SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive. Se designa comisión.
Tres invitaciones a igual número de actos cívicos conmemorativos del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados; Unidos Mexicanos. Se designan comisiones.
Propuesta de la mesa directiva, para la verificación de sesión solemne respecto a la visita del Presidente de la República de Venezuela Aprobado.
Propuesta de la comisión especial para la conmemoración del LXXX aniversario de la Carta Magna, con la que solicita la autorización del ingreso de miembros del Ejercito mexicano al recinto legislativo, con motivo de su participación de los eventos conmemorativos del LXXX aniversario de la Promulgación de la Carta Magna. Aprobada.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa respecto a reformas constitucionales. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica de la designación por parte del Presidente de la República, del ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de sala regional de dicho tribunal. Se turna a la Tercera Comisión.
Comunicación de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica de la designación de un magistrado numerario y cinco magistrados numerarios de dichos tribunales, respectivamente. Se turna a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: Luis Roberto Gutiérrez Flores, Miguel Estrada Martínez, Sergio Aponte Polito, Julián David Rivera Bretón, Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán, Juan Alfredo Oropeza Garnica, Enrique Cano Cardiel, Eduardo Alejandro Martínez Aduna, Ricardo Escorcia Vargas y José Fernando del Campo Velasco, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dos oficios del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para poder aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de dichas naciones. Se turnan a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Jorge Chico Valdés, María de Lourdes de la Mora Ramos, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México, los dos primeros y los siguientes dos en los consulados generales en Tijuana, Baja California y en Mérida, Yucatán, respectivamente. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas: Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Acevedo Rivera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Victor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Oficio suscrito por senadores de esa entidad, con el que solicitan acto oficial para la conmemoración del LXXX aniversario de la erección del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Se turna a la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República.
Diez dictámenes de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos: Mario Ayón Rodríguez, Ramón Rubén Arrieta Hurtado, Alfredo Hernádez Pimentel, Alfonso Mancera Segura, Juan Manuel Wonchee Montaño, Luis Humberto López Portillo Leal, Vicente Jaime Ramírez Martínez, Enrique Flores Luna, Tomás Angeles Dauahare, Salvador Leonardo Bejarano Gómez, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 constitucional. Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Argelia Hernández Márquez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Consuelo del Río Bullmán, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de segunda lectura.
Aprobados, se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Sobre el tema se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, quien presenta declaración política.
Ramón Sosamontes Herreramoro
Se refieren a hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, los legisladores:
Pedro René Etienne Llano
Sergio Ramírez Vargas
Invitaciones del Gobierno de la República y de la comisión especial para la conmemoración del LXXX aniversario de la Carta Magna, para asistir a diversos actos conmemorativos de dicha fecha. De enterado.
Sobre las pláticas para el desarrollo de la paz en esa entidad, hablan los legisladores:
Amado Jesús Cruz Malpica
Sami David David
Para referirse a problemas ocurridos dentro de esa entidad, con respecto a posibles involucrados con el narcotráfico, hablan los legisladores:
Ana Lilia Cepeda de León
Rodolfo Becerril Straffon
Ana Lilia Cepeda de León
Rodolfo Becerril Straffon
Ramón Sosamontes Herreramoro
Para comentar problemas fiscales en el municipio de Salamanca, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Ramón Sosamontes Herreramoro
Carlos Chaurard Arzate
Ramón Sosamontes Herreramoro
Sobre problemas laborales en ese sistema de transporte de la Ciudad de México, hablan los legisladores:
Pedro Macías de Lara
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Pedro Macías de Lara, para rectificar hechos.
Sobre la actuación del Ejército mexicano en el interior de dicha entidad, hablan los legisladores:
Leticia Burgos Ochoa
Mario Vargas Aguiar
Félix Salgado Macedonio
Leticia Burgos Ochoa
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Sobre hechos ocurridos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, respecto al desalojo de comerciantes, hablan los legisladores:
Raúl Júarez Valencia
Alejandro Moreno Berry
Rosendo A. Villarreal Dávila
Raúl Júarez Valencia
Alejandro Moreno Berry, para contestar alusiones personales.
Francisco José Peniche y Bolio
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Se refieren al tema, los legisladores:
Pedro Macías de Lara
Ramón Sosamontes Herreramoro
María Teresa Gómez Mont y Urueta, para rectificar hechos.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:25 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 29 de enero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, tendrá lugar el 3 de febrero a las 10:00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrán lugar el 5 de febrero, a las 10:00 horas, en el Monumento a la Revolución Mexicana; a las 11:00 horas, en el Museo Casa de Carranza y a las 12:00 horas, en el lote de los Diputados Constituyentes del Panteón Civil.
Propuesta de la mesa directiva.
Solicitud de la comisión especial para la condecoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al licenciado Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Luis Roberto Gutiérrez Flores, Miguel Estrada Martínez, Sergio Aponte Polito, Julián David Rivera Bretón, Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán, Juan Alfredo Oropeza Garnica, Enrique Cano Cardiel, Eduardo Alejandro Martínez Aduna, Ricardo Escorda Vargas y José Fernando del Campo Velasco, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
Del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas: de Venezuela y de Argentina.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Maldonado Mendoza, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados generales en Tijuana, Baja California y en Mérida, Yucatán.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de Chile, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de la República de Turquía, en México.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a varios ciudadanos, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Argelia Hernández Márquez, para prestar servicios en la Embajada del Paraguay, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María del Consuelo del Río Bullmán, para prestar servicios en la Embajada de Jamaica, en México.
Sobre la soberanía nacional, a cargo del Senador Amador Rodríguez Lozano y del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Sobre el Estado de México, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Estado de Chiapas, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios a los sucesos en Guadalajara, a cargo del senador Raúl Juárez Valencia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Estado de Morelos, a cargo de la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Estado de Guanajuato, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con nueve minutos del miércoles veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta y seis legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
También se da lectura a una comunicación de la diputada Leticia Calzada Gómez, quien denuncia lo que calificó como violación a su fuero constitucional, en las instalaciones del recinto legislativo. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.
La Asamblea aprueba un punto de acuerdo con el que se concede licencia al diputado Jaime Rodríguez López. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Querétaro y Veracruz, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Una comunicación del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las actividades propias de ese organismo. De enterado.
Se da cuenta con una proposición de la mesa directiva, designando como presidente de la Tercera Comisión, al senador Rodolfo Becerril Straffon y se aprueba en votación económica.
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que varios ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados generales en Mazatlán, Sinaloa y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la misma Secretaría, con los que remite las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción cuarta del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una comisión para que los introduzca.
Se concede el uso de la palabra al representante Salvador Muñuzuri Hernández, quien informa de las labores desarrolladas en el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de ese cuerpo colegiado y de su clausura.
El Presidente agradece y hace votos por la prosperidad de la Asamblea.
Se someten a discusión cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
Estela Alejandra de Rosas Anzures, Mariano Rodríguez Téllez y Froylán René Sánchez Flores, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República de Haití, en México:
Filemón Julio Gómez Cervantes, Tomás López Hernández, Margarita García Nieto, Silvia Hernández Acosta y Luis Carrillo Mejía, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República del Perú en México:
Catalina Berenice Hernández Pavía y María de Lourdes Alfaro Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.
Se aprueban y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones respecto a los acontecimientos relacionados con el municipio de Monterrey, Nuevo León, hacen uso de la palabra los legisladores Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática y Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren a los trabajos de la Comisión de Concordia y Pacificación del Estado de Chiapas.
Solicita y se concede el uso de la palabra al legislador Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al juicio contra el general Gallardo, que llevan a cabo las autoridades militares.
Sobre el mismo tema, expresa su opinión el legislador Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnan ambas intervenciones a las comisiones unidas de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Para tratar hechos relacionados con el proceso electoral en el Estado de Morelos, hacen uso de la palabra los legisladores Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos y Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente concede el uso de la palabra al legislador Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, quien presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios, en relación con las conversaciones que se llevan a cabo para resolver el conflicto de los trabajadores de limpia del municipio del centro del Estado de Tabasco.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, que tendrá lugar en el Altar a los Defensores de la Patria, Hemiciclo a los Niños Héroes del Viejo Bosque de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, el día lunes 3 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputados: Jesús Rodríguez y Rodríguez, Armando Salinas Torre.
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar en el Monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, el día miércoles 5 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senadores: Mario Vargas Aguiar, Luis González Pintor y diputada Ana Lilia Cepeda de León.
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar en el Museo "Casa de Carranza", ubicado en Río Lerma núm. 35, colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, el día miércoles 5 de febrero a las 11:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senadores: José Antonio Valdivia, Luis González Pintor y diputada Ana Lilia Cepeda de León.
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar en el Lote de los Diputados Constituyentes, en el Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, el día miércoles 5 de febrero a las 12:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputados: Carlos Humberto Aceves del Olmo, Ana Lilia Cepeda de León y senador Luis González Pintor.
SESION SOLEMNE
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Se va dar lectura a una propuesta de la mesa directiva.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Considerando que el viernes 7 de febrero tendremos la visita del Presidente de la República de Venezuela, la mesa directiva de la Comisión Permanente hace la siguiente propuesta:
Que el viernes 7 de febrero, a las 12:00 horas, se realice sesión solemne para recibir al excelentísimo doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela y estar en posibilidad de iniciar la sesión ordinaria, a las 13:00 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de enero de 1997.- Diputados: Juan José Palacios, presidente; Ignacio González Rebolledo, vicepresidente.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Se va dar lectura a una solicitud.
«Comisión Especial para la Conmemoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciudadanos diputados secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
De conformidad a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 213 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial para la Conmemoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicita a esta Comisión Permanente, la autorización correspondiente, para que puedan ingresar a este recinto Legislativo de San Lázaro una escolta y una banda de guerra armadas, de la Secretaría de Marina, las cuales participarán en los eventos conmemorativos del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevarán a cabo el próximo día 5 de febrero de 1997, a las 13:00 horas en la Plaza de la República de este recinto.
Sin otro particular, los integrantes de la comisión especial, hacemos patente nuestra más atenta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 28 de enero de 1997.- Diputados: Jorge Moreno Collado, presidente; Píndaro Urióstegui Miranda, Eugenio Ortiz Walls, Antonio Tenorio Adame, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ernesto Luque Feregrino, Francisco José Peniche y Bolio, Isidro Aguilera Ortiz, María Guadalupe Morales Ledesma, José Manuel García García, Josué Valdés Mondragón, Jesús Carlos Hernández Martínez, María Teresa Gómez Mont y Urueta y Froylán Velázquez Hernández.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió su mesa directiva que presidirá los trabajos correspondientes al mes de enero de 1997, misma que quedó integrada de la manera siguiente:
Presidente, Humberto David Rodríguez Mijangos; vicepresidentes, Jesús Contreras Durón, Alicia Ibarra Rodríguez; Manuel Esparza Marchan, Pedro Pablo Rodríguez García, secretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 23 de diciembre de 1996.- Diputados José Alfredo González González, presidente; Luis González Rodríguez, Francisco J. Luévano Martínez, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE JALISCO
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, clausuró hoy su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Estado de Jalisco y para los efectos del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a ustedes que en sesión de fecha 21 de diciembre de 1996, legalmente quedará instalada la diputación Permanente de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, que fungirá del 21 de diciembre de 1996 al 31 de enero de 1997 y la forma de como quedó integrada su mesa directiva:
Diputados: Francisco Javier Arrieta García, presidente; Joaquín Salas Gallo, Carlos Margarito Sandoval García, Sergio Vázquez García, Gildardo González Muñoz, secretarios; primer vocal Héctor Pérez Plazola; segundo vocal, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 20 de diciembre de 1996.- Diputados: Joaquín Salas Gallo y Carlos Margarito Sandoval García, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE OAXACA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LVI Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, procedió como lo previene el artículo 11 del Reglamento Interior del Congreso, a la elección de presidente y vicepresidente para la primera quincena del mes de diciembre del presente año, habiendo resultado electos por mayoría de votos, los diputados:
Herminio Manuel Cuevas Chávez, presidente; Manuel Pérez Morales, vicepresidente.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento, reiterándoles las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 28 de noviembre de 1996.- Diputados: Cuauhtémoc Fuentes Villanueva y Mariano Santana López Santiago, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad, Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La VIII Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en sesión celebrada el día 12 del presente mes y año, se procedió a la elección de la diputación Permanente, así como de la mesa directiva que fungirá en el periodo de receso del 13 de diciembre de 1996 al 25 de marzo de 1997, quedando integrada de la siguiente manera; diputados: Carlos Cardin Pérez, presidente; Elina E. Coral Castilla, primer secretario, José Ynes Peraza Azueta, segundo secretario; Miguel Soriano Muñoz, Isaias Gongora Basto, Marciano Toledo Sánchez, Rosendo R. Cen Pérez.
Asimismo, se procedió a la clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, QR., diciembre 13 de 1996.- Oficial Mayor del honorable Congreso del Estado, profesor Angel de J. Marín Carrillo.»
De enterado.
ESTADO DE YUCATAN
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Honorable Congreso de la Unión. Av. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo s/n edificio "A" primer nivel, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza. CP. 15960.- México D.F.
Por este conducto me permito comunicar a ese honorable Congreso de la Unión, que en sesión del pleno celebrada el día de hoy y en virtud de que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional votó en contra de las reformas a los artículos 16, 21 párrafo tercero inciso B, 25, 30 fracción XXXI, 97 párrafos primero y segundo, 99 párrafo primero y 100 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán, no se pudo dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 22 de agosto de 1996, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que literalmente señala: "Las reformas al artículo 116 contenidas en el presente decreto no se aplicarán a las disposiciones constitucionales y legales de los estados que deban celebrar procesos electorales, cuyo inicio haya ocurrido u ocurra antes del 1o. de enero de 1997, en estos casos, dispondrán de un plazo de un año contado a partir de la conclusión de los procesos electorales respectivos, para adecuar su marco constitucional y legal al precepto citado.
Todos los demás estados que no se encuentren comprendidos en la excepción del párrafo anterior, deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 modificado por el presente decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de su entrada en vigor." Toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, para que ésta pueda ser adicionada y reformada debe obtenerse el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados integrantes de esta LIV Legislatura.
Cabe destacar que las citadas reformas a la Constitución Federal fueron aprobadas por unanimidad por este honorable Congreso del Estado el día 14 de agosto de 1996, publicándose en el Diario Oficial del gobierno del Estado el día 15 de agosto de ese mismo año.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos legales que correspondan.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, 15 de enero de 1997.- Miguel Angel Díaz Alcocer, presidente del honorable Congreso del Estado de Yucatán.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estado Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión- Presentes.
De conformidad con los artículos 3o., 4o. y 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.
Agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el nombramiento del ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Tribunal Fiscal de la Federación, han informado de una vacante en una de las salas regionales de dicho tribunal.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución General de la República, acompañándose con el presente el curriculum correspondiente.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 28 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO-TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, con fundamento en los artículos 27 fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios propone a ustedes para la designación de un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario y cinco magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios a los siguientes ciudadanos:
Para magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario:
Díaz de León Marco Antonio, López Escutia Luis Angel, Vera Casanova Dionisio.
En caso de nombrar al ciudadano Luis Angel López Escutia magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, magistrado supernumerario del Tribunal Superior Agrario:
Gómez de Silva Cano Jorge Joaquín, López Almaraz Carmen Laura, Vera Casanova Dionisio.
Para la designación de cinco magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios:
García Simerman Rafael, Hernández Baez Francisco, Lemus Contreras Arturo, Mejía Aranda Sara Angélica, Rincón Gordillo Carlos Ramón, Velázquez González Claudia Dinorah, Villegas López María Antonieta.
Al remitir con el presente los datos curriculares de los candidatos propuestos, reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 9 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Luis Roberto Gutiérrez Flores (3904155), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre último, enviando con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Miguel Estrada Martínez (488614), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Sergio Aponte Polito (4748861), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada Julián David Rivera Bretón (8049798), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán (4454585), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Juan Alfredo Oropeza Garnica (4748875), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Enrique Cano Cardiel (6461963), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Eduardo Alejandro Martínez Aduna (4446748), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Ricardo Escorcia Vargas (6103890), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM José Fernando del Campo Velasco (6416542), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA DE VENEZUELA Y REPUBLICA ARGENTINA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de citas en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. Por disposición del Presidente de la República de Venezuela, se me confirió la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase. Compruebo lo anterior con la fotocopia de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, correspondiente al viernes 12 de septiembre de 1980, en donde aparece publicado el decreto correspondiente, que acompaño como anexo número 2.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para aceptar y usar la mencionada condecoración.
Protesto mi respeto.
México, D.F., a 23 de septiembre de 1996.- Licenciado Ricardo Franco Guzmán.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de citas en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número 1.
2. Por disposición del gobierno de la República de Argentina, se me confirió la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Gran Oficial. Compruebo lo anterior con la fotocopia de la nota emexi número 7030/96, del 26 de noviembre de 1996, que me envió el embajador de la República de Argentina en México, que acompaño como anexo número 2.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37-B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión para aceptar y usar la mencionada condecoración.
Protesto mi respeto.
México, D.F., a 26 de septiembre de 1996.- Licenciado Ricardo Franco Guzmán.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE COREA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano almirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la medalla Tong-IL de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alejandro Maldonado Mendoza, para aceptar y usar la medalla Tong-IL de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado los días 19 y 22 de noviembre 2 y 5 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Chico Valdés, María de Lourdes de la Mora Ramos, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América y Consulado General en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la embajada de los Estados Unidos de América y Consulado General en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, serán estrictamente administrativos.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Chico Valdés, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes de la Mora Ramos, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Martha Cázares Ortiz, para prestar servicios como operadora de conmutador, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Valladares, para prestar servicios como jardinero y mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado los días 28 y 11 de noviembre y de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Asebedo Ribera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de Chile en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de Chile en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Francisca López Santiago, para prestar servicios como personal auxiliar, en la Embajada de Chile en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Miryam Almaraz Quiroz, para prestar servicios como cocinera, en la Embajada de Chile en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Soledad Asebedo Ribera, para prestar servicios como personal auxiliar, en la Embajada de Chile en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Paulina Guzmán Cuevas, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Chile en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE TURQUIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el día 15 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Víctor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Turquía en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Turquía en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Estrada Villa, para prestar servicios como secretario particular del embajador, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Fidel Olmos, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Erick Torres Acosta, para prestar servicios como secretario bilingüe, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa María González Esparza, para prestar servicios como secretaria bilingüe, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Cruz González, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de la República de Turquía, en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Jacinto Rodríguez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
ESTADO DE NAYARIT
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
Los suscritos, senadores del Estado de Nayarit, nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar amablemente sea turnada a la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República, la siguiente petición.
Considerando que en 1916 el pueblo del entonces territorio de Tepic, por la voz de los diputados constituyentes don Juan Espinosa Bávara, mayor y maestro Marcelino Sedano y teniente coronel Cristóbal Limón, promovió ante el pleno de esa magna Asamblea considerar la elevación del territorio a Estado Libre y Soberano de Nayarit, como un reflejo de las legítimas y muy sentidas aspiraciones de su pueblo.
Que el varón de Cuatro Ciénagas, don Venustiano Carranza, recogió como propia esta promoción, incluyéndola en el proyecto de Carta Magna que envió al Constituyente de Querétaro.
Que el Congreso Constituyente aprobó en forma unánime la moción, plasmándolo en los artículos 43, que incluye el nombre de Nayarit como entidad federativa y el artículo 47, que a la letra dice: "el Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic".
Que el pueblo de México al conmemorar el LXXX aniversario de la Constitución General de la República el próximo 5, también se une a la conmemoración de los nayaritas por haber logrado ser un miembro más del pacto federal.
Que el Congreso de la Unión, especialmente el Senado de la República como depositario del pacto federal se unen a esta conmemoración, demostrando con ello su reconocimiento al esfuerzo y contribución del pueblo nayarita al desarrollo nacional.
Proponemos que la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República, con motivo de la celebración del pueblo nayarita del LXXX aniversario de su elevación a Estado Libre y Soberano de Nayarit, convoque a un acto formal a realizarse el próximo 11 de febrero, en las instalaciones del Senado de la República, significando con ello el sentido federalista de la celebración.
Se solicita asimismo que la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República, designe una comisión de legisladores federales responsables de la organización del evento y de invitar a los titulares de los poderes estatales del Estado de Nayarit y a aquellos ciudadanos que consideren compartirán esta celebración con el pueblo nayarita.
También se solicita que el Senado de la República difunda este acto entre los medios de comunicación, a efecto de que el pueblo de México se entere del reconocimiento del honorable Congreso de la Unión al pueblo de Nayarit.
Para el cumplimiento de lo solicitado, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Para que se cumpla en los términos solicitados, túrnese esta petición a la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República.
México, D.F., a 28 de enero de 1997.- Senadores: José Luis Medina Aguiar, Ernesto Navarro González, Salvador Sánchez Vázquez y José Alvaro Vallarta Ceceña.»
Túrnese esta petición a la Comisión del Pacto Federal del Senado de la República.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Mario Ayón Rodríguez, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1956 y el 1o. de enero de 1959, fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses, 23 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Segunda, Primera Clase, Especial y Extraordinaria, de Mérito Facultativo y al Mérito Militar de Primera Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división, Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeta a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Ayón Rodríguez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Senador Roberto Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Ramón Rubén Arrieta Hurtado, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1957 y el 1o. de enero de 1960, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 10 meses, 23 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división, Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeta a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ramón Rubén Arrieta Hurtado.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Alfredo Hernández Pimentel, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de enero de 1954, y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1957:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, 10 meses y 23 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial y Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeta a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfredo Hernández Pimentel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Alfonso Mancera Segura, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1953 y el 1o. de enero de 1956, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, nueve meses, 23 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera y Especial, así como las de Mérito Docente y Servicios Distinguidos.
De la revisión del expediente personal y la hoja servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfonso Mancera Segura.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de ala piloto aviador Juan Manuel Wonchee Montaño, como general de división piloto aviador, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete en la Escuela Militar de Aviación, el 3 de septiembre de 1956 y fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de julio de 1959:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 40 años, dos meses y 21 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Extraordinaria y la de Servicios Distinguidos.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división piloto aviador, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división piloto aviador, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Manuel Wonchee Montaño.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de brigada Diplomado de Estado Mayor Luis Humberto López Portillo Leal, como general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1957 y el 1o. de enero de 1960, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Humberto López Portillo Leal.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Vicente Jaime Ramírez Martínez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1958; y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1961:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 11 meses y tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y la Especial, así como la del Mérito Docente y del Mérito Facultativo de Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se la otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Vicente Jaime Ramírez Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Enrique Flores Luna, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1958; y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1961:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 11 meses y tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como la del Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Flores Luna.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Tomás Angeles Dauahare como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 20 de enero de 1961 y el 1o. de enero de 1964, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses, seis días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como la de Servicios Distinguidos.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Tomás Angeles Dauahare.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Salvador Leonardo Bejarano Gómez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1959 y el 1o. de enero de 1962, fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 10 meses, 25 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, y la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Salvador Leonardo Bejarano Gómez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Argelia Hernández Márquez, pueda prestar sus servicios como secretaria, en la Embajada del Paraguay, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 23 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada del Paraguay, en México, serán como secretaria:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Argelia Hernández Márquez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Paraguay, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
JAMAICA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María del Consuelo del Río Bullmán, pueda prestar servicios como recepcionista en la Embajada de Jamaica, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de Jamaica, en México, serán como recepcionista:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Consuelo del Río Bullmán, para prestar servicios como recepcionista, en la Embajada de Jamaica, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de diciembre de 1996.- Diputado Ignacio González Rebolledo, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Carlos Chaurard Arzate, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario diputado Armando Ballinas, por la afirmativa; el secretario diputado Manuel Beristáin, por la negativa.
¿Falta algún legislador de emitir su voto.
Se va a proceder a recoger la votación de la mesa directiva.
(Votación.)
Se emitieron 37 votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 37 votos.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
SOBERANIA NACIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la soberanía nacional.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señor Presidente:
He solicitado el uso de la voz a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para referirme a algunos acontecimientos recientes que tienen qué ver con la soberanía nacional.
El artículo 39 de nuestra norma suprema, establece con precisión que la soberanía nacional reside esencial y fundamentalmente en el pueblo; éste es un bello concepto que fusiona dos de las principales corrientes del pensamiento filosófico francés, el concepto de la soberanía nacional del abate Sieyes y el de la soberanía popular de Rousseau.
De una manera dialéctica y brillante, nuestra Constitución establece que los mexicanos tenemos en todo momento el poder de cambiar nuestras instituciones jurídicas, pero ese cambio tiene que ser vinculado con la tradición y con la historia.
Y en el ámbito interno la soberanía significa la facultad jurídica ilimitada para tomar las decisiones de conjunto que afectan nuestro propósito histórico y nuestro proyecto de futuro.
La soberanía tiene una larga tradición y es una de las páginas más bellas en la historia política de la humanidad cómo se consigue ese concepto de la soberanía y cómo los pueblos conquistamos con sangre y con fuego el derecho de autodeterminarnos, el derecho de decidir libremente nuestro propio destino.
En México, sobre todo en el siglo pasado, está llena nuestra historia de páginas brillantes de cómo miles, cientos de miles de mexicanos, ofrendaron su vida a lo largo de distintas batallas y de distintos movimientos sociales para que nosotros, los mexicanos de hoy, los mexicanos y sólo los mexicanos de acuerdo con el artículo 9o. y 33 de la Constitución, tuviéramos el derecho y la obligación de referirnos a asuntos que competen a la vida política de nuestro país.
México en el concierto internacional ha sido siempre un país que se ha caracterizado por el respeto a esta doctrina, respeto entre los países. "Respeto al derecho ajeno es la paz" dijo don Benito Juárez. México ha abierto siempre sus brazos a la comunidad internacional y se ha ganado un respeto permanente.
Recientemente comentamos aquí en esta tribuna cómo los países de Centroamérica rindieron un homenaje a las luchas permanentes del pueblo de México en la figura del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pidiéndole que fuera el testigo de honor y la persona que interviniera en la firma de los acuerdos de paz.
El Poder Legislativo realiza también una actividad diplomática permanente. Tenemos grupos de amistad con prácticamente todos los países del mundo. Realizamos reuniones interparlamentarias donde con pleno respeto a nuestras soberanías los diputados y senadores discutimos problemas que afectan tanto a la comunidad internacional desde el punto de vista de las relaciones mutilaterales como las que afectan a las relaciones bilaterales con aquellos países donde realizamos interparlamentarias. Pero lo hacemos siempre con un gran respeto a la soberanía de estos países y a sus facultades y pedimos y exigimos también respeto para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial y, sobre todo, para el pueblo de México.
Estos antecedentes tienen que ver, compañeras y compañeros legisladores, con algunos acontecimientos recientes protagonizados por figuras del exterior; hace algunas semanas un grupo de parlamentarios daneses, vinieron al país, fueron a Chiapas, estuvieron un fin de semana en esa zona y se regresaron a su país con una imagen y con un mensaje totalmente unilateral.
No fue sino por circunstancias que nos enterábamos que estaban aquí, se llevó a cabo una reunión con diputados y senadores de todos los partidos políticos y ahí, diputados, sobre todo una diputada del PAN y un diputado del PRD, con una gran gallardía y con una gran valentía, rectificaron una serie de comentarios que hicieron estos diplomáticos italianos.
Pero el colmo ha sido una carta, que hace unos días aparece en un periódico de circulación nacional donde un grupo de diputados y diputadas daneses le envían al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos una comunicación que no podemos aceptar, que no podemos tolerar, no solamente porque atenta contra la soberanía del pueblo de México, que eso sería lo suficiente, sino también insulta al Poder Ejecutivo y sobre todo insulta al Poder Legislativo Mexicano, que conjuntamente con los congresos de los estados, nos convertimos en el poder revisor de la Constitución y somos el último órgano o el órgano constitucional que acepta, rechaza o modifica cualquier iniciativa de reforma constitucional.
El lenguaje utilizado por estos diputados daneses es inadmisible, se convierten prácticamente en los jueces del conflicto chiapaneco, le inquieren al Presidente de la República lo que corresponde solamente a nosotros los mexicanos, si hay o no voluntad política para resolver el problema chiapaneco y le dicen que a su juicio debe aprobarse la propuesta de la Cocopa en todos sus términos y eso es una suplantación de derechos que sólo nos corresponde a nosotros los mexicanos; hemos debatido y seguiremos debatiendo el problema de Chiapas. Hay distintas ópticas y distintos enfoques del asunto.
Pero no se puede en un fin de semana entender un proceso tan complejo, como lo dijo aquí el senador Sami David, de mi partido, la semana pasada, un proceso que tiene múltiples facetas, que ha tenido un enfoque adecuado por el Gobierno de México y el Gobierno entiendo, no solamente al Poder Ejecutivo, sino a todas las instancias de Gobierno, que expedimos una ley específica para atender ese problema, que hay un órgano mixto del Poder Legislativo al que le damos un gran valor y también al cual le dimos nuestro apoyo recientemente en esta Comisión Permanente para que continuara su actitud de mediadora, que se han invertido millones y millones de pesos recientemente en Chiapas para impulsar un nuevo programa de desarrollo en las zonas.
En fin, se desconoce en una visita de fin de semana todos estos avances y esta actitud que hemos tenido todas las fuerzas políticas mexicanas.
Pero independientemente de la buena fe, bajo ninguna circunstancia como senador de la República, como mexicano, puedo soportar o admitir que un grupo de legisladores de otro país venga a suplantar la soberanía popular, que venga a suplantar las facultades y atribuciones que tenemos nosotros los legisladores federales y que vengan a darnos clase de democracia.
Por eso rechazamos contundentemente este tipo de pronunciamiento de los legisladores daneses.
Y esto tiene también que vincular con las declaraciones recientes de la nueva Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América. Nuevamente el prestigio de México, nuevamente el trabajo que realizamos para combatir el narcotráfico es puesto a la discusión en los medios políticos norteamericanos y se hace con un propósito meramente electoral: la señora necesitaba ganarse el voto de todos los legisladores que tenían que ratificar su nombramiento y de una manera demagógica e irresponsable, circunstancia que creo no comparte de manera oficial, pero si la que tuvo que asumir en la comparecencia para poder ganarse el voto del senador Jesse Helmes.
Y por eso fue votado unánimemente su nombramiento por la Cámara respectiva, facultad que nosotros respetamos porque es una facultad constitucional en ejercicio de la soberanía de otro país y que le otorga su Constitución, pero sí rechazamos que nuevamente México sea tema de discusión electoral en los Estados Unidos, nos estamos ya cansando que cada vez que los norteamericanos tengan un asunto electoral que tratar, busquen a México como el protagonista a quien hay que insultar o hay que tratar de manchar para ganar votos electorales.
Nosotros tenemos una magnífica relación con los Estados Unidos de América, con sus funcionarios, amistad que queremos profundizar y en mi caso particular como senador fronterizo tengo una convivencia cotidiana con la sociedad norteamericana, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que nos certifiquen, que certifiquen los esfuerzos de México que son muchos, leyes nuevas, reformas al Código Penal, creación de cuerpos de élite para el combate al narcotráfico, creación de instrumentos administrativos para porvenir y sancionar el delito de lavado de dinero, combate permanente y quema de plantíos.
Y yo les pregunto a ustedes compañeras y compañeros legisladores, cuándo ustedes han tenido conocimiento que han detenido en los Estados Unidos de América a un importante narcotráficante; cuándo han oído ustedes que en los Estados Unidos de América hayan encontrado a un grupo de lavadores de dólares, si sabemos muy bien que en los Angeles, California es el centro más importante de lavado de dinero y que en los centros financieros norteamericanos se financian con producto del narcotráfico.
Cuándo han oído ustedes que se hayan detectado plantíos de mariguana en Florida, en Louisiana como países que son fundamentalmente agrícolas; cuándo han oído ustedes que se combata la proliferación de revistas y de libros que enseña en los Estados Unidos cómo poder cultivar la mariguana en macetas para su consumo y qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para poder atacar las legislaciones de California y Arizona que han legalizado el consumo de la mariguana para efectos de enfermedad.
Nosotros hacemos estas reflexiones no con el ánimo de intervenir en la política de los Estados Unidos de América, pero si les pedimos que no quieran ver la astilla o la paja en el ojo ajeno y no vean la enorme viga que tienen en sus ojos.
Por lo tanto, queremos hacer una declaración política a nombre de la fracción parlamentaria del PRI:
Primero. Repudiamos firme y tajantemente la intromisión que legisladores extranjeros hagan en los asuntos de estricta competencia e interés nacional.
Segundo. Demandamos que se observen las reglas del derecho internacional y por lo tanto respeto irrestricto a la soberanía del pueblo mexicano.
Tercero. Por respeto a sus soberanías, exhortamos a los gobiernos y a los parlamentarios que han propuesto soluciones a asuntos internos de México para que se abstengan de ejercer un papel unilateral de fiscalización internacional que daña tanto las buenas relaciones de convivencia entre las naciones.
Solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, estudie la posibilidad de enviar una nota diplomática al gobierno de Dinamarca, por la intervención de sus parlamentarios en asuntos internos de nuestro país.
En el combate al narcotráfico, México reconoce la necesidad de la cooperación internacional con igualdad de derechos y de obligaciones. Rechazamos todo proceso que implique una certificación unilateral por parte de los gobiernos extranjeros sobre las acciones del Gobierno mexicano.
Es cuanto.
El Presidente:
Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
El problema planteado por el senador Rodríguez, tiene obviamente diferentes lecturas y aristas, la defensa de la soberanía nacional en la cual obviamente estamos todos de acuerdo, tiene que concretarse de manera importante para que no quede en generalidades o en simples saludos a la bandera.
Estamos viviendo, como cada año desde 1986, una lucha del Gobierno mexicano para quedar bien ante la opinión pública norteamericana y en especial del gobierno norteamericano. William Clinton tendrá que decir ante su gobierno qué país pasa la certificación y quién no.
Si fuera un asunto técnico meramente, no tendría mucha validez lo que dijera o no William Clinton alrededor de lo que hace México en el combate contra el narcotráfico, no pasaría de que los programas de cooperación, en especial los de la DEA, los retiraran y no se siguieran implementando con México, pero por la debilidad, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, frente a los Estados Unidos, la certificación se ha convertido en un instrumento político desde el cual, si no hubiera éste, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Salinas y el de Zedillo ahora, no podrían tener un aval para su política económica y para implementar programas económicos desde Estados Unidos, para con los grupos económicos principales mexicanos.
Lo grave del asunto de la certificación es que lo aceptamos en los hechos, le damos esa importancia. Deberíamos nosotros simplemente decir, ustedes pueden opinar lo que quieran pero no tienen derecho a certificarnos, ningún derecho, la certificación más bien tendríamos que hacerla nosotros y los países de América latina hacia ellos, para ver si cumplen realmente con los programas que anuncian del combate, en este caso del narcotráfico o no y obviamente es que no, desde allá se impulsa mucho estas mafias organizadas, permitiendo abiertamente, incluso hasta legalmente como se mencionó en la intervención anterior, el comercio del narcotráfico.
La certificación, el problema de la certificación es que hemos llegado al grado, por ejemplo, de que Jorge Madrazo, el procurador general de la República, esté allá haciendo un trabajo de lobby, como un empleado, frente a Janet Reno, a Robert Mac Caffrey, el gran zar del combate contra el narcotráfico y principal represor en su tiempo y momento en el Canal de Panamá, cuando encabezaba ahí al ejército norteamericano; frente a Luis Freck, ahora nuevo jefe del FBI o a Thomas Constantine, el gran jefe también de la DEA o a Robert Gelbart, subsecretario de Estado o a George Weisses, del servicio de aduanas.
Y ahí anda, de oficina en oficina por todo Washington y Virgina, visitándolos, convenciéndolos que México está cumpliendo con la tarea que le encomendó el gobierno norteamericano en el combate al narcotráfico. Eso es lo lamentable que tenemos nosotros que señalar y denunciar. No puede ser que estemos haciendo esa tarea para quedar bien frente a esos señores, que al final le van a enviar al Presidente Clinton el sí o el no, el sí hizo la tarea o no el Gobierno mexicano.
Pero también va a ir con los legisladores, ahí Silva Herzog, los va a reunir en la Embajada a los diputados y senadores que quieran ir de Estados Unidos y alguno que otro académico, para convencerlos Madrazo, el Gobierno mexicano, de que sí estamos haciendo la tarea pedida para que nos certifiquen. Eso es lamentable y eso obviamente debilita en mucho a nuestro país, no solamente al gobierno de Zedillo en este caso, en esta ocasión, sino al país y eso nosotros no podemos permitirlo.
Ojalá Roberto Madrazo, perdón, otra vez el síndrome de los madrazos está presente, no solamente a la hora de la entrada aquí, sino incluso en esto, ojalá Jorge Madrazo, procurador general de la República, pudiera venir siquiera a informarnos a los legisladores mexicanos, a los mexicanos y en la Comisión de Justicia en donde no nos pudimos reunir porque no fueron los compañeros priístas y que no pudimos hacer quorum, no pudimos concretar el que viniera siquiera antes de que fuera a Estados Unidos, a informarnos de esto.
Eso es lamentable, eso no se vale, que más se preocupen por quedar bien allá y allá están haciendo todo este trabajo de lobby, allá acompañado por el general José Gutiérrez Rebollo, el director del Instituto Nacional del Combate Contra las Drogas y de Juan Rebolledo, ex secretario particular de Salinas de Gortari, ahora su secretario de relaciones, anden haciendo, allá sí, su tarea puntual, a tiempo de informar cómo va el trabajo, el combate contra el narcotráfico y aquí los senadores, los diputados, la sociedad, ¿nos han informado como va? ¿Nos podemos certificar internamente? No, porque simplemente la tarea es cumplir con los Estados Unidos.
Es lamentable y eso es lo que nosotros tenemos que condenar, por un lado la certificación que quieran hacer los Estados Unidos y a partir de ahí imponer políticas y a partir de ahí imponer, incluso hasta castigos contra nosotros ahí, y por otro la certificación que hagan de todo México, como un país que realmente combate o no al narcotráfico.
Como Cámara, como Comisión Permanente, como Congreso de la Unión, nosotros tenemos que estar pendientes en el tiempo que queda, de aquí a mediados de marzo, para que nosotros efectivamente no estemos de acuerdo con la certificación, creo que ahí es unánime impulsar fuerte eso a partir de que no es aceptable que un país nos certifique o no. Que se meta en asuntos que efectivamente competen sólo a los mexicanos y no podemos por lo tanto aceptar lo que diga William Clinton a partir también de sus propias necesidades en Estados Unidos, para con México.
Es grave, es grave que ese asunto se dé, porque nos debilita mucho. Ya ni siquiera en Colombia se acepta la certificación plenamente; ya ni siquiera en Ecuador o Bolivia, pero Colombia, donde incluso se le retiró la visa al presidente colombiano. Ya quisiera ver aquí que pasaría si se retirara la visa, porque no nos certifican, al presidente Zedillo o a nosotros como diputados y senadores o a algún funcionario, o a algún gobernador, que nos retiren simplemente la visa porque no estamos certificados por Estados Unidos.
No podemos llegar a ese extremo y hay que decirle a los colegas diputados, senadores norteamericanos, que efectivamente no se entrometan en los asuntos mexicanos, pero que también vean en su propio país si se combate al narcotráfico o no y vuelvo a decir como al principio lo hemos dicho, incluso coincidentemente, no, no se combate plenamente. Se utiliza ese pretexto para meterse en los asuntos de otros países como es el nuestro.
Ojalá a partir de esta Comisión Permanente y posteriormente de la Cámara de Senadores y Diputados, podamos nosotros discutir a fondo estos asuntos, para que no se convierta la certificación o no de Estados Unidos en esta ocasión, en un instrumento de intromisión.
Incluso recomendar al Gobierno mexicano, nosotros, con todo nuestro derecho, no sólo de legisladores sino de mexicanos, que revisemos la política que tenemos bilateralmente en las compras del equipo antinarcóticos, de helicópteros, de los aviones, radares, globos aerostáticos. Decirles que no vamos a entrarle a la flota, que aunque lo desconozca James Jones, salió del zar, de la boca del zar Mac Cathry la integración de la flota latinoamericana para disque combatir al narcotráfico, cuando sabemos que no va a ser así.
Revisar la cooperación, supuestamente cooperación que existe entre ambos países a través de la DEA, que se le permite tener, dar sus puntos de vista hasta ahora, sobre el combate al narcotráfico, aunque sabemos que andan los policías de la DEA y del FBI abiertamente trabajando de manera ilegal en nuestro territorio.
Veamos y revisemos estos convenios con la DEA, a ver si son realmente útiles o no para el combate real contra el narcotráfico. Revisemos la utilización también de los radares que están en territorio mexicano, operados por técnicos norteamericanos, para ver si realmente están siendo utilizados en beneficio de nuestro país o es para otro asunto muy distinto para el cual se pusieron.
Incluso creemos que desde esta Comisión Permanente deberíamos nosotros condenar abiertamente, directamente, este instrumento de intromisión como es la certificación, condenarla y rechazarla por todos los partidos. Incluso podríamos hacer un punto de acuerdo, pedirle al Presidente que nos dé una moción suspensiva para ver si se puede hacer esto y de una vez darlo a conocer, porque sí amerita antes de llegar a marzo, una respuesta en ese sentido por parte de todos los diputados y senadores de México, en defensa de nuestra soberanía nacional.
Gracias.
ESTADO DE MEXICO
El Presidente:
Para tratar asuntos del Estado de México, tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, diputado Presidente; compañeros diputados y senadores integrantes de esta Comisión Permanente:
Más bien la reflexión que nos motiva a intervenir es parte de lo que abordamos la sesión pasada sobre el pluralismo y la tolerancia política y cómo estos fenómenos deben desarrollarse como expresión de la transición que el país debe dar hacia nuevas formas en la práctica política, pero también para nuevas formas en la convivencia entre niveles de gobierno que van a ser ahora ocupados por distintos partidos políticos. Cómo el país se prepara para pasar de esta prácticamente hegemonía absoluta que vivimos durante varios años, a un pluralismo pleno en donde la convivencia y la civilidad deben de ser norma y donde la construcción y la búsqueda del consenso debe ser también una práctica reiterada.
Y lo hago también en relación no sólo al quehacer político, sino también a la solución de problemas y conflictos sociales que si no son encauzados nos van a rebasar a todos.
Hoy el país vive problemas como las carteras vencidas, como los reclamos de grupos indígenas y campesinos que requieren tener mucha sensibilidad política para poder encauzarlos, para poder lograr no sólo respuesta a reclamos diferidos durante muchos años, sino hacerlo también en una forma en donde no se despierte en espíritu de encono y de confrontación y los ánimos que a veces son exacerbados por los discursos rijosos, por los discursos que demuestran falta de oficio y de tolerancia política.
A muchos de nosotros nos causó asombro que en el lapso de una misma semana, con algunos días de diferencia, se desatara una serie de acciones contra los gobiernos en municipios del Estado de México.
No podemos dejar pasar por alto que en la misma semana Nezahualcóyotl, gobernada por el Partido de la Revolución Democrática o por mencionar otros Naucalpan, con una administración encabezada por el Partido Acción Nacional, sufrieron acciones desestabilizadoras cuya coincidencia refleja que responden a un proyecto de más largo alcance.
Los conflictos, impulsados en ambos casos por grupos del partido oficial en el Estado de México, tienen como objetivo crear mala imagen pública a los gobiernos surgidos de las oposiciones, respondiendo a lo que consideramos inadecuada política de enfrentamiento que ha construido la nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional y el propio endurecimiento del discurso presidencial.
Las fuerzas del PRI en el Estado de México actúan impunemente contra las autoridades legítimamente electas; impulsan bloqueos administrativos que llegan hasta el ataque al local del ayuntamiento en ciudad Nezahualcóyotl; llaman a la población a no pagar impuestos e inducen a no pagar derechos por el servicio de agua potable, con el objetivo de generar mayores problemas económicos a las haciendas municipales.
Podríamos pensar que son las acciones previsibles en cualquier municipio donde hay un cambio de gobierno o donde se rompe una hegemonía impuesta durante muchos años. Sin embargo, para nosotros reflejan un problema de fondo porque la pluralidad, expresada por los ciudadanos mexiquenses, se vio empañada por acciones revanchistas de los grupos que ostentaban el poder en estos municipios.
El mandato que ahora recibe un presidente municipal, surgido del PRD o surgido de otro partido, como es el caso de 50 municipios en el Estado de México, se ve empañada por estas acciones y en el fondo hay una actitud de no respetar lo que es la expresión clara del mandato popular en las urnas.
Nos parece incluso que junto a estos problemas de índole política, los municipios enfrentan una realidad difícil que debería de obligarnos, a todos, a reflexionar sobre la forma en que se debe de respetar, apoyar y fortalecer el desarrollo de los municipios, independientemente del partido que los esté gobernando.
Es un problema real, por ejemplo, que enfrenta los nuevos ayuntamientos la desproporcionada deuda pública heredada por las administraciones anteriores.
Para hablar nuevamente en concreto, en Naucalpan la deuda pública asciende a 320 millones de pesos, que equivale al 64% del Presupuesto de Egresos que ejerció el gobierno municipal en 1996.
Por otra parte, el ayuntamiento de ciudad Nezahualcóyotl, tiene una deuda pública de más de 111 millones de pesos que equivale a más del 40% del presupuesto anual que ejercerá la nueva administración en esa localidad.
Es decir, estos problemas heredados, ya de por sí constituyen una carga difícil que tendrán que enfrentar las nuevas administraciones y, en muchos casos, estamos hablando de una deuda heredada muy cuestionable, muy cuestionable en sus montos, pero sobre todo más cuestionable en los beneficios que pudieron haber dejado a los ayuntamientos.
Sin embargo, lo que están reflejando en sus problemas, es la necesidad de enfrentar a fondo reformas que permitan fortalecer las finanzas municipales y enfrentar los compromisos que los habitantes de esos municipios requieren y esta reflexión es obligada, cuando hemos conocido en otros estados, actitudes de los gobiernos estatales, para mantener en forma permanente finanzas municipales precarias, precisamente como expresión de una conducta política, que tiende a debilitar gobiernos emanados de otros partidos, ayuntamientos encabezados por políticos de partidos distintos al del gobernador.
En contraste, frente a estos problemas reales y otros creados en forma artificial que enfrentan los municipios en el Estado de México, hemos podido observar un Poder Legislativo inédito y además está demostrando que no pasa nada cuando el PRI pierde la mayoría.
Que lo que pasa es obligar a la búsqueda del consenso, obligar a la construcción de acuerdos y a que nadie se arrogue en forma exclusiva el derecho de imponer sus decisiones y su rumbo al país.
En la LIII Legislatura del Estado de México, no hay un solo partido que tenga por sí solo ni siquiera mayoría relativa, de tal forma que la aprobación de cualquier ley requiere obligadamente la construcción del consenso y del acuerdo con las otras fuerzas políticas.
A nosotros nos parece este contraste en la ofensiva que se vive en los municipios y de la pluralidad que se puede lograr en la LIII Legislatura un fenómeno importante, porque puede también prefigurar la conformación de la próxima Cámara de Diputados.
Hoy por lo menos podemos celebrar un acuerdo logrado por unanimidad en la LIII Legislatura, con el concurso de los diputados de todos los grupos políticos, para plantear la revisión de coordinación fiscal.
Esta ciertamente es una inmejorable oportunidad para construir consensos y para obligar a las respuestas que cuenten con el apoyo de todos los grupos y las fuerzas políticas.
Pero más que nada, es un ejemplo que demuestra a los catastrofistas del discurso, que la pérdida de hegemonía de un solo partido no deriva en el caos y menos se convierte en un retroceso, sino por el contrario, en una situación que obliga, que obliga no solamente en el discurso sino en los hechos a hacer política, construyendo consenso y buscando el acuerdo entre todos.
Confiamos que ésta será la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, luego de la elección del próximo 6 de julio, que refleja una tendencia electoral que seguramente prevalecerá en el país, pero lo más importante, permite un verdadero salto cualitativo en el proceso de democratización de nuestro país.
Impone en forma obligada a un Congreso en donde todo el manejo del proceso legislativo requiere la construcción de consensos y pienso, soy un convencido de que ésta sea la mejor forma para lograr un Poder Legislativo que ejerza plenamente sus facultades, la mejor forma para hacer vigente la división de poderes establecida en la Constitución, pero es también la mejor forma para dotarnos de un Poder Legislativo que sin trabas de la hegemonía de una sola fuerza, pueda desplegar toda la habilidad creativa de los próximos legisladores que integren esta Cámara de Diputados.
Es por ello incluso que ojalá y esta legislatura pueda también, con visión de futuro, lograr la modernización del reglamento y de la Ley Orgánica de la Cámara que permita desplegar toda la fuerza de la política, toda la fuerza del consenso, toda la fuerza de una situación que cada vez es más real en el país. Nadie puede gobernar solo, hoy es la hora del consenso, hoy es la hora de la búsqueda de acuerdos entre todas las fuerzas políticas.
Y me refiero, finalmente, al asunto también de los problemas sociales, hoy cada vez más graves y hoy también cada vez demandando una mayor sensibilidad política. Se ha perdido un momento favorable para haber logrado la solución del conflicto, heredado por la administración salinista, más grave y delicado que ha enfrentado el país, me refiero al conflicto en Chiapas. Fue un momento importante cuando se expresó la anuencia del EZLN hacia la iniciativa presentada por la Cocopa; pero junto con esto, hay otros conflictos cuya magnitud necesitamos entenderla y, sobre todo, sobre los cuales es necesario trazar acuerdos, buscar el consenso también con la parte de la sociedad mexicana que se ha visto afectada por estos conflictos, porque son problemas que no podremos resolver con decretos que no expresen ni recojan la actitud y los sentimientos de los mexicanos que están siendo afectados y en esta Comisión Permanente hemos podido pulsar y conocer de conflictos de diversos sectores de mexicanos y hemos tenido que hacer un esfuerzo para, entre todos, tener la sensibilidad y tener la prudencia y la tolerancia para irles encontrando cauce, salida y solución.
Hoy, aquí en esta Comisión Permanente está un grupo también de barzonistas que en el fondo han tenido que enfrentar un problema que hoy no exageramos al decir que es un problema que afecta a la mayoría de los mexicanos y también aquí tenemos que aprender a diferenciar lo que son las expresiones, lo que son los reclamos o las manifestaciones como efecto de un problema no resuelto todavía que es la crisis de los deudores de la banca.
Y cómo es posible enfrentar este problema si no es atendiendo el fondo y no solamente tratando de parar los efectos del conflicto. Hoy aquí nos han buscado a un grupo de diputados para plantear la situación que viven cuatro barzonistas detenidos: Jorge Humberto Miranda Vázquez, José Martín Miranda Vázquez, Eleazar Aguilar Pérez y Alfredo Molina Hernández, acusados de privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y resistencia de particulares.
Y podría pensarse que en otros lugares y frente a otras manifestaciones podrían darse o podría alentarse otra vez este tipo de respuestas: detenciones, procesos, pero sería una gran miopía pensar que esto va a amedrentar a una organización social o que esto va a impedir que se siga planteando el reclamo de solución de fondo del problema.
Por eso, además de reiterar que ciertamente de todos los partidos hay legisladores preocupados por encauzar el problema de los deudores de la banca y que en este caso esperamos que también haya respuesta de legisladores de todos los partidos para asumir los efectos que hoy les llegan en forma directa y personal a cuatro mexicanos para que hagamos un esfuerzo todos a encontrarle el cauce legal, la salida a un problema cuya magnitud ha crecido cada vez más y cuya magnitud puede traer un serio conflicto como colapso del sistema financiero nacional.
Hoy el problema de los deudores de la banca no es un problema nada más de los deudores y no es un problema nada más de los banqueros; es un problema de todo el país, es un problema nacional y como tal hay que abordarlo. Pero sirva este caso concreto y sirva esta reflexión para hablar en general de cómo debemos tener sensibilidad para que problemas sociales rezagados y acumulados durante muchos años, para que problemas incluso exacerbados al grado máximo por la aplicación de la política neoliberal durante los últimos ocho años, requieren encontrarle cauces y requieren encontrar soluciones alejadas de lo que pudiera pensarse la represión o la solución de los elementos coercitivos del Estado.
Habrá quienes en un exceso de formalismo cedan a la tentación, griten que hay que usar la fuerza pública aun para ordenar las sesiones del Congreso, de la Comisión Permanente; habrá quienes hablen de aplicar la ley pero estaremos nuevamente perdiendo el fondo del problema porque hoy estamos atacando efectos de conflictos sociales acumulados durante largos años, que si no encuentran salida nos van a estallar a todos en las manos.
Y hoy hablo porque esta responsabilidad no será solamente de un partido, porque estamos ya en una etapa en donde gobierno e instituciones ya no tienen un color monolítico y existe ya una integración en todos los niveles, que cada día la vamos a ir viendo en forma más desarrollada.
Hoy hay municipios gobernados por políticos de todos los partidos que enfrentan el mismo problema y a los cuales no hay que crearles problemas artificiales; hoy hay congresos de los estados que no podrán responder a las consignas de los gobernadores y tendrán que construir como Poder Legislativo sus acuerdos y esperamos que también aquí, en el corazón de México, en el Distrito Federal, vivamos muy pronto la dinámica política de un gobierno distinto al que hoy tiene el Poder Ejecutivo o al que hoy domina en el Poder Legislativo y veremos una nueva dinámica que va a exigir tolerancia, que va a exigir civilidad, y sobre todo, que va a exigir hacer política de altura y ojalá y ése sea también el mandato de los electores el próximo 6 de julio. Un Poder Legislativo que no esté dominado por ninguna fuerza y que obligue a la construcción de consensos; que obligue a buscar con mucha sensibilidad política la solución de problemas que hoy afectan a la mayoría de los mexicanos y que si no les encontramos salidas, nos van a estallar en las manos de todos, afectando no a un partido, sino afectando al país en su conjunto.
Por eso hacemos un llamado para que en el Estado de México se tenga esa visión y se tensa esa perspectiva y por eso también hacemos un llamado a todos, para que frente a problemas y conflictos sociales, cuyos efectos hoy se expresan, podamos tener respuestas que vayan a la solución de fondo de los problemas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Sergio Ramírez Vargas.
El diputado Sergio Ramírez Vargas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna porque creo conveniente hacer algunos comentarios y algunas precisiones sobre algunas partes de lo expuesto por el compañero Pedro René Etienne; algunas partes nada más, porque el compañero pasó y habló de muchas cosas y de muchas generalidades, pero tocó algunos puntos específicos del Estado de México. Habló de la deuda de algunos municipios, y mencionó algunas cantidades, pero no sé si internacionalmente, él no expresó que las deudas en el Estado de México, en los municipios se rigen por una ley, y que esa ley marca límites de endeudamiento donde marca que no se pueden endeudar los municipios con más del 30% de su presupuesto. También marca que cuando son más de 100 mil pesos, esas deudas deben ser aprobadas por cabildo y. cuando esa deuda es por más de tres años, debe ser autorizada por la Cámara. En fin, hay un procedimiento legal, y que ese procedimiento legal garantiza excesos en los endeudamientos.
También no podemos dejar pasar la acusación que se le hace a nuestro partido, a los priístas, donde expresa que en el Estado de México donde ellos ganaron las administraciones municipales, se hace un movimiento de los priístas del Estado de México, de desestabilización, de bloqueos, de una serie de acciones para no dejar gobernar adecuadamente a los municipios que ellos gobiernan. ¿No será que de antemano esté justificando ciertas ineficiencias o cierta inmadurez en la administración municipal.
Y menciona el caso de Nezahualcóyotl, el caso de Naucalpan. Pero no dice con precisión cómo, qué fenómeno se desarrolló ahí. En Nezahualcóyotl, el presidente municipal del PRD autorizó una "tocada" a un perredista, a un grupo de muchachos banda, y pues seguramente al autorizar en la explanada del palacio municipal esa "tocada", el presidente municipal debió haber previsto que podría haber desórdenes, debió haber resguardado con la policía municipal. Pero su inexperiencia y su ineptitud dejó que transcurrieran las cosas.
Se dice que debido a que un grupo musical no quiso tocar, los muchachos hicieron el escándalo.
Y también no mencionó que perredistas, un regidor perredista y su familia fue golpeado por el director de policía y tránsito del municipio de Nezahualcóyotl.
Y también no dice que un diputado local del PRD, junto con varios perredistas de Nezahualcóyotl, están pidiendo la destitución de esa autoridad. ¿En dónde está la intervención en este caso concreto de los priístas? ¿En dónde está esa acción de desestabilización que él menciona.
Y podemos hablar de Texcoco, que no lo mencionó pero que más o menos es del mismo estilo. Ahí, cuando era candidato el presidente municipal del PRD expresó dentro de sus promesas "bajar la cuota del transporte" y también ofreció dar concesiones, dar concesiones a particulares para el transporte.
Ya en funciones, seguramente sabía que no era incumbencia de él dar concesiones. Ya en funciones promovió el transporte con ciertos particulares, violentando las reglas, no teniendo concesiones y los concesionarios legalmente constituidos protestaron e hicieron la movilización y que ahora él le llama "desestabilización a los municipios del PRD".
Y podríamos seguir hablando de Naucalpan, igual. Pero a mí me parece muy curioso de que en donde gobierna la oposición, y en Jalisco y otros lugares, haya actos de violencia. ¿No será que es una forma de hacer política de estos partidos.
Finalmente yo quisiera tratar el asunto que mencionó, de un ejemplo a seguir en el Estado de México, porque no hay una dominancia o hegemonía de un partido.
A mí me parece que el compañero pasó aquí prácticamente a hacer una campaña para el voto para 1997. Y también me da la sospecha de que lo que está pasando en el Estado de México, en la Cámara sea también una estrategia, una estrategia porque... y me da la sospecha porque a mí no me parece muy adecuado o muy lógico que de un día para otro los compañeros del PRD y del PAN, de un día para otro ya no se vean antagónicos, ya sean personas que consensan; de un día para otro proponen cosas que no dañan en un momento dado a la ciudadanía. En fin, ya son "unas blancas palomas".
¿No será que recibieron indicaciones los diputados del PRD y del PAN en el Estado de México para que dejen correr las cosas en paz y no sea un ejemplo de que en las cámaras debe haber gobernabilidad? A mí me parece muy ilógico y más bien me parece una estrategia de estos partidos de oposición.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Pedro René Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano: (desde su curul):
Para solicitar a la Presidencia que una transcripción (versión estenográfica) de mi intervención se la puedan dar al diputado Sergio Ramírez, por favor.
El Presidente:
Tome nota la Secretaría al respecto.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Se va a dar lectura a dos invitaciones.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por su digno conducto me permito participar a ese honorable cuerpo colegiado que, como es tradición en la celebración de ese festejo del Calendario Cívico Nacional, el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Querétaro han organizado la ceremonia conmemorativa del LXXX aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el miércoles 5 de febrero entrante, a las 11:00 horas, en el Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro.
Al respecto me es particularmente grato transmitir una atenta y cordial invitación a los integrantes de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con objeto de que pudieran concurrir a esa ceremonia cívica.
Lo anterior sin dejar de participar que, a través de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, se remiten las invitaciones personales que corresponden.
Reitero a ustedes, en esta ocasión, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El próximo miércoles 5 de febrero, a las 13:00 horas, tendrá lugar la develación en los muros de este recinto legislativo, de la placa con los nombres de los Constituyentes de 19161917, como parte de los actos conmemorativos del LXXX aniversario de la Promulgación de nuestra Carta Magna.
En virtud de lo anterior, en nombre de la Comisión Especial para la conmemoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me es muy honroso extender una cordial invitación a los integrantes de esa Comisión Permanente.
Atentamente.
Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 29 de enero de 1997.- Diputado Jorge Moreno Collado, Presidente.»
De enterado.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Para hablar sobre asuntos del Estado de Chiapas, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Con el permiso de la Presidencia:
En el marco de un intenso e importante debate nacional en torno a la iniciativa de la Ley de la Cocopa para hacer realidad los acuerdos sobre derecho y cultura indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar, entre la representación del Gobierno Federal y el EZLN como antecedente vital para alcanzar un acuerdo definitivo de paz, se observa finalmente una luz de esperanza. Ello es así, porque la opinión cualitativa de importantes actores sociales y políticos tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan jerarquías de las iglesias del país, el Consejo Nacional Indígena, analistas, políticos y académicos, un nutrido grupo de parlamentarios italianos y organizaciones no gubernamentales de Suiza, se han inclinado por reconocer abiertamente a la Cocopa y a la esencia de su iniciativa como los instrumentos que representan el consenso original entre las partes y por tanto la auténtica garantía de paz con justicia social en Chiapas, con la cual gana México y gana el futuro del país.
También es así, porque los partidos políticos representados en la Cocopa se han dado el compromiso de fortalecer sus decisiones, es decir, un reconocimiento y un compromiso a los alcances y a la profundidad de un proceso inédito donde la sociedad acepta, a través de sus organizaciones partidarias, que es imperativo concluir en una solución que permita a los pueblos y a las comunidades indígenas recuperar plenamente su identidad cultural.
La disyuntiva interpretada adecuadamente por la Cocopa, ha sido y es la de reconocer que los acuerdos de San Andrés entrañan la posibilidad de poner fin a cinco siglos de marginación o bien llevar a la nación a una situación indeseable, cuyos signos ominosos son la militarización regional acelerada que está a la vista.
Nos encontramos evidentemente ante la hora de las definiciones, tanto de los individuos como de las instituciones políticas y en este contexto resulta alentadora la actitud responsable y mesurada de la Cocopa, aun cuando se encuentra sometida a presiones extremas, muchas de las cuales pretenden socavar su legitimidad y la misión que tiene en estos momentos cruciales para el país tal y como han denunciado los diputados Juan Guerra, César Chávez, José Narro y el senador Heberto Castillo.
A pesar de que el tiempo político se estrecha, resulta alentador que la Cocopa se haya propuesto realizar esfuerzos necesarios para encontrar vías que conduzcan a la meta deseada, aun cuando es obvio que también los enemigos de la paz buscan ganar tiempo con el propósito de abortar el proceso y colocar a la afición en una situación de retroceso indeseable.
Si ese propósito, es de suyo rechazable, lo sería más aún la intención de inducirlo para utilizarlo en complicados escenarios electorales que se avecinan y cuyo preludio de polarización atestiguamos cotidianamente. El conflicto de Chiapas no puede ni debe ser usado en ninguna circunstancia como un escenario electoral alternativo para nadie.
Ha llegado la hora de ratificar positivamente el compromiso con los pueblos y las comunidades indígenas; de oponernos a la negación de la palabra empeñada que devalúa la seriedad de las instituciones republicanas; de rechazar sin ambigüedad alguna la perversa adulteración de los contenidos previamente acordados en mérito de frivolidades protagónicas y utilitarias de actores identificados con valores conservadores y prestos a intereses regresivos; de replegar a los militares a sus cuarteles que amenazan y atemorizan a la población; de decir sí a la Cocopa, sí a la esencia y a los espíritus de San Andrés, sí a la auténtica unidad nacional, sí a una solución negociada, sí a la paz justa en Chiapas.
Nos congratula que se rechacen las certificaciones que en materia de combate a la droga se trata de imponer a nuestro país; nos preocupa que se trivialice la opinión de factores internacionales como una delegación legislativa que recientemente visitó el Estado de Chiapas; nos preocupa que éste sea un doble lenguaje, que mientras en la Permanente se rechaza la certificación, la opinión del señor Procurador no pase más allá de que no ayuda la certificación, cuando todos sabemos que lo que se requiere en este momento es un rechazo enérgico para ella.
No podemos en este Congreso seguir esperando que los factores reales del poder impidan que la Cocopa cumpla su cometido.
Compañeras y compañeros legisladores, por nuestro conducto, el grupo parlamentario del PRD urge una vez más a la Cocopa para que presente ante el Congreso de la Unión su iniciativa de ley que contiene en esencia los acuerdos de San Andrés. Invitamos a esta Comisión para que a la brevedad posible pueda convocar a un periodo de sesiones extraordinarias que analice y en su caso apruebe la iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el Senador Sami David.
El senador Sami David David:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros de partido:
Creo que con la participación del diputado Cruz Malpica en relación a un tema que nos es común tratar ante esta Comisión Permanente, está en el conocimiento de esta soberanía de la importancia y del compromiso que el conflicto en Chiapas despierta y sobre todo el estado actual de las negociaciones para lograr el objetivo de una paz con justicia y dignidad.
Hay en términos generales de parte de mi grupo parlamentario, como así ha dejado constancia en esta tribuna el Partido Revolucionario Institucional, de la postura del Partido de la Revolución Democrática.
Mi interés de venir a esta tribuna es para reafirmar que el compromiso de reconocer en la Cocopa el elemento sustancial de promoción y de coadyuvancia para destrabar las dificultades en que atraviesa el conflicto, sigue siendo permanente. Hoy comparto con ustedes y como ha dejado constancia de ello en un periódico nacional el senador Heberto Castillo, presidente actual de la Comisión de Concordia y Pacificación, hace un testimonio público sobre todo de los acuerdos de San Andrés.
Hemos afirmado en esta tribuna que hay el propósito de cumplir en esencia de los acuerdos de San Andrés, el espíritu de la consulta nacional para actualizar y llevar a la Constitución General de la República la nueva relación de las comunidades indígenas con el Estado mexicano, así como de buscar por medio del consenso los elementos que puedan construir una ley que a todos nos comprometa, que a todos nos obligue y que ante todo sea palanca para que las comunidades indígenas encuentren las mejores condiciones para su desarrollo, su dignidad y su justicia.
Es también importante señalar que la constante en este proceso será la ley y la política. Tampoco un estricto apego letrista a los textos legales pero ninguna solución política que pueda quebrantar nuestros instrumentos constitucionales; creo que está por demás consciente esta representación en la Comisión Permanente, que la Comisión de Concordia y Pacificación en su responsabilidad de coadyuvancia y en el propósito de representación del Congreso de la Unión todo, tendrá los elementos necesarios, los elementos fundamentales para sentar a las partes y para que las propuestas en la materia puedan ser revisadas, puedan ser analizadas y puedan ser condensadas y en su tiempo y oportunidad, en términos como lo marca el artículo 71 constitucional, atender las posibilidades de iniciativa que correspondan al mandamiento original de una Ley de Concordia y Pacificación que establece claramente las promociones y no limitaciones de este órgano de coadyuvancia.
La propia Ley de Concordia y Pacificación, tiene en su contenido los elementos necesarios para que cada una de las partes actualicen sus propuestas y lo conozca la opinión pública en su oportunidad.
El contenido de la Ley de Concordia y Pacificación tiene, en acuerdos subsecuentes, los elementos necesarios para no detener el conflicto y su propósito de negociación y evitar las trabazones que las visiones particulares y unilaterales nos traigan limitaciones para lograr consensos.
Es de reconocerse que no sólo en el contenido y esencia de la Ley para el Diálogo y la Pacificación, que inicialmente aprobamos el 11 de marzo de 1995, sino múltiples esfuerzos individuales de los integrantes de la Cocopa, de todos los partidos políticos, han dejado huella y han traducido en múltiples herramientas acuerdos y reglamentos, posibilidades para avanzar bien, avanzar rápido y obtener, como lo exige la sociedad mexicana, mejores fines para lograr una paz justa con justicia y dignidad.
Es pues de saludarse, de reconocerse esta posición de las fuerzas políticas y también de advertir que será en el conocimiento pleno de cada uno de los puntos que las partes vayan presentando en las mesas y la sociedad los haga suyos, como podemos apurar la solución al conflicto y poder ver una página más en la etapa que a los chiapanecos nos apura y que los mexicanos nos reclaman.
Eso es cuanto, señor Presidente.
ESTADO DE MORELOS
El Presidente:
Tiene la palabra para hablar sobre asuntos del Estado de Morelos, la diputada Ana Lilia Cepeda de León.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Gracias, compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
En la pasada sesión de la Comisión Permanente, planteamos nuestra preocupación en torno al deterioro de la vida política y social del Estado de Morelos.
Lejos de ser esto un asunto irrelevante para esta soberanía, como se expresó aquí por un legislador, lo cierto es que éste es un tema que trasciende el ámbito local, pues se relaciona con asuntos clave de la vida nacional en nuestro país.
Lamentablemente el gobierno estatal ha estado muy lejos de actuar a la altura de las circunstancias, el menosprecio y la prepotencia que han caracterizado a la conducta del gobernador del Estado de Morelos, vuelven a marcar el tono de sus respuestas, en particular a las preocupaciones que se manifestaron tanto en el Congreso del Estado como en esta Comisión Permanente.
El pasado jueves 24, el general Carrillo Olea expresó que daría una puntual explicación a la sociedad y no a los diputados, sobre el aterrizaje en el aeropuerto del Estado, de aviones que transportaron a invitados a la boda de la hermana del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
El desdén hacia el Poder Legislativo, fue acompañado por calificativos inaceptables contra integrantes de esta Comisión Permanente, como es el caso de nuestro compañero Ramón Sosamontes, al tiempo que intentó endosar a los partidos de oposición la actitud que su gobierno está promoviendo de cara a las elecciones locales de marzo de este año.
Se equivoca Carrillo Olea al calificar nuestra denuncia como un acto de irresponsabilidad, más cuándo estamos hablando de un asunto que está trastocando la seguridad de todo el país. La irresponsabilidad en todo caso se encuentra en la conducta de las autoridades morelenses, cuando minimizan la presencia del narcotráfico en el Estado, como minimizaban la alarmante ola de secuestros que vivimos los últimos dos años.
Por lo demás, no sabemos qué entiende el gobernador por puntual explicación. La versión oficial publicada por parte de la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, contesta a los diputados locales Adrián Rivera, del Partido Acción Nacional y a Gabriel Rivas, del Partido de la Revolución Democrática, que estos asuntos no son responsabilidad del Gobierno del Estado.
Se puede inferir entonces, que cualquier acto delictivo relacionado con el narcotráfico en el Estado de Morelos, no tendrá respuesta alguna del Gobierno morelense, porque no es de su competencia.
Si esto realmente es así, entonces la Procuraduría General de la República tendría que citar al gobernador y tendría que atender este asunto.
Uno podría suponer que una respuesta de esta naturaleza es inconcebible, más cuando procede de alguien que estuvo encargado de la coordinación nacional de la lucha contra el narcotráfico. ¡Qué paradoja! Pero de Carrillo Olea no nos sorprende nada.
Lo que llama la atención es que en el citado desplegado se ofrezcan explicaciones insuficientes, o peor aún, equivocadas, en torno a los inmuebles que de acuerdo a la información publicada en el diario Reforma, pertenecen al narcotraficante Amado Carrillo y esto fue publicado a una plana y ha estado ocupando las primeras planas del diario Reforma.
¿Quién puede quedar conforme con esa explicación, cuando en un caso se brinda información sobre un domicilio equivocado y en el otro no queda clara la identidad de los dueños del inmueble? Una vez más el periódico Reforma, en su edición del día de ayer, nos alerta sobre estos hechos y demuestra que por lo menos en esta materia sus investigaciones son más puntuales que las realizadas por las instituciones que deberían de estar encargadas de la procuración de justicia en la entidad.
Nos preocupa además, que el gobernador realice afirmaciones que faltan a la verdad, cuando dice que lo manifestado por el compañero, el diputado Ramón Sosamontes en esta tribuna la semana anterior, constituyen y cito: "una manifestación adicional de la guerra sucia que han desencadenado ante los comicios". Nada más falso. El PRD, y éste es un ejemplo ilustrativo al respecto, ha decidido establecer una alianza política con el grupo de ciudadanas y ciudadanos que más interés han mostrado porque en Morelos exista la concordia, la seguridad y la democracia. Ese grupo cívico es el Frente Ciudadano Morelense, cuyo antecedente se encuentra en la decisiva lucha en favor de la seguridad pública y para poner fin a la industria del secuestro, combate tan despreciado por las autoridades del Estado.
Si ha habido fuerzas y grupos civiles interesados en detener todo tipo de guerra sucia en Morelos, han sido los que hoy confluyen en la alianza política entre el PRD y el Frente Ciudadano.
Finalmente, Carrillo Olea repitió las prácticas tradicionales al estar presente el pasado domingo, en la toma de protesta de los candidatos del partido oficial para las elecciones locales de marzo próximo. Este hecho representa un mal augurio, pues todo indica que se utilizarán, indebidamente, los recursos públicos y el aparato gubernamental en favor de los candidatos y de su partido.
Es aún más grave que el propio gobernador, como informaron en su oportunidad distintos medios de comunicación, aseguraba, en un documento que por cierto sólo fue repartido a la prensa, que sus candidatos triunfarían en los comicios y los invitaba a dar un ejemplo de civilidad y respeto durante el proceso electoral.
Sólo quiero hacerle dos recomendaciones. Una, que no adelante vísperas sobre unas elecciones que serán realmente competidas y dos, aunque le represente un gran esfuerzo, es el propio gobernador quien tiene que dar la muestra de civilidad y respeto en estas elecciones.
Y planteo este grave problema ante esta soberanía, porque creo que el narcotráfico es uno de los grandes y gravísimos problemas que hoy por hoy aquejan a nuestro país, y que no podemos permitir que siga lacerando a nuestra nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el senador Rodolfo Becerril Straffon.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera en primer término felicitar muy cumplidamente a la compañera Ana Lilia Cepeda, por la audacia, la osadía, la intrepidez de desviar un asunto local que está en el ánimo de los morelenses, con otro asunto para distraer la atención pública en la localidad.
Se dice que la famosa alianza entre el PRD y el Frente Civilista Morelense es una alianza que reivindica como nunca los derechos de la ciudadanía. Se habla de un deterioro en el Estado, se habla de los comicios, se habla del narcotráfico en un buen escopetazo para llamar la atención en un momento electoral que tendrá su culminación el 16 de marzo.
Nunca dije en la sesión pasada que los temas locales eran irrelevantes, menos aún que el asunto de debate interno entre el PRD y el Frente Civilista era irrelevante, simplemente dije, y lo reitero, que era un asunto ajeno y me parece muy audaz que en ese conflicto se quiera ahora involucrar al Gobierno del Estado y se quiera distraer la atención pública para llevar agua al molino en la perspectiva electoral.
Si algún deterioro existe en el Estado es justamente el de la famosa alianza entre el PRD y el Frente Civilista. Apenas hace unas cuantas horas, el día de ayer, miembros de su propia organización, de 18 estados, hicieron un serio llamado al líder del PRD, López Obrador, por la flagrante imposición de un candidato que el propio PRD local no acepta o no quiere aceptar.
En realidad me parece que es imposible dudar de la buena fe, de la vocación democrática y el ansia llena de participar que mueve a muchos miles de mexicanos a engrosar organizaciones ciudadanas o frentes cívicos, algunas de las cuales solicitaron su registro al IFE como agrupaciones políticas, con derechos a dinero, repito, con derechos a dinero y prerrogativas de acuerdo con la ley.
Nadie puede evitar que hagan política, desde luego, desarrollen burocracias, instancias de representación, cotos de responsabilidad y finalmente queden en manos de políticos profesionales o ciudadanos que se volverán políticos profesionales. Nadie puede evitar el auge de esas organizaciones y tampoco que su eventual éxito los lleve de la mano paso a paso a volverse lo que son en verdad: cuerpos con intenciones, necesidades y ambiciones políticas, grupos y personas que compiten por espacios y poderes públicos con otros grupos y personas.
No hay nada vergonzante ni pecaminoso en ello, salvo, salvo por la mala conciencia o la simulación manipuladora con que activistas y dirigentes de esas organizaciones asumen sus tareas.
Cuando no es posible derrotar al adversario, usando los medios legales y el juego limpio, es frecuente el recurso del escándalo, fundado eventualmente en hechos reales, presuntos o inventados, para desgastarlo y restarle credibilidad ante la opinión.
La manipulación consiste en desmesurar la magnitud del caso y utilizar aquella vieja tesis de que tomando parte del todo y convirtiendo en culpables por extensión a todos aquéllos a quienes se quiere destruir políticamente y eso es contra lo que estamos nosotros.
Se ha tratado de hacer un escándalo de un problema local y trastocar las fronteras de la entidad para llevar agua al molino.
Yo no sé si las negociaciones del PRD con el Frente Civilista, está incluida, como se dice en la localidad, la diputación por un distrito de Cuernavaca de la diputada Ana Lilia Cepeda. Quizá su intervención busque justamente consolidar y legitimar ese acuerdo que, entiendo, trastoca la voluntad del perredismo local. Pero, conjeturas aparte, lo cierto es que no nos parece el asunto desde luego irrelevante, pero hay algunas afirmaciones que me parecen cuando menos desmesuradas y desprósitos.
Se ha dicho que el gobierno del Estado ha asumido una actitud de menosprecio; se ha dicho que el gobierno del Estado no ha dado puntual respuesta a este molino que se está intentando levantar y como siempre, la mejor manera supuestamente de mostrar valentía, es pegarle al hombre, un debate ad ominen, no un debate de ideas.
En lo que tiene que ver con el secuestro concretamente, las distintas voces del consejo de seguridad local, han expresado en reiterados momentos que ese problema tiene hoy en el Estado otra envergadura. No es lo mismo el problema del secuestro, que reconocemos como grave, al ruido que sobre el secuestro se hace para llevar agua al molino electoral. Son dos fenómenos distintos.
Sobre el primero, el Estado ha llevado a cabo una serie de medidas que han sido incluso reconocidas por el consejo estatal de seguridad, del que forman parte miembros destacados de la sociedad morelense.
Sobre lo otro, es una batalla difícil, porque siempre estamos como con el médico que si se salva el enfermo es virtud de la virgen de Guadalupe y sino somos nosotros los culpables.
Yo no dudo que este tema va a estar rebotando en esta Permanente hasta su culminación, porque efectivamente estamos en un momento electoral.
Ahora, por lo que tiene que ver con el problema del narcotráfico y lo que tiene que ver con los incidentes que ocurrieron en el aeropuerto de Tetlama y sus conexiones con Tijuana, el gobierno del Estado, con toda precisión, ha señalado que colabora estrechamente con las autoridades responsables formalmente del caso. Pero ha subrayado, y yo lo hago aquí con toda puntualidad, que la comisión de actividades ilícitas, relacionadas con delitos contra la salud, son correspondencia de la PGR, por lo que cualquier demanda, cualquier dato, cualquier información que la diputada y los miembros de su agrupación, no sé si del PRD local, del Frente Ciudadano o del PRD nacional, porque obviamente a veces hay una gran confusión, acudan a la delegación estatal o incluso al centro del país, de la Procuraduría General de la República, para hacer sus denuncias y comprobar sus dichos.
El gobierno del Estado no tiene ninguna atribución legal, ninguna responsabilidad en la operación del mencionado aeropuerto, como se desprende de varias disposiciones legales que en obviedad no voy a leer. Pero es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que hace las concesiones del uso y usufructo de los aeropuertos y éstos se rigen por una normatividad de carácter federal no estatal.
Ello no quiere decir que el gobierno del Estado y sus autoridades no coadyuven con la Federación en la persecución de esos ilícitos, que yo sepa no hay cultivo grosero de estupefacientes en la entidad. Tenemos, como en muchos otros estados, problemas en la frontera con Guerrero y un poco en la zona de Tetecala o Cuituco y Jumiltepec. Pero fuera de pequeños focos que están debidamente controlados, no se puede hablar malosa y perversamente de que en la entidad haya un problema generalizado de narcotráfico y que exista ahí protección, etcétera.
Creo pues, que los augurios a que hace referencia la diputada, son todo, menos que de desastre; al contrario, me parece que los morelenses nos estamos preparando para una contienda cívica de altura. Ojalá pudiésemos también elevar el debate y discutir sobre el rol de los partidos políticos en la sociedad contemporánea, ¿cuál es el alcance del frentismo que ella dice impulsar en las sociedades contemporáneas? ¿Cuál es la perspectiva y limitaciones eventualmente, posibilidades de las organizaciones no gubernamentales, que son a veces partidos disfrazados.
Resuelvan su conflicto interno, discútanlo, no nos compete, pero no traten de manchar por el escándalo, una administración que se está esforzando en dos sentidos: uno, combatiendo la inseguridad y dos, crear un ambiente de civilidad para que los partidos podamos contender con altura en la contienda del 16 de marzo.
Muchas gracias.
Es cuanto señor, Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Ana Lilia Cepeda.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Gracias.
Pues me sorprende que al compañero legislador, le preocupen más las cuestiones internas de un partido que un problema de seguridad nacional, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que efectivamente en estos momentos en el país, son momentos en los que hay que ser audaz, hay que ser intrépido, hay que ser osado, y que yo creo que ante un grave problema, como el que enfrenta el Estado de Morelos, pues lo invito a que también sea audaz, osado, intrépido y que no trate de defender lo indefendible.
Yo lo único que le voy a dejar aquí al senador, porque su argumentación es exactamente la misma argumentación del general Carrillo Olea: que no le compete, que es un asunto que no está en sus manos. Yo le dejo aquí y le pido al Presidente que instruya al Secretario, le voy a dejar todos los recortes de periódicos, todos estos, primeras planas sobre el caso de Morelos en los últimos 15 días, donde viene todo el caso del narcotráfico en el Estado.
Y por último, quiero aclararle al senador, que si él por lo menos leyera un poquito más los diarios, por lo menos los diarios del Estado, sabría que una cosa es el Partido Civilista y otra cosa es el Frente Ciudadano Morelense.
Y lo cierto es que hoy por hoy la sociedad morelense se organiza en torno a una problemática que hemos tenido que enfrentar todos los ciudadanos sobre inseguridad pública.
La ola de secuestros ha sido evidente, yo creo que todos los mexicanos hemos tenido los ojos vistos hacia el Estado de Morelos en donde llegamos a tener un secuestro a la semana y donde había miles de millones, se habla de 32 millones de dólares en dos años y no ha aparecido un solo peso, producto de los rescates, aunque el gobernador diga que hay 300 secuestradores en la cárcel.
Yo creo que es un problema muy grave y sí lo invito a que se sume conmigo a ser audaz, para enfrentar estos gravísimos problemas.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Rodolfo Becerril Straffon.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
Sólo un minuto, señor Presidente:
En primer lugar, felicité yo a la diputada por su audacia, osadía e intrepidez, incluso. Lo que pasa es que el camino del infierno está lleno de héroes y aquí habría que recordar a Goethe, cuando decía que no siempre las buenas intenciones conducen al fin deseado. Ojalá que la hagan diputada por el II distrito de Cuernavaca, para que demuestre realmente la fuerza que tiene este Frente Civilista Morelense. Yo lo confundo, desde luego, al Partido Civilista del Estado que es un partido regional, un partido local con el Frente Civilista que tiene gente de Coahuila, de Tabasco, del Distrito Federal y de varias entidades del país. Eso no está a discusión, simplemente lo que yo trato de cuestionar es que se utilice el escándalo para llevar agua al molino electoral.
Hace ocho días se dijo que Laure Berenice había sido desaparecida y después se demostró que no es que estuviera desaparecida sino que andaba de parranda. Que no les pase lo mismo con otros fenómenos de los que ustedes están acusando irremediablemente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Sosamontes para el mismo tema.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Casi escuchamos aquí, voy a repetirlo, Roberto Madrazo, sí, de veras, cuando dice: "¡No, aquí no entra nadie más que los tabasqueños!" Bueno, en fin, una especie de racismo... ¿Para qué calificarlo? Simplemente se desesperó, señor senador.
Yo lamento lo último, por eso pedí la palabra porque el terminar con la referencia de la compañera Berenice así, eso de "que andaba de parranda", pues así ya se vio peor que Carrillo Olea y ahí sí ya es mucho que decir, bastante. Consta en actas, a pesar de que las hayan perdido, están las copias certificadas, por fortuna, en la procuraduría del Estado de Morelos, donde consta las agresiones que sufrió Berenice anteriormente y consta y es aceptado que fue perseguida ella momentos antes de que ella decidiera salir del Estado para evitar que fuera otra vez ultrajada como fue demostrado hace unos meses a las afueras de Tepoztlán.
Creo que esa expresión final no habla bien del senador simplemente sigue pensando en defender lo indefendible. Está bien. Algo habrá en el futuro en Morelos; pero yo creo que no hay que ponerse en el mismo tono del señor Carrillo Olea. Hay que sumarnos a la defensa de la seguridad pública en el Estado donde efectivamente no han desaparecido desafortunadamente las exigencias de la ciudadanía porque haya seguridad, no han desaparecido aquellos cartelones, al contrario, se han multiplicado y en mucho pidiendo seguridad. A esto hay que sumarnos y ésa fue la exigencia nuestra también la semana pasada y ahora también.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente:
Para hablar sobre asuntos del Estado de Guanajuato, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Es el problema de las aún minorías. Cuando agendé el problema de Guanajuato, debí haberlo especificado porque mucha gente cree que voy a hablar de botas o de lo que mucho le gusta a Roque; dice la afición: "Me gusta mucho el camote, sabroso dulce y poblano". ¡No!, no voy a hablar sobre eso. Eso es parte de la discusión, del nivel éste que estábamos viendo hace ratito, político, lamentablemente. No.
Se trata de lo siguiente. Un grupo de ciudadanos de Salamanca, Guanajuato nos pidió que hiciéramos esta denuncia porque sí merece hacerla desde acá porque tal parece que en Guanajuato tampoco avanzan las cuestiones judiciales como quisiera uno.
Resulta que ahí en Salamanca, donde incluso se habla, ustedes recuerdan los que han ido por ahí, dice: "tierra de oportunidades".
Su presidente municipal de nombre Agustín Marmolejo Valle, cometió un atraco al erario público so pretexto de construir una nueva cárcel o Cereso. El caso sería para Ripley, si no fuera por el cinismo y la peligrosidad de este presidente municipal y sus socios, incluso este delito lo festeja.
Actualmente en Salamanca, efectivamente la cárcel municipal llamada eufemísticamente Cereso, Centro de Readaptación Social, está ubicada en una parte de lo que fue el Convento de los Agustinos y por lo mismo el hacinamiento, la infuncionalidad, hacen que efectivamente se requiera construir un nuevo reclusorio.
Aprovechando la necesidad en la construcción del Cereso, Agustín Marmolejo Valle, con la dinámica propia de los voraces mercaderes, propuso al ayuntamiento salamantino le autorizaran adquirir un terreno para construir el multicitado Cereso. El funcionario, cual discípulo del ahora comentado mucho, Salinas de Gortari, solicitó la autorización para comprar un terreno indeterminado y por supuesto a un precio incierto; una petición de esta naturaleza pensó que solamente podría hacerse a un ayuntamiento como los que desgraciadamente luego existen: sumisos. Sin embargo, algunos regidores se opusieron y rechazaron la petición de Agustín Marmolejo Valle y se negaron a expedirle el cheque en blanco que éste prácticamente pedía.
El tenaz presidente volvió a la carga y en posterior sesión del ayuntamiento obtuvo la autorización para que se le permitiera adquirir en la suma de 1 millón 741 mil 780 pesos, un predio de alrededor de 21 hectáreas, de las cuales cinco son de temporal de segunda clase, seis son de temporal de tercera y el resto es terreno de agostadero. Esto es, cada hectárea tendría un costo de 80 mil pesos.
En Salamanca y en toda la zona del bajío existen predios agrícolas excelentes, con pozos para riego de 8, 10 ó 12 pulgadas o regadas a través del sistema hidráulico denominado "de gravedad", tierras fértiles que producen granos y alimentos que se cotizan si están a pie de carretera, máximo en 50 mil pesos la hectárea.
El terreno que Agustín Marmolejo Valle, determinó adquirir para la construcción del Cereso ni está al pie de carretera ni es de regadío, ni es cultivable, sólo parcialmente en época de lluvias ni tiene vías de comunicación, salvo un camino vecinal y sin embargo con prodigalidad demencial se propuso comprar el terreno.
Tenemos en nuestro poder copias de la escritura pública 6038 de fecha 1o. de febrero de 1994, pasada ante el notario público número 17, de la ciudad de Salamanca, mediante la cual Servio Padilla del Toro y Rodrigo Moreno Botello, venden a Rodolfo Eduardo García Casillas, el terreno denominado lote 7 del predio llamado "Julapa", del municipio de Salamanca, compuesto de 21 hectáreas y el cual vendieron en la cantidad de 56 mil pesos. Este es el terreno que dos años y cuatro meses después, mediante la escritura pública número 2998, pasada ante el notario José Manuel Arroyo Rojas, de la misma ciudad de Salamanca, Agustín Marmolejo Valle y sus cómplices, el secretario del ayuntamiento Alfredo Sánchez Almanza y el síndico Alfredo Ortega Montes, compraron aparentemente, en la suma de 1 millón 741 mil 680 pesos.
Hay ocasiones en que la voracidad o la rapacidad no tiene límites; como bien nos consta a muchos, la escritura de compraventa que se tiene, señala que la presidencia municipal de Salamanca no sólo pagó a precio de oro la hectárea, además contra todo derecho pagó 500 mil pesos por concepto de impuesto sobre la renta, de lo cual resulta que en total por ese breñal, el pueblo de Salamanca pagó 2 millones 241 mil 680 pesos, de lo cual resulta que el sufrido pueblo de Salamanca pagó a razón de 102 mil 966 pesos la hectárea.
El impuesto sobre la renta, es una cartera fiscal de carácter personal, intransferible, a cargo de quien obtiene una ganancia, un acrecentamiento en su patrimonio cuando transfiere a otro, como en el caso concreto, un inmueble, por lo que quien debió pagar el impuesto sobre la renta, es el vendedor no el comprador y en ese sentido ambos, Rodolfo Eduardo Garce Casillas y Agustín Marmolejo Valle y sus secuaces, están cometiendo también un ilícito fiscal.
En algunas operaciones comerciales, convienen las partes en que correrá a cargo del comprador el pago de los impuestos. Ello generalmente ocurre cuando la operación es ventajosa para éste; pero en el caso que nos ocupa, las personas morales de derecho público, tienen prohibido por la ley, cubrir el impuesto sobre la renta correspondiente a terceros, como también para efectuar toda erogación, requieren del acuerdo y consentimiento previo de quien debe otorgarlo.
Nuevamente me remito a la escritura de compraventa que se tiene. En ese documento y dolosamente se omite transcribir el acuerdo del ayuntamiento, que facultó al presidente municipal a comprar el inmueble de referencia y se omitió deliberadamente, por la sencilla razón de que no se le facultó para pagar el impuesto sobre la renta, lo cual hace nula, de pleno derecho, la citada escritura, incurriendo en responsabilidad también el notario autorizante.
Los hechos narrados, por sí mismos revelan la comisión del delito patrimonial, cometido por Agustín Marmolejo Valle y sus cómplices, en perjuicio del patrimonio del pueblo de Salamanca.
Lo narrado prueba plenamente la conducta delictiva del mal funcionario público, el cual debe ser sancionado de conformidad con las leyes penales vigentes en el Estado. Revela también deshonestidad del fedatario público que con sus actos y sus omisiones, fue cómplice en la comisión del delito patrimonial perpetrado contra el pueblo de Salamanca.
Hay delincuentes perversos que son dados, como decía al principio, a publicitar sus delitos. Así Marmolejo Valle, con singular cinismo, publicitó el delito perpetrado con pintas de barda, señalando como un gran logro de su administración, la construcción de la cárcel municipal, lo cual es mentira pues sólo compró el terreno de la construcción.
Es fundado pensar que se está esperando la oportunidad de darle nueva dentellada al erario. De lo dicho y con las pruebas suficientes, las vamos a enviar a la Procuraduría del Estado de Guanajuato.
La idea de hacer esta denuncia aquí en la Comisión Permanente, es para abrir, por lo menos, la posibilidad de que la Procuraduría del Estado de Guanajuato, actúe como debe ser.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Chaurard Arzate.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Con respecto al tema que en este momento el diputado Sosamontes ha venido a comentar, del municipio de Salamanca, Guanajuato, quisiera hacer algunas precisiones:
Es derecho de todos nosotros los diputados, venir a exponer una serie de acontecimientos que se suceden en nuestras entidades o en algunas otras entidades, que nos lo platican nuestros compañeros representantes originarios de esas entidades.
Sin embargo venir aquí a hacer una serie de acusaciones antes de proceder jurídicamente como marca nuestra legislación, en el caso concreto, en el Estado de Guanajuato, nos parece un poquito estar anticipando juicios. Ya aquí el mismo diputado Sosamontes anticipó juicios respecto de un secuestro en el Estado de Morelos y resultó que no había tal secuestro.
Indudablemente que en el caso concreto de Salamanca, nuestra fracción parlamentaria manifiesta su absoluto respeto al régimen de legalidad; nos reservamos el derecho para con base a los documentos que se obtengan, poder dar contestación puntual a una serie de acusaciones que aquí se hicieron, entre otras cosas por no comprar terrenos susceptibles de explotación agrícola, sino comprar terrenos de agostadero. Cuando sabemos muy bien, sobre todo en mi Estado de Guanajuato, que una de las grandes problemáticas de nuestro crecimiento urbano es y ha sido que la mancha urbana se ha venido comiendo esos terrenos susceptibles de aprovechamiento agrícola y que consecuentemente hemos dejado de ser en varias ocasiones "el granero de la nación" como antes, con éste como uno de los principales problemas.
También se hacen una serie de acusaciones en el sentido del valor del terreno, de la repercusión legal, porque, bueno, también hay repercusiones legales de impuestos, de que no hay partidas específicas y todo esto viene y se dice con determinado punto de protagonismo y queremos que esto se aclare. Somos los primeros interesados en que la ley se cumpla en nuestro Estado y somos los primeros interesados en que en el Estado de Guanajuato exista una auténtica procuración de justicia.
Los caminos que la ley en Guanajuato da para concurrir a la Contraloría Mayor de Hacienda del Estado de Guanajuato, a la Contraloría del Estado si ése fuese el caso o a la Federal, en caso de que hubiese aplicación de recursos federales, ya que también tenemos entendido será una obra tripartita, pues están a la disposición de la ciudadanía y de quien tenga competencia para ello. Nosotros desde luego nos reservamos el derecho para puntualizarlo en la próxima sesión.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Sólo para precisar. Primero yo creo que sí es correcto... Bueno, esta reunión tal parece que se va a convertir en estar pidiendo que se repartan las versiones estenográficas, para que vea lo que dije acerca de Laura Berenice, que no exactamente como dice y por lo tanto trate de nulificar lo dicho aquí.
Estamos de acuerdo en que hay que ver a fondo la investigación. Comprar tierras malas a precios de tierras buenas, eso no se vale, eso sí es delito, eso es delito y eso es lo que queremos que se investigue.
Ahora ¿por qué aquí, si esto es una cosa local? Pues porque de repente luego se necesita que desde acá se abran algunas puertas, como es la de la Procuraduría del Estado de Guanajuato, en las cuales creo que también usted está de acuerdo en que se abran. Entonces en ese asunto estamos de acuerdo y vamos a seguir discutiendo. El asunto es que se compraron tierras malas a precios de pie de carretera y eso pues sí es un delito que hay que comprobar.
El grupo de comerciantes y delegados que vinieron a entregarnos esto tienen todas las pruebas, se las van a presentar la otra semana y obviamente esperemos que sí haya una justicia expedita en el Estado de Guanajuato.
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO)
El Presidente:
Para hablar sobre el Sistema de Transporte Colectivo, tiene la palabra el senador Pedro Macías.
El senador Pedro Macías de Lara:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado el uso de la palabra para hacer una denuncia de un asunto que compete fundamentalmente a los habitantes y autoridades de la Ciudad de México.
El Sistema de Transporte Colectivo, el Metro, inició sus operaciones en el año de 1969, con dos líneas. Su crecimiento en estos 27 años ha sido enorme. Actualmente funcionan 10 líneas y una más en proyecto, respondiendo así a la gran demanda de las necesidades de transporte en esta ciudad.
La importancia que reviste este sistema es porque diariamente transporta a más de 5 millones de personas y se ha convertido en la columna vertebral del transporte público de la zona metropolitana.
El Metro se ha modernizado cada vez más y es uno de los más eficientes del mundo, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado el número de fallas y accidentes que en su mayoría fueron causados por deficiencias humanas, que reflejan el relajamiento en la capacitación y disciplina, además de falta de mantenimiento en el sistema, que eran las cualidades que tenía el Sistema de Transporte Colectivo en sus inicios. Citaré algunos hechos que comprueban lo dicho.
En el mes de junio de 1983, por acuerdo de la mayoría de los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, mediante el consejo general de delegados se llevó a cabo la destitución del entonces secretario general del sindicato, señor Ariel Macías Valadez, quien de acuerdo con su comité ejecutivo general había convertido al sindicato del Metro en un campo de batalla de partidos políticos, principalmente de izquierda, constituyéndose en esa ocasión un cuerpo colegiado de delegados encabezados por Mario Ramírez Bistráin, Fernando Espino Arévalo, Horacio Pereznegrón Pereznegrón y Héctor Manuel Zavala Bucio.
La confianza que habían depositado los trabajadores al poco tiempo fue traicionada con la actuación y los hechos de estos nuevos dirigentes que demostraron totalmente lo contrario, convirtiendo al sindicato en un feudo particular, instaurando en él el caudillaje represivo, prepotente y arbitrario.
En el año de 1988 el señor Fernando Espino Arévalo y Mario Ramírez Bistráin, tuvieron una reunión con dirigentes sindicales petroleros encabezados por Joaquín Hernández Galicia, "la Quina", y Salvador Barragán Camacho, entre otros, y con el entonces candidato del Frente Democrático a la Presidencia de la República, el ingeniero Cárdenas.
El señor Fernando Espino Arévalo y Mario Ramírez Bistráin, dirigentes del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, comprometen unilateralmente al sindicato, ofreciendo su apoyo total, moral y económico, aportando fondos a la campaña por más de 180 millones de pesos, además de un finísimo reloj Rolex, con recursos procedentes de las cuotas sindicales y de los fondos de ahorro de los trabajadores, constituyendo esto un hecho grave e ilícito, puesto que no se contó con la aprobación de la base trabajadora para tales acciones.
Esto deja entrever que el señor Espino Arévalo traicionó, por una parte, a las autoridades gubernamentales que le habían dado su apoyo y como consecuencia al Partido Revolucionario Institucional, al que hasta ese entonces se encontraba afiliada la mayoría de los trabajadores del sindicato.
Estos hechos fueron denunciados ante las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, las del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de Gobernación, de la Contraloría General de la Federación y a los entonces dirigentes del Partido Revolucionario Institucional. De lo anterior dieron cuenta en su oportunidad los medios de comunicación.
Fernando Espino Arévalo, siendo diputado federal del Partido Revolucionario Institucional en la LV Legislatura, encabezó el 25 de febrero de 1994 a un grupo de golpeadores, reprimiendo salvajemente a trabajadores disidentes reunidos en asamblea general en el Zócalo capitalino, en espera de respuesta a un pliego petitorio que habían entregado previamente al regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís, resultando varios trabajadores heridos, hecho que fue denunciado en su momento en el pleno de la Cámara de Diputados y que también fue difundido por los medios de comunicación.
En esa ocasión se solicitó al Congreso se iniciara al diputado Fernando Espino Arévalo, el procedimiento de declaración de procedencia en los términos que establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el desafuero constitucional contenido en el artículo 109 y 110 de nuestra Carta Magna. La argumentación presentada por la oposición fue desechada por mayoriteo de la fracción priísta.
También en una comparecencia del procurador de justicia del Distrito Federal, el licenciado José Antonio González Fernández, ante la Asamblea de Representantes, celebrada el 20 de marzo de 1996, se comprometió a revisar estas denuncias sin que a casi un año de distancia haya cumplido su ofrecimiento. El señor Espino Arévalo públicamente se ha ufanado de que el señor procurador es su compadre y por esta razón seguirá gozando de impunidad.
El grupo que tomó posesión de la dirigencia sindical desde 1983 continúa teniendo una gran injerencia en la toma de decisiones y negociaciones del sindicato, prueba de ello es el nombramiento como asesores morales y vitalicios del sindicato de trabajadores del Metro, a Fernando Espino Arévalo y Horacio Pereznegrón, modificando a su arbitrio y conveniencia los estatutos, hechos que van totalmente en contra de la finalidad de un órgano sindical democrático; así también para la elección de delegados a los congresos, al sindicato se incluye exclusivamente como participantes a las personas afines del Comité Ejecutivo Federal, de los comités seccionales y sus integrantes, creando así una figura que se puede retomar como caudillaje o cacicazgo que niega de manera definitiva la participación real de los trabajadores.
En el contexto laboral han sido constantes las violaciones flagrantes a las condiciones generales de trabajo; tal es el caso de frecuentes bajas injustificadas, amenazas de despidos para los trabajadores que tengan la osadía de reclamar un derecho por parte, inclusive de funcionarios menores de la empresa en contubernio con los dirigentes sindicales, actas administrativas, presiones para renunciar, negativa de tramitar prestaciones que son otorgadas por el ISSSTE, paquetes de casashabitación que son entregadas al sindicato y que no son distribuidos a los trabajadores que cumpliendo con los requisitos les es negada dicha prestación y que son vendidas entre ellos mismos o sus incondicionales al mejor postor.
Negativa para otorgar estímulos anuales por puntualidad y buena conducta a aquellos trabajadores que no se apegan a su política. Otro hecho grave son las violaciones al escalafón y que se encuentran infinidad de trabajadores en las diversas áreas del sistema que no han sido promovidos durante muchos años por no ser incondicionales de los dirigentes del sindicato.
Ejemplo de ello lo tenemos en el área del transporte, donde algunos trabajadores que con más de 17 años de servicio continúan con la categoría de conductor sin ser promovidos teniendo un grave riesgo para su salud tanto física como mental. Caso semejante se da en otras áreas como son: material rodante, vías electromecánica y en cambio sus recomendados, familiares o ellos mismos son promovidos hasta tres veces en el año.
En consecuencia, tales hechos son motivo de deficiencia en la capacitación técnica creándose un alto riesgo para el usuario.
El Fondo de Ahorro, prestación que es administrado en forma bipartida empresas-sindicato, creada y reglamentada para ofrecer y servir para el beneficio de los trabajadores en su totalidad, como ayuda anual para resarcir un poco la pérdida del poder adquisitivo del salario que perciben, ha sido utilizado desde 1983 a la fecha en beneficio de la cúpula del sindicato.
En cambio, a los trabajadores que han tenido la osadía de protestar y presentar inconformidades por las liquidaciones que les hacen de dicho fondo, son reprimidos dejándolos sin dicha prestación. Infinidad de trabajadores han sido despojados o les ha sido retenida dicha prestación, situación que consideramos totalmente fuera de la ley.
En consecuencia, después de analizar y exponer algunas de las irregularidades de los actuales dirigentes del Sindicato del Metro, asesorados por Espino Arévalo y Pereznegrón, durante más de 13 años en que han detentado el poder y en el que han demostrado una total falta de solidaridad social, de principios morales y de compañerismo, cuyas consecuencias han repercutido gravemente dentro de dicha organización sindical. Los trabajadores organizados en grupos disidentes a la dirigencia sindical oficial quieren enfrentar el reto de crear dentro del sindicato un verdadero liderazgo con acertada dirección que rescate la confianza de los trabajadores en sus sindicatos y la transformación democrática del mismo.
Regresando al punto referente a los accidentes que se han suscitado por deficiencias en el mantenimiento de la red, cabe hacer mención de lo siguiente. Según un informe del Sindicato de Trabajadores del Transporte Colectivo turnado a la Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes del D.F., alrededor del 20% del parque vehícular de los vagones del Metro, supera ya la vida útil estimada en 20 años. El pasado lunes, la empresa firmó un convenio para dar mantenimiento únicamente a 26 convoyes modelo 1973, lo que representa el 12% de los trenes en circulación.
El promedio de antigüedad de los equipos de las instalaciones es de 18 años, aunado al diferimiento de inversiones, para su conservación y modernización los sistemas y equipos del organismo han sufrido un proceso de degradación que propicia una elevación de las averías de los equipos y afectaciones en el servicio.
El 1o. de mayo de 1996, se produce un incendio en un vagón del Metro en la estación Centro Médico de la Línea 9 provocado por estallido de un neumático. En la Línea 7 existe un serio riesgo de descarrilamiento, ya que la barraguía, a lo largo de toda la ruta es sostenida por polines en lugar de contar con los aisladores que es lo que requieren técnicamente.
En la Línea 5 especialmente entre las estaciones Terminal Aérea y Oceanía existen muchas cuarteaduras en las paredes del túnel y tienen en algunos casos una dimensión de medio metro y aproximadamente tres metros y medio de altura. Cabe destacar que esta cuarteadura se encuentra precisamente en el lugar donde se ubica una estación de servicio de Pemex en la avenida Río Consulado, bajando del aeropuerto. En la estación Pino Suárez, conexión de las líneas 1 y 2, es muy notoria la filtración de agua que existe en el tramo de trasbordo, lo mismo sucede en varias de las estaciones de la nueva Línea 8.
Accidentes que se han presentado por fallas o deficiencias humanas podemos citar, el 27 de agosto de 1994 se suscitó un alcance de trenes en la estación Portales y el peritaje oficial de la empresa señala que el alcance se debió a la actitud negligente de la conductora, ya que no respetó las consignas de operación establecidas. El 15 de febrero de 1995, en la estación Chapultepec, es arrollada una conductora cuando bajó a revisar una falla en el convoy que conducía. El 5 de julio de 1995, en la estación Ermita, de la Línea 2, ocurre un nuevo alcance entre dos trenes; la causa fue un error humano dictaminaron los técnicos de la empresa que acudieron al lugar del accidente; sin embargo, el director de ese organismo dijo días después que el tren había chocado porque había otro tren estacionado y que además se había dado un patinaje de 319 metros y no 70 como es normal y lo calificó como un hecho extraordinario e inédito.
Respecto a este accidente también hizo una declaración su líder moral Espino Arévalo declarando: "el Metro no debe funcionar cuando llueva".
Por otra parte queremos señalar que ante las autoridades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los actuales dirigentes del Sindicato del Metro amenazaron con suspender el servicio si no se resuelve a su favor una controversia generada en una elección efectuada por el cambio de dirigente sindical, en donde el Comité Ejecutivo Federal del Sindicato incurrió en graves irregularidades que han causado inconformidad en la base trabajadora. Esta amenaza nos preocupa, porque de cumplirse acarrearía graves daños al público usuario y afectaría notablemente al aparato económico de la capital.
Compañeros legisladores, podríamos continuar exponiendo una lista interminable de deficiencias e irregularidades, errores, negligencias, corruptelas etcétera, que suceden al interior del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, que ya han sido denunciados en diferentes oportunidades en el pleno de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
El Partido Acción Nacional, por mi conducto, solicita que las autoridades del Departamento del Distrito Federal informen sobre las acciones a realizar para resolver las fallas en la operación del sistema, ya que el jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal, ha manifestado repetidamente que está decidido a que el Metro sea el más eficaz, eficiente y productivo del sistema de transporte de la ciudad, que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resuelva las averiguaciones previas de las denuncias en contra de los líderes del sindicato que han sido presentadas por trabajadores del Metro y sobre las cuales no se ha dictado resolución alguna; que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelva a la brevedad y conforme a derecho lo conducente para evitar un conflicto laboral mayor; que la Contaduría Mayor de Hacienda realice una auditoría a fondo en la administración del Sistema de Transporte Colectivo y clarifique el destino y uso de los recursos que se otorgan anualmente para la operación de dicha empresa.
Recientemente en alguna reunión el Presidente de México, ante el pleno del consejo político nacional de su partido manifestó, cito textualmente: "nuestro compromiso es con la democracia, la promoveremos sin caudillos ni caciques ni controles que obstruyan la participación de los trabajadores en sus organizaciones...", queremos que ese discurso se transmita a los hechos.
Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, el suscrito senador de la República a la LVI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que la denuncia que acabo de presentar ante esta soberanía, se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal, de Comunicaciones y Transportes, de Justicia, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados y Senadores, para que se investiguen estas irregularidades y para su total esclarecimiento y solución. Hago entrega del documento.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Carlos Aceves.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras legisladores; compañeros legisladores:
La intervención del señor senador para tratar un asunto que para los capitalinos es de suma importancia, deja muy claro que no cabe duda que éste es un año electoral y que esto es una caja de sorpresas.
Cuando el Partido Acción Nacional pasa a la tribuna y respetuosamente los escuchamos en muchas de sus intervenciones, muchas muy valiosas, tiene una línea clara que es la que le da la historia y sí me extraña mucho que hoy vengan a hablar de derechos de los trabajadores.
No cabe duda que quien no tiene sector obrero, trata de llevar agua a su molino para crear su propio sector obrero.
Es indudable que hicieron un buen documento en el que marcan todo lo que a su juicio está mal hecho, pero se les olvidan algunas cuestiones: primero, el Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más seguros del mundo, solamente transporta 5 millones de pasajeros diarios, y la idea de mejorarlo, la idea de que crezca, la idea de que haya más líneas, no es porque los capitalinos queramos gastar el dinero de la Federación o de nuestro propio Gobierno de la ciudad, para hacer más fácil la vida en la Ciudad de México, es porque ése es el remedio para el grave problema de transporte que tenemos en la Ciudad de México.
Además, tampoco se trató una cuestión muy importante que es la relacionada con el medio ambiente, el metro no contamina, el metro es muy seguro no solamente para los pasajeros, sino también para los habitantes de la Ciudad de México.
Dice el señor senador en una de sus múltiples quejas, que no se da un servicio adecuado de mantenimiento y que desde hace 18 años siguen siendo las mismas máquinas o los mismos carros, a lo mejor en otras palabras, pero eso entendí.
Sí se da, aún aunque ustedes en la Asamblea hayan votado en contra del presupuesto para el Metro, nuestro partido tuvo que votar a favor porque no queríamos ser más irresponsables, teniendo un Metro que no tuviera dinero ni para arreglar los carros viejos de 18 años como los que tiene.
El programa de los trabajadores en el Metro, y eso ya es meterse a la autonomía de un sindicato, nosotros esperamos, señor senador, que documenten todas las acusaciones que vinieron aquí a denunciar, porque no es nada más venir a decirlo, hay que documentar. Creo que dejó usted un escrito y ya se va a enviar a todas las comisiones que tienen que ver con esto.
Y siendo recurrente en lo que aquí se ha dicho, vamos a analizar después el Diario de los Debates para ver una por una, ahora nosotros exigimos ver una por una de las acusaciones, para que se pruebe que tienen razón.
Los trabajadores del Metro, de los que usted dice que son manejados por un líder moral, son 10 mil 500. Hay un pequeño grupo de 28 que tuvo un problema, porque no tiene la capacidad para estar en los cargos que ellos quieren estar y en rebeldía abandonar el trabajo. Se fueron por la vía legal y perdieron su juicio; sin embargo, hay una disposición tanto de la parte administrativa como del propio sindicato, que tiene un estatuto y que trianualmente renueva a sus directivas para hablar con ellos porque no está cerrado a nadie. Yo creo que éste es un tema que se debe tratar a nivel del sindicato.
El Metro en esta ciudad y el tren elevado y todo lo que tratan de hacer, que ahora no está perfectamente definido porque hay un área de la Ciudad de México, por cierto a donde vive gente muy adinerada como es Polanco, que no permiten la autorización para que por ahí pase el tren ligero, aunque vaya a beneficiar a millones de capitalinos, el Metro tiene que seguir creciendo, hay nuevos polos de desarrollo en la periferia de la ciudad y hay algunos otros que siguen creciendo. La obligación del gobierno de la Ciudad de México y también del área metropolitana que colinda con el Estado, es dar servicio de transporte eficiente.
El grave problema que usted llama de los accidentes, es un problema que existe en todas partes, es como si pensáramos que no va a haber accidentes de aviación, y se sigue manteniendo la idea de que el avión es el medio más seguro de volar, pero cuando se caen se mueren todos y por eso hay más estridencia, pero en la Ciudad de México diario hay muchos muertos por choques de microbuses, muchos asaltos en las combis y en el Metro hay proporcionalmente muchísimo menos que eso.
Se habló también de una señora que fue arrollada. Los metros del mundo, eso está documentado, tienen el mayor índice de suicidas en todas partes, en el de Moscú, en el de París, en el de Buenos Aires o en el de Nueva York, la gente se avienta al Metro, pero aquí se hace expresión clara en toda una serie de datos que van desde que no se le respetaron sus derechos a los trabajadores y terminan con el discurso del Presidente de la República en nuestro consejo político, que bueno, nos hacen una masa, yo diría, malforme de lo que aquí se viene a tratar.
Estamos totalmente de acuerdo que hay que mejorar la situación del Metro y para eso se están haciendo proyectos, para eso se ha anunciado una inversión nueva. Estamos atrasados porque no ha habido dinero suficiente para que se echen a andar nuevas líneas, pero hay un proyecto muy grande, que no beneficia nada más a los que viajan ahí, que no está en contra de los trabajadores; va a crear más fuentes de trabajo, habrá más líneas que dan trabajo a más gente; va ayudar al problema del ambulantaje, porque se están creando paraderos a donde van a reubicar a los ambulantes.
Los ambulantes, el Metro busca ponerlos en un lugar, no busca sacarlos a palos como en Naucalpan o como en Guadalajara; el Metro busca, y su administración, que tengan un lugar digno de trabajo y que puedan hacer su honesto trabajo que es el de vendedor ambulante, en un lugar más digno.
De ahí que la agrupación sindical, a la que yo no pertenezco, pero que soy solidario con ellos y que acabo de hablar con el diputado Pereznegrón, que aquí se encuentra y que no puede hacer uso de la tribuna porque no es miembro de la Comisión Permanente, se compromete a que los problemas que haya de trabajadores despedidos o perseguidos, se ventile en el propio sindicato y yo como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión del Distrito Federal, que será a donde se mande este documento, pondré lo mejor de mis oficios para que esto se arregle ahí, con la autonomía de los sindicatos.
No sigamos haciendo de esta tribuna una caja de Pandora, mucho menos para llevarla con fines electorales, como me referí al principio.
Finalmente yo diría: ojalá todos los capitalinos, independientemente del signo que se le dé al próximo gobernador, regente o jefe del Departamento del Distrito Federal, veamos siempre con positivismo todo lo que beneficia a la comunidad y no empecemos a pintar o a darle color a algo que no lo tiene. No nos es raro que en esta misma participación del señor senador, Pedro Macías, haya habido menciones hacia un distinguido priísta que es Procurador del Distrito Federal. Todo eso tiene una connotación; no nacimos ayer ni nos chupamos el dedo; sabemos hacia donde se va, pero los invito señores de Acción Nacional, del PRD, del PT y de mi partido, a que juntos resolvamos los problemas en los ámbitos en que se deben resolver. No utilicemos solamente para buscar que ahora ya les preocupan los trabajadores, la tribuna de la Permanente, con objeto de llevarse líneas en los periódicos. El trabajo es muy serio, el sindicalismo es muy respetable y el trabajo político lo debemos hacer respetable nosotros mismos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el senador Pedro Macías de Lara.
El senador Pedro Macías de Lara:
Con su permiso, señor Presidente:
En primer lugar quiero aclararle al diputado Aceves, que no precisamente porque éste sea un año electoral tocamos este asunto. Ya lo señalaba en mi intervención anterior que en la Cámara de Diputados, en la LV Legislatura se denunciaron algunos de estos hechos y hasta la fecha no ha habido respuesta y esto no tiene nada que ver con que sea un año electoral.
Ustedes y su partido, en sesiones anteriores venían señalando asuntos como Monterrey y otros casos; quizá es por lo mismo que usted cuestiona a Acción Nacional.
Y por otro lado también, en relación a que Acción Nacional no tiene sector obrero, desde luego que no tiene sector obrero Acción Nacional, compañero diputado. En Acción Nacional creemos en la libre militancia de cualquier ciudadano a cualquier partido político, al de su preferencia y no los agrupamos en sectores obreros, campesinos o populares; simplemente todos son iguales en nuestro partido y reciben los mismos derechos y garantías.
Si hacemos esta intervención y esta denuncia, es porque miembros del sindicato, trabajadores de la empresa del Metro, nos lo han pedido en virtud de que se han cansado de tocar puertas, que han acudido con miembros de su partido y jamás han encontrado respuesta a sus planteamientos y a sus demandas, que efectivamente es una empresa difícil, que cumple con una tarea fundamental como es la de transportar a más de 5 millones, claro que es cierto y quisiéramos que el servicio que prestara fuera más seguro; que los trabajadores tuvieran mejores oportunidades de capacitarse y pudieran prestar así un mejor servicio, pero creo que de ninguna manera podemos negar el derecho a quienes presentan denuncias por irregularidades, por corrupción que priva al interior del sindicato, vamos a desecharlas y no tiene esto ningún vínculo con el proceso que se avecina.
Quiero señalarle también, compañero diputado, compañeras y compañeros legisladores, que se nos hace muy raro y extraño el porqué las autoridades del Metro han solapado y han permitido tantos atropellos y tanta corrupción. Si nuestros compañeros panistas en la Asamblea no aprobaron el presupuesto es precisamente porque muchos de esos recursos se gastan indiscriminadamente y se llevan una gran cantidad de prevendas los dirigentes del sindicato.
Como ejemplo podría mencionarle algunos, 1 mil 900 millones de nuevos pesos en una comida, ¿se le hace justificable? ¿Se le hace justificable que la empresa regale para campañas a los candidatos autobuses nuevos? ¿Se le hace justificable que la empresa le regale Mercedes Benz, como dicen, al líder del sindicato, al líder moral y supuestamente al regente de la Ciudad de México? ¿Se le hace justificable que con recursos que deben de ser bien cuidados y administrados para poder corregir las deficiencias y dar un mantenimiento adecuado a las instalaciones? Yo no creo que esto sea correcto y precisamente por esto venimos a señalarlo.
Es por ello que pedimos una investigación a fondo, que se revisen los aspectos técnicos, laborales, que se le dé seguimiento y de una vez se resuelva conforme a derecho a las demandas que tienen en distintas instancias durmiendo el sueño de los justos.
Por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, yo creo que es justo que todos vigilemos que los recursos del pueblo sean bien gastados y se demuestre con claridad y no nos encontremos que los líderes morales tienen y acaban comprando grandes ranchos, 5 mil o más cabezas de ganado, como por ahí se presume de algunos de los líderes.
Y otro aspecto también que vale la pena señalar. Al inicio de esta legislatura, en la Cámara de Diputados se presentó una denuncia por utilización indebida de recursos en relación con el 37 distrito de la capital, en el que el personal del sistema de transporte fue puesto a disposición de la campaña del candidato del PRI. Eso es indebido y tiene que castigarse conforme a derecho, compañeras y compañeros legisladores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones solicitadas por el señor Pedro Macías de Lara, para los fines consiguientes.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, para tratar asuntos del Estado de Guerrero.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Compañeras legisladoras; compañeros legisladores; Presidente, con su permiso:
Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión de los trabajos de la Permanente y traer acá de nueva cuenta el caso Guerrero, de manera particular quisiéramos ahondar sobre la actuación del Ejército mexicano en la entidad, sobre todo también los últimos acontecimientos, las detenciones y desde luego la visita del Presidente de la República en estos días al Estado de Guerrero.
Es muy preocupante que se esté haciendo común en distintos sectores de nuestra sociedad el aumento de la presencia militar en diferentes regiones del país y en los diversos planos de la vida nacional.
Como se ha venido manifestando, hay preocupante desplazamiento de efectivos militares en suelo patrio. Se suma el traslado de funciones de seguridad pública a ex integrantes del Ejército, peligrosa invasión de la esfera militar en el campo de lo público, el incremento también del gasto militar y el aumento de la formación de tropas y oficiales mexicanos fuera de nuestro país.
Esto nosotros lo destacamos cuando en el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, debatimos sobre las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia de seguridad pública. Hoy la realidad nos está dando la razón en esta materia.
En el orden regional, el Estado de Guerrero, al igual que los estados de Hidalgo, Oaxaca y Chiapas, que aquí también se ha denunciado, se encuentra ubicado en una situación crítica, marcada por el fenómeno creciente de la presencia del Ejército mexicano, el cual acusa severos efectos en las formas de convivencia ciudadana.
A las acciones permanentes de la policía judicial del estado, de la Policía Judicial Federal, se suman los operativos conjuntos realizados con el Ejército mexicano, bajo la aparente consigna de combatir el narcotráfico y de perseguir a delincuentes comunes.
El Gobierno Federal y estatal ha puesto en marcha campañas y acciones permanentes con participación de efectivos militares.
Mientras el gobernador de la entidad insiste en mostrar a Guerrero tranquilo y sin problemas mayores, cuando en realidad hay un problema, hay un grave problema en la entidad, que es la intranquilidad y la intranquilidad pública.
Aquí habría que decir que esta presencia del Ejército y la actuación de las policías, se ha intensificado y ustedes saben que ha habido situaciones en el Estado de Guerrero que han propiciado, que han "justificado" la presencia del Ejército en la entidad.
Y aquí habría que indicarlo, que a raíz de la aparición el año pasado del denominado Ejército Popular Revolucionario, en el acto de conmemoración de la masacre perpetuada en el vado de Aguas Blancas, se intensificaron los operativos de esta naturaleza, a decir de muchos ciudadanos y de comunidades enteras que se han visto afectadas por las incursiones, los patrullajes permanentes y la instalación de retenes militares; estas actuaciones han traído consigo la violación a las más elementales garantías ciudadanas.
Desde el mes de agosto del año pasado, habitantes de diversas comunidades de la Sierra de Coyuca de Benítez, de la Costa Grande de Guerrero, de la Costa Chica, de la montaña e incluso de la Tierra Caliente, denunciaban que la presencia militar mantenía alertada a la población y que los campesinos no podían desempeñar tranquilamente sus labores por temor a ser detenidos arbitrariamente por el Ejército.
También se quejaron de que los militares habían causado serios daños en sus parcelas.
A este panorama se suma que el Gobierno mexicano está a nivel internacional en el banquillo de los acusados.
Aún no ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo referente a la valoración que tendrá que dar y conocer a nuestro Gobierno mexicano sobre la violación y las denuncias a violaciones a derechos humanos en este país y creo que en el caso del Estado de Guerrero todavía sigue pendiente no sólo el caso de Aguas Blancas, sino otros que se suman en este nuevo contexto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha conocido varias quejas por violaciones a derechos humanos, originados por la actuación del Ejército, tales como la privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y desaparición. De hecho, el licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, en su calidad del coadyuvante en las investigaciones ha confirmado la existencia de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército.
En el mismo tenor, en noviembre del año pasado, a raíz de la muerte de un menor en manos del Ejército de manera totalmente inhumana, una gran número de ciudadanos también exigieron y en la Cámara de Diputados lo hicimos haciéndonos eco de ese reclamo, que se demandara la inmediata desmilitarización en el municipio de Leonardo Bravo, región norte del Estado. Por cierto hasta este momento no se conocen sobre los avances al respecto por parte de la Comisión Nacional y local.
También a últimas fechas el mismo gobierno del Estado reconoció oficialmente la implementación de acciones conjuntas, como la que fue el denominado operativo "Montaña", realizado en la segunda semana del mes en curso, el cual se llevó a cabo en las regiones de la montaña y Costa Chica de Guerrero, en el que participaron elementos de la policía judicial del Estado y efectivos del Ejército.
Según las denuncias formuladas por ciudadanos y organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, algunas de las cuales se encuentran en trámite ante la Comisión Nacional, la actuación de las corporaciones señaladas en los municipios de Cuautepec, de Ahuajotzingo, de Olinalá, de Copanatoyac, de Metatlono, entre otros municipios, trajo consigo violaciones graves a los derechos ciudadanos, tales como privación ilegal de la libertad, robos, abusos de autoridad, amenazas, intimidaciones, allanamiento de morada, entre otros hechos ilegales de estas corporaciones.
Ante estas circunstancias que configuran para el Partido de la Revolución Democrática un cuadro grave de violación a derechos humanos de los ciudadanos guerrerenses, no podemos menos que pronunciarnos en contra de esta situación de agravio.
No podemos tolerar que con el supuesto combate al narcotráfico y a la delincuencia común y la velada o abierta persecución a grupos, que se han autodenominado Ejército Popular Revolucionario entre otros, aparezcan como la justificación perversa de los excesos de la autoridad y el atropello a las garantías individuales.
El poder público no puede bajo ningún razonamiento válido combatir la supuesta delincuencia transgrediendo la ley. No podemos admitir más la ruptura del orden constitucional ni la institucionalidad del terror.
Para revertir la tendencia de la invasión de la milicia en la vida pública, para retornar al estado de derecho, el Ejército debe de regresar a los cuarteles. No debemos permitir que esta entidad viva en un virtual Estado de sitio.
La militarización en Guerrero, ha devenido en un reflejo del endurecimiento del Gobierno frente a los reclamos sociales. La guerra sucia en contra de los pobres, ante el reclamo de mayor justicia económica y social, ante la falta de seguridad pública, la implementación y administración del terror como una política de gobierno.
Aparece en escena la lógica del temor que disuade, del error a las armas, es una irrupción en lo cotidiano del lenguaje simbólico de la guerra, acompañado de los indicadores materiales de la violencia instrumentada desde el Estado. De tensiones ilegales, tortura, allanamiento, son algunos de los hechos que reprobámos y desde aquí denunciamos.
No solamente denuncias del Partido de la Revolución Democrática, son denuncias reconocidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hasta la fecha reconoce en los dos años que ha tenido su gestión el licenciado Juan Alarcón Hernández, 17 denuncias de desaparecidos y no solamente el que desde aquí ha reclamado el Partido de la Revolución Democrática, del profesor Gregorio Alvarado López. También tenemos presos políticos que desde aquí reclamamos su libertad. Actualmente se encuentran en huelga de hambre nueve, ayer incorporado el último detenido, un dirigente social del Estado de Guerrero que tuvo que salir de la entidad por ser perseguido e intimidado no solamente él sino su familia.
Ante estos hechos, ante el reclamo nuestro de la libertad de los presos políticos, de que la procuración de justicia también responda ante estos hechos como los desaparecidos que se han denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos, se suma la detención, que detuvieran grupos policiacos en la Ciudad de México el día de antier al dirigente Benigno Guzmán Martínez.
Desde aquí nosotros señalamos que ante esa actitud del Gobierno Federal y el gobierno estatal no vamos a llegar lejos en la entidad. La convivencia política, la convivencia pacífica, el Partido de la Revolución Democrática lo ha demostrado en Guerrero en todo momento, se libran todavía luchas poselectorales y que las mantenemos en el marco de la política y que desde aquí también reclamamos que desde esos lugares el ejército se retire.
No es conveniente, creo, no es tolerante a estas alturas de nuestro país, a los ojos del mundo, de los países que tienen muy bien puestos los ojos, no solamente en el terreno económico, sino en el terreno político, que en una entidad tan rica en recursos naturales sigamos privados de muchas necesidades elementales.
Por eso, estamos demandando que en la gira del señor gobernador y del Presidente de la República por los municipios de la Costa Chica, de la zona centro de la entidad y de Tierra Caliente, no solamente hoy sí quiera escuchar los reclamos de los indígenas y los campesinos de la entidad, no solamente eso, sino que el Presidente de la República dé a los guerrerenses soluciones al rezago social y político que padecemos los guerrerenses.
Creo que solamente así podremos creer que en Guerrero se quiere transitar hacia una forma diferente de gobernar en la entidad. No es por la vía de querer aparentar que en Guerrero no pasa nada; que en Guerrero se están haciendo esfuerzos, sí, no hay que negarlo, que se están haciendo esfuerzos; pero también esta parte no hay que negar que se requiere actuar con mucha prudencia. No es con detenciones injustas, no es con la militarización que la problemática del Estado de Guerrero va a resolverse.
Por eso el Partido de la Revolución Democrática demanda y ha demandado siempre el diálogo, ha demandado el diálogo del Gobierno Federal y del gobierno estatal con los grupos autodenominados grupos armados, para que de esa manera sea la vía para resolver los problemas políticos. Nunca será la esfera militar la que resuelva los problemas sociales de la entidad; es la esfera de la política la que nos va a permitir arribar a nuevas formas de convivencia pacífica en la entidad.
Por ello, quiero permitirme, señor Presidente, solicitarle que turne a la Comisión de Derechos Humanos de las dos cámaras el informe que hemos venido recabando sobre las denuncias que en esta ocasión presentamos en la Permanente, se turne a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su seguimiento, para su revisión y que posteriormente en las propias cámaras y, si es posible aquí mismo en la Permanente, pudieran dar, de alguna manera, el respaldo a que en el Estado de Guerrero realmente haya tranquilidad, realmente transitemos hacia un nuevo orden político.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el señor senador Mario Vargas Aguiar.
El senador Mario Vargas Aguiar:
Gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros legisladores:
He pedido el uso de la palabra no para referirme al caso concreto de Guerrero, porque desconozco los hechos. Sin embargo no podía dejar pasar algunos conceptos que se han vertido, sobre todo relacionados con una institución que es para los mexicanos motivo de seguridad, motivo de tranquilidad, motivo de fortaleza, como una de las más importantes instituciones con que cuenta la República.
De antemano quiero precisar que para los priístas el cumplimiento irrestricto y el respeto a los derechos humanos, es nuestra principal preocupación. Sabemos que un estado de derecho sin una real vigencia de los derechos humanos, de las garantías individuales, no puede considerarse como tal. La sociedad debe permanecer en orden, debe permanecer con las posibilidades de desarrollarse en paz y con seguridad.
Por eso no compartimos las expresiones generalizadas de una actuación de una institución como el Ejército y las Fuerzas Armadas, que sirven a la sociedad y al pueblo de México.
Porque por ejemplo cuando el Ejército y la Marina Nacional combaten la producción y el tráfico de estupefacientes, ¿por qué algunos ponen en duda la integridad y apego a la ley, que es su esfuerzo? No se critica la alevosa y la criminal conducta de los narcotraficantes cuando los integrantes de nuestra institución armada dejan a sus familias y ponen en riesgo la vida misma.
El Ejército está integrado por mexicanos que han sido capacitados en un nivel profesional y esto les da sin lugar a dudas, y estoy seguro que la mayoría del pueblo de México comparte esta afirmación, les da a los integrantes del Ejército y de la Armada nacional como instituciones una dimensión ética y moral en su formación castrense.
Por eso cuando observamos la crítica sistemática a la actuación del Ejército mexicano en la vida nacional, debemos recordar las dos caras de la moneda, compañeras y compañeros legisladores, las dos caras de la moneda en la actuación de las fuerzas armadas: por una, la lealtad y por otra la subordinación irrenunciable al Gobierno y al pueblo de México.
Por eso nosotros no aceptamos opiniones que generalizan y que tomadas en este contexto puedan significar detrimento y desdoro para estas instituciones. Por eso desde esta tribuna deseo expresar mi confianza, y estoy seguro que de la mayoría de los integrantes del pueblo mexicano, que las Fuerzas Armadas nacionales cumplen y seguirán cumpliendo con su deber porque son aliadas del pueblo de México, porque las hemos visto y ahí sí en carne propia lo podemos decir, en épocas de huracanes, por ejemplo, en el noroeste mexicano, cómo los integrantes del pueblo de México han sido receptores del esfuerzo, de la dedicación y del sacrificio de los integrantes del Ejército mexicano.
En casos de desastre es indudable que la primera institución, la primera corporación que está en los más remotos y más apartados rincones de la patria mexicana, es el Ejército, son los soldados de la patria quienes están ahí trabajando, salvando vidas, salvando familias y creemos que una generalización de esa manera, ofende la dignidad y ofende la seriedad de las instituciones.
Yo creo que debemos valorar la fortaleza de nuestras instituciones. No queremos pintar un panorama en donde no se presenten problemas. Insistimos, las denuncias, las violaciones y de ésta y de cualquier otra institución pública, deben ser atendidas, deben ser valoradas y en un ámbito de serenidad, deben ser juzgadas y si hay conductas delictuosas, también castigadas. Pero lo que sí no creemos justo, es que si hay algunas conductas de algunas personas, en cualquier institución, en cualquier agrupación de la sociedad mexicana que no vaya conforme a las leyes, se generalice, sobre todo a instituciones tan importantes para la preservación de la soberanía y de la seguridad de la sociedad mexicana, como son las instituciones armadas.
Yo creo y estoy convencido de que con la fuerza de las instituciones podemos hacer frente a las adversidades. Creo que apoyando a las instituciones como las fuerzas armadas, podemos tener una nación con solidez institucional, con unidad y con cohesión.
Quiero terminar manifestando que las Fuerzas Armadas constituyen una de las instituciones más limpias, íntegras y firmes de México. Quiero decirles y creo que comparto el sentimiento con la mayoría del pueblo de México, que los mexicanos confiamos en el honor, en la disciplina y en la lealtad de nuestro Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea nacionales. A ellos la nación ha encomendado una gran labor patriótica y son ellos quienes día a día la cumplen a cabalidad.
Tengo la íntima convicción de que nuestro Ejército, como institución, seguirá con lealtad la guía y los designios del pueblo de México, del cual nosotros somos representantes.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor senador Salgado Macedonio.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, señor Presidente:
Antes de entrar al tema de Guerrero, quiero levantar mi más enérgica protesta por el trato indigno que se da a los legisladores y a los visitantes en esta Cámara. Pareciera que don Juan José Osorio nos quiere matar de un infarto. ¡Puros sustos:
Llegaba en mi camioneta blanca, que dicen por ahí que es blindada y me gustaría que lo comprobaran, cuando el resguardo nuevamente volvió a cerrar las rejas. "Ahí viene...", se escuchó. Cerraron las rejas y colocaron unos alambres. Electrificaron las rejas y otro resguardo andaba con un aparato que lanza descargas eléctricas.
Y bueno aquí están, el cerco policiaco que tenemos; los "guaruras" ahí están, ahí están los "guaruras"; ahí está la civilidad de la que habla el Presidente de la mesa directiva. Ahí está la civilidad: los "guaruras" resguardando a un luchador social para que no haga nada.
No nos dejaban entrar. Tuvimos que solicitar el permiso necesario para que nos permitieran el acceso. Este ambiente tenso, toda esta arbitrariedad, ¿a qué nos va a llevar.
Dice el diputado Osorio, en una entrevista que le hace el periodista Francisco Garfias, del Excélsior, "que impere la civilidad entre partidos en la Cámara, dice el señor Osorio, a fin de que en la Cámara de Diputados impere en este año electoral la civilidad entre los partidos y no convirtamos el trabajo en sesiones de pelea". Juan José Osorio Palacios, presidente de la Gran Comisión, propuso a la oposición olvidarse en el recinto de San Lázaro de lo que va a acontecer en las calles y concentrarse en las tareas legislativas.
Yo creo que los representantes populares no debemos olvidarnos de lo que acontece afuera.
Los hechos tan lamentables de Tabasco, que tuvieron que llegar hasta los extremos, no fue porque a ellos simplemente se les haya ocurrido, sino porque hasta allá fueron orillados.
En los estados los presidentes, los gobernadores, debieran ser responsables y atender los conflictos, para que nadie tuviera que llegar hasta acá a demandar apoyo.
También leo que van a entrar algunas iniciativas, entre ellas la reforma a la Ley Orgánica del Congreso. Yo les invitaría a que no se quiebren la cabeza, a ver cómo meten más represión aquí en esta Cámara o en las cámaras, sino más bien los invitaría a que se preocuparan más por sus representados. Esto vendría a resolvernos muchos problemas y esto vendría a dignificar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuántos están aquí sentados, nada más levantando el dedo y ya no regresan a las comunidades, ya no regresan a sus estados? ¡Eso debería darnos pena, debería darnos vergüenza! Esto no es para todos, no generalizo; hay quienes reconozco que están en los movimientos sociales y que están trabajando, pero no todos los diputados.
Ya no sé si venir el próximo miércoles o no venir... ¿Ya no vengo? ¡Ahora les tengo que pedir permiso, a ver si me dejan entrar:
Vinieron conmigo campesinos de Izcapuzalco, ciudadanos de Guerrero, de la Unión de Transportes Democráticos, para exponernos sus problemas. Pero pues no los dejaron llegar. Por ahí se quedaron a mitad de camino. Los de la UTD buscan la liberación del transporte en Guerrero, pues el transporte está monopolizado en unas cuantas manos: en Rubén Figueroa, en los senadores Israel Soberanis Nogueda y Porfirio Camarena Castro; en muchos, algunos diputados federales y diputados locales y la UTD es una organización que busca acabar con ese monopolio.
Y los cité aquí, pues porque no puedo citarlos en otro lado. Tenía que ser aquí. Aquí es donde estamos trabajando.
También levantamos nuestra enérgica voz por la detención arbitraria de nuestro compañero Benigno Guzmán Martínez, acusado de ser cabecilla del EPR. Con todo lujo de violencia fue sacado de su domicilio y lo tienen detenido con siete averiguaciones.
Realmente es indignante lo que ocurre. Mejor está en la cárcel el líder de la organización masacrada, en lugar de estar en la cárcel el masacrador, Rubén Figueroa y, ya está en la cárcel Hilario Mesil y otros tantos prominentes miembros de esa organización campesina de la Sierra del Sur; gente muy pobre, efectivamente, campesina, muy trabajadora y son acusados de ser miembros del EPR y los verdaderos criminales se pasean muy campantes en este país y en Dublín, sin que nadie les diga nada.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se trata? Este país siento que se nos va de las manos, se nos está descomponiendo. Vamos a enfrentar un proceso electoral en 1997 con un Roque que trae un lenguaje muy florido, muy florido el lenguaje del señor Roque, prepotente, y luego las camisetas del señor Zedillo, lo de Chiapas que está empantanado, la militarización prácticamente en todo el país, ya no se diga en Guerrero, en donde los militares persiguen y hostigan a los ciudadanos; la incapacidad para resolver el problema económico, por eso es que están aquí distinguidos miembros de El Barzón, quienes dignamente están evitando que les arrebaten el patrimonio de sus familias y por ello tienen que ser encarcelados, tienen cuatro presos aquí en la Ciudad de México y más presos.
Hay una política de represión imparable y auspiciada desde el gobierno, ¿esto a dónde va a conducir?; ésa es la pregunta y hay una campaña de desprestigio y de descrédito contra quienes de alguno u otro modo estamos del lado de las causas populares. Por ejemplo, dice aquí: "en entrevista al dirigente campesino Benigno Guzmán, el detenido, acusado de ser del EPR, informó que después de su detención ayer en la Ciudad de México y antes de ser trasladado a la cárcel de Acapulco, fue interrogado con los ojos vendados y atado de pies y manos en un lugar desconocido y durante el trayecto recibió amenazas de que sería arrojado a un río o al mar, dijo que las preguntas se referían al Ejército Popular Revolucionario y que sus captores querían obligarlo a confesar dónde están las armas que le dio el senador perredista Félix Salgado Macedonio y el exdiputado local del mismo partido, Raferí Hernández Acevedo".
¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? ¿De seguir hostigando? ¿De seguir con esa política represiva, validos de las fuerzas que tienen a su mando? Hasta ahorita que sepamos solamente un miembro del EPR han detenido y todos los demás el propio EPR ha dicho que no son miembros de su organización. Ahí están unos en huelga de hambre, confinados a morirse en prisión.
Esta injusticia que cada vez está avanzando, va seguramente a traer consecuencias impredecibles. De verdad lamento que las cosas se den así. No quisiera ver a este país metido en un espiral de violencia sin retorno. Yo diría que le busquen tres patas al gato, porque tiene cuatro ¡Ya párenle con la represión!, ya párenle con la prepotencia porque nos conviene a todos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, la diputada Leticia Burgos Ochoa.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Efectivamente para rectificación de hechos, señor Presidente, no por la intervención de nuestro compañero senador Félix Salgado, sino por el ausente que ya no lo veo, que pasó por parte del PRI.
Quisiera en primer lugar, destacar que efectivamente el PRD ha sido muy respetuoso de las fuerzas armadas y ha sido tan respetuoso que distinguimos muy bien los ámbitos del Ejército mexicano y de las corporaciones policiacas. Por eso nos opusimos a las reformas que la mayoría priísta votó a favor de desvirtuar la sagrada tarea del Ejército mexicano, surgida de la Revolución, surgida precisamente para resguardar la soberanía nacional y sobre todo esta fiel, como dijera el senador, tarea de servicio social.
Precisamente por eso, estamos hoy constatando lo que en su momento destacamos en el debate en contra de las reformas a la seguridad pública, en contra de las reformas constitucionales, en contra de la Ley Orgánica de Seguridad. Porque ahora resulta que el problema ya no estriba en que las corporaciones de seguridad vulneren la ley, sino que el sistema jurídico mismo ha sido reformado para permitir la violación de las sagradas garantías individuales.
Yo quisiera, para obviar más esta explicación, que no se trata de generalizar tienen nombre y apellido los miembros del Ejército mexicano en Guerrero, tienen nombre y apellido quienes, en Coyuca de Benítez el 4 de julio de 1996 detuvieron a campesinos que se encontraban en ese momento labrando la tierra. Claro que sí, el Ejército seguramente sabe qué comandante estaba al frente de ese operativo, que los tuvo, a cuatro campesinos detenidos y desaparecidos por tres días y hay testimonios, hay testimonios fundamentados en donde la procuración de justicia que se ejerce en la entidad de Guerrero, mantiene oculto para darle curso efectivamente legal a estas denuncias.
Y los han consignado; precisamente hoy estos cuatro campesinos junto con otros cuatro de Ahuajotzingo, se encuentran consignados a ocho años de prisión por los supuestos de delito que se imputan en el fuero común.
Y decimos: que responda el Ejército, efectivamente ahí hay comandantes y miembros del Ejército que actuaron sembrando armas, poniéndoles tapa ojos, transitándolos en helicópteros hacia la ciudad de Acapulco, con hechos de tortura que creíamos superados en el Estado de Guerrero, con toques eléctricos, con agua gaseosa por la nariz para hacerlos declarar, ser parte del Ejército Popular Revolucionario.
Compañeros, ésa es la realidad, sí una parte tal vez, no podemos generalizar que en todo el Estado de Guerrero el Ejército tenga esta actuación. Sí está teniendo también una actuación, mejor dicho, pues sí tuvimos el huracán Boris y luego el temblor pasado. Sí está teniendo actividades, pero no confundamos, aquí el debate central compañeras y compañeros diputados y senadores, es el que debemos de poner atención, este Poder Legislativo tiene la autoridad ante una relación respetuosa con el Ejecutivo de pedir cuentas al Ejército, de que este tipo de denuncias no queden impunes, que se investigue, efectivamente que se investiguen y si hay efectivamente una violación, un abuso de autoridad por parte de miembros del Ejército se actúa en consecuencia, pero que no se deje al lado.
Podríamos relatar otros hechos que están en proceso de investigación, esperamos, esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la estatal se conduzcan apegados al reclamo de los guerrerenses y que se esclarezcan estos hechos porque, como decíamos, Guerrero requiere del ejercicio de la política, no el ejercicio de la guerra, no el ejercicio de cuerpos militares.
Gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la denuncia de la diputada Leticia Burgos.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificación de hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, el senador Raúl Juárez Valencia.
El senador Raúl Juárez Valencia:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Para ejercer la autoridad es necesario tener vocación política, saber controlar el poder y así poder contar con autoridad política que le permita entender y gobernar la comunidad.
Los tapatios estamos muy preocupados por la forma en que se está gobernando a la ciudad de Guadalajara. En el Revolucionario Institucional, siempre hemos sostenido que la violencia no es la vía para solucionar los problemas de la comunidad, es por ello, señor Presidente, señores legisladores, que desde esta tribuna que tiene la dimensión de la República Mexicana, denunció las acciones violentas llenas de intolerancia y con un contenido dictatorial del poder público del alcalde de la ciudad de Guadalajara, César Coll Carabias, quien el pasado viernes 24 del presente desalojara del palacio municipal con la fuerza pública, a un grupo de comerciantes que se habían concentrado para protestar en contra de los aumentos desproporcionados en el cobro de impuestos de plaza en los mercados municipales, así como el de uso de piso en los tianguis.
Esta agresión cobarde fue iniciada por los policías medrosos al momento de recibir la orden del alcalde, golpeando no sólo a los adultos varones, sino a mujeres, ancianos y niños. El planteamiento de los manifestantes era de inconformarse con las autoridades que les aumentaban de un 50% y 100% las tarifas por derecho de piso en relación con las de 1996 y en vez de ser escuchados o sostener algún diálogo o una posible solución, recibieron macanazos y la agresividad feroz de perros extranjeros, motivando las lesiones que mostraron locatarios, tianguistas y ambulantes, 30 lesionados en total y que ocho ameritaron hospitalización.
El argumento del alcalde César Coll, en su declaración, fue que tomó esta medida porque primero para él están los intereses de la comunidad y no antes que cualquier otro grupo de interés organizado, simplemente porque no tolera que se bloqueen las calles.
Y nosotros nos preguntamos, compañeros senadores, compañeros diputados, ¿qué acaso los comerciantes no son parte también de la comunidad? ¿Qué acaso los comerciantes no tienen el derecho que les otorga la Constitución Política de los mexicanos para manifestarse.
Otro argumento de César Coll para retirar la manifestación, fue que, según él, ésta es una estrategia nacional orquestada por el Partido Revolucionario Institucional, para desprestigiar el trabajo de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional.
Siempre que un grupo comunitario se presenta para reclamar sus derechos, los consideran miembros de facciones que no corresponden a sus intereses. Así es como actúa César Coll.
Cómo puede afirmar que estas acciones de manifestación son producto de una estrategia partidista con motivo de los próximos procesos electorales del 6 de julio, cuando hace exactamente un año, faltando una semana como ahora para el informe del gobernador del Estado, con esta misma estrategia de violencia y sin tentarse el corazón, mandó golpear a comerciantes establecidos en la calle 60 de la ciudad de Guadalajara, creándole un problema político, como el de ahora, a su gobernador.
Crítica Coll el bloqueo de las calles, cuando en el sexenio anterior su esposa hacía uso de sus derechos de manifestación por las principales avenidas de nuestra ciudad, bloqueando todo el tráfico. ¿Por qué ahí sí se justificaba? Por eso, porque la autoridad en aquel entonces sí sabía otorgarle las garantías individuales y jamás los mandó golpear.
Coll, compañeras y compañeros legisladores, está violentando la tranquilidad de la sociedad tapatía con sus arrebatos, está trastocando el orden político y esto tiene asustados a sus propios dirigentes panistas y ha puesto a pensar muy seriamente a nuestro instituto político para retirarnos de las pláticas de la reforma electoral.
Asimismo, ha hecho caer a su propio gobierno en el grado de ingobernabilidad que a nadie le conviene, al desatender las demandas sociales y al no encontrar respuestas gubernamentales tranquilas para los actores políticamente organizados y al enfrentarse agresivamente a ellos, ha provocado que sea acreedor también no sólo a una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos ni al juicio político, sino también a una demanda penal.
Qué lástima es no tener vocación política ni ser mesurado para controlar el poder; qué lástima que Guadalajara tenga estas autoridades que, sin importarles que estemos en el escenario nacional e internacional por estas agresiones, el día de ayer todavía hace acto de presencia con macanas y perros amaestrados, para echarlos encima de los locatarios y llevar a cabo también ocho heridos, dos de ellos menores de edad.
Es importante, compañeras y compañeros legisladores, que tomemos en cuenta este tipo de agresiones. Por ello, señor Presidente, le pido a usted que el expediente que hicimos llegar a la Secretaría, se turne a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y hago votos para que este señor reflexione, por el bien de Guadalajara.
Es cuanto.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Compañeras y compañeros legisladores:
En ocasiones hemos abordado la tribuna para denunciar arbitrariedades emanadas de gobiernos cuyo origen es el Partido Revolucionario Institucional.
No somos los del Partido del Trabajo paleros de ningún movimiento, y que quede claro para los compañeros del Partido Acción Nacional, porque tal vez el secretario de gobierno de Jalisco podrá otra vez contestar que es una acción orquestada desde las oficinas del PRI.
El 22 de abril de 1992, la ciudad de Guadalajara se vio sacudida por una explosión, una explosión provocada por la salida de más de 1 millón de litros de combustible vaciados al drenaje, ante la inminente auditoria que al siguiente día harían las autoridades superiores de Pemex, al depósito que está en Guadalajara y ante el exceso de 30 mil a 100 mil litros cada vez que llegaba el combustóleo a Guadalajara, y que por las tardes era vendido por el superintendente en camiones particulares, optó por sacarlo al drenaje, provocando con eso la explosión al siguiente día.
Es decir, la consigna de los damnificados del 22 de abril todavía no termina de gritarse en la calles. Y después de la explosión fueron golpeados en la Plaza de Armas, sacados a golpes por autoridades emanadas del PRI, sin respuesta concreta a su problema concreto.
Entre los rezagos que quedan de las indemnizaciones a los afectados de las explosiones, la última aportación del Gobierno Federal fue de 11 mil millones de viejos pesos. Lo declaró el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, el día 23 de abril del año pasado y quedan solamente utilizados o solamente aceptado el haber utilizado el gobierno estatal 2 mil 781 millones de pesos, es decir ni siquiera los intereses que genera ese dinero, el gobierno de Alberto Cárdenas lo ha destinado para lo que fue aportado ese dinero y por tratarse de un gobierno de origen panista, las autoridades de la Contraloría Federal no hacen absolutamente nada.
El temor, la calambre que tienen de perder la mayoría en el Congreso, los tiene paralizados. Lo mismo que se actúa contra Figueroa, lo mismo que se actúe también contra Alberto Cárdenas.
La consigna de los compañeros ahora se grita en las calles, de los damnificados del 22 de abril: "el PRI nos puso la explosión y el PAN nos niega solución", acción por lo cual tuve que, el martes pasado, acompañar a los damnificados a tomar las oficinas de la Sedesol, empresa alcahuete del PAN, oficina alcahuete del PAN en Jalisco.
Pudimos estar revisando todos los expedientes que tuvimos a la mano para poder ver la cantidad estratosférica de recursos que se destinan a gobiernos emanados del PAN para obras supuestamente sociales, que nunca llegan a los supuestamente beneficiados.
Y ante la imposibilidad de poder tomar una oficina panista, porque ya sabemos la respuesta, ya están los comerciantes cuyo origen es del PRI que han hecho acciones, han tenido la respuesta de golpes y hasta de perros.
No hay ninguna actitud abierta, democrática, plural que reclaman aquí los compañeros legisladores panistas, a lo que hacen sus gobiernos locales. No hay autoridad moral que se sostenga con los hechos allá, ni en Baja California con Ruffo ni ahora con Alberto Cárdenas que cree que fue la herencia de Don Quijote que le dejara a Sancho Panza una ínsula barataría para que hiciera y deshiciera.
Estuvimos 72 horas ahí en las oficinas, se comprometió el gobierno estatal por escrito a atender los asuntos de los damnificados. Quedaron que para una muestra, para un botón nada más de una actitud diferente frente al problema de los damnificados, resolverían 10 asuntos, solamente 10 antes del informe y quiero advertir que el día de antier, que fueron citados para entregarles los cheques a los afectados, los primeros 10, no había tales cheques, no había el recurso y la negativa total a resolver el problema.
El Partido del Trabajo respalda al Patronato Pro Solución Integral de los Damnificados del 22 de abril, Asociación Civil, que aglutina a la mayoría de los damnificados. Hemos tomado el acuerdo de acciones más fuertes y nos vamos a atener a las consecuencias.
Si hay una cerrazón, si no hay absolutamente nada que abra al gobierno panista a resolver los problemas sociales del pueblo de Jalisco, ahí va a estar en primera línea los compañeros de ese patronato y con el respaldo de los legisladores.
Quiero decirles que en el informe que próximamente rinde el señor gobernador, estaremos presentes. Ya haremos cuentas aquí el miércoles próximo de los golpes que recibamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el señor senador Rosendo Villarreal.
El senador Rosendo A. Villarreal Dávila:
Con su permiso, señor Presidente; señoras legisladoras; señores legisladores:
Quiero primero dirigirme usando, no usando, sino contestando al senador Raúl Juárez Valencia, dirigirme a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional que se encuentran aquí, y creo que vale la pena hacer un llamado a que se deje de provocar la violencia.
Estamos en una situación grave en nuestro país y estamos jugando, están jugando con lumbre. En un periodo muy corto de tiempo llevamos tres o cuatro incidentes muy graves: Guadalupe, Naucalpan y Guadalajara y en todos los casos tenemos documentados, en este caso me referiré a Guadalajara, que han sido provocaciones claras para causar violencia.
Yo creo que debemos todos descubrir nuestras diferencias políticas, tratarlas aquí en un tono diferente, debatir ideas, pero no estar provocando esta violencia.
Yo les digo también, señores legisladores del PRI, que no condenemos cosas como las que pasaron aquí con los barrenderos de Tabasco, al estrellar masetas aquí y después gente del PRI vaya a hacerlo adentro de la presidencia de Guadalajara.
Realmente si somos puntuales en lo que sucedió en Guadalajara, quisiera hacer una cronología.
Se aprobó una ley en el cabildo, sin la presencia de los regidores del PRI, pero después se ratificó en el Congreso, con la aprobación de los diputados del PRI, en el que se modificaron las tarifas que se cobran en la calle. Si se cobran tarifas no creo que no esté permitiendo César Coll que se utilicen, puesto que hay un cobro para ello, y en esta ley de Ingresos del municipio, al 68% de los tianguistas no se les subió nada. Se cobraba 2.00 pesos por metro lineal y se cobran 2.00 pesos por metro lineal.
Al 25% de los tianguistas se subió 40 centavos, de 2.00 pesos a 2.40 por metro lineal, y al 7% de los tianguistas se subió a 2.60 pesos por metro lineal.
Sin embargo, un punto que es muy importante y que creo que debemos de conocer todos.
El cobro ahorita por dos metros, que es más o menos el espacio que ocupa un tianguista, 2.60, lo más caro es para ropa y artículos eléctricos y normalmente ocupan dos metros lineales, es de dos metros a 2.60, son 5.20. Anteriormente, la administración anterior priísta cobraba 1.70 pesos por metro cuadrado, que en 2.2, que es más o menos los espacios que utilizan, llegaba a 6.80 pesos, o sea, no hay tal aumento. Y sin aumentos se va a provocar una reacción violenta y de violencia enfrente de la presidencia municipal y luego adentro de la presidencia municipal.
Ese día, como a las 11 de la mañana, llega un grupo grande de tianguistas y de algunos otros líderes del PRI de otras organizaciones que no tienen nada que ver con el aspecto de los tianguis.
Hay una comisión que se pide que pase al palacio municipal, esto es, a las 11 de la mañana se pide que pasen cinco personas y ellos solicitan ser 10 personas, pasan 10 personas a dialogar.
Mientras está esto sucediendo, empiezan las presiones sobre la misma presidencia municipal, sobre las instalaciones de la presidencia municipal. Sale el alcalde César Coll a pedirles que no maltraten lo que está ahí y que se está atendiendo a su gente.
Salen los 10 representantes de los tianguistas a pedir lo mismo y regresan diciendo: "señor, no podemos con ellos, no nos hacen caso". "Si no les hacen caso, vayan y pidan primero a los señores tener la autoridad ustedes para negociar y volvemos a negociar hoy en la tarde".
Regresan en la tarde, y ya a las 3:30 empiezan a llegar con cajas de rejas de naranjas y otras cosas a la presidencia municipal.
En la tarde, a las 7 de la noche, empieza ya la violencia ahí. Hay una persona, Arturo Zárate, entre otros, que arroja macetas desde allá dentro de la presidencia municipal, lo mismo que fue reprobado aquí, lo que hicieron los barrenderos de Tabasco, allá aparentemente está correcto.
Esto fue lo que empezó a degenerar en una violencia que reprobamos y no quisiéramos que nadie la tuviera nunca que hacer.
Sin embargo, y ustedes lo saben y hay los datos oficiales, dos de los líderes por lo menos, al ser aprehendidos y después hacerles el examen médico estaban intoxicados con droga, o sea, hay muchas situaciones con las que estamos provocando problemas en los que no queremos caer.
Acción Nacional ha sido enemigo permanente de la violencia y estas provocaciones, igual que la de Guadalupe, en donde lo que se estaba buscando es corregir los tiraderos que se tienen adentro de la ciudad y lo que pasó también en Naucalpan, en donde hay dos líderes del PRI que pretenden cobrar cuotas por fuera del municipio para los tianguistas, nos está llevando a estos problemas.
Creo que debemos de debatir si quieren las ideas de si debe haber en México comercio ambulante o no, porque aquí en la Ciudad de México yo he visto desalojos muy fuertes apoyados por el PRI.
Vamos a debatir en serio, ¿qué hacemos con el comercio informal? Vamos a debatir en serio, ¿qué hacemos para mejorar la economía y que no tenga que ir la gente al comercio informal? Vamos a debatir eso. Pero no califiquemos lo que pasa allá cuando hay que corregir algo como malo, cuando aquí en el Distrito Federal dicen que es la única manera y que eso está bien. No se vale. Vamos a ser correctos y justos de todos lados.
Yo creo que tenemos que parar estos enfrentamientos en todo el país. No vale la pena que juguemos con esa lumbre, vamos a salir perjudicados todos.
Yo les hago un llamado a ustedes: si quieren que se analice el caso de Guadalajara o cualquier otro caso con detalle, lo hacemos y analizamos los del Distrito Federal, también lo que ha habido en el centro y se ve como bien.
Verán que a lo que tenemos que llegar es cómo ordenamos el comercio informal; cómo protegemos a esa gente que está en la calle y cómo, por otro lado, protegemos los derechos de los que tienen sus comercios en las casas, que han tenido que comprar lugares.
Vamos a trabajar en eso y no andemos gastando el tiempo en forma electoral con estos asuntos aquí, no se vale y menos no provoquemos ni empecemos primero con la violencia verbal a calentar a la gente de los partidos y que vayan acabando en estos hechos.
Yo creo que tenemos la obligación todos de cambiar nuestro tono, de subir nuestro debate y de debatir ideas y de dejar de causar este tipo de problemas, porque los responsables van a ser los partidos que estén haciendo esto.
Creo que se ha generado un clima de violencia verbal, desgraciadamente malo en este país y que lo tenemos que parar de inmediato y tenemos que parar hechos como éstos.
Creo que eso es lo que tenemos que hacer y vamos a debatir el comercio informal y vamos a encontrar soluciones, en lugar de estar con estos asuntos.
Y por lo que respecta al diputado Moreno Berry, si tiene tanta información presente una denuncia. Si la denuncia es correcta nosotros lo apoyaremos. Ahí hay dinero federal que se le entregó al estado, si no lo está usando presente la denuncia, si hay algo malo nosotros también lo apoyaremos. Pero no venga aquí a usar también electoralmente lo que puede hacer con una denuncia, porque parece ser que tiene mucha información.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos el senador Raúl Juárez Valencia.
El senador Raúl Juárez Valencia:
Con su permiso, señor Presidente:
En principio estoy de acuerdo con el compañero Rosendo Villarreal, rechacemos la violencia no haciendo la violencia, eso es lo que hay que recordarles a este tipo de presidentes municipales. Tiene usted también razón, a raíz de que empiezan a funcionar las leyes de ingreso, se marcan cuales son las tarifas correspondientes en este caso para el uso de piso y también para mercados, las plazas de los mercados.
En muchos ayuntamientos del Estado de Jalisco que gobierna, por decirle, el PRD, en Cocula se manifestaron ciudadanos comerciantes para protestar por ese injusto impuesto, según ellos, que les cobraban y en vez de utilizar la violencia utilizaron el diálogo y lo agotaron y llegaron a un acuerdo correspondiente al que no fueron los máximos.
¿Qué pasa en Guadalajara? Usted comenta lo que seguramente le enviaron a través de los medios de comunicación declaraciones de sus propios compañeros, que al estar forcejeando cuando se cayó un vidrio lo tergiversan y dicen que quebraron el vidrio. Cuando está la reunión de los 10 dirigentes, sale el presidente municipal y los corre violenta, verbalmente y existen las pruebas correspondientes a través de los videos y están las pruebas fehacientes de los medios de comunicación, que estaban presentes y que también fueron ellos lesionados en el desalojo.
Y él cínicamente declara: "toda la culpa que quieran echar respecto al desalojo la tengo yo y si se vuelven a presentar los vuelvo a correr de la misma manera" y ahí está, ayer lo hizo cuando comerciantes se habían declarado en un receso para ver qué acciones tomaban y si pagan o no pagaban el uso del piso en los tianguis y fueron reprimidos por los perros y también por los antimotines.
Por eso al inicio de la exposición en la anterior intervención, yo decía que se debería de tener vocación política. Pero hay inexperiencia y luego ellos manifiestan: "es que es la primera vez que nosotros estamos en el ejercicio del poder en la administración". De acuerdo, pero hay incapacidad también para poder gobernar, también hay intolerancia, no quieren escuchar, esto es lo que trastoca la pacificación de la sociedad en Guadalajara.
Se ataca al PRI de este tipo de manifestaciones, cuando muchos de los 2 mil manifestantes no eran ni siquiera miembros del Revolucionario Institucional y muchos de ellos inclusive fueron los que le dieron su confianza y su voto a Coll, porque les prometió muchas acciones por resolver.
A nosotros nos preocupa este tipo de cerrazón, por ello hicimos la exhortación y si usted, compañero senador Rosendo, tiene la oportunidad de hacérselo llegar a su dirigencia, hágala, pero no se trata, para que no se confunda de estrategias, de campaña y por los próximos procesos electorales.
Está sucediendo que efectivamente en todo el país, si usted quiere y no nada más con los gobiernos emanados de Acción Nacional. Aquí mismo el día de ayer se vio que estaban manifestándose los comerciantes y al regente, al jefe del departamento se le identifica completamente en el Partido Revolucionario Institucional, imagínense que utilizaran la represión, la fuerza pública para que no bloquearan las calles y esas palabras textuales, estas justificaciones, estos argumentos son directamente y grabados se encuentran a través de los medios radiofónicos, palabras de César Coll: "desalojé porque estaban bloqueando la calle y, además, porque era parte de una estrategia". ¡No se vale! Por ello hacemos esta exhortación.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
A veces cuando la población escucha el tono de voz del compañero senador, seguramente en su campaña lo utilizó, pareciera que la ideología del Partido Acción Nacional respetase verdaderamente la integridad personal de los ciudadanos. No lo dudo que la formación personal tenga influencia en eso. Pero por ejemplo el día que estábamos aquí y que vinieron los compañeros barrenderos de Tabasco la propuesta de los compañeros del PRD es que nos mantuviéramos aquí. La propuesta del PT lo mismo.
La propuesta del PRI, del Presidente de la Permanente, es que fuéramos al Salón Presidentes y la propuesta de Ricardo García Cervantes es que se desalojara con la fuerza pública. Eso los pinta de cuerpo entero, compañeros. Si no estamos inventando nada, si la violencia no viene de la gente, la violencia viene de la convicción personal, ideológica, de un partido cuya formación así es. El fascismo son ustedes, nada más que tiene cara de benevolente, tiene tono de conciliación; pero en los hechos es violencia.
Y en nosotros el martes que tomamos las oficinas de la Sedesol, el miércoles estaba declarando el secretario general de gobierno que procedía el desalojo, que solamente era que el delegado de la Sedesol lo solicitara. Lo único que van a ser es ponerse de acuerdo, al cabo el PRI-PAN es lo único que existe, el PRIAN es algo que Sánchez Aguilar nos ha dicho muchas veces que existe aquí en la Cámara de Diputados.
Si aquí proponen que desalojemos con la fuerza pública a los barrenderos de Tabasco, si Ricardo propone eso; si el secretario de gobierno Raúl Octavio Espinosa, secretario de gobierno de Jalisco, propone que procede la fuerza pública a desalojar en cuanto lo solicita el delegado de la Sedesol, si para desalojar a los tianguistas de la presidencia municipal lo hacen a golpes, ésta es una formación, es una conducta, es el futuro que le espera a este país si se sigue promoviendo eso y eso es hacer campaña, eso es ser electorero, es demostrar la verdadera cara de su partido.
Estamos de acuerdo. ¿Nosotros qué campaña estamos haciendo?, estamos solicitando que se resuelvan problemas sociales. Lo hacen los tianguistas con sus problemas, lo hacen los damnificados del "22 de Abril" con su problema y ante ese tipo de problemas la respuesta es la violencia. Entonces ¿cuál provocar la violencia?; violencia provocada la que se proponen una vez que llegan al poder utilizando ese tipo de métodos. Yo creo que eso es lo que deben de bajarle el tono ustedes y cambiar un poquito los documentos, la ideología que los ha preparado así.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Peniche y Bolio.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Con su permiso, señor Presidente:
Muy brevemente para precisar la actitud de Acción Nacional a la que aludió el diputado Moreno Berry en relación con los sucesos acaecidos en esta Comisión Permanente, con motivo de la protesta pública que hicieron los barrenderos de Tabasco.
Para mí, como para la fracción parlamentaria de Acción Nacional, tenemos que estar siempre en contra de lo que pueda ser una actitud demagoga.
Yo considero que el diputado Moreno Berry emplea la demagogia que no es sino satisfacer los más bajos apetitos de la plebe. Eso es la demagogia.
Y si el Partido Revolucionario Institucional, con todos sus defectos habidos y por haber, y que hemos sido nosotros sus críticos permanentes, toma la decisión de trasladar la sesión de la Comisión Permanente de aquella fecha, a otro local en que pudiera desarrollar sus trabajos y el Partido Acción Nacional respalda tal actitud, no estamos haciendo más que hacer efectiva la proclama de nuestro partido de una patria ordenada y generosa.
No puede permitirse que un grupo, por significativo que fuere, de personas que por la labor que desempeñen, que puede ser todo lo honesta, buena y efectiva que se quiera, acudan a este local, se encueren en este recinto y pretendan hacer valer no derechos, sino exigencias, caprichos, impunidades, respaldados por elementos de otros partidos políticos que ven en ello oportunidad para llevar agua a su molino y hacer un proselitismo insano, indecente e indecoroso.
Respecto de ese tema, un servidor como toda la fracción parlamentaria de mi partido, respaldamos enérgica, concienzuda, eficazmente, la actitud que tomó Ricardo García Cervantes, al aceptar el traslado del local para la continuación de los trabajos de la Permanente a otro salón de sesiones, ya que en éste era imposible continuar trabajando.
Si esto le molesta al diputado Moreno Berry, no tiene la menor idea de lo que es la decencia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese este asunto a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y Diputados.
ASESINATOS DE PERIODISTAS
El Presidente:
Tiene la palabra el señor Senador Pedro Macías de Lara, para tratar sobre el asunto de asesinatos de periodistas.
El senador Pedro Macías de Lara:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado hacer uso de la palabra y referirme a este tema en virtud de que el día de ayer a través de los medios de comunicación me llamó la atención una nota en la que aparentemente aquí se discutiría este asunto, en virtud de que se había dado una reunión con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el procurador general de la República, licenciado Madrazo Cuéllar y el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y Presidente de la Comisión Permanente, con el Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, precisamente solicitando al Gobierno y al Poder Legislativo de México, mayores garantías para que los medios de comunicación de manera cabal y libre cumplan la misión de informar.
La libertad de expresión como tales quizá uno de los derechos humanos más conocido y a la vez el más transgredido.
No cabrían en archivos de la mayor capacidad el número de discursos oficiales, principalmente, en los que se alardea en cuanto a su impecable respeto, frases retóricas irreconciliables con la realidad.
En México es una práctica cotidiana la violación al derecho a informar como el derecho a la información. Ambos derechos consagrados en el artículo 6o. y 7o. de nuestra Constitución y precisamente abocándome a conseguir alguna información, me llamó la atención lo que encontré: entre diciembre de 1988 y diciembre de 1994 México vivió uno de los periodos más sombríos de que se tenga memoria en la historia del periodismo nacional.
Al mismo tiempo que se desplegó el ejercicio de la libertad de expresión, en los medios impresos fundamentalmente, aumentó de manera alarmante el número de agresiones a periodistas; intimidaciones, golpes, censuras, gritos, secuestros, restricciones e incluso la propia muerte, fue la cuota de la inversión para la configuración y avances de espacios informativos más críticos y sin sujeciones hacia el poder político.
Algunos analistas suponen que la violencia desatada contra informadores se comprende dentro del contexto violento de un país y ponen como ejemplo a Colombia. Pero ¿qué sucede en México.
Hasta antes del 1o. de enero de 1994, nuestro país no vivía ningún conflicto armado desde hacía un poco más de seis décadas. Sin embargo, para el 1o. de enero de 1994, ya se contabilizaban 40 periodistas asesinados desde el inicio salinista. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? ¿Qué explicación podría darse? ¿Cuál será el trasfondo de los hechos violentos contra los medios? ¿Será acaso la narcopolítica? ¿La lucha del poder por cotos caciquiles? ¿La inseguridad de funcionarios gubernamentales? ¿La resistencia dinosaúrica del sistema? O a la mejor la imprudencia de los propios periodistas.
Las cifras, según estudios realizados por la Organización Estudio Diecinueve, en el sexenio de Luis Echeverría fueron asesinados seis periodistas. En la administración de López Portillo ascendió a 12. En el sexenio de la renovación moral, con Miguel de la Madrid, resultaron muertos 33 informadores y, de acuerdo a un minucioso estudio hecho por la Fundación Manuel Buendía, en el salinismo cayeron 46 periodistas. Ello da un total de 97 periodistas asesinados en los últimos 24 años, cifra con la cual México ocupa el primer lugar en este terreno a nivel latinoamericano, por encima de Colombia, con 89 y Guatemala con 53.
Desde diciembre de 1988 la Fundación Buendía se dio a la tarea de rastrear toda la información posible sobre hechos, cifras, tendencias, nombres, circunstancias, que debieron significar una luz de alerta para el gremio de los periodistas. Una lista negra de diciembre de 1988 a 1994, pudieron contabilizar 500 agresiones a informadores y espacios informativos y 20 contra empleados. De ese total, 51 fueron asesinados; 46 periodistas y cinco trabajadores. De los 46 asesinados, 27 fueron por motivos desconocidos o no investigados que siguen pendientes. Nueve por razones ajenas al oficio periodístico, 410 por razones aparentemente vinculados con su trabajo profesional. Algunos datos de este asunto.
Del análisis de datos se desprende que del total de los 520 agravios, 43.8% fueron ataques y agresiones físicas al momento de cubrir información o de intentar hacerlo; 16.7% resultaron ser amenazas o actos de intimidación para orientar el tipo de cobertura o por trabajos precedentes.
En orden porcentual los asesinatos ocupan el tercer lugar con un 9.8% y así continúan otros incidentes como asaltos, detenciones, cada uno con 8.4%; actos de censura: 4.2%; allanamientos: 3.6%; secuestros: 3.5% etcétera.
La tarea de los reporteros continúa siendo la más riesgosa del oficio informativo. De los casos registrados, el 31% correspondió a reporteros; el 10.6% a fotógrafos; el 10.6% igual, a directores de medios; el 6.1% a corresponsales y un 13% a periodistas cuya especialidad no define esta fuente.
Los años más difíciles para los reporteros, sin duda alguna, fueron 1991: 34.2% del total de las agresiones ocurren en este año precisamente electoral. En 1993, fue el 36.4% y en 1994 el 31%. Curiosamente 1991 fue un año de elecciones para diputados y senadores, así como se eligieron también gobernadores en distintas entidades del país.
Por su parte, 1993, un año complejo dada la tensa atmósfera previa a las elecciones presidenciales y 1994 constituyó uno de los años más difíciles por la serie de eventos que lo significaron: el levantamiento zapatista, los asesinatos políticos y los comicios por la Presidencia de la República. ¿Y 1997 cuántos irán a ser? ¿Se trata acaso de una casualidad.
Otra coincidencia curiosa consiste en que a lo largo del sexenio salinista, 39.8% de los informadores agraviados pertenecían a la fila de los medios impresos, 33.5% a diversos medios, 10.6% a los trabajadores de televisión, 8.4% a trabajadores de radio y 6.7% de otras fuentes.
Los móviles de los agravios apuntan de manera indefectible al ejercicio periodístico de los informadores, que el 39.7% resultó agredido, amenazado; el 20.5% se hizo merecedor a similares afrentas por hacer públicas denuncias o críticas y un 20.3% se desconocen las razones.
El 31.7% fueron agredidos por personal identificado de las fuerzas del orden: policías, judiciales, patrulleros, granaderos. El 20% los agresores no fueron identificados. El 17% fueron agredidos por gente de instituciones gubernamentales: autoridades, jefes de prensa, directivos menores etcétera y una parte reducida a personas de partidos políticos, particulares y grupos políticos y sociales distintos.
De los 520 casos de agresión ocurridos entre 1988 y 1994 se encontró que en el área metropolitana se dieron el 32%, en el sur peninsular el 20% y el 8% en Guerrero, el 5% en Tabasco, el 3.5% en Quintana Roo etcétera.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU, el 10 de diciembre de 1948, que constituye la formulación vigente de los contenidos de valor que implica el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, se encuentran destacados en primer lugar aquellos que directa o indirectamente se refieren a la comunicación social, para confrontar con el deber ser la realidad de lo que ocurre en las actividades cotidianas susceptibles de un análisis y su juicio ético.
Con relación a la comunicación el artículo 18 de dicha declaración constituye el núcleo de los derechos humanos en esta materia, que dice a la letra: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlos sin limitación de fronteras por cualquier medio. Tanto el derecho de todo individuo de ser informado como el del informador de expresarse, suponen y exigen una responsabilidad determinada por otros valores que también consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos y en un primerísimo lugar el artículo 12, que consagra a la letra: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias". Los artículos 6o. y 7o. constitucionales también lo contemplan.
Acción Nacional, por mi conducto, se suma a la exigencia de la Sociedad Interamericana de Prensa para que el Gobierno de México y las distintas autoridades den garantías y se investiguen estos atropellos a muchos de los informadores.
Siento que urge en esta materia continuar el debate que ya inició en días pasados. Podríamos hablar de muchos casos de periodistas asesinados, algunos muy sonados y conocidos por todos. Héctor "El gato Félix", columnista del Semanario Zeta de Tijuana, Baja California, muerto el 20 de abril de 1988; el asesino material aparentemente está recluido, pero el intelectual sigue libre, según dicen tiene siete u ocho años apareciendo diariamente o cada viernes en el periódico una nota en la que sigue reclamando justicia por este hecho. El periodista Víctor Manuel Oropeza, columnista del Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinado el 3 de julio del 1991. Y así podríamos continuar con muchos atropellos. Uno de los recientes, la desmesurada acción policiaca en el arresto del presidente y director general de El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz y así continuar con una reseña amplia, que yo creo que a estas horas ya no sería conveniente.
Quiero también señalar, compañeras y compañeros legisladores, que en esta materia urge abrogar la actual Ley de Imprenta, que data de 1917, que retomemos el debate que ya se dio y la discusión y foros, para que en el próximo periodo de sesiones ordinarias se cree una nueva Ley Federal de Comunicación Social que reglamente los artículos 6o. y 7o. de la Constitución y que determine los derechos y obligaciones en las materias por parte del Estado, de los medios de información, de los profesionales de la información y de los ciudadanos, a manera de ampliar los derechos de réplica al honor, a la intimidad, a ser informado y determinar con precisión qué información es la que podrá ser catalogada como excepción.
Igualmente, también urge se reforme la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los profesionales de la información, por ser ésta una actividad de alto riesgo, deban ser asegurados obligatoriamente por la empresa en la que prestan sus servicios y así continuar con esta discusión y hacer una ley que realmente proteja y coadyuve para que estos actos de atropello a las garantías individuales, al derecho a la información, se sancione a quienes continúen haciéndolo.
Compañeras y compañeros: Acción Nacional se suma a esta exigencia de la Sociedad Interamericana de Periodistas, para que el Gobierno de México y las autoridades deslinden responsabilidades y castiguen a quienes han atropellado a los verdaderos periodistas de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Sí sabemos del momento, el tiempo, el cansancio y el hambre, pero obviamente no podemos dejar pasar este asunto tan importante.
Yo creo que lo prometido por Juan José Osorio para leer un punto de acuerdo acerca de la situación de los periodistas en América latina, debería cumplirse, debería presentarse. Pensábamos que así iba a ser y que era adecuado y que efectivamente sí se merecía esto. No se cancela esta posibilidad, por lo que yo le pediría al señor diputado Juan José Osorio que se agendara de manera responsable en su tiempo, que se agendara en una próxima Comisión Permanente, para discutir y ver este asunto de los periodistas en América latina.
Creo que es correcto haber recibido a los directivos de esta agrupación de América latina, de defensa de los periodistas, haberlos recibido en la Cámara de Diputados y que no solamente, pues, se quede en ese recibimiento, sino en lo dicho por usted de hacer un punto de a cuerdo en defensa de todos los periodistas.
Parte de los asuntos ya los mencionó el compañero senador del PAN, efectivamente son largos, las agresiones a los periodistas y obviamente nos manifestamos por defender su profesión, defenderlos a fondo, digan lo que digan. Son personas que bien merecen la protección de la sociedad mexicana y del Estado mexicano. No voy a leer todo, simplemente pediría se agende para discutir este asunto con propiedad, no al último, no después de esos asuntos que nos han cansado, pero sí merece tener un lugar muy importante y adecuado en defensa de los periodistas de México, obviamente y de América latina.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Gómez Mont.
La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:
Señoras y señores legisladores; señor Presidente de la Comisión Permanente y también Presidente de la Gran Comisión:
Debo referirme en el mismo sentido que se han pronunciado mis compañeros, en la preocupación por la visita que hiciera el lunes pasado el señor Luis García Cano, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los mismos reporteros que cubren la fuente de la Cámara acudieron a nuestras oficinas para buscar un comentario en torno a ello y francamente desconocíamos esta situación. Sí quisiera decirle, señor Presidente, que entendiendo que ésta fuera una visita protocolaria, pues muy bien que se hubiera desarrollado de esa manera pero quizá conociendo el contenido de la propuesta que traían hubiera sido también interesante que estuviéramos presentes algunos diputados miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social, que con mucho interés vemos todo lo que sea saber y oír en torno a la prensa.
Creo que al respecto sí reitero la propuesta de mi compañero Sosamontes, y la hacemos nuestra porque teníamos planeado hacerla, no de volver a traer a debate este tema, sino de que se haga el pronunciamiento por parte de la Comisión Permanente, como fue dado a conocer en un comunicado emanado de la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y hacer a nombre de la Comisión Permanente el pronunciamiento en solidaridad y en la preocupación por todos esos periodistas en América latina que han muerto.
Pero muy especialmente creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad, para que la Cámara de Diputados, fuera el conducto que de alguna manera activara todos esos expedientes que al parecer han ido al archivo sobre los periodistas mexicanos que han muerto en el ejercicio de su función profesional.
Y aquí sí yo, pues, haría una reserva en el sentido de que ni todos los periodistas que dicen ser lo son y muchos periodistas que efectivamente están cumpliendo con su deber son los que deberían ser investigados con seriedad. En un principio creo que se debería de fundar quiénes son o quiénes dicen que son o quiénes definitivamente no son y usan un gafete para poder hacer sus fechorías.
Después de deslindar ese marco de responsabilidades, yo sí creo que deberíamos investigar, ¿por qué los periodistas son asesinados?, ¿por qué son perseguidos por ejercer su función informal?, ¿por qué son intimidados? porque pues muertos son algunos, pero también es un hecho que se dan secuestros, que se dan actos de intimidación y con esto no pretendo decir que detrás de cada crimen exista un político. Creo que sería sano también ver que no son sólo los políticos los que son capaces de promover los crímenes a los periodistas, sino que de alguna manera esto pudiera ser aclarado para el bien de la sociedad y de los políticos mismos.
Creo que es una exigencia, ya se ha mencionado, sobre la serie de leyes que deben ser reformadas, en las que estamos trabajando con mucha dedicación en esta legislatura y que podamos en algunos meses decir que es un elemento superado, que ya estamos con una nueva ley reglamentaria del derecho a la información, con unas reformas a la Ley de Radio y Televisión y que podamos hablar en términos de un país desarrollado.
Quisiera pedir que se tomara muy en serio la invitación que los miembros de la SIP han hecho al Congreso y pues que se formara, si no una comisión, porque no tiene la Comisión Permanente facultades para crearla, pero sí los diputados o senadores que estemos interesados en ello, podemos tener un acercamiento a los miembros de la SIP y empezar a ejercer la influencia que podemos tener como legisladores, para así activar estos procesos que por alguna manera, quién sabe cuál, han sido detenidos.
Yo también quisiera pedir que en esa reunión que ellos han mencionado para los meses de julio y agosto pudiera participar una comisión de diputados o de senadores que quisieran también y que fuéramos pues a hablar también de la legislación que en México se está trabajando, que de alguna manera pudiéramos ir ya
con un proyecto resuelto con una legislación adecuada a los requerimientos de México y que pudiéramos, a los miembros de otros países, hablar de la actitud de avanzada y de proyección que se da a los medios de información en México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Quiero, nada más como Presidente de esta Comisión Permanente, sí tomo nota de las recomendaciones que nos hacen la diputada y el diputado, pero quiero también decir que la visita fue una visita protocolaria intempestiva y lo recibimos así, no fue una cosa premeditada.
Continúe la Secretaría con los asuntos, por favor.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Viernes 7 de febrero de 1997.
A las 12:00 horas, sesión solemne para recibir al excelentísimo doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela.
A las 13:00 horas. Sesión ordinaria
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Guanajuato, Hidalgo y Nayarit.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de ciudadano mexicano como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal.
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo, relativo a los nombramientos de varios ciudadanos mexicanos como magistrados numerarios del Tribunal Superior y del Tribunal Unitario Agrario.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadano mexicano para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:45):
Se levanta la sesión y se cita para el viernes 7 de febrero a las 12:00 horas, a la sesión solemne en la que se recibirá la visita del excelentísimo doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela y a las 13:00 horas a sesión ordinaria.
| Cereso | Centro de Readaptación Social Cocopa Comisión de Concordia y Pacificación |
| CP | Código postal |
| DEA | Agencia Federal Contra el Narcotráfico de los Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| ONU | Organización de la Naciones Unidas |
| PAN | Partido Acción Nacional Pemex Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PRIAN | Partido Revolucionario Institucional/Acción Nacional |
| PT | Partido del Trabajo |
| QR | Quintana Roo Sedesol Secretaría de Desarrollo Social |
| SIP | Sociedad Interamericana de Prensa |
| UTD | Unión de Transportes Democráticos |