposición que hoy exigen condiciones de equidad, que demandan al partido oficial renunciar a sus privilegios, que quieren romper con el monopolio político y que buscan someter al régimen a mecanismos de responsabilidad pública, deben también estar dispuestos a asumir, en aras de la propia democracia a la que aspiran, los riesgos de la competencia política no partidista.
Si no son en esta Cámara los partidos, principalmente los de oposición, quienes en esta reforma que nos ocupa propician y facilitan la institucionalización de nuestros ordenamientos electorales, del registro de las candidaturas independientes, es porque no están verdaderamente dispuestos a la apertura.
Un régimen de partidos fuertes, insisto, no debe ser un régimen cerrado a las formas de participación política no partidaria. La llamada partidocracia puede ser tan dañina para el país como la debilidad de los partidos y la liberación de sus fuerzas políticas. Las candidaturas independientes, las asociaciones políticas deben ser el recurso de los ciudadanos para ensanchar sus horizontes políticos y para estimular a los partidos a mantener su vínculo con las nuevas corrientes del pensamiento y de la coincidencia ciudadana.
Un aspecto que nos parece medular de la reforma y que no encontramos tampoco suficientemente expresado en las propuestas conocidas, es el combate a la corrupción como tarea primordial del saneamiento político del país. De la recuperación de la dignidad y la autoestima, de la revaloración política y sobre todo de la erradicación de la impunidad.
Al respecto proponemos que en el marco de la reforma del Estado sea precisamente el Congreso de la Unión quien asuma ahora mismo, de manera extraordinaria, como una responsabilidad institucional hacia el futuro, la tarea de investigar, de esclarecer la corrupción pública y privada en todos los órdenes y de vigilar y fiscalizar permanentemente al Ejecutivo.
Con tal propósito, formulamos un conjunto de propuestas que se refieren al derecho a la información e incluyen dotar expresamente al Congreso de plenos poderes para cumplir con sus tareas de fiscalización, para solicitar y recabar testimonios de cualquier persona o entidad pública o privada y para proteger e inmunizar en su caso a los testigos más valiosos.
La reforma del Estado es la tarea más importante que los legisladores tenemos frente a nosotros y que debemos ser capaces de completar en el lapso que resta para conclusión de nuestro mandato.
El mejor legado que podemos dejar en esta LVI Legislatura es un orden jurídico que asegure, primero que nada, que la renovación de los poderes se hará en el año 1997, en el marco de una competencia política abierta, equitativa, administrada por órganos electorales genuinamente imparciales, con medios de comunicación plurales a los que todas las corrientes y alternativas tengan acceso, con mecanismos de resolución de disputas transparentes y plenamente confiables para la ciudadanía.
Debemos también lograr que los legisladores electos en esa manera democrática y que habrán de sucedernos en esta representación, encuentren un Congreso revitalizado, un Congreso digno y fuerte, autónomo, soberano, mejor organizado y capaz de cumplir con la misión política que el futuro inmediato del país le depara.
Un último aspecto digno de destacar son las propuestas relacionadas con un nuevo federalismo, no sólo en el ámbito político, también en el que muchas veces lo predetermina a éste el ámbito económico. Esta es la aportación de los Ciudadanos Diputados, es un primer paquete, próximamente presentaremos un conjunto de propuestas e iniciativas de reforma en el ámbito económico.
Como ustedes podrán corroborar, en la parte número cuatro de nuestro documento se contienen las propuestas que las distintas fuerzas políticas y actores, también las de ustedes mismos respecto de cada tema; para nosotros ése es el verdadero debate democrático, escuchar lo que proponen los demás para ponderar lo que propondremos cada uno de nosotros. Aquí dejamos, pues, testimonio de nuestras propuestas y solicitamos amablemente, señora Presidenta, se les dé trámite para que la mesa, tanto la mesa plural, como las distintas mesas redactoras de los temas de los distintos aspectos de la agenda política, tanto de la reforma del Estado, como de la reforma político-electoral, sean consideradas para su debate y su discusión.
Por tal motivo y con el propósito de no extenderme más en el uso de la palabra, solicito a usted señora Presidenta, su autorización para que el texto íntegro del presente documento que en este momento entregaré a la Secretaría, se integre textualmente en el Diario de los Debates y sea turnado a la comisión plural para la reforma del Estado, creada ex professo para este fin.
Por su atención, compañeras diputadas y diputados, muchas gracias.
La Presidenta:
Se autoriza insertar como lo solicita, el texto íntegro al Diario de los Debates y túrnese a la comisión plural para la reforma democrática del Estado.
«PROPUESTAS DEL GRUPO DE DIPUTADOS CIUDADANOS PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Presentación
Ante los trabajos del proceso sobre la reforma del Estado convocados por la Secretaría de Gobernación y los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión, como parte del Poder Legislativo, el Grupo de Diputados Ciudadanos desea contribuir con sus propuestas sobre los más diversos temas de la agenda nacional.
Este constituye nuestro primer paquete; hemos hecho un gran esfuerzo por plasmar, lo más nítidamente posible, las demandas que los electores y la ciudadanía en general nos hicieron en el proceso electoral de 1994 y cumplir cabalmente nuestra función de representantes populares.
Después de realizar un concienzudo análisis de las propuestas presentadas por las distintas fuerzas y actores políticos, hemos hecho las nuestras. En unos casos, como propuestas alternativas a fin de intentar consensar de entre lo ya propuesto incorporando nuevos matices; en otros, como propuestas complementarias de las hasta ahora hechas por los demás.
Entendiendo que las reformas deberán ser resultado de la pluralidad existente en nuestra sociedad, esperamos que estas aportaciones contribuyan al avance democrático, hoy más urgente que nunca para nuestro país.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro- México, D.F. abril de 1996.-Grupo de Diputados Ciudadanos: Marta Alvarado Castañón, Adolfo Miguel Aguilar Zinser, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Crisóforo Salido Almada y Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
Indice
I. De naturaleza eminentemente electoral
1. Figuras de democracia participativa.
2. Por lo que respecta a la autonomía del órgano electoral.
3. Respecto a la integración del consejo general del órgano electoral.
4. Respecto a la integración de los consejos de las juntas locales y distritales.
5. Respecto al nombramiento de las demás autoridades del órgano electoral.
6. Sobre el financiamiento y patrimonio del órgano electoral.
7. Sobre la cédula de identidad.
8. Respecto a los principios comunes de la legislación electoral Federal y estatal.
II. De naturaleza político-electoral
9. Sobre la calificación de la elección presidencial.
10. Respecto a la modificación del sistema electoral.
11. Sobre el sistema de representación.
12. En torno a la distritación.
13. Integración de la Cámara de Senadores.
14. Sobre la reelección de diputados federales y senadores.
15. Sobre la integración del Tribunal Federal Electoral.
16. Respecto a la integración y forma de nombramiento de la fiscalía electoral.
17. Respecto al tipo de registro de los partidos políticos.
18. Sobre las obligaciones de los partidos políticos.
19. Respecto a las candidaturas independientes asociaciones políticas y coaliciones.
20. Sobre los gastos de campaña de los candidatos.
III. De naturaleza político-gubernamental
21. En relación a la denominación de los poderes de la Unión.
22. En relación a la iniciativa y formación de leyes.
23. Sobre la estructura constitucional de las competencias y atribuciones de los poderes públicos.
24. Respecto a las atribuciones de la Cámara de Diputados.
25. En relación a la reglamentación interna del Poder Legislativo y a las prácticas parlamentarias.
26. En relación al fuero constitucional.
27. En torno a la reglamentación de las licencias, a cargo de elección popular.
28. En relación a la fiscalización.
29. Respecto a las atribuciones del Poder Ejecutivo.
30. Respecto a las obligaciones del Ejecutivo Federal.
31. En relación a la falta absoluta del Presidente de la República.
32. En relación al Procurador General de la República.
33. Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
34. Sobre la reforma del Poder Judicial.
35. En torno al sistema penitenciario.
36. En relación al juicio de amparo.
37. Sobre las facultades y responsabilidades en materia social.
38. Reforma administrativa.
39. En relación a las facultades constitucionales de la Federación de las entidades federativas y de los municipios.
40. Respecto a las formas de representación de las entidades federativas.
41. Sobre el régimen constitucional del municipio y sus ámbitos de competencia.
42. Respecto a la legislación sobre comunicación.
43. Derecho de información sobre actos de las autoridades.
44. Combate a la corrupción.
IV. Comparativo de propuestas alternas y complementarias.
I. De naturaleza eminentemente electoral
1. Figuras de democracia participativa:
a) Contemplar en la Constitución el referendum, el plebiscito y la iniciativa popular para cuestiones o temas de orden federal.
b) Establecer el referendum, por mayoría simple, para la aprobación de los tratados internacionales que por su importancia impliquen compromisos económicos o políticos fundamentales para la nación.
c) El plebiscito será convocado por el Poder Ejecutivo.
d) El plebiscito será convocado por el Poder Legislativo por mayoría calificada, cuando su temática involucre al Ejecutivo.
e) La ciudadanía podrá solicitar la realización del plebiscito cuando reúna y certifique por lo menos el 2% del total del padrón electoral.
f) En todo caso, tanto el plebiscito como el referendum serán encomendados al órgano electoral para su implementación.
2. Por lo que respecta a la autonomía del órgano electoral:
a) El órgano electoral será autónomo del Poder Ejecutivo, pero sometido a controles establecidos por los poderes Legislativo y Judicial.
3. Respecto a la integración del consejo general del órgano electoral.
a) El consejo general se integrará por dos consejeros del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo, nueve consejeros ciudadanos y un representante de cada partido político nacional con registro. Todos los consejeros contarán con voz, pero el voto quedará reservado a los consejeros del Poder Legislativo, del Ejecutivo y a los consejeros ciudadanos, el presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate. El consejero del Poder Ejecutivo no podrá presidir el consejo general.
b) Los dos consejeros del Poder Legislativo se elegirán de la siguiente forma:
1. Cada Cámara contará con un consejero y sus respectivos suplentes.
2. Dichos consejeros deberán ser electos por mayoría calificada de la Cámara respectiva.
c) Los nueve consejeros electorales se obtendrán de la siguiente forma:
1. Cuatro de los nueve a considerar serán elegidos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que cada grupo parlamentario tendrá derecho de presentar hasta dos candidatos para dichas cuatro plazas.
2. A efecto de cubrir las cinco plazas restantes se recurrirá al siguiente mecanismo:
I. Las propuestas elaboradas por organizaciones académicas, profesionales y fracciones parlamentarias en cada una de las entidades federativas, serán turnadas a los respectivos congresos locales; los que por mayoría calificada elegirán a un candidato que a nombre de dicho Estado participará, junto con los candidatos seleccionados por los demás congresos locales de cada circunscripción, en un sorteo a realizarse ante el pleno del consejo general, con objeto de obtener el nombre del representante propietario de la circunscripción. Para la obtención del suplente respectivo se seguirá este mismo procedimiento con los nombres que resten de los candidatos que no fueron electos como propietarios.
d) El presidente del consejo general del órgano electoral será nombrado por mayoría calificada del consejo.
e) Los consejeros electorales durarán en su cargo cuatro años y su renovación será llevada a cabo en tercios, existirá la posibilidad de una reelección bajo el siguiente mecanismo:
1. Se realizará una votación entre los integrantes del consejo general bajo el principio de mayoría calificada. En dicha votación no podrá votar el postulado.
2. Para que la reelección proceda, ésta habrá de contar con el voto aprobatorio de ambos representantes del Poder Legislativo y el beneplácito de la Cámara de Diputados.
f) La ley inhabilitará a los consejeros electorales para el ejercicio de cualquier cargo de dirección nacional estatal o municipal de algún partido político, hasta por un año posterior a su desempeño como tales.
g) De la misma manera, la ley inhabilitará a los consejeros electorales hasta por un año posterior a su ejercicio, para el desempeño de cualquier cargo de alto nivel en la administración pública federal, estatal y municipal.
h) Los consejeros electorales quedarán inhabilitados, hasta por tres años posteriores a su desempeño, para poder ser postulados candidatos a un puesto de elección popular.
4. Respecto a la integración de los consejos de las juntas locales y distritales.
a) Elección de los vocales ejecutivos por el consejo local de la junta en cuestión, bajo el principio de mayoría calificada, a propuesta de los miembros de dicha junta.
b) Nombramiento de los directores administrativos de la junta local electoral de acuerdo al mismo procedimiento contemplado para los directores ejecutivos del IFE.
c) Elección por mayoría calificada de los consejeros de las juntas locales, por parte de los congresos locales a propuesta de sus fracciones parlamentarias.
d) Elección de los consejeros distritales por parte de los consejos locales, a propuesta de los congresos locales.
5. Respecto al nombramiento de las demás autoridades del órgano electoral.
a) Nombramiento del director general del IFE a través de votación, bajo el principio de mayoría calificada, del consejo general a propuesta de sus propios miembros.
b) Nombramiento de los directores ejecutivos del IFE a través de votación del consejo general de los candidatos propuestos en terna por parte del director general.
6. Sobre el financiamiento y patrimonio del órgano electoral.
a) El IFE elaborará su propuesta de presupuesto de gastos siendo responsable directo de su administración.
b) Dicha propuesta habrá de integrarse al presupuesto de egresos de la Federación y sujeto como tal a su aprobación o modificación por parte de la Cámara de Diputados.
c) Los órganos de fiscalización del Poder Legislativo tendrán facultades de auditoría sobre el presupuesto del IFE.
7. Sobre la cédula de identidad.
a) Penalizar con destitución a los funcionarios del Registro Civil que no informaren a las autoridades del IFE, en un plazo menor de 60 días, los fallecimientos.
b) Misma pena para los jueces que no informaren a la autoridad del IFE, en el mismo plazo, de la suspensión de los derechos políticos del ciudadano cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 38 constitucional.
c) Ambas notificaciones operarán por oficio.
8. Respecto a los principios comunes de la legislación electoral federal y estatal.
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo precisará los principios generales para la realización de los procesos locales y federales. Los estados se encontrarán obligados a la observación de dichos principios, mas no a la reproducción exacta de características y disposiciones.
b) Los principios de las contiendas electorales serán: legalidad, objetividad, certeza, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, sencillez y equidad.
II. De naturaleza político-electoral.
9. Sobre la calificación de la elección presidencial.
a) Facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en gran jurado electoral y hacer la declaratoria de validez de la elección presidencial.
b) Competencia del Trife para la calificación de toda elección, excepto la presidencial.
c) Competencia del Trife para el conocimiento y resolución de todo recurso interpuesto sobre anomalías aisladas respecto de la elección presidencial. De estas anomalías el Trife remitirá sus recomendaciones al gran jurado electoral para dotarle de información que le permita una adecuada calificación de la elección presidencial.
10. Respecto a la modificación del sistema electoral.
a) Instaurar la segunda ronda electoral para toda elección presidencial donde ninguno de los candidatos haya logrado una mayoría relativa superior al 40%. Sólo participarán los dos candidatos más votados.
b) Instaurar la segunda ronda electoral para toda elección donde no haya participado más del 50% del padrón electoral.
11. Sobre el sistema de representación.
a) Equilibrar el número de diputados electos por mayoría relativa y por representación proporcional.
b) Reducir el número de diputados por ambos principios a 200 y 200.
c) Todo candidato a diputado de representación proporcional deberá estar registrado también como candidato a diputado en un distrito uninominal.
d) La asignación de los diputados de representación proporcional se hará de acuerdo a una lista en estricto orden decreciente.
12. En torno a la distritación.
a) Modificar la configuración actual de los distritos.
b) Modificar el número actual de distritos electorales, estableciendo correlación simétrica entre número de diputados de mayoría relativa, con los de representación proporcional.
c) Equilibrar el número de electores asignados a cada distrito.
d) Atendiendo a las propuestas formuladas por el EZLN y con el fin de sentar las bases para una adecuada representación política de las comunidades indígenas, la distritación deberá integrar políticamente y de la mejor manera posible a las comunidades indígenas en distritos electorales uninominales.
13. Integración de la Cámara de Senadores.
a) La representación de un Estado ante el Senado será de acuerdo los siguientes principios:
1. Dos senadores serán electos por sufragio universal, libre y secreto de los electores del estado en cuestión.
2. Un senador será electo por vía de la mayoría calificada del congreso local.
14. Sobre la reelección de diputados federales y senadores.
a) Existirá reelección indefinida para los legisladores de mayoría relativa.
b) Se prohibirá explícitamente la reelección consecutiva de legisladores por vía de representación proporcional a partir de 1997.
15. Sobre la integración del Tribunal Federal Electoral.
a) De acuerdo al siguiente procedimiento:
1. El consejo general propondrá a la Cámara de Diputados al menos cinco nombres por cada vacante del Trife.
2. La Cámara de Diputados, por mayoría calificada, elegirá una terna de cada propuesta y la remitirá al pleno de la Suprema Corte.
3. El pleno de la Suprema Corte, también por mayoría calificada designará al ministro en cuestión de entre los nombres de la terna.
16. Respecto a la integración y forma de nombramiento de la fiscalía electoral.
a) Procedimiento:
1. El consejo general elaborará una propuesta de cinco nombres y la remitirá a la Cámara de Diputados.
2. La Cámara de Diputados seleccionará una terna de la propuesta que le haya sido remitida y la enviará al Procurador General de la República, quien extraerá de dicha terna al fiscal especial.
17. Respecto al tipo de registro de los partidos políticos.
a) Deberá existir solamente un tipo de registro de los partidos políticos, susceptible de perderse si no obtienen al menos el 2% del total de la votación.
18. Sobre las obligaciones de los partidos.
a) Los partidos políticos serán sujetos de auditoría por los órganos fiscalizadores del Estado mexicano para vigilar el gasto de su financiamiento público, así como el origen lícito del financiamiento privado.
b) El financiamiento privado también será sujeto de fiscalización pública para observar el respeto a los topes establecidos para gastos de campaña, así como los establecidos para la financiación de las actividades por rubros.
c) Obligación de los presidentes de los comités nacionales y locales de presentar su declaración patrimonial.
d) Someter a proceso público, abierto y democrático, sancionado por el órgano electoral, la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, mediante el sistema de votación directa o por medio de delegados.
e) Los procesos de elección de las dirigencias partidistas serán considerados como de carácter interno.
19. Respecto a las candidaturas independientes, asociaciones políticas y coaliciones.
a) Sobre las candidaturas independientes:
1. Permitir el registro de candidatos independientes que acrediten fehacientemente el apoyo de cuando menos 2% de los votantes de la demarcación territorial por la que se están postulando.
2. Si un candidato independiente obtiene el triunfo se le reembolsará la misma cantidad que le haya sido asignada en promedio a los candidatos de los demás partidos en ese distrito.
b) Sobre las asociaciones políticas:
1. Permitir la conformación y registro de asociaciones políticas mediante el cumplimiento de determinados requisitos; que éstas asociaciones puedan contar con apoyos públicos para difusión y publicaciones.
2. Las asociaciones políticas podrán postular candidatos independientes salvo que acuerden hacerlo a través de la postulación en algún partido político.
c) Sobre las coaliciones:
1. Permitir la libre celebración de alianzas, coaliciones y lanzamiento de candidatos comunes de los partidos políticos.
20. Sobre los gastos de campaña de los candidatos.
a) Instaurar la obligación para todos los candidatos de hacer explícitos en su publicidad impresa, visual, auditiva y de todo tipo, los datos de: costo, tiraje, lugar donde se elaboró, si fue donación el nombre del donante, con el propósito de que cualquier ciudadano pueda constatar los gastos de campaña de los candidatos, fortaleciendo así la contraloría social. La propaganda de cualquier candidato que no contenga estos datos, será motivo de sanciones.
III. De naturaleza político-gubernamental
21. En relación a la denominación de los poderes de la Unión.
a) Eliminar del texto del artículo 80 constitucional la palabra "supremo" reservando dicha calificación para el "supremo poder de la Federación" artículo 49.
22. En relación a la iniciativa y formación de leyes.
a) Pasar a comisiones todas las iniciativas, que cumplan los requisitos legales, presentadas ante el Congreso de la Unión.
b) Audiencia pública convocada por las comisiones cuando acontezca tratamiento y discusión de reformas constitucionales o modificación o abrogación de leyes federales, antes de dictaminar sobre el particular.
23. Sobre la estructura constitucional de las competencias y atribuciones de los poderes públicos.
a) Competencia del Congreso de la Unión para conocimiento, discusión y aprobación de los tratados y acuerdos internacionales que el Ejecutivo pretenda suscribir.
24. Respecto a las atribuciones de la Cámara de Diputados.
a) Someter el Plan Nacional de Desarrollo a discusión, aprobación, modificación o rechazo de la Cámara de Diputados.
b) Obligación del ciudadano a comparecer, cuando sea citado, ante determinada comisión de la Cámara de Diputados, en relación a investigaciones que realicen las cámaras en función a sus facultades fiscalizadoras.
c) Facultad del Poder Legislativo para otorgar protección jurídica e inmunidad y solicitar a la autoridad competente protección para los ciudadanos que colaboren en el referido inciso b.
d) Facultad constitucional del Congreso para investigar, en aras del combate a la corrupción, a toda rama gubernamental y al Poder Judicial dotando al mismo de todo instrumento legal técnico y presupuestal requerido para la realización de dichas investigaciones.
25. En relación a la reglamentación interna del Poder Legislativo y a las prácticas parlamentarias.
a) Ampliar, por lo menos 30 días, el segundo periodo de sesiones.
b) Derecho de los diputados y senadores a agruparse en fracciones al interior del Congreso, tanto para los pertenecientes a un instituto político como para los que no pertenezcan a ninguno, ya sea por haber dejado de formar parte de alguno, como por haber llegado a la Cámara por la vía de candidaturas independientes.
c) Las presidencias de las comisiones habrán de recaer en el legislador con mayor preparación y experiencia.
d) Que el Congreso de la Unión cuente con un canal de televisión propio, público y de cobertura nacional, para la transmisión de las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de las sesiones de carácter público de las distintas comisiones legislativas, que por su relevancia deban difundirse a través de dicho medio. Que se coloque vía satélite la señal de transmisión disponible para cualquier empresa o particular que la desee retransmitir.
26. En relación al fuero constitucional.
a) Cambiar su denominación por la de "inmunidad constitucional".
b) Agilizar los procedimientos para el retiro de la "inmunidad constitucional" cuando las circunstancias así lo requieran.
27. En torno a la reglamentación de las licencias a cargos de elección popular.
a) No se otorgarán licencias para transitar de un puesto de elección popular a otro o a un cargo del Ejecutivo.
b) Especificar claramente los tiempos entre las licencias definitiva y temporal, así como la diferencia entre la falta absoluta y la renuncia.
c) Establecer el número máximo de renovaciones de licencias para un mismo cargo de elección popular.
28. En relación a la fiscalización.
a) Se creará el órgano de la auditoría superior de la Federación, dependiente del Poder Legislativo, de carácter técnico, imparcial y autónomo en lo referente a la gestión para la decisión de su organización, recursos, funcionamiento y resoluciones.
b) El órgano de auditoría superior de la Federación contará entre sus funciones las siguientes:
1. Contribuir con el Ejecutivo Federal conforme lo señale la ley respectiva, en la formulación de los criterios básicos de política económica para cada ejercicio fiscal atendiendo al plan nacional de desarrollo, junto con las demás comisiones de carácter económico.
2. Participar, junto con las comisiones respectivas y con el Ejecutivo Federal, para efectos de consulta y de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, en la determinación de los presupuestos de ingresos y egresos, así como en el manejo y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión.
3. Fiscalizar el ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos de los poderes de la Unión y de las entidades públicas federales y el cumplimiento de sus programas, así como presentar anualmente a la Cámara de Diputados un informe que contenga los resultados de la fiscalización y de la revisión de la cuenta pública del año anterior.
4. Identificar las desviaciones concomitantes en los presupuestos de ingresos y egresos; informar y en su caso definir conjuntamente con el Ejecutivo Federal los cursos alternos de acción para sujetarse a las previsiones y a la política económica aprobadas.
5. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos y recursos federales y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos;:
6. Determinar los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades públicas federales y fijar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de otras responsabilidades y, en su caso, presentar las querellas o denuncias penales correspondientes.
c) La administración y dirección del órgano de la auditoría superior de la Federación, estará a cargo de un cuerpo colegiado de auditores generales, quienes habrán de actuar con plena independencia e imparcialidad. La elección del presidente del mencionado órgano será atribución de los auditores generales.
d) La propuesta y designación de los auditores generales, será atribución de la Cámara de Diputados, misma que los designará por periodos escalonados. Su remoción estará sujeta a juicio político, declaración de procedencia o sanción por causa grave de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución.
e) La comisión de vigilancia y las comisiones de investigación de la Cámara de Diputados deberán estar integradas de forma paritaria por los grupos parlamentarios. Para la conformación de las mismas será necesario el voto de la mayoría calificada de la Cámara.
29. Respecto a las atribuciones del Poder Ejecutivo.
a) Eliminar las "partidas secretas" del presupuesto, en el caso de aquellas destinadas a la seguridad nacional y equipamiento militar deberán tener seguimiento por parte de las comisiones legislativas correspondientes.
b) Riguroso control jurisdiccional de las autoridades judiciales competentes sobre la facultad exclusiva del Ejecutivo, de expulsión inmediata de los extranjeros considerados perniciosos.
c) Otorgar a los extranjeros referidos en el párrafo anterior el derecho de ser escuchados en audiencia y a la defensa por interpósita persona si así lo desearen.
d) El número de designaciones presidenciales para embajadores que no pertenezcan a la carrera del servicio exterior mexicano, será limitada al 25% del total de las representaciones diplomáticas con las que cuente el país al momento en que el Ejecutivo tome protesta.
e) Vincular al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el Poder Judicial en carácter de sala especializada, tras de haberlo desvinculado del Poder Ejecutivo.
f) Facultad del Senado de la República para nombrar al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de entre una terna remitida por la Suprema Corte de la Nación.
g) Imputabilidad del titular del Poder Ejecutivo con respecto a sus actos, inclusive durante su periodo presidencial.
30. Respecto a las obligaciones del Ejecutivo Federal.
a) El informe que el Presidente de la República entregue al Congreso de la Unión al inicio de los trabajos de su primer periodo ordinario de sesiones, deberá necesariamente contener la evaluación de las acciones realizadas en relación a los objetivos programados en el plan nacional de desarrollo, y en sus informes de ejecución.
b) En la sesión de inauguración del primer periodo de sesiones ordinarias, el Presidente de la República sólo se limitará a dar un breve mensaje político a la nación en el que, en términos generales, se reflexione sobre las acciones realizadas y se bosqueje la agenda legislativa mínima del próximo año. El Presidente de la República deberá estar presente en la Cámara de Diputados al inicio de las intervenciones de los diputados o senadores, previas a su mensaje.
c) En las sesiones subsiguientes a la solemne de inauguración del primer periodo de sesiones ordinarias, los secretarios del despacho comparecerán ante la Cámara de Diputados para informar del estado que guarda el área de la administración pública a su cargo. Estas sesiones deberán ser públicas y transmitirse, en vivo, en cadena nacional. Dichos informes y sus anexos se encontrarán en un periodo razonable a disposición gratuita del público interesado.
d) La cuenta pública que el Ejecutivo Federal presente ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, necesariamente deberá de estar en relación directa a los gastos y egresos previamente autorizados por el Poder Legislativo y debidamente contemplados en el plan nacional de desarrollo y en los respectivos informes anuales de las ramas de la administración pública federal. Por tanto, deberá existir una estrecha relación temática y metodológica entre: el plan nacional de desarrollo, los informes de ejecución, el informe presidencial, los informes trimestrales sobre las finanzas públicas y la cuenta pública.
31. En relación a la falta absoluta del Presidente de la República.
a) Facultad del Congreso de la Unión para nombrar Presidente, sustituto ante la falta absoluta del Presidente acontecida en los tres últimos años del periodo constitucional respectivo.
b) El Congreso convocará a nuevas elecciones, de ocurrir dicha falta absoluta durante los primeros tres años.
32. En relación al Procurador General de la República.
a) Facultad del Senado para elegir al Procurador General de la República, de terna sometida por la Suprema Corte de Justicia.
b) La Procuraduría habrá de formar parte del Poder Judicial conservando su autonomía; ésta podrá representar al país en su conjunto, pero se abstendrá de representar al Poder Ejecutivo Federal.
33. Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
a) Facultad de la Suprema Corte de Justicia para elaborar iniciativas de leyes en materia judicial.
b) Facultad de la Suprema Corte de Justicia para resolver controversias que se presuman inconstitucionales de la legislación electoral federal y local.
34. Sobre la reforma del Poder Judicial.
a) Facultad de los supremos tribunales de justicia de los estados para conocer de conflictos entre poderes del orden local, entre municipios, o entre un municipio y el gobierno del mismo Estado.
35. En torno al tema penitenciario.
a) Que el Gobierno Federal aporte a los Ceresos la parte proporcional de recursos correspondientes al número de reos compurgando sentencias del fuero federal.
36. En relación al juicio de amparo.
a) Cese de efectos, para todos los habitantes de la República, de una ley declarada anticonstitucional en un juicio de amparo.
b) Procedencia del juicio de amparo en materia electoral.
37. Sobre las facultades y responsabilidades en materia social.
a) En materia fiscal promover una tarifa del ISR progresiva, que distinga y promueva la micro y pequeña empresas sobre la moderna y grande.
b) Permitir la deducibilidad de gastos educativos y los relacionados con casa-habitación.
c) Que predomine el principio de simplificación en todas las disposiciones y leyes fiscales y se profundice la desregulación.
38. Reforma administrativa.
a) Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, así como a los presidentes de los comités nacionales y locales de los partidos políticos, serán públicas.
b) Para poder tomar posesión del cargo deberán presentar declaración patrimonial pública los ciudadanos electos para puestos de elección popular, el Procurador General de la República y los secretarios, subsecretarios y oficiales mayores de la administración pública federal.
39. En relación a las facultades constitucionales de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios.
a) Eliminar del texto constitucional las definiciones de duración de los periodos constitucionales de gobierno de los gobernadores de las entidades federativas, de los diputados locales y de los munícipes.
40. Respecto a las formas de representación de las entidades federativas.
a) Eliminar la prohibición constitucional de la reelección para diputados locales y munícipes, especificando que dicha circunstancia se encontrará definida en las constituciones de cada Estado.
b) Creación del Senado estatal como órgano de representación del orden gubernamental municipal. Dicho órgano se compondrá por un representante por distrito, siendo electo éste de entre los cuerpos edilicios de los ayuntamientos conformantes de dicho distrito.
c) En lo referente a los partidos políticos, agregar en la Constitución su derecho a participar en elecciones estatales y municipales siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las instituciones y leyes electorales de cada Estado.
41. Sobre el régimen constitucional del municipio y sus ámbitos de competencia.
a) Modificar del 115 constitucional el criterio de que los ayuntamientos pueden formular su presupuesto de egresos mas no su ley de ingresos. Los ayuntamientos deben estar facultados para elaborar y aprobar ambos ordenamientos.
42. Respecto a la legislación sobre comunicación.
a) Establecer la Comisión Federal de Comunicación, con la atribución de otorgar y vigilar la admisión de las concesiones de radio y televisión. La Comisión Federal de Comunicación estará integrada por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como por la adecuada representación ciudadana.
b) Los gobiernos de los estados, mediante procesos públicos y transparentes (licitación pública), resolverán las peticiones hechas por particulares para el otorgamiento de concesiones en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones.
43. Derecho de información sobre actos de las autoridades.
a) Garantía y regulación, con la mayor amplitud posible, del derecho a la información pública de actividades del Estado y, en particular, de los procesos de toma de decisiones a través de los cuales las autoridades correspondientes hagan uso o disposición del patrimonio fiscal nacional.
44. Combate a la corrupción.
a) Establecer un protocolo para el saneamiento político, el fin de la impunidad y el rescate de la dignidad nacional que contemple claramente plazos, tareas, instrumentos, medidas y alcances del combate a la corrupción.
b) Constituir una comisión nacional investigadora de la corrupción y la impunidad, de naturaleza parlamentaria, con carácter plural y paritario. Dicha comisión procesará informaciones, recogerá testimonios y compulsará datos en audiencias públicas.
c) Otorgamiento de amnistías respecto a la persecución penal de hechos de corrupción acontecidos previamente a un plazo determinado y por debajo de cierto monto. El espíritu de dicha amnistía será el de limitar el castigo y la acción penal contra personas que cooperen ampliamente con los esfuerzos de esclarecimiento de actos de corrupción.
IV. Comparativo de propuestas alternas y complementarias.
El verdadero debate democrático se da cuando los distintos interlocutores y fuerzas políticas son capaces de, primeramente, escuchar a los demás.
Ello permite ponderar los propuestas ajenas y las nuestras respecto de ellas para, finalmente, darnos una perspectiva global del conjunto.
Algunas de nuestras propuestas son alternativas a las ya planteadas, otras son complementarias. A continuación presentamos una serie de cuadros que nos permitirán un análisis comparativo de las propuestas hechas hasta ahora.
DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al Día Internacional del Libro.
El diputado Francisco AntonioTenorio Adame:
Gracias, señora Presidenta; compañeros diputados:
Procuraré extraer en mi intervención las partes fundamentales, con objeto de abreviarla y pedirle a la Presidenta se anexe de manera íntegra al Diario de Debates.
En ocasión de la celebración internacional del libro convocada por Naciones Unidas a través de la UNESCO, vengo a esta tribuna para decir que la cultura impresa es muestra no sólo de erudición, sino expresión de libertad, vehículo de progreso, curso de conciencia.
Que la edición y en particular la de libros, nos concierne de manera muy directa y que en ella estamos vinculados de forma estrecha, congénita, surgimos a través de la Revolución que significó la imprenta y expresamos por los medios parlamentarios lo que la palabra queda impresa en el Diario de Debates, en la Constitución, en las leyes y en lo que concierne a la cultura en general.
Conmemoramos el simbolismo de los 459 años de labor editorial en México, con la honra de que nuestro país le cabe haber dado cuna al primer libro publicado en el Nuevo Mundo. En 1537 Juan Pablo editó La Escala Espiritual para Llegar al Cielo, de San Juan de Calimaco, cuya traducción hiciera fray de Estrada o de la Magdalena.
Desde hace más de cuatro siglos y medio, en México se editan libros, de entonces al presente, la obra editorial mexicana es considerable y diversa, a ella nos acogemos en la minúscula parte que corresponde a un esfuerzo colectivo y a una aspiración mayor de contener el río de Heráclito, fijar el presente como testimonio que se difunda o se estudia para mejor comprensión de las contradicciones de lo humano y el genio de sus soluciones. La labor editorial es por tanto un instrumento fundamental en la tarea política para propiciar que las tareas fermenten, tomen cuerpo, se difundan y ganen la voluntad del colectivo social para derruir la injusticia y alcanzar el bienestar.
Como diputados hemos avanzado en la tarea de la preservación de la cultura editorial. Recuérdese que desde 1824 se hicieron esfuerzos para establecer la Biblioteca del Congreso; que en 1827, por acuerdo y decreto de la legislatura de los diputados fue posible que se creara la Biblioteca del Congreso de la Unión; que hay un decreto que obliga a editores y productores de materiales bibliográficos y documentales al depósito legal en nuestra Biblioteca y a la Biblioteca Nacional de fecha 23 de julio de 1991, así como el punto de acuerdo que crea la sociedad de amigos de la biblioteca de este Congreso del año de 1995; que estamos obligados y facultados a la vez, por la Constitución, en el artículo 73 fracción XXV, para sostener escuelas y todo lo concerniente a la cultura general de los habitantes de la nación y todo lo que se refiere a dichas instituciones, por eso quiero hacer rememoración de lo que ha significado la tarea editorial.
Hoy mismo en la prensa se dice que 200 editoriales, empresas editoriales se encuentran en grave situación, que han cerrado en el último año en el país por la crisis económica, aseguró Ricardo Perete, presidente de la Asociación de Editores de Diarios de la República Mexicana y por lo que concierne a los libros la problemática también es mucha, desde los costos, su difusión, su impresión y hasta su preservación y su conservación. A ello me voy a referir por cuanto lo que ha sucedido con el tesoro editorial mexicano que ha salido al extranjero.
Con la ilustración en tierras americanas el primer catálogo biografiado de escritores mexicanos, se publicó por Juan José de Eguiara y Eguren, cuyo lll centenario de su nacimiento se conmemora en este año de 1996.
Como bibliógrafo y educador es reputado este ilustre mexicano. Considero que le debemos expresar nuestro reconocimiento y brindar nuestro honor.
El fue rector de la Universidad, fundador del antiguo Colegio de las Vizcaínas y prefirió declinar un cargo obispal en Yucatán para concluir su obra magna, Biblioteca Mexicana, que sólo logró publicar un primer volumen en 1755 y que posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México logró publicar toda la obra en varios volúmenes.
El libro mexicano forma pues una gran tradición de la cultura, que sirvió para consolidarnos como nación. Los meritorios esfuerzos de bibliógrafos mexicanos que contribuyeron emulando a Eguiara, con ensayos bibliográficos sobre la producción impresa del país, mostraron, al igual que en el Siglo XVIII, la cultura mexicana y su identidad a la vez universal y regional. Todo ello debido a que la cultura impresa es muestra, insisto, no sólo de erudición, sino expresión de libertad, vehículo de progreso, pulso de conciencia.
Pero, ¿cuál es la situación de los libros?, en especial la problemática que enfrentan las bibliotecas personales de insignes estudiosos mexicanos.
Quiero citar al especialista en esta materia, el maestro Felipe Meneses Tello, quien nos hace los siguientes señalamientos:
Sobre la diáspora y el desamparo de la biblioteca de casa como riesgo eterno, dice: "desafortunadamente importantes bibliotecas personales formadas durante la Colonia y después de ésta, fueron por diversas circunstancias desarraigadas al territorio nacional, con destino a incrementar las bibliotecas de diferentes instituciones europeas y de los Estados Unidos de América y otras vendidas y desintegradas entre particulares extranjeros y nacionales interesados en las joyas bibliográficas coleccionadas por ilustres mexicanos".
La diáspora bibliográfica en México es el problema más grave que se ha venido presentando, sin duda, para los estudiosos de nuestro país, que requieren consultar algún material editado entre los siglos XVI al XIX y que hayan sido parte de las colecciones personales formadas durante ese lapso, pues en el caso de existir la obra, deben de acudir al extranjero para analizar el patrimonio documental que debieran encontrarse en las estanterías de algunos de los sistemas bibliotecarios del país.
La fuga de colecciones continúa, independientemente de la frecuencia. La existencia de documentos en el extranjero que pertenecieron a diversas bibliotecas de estudiosos mexicanos, no sólo se debe de observar en relación con la cantidad, sino principalmente a la calidad.
Quiero destacar un hecho actual, por ejemplo, el estudio de Margarita Peña, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre la localización de comedias de Alarcón en bibliotecas alemanas. Al respecto Margarita Peña puntualizó: "es inconcebible que en México no haya nada de Alarcón en ediciones de los siglos XVII y XVIII".
Sobre el mismo tenor comentaría Alatorre sobre García Izcalbalceta, que decía que la emigración de nuestros libros más raros al extranjero a propósito, por ejemplo, de las bibliotecas de Fisher, de Andrade y de Ramírez; no sabía que la suya iba a correr la misma suerte, como la correrían la de don Nicolás León y tantas otras.
El fenómeno actual prosigue. Apenas en marzo de 1993, Andrés Henestrosa señaló: "ayer fue la biblioteca de Antonio Castro Leal, hoy es la de Ignacio Rubio-Mañé, la biblioteca que se pone en venta".
Cosa nada extraña es que las bibliotecas de investigadores, bibliófilos o meros curiosos de la literatura, una vez que han muerto los deudores las pongan en venta en ocasiones sin apuros económicos, puesto que algunas pertenecieron a personas pudientes y aun ricos. Menos mal cuando las bibliotecas aludidas se venden en conjunto, ya a particulares, ya a instituciones extranjeras, generalmente a Estados Unidos.
Se dice lo anterior recordando que más de una vez la viuda vende el acervo en pequeños lotes.
Henestrosa recuerda que la biblioteca Rubio-Mañé es de las más selectas y numerosas, con documentos mexicanos de diferentes lugares de edición, lengua y época.
Rubio-Mañé, agrega Henestrosa, formó su biblioteca paciente, morosa, amorosamente; hoy un libro y otro mañana. Logró levantarle y es un dolor pensar que los esfuerzos, paciencia, escasos centavos que un mexicano dedica a la formación de estas instituciones se pierda.
Ante estas circunstancias que dañan a la cultura bibliográfica de manera grave, el autor Henestrosa expresa: "más de una vez me he atrevido a sugerir al Gobierno de la República la creación de un fondo que permita la adquisición de esos tesoros, que al fin y al cabo son de México".
Acontecimientos desagradables como los referidos, se pueden conocer a través de la bibliografía citada en ese escrito.
Distinguidos estudiosos mexicanos durante el Siglo XVI al XVIII, se incrementó paulatinamente con el trabajo, a principios de este siglo, de la compra-venta de acervos bibliográficas que practicados sistemáticamente los libreros anticuarios y de ocasión. Se puede afirmar que una de las aportaciones positivas dignas de admirar, es la edición de diversos instrumentos de referencia, que a lo largo de los años han diseñado con absoluto rigor bibliográfico, de los que destacan los siguientes: el Boletín Bibliográfico Mexicano editado desde 1940 y que todavía en la actualidad sale bimestralmente para más de 17 mil suscriptores de México y el exterior, la bibliografía que data desde el antiguo establecimiento de San Pedro y San Pablo, en donde se incluia que el apartado "libros de ocasión".
Hay que recordar el catálogo de libros mexicanos que tratan de América y de algunos impresos en España, la obra intitulada casas, bibliotecas de mexicanos, bibliotecas privadas, que ofrece interesantes comentarios de 30 bibliotecas personales, la misma que la biblioteca personal que da cuenta de 51 escritores, de ellos 41 son mexicanos y 10 son extranjeros.
Compañeras diputadas, diputados: rindamos reconocimiento y honor a todos los hombres mexicanos forjadores de nuestra cultura, a los editores, a los impresores, a los correctores, a los traductores, a los libreros, incluso, aquellos que sustraen ilegalmente los libros de la venta pública.
Hagamos un reconocimiento a todos los interesados en nuestra cultura y protejámosla. Será nuestro legado, será nuestra contribución. Estoy seguro que estamos convencidos de ello. Por tal suerte me permito proponer a esta legislatura la siguiente petición a la Presidencia.
Turne usted, señora Presidenta, a la Comisión de Cultura y al Comité Editorial y de Biblioteca, la petición en favor de celebrar una sesión solemne en honor del insigne mexicano Juan José de Eguiar y Eguren, para declararlo prócer de la conservación del libro mexicano en ocasión del III centenario de su nacimiento.
Gracias compañeros.
Firman la diputada Consuelo Botello de Flores, del PAN; el diputado Francisco Peralta, Burelo, del PRI; el diputado Isidro Aguilera; Andrés Bolaños; Hidiberto Ochoa; Carlos Navarrete; Ifigenia Martínez; Roldán Alvarez y el de la voz, Tenorio.
La Presidenta:
Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates el documento que debe dejar y túrnese a la Comisión de Cultura y al Comité Editorial y de Bibliotecas.
«Intervención del diputado Antonio Tenorio Adame; en ocasión del Día Internacional del Libro.
Conmemoramos el simbolismo de los 459 años de labor editorial en México.
Cabe la honra a nuestro país el haber dado cuna al primer libro publicado en el Nuevo Mundo. En 1537, Juan Pablo editó la escala espiritual para llegar al cielo, de San Juan de Calimaco, cuya traducción hiciera Fray de Estrada o de la Magdalena.
Desde hace más de cuatro siglos y medio en México se editan libros. De entonces al presente, la obra editorial mexicana considerable y diversa, a ella nos acogemos en la minúscula partícula que corresponde a un esfuerzo colectivo y a una aspiración mayor de contener el río de Heráclito, fijar el presente como testimonio que se difunda o se estudia para mejor comprensión de las contradicciones del humano y el genio de las soluciones.
La labor editorial es, por tanto, un instrumento fundamental en la tarea política para propiciar que las ideas fomenten, tome cuerpo, se difundan y ganen la voluntad del colectivo social para derruir la injusticia y alcanzar el bienestar.
Fondo de depósito legal
Decreto que obliga a editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, depósitos ejemplares en la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional, 23 de julio de 1991.
Punto de Acuerdo que crea la Sociedad de Amigos de la Biblioteca del HCV, del 29 de abril 1 995.
Los socios fundadores, los diputados de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Artículo 73.
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones.
Con la ilustración en tierras americanas, el primer catálogo biografiado de escritores mexicanos se publicó por Juan José de Eguiara y Eguren, cuyo tercer centenario de su nacimiento se conmemora en 1996. Como bibliógrafo y educador es reputado este ilustre mexicano, quien fue rector de la Universidad, fundador del antiguo Colegio de las Vizcaínas y que prefirió declinar un cargo obispal en Yucatán para concluir su obra magna, Biblioteca Mexicana, que sólo logró publicar un primer volumen en 1755, pero que posteriormente la Universidad Nacional Autónoma de México logró publicar toda la obra en varios volúmenes.
El libro mexicano forma pues una gran tradición de la cultura que sirvió para consolidarnos como nación. Los meritorios esfuerzos de bibliógrafos mexicanos que contribuyeron, emulando a Eguiara, con ensayos bibliográficos sobre la producción impresa del país, mostraron al igual que en el Siglo XVIII, la cultura mexicana y su identidad a la vez universal y regional.
Todo ello debido a que la cultura impresa es muestra no sólo de erudición, sino es expresión de libertad, vehículo de progreso, pulso de la conciencia.
"La problemática de las bibliotecas personales de insignes estudiosos."
Felipe Meneses Tello
"Un hogar sin libros, es como un cuerpo sin alma."
Cicerón.
"El destino de muchos hombres dependió de haber existido o no una biblioteca en su casa paterna."
Edmundo D'Amicis.
En nuestro territorio por tradición, desde tiempos de la Colonia, varios estudiosos han constituido ricas bibliotecas personales o particulares. De aquellos lejanos años, se tiene conocimiento de las que pertenecieron a: Juana Ramírez de Asbaje, monja jerónima y mejor conocida como sor Juana Inés de la Cruz; Carlos de Sigüenza y Góngora, eminente sabio criollo.
Durante toda la época colonial, México fue, hasta cierto punto, un lugar privilegiado en el aspecto bibliográfico. Poseyó la primera imprenta del Nuevo Mundo y comenzó a imprimir libros antes de que lo hicieran varias importantes ciudades europeas. Además, desde fecha temprana empezó a recibir remesas de los libros provenientes de distintos puntos de Europa, de tal manera que algunos de los más destacados humanistas, tales como don Vasco de Quiroga o fray Juan de Zumárraga, pronto poseyeron bibliotecas en las que estaba representado lo más selecto del pensamiento occidental .
La diáspora y el desamparo de las bibliotecas de casa, ¿riesgos eternos?
Desafortunadamente importantes bibliotecas personales formadas durante la colonia y después de ésta, fueron, por diversas circunstancias, desarraigadas del territorio nacional, con destino a incrementar las bibliotecas de diferentes instituciones europeas y de los Estados Unidos de América y otras vendidas y desintegradas entre particulares extranjeros y nacionales, interesados en las joyas bibliográficas coleccionadas por ilustres mexicanos.
La diáspora bibliográfica en México es el problema más grave que se ha venido presentando, sin duda, para los estudiosos de nuestro país que requieren consultar algún material editado entre los siglos XVI al XIX y que hayan sido parte de las colecciones personales formadas durante ese lapso, pues, en el caso de existir la obra, deben acudir al extranjero para analizar el patrimonio documental que debiera encontrarse en las estanterías de algunos de los sistemas bibliotecarios del país.
La fuga de colecciones continúa, independientemente de la frecuencia y en segundo lugar la existencia de documentos en el extranjero, que pertenecieron a diversas bibliotecas de estudiosos mexicanos, no sólo se deben observar en relación a la cantidad sino, principalmente, a la calidad.
Un hecho actual es, por ejemplo, el estudio de Margarita Peña, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre la "localización de comedias de Alarcón en bibliotecas alemanas".
Al respecto Margarita Peña puntualizó: "Es inconcebible que en México no haya nada de Alarcón, en ediciones del XVII y del XVIII" Sobre el mismo tenor Alatorre comentaría: "García Icazbalceta lamenta en varias ocasiones la emigración de nuestros libros más raros al extranjero, a propósito por ejemplo, de la venta de las bibliotecas de Fischer, de Andrade y de Ramírez. No sabía que la suya iba a correr la misma suerte, como la correrían la de don Nicolás León y tantas otras".
La pérdida, a cuentagotas de gotas, de la biblioteca perteneciente a Nicolás León, es un caso especial en donde las necesidades monetarias, que en ciertas etapas de la vida padecen algunos intelectuales, es un posible factor que induce al dueño a desprenderse de sus preciadas colecciones. El autor en la biblioteca mexicana del Siglo XVIII, sin duda que formó una biblioteca con volúmenes de gran valía, que de no haber él mismo vendido, México conservaría ahora uno de los mejores acervos antiguos y albergaría quizá en la Biblioteca Nacional, recinto propicio para esta naturaleza de bienes culturales.
El fenómeno actualmente prosigue, apenas en marzo de 1993 Andrés Henestrosa señaló: "Ayer fue la biblioteca de Antonio Castro Leal; hoy es la de Ignacio Rubio-Mañé la biblioteca que se pone en venta. Cosa nada extraña es que las bibliotecas de investigadores, bibliófilos o meros curiosos de la literatura una vez que han muerto, los deudores las pongan en venta en ocasiones, sin apuros económicos, puesto que algunas pertenecieron a personas pudientes y aun ricos. Menos mal cuando las bibliotecas aludidas se venden en conjunto, ya a particulares, ya a instituciones extranjeras: generalmente a Estados Unidos. Se dice lo anterior, recordando que más de una vez la viuda vende el acervo en pequeños lotes."
Henestrosa recuerda que la biblioteca de Rubio-Mañé es de las más selectas y numerosas con documentos mexicanos de diferentes lugares de edición, lengua y época. "Rubio-Mañé --agrega Henestrosa-- formó su biblioteca paciente, morosa, amorosamente. Hoy un libro y otro mañana, logró levantarla y es un dolor pensar que los esfuerzos, paciencia y escasos centavos que un mexicano dedica a la formación de estas instituciones se pierda". Ante estas circunstancias que dañan a la cultura bibliográfica de manera grave, el autor antes citado expresa: "más de una vez me he atrevido a sugerir al Gobierno de la República la creación de un fondo que permita la adquisición de estos tesoros, que al fin y al cabo son de México". Acontecimientos desagradables como los referidos se pueden conocer a través de la bibliografía citada en el presente escrito.
Distinguidos estudiosos mexicanos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se incremento paulatinamente con el trabajo, a principios de este siglo, de la compraventa de acervos bibliográficos que practicaron sistemáticamente los libreros anticuarios y de ocasión.
Se puede afirmar que una de las aportaciones positivas, digna de admirar, es la edición de los diversos instrumentos de referencia que a lo largo de los años han diseñado con absoluto rigor bibliográfico. De los que destacan los siguientes: El boletín bibliográfico mexicano, editado desde 1940 y que todavía en la actualidad sale bimestralmente para más de 17 mil suscriptores en México y el exterior; La bibliografía que data desde el antiguo establecimiento de San Pedro y San Pablo, en donde se incluía el apartado "Libros de Ocasión".
Hay que recordar el catalogo de libros mexicanos o que tratan de América y de algunos otros impresos en España de 1979.
La obra intitulada "Casas bibliotecas de mexicanos: bibliotecas privadas", ofrece interesantemente comentarios de 30 bibliotecas personales. La misma que en la obra "Biblioteca personal" que da cuenta de 51 escritores de ello, 41 son mexicanos y 10 extranjeros.»
PROBLEMAS AGRARIOS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a problemas agrarios.
El diputado Rafael Jacobo García:
Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, considerando que durante los importantes actos llevados a cabo con motivo del LXXVII aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, quedó de manifiesto la urgencia de resolver los graves problemas del campo mexicano, que el pasado 10 de abril prácticamente todas las organizaciones campesinas y el Gobierno Federal coincidieron en dos aspectos fundamentales.
Primero. Que la grave situación del campo se ha convertido en un problema político de enorme importancia, que la inmensa mayoría de los campesinos se encuentran en condiciones de pobreza y en muchos casos de pobreza extrema, además de que no cuentan con las condiciones para hacer producir la tierra, por lo que la presión y los riesgos de estallido social se han incrementando sensiblemente, todo lo cual exige una respuesta política por parte del Gobierno Federal:
Segundo. Que dicha situación, asimismo, se ha vuelto un problema de seguridad nacional en la medida en que está ligada a la pérdida real de la autosuficiencia alimentaria y al desarraigo de los trabajadores del campo y sus familias, convirtiéndolos en mexicanos sin opciones de vida o migrantes inermes, por lo que se hace indispensable tomar acciones decididas y urgentes para revertir esta situación.
Que como resultado de todo esto diversas organizaciones campesinas decidieron movilizarse el pasado 10 de abril y emprender acciones para llamar la atención de las autoridades correspondientes, logrando establecer un primer acuerdo político básico con autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria y de Gobernación, a fin de crear el marco propicio para dar atención y solucionar los problemas más apremiantes de los campesinos.
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos lo siguiente propuesta de
PUNTO DE ACUERDO
Exhortamos a las autoridades correspondientes a que de manera inmediata brinden la necesaria atención y solución a los problemas agrarios que tiene nuestro país para que a través del diálogo se resuelvan las demandas de las organizaciones que suscribieron el acuerdo político básico con la Secretaría de la Reforma Agraria y de Gobernación y que actualmente mantiene su presencia con aquellos grupos de campesinos en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria. Esto coadyuvará a crear mejores condiciones y un clima propicio para abordar los problemas de fondo del campo mexicano.
Firman esta propuesta de punto de acuerdo, el diputado Lauro Norzagaray, del PAN; el diputado Ezequiel Flores Rodríguez, del PT y la diputada Carlota Botey y Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática.
Dejo esto para que se turne a comisiones y se dé el trámite correspondiente.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
MANUEL AVILA CAMACHO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Máximo Cagigal Manilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al aniversario del natalicio del general Manuel Avila Camacho.
El diputado Máximo Cagigal Manilla:
Con su permiso, señora Presidenta; con su permiso, compañeros diputados:
Hoy 25 de abril de 1996, tengo la oportunidad ante esta soberanía de rendir homenaje al general Manuel Avila Camacho, ex presidente de México, que nació en Teziutlán, Puebla, el 25 de abril de 1896.
Ahora que se cumple el primer centenario de su natalicio, los poblanos aprovechamos el momento para exaltar y reafirmar los grandes valores nacionales que este ilustre mexicano nos legó, los cuales es nuestro interés difundir para que las nuevas generaciones los conozcan y así puedan comprender mejor las circunstancias actuales y puedan afirmar que México cuenta con posibilidades y futuro, ya que tenemos hombres y mujeres que fueron capaces de proyectar su destino en beneficio de la gran causa nacional y uno de ellos fue el general Manuel Avila Camacho, poblano de una firme y vigorosa personalidad, llena de gentileza humana, la cual es fuente de inspiración ante circunstancias difíciles.
Se ha dicho que hay en todos los pueblos seres que no resisten confrontación con el análisis histórico; personajes que disminuyen con el acontecer de la vida, otros en cambio, inclusive con la muerte, crecen ante nosotros hasta encontrar su justa dimensión a los ojos de la razón, el análisis y la documentación histórica y Manuel Avila Camacho es uno de esos seres privilegiados.
Está claro que su regia personalidad era lo que su tiempo y época requerían para transitar por esa etapa fundamental del país y así poder proyectar a México a un futuro de modernidad y bienestar social.
Manuel Avila Camacho, como general, como secretario de Defensa, como presidente de la República y después como ex presidente, fue hombre íntegro, digno patriota, hombre leal por definición y vocación; actuó siempre como hacedor de la libertad y pacificación.
Manuel Avila Camacho fue presidente de la República en el tiempo en que los centros de poder mundiales tuvieron un enfrentamiento generalizado y México asumió su propia responsabilidad en momentos en que estaba en la definición y consolidación de sus propias instituciones revolucionarias.
Entonces, en ese difícil contexto internacional, Manuel Avila Camacho condujo a México con juicio sereno y objetivo, tanto en la preguerra, en la neutralidad y en el ingreso al conflicto con decoro y decisión, para después saber aprovechar para México la recesión de la industria norteamericana, para impulsar la nuestra y así participar en el desarrollo del nuevo orden internacional.
Son muchas las acciones de Manuel Avila Camacho, pero ciertamente son tres las señaladas para la vida nacional: la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, acción con la cual da cumplimiento a uno de los anhelos de la revolución, en la comprometedora tarea de la salud y la seguridad social del pueblo trabajador.
La campaña alfabetizadora que tuvo emotiva intensidad, la cual fue real contribución para el destierro de la ignorancia y efecto multiplicador de la educación, lo cual formó un verdadero movimiento civil, redentor de los mexicanos, al generar un nuevo universo de oportunidades basado en el conocimiento.
Para quien la patria es idea de convicciones, como soldado y político, lo lleva a la noble tarea de la unidad nacional. Por eso Avila Camacho alentó la unidad de sus coterráneos; hombre de sólido calor humano, supo imponer la ecuanimidad y la grandeza de carácter en lo personal y en lo colectivo, frente a las pasiones desbordadas de su tiempo.
Afanoso trabajó en un esfuerzo solidario, hizo un pacto nacional de entrega, talento y trabajo, que fue tangible realidad y le generó el título del "presidente caballero".
Manuel Avila Camacho vivió intensamente esas dos transformaciones nacionales, entre dos épocas y linderos. El México que lo vio nacer en la sierra norte de Puebla y el que lo vió morir en el altiplano.
Una revolución mexicana en la que luchó como soldado leal; la otra, la edificación nacional de la que fue actor como funcionario y presidente y a la que entregó sus mejores acentos de mexicanidad y de generosidad.
Y es así como hoy, los mexicanos rendimos un homenaje a la memoria del general don Manuel Avila Camacho y así contribuir a mantener viva la historia de los hombres que nos entregaron lo mejor de su vida, para la edificación de este México moderno.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al aniversario de la muerte de José Revueltas. ¿No está presente?..
DESASTRE NUCLEAR
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al X aniversario de la tragedia de Chernobil.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias señora Presidenta; respetables diputadas; respetables diputados:
Viernes 25 de abril de 1986 por la noche, Ucrania, territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, miles de ucranianos, rusos y bielorrusos, se deciden a descansar después de otro fatigoso día más de sus existencias.
Todos ignoran que del siguiente día en adelante nada será igual. Ni la mente más prolífica o pesimista hubiera podido atinar los dramáticos alcances de la tragedia, que en cuestión de horas, acaso minutos, estaba en toda la extensión de la palabra, a punto de estallar.
En esos precisos momentos, se estaba poniendo de manifiesto, la obsolescencia de los reactores nucleares soviéticos, sumamente atrasados en tecnología y en que además era evidente la falta de entrenamiento y capacitación de los operadores, para manejar con ciertos márgenes de seguridad semejantes armatostes.
Poco después de la medianoche, en una prueba rutinaria en el reactor No. 4 del complejo nucleoelértico de Chernobil, el potencial eléctrico del mismo disminuyó ostensiblemente. Todo mundo sabía lo inestable que se volvían los reactores bajo esas condiciones, asimismo en los medios científicos en el mundo, fundamentalmente en aquellos países con tecnología de punta, ya se pronosticaba que en cualquier momento una desgracia descomunal podría ocurrir en alguno de los numerosos reactores soviéticos.
Por eso es que después de esa disminución del flujo eléctrico, estaban dadas todas las condiciones para que el desastre sobreviniera, al cual muchos han bautizado con justa razón, como la tragedia nuclear de todos los tiempos.
A la 1:23:58 a.m. el reactor No. 4 y el edificio que lo albergaba fueron destruidos por una serie de explosiones de gas.
Millones de pedazos de materiales diversos volaron por encima de la unidad y la destrucción de las líneas del combustible volvieron el fuego incontrolable, ardiendo cerca de ocho toneladas de las 140 de combustible que se encontraban en los depósitos y que fueron lanzadas fuera del reactor hacia la atmósfera mezcladas con altas concentraciones de subproductos de la fisión nuclear. Materiales altamente radiactivos como plutonio, con residuos del moderador de grafito también con altísimos niveles de radiactividad.
La caldera del diablo reventó como si fuera un frágil recipiente de delicado cristal. En adición, los vapores de cesio y yodo fueron liberados por la explosión y su subsecuente fuego, desparramando en los alrededores y en el ambiente materiales fragmentados impresionantemente mortíferos.
El grafito ardiendo por nueve días fue el principal causante de la liberación de partículas radiactivas a la atmósfera. Algo así como 5 mil toneladas de dolomita, arena y otros materiales fueron lanzados desde helicópteros en un desesperado intento por detener la emisión de partículas radiactivas. Aún así, en cuestión de horas, cantidades importantes de gas xenón, yodo, cesio y otros productos igualmente peligrosos ya se monitoreaban en Ucrania, Bielorusia, Rusia y se extendían hacia Escandinavia y Europa.
Las primeras brigadas de bomberos fueron prácticamente devoradas por el fuego; en cuanto a las restantes, murieron absolutamente todos aquellos que intentaron sofocar los fuegos iniciales a las pocas semanas víctimas de la intensa radiación.
La siguiente gran tarea consistió en tratar de limpiar de radiactividad toda el área, de tal forma que se permitiera la operación de los tres reactores restantes y sepultar permanentemente el reactor número cuatro causante del siniestro. Cerca de 650 mil operarios se requirieron para cubrir las instalaciones de ese reactor, a manera de un colosal sarcófago en que se usaron más un millón de toneladas de concreto y hormigón; sin embargo, a pesar de ello, enterrada como está esa cosa diabólica sigue y sigue en actividad nuclear y si por alguna de las múltiples fisuras que ya presenta esa estructura penetrara agua o humedad suficiente para reaccionar con los elementos atómicos ahí encerrados, volverá a estallar y hacer palidecer a la mayor desgracia acontecida en la historia de la humanidad.
Más de 150 mil personas fueron evacuadas fuera de las zonas de desastre y algo así como 185 mil personas recibieron dosis significativas de radiación y muchas más, imposible de cuantificarlas que recibieron dosis menores cuyos efectos a mediano y largo plazo quizá sean mortales. Así lo demuestra el hecho de que miles de personas, principalmente niños a través de ésta la primera década posterior a la tragedia, presentan problemas graves diversos de cáncer, fundamentalmente de tiroides. Sus tremendas mutaciones y malformaciones desde su dramático nacimiento han hecho que se les conozca en el mundo entero simplemente como "los niños de Chernobil", pero los problemas ahí no paran porque entre millones de personas de la región cunde el desaliento, la tristeza y la amargura y aquellos que todavía pueden trabajar lo hacen con desgano y con un gran vacío emocional que se refleja en su baja productividad.
Ahora, a 10 años de distancia de ese gran desastre que significó para la humanidad recibir 210 veces más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas, nos obliga a reflexionar profundamente acerca de la energía nuclear y su uso aún en tiempos de paz.
En materia de radiactividad no hay límites, no hay distancias, como lo acabamos de constatar en México en que a muchos miles de kilómetros del evento por la acción de los vientos y los fenómenos meteorológicos en que además se mezcló la más abominable de cuantas formas de comercio existen, se recibieron alimentos contaminados que quizá nunca sabremos cuántos mexicanos consumimos y mucho menos, sus efectos colaterales que en materia sanitaria pudiesen tener.
Al analizar los desastrosos resultados de un accidente nuclear, así como las condiciones de construcción y operación del complejo nuclear mexicano de Laguna Verde, no nos queda otra cosa que pensar serenamente en que un monstruo de tales dimensiones por su peligrosidad y poca eficiencia, deben ser replanteadas sus funciones en esta soberanía, con el concurso de los buenos mexicanos y no ser la resultante de los criterios de un solo hombre, como lo hemos visto desde que se esbozó la idea de colocar al país en la senda del progreso y desarrollo por decreto presidencial, sin pasar por la democracia.
Ingenua o torpemente, creyeron los respectivos presidentes de México, que una vez entrando a la era nuclear, entrábamos en la senda del progreso al estilo del primer mundo. Sin embargo, debe dar pena por haber tenido mandatarios que no sólo aceptaron la apertura de un programa núcleo eléctrico que deja mucho que desear, sino que lo ordenaron, a pesar de conocer perfectamente que en torno a los reactores usados, existía una nube de dudas y controversias tecnológicas.
El reporte Reed integrado por unas 2 mil cuartillas considera 25 graves problemas de seguridad que guardaban los reactores VWR-Mark 1 y 2. Laguna Verde cuenta con dos del tipo Mark 2 y siendo algunos de los defectos insuficiencia de los márgenes de diseño, corrosión de materiales, vibración dentro del núcleo causada por el flujo de agua de enfriamiento, falla de válvulas y cambiadores de calor en condensadores principales, en sellos, válvulas y bombas, así como grandes deficiencias en los almacenes de combustible, especialmente en la piscina de combustible gastado.
Fue tan grave el diagnóstico que la General Electric, manufacturera de los reactores, ordenó ocultar el famoso informe del ingeniero Charles Reed.
En mayo de 1987, el diario The Plen Diger, de Cleveland, Ohio, lo dio a conocer a la opinión pública provocando un gran escándalo y muchas demandas en las que vergonzosamente no se encontraron las mexicanas, por los defectuosos reactores recientemente adquiridos.
A ese respecto el entonces secretario de la Sedue, licenciado Manuel Camacho Solís, en junio de 1987, a pregunta expresa de la revista Proceso, se limitó a decir: "El reporte Reed, para el Gobierno mexicano es un asunto viejo e irrelevante".
En cuanto al manejo de la planta en nueve años de operación que tiene Laguna Verde, acumula más de 100 paros de emergencia, por lo que cada arranque para reiniciar operaciones, además del dinero que cuesta, aumentan las emisiones de radioctividad al medio ambiente.
Si a la carga de irregularidades operativas agregamos que la planta se encuentra en una zona sísmica, en que la formación volcánica el abra, a 16 kilómetros de distancia del noreste de Laguna Verde, tuvo actividad en los años veinte; que el subsuelo es de asfalto fracturado en donde corren aguas subterráneas fuertemente corrosivas y está el complejo en área de ciclones, lo menos que podemos hacer es sospechar de su seguridad.
Sin ser precisamente agorero del desastre, como gusta el régimen de calificarnos a los que nos atrevemos a discutir como en este caso, programas de muy dudosa conveniencia nacional.
Es indiscutible que nunca sabremos los mexicanos el costo del complejo nucleoeléctrico de Laguna Verde. Sin embargo, el Gobierno acepta inversión de 3 mil 500 millones de dólares, lo cual francamente ponemos en duda, así como sus gastos por operación que sabemos en México son cifras que sólo se manejan en el misterioso y corrupto mundillo del poder.
No obstante la cantidad es asombrosamente alta en relación con su pobre aportación al flujo eléctrico de la red nacional y que es apenas del 2%. Pero desde luego que esa relación palidece en comparación con el alto riesgo del manejo nuclear en ésa y en las óptimas condiciones que nos planteen a la luz de los efectos radiactivos, nocivos, que cada día las investigaciones serias concluyen, afectan al hombre, flora y fauna.
Resulta inaudito que de esas astronómicas sumas nada importante se haya aportado a la investigación y tecnología mexicanas, desdeñando a la juventud universitaria mexicana, inteligente y dinámica, que pudiera desencadenar una verdadera revolución tecnológica, doméstica, para aprovechar algunas de las eternas fuentes de energía que en México abundan. Tierra del sol, de más de 10 mil kilómetros de litorales con marejadas permanentes y vientos constantes e intensos en las que bien pudiéramos incursionar a través de las inteligencias estudiantiles mexicanas, pero con verdaderos apoyos.
La industria nuclear es demasiado joven, pero ya no es necesario dejar que envejezca para conocer sus apocalípticas consecuencias por fallas tecnológicas humanas o simplemente para la eliminación de sus desechos y sus productos de operación.
La humanidad ya ha tenido bastante como para conocer de cuerpo entero sus fatales resultados; desde Hiroshima y Nagasaki, hasta la fecha. Y una prueba más fehaciente y preocupante es que los Estados Unidos ya no hallan la manera de tirar su basura nuclear y para ello han decidido hacerlo en su traspatio del sur, que ya saben que ahí existe la manera de hacerlo. No le hace que afecte a los mexicanos que con ellos colindan.
Pero si todavía hay quienes creen que todo lo dicho en torno a este tema nuclear es exagerado y dudan de su importancia, no es necesario que hagan un gran esfuerzo mental para imaginar las consecuencias de cualquier accidente en ese complejo que arrasaría pueblos y ciudades aledaños, afectando de alguna manera a la ciudad más grande del mundo, capital y corazón de México.
Corresponde, pues, a esta soberanía, discutir honesta, sensatamente la viabilidad de sus operaciones y sin injerencias arbitrarias ni absolutistas del Ejecutivo Federal, que ya hemos visto muchas veces, no corresponden a criterios del sentido común y mucho menos a la voluntad popular.
Quiero advertir, por último, que México no tiene la capacidad para acometer en ningún sentido, una contingencia nuclear como la ya descrita y que está, por supuesto, dentro del terreno de las posibilidades. Por lo tanto, ruego a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, entregar copia del presente documento a las Comisiones de Ecología, Salud y Energéticos, a fin de analizar los puntos relativos a sus respectivas funciones.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Como lo solicita, túrnese a las comisiones de Ecología, Salud y Energéticos.
ESTADO DE GUERRERO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo en relación al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre Aguas Blancas.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señorita Presidenta; compañeros:
Como ayer todos supimos se presentó el informe de la investigación que pidió el presidente Ernesto Zedillo hiciera la Suprema Corte de Justicia, ejerciendo la facultad que le confiere el segundo párrafo del artículo 97 de nuestra Constitución General de la República.
Este informe, que como detectamos ayer, es un acto histórico de nuestros poderes, de una parte de ellos, un acto trascendental de una parte de ellos, un acto trascendental para la vida política de nuestro país. El informe y aprobado por unanimidad por la Corte, pensamos que terminó con ese camino tan largo y negro en que la corte se convirtió en un elemento de servilismo y abyección hacia el Ejecutivo.
Ese corte histórico que hizo, le puede dar también la facultad en los hechos, para que esté pendiente de que en nuestro país no se vuelvan a violar los derechos individuales, las garantías individuales y los derechos humanos. Ese informe, que como bien dicen algunos articulistas, es una condena moral a un modo de ejercitar y hacer política y de practicar el gobierno en nuestro país.
Es un juicio moral, político, que hace del funcionamiento del sistema político imperante que ha venido a corromper las instituciones en nuestro país y a hacer que no se tenga confianza en ellas por parte de la población, por parte de los mexicanos.
Esa facultad histórica que ejerció la Suprema Corte puede también darnos el inicio ojalá de revalorar el principio que debe estar siempre presente en la división y equilibrio de los poderes. Ojalá y hubiera esa valentía y esa conducta que tuvieron los ministros de la corte, también se expresara en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y también en el Ejecutivo Federal.
Estos hechos, históricos insisto, son todo un análisis que se hizo a partir del asesinato de 17 guerrerenses y de ese acto de represión de todo lo que corrompe y hace daño a nuestra República.
Partes enteras de este Informe que está por llegar el día de hoy al Ejecutivo, a esta Cámara y a Gobernación y a la Procuraduría General de la República y que fue dado a conocer públicamente en una sesión también pública, sin cerrar galerías por cierto, sino abierta a la gente que quisiera estar para escuchar este trascendental informe, son de las cosas que nosotros también tenemos que aprender.
Abrieron sus galerías, pequeñas, pero las abrieron y estuvieron quienes quisimos escuchar ese informe.
¡Hay que ir aprendiendo, compañeros diputados y no tenerle miedo a la sociedad!
Critican los ministros acertadamente el que se haya durante muchos años agotado la simulación, el engaño, como forma de gobierno, como forma de mentirle a la sociedad mexicana y de dañar y reprimir a la sociedad mexicana. Nosotros hemos considerado importante que en este pleno leamos algunos de los juicios que estos ministros aprobaron por unanimidad y que redactaron Juventino Castro y Humberto Román Palacios, con todo valor.
Porque pensamos que estando estas palabras en esta sesión, en el pleno de nuestra Cámara pueden tener fuerza e importancia si es que esta Cámara de Diputados se decide a ser un Poder independiente que ayudara al equilibrio necesario entre los poderes.
Dicen los ministros: "Infortunadamente existe la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación. En efecto, graves acontecimientos han ocurrido en el país de enorme importancia y trascendencia en esas decenas que en vez de ser afrontados con reconocimietno y deseo de superación, se han pretendido esconder a pesar del alto costo social que tienen el engaño y el ocultamiento" y continúan los ministros: "parecería que no nos atrevemos a enfrentar la verdad, pretendemos aparentemente no perder la confianza nacional e internacional, no a través de reconocer sencillamente nuestras fallas y nuestras equivocaciones sino ocultando las equivocaciones". "Es bien sabido-dicen-, que para sostener una mentira hay que seguir mintiendo y en forma sumamente compleja, por absurdo que sea la versión artificialmente elaborada, debe de sostenerse con mayor énfasis dentro de una explicación oficial vigorosamente sostenida a pesar de su incongruencia".
Podríamos quitarle Guerrero y el asesinato masivo, ponerle Puebla, Veracruz, Aguascalientes, otros estados y otros actos de gobernar cotidiano de nuestro país desde la Presidencia de la República. Lo mismo estamos sufriendo en muchos lugares y a diario constante y lamentablemente.
Los ministros dicen: "Esta continua regularidad que señala cuando definen lo que sucede en el Estado de Guerrero aquí sí en concreto, en el convivir de los grupos inconformes que hay en el Estado dentro de la región de la Costa Grande, propició frecuentes hechos de sangre dentro de los cuales los gobernantes guerrerenses, Rubén Figueroa, no pudieron o no quisieron superar un grave y extendido de no respeto a los derechos fundamentales que otorga nuestra Constitución Política y que individualmente garantiza mediante el ejercicio de la acción de amparo, ni siquiera eso, se respetó".
Y dicen los ministros: "En esas condiciones la población civil de esas regiones que no ha logrado superar las graves carencias económicas, políticas y sociales, que ancestralmente han padecido no sólo con Figueroa, atrás también, de este sexenio, mucho menos podría convivir bajo un orden sostenido de violación a las garantías constitucionales".
Por eso concluyen los ministros, entre otras: "Que hubo violación a las garantías individuales, consagradas en los artículos 1o., 6o., 8o., 9o., 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" y señalan: "violación a la garantía de tránsito puesto que se detuvo sin orden de autoridad competente a pasajeros que viajaban en camiones del servicio público que transitaban pacíficamente, violación a la garantía de libre expresión puesto que la propia autoridad del Estado reconoce que intervenía para que no hubiera acto de protesta contra la presidente de Atoyac, violación a la libertad personal de los transeúntes puesto que sin orden de aprehensión detuvieron a personas y les impidieron desplazarse libremente para atender sus asuntos, ¿dónde más hemos escuchado que sucede esto en el país y en la República, a diario y en toda la República.
Finalmente, violaron sus garantías de seguridad, de defensa, de petición y de respeto a la vida. Señalan ellos y aprobado por unanimidad, esos hechos se tradujeron en una violación ni más ni menos que a la garantía de respeto a la vida y a la seguridad en una detención y aún hay quien defienda a este señor Rubén Figueroa.
De lo anterior dicen, se puede concluir cuando menos que exista negligencia y responsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del Estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes. En esa tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del Estado se finca en el imprudente manejo de una cuestión.
Dicen los ministros que se necesitaba por parte de ese gobierno, si realmente lo fuera, de haber demostrado por parte del encargado del gobierno del Estado, Rubén Figueroa, no sólo lamentaciones sino una auténtica indignación similar a la que sufrieron los campesinos y la población de la entidad al enterarse de los hechos. Dicen, se necesitaba haber tomado acciones rápidas y eficaces para llegar a conocer la verdad e informarla a todo el pueblo de México y fue todo lo contrario, quiso engañar a la población de Guerrero y quiso engañar a la sociedad y quiso engañarnos a todos con su video trucado.
Señalan muy bien los ministros y estamos de acuerdo, actuaron más bien como grupúsculos detentadores del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos.
Los ministros, con su fuerza ahora con más fuerza todavía, señalan la responsabilidad directa al gobernador en licencia, no hay que olvidar eso, que sigue gozando de fuero y por lo tanto quizá la policía, la judicial, el Poder Judicial Estatal no pueda intervenir, sigue siendo protegido como ayer lo vimos en el Senado, responsabilidad del Procurador General de Justicia de entonces, del secretario general de gobierno de entonces y señalan que estos actuaron como cultivadores del engaño, la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas.
Otra conclusión importante que ojalá escuchemos y aprendamos, ojalá, es que señalan que a partir de esta conducta que no es sólo, no es sólo la vivida por Rubén Figueroa y su gobierno, sino insisto, la vimos, la vemos a diario, la sufrimos a diario, estas conductas señalan, son sumamente preocupantes para la sociedad mexicana porque es persistente en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla.
Es una sentencia que hay que tomarla, insisto, en cuenta, tenemos que aprender de eso, pero no solamente eso sino algo que también en esta tribuna se ha comentado bastante, mucho y es que a partir de ocultar la verdad, de tratar de demostrar que los agresores eran los campesinos, constataron los ministros algo que sí agrede a los guerrerenses y agrede también a todos los mexicanos, porque señalaban estas mismas autoridades ahora protegidas por un poder político, como argumento de que eso era cosa de siempre en el Estado de Guerrero, porque no se dudó, dicen, en presentar a los habitantes de Guerrero como personas de fuerte personalidad ancestral, individualizadas como broncas, con respuestas radicales en todos los casos, así era en todos los lugares de las regiones guerrerenses, con lo cual propició la tesis de que la violencia, recuerden esas declaraciones de Rubén Figueroa, que ocurre en Guerrero no es lo mismo que los acontecimientos en cualquier otro estado de la República y textual dicho por el ahora gobernador con licencia y con fuero, porque en aquel Guerrero, es normal lo que en otros es grave violación de garantías individuales, queriendo salvar así a su Gobierno de supuesta negligencia. Al fin en Guerrero se matan, para qué tanto escándalo.
Recuerden aquellas declaraciones hechas por el ahora gobernador con licencia y con fuero.
Compañeros diputadas y diputados: ojalá la mentira...
Señora Presidenta, me acojo al reglamento, a los 30 minutos, por favor.
Gracias, Presidenta.
Ojalá este informe, no voy a tener la respuesta aquí en la Cámara de Diputados de que llegue, lo reciba el señor Oficial Mayor, se lo lleven al señor Humberto Roque y quede en el cajón y algún boletín de prensa pequeño, chico, por ahí, diga: fue recibido, aquí está.
Ojalá este informe, que es un análisis de lo que es nuestro sistema político, no quede tampoco en la consigna política de que ahí está pues y no hay que moverle más.
Este informe es necesario de discutir por el pleno, de discutir en las comisiones respectivas que tengan qué ver, de que no se quede en la clandestinidad o bien en el a ver qué hace o dice el presidente o el Secretario de Gobernación o a ver cómo se va a proteger con el tiempo al gobernador con licencia y con fuero.
Si hiciéramos eso, estaríamos presentándonos como un Poder Legislativo, ahí sí cortesano y servilista y lo que se necesita ahora en México es otra cosa distinta en el Poder Legislativo. No podemos ser copartícipes ni cómplices de esas mentiras tradicionales que se efectúan desde los actos de gobierno para que todo siga igual y se siga reprimiendo y tratando de ocultar nacional e internacionalmente los acontecimientos que existen en nuestro país; si queremos tener el valor de esos ministros tenemos que tomar este informe por principio e, insisto, analizarlo y como ellos mismos nos lo dicen, no como copia que nos manden sino nos dicen que utilicemos nuestras facultades constitucionales para en consecuencia actuar y hacer justicia, no sólo en el caso de Guerrero, porque entonces sí podríamos señalar después en otros estados que existe una Suprema Corte de Justicia, pero que también existe el Poder Legislativo para proteger las garantías individuales.
Ojalá no actuemos como siempre luego acostumbramos hacerlo simplemente hacer a un lado como cualquier expediente y hacer como que no pasa nada. No seamos parte de esa mentira tradicional de la cual hablaba aquel cacique de San Luis Potosí, que eso era normal y natural que existiera en el sistema político mexicano. No nos hagamos cómplices de esa acción de gobierno o de gobernar, porque estamos cavando la propia tumba del Poder Legislativo, porque no tendremos entonces confianza por parte de la población y compañeras y compañeros si ven ustedes la opinión pública, el fugimeraso no lo ven tan mal de repente gran parte de la sociedad y no podemos consentirlo, porque tenemos que garantizar que este Poder Legislativo viva, viva independiente, viva plural y viva para garantizar la división y el equilibrio de poderes tan necesarios en nuestro país.
Nosotros queremos que este informe sea analizado por la Comisión de Justicia, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por la Comisión de Derechos Humanos, por la subcomisión previa; que nos dé cuenta de ese análisis de estudio y propuestas ante este pleno y que aquí resolvamos conforme a la Constitución y a nuestras facultades lo que debamos resolver. Quitémosle la defensa que tiene el gobernador con licencia y el fuero.
No podemos convertirnos en defensores de alguien que es culpable si quieren los de la mayoría, por lo menos por negligencia, pero es por más y mucho más y no se puede quedar simplemente ahí.
Por eso esperamos que haya aquí espíritus de juventinos castros y castros de aguinacos, de Humberto Román Palacios y no vaya a haber espíritus servilistas y abyectos al Poder Ejecutivo, cualquiera que sea.
Por eso presentamos este punto de acuerdo, que una vez recibido el informe de la investigación que en torno a lo acontecido el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benitez, Estado de Guerrero, donde 17 personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas, presentada por los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios ante la Corte, se envíe a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Justicia y de Derechos Humanos, así como para que no quede aislada, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que, como dice el informe de la Suprema Corte de Justicia "intervenga en alguna de las formas autorizadas por la Constitución Política Federal, haciendo uso de las facultades expresas que ésta la confiere" e informe a esta soberanía del curso que se le dé antes de terminar el presente periodo de sesiones ordinarias. Que no se convierta este asunto el 1o. de septiembre en un asunto a debatir ese día; antes, conozcamos antes qué va a pasar con este informe.
Hay que recobrar la independencia y legitimidad del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame y hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Señora Presidenta, con su permiso; compañeros diputados disculpen que tenga la necesidad de venir a precisar algunas cuestiones de procedimiento.
No soy tan optimista como el diputado Ramón Sosamontes en cuanto a proporcionar los elogios desmedidos a la Suprema Corte. En realidad sabemos que existe una dualidad, una águila bicéfala, se le ha llamado, entre la Suprema Corte y la judicatura, cuando la judicatura ejerce las verdaderas facultades y prerrogativas en lugar de que sean los magistrados.
Tengo mis dudas en cuanto al informe que concierne al asunto de Aguas Blancas esté precisando la responsabilidad del gobernador y de los funcionarios del Estado de Guerrero, por ello creo que se está tramando una evasión, una evasión de un reo de esa humanidad, de lesa gravedad al atentado de la moral mexicana.
Creo que se está preparando la exculpación del ex gobernador que ahí hemos señalado tantas veces, Figueroa Alcocer. Pienso que la propuesta del diputado Ramón Sosamontes debe de generalizarse, que no debe de ir solamente a las comisiones, nos concierne a todos.
Por ello estoy solicitando conforme a reglamento y porque no puede ir a ninguna comisión
ningún asunto que no haya sido tratado en el pleno, por eso yo solicito que se nos informe primero y después que se nos distribuya el informe en cuanto al asunto de Aguas Blancas.
Por tanto pido conforme a reglamento, a la Presidencia, solicite a la Oficialía Mayor informe de la recepción del informe de la Suprema Corte sobre el asunto de Aguas Blancas y en su momento este informe se distribuya a todos los miembros de la LVI Legislatura.
Este es el trámite que corresponde.
Firma la diputada Rosario Robles; el diputado Saúl Escobar; la compañera Leticia; el compañero Quintero y todos los que vayamos en pléyade a exigir que se respete el reglamento.
La Presidenta:
Se tramitará su solicitud a la Oficialía Mayor, como lo ha planteado.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro (desde su curul):
Señora Presidenta, dejé una propuesta.
La Presidenta:
Túrnese la propuesta del diputado Sosamontes Herreramoro, a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, como lo solicitó.
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia con fundamento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar sobre el mismo tema.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El tenor de nuestra intervención es el juicio político popular a Rubén Figueroa Alcocer.
La Suprema Corte de Justicia, como es de conocimiento público, ha emitido un resolutivo respecto de la investigación solicitada por el encargado del Ejecutivo, Ernesto Zedillo Ponce de León, respecto del caso Aguas Blancas. La prensa vendida ha publicitado en grandes titulares que el ahora ex gobernador fue culpable, fue corresponsable de violación a garantías individuales.
Pero no dice, la prensa que le hace el juego al Gobierno y que era la verdadera noticia, que Rubén Figueroa fue exonerado de la autoría intelectual del crimen, porque los ministros de la Corte no encontraron ningún elemento para imputarle a Figueroa Alcocer la autoría del crimen.
Estamos entonces, compañeras y compañeros diputados, ante una Suprema Corte, ésa que inventó Zedillo, tras de decapitar al anterior en un golpe de estado judicial, en diciembre de 1994, con 11 nuevos ministros, hechos a la medida de Zedillo, para que resuelvan lo que a Zedillo conviene: salvar al compadre presidencial, Rubén Figueroa Alcocer.
Y la Suprema Corte dice: Figueroa nada tiene que ver con la autoría del genocidio, sólo, pecata minuta, corresponsable de obstruir el libre tránsito, corresponsable de impedir la libre expresión. Cualquiera de nosotros, señores diputados, podemos obstruir el libre tránsito a la salida del estacionamiento por la descompostura de nuestro vehículo, pero otra cosa es obstruir el libre tránsito del que viene atrás acribillándolo a balazos.
Una cosa es impedir que alguien se exprese apagándole, como suele hacerlo aquí la burbuja al de la voz el sonido y otra cosa es meterle cinco tiros en la espalda para que no vuelva a hablar jamás.
La Suprema Corte, pues, no ha culpabilizado a Figueroa de crimen alguno; la Suprema Corte se ha prestado a un juego siniestro que está acorde con el sistema presidencialista mexicano, en el sentido de exculpar al gobernador, protegerlo y permitir inclusive que siga gobernando en aquella entidad, porque con la novedad, compañeras y compañeros diputados, que los fieles de Figueroa siguen ahí aferrados al poder.
Un gobierno déspota y prepotente ha sido sustituido por otro igual. Los funcionarios del anterior son los de la nueva administración: Ambrosio, secretario particular de Figueroa, es ahora recaudador de rentas de Acapulco, donde se cobra el mayor impuesto del Estado; el que fuera secretario de Educación, Fermín Gerardo Alvarado, es ahora Secretario General de Gobierno; Ulpiano Gómez Rodríguez, secretario de Finanzas con Figueroa, por razones obvias, qué creen ustedes, compañeros diputados, fue ratificado; Héctor Vicario, a quien se le atribuyó la dirección de la operación de Aguas Blancas, que fuera subsecretario de Finanzas, en realidad encargado de proporcionarle todo el dinero necesario al gobernador, ahora es líder de la CNC; Pío Quinto Damián, pasó de secretario general del PRI a secretario de Educación y Celestino Bailón Guerrero, de secretario de Planeación, Presupuesto y Desarrollo, se quedó en el mismo cargo para proteger lo necesario.
No hay puesto de importancia, por pequeña que sea en aquella entidad que no haya sido copado por el grupo Figueroa.
Esta fracción Socialdemócrata presentó el 4 de julio del año próximo pasado, a escasos cinco días de los hechos de Aguas Blancas, demanda de juicio político en contra del gobernador Figueroa; días después compañeros de la Revolución Democrática hicieron lo propio. Ambas denuncias fueron desechadas de plano por la subcomisión de examen previo, tres meses después, no obstante que la ley les impone un periodo improrrogable de 30 días.
Pero ya sabemos que esas comisiones presididas por Dionisio Pérez Jácome y Fernando Pérez Noriega, resuelven cuando les viene en gana, no tienen contemplaciones con el reglamento y resolvieron desechar.
Independientemente de la insuficiencia del resolutivo de la Suprema Corte tenemos que tomar nota de un aspecto positivo, de un aspecto que tiene consecuencias para el Poder Legislativo. Que mientras la Suprema Corte se atrevió por lo menos, en mínima medida o aceptó estudiar el fondo del asunto, este Poder Legislativo obedeciendo las consignas de la burbuja simplemente desechó de plano.
Figueroa es impoluta persona, Figueroa es incapaz de matar a una mosca, es intocable, se desechan las demandas y no puede ser que a los ojos de tan inteligentes diputados hayan escapado las observaciones que hoy hacen los ministros de la Corte.
Esta Cámara fue pues, negligente, omisa y prevaricadora en cuanto a su deber legal.
La demanda que presentamos señalaba como presuntos delitos cometidos por el gobernador, entre otros, los siguientes: genocidio, asociación delictuosa, violación a la libertad de garantía de libre tránsito, abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, coalición de servidores públicos, ocultamiento de pruebas, falsedad en declaraciones judiciales y delitos contra la administración de la justicia.
Pero las subcomisiones de esta Cámara concluyeron que el señor Figueroa era incapaz de haber violentado uno solo, ni uno de ellos, de los preceptos que el Código Punitivo Federal señala y que hemos ya enlistado.
En virtud de que esta Cámara no asumió ni estuvo a la altura de su deber legal, los miembros de la liga mexicana anticorrupción erigieron en Guerrero el tribunal estatal moral pública, para someter a juicio popular a Rubén Figueroa, con la participación de destacados personajes de la vida académica, cívica, política, no sólo de la entidad, sino de otros lugares del país.
Se trata de una sentencia moral, ya que esta Cámara obstaculizó la aplicación de la justicia al negarse a incoar el procedimiento en contra de Figueroa. La sentencia moral establece lo siguiente:
"En la ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 20 de agosto de 1995 y estando reunidos el pueblo guerrerense y los miembros del tribunal estatal de moral pública, cuya relación de miembros se adjunta y forma parte integrante de esta acta, se instaló y llevó a efecto el juicio político popular a Rubén Figueroa Alcocer acusado de genocidio, terrorismo de Estado, conspiración, asociación delictuosa, coalición de funcionarios, ataques a las vías de comunicación, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento inexplicable y delitos graves del orden común.
Este cuerpo colegiado apartidista, integrado por ciudadanos por su propio derecho con distintas actividades e ideologías diversas, se erigió en tribunal moral ante la prevaricación de las autoridades competentes: Senado de la República, cámaras de Diputados Federal y Estatal y procuradurías de Justicia, para juzgar al referido Figueroa Alcocer por los delitos que se le imputan.
La acción popular es imperativa sobre todo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Jorge Madrazo Cuéllar, tuvo la osadía de exonerar a Figueroa de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio del presente año. (Se refiere al dictamen del año pasado). No podía ser de otra manera, el mandatario guerrerense es compadre y aliado político del presidente Ernesto Zedillo, Madrazo Cuéllar recomendó la remoción de todo mundo, menos la del evidente autor intelectual y responsable de la masacre.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estafó con su informe a la opinión pública nacional, no se atrevió contra el compadre presidencial. Este tribunal estatal de moral pública consideró un deber y derecho históricos someter a juicio a Figueroa como consecuencia de la lenidad, omisión y complicidad del régimen de Ernesto Zedillo, quien se ha negado a procesarlo.
Leídos los cargos que la sociedad le imputan a Rubén Figueroa, conocidas las evidencias y escuchados los testigos de cargo y habiéndose, por otra parte esgrimidos los argumentos necesarios en su favor por parte del defensor de oficio, el honorable jurado popular de este supremo tribunal estatal de moral pública, tras de una deliberación responsable tuvo a bien dictar la siguiente sentencia moral:
En virtud de encontrar sustento y validez en las acusaciones enderezadas directamente en contra de Rubén Figueroa, por unanimidad de votos se le declara culpable de los delitos imputados de genocidio, terrorismo de Estado, conspiración, asociación delictuosa, coalición de funcionarios, ataques a las vías de comunicación, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento inexplicable y de los delitos graves del orden común que se tipificaron en el capítulo correspondiente de la acusación de la fiscalía.
En consecuencia, este honorable tribunal condena a Rubén Figueroa a ser sujeto permanente de la acción del Estado con la pena máxima de 40 años de prisión y la confiscación de su fortuna malhabida en beneficio del pueblo guerrerense y hasta el fin de sus días a sufrir el desprecio y vituperio populares en su transitar por todos los rincones del Estado de Guerrero. Asimismo, se le declara moralmente inhabilitado para ocupar cargos públicos, para militar en partidos políticos y para participar en las actividades cívicopolíticas de la nación. Instáurese en las familias guerrerenses una tradición oral para transmitir a la presente y futura generaciones la idea de que el gobierno de Figueroa Alcocer constituyó una etapa negra en la historia de la entidad en la que proliferaron el crimen, la corrupción, la componenda, el fraude electoral y la traición al pueblo y a las etnias.
En cuanto al desprecio de la ciudadanía, este honorable tribunal faculta al pueblo para que lo exprese a través de las formas de repulsa que le son propias en todos aquellos lugares del Estado donde el condenado se atreva a estar presente.
Túrnese esta sentencia a los ministerios públicos de los fueros común y federal, a los partidos políticos, al cuerpo diplomático, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y al Tribunal Internacional de La Haya, para su conocimiento y efectos".
Participaron en este tribunal como fiscal, el doctor en Derecho, ex-rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, doctor José Enrique González Ruiz; como defensora de oficio, la diputada Adriana Luna Parra; como testigo de cargo, María de la Luz Núñez, alcaldesa de Atoyac de Alvarez; Jorge Meléndez, editorialista de Uno más Uno, comentarista de Radio Educación; miembros del jurado popular: Félix Salgado Macedonio, Senador de la República; Miguel Aroche Parra, activista político guerrerense, editorialista de Excélsior Pablo Sandoval Cruz, activista político guerrerense del movimiento de 1960, en contra del gobernador Caballero Aburto; Juan Angulo, director del semanario Sur de Guerrero; Benigno Camacho, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur, OCSS; Salvador López, presidente del pacto de grupos ecologistas de Guerrero; Miguel Angel Ferrer, periodista comentarista de Radio 13; Arturo Fernández Arias, asesor jurídico del SUTAUR-100; José Luis González Meza, escritor; Hilario Mesinos, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra Sur; Sergio Romero, periodistacomentarista de radio; Arturo Martínez Nateras, activista político; Leticia Burgos, diputada federal; María Esther de Paz, activista social; Alfredo Jalife, editorialista de El Financiero; Rosa María Cabrera, diputada federal; Pablo Sandoval Ramírez, activista político, dirigente del STUNAM SUNTU; Horacio Gaspar Lima, activista político; Rafael Trejo, activista social; Mario Ramos, activista social; Mauro García Medina, activista político; Teresa Gil, periodista; José Salgado Sotelo, activista político; René Lobato, activista político.
Fungió como secretaria del tribunal, Cecilia Corona, presidenta de la Asamblea Nacional de Mujeres, Anam y como presidente del mismo un servidor en su calidad de presidente de la liga mexicana anticorrupción.
Compañeras y compañeros diputados: esta fracción socialdemócrata, demanda la reapertura de la investigación por parte de esta Cámara, respecto del crimen de Aguas Blancas.
La subcomisión de examen previo debe agregar a las documentales entregadas en la denuncia que presentamos en julio del año pasado, el videotape que el periodista Ricardo Rocha divulgó por televisión en el Canal 2. Desde luego debe anexar asimismo, el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anterior compañera Presidenta, rogámosle turnar esta solicitud a la subcomisión de examen previo, a fin de reabrir la investigación solicitada por el de la voz el 28 de julio del año próximo pasado, a efecto de que se proceda a castigar al sátrapa que ordenó la ejecución de 17 hermanos campesinos que pacíficos e inermes, se trasladaban a un mítin en ejercicio de sus derechos constitucionales.
Muchas gracias compañeros diputados.
La Presidenta:
Túrnese conforme a lo solicitado, a la Comisión de Justicia.
Tiene el uso de la palabra el diputado Serafín Núñez Ramos, para el mismo tema.
El diputado Serafín Núñez Ramos:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
Más allá de toda conveniencia política partidaria de coyuntura, por lo demás legítima, quisiera puntualizar algunos elementos en torno a este problema:
Primero. El Ejecutivo Federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, para que llevara a cabo una investigación sobre posible violación grave de garantías individuales, en el caso de Aguas Blancas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecha la investigación, encontró a Rubén Figueroa Alcocer y a siete de sus colaboradores, responsables de violación grave y generalizada de las garantías individuales de los 17 campesinos asesinados en junio de 1995, en el barrio de Aguas Blancas.
Creo entender que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue de carácter penal sino político, aunque fundada en elementos jurídicos. El dictamen de la Suprema Corte, por lo mismo, no fue elaborado para seguir un juicio contra nadie, porque ser así el 97, que ampara la investigación de los magistrados, estaría contrariando al artículo 21 constitucional que establece que la persecución de los delitos compete al Ministerio Público, pues el 97 se refiere sólo a una averiguación, pero no de tipo penal.
Sin embargo con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los otros poderes políticos de la Unión, así como el poder estatal de Guerrero, pueden tomar las decisiones que les impongan sus correspondientes competencias, pues podrían encontrar y por los elementos que aquí se han señalado, de hecho, encontrarán en dicho dictamen, elementos suficientes para actuar en el ejercicio de las facultades que les concede la ley. El Congreso en lo político y la Procuraduría General de la República, en lo penal.
Por esta razón exigimos que sin premura, las autoridades competentes retomen el caso y actúen en consecuencia para que quienes resulten responsables de estos hechos, sean castigados con todo el peso de la ley.
El Presidente Zedillo se ha convertido por fuerza de las circunstancias políticas actuales, en uno de los impulsos que ha roto la inercia para que de este vergonzoso caso alcance una solución apegada a derecho, que estoy seguro estará en concordancia con los reclamos de justicia de la conciencia de los mexicanos.
Exigimos que respondiendo a este impulso o por su propio impulso la Procuraduría General de la República examine el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cumpla con su responsabilidad constitucional.
Que en este Congreso no haya petición de juicio que no sea atendida y dictaminada, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias en torno a este problema y de acuerdo con los tiempos establecidos también por el reglamento de esta Cámara.
Más allá del destino del ex gobernador Figueroa, hay otras preocupaciones para los guerrerenses, ya que desde el punto de vista penal, los mecanismos de la justicia mexicana se han puesto en marcha y exigimos que no se detengan, los guerrerenses estaremos tirantes para que esto no ocurra y en sus tiempos y en su tiempo sabremos acatar cualquier desenlace que este asunto tenga siempre y cuando se apegue a derecho, aunque a veces esto no basta para que la justicia se establezca entre los hombres.
Mi preocupación, señoras y señores diputados, más allá de esto por cuanto yo no soy juez ni tribunal ni está en mis manos definir esta situación, mi preocupación está centrada en la incapacidad política y la falta de voluntad del gobierno sustituto para iniciar acciones que por su carácter y su vinculación con la sociedad organizada guerrerense, contribuyan a debilitar los fundamentos políticos sociales y económicos de la violencia en Guerrero.
Preocupado por los escasos márgenes políticos de que dispone el régimen sustituto para crear las condiciones sociales, técnicas y políticas de una reestructuración a fondo de las corporaciones policiacas y del sistema corrupto e inepto de procuración e impartición de justicia en el Estado de Guerrero.
Preocupado también porque en torno a este problema tan grave se mantiene vigente en la conciencia de los nuevos gobernantes una concepción puramente policiaca de la seguridad pública en el Estado.
Preocupado, en fin, por las dificultades y la lentitud con que avanza la reforma electoral en el Estado y la falta de claridad a escasos meses de que se inicie el proceso electoral de los compromisos en la reforma electoral del priísmo guerrerense. Estas son, señoras y señores diputados, sólo algunas de nuestras preocupaciones actuales.
Lo que los guerrerenses exigimos es que esos crímenes no queden impunes, quisiéramos conocer estrategias claras y convincentes por parte del Gobierno del Estado que toquen la raíz de la impunidad en el Estado de Guerrero.
En la historia reciente de nuestro Estado, decenas de guerrerenses fueron asesinados por razones políticas en la misma forma que los campesinos en Aguas Blancas y los responsables no fueron, no han sido castigados y ni siquiera se llevaron a cabo investigaciones creíbles para aclarar estos asesinatos. Basta recordar la memoria triste del gobernador Raúl Caballero Aburto y del que le siguió Raymundo Abarca Alarcón, en cuyo sexenio se masacró en dos ocasiones diferentes a alrededor de 18 y 14 campesinos, mujeres y ancianos sin que los culpables de estos crímenes hubieran sido castigados.
Esos eran, señores diputados, los tiempos de la impunidad absoluta en el Estado de Guerrero; no vamos a permitir que ese tiempo vuelva a Guerrero.
Gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda, sobre el mismo tema.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señora Presidenta; honorable Asamblea:
El compañero diputado Ramón Sosamontes, resaltó algunos de los aspectos más trascendentales, más importantes del informe que rindió la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lenguaje a veces más político que jurídico, se hizo un severo análisis de las condiciones sociales prevalecientes en el Estado y señalaba el mismo Sosamontes cómo al escuchar ese informe podrían ser calificativos o descripción de situaciones lo mismo para Guerrero que para Puebla, que para Veracruz, que para cualquier otro estado.
Destacaba también las condiciones sociales prevalecientes, muchas de ellas inclusive desde muchos años atrás, anteriores a los del gobierno de Rubén Figueroa. Condiciones sociales de todos conocidas, difíciles de resolverse, de afrontarlas en un solo sexenio y menos aún en dos o tres años.
Hay un nuevo gobierno, de mes y medio de vigencia, del que también se ha señalado en esta ocasión lo difícil que le será en sus otros escasos tres años superar definitivamente condiciones sociales atávicas tan difíciles, tan profundas, tan amplias, para ser resueltas y que también este nuevo gobierno de quien fuere, carece obviamente de los recursos necesarios para adquirir el compromiso de resolver y de dejar al Estado en una condición idílica donde ya no prevalezca ni el hambre ni la miseria ni la injusticia.
Vivimos condiciones difíciles por todos lados. Los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales y sumados a ellos los municipales, a veces con mayor o menor éxito van afrontando estos gravísimos problemas pero todos estamos convencidos que no siempre a veces las fórmulas ni las soluciones más drásticas desde un punto de vista de gobierno o las más violentas desde un punto de vista de contienda política electoral, pueden ser las adecuadas para sustituir el camino del diálogo, de la concertación, de la suma de esfuerzos para afrontar esos problemas.
Nosotros en esta ocasión como diputados y como guerrerenses, venimos una vez más a defender las instituciones de nuestro Estado, ayer estuvo Rubén Figueroa, hoy está Angel Aguirre, mañana otro más.
Venimos arrastrando desde muchos años atrás este sudario de pobrezas, de angustias y de desesperaciones, como lo podrán decir voceros de muchas entidades más, gobernadas por uno u otro partido.
La dureza de nuestras razones políticas y económicas, rebasan en cierta forma el ámbito de nuestro territorio nacional.
Yo sé muy bien que a estas alturas, muchos de los que eran amigos del gobernante anterior ya no lo son, ya es un ex gobernante sin amigos, ya es un gobernante solitario, ya es un gobernante despojado de las virtudes o engrandecido de los errores, de los vicios o de las fallas que cometió. Esa es la naturaleza humana, ni nueva ni extraña a nosotros mismos.
Lo importante en este momento y lo venimos a ratificar en esta tribuna como diputado del Estado de Guerrero, es que el informe de la Suprema Corte de Justicia, de la comisión que designó para la investigación de estos casos, no quede trunco; lo importante para nosotros es que las recomendaciones, si les podemos llamar así a este informe, se ajusten a derecho, sin ánimo de venganzas, sin revanchismos, sin banderías políticas ni partidistas, porque esto no puede ser trofeo político de ningún partido, es un acto de justicia simplemente al que respondieron en un momento dado las autoridades judiciales competentes.
Nosotros también nos sumamos a este acto, a esta actitud recta y valerosa de la Suprema Corte y queremos que también aquí, como se ha dicho, se responda de la misma manera, como también queremos que así sea en el Poder Ejecutivo.
Solamente así estaremos realmente haciendo efectivo, cumpliendo una demanda popular de una reforma del Estado auténtica, veraz y creíble.
Esto no es ni puede ser obra de un solo hombre o de un solo partido, sino de todos los partidos y qué mejor que en una asamblea representativa y pluraI como lo es ésta.
El propósito exclusivo de nuestra presencia en esta tribuna, es sumarnos al propósito de que este informe de la Suprema Corte de Justicia, en los términos que lo exprese, tome su curso debido, dentro de un marco de legalidad.
Muchísimas gracias.
La Presidenta:
Dígame, diputado... Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, hasta por cinco minutos.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Las reacciones por el informe valiente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido el pasado 23 de abril no han terminado. Hay distintas interpretaciones sobre este informe que pone en primer lugar la absoluta responsabilidad del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer en la matanza de Aguas Blancas, perpetrada el 28 de junio de 1995. No hay ninguna equivocación por más interpretaciones y por más vueltas que le demos.
El diputado Píndaro Urióstegui, autor, encabezador de una famosa doctrina Píndaro, que hoy incorpora nuevos elementos a la interpretación del informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer lugar nos dice que los problemas de Guerrero son problemas también de otras entidades del país porque las condiciones económicas y sociales que vive Guerrero también se viven en Puebla, Veracruz y no sé cuantos otros estados nos enumeró.
Pero lo que nosotros hemos dicho, compañeras y compañeros, es que hay particularidades en el Estado de Guerrero: una, efectivamente el modelo económico que se ha seguido, que ha privilegiado al turismo como factor de desarrollo esencial en el Estado de Guerrero, lo que ha provocado una enorme desigualdad en muchas de sus regiones y esto ha agravado un conjunto de problemas económicos y sociales, pero una de las particularidades de los últimos años, y eso es donde no le entran ni Píndaro ni su bancada, es en el terrible autoritarismo, en el primitivismo, en el caciquismo que ha imperado en esa entidad, en los métodos bárbaros, autoritarios de gobernar y ésta es la gran diferencia que está planteado en este Estado de Guerrero.
Ya señalaba aquí el diputado Serafín Núñez Ramos el tema del ex gobernador Raúl Caballero Aburto, que perpetró una matanza similar en Chilpancingo el 30 de diciembre de 1960 y otras matanzas se han venido dando en el Estado, la matanza de los copreros en 1967, masacres en 1962 en Iguala, contra la asociación cívica guerrerense, contra campesinos, contra estudiantes. Esta ha sido una constante en el Estado de Guerrero, producto de los métodos bárbaros y primitivos de gobernar y yo creo que éste es uno de los puntos esenciales que a partir del informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos que terminar, acabar con la impunidad en el Estado de Guerrero y en todo el país.
Y yo creo que uno de los grandes puntos a seguir es cómo desterrar el figueroísmo que sigue íntegro en el Estado de Guerrero, en lo económico, en lo político, su aparato represivo, los hampones, los asesinos que están en todas las corporaciones policiacas.
Ayer, el diputado Abel Eloy Velasco nos decía aquí que ya está desaparecido el "grupo tigres", que fue instituido por el gobernador Rubén Figueroa, apodado el "tigre", también.
Pero están íntegras las estructuras. Ahora nos encontramos en el Estado de Guerrero procesando una nueva ley electoral, que es, yo creo, la más antidemocrática que existe en nuestro país.
Tenemos elecciones el 6 de octubre de este año para renovar la Cámara de Diputados local y 76 ayuntamientos y claramente hemos dicho que con esa ley electoral no vamos a las elecciones porque es terriblemente antidemocrática y hay resistencias para hacer una nueva, aunque estamos ahora en negociaciones para lograr una nueva ley electoral.
Píndaro dice: nosotros defendemos a las instituciones del Estado de Guerrero, defendemos igual a Rubén Figueroa que a Angel Aguirre y el que siga y el que siga. Yo creo que defender a Rubén Figueroa no es una institución, diputado Píndaro Urióstegui, es defender a un matón, a un asesino, a un cacique primitivo y ese papel le tocó a usted durante mucho tiempo y hoy el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discúlpenme que lo diga en voz alta, nos dio la razón a los que desde el primer día sostuvimos que ése era un crimen de Estado, un crimen perfectamente planificado y orquestado por el gobernador Rubén Figueroa
cuando despachaba en el palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero.
Ayer también se agregaron nuevas tesis a la doctrina Píndaro por la Presidenta de nuestra Cámara de Diputados, la diputada Claudia Esqueda, quien decía que quienes quisieran plantear algo contra Figueroa lo hicieran por la causa judicial, que este Poder Legislativo no tenía nada qué ver en este asunto.
Yo creo que hoy todos los periódicos ya han satirizado, ironizado sobre esta ignorancia a nuestra diputada Esqueda, porque está claro que esta Cámara de Diputados tiene que tomar parte en este asunto y tiene que analizar, discutir el juicio político que interpusimos en esta soberanía, ante esta soberanía, para que proceda un juicio político contra Rubén Figueroa.
Yo creo, compañeras y compañeros, que si le damos curso a las propuestas del diputado Sosamontes, a las propuestas del diputado Tenorio Adame, de que este informe se difunda, de que el Ejecutivo Federal, aunque oficialmente dice que no ha sido notificado y efectivamente, hoy que nos comunicamos por la mañana con el ministro Palacios, él nos decía que por un mecanismo complicado y burocrático no ha llegado, pero hoy iba a ser entregado a esta Cámara de Diputados, a la Procuraduría General de la República y al Ejecutivo Federal y lo que procede pues es que la Procuraduría General de la República ejercite acción penal contra Figueroa y sus principales colaboradores, contra los responsables materiales e intelectuales de este horrendo crimen que ha indignado a la opinión pública nacional e internacional.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Marcelino Miranda.
El diputado Marcelino Miranda Añorve:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:
Para los guerrerenses esta hora es tiempo de reflexión y a la vez de fortalecer la unidad. También es tiempo de superar diferencias para salir adelante y no beber el vino amargo de nuestras heridas.
Papel cómodo es hacer leña del árbol caído. Tampoco estamos de acuerdo en proceder como aves de rapiña. No compartimos los conceptos del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el fondo del asunto para el diputado Cuauhtémoc Sandoval es que no tiene voluntad política para participar en la nueva apertura del gobierno actual en Guerrero.
Cuando se descalifica aquí por algunos legisladores que no son guerrerenses, es porque desconocen la realidad de nuestra entidad. Los hechos de Aguas Blancas debatidos aquí en innumerables ocasiones ha sido motivo para expresar en muchas veces nuestros puntos de vista.
Poco puede agregarse, sin embargo en algo fundamental hemos coincidido, en que las investigaciones se profundicen hasta encontrar la verdad y desde luego se llegue a resultados que satisfagan a la opinión pública. En síntesis, que no haya impunidad. Eso incluso ha sido exigencia que hemos manifestado en esta tribuna y en la Comisión Permanente.
Por tanto, no pretendamos confundir desde aquí en el sentido de arrogarnos o adjudicarnos el que el informe de la Suprema Corte sobre el caso Aguas Blancas se entienda como un triunfo partidista.
Cualquier desgracia, personal o hecho de sangre que ocurra y afecte a cualquier mexicano, consterna y desde luego nadie lo desea.
Quienes compartimos la actividad legislativa por encima de corrientes políticas y toda la sociedad guerrerense deploramos y no queremos más fenómenos de violencia y sí nos pronunciamos porque prevalezca realmente el imperio de la ley.
Es importante precisar que en Guerrero, a menos de dos meses de gobierno, del actual gobernador Angel Aguirre Rivero y quienes con honestidad queremos al Estado de Guerrero, hacemos el mejor esfuerzo por contribuir con hechos a la unidad y corregir, sí, deficiencias en la procuración y administración de justicia.
Es fácil descalificar a los guerrerenses y sobre todo a profesionistas del derecho, egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Por ello debemos pues buscar valores que nos unan quienes realmente queremos al Estado de Guerrero y que rescatemos nuestros puntos de coincidencia, aquellos que nos den identidad estatal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido su imparcial informe en torno a lo sucedido en nuestro Estado. Por tanto, dejemos que sea el imperio de la ley y la aplicación de la justicia los que normen en última instancia este lamentable suceso. Los procedimientos están previstos en los cuerpos de leyes respectivos.
Dejémonos de desgastes y estériles discusiones, permitiendo que sea el derecho el que le dé el fin último a esta controversia.
Como guerrerense preocupado de lo que hoy se debate, hago un llamado a todas las expresiones políticas de la entidad para que juntos podamos contribuir y construir entendimientos y atacar de frente y de manera seria los rezagos sociales y desequilibrios regionales.
Esa vigorosa energía, ese entusiasmo que aquí hemos demostramos, debemos aportarlo con hechos, con acciones positivas en bien de los guerrerenses.
Muchas gracias.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez (desde su curul):
Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos:
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Compañeras y compañeros diputados:
Yo no soy de Guerrero, pero todos los mexicanos que vimos el ya famoso video de Rocha, que no fue editado tramposamente por mandato del señor Rubén figueroa, conmovió la conciencia nacional y desde el día de ayer en que la diputada Claudia Esqueda señalaba que no había que politizar este asunto y recordando cada que se tocó el tema de Guerrero en la Comisión Permanente anterior, que los de Guerrero, entre ellos el diputado Píndaro y Guadalupe Gómez Maganda, se la vivieron y se la desvivieron defendiendo lo indefendible, ¿por qué entonces ninguno de ellos se paró a decir que el imperio del derecho, que el imperio de la ley, que el imperio de la moral obligaban a que la investigación?, como ya se vislumbraba de manera clara para los que querían ver, para los ciegos, pues no se podía ver y los diputados del PRI, de Guerrero se pusieron una venda en los ojos y los senadores de Guerrero, se pusieron una venda en los ojos para no ver lo que el país ya veía.
Los únicos que politizaron el asunto de Aguas Blancas fueron los legisladores del PRI, que hubieran ayudado a acelerar el proceso y con libertad y con una visión social y con respeto a la legalidad pudieron presionar al asesino de Rubén Figueroa a que hubiera dimitido.
Hubieran ahorrado muchas horas de sesiones en la Permanente y ahora en el Senado y en esta Cámara de Diputados. Pero no, encontramos en los defensores de Figueroa a unos defensores que son inflexibles, son legisladores con lenguas de maderas, son legisladores que no entienden que es necesario que en el Estado de Guerrero se restituya el estado de derecho.
Que no es posible que no se apruebe que operen los artículos 108 y 110 constitucional, para que se abra juicio político, a quien agravió no sólo a los familiares que han quedado desprotegidos, porque masacraron impunemente por instrucciones del entonces gobernador a sus familiares.
Agraviaron a Guerrero y agraviaron a la nación, porque a los ojos del mundo aparecemos como un país todavía de salvajes.
Y señores, México no es un país de salvajes. Por eso yo llamo lenguas de madera a esos diputados del PRI de Guerrero que son inflexibles a la realidad por más que ahora mismo ha aparecido ya en juicio, que abre la posibilidad de que se dignifiquen y ayuden a dignificar al Congreso.
No hay y no va a haber progreso en Guerrero, mientras estos hechos, mientras gobernantes inflexibles, incultos, impreparados, que los domina el odio, que los domina la violencia, que pueden matar impunemente, siguen gobernando.
Por eso es importante que haya juicio político, por eso es importante que se apliquen los artículos 108 y 110 de la Constitución y haya juicio político al asesino de Figueroa.
Y por eso es importante que se restituya plenamente el estado de derecho en el Estado de Guerrero, para que la miseria, el analfabetismo y la violencia, que no connatural al Estado de Guerrero, falso. El Estado de Guerrero quiere paz, quiere educación, quiere progreso no solamente para Acapulco sino para el Estado todo.
Pero solamente va a ser posible cuando impere la ley, cuando impere la democracia, cuando impere la justicia.
Nosotros conminamos a que se apruebe en esta Cámara, que se abra juicio político, se respete la Constitución y se instaure el estado de derecho en el Estado de Guerrero.
Gracias.
La Presidenta:
Solicitó la palabra para rectificar hechos la diputada Adriana Luna Parra; la tiene por cinco minutos.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Compañeras y compañeros diputados:
Yo nada más he tomado la palabra, creo que hablaba demasiado claro ayer, todo esto hay que recordarlo a las diputadas y diputados aquí presentes , que somos diputados federales, no son ustedes diputados locales, somos diputados federales, lo cual quiere decir que los problemas de la nación nos atañen.
El otro día nos dijeron chiapanólogos, porque hablábamos de brutales asesinatos en Chiapas y ahora quieren que sólo les compete a ustedes el asunto de Guerrero. Creo que están un poco equivocados y creo que ustedes deberían de estar en el Congreso local, éste es el Congreso de la nación y la muerte y la violencia es un problema de la nación. No sucedió en un rancho y lo atienden los del rancho; estamos en el Congreso nacional y somos diputados federales.
Nada más para hacerles un pequeño recordatorio, porque creo que no han entendido su función.
Muchas gracias.
FERROCARRILES NACIONALES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de Revolución Democrática, para referirse a los ferrocarriles.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Compañeras y compañeros diputados:
En estos momentos en el gremio de los trabajadores ferrocarrileros existe una enorme inquietud derivada de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha impuesto a ese gremio el haber adelantado la revisión del contrato colectivo de trabajo que debe de concluir su vigencia el próximo 30 de septiembre del año en curso.
En la orientación de privatización de los Ferrocarriles Nacionales se pretende cercenar, disminuir y cancelar derechos históricos de los trabajadores ferrocarrileros. Nadie en México olvida que fue el gremio de los Ferrocarriles Nacionales un destacamento connotado a finales del siglo pasado y sobre todo a principios del actual, en el proceso de modernización de México y en su participación en las luchas obreras, sociales e incluso en la Revolución que posibilitaron los avances sociales más significativos en nuestro país.
Nadie desconoce que fue el gremio de los ferrocarrileros uno de los principales bastiones de esos destacamentos obreros que fueron forjando las conquistas que están plasmadas en la Ley Federal del Trabajo y en un contrato colectivo de trabajo extraordinariamente avanzado. Pero el neoliberalismo que no respeta revolución mexicana, ni historia, ni gremio, ni sector social, pretende atacar también a este destacamento ahora.
Ya se impuso desde esta Cámara de Diputados la posibilidad de abrir el camino a la privatización de los Ferrocarriles Nacionales, aun cuando todos sabemos y recordamos que las injustas condiciones de trabajo que vivían los ferrocarrileros a principios de este siglo, con salarios más bajos para los mexicanos que para los trabajadores de otros países, con jornadas de más de 10 horas de trabajo, con ausencia de derechos sociales, con niveles de explotación monumentales, sometidos a tiendas de raya etcétera, fueron las condiciones que posibilitaron que los trabajadores ferrocarrileros jugaran ese papel de vanguardia en nuestro país a principios de este siglo.
Pero ahora, otra vez la visión neoliberal pretende regresar a quitarle el carácter nacional y hacer muchas redes privadas, a quitarle el interés público y social para colocar a los ferrocarriles en el interés privado y en la ganancia y pretende para ello.desde luego, cercenar las cláusulas más significativas del contrato colectivo de trabajo.
Por ello, ha impuesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el adelantar la fecha de revisión del contrato colectivo de trabajo. Hay ahora mismo en el gremio ferrocarrilero una enorme incertidumbre alrededor de este tema. Más aún, hay la inquietud porque los últimos años han salido, han perdido su puesto de trabajo prácticamente 40 mil trabajadores ferrocarrileros y bajo el proyecto de modernización, de eficiencia y de caridad.
Se pretende borrar de un plumazo las conquistas de amplios destacamentos dentro del sindicato ferrocarrilero; se pretende golpear a aquellos trabajadores que se encuentran jubilados y que continúan en su vida sindical hoy cada vez en menor medida producto de la marginación y hoy se pretende aplicar la cancelación total de los derechos para estos trabajadores que para los neoliberales son improductivos, son costosos y no hacen posible y atractiva la privatización de los ferrocarriles, con esa carga entre comillas, que consideran existe en los Ferrocarriles Nacionales.
Hay la preocupación y hoy mismo ha habido una reunión de ferrocarrileros que acabó en trifulca porque la inquietud de un lado y la pasividad de otro, han hecho que los propios trabajadores se enfrasquen y se enfrenten en un debate que va a cruzar no sólo al sindicato ferrocarrilero, sino que va a trascender a la opinión pública y por ello traemos este tema de primordial importancia a esta tribuna.
Hay, sin lugar a dudas, el interés de dejar en condiciones baratas de mano de obra, de dejar un contrato colectivo de trabajo que ya no garantice de mejor manera a los trabajadores y hay la intención de que el costo que tengan las empresas privadas que quieran comprar -ferrocarriles, hallen las mejores condiciones para que no tengan costos contractuales, no tengan costos salariales y puedan así obtener jugosas y cuantiosas ganancias.
Por ser los Ferrocarriles Nacionales un organismo todavía nacional que cubrió y debiera cubrir el interés social y nacional productivo de nuestro país, nosotros pensamos que debe resguardarse el contrato colectivo de trabajo del sindicato ferrocarrilero; que debiera resguardarse toda la planta de personal que labora al servicio de Ferrocarriles Nacionales; que debiera mantenerse íntegra la plantilla de personal y así posibilitar que en Ferrocarriles Nacionales no se vuelvan a instaurar las condiciones que hicieron posible que este destacamento participara entre los precursores de la Revolución Mexicana.
Hay un acuerdo compañeros diputados en esta Cámara, un punto de acuerdo que se suscribió por los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y el Revolucionario Institucional, el 28 de enero de 1995. En este punto de acuerdo, justamente por existir la preocupación de que no se fueran a afectar de un lado el contrato colectivo de trabajo y las prestaciones de los trabajadores en activo, de los jubilados que están amparados en ese régimen, pero al mismo tiempo de tratar de resguardar la integridad de la plantilla de los trabajadores ferrocarrileros, se suscribió este punto de acuerdo el día 28 de enero de 1995.
Nosotros queremos convocar a que a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, sea revisado este punto de la revisión del contrato colectivo de trabajo de los ferrocarrileros, a efecto de que no vaya a ser cercenado, a efecto de que no, so pretexto de la modernización y de la privatización, sean cancelados derechos y sobre todo para que se mantenga íntegra la plantilla de personal, que sea esta comisión quien tome este punto como un asunto de enorme y primordial importancia y que se convoque a una reunión a la brevedad posible, para que se obtenga un resultado que posibilite dejar en tranquilidad a los trabajadores ferrocarrileros, que son un destacamento que no merece por historia y por presente, ser castigado por esta ola privatizadora, que los deje en manos de las iniciativas privadas que seguramente los volvería a colocar como estaban a principios de siglo.
Esta es la propuesta, de que con base en este punto de acuerdo del 28 de enero, la Comisión de Trabajo y Previsión Social revise el asunto del adelanto de la revisión del contrato colectivo de trabajo, para que al secretario Ruiz Sacristán se le comunique que en la Cámara de Diputados no hay disposición para que se siga incrementando el ejército de desempleados que ya inunda a nuestro país.
Muchas gracias.
EMBARGO ATUNERO
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al embargo atunero.
El diputado Humberto Andrade Quezada:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna por dos situaciones concretas que tienen vigencia en estos días y que incumben al interés nuestro y de nuestro país.
La primera, es el embargo atunero y, la segunda, la reunión México-Estados Unidos que tendrá lugar en pocos días entre legisladores de ambos países.
Los embargos y las prácticas regulatorias se han venido sucediendo de muchos años a la fecha. Creo que es conveniente manifestar nuestra posición como país y aprovechar foros como el que se desarrollará de la interparlamentaria, para mostrar ampliamente lo que ocurre al interior de nuestro territorio, lejos de la visión sesgada, fraccionada y plagada de intereses comerciales y políticos con que se nos juzga en el vecino país del norte.
El problema no es el atún únicamente. Tenemos dificultades con el cemento, el acero, el aguacate, la papa y ahora, últimamente, el tomate. Los argumentos siempre han sido esgrimidos por dumping, por subsidios y competencia desigual. Pero ahora comienzan a manejarse argumentos ambientalistas, los mismos que complican más la situación, porque la sociedad en general y el electorado estadounidense, con una auténtica preocupación, reacciona sensiblemente aun en casos de información manipulada.
El embargo del atún que venimos sufriendo desde los inicios de los noventa, no es el primero que se nos ha impuesto y obedece a medidas comerciales y políticas aplicadas ante el crecimiento de la flota mexicana, ante la ratificación soberana de la zona económica exclusiva que establece las 200 millas de mar patrimonial, ante la presencia de nuestros productos en sus mercados y al no plegarnos a sus intereses de explotación de este recurso.
México sufrió dos embargos durante 1980 y 1981, los cuales fueron levantados hasta junio de 1986. Cabe aclarar que se levantó en esa fecha, pero se le impuso la medida neoproteccionista de restricción voluntaria a las exportaciones mexicanas de atún, medida que también se ha aplicado contra otras naciones y productos.
De nuevo en 1990 se impuso el embargo atunero, el cual fue suspendido provisionalmente para volverse a imponer en el cuarto trimestre de ese mismo año.
A principios de 1991, se impuso el doble embargo, entendiendo eso como un embargo primario, que es el cierre del mercado de los Estados Unidos a las importaciones de atún de las naciones embargadas y un embargo secundario que es una medida adicional, supuestamente para evitar la triangulación del producto embargado a través de naciones que el gobierno norteamericano considera pueden servir de intermediarias.
Si revisamos estas fechas, desde 1980 hasta 1996, apreciamos que en 16 años sólo en cuatro de ellos Estados Unidos ha sido un mercado relativamente abierto, no podemos decir que libre a las exportaciones mexicanas. Todavía no acabamos de salir del embargo atunero y ahora resulta que también nos enfrentamos con la amenaza de otro embargo el cual cerraría las puertas de Estados Unidos a las importaciones de camarón. Si el departamento de Estado norteamericano no certifica ante el Congreso estadounidense el cumplimiento de un programa de protección a las tortugas en la captura de este crustáceo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos envió comunicados especiales a 66 embajadas en los cuales precisa los requerimientos del uso de TEX, dispositivos excluidores de tortugas, que será obligatorio en todo el mundo desde su visión especialmente en naciones donde habitan especies como la caguama, lora, laúd, blanca y carey, que son las que tienen relativa abundancia en las costas mexicanas.
Hacemos mención de la amenaza del embargo al camarón para enfatizar profundamente la difícil relación entre países vecinos y la óptica parcial con que se manejan los problemas internacionales, porque estamos convencidos que este embargo contra el camarón no se llevará a cabo contra México porque no procede, por los programas tortugueros que tiene nuestro país hace más de 30 años, por la obligatoriedad de usar excluidores de tortugas en las redes de nuestras embarcaciones a partir del 1o. de abril de este año, señalando que en todo el golfo ya se usaban.
En esta semana precisamente se llevó a cabo en Venezuela la Reunión para la Protección Hemisférica de la Tortuga, hacemos énfasis para mostrar que la política de los Estados Unidos no es acorde con la exigencia mundial y con la exigencia nuestra de que los marcos legales internacionales surgen de posturas multilaterales del consenso y del respeto a los intereses de países involucrados y de ninguna manera de decisiones unilaterales de un solo país que aplican medidas de sus legislaturas locales a otras naciones.
Este es un punto en el que habrá que insistir en la reunión parlamentaria México-Estados Unidos, tratando de dejar de lado situaciones ridículas y denigrantes como la propuesta en embargos pesqueros donde hay que presentar la información y la documentación necesaria al departamento de Estado de los Estados Unidos para obtener certificación de que nuestros programas de pesquerías de camarón son comparables con los de los Estados Unidos.
Nos oponemos a estas prácticas y proponemos acuerdos y tratados multilaterales como el acuerdo de La Joya, que regula la captura del atún y la muerte incidental de delfines, éstos son los modelos que se deben seguir haciendo notar a los legisladores norteamericanos, que su país es firmante del acuerdo de La Joya y que los principales grupos ambientalistas reconocen los esfuerzos que se han dado para tener una pesca responsable cuidando el delfín y la tortuga.
Tenemos optimismo mesurado de que el embargo atunero pueda levantarse en julio de este año, a pesar de que se aplazó la audiencia programada para el día de hoy en el Comité de Recursos Naturales. Sabemos de antemano que los tiempos electorales en el vecino país del norte complica las cosas y afecta de manera directa la situación para nuestro país. Vamos a estar en la palestra por mucho tiempo, esto afecta y complica los calendarios y las agendas que tienen ellos internamente.
Hago de su conocimiento que la primera votación que se llevó a cabo en la cámara de representantes fue favorable al levantamiento del embargo, queda inmerso un proceso interno para pasar otra vez a un comité y después una audiencia en el Senado.
Pido a los representantes en la reunión parlamentaria una posición firme para el respeto de nuestro país, que refleje el sufrimiento de productores y de poblaciones al caer bajo estas medidas comerciales y lo injusto de estar viviendo permanentemente bajo la espada de Damocles, que bajo cualquier argumento o pretexto de grupos comerciales, legislaturas y grupos ambientales de otros países, se puede activar.
Así pues esperamos el levantamiento del embargo atunero, el cese de amenazas a otros productos y el respeto a nuestro país, demostrando que no actuamos en defensa ante sanciones ni presionados por medidas coercitivas, sino convencidos de la preservación de nuestros recursos, de una pesca responsable y de nuestra soberanía.
Muchas gracias.
ESTADO DE MORELOS
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a Tepoztlán.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Con su venia, señora Presidenta:
No al huevo de la serpiente. Por segunda ocasión vengo a hablar de Tepoztlán y del lamentable asesinato de Marcos Olmedo Gutiérrez, de 65 años de edad, consumado en el fascistoide ataque de que fueron objeto los tepoztecos el pasado 10 de abril, fecha en que los mexicanos patriotas conmemoramos la memoria y la lucha del general Emiliano Zapata, traicionado y asesinado también por órdenes de Carranza el 10 de abril de 1919.
Entre los hechos de Tlaltizapán, Estado de Morelos y los de Aguas Blancas, Estado de Guerrero, hay una misma lógica: la de la impunidad del poder, la de la violencia de los derechos humanos y las garantías individuales consagradas en la Constitución.
Vengo a denunciar este acto de represión y provocación no como legisladora de un partido político sino como ciudadana interesada en nuestro país: México. Para que no se vea envuelto por la espiral de la violencia en la que todos indistintamente seríamos perdedores.
Lo sucedido el 10 de abril en el Estado de Morelos, la tierra del caudillo del sur, desgraciadamente no es un hecho aislado; desde el conflicto de Tepoztlán tiene sus antecedentes remotos y cercanos: los primeros se van hasta 1960, año en que los tepoztecos tienen que luchar contra la empresa de Monte Castillo y su pretensión de construir un club de golf en tierras comunales.
Los acontecimientos más recientes se dan a partir de enero de 1996, cuando de nuevo en el Tepozteco inician una lucha contra la empresa KS y la renovada y terca pretensión de construir un club de golf en tierras comunales y dentro del parque nacional el Tepozteco.
Esto en abierta confrontación con el pueblo y el equilibrio ecológico de la región.
A partir de ahí, se suceden una serie de hechos que denotan por lo menos la irresponsabilidad y quizá la corrupción tanto de autoridades municipales, estatales como federales. Entre estos hechos destaca lo siguiente: la responsabilidad del presidente municipal, Alejandro Morales, en agosto de 1995, en la concesión de permisos de construcción totalmente ilegales y la detención arbitraria, en diciembre de 1995 y en enero de 1996, de Fortuito Mendoza, José Carrillo y Gerardo de Meza. Cabe aclarar que las detenciones se dieron en abierta violación de los derechos constitucionales y humanos de los ahora presos, por parte de las autoridades judiciales del Estado.
Como se ve, lo acontecido el 10 de abril no es un hecho casual y aislado, es más bien el resultado de las acciones represivas y provocadoras empleadas por Jorge Carrillo Olea.
Esto como una forma de garantizar los intereses financieros y empresariales del grupo KS y sus supuestos afanes redentorios del atraso y la miseria, todo ello sin escuchar los justos reclamos de la población de Tepoztlán.
¿De dónde partió la orden de disparar contra los tepoztecos? Seguramente de Jorge Carrillo Olea, así como la orden de disparar contra los campesinos de las organizaciones de la Sierra del Sur, provino de Rubén Figueroa. En los dos casos se trataba de detener la inconformidad social.
Hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi a un año de los terribles sucesos de Aguas Blancas, ha determinado la responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer, de la violación grave y generalizada a las garantías individuales, ¿qué tenemos que hacer para que los lamentables hechos de Tlaltizapán, Morelos, sean investigados conforme a la ley?
¿Jorge Carrillo Olea, a diferencia de Rubén Figueroa Alcocer, va a gozar de total impunidad a pesar de su presunta responsabilidad?
Lo más grave es que este clima de represión y provocación se ha estado gestando en todos los rincones del país, con particular vehemencia en el campo, como lo denuncié en mi intervención del 9 de abril.
Y no sólo en el Estado de Morelos, si hiciéramos nuevamente un recuento de los hechos violentos que se han dado en las diferentes regiones del país, uno de ellos por ejemplo, el violento desalojo con muertos en el predio el Gran Poder, en el municipio de Nicolás Ruiz, en el Estado de Chiapas, el pasado 21 de marzo, veríamos que la mayoría tiene su origen en las propias autoridades gubernamentales, razón por la que vemos con preocupación que se cierna un gran peligro sobre México.
Otro hecho sumamente grave, es la creciente guerra de baja intensidad que sufre el pueblo de Chiapas. Esto en pleno contexto de diálogo entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Nosotros pensamos que el huevo de la serpiente del fascismo está siendo incubado por las fuerzas más retrógradas de dentro y fuera del Gobierno.
Por eso quiero llamar la atención contra este clima de intimidación y represión contra el movimiento social y sobre todo en la víspera de que esta Cámara apruebe una ley contra el crimen organizado, claramente violatorio de los derechos constitucionales.
Estamos a tiempo de que el fascismo no rompa el cascarón. Inclinemos la balanza hacia una verdadera transición a la democracia. Dirijamos nuestros pasos hacia un México justo, igualitario y pacífico. Es el deber de todos y es ése primordialmente nuestro deber como legisladores.
Esta es la invitación que quiero hacerles compañeras y compañeros legisladores. Evitemos que el torbellino de la violencia nos arrastre a todos. Creo que es el compromiso de todos nosotros, por eso pido que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables, que no son obviamente sólo las policías que se concretaron a obedecer órdenes. Las órdenes vinieron seguramente de las más altas esferas del poder estatal de Morelos.
Sugiero en tanto la cancelación definitiva del proyecto del club de golf y de cualquier otro proyecto que atente contra las tierras comunales de los tepoztecos y el equilibrio ecológico de la zona, la devolución de las tierras comunales a sus legítimos dueños y el castigo a los responsables de los hechos ocurridos en la agresión policiaca del 10 de abril y que se investigue a Jorge Carrillo Olea, por hostigar y reprimir, violando los derechos constitucionales, igual que en Aguas Blancas, a los ciudadanos tepoztecos.
Compañeros, no al reino de Macbeth.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Jorge Meade Ocaranza, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Hace unos minutos hablaba yo con mi compañera Carlota Botey y me decía que en la ocasión en que en esta Cámara de Diputados fue tratado este asunto por un compañero de su partido, el diputado Graco Ramírez, ella no estaba presente.
Quiero informarle a la compañera diputada, que existe una comisión plural, PAN, PRD, PRI, que damos seguimiento a estos hechos del día 10 de abril.
Quiero también señalarle que a la comisión le ha sido informado, así como a los medios de comunicación por parte de los inversionistas del club de golf, que ellos no harán tal proyecto. Asimismo tuvimos la oportunidad, esta comisión que se integró, yo quisiera ampliarle a la compañera Carlota todo esto, porque veo que no está informada por los compañeros de su fracción, que hemos sostenido diferentes reuniones con autoridades del Estado y que hay una agenda que se ha planteado esta comisión para dar seguimiento a estos hechos.
Se coincidió que la primera entrevista que se tuviera fue una que hoy estuve también gestionando, que era la entrevista con el gobernador del Estado de Morelos. Ahí los diputados de las tres fracciones parlamentarias escuchamos el compromiso del gobernador del Estado de facilitar acceso y todas las facilidades para tener la información que la comisión solicite para que estos hechos queden claros y la comisión pueda cumplir con su cometido.
Asimismo, el propio Ejecutivo del Estado reconoció y aceptó que existieron el 10 de abril acciones por parte de servidores públicos de la policía preventiva, hechos que infringieron la ley y él mismo señaló y convocó a nosotros como legisladores, así como a diferentes instituciones, Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos aquellos ciudadanos que quisieran aportar elementos, a que se sumaran a esta actividad para poder esclarecer estos acontecimientos.
También queremos decirle que se nos informó a todos los integrantes de la comisión que a la fecha han sido consignados presuntos responsables y continúa la averiguación por parte de la Procuraduría del Estado.
Para precisar comentaré sólo algunos datos. De los hechos de abril hasta este momento se nos ha informado que se han realizado por parte de la procuraduría del Estado 61 consignaciones al juez competente, de ellas 49 han sido por los delitos de abuso de autoridad y lesiones; 11 por homicidio, que se encuentran presos sin que puedan lograr la libertad condicional y uno por los delitos de privación de la libertad y robo, lo que es una clara muestra que se está actuando conforme a derecho y como manifesté, la averiguación continua.
De los hechos del 10 de abril se nos ha informado a la comisión plural también que se nos va a permitir tener acceso a distintos trabajos de investigación que han realizado grupos organizados del Estado de Morelos.
Ante todo ello, la comisión plural ha reiterado en forma permanente que actuará con apego a una ética en forma transparente y con respeto a todas las instancias y a la soberanía del Estado, pero hemos precisado que como comisión no nos corresponde descalificar a priori ni entregar el monopolio de la comunicación a ningún grupo. Daremos, eso sí, seguimiento y a ello nos hemos comprometido con este pleno, para que conforme a derecho se aplique la ley a quienes resulten responsables.
En la agenda que tiene esta comisión, consensada por sus integrantes, están desahogándose entrevistas y reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las autoridades judiciales del Estado, así como con diversos grupos y representantes sociales que han solicitado ser escuchados. Por ello, reitero, al término de nuestros trabajos daremos un informe a este pleno detallado de lo realizado, por lo que seguiremos insistiendo, compañera Carlota, que nadie que quiera auténticamente que la razón y la justicia prevalezcan, debe tratar de imponer razones o criterios fuera de la ley, pero como comisión plural seguiremos trabajando a través de consensos y debo reiterar diputada Botey, que el PRD, partido al que usted pertenece, está representado en la comisión que se constituyó y recuerdo que usted me dijo que ese día no estuvo en la sesión, al mismo tiempo que el programa de trabajo que hemos adoptado y que en lo futuro resolvamos, también estará sustentado por consenso.
Debe quedar claro que en Morelos está en marcha un proceso que acredita el estado de derecho, repudiando toda pretensión de impunidad. De eso la comisión plural dará seguimiento, de eso los diputados de los tres partidos políticos que estamos participando informaremos a este pleno.
Por último, quiero señalar, además que pediremos a la compañera Carlota Botey la versión estenográfica de su intervención para tomar en cuenta en los trabajos que realicemos, cada uno de los puntos que ha venido a exponer a esta tribuna para considerarlos.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):
Señora Presidenta, quisiera hacerle una pregunta al orador.
La Presidenta:
Perdón, diputado Jorge Meade, ¿acepta una pregunta de la diputada Luna Parra.
El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:
No.
La Presidenta:
No la acepta, diputada.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape (desde su curul):
Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.
La Presidenta:
Tiene la palabra por cinco minutos.
La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:
Pareciera que yo pase a la tribuna a cuestionar a la comisión. Yo lo único que hice es una nueva reflexión sobre la violencia que vive el país. Yo felicito a la comisión en los trabajos que vienen realizando y quisiera decirle que tanto por él, diputado, como por mi fracción, tengo información de lo que está sucediendo en el Estado y en la comisión, pero siguen siendo acosados nuestros compañeros de Tepoztlán.
Hoy no los dejaron entrar a la Ciudad de México, fueron detenidos por el Viaducto; posteriormente los mandaron al Zócalo y nuevamente no los dejaron llegar a esta Cámara y ni pudieron estar en la Cámara de Senadores.
Pero para mí y sí lo digo a la comisión y dejo mi testimonio, no es suficiente detener a los policías, no es suficiente detener a los agentes, porque quien haya visto también el video de Tepoztlán, verá la agresión y la fuerza armada por parte de las fuerzas del Gobierno.
Yo digo que quien da las instrucciones y que dijo y estoy convencida, "deténgame a los de Tepoztlán porque son muy violentos a como dé paso" y ahí están los resultados. Nuevamente tenemos un muerto y ese muerto, es un compañero de muchos años de lucha en el municipio de Tepoztlán y de últimas fechas, de 1988, un ejemplar militante perredista.
Yo lo único que le señalo a la comisión son estas nuevas reflexiones porque yo como diputada federal, tengo el derecho a pesar de existir comisiones, como existe la Cocopa y no hemos dejado de declarar cosas sobre Chiapas, que la comisión no está sobre los derechos del diputado federal.
Yo felicito a la comisión y que siga trabajando y que realmente logre, como se logró en días pasados, la verdad jurídica de los hechos, donde seguramente podrá estar también involucrado el gobernador del Estado de Morelos.
La Presidenta:
Como lo está solicitando, tiene la palabra el diputado Jorge Meade Ocaranza, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Jorge Armando Meade Ocaranza:
Compañeros diputados:
Solamente para remarcar con ustedes una reflexión, nosotros entendemos que cuando un asunto en este tema se plantea y existe un punto de acuerdo y se integra la comisión por todas las fracciones, existe, pues el compromiso de quienes la integran, de dar cumplimiento para informar a todos ustedes de lo que se realice en cualquier asunto.
Yo quiero reiterarle a la compañera Carlota Botey, que como miembro de la comisión que soy, le transmití que cuantas veces ella lo desee, en ánimo de poder resolver las cosas y que ella pueda estar segura que de manera seria, responsable, con un gran compromiso ciudadano estamos trabajando, ella pueda acudir a la comisión, nos acompañe en los trabajos, para que no esté desinformada y tome en cuenta, plantee asuntos que hemos estado desahogando de manera importante.
Quiero decirle que a los morelenses, yo en lo particular, nos interesa sobremanera que los diputados no tengan imagen de impunidad, no tengan imagen de represión y estamos ciertos que hay un compromiso de autoridad por aplicar la ley.
Y estamos ciertos también en decirle, que estamos a sus órdenes para informarle, reitero con todo respeto, dado que sus compañeros integrantes de la comisión con usted no lo han hecho.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, para rectificar hechos y por cinco minutos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, señora Presidenta:
Solamente para aclarar que la diputada Carlota Botey en uso de sus derechos plenos, puede presentar aquí la denuncia que considere y con todo respeto las comisiones no son factor.
Que funcione la comisión qué bueno. Nosotros estamos muy interesados, la fracción del PRD, en que esa comisión verdaderamente funcione, esclarezca las cosas, se puede detener ese clima que hay en el Estado de Morelos y puedan rendirse buenos resultados. Pero esto no va a eximir de que elementos que nuestros compañeros vean, nos los vayamos a callar, simple y sencillamente los tenemos que señalar.
En qué actitud y lo señalaba la compañera, estaríamos, que nunca lo hemos hecho, los compañeros de la Cocopa, que de repente alguien que quisiera opinar aquí le dijéramos: cállate o infórmate con tus compañeros. Es hasta una actitud simple y sencillamente grosera, la verdad.
La compañera simple y sencillamente está planteando elementos y qué bueno que la comisión lo retome.
Muchas gracias.
BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al CXXXIII aniversario del natalicio del ciudadano Belisario Domínguez.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
He tenido el honor de pedir la palabra para dirigirme a esta soberanía, con objeto de recordar el CXXXIII aniversario de natalicio de don Belisario Domínguez Palencia, ilustre héroe nacional, luchador tenaz en favor de la paz, el orden y la prosperidad.
El doctor Belisario Domínguez, nació el 25 de abril de 1863, en Comitán de las Flores, Chiapas.
Estudió su Bachillerato en el Instituto de Ciencias y Artes de su Estado natal, recibiéndose como médico cirujano, partero y oftalmólogo, en la Universidad de la Soborna en Francia.
Partido de reformas económicas y políticas de las ideas liberales de las que se impregnó en Francia; como presidente municipal de Comitán, promovió la educación y reorganizó el hospital civil que años atrás había construido por medio de su botica "La Fraternidad" y de la junta popular de beneficencia.
Fue tan importante la obra que realizó al frente del ayuntamiento, que su fama cundió como uno de los más distinguidos políticos; por su adhesión a las ideas avanzadas, a la limpieza de su conducta, a su filantropía y a su habitual franqueza.
Decía el: "vigilad de cerca, deben, todos los actos públicos de vuestros gobernantes. Elogiadlos cuando hagan bien; criticadlos siempre que obren mal. Sed imparciales en vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. ¡Nada de anónimos ni de seudónimos!" Fin de la cita.
El gobierno maderista enfrentaba: el alzamiento de Pascual Orozco, Bernardo Reyes y Félix Díaz; la grosera intromisión del embajador de Estados Unidos en los asuntos internos de la nación; los ataques y excesos de la prensa; las tensiones derivadas de la posposición de las soluciones de fondo a los problemas sociales y económicos y los problemas suscitados por el licenciamiento de los miembros del ejército liberador, entre otros.
El 9 de febrero de 1913, se inició una de las páginas más vergonzosas de la historia patria. La maldad el egoísmo, la traición, la estulticia y el asesinato se combinaron para destruir un gobierno democrático, legalmente constituido.
Ese día aciago, comenzó lo que se conoce como la "decena trágica". Ante la traición de algunos cuerpos militares, los generales Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes se rebelaron contra el gobierno constitucionalmente establecido.
La lealtad del general Villar les impidió la toma del Palacio Nacional y los hizo retirarse, prácticamente en derrota dejando abandonado el cadáver del general Reyes.
Las heridas del general Villar abrieron la ocasión para la traición: el felón Huerta lo sustituyó en el mando y empezó a maquinar el entendimiento con los sublevados que, al fin, habían encontrado refugio en el edificio de la ciudadela.
Diez días inexplicables que terminaron con el encarcelamiento y asesinato del presidente y vicepresidente de la República.
Diez días de vergüenza, que finalizaron en las oficinas de la embajada de los Estados Unidos, con un pacto entre Huerta y Félix Díaz, arbitrado por Henry Lane Wilson.
El club liberal chiapaneco, postuló a Belisario Domínguez en 1912, para el cargo de senador propietario, declinó esta candidatura en favor de Leopoldo Gout, manteniéndose como candidato suplente.
Al ganar la elección, Gout ocupó su escaño, pero a la muerte de éste, Belisario Domínguez asumió su curul en el Congreso.
La frase tan popularizada: "Después del general Porfirio Díaz no admitiremos más dominio que el de la ley". Recobró vigencia en 1913, fue para Belisario Domínguez fuente inspiradora.
Belisario Domínguez intentó pronunciar sendos discursos en la Cámara alta para denunciar el cúmulo de falsedades que habían llevado a Huerta al poder; pero el presidente de la Cámara de Senadores impidió dichos pronunciamientos, en los que se señalaría que el usurpador estaba dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una ruina nuestra patria con tal de mantenerse en el poder.
Fueron precisamente esos discursos, los que marcaron el destino de Belisario Domínguez, el lo sabía, pero siempre alentó a los espíritus débiles que creían que nuestra ruina era inevitable.
Hemos creído siempre, que la tarea política, en su esencia primigenia, es una función espiritual de servicio, no una búsqueda de privilegios personales que se agotan siempre en el egoísmo estéril, que es un hacer creador de frente a la realidad para comprender y sublimar la angustia del hombre.
La política no es el ejercicio avasallante de los caprichos o el juego enfermizo de las utopías. La política es oficio de la inteligencia, análisis objetivo y sereno de la realidad, coordinación de las fuerzas sociales y aplicación eficiente de los programas, que, buscando lo deseable sirva para conquistar lo posible en favor de una patria que se quiere mejor.
En síntesis es el arte del buen gobernar, señoras y señores diputados: a lo largo de nuestra historia, hemos enfrentado momentos definitivos y decisorios, como representación nacional, en pocos días asumiremos como nunca, la gran responsabilidad de delinear a México del Siglo XXI.
Ese proceso es responsabilidad insoslayable de todos los mexicanos, de partidos políticos y de organizaciones sociales, de grupos e individuos, nadie puede ser ajeno al destino de México. Nadie es insignificante en el propósito de preservar su soberanía y garantizar su ascenso.
El reto es grande, la reforma no es exclusivo de asunto de leyes, es inicio de auténtica práctica cotidiana de la democracia, a la ley hay que imprimirle el respaldo superior de su cumplimiento, ése es el desafío, ése debe ser el compromiso.
Hay hombres, como Belisario Domínguez, que ofrecieron su vida por la patria, la patria hoy exige definiciones valientes y soberanas, ese México próspero y justo que soñamos está a nuestro alcance, espero que la historia nos califique como aquellos que se decidieron a soñar muy alto y a convertir sus sueños en realidad.
Porque como decía Belisario Domínguez "la nación mexicana, nuestra noble patria, ha confiado a nuestra honradez y valor, sus más caros intereses, cumplamos entonces con nuestro deber; para que la patria florezca más grande, más unida y más hermosa que nunca."
Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salido Almada, para referirse al problema de los transbordadores en el Estado de Baja California Sur.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Muchas gracias, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Hace unos pocos días, la semana pasada, comenté desde esta tribuna la situación que prevalece en Baja California Sur, un Estado distante que, quizá, no está generalmente en la mente de la mayor parte de los mexicanos. Sin embargo, en Baja California Sur, palpita un corazón como el de todos los mexicanos. Somos solidarios con nuestra patria y esperamos que nuestro país, nuestra patria, nuestra nación, también sea solidaria con nosotros.
El problema de los transbordadores para Baja California Sur, es un problema de vida o muerte, quizá muchos no acaben de comprender por qué la importancia de ellos para la economía de mi Estado.
Baja California Sur es, para todo efecto práctico, una isla, cuyo único medio de enlace con el macizo continental que permite el movimiento de vehículos tanto de pasaje como de carga, es el servicio de transbordadores.
Hoy, a la vista del problema gravísimo que esto representa en cuanto a que la empresa prestataria del servicio ha planteado un incremento en las tarifas, que asciende a más del 180% de lo que actualmente cobra, que ya es muy alto, representa simple y sencillamente un golpe mortal para la economía de un Estado que de por sí la tiene ya sumamente dañada y no ha podido remontar los efectos que la propia crisis nos ha impuesto.
De ahí pues, que hemos gestionado un punto de acuerdo al que ahora, con el permiso de la Presidencia, voy a dar lectura.
Considerando que el servicio de transbordadores que comunican al Estado de Baja California Sur son el único medio de transporte de vehículos que existe entre éste y el macizo continental de nuestro país; que el servicio representa la única vía por la cual se abastece Baja California Sur de los insumos tanto para la subsistencia humana como para las actividades productivas.
Que éste es el único medio por el que pueden salir tanto los productos agrícolas como pecuarios y de toda índole que se generan en el Estado y que el costo del transporte afecta directamente a los productores que ya de principio trabajan en condiciones sumamente desventajosas; que el costo del transporte marítimo afecta directamente al nivel de vida de los surcalifornianos, que el problema generado por la estructura de tarifas, mismas que la prestataria del servicio pretende incrementar a niveles imposibles de absorber por la población del Estado; que dicho servicio se concibió como obra federal de infraestructura económica de comunicación para beneficio de Baja California Sur, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Los grupos parlamentarios integrantes de la Cámara de Diputados y los diputados, acuerdan gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ésta asuma la responsabilidad originaria de proporcionar dicho servicio a través de los organismos que estime conveniente, ya sea por el actual concesionario a través de los arreglos que convenga hacer con ellos, con la finalidad de que las tarifas no dañen la economía del Estado y que además se atienda el mantenimiento y la conservación de las naves, para que éstas ofrezcan el servicio eficiente y seguro para los mexicanos de esa entidad federativa, o bien, a través de un órgano descentralizado, como en el pasado se brindó por Caminos Y Puentes Federales de Ingresos y posteriormente por Centra, Palacio Legislativo, abril 25 de 1996.
Por las fracciones parlamentarias, firman los siguientes diputados: del PAN, Jorge Humberto Gómez García, Carlos A. Nuño; por el PRI, Amadeo Murillo Aguilar y Gustavo Cárdenas, Rodimiro Amaya Téllez, Marta Alvarado Castañón, del PRD; Adolfo Aguilar Zinser, del PRD, Juan Guerra, Ramón Sosamontes, Alfonso Solórzano, Jesús Ortega Martínez; por el Partido del Trabajo, Eduardo Guzmán, Tonatiuh Bravo, Torreblanca y un servidor.»
Este punto de acuerdo se turna para que a su vez se haga llegar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y se actúe de inmediato en el sentido del mismo.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
ESTADO DE GUERRERO (II)
La Presidenta:
A esta Presidencia se ha hecho llegar un documento signado por diversos diputados, que pido a la Secretaría dar lectura.
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
«Diputados del Partido de la Revolución Democrática, de Acción Nacional y del Partido del Trabajo.
Mediante el presente punto de acuerdo solicitamos a la Presidenta de la Cámara de Diputados, dé instrucciones a la Oficialía Mayor para que antes de que termine la sesión del día de hoy 25 de abril, nos notifique del informe de la Suprema Corte de Justicia en relación al caso de Aguas Blancas, Guerrero, a efecto de que la Secretaría esté en condiciones de dar cuenta de la misma al pleno.
Palacio Legislativo, a 25 de abril de 1996.-Atentamente, los diputados: Alejandro Zapata Perogordo, del PAN; Serafín Núñez Ramos, del PT; Leticia Burgos Ochoa, del PRD y Ramón Sosamontes, del PRD.»
La Presidenta:
En consecuencia se pide a la Oficialía Mayor a la brevedad informar sobre el particular.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Héctor Miguel Bautista López:
Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.-Segundo Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Viernes 26 de abril de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Jalisco.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana viernes 26 de abril a las 10:00 horas.
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la banca |
| Banamex | Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito |
| Banoro | (Sin aclaración) |
| Banorte | Banco Mercantil del Norte, S.A. |
| Bancrecer | Banco de Crédito y Crecimiento, S.A. |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| Bital | Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito |
| Cereso | Centro de readaptación social |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| CNC | Confederación Nacional Campesina |
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| Cremi | Banco de Crédito Minero, Sociedad Nacional de Crédito |
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| FAD | Fideicomiso de Apoyo a Deudores |
| Fobaproa | Fondo Bancario para la Protección al Ahorro |
| HCV | (Sin aclaración) |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| KS | (Sin aclaración) |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Probursa | Promoción Bursátil |
| Procapte | Programa de Capitalización Temporal |
| Promex | Banca de la Provincia Mexicana, S.A. |
| PT | Partido del Trabajo |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| Sedue | Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología |
| Serfin | Servicios Financieros Integrados, S.A. |
| TEX | Dispositivo Excluidor de Tortugas (por las siglas en ingles) |
| Trife | Tribunal Federal Electora |
| Udis | Unidades de inversión |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |
| UNESCO | Organización Educacional, Científica y Cultural, de las Naciones Unidas (por las siglas en ingles) |