SUMARIO
Comunicación del diputado con licencia José Natividad González Paras, con la que solicita le sea renovada su licencia para separarse de su cargo. Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del diputado Raúl Ramírez Chávez, con la que solicita licencia para separarse de su cargo. Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del diputado César Humberto González Magallón, con la que notifica su decisión de separarse del Partido del Trabajo y declararse como diputado independiente. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de dicho organismo, respecto a actividades realizadas en el mismo. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicitan los permisos constitucioanles necesarios para que los ciudadanos: Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballo y Santos González Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicha República en México. Se turna a la Primera Comisión.
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Mario Ayón Rodríguez, Alfredo Hernández Pimentel, Luis Humberto López Portillo Leal, Alfonso Mancera Segura, Ramón Rubén Arrieta Hurtado y Juan Manuel Wonchee Montaño, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, relativo al nombramiento de la ciudadana Mireille Roccatti Velázquez, como presidenta de dicha comisión.
A discusión, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Alejandro Moreno Berry
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Pedro Macías de Lara
Carlos Chaurard Arzate
Félix Salgado Macedonio
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Amado Jesús Cruz Malpica
Suficientemente discutido el dictamen. Aprobado, se nombra comisión que acompañe en la protesta de ley.
El Presidente da lectura a una declaratoria, en la que se expresa el rechazo a los actos que perjudican al Congreso de la Unión.
Discuten al respecto, los legisladores:
Alejandro Moreno Berry
Ramón Sosamontes Herreramoro
Ricardo Francisco García Cervantes
Dictamen de la Tercera Comisión, relativo al nombramiento del ciudadano Carlos Miguel Mendoza Valencia, como director general de Crédito Público en la subsecretaría de dicha dependencia.
A discusión, hacen uso de la palabra los legisladores:
Luis González Pintor
Ramón Sosamontes Herreramoro
Carlos Sales Gutiérrez
Luis González Pintor, para rectificar hechos.
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Suficientemente discutido. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Se designa comisión que acompañe al ciudadano Carlos Miguel Mendoza Valencia, en su protesta de ley.
Para referirse a declaraciones realizadas por el Presidente de la República, respecto a su reunión con miembros del cuerpo diplomático, los legisladores:
Ricardo Francisco García Cervantes
Amador Rodríguez Lozano
Contestan alusiones personales:
Ricardo Francisco García Cervantes
Amador Rodríguez Lozano
Sobre el tema continúan los legisladores:
Amado Jesús Cruz Malpica
Francisco José Peniche y Bolio
Amador Rodríguez Lozano, para contestar alusiones personales.
Ricardo Monreal Avila
Ricardo Francisco García Cervantes
Ramón Sosamontes Herreramoro
Alejandro Moreno Berry
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Sobre el tema, habla el legislador Armando Salinas Torre.
El senador Pedro Macías de Lara, se refiere a actos de corrupción al interior de dicho organismo y a la vez presenta propuesta que se turna a las comisiones de Turismo de ambas cámaras.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 25 legisladores. Hay quorum.
El Presidente (a las 11:12 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a dar lectura al orden del día. «Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 8 de enero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.
Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos y Santos González Hernández, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Checa en México.
Seis con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Mario Ayón Rodríguez, Alfredo Hernández Pimentel, Luis Humberto López Portillo Leal, Alfonso Mancera Segura, Ramón Rubén Arrieta Hurtado y Juan Manuel Wonchee Montaño, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, relativo al nombramiento de la doctora Mireille Roccatti Velázquez, como Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De la Tercera Comisión, relativo al nombramiento del actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, como director general de crédito público, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sobre declaración del Presidente de la República, a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre seguridad pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre derechos humanos, a cargo del senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el viernes tres de enero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cinco minutos del viernes tres de enero de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta y dos legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se pone a consideración de la Asamblea una proposición de la mesa directiva, respecto a la integración de la Primera Comisión de la Comisión Permanente y se aprueba en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del octagésimo segundo aniversario de la expedición de la Ley Agraria de mil novecientos quince. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Campeche, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, nombró a la doctora Mireille Roccatti Velázquez, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se turna a la Primera Comisión.
Se da lectura a catorce oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea:
Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Asebedo Rivera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República de Chile en México:
Víctor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Turquía en México:
Jorge Chico Valdés, María de Lourdes de la Mora Ramos, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Tijuana, Baja California y en Mérida Yucatán, conforme lo solicitan.
Se turnan a la Primera Comisión.
Para referirse a la firma de los tratados de paz en la República de Guatemala, hacen uso de la palabra los legisladores: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional y Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y en la segunda, contesta a una interpelación del legislador Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional, quien también sube a la tribunal y Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.
Presenta un punto de acuerdo respecto del mismo tema, firmado por representantes de los cuatro grupos parlamentarios integrantes de la Comisión Permanente, el legislador Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional. Se aprueba en votación económica.
Se refieren a la seguridad pública, los legisladores Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Esquinca Gurusquieta, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional; Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática y José Antonio Valdivia, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, hacen uso de la palabra los legisladores: Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; José Antonio Valdivia, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional y Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.
Para expresar sus opiniones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacen uso de la palabra los legisladores:
Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aumento de precios a la tortilla y a la leche, suben a la tribuna los legisladores:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a las comisiones de Comercio y a las de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras; Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática; Rosendo Antonio Villarreal Dávila, del Partido Acción Nacional; Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del mismo partido, para rectificar hechos.
Solicita y se concede el uso de la palabra al legislador Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa sus opiniones sobre el conflicto laboral de los trabajadores de limpia del municipio del centro, Tabasco.
Sobre el mismo asunto, interviene el legislador Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, los legisladores Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional y Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles ocho de enero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
LICENCIA DE DIPUTADO
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Por medio de la presente, me permito solicitar la renovación de mi licencia de diputado federal, por el I distrito de Nuevo León.
Como es de su conocimiento con fecha 19 de julio de 1995, la Comisión Permanente del Congreso General, me otorgó la licencia en razón de haber sido invitado por el Presidente de la República, a participar como subsecretario de desarrollo político en la Secretaría de Gobernación, cargo que ocupé hasta el día 22 de noviembre del año en curso. En esa fecha presenté mi renuncia al puesto de subsecretario para aspirar a la candidatura de mi partido a la gubernatura del Estado de Nuevo León.
Con fecha 8 de diciembre, fui electo en convención estatal, candidato a la gubernatura, razón por la que habré de destinar tiempo completo a la campaña que concluye en el mes de julio del presente año. Por esta razón ruego, si no hay inconveniente, me sea renovada la licencia de referencia.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 2 de enero de 1997.- Licenciado José Natividad González Parás.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
Se ruega a las personas que no son miembros de esta comisión, desalojen el salón.
RECESO
El Presidente (a las 11:25 horas):
Se declara un receso.
(A las 12: 20 horas) Se reanuda la sesión.*
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Natividad González Paras, para continuar separado de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito electoral federal del Estado de Nuevo León.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- LVI Legislatura.- Cámara de diputados.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El que suscribe, Raúl Ramírez Chávez, diputado Federal por el II distrito del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito licencia por tiempo indefinido para buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de la ciudad de Cuautla, Morelos.
Agradeciendo de antemano su comprensión y apoyo, les saludo afectuosamente.
México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Atentamente, Raúl Ramírez Chavez»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario Melquiades Morales Flores:
Está discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Raúl Ramírez Chávez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el II distrito electoral federal del Estado de Morelos, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
PARTIDO DEL TRABAJO
El secretario sendor Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional. -LVI Legislatura.- Cámara de Diputados.
Diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. -Presente.
El que suscribe, diputado federal César Humberto González Magallón, miembro de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el debido respeto, me dirijo a usted a fin de manifestarle lo siguiente:
Que a partir de esta fecha he tomado la decisión de separarme en forma definitiva e irrevocable del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ya que mis convicciones ideológicas y políticas, así como mis coincidencias programáticas, están con el Partido Cardenista, organización política a la que me he afiliado y pertenezco, siendo mi voluntad representarlo, en los términos del artículo 51 de la Constitución, ante el Congreso de la Unión y particularmente ante la Cámara de Diputados.
Sirva la presente para que, en los términos legales que correspondan, se dé trámite y curso legal a la presente comunicación para todos sus efectos.
Atentamente.
México, D.F., a 2 de enero de 1997-.Diputado César Humberto González Magallón.»
De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la Constitución Política local, y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar, que el LIII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, tuvo a bien clausurar su tercer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio legal. Asimismo se eligió a los integrantes de la Comisión Permanente que actuará en el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre del año en curso al 14 de enero de 1997, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Enrique Cerro Barrios, presidente; Yolanda Zegbe Sanen, Ricardo de la Torre Navarro, Marcos Cruz Osorio, David Bravo y Cid de León, Juan Manuel Huerta Aroche, Laura Roldán Rubio, Gregorio Letechipia Alvarado, miembros; José Luis Márquez Martínez, secretario.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
H. Puebla de Z., diciembre 12 de 1996.- Diputados: Guadalupe Hinojosa Rivero y Javier Cruz Gutiérrez secretarios.»
De enterado.
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Consejo de la Judicatura Federal.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa honorable Comisión Permanente, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal clausuró su segundo periodo de sesiones correspondientes al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1996.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro José Vicente Aguinaco Alemán.»
De enterado.
REPUBLICA DE VENEZUELA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta dependencia, con fecha 6 del actual, manifestando lo siguiente:
Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno venezolano, en ocasión de la visita de Estado que realizará a México el doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela, del 6 al 7 de febrero del año en curso.
En virtud de que la condecoración le será impuesta al doctor Zedillo por el presidente Caldera, el jueves 6 de febrero próximo, mucho le agradeceré que el permiso correspondiente se tramite con carácter de extraurgente.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 7 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión
REINO DE BELGICA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 26 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
El embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA CHECA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 26 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
La Embajada de la República Checa en México solicitó a esta Secretaría gestionar, ante las autoridades mexicanas competentes, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la señora Elizabeth Contreras Sánchez, el señor Héctor Manuel Pérez Ceballos y el señor Santos González Hernández, todos de nacionalidad mexicana, puedan prestar sus servicios en la citada representación diplomática, como ayudante, chofer y jardinero respectivamente.
Anexo al presente me permito enviar a usted las cartas dirigidas al honorable Congreso de la Unión por parte de los interesados, las curricula vitae y las copias certificadas de sus actas de nacimiento, con la atenta petición de que sea el amable conducto para solicitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso correspondiente.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 28 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de división DEM Mario Ayón Rodríguez (495657), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 28 de noviembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de división DEM Alfredo Hernández Pimentel (2957645), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 de noviembre próximo pasado, enviándoles a ustedes con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita:
Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de división DEM Luis Humberto López Portillo Leal (7959894), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 de noviembre último: "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de división DEM Alfonso Mancera Segura (473556), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 28 de noviembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo la hoja de servicios del general de división DEM Ramón Rubén Arrieta Hurtado (3467490), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 28 de noviembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de división piloto aviador Juan Manuel Wonchee Montaño (2554748), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 12 de diciembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la suscrita Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente que contiene el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo en favor de la doctora en derecho Mireille Roccatti Velázquez, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 87, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 90 del Reglamento para su Gobierno Interior y del artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se abocó al mismo, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada el día 3 de enero del año en curso, se dio cuenta al pleno con el nombramiento hecho en favor de la doctora en derecho Mireille Roccatti Velázquez, por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
2. La directiva ordenó que el expediente en cuestión, fuese turnado a la Primera Comisión de Trabajo.
3. Los suscritos, integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, celebraron dos reuniones, la primera, de carácter previo, al término de la sesión de la Comisión Permanente en la que fue turnado el expediente a dictamen y que tuvo lugar en el salón adjunto al salón de sesiones y en la que se estableció la mecánica a seguir para emitir el dictamen respectivo y, la segunda, el día 6 de los corrientes, a la que asistió la multicitada doctora Roccatti Velázquez.
CONSIDERANDO
I. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, que adicionó con un apartado B el artículo 102 constitucional, se confirieron atribuciones al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados,- en el ámbito de sus respectivas competencias,- organismos de protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano.
II. En cumplimiento de dicha atribución, se aprobó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de junio de 1992.
III. Conforme al ordenamiento jurídico que rige la integración y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ésta ha adquirido la categoría de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios y cuyo antecedente lo constituye la comisión que bajo el mismo nombre se fundó el 6 de junio de 1990, con el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
IV. El artículo 9o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece los requisitos formales que debe satisfacer el presidente de dicha institución. Dichos requerimientos los reúne con amplitud la doctora Roccatti Velázquez, toda vez que:
a) Es ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, habiendo nacido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 8 de abril de 1948, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, inscrita bajo el número 766397 de fecha 7 de mayo de 1948 ante el oficial primero del Registro Civil de aquélla, la ciudad:
b) Cuenta a la fecha con más de 35 años de edad, como se desprende del acta de nacimiento referida:
c) Goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito alguno.
V. La nombrada, cuenta con estudios de licenciatura en economía; es licenciada en derecho, por título expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y está doctorada en derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México.
VI. A partir de 1987, la doctora Roccatti Velázquez ha desempeñado diversos cargos de carácter académico y de servicio público, entre los que destacan:
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y de posgrado en las asignaturas de marco jurídico de la intervención del Estado en la economía; didáctica jurídica; teoría general del derecho y derechos humanos:
Juez segundo municipal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México:
Juez tercero de lo penal de primera instancia en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México:
Magistrada de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia, del Estado de México:
Presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos:
La doctora Roccatti Velázquez es autora del libro Los Derechos Humanos y la Experiencia del Ombudsman en México; coautora de los libros Justicia Juvenil en el Estado de México; Modernización y Recursos Municipales y coordinadora de Libro Coloquio Internacional: Derechos Humanos y Sistemas Comparados de Justicia Juvenil. Asimismo, ha participado en diversos ensayos y en múltiples congresos, foros, coloquios y seminarios internacionales y nacionales sobre derecho en general y derechos humanos en lo particular.
Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y actualmente miembro del Consejo Ejecutivo International Ombudsman Instituto, y miembro fundador de la Federación Iberoamericana del Ombudsman imparte también, la asignatura derechos humanos en la maestría de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.
VII. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión considera que la doctora Mireille Roccatti Velázquez, reúne los requisitos legales de forma y fondo para desempeñarse como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dada su vasta experiencia en el campo de la aplicación del derecho, su formación académica y su amplio trabajo en la promoción, observancia y protección de los de derechos humanos.
En tal virtud, nos permitimos proponer a esta Asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprueba el nombramiento efectuado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en favor de la doctora Mireille Roccatti Velázquez, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzáte, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chio, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano; Alfonso Primitivo Vázquez, Ifigenia Martínez senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen.
Se han registrado los siguientes oradores: diputado Alejandro Moreno Berry, diputada Ifigenia Martínez Hernández, senador Pedro Macías de Lara y diputado Carlos Chaurard Arzate.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se somete a la aprobación de esta Comisión Permanente el nombramiento de la doctora Mireille Roccatti Velázquez, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hecho por el Presidente de la República.
Nuestro partido considera que dada la capacidad, trayectoria y actividades de la doctora Roccatti, podrá imprimírsele un nuevo giro importante en la dinámica de la comisión para superar la difícil situación de deterioro en la que se encuentra. Además resulta sumamente significativo que la designación recaiga en una mujer, ya que por primera vez presidirá al ombudsman mexicano. Por esa razón, los legisladores de nuestro grupo parlamentario votaremos por la ratificación del nombramiento de la doctora Roccatti.
Sin embargo, nuestro partido expresa su desacuerdo con los mecanismos de nombramiento previstos en la ley vigente para designar al titular de dicha comisión. Uno de los factores fundamentales que redundan en el eficaz funcionamiento del ombudsman en México y en el mundo y que hoy nos convoca, es el del nombramiento de los titulares de estos organismos. No obstante, la variedad de matices para los nombramientos en Europa, un rasgo común predominante es que éste es nombrado por el parlamento y en su funcionamiento permanente se encuentra vinculado al órgano legislativo sin menoscabo de su autonomía.
El perfil predominante en la actualidad del ombudsman en el mundo es el de ser un órgano de control legislativo y de fiscalización de la administración pública. Es evidente que en el régimen republicano tal función corresponde efectuarla al Legislativo, con objeto de garantizar un auténtico equilibrio de poderes.
La propia Organización de las Naciones Unidas sugirió en 1993 que la función de nombramientos de ombudsman recaiga en los parlamentos. En nuestro caso el método de nombramiento es mixto, producto del exacerbado presidencialismo, por lo que nuestro ombudsman se aparta del modelo clásico y universal que se difundió en Europa. Los estragos de este método de designación en nuestro país están a la vista, además de que dicho cargo ha sido utilizado cuando menos por dos de sus titulares como trampolín político para arribar al puesto de Procurador General de la República, por lo que la nueva titular deberá pronunciarse a este respecto.
La designación hecha por el Ejecutivo y que ahora nos ocupa, no es resultado de una amplia consulta entre la sociedad o cuando menos entre los organismos públicos y no gubernamentales que se ocupan de la protección y defensa de los derechos humanos, por lo que se trata de una decisión presidencial discrecional y aislada de la sociedad. Definitivamente el titular del Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales no pueden seguir siendo los que en los hechos nombren a los titulares del ombudsman, ya que esto le resta independencia.
En la práctica, el acto de ratificación del ombudsman por el Senado y en sus recesos por la Permanente, dada la dinámica impuesta por la mayoría priísta, se traduce en un mero trámite legislativo. Sin embargo, no obstante los avances alcanzados en esta materia ésos son insuficientes, porque la mayoría de nuestra población, trabajadores, campesinos, profesores, mujeres y niños, aún son víctimas sistemáticas de la violación a los derechos humanos.
Aún no hay resultados significativos en la lucha por desterrar la corrupción y la impunidad; el nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocurre en un contexto difícil caracterizado por un profundo deterioro en el respeto a los derechos fundamentales, que sin duda alguna constituyen grandes desafíos para la titular.
Lo anterior ha sido destacado por la organización humanitaria Amnistía Internacional, cuyo prestigio e imparcialidad difícilmente puede ponerse en duda. Hace notar tanto en su informe de 1995 y 1996 que en México hay un cuadro persistente y continuo de gravísimas violaciones a los derechos humanos que afectan a grandes sectores de la población mexicana; la muestra la vivimos hace unos momentos a pesar del discurso de ayer difundido por el señor Presidente de la República.
Nuestra legislatura no ha estado ajena a esta problemática nacional, durante 1996 fuimos testigos de múltiples denuncias presentadas ante esta tribuna por los senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios, por violaciones a los derechos humanos en los que destacan los casos de Guerrero, Chiapas, Tabasco, secuestros en Morelos y Sinaloa y la negativa de otorgar los beneficios de libertad anticipada al señor Joaquín Hernández Galicia. En este último caso, no obstante el pronunciamiento de más de 100 diputados de todos los grupos parlamentarios exhortando al señor Secretario de Gobernación a atender las sugerencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a este caso.
Hasta la fecha Gobernación ha ignorado la opinión de esta Cámara; en suma, frente a la exigencia de respeto a los derechos humanos, se impone la prepotencia de funcionarios públicos quienes actúan autoritaria e impunemente.
Por su parte, los organismos públicos de derechos humanos, no obstante sus seis años de existencia y su importante labor, han sido ineficaces para encarar una lucha frontal y decidida contra la impunidad. En efecto, aún falta mucho por hacer para que los organismos públicos de protección de los derechos humanos se consoliden y conquisten la confianza de la sociedad mexicana.
Más grave aún resulta la falta de voluntad política del Gobierno Federal y de las entidades federativas para cumplir con las recomendaciones que emiten estos organismos. Hasta ahora, el grado de cumplimiento de estas recomendaciones en el último año, según los informes de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo ha alcanzado el 63%, muy distante de las cifras alcanzadas en los países europeos, que es del 90% al 100%. Tratándose de las entidades federativas, el grado de incumplimiento es mayor, por lo que podemos afirmar que en nuestro país es sumamente frágil el respeto a los derechos humanos.
La realidad de los derechos humanos antes descrita es preocupante, pero estamos convencidos de que con la trayectoria y experiencia de la doctora Roccatti; se enfrentarán adecuadamente y se responderá a las expectativas generadas en la sociedad con su nombramiento.
Para concluir esta reflexión, propongo a ustedes que en el marco de su ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su titular y sus similares en los estados, sin menoscabo de su autonomía y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a la mayor brevedad posible estrechen sus lazos de colaboración a efecto de que de manera conjunta revisen el marco jurídico que regula a dichos organismos públicos con el fin de encontrar los caminos de una reforma legislativa de consenso que permita fortalecerlos y dotarlos de los atributos fundamentales que su función requiere.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores aquí presentes:
La aprobación que esta soberanía debe hacer del nombramiento que de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo el Presidente de la República, tiene fundamental importancia para la vida de la nación. En este año de renovación de la Cámara de Diputados y otras autoridades, concebimos que podremos tener un nuevo equilibrio de fuerzas que la sociedad reclama en su lucha por la transición a la democracia.
En este proceso de cambio y ratificaciones y rectificaciones políticas por el que atraviesa nuestro país, permitirles un espacio para la imaginación colectiva de lo que será México luego del legítimo triunfo de las fuerzas de oposición, se torna en una obligación y una necesidad.
En México la lucha por el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos, ha tenido diversas vertientes, el reconocimiento oficial de las minorías políticas, su acceso al Congreso, la liberación de los presos de conciencia, son antecedentes de los intentos de las minorías sociales que buscan el reconocimiento de sus derechos plenos.
Con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano reconoció la necesidad de dar cauce a los reclamos ciudadanos ante el autoritarismo, la arbitrariedad y la mala administración de los actos gubernamentales, pero la creación de la comisión no fue gratuita concesión los partidos políticos, la sociedad civil y los diversos sectores sociales fueron los que fundamentalmente impulsaron el establecimiento de una defensoría de los derechos ciudadanos y aunque acotada ha rendido importantes frutos para terminar con la cultura de la impunidad y la deficiente administración pública.
A pesar de sus limitaciones legales, reconocemos el valor que ha tenido la actuación de la comisión en la construcción de una sociedad de respeto a las leyes y de un régimen de derecho. Restringió la impunidad de las corporaciones políticas, hizo recomendaciones a autoridades antes intocadas y quizá lo más importante, los ciudadanos aprendimos que contábamos con una instancia correctora de las arbitrariedades de los funcionarios y de las funciones públicas.
Hay muchas cuestiones pendientes, desde luego muchos actos que no se les ha hecho plena justicia y que por lo tanto tendremos que tener una labor de continua vigilancia de la sociedad y de continua actuación por parte de esta comisión, pero de todas maneras resulta muy significativa la aprobación de la designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ofrece a una ciudadanía tan severamente castigada por la crisis, un momento de esperanza para mejorar y trasformar sus órganos de gobierno.
El nombramiento de la doctora Mireille Roccatti Velázquez además, constituye una restitución tácita de los derechos de género de las mujeres, cuando se trata de elegir a los mandos directivos en instituciones públicas y privadas y es notoria la discriminación que en este sentido, padece el género femenino. Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática, al igual que otros miembros y organizaciones de la sociedad, no está de acuerdo con el procedimiento que utilizó el titular del Ejecutivo Federal para la designación de la nueva presidenta.
Frente a importantes propuestas de ciudadanos y grupos civiles en torno a quienes deberían conducir la comisión, el presidencialismo optó de nuevo por una salida vertical alejada del debate público y de la confrontación de ideas y personalidades y ante la ausencia de los organismos no gubernamentales interesados en la decencia y preservación de los derechos humanos.
El Presidente optó pues por la cómoda salida institucional y desperdició la oportunidad de presentarse como un estadista, que es lo que esperamos de él y no como cabeza de un grupo político. Reformar para democratizar el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es uno de los pendientes que tenemos. Ya lo haremos más temprano que tarde, cuando la composición del Congreso de la Unión permita que el diálogo y la pluralidad, den vida a una democracia plena en nuestro país.
La sociedad mexicana, en proceso de transición democrática, cuenta con una defensoría de derechos humanos todavía restringida, sin injerencia en asuntos laborales y electorales, aún cuando estos dos son los principales problemas que enfrentamos los mexicanos: salarios sin capacidad de compra, salarios reales a la baja durante ya varios lustros y derechos políticos empañados con las recurrentes maquinaciones gubernamentales.
La necesaria refundación que tendrá la defensoría de los derechos humanos en México, se logrará con la autonomía plena de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ello se hará cuando esta comisión no dependa legal ni políticamente de ninguna instancia del Poder Ejecutivo, cuando la designación del ombudsman, su financiamiento y fiscalización, dependan enteramente del Poder Legislativo y se contribuya así a uno de los objetivos de la reforma política: el equilibrio de poder.
En el Partido de la Revolución Democrática esperamos que la nueva defensora de los derechos humanos impulse una revisión profunda de la legislación que da vida a dicha comisión. Para realizar una defensa eficiente y completa de los derechos fundamentales de los mexicanos, la comisión deberá contar con potestad legal para conocer íntegramente de las tres generaciones de derechos humanos que los teóricos en la materia identifican: la primera generación, que se refiere a los derechos civiles y políticos; el segundo nivel, a los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales muchas son simples metas establecidas en la Constitución, pero que todavía no tienen vigencia, ¿para qué hablar del derecho a la educación, del derecho a la salud, a la vivienda, al empleo? y, la tercera generación de los derechos colectivos de una nación, el derecho al desarrollo sustentable, a la autodeterminación de los pueblos, los derechos de las minorías para mantener y desarrollarse en su propia identidad.
El espíritu del Constituyente de 1917, en relación a la defensa de lo que hoy conocemos como derechos humanos, fue muy clara cuando consagró legislativamente los derechos sociales de los ciudadanos mexicanos en materia de la tierra y en materia del trabajo, antes que cualquier otra constitución en el mundo. Por eso es que nos duele tanto ver este retroceso que en la práctica ha tenido nuestra población campesina y nuestra población asalariada.
En el Constituyente Permanente podemos estar a la altura del avanzado sentido social que mostró la primigenia Constitución Política mexicana en la defensa del ciudadano ante las instituciones públicas; el derecho de amparo que también le otorga al ciudadano una soberanía antes desconocida frente al Estado, susceptible de cometer errores.
La doctora Roccatti ya lo declaró recientemente, debe cambiarse la forma en que se designa al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene razón, el proceso de designación del ombudsman no debe ventilarse en los oscuros cubículos de los hombres del poder, pero el defensor de los derechos humanos debe predicar en el ejemplo. Por tanto, desde la tribuna más alta de la nación, llamamos a la nueva defensora de los derechos humanos para que el nombramiento de los principales funcionarios de esa comisión, resulte de una amplia consulta con los grupos de la sociedad interesados y que han trabajado en esta área.
Por definición el ombudsman debe ser una personalidad independiente, de alta calidad moral, que pueda enfrentar los asuntos a su cargo; si fuera necesario, que pueda enfrentar el poder del Estado o del Ejecutivo que finalmente le toca acotar.
Por eso esperamos que la nueva presidenta pueda en los hechos mostrarse con la reciedumbre que el cargo reclama. Tiene importantes casos pendientes, reclamaciones contra Pemex, asesinatos políticos no aclarados, la prisión de Joaquín Hernández Galicia.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la doctora Roccatti pudo construir un espacio sobrio de defensa de los derechos humanos. Esperamos que responda al reto de mejorar su actuación al frente de la Comisión Nacional; esperamos que las palabras de la doctora Roccatti, que identificó a México en un proceso de transición política y social, simbolicen la actitud de independencia que tendrá la nueva ombudsman mexicana para demostrar que es factor efectivo y eficiente para la perfección del estado de derecho.
Por las potencialidades que pueda tener la presidenta, el Partido de la Revolución Democrática da su voto a favor de este nombramiento.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional.
El senador Pedro Macías de Lara:
Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso; compañeras y compañeros legisladores:
Acción Nacional, por mi conducto, desea manifestar que efectivamente la doctora Roccatti presenta un amplio curriculum, que no tenemos algún impedimento para aprobar el nombramiento que hace el Ejecutivo de la Unión, pero que sí nos preocupan algunas cosas en torno a aspectos que le vinculan muy cercanamente con el poder público, particularmente con el Secretario de Gobernación, y que son aspectos que de alguna manera llaman la atención, por los movimientos y reacomodos que se dan en víspera de la sucesión presidencial.
Es preocupación también que debemos impulsar y pugnar porque se dé una independencia desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las esferas del Gobierno y creo que los planteamientos que se han hecho aquí también los hacemos nuestros, de buscar mecanismos, de hacer compromisos para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Congreso de la Unión con sus respectivas comisiones de Derechos Humanos hagamos una revisión profunda de la legislación, que aún con los seis años de vigencia, debemos de revisarla y buscar mecanismos distintos para que el próximo nombramiento que se dé de un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos surja precisamente del consenso, de la discusión, de las propuestas y del análisis del nuevo ombudsmans para que con mucha independencia se pueda trabajar a fondo y no se dé y no se viva el compromiso y la relación tan cercana, en muchas ocasiones, con las esferas del Gobierno, con la esfera del Ejecutivo.
Queremos también pedirle a la nueva presidenta, que seguramente en un momento se aprobará, que haga un esfuerzo extraordinario para que se resuelva en definitiva el asunto, que por cierto nos tiene aquí fuera del recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que creemos es fundamental el hacer algo para que estas personas resuelvan ya y de una vez por todas, la situación que pone en riesgo la vida de algunos mexicanos, de los barrenderos del Estado de Tabasco.
Queremos pues señalar que nuestro voto es a favor y ojalá que su labor y su esfuerzo en los hechos nos digan, le señalen al pueblo de México que la Comisión Nacional de Derechos Humanos continuará con esta lucha para erradicar, de una manera definitiva y en lo posible la constante y permanente violación a los derechos humanos que se da en nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores:
Al hacer uso de la palabra en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para manifestar nuestro apoyo al dictamen que aprueba el nombramiento que en favor de la doctora Mireille Roccatti Velázquez hiciera el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, deseo compartir con ustedes alguna reflexión.
Nuestra nación es poseedora de una antigua y variada tradición en la lucha por la preservación de los derechos humanos. En efecto, la defensa por el estatuto fundamental del individuo, se remonta a la decisión del Padre Hidalgo para abolir la esclavitud; se continúa con la promulgación del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana; se nutre con los valiosos aportes de los ideólogos del liberalismo y alcanza plenitud en su expresión en la Carta Magna de Querétaro, que como bien se señaló por varios legisladores en nuestra reunión de la Primera Comisión y en este momento, antes que ninguna otra en el mundo, suma a las garantías del gobernado la consagración de los derechos sociales, los derechos de la segunda generación en materia de derechos humanos.
La Constitución vigente establece el marco normativo para mantener el orden jurídico mediante la delimitación precisa del ejercicio del poder público, moderado por los intereses legítimos de la sociedad.
Durante poco más de tres cuartos de siglo las garantías de la persona y de los grupos sociales estatuidas en nuestra Carta Fundamental, así como las disposiciones que ha formulado este legislador secundario para instrumentarla y hacerlas efectivas, han constituido una preocupación constante de parte del Gobierno, de los partidos políticos, de los estudiosos y de la propia ciudadanía interesada.
En este momento la nación pasa por una etapa definitiva de su historia, en la que el Gobierno ha decidido adecuarse a los requerimientos de una circunstancia en beneficio de la sociedad civil.
El principio que alienta y que rige esa reforma del Estado mexicano no pretende la aniquilación del poder frente a las instancias particulares, sino la eficacia del aparato gubernamental para promover los intereses del individuo, sus agrupaciones y la comunidad nacional en general, sin distinción alguna que pueda traducirse en el privilegio de algunos y en el desdoro de la esfera jurídica de otros y en ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos es y deberá de seguir siendo un instrumento de suma utilidad para el gobernado.
Esta institución, cuya bondad ha quedado suficientemente acreditada, encuentra sustento en un sentido reclamo popular, ha sabido cumplir con su función en la investigación de irregularidades que perjudican al gobernado, en la formulación de recomendaciones públicas no coercitivas y en su naturaleza y el desarrollo de sus acciones han permitido contribuir a una adecuada impartición de justicia, sin violentar el orden jurídico.
A efecto de que la comisión siga prestando con eficacia y eficiencia sus servicios en la protección de los derechos humanos en nuestro país, y en uso de las facultades que le confiere nuestra legislación, en razón a tener un sistema mixto de designación de la presidencia de la comisión, siguiendo una de las tantas doctrinas que nombramiento de los presidentes de esta comisión existen y que son válidas en diversas partes del mundo, el Presidente de la República ha nombrado como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la doctora Mireille Roccatti Velázquez, nombramiento que también por disposición legal corresponde a este órgano legislativo aprobar.
Al hablar en pro del dictamen que aprueba dicho nombramiento, en nombre de mi fracción parlamentaria, expresamos nuestra convicción de que con la doctora Roccatti Velázquez al frente de la comisión, esta institución continuará buscando que la defensa de las garantías individuales sea promovida por una instancia confiable, independiente y objetiva.
Lo anterior, convencidos no únicamente en razón a que la doctora Roccatti cumple con los requisitos legales establecidos en la ley, requisitos ellos de carácter formal, sino adicionados por elementos objetivos que se desprenden de un brillante curriculum vitae de su conocimiento personal y de su trato.
De todos ellos, cabe destacar su amplia formación académica, su noble dedicación a la docencia, su enorme esfuerzo en el trabajo editorial en temas relacionados con la tutela de los derechos humanos.
El dictamen a discusión refiere un aspecto de especial importancia y que lo es su paso por el Poder Judicial. Desde juez municipal a magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, lo que nos permite confiar que por su conocimiento que tiene sobre este poder sabrá conducir los trabajos de la comisión con absoluto apego al régimen de legalidad.
Su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de México, nombramiento hecho a propuesta del entonces gobernador, Pichardo Pagaza, demuestra que es una persona de amplios conocimientos del tema.
Compartimos con la doctora Roccatti las reflexiones que a petición del senador Lanz Cárdenas realizara en la reunión en la que compareció ante la Primera Comisión, con respecto a la función del ombudsman y de nuestro juicio de amparo, en el sentido de que estas instituciones ni se excluyen ni se obstaculizan; al contrario, resultan complementarias en la preservación de los derechos fundamentales, pues mientras la primera es una instancia mediadora entre la sociedad civil y el Gobierno, el otro es una eficaz institución de origen mexicano en la defensa de la constitucionalidad.
Es por ello, compañeros legisladores, por lo que pedimos un voto favorable al dictamen, para que, independientemente de algunas diferencias que como fracciones parlamentarias pudiéramos tener con respecto a la integración, estructura o funcionamiento de la comisión, tengamos la coincidencia de que con la doctora Mireille Roccatti Velázquez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos continúe como instancia mediadora entre la sociedad civil y el Estado, que coadyuve de manera eficaz en la defensa de los derechos del hombre y en la erradicación definitiva del autoritarismo y de la impunidad.
No dudamos que nuestro pueblo, respetuoso de la vida propia y de la de los demás, amante de la libertad y celoso vigilante de la justicia, reciba con beneplácito nuestra aprobación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra...
El senador Félix Salgado Macedonio (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para el mismo tema.
El Presidente:
Tiene la palabra, por cinco minutos, para el mismo tema, señor senador.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Muchas gracias, señor Presidente:
Lamento bastante que la señora Roccatti tenga que tomar la protesta en secreto. Me hubiera gustado que hubiera sido en público, en sesión pública. Desgraciadamente no es así. Yo espero que esto no sea un desagradable presagio para los mexicanos.
Quiero sumar mi voz a la de mi compañero senador que me antecedió, para que en su primera tarea la señora Roccatti pudiera tomar muy en cuenta este penoso asunto de los barrenderos de Tabasco.
Nosotros vamos a votar a favor de su designación, aunque aclaramos que no estamos de acuerdo en el método y en la forma en que se sigue estilando para designar a funcionarios de esta naturaleza.
Había propuestas, como Sergio Aguayo, Luis de la Barrera, Sergio García Ramírez, incluso la diputada María de la Luz Lima. Sin embargo, es la fecha que no tenemos respuesta y de manera unilateral el presidente Zedillo ha designado a esta respetable señora Mireille Roccatti Velázquez.
Toca a ella buscar incluso reformas para que esta comisión no esté tan acotada como hasta ahora.
Nosotros tenemos muchas dudas de si realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es garante de estos derechos o sólo comparsa y tapadera de los gobiernos prepotentes y abusivos.
Aquéllos eran otros tiempos desde luego, hoy estamos viviendo tiempos nuevos. Yo espero que la señora Roccatti haga esfuerzos extraordinarios por demostrarle a la sociedad mexicana que efectivamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontramos el apoyo.
Ayer el presidente Zedillo, en su reunión con los embajadores, les dijo: "...quítense sus camisas y enseñen su camisetas". Esto en clara alusión de la defensa de nuestro país.
Y ahora aquí, hace unos momentos presenciamos cómo los trabajadores de Tabasco se quitaron sus pantalones y enseñaron sus calzones, también en clara alusión a la defensa de su trabajo, del empleo.
Y fueron más allá los trabajadores de Tabasco, no nada más se quitaron los calzones, ya ustedes no estaban, no los vieron.
Yo solicito de ustedes, compañeros diputados, senadores, diputadas, senadoras, que pongamos atención a este conflicto. Esto es de humanos, compañeros. Ya no andemos jugando, no andemos jugando al gatito y al ratón; no andemos jugando incluso a denigrar este propio y honorable Congreso de la Unión.
No hagamos que la tribuna se nos convierta en divino Adán o Chippendale. Hagamos de esta tribuna una verdadera tribuna. Que seamos de verdad representantes del pueblo, que seamos sensibles, prudentes y que los escuchemos.
Ellos se acercan a nosotros porque somos los representantes de ellos, somos los representantes populares y cuando vienen a vernos con un problema más que laboral ahora humano, nos andamos escondiendo. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos los representantes del pueblo o somos verdugos y comparsas del Gobierno.
Yo apelo a su voluntad política, compañeras y compañeros. No quisiera que nunca más volviéramos a tocar el punto de los barrenderos de Tabasco en tribuna y que nunca más se repitieran hechos como el que hoy vivimos. Pero deben de tomar conciencia, no se hace ni lo hacemos por afanes protagónicos. Deseamos de verdad que este asunto ya se resuelva.
Ese es el llamado que les hago a todos ustedes, porque de lo contrario pues vamos a seguir en las mismas. Yo no sé qué otras acciones tengan previstas los barrenderos de Tabasco.
Y agradezco al señor Presidente de esta Comisión Permanente, el que no nos haya sacado a garrotazos, porque según el reglamento era lo que seguía, o nos sacaban o nos desalojaban o se hacía la sesión secreta y creo que ésta fue una decisión muy acertada e inteligente.
Porque ya nada más eso faltaba, que aquí le amontonarámos más garrotazos a los humildes trabajadores de Tabasco.
Y es el llamado también a la señora Roccatti. Esperamos pues encontrar sensibilidad en todos, para que encontremos solución al conflicto.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Aceves del Olmo.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Muchas gracias, señor Presidente, por la benevolencia y a ustedes por escuchar:
Solamente quiero a título personal, como diputado federal, dejar perfectamente claro, que no tengo la menor duda en dar mi voto a favor de la postulante, en virtud de que en pocos días quienes no la conocíamos, nos hemos enterado de los merecimientos que tiene y las facultades para ejercer el cargo de tan alta responsabilidad.
Pero aprovechando que el señor senador Salgado Macedonio hizo mención de los eventos suscitados hoy aquí, quiero decir e invitarlo, con la misma cordialidad que lo acabo de hacer en la reunión que tuvimos con los compañeros y que estuvieron en el Salón Verde y en el que acordamos crear una comisión, que hoy mismo se abocará de ser posible a terminar en forma definitiva con este asunto.
Yo creo que tiene razón en preocuparse porque se les haga caso, pero también no creo que deba a venirse a decir aquí que no convirtamos a la Cámara en esos nombres que él dio.
Yo creo que, señor senador Salgado, no provoquen ustedes mismos esos sainetes. Le hago delante de los señores senadores, de los señores diputados, la invitación cordial, como la hice delante de los interesados, para que de veras nos aboquemos hoy con los nombres que nos ha dado el Partido Acción Nacional, con los nombres que nos ha dado el Partido de la Revolución Democrática, con los que seguramente nos dará el Partido del Trabajo y con los que de la fracción que yo represento, a resolver definitivamente este asunto.
Me place que invite usted a la señora, seguramente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, porque ella en una entrevista de prensa, el sábado pasado, dejaba perfectamente clara su posición en relación a los trabajadores de Tabasco.
Ambas partes no han tocado las puertas adecuadas y ha habido intransigencia. Ayudemos a que se rompa esa intransigencia, ayudemos acercar a las partes a una solución y ayudemos a salvar estas vidas humanas que están en grave riesgo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Solamente para referirme a lo que comentaba hace un momento el diputado Aceves del Olmo y que quede claro para el diputado Aceves del Olmo y para todos los legisladores, no ha sido la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados, la que ha propiciado el evento de los barrenderos que han hecho la protesta hace unos momentos en el Salón Verde. Esta es una responsabilidad estrictamente y una decisión de ellos. Nosotros nos pronunciamos porque sus demandas sean atendidas a la brevedad posible por razones humanitarias.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 37 votos en pro.
El Presidente:
Encontrándose presente la doctora Mireille Roccatti Velázquez, cuyo nombramiento como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de ser aprobado por unanimidad por esta Asamblea, para que la acompañen en el momento de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:
Senador Trinidad Lanz Cárdenas; diputados: Francisco José Peniche y Bolio; Juan Manuel Cruz Acevedo e Ifigenia Martínez Hernández.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Doctora Mireille Roccatti Velázquez:
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión.
La doctora Mireille Roccatti Velázquez:
¡Sí, protesto:
El Presidente:
Si así no lo hiciereis que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada acompañar a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando desee retirarse.
ACTOS EN CONTRA DEL CONGRESO DE LA UNION
El Presidente:
«Honorable Comisión Permanente:
Los diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresamos nuestro más absoluto y contundente rechazo a cualquier acto que atente contra la dignidad y el normal funcionamiento del Congreso de la Unión o su Comisión Permanente.
El recinto parlamentario es un territorio consagrado por la Constitución y las leyes, en el cual se trabaja para bien de la nación y nunca en función de intereses particulares o facciosos. Cualquier acto al margen de las normas legales y cuya finalidad busque incidir o presionar en las posiciones de los legisladores, es y será siempre considerado como un acto de agresión totalitario y ajeno a la democracia.
El Congreso es por esencia una forma democrática para resolver los conflictos sociales; se basa en el respeto a las normas y a las instituciones y excluye el uso de la fuerza, la presión o cualquier acto violento para resolver las controversias.
El Congreso y su Comisión Permanente no pueden cumplir sus propósitos si se hace uso de la provocación o la presión; acciones que buscan paralizar el desarrollo legislativo denigran a las fuerzas que las impulsan, porque tratan de suprimir la forma democrática y plural de resolver los problemas y las controversias sociales; ningún movimiento social por legítimo que éste sea, tiene derecho a romper el orden institucional y atentar contra la representación nacional de todos los mexicanos, máxime aún que ha sido este Poder Legislativo quien en sus diferentes instancias ha venido impulsando la solución de problemas sociales en el marco del derecho y de las concertaciones políticas.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa y condena todo acto de provocación; ninguna situación de hecho ni de fuerza se justifica para hacer valer derechos.
Firman, diputados: Ricardo García Cervantes, Juan José Osorio; senadores: Amador Rodríguez Lozano y Rosendo Villarreal.»
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
Antes, tiene la palabra el diputado Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Señor Presidente; con su permiso:
Quisiéramos fijar la posición respecto a ese punto de acuerdo que se acaba de firmar por solamente dos fracciones parlamentarias.
No expresa la opinión del Partido del Trabajo, porque consideramos que el responsable de cada asunto que violenta la tranquilidad de una sesión de la Comisión Permanente, de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, es responsabilidad del origen que tienen esos actos; los orígenes de la violación a los derechos humanos, a la falta de respeto, al derecho de los trabajadores... la vida institucional de los trabajadores de limpia, de Tabasco, provocó hoy ese punto de acuerdo entre dos fracciones parlamentarias, que no expresan nuestra voluntad, nuestra posición... porque el interés... de la fracción parlamentaria nuestra y de... si le pudiera poner el sonido el compañero, aquí al micrófono, en lugar de estarme interrumpiendo... porque cuando no expresa lo que la mayoría quisiera escuchar en los micrófonos, luego luego le cortan.
Compañeros legisladores: quien origina esos problemas es el gobierno irresponsable de Tabasco. Es el gobierno irresponsable del municipio de Villahermosa; no son los trabajadores, no son las fracciones parlamentarias, no somos los legisladores. Aquí solamente se viene a hacer caja de resonancia de las irresponsabilidades de quienes gobiernan algunas entidades. La responsabilidad de hoy no es de la sociedad, la responsabilidad de hoy es de Roberto Madrazo Pintado.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Señor Presidente; con su permiso:
Hace un momento el compañero Amado Cruz Malpica, hacía referencia al asunto que hizo que la Comisión Permanente sesionara en secreto, de acuerdo al artículo 210, que fue el que se utilizó.
Obviamente nosotros estamos en defensa del Congreso de la Unión; lo hemos estado siempre. Efectivamente, para que este poder pueda ser independiente y tenga la fuerza necesaria para evitar actos como los que están sufriendo los trabajadores de Tabasco. De esta energía de hoy promovida por usted en una declaración de los dos grupos parlamentarios del PRI y del PAN, ya la quisiéramos escuchar, para hacer valer nuestra dignidad como diputados y como senadores, en la misma Secretaría de Gobernación y ante el mismo gobierno de Tabasco.
El mismo gobierno de Tabasco ha dejado plantados varias veces a los diputados que ha nombrado para que intervengan y se pueda solucionar rápidamente ese asunto tan grave. No es un asunto menor, puesto que estamos enfrentándonos a una política en la cual desde un gobierno estatal quiere doblegar a una actitud, incluso que de palabra, por lo menos, de repente sale de Gobernación o incluso, hacer a un lado al propio Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados. No firmamos ese documento porque eso obviamente que va en referencia directa a estos mexicanos que efectivamente están en una situación desesperada. No están jugando, no están jugando. Nosotros obviamente quisiéramos que levantaran la huelga de hambre pronto.
No están dispuestos porque aducen que sus derechos no están siendo respetados y efectivamente y cuando mexicanos se están jugando la vida pidiendo sus derechos, sí es algo que a nosotros nos debe de llamar la atención y no convertirles doblemente en víctimas. Esa declaración, obviamente, los hace ver como agresores al Congreso, como si estuvieran atentando contra este Poder y quien ha atentado contra el Poder, obviamente no han sido ellos, ni son ellos ni los mexicanos, sino es el Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo Federal y para colmo ahora un Poder Ejecutivo Estatal.
Ojalá esa defensa enérgica ahora, que obviamente va a hacerlos doblemente víctimas, los está poniendo en debilidad y obviamente en el gobierno de Tabasco habrá alegría por esta declaración. Esta energía deberíamos enfrentarla juntos todos los diputados para que haya una solución pronta y evitemos que mueran los trabajadores.
Estamos por la defensa del Congreso de la Unión y por eso hemos criticado al Poder Ejecutivo y no nos esté tomando, como yo varias veces lo he mencionado, como simple utilería. Esa sí también debería de ser una causa digna de nosotros para defender al Congreso de la Unión.
No, insisto, no firmamos, no porque no estemos en defensa del Congreso; al contrario, simplemente porque no queremos ser ahora utilería y mucho menos de un gobierno como el de Tabasco.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente:
Muy brevemente, para expresar, con toda claridad y puntualidad, que para el de la voz y el grupo parlamentario que represento, los señores que irrumpieron en nuestro recinto de sesiones, ¡sí son agresores del Congreso de la Unión!
¡Esto no puede, bajo ningún concepto, bajo ninguna lógica y con ningún argumento, confundirse con la legitimidad, con la justeza, con la situación de angustia que puedan tener en su causa propia de reivindicación de derechos, desatendidos por autoridades que tienen la responsabilidad de atender y resolver:
En una clara distinción de los asuntos, el grupo parlamentario de Acción Nacional exige a las autoridades competentes que se aboquen de inmediato a resolver, de una vez por todas, este asunto que tiene en angustia y que tiene en padecimiento a un grupo de compatriotas.
¡Pero al margen de esa causa, al margen de su situación y de su conflicto, nosotros reprobamos la agresión que hoy sufrió el Poder Legislativo! ¡No somos ni utilería ni somos comparsa, queremos ser parte digna y dignificante del Poder Legislativo del Congreso de la Unión de nuestro país.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Tercera Comisión
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado a raíz del nombramiento que por acuerdo del Presidente de la República, extendiera el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor del actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, como director general de Crédito Público de la mencionada Secretaría del despacho, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89 fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna.
A partir del estudio del expediente en cuestión y con fundamento en los artículos 100, 107 y 111 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
I. Fundamento constitucional
Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, con fundamento en las fracciones IV y XVI del artículo 89 constitucional, deben ser ratificados por la Comisión Permanente, según lo establece el artículo 79 fracción VII de la propia Carta Magna.
II. Antecedentes
La prescripción constitucional que decreta la ratificación de los empleados superiores de Hacienda, tiene su antecedente en la Constitución Federal de 1824 y persigue como finalidad, asegurar que la recaudación, la custodia y el destino del erario público se realicen con eficiencia, eficacia y honradez, como lo ordena el primer párrafo del artículo 134 de la Ley Fundamental de la República.
Esta comisión desea mencionar que el Senado de la República, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de diciembre de 1987, decidió que la interpretación de la expresión constitucional "empleados" superiores de Hacienda" comprende determinados cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, determinó cuáles han de ser los criterios y la documentación que integren los expedientes para la respectiva solicitud de ratificación. Entre dichos cargos se comprendió el de director general de Crédito Público.
El análisis cuidadoso de los documentos que acompañan al nombramiento referido, otorga suficientes elementos de juicio a esta comisión dictaminadora, para expresar su valoración positiva sobre la capacidad y experiencia administrativa y profesional de la persona designada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para hacerse cargo de la función señalada.
Con objeto de estar en condiciones de emitir un dictamen suficientemente fundado y motivado, los integrantes de la comisión que suscribe, en cumplimiento del artículo 3o. del acuerdo emitido por el Senado de la República de fecha 7 de diciembre de 1987, citamos al actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, a una entrevista que tuvo verificativo el día de hoy y en la que, además de constatar la documentación contenida en el expediente base del presente dictamen, intercambiamos puntos de vista con el funcionario nombrado sobre su formación y trayectoria profesional, así como sobre funciones que, de ratificarlo esta Comisión Permanente, estarían a su cargo en los términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III. Trayectoria profesional
Carlos Miguel Mendoza Valencia, es mexicano por nacimiento, habiendo nacido en la ciudad de Apatzingán, Estado de Michoacán, el 13 de octubre de 1960, por lo que a la fecha cuenta con 36 años de edad, encontrándose en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
El ciudadano Carlos Miguel Mendoza Valencia, obtuvo el título de actuario por la Universidad Anáhuac, al haber presentado la tesis "fundamentación de los supuestos econométricos del modelo de mercado mexicano". Posteriormente, realizó estudios de maestría en administración de empresas por la Universidad de Stanford.
Los miembros de la comisión que dictamina deseamos mencionar que el actuario Mendoza Valencia, cuenta con una amplia experiencia profesional en Nacional Financiera SNC al haber desempeñado los siguientes cargos: analista en la gerencia de auditoria y operaciones bursátiles, especialista "B" en la gerencia de inversiones institucionales, subgerente en la gerencia de financiamiento corporativo, subgerente en la gerencia técnica de operaciones internacionales, asesor en la unidad de expertos internacionales, subdirector de operaciones internaciones, director de banca de inversión y director adjunto en la dirección adjunta financiera.
Es de destacar que fungió como director general de operadora de fondos de Nafinsa y como Presidente del Fondo de Promoción Bursátil (Fopro, Sociedad de Inversión Común Cerrada). Además, ha sido o es miembro del consejo de las siguientes instituciones: "Fondo México", "Instituto Nacional para el Depósito de Valores" (Indeval)", "Petróleos Mexicanos International (PMI)", "grupo DESC", "Médica Surn, "Grupo Cintra (Mexicana, Aeroméxico)", "Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)" y "Patronato del Ahorro Nacional". Asimismo, ha impartido cátedra en la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac.
En virtud de lo anteriormente expuesto y en razón de que el actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, posee la competencia profesional necesaria para el desempeño del cargo que se le ha conferido y que acreditó un conocimiento puntual de las actividades a desarrollar en su próxima encomienda, nos permitimos solicitar de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, como director general de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Salón Protocolo de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 7 de enero de 1997.
Tercera Comisión: senador Carlos Sales Gutiérrez, presidente; diputada Rosario Guerra Díaz, secretaria; senadores Amador Rodríguez Lozano, Artemio Iglesias Miramontes, Guillermo Ulloa Carreón, Luis González Pintor, Félix Salgado Macedonio y Raúl Juarez Valencia; diputados Armando Gamboa Enríquez, Alejandro González Alcocer y Ramon Sosamontes Herreramoro.»
El Presidente:
Está a discusión el dictamen.
Se han inscrito los siguientes legisladores: senadores Luis González Pintor, Carlos Sales Gutiérrez, y diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
Tiene la palabra en contra, el senador Luis González Pintor.
El senador Luis González Pintor:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He pedido el uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del PAN, representado en esta Comisión Permanente, para establecer algunos razonamientos relativos al dictamen al que se le acaba de dar lectura en donde se designa al actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia como director general de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda.
Es importante primero señalar que el procedimiento que se ha seguido en estas ratificaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mejorado notablemente, cuando menos hoy sí se han cumplido los aspectos formales a que se refiere el acuerdo que señala los nombramientos de empleados superiores de Hacienda que requieren la ratificación del Senado y en este caso de la Comisión Permanente; se ha cumplido cuando menos con los documentos. Ha sido leído por un servidor el impresionante curriculum del señor actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia y por supuesto que cuando menos hoy hemos tenido la oportunidad de analizar con un poco de mayor profundidad las capacidades de los funcionarios propuestos por el Ejecutivo.
No pasa desapercibido de la lectura de este curriculum, impresionante por cierto, que haya ocupado importantes puestos en la importantísima institución Nacional Financiera en donde prácticamente se desempeñó desde 1987. La función de esta Comisión Permanente y en su oportunidad de los senadores de la República, es dar fiel cumplimiento, como lo señalan en el dictamen, a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 constitucional, garantizar la eficiencia, la eficacia y la honestidad básicamente de los dineros públicos; es decir, del dinero de todos los mexicanos.
Y señalaba con anterioridad, no pasa desapercibido el hecho de que este funcionario se haya desempeñado mayormente en Nacional Financiera, que por supuesto ha tenido graves quebrantos en su economía en el manejo del dinero de los mexicanos, como lo había señalado anteriormente, una institución en donde otrora fuera director el anterior secretario de Finanzas del PRI, Oscar Espinosa Villarreal y que en el año de 1994 dicha institución se viera involucrado en un escandaloso o en una escandalosa situación por haber facilitado dineros públicos a instituciones que finalmente no pudieron responder por ellos, ese relajamiento en el otorgamiento de los créditos blandos otorgados a uniones de crédito que en su oportunidad no soportaron legalmente los dineros recibidos, implica necesariamente en su actuación a todos los funcionarios de Nacional Financiera.
Es por ello ineludible señalar que aquellos importantes funcionarios de Nacional Financiera hasta 1994 y como el hoy propuesto o designado, sirvieron a la institución, pertinente es preguntarse realmente a qué intereses, a qué personas sirvieron dichos funcionarios, a quién beneficiaron otorgando estos créditos a través de la intermediación financiera.
Hoy que brinca un distinguido funcionario en Nacional Financiera a ocupar uno de los principales cargos en la Secretaría de Hacienda, en donde se requiere necesariamente de la idoneidad que es la facultad que tiene para juzgar esta Comisión Permanente, la idoneidad de esos funcionarios, por ello y con toda seguridad, apoyados en el voto de la mayoría, será ratificado.
No hemos dudado en ningún momento de sus altas calificaciones académicas, desafortunadamente la falta de credibilidad en las instituciones, cuando menos en la que he señalado, Nacional Financiera, implica que esta falta de credibilidad salpique necesariamente con esa negra mancha a los funcionarios que de ahí emergen.
¿O no es acaso que este distinguido funcionario pudo en su oportunidad hacer una denuncia de los manejos que se llevaban a cabo dentro de Nacional Financiera? ¿O no los conoció? Cabría preguntarse.
Hoy que se le designa a un empleo superior y que tiene la responsabilidad altísima de determinar el manejo del crédito público que será responsable con toda seguridad, de calcular las necesidades del endeudamiento de la nación, es de esperarse cuando menos, que de esta determinación del crédito que habrá de ser solicitado al extranjero, no implique necesariamente desvíos como los que se dieron en Nacional Financiera.
Es por ello que el Partido Acción Nacional, su representación ante esta Comisión Permanente, habrá de votar en contra de tal designación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Señor Presidente, cuando estábamos discutiendo con el actuario Mendoza su trabajo que ejercería en la dirección de crédito público, le recordábamos a él una curiosa paradoja en su propia vida, que por un lado tuvo la beca ITT y por otro tuvo la beca Benito Juárez. Insisto, una curiosa paradoja.
Para estar en la dirección de crédito público y para poder depender del señor secretario Guillermo Ortiz, obviamente que pesa más la beca ITT, puesto que no habrá alguna diferenciación con la política de su jefe y mucho menos con la política económica del presidente Zedillo.
Obvio que entre escoger la conducta que tuvo don Jesús Silva Herzog en esa dirección, o la conducta que tuvo Miguel de la Madrid, por depender de la política económica de Zedillo, implementada por Guillermo Ortiz, pues obvio que seguirá la política, no sé el curso, de Miguel de la Madrid.
El mismo reconoció que esta grave crisis económica empezó hace 16 años, una crisis económica donde los que han sufrido han sido los mexicanos, no solamente los trabajadores, sino también los empresarios, los industriales, los comerciantes, ya también ellos.
La política de endeudamiento no creo que cambie con el actuario Mendoza, seguirá siendo la misma, más deuda para pagar y como lo hemos estado viendo, para vender, para pagar y vender y menos soberanía por lo tanto.
Efectivamente, 16 años donde ha hecho mucho daño el neoliberalismo y como lo hemos dicho muchas veces en la tribuna, tanto daño que ahora ya no se sabe bien a bien quién nos dicta la política económica, si es realmente nacional o de un grupo que domina ahora el país o bien desde los Estados Unidos. Obvio que es desde los Estados Unidos.
Va el actuario Mendoza a la dirección de crédito público, va avalado obviamente por el Presidente de la República y desde luego por el grupo neoliberal que aún sigue, el mismo que estuvo con Salinas de Gortari.
Sale de Nacional Financiera después de más de 10 años, el mismo día que renuncia Gilberto Borja, en donde se dice que renunció, dice el doctor, por salud, pero en verdad creo que más bien fue por victoria de Guillermo Ortiz, no por la salud física sino más bien creo que por la salud política prefirió renunciar Borja.
Ese mismo día se presentó ante nosotros el actuario Mendoza, yo no digo que a tiempo porque a lo mejor se hubiera quedado en Nafinsa, no era del grupo de Gilberto Borja, era del otro y es del otro.
Mucha gente importante ha pasado por esa dirección de crédito público, aquí mismo tenemos al senador Carlos Sales, en la Cámara tenemos a Oscar Levín, se llamaba antes diferente pero también estaba ahí Oscar Levín; Víctor Navarrete, también pasó por ahí; también Jesús Silva Herzog Flores, actual embajador de México en Estados Unidos, expulsado por el salinato entonces de nuestro país.
Desde luego que no creo que se vaya a seguir la política, insisto, de don Jesús Silva Herzog padre, no lo creo y mucho menos que vayan a seguir la conducta de uno de los héroes mexicanos encargados entonces de manejar la deuda, que fue Guillermo Prieto y mucho menos que vayan a seguir la conducta de Benito Juárez; por eso creo que no seguirá la beca, cuando llegó a la moratoria. No lo creemos porque han dado muestras de no estar con la población, con el pueblo de México, sino han dado muestras de lo contrario, les importa más salvar la banca, por ejemplo, llena de ladrones, protegidos por el Gobierno.
Cuando nosotros el día de ayer decíamos que legislativamente estamos a favor, es porque efectivamente llena lo que se exige para poder ser ratificado por el Senado, en este caso por la Comisión Permanente, pero políticamente es obvio que no estamos de acuerdo. No es cualquier dirección, no es cualquier dirección ésta, de tal manera que incluso tiene que ser ratificado por el Senado o la Comisión Permanente. No es cualquier dirección, no es cualquier empleo, un empleo más de los que ha tenido el actuario Mendoza.
Nosotros decíamos que estábamos a favor y quiero hacer una, si se puede, autocrítica, legislativamente a favor y esa autocrítica consiste en que el grupo parlamentario no votará a favor; será en contra. Es obvio que si examinamos más a fondo y después de las acciones que se dan en Nafinsa y después de recibir opiniones de gente que conoce mucho de esto, pues cambiamos de opinión. Se vale.
Nosotros pues votaremos en contra, no solamente del actuario Mendoza, quien ha tenido, insisto, más de 15 años en Nafinsa, sino porque quien lo propone es obvio que no está pensando en una política crediticia a favor de las grandes obras sociales que necesita México, no está pensando en eso. No están pensando en poder restituir la posibilidad de más empleos, más salarios, sino siguen pensando en lo mismo. Ya lo dijo el presidente Zedillo, lo mismo, vamos a defender la política económica que es la justa, para ellos, para un grupo muy pequeño de nuestro país.
Vamos a votar en contra de Guillermo Ortiz, de la política económica de Herminio Blanco, que son lo mismo, que actúan igual, en contra del pueblo mexicano. Sería eso.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo asunto el senador Carlos Sales Gutiérrez.
El senador Carlos Sales Gutiérrez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Definitivamente no voy a hacer un elogio del actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia. Juzgaremos su actuación como director general de crédito, si es que es ratificado por esta Comisión Permanente con los actos que realice. Lo que puedo decir es que cumplimos estrictamente con lo que dispone la Constitución, que fue muy desafortunado que no contáramos con la presencia de los legisladores de Acción Nacional, para que hubieran comprobado muchas de las afirmaciones que aquí se hicieron, que no son ciertas, que el conocimiento técnico del actuario Mendoza Valencia, al menos a los que estuvimos presentes, nos garantiza el que puede ejercer a plenitud el puesto. Fueron dos horas y media de un intenso interrogatorio por parte, tanto de mi compañero diputado Ramón Sosamontes, como de los demás miembros de la comisión y sentimos que tiene las cualidades suficientes para hacerlo.
Yo creo que es ir demasiado lejos el pretender nombrarlo contralor de la Federación o inclusive contralor general del país y culparlo de acciones en las que no tiene ninguna injerencia. Su actividad en Nacional Financiera, cumplida con eficiencia y en la que no hay tacha alguna, era la de conseguir los recursos y no la de su canalización, como lo será ahora si es que es ratificado su nombramiento, buscar, como él lo señaló, que en la estructura de la deuda pública se busque alargar los plazos, evitar la concentración de vencimientos, la dependencia excesiva de pocos mercados y en general buscar su abaratamiento en el tiempo.
Siento también que algunas de las cosas aquí dichas merecerían una respuesta, pero muy amplia. Yo creo que ése es un debate que dejamos pendiente sobre la política económica, pero no puedo dejar de señalar tres aspectos: la política económica de México se hace en México y la dirige el presidente Zedillo y con números se puede demostrar que después de la gravísima crisis está dando resultados; que el que lo propone está consciente que va a cumplir con la parte que le corresponde dentro de esta gran tarea nacional a la que nos hemos abocado, de sacar adelante el país.
Y por último nada más y antes de pedir el voto favorable de todos ustedes, decirles que don Gilberto Borja desafortunadamente tiene un problema de salud, que es un gran mexicano que se desarrolló en la empresa privada, construyendo la empresa más importante de América latina, haciendo no sólo obras en nuestro país, sino en todo el territorio americano, que llevó a cabo una depuración hasta donde el tiempo y la situación financiera lo permitió, en la institución que dirigió y por quien hago votos porque su salud mejore y porque pueda seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora por México.
Así que con estos comentarios solicito su voto favorable al dictamen, el punto de acuerdo que se pone a su consideración.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el senador Luis González Pintor.
El senador Luis González Pintor:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.
Habré de referirme muy brevemente a lo dicho por el senador Sales Gutiérrez, a quien reitero mi aprecio y mi respeto. En principio, ¿por qué no estuvimos en la sesión?, porque juzgamos que con la documentación que teníamos a nuestro alcance, y lo señalé hace unos momentos, era suficiente para poder elaborar un juicio que calificara la ratificación o no de este empleado superior de Hacienda.
Es muy importante destacar aquí que haber estado cerca de 17 años en Nacional Financiera y ahora ser designado o promovido a este importantísimo puesto de director de crédito público, da pie a juzgar un importantísimo y curioso trampolín que se ha dado y lo voy a señalar, entre el PRI, Nafinsa y nuevamente el PRI. Curioso trampolín porque, ya lo he señalado, ahí estuvo el actual regente de la Ciudad de México, Espinosa Villarreal, a quien usted ha mencionado, señor Carlos Sales Gutiérrez, a don Gilberto Borja.
Recuérdese que en su oportunidad cuando fue nombrado, Acción Nacional votó en contra de ese nombramiento en el Senado de la República. Hizo lo mismo.
Usted ha señalado su desempeño en la iniciativa privada, ICA, PRI y Nacional Financiera. Lo mismo es lo que estamos señalando, ahora este funcionario de Nacional Financiera al manejo del endeudamiento nacional.
Es importante esta designación sobre todo tratándose de un año electoral. ¿Se manejará acaso el endeudamiento externo como se manejó, sin mucho aseo... pueblo mexicano en Nacional Financiera, el otorgamiento de esos créditos blancos.
Habremos de preguntarnos esto y muchos otros cuestionamientos, por el momento creo que he dado cabal respuesta a los señalamientos del senador Carlos Sales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul):
Pido la palabra.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señor Presidente:
Simplemente para especificar que nuestro voto en contra es por diferentes razones a las que ha mencionado aquí la fracción parlamentaria del PAN, hay que dejarlo bien claro.
Efectivamente, el curriculum de esta persona, cuyo nombramiento está sujeto a ratificación, del ciudadano Mendoza, es bastante impresionante, quisiéramos decirlo. Para nosotros constituye un mérito el que sea un funcionario de carrera de Nacional Financiera y que ahí se haya desempeñado bien y en otras condiciones daríamos nuestra aprobación, si no fuera porque no nos consta que el ciudadano tenga o haga una defensa del crédito de México, del crédito público de México, como se merece que se haga y sobre todo que se utilice este crédito para obras, para financiar obras de infraestructura de larga duración que el actual Gobierno pretende financiar con un año, con la recaudación de un ejercicio, lo cual es totalmente inconveniente, puesto que la duración de estas obras va a ser por varios años y aquí cabe perfectamente bien utilizar el crédito interno del país y aun en ciertas circunstancias el crédito externo.
Desgraciadamente son muchos los años en que el crédito se ha estado utilizando para pagar deuda y el pago de la deuda es lo que tiene puesta también otra camisa de fuerza a la política económica del país y es como un rechazo a esta política económica y concretamente a la política económica de crédito público, por lo cual daremos nuestro voto en contra.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 23 votos en pro y 12 en contra.
El Presidente:
Aprobado por 23 votos. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra en este recinto el actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia, cuyo nombramiento como director general de crédito público acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo acompañen en el momento de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Carlos Sales y diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Sírvanse los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia:
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director general de Crédito Público, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
El actuario Carlos Miguel Mendoza Valencia:
Sí, ¡protesto:
El Presidente:
Si así no lo hiciereis que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión acompañar al director general de crédito cuando desee retirarse.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, para hablar sobre declaraciones del señor Presidente de la República.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente:
Quiero aclarar e informar que la base de esta intervención, es un documento obtenido por el sistema Internet en la página de la Presidencia de la República, que presumiblemente contiene textualmente el mensaje que el Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo, dio a la misión extranjera, es decir, a los embajadores, a los miembros del cuerpo diplomático mexicano el día de ayer. Las referencias entonces textuales, se refieren a ese documento, que es público y que está en el sistema Internet.
Empezaría por señalar una afirmación del Presidente de la República, que dice y cito: "debatir los temas, a veces interpreta mal el que el Presidente de la República les responda a algunos con mucho cuidado, como pretendo ser las más de las veces. No, esto es parte de una democracia el no estar de acuerdo, pero también el Presidente de la República y también ustedes, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con opiniones de otros. Pero no pueden quedarse ahí, tienen que dar ese debate, porque ustedes son representantes y promotores de intereses absolutamente legítimos, intereses que surgen de un mandato constitucional, pero que también tienen una profunda raíz histórica". Termino la cita y analizo el texto.
El Presidente reconoce que es parte de la democracia el no estar de acuerdo, el presidente Zedillo plantea que es necesario debatir, en estas afirmaciones no puedo estar más de acuerdo. Sin embargo, en una clara inconsistencia conceptual, en otra parte, el presidente Zedillo dice. Cito: "algo inédito en nuestra historia política; establecimos claramente los principios constitucionales; después, nos sentamos a negociar la ley electoral y estuvimos de acuerdo en todo, salvo en un punto y no fue un desacuerdo entre los partidos políticos y lo digo porque he asumido pública y plenamente toda la responsabilidad y además, fue algo que les dije desde enero de 1995, el punto del financiamiento".
Sigue diciendo el doctor Zedillo: "es mi convicción que el talón de Aquiles de las democracias modernas tiene que ver con el financiamiento de las ideas políticas y creo que los que mejores argumentos pueden dar son algunos de ustedes no porque ustedes hayan hecho chanchullo en alguna actividad política, sino porque sin señalar casos específicos están trabajando en países que de una manera u otra se han visto envueltos en escándalos de financiamiento a la actividad política".
Cierro la cita por el momento y analizo. El Presidente de la República por muy Presidente que sea no puede asumir la responsabilidad de legislar en este país. Su derecho es de iniciativa y no puede anunciar el sentido de una ley todavía sin existir iniciativa, casi dos años antes de que el Congreso de la Unión se pronunciara en ejercicio de su función exclusiva. Sin embargo, la argumentación del presidente Zedillo, es como él bien señala, sin señalar casos específicos, en abstracto, en general, sin el argumento del dato fehaciente y comprobado.
Vuelvo al texto y cito: "no queremos en esta etapa de consolidación de nuestra democracia que la actividad política se convierta en vasalla de intereses particulares que pueden ser legítimos, pero que no son intereses inherentes a los del Estado, a los de la representación pública; o peor aún, que la actividad política se convierta en vasalla de los intereses del crimen organizado y en eso no estuve dispuesto a transigir; es, quizá, el único punto en el que como Presidente de la República he sido absolutamente intransigente".
Y continúa: "lo hablamos desde el principio, así lo fuimos negociando y sin embargo, no logramos el acuerdo. Es muy lamentable que por ese punto de desacuerdo en el que sigo y seguiré pensando que tenía razón y que tengo la razón, los partidos políticos hacia adentro y hacia afuera de México hayan querido, pretendido, desacreditar la reforma política.
Termino la cita y analizo. El tema del financiamiento público no le permitió al Presidente de la República, bajo ninguna circunstancia, transigir en el concepto de salvaguardar a la vida política de nuestro país para no ser avasallada de los intereses del crimen organizado.
El Presidente de la República no pudo transigir porque nadie defendía una posición contraria a su convicción; nadie, absolutamente nadie planteó en ninguna de las etapas de la legislación electoral, que hubiera siquiera resquicios por el cual pudiera colarse el interés espúreo y muchísimo más la pretensión avasalladora del crimen organizado y en este tema hubo desde un principio absoluto consenso y convicción, el financiamiento de las actividades políticas para salvaguardarla de esta pretensión nefasta, de esta pretensión insana de intereses oscuros, abyectos, provenientes del crimen organizado, tendría que encontrar en la legislación un sistema de fiscalización eficiente, un sistema que hiciera transparente el acceso, el destino y el uso de todos los recursos de los partidos políticos.
Ernesto Zedillo no pudo transigir porque nadie se oponía en la idea de que el sistema electoral mexicano, debía contar con sistemas de transparencia tales que se garantizara el conocimiento de todos y cada uno de los dineros que soporta la actividad política de los partidos.
Es cuando menos desafortunado, sino que malintencionado de parte del Presidente de la República, continuar con la siguiente aseveración que cito: "Es muy lamentable que por ese punto de desacuerdo en el que sigo y seguiré pensando que tenía la razón y que tengo la razón, los partidos políticos hacia adentro y hacia afuera de México hayan querido, pretendido, desacreditar la reforma política".
El señor Presidente se atribuye facultad de juzgar intenciones; él asegura que los partidos políticos hacia adentro y hacia afuera, hemos querido, pretendido y eso son intenciones que se nos atribuyen, desacreditar la reforma política.
¿No habíamos dicho al principio que no estar de acuerdo es parte esencial de la democracia? ¿Qué no habíamos dicho al principio que es necesario debatir? ¿Por qué entonces concluye y con qué derecho Ernesto Zedillo, de que nuestra intención, que lo que hemos querido y pretendido es desacreditar a nuestro país en su reforma política.
El tono del financiamiento público, el diferendo central en el tema del financiamiento público no fue bajo ningún concepto el crear condiciones de transparencia y de fiscalización a los recursos, que soporta la actividad política de los partidos; el diferendo fue en el monto en las fórmulas para la asignación de montos escandalosos a nuestro juicio y es nuestra opinión y en la democracia y con el mismo derecho que él convoca al debate, nosotros seguimos soportando con argumentos que queremos demostrar en esta misma reunión.
Porque el Presidente dice y lo cito: "... entonces quienes hoy dicen que la reforma fue un fiasco porque no se logró o que se mayoriteo, sencillamente están incurriendo en un acto de deshonestidad intelectual".
"Son los mismos que se opusieron al financiamiento público que propuso el Gobierno. Pero que fueron los mismos que se presentaron en primer lugar a reclamar sus prerrogativas económicas en el IFE."
Voy a invocar como legislador y a título personal como ciudadano mexicano, el mismo derecho, el mismo derecho que ejerció Ernesto Zedillo, como Presidente de la República, para considerar que quienes nos opusimos al financiamiento público hemos incurrido en deshonestidad intelectual; ejercitó el mismo derecho para decir que el Presidente de la República, en este discurso, ha sido intelectualmente deshonesto. Porque nosotros nos hemos opuesto al monto del financiamiento público y hemos acudido a las instancias institucionales para que digan jurisdiccionalmente, lo que desde el momento de presentar nuestra acción de inconstitucionalidad que da la sub judice y por tanto en espera de la resolución del pronunciamiento del criterio manifiesto por la Suprema Corte de Justicia, el mismo derecho que él tiene para decir que quienes nos oponemos al monto del financiamiento público, hemos sido intelectualmente deshonestos, porque a su decir, o desinformado o mal intencionado, fuimos los primeros en presentarnos a recoger el financiamiento público ante el IFE, hecho que en el caso de Acción Nacional, es una clara y absoluta falsedad.
Hemos conocido la resolución que sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática dictó el pleno de la Corte en días pasados, ayer precisamente. En el boletín informativo de la Suprema Corte, se lee con claridad:
"Con relación al artículo décimo transitorio del Cofipe, la Suprema Corte considera que éste no impone al referido consejo, como base del financiamiento de los partidos políticos para el año de 1997, los costos mínimos de campaña aprobados para el año de 1995. Lo anterior, en virtud de que, entre otras cosas, dicho consejo puede actualizar estos costos tanto en base al Indice Nacional de Precios al Consumidor, que establece el Banco de México, como, y esto es lo importante, atendiendo a otros factores que el propio consejo estime pertinentes. En conclusión, el Cofipe no restringe las facultades constitucionales del Consejo General del IFE, para calcular el monto del financiamiento de los partidos políticos."
Resolución a todas luces útil, eficiente, eficaz para el propósito de establecer con claridad cuál debe ser el costo mínimo de campaña, factor determinante del financiamiento público de los partidos, porque se lee claramente en el dictamen y en los debates del Consejo General del IFE, por parte de los consejeros electorales y de los representantes partidarios, que era a criterio de los consejeros electorales considerar que no tenían movilidad en la posibilidad o no tenían posibilidad en la determinación del costo mínimo de campaña. El criterio de la Corte es que lo tiene y por lo tanto esta resolución es eficiente, eficaz, oportuna y pertinente para los efectos del financiamiento público a partidos y negarnos en el monto del financiamiento, bajo ningún consejo ni en ninguna parte del mundo que pretenda ser democrático, autoriza a un Presidente de la República a señalar como deshonestos intelectuales a quienes no estamos de acuerdo con ese monto y podemos argumentar que los montos autorizados actualmente, son impertinentes, inadecuados e inmorales en las condiciones de nuestro país, porque hoy, que él acaba de decir que más pueblo y menos política y lo dijo en Veracruz, queriendo interpretar que son primero los intereses y las necesidades del pueblo que de cualquier otra consideración, incluyendo las de las necesidades de los partidos políticos, incluyendo al partido oficial o al partido del Estado. Si va a haber más pueblo y menos política, debe haber más recursos para el pueblo y menos recursos para los partidos políticos; porque fue incapaz el Gobierno de cumplir con las disposiciones legales que él mismo había propuesto y aprobado, por ejemplo, en materia de crear el Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, aportando el 5.5% de sus salarios a partir del 1o. de enero de este año.
Y hubo de autorizarse, por parte de la mayoría, un nuevo artículo transitorio que postergaba la iniciación de la vigencia de esa ley, por falta de recursos del Gobierno para aportar esos 2 mil 200 millones de pesos que importa esta obligación de aportar el 5.5% de cada salario mínimo al fondo del retiro.
Y no solo eso y es que son consideraciones que deben de tomar en cuenta los consejeros electorales y más si bien interpretan la disposición presidencial de más pueblo y menos dinero a los partidos políticos.
Hoy nos agobia la inseguridad pública en todo el país. Los recursos asignados al sistema de coordinación de seguridad pública, anunciados cuando menos y no ejercidos por falta de fondos, fueron de 2 mil 300 millones de pesos. Cantidad idéntica a la que se pretende entregar como financiamiento a los partidos políticos y han sido sólo anunciados y no ejercidos por falta de recursos. ¡Pero para los partidos políticos sí hay recursos, aún para considerar gastos de campaña presidencial, en un año que no hay elección presidencial:
He invocado los mismos derechos que tiene el ciudadano Ernesto Zedillo y he utilizado la misma investidura que me ha otorgado el voto popular: él como Presidente de la República y yo como diputado al Congreso de la Unión. Acepto el debate y lo acepto a título de coordinador de un grupo parlamentario y como representante de un partido político.
El día de hoy existe el criterio de la Corte, ayer no lo existía. Acudir a la Corte no le da derecho a nadie, a nadie, a juzgar intenciones, muchísimo menos en detrimento del interés de nuestro país en el extranjero.
¡Con patriotismo, con lealtad y con honestidad nos seguimos oponiendo a los montos excesivos de financiamiento público:
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el senador Amador Rodríguez Lozano.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores:
Hace unos momentos el presidente de la Comisión Permanente, Juan José Osorio, establecía con gran claridad que el órgano legislativo, Congreso de la Unión o Comisión Permanente, es un ámbito de discusión libre de la política, de la concertación, ámbito donde se trabaja en beneficio de los intereses nacionales.
Es por supuesto un ámbito de discusión política. Nosotros damos la bienvenida a la discusión política cuando se es de altura, cuando se hacen propuestas, cuando se buscan las mejores condiciones para los intereses generales.
Sabemos muy bien y aquí se ha reiterado a lo largo de esta sesión y seguramente en otra de la Comisión Permanente, que nos encontramos en un año electoral, donde estarán en juego los controles políticos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, además de la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal, la Asamblea de Representantes y otras elecciones estatales y municipales.
Sin lugar a dudas que los partidos políticos, todos estamos estableciendo nuestras estrategias, nuestras tácticas, con el propósito de captar la atención del electorado, con el propósito de llevar votos a nuestros candidatos, con el propósito de buscar que nuestras causas tengan el respaldo popular.
De ahí pues, que deben entenderse muchas de las acciones que hoy hemos visto, que seguramente veremos a lo largo de esta sesión y de muchas más.
Nosotros damos la bienvenida al debate. ¡Para nosotros es totalmente legítimo, lo reconocemos y lo aplaudimos, la posición del presidente de México, Ernesto Zedillo:
Yo creo que nos encontramos en una etapa nueva de la democracia mexicana. Una etapa nueva donde el mismo presidente Zedillo ha establecido que él no cree en dogmas ni en ritos tradicionales. Se ha caracterizado por ser un hombre responsable ante el pueblo de México del mandato que le emitió con 17 millones de votos, de un programa que presenta de manera clara y lo ha venido cumpliendo, así como recientemente nos lo expresó en esta salutación de año nuevo que recientemente los mexicanos oímos con claridad.
Pero el Presidente de México ha mostrado también una nueva actitud, una actitud franca, valiente, de defensa de sus tesis, de defensa de sus proyectos y de defensa de sus acciones de Gobierno y esto bajo ninguna circunstancia debemos censurarlo, sino por el contrario, encontrar en esto un avance fundamental para la democracia mexicana. Aquí vemos que el diputado Ricardo García Cervantes reconoce este esfuerzo y esta nueva actitud del presidente Zedillo, para discutir y para debatir y para defender sus programas.
Desconocemos el documento al que ha hecho mención el diputado García Cervantes. Conocemos, eso sí, los boletines de prensa y conocemos la información que la prensa ha publicado el día de hoy sobre esta reunión con embajadores de servicio exterior mexicano.
Se ha hecho aquí una acción de glosa de hermenéutica política presidencial que nos permite llevar a cabo reflexiones sobre una serie de temas que creo que han persistido y como fantasmas de Ibsen estarán recurrentemente a lo largo de estos meses, que es un tema que seguramente los partidos políticos tratarán de explotar, que es el sistema de financiamiento público.
Nosotros primeramente reconocemos el derecho que tiene el Presidente de la República como jefe de Estado, no solamente como jefe de Gobierno, para reunirse con los embajadores de México, para poder explicarles y precisar sus acciones políticas recientes y poder exhortarlos a que defiendan los intereses nacionales y que expliquen las acciones que ha venido realizando su Gobierno; es perfectamente legítimo, es perfectamente entendible y es, yo diría, que hasta saludable.
Se dice que hay juicios de valor del Presidente de la República y que hay una inconsistencia conceptual por defender la posición que en estos momentos es de la ley, que en estos momentos la Corte ha ratificado como válida y como constitucional en materia de financiamiento público. Yo no diría que hay inconsistencia conceptual, yo diría que hay congruencia, que hay valor y que hay honradez intelectual en la defensa de sus posiciones y de su postura.
Que no tiene derecho a defender decisiones legislativas el Presidente de México. Hay aquí o ignorancia constitucional o una intención de torcer el debate. El Presidente de México, de acuerdo con la Constitución mexicana, participa en dos momentos en el proceso legislativo: con la iniciativa, que es como sabemos el principal impulsor de las iniciativas en nuestro país y a través del derecho de veto. El Presidente de México puede ejercer el derecho de veto a través de cualquier acción política que estuviera en contra de su política.
El Presidente de México participa en el proceso legislativo y por otro lado, siendo ya una ley que nos obliga a todos y formando parte de su promoción política, el Presidente de México tiene todo el derecho de defender las tesis que lo llevaron a impulsarla y con las cuales convenció a su partido, a su partido que tiene la mayoría en ambas cámaras y que coincide con sus razonamientos, que coincide con los fundamentos que llevaron a proponer el financiamiento que hoy estamos discutiendo.
Y, por supuesto, que éste es un tema de la democracia contemporánea, compañeros, el financiamiento público sigue siendo en estos momentos uno de los temas centrales de la democracia y de las discusiones internas de todos los estados contemporáneos.
¿Cuánto vale la democracia? ¿Cuánto vale la estabilidad política? ¿Cuánto vale la posibilidad de que tengamos aquí nosotros de estar discutiendo, de tener posiciones encontradas, de poder establecer coincidencias, de poder ponernos de acuerdo en programas y en objetivos comunes o en poder votar como lo hicimos durante estos años casi 83 iniciativas de las cuales casi 73 votamos de manera unánime? La democracia tiene un valor que no puede cuantificarse en dinero, si no somos mercaderes, no somos mercachifles, para estar viendo cuánto vale la democracia.
Nosotros entendemos que hay un discurso político en la oposición que válidamente intenta aferrarse a esta circunstancia como su argumento para poder conseguir votos que es legítimo en la próxima elección federal, pero eso, a que no sea un tema fundamental de la democracia, es otra cosa y lo sabe muy bien el diputado García Cervantes y no quiero que este ejemplo que voy a dar se entienda como una descalificación, pero Baja California de la cual conocemos muy bien él y yo, el gobernador del Estado ha sido acusado injustamente, creo yo, por sus propios correligionarios de haber recibido dinero del narcotráfico o de haber ofrecido dinero de las personas que se dedican al lenocinio.
Vuelvo a decir que no acepto bajo ninguna circunstancia esta acusación, pero esto demuestra lo endeble que es el tema del financiamiento público. Por supuesto que este tema va a seguir dando muchas discusiones, México ha avanzado mucho, lo avanzamos en 1993 cuando dimos el primer paso y establecimos una serie de principios en materia de financiamiento.
Hoy, con esta nueva reforma, nos hemos acercado mucho más a tener uno de los sistemas de financiamiento público más avanzados y lo digo y reto a cualquiera que me lo demuestre, del mundo. Tenemos el sistema más avanzado, más rígido, con más controles y con más supervisión de los órganos electorales.
Sabemos que el tema de los montos es un tema que iba fundamentalmente destinado a atar al PRI; sabemos que la mayoría de las reformas que están plasmadas en la actual legislación electoral llevan como destinatario al PRI, de ahí que sea esta legislación electoral la única en el mundo que 30 días antes de la elección suspenda toda actividad de los medios de comunicación, cuando en otros países en 19 días se hacen las elecciones y en los medios de comunicación activamente invitan a la ciudadanía para que vote para vencer a la abstención, es el único país del mundo donde por ley se obliga al Gobierno a que no realice actividades en los últimos 30 días cercanos a la elección y nosotros entendemos todo esto como un esfuerzo, no de encontrar reglas equitativas de competencia, sino buscar elementos que detengan el trabajo y el esfuerzo de mi partido.
Por eso nosotros reconocemos y valoramos que el Presidente de la República defienda el sistema de financiamiento que fue impulsado y que fue negociado y en el cual participó a lo largo de mucho tiempo. No consideramos que sea malintencionado el hecho de sostener que no se tenga congruencia entre lo que por una parte se rechaza y por la otra se acepta, ésa ha sido siempre una política, que por un lado se nos invita a un cambio estructural y donde se es gobierno, se es total y absolutamente contrario a la política que se predica a nivel nacional.
Se critica el IVA y en los estados de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, se dan las altas más extraordinarias en materia de servicio. Fíjense ustedes en mi Estado, una disposición casi porfirista, todos los bajacalifornianos vamos a pagar un peso cada uno por el servicio de luz mercurial tenga o no se tenga luz mercurial y fue votado y aprobado por la mayoría panista en el Congreso de la Unión.
Entonces tenemos que ser congruentes con nuestras posiciones políticas y tratar de que lo que predicamos a nivel nacional también se observe a nivel estatal. Yo saludo la actitud del Presidente de México, Ernesto Zedillo, nos habla de un cambio en el titular del Poder Ejecutivo, de un hombre que cree con convicción en sus propuestas, que está decidido a defenderlas y nosotros aquí, los legisladores de su partido, aparte de los legisladores de otros partidos políticos aceptamos el debate y en su nombre estamos dispuestos a discutir hoy y cuando sea necesario las propuestas del Presidente y los acuerdos que hemos alcanzado en el Congreso de la Unión.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente:
Para expresar una clara y categórica exigencia a las autoridades competentes de este país para que investiguen, consignen y castiguen cualquier violación a la ley y cualquier vinculación con el narcotráfico, no sólo de Ernesto Ruffo, sino de los gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, regidores, del Partido Acción Nacional y de cualquier partido político.
Esa es su responsabilidad y yo quiero exigir que se abra las averiguaciones correspondientes y se finquen las responsabilidades conforme a la ley y que sean las autoridades quienes castiguen. De eso se trata. De que se investigue si se quiere a Ruffo y también a Madrazo, a Barrio, a Cárdenas y a quien todos que se tenga siquiera sospecha de su vinculación pero para poner al margen y a salvo a los partidos políticos, que se acepte la propuesta de Acción Nacional de iniciar antes de recibir o de inaugurar este sistema de financiamiento público con auditorías a fondo de las finanzas partidistas de todos los partidos políticos.
Vamos, vamos poniendo las cosas en la dimensión que se pretende, de juzgar sin nombres a otros países sometidos a escándalos por el financiamiento de campañas políticas como si aquí no, los comentarios del propio senador que me antecedió en el uso de la palabra prohijaran, impulsaran esos mismos escándalos; hay que actuar con responsabilidad y asumir las responsabilidades propias.
De forma tal que esta intervención para alusiones personales debe circunscribirse a mi exigencia personal e institucional de que se investigue toda aquella sospecha de recursos provenientes del narcotráfico en la gestión y en la campaña de Ernesto Ruffo Appel.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene el uso de la palabra el senador Amador Rodríguez.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Muy breve, señor Presidente:
Solamente para que quede perfectamente claro que dije que yo no coincido con las acusaciones que se hicieron al gobernador Terán ni en su campaña para gobernador ni en su campaña para senador; dije que fue un miembro distinguido del PAN, tesorero por cierto del comité municipal quien hizo estas acusaciones.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Es evidente que el discurso del doctor Ernesto Zedillo ha venido variando y que éste al que hace referencia el diputado García Cervantes, sí tiene visos de ser mal intencionado políticamente.
Se pretende limitar la discusión sobre la defensa presidencial al asunto del financiamiento y ciertamente que éste es uno de los puntos centrales, pero también son puntos centrales las coaliciones y la sobrerrepresentación que en su momento el doctor Zedillo envió como iniciativa a esta Cámara y fue rechazado. Ello solamente merece el silencio del Presidente de la República.
Yo no diría que esté mal que defienda sus actos de gobierno o sus tesis políticas, yo diría que lo que está mal es que esto en el fondo entraña la defensa de su partido político y la defensa de posiciones de mayor identificación de las que por cierto alguna vez prometió lejanía, así como prometió también una reforma definitiva y de consenso que evidentemente no pudo lograr.
Esta presentación que ha hecho el doctor Zedillo ante funcionarios de la Secretaría, cónsules y diplomáticos, tiene varias cuestiones que resulta obligado comentar.
Dice en alguna de sus partes que en México el cambio no es ni dramático ni traumático. Eso es evidente, porque no hay cambio ni en la política económica ni en la política social; malamente podría ser traumático un cambio que no existe.
Pero además agrega el doctor Zedillo: vivimos en esa economía global, nos guste o no nos guste, entraña retos, problemas, pero también oportunidades, y no podemos ir en contra de esas grandes corrientes.
¿Qué quiere decir con esto en el fondo? ¿Qué quiere decir con que nos guste o no nos guste? Nadie desconoce la necesidad de las interrelaciones económicas a nivel mundial y hemos criticado muchas medidas económicas impuestas por instituciones internacionales y por gobiernos extranjeros.
¿A eso se refiere el doctor Zedillo? ¿A que vamos a seguir enclavados en las decisiones de organismos financieros internacionales?, ¿A que seguiremos obedeciendo y plegando muchas veces intereses nacionales a políticas ajenas a las fronteras en nuestro país? ¿A eso se refiere el doctor Zedillo cuando dice que nos guste o no nos guste.
Se refiere también a que son ridículos los estereotipos que se hacen. Creo que lo que resulta ridículo es no pasar a una etapa diferente de la vida democrática del país. Lo que resulta ridículo es no cumplir con los compromisos de una reforma electoral de consenso y definitiva; lo que resulta ridículo es no admitir la necesidad de variar la política económica que defiende sus logros.
El señor secretario de asuntos económicos de la CTM, Netzahualcóyotl de la Vega, opinó que el mensaje del presidente Zedillo no ofreció buenas expectativas, porque la supuesta recuperación económica no se ha visto reflejada en los bolsillos de los trabajadores. Eso es un hecho, eso también lo dice un legislador del Partido Revolucionario Institucional.
Debatamos la cuestión social y no descalifiquemos a la oposición, que como se afirma, también juega un papel constitucional.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Muchas gracias, señor Presidente:
Si quisiéramos hacer una fijación de litis entre lo vertido por el señor Presidente de la República y el senador defensor de oficio del mismo, senador Amador Rodríguez por una parte y por la otra lo expuesto por el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, el señor diputado Ricardo García Cervantes, podríamos en una breve reseña sinóptica enunciar tres conceptos que se han barajado, a los cuales se reduce toda la controversia y el debate que aquí se está dando.
A mi juicio en un plan de reseña sinóptica, breve y apretada, dado lo avanzado de la hora, podríamos enunciarlas en la siguiente forma: se ha hablado de incongruencia por parte del señor Presidente de la República; se ha hablado de transacción y de intransigente, que es el negativo de la transacción por parte del propio señor Presidente de la República y se ha hablado de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cual no aludió el señor Presidente de la República ni tampoco su defensor. Vamos por partes.
El diputado García Cervantes señaló con meridiana claridad la incongruencia del señor Presidente de la República en que, por una parte, en un discurso recientemente pronunciado, hacía énfasis en un plan, a mi juicio demagógico por parte del señor Presidente, de que debía de haber más pueblo y menos política.
A este respecto ni el señor Presidente ni el senador Rodríguez expusieron ningún argumento para contradecir la incongruencia en que cayó el señor Presidente de la República al sostener que el financiamiento que se aprobó mediante el mayoriteo del partido oficial, va en contra de los intereses del pueblo y a favor de los intereses de la política partidista y facciosa del partido hasta hoy en el poder. Esa es la primera incongruencia.
¿Por qué hay incongruencia? Repito, porque por un lado el señor Presidente habla de que por encima de los intereses del pueblo no pueden estar los intereses de la política, pero por el otro lado auspicia, respalda, robustece, hace énfasis, proclama y se enorgullece del presupuesto que para la cuantificación del financiamiento político en las elecciones federales que puedan tener lugar en este país, se emplee una cantidad exorbitante que va en detrimento precisamente de ese pueblo a quien para él, en otra parte de su discurso, le dio primacía sobre la política.
Es por ello que hay una evidente, clara y meridiana incongruencia en las palabras presidenciales que hace suyas el señor senador Rodríguez Lozano y frente a las cuales el diputado García Cervantes esbozó y produjo perfecta y claramente la incongruencia en que estaba y está incurriendo el Ejecutivo Federal.
Creo que con esto queda agotado el primer concepto que es señalado en esta reseña jurídico-política que me ha encomendado mi conciencia hacerles saber a ustedes.
El segundo concepto es más grave aún. En el segundo concepto el señor Presidente repite hasta la saciedad, que se mostró, se muestra y se seguirá mostrando intransigente respecto del destino de los fondos públicos para el financiamiento de las campañas electorales.
Vamos por partes. Para que pueda haber una intransigencia tiene que haber una transacción, una transacción a la cual no se ha llegado. Para que pueda haber transigencia o transacción tiene que haber controversia.
Si mal no recuerdo, la definición de transacción es el contrato por el cual cada una de las partes, dando, prometiendo o reteniendo algo, prevén una controversia futura o terminan una controversia presente. Esa es, creo yo literalmente, la definición de transacción que nos da el Código Civil.
¿En qué momento algún partido político, llámese PRD o llámese PAN, ha sentado alguna postura de que los fondos para las campañas electorales puedan provenir de medios ilícitos, de manos sucias, de manos indebidas, dinero negro proveniente de fuentes incalificables, para que pueda el señor Presidente decir: en esto voy a hacer intransigente.
Que yo sepa, en el seno del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara baja como en la alta, ni el Partido de la Revolución Democrática ni el Partido del Trabajo y mucho menos el Partido Acción Nacional, han dejado algún resquicio, alguna ventana, algo por el cual pudiera pensarse que pudieran obtenerse fondos para el financiamiento de campañas electorales a través de una fuente indeseable, ilegítima o indecente. Si no hay, por tanto, una postura en tal sentido, no entiendo el significado de la palabra intransigente empleada por el señor Presidente de la República y al que también se adhirió el compañero senador.
No puede haber intransigencia si no hay controversia y no hay controversia porque ningún partido político mexicano ha sostenido la proveniencia de fondos por medios ilícitos, sino lo que se ha venido sosteniendo es que la cuantía de ese financiamiento no puede ser en detrimento del pueblo y, lo ha sido cuando, como señaló perfecta, clara y terminantemente el diputado García Cervantes, se han pretendido intereses mucho más elevados del pueblo a cambio del financiamiento a los partidos políticos.
Eso es el tema al cual la declaración del señor Presidente no hizo ninguna alusión, sino que se concretó a ubicar, sin distinción alguna, como controvertido, un tema que ninguna mente, que ningún político ni ningún diputado o senador, sea del partido que fuere, pasó por ella para que pudiera haber la controversia respecto de la cual pudiese haber la intransigencia de que tanto se ufana el señor Presidente.
Por el contrario, y esto sí es digno de repetirse, lo que el diputado García Cervantes expresó en su alocución es en el párrafo en el cual el señor Presidente dijo: "entonces, quienes hoy dicen que la reforma fue un fiasco o que no se logró o que se mayoriteó, sencillamente están incurriendo en un acto de deshonestidad intelectual. Son los mismos que se opusieron al financiamiento público que propuso el Gobierno, pero fueron los mismos que se presentaron en primer lugar a reclamar sus prerrogativas económicas en el IFE".
¿Sabe el señor Presidente si el Partido Acción Nacional ha acudido al IFE a recibir parte, la parte que legalmente pudiera corresponderle, de fondos para financiamiento? Si no lo sabe, o ignora la materia o sencillamente está incurriendo en una crasa falsedad.
No hace en su declaración distinción alguna, sino que involucra a todos los partidos de oposición y Acción Nacional, aquí están todos ustedes presentes para poderme desmentir si no digo la verdad, hasta hoy Acción Nacional jamás se ha presentado al IFE a recibir la parte que legal, aun cuando inmoralmente pudiera corresponderle, a recibir donativo, recepción o percepción alguna para sus campañas electorales.
De este párrafo, el señor senador Rodríguez Lozano no se ocupó, quizá porque es tan evidente la contradicción, la incompatibilidad, la incongruencia en que cayó el señor Presidente, que no hay manera de poder sacar avante una defensa en tal sentido.
Pasemos al tercer concepto que en esta narración sucinta y breve me propuse hacer: el fallo de la Corte.
Es cierto, el fallo de la Corte fue desfavorable a las pretensiones del Partido de la Revolución Democrática.
Pero el fallo de la Corte si bien le da la validez legal al artículo transitorio de la Ley Electoral, también sostiene, el más alto tribunal de justicia de la nación, un concepto que fue narrado por el diputado García Cervantes y al cual hasta hoy nadie se ha referido, contradiciéndolo, reputándolo, repudiándolo.
En su fallo la Suprema Corte dice que será siempre el consejo del IFE quien en última instancia decida la cuantía de los fondos para el financiamiento político o de campañas electorales y ése es precisamente el objeto de litis; ése es precisamente el motivo de la acción de inconstitucionalidad que ambos partidos políticos de oposición, me refiero al PRD y PAN, hicieron valer ante la Suprema Corte.
Y ese argumento es el que fue esgrimido por nosotros y por los compañeros diputados del PRD, de que no fuera la mano única, omnímoda de una sola persona quien pudiera fijar la cuantía de los fondos destinados a las campañas electorales y esto, señores legisladores, quedó vivo, palpitante, actualizado, en el fallo de la Corte.
Este capítulo que no fue tocado por el senador Rodríguez Lozano, fue aludido por el diputado García Cervantes. Quizá para lo que para usted es honor a lo mejor para el agraviado no lo sea, así que ofrezco disculpas a ambas partes.
El caso es que la tesis de la Suprema Corte deja vigente la postura de los partidos de oposición.
La Corte al declarar improcedente la acción de inconstitucionalidad, lo hizo con la salvedad de que sea el propio consejo del IFE quien en última instancia decida la cuantificación, que es lo que estamos peleando.
En este orden de ideas, señores, es evidente que la crítica hecha por el señor diputado García Cervantes, es perfectamente válida, honesta y legítima, tan legítima, honesta y válida como la del propio Presidente de la República, quien deslizó conceptos equivocados, la cual todo mundo tiene derecho a cometer, todo mundo puede equivocarse y en el caso presente el equivocado es, me perdona el señor Presidente, don Ernesto Zedillo Ponce de León.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, el senador Amador Rodríguez Lozano.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Con el propósito, señor Presidente, de establecer algunas precisiones, ya que fui citado en múltiples ocasiones. Se dijo que se iba a hacer una reseña sinóptica y fue fiel a su postulado, la hizo sinóptica y yo diría que incluso hasta sin mira.
Defensor de oficio, tengo el derecho, como cualquier legislador miembro de la Permanente, que participa en un partido político, que cree en sus postulados, en su programa de acción, en sus estatutos, que se identifica con el Presidente de la República en un programa y en una plataforma electoral que juntos presentamos al pueblo de México en 1994 y que está totalmente de acuerdo en las líneas generales de su gobierno, considera como una acción congruente defender esa posición, como es legítimo que en otros cuerpos legales se defienda a otros ejecutivos estatales con la misma congruencia y con la misma pasión o bien, como en otras ocasiones, refiriéndome al caso del procurador general, ex Procurador General de la República, Lozano, que cada vez que se mencionaba su nombre, eran los legisladores del Partido Acción Nacional quienes venían a defenderlo.
Esto de ninguna manera demerita, al contrario, me parece una posición congruente de quienes tenemos una ideología y luchamos porque ésta se lleve a cabo y se apliquen como acción de gobierno.
Yo no creo que sea incongruencia a lo que se refiere el Presidente y aplicar cuestiones de derecho privado a cuestiones de derecho público o por lo contrario a una reunión donde se utilizan términos de carácter coloquiales no jurídicos, puedan ser el argumento para descalificar una posición.
¿A qué se refiere la intransigencia a la que sostiene el Presidente de la República? Que los partidos políticos de oposición, han establecido como un tema de discusión permanente, el tema del financiamiento público. No en lo que se refiere a los controles, no en lo que se refiere a los orígenes, sino al monto, porque precisamente en el monto es donde sustenta el Presidente de la República la necesidad de que se tengan fondos suficientes, para que no se tenga que recurrir a otros financiamientos que sean ilegales.
Por supuesto que es un argumento falaz, decir que será más importante comprar casas, comprar escuelas, comprar hospitales o financiar la democracia.
Yo les puedo decir, compañeros, que estoy total y absolutamente convencido, que sin democracia, no podemos construir ni escuelas ni hospitales ni tener una política social mucho más amplia en beneficio de las grandes mayorías. La democracia es fundamental para el desarrollo económico; sin un régimen democrático esto no puede avanzar.
Qué quisieran algunos países que han caído en la dictadura como Argentina, como Chile, como Brasil, haber podido financiar a sus partidos políticos, para que pudieran tener una mejor acción partidista. Que pudieran ser más profundos en sus acciones de proselitismo y poder ser más independientes, como sucede por ejemplo en Italia, que el gran debate es la intervención de las grandes empresas. Bueno, en los Estados Unidos, donde siendo una democracia constitucional reconocida, todos sabemos que los partidos políticos, representados en el Senado y en la Cámara de Diputados, obedecen fundamentalmente a las grandes corporaciones internacionales, quienes los financian a través de distintos procedimientos. En México no queremos ese sistema, preferimos pagar el costo de la democracia.
Entonces no hay un falso dilema, no hay una incongruencia. Es una congruencia persistente del Presidente de México, en decir que no cambiaremos de actitud, nuestra posición es clara y definida.
No entraré y no me ocupé del tema de la Suprema Corte de Justicia, primero, porque no tengo el síndrome del abogado litigante que tiene que referirse en la demanda a todos y cada uno de los casos. Segundo, porque creo que una resolución de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de interpretación de la Constitución, no tiene tema de discusión, sino de aplicación. La Constitución es lo que la Suprema Corte de Justicia dice que es.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el señor senador Ricardo Monreal Avila.
El senador Ricardo Monreal Avila:
Gracias señor Presidente; señores integrantes de la Comisión Permanente:
Por supuesto que no podemos coincidir con las expresiones aquí señaladas, tanto por diputados del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática.
Afirmamos y sostenemos que la congruencia del Ejecutivo Federal, es desde nuestro punto de vista evidente y ésta se concreta en las actividades cotidianas.
Nadie puede negar, ningún gobernante, observar principios y postulados de organizaciones partidistas, que los llevan a desempeñar funciones públicas y responsabilidades en este país. Lo que sí estamos convencidos en evitar es en que existan privilegios o actitudes ilícitas por parte de cualquier servidor público. No existe incongruencia alguna, no existe pues, este tipo de expresiones que aquí ha calificado al Presidente de la República. Me parece desmedida y desorbitada la calificación hecha contra el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Respecto de su posición política, sobre el tema del financiamiento público, la mayoría de los mexicanos, creo, respetamos el que exista convencimiento de que los partidos políticos, los candidatos, dispongan de recursos lícitos suficientes que eviten que los partidos y los candidatos puedan ser financiados por recursos económicos ilegales. El tema del financiamiento ha sido el tema de mayor polémica y el tema de mayor controversia, fue el tema fundamental que evitó el consenso para la ley reglamentaria y para poder aprobar también por consenso otros ordenamientos jurídicos en el Congreso de la Unión.
Debo reconocer la habilidad de los adversarios políticos que han explotado de manera amplia y hasta el hastío este tema estratégico para sus fines políticos. Me parece que incluso han rebasado las expectativas que muchos creímos se iban a generar y han pasado a ocupar posiciones efectistas y electoreras. Es un tema recurrente, claro, es un tema atractivo, electoralmente y frente a la premura y a la presencia de una elección compleja, inédita en donde se habrán de renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, una cuarta parte del Senado de la República, por primera vez elección en el Distrito Federal, por supuesto, nadie puede negar que es un tema atractivo y que es un tema que desde el punto de vista estratégico de los partidos es conveniente mantenerlo fresco en el debate de la opinión pública.
En la Constitución General de la República recuerdo que cuando logramos el consenso para la modificación en la materia política electoral, en ella, en el artículo 41, se establecen los mecanismos para el financiamiento público. Desde este momento se establecían las bases fundamentales para lo que sería en la ley reglamentaria el financiamiento público y en esa ocasión no se alzó ninguna voz, porque existía ese consenso y porque existía ese convencimiento por parte de todos los negociadores en la reforma política de que el financiamiento público debía ser prioritariamente público para evitar el que los partidos y los candidatos se vieran tentados, amenazados o permeados por dineros provenientes de actividades ilícitas o de actividades ilegales.
Se ha dicho que resulta inmoral. Yo creo que resulta inmoral el que los partidos políticos recurran a financiamientos ilícitos, a financiamientos ilegales provenientes de giros negros, de dinero proveniente del narcotráfico o de otras actividades antijurídicas. Yo creo que lo que resulta inmoral es que los partidos políticos sean financiados por extranjeros. Yo creo que lo que resulta inmoral es que los partidos políticos se vean financiados por entes privados, por aportaciones anónimas que desvían y degeneran el principio y el propósito y los fines de los partidos. Eso es lo que resulta inmoral. Me parece que la propia característica del financiamiento es el de la transparencia y el de la claridad; pero, además, en la propia ley de la materia se establecen mecanismos de supervisión rígidos de auditorías contra los partidos políticos para que no desvíen sus principios, sus postulados; pero tampoco desvíen los recursos económicos...
El senador Luis González Pintor (desde su curul):
Señor Presidente; ¿Podría preguntar al señor orador si me permite una pregunta.
El Presidente:
¿Le permite una pregunta al señor senador.
El senador Ricardo Monreal Avila:
Sí, con todo gusto.
El senador Luis González Pintor (desde su curul):
Señor senador Monreal:
Me ha parecido muy interesante el hecho de que se refiera usted a esas aportaciones anónimas que en un momento determinado pudieran desvirtuar las actividades de un partido político cualquiera que éste fuese. Pero tal vez considere usted que fueron totalmente legales y morales las aportaciones o contribuciones que recibía su partido, como llevar destacamentos por ejemplo, nada más menciono uno, de trabajadores ferrocarrileros que dejaban de realizar sus actividades normalmente asignados en Ferrocarriles Nacionales de México y que costaron esfuerzos y dineros multiplicados ad infinitum, respecto de los salarios que devengaban sin trabajar y que se le puede a usted probar en cualquier momento tan sólo una de esas actividades.
Por su respuesta, muchas gracias.
El senador Ricardo Monreal Avila:
Doy respuesta.
Yo creo que resulta muy inmoral el que partidos políticos se financien con recursos provenientes del extranjero, como sucedió en su partido hace varios años con el senador Corella, si mal no recuerdo, que se demostró que había financiamiento de sociedades internacionales; creo que lo iban a expulsar, pero no, no lo expulsaron, es senador. Pero también creo que es inmoral el que las aportaciones anónimas sean las que determinen toda la actividad del partido; todas las aportaciones anónimas son inmorales.
Por eso la transparencia ahora de la ley y la contundencia de que es preferible el financiamiento suficiente a no estar sujetos a este tipo de amenazas que sucedieron o que no sucedieron en el pasado reciente. Yo no me atrevería a decir o asegurar que el senador Corella, en efecto en su cuenta personal había una cantidad en dólares que le había dado un partido de Estados Unidos, no me atrevería a asegurarlo, eso lo registraron los medios de comunicación y creo que no sería el debate en este momento. Pero si se hubiera presentado ese tipo de circunstancias, por supuesto que resulta a todas luces inmoral.
Ahora bien, bueno, ya el senador me quitó la hilación de la intervención, voy a tratar de retomarla, a veces son estrategias también efectistas.
Miren, los criterios referidos sobre el financiamiento público, yo sí voy a tomar y voy a debatir sobre los aspectos de la resolución de la Corte desde mi óptica obviamente, respetando los expresados. Los criterios referidos sobre el financiamiento público en relación con la resolución pronunciada con motivo de las acciones de inconstitucionalidad planteadas por el Partido de la Revolución Democrática y por el foro democrático, me parece que son inexactas e incorrectas; no comparto ese tipo de criterios porque están muy alejadas precisamente del criterio que asumió la Corte.
La Suprema Corte como el más alto tribunal de la justicia en este país, resuelve en el asunto planteado por el partido del foro democrático, lo siguiente, cito:
" Artículo único. Se desecha por improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido foro democrático."
En el caso del Partido de la Revolución Democrática, se resuelve lo siguiente en dos puntos, en dos resolutivos:
"Primero: es procedente, pero infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto del presidente nacional de dicho partido."
Ojo y subrayo el segundo punto de los resolutivos:
"Segundo: se reconoce la validez constitucional de los preceptos legales invocados o impugnados."
No debe confundirse el fondo de esta resolución, por eso no es correcto ni es cierto que se dejen a salvo los alegados y las impugnaciones hechas, sino ¿qué sentido tendría?, ¿qué consecuencia jurídica tendría la resolución de la Corte?, es únicamente el que se declaran válidos los actos del Poder Legislativo sobre los artículos invocados o impugnados como inconstitucionales, que son solamente dos en el caso del Partido de la Revolución Democrática. Impugnan al 49 y al artículo décimo transitorio y la Corte dice: "señores, son válidos".
Y por consecuencia, no es cierto ni es exacto que el Consejo General del IFE tenga que recurrir a otras apreciaciones o a otros comentarios o a otros criterios. El Consejo General del IFE, sólo debe de hacer lo que la ley le permite; sólo debe de hacer lo que la ley, la Constitución le señalan. No puede hacer más y máxime con esta resolución donde se declara precisamente la validez de estos artículos, tiene que, el Consejo General del IFE, determinar los costos de campaña y en consecuencia, los gastos ordinarios y los gastos de campaña, en razón de lo que establece el décimo transitorio, exclusivamente en razón de esto. Por eso, señores, no nos confundamos y no tergiversen la resolución, el alcance jurídico y las consecuencias jurídicas del más alto tribunal de justicia. Es muy claro en sus resolutivos y no amerita interpretación alguna sobre esto.
El Consejo General del IFE, al establecerle el Poder Legislativo su obligación en la determinación de los costos de campaña, de los gastos ordinarios y de los gastos de campaña, no viola de ninguna manera su autonomía y su independencia. Este es el criterio de la Corte, porque el Poder Legislativo le podía imponer en cualquier momento y por eso lo estableció el que el propio órgano máximo de dirección electoral, se sujete a lo que la ley establezca y no utilice de ninguna manera, como aquí se ha querido hacer, criterios amplios y discrecionales que van a desorbitar la función para el cual ha sido constituido el Consejo General del IFE, por disposición constitucional y por disposición legal. Esto, evidentemente, tienen que aceptarlo. Los que recurrieron a las acciones de inconstitucionalidad, la Corte ha resuelto. Lo único que debemos de hacer es observar, acatar y respetar la decisión del Poder Judicial Federal en esta materia de inconstitucionalidad.
Me reservo por si hubiera algún otro alegato en esta materia.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente:
Quiero, aunque es una copia faximilar, tiene referencias concretas de identificación y de autenticidad.
Quiero entregar a la Presidencia el comunicado de prensa número 02, de la dirección general de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fechado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 7 días del mes de enero de 1997.
Si el senador ha esbozado y otra vez ha considerado tener derecho a juzgar intenciones, si me permite, solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría para que dé lectura al párrafo conducente que está marcado, de este boletín de la Suprema Corte.
El Presidente:
Atienda la Secretaría la petición del señor diputado, por favor.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Es lo que está subrayado.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura a este párrafo:
"Con relación al artículo décimo transitorio del Cofipe, la Suprema Corte considera que éste no impone al referido consejo como base del financiamiento de los partidos políticos para el año de 1997 los costos mínimos de campaña aprobados para el año de 1995."
Lo anterior en virtud de que, entre otras cosas, dicho consejo puede actualizar estos costos tanto en base al índice nacional de precios al consumidor que establece el Banco de México, como atendiendo a otros factores que el propio consejo estime pertinentes.
En conclusión, el Cofipe no restringe las facultades constitucionales del Consejo General del IFE a calcular el monto del financiamiento de los partidos políticos.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Secretario. Gracias, señor Presidente.
Siendo ésta la forma de divulgar el contenido de su resolución por parte de la propia Corte, a través de su órgano oficial de comunicación social, es decir, la manera de hacer del conocimiento llano y sencillo de los gobernados de este país, el sentido de su resolución, toda su argumentación relativa al fondo y a las pretensiones de utilización de la resolución, caen por tierra, señor senador, porque éstos son los términos en los que la Corte se expresa a través de su órgano de comunicación social.
Y es importante que usted tome en consideración frente a qué opongo este criterio de la Corte: contra el Consejo General del IFE. Que es claro y es comprobable que asumió la actitud de aplicar estrictamente el décimo transitorio, por considerar bajo su interpretación que no es jurisdiccional ni es la última, porque ésta se encomendó a la Corte, como máximo tribunal de este país. Ellos interpretaron que no tenían facultades para introducir lo que aquí la Corte dice con claridad: "pueden introducir como parte de su criterio definitorio del costo mínimo de su campaña, que son otros factores que el propio consejo estime pertinentes".
El consejo estimó que no podría introducir ningún otro factor para no violentar el texto del artículo décimo transitorio. Pero hoy es la Corte la que confirma la posibilidad que tiene el consejo de incorporar éstos otros criterios. No hay ninguna pretensión de desvirtuar el sentido de la resolución de la Corte.
Si usted sabe, una sentencia no son solo los puntos resolutivos. La sentencia, como todo acto de autoridad, debe estar fundada y motivada. Por lo tanto, es un todo homogéneo que expresa la verdad legal a cargo del juzgador.
No se reduzca usted a una lectura sesgada, parcial de los resolutivos. Aprovechemos a la Corte para tomar de ella sus conceptos globalizados, integrales y definitorios de una controversia judicial.
Y cuando usted dice que todas las aportaciones privadas son inmorales, me pregunto yo: ¿por qué entonces, por qué entonces usted decía "anónimas" y no "privadas". Pido una disculpa, su expresión fue "aportaciones anónimas" no quedó expresamente prohibida en la ley las aportaciones anónimas? ¿Por qué no quedaron prohibidas las aportaciones de personas morales, que es una forma de la persona física que forma parte de esa persona moral de conseguir anonimato.
Fíjese, señor senador, sin desviar el debate porque lo que me interesa establecer es lo grave de la instrucción presidencial al cuerpo diplomático mexicano, de lanzarnos al extranjero como voceros o de verdades a medias o de francas y claras falsedades, probablemente producto de la mala información de la que es objeto el señor Presidente.
El debate es que los partidos políticos somos entidades de interés público, por lo tanto el interés que nosotros representamos es el interés del Estado mexicano y no puede parcializarse la gestión diplomática de quienes representan al Estado mexicano en el extranjero, con la sola línea de ir a decir que la reforma política está siendo desvirtuada en contra de los intereses del país, por quienes nos oponemos con razones, con argumentos y por conceptos válidos y legítimos, como usted mismo ha reconocido.
No puede irse al extranjero a decir que quienes nos oponemos al monto de financiamiento público fuimos los primeros en formar cola para recibirlo. De hecho, si usted sabe, señor senador, está citado el Consejo General del IFE para el día 15, para determinar las aportaciones que corresponden a 1997 a los partidos políticos de financiamiento público y este fallo de la Corte y el que está por venir de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por mi partido, son hechos sobrevenientes, son consideraciones posteriores a la determinación de un costo mínimo de campaña y son de tal envergadura y de tal trascendencia por provenir del órgano, que como usted bien señaló, superior en este país para decir el derecho, que no atentará contra la seguridad jurídica y la definitividad de los actos y las resoluciones del Consejo General del IFE el tomar en consideración los criterios de la propia Corte.
Por lo tanto, señor senador, sin desviar los términos del debate, me preocupa que el cuerpo diplomático mexicano se quite el saco y la camisa y enseñe la camiseta de un partido, porque los demás también representamos el interés público, el interés nacional y somos parte legítima, auténtica, que a querer que no, del Estado mexicano.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Efectivamente el tema que ha centrado mayor parte de esta discusión es la declaración inusitada de parte del presidente Zedillo, en el cual obviamente lastima no solamente a los partidos de oposición, sino también a intelectuales mexicanos que opinan diferente a él.
En su misma intervención ante los embajadores y cónsules, habló de que algunos esconden, encubren intereses con democracia y en otras cuando habla de que quienes lo critican dice que eso es parte de la democracia. Ahí mismo en su discurso hay una contradicción obvia, pero que va en el sentido de que el Presidente de la República empieza a definirse como el Estado, como si dijera el Estado soy yo, como que dice, yo ya soy aquí el Estado, ya tengo suficientes meses, pasé diciembre, ya soy el Presidente al estilo antiguo. Otra vez, el que manda por encima de todos.
Cuando dijo que él había apoyado como quedó la reforma electoral y que lo sabe su mayoría, lo dijo porque era un interés del Estado y se refirió efectivamente a que a sí se evitaba que el narcotráfico pudiera financiar las campañas electorales, lo cual dicho en un Presidente de la República pues también es contradictorio puesto que él pudo instruir al Procurador, entonces para que actuara en consecuencia y fuera en contra de aquellos narcotraficantes y miembros de los partidos que usaran estos dineros para financiar sus actividades políticas, no lo hizo, simplemente para justificar y aquí sí para justificarse ante el exterior, quizá como parte también de la argumentación que andan juntando para que sea certificado México este año en su buena conducta al combate al narcotráfico.
Obvio, se quedó ahí, simplemente en su dicho, en esa gravedad de que él usa su mayoría y por lo tanto con el financiamiento acordado evitará que el narcotráfico entre, como él lo señaló.
Esta reunión es muy preocupante porque efectivamente como bien decía García Cervantes, instruyó a los embajadores y cónsules para que en ésta, tan repetida ya frase de él, de que se quiten la camisa, muestren la camiseta y el pecho y muestren incluso el color y lo bonita que es su camiseta, sus camisetas, pues con eso lo está diciendo "el estado soy yo, defienda mi política, defiéndame a mí ", y seguramente también a su partido, creo.
Y esto es muy grave, es muy grave porque está usando una estructura que se había, incluso en la época de Díaz Ordaz, caracterizado por tener una conducta en el exterior, distinta, un poco como que los embajadores y cónsules defendían obviamente a México, no a su partido gobernante, no a su Presidente, todavía recordamos la buena conducta que tuvo Octavio Paz en la India y otros, que durante toda la historia de México han defendido a México en el exterior. Ahora obviamente ya no hay un cambio totalmente distinto con Gurria, con Zedillo y ahora le dice a los cónsules "a defender mi política económica, a defender mi política, política porque hay que estar en contra de aquellos que agasajan a los corresponsales extranjeros", además se mete hasta en eso. El presidente Zedillo eleva el nivel.
Pero obviamente tampoco le da fuerza a como le está dando ahora para decirles a sus cónsules por ejemplo, en Estados Unidos "defiendan a los mexicanos, métanse a fondo... final con boletines o notas... asesinato,... es el síndrome aquí de... compañero del sonido, moción... para que defiendan a los mexicanos y no llegar al último recurso de nota demandada o de nota de protesta cuando ya es asesinado un mexicano, como ocurrió en San Antonio hace unos días, ahí sí no instruye, ahí sí los deja hacer, al fin y al cabo el chiste es no hacer enojar a los Estados Unidos.
El es y su política quien está más bien haciendo ver a un país que no existe o quiere hacer ver que es un país que no existe en el exterior.
Es grave esta declaración del día de ayer, es grave porque obviamente ya está enfrentando la campaña electoral, está seguramente diciendo a partir de lo que yo diga son las cosas buenas, lo que esté de acuerdo conmigo está bien, lo que está en contra está mal. Eso obviamente no es democrático y en nada ayudan al avance de nuestra vida política estas declaraciones y utilizar una estructura como es el servicio exterior para defender a cualquier costa, les guste o no les guste, su política que está implementando.
Obviamente nosotros no estamos satisfechos también con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, no lo estamos; parece que el espíritu de Aguas Blancas se quedó ahí, ojalá también como se defiende ahora esta conclusión la Suprema Corte de Justicia, que avala la política del financiamiento, aquí así hubieran defendido también aquella resolución acerca de Aguas Blancas y ahora estuviéramos obviamente castigando, a Rubén Figueroa después de aquel asesinato masivo que hubo en el Estado de Guerrero.
Según la utilización es según el interés del partido mayoritario, es según obviamente el interés de la política del presidente Zedillo. Unas veces es bueno, unas veces es malo. La Suprema Corte de Justicia lamentablemente no está presentándose ante la población como el garante de que las cosas vayan bien en nuestro país.
Nosotros pensamos pues que es error, un error muy fuerte del presidente Zedillo que haya hecho esta declaración e instruido a la guerra a los diplomáticos y cónsules, a los cónsules y embajadores, para ir contra todos aquellos que no están de acuerdo. Obviamente vamos a respetarnos, vamos a exigir que se respeten nuestros derechos de opinar, de hablar, de manifestarnos aquí y también lo haremos en el exterior como lo hace también el Gobierno y el partido mayoritario y no vamos a permitir que las embajadas se conviertan en instrumentos y los cónsules se conviertan en instrumento simplemente del PRI o de Zedillo al gusto del señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Señor Presidente; compañeros legisladores:
El día de ayer me preocupó, al estar escuchando la noticia en la televisión, estaba yo trabajando en un documento y dije: qué bien, se parece la voz a Zedillo de algún funcionario del PRI que está hablando frente a alguna colonia popular, diciendo la política chicharronera, solamente mis chicharrones truenan, y me preocupó porque volteé y más me preocupó cuando comprobé que el Presidente de la República es quien había hecho uso de la voz y que era frente al cuerpo diplomático mexicano acreditado en el exterior a quien estaba instruyendo lo que ya aquí se ha manejado hasta el cansancio.
Y pensé que el síndrome de Bartlett hacía ya su aparición nuevamente rumbo al 1997. Cuando Bartlett dijo yo soy del PRI y defiendo a mi partido y utilizo los recursos como yo quiera, pareciera que ese síndrome de Bartlett ya apareció rumbo al 1997.
Pero todos los partidos de una forma u otra, respecto del financiamiento, tenemos algo que decir o algo que criticar. Dentro de la Cámara de Diputados o fuera de ella, los partidos hemos acusado y nos han acusado, a unos de ser quienes pasan la charola con un senador de apellido Alemán, para recoger recursos para el PRI; otros de que las organizaciones internacionales los financian; otros que el narcotráfico, otro que Salinas, en fin.
Lo que está a discusión es la expresión de ayer del Presidente, expresión de insultos que baja el nivel del Ejecutivo Federal a un nivel de dirigente de colonia por querer ganar algunos cuantos votos y lo grave, que instruya al cuerpo diplomático a tomar acciones en el exterior, como si fueran militantes de un partido político y no defensores de un país que es su responsabilidad.
Y me pregunto ¿qué pensaría en ese momento Casio Luiselli promoviendo la inversión sudafricana en México o qué pensarían los empresarios mexicanos que se han aventurado a invertir allá? ¿Que tendrían que hacer eco de lo que el Presidente le dijo al representante diplomático de nuestro país en ese país? o ¿qué pensaría el embajador de México en China, donde acaba de ir el señor Presidente, para intercambiar con mayor fuerza mercancías con ese país, con ese mercado de 1 mil 400 millones de individuos, cuya función es diversificar el mercado mexicano, cuya función es quitar lo hegemónico del intercambio comercial con Estados Unidos y poder llegar a otros países? ¿Qué pensaría el señor embajador de México o representante de México ante las Naciones Unidas, haciendo un esfuerzo por la paz en Medio Oriente, que ahora tiene que defender el monto del financiamiento del presidente Zedillo.
Qué bajo papel del titular del Poder Ejecutivo Federal, de estar haciéndole al dirigente de colonias. Creo que no es su función, no es su papel y vale más que lo entienda, porque aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente, no estaremos de acuerdo con él en sus expresiones, en sus instrucciones que ha girado al cuerpo diplomático y son funciones de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, retomar el papel y la función del cuerpo diplomático mexicano.
Yo sugiero que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores conozcan de este asunto, para que puedan dictaminar al respecto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Yo también quisiera referirme a las palabras y a la actitud del señor Presidente el día de ayer, pero en otro aspecto, en el aspecto de la imagen de México ante el mundo o sea en el ámbito internacional.
No cabe duda, y a muchos de nosotros nos ha tocado ver con dolor el deterioro que la imagen del país ha sufrido ante la comunidad internacional y ese deterioro no obedece a lo que los mexicanos pudieran haber hecho o dicho ni los intelectuales ni tampoco el cuerpo del servicio exterior de México, sino más bien obedece a que se ha ido olvidando o relegando lo que antes nos daba fama.
Antes de 1982, a mí me consta el enorme prestigio que teníamos como país, de que no había reunión en Naciones Unidas en donde no se nos llamara, se nos auscultara y en muchos casos no empezaban las reuniones ni las negociaciones si no estaba México presente. Ese enorme prestigio que teníamos, puedo decir que éramos de todos los países de Naciones Unidas, 150 y tantos, indudablemente éramos de los ocho ó 10 más importantes.
Se debía, en primer lugar, al gran prestigio de México en materia de relaciones internacionales, a la Revolución Mexicana y a la reforma agraria, a la expropiación petrolera, a la independencia de la política exterior de México frente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos ha deteriorado, aparte del manejo que se ha hecho del problema de la deuda externa que tanto nos ha perjudicado? Nos ha perjudicado el Tratado de Libre Comercio, en donde toda América del Sur piensa que nos alineamos al norte y que hemos olvidado la relación con países hermanos, la relación comercial con países hermanos hacia el sur y también nos ha perjudicado y mucho, el ingreso de México al club de ricos; es decir, a la organización, a la OCDE.
En la OCDE yo me di cuenta en Pekín, en la reunión internacional resulta que ya no somos del grupo de los 77, o sea del grupo de los países en desarrollo; no estamos tampoco con los países del sur, hacia el sur, con América latina. ¿Con quién estamos alineados ahora totalmente? Con Estados Unidos y con Canadá, pero resulta que Canadá se maneja sola y Estados Unidos no se diga. Entonces sí ha habido un deterioro de la imagen de México y yo creo que estamos obligados todos a contribuir a que ese deterioro pare. En eso estamos de acuerdo con el Presidente y a volver a restituir la imagen de México, pero la vamos a hacer de otra manera, la vamos a hacer defendiendo nuestra soberanía.
Ahorita la Helms-Burton, menos mal que es un precedente y la actitud de México en la dirección correcta; esperemos seguir por ahí, defender la soberanía de México y eso es fundamental y también alinearnos con los países que son nuestros hermanos o sea integrarnos más con América latina.
Muchas gracias.
SEGURIDAD PUBLICA
El Presidente:
Para hablar sobre seguridad pública, tiene la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.
El diputado Armando Salinas Torre:
Muchas gracias; señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Como bien es sabido por todos los aquí presentes, actualmente atravesamos por una de las mayores crisis de nuestra historia en lo que se refiere a seguridad pública. En efecto, el consenso en este sentido es innegable. Sin embargo, no parece haber el mismo acuerdo al momento de determinar el concepto de la seguridad pública, así como su distinción con otros términos que, si bien lo son cercanos, revisten diferencias esenciales, tal es el caso por ejemplo de la seguridad interior y exterior del Estado.
En nuestro medio es comúnmente aceptada, incluso con ciertos matices a nivel normativo, la idea de que en términos objetivos la seguridad pública está ligada a la protección de la paz pública, de tal manera que puede ser conceptualizada como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y de policía administrativa.
Así, se ha entendido que una política eficaz de seguridad pública integral comprende un sistema interactivo en donde actúan policías profesionales, preventivos y de investigación, agentes del Ministerio Público plenamente capacitados y apegados estrictamente a criterios técnico-jurídicos; órganos jurisdiccionales autónomos, independientes e imparciales y no está por demás decirlo, honrados; sistemas de ejecución de penas y de tipificación racionales y efectivos y por supuesto un sistema de prevención del delito que involucre el esfuerzo activo de la sociedad entera.
Estrecha relación y clara diferencia presenta el binomio seguridad exterior e interior del Estado con el anteriormente mencionado, dicho binomio aparece en diversas ocasiones en nuestra Carta Magna, mientras que, como bien sabemos, la frecuentemente empleada expresión "seguridad nacional" no se prevé.
La doctrina en esta materia nos presenta un interesante concepto de seguridad exterior, entendiendo al mismo como la situación de potencia nacional y equilibrio internacional que garantiza a cada país la integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos, en plano de igualdad con la comunidad de naciones.
Por su parte, la seguridad interior del Estado es definida como situación y sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de un orden nacional en que los poderes públicos son representados como instituciones y en las personas que los encarnan, con la adecuada defensa del régimen, de derechos fundamentales de los ciudadanos, de la paz y la tranquilidad pública por parte de las autoridades.
Puede decirse que seguridad nacional es una expresión de naturaleza geopolítica sumamente cargada de ideología e históricamente relacionada con la doctrina que divide al mundo de acuerdo con los intereses de dominación de ciertas potencias.
Si bien podemos recordar que en 1970 nuestro Código Penal incorporó el concepto de delitos contra la seguridad de la nación, además de que la expresión de que nos ocupa es profundamente empleada en los planes de desarrollo de las dos últimas administraciones del Ejecutivo Federal, es conveniente apegarnos a los conceptos de seguridad interior y exterior anotados en la Constitución, ubicándolos, desde una perspectiva subjetiva, como una condición social de convivencia en la que se garanticen los derechos del pueblo mexicano de ejercicio cabal de la soberanía, de autogobierno, de independencia y de libre elección de régimen político y de sus gobernantes.
Ahora bien, como dijimos, existe una estrecha relación entre los conceptos, el problema es que ello ha provocado una especie de dilución entre las fronteras precisamente conceptuales, competenciales y operativas. Es posible centrar la idea de tranquilidad pública como el punto de contacto principal entre la seguridad pública y el binomio seguridad interior y exterior del Estado. Ahí es donde el vínculo es incuestionable; empero, ese punto de contacto de ninguna manera significa asignar iguales responsabilidades a las instituciones policiales probables de la seguridad pública y a las fuerzas armadas responsables de la seguridad interior y exterior del Estado.
Con meridiana claridad se ha afirmado que el hecho de incorporar la tranquilidad y la paz públicas, principalmente al concepto de seguridad interior, no debe llevar a la confusión de asignar a las fuerzas armadas funciones de policía. Los institutos armados presentan objetivos, funciones, aptitudes, entrenamiento y capacidades, diversos a los de las corporaciones policiacas.
La doctrina ha establecido distinciones interesantísimas como son las siguientes: mientras que un soldado está entrenado para destruir al enemigo en defensa de la seguridad, el policía no tiene al enemigo identificado y su función es actuar en el marco del estado de derecho, previniendo el delito y las faltas a las normas gubernativas o reprimiéndolas siempre en el estricto marco de la ley.
Asimismo, el soldado hace sus funciones bajo los parámetros del derecho de guerra, por lo que en este caso los límites impuestos por los derechos humanos no pueden ser privilegiados.
En cambio, un policía profesional se desenvuelve sobre la piedra angular de respetar y hacer respetar los derechos humanos.
Además, obvia consecuencia es que las técnicas de trabajo de unos y otros son diversas, y en este sentido bajo los principios de profesionalización y especialización, no es factible acudir a la sustitución de responsables para tareas que le son ajenas.
Ello nos lleva a concluir que el Estado debe ser capaz de responder a la demanda ciudadana, de seguridad en sus personas y en sus bienes, a través de instituciones de seguridad pública eficientes, modernas, capaces, ágiles, adecuadas a las complejas y apremiantes necesidades del presente, altamente profesionales y probadamente respetuosas de los derechos humanos.
En el marco del estado democrático de derecho, hablamos nada menos de uno de los sustentos esenciales de un régimen de esta naturaleza.
Bajo estas premisas, podemos ya hacer algunas consideraciones en torno a una de las discusiones más recientes vertidas en esta tribuna sobre la denominada militarización de la seguridad pública.
Como dijimos al inicio, la crisis de la seguridad pública es incuestionable. Dos realidades participan en ella en forma definitiva. Por un lado, durante décadas hemos sido testigos del abandono, la improvisación, los esfuerzos aislados y descontinuados, el empleo erróneo de recursos y la corrupción e impunidad en ese sector.
Las consecuencias en un orden institucional son gravísimas. Así lo demuestran algunos datos del Programa Nacional de Seguridad Pública.
Veamos: disparidad y desproporción en todo el país en cuanto a cobertura policial preventiva.
En 1987 municipios de la República se concentra el 68.7% de las policías preventivas del país.
La inversión en infraestructura policial preventiva, por demás escasa y fuera de cualquier parámetro que pudiera denominarse razonable.
El programa sostiene que se invirtió al área de seguridad pública durante todo el sexenio pasado, un peso anual por habitante.
Pésimas condiciones laborales, resultado de la ausencia de un sistema de planeación que facilite la administración y operación de los servicios policiales del país.
Pero junto a esta realidad existe otra que se refiere al incremento de los índices delictivos que, en el caso del fuero federal nada más, de 1980 a 1994 fue de 286%. No menos grave es la alta especialización y creciente capacitación de la propia delincuencia.
Aparece entonces el problema de la delincuencia organizada, entre cuyas actividades, que son muchas, destaca el fenómeno del narcotráfico, reconocido en la mayoría del mundo como la más grave amenaza para la seguridad de las naciones, la soberanía, la armonía y la salud de los pueblos.
En nuestro concepto, y atendiendo la forma como se presenta hoy día en México el narcotráfico, éste es en nuestro medio un problema de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad exterior del Estado. Lo es así en virtud de que su capacidad de generar recursos le ha permitido vulnerar desde la tranquilidad pública hasta los valores fundamentales del régimen democrático, tales como la salud, la integridad territorial, la fortaleza institucional e incluso la dinámica de la sana competencia económica.
En efecto, los hechos demuestran que el narcotráfico lastima el tejido social de una forma en verdad inusitada, reduciendo las capacidades de desarrollo armónico de comunidades, regiones e incluso naciones enteras.
De esta manera, tanto en México como en muchos países, la lucha contra este grave mal ha involucrado el esfuerzo coordinado de los responsables de la seguridad pública, las fuerzas armadas, además de un sinnúmero de instituciones dedicadas sobre todo a la prevención.
En nuestro medio es por demás loable el compromiso y la lealtad que demuestra el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta lucha.
Reconocemos el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres que incluso, y todos los días, dan la vida enfrentándose a estas poderosas empresas criminales.
Surgen sin embargo los siguientes problemas: por un lado, sin negar la evidente necesidad y efectividad de la mencionada intervención de las fuerzas armadas, nosotros estamos convencidos de que en estricto sentido, atendiendo a nuestra norma suprema, se está asignando funciones que rebasan las ordenadas por la Constitución y, en congruencia, Acción Nacional ha propuesto y presentado la iniciativa respectiva hacia una reforma del artículo 129 constitucional.
Pero el asunto, más allá del fenómeno del narcotráfico, parece asumir otros matices también equivocados, se trata que la grave ineficiencia e incapacidad de los cuerpos de seguridad pública, el enorme rezago estructural que presenta naturalmente imposible de revertir en lo inmediato, se intente enfrentar responsabilizando a militares, de conducir una respuesta eficaz de las instituciones policiales.
Ya sabemos que la disciplina, alta formación, lealtad, honestidad y entrega de miembros de las fuerzas armadas, han sido la justificación para hacerles este urgente llamado y también preocupante.
Pero en todo caso, también estamos ciertos, que no es el camino que nos llevará a resolver el problema en sus causas, a modificar el rumbo de estas raíces estructurales, mismas. El sendero correcto y así se ha repetido una y otra vez en esta tribuna, es la profesionalización de los cuerpos policiales, ella es de hecho la columna vertebral de la transformación de la seguridad pública en México.
No por otra cosa la reforma constitucional y la promulgación de la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asentaron este principio como orientación primordial, previendo la creación de un servicio nacional de apoyo a la carrera policial, el cual quedaría reflejado institucionalmente en la Academia Nacional de Seguridad Pública.
No obstante el grupo parlamentario de Acción Nacional se pregunta: ¿en dónde están las acciones concretas para instrumentar esta iniciativa? ¿Cuáles han sido los avances específicos? ¿Dónde están los programas pilotos de formación? ¿Qué acercamientos se han hecho en la coordinación de las instituciones de capacitación policial en todo el país? ¿Cómo se está aplicando el presupuesto que se anunció había sido ya autorizado? ¿Cómo concebir que se destine un presupuesto anual menor a la seguridad pública que el que se ha asignado a los partidos políticos.
Creemos que sea un cambio real de fondo, es en estas vertientes donde se contiene las prioridades reales. Sólo en esta forma llegará la una vez anunciada regeneración policial. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es la respuesta ofrecida al pueblo de México, ante su mayor preocupación, la seguridad en su persona y en sus bienes.
Este pueblo sigue esperando iniciativas concretas, que demuestren la verdadera voluntad para satisfacer su legítima demanda. La realidad es que el mexicano de hoy vive en permanente temor a ser víctima de una conducta delictiva y violenta. No se siente a salvo en la calle, pero tampoco en su oficina, en su lugar de trabajo o en su propia casa. El sentimiento de inseguridad es ahora entre nosotros una forma de vida, tenemos enfrente a la disyuntiva de instalarnos indefinidamente en esta condición social o de transitar a otras formas de convivencia, en donde efectivamente impere el orden y el respeto.
Por supuesto, un cambio de tal magnitud, no se va a dar solo, reiterando declaraciones, compromisos o buenos deseos. La inseguridad no cesa y ahora se ofrece, recuperación económica directa en los bolsillos de las familias y de todos los mexicanos. No está por demás preguntarse cómo se va a garantizar la protección de este patrimonio que con certeza fue ofrecido llegará a nuestros bolsillos, que supuestamente crecerá mientras la impunidad siga siendo la regla y no la excepción.
México exige y se merece instituciones responsables de la seguridad pública, eficientes, honestas y profesionales.
No tenemos, como algunos piensan, un destino fatal que nos prive de este privilegio. No importa cuántas décadas se haya tomado o se haya demorado la incapacidad para al menos sentar las bases de una seguridad propia del estado democrático de derecho.
Estamos seguros que con voluntad y compromiso real, con el concurso de toda la sociedad, el cambio sin duda vendrá.
México se merece una concepción integral de la seguridad pública, como la regla básica general a seguir, para las nuevas políticas sustentadas en el marco de un renovado federalismo, que distribuya eficazmente los recursos, las responsabilidades y los esfuerzos.
Los mexicanos necesitamos instituciones fortalecidas, capaces de responder a su responsabilidad, si la necesidad de reinterpretaciones de la Carta Magna, destinadas a legitimar la inconstitucionalidad de la intervención de servidores encargados de otras funciones.
Compañeros legisladores: el llamado y esta intervención es con el ánimo de reflexionar y asumir nuestra función en una digna y responsable labor legislativa, con un debate de altura en temas tan sensibles como lo es éste y generando las normas claras que no admitan interpretación y aportemos las condiciones que los mexicanos necesitamos de una vez por todas para vivir en paz.
Muchas gracias.
SECRETARIA DE TURISMO
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Pedro Macías de Lara.
El senador Pedro Macías de Lara:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra para referirme a un asunto que está en estos momentos creando escozor: el asunto de la Secretaría de Turismo y los actos de corrupción.
Durante las últimas semanas de 1996 se dieron hechos que por su naturaleza no eran el común denominador de las administraciones priístas. En Veracruz se investiga, persigue y encarcela al ex gobernador Dante Delgado junto con funcionarios de primera línea que colaboraron en su administración. Este hecho se dio con prontitud días después de que el ex gobernador criticara y renunciara públicamente al partido que lo llevó a la gubernatura de Veracruz.
Ahora, toca el turno a la Secretaría de Turismo, el subsecretario Sigfrido Paz Paredes, es acusado, entre otras cosas, de realizar de manera indebida contratos de servicios para la promoción y comercialización de destinos turísticos en el país a favor de una empresa en la que uno de los socios es su hija, junto con él, se está involucrando a otros funcionarios de la Secretaría de Turismo.
Apoyamos el interés del Ministerio Público, al proceder ante las denuncias que se hagan por supuestos desvíos o irregularidades en la actuación de funcionarios públicos.
Si la intención del Presidente de la República es un saneamiento a fondo de la administración pública, esperamos que pronto tengamos noticia que en otras dependencias se ha encontrado que no existen irregularidades o se ha procedido contra funcionarios deshonestos y, además, agilizar el rezago que existe en esta materia. Ejemplos de esto podríamos señalar un sinnúmero, por mencionar algunos, el caso muy sonado y que por cierto se le dio carpetazo el de la Conasupo, el de Pemex, lo mismo en la Sedesol; los asuntos de las comisiones raras y curiosas en el sexenio anterior de Raúl Salinas. El caso de Tabasco del gasto excesivo en la campaña del actual gobernador; el problema de Fertimex que involucra al gobernador Montemayor Seguy; el caso Rubén Figueroa etcétera.
El problema generado en la Secretaría de Turismo reviste una singular trascendencia, toda vez que se puede afectar a este sector que ocupa, en estos momentos, el tercer lugar en la generación de divisas tan importantes para la economía de nuestro país. Turismo que ocupa el octavo lugar de captación de visitantes en el mundo y un decimosexto en cuanto a captación de divisas. Curiosamente en el anterior periodo ordinario de sesiones existió la posibilidad de discutir formalmente en el Congreso la aprobación de la iniciativa para instalación de los casinos en México, afortunadamente el proyecto sigue en estudio y estos hechos nos confirman que no están dadas las condiciones políticas para dar el visto bueno a estos centros.
Según los estudios hechos para la Secretaría de Turismo por una universidad canadiense, la infraestructura, los recursos naturales y culturales con que cuenta México, aunados a una buena oferta turística complementaria para la instalación de estos centros turísticos integrales, acarrearía grandes beneficios al sector turístico de México.
Pero, ¿qué sucede con los hechos de corrupción recientemente descubiertos en la Secretaría de Turismo?, el ingrediente de corrupción seguramente que no fue motivo de análisis por esta universidad canadiense.
¿Qué podríamos esperar de la supuesta comisión reguladora, si se aprobasen? ¿Quién haría las licitaciones internacionales y de a cómo sería la "mochada"? ¿Se cobraría como lo hizo Salinas Raúl, para algunas de las empresas que el Gobierno vendió a particulares, el famoso 10% que en muchos casos todavía en la obra pública se da a quien autoriza o a quien pasa los contratos de la obra pública.
El 22 de diciembre de 1994, en una reunión efectuada en el Senado de la República, a la que asistió la recién nombrada secretaría de Turismo, licenciada Silvia Hernández, señalamos que en el sexenio anterior no se había cumplido con las expectativas fijadas en el ramo turístico, debido a una política de promoción y fomento equivocada. Recomendamos en aquella ocasión una mayor profesionalización de quienes ejercen esta actividad, tanto en el exterior como dentro del país, con mayor imaginación y agresividad, pues encontramos, entre otras cosas, personal poco informado y carente de ética profesional, así como apático, con un profundo desconocimiento de nuestro patrimonio turístico, por lo que sugerimos además una mejor preparación y responsabilidad en los recursos humanos.
Dada la importancia de este sector para la economía nacional, creemos necesario un informe de las actividades que ha realizado la Secretaría de Turismo hasta este momento, ya que ésta fue una de las pocas secretarías que no comparecieron ante el Congreso de la Unión, después del segundo informe presidencial. Además de una revisión total a los programas y política, trazados por la Sectur para este sexenio.
Por ser de primer nivel el cargo que ocupaba en la Secretaría el licenciado Paz Paredes, sería conveniente que la propia titular de esta dependencia informara a las comisiones de Turismo del Senado y de la Cámara de Diputados, qué otros funcionarios además del licenciado Paz Paredes, se encuentran involucrados en este ilícito, qué otras áreas de la dependencia se están auditando; cuál es la afectación real a la Secretaría de Turismo con estos hechos; si se están tomando medidas precautorias o correctivas en la dependencia a su cargo; una auditoría a fondo a Fonatur y por qué decía o señaló en sus declaraciones desconocer los hechos cuando el involucrado es una persona muy cercana de sus confianzas.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Comisión Permanente, me permito presentar a esta soberanía la siguiente propuesta:
Ciudadano Presidente de la mesa directiva:
Los suscritos legisladores de la LVI Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
PROPUESTA
«Unica. Que esta honorable Comisión Permanente inste a las comisiones de Turismo de las cámaras de Diputados y de Senadores, para que inviten a la secretaria de Turismo, a la licenciada Silvia Hernández, para que explique ampliamente los sucesos que se dieron en la Secretaría a su cargo y que salieron a la luz pública con motivo del proceso penal que se inició en contra del ex subsecretario Sigfrido Paz Paredes.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 8 de enero de 1997.
Firmamos los legisladores de Acción Nacional ante la Comisión Permanente.»
Dejo a la Secretaría para su trámite correspondiente.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Turismo de ambas cámaras, para los fines correspondientes.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera se va a dar lectura al orden del día de la proxima sesión
«Primer Receso.- Tercer Año.- Comisión Permanente.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 15 de enero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Tamaulipas.
Oficio de la Secretaría de Gobernación.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar servicios como chofer y gestor en la Embajada del Paraguay en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Consuelo del Río Bullmán, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mariano Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Gómez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Haití en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, para prestar servicios en la Embajada del Perú en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Catalina Berenice Hernández Pavia y María de Lourdes Alfaro Martínez, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Argelia Hernández Márquez, para prestar servicios como secretaria en la Embajada del Paraguay en México.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:20 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero a las 11:00 horas.
| Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| Fertimex | Fertilizantes Mexicanos |
| Fonatur | Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
| ICA | Ingenieros Civiles Asociados |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| ITT | Corporación Internacional de Telégrafos y Teléfonos (por las siglas en inglés) |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Nafinsa | Nacional Financiera, Sociedad Anónima |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Sectur | Secretaría de Turismo |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |