SUMARIO
Comunicación de la diputada Leticia Calzada Gómez, con la que denuncia violaciones a su investidura. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicación del diputado Jaime Rodríguez López. Aprobada.
Comuncicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de ese organismo, con la que informa de actividades desarrolladas por el mismo. De enterado.
Propuesta de la mesa directiva, respecto a la designación del presidente de dicha comisión. Aprobada.
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales, para que los ciudadanos: Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, José Francisco López Ibarra, Vivian Angélica Barroso Soto, Juan Adrián Orta García, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Arturo F. Ayala Covarrubias, Luis Daniel Meza Lizárraga y Amelia Camacho León, puedan prestar sus servicios en la Embajada y en sus consulados generales de Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de ese país. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: Sergio López Esquer, Rodolfo Adán Quinto, José Luis Martínez Castillo, César Juan López Caballero, Jesús Vázquez Escamilla, Alfredo Arellano Raygoza, José Luis Trejo Bonilla, Sergio Panra Estrada, Miguel Basurto Hidalgo y Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
El representante Salvador Muñúzuri Hernández, informa de las actividades desarrolladas por la I Legislatura de ese cuerpo colegiado. De enterado.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mario Rodríguez Téllez y Froylán Sánchez Flores, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas: Catalina Hernández Pavia y María de Lourdes Alfaro Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decretos. Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
Se refieren a problemas fiscales en el municipio de Monterrey de esa entidad los legisladores:
Ricardo Francisco García Cervantes
Carlos Chaurard Arzate
Ricardo Francisco García Cervantes, para rectificar hechos.
Respecto al papel de la Comisión de Concordia y Pacificación en dicha entidad y a las negociaciones para la paz se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Amado Jesús Cruz Malpica
Sami David David
Sobre el proceso que se lleva a cabo en contra del general José Francisco Gallardo Rodríguez, intervienen los legisladores:
Ramón Sosamontes Herreramoro, quien presenta propuesta.
Angel Sergio Guerrero Mier
La propuesta del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, se turna a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Comentan respecto al proceso electoral a desarrollarse en el mes de julio, en esa entidad, los legisladores:
Ramón Sosamontes Herreramoro
Rodolfo Becerril Straffon
Ramón Sosamontes Herreramoro, para rectificar hechos.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, presenta punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios, respecto al problema con trabajadores de limpia del municipio del Centro de esa entidad.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 36 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:07 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 22 de enero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de legisladores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Querétaro y Veracruz y del Consejo de la Judicatura Federal.
Propuesta de la mesa directiva.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Mazatlán, Sinaloa y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Sergio López Esquer, Rodolfo Adán Quinto, José Luis Martínez Castillo, César Juan López Caballero, Jesús Vázquez Escamilla, Alfredo Arellano Raygoza, José Luis Trejo Bonilla, Sergio Parra Estrada, Miguel Basurto Hidalgo y Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mariano Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Gómez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Haití en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, para prestar servicios en la Embajada del Perú en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Catalina Berenice Hernández Pavia y María de Lourdes Alfaro Martínez, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.
Sobre acontecimientos en el Estado de Nuevo León, a cargo del diputado Ricardo Francisco García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre Chiapas, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre elecciones en el Estado de Morelos, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Estado de México, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el caso del general Gallardo, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre Tabasco, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano y senador Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles quince de enero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con veintiún minutos y con una asistencia de treinta y dos legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
La Asamblea, en votación económica, aprueba el punto de acuerdo respectivo a la solicitud de licencia del senador Carlos Sales Gutiérrez y el Presidente declara como propietario en la Comisión Permanente, al también senador Rodolfo Becerril Straffon.
La Secretaría da lectura a una comunicación en la que se proponen diversos actos relacionados con el centésimo aniversario del natalicio del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara y rinde homenaje al escritor, el legislador Israel Soberanis Nogueda. Se turna a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores.
Dos comunicaciones con las que los diputados Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y Raúl Ramírez Chávez, dan por terminadas las licencias que tenían concedidas y se reincorporan al trabajo legislativo. Se turnan a la Cámara de Diputados.
Diversas comunicaciones del Congreso del Estado de Tamaulipas, con la que informa de diversas actividades relacionadas con su legislatura. De enterado.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez y María Elena Castanedo Robles, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República del Ecuador en México;
Adriana Donaji Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Chipre en México y
Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República del Paraguay en México.
Se turnan a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que se remiten las hojas de servicios de diez ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
María del Consuelo Río Bullmán, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México:
Estela Alejandra Rosas Anzures, Mariano Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Gómez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Haití en México:
Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República del Perú en México:
Catalina Berenice Hernández Pavia y María de Lourdes Alfaro Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México:
Argelia Hernández Márquez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República del Paraguay en México.
Para expresar sus comentarios respecto al mensaje del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en relación con el pago de la deuda exterior de México, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Rosendo Villarreal Dávila, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo y Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos.
Presenta un punto de acuerdo sobre los mexicanos que se encuentran en el extranjero, el legislador Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Ignacio González Rebolledo
Sobre el mismo tema, hacen sus comentarios los legisladores Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática y Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Solicita y se concede el uso de la palabra al legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto a la actividad de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas y una declaración política con el punto de vista de su partido al respecto.
Sobre el mismo tema, hablan los legisladores: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Mario Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional y Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el legislador Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al pluralismo político y la tolerancia.
Para solicitar la comparecencia del Procurador General de Justicia de la Nación, a fin de explicar hechos relacionados con el crimen cometido en contra del ciudadano José Francisco Ruiz Massieu, hace uso de la palabra el legislador Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del legislador Rodríguez Lozano; y Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Para referirse a hechos relacionados con el Estado de Nuevo León, se concede el uso de la palabra al legislador Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y a Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
FUERO CONSTITUCIONAL
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
Vengo a denunciar ante esta comisión la vulneración de mis derechos como diputada federal, cometida hoy 15 de enero de 1997: al llegar al estacionamiento de la Cámara de Diputados, el servicio de seguridad me impidió el acceso, además de exigirme identificación, negándome la entrada con mayor insistencia aún después de haberme identificado.
El artículo 61 constitucional otorga a los diputados federales el privilegio del fuero constitucional y, más aún, obliga al Presidente de la Cámara respectiva a velar por el respeto del fuero y por la inviolabilidad del recinto donde los legisladores se reúnen a sesionar.
Las medidas de seguridad extremas que se aplican desde hace tiempo en la Cámara de Diputados, afectaron no sólo mi condición de legisladora sino aún de ciudadana, pues sufrí un atropello en el ejercicio de mis garantías individuales.
No es admisible que a través de un funcionario administrativo, como lo es el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, se imponga en el recinto legislativo un estado de arbitrariedad que afecta las labores legislativas de los diputados federales no pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne esta denuncia a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, con objeto de que se investiguen los ilícitos y se impongan las responsabilidades que correspondan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por impedirme desempeñar mis funciones en el propio Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que constituye un delito, afectando además las garantías individuales en el interior de la Cámara de Diputados.
Atentamente.
Ciudad de México, a 15 de enero de 1997.- Diputada Leticia Calzada Gómez.»
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Ruego a ustedes ser el amable conducto para someter a la respetable consideración del pleno de la Comisión Permanente, mi solicitud de licencia al cargo de diputado federal, en virtud de la honrosa invitación que me ha hecho el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, para ocupar un cargo en la administración pública estatal.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 16 de enero de 1997.- Diputado Jaime Rodríguez López.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Está a discusión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Se concede licencia al diputado Jaime Rodríguez López, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo por el IV distrito federal electoral en el Estado de Michoacán, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo." No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadano secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a ustedes, que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá durante el mes de diciembre del año en curso, habiendo resultado electos los diputados:
Presidente, Andrés Manning Novales y vicepresidente, Roberto Reyes Monzalvo.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, 28 de noviembre de 1996.- Diputados secretarios: Reyes Flores Nolasco y José López García.»
De enterado.
ESTADO DE QUERETARO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo.- Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LI Legislatura constitucional del Estado, hace de su conocimiento que en esta fecha, clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio legal y comunica el nombre de los diputados que han sido elegidos para integrar la diputación permanente, por el lapso de tiempo comprendido entre el 1o. de enero al 30 de abril de 1997:
Presidente: Orlando Ugalde Camacho; vicepresidente: Miguel Calzada Mercado; secretarios: Felipe Urbiola Ledesma, Eligio Arnulfo Moya Vargas y secretario suplente: Eduardo León Chaín.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 31 de diciembre de 1996.- Francisco Javier Perrusquia Nieves, presidente; Manuel Enrique Ovalle Araiza, vicepresidente; secretarios: J. Jesús Ponce Ponce y Sigifredo Soltero Alvidrez.»
De enterado.
ESTADO DE VERACRUZ
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo.- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La honorable LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, se permite comunicar a usted que en sesión celebrada hoy, clausuró su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente a su segundo año de ejercicio legal y de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política local y 59 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, eligió la diputación permanente que fungirá durante el periodo de receso comprendido del 1o. de enero de 1997 al 30 de septiembre del mismo año, quedando integrada la misma por los siguientes diputados:
Propietarios: Pericles Namorado Urrutia, presidente; Uriel Flores Aguayo, vicepresidente; Carlos Rodríguez Moreno, secretario; vocales: Bernardo Téllez Juárez, Rufino Saucedo Márquez, Marcos López Mora, Conrado Arenas Contreras, Irán Suárez Villa, Agustín Basilio de la Vega; suplentes: Edmundo Miranda Feria, Mario Alberto Zepahua Valencia, Juan Alfredo Santes Bautista, Víctor M. López Nassar, Francisco Arano Montero, Oscar A. Herrera Torres, Ismael Carlos Pavón Leal, Juana María Toriz Javier y Roberto del Río Becerra.
Lo que hacemos de su conocimiento, reiterándole nuestras atenciones.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, diciembre 23 de 1996.- José Luis Olvera Carrascosa, oficial mayor.»
De enterado.
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Consejo de la Judicatura Federal.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa Comisión Permanente, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal inició su primer periodo de sesiones, correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, D.F., a 2 de enero de 1997.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro José Vicente Aguinaco Alemán.»
De enterado.
TERCERA COMISION
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Cambios en la integración de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas.
Esta mesa directiva con la intención de darle funcionalidad a las tareas que desempeña la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas, hace la siguiente propuesta:
El senador Rodolfo Becerril Straffon, en virtud de haberse incorporado en la sesión pasada como miembro propietario de esta Comisión Permanente, se integra a la Tercera Comisión de Trabajo, asumiendo la presidencia de la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 1997.- Diputados: Juan José Osorio Palacios, presidente; Ignacio González Rebolledo, vicepresidente.»
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
En votación económica, se pregunta a los señores legisladores si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación. «Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 4 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, secretaria, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México." Lo que hago del conocimiento de ustedes para sus fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 8 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
José Francisco López Ibarra, técnico en refrigeración; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Vivian Angélica Barroso Soto, auxiliar contable; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 14 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Juan Adrián García, asistente comercial; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 19 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, auxiliar de contabilidad; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
En oficio fechado el 17 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Arturo F. Ayala Covarrubias, operador de computadoras; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio de fecha 12 del presente mes, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Luis Daniel Meza Lizarraga, jardinero-intendencia; Consulado de los Estados Unidos de América en Mazatlán, Sinaloa."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para sus fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de noviembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 18 de diciembre último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Amelia Camacho León, secretaria; agencia consular de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para sus fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten las hojas de servicio:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente. "Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Sergio López Esquer (4748882), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado.
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Rodolfo Adán Quinto (488638), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM José Luis Martínez Castillo........ (4749002), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 9 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada M.C. César Juan López Caballero....... (481630), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación les transcribo para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio de fecha 9 de diciembre último, que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada MC Jesús Vázquez Escamilla............... (2270076), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada ITMDEMA Alfredo Arellano Raygoza..... (495065), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado, enviando con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada intendente DEM José Luis Trejo Bonilla (2562775), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de ala PADEMA Sergio Parra Estrada (3861160), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de ala PADEMA Miguel Basurto Hidalgo (4333339), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (5528176), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; se designa para introducir a los legisladores, a los diputados: Jesús Rodríguez y Rodríguez, Armando Gamboa, Sami David, Alejandro González Alcocer y Ramón Sosamontes Tiene la palabra el asambleísta Salvador Muñuzuri Hernández.
El asambleísta Salvador Muñuzuri Hernández:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos:
Por acuerdo de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tengo el honor, junto con el compañero representante Rafael Luviano Delgado, de venir a la más alta tribuna legislativa del país, para informar de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes.
Antes de hacer un balance del trabajo legislativo, debemos recordar que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal nació en 1988, con facultades únicamente reglamentarias y con objeto de dotar al Distrito Federal de un órgano propio de representación y no es sino hasta la III Asamblea de Representantes, es decir, la actual legislatura, que se le otorgan, por acuerdo y por aprobación de este honorable Congreso de la Unión, las facultades legislativas con que hoy cuenta y que permite a los habitantes del Distrito Federal tener un órgano legislativo propio en dicha entidad.
Por primera vez en 150 años, la ciudad de México cuenta con este órgano legislativo y de representación propio, el cual está integrado mediante el voto directo de los capitalinos, abriéndose los espacios democráticos y consolidándose la reforma del Estado con la descentralización de sus funciones, permitiendo, desde 1821, que el Distrito Federal se sume a la autonomía con que contaban ya los 31 estados de la Federación.
El primer período de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo, se inició el 17 de septiembre de 1996, conforme lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habiéndose clausurado el 30 de diciembre próximo pasado. Dentro de este periodo de sesiones ordinarias y conforme lo dispuesto por los artículos 67 fracción XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea de Representantes, a la apertura del primer periodo de sesiones de este tercer año, asistió el jefe del Departamento del Distrito Federal e informó a la Asamblea de Representantes sobre el estado que guarda la administración pública del Distrito Federal.
Posteriormente, los días 24 y 26 de septiembre, así como 1o., 3, 8, 10, 15, 17 y 22 de octubre, comparecieron los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Salud y Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Ecología, Seguridad Pública, Finanzas, Transporte y Vialidad y de gobierno del Departamento del Distrito Federal, ante diversas comisiones de la Asamblea de Representantes, para glosar el informe que rindiera en su oportunidad el jefe del Departamento del Distrito Federal.
Por otra parte, el secretario de finanzas del mismo Departamento del Distrito Federal, compareció ante el pleno de la Asamblea, para presentar y explicar las iniciativas de Ley de Ingresos, así como los proyectos de presupuesto de egresos del propio Distrito Federal.
Dentro de este periodo que damos cuenta, se verificaron 29 sesiones plenarias, en las cuales se aprobaron cinco leyes: la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal; la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal; la Ley de Ingresos del Distrito Federal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el propio Distrito Federal.
Igualmente se aprobó el Presupuesto de Egresos del D.F.
Se reformaron adicionalmente dos leyes, la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y el Código Financiero para el Distrito Federal.
Se aprobaron en lo general los programas parciales de desarrollo urbano y se aprobó una iniciativa de decreto de reformas en materia de adopción al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, que fue remitido a este honorable Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores.
Cobra especial relevancia que por primera vez se aprobara el decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio presupuestal de 1995, facultad que anteriormente correspondía a la honorable Cámara de Diputados.
Por otra parte se convocó a juristas, escuelas de derecho e institutos de investigación, a participar en el primer foro sobre uso de las vías y espacios públicos del Distrito Federal, mismo que fue celebrado el 24 y 25 de octubre de 1996, habiendo asistido 400 personas, entre ponentes y participantes y habiéndose contado con la intervención de destacados especialistas en la materia.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción 18 del estatuto y 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes, asimismo por el Reglamento de la Medalla al Mérito Ciudadano, se integró con un representante de cada partido político, la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciudadano, presea que año con año la Asamblea de Representantes del Distrito Federal otorga a un ciudadano que se ha distinguido por su trabajo en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.
Señor Presidente, señores legisladores:
Estamos dentro de un proceso pre-electoral en el Distrito Federal, en el que todas las fuerzas políticas debemos actuar con respeto, con apego a la legalidad y en aras de que este proceso que será sin duda uno de los más competidos de la historia, sea un proceso ejemplar para la vida política del Distrito Federal.
Muchas gracias.
El Presidente:
Señor representante Salvador Muñuzuri Hernández, a nombre de esta Comisión Permanente me permito felicitar a todos los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, exhortándolos a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía de la capital de la República, retornándoles el saludo afectuoso de esta representación nacional.
Se ruega a la comisión designada, acompañar a la comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal cuando deseen retirarse.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
REPUBLICA DE VENEZUELA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Libertador, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de enero de 1996.- Diputado: Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE HAITI
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mariano Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Gómez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de la República de Haití, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Haití, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Estela Alejandra de Rosas Anzures, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de la República de Haití, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Mariano Rodríguez Téllez, para prestar servicios como empleado de mantenimiento en la Embajada de la República de Haití, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Froylán René Sánchez Gómez, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República de Haití, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1996.- Diputado: Ignacio González Rebolledo, presidente; senador Angel Sergio Mier, secretario; diputados: Carlos Chaurard Arzate, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL PERU
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 28 de noviembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada del Perú, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 18 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada del Perú, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. se concede permiso al ciudadano Filemón Julio Gómez Cervantes, para prestar servicios como conserje-mensajero, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Tomás López Hernández, para prestar servicios como guardián, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Margarita García Nieto, para prestar servicios como auxiliar de limpieza, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Hernández Acosta, para prestar servicios como bibliotecaria, en la Embajada del Perú, en México.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Luis Carrillo Mejía, para prestar servicios como mayordomo, en la Embajada del Perú, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1996.- Diputado: Ignacio González Rebolledo, presidente; senador Angel Sergio Mier, secretario; diputados: Carlos Chaurard Arzate, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA ISLAMICA DE PAQUISTAN
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 5 de diciembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Catalina Berenice Hernández Pavia y María de Lourdes Alfaro Martínez, puedan prestar sus servicios como traductora y empleada de intendencia, en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento:
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Catalina Berenice Hernández Pavia, para prestar servicios como traductora, en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Alfaro Martínez, para prestar servicios como empleada de intendencia, en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1996.- Diputado: Ignacio González Rebolledo, presidente; senador Angel Sergio Mier, secretario; diputados: Carlos Chaurard Arzate, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Aprobados, señor Presidente.
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales respectivos.
ESTADO DE NUEVO LEON
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo Francisco García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los acontecimientos en el Estado de Nuevo León.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Más que para referirme genéricamente a acontecimientos en el Estado de Nuevo León, quiero referirme a la intervención última de la sesión pasada de esta Comisión Permanente, en la que un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional hizo referencia en esta tribuna a lo que él llamó "un corrido muy mentado", y que se refirió, según él, a "Chucho el roto", al que llamó "Chucho el rata".
El contenido de esa intervención del señor diputado del PRI se refería a la aplicación de recursos de programas de obras del Fondo de Solidaridad Municipal contenido en el convenio de desarrollo social, celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con la asignación de recursos para el Fondo Municipal de Solidaridad.
Me parece que la primera reflexión obligada es en relación al tono, a las pretensiones, al nivel del debate y a la utilización de esta tribuna para contar "corridos muy mentados" y para hablar de la actualización de "Chucho el roto", a quien el diputado le llamó "Chucho el rata".
Nos estamos refiriendo a un asunto importante, delicado, de dimensión no sólo municipal en el municipio de Monterrey, sino de una verdadera necesidad de normatividad, de claridad, digamos en una sola palabra, de un auténtico federalismo en nuestro país.
El tema de la asignación de fondos municipales y de la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la satisfacción de necesidades básicas de la población, es un tema que no puede, bajo ningún concepto en esta tribuna, respetando la tribuna y respetándose a sí mismo y respetando el tema mismo que es de una trascendencia fundamental, porque son recursos que están orientados a satisfacer necesidades de los más necesitados, a satisfacer rezagos históricos de nuestro país, a satisfacer una sana relación entre los gobernados y los gobernantes.
No puede, bajo ningún concepto, soslayarse la pretensión de hacer de estos temas escarnio, materia de clientelismo electoral, que sería legítimo el que todo el quehacer político, de los políticos, de los gobernantes, estuviera orientado, sí, por la convicción de que ofrecen la mejor alternativa para los electores, pero no basado en la descalificación fácil, muchísimo menos en la aseveración deshonesta de hechos falsos.
Si la política, tanto en la gestión de pretensión del poder público, como en el ejercicio del poder público, no se basa en la verdad y en la honestidad, entonces la política ha quedado desvirtuada y la política no es fuente de solución, no es atractivo para la construcción de esperanzas y expectativas positivas de los ciudadanos.
Y no es entonces un corrido muy mentado porque se trate de Jesús Hinojosa, a quien han llamado en esta tribuna "Chucho el rata". Es claro que esos términos, es claro que esa pretensión está absolutamente alejada de una honesta pretensión de plantear un tema de interés y de trascendencia, si es de esta tribuna debe de ser de trascendencia nacional.
Si ustedes me permiten, analizaré en seguida el contenido de su intervención y particularmente el tema de su intervención.
Ciertamente se ha suscitado una serie de demandas de información, de aclaración, de puntualización sobre criterios fundamentales que regulan la coparticipación de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, en la asignación de recursos y en la operación y aplicación de obras públicas.
Particularmente es sensible en el caso de la atención de necesidades de los más necesitados, de los más pobres y marginados de nuestro país.
Recuerden ustedes que los criterios de asignación de estos recursos tienen que ver y toman en cuenta el nivel de marginación, de pobreza, de imposibilidad de acceder a satisfactores básicos de un gran sector de nuestra población.
Precisamente en este debate, sobre la normatividad en la aplicación de estos recursos, hay, a últimas fechas, una serie de solicitudes de aclaración. Por ejemplo, una que dirige el propio Jesús Hinojosa, presidente municipal de Monterrey, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que aclare cómo puede ser la participación de los estados, municipios y beneficiarios en los programas de obras del Fondo de Solidaridad Municipal.
Y a diferencia del diputado que tuvo intervención en la sesión anterior, cada uno de mis aciertos o de mis dichos los dejaré perfectamente convalidados con un documento referente a mis afirmaciones y al final pediré al señor Presidente que me autorice, mediante la certificación de recepción de todos los documentos, no sólo los que haga referencia, si no todos los documentos que a mi juicio son pertinentes para un análisis serio y profundo de este tema.
Por ahora me refiero al oficio ALC18/97, dirigido por la presidencia municipal de Monterrey a la Secretaría de Desarrollo Social, en la que solicita y leo exactamente:
"Por medio de la presente me permito distraer su atención para recordarle que en la junta previa a la reunión del Coplade, efectuada en el Palacio de Gobierno el pasado sábado 11 del presente mes y en la cual usted nos informó verbalmente la cantidad que corresponderá al municipio de Monterrey como techo financiero de los recursos del programa de superación de la pobreza, ramo 26, para el año de 1997, así como también de que en esta ocasión la estructura financiera podrá ser sin la participación del municipio y los vecinos.
Agradecería que estos comentarios los confirmara a la brevedad posible vía oficio, para así preparar de inmediato la papelería con las obras aprobadas por el consejo y presentarla antes del día 30 de enero del presente año para su aprobación.
Sin más por el momento y contando con su apoyo y el de la Secretaría que tan dignamente usted dirige, me es grato despedirme con un cordial saludo." Va dirigido este oficio al licenciado Felipe Enríquez Hernández, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado de Nuevo León y la respuesta que se suscita de inmediato, nos deja ver, según el oficio número SDS020/97 que dice:
Por medio de la presente nos permitimos enviarle un afectuoso saludo e informarle que con base en la reunión con los 51 presidentes municipales que se llevó a cabo en el salón "Benito Juárez" del Palacio de Gobierno el día 11 de enero con el gobernador sustituto, licenciado Benjamín Clariond Reyes Retana, los recursos federales del Fondo de Desarrollo Social Municipal para 1997 serán superiores en un 60.8% a los asignados en 1996, tal y como se muestra. "La estructura financiera corresponde a la inversión antes mencionada conforme a: origen de la aportación. Federación: 95%; Estado: 5%; municipio, opcional. La estructura financiera será: de la Federación, del Estado, municipio y beneficiarios, de acuerdo al manual único de operaciones para programas de agua potable, alcantarillado, infraestructura educativa, infraestructura agropecuaria, con una participación de los beneficiarios del 20% o del 5% bajo previa solicitud al Coplade para negociación".
Estos oficios que entregaré y que estarán a su disposición y que están referenciados puntualmente, nos dejan ver cuál es el criterio actual, aún imperante y a dónde nos remite la propia Secretaría de Desarrollo Social para determinar la normatividad que rige la aplicación de estos recursos y su estructura financiera. Aún ahora para 1997 está planteado que la estructura financiera de estas obras tenga una derrama hacia los beneficiarios del 20% o sujeta a negociación de hasta el 5%.
Si ustedes me permiten, también como elemento de criterio para el análisis, me permitiría citar al propio Carlos Rojas Gutiérrez, cuál es su concepción, cuál es el criterio que seguramente ha sido influyente en el diseño de todos estos programas, toda vez que es el criterio del Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social el que necesariamente preña, impregna de su sentido, de su convicción, a los programas de solidaridad que él dirige. La siguiente cita la tomo de la obra "Administración Pública Contemporánea en México", segunda edición, de la Secretaría de la Contraloría de la Federación y el Fondo de Cultura Económica, México, 1994, páginas 258 a 267.
Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social, manifestó que:
"En México logramos superar las medidas paternalistas y estatizantes que inhibían la participación y el esfuerzo de la sociedad". También: "El Gobierno Federal define las políticas y estrategias y asigna los recursos que se conciertan con los gobiernos estatales en el convenio de desarrollo social; a las comunidades y gobiernos locales les toca definir la obra, su ubicación, costo y tiempos de ejecución. Se integró así un esquema de trabajo que vincula al aparato institucional de los tres niveles de gobierno con los grupos sociales más pobres".
Y para no abundar en esas páginas que he referido, viene el criterio, la filosofía que sustenta Carlos Rojas para el desarrollo de estos programas.
Si tenemos ahora claro cuáles son los criterios de la Sedesol y la propia referencia del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, de cuál es la base normativa para la aplicación de estos recursos, permítanme ahora pasar a lo que él refiere que es la normatividad y que se trata de un documento difundido en todos los municipios del país y que obliga como manual único de operación del ramo 26 "Solidaridad y Desarrollo Regional". Hay un apartado puntual en relación al Fondo de Solidaridad Municipal, lineamientos de operación.
Con toda claridad ésta que es la normatividad existente, el manual único de operación y más que para el caso señalado por el diputado del PRI del corrido tan mentado, ésta era la única normatividad aplicable. Esté es el manual único de operación, al que también se refieren tanto en las actas de la contraloría del Estado de Nuevo León, como se refieren a las actas y actuaciones del propio cabildo y al que se refiere el convenio único de desarrollo social, el convenio de desarrollo social signado entre el Ejecutivo Federal y el ejecutivo estatal.
En este manual único de operación en lo relativo a los fondos de solidaridad municipal en el punto ocho reza lo siguiente: "...y recordemos que es la normatividad a la que hace referencia tanto la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, como a la que hace referencia evidentemente la Secretaría de Desarrollo Social Federal".
Para proyectos mayores de 25 mil nuevos pesos no podrá cancelar ni transferir recursos entre proyectos y/o acciones. Ello sería factible sólo por excepción y en casos previamente justificados ante la delegación de la Sedesol y aprobado por ésta, siendo la única instancia facultada, la delegación de la Sedesol, para aprobar dichos cambios previa solicitud y anuencia del comité respectivo. De tales cambios se informará paralelamente al gobierno del estado.
Esto quiere decir que la variación en cualquier consideración sobre proyectos, asignaciones, es sólo facultad de la delegación de la Sedesol y sólo se hace por excepción previo acuerdo e informando paralelamente al gobierno estatal.
En todo el manual único de operación no aparece un concepto que me parece que hay que definirlo, pero no combatirlo; es el concepto de la federalización de obras de los programas de desarrollo municipal.
Quiero aclarar: hay que definirlo y no lo estoy combatiendo. Federalización en este concepto se refiere a que asume la Federación las características, las condiciones, las circunstancias por las que atraviesan los gobiernos estatales, municipales y aun los beneficiarios de las obras y asume en su integridad el costo de las mismas. Pero estos procesos de la llamada federalización significa subrogar la aportación estatal, federal y la derrama de los beneficiarios a la esfera federal. Pero esto sólo puede darse por la anuencia, por el oficio, por la autorización de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y se da en el marco de la negociación del convenio de desarrollo.
Insisto que no se puede combatir este concepto porque si la gran tajada del león de los recursos fiscales la administra la Federación y deja en condiciones de insolvencia e insuficiencia a los municipios y a los estados y la crisis económica que agobia a todos los mexicanos, seguramente golpea con mayor fuerza a los más pobres, es evidente que es un mecanismo de apoyo solidario, no con conceptos subsidiarios, de entregar los recursos suficientes a estas instancias de gobierno, pero por lo menos en este concepto de combate a la pobreza, yo entendería que esté bien que se identifiquen las necesidades y las incapacidades del Estado, del municipio y de los mexicanos más pobres, beneficiarios de estos programas. Pero que sea general o que esté normado y que no sea discrecional ni muchísimo menos extemporáneo.
Si me permiten ustedes pasar ahora, después de estos conceptos, a narrar simplemente y a justificar cada una de mis palabras, insisto, con documentación, cómo se propició este problema que ahora le ha dado derecho, según él, al diputado del PRI al pasar a esta tribuna a calificar a Jesús Hinojosa como "Chucho el rata", porque les roba dinero a los pobres, para que se mueran de hambre, como él dijo en la tribuna. ¡No! Es muy sencillo. Esto tiene una clara explicación que nos debiera preocupar a todos para tratar de corregirla en el futuro.
Miren ustedes: a los gobiernos municipales se les notifican sus techos financieros sobre estos programas, a finales del ejercicio de cada año. Lo más importante es que aparecen en el presupuesto de egresos, cantidades puntuales que se destinarán al ramo 26 como fondos municipales.
El proceso para la autorización, aprobación de obras y su estructura financiera, en el caso que nos ocupa, de los lineamientos generales para 1995, que es el caso al que se refirió, arrancaron en el mes de abril al presentar solicitud y propuesta al consejo de desarrollo municipal.
En el mes de mayo la revisión y autorización de la Sedesol estatal y del Coplade. Durante mayo y junio también se dieron los oficios de aprobación de la Sedesol federal y la integración de los comités de Solidaridad. En el mes de junio se licitaron las obras.
En el mes de julio se ejecutó la obra física y financiera, la documentación. Es decir, se documentó la estructura financiera conforme a los lineamientos básicos contenidos en el manual único de operación.
Quedó entonces ahí, en septiembre, perfectamente entregada o documentada la mayoría de esta obra y la entrega de recepción de la obra empezó a generarse en septiembre con los vecinos y en ese mes iniciaron los pagos conforme a la estructura financiera que la normatividad a la que me he referido y que todavía sostiene la Secretaría de Desarrollo Social, es de una estructura financiera con participación de la Federación, del Estado, los municipios y los beneficiarios y sólo en casos de excepción y previo acuerdo, la Sedesol es la única que puede variar estos componentes.
Sin embargo, en el mes de septiembre llega una nueva aprobación presupuestal de la Sedesol que varía estos criterios y que se incorpora este instrumento para facilitar la ejecución de estas obras llamada "federalización", que significa que corre a cargo de la Federación la aportación íntegra de los fondos de una obra; obra ejecutada, documentada y en muchos casos, aun entregada.
A lo que se refirió el diputado, a las 33 obras, que no son todas las que contiene el programa, se les aplicó este criterio y mediante los oficios de la nueva aprobación presupuestal, que insisto, se da en noviembre de 1995.
Tengo aquí los oficios en los que se notifican los montos para el Fondo de Solidaridad Municipal para cada una de las obras y los montos corresponden estrictamente a toda la documentación y a los planteamientos de aprobación que se habían obtenido desde el mes de mayo de 1995. Sólo que en el anexo, que es un cuadro en donde viene estructurada, es decir, la estructura financiera, aparece que la contribución estatal será cero, la municipal cero y la de participantes cero.
Estos oficios se... Aquí el que tengo está recibido el 14 de febrero de 1996, hay otros que están recibidos en otras fechas. Pero bueno, son 33. ¿A qué me quiero referir cuando confronto un oficio que plantea una nueva estructura, una nueva estructura financiera para estas obras, distinta a la que había sido presentada para la aprobación y a la que se refiere el manual único de operación, y no sólo eso, sino a la que aún sostiene la Secretaría de Desarrollo Social? ¡Sólo que existe este concepto de federalización, en donde se subroga la Federación la aportación íntegra de estas obras:
Si todos estos elementos que generan cronológicamente las dificultades de saber desde el principio para documentar, para legitimar la aplicación de recursos con base en la normatividad existente; si esta cronología, estos tiempos, donde ya una vez desarrollada, documentada y hasta entregada la obra viene un concepto de federalización no definido en la normatividad, no generalizado a toda la obra municipal de Solidaridad destinada al combate a la pobreza, sino discrecionalmente conforme a negociaciones, ¿de dónde viene el derecho del diputado de usar esta tribuna para venir a plantear un tema, como se ha visto, complejo pero importante, a convertirlo en un corrido muy mentado y referirse a "Chucho el rata" y "Chucho el roto"? ¿De dónde si hay hoy una grave problemática aun en el Estado de Nuevo León, pero puedo generalizar y decir que en la mayoría de los estados del país se dan estas circunstancias.
Pero nada más para ejemplo: van a volver a suceder problemas para 1996 y les voy a explicar que no serán producto ni de corridos muy mentados ni tampoco de la calentura electoral de alguien que use esta tribuna simplemente para denostar y para insultar.
Porque en Monterrey, por ejemplo, el convenio de desarrollo social para 1996 se celebró en Monterrey, Nuevo León, a los 4 días del mes de julio de 1996, con la presencia del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor; del secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz; de Carlos Rojas Gutiérrez y de Arsenio Farell Cubillas y, por la parte estatal por Benjamín Clariond Reyes Retana; por el secretario de gobierno, Juan Francisco Rivera Bedoya; por el secretario de finanzas, Javier Doria González; por Felipe Enríquez Hernández y por el secretario de la Contraloría General del Estado, Oscar Adame Garza.
Se celebró el día 24... se publicó el día 22 de noviembre... el día 24 de julio y se publicó en el periódico oficial el 22 de noviembre. Y todavía peor: en su 54 cláusula dice: ¡Este convenio surte sus efectos para el presente ejercicio fiscal a partir del día 1o. de enero de 1996. ¡Este convenio surte efectos a partir del 1o. de enero de 1996! ¡Pero se celebra el 4 de julio de 1996 y se publica el 22 de noviembre de 1996:
Pues, ¿cómo puede saber la autoridad, cómo puede saber la autoridad lo que se va a hacer en noviembre, por efectos de lo que se hace en julio y con aplicación retroactiva a enero.
Estos problemas de tener que concertar, de tener que convocar y doblegar a las autoridades estatales y municipales en una clara injerencia federal, para luego federalizar, es decir, subrogar la responsabilidad de esto. Se puede hacer desde enero, se puede hacer desde que el presupuesto es atribuido a los municipios ¡El ramo 26 son recursos que van a los municipios! ¡Pero esos recursos luego son sometidos tortuosamente a estos calendarios:
En julio se celebra el convenio único de desarrollo, en noviembre se publica y luego se pide que se ejerza desde enero anterior. Estas son las dificultades que seguramente darían mayor preocupación a los legisladores que quieren construir una normatividad clara y las bases de un auténtico federalismo en nuestro país.
Yo creo, y podría continuar pero no quiero abusar, ...no, no quiero, le parece que lo estoy haciendo y precisamente por eso hago esta aclaración, no quiero abusar. Pero quiero decir que todo lo que he dicho yo lo puedo documentar y quiero pedirle al diputado que hizo su intervención la sesión anterior y que soy yo personalmente el que lo hace, porque hace alusión personal en su intervención diciendo que me toma la palabra y que quiere aceptar la disposición que tiene Acción Nacional para que sean las autoridades las que diriman los conflictos dentro de un estado de derecho y dentro de una vigencia institucional que debiéramos todos desear y cuidar.
Quiero decirle que estos documentos si le sirven se los puedo proporcionar, pero a fin de cuentas están ahora siendo conocidos por la Suprema Corte de Justicia, que es quien finalmente puede decir el derecho y que es quien institucionalmente puede dar o no la razón para establecer si estos conflictos, si estos problemas, si estos desfasamientos en los tiempos y en la normatividad pueden o no ser corregidos y donde exista responsabilidad, de quien la exista, que sea la autoridad competente pero no el asesor jurídico del PRI en consulta como abogado el que luego en funciones de contralor, haga valer sus argumentos más bien políticos que técnicos y que jurídicos.
Yo les agradezco su atención y estoy dispuesto a entregar cualquier documentación.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Carlos Chaurard Arzate.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
Con su venia, señor Presidente:
Al estar escuchando los comentarios del señor diputado García Cervantes, somos coincidentes en una serie de precisiones que aquí se hicieron en la tribuna. Pero también nosotros quisiéramos tener la posibilidad de hacer otras precisiones.
Por lo que respecta al federalismo, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a la plataforma política de nuestro partido, guarda una especial importancia con respecto al tema del federalismo y ha sido precisamente el Gobierno del presidente Zedillo el que ha impulsado ese federalismo a través del incremento presupuestal, precisamente en el ramo 26.
Yo preguntaría que si Acción Nacional está de acuerdo en un federalismo y en fortalecer a los estados, que no es tener un Gobierno Federal débil para tener gobiernos estatales fuertes, sino tener Gobierno Federal fuerte y gobiernos estatales fuertes, ¿por qué votó en contra de la aprobación del incremento al ramo 26?
Indudablemente que el caso de excepción que aquí el diputado Cruz Acevedo vino a comentar en esta tribuna en ejercicio de su derecho como diputado, sucedió por razones extraordinarias y de crisis. Lo que sucede es que el manual de operación no le da facultades a los presidentes municipales o a los alcaldes para que manejen el dinero libremente y mucho menos les da facultades para que lo cobren.
Aquí entrego a la Secretaría los documentos en los que el diputado Cruz Acevedo fundó sus aseveraciones con respecto a esos cobros indebidos con un videocasete donde el propio presidente, alcalde de Monterrey, reconoce haber hecho esos cobros indebidos y que ése es el tema principal de la aseveración del diputado Cruz Acevedo.
Efectivamente el municipio a través del alcalde ha planteado una controversia constitucional pero independientemente de que será la Suprema Corte de Justicia la que resuelva, debemos de preguntarnos si no es únicamente un instrumento para tratar de detener otro tipo de auditorías que definitivamente por el Convenio de Desarrollo Social la Secretaría de Desarrollo Social puede hacer, en el caso concreto en el Estado de Nuevo León o en otros casos similares.
Lo que aquí no se dijo, es que según consta en un documento de presidencia municipal dirigido a Oscar Adame Garza, secretario de la Contraloría General del Estado de Nuevo León, y leo un párrafo del mismo: "como consecuencia de la irregular situación financiera por la que atravesó el gobierno del Estado de Nuevo León durante 1995, esta instancia solicitó al Gobierno Federal que este último se hiciera cargo de la parte correspondiente a su participación en dicho programa, lográndose la federalización de 33 obras, situación de la que fue enterado el municipio, a partir de la segunda quincena de noviembre de 1995."
Y la pregunta sería ¿por qué siguieron cobrando esos documentos si ya estaban enterados? y fundamentalmente ¿por qué se esperaron 12 meses al cobro de esos documentos?
En un oficio girado al propio presidente municipal, el gobierno del Estado de Nuevo León concretamente suscrito por el Secretario de la Contraloría General del Estado, se solicita que una vez detectada esta irregularidad, sea el propio ayuntamiento, en estricto cumplimiento de los presupuestos legales que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León establece, el que determine las sanciones a aplicar a los funcionarios que hayan incurrido en las irregularidades correspondientes.
Y el ayuntamiento, obviamente con mayoría del PAN, en lugar de haber hecho la aplicación estricta de la ley, únicamente amonesta al presidente municipal y la pregunta también va en el sentido de que si ese dinero ingresó a la tesorería municipal, necesita una justificación de la salida presupuestal de ese dinero y lo que es más, la Ley en el Estado de Nuevo León requiere que para el cobro a los vecinos en las obras de participación exista la autorización del ayuntamiento a efecto de no dejar una plena facultad discrecional a la administración pública para que eso se someta...
El Presidente:
Se ruega a todos los señores legisladores y al público en general, ponga atención de lo que está hablando el orador.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
En conclusión yo diría que no se aplicó la ley en el caso concreto del alcalde de Monterrey, Nuevo León; que la omisión en la aplicación de la ley debe de ser definitivamente vigilada por toda la ciudadanía y que requerimos, como aquí se ha repetido en varias ocasiones aun por Acción Nacional, que nos sujetemos a los principios de legalidad en todos los órdenes tanto autoridades como ciudadanos.
Para la debida consulta, entrego a la Secretaría el material en que se fundan las aseveraciones.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente:
Para responder puntualmente a una pregunta y para hacer algunos comentarios sobre lo que dijo el señor senador en la tribuna.
¿Por qué votó el Partido Acción Nacional en contra del ramo 26? Por dos razones muy sencillas. La primera, porque no recogió el compromiso presidencial de ir avanzando hacia una nueva estructura de reparto de recursos fiscales para fortalecer a los estados y a los municipios; porque a pesar de que en montos pueda representar un incremento, la verdad es que siguen siendo definitivamente, y en los hechos queda demostrado, insuficientes las partidas que se asignan presupuestalmente a los estados y municipios del país. Sigue siendo, como ha quedado claro, de una aplicación discrecional que atenta contra la institucionalidad y contra la estructura constitucional del ejercicio del poder público.
A nuestro juicio, si son fondos que se destinan a los municipios, no deben quedar luego sujetos a criterios variantes discrecionales y aun parciales de la Secretaría de Desarrollo Social y le pongo como ejemplo lo que usted mismo señala. Señala un oficio en donde el gobierno del Estado hace gestión para que la Federación absorba la parte que le corresponde por su imposibilidad de aportar.
Pero ¿por qué no es así en todos los casos? ¿Por qué de un universo por ejemplo de 10 mil 200 beneficiarios de las obras de solidaridad municipal sólo se beneficia a 2 mil y tantos? ¿Con qué criterio? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Con qué bases dentro de la normatividad? ¿Por qué siguió cobrando y por que cobró lo indebido? No señor. Usted bien sabe, usted bien sabe que el origen de ese cobro era la estructura financiera aprobada cuando se aprobaron las obras y que varió la condición, ciertamente varió la condición cuando llegó el reconocimiento de la erogación total por parte de la Federación, pero la obra estaba hecha y la obra estaba documentada y los trámites administrativos de recuperación son obligatorios para la autoridad; no hay cancelaciones, no puede haberlas de motu proprio ni de forma graciosa; se requiere de una justificación normativa legal, la autoridad no sólo puede actuar en los términos que la normatividad que rige su gestión lo establece, no puede ser discrecional.
Y le he planteado con toda puntualidad y a mi juicio con claridad, el problema del desfasamiento en los tiempos de las decisiones. Está claro que conflictos como éste se generan por el desorden administrativo que se propicia con la intromisión inoportuna de las gestiones que se realizan desde el centro en un centralismo, en un presidencialismo que sigue siendo exacerbado y que se pretende perpetuar.
Yo le diría que es de valorarse y que debiera reflexionar sobre los comportamientos distintos cuando se ejerce el gobierno por las diferentes, con diferentes orígenes partidistas. ¿A quién le puede causar sorpresa que un ayuntamiento, que un cabildo, delibere y tome decisiones por mayoría si ésa es su función colegiada? Que reconozca y analice los problemas y, en lo que usted se refiere de la amonestación al presidente municipal ni siquiera fue una sanción impuesta de manera exclusiva por los miembros del cabildo que tienen su origen en el Partido Acción Nacional.
Hubo también quienes apreciando esta consideración ahora, han forzado a que el presidente municipal, con el carácter representativo que tiene en el pueblo de Monterrey, inicie gestiones para que toda la obra municipal sea sujeta de esta llamada, entre comillas, federalización, no normada, discrecional, caprichosa, para que toda la obra entonces sea bajo este concepto de federalización y se derrame el beneficio a la totalidad de los beneficiarios o destinatarios de las obras municipales.
Me parece que es claro, está en el ánimo, en la estrategia, en las pretensiones de su partido, el hacer escarnio, calumnia, acusación fácil, para efectos de demostrar a la ciudadanía que ahora están en pie de lucha, que se han puesto la camiseta, que no van a dejar pasar una, que son todos iguales o peores que ustedes. A mí me parece que finalmente en todo caso usted y yo y todos tendremos que someternos al juicio de los neoloneses en sus elecciones y de los mexicanos en las elecciones del próximo julio.
Esto en cuanto a la pretensión electoral se sabrá exactamente qué proponen, cómo actúan y qué hacen y que sean las autoridades, eso se lo vuelvo a repetir, las que hagan seria, institucionalmente y con apego a los principios de derecho, lo que corresponda.
Estamos absolutamente a su disposición para demostrar que no hubo cobro indebido porque tenía como origen una autorización y una estructura financiera que luego varió y, si hubo errores, se reconocieron y se enmendaron, se están enmendando, se devolvió el dinero.
Esto quiero verlo cómo ustedes asumen sus propios errores y cómo enmiendan también sus errores; no será con la diatriba ni será con la acusación fácil como se haga.
Muchas gracias.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, sobre un asunto de Chiapas.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente, con su permiso:
"Nuestra guerra es la paz y el trabajo social en las comunidades". Con estas palabras describió la labor del Ejército en Chiapas el general de brigada Armando Soto Correa, al ser inquirido por la prensa. Sin embargo, lo que las comunidades indígenas de la zona reclaman, es paz con justicia social.
Paz para que vuelva la tranquilidad a sus poblados y municipios; paz para reintegrarse a la vida productiva, para que los desplazados regresen, para que los niños retornen a la escuela y el Ejército se retire a los cuarteles; paz para que la división y el encono entre los sectores de la sociedad chiapaneca, se disuelva en un ambiente de tolerancia y respeto; paz para que desaparezcan las guardias blancas, el clima de impunidad, la violación a las garantías individuales y se restablezca el estado de derecho.
Paz para liberar a los presos políticos y propiciar un clima de equidad y justicia en la aplicación del derecho en los perseguidos por la ley; paz para que quienes empuñaron las armas el 1o. de enero de 1994, se reintegren a la vida política, con la seguridad de que sus demandas serán satisfechas y sus vidas respetadas.
Justicia social para que nunca más se presenten las condiciones materiales y políticas que exacerban el malestar y para evitar que por la vía armada los pueblos indios reclamen los derechos constitucionales al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la vivienda digna.
Justicia social para que los pueblos indios se integren plenamente al país, conservando sus peculiaridades e identidad, para que se ponga fin a toda discriminación social, económica y política, para que satisfagan sus necesidades básicas de tierra y territorios.
Justicia social para erradicar la pobreza y la extrema pobreza en uno de los estados de la República con más altos grados de marginalidad e iniquidad, para evitar la muerte por desnutrición infantil y causa de enfermedades curables.
Justicia social para que se respeten las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y se legisle en consecuencia.
Justicia social para acabar con la discriminación a los indígenas.
Esto y no otra cosa esperan los indígenas. Lamentablemente a tres años de haberse iniciado el conflicto se vive una nueva crisis que amenaza con alejar más el anhelo de paz digna, con justicia social, propiciada por el endurecimiento del Ejecutivo, cuyos fines son poco claros.
Como lo ha denunciado en diversas ocasiones el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de la diputada Adriana Luna Parra, la falta de acuerdo ha provocado sufrimiento y dolor a los habitantes de la región en conflicto, terrorismo paramilitar, restricción al libre tránsito, amenazas, intimidación y asesinatos que han quedado sin castigo.
Así, como producto de los homicidios, a la fecha existen 238 niños y niñas indígenas en desamparo total, quienes al morir sus padres quedaron sin sostén ni seguro o sobrevivencia de ningún tipo.
El alargamiento del conflicto ha prolongado no sólo la zozobra de la población de las regiones zapatistas, sino el deterioro de sus condiciones de vida, ya de por sí pauperizadas. Por ello urge propiciar una solución que respetando los acuerdos de San Andrés, encauce el conflicto hacia una salida inmediata.
El Poder Legislativo, a través de la Cocopa debe jugar un papel decisivo ahora, en virtud de que la posición del Ejecutivo Federal ha llevado a una situación que parece insalvable.
Como lo señalamos en la pasada sesión de la Comisión Permanente, el proyecto de reformas constitucionales presentado a las partes por la Cocopa, debe ser la base del convenio, en virtud de que se apega a lo acordado en San Andrés, concita a la simpatía del EZLN y facilita un acuerdo definitivo, generando confianza y certidumbre.
Las objeciones legales hechas hasta el momento al documento de la Cocopa, de acuerdo a los expertos consultados por el PRD carecen de fundamento y son un pretexto para retroceder en lo ya pactado. Es el caso del disfrute a los recursos naturales, la práctica de sistemas normativos y el reconocimiento a la comunidad como entidad de interés público, así como el reconocimiento a la libre determinación.
Es inexacto, como sostiene el Ejecutivo al defender su contrapropuesta, que mediante una reforma constitucional como la presentada por la Cocopa, se pretenda desintegrar la vida política y jurídica del Estado y establecer estados dentro del Estado.
Al respecto, vale recordar que la Suprema Corte también ha establecido que todas las normas constitucionales tienen la misma jerarquía y no pueden declararse inconstitucionales.
En cuanto a la autonomía, ésta se concibe en la propuesta de la Cocopa como una garantía constitucional que le permita a los pueblos indígenas el ejercicio de una serie de derechos que aseguren la promoción y el desarrollo de sus culturas. Es, en síntesis, la consagración del derecho a la diferencia dentro del Estado mexicano.
Para el grupo del PRD no hay razón para esperar más. La Cocopa debe presentar, ya, su proyecto de reformas constitucionales en materia de derechos y de cultura indígenas al Congreso de la Unión, y éste, honrando la tarea que les encomendó, discutirlo y aprobarlo en un periodo de sesiones extraordinarias. Como toda iniciativa, tendrá que ser analizada y discutida por los legisladores; como todo proyecto que se somete a un dictamen serio, debe recoger la opinión de los interesados, los expertos y la sociedad, para perfeccionarlos respetando su esencia.
A iniciar este ejercicio convocará el PRD.
El día de hoy aparecen publicadas las declaraciones del diputado José Narro Céspedes, vocero en turno de la Cocopa, quien informa que este órgano legislativo consultará a las partes si continúa desempeñando las tareas de coadyuvancia que el Congreso de la Unión le encomendó.
Al respecto, es preciso significar a la Cocopa desde esta alta tribuna, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya dio su aval al asumir plenamente su propuesta de reformas constitucionales; que la Comisión Permanente también le dio un respaldo unánime al pronunciarse en favor de su importante labor de coadyuvancia; que la sociedad ve con enorme simpatía su desempeño histórico en el conflicto chiapaneco. Sólo un actor decisivo no ha dado muestras de confianza y respaldo a la Cocopa, en todo caso a él va dirigido el mensaje. Nos referimos al Poder Ejecutivo Federal.
Para el PRD no basta con que el día de mañana el vocero de la Presidencia declare que el Ejecutivo respalda las tareas de la Cocopa, sólo una acción mostrará que la representación gubernamental está dispuesta a darle una salida inmediata al emplazamiento de la Cocopa; sólo retirando la contrapropuesta volverán las aguas a su cauce.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador Sami David, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Sami David David:
Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La intervención del diputado Cruz Malpica se inscribe, como lo fue inclusive en la pasada sesión de la Comisión Permanente, en la común preocupación que las diversas políticas integrantes de esta comisión han manifestado por diferentes medios para que a partir de apoyar a la Comisión de Concordia y Pacificación, a la Cocopa, de ratificarle nuestra confianza y fortaleza, de reconocerle a cada uno de sus integrantes la valía en el esfuerzo de negociación y de coadyuvancia, pueda encontrar los mecanismos para destrabar el estado actual en que se encuentra la negociación del conflicto chiapaneco y poder avanzar en cuestiones sustanciales.
En la pasada sesión de la Permanente el Partido Acción Nacional, con gran firmeza y decisión; el Partido del Trabajo, sumaron su voz a la del Partido de la Revolución Democrática, y también el Partido Revolucionario Institucional hizo lo mismo, de realizar las siguientes precisiones.
Creo que estamos en el umbral de reflejar en nuestro texto constitucional y en nuestras leyes secundarias, la nueva relación de las comunidades indígenas con el Estado, con la sociedad. Ha quedado, ha quedado a todas luces claro y preciso que todos los actores integrantes del proceso nacional para encontrar una nueva relación de comunidades indígenas del Estado, han expresado de que ésta será, dentro de los cauces de la reforma del Estado, una de las reformas trascendentes hacia el fin de siglo mexicano.
Creo, con toda decisión, que el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Zedillo, las fuerzas políticas del país y, en fin, la sociedad en lo general, han manifestado que a través de esta nueva relación de comunidades indígenas y el Estado, se manifieste la importancia para la construcción de una paz justa y digna en mi tierra natal, en el Estado de Chiapas.
Podremos tener muchas diferencias, pero la puesta por la vía pacífica ha sido el común denominador que nos ha hecho coincidir frente a este problema, que es un problema vigente y permanente.
Sabemos muy bien que la vía para alcanzar ésta y otras reformas, como así lo manda la Ley para el Diálogo y la Pacificación en Chiapas, es el respetar el estricto apego al estado de derecho, la negociación, la búsqueda de consensos para que el ejercicio legislativo tenga un interés de carácter general, trascendente e histórico y no atienda a visiones unilaterales, a visiones parciales o actitudes de iluminados o particulares.
Sentimos, y es de justicia decirlo, que a partir de tres años de iniciado el conflicto en Chiapas, éste nos ha dejado a los mexicanos muchas enseñanzas.
Creemos que el esfuerzo que la sociedad nacional ha empujado y recogido el Gobierno de la República, los partidos políticos y la mayoría de los sectores integrantes de la sociedad nacional, tuvieron en la Ley para el Diálogo y la Negociación la expresión más contundente de un ejercicio comprometido por enfrentar nuestros comunes retos y las posibilidades de cambio.
Recordemos aquí que a partir de la propuesta del Gobierno de la República, y así lo ha venido afirmando consecuentemente, de buscar una vía pacífica y negociada en el conflicto en Chiapas, se produjo el exhorto al Congreso de la Unión, cuestión que se recogió por todos los grupos parlamentarios para crear una Comisión de Concordia y Pacificación, como expresión señalada en la Ley para el Diálogo y la Negociación en el Estado de Chiapas.
En ese tránsito estamos.
Y en estos tiempos creo que también hemos coincidido en afirmar que un proceso no es un suceso, que está lleno de encuentros y de desencuentros, pero que también reconocemos que hay camino andado y eso es gracias a que todos, y oígase bien, todos los actores reflejados en esta ley y con la coadyuvanza prácticamente de la Comisión de Concordia y Pacificación, han merecido la aprobación de esta dinámica por parte de la opinión pública nacional.
Se han producido diferencias en la visión de legislación, como así ha sido señalado perfectamente, pero creo también que estas diferencias, planteadas con claridad y que la sociedad en general ha advertido la posición de cada uno de esos actores, nos permite ofrecer el Estado actual de la negociación. Seguramente la labor de coadyuvancia, dicho aquí mismo, de la Cocopa, permite seguir ofreciendo medidas que la ley determina, acciones de coadyuvancia que su propio ejercicio constitucional y político se permite para echar adelante las cosas; que la imaginación frente al tamaño y reto del problema ofrezcan a los mexicanos claridad y rumbo determinado, frente a nuestra prudencia y mesura, para la resolución definitiva del conflicto chiapaneco.
Es, pues, voluntad clara del Gobierno, la sociedad y de los partidos, impulsar grandes cambios en el país e impulsar grandes cambios en las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Sabemos muy bien que lo importante no es atacar consecuencias sino atender sus causas, abrir nuevos caminos para su desarrollo sin menoscabo de su identidad, historia y cultura; incorporarlos al proyecto nacional sin perjuicio de sus particulares cosmogonías.
Se ha convocado a una amplia consulta nacional para establecer esta relación, información, determinación, aportación importante que tampoco puede ser despreciable. Es una tarea de gran dimensión, es enfrentar rezagos de siglos que no podían realizarse por una acción unilateral del Gobierno, ni siquiera apelando al concurso de otros sectores y de grupos. Tiene que ser el proyecto de reforma indígena, un proyecto eminentemente nacional desde su concepción hasta su realización. En el compromiso con la justicia y el desarrollo de las comunidades indígenas no puede haber tampoco interlocutores privilegiados.
Hoy, sabemos muy bien, el proceso de paz en Chiapas, donde se forja un capítulo importante de esta nueva relación, sabemos muy bien que no se admiten soluciones fluidas lineales, ya quisiéramos que así fuera. Hay debate pues sobre esta iniciativa de reformas constitucionales; hay opiniones en un sentido y en otro, pero no hay ruptura; hay diálogo, hay voluntad de ir hacia adelante. Nadie pensó, de siempre, que el proceso complejo por sí mismo iba a ser fácil. Nadie pensó de iniciado este reto común de los mexicanos, que la solución iba a ser simplista por moda o por decreto. Nadie niega, lo reitero, el derecho de las comunidades indígenas a la justicia. Ese importante segmento de la nación mexicana es raíz, pero también es nuestro presente y nuestro futuro.
México no puede ingresar al Siglo XXI con pasivos sociales de esta dimensión, con cuentas pendientes, menos con sectores tan localizados, identificados, como son nuestras comunidades indígenas. Todos sabemos que gran parte de la deuda social de la nación es con sus pueblos indígenas. Nadie lo niega y nadie, ningún grupo, sector mexicano, debe ser marginado en la tarea de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, hacerlos partícipes de la marcha de la nación, respetando sus especificidades culturales, sociales y políticas.
Autonomía sí; derechos políticos sí; porque así lo demandan las comunidades para su organización interna y lo exige su cultura. Pero autonomía no es soberanía, no es superposición artificial de poderes ni ruptura del orden constitucional, creación de poderes al margen del Estado nacional.
Todos los mexicanos estamos regidos por la Constitución; todos, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley. Nada, ningún interés o valor controvertido o plausible, puede estar por encima de la Constitución, la integridad nacional y la soberanía que es única: la del estado nacional y para los estados sólo en lo concerniente a su régimen interior.
Paz en Chiapas y justicia para las comunidades indígenas del Estado y de todo el país es un imperativo ético y político de los mexicanos, más allá de filiaciones y de ideologías.
Se trata pues, de encontrar fórmulas nuevas, consensadas y de incorporarlos de una vez por todas, al desarrollo, no de segregarlos de la nación. Es compromiso de México, es bandera de las fuerzas políticas, es compromiso del Gobierno, no de grupos.
Muchas gracias.
JUICIO MILITAR
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el caso del general Gallardo.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Desde el 9 de noviembre de 1993 el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, está preso y sujeto a proceso penal en los juzgados primero y tercero del fuero militar, acusado de enriquecimiento ilícito por una cantidad aproximada a los 3 millones de pesos actuales y de destrucción a lo perteneciente al Ejército en la modalidad de quema de archivo, disposición indebida de vestuario, material y equipo y venta de forraje, cuando se desempeñó como director de la Villa Ecuestre, dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de 19821-1988.
Cabe mencionar que también en el juzgado tercero militar se le habían imputado más de 15 delitos, los cuales durante el proceso fueron reducidos a dos.
El general Gallardo estudió la licenciatura en ciencias políticas y administración pública, con grado de maestro y aspirante a doctor. Con ese motivo al elaborar la tesina correspondiente propuso la creación de un ombudsman o defensor de los derechos humanos de los militares mexicanos, dicha propuesta a decir de la defensa del general, fue interpretada equívocamente por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, general Antonio Riviello Bazán, quien consideró que con la propuesta de creación de esta figura en el fuero militar, se aceptaba que en el Ejército existían dichas violaciones.
Durante el desarrollo del proceso el general Gallardo ha denunciado también diversas agresiones incluido el robo de pertenencias y el ataque físico, lo que motivó que la misma Secretaría haya aceptado la agresión producida el día 24 de enero de 1994, por el teniente de caballería Mario Enrique González Gutiérrez, sentenciado por homicidio, al haber golpeado y amenazado de muerte al general hoy procesado.
Todos estos hechos han motivado que diferentes agrupaciones de defensa de derechos humanos en nuestro país, así como algunas agrupaciones como la Asociación de Chicanos, veteranos de la Guerra del Golfo Pérsico con sede en la ciudad de Denver, Colorado, se hayan interesado por la libertad del general, los cuales han realizado actos de presión ante las autoridades militares mexicanas y civiles. Inclusive ha viajado a la Ciudad de México, a petición de la Asociación de Chicanos, un congresista norteamericano: John Lafalls quien hasta febrero de 1994 había completado tres intentos por entrevistarse con el general, lo cual no le fue permitido.
Asimismo, diferentes agrupaciones de defensa de derechos humanos mexicanas, se han dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, para también pedir la libertad de dicho general.
Por todo lo anterior, la defensa del general Gallardo, hizo del conocimiento en particular, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del proceso que enfrenta, el cual describe "como una serie de intimidaciones que se vienen sufriendo desde 1988". Incluso a partir de que la revista Forum publicó la tesina del general, acerca del ombudsman militar, en donde incluso se quiso llevar a un civil a juicio en tribunales ajenos a nuestras leyes civiles, al señor Eduardo Ibarra.
Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiara la denuncia del general Gallardo, ésta resolvió hacer una serie de recomendaciones a mediados de octubre de 1996 al propio Gobierno mexicano, para que liberara inmediatamente al general, en virtud de que a juicio de la Comisión, se trata de un preso de conciencia al que se le han violado sus derechos.
Es importante decir que previo a esta recomendación, la Comisión Interamericana llevó a cabo audiencias para escuchar a las partes y tener elementos de convicción que se reflejaran en la recomendación ya mencionada. Por el Gobierno mexicano acudieron a dicha audiencia un coronel de apellido Angulo, asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de diversas dependencias, para exponer los motivos que no lograron convencer a los integrantes de la Comisión Interamericana.
Hace unas semanas también, los familiares del general Gallardo se acercaron a un grupo de diputados de la Comisión de Justicia, para que también interviniéramos en este asunto, alegando que se estaban violando los derechos humanos y legales del general. Por lo que decidimos hacer esta intervención ante la Comisión Permanente, para que no quede esta otra denuncia simplemente en los diarios, en la opinión pública, sino que haya un seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en este caso.
Por ello el grupo parlamentario del PRD en la Comisión Permanente, hace la siguiente petición:
Que de acuerdo a la Ley Orgánica y a los Reglamentos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados le dé seguimiento a esta denuncia.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Angel Sergio Guerrero Mier.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El caso relativo a los procesos que conforme al fuero militar se han seguido en contra del general José Francisco Gallardo Rodríguez, ciertamente han ocupado, a lo largo de varios meses, amplios espacios en los medios informativos nacionales e internacionales.
Se ha dicho, se ha afirmado, que este militar ha sido objeto de una acción persecutoria en función de la tesis emitida en 1992 respecto a la necesidad de la creación del llamado Ombudsman militar.
Creo que, en el fondo de todo esto, subyacen cuestiones muy importantes que es también necesario, que a través de la tribuna de la Comisión Permanente y de los medios de comunicación, se determinen jurídica y políticamente con toda claridad.
No podemos aceptar que se trate de una acción persecutoria o intimidatoria por el hecho de exponer alguna tesis de carácter jurídico. Lo que haya configurado y antes motivado el ejercicio de la acción penal por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, en relación con los ilícitos cometidos por esta persona, y esto es fácil de entender si advertimos que desde el año de 1989 se iniciaron una serie de averiguaciones previas por parte de la Justicia Militar, en torno a desviaciones, a malversaciones y a otras fallas graves a la disciplina militar y al honor militar, que han ameritado y han requerido no solamente de 10 averiguaciones previas, sino inclusive el que sean incoados nueve procesos ante la justicia militar.
Pero independientemente de todas las cuestiones que se han dirimido en materia de apelaciones y en materia de amparos en relación con estos juicios, creo que lo fundamental que subyace son esencialmente dos y dos en los que existen pruebas, más que suficientes, para tener a esta persona como responsable de la comisión de ilícitos que están tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal y que están tipificados también en el Código de Justicia Militar.
Y esto hay que entenderlo muy bien, porque se trata precisamente de un caso del fuero militar al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución y de las disposiciones jurídicas que se derivan de este propio precepto constitucional.
Y el hecho de que se invoquen violaciones a los derechos humanos, como un medio de evadir la acción de la justicia militar, creo que sin desmentir ninguna posibilidad hay que analizar, hay que analizar primero el contenido real de estos procesos, el sustento de las acciones iniciadas por la Procuraduría de Justicia Militar, a efecto de tener una conciencia clara y precisa de si efectivamente se trata de una acción persecutoria, como se ha afirmado o se trata del ejercicio y del cumplimiento de disposiciones vigentes, claras y precisas que regulan precisamente todos los aspectos jurídicos del fuero militar.
En esto quisiera hacer una reflexión muy breve, porque sobrepasaría los intentos de esta respuesta el hacer una relación sucinta de todos los aspectos jurídicos que se han seguido. Pero creo que sustancialmente el proceso que tiene incoado en materia de malversación y destrucción de bienes pertenecientes al Ejército, está acreditado en autos, no solamente con pruebas de carácter testimonial, sino también con pruebas de carácter documental y esto vinculado también con el delito de malversación, porque no se trata de algo de poca monta, se trata de una conducta ilícita secuencial, que a lo largo de muchos años y, no obstante haber obtenido el perdón de los superiores, fue materia de reiteración en esas conductas y fue materia de tener que llegar a los órganos de procuración de justicia militar para el efecto de sancionarlo ejemplarmente.
Y esto vinculado también con otro proceso que se le sigue, que es el de enriquecimiento ilícito.
Francamente el poder configurar el delito de enriquecimiento ilícito en relación con los haberes y las percepciones que percibe no solamente un militar sino cualquier funcionario público federal, en relación con su patrimonio, es una muestra muy clara y muy precisa que tipifica los elementos materiales de este delito, en materia de tener que comprobar la procedencia legítima de los bienes de que se dispone en un momento dado y esto no ha sido acreditado por el general Gallardo, no ha podido ser comprobado. Se trata de más de 3 millones de pesos nuevos, los que han sido materia de una cuantificación precisa y de una comprobación precisa con base en cuentas bancarias y en otros bienes muebles e inmuebles.
Es entonces fuera de disquisiciones y fuera de supuestos o de especulaciones, un caso claro en que conforme a la jurisdicción del fuero militar se está actuando en función de sancionar no por un ánimo persecutorio o porque el señor les caiga bien o mal a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino porque incurrió en la comisión de ilícitos graves.
Estos juicios siguen todavía en su fase procesal, no se han concluido a pesar del tiempo transcurrido, precisamente porque la defensa y el procesado en uso también de un derecho constitucional, solicitaron la prórroga para tener la oportunidad de aportar otras supuestas pruebas de descargo para tratar de comprobar su inocencia. Pero en esto, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar de que estamos ante un claro caso de procuración de justicia en el fuero militar y que los precedentes, los antecedentes y la actuación del procurador de justicia militar han estado apegados en todo momento a derecho con base en el Código Penal Federal y con base en el propio Código de Justicia Militar y en su proceso o en sus procesos acumulados ha gozado de todos los derechos y de todas las garantías para aportar los medios de defensa que considere oportuno promover, para tratar de descargar las imputaciones que se le han hecho.
Esto es obvio que será juzgado por un Tribunal de Guerra, con base precisamente en la realización de la fase procesal que corresponde a un juez instructor también de carácter militar y es obvio que en esto, a pesar de lo que se diga, ha habido una estricta sujeción a derecho. No se puede obrar en los casos de procuración de justicia simple y sencillamente por especulaciones o porque se afirme que se le ha privado injustamente de su libertad a una persona; hay que demostrarlo, para eso son los procesos.
Los procesos de justicia militar y los procesos judiciales de todo género son precisamente la garantía constitucional de audiencia, de seguridad jurídica que se establecen como la oportunidad para demostrar su inocencia por parte del defensor del inculpado o para demostrar la eficacia, la seriedad y la seguridad de los cargos por parte de la parte acusadora.
Esto que ha sido materia de otras consideraciones, como por ejemplo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se ha dicho pero seguramente se puede decir. Nuestro país es ciertamente signante del pacto de San José, que crea la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo puede intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer de la queja del nacional de un estado signante de este pacto internacional? Pues lo dice muy claro: Cuando se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna y los recursos de jurisdicción interna comprenden desde luego toda la fase de primera instancia, de segunda instancia, los recursos de amparo, de revisión y de amparo y éstos no se han agotado.
Entonces, los que conocemos algo, un poco de derecho, nos preguntamos: ¿cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé entrada a una queja sobre un asunto o sobre unos asuntos de los que están conociendo autoridades jurisdiccionales del fuero militar en nuestro país? Es decir, no se ha cerrado el proceso, ¡vamos!, ni siquiera podemos pensar en que exista sentencia hasta que la parte defensora del acusado considere que ya transcurrió el tiempo necesario para aportar sus pruebas de descargo.
Sin embargo, la decisión de esta comisión que va a abocarse a conocer de este caso, a mi manera de ver la conducta es francamente violatoria del propio pacto en cuanto consigna a las condiciones y circunstancias en que puede intervenir en relación con una queja sobre violación de derechos humanos del nacional de un estado. No estamos absolutamente de acuerdo con esa conducta.
Pero seguirá, bueno, eso es cosa de procedimiento; vayamos al fondo, a la sustancia de que existe en realidad en función de que la comisión supuestamente, se publicó en los medios masivos de comunicación que había emitido una recomendación, bueno, pues esta recomendación ni siquiera ha sido notificada ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a través de otro órgano del Gobierno mexicano; se sabe que existe por declaraciones que han hecho pero no ha sido materia de una comunicación o de una notificación formal al Gobierno de México a través de sus órganos de representación internacional y ahí y por medio de ellos a la propia Secretaría de la Defensa Nacional o en su caso a la Procuraduría de Justicia Militar o al juez instructor.
Entonces son también cuestiones que llaman la atención en materia de que se invoca la seriedad y la respetabilidad de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y muchas veces no se ajustan a sus propias normas internas y entonces violan inclusive aspectos que podrían caer, eso sí, dentro de la soberanía de nuestro país en materia de la independencia y la autonomía de sus órganos jurisdiccionales.
Es más, podría subsistir todavía otro procedimiento, pudiera ser que con base en esa recomendación se solicitara la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pacto lo consigna como un organismo que en el caso de que no se atiendan recomendaciones puede ser una nueva instancia integrada por juristas cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en este aspecto, lo vamos a decir de una vez, nuestro país en materia de su política exterior siempre ha sido muy celoso de su independencia y de su autonomía y hemos procurado en todos los foros internacionales, no sujetarnos a decisiones de carácter jurisdiccional que estén encima o por encima o por arriba de lo que son los tribunales de justicia en nuestro país.
México, con reservas, firmó este pacto, pero para no aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto obedece a cuestiones de soberanía, obedece a cuestiones de autonomía interna y externa de nuestro país. Es entonces una cuestión que para nosotros nos parece muy clara, no hay ninguna represión por la idea de crear el ombus militar, eso lo hizo hasta 1992 y sus averiguaciones datan desde 1989, aunque cabe decirlo, el proceso por malversación y deterioro o destrucción de bienes del Ejército en su modalidad de destrucción de archivos, ¿por qué destruyó los archivos de este señor?, para tratar de evitar que de ahí surgiera otra información comprobatoria precisamente de la malversación y por consecuencia de enriquecimiento ilícito, eso es obvio y esto que es penoso y es triste porque afecta desde luego a una instancia muy respetable y muy gloriosa de nuestro país, a una institución como lo es el Ejército mexicano.
Creo que no va ni en demérito ni en desdoro de lo que son sus órganos propios de procuración y de administración de justicia, para eso legislamos, para eso hicimos modificaciones recientemente tendientes a perfeccionar los sistemas también de procuración y de administración de justicia militar con las reformas que realizamos hace algún par de años al Código de Justicia Militar. Pero, además, el hecho de que aún esté pendiente de sentencia nos lleva a una clara conclusión, de que no se ha privado ni se ha cerrado el caso, tiene todos los medios de defensa a su alcance, ha acudido a los juicios de amparo, inclusive algún juicio de amparo le fue de utilidad para que hubiera la redefinición del tipo de delito y conforme a sus elementos materiales, en algunos otros los hubo, concedido el amparo por fallas menores en materia de fallas también administrativas cometidas en el desempeño de su cargo.
Es un claro caso de aplicación estricta del derecho militar, en este caso aunque también por el aspecto de enriquecimiento ilícito hay aplicación de la legislación federal en materia penal y creo que lejos de existir la supuesta violación de derechos humanos, hay una clara aplicación del derecho.
Se está defendiendo el general Gallardo y qué bueno que así sea, tiene todos los medios para hacerlo y para probar su responsabilidad y esperemos precisamente a que la sentencia que se dicte en estos juicios acumulados nos muestre ese respeto y esa aplicabilidad del derecho en función de las pruebas presentadas, de las pruebas analizadas por el tribunal de guerra y que en consecuencia lleguemos a la conclusión de que ha sido un caso estricto de aplicación del derecho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Senadores, la propuesta del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
ESTADO DE MORELOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes, sobre un asunto en el Estado de Morelos.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros senadores y diputados.
Este año como se sabe, habrá elecciones locales y federales y en especial antes del 6 de julio, en el mes de marzo, habrá elecciones locales en el Estado de Morelos. Aun cuando se trata de un asunto local que renovará el Congreso de la entidad y a las nuevas autoridades municipales, lo cierto es que estas elecciones serán una demostración de las condiciones en que se desenvolverán las elecciones federales de julio, por lo tanto no podemos desentendernos del impacto nacional que tendrá la elección en Morelos y mucho menos debemos dejar de lado todo esfuerzo que permita afianzar las condiciones de civilidad, concordia y equidad tan necesarias en todo proceso electoral.
Lamentablemente las señales que se emiten desde el Gobierno del Estado de Morelos son altamente negativas. El dato más significativo hasta ahora es la decisión tomada por el secretario general de gobierno, Guillermo Malo, de sensurar e impedir la difusión de mensajes propagandísticos en favor de la Alianza del Partido de la Revolución Democrática y el Frente Ciudadano Morelense.
Los anuncios que fueron pagados tanto por el PRD, unos y otros por el Frente Ciudadano, fueron hechos obviamente dentro de los tiempos que marca la ley con el interés de invitar a la ciudadanía, en particular en Cuautla y Cuernavaca, para que sufrague en favor de dicha Alianza; sin embargo, desde el gobierno estatal se está emprendiendo una campaña de hostigamiento y de enfrentamiento directo contra esta opción, que ha refrendado la decisión de avanzar por las vías de las elecciones para tener un Estado democrático, pacífico, no violento y sin mafia que habiten en su territorio.
Es inconcebible que sea el mismo gobierno estatal quien encabece una campaña en contra del PRD y de la Alianza con el Frente Ciudadano Morelense. Si el espacio de la disputa civilizada y legal es justamente el electoral, acciones gubernamentales de ese tipo no sólo enrarecen la vida política del Estado, sino que ahondan el clima de inseguridad que vive Morelos.
Otro ejemplo de intromisión gubernamental es la campaña en contra de los candidatos postulados por el Frente y el PRD, es el caso de la maestra Carmen Gennis, a quien se le ha dictado de manera absurda una sentencia de peculado cuando ella nunca ha sido funcionaria pública. De esta manera se quiere inhabilitar a la maestra Gennis como candidata en el municipio de Cuautla porque así le interesa al gobernador Jorge Carrillo Olea, no porque sea legal.
Por otro lado, es importante recordar que quienes confluyen en el Frente Ciudadano, han encabezado las principales acciones cívicas en favor de la seguridad pública y para detener la ola de secuestros que se han presentado en la entidad, más de 300 secuestros, cualquiera que haya estado en el Estado de Morelos le puede constar que en muchas de las ventanas de las casas, oficinas, empresas, comercios, existen los carteles pidiendo el alto a los secuestros y que vuelva la seguridad pública, exigiéndole al gobernador Carrillo Olea que cumpla con su deber y evite ya que ésta siga siendo la principal industria, mala industria por cierto, que tiene el Estado de Morelos; muchas veces incluso, como los mismos funcionarios lo reconocen, una industria protegida, avalada y con participación de funcionarios judiciales de ese Estado.
Cabe señalar en especial una última acción de secuestro, que sucedió en Tepoztlán, cuando desapareció la ciudadana Laura Berenice Medina Bocanegra, hija de una de las dirigentes del PRD en el pueblo de Tepoztlán y que ha encabezado, junto con otros habitantes de esa población, la lucha en contra de la construcción del Club de Golf "El Tepozteco".
Alrededor de este clima de violencia, no solamente las amenazas y las invenciones de acciones supuestamente ilegales como fue el caso de la maestra Gennis, sino también parte de esta violencia nace de la misma actitud del gobernador para tener a un pueblo enfrentado ante las autoridades, por la terquedad del gobernador de imponer su sentir a un pueblo que no se quiere dejar.
Por ello también tenemos lamentablemente presos políticos, como el profesor Gerardo de Meza Padilla, Laurencio Guarneros Sandoval, Remigio Ayala Martínez y Ricardo Ruiz Camacho, actos que no permiten que haya una situación favorable en muchos lugares del Estado de Morelos, por ejemplo como el que no se haya hecho justicia después de esa represión emboscada, incluso una emboscada que se dio el 10 de abril en Tlaltizapán, cuando estaba en un acto el Presidente de la República y el propio gobernador y en donde quisieron detener a la población para que no llegara ante el Presidente y esa emboscada donde fue asesinado Marcos Olmedo Gutiérrez, de 65 años de edad, asesinado impunemente por la policía de Carrillo Olea.
Es una situación difícil de veras y no es para menos porque insistimos que las elecciones de marzo bien pueden ser una visión de lo que pueden ser las elecciones federales nacionales; no es un asunto menor el que la situación en el Estado de Morelos no sea de paz, no sea de tranquilidad.
No solamente se permite esta ola de secuestros, sino también se hacen amenazas directas, por ejemplo como la que sufrió el diputado federal Graco Ramírez, quien encabezó estas manifestaciones proseguridad pública y en contra de los secuestros y en el cual en diferentes ocasiones no solamente fue amenazado él, sino también su familia.
La alianza electoral no solamente del Frente Ciudadano y el PRD, sino de otras agrupaciones sociales en Morelos, sabemos que le molesta al gobernador, pero ni modo, es una situación política que tiene él que soportar porque así está la legalidad y así lo exige parte de la población del Estado de Morelos.
Le exigimos al gobernador civilidad, concordia y seguridad, no queremos que haya situaciones tan indignantes, por ejemplo, de que tengamos la Casa de Gobierno, en donde despacha Carrillo Olea, a dos cuadras del bunker del señor de los cielos, Amado Carrillo; tampoco queremos que las situaciones como las que se sucedieron con el operativo que pasó en Navolato, Sinaloa, alrededor de una boda, operativos que surgen a partir del seguimiento que dieron del despegue de las líneas aéreas internacionales del aeropuerto de Morelos, en donde por cierto esta línea, de manera sui generis, tiene una ruta interesante comercial que es de Tijuana a Cuernavaca, pero con paradas en Guadalajara, Culiacán y Hermosillo; una línea que está en investigación y que a decir de muchos tiene la complicidad y el aval para que actúe desde el aeropuerto de Cuernavaca, una línea que está bajo sospechas de ser de los narcotraficantes y en especial del tan afamado Amado Carrillo, otro Carrillo.
Nosotros al hacer aquí la petición directa a través de los diputados y un senador de Morelos, pero una petición y una exigencia al Gobernador, de que se garantice que haya elecciones de acuerdo a como marca la ley, en donde se garantice que haya concordia efectivamente y haya todas las posibilidades de hacer las campañas, es porque marzo puede ser un buen reflejo de una campaña elevada para julio o puede ser un mal ejemplo, puede ser una visión de catastrofismo para julio. Lo que suceda en Morelos tendrá mucha repercusión posteriormente, pero no solamente en las elecciones del 6 de julio, sino incluso durante la campaña electoral que ya se estará desarrollando en ese mes.
Compañeros diputados, compañeros senadores, el grupo parlamentario del PRD exige que las autoridades de Morelos se ajusten a la legalidad y se abstengan de continuar su campaña de hostigamiento contra la Alianza del Frente Ciudadano Morelense y del PRD; que cese el hostigamiento al pueblo de Tepoztlán, que cesen las persecuciones supuestamente legales en contra de muchos luchadores sociales y obviamente que liberen a los presos políticos, que bajo su derecho luchan por evitar que Morelos se convierta simplemente en una agencia de turismo y ahora en un baluarte del narcotráfico.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el senador Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
Con su permiso, señor Presidente:
Escuché con toda atención el documento que leyó el diputado Sosamontes. Desde luego que supusimos al inicio de esta Permanente que el tema de Morelos estaría presente en la agenda de debates, toda vez que como él lo ha dicho, el 16 de marzo tenemos elecciones locales para renovar a 33 ayuntamientos y elegir a un nuevo Congreso estatal.
Efectivamente se trata de un tema local que está ocupando a la prensa de la entidad y me parece que no hay duda de que en estos momentos hay condiciones objetivas de tranquilidad, para que los partidos con responsabilidad lleven a cabo sus campañas y el proceso del sufragio ocurra con tranquilidad el 16 de marzo.
Se ha hablado aquí de algunas cosas, no sé si por falta de información, por intentar confundir a la opinión pública, pero se habla de una alianza entre el Frente Ciudadano Morelense y el PRD, que efectivamente existe, sólo que es una alianza muy conflictuada, porque el PRD local, y no me dejará mentir el diputado Sosamontes, no acepta la imposición del centro con respecto al candidato que quisieran ellos nominar, los del Frente, para la alcandía de Cuernavaca.
El pleito pues es entre ustedes, es decir, entre el propio PRD y el Frente Ciudadano. Ayer mismo, en lo que en la prensa local se denominó un "albazo" político, el PRD local registró a la compañera Mujica, que según el propio PRD local tiene el mayor número de votos en una encuesta privada, pero el frente ciudadano ha negociado, según se dice en la localidad, con el PRD nacional para imponer candidatos que tengan, según ellos, mayor rentabilidad electoral.
No me quisiera meter pues a un debate que me es ajeno, un debate que está dándose al interior del propio PRD y no desconozco que el tema obviamente es de interés, dada la cercanía entre las elecciones de marzo y las de julio y que se quiere aprovechar la tribuna para llevar agua al molino de las partes del propio PRD que están contendiendo.
Por lo demás, hay referencias epidérmicas en torno al caso de Laura Berenice, hay referencias epidérmicas en torno al caso de Tlaltizapán, respecto a las supuestas campañas que imagino contarán con pruebas en torno a la compañera Carmen Gennis en Cuautla.
Yo veo que tanto el Frente Ciudadano como Carmen Gennis y como el PRD local, están en los medios todos los días; incluso hay hasta relaciones de parentesco entre directores de diarios y propios militantes del PRD, que hacen que tengan una columna dominical puntual, que hace referencia a problemas nacionales y locales etcétera. Creo que es un asunto estrictamente interno. Si queremos ser opinantes rectos y asumirnos como tales debemos respetar los pleitos ajenos.
Yo simplemente vengo a testimoniar que en estos momentos, en el Estado de Morelos, con una nueva normatividad, hay condiciones más que de tranquilidad para que los comicios del 16 de marzo ocurran con toda tranquilidad y con apego a la ley.
Diría simplemente, para finalizar, que el propio PRD de Tepoztlán, una comunidad conflictiva, que tiene un problema todavía insoluble, ha declarado que en el caso, incluso de ese municipio, hay condiciones para elecciones. Lo que está por definirse es la mecánica de las elecciones en virtud del conflicto, pero aún ahí las propias partes han hablado de que hay un clima propicio para las elecciones.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Efectivamente es un debate ajeno al que te ibas a meter. El asunto no es ése, no es tanto si Ana Laura Ortega es la candidata adecuada o no entre ustedes, ése es otro asunto, que lo resuelvan efectivamente los que vayan ganándole ahí a los grupos entre el PRI, en fin y acá también es un asunto que nos compete. El asunto es porqué quitaron los spots del Frente, por unas llamadas del Gobierno de Morelos, del área de comunicación y eso sí es un asunto que viola garantías.
El otro asunto que yo plantee y que también les debe preocupar, yo creo que usted que es senador recuerde que en muchas ventanas en muchos lugares "alto a los secuestros" y exigen al gobernador que realmente actúe, pero actúe en contra de los secuestros, no quizá favoreciéndolos. Más de 300 secuestros y Millasagua, el famoso Millasagua, que desde 1968 trae su tarea de represor y de represor junto con los peores que ha tenido la policía mexicana, sigue deteniendo supuestamente a secuestradores con mucha publicidad y punto y seguido los sacan libres porque metieron mal supuestamente las averiguaciones y salen libres y siguen los secuestros. Eso es lo que también nos preocupa y eso es lo que debe preocuparnos a todos.
Nos debe preocupar esta idea muy bien cimentada de que Morelos ahora ya es parte, ya es una parte de la geografía del narcotráfico. No es una equivocación que ahí salieran los invitados famosos a la boda aquélla de la hermana de aquel señor, ni tampoco es... caray, a dos cuadras de la Casa de Gobierno, la casa de Amado Carrillo, a dos cuadras. Sí hay vigilancia en Morelos, sí hay una integración que va a evitar la inseguridad. Se ve, pues, que no hay esa preocupación.
O la señora ésta, Cibeles, que fue directora de antinarcóticos en Tamaulipas, ahora es directora de turismo, ha de ser un buen trabajo de turismo, ya tiene una aerolínea internacional, con buenas escalas: en Culiacán, en Guadalajara, en Hermosillo, la misma ruta sui generis por cierto, muy sui generis.
El asunto es que el gobernador Carrillo Olea va a actuar conforme a la ley o va a actuar estorbando las elecciones, los otros asuntos son asuntos de los partidos y ésos cada quien los arregla.
La preocupación nuestra es que el gobernador, que el Gobierno garantice que haya concordia, que haya una situación de pacificación en el Estado para que pueda haber elecciones, no para que estén estorbadas por imposiciones, por alegatos legales, judiciales fabricados al gusto del gobernador, para estorbar candidatos. Como no puede por la vía de la elección, entonces hay que inventarle algunos asuntos judiciales, como bien hacían efectivamente, los señores de la horca y el cuchillo en sus tiempos, como lo hacían con toda impunidad.
Esta es la preocupación del PRD, por eso lo hemos planteado aquí, es que en marzo garanticemos con nosotros como vigilantes, que nos corresponde, como lo hemos hecho anteriormente en otras elecciones estatales, garanticemos desde nuestros puntos, desde nuestras facultades, desde nuestros ámbitos, garanticemos que pueda haber elecciones y que Carrillo Olea se amarre las manos, que deje de estar metiéndose en las elecciones, que deje de estar participando para fabricar elecciones adecuadas al gusto de este señor coronel retirado y ahora general y que ahora por desgracia metió al Estado de Morelos ya en la geografía del narcotráfico internacional.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Tiene la palabra para presentar un punto de acuerdo el diputado Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Referente al conflicto de Tabasco, los grupos parlamentarios hemos llegado al siguiente punto de acuerdo que me voy a permitir dar lectura:
Enterados que la Comisión Legislativa ha logrado que se restablezcan las pláticas entre las autoridades del Estado de Tabasco y los trabajadores de limpia pública del municipio del Centro, los grupos parlamentarios, representados en esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hacemos un llamado respetuoso para que las negociaciones arriben a la solución definitiva de este problema.
Palacio Legislativo, a 22 de enero de 1997.- Firman, por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Juan José Osorio Palacios, senador Amador Rodríguez Lozano; por el Partido Acción Nacional, diputado Ricardo García Cervantes, senador Ricardo Villarreal Dávila; por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Pedro Etienne Llano y por el Partido del Trabajo, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Es todo, señor.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 29 de enero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, que tendrá lugar el 3 de febrero a las 10:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrá lugar el 5 de Febrero, a las 10:00 horas, en el Monumento a la Revolución Mexicana, a las 11:00 horas, en el Museo Casa de Carranza y a las 12:00 horas, en el lote de los Diputados Constituyentes del Panteón Civil.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Luis Roberto Gutiérrez Flores, Miguel Estrada Martínez, Sergio Aponte Polito, Julián David Rivera Bretón, Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán, Juan Alfredo Oropeza Garnica, Enrique Cano Cardiel, Eduardo Alejandro Martínez Aduna, Ricardo Escorcia Vargas y José Fernando del Campo Velasco, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
Del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de: Venezuela y de Argentina.
Dictámenes de primera lectura
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar sus servicios en diversas embajadas.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a varios ciudadanos, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para prestar sus servicios en las embajadas de Paraguay y de Jamaica en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 14:00 horas):
Se levanta la sesión pública y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 29 de enero a las 11:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| Coplade | Comisión de Planeación y Desarrollo |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| ITMDEMA | Sin aclaración |
| MC | Médico Cirujano |
| PADEMA | Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |