SUMARIO
Comunicación del diputadoJesús Guillermo Acebo Salmán, con la que solicita licencia para separarse de su cargo. Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficios del Gobernador de dicha institución, con los que remite la exposición sobre la política monetaria para el ejercicio de 1997 e informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión física en ese banco para el ejercicio de 1997. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se comunica el nombramiento del ciudadano Sergio Ley López, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de ese país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio del ciudadano Carlos Fuentes, con el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de sala regional de dicho tribunal. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Se designa comisión para acompañar al licenciado Tinajero Guerrero, en su protesta de ley.
Dictames de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de los ciudadanos Luis Angel López Escutia y Carmen Laura López Almaraz, como magistrados numerario y supernumerario del tribunal superior agrario y a los ciudadanos Rafael García Simerman, Francisco Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López, como magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
Se designa comisión para que los acompañe en la protesta de ley.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura, aprobado. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Sobre el tema y las elecciones, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Ramón Sosamontes Herreramoro
Juan Manuel Cruz Acevedo
Ramón Sosamontes Herreramoro, para rectificar hechos.
Juan Manuel Cruz Acevedo, para rectificar hechos.
Ramón Sosamontes Herreramoro, para rectificar hechos.
Expresan sus opiniones respecto al caso de dicha mujer, involucrada en la muerte de un violador, las legisladoras:
Ana Lilia Cepeda de León, presenta propuesta.
María Teresa Gómez Mont y Urueta
María Lucero Saldaña Pérez
Se turna la propuesta de la diputadaAna Lilia Cepeda de León, a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Se refieren a las administradoras de fondos para el retiro, los legisladores:
Amado Jesús Cruz Malpica
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Amado Jesús Cruz Malpica, para rectificar hechos.
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Amado Jesús Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.
Manuel Beristáin Gómez
Armando Gamboa Enríquez
Manuel Beristáin Gómez, para contestar alusiones personales.
Amado Jesús Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Amado Jesús Cruz Malpica, para rectificar hechos.
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo suscrito por representantes de todos los grupos parlamentarios. Se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Propone punto de acuerdo, referente a problemas laborales en dicha institución educativa, la diputadaLeticia Burgos Ochoa. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Espresan sus opiniones respecto a las investigaciones del crimen cometido en contra del licenciado Ruiz Massieu, los legisladores:
Leticia Burgos Ochoa
Ricardo Francisco García Cervantes
María del Rosario Elena Guerra Díaz
Ricardo Francisco García Cervantes
Amador Rodríguez Lozano
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quorum.
El Presidente (a las 13:37 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Viernes 7 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de señores legisladores.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Nayarit.
Oficios del gobernador del Banco de México
Con el que se remite, para dar cumplimiento al artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de México, la exposición sobre la política monetaria que la institución se ha propuesto seguir en el ejercicio de 1997.
Informe sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión física de la institución, correspondiente al ejercicio de 1997, para dar cumplimiento al artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de México.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Por el que se comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Sergio Ley López, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Indonesia.
Solicitud de particular
Del ciudadano Carlos Fuentes, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
De la Primera Comisión, relativo a los nombramientos de varios ciudadanos mexicanos como magistrados del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al almirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alejandro Maldonado Mendoza, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea.
Sobre el caso de Claudia Rodríguez Ferrando, a cargo de la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (Afore), a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre despedidos de la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre elecciones sin presos políticos, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Sobre denuncias de El Barzón, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el caso de José Francisco Ruiz Massieu, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con veinticinco minutos del miércoles veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con varias invitaciones del Departamento del Distrito Federal, para asistir a los actos conmemorativos:
Del centésimo octogésimo tercer aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive:
Del octogésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de mil novecientos diecisiete, a verificarse el próximo cinco de febrero en el monumento a la Revolución Mexicana, en el Museo Casa de Carranza y en el lote de los Diputados Constituyentes del Panteón Civil.
Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Se da lectura a una propuesta de la mesa directiva, referente a la celebración de sesión solemne, para recibir al excelentísimo doctor Rafael Caldera, presidente de la República de Venezuela. Aprobada.
Una solicitud de la comisión especial para la conmemoración del octogésimo aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con que se comunica la designación por parte del Presidente de la República, del magistrado de sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, así como la designación de varios ciudadanos como magistrados numéricos del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario. Se turnan a la Tercera y Primera Comisión, respectivamente.
Diez oficios de la misma Secretaría, con los que se remiten las hojas de servicios, de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
También se da cuenta con las solicitudes del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Venezuela y de Argentina. Se turnan a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea:
Jorge Chino Valdés, María de Lourdes de la Mora Ramos, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus consulados generales de Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, respectivamente:
Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Asebedo Ribera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Chile en México;:
Víctor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de la República de Turquía en México.
Un oficio suscrito por senadores del Estado de Nayarit, con el que presentan punto de acuerdo respecto a la celebración del octogésimo aniversario de la erección del Estado de Nayarit. De enterado.
Se someten a discusión diez dictámenes de la Segunda Comisión, con los que se ratifican igual número de grados militares, de conformidad con la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobados, comuníquese al Ejecutivo.
De igual manera se someten a discusión dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, con los que se conceden los permisos constitucionales para que los ciudadanos:
Argelia Hernández Márquez, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Paraguay en México:
María del Consuelo del Río Bullmán, pueda prestar sus servicios en la Embajada de Jamaica en México.
Aprobados por treinta y siete votos. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para expresar sus opiniones con respecto de la soberanía nacional, hacen uso de la palabra los legisladores: Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Ramírez Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren a hechos ocurridos en municipios del Estado de México.
La Secretaría da cuenta con dos invitaciones relacionadas con la conmemoración del octogésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscritas por el Gobierno de la República, el gobierno del Estado de Querétaro y la comisión especial para la conmemoración de dicho evento de la Cámara de Diputados. De enterado.
Para referirse a asuntos relacionados con la paz en el Estado de Chiapas, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática; Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre hechos ocurridos en el Estado de Morelos, hablan los legisladores: Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Rodolfo Becerril Straffon, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática.
Presenta denuncia respecto a problemas fiscales en el municipio de Salamanca, Guanajuato, el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. Sobre el tema, el diputado Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.
Respecto a problemas laborales en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, expresan sus comentarios los legisladores: Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, en la primera presenta denuncia y la segunda para rectificar hechos; Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, del Distrito Federal, de Comunicaciones y Transportes, de Justicia, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Información, Gestoría y Quejas de ambas cámaras.
Sobre hechos ocurridos en el Estado de Guerrero, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones la segunda para rectificar hechos; Mario Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional; Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Para referirse a problemas surgidos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hablan los legisladores: Raúl Juárez Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Rosendo Villarreal Dávila, del Partido Acción Nacional; Francisco José Peniche y Bolio, del mismo partido. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Tratan sobre el asunto de asesinatos de periodistas, los legisladores: Pedro Macías de Lara, del Partido Acción Nacional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; y María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión y cita para la que tendrá lugar el viernes siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, a las doce horas a la sesión solemne, y a las trece horas a sesión ordinaria.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En virtud de haber sido invitado a colaborar para un cargo en el sector público en el Estado de Tamaulipas y con fundamentación en los artículos 62 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia en mis funciones representativas como diputado federal de la República a partir del día 7 de febrero del presente, durante el tiempo que dure el nombramiento respectivo, a efecto de estar en condiciones de aceptar dicho cargo.
Expreso a ustedes y a los demás compañeros integrantes de la Comisión Permanente, la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de febrero de 1997.- Diputado Jesús Guillermo Acebo Salmán.»
El Presidente:
De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al diputado Jesús Guillermo Acebo Salmán, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo por el VII distrito federal electoral en el Estado de Tamaulipas, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del Estado, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Estado de Baja California Sur.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Me permito comunicar a ustedes que el día 15 del mes y año en curso, en sesión solemne fueron clausurados los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional; en la sesión citada se eligieron las directivas de la diputación Permanente y del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 34 y 222 de la ley reglamentaria del Poder Legislativo.
La directiva de la diputación Permanente fungirá del 15 de diciembre al 15 de marzo de 1977 y ha quedado integrada de la siguiente manera:
Diputados: Reyes Barrón Bustamente, presidente; Jorge Alberto Cachy Ruiz, secretario; doctor Humberto Barrera Navarro, secretario.
La directiva del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año fungirá del 15 de marzo al 15 de junio de 1997 y se integra de la siguiente manera:
Diputados: Manuel Sagado Amador, presidente; contador publico María Lourdes Orduño Ortiz, vicepresidente; Jesús Redona Murillo, secretario; Edmundo Núñez Reyes, prosecretario.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz, BCS, a 17 de diciembre de 1996.- Diputado secretario Humberto Barrera Navarro.»
De enterado.
ESTADO DE GUANAJUATO
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El honorable LVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día de hoy, procedió a la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional, eligiendo la diputación Permanente a fungir durante el periodo de receso respectivo, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Diputados: Eduardo Knapp Aguilar, presidente; Francisco José Ramírez Martínez; Martín Santos Gómez, pro secretario; J. Inés Rico Ramírez, primer vocal; Antonio Chávez Mena, segundo vocal; Facundo Castro Chávez, tercer vocal y José Luis Barbosa Hernández, cuarto vocal.
Suplentes: Guadalupe Ocampo Arévalo, Joaquín Yamín Saade, Francisco Arroyo Vieyra, Fernando Hernández Gutiérrez y Víctor Quiroga Juárez.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, a 20 de diciembre de 1996.- Diputados secretarios: Humberto Barrera Paniagua y Consuelo Camarena Gómez.»
De enterado.
ESTADO DE HIDALGO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Gobierno del Estado de Hidalgo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Para su conocimiento, nos permitimos el honor de informar a ustedes que la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política de la entidad y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo a los miembros que integrarán la Comisión Permanente que fungirá durante el receso que comprende del 31 de diciembre de 1996 al 1o. de abril de 1997, quedando integrada de la siguiente forma:
Efraín Arista Ruiz, presidente; Raymundo Bautista Pichardo, vicepresidente; Francisco Vicente Ortega S., primer secretario propietario; Mabel Gutiérrez Chávez, segundo secretario propietario; Matías Cruz Mera, Carolina Leyva Santillán y Carolina Viggiano Austria, integrantes; Humberto Cuevas Piñón, primer suplente y Roberto Reyes Monzalvo, segundo suplente.
Asimismo, clausuró los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 26 de diciembre de 1996.- Diputados secretarios: Reyes Flores Nolasco y José López García.»
De enterado.
ESTADO DE NAYARIT
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo.- Nayarit.- Oficialía Mayor.- XXV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Tengo el honor de comunicar a ustedes que de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en sesión pública ordinaria celebrada el día 17 de los corrientes, quedó instalada legalmente la diputación permanente de la XXV Legislatura del honorable Congreso del Estado, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, que fungirá del 18 de diciembre del año en curso al 17 de marzo de 1997 y la forma de como se integró su mesa directiva:
José Manuel Rivas Allende, presidente; Rafael Ojeda Díaz, vicepresidente; José Lucas Vallarta Chan, secretario; Juan Aguirre Chávez, vocal; María Guadalupe Zamora Estrada, secretario suplente y Luis Carlos Tapia Pérez, vocal suplente.
Integrantes de la diputación permanente: Efrén Velázquez Ibarra, Héctor Medina Rodríguez, Benjamín Padilla Valera e Ignacia Arámbula Nuño.
Sin más sobre el particular, les reitero mi distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, a 26 de diciembre de 1996.- Licenciado Jorge Armando Gómez Arias, oficial mayor.»
De enterado.
BANCO DE MEXICO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de México, envío a esa honorable comisión la exposición sobre la política monetaria que la institución se ha propuesto seguir en el ejercicio 1997.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente.
México, D.F., 30 de enero de 1997.- Miguel Mancera.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 fracción I de la Ley del Banco de México, informo a esa comisión sobre el presupuesto de gasto corriente e inversión física de esta institución, correspondiente al ejercicio de 1997.
El presupuesto del banco está estructurado en la siguiente forma:
Presupuesto de gasto corriente. Comprende las erogaciones que, en la oficina central y sucursales, se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo.
Presupuesto de inversión física. Este se divide en dos partes:
Inversión en activos fijos. Prevé las erogaciones destinadas a la adquisición, construcción, ampliación, adaptación y mejoras de bienes inmuebles, así como para la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipo y vehículos.
Inversión en activo circulante por concepto de producción de billete y adquisición de moneda metálica. Prevé las erogaciones que se destinan a la adquisición de materia prima, pago de mano de obra y otros gastos relacionados con la fabricación de billete, así como el costo de adquisición de moneda metálica.
La junta de gobierno en sesión de fecha 5 de diciembre de 1996, conforme a las facultades que le confiere la Ley del Banco de México en su artículo 46 fracción XI, aprobó el presupuesto de gasto corriente e inversión física de la institución para el ejercicio financiero que abarca del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997, el cual expresado en millones de pesos, asciende a la cantidad de 1,475,385, correspondiendo 809.948 a gasto corriente y 665.437 a inversión física, integrándose esta última por 229.186 en activos fijos y 436.251 en activo circulante.
El presupuesto del banco para 1997 representa, en relación con el ejercido en 1996, un incremento nominal de 238.732, equivalente al 19.3% y una disminución del 1% en términos reales, tomando en cuenta una inflación promedio esperada del 20.46% para el año próximo.
A efecto de mantener la congruencia que debe guardar la evolución del presupuesto del banco con la del Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo establece el citado artículo 46 fracción XI es de señalarse que el primero fue elaborado conforme a los escenarios macroeconómicos considerados en el documento intitulado "Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a 1997".
En los cinco anexos que acompaño a la presente, se contiene la información concerniente al desglose del referido presupuesto.
Atentamente.
México, D.F., a 30 de enero de 1997.- Miguel Mancera.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
JAPON
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
D
Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, a continuación transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta dependencia, con fecha 31 de enero último, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.
En virtud de que la condecoración le será impuesta al doctor Zedillo por el emperador Akihito, el martes 11 de marzo próximo, mucho le agradeceré que el permiso correspondiente se trámite con carácter de extraurgente."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 3 de febrero de 1997.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 31 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Ruego a usted atentamente tenga a bien solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, esposa del Presidente de la República, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.
En virtud de que la condecoración le será impuesta a la señora de Zedillo por el emperador Akihito, el martes 11 de marzo próximo, mucho le agradeceré que el permiso correspondiente se tramite con carácter de extraurgente."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimientos y fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 3 de febrero de 1997.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE INDONESIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 10 de enero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al ciudadano Sergio Ley López, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Indonesia.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el nombramiento del ciudadano Ley López. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El que suscribe, Carlos Fuentes, mexicano por nacimiento y por mi propio derecho, señalando como domicilio el ubicado en la calle Apóstol Santiago número 15, en la colonia San Jerónimo Lídice, código postal 1200, México, D.F., para oír y recibir toda clase de escritos y notificaciones, respetuosamente expongo:
Por decreto del presidente de la República de Francia, señor Jacques Chirac, el pasado 25 de julio de 1996 me fueron conferidas las insignias de la Orden Nacional del Mérito en grado de Comendador. Esta condecoración no implica sujeción ni sometimiento al gobierno francés.
En virtud de lo anterior, comparezco ante este honorable Congreso de la Unión para solicitar:
Unico. Permiso para aceptar y usar las insignias de la Orden Nacional del Mérito en grado de Comendador que me confirió la República de Francia; en términos de la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Atentamente.
México, D.F., a 30 de enero de 1997.- Carlos Fuentes.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Tercera Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente integrado por el nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del licenciado Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
Esta comisión dictaminadora desea destacar que de la lectura y revisión del curriculum vitae que forma parte del expediente de referencia, hemos podido constatar que el candidato designado cumple con lo ordenado por el artículo 4o. de la ley citada, siendo mexicano por nacimiento; mayor de 35 años y menor de 65, cuenta con el título de licenciado en derecho registrado por la dependencia facultada, mismo que ha sido expedido antes de 1972 y cuenta con experiencia, superior a 15 años de práctica en materia fiscal.
Con el propósito de allegarnos mayores elementos de juicio respecto a la idoneidad del magistrado propuesto, esta comisión lo convocó a una entrevista en la que se conversó sobre el ámbito de derecho fiscal, así como de la interpretación de diversas disposiciones fiscales y de las múltiples actividades que atiende el Tribunal Fiscal de la Federación.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de ayer y, en la misma, los legisladores que integramos la comisión que dictamina, pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el magistrado designado, pudiéndose comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que en materia fiscal posee; de igual forma quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
Por lo antes expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el licenciado propuesto reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación y consideramos que de ser aprobado el punto de acuerdo, el citado tribunal se verá fortalecido con la integración de un profesionista que reúne todos los requisitos jurídicos exigibles para desempeñar su encargo, lo cual garantiza una correcta y equitativa aplicación de la justicia fiscal. En virtud de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 3o. último párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, aprueba el nombramiento expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del licenciado Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado a la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
Salón Leona Vicario de la Cámara de Diputados.- México, D.F., a 6 de febrero de 1997.- Tercera Comisión: senador Rodolfo Becerril Straffon, presidente; diputada Rosario Guerra Díaz, secretaria; senadores: Amador Rodríguez Lozano, Artemio Iglesias Miramontes, Guillermo Ulloa Carreón, Luis González Pintor, Félix Salgado Macedonio; diputados: Armando Gamboa Enríquez, Alejandro González Alcocer y Ramón Sosamontes Herreramoro.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, cuyo nombramiento como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez; senadores: Rosendo Villarreal Dávila y Samuel Aguilar Solís.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
El ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero:
¡Sí, protesto!
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada, acompañar al magistrado, cuando desee retirarse.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la suscrita Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente que contiene la propuesta que el titular del Poder Ejecutivo Federal hace para la designación de magistrados del Tribunal Superior Agrario y de magistrados de los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con los artículos 27 fracción XIX segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 27 fracción XIX segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 90 del Reglamento para su Gobierno Interior, y 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se abocó al mismo, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1o. En sesión celebrada el día 29 de enero del año en curso, se dio cuenta al pleno con la propuesta del Presidente de la República para la designación de un magistrado numerario del tribunal superior agrario y cinco magistrados numerarios de los tribunales agrarios.
2o. La directiva ordenó que el expediente en cuestión, fuese turnado a la Primera Comisión de Trabajo.
3o. La comisión analizó pormenorizadamente los datos biográficos de los interesados, así como los documentos que comprueban su nacionalidad, edad y profesión. A su vez, se citó a una entrevista a los 13 profesionistas propuestos por el Presidente de la República. Dicha entrevista se realizó el pasado 4 del presente mes, en la que pudimos allegarnos mayores elementos de juicio sobre la idoneidad de los magistrados propuestos.
CONSIDERANDO
I. De acuerdo con el segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 constitucional la justicia agraria estará a cargo de "tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente".
II. Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece que "el Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente deberá elegir a los magistrados".
III. En el artículo 16 de la misma ley se establece que "recibida la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en su caso, deberá resolver en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante el procedimiento que al efecto acuerden".
IV. El artículo 12 de la ley de la materia, establece los requisitos formales que deben de satisfacer los magistrados de los tribunales agrarios.
V. Con base en lo anterior hemos concluido que los ciudadanos: Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz, Rafael García Simerman, Francisco Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López, son mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, cuentan a la fecha con más de 30 años de edad, son licenciados en derecho desde hace más de cinco años, con título profesional debidamente registrado y haber practicado su profesión por un periodo mayor a un lustro.
VI. De igual forma, hemos comprobado a través de las entrevistas que se trata de profesionistas con amplio conocimiento y experiencia en materia de derecho agrario y que, no sólo cumplen a cabalidad los requisitos que exige la ley de la materia, sino que están capacitados para desempeñarse como magistrados de los tribunales agrarios.
En tal virtud, nos permitimos proponer a ésta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción XIX segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, designa como magistrados del Tribunal Superior Agrario, a los siguientes ciudadanos: licenciado Luis Angel López Escutia, numerario; licenciada Carmen Laura López Almaraz, supernumerario.
Magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios, a los siguientes ciudadanos: licenciados; Rafael García Simerman, Francisco Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía Aranda y María Antonieta Villegas López.
Artículo segundo. Procédase a tomar la protesta de ley en los términos que estable el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Artículo tercero. Comuníquese a las autoridades correspondientes y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de protocolo de la honorable Cámara de Diputados.- México, D.F., 6 de febrero de 1997.- Primera Comisión.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila, Pedro Macías de Lara; diputados: Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Miguel Angel Islas Chio, Pedro René Etienne Llano Francisco José Peniche y Bolio y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente:
Está a discusión el dictamen... No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a proceder a recoger la votación nominal. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 181 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 33 votos en pro, ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado por 33 votos. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentran a las puertas de este recinto los licenciados cuyos nombramientos como magistrados de los tribunales agrarios, acaban de ser aprobados por esta Asamblea.
Para acompañar a los ciudadanos magistrados del Tribunal Superior en su acto de rendir protesta, se designa a los siguientes legisladores: diputados: Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco José Peniche y Bolio y senador José Trinidad Lanz Cárdenas.
Se ruega a la comisión cumplir con su cometido.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadanos Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López, Rafael García Simerman, Francisco Hernández Báez, Arturo Lemus Contreras, Sara Angélica Mejía y María Antonieta Villegas López:
¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrados de los tribunales agrarios que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Los ciudadanos magistrados:
¡Sí, protesto:
El Presidente:
Sí así no lo hiciereis, que la nación os lo demande.
Se ruega a la comisión designada, acompañar a los señores magistrados, cuando deseen retirarse.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
REPUBLICA DE COREA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: A la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano almirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la medalla Tong-IL de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO:
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano almirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alejandro Maldonado Mendoza, para aceptar y usar la medalla Tong-IL de la Orden al Merito de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 32 votos a favor, ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por unanimidad.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
PRESOS POLITICOS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre elecciones sin presos políticos.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Nosotros en el grupo parlamentario del PRD estábamos analizando la situación política actual, en los momentos en que estamos ya, de hecho, dentro del proceso electoral, y nos preocupó altamente el que previo al arranque oficial, digamos, de las campañas electorales, federales, estén algunas autoridades estatales y federales reprimiendo directamente a ciudadanos que luchan en sus organizaciones sociales por diferentes asuntos, casi siempre por la tierra, por la vivienda e incluso por la pacificación de sus regiones.
Notamos signos de endurecimientos, peligrosos, más como está la situación política y queremos pensar que este endurecimiento no sea una política generalizada por parte del gobierno del doctor Zedillo. Ojalá y no. Pero el hecho de que estén dándose estos actos represivos en todo el país pues nos está diciendo que a lo mejor hay esa tentación de que los asuntos políticos y sociales se diriman más por vías de cárceles, represiones directamente a ciudadanos.
Son varios estados en los cuales la situación no es positiva, las condiciones de endurecimiento empiezan a permear todas las relaciones políticas y no facilitan el que podamos realizar las actividades incluso normales como partido político y siempre esos estados, vemos, que con el argumento de que hay EPR, que andan por ahí, con ese argumento agreden a organizaciones sociales e insisto también, desgraciadamente, a nuestro partido.
Los estados donde esto se está generalizando son Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tabasco, Estado de México y también en la capital de la República. Persecuciones, hostigamientos contra líderes, contra activistas, acciones que no se veían desde hace ya muchos años realizar, como inventar argumentos de que son simplemente guerrilleros y por lo tanto hay que aplicarles la justicia, claro, no la legal sino una justicia con tintes políticos y represivos, una justicia entre comillas.
Estas acciones que por cierto muchas son ilegales están, insisto, posibilitando crear un clima no favorable a las relaciones y a las acciones políticas, sino a un clima de violencia y persecución. Los reclusorios empiezan a llenarse con dirigentes políticos, sociales. En el Reclusorio Norte, en el sur, en el oriente de esta Ciudad de México; en Tula, en Hidalgo, en Pachuca, perdón, en Ixcote, Oaxaca; en el ya famoso penal de Cerro Hueco, Chiapas; en Perote, Tuxpan, en Puente Grande, en Jalisco, en Puebla, están siendo ya los lugares a donde se envía a presos políticos.
Cuando hablamos con esta caracterización de presos políticos, no queremos hacer simplemente un discurso y señalar con esta calificación que es muy alta y por la cual nosotros debemos estar preocupados no solamente como diputados o senadores, sino como ciudadanos, porque hay que reconocer que cuando empieza a haber presos políticos las relaciones, insisto, se van deteriorando y los derechos de los ciudadanos van desapareciendo.
Y muchas veces hemos dicho que las tentaciones para resolver los asuntos por medio del garrote pueden quizá tener un resultado inmediato para algún asunto en concreto, pero que esto se revierte y con el tiempo también agrede a la sociedad y agrede obviamente a los partidos políticos que queremos hacer política de manera pacífica obviamente y constitucional.
Simplemente el caso sonado, porque le dieron mucha publicidad, a la detención de Benigno Guzmán Martínez, que es líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, como el dirigente principal del EPR y por lo tanto, decía Pérez Jácome, compañero diputado con licencia, ahora vocero oficial del gobierno, decía que con eso ya estaban a punto de terminar con el EPR.
Y a Benigno Guzmán Martínez, que fue detenido con publicidad completa, incluso con saña contra de él y su familia, se le está acusando por un juez, de todo, menos de ser del EPR.
Y la acusación principal es porque mantuvo ocupada, bloqueada, la carretera en Coyuca, la que va a Zihutanejo, porque fue ocupada momentos después del asesinato de los 17 guerrerenses en "Aguas Blancas" y ésa es la acusación que tiene, ya lo del EPR, ésa ya no está. Está la otra y lo hemos dicho en este caso que es la muestra palpable de que es una persecución por motivos políticos que en lugar de castigar a quienes la Suprema Corte de Justicia señaló como responsables, que es a Rubén Figueroa y algunos socios, castigan a los que fueron víctimas de ese asesinato que ocurrió el año pasado en Guerrero. Ese es un caso; pero hay otros distintos. Aquí mismo en la Ciudad de México, el consejero ciudadano Antonio Vital Galicia, que fue detenido como represalia porque permanentemente sostuvo posiciones críticas frente al delegado político y después Oscar Villarreal, ratifica que no puede ser que haya un enfrentamiento contra su delegado o una crítica permanente y por lo tanto hay que reprimir y hay que castigar, como es el caso señalado de Antonio Vital Galicia.
Son muchos los detenidos. No es un hecho aislado el caso que yo he señalado, los casos que yo he señalado; son muchos ya los que están en las listas de presos políticos y que están siendo defendidos por las diferentes comisiones de derechos humanos nacional y estatales. Simplemente la relación es la que nos lleva a pensar, insisto, en que la tentación de que por el garrote y la represión, hay que solucionar, pueda ser federal, pueda venir del Gobierno Federal y no hechos aislados de gobernadores que por ahí actúan por sí mismos.
De la Organización Campesina de la Sierra del Sur, por ejemplo, no sólo son los 17 asesinados, sino tienen tres detenidos y tres desaparecidos; tienen ocho presos en el Cereso de Acapulco y 200 órdenes de aprehensión en contra de ciudadanos guerrerenses, sobre todo.
De Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, que es una agrupación que ha luchado muchos años en ese puerto, tienen simplemente en el Cereso de Acapulco, cuatro detenidos; en el de Chilpancingo: dos y en el de Chilapa: tres; y 50 órdenes de aprehensión. Por cierto, que sigue sin aclararse el asesinato de un menor de 17 años que cometió una autoridad.
De la Agrupación Indígena 500 Años de Resistencia, tienen un detenido, un perseguido, con órdenes de aprehensión.
Un regidor en Acapulco, Rafael Cortázar, por ejemplo, que está detenido también por realizar acciones de protesta en contra entonces del presidente municipal de Acapulco, que se estaba robando diferentes materiales de una población cercana a ese puerto y ahora ese regidor simplemente fue detenido por una acusación que incluso ya no existía, sino que fue revivida.
La Unión de Pueblos Contra la Represión de la comunidad de los Xichas, donde a decir de Gobernación, todo el pueblo es del EPR, en donde existe ahora un campo de concentración, tienen en la Ciudad de México 13 detenidos; en Hidalgo uno y en Oaxaca 28, incluyendo a un menor y, obviamente, la comunidad de 35 mil habitantes, viviendo en un estado de excepción, cuando no hay derecho a señalar simplemente a esa población, porque ahí existieron o existen agrupaciones como el EPR, pero que no es la generalidad de la población; 27 desaparecidos, detenidos por la policía en Oaxaca y sin siquiera saber dónde están.
En Chiapas, por ejemplo, esta represión que hubo del movimiento campesino por el precio del maíz, que incluso fue apoyado por todos los partidos políticos en ese Estado, desgraciadamente llevan tres muertos; nueve presos en Cerro Hueco y 50 órdenes de aprehensión.
Del Movimiento de los 400 Pueblos, quienes también tienen una relación larga de 56 órdenes de aprehensión y seis asesinados, miembros de esta agrupación.
De la Unión de Comunidades Emiliano Zapata, en Michoacán, 100 órdenes de aprehensión tiene esta agrupación.
Y la Agrupación 28 de Octubre, tiene 10 detenidos en Puebla.
En Morelos, seis presos políticos por el movimiento de Tepoztlán y 50 órdenes de aprehensión también de ciudadanos de esa población. Es, pues, larga la lista.
Y del EPR tres. Uno desaparecido y dos que están detenidos en el Cereso de Almoloya de Juárez, a quienes incluso el EPR reconoce "que sí son de esa agrupación".
¡Solamente tres de más de 300 perseguidos o detenidos por motivos políticos!
Nosotros queremos, desde esta Comisión Permanente, señalar, y ojalá así lo transmitan a la Secretaría de Gobernación los que aquí nos graban, que este asunto no puede seguir así porque está creando un clima de violencia, no el clima que necesitamos para tener elecciones pacíficas, donde el ciudadano simplemente salga a votar por el partido que desee. No vaya a ser que se nos ocurra también utilizar el argumento del EPR, para en momentos claves de las campañas electorales hacer aparecer las fuerzas del orden por todas las ciudades y entonces jugar con la abstención y con el miedo. ¡Eso es lo que estamos viendo y a eso nos oponemos en el PRD y en las agrupaciones sociales que están sufriendo la represión directamente:
Ojalá realmente el presidente Zedillo cumpla con lo que ha afirmado el 21 de enero, "de que no hay una política de endurecimiento y de que habrá condiciones favorables para la campaña". Porque en la realidad no es así. Ojalá el presidente Zedillo indique a Emilio Chuayffet, a las fuerzas del orden generales que no empiecen a tener esas tentaciones, porque el costo es para todos, el costo negativo es para todos los mexicanos, para todos los partidos políticos.
¡No es en contra de alguna otra agrupación como van a resolver a través del golpe y la represión los asuntos políticos y sociales, es a través de solucionar los problemas y de atender los problemas y sobre todo de parar esa, insisto y subrayo, tentación que existe en el Gobierno Federal, de que más vale ya ahorita la represión y el golpe, porque al final eso es lo que más les va a ayudar a ellos!
¡Ya nos señaló aquí el presidente Caldera que esa tentación estuvo también mucho en Venezuela! ¡Desgraciadamente en Perú sí se llevó a cabo! ¡En Ecuador quién sabe como vayan a salir después del loco ése! ¡Pero aquí en México ojalá y eso no esté, que no aparezca siquiera como una posibilidad, de ésas que marcan desde el Cisen de Gobernación, para darle salida a los problemas agobiantes que sufre nuestro país.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
El compañero diputado Ramón Sosamontes Herreramoro vino a hacer aquí una exposición con un anhelo de que podamos obtener en este año crucial para México en la política, elecciones sin presos políticos y, bueno, terminó también con un buen propósito: de que tengamos elecciones sin violencia, sin presencia, sin participación de las fuerzas del orden.
Yo sí quisiera hacer algunas precisiones. Elecciones, sin presos políticos. Definitivamente no es un factor determinante para un proceso electoral el que haya políticos presos o políticos que han incurrido en violaciones al orden legal y que tengan por ello que cumplir la sanción que en las leyes les corresponde. Pero es un aspecto, siento, mucho muy distinto que no puede servirnos de base o de pretexto, siquiera de pretexto para poder señalar que no haya un clima de tranquilidad y de paz que México necesita para poder llevar a cabo las elecciones de julio de 1997.
Quiero hacer referencia a algunos señalamientos de los presos políticos, de las órdenes de aprehensión, de las averiguaciones previas a las que él hace referencia.
En primer término, me causa extrañeza, como creo que le causará extrañeza a todo profesional del derecho y a toda gente enterada de cómo se sigue una averiguación previa y un proceso penal, que con tanta claridad pueda tener el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, un conocimiento tan claro de órdenes de aprehensión que existan libradas en contra de personas, porque bueno, hasta donde nosotros, todos sabemos, las órdenes de aprehensión tienen un carácter secreto y, bueno, no me explico cómo es posible que podamos hablar con tanta firmeza de la existencia de tantas órdenes de aprehensión.
Cuando hablamos de presos políticos, ¿Incluirá dentro de ellos a aquellos que han manifestado una abierta conducta, amplia, institucional y antigubernamental que han expresado su voluntad de vivir en este país con las armas y tomar las armas como el medio o como el recurso para imponer sus ideas.
Se mencionó aquí, por ejemplo, la aparición del EPR. Yo no concibo, diputado Herreramoro, que usted pueda venir a abogar, a invocar clemencia y paz contra los asesinos, por ejemplo, que irrumpieron en mi tierra, en mi Estado natal, en Oaxaca y que en una forma artera mataron a siete policías, siete policías que indudablemente tienen también sus derechos humanos y que tienen familias y que tienen viudas ahora que han dejado hijos que han quedado en la horfandad.
No creo que sea conveniente hablar con tanta ligereza de los procesos penales que se han instruido en contra de todas estas personas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, por ningún motivo podemos auspiciar violación de derechos humanos de cualquier ciudadano mexicano, por más grave que hubiera sido la infracción cometida, pero estoy seguro que el Estado mexicano ha sido escrupuloso en la persecución de sus acciones penales.
En Oaxaca, efectivamente, existe un gran número de procesados, procesados por hechos que hasta este momento no han podido disipar que no hayan sido debidamente oídos en el juicio correspondiente y tienen una cabal defensa, defensa jurídica, no solamente defensa moral a través de las organizaciones de derechos humanos; sus resultados están siendo analizados y están siendo atacados ante los tribunales de amparo y los procesos penales correspondientes se siguen en su orden.
Lo invitaríamos, sí, porque nos asiste el mismo propósito, que fuera preciso, que nos dijera en dónde existen casos de violaciones de derechos humanos, en dónde existen casos de procesos no iniciados, no establecidos de desaparición de personas, porque nos asiste, repito, el mismo interés de que esto se evite.
San Agustín Losicha, señor diputado, es un pueblo que está viviendo ahorita en paz, en la tranquilidad. Es falso de toda falsedad que estén viviendo un estado de sitio. Hay una autoridad legalmente electa, sustituta, sí, pero legalmente electa y hay lo que es más claro, hay documentos firmados por todo el pueblo en donde están ratificando y aprobando la presencia de esas autoridades y en este momento yo le puedo asegurar que en San Agustín Losicha existe paz y existe tranquilidad y yo le puedo decir que en Oaxaca se están llevando los debidos procesos en contra quien se ha demostrado que ha violado la ley.
Quisiéramos todos, por supuesto, que en las elecciones de 1997 no aparecieran las fuerzas del orden público, pero sí quiero señalarle que es deber del Ejército, de las fuerzas de seguridad, vigilar que ese día las elecciones se realicen con toda tranquilidad y toda armonía, pero la exhortativa de usted siento que no puede ir dirigida al Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León no tendrá la determinación de la utilización de esas fuerzas del orden, precisamente es la trascendencia y la importancia de las reformas políticas que nosotros en este Congreso de la Unión hemos adoptado y será el Instituto Federal Electoral quien determine en última instancia si esas fuerzas del orden salen o no a vigilar las elecciones el día en que éstas se verifiquen. Su exhortativa pues, no creo que sea dirigible al Presidente de todos los mexicanos ni a la Secretaría de Gobernación, anhelamos todos que las elecciones así se realicen.
Nos solidarizamos con ustedes en ese sentimiento y los invitamos al PRD a que puntualicen y nos señalen, caso por caso, en donde existan violaciones a las garantías individuales, nos daremos a la tarea con ustedes, de evitar que estos fenómenos se sigan dando o que se puedan presentar en nuestro país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Le salió el espíritu del Ministerio Público, bueno, la chamba antes que tuvo. Miren, no ha ido a San Agustín ni siquiera ha leído la protesta de muchos diputados locales en Oaxaca por la imposición de ese administrador que pusieron ahí, contra las judiciales estatales, porque no pudo entrar pacíficamente a tomar posesión.
Realmente el asunto es mucho mayor que simplemente decir que no hay que pedirle al Presidente ni al Secretario de Gobernación, no hay que dársele ninguna excitativa, está bien, creo que sí está en su mentalidad que las fuerzas del orden aparezcan en la votación; nosotros no, nosotros estamos hablando para que todo el mexicano pueda realizar su actividad política si quiere, social también si quiere, si no pues no, pero que tenga esa libertad de poder actuar y poder hacer su quehacer político sobre todo en época de elecciones.
Nosotros mantenemos la preocupación de los presos políticos, no de los políticos presos, de eso si quiere preocúpese usted, de Raúl Salinas o de ésos, usted si quiere, nosotros no, nosotros de los presos políticos y aquí está la relación. Dice, cómo se enteraron de la orden de aprehensión, son secretos. Acuérdese cuando fue usted allá autoridad en Oaxaca, cuando se enfrentaban los procuradores o los ministerios públicos o el director de Gobernación o el secretario de Gobierno, todas estas autoridades que funcionan para parar organizaciones sociales, movimientos, y les dicen, tantas horas de aprehensión, ahí están. A Rafael Cortázar en Acapulco, regidor, por cierto que hasta los priístas regidores están pidiendo que lo saquen, porque se le pasó la mano al gobernador, en ese coscorrón que él llama que hay que dar de repente, coscorrón político según sus definiciones.
A él le estuvieron diciendo constantemente que había orden de aprehensión, constantemente, a Cortázar, pero era de diario, de diario, ¿para qué?, pues para que no hubiera ese movimiento que hay de denuncia contra este presidente municipal que estuvo ahí, que se robó los materiales que le pertenecían a ese pueblo, el Treinta , en Acapulco, cerquita y se lo estuvieron diciendo y usted sabe muy bien que así es.
Efectivamente, la actuación legal es una y lo que hacen es otra y el número de presos políticos es alto. Nosotros obviamente como partido no estamos por la vía violenta, de ninguna manera, nos deslindamos totalmente y del hecho ése que sucedió en Huatulco, lo dijimos abiertamente que no estábamos de acuerdo. Que eso no eran métodos de lucha política y no todo es para reivindicar ideas. Lo dijimos abiertamente.
Nosotros no tenemos ningún problema, por fortuna, no tenemos ningún problema, pero sí decimos no se vale que con el fantasma del EPR, ya lo hicieron grandote, y ahora resulta que está en todo el país. Es un problema que tienen los publicistas gubernamentales de que hay EPR aquí y allá y están creando un clima de ése,... si allá hay EPR entonces que vaya el Ejército a solucionar problemas políticos por incapacidad de los gobernantes.
Este compañero Benigno que pues dirige una agrupación social, pues vea lo que lo están acusando. Detuvieron al principal cabecilla del EPR y ahí van todos, radio, tele y hasta Pérez Jácome dijo "ya, deshicimos", luego lo desmintió el gobernador, por cierto, dijo: "no, sé más cauto, no seas tan así"... y resulta que de lo que lo están acusando ahorita es ni más ni menos de otro asunto totalmente diferente, asunto del EPR.
Otra cosa, por haber realizado un acto de protesta en la tarde, en la casi noche en Coyuca, porque estaba protestando porque le mataron 17 personas, ¿qué no hay razón de protestar? Ah, no, pero si hubiera sido Rubén Figueroa, no hombre, por aquí y por allá, no importa, a la Suprema Corte de Justicia, ahí sí el político cuál preso, no hombre, no, ni tocarlo pues, con nada y la Suprema Corte de Justicia, se la pasaron, habrá que defender a Rubén Figueroa,... ah, pero al dirigente de los que mataron, asesinaron vilmente, a ése sí, ¡vamos, a la cárcel:
Y así están en Guerrero, así están; y en Oaxaca, a poco Diódoro Carrasco puede andar solito incluyendo la región de donde él su papá es cacique. No puede, porque hay un clima de violencia, ahí, no hay que esconder las cosas, hay que decirlas para que se solucionen realmente, no hay que esconderlas, no se vale decir que no existe cuando estamos viéndolo y viviéndolo y denunciándolo a tiempo, a tiempo e insisto, hay la tentación en el Gobierno, de utilizar el garrote, legal entre comillas, ya lo saben hacer, lo usan rete bien, pues, ¿no estamos viendo esta affaire?.. que pacas y raules y Carlos y Salinas y este asunto, es legal un asunto, ilegal para otro, lo manejan muy bien, pero la preocupación principal es que haya unas elecciones sin presos políticos.
Más de 300 presos políticos, por motivos políticos. Directamente, ni Díaz Ordaz, de verás, esto es una... es de preocuparse, no hay que esconderlo, ahora si están de acuerdo ustedes en que ése es el camino del garrote, pues díganlo. Yo creo que las palabras del presidente Caldera, las aplaudimos conscientemente, espero que no lo hayan aplaudido nada más por cortesía, sino porque le hayan creído realmente que hay que defender estas instancias, por ejemplo, estas cosas, esta institución tan importante para decir a tiempo las cosas como diputados, como senadores y pedirle al Presidente y al Secretario de Gobernación, pues que borre esas tentaciones, que las quite y que pongan vigilancia para que no se estén generalizando los hechos violentos y haya obviamente unas elecciones sin presos políticos.
No escondamos pues la realidad, ahí está, simplemente hay que enfrentarla y darle una solución pacífica, legal, constitucional, tengamos elecciones limpias, claras, transparentes donde la gente vote o no vote, pero que sea su decisión sin ningún estorbo de tipo represivo.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente:
Muy brevemente. Creo que amerita hacer nuevamente algunas precisiones.
En ningún momento aspiramos nosotros, señor diputado Ramón Sosamontes, a que en México exista un clima de intranquilidad el día de las elecciones, mucho menos presencia de políticos presos. Aspiraríamos en todo caso que su situación jurídica pudiera ser resuelta antes de las elecciones; sería mucho muy importante, además de que sería muy legítimo, porque para esas fechas yo pienso que los términos constitucionales y legales han estado cumplidos. Aspiraremos a que así sea.
En lo que creo que no podríamos coincidir es en la concepción de políticos presos y presos políticos. Efectivamente hay muchas personas luchadores sociales, políticos que están siendo procesados en este momento por algunas acciones que ustedes consideran que son de legítima lucha social. Pero el tapar carreteras, como es el caso que señala usted de Benigno Guzmán, está tipificado en nuestras leyes como un hecho ilícito y quien lo cometa debe de ser sancionado por él y muchos actos de esta naturaleza son francamente violatorios de nuestro orden jurídico establecido.
No confundamos pues las acciones verdaderamente políticas, con las acciones francamente delictivas y que al ser cometidas, pues deben de ser sancionadas.
Yo tampoco creo y yo coincido porque en algunas ocasiones lo hemos comentado usted y yo, tampoco es posible que en este país se pueda perder el principio de autoridad.
Si los hechos delictivos no son sancionados, no podemos vivir en sociedad. Esa es la razón de ser de las penas y de los delitos que señalan nuestras leyes y a quienes los cometen, cualquiera que sea su naturaleza, cualquiera que sea su idología, su religión, su partido político, quien cometa un hecho ilícito debe de ser sancionado; de otra suerte no podríamos aspirar a vivir en un orden o en un estado de derecho. Esa es la gran diferencia que podríamos encontrar en lo que usted denomina presos políticos.
No es que no haya ido a San Agustín Losicha. Antes y después de la aparición del EPR estuvimos pendientes de este municipio y Diódoro Carrasco, como ningún otro gobernador en mí Estado, ha realizado más intensas actividades y giras de trabajo a ese municipio y Diódoro Carrasco, le aseguro que cotidianamente ha roto el récord de giras de trabajo y cotidianamente está realizando giras de trabajo en los lugares más apartados de nuestro Estado, y usted conoce la orografía de mí Estado, de Oaxaca.
¿Usted piensa que el concurrir a los más apartados municipios implica tener temor a la situación que priva en el Estado de Oaxaca? No, lo encuentra usted en las sierras más intrincadas y en el momento en que menos se lo imagina usted.
En San Agustín Losicha, le repito y creo que es valedero que quede muy claro esto, no existe ningún clima de intranquilidad, no existe ningún estado de sitio; el Ejército no está presente en San Agustín Losicha y ha concurrido una partida de policía del Estado, a petición del pueblo mismo, inclusive a petición de los maestros que no podían desempeñar sus actividades por temor precisamente al grupo armado. ¿Que hubo protestas de legisladores? Si las hubo de su partido; no estaban de acuerdo en que fuera sustituida la autoridad municipal, que prácticamente fue desaparecida por su situación jurídica que estaba atravesando y en donde definitivamente no han podido demostrar en este momento no haber tenido responsabilidad en la irrupción que hubo en Santa María Huatulco.
Si analizamos la supuesta relación de lo que usted llama presos políticos, le aseguro que las autoridades pueden darnos puntual cuenta de cuál es su situación jurídica en la que permanecen en este momento y eso no puede atribuirse a irregularidad. Ojalá y puedan demostrar en todo caso su inocencia al término del proceso penal correspondiente.
No es asustar con el petate del muerto advertirle a algún luchador social, que los hechos que están realizando pueden ser constitutivos de un delito y que puede venir como consecuencia el libramiento de órdenes de aprehensión, pero si a eso se refiere usted, yo creo que es una sana advertencia, ya que hay muchos líderes que no se encargan de decirles a sus seguidores cuáles son los hechos delictivos en que pueden incurrir con determinadas acciones. Creo que es muy sano advertirles que sí son hechos delictivos y que eso puede traer consigo el libramiento de órdenes de aprehensión y la sanción correspondiente.
La ley del garrote, así entendida, evidentemente es nefasta, nadie la desea, pero que no se confunda la aplicación de la ley con la ley del garrote. Creo que es una aspiración que debemos tener todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Nada más para señalar un asunto importante. Es que realmente cuando escucho que sí está penado ocupar carreteras, ¿no?, esto es real, pero resulta que la ley luego no es tan pareja.
El día que asesinaron a los 17 guerrerenses, qué quería que hiciera Benigno, ¿darle gracias a la Virgen?, decirle al gobernador Figueroa, ¡bien! Por lo menos una protesta y la gente ¿qué hace.
Ahora, que es real, es una violación y después de todo ese aparato publicitario contra Benigno, resulta que al final es nada más por la ocupación de la carretera, ya. Ya no es el gran líder del EPR ni comandante de las fuerzas, ya no. Ahí es un asunto político manejado de acuerdo a las definiciones de las naciones unidas en su declaración de derechos humanos como presos políticos, por motivos políticos. Ahí sí se aplicó eso, se acordaron y se lo aplicaron a él y ¿por qué no han detenido a nadie del PRI, éstos que ocuparon Texcoco hace unas semanas con sus transportes.
Bloquear la carretera, eso no, ¿eso no es violación?, o los que bloquearon con sus transportes también Naucalpan, el Periférico, ahí no, ahí es legal, ésa es protesta política, total. Eso es otra cosa.
Digo, no nos hagamos. Connotación de presos políticos de las naciones unidas en la aplicación estricta, es lo que hay en México, más de 300 documentados. Muchas de ellas hechas de manera técnicamente legal, pues no son tontos, ya son muchos años de aplicar lo mismo, ¿no.
Yo recuerdo mucho 1968, que a Gerardo Unzueta, un dirigente del Partido Comunista Mexicano lo acusaron de haber incendiado un tranvía en 1968, enfrente del Palacio Nacional y se lo comprobaron. No había tranvías desde hace muchos años antes. Digo, para qué hacernos.
Ahora, la defensa de oro, eso es su obligación, efectivamente, cada quien defiende a su gobernador. Que Diórodo fue y que trabaja y que sube y que baja, pues sí, es muy real, pero por cierto, ¿ha pasado por su rancho, ha visto cómo está de bien protegido?, ha de ser por que está muy pacificado su Estado.
Insisto en lo principal nuestro, que haya elecciones sin presos políticos.
CLAUDIA RODRIGUEZ FERRANDO
El Presidente:
Sobre el caso de la ciudadana Claudia Rodríguez Ferrando, tiene la palabra la diputada Ana Lilia Cepeda de León.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Pudiera parecer extraño acudir a esta tribuna para hablar sobre un asunto relacionado con la indebida aplicación de la justicia en nuestro país y no hablar de videntes, osamentas y otro tipo de excentricidades.
Por desgracia, el tema que quiero tratar, tiene que ver con la cuestión cotidiana de la justicia mexicana, los invidentes en esta materia.
El descrédito del sistema de impartición de justicia en México ha llegado a niveles inimaginables al haberlo subordinado al poder presidencial, hoy se exhiben todas sus deficiencias derivadas del escándalo y la impunidad.
Creo que es evidente que una reivindicación de primera importancia en el México de hoy, es la de hacer valer la justicia y la legalidad como valores éticos y normas de conducta dentro de la sociedad mexicana.
Estoy convencida que las organizaciones no gubernamentales, los partidos, las instituciones y la ciudadanía, debemos estar comprometidos en un gran esfuerzo de renovación de la sociedad mexicana que ponga en el centro la democracia, la justicia y la legalidad.
Me parece que bajo esta lógica se han conducido distintas agrupaciones de mujeres, personalidades del mundo cultural y organizaciones defensoras de los derechos humanos, dando un ejemplo de valor civil al exigir la aplicación cabal de la justicia en torno al caso de Claudia Rodríguez Ferrando.
Mujer de 30 años, con cinco hijos se encuentra recluida desde el 4 de febrero del año pasado por disparar en defensa propia contra quien pretendía violarla.
A lo largo de este tiempo, Claudia Rodríguez ha sufrido las deficiencias del sistema de justicia, a las cuales se han agregado criterios de discriminación sexual que han impedido en dos ocasiones que Claudia obtenga su libertad.
La cifra sobre delitos sexuales son alarmantes en nuestro país. Sólo en el Distrito Federal, cada seis horas, de los 365 días del año, un ser humano es víctima de una violación; el 96% de los abusos sexuales son contra mujeres, según las estadísticas de la Procuraduría capitalina y la mayor incidencia se presenta en menores de edad, víctimas de 11 años, en el caso de los niños, y de 10, en el caso de las niñas. Estas son cifras de 1994.
En el caso de Claudia, los abogados defensores han demostrado con la portación de pruebas documentales, testimoniales y periciales, que existió un ataque de índole sexual y que Claudia disparó como última alternativa, lo cual representa una exclusión de responsabilidad.
Lejos de ello, ahora enfrenta las acusaciones de homicidio simple y portación de arma prohibida.
En mayo pasado, la defensa acudió a interponer un juicio de amparo ante el juez sexto del Distrito de lo Penal, Gustavo Aquiles Gasta, quien aparte de negar el recurso, se dedicó a especular sobre si Claudia Rodríguez merecía o no el ser violada.
Las agrupaciones feministas que se han solidarizado con Claudia y han señalado que este hecho es un claro ejemplo de la incredulidad de las autoridades en torno a la legítima defensa y las evidentes diferencias en el trato y la aplicación de la justicia entre un hombre y una mujer.
Esto puede comprobarse, por desgracia, muy fácilmente. Para ello quiero poner un ejemplo: el jefe de seguridad de una empresa, Juan Francisco Gortares Martínez, quien mató de dos disparos a un presunto asaltante que intentó despojarlo de su reloj el 4 de agosto de 1996, y fue liberado 24 horas después, pues se consideró que había actuado en legítima defensa.
La integridad sexual de una mujer vale menos que un reloj, han dicho 438 distinguidas mujeres mexicanas en un desplegado publicado el 6 de diciembre del año pasado.
Es inaceptable este trato discriminatorio, pero está visto, por lo menos para el caso que ahora nos ocupa, que sólo con una exigencia múltiple, que incluya al propio Poder Legislativo, se podrá lograr la cabal aplicación de la justicia a Claudia Rodríguez. De ahí que continúen las manifestaciones de solidaridad y las exigencias de las agrupaciones civiles y feministas en favor de Claudia y aumenten la presión y simpatía en la opinión pública en torno a este caso.
Representantes de 10 organizaciones de mujeres, como son las de Salud Integral para la Mujer, Gire, Atis, entre otras, se mantiene simbólicamente encarceladas en la Secretaría de Gobernación. Una delegación de la Red Europea de Mujeres, ha entregado en la residencia oficial de los Pinos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las firmas de mujeres de ese continente por la libertad de Claudia Rodríguez, así como se han expresado pronunciamientos de distintas personalidades del ámbito de la cultura en este mismo sentido.
Finalmente, el día de hoy, en el Juzgado Primero de lo Penal en Texcoco, se realizará la última audiencia del proceso penal y se establecerán las conclusiones que absolverán o acusarán a Claudia Rodríguez por haberse defendido de quien intentó violarla.
De imponerse la justicia habrá conclusiones incausatorias y ella tendrá que salir en libertad, de lo contrario se demostrará que Claudia Rodríguez Ferrando tiene dos agravantes: ser mujer y ser pobre.
Creo que esta Comisión Permanente debe ser sensible a estas expresiones cívicas. Es por ello que me permito llamar a que las fracciones parlamentarias, hagamos una excitativa en favor de que la legalidad y la justicia se apliquen en este caso.
Y me permito solicitarle al señor Presidente, este caso se pueda turnar a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, para darle seguimiento, ya que ha sido un caso que ha estado en la prensa y que ha ocupado a la opinión pública en los últimos 15 días.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont, del Partido Acción Nacional.
La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:
Compañeras y compañeros legisladores:
Para el Partido Acción Nacional ha sido una preocupación constante todo lo que ha estado relacionado con la violencia y muy especialmente en lo que se refiere a los casos de violación. Problema reciente del que se sabe poco, porque en realidad la mayoría de las mujeres prefieren permanecer en el anonimato, ante la posibilidad de ser conocidas públicamente como mujeres violadas.
Creemos que el caso de Claudia Rodríguez tiene una peculiaridad que debe convocarnos a estudiar y analizar con atención qué es lo que está sucediendo. El juez que se ocupa de este caso ha adoptado en una actitud que denigra a la mujer, al pronunciarse en el sentido de que ¿por qué y siendo mujer, estaba en la calle a las 3:00 horas de la mañana.
Mi compañera Ana Lilia Cepeda ya ha dado los pormenores de estos hechos, pero sí creemos que una actitud como ésta revela una clara acción, que atenta por la libertad de tránsito y contra la libertad de decisión de los individuos.
En ese sentido, nos unimos a esa propuesta que apoyamos plenamente. Pedimos que el caso sea turnado a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, pero antes que eso quisiéramos muy claramente exigir que Claudia Rodríguez sea juzgada con base en elementos que queden perfectamente contemplados en datos claros y en su expediente, no por supuestos que vulneren la dignidad de su persona.
Creemos que Claudia debe ser juzgada y hacerse esto con base en derecho, por lo que declaramos que este juez responsable de este caso, que hay que ver la situación subjetivamente, y por ello a él mismo también le suplicamos haga una disculpa, una disculpa pública.
El Partido Acción Nacional estará muy al pendiente de lo que se dé a conocer en la resolución del juez el día de mañana y esperamos también que esta resolución pueda ser con base en derecho. Estamos conscientes de que mientras existan jueces que denigran a la mujer y a la persona, que mientras no se den los jueces responsables con esta delegación que les ha sido confiada; que sean capaces de denigrar, de recibir de línea o de actuar en beneficio de una persona que no será justamente la que debe ser de esa manera calificada, no se podrá hablar en un sentido estricto de un estado de derecho.
En este sentido, el Partido Acción Nacional manifiesta su preocupación por este caso y lo hace extensivo en el sentido de que pueda reformarse, efectivamente, la actividad de algunos, que son pocos jueces, para que pueda ser efectivo el estado de derecho.
Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
La fracción del Partido Revolucionario Institucional se suma al consenso que a todos nos preocupa sobre este caso y, muy respetuosos, sobre todo de la independencia, de la función judicial en nuestro país, por lo que no pretendemos, de manera alguna, influir en el sentido de la resolución que se dicte, sino pronunciarnos por la preeminencia de la aplicación del derecho con justicia, con premisas de que de manera indisoluble deben permear en todo momento nuestro sistema de impartición de justicia.
El 4 de julio de 1995, nuestro país firmó la Convención de Belén Topara, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Dicho instrumento, en su artículo 1o. define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
Por diversos factores sociales estructurales, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado y va desde la discriminación verbal y el trato inferior, hasta la propia muerte. Es por ello que esta fracción parlamentaria se pronuncia en favor de la prevención de la sanción y erradicación de la violencia mediante prácticas jurídicas, penales, civiles, administrativas, que actúen y respalden el respeto a la integridad, la dignidad, la igualdad y la equidad de las mujeres.
Ya se ha demandado en diversos foros la prioridad de esta problemática social, particularmente en este caso y en el aspecto jurídico no sería competencia nuestra; sin embargo apoyamos y es ocasión que reconozcamos la necesidad de tipificar claramente los delitos de violencia, sobre todo dentro del hogar, para que la pública sea reducida por ende.
El combate a la violencia es responsabilidad conjunta y motivo de interés público, debiendo ser un objetivo esencial y una línea programática. El intento de agresión sexual que sufrió Claudia hace un año y que en los próximos días se dará a conocer el dictamen del caso, nos obliga a seguir con atención dicho caso; por lo tanto, apoyamos el turno a las comisiones de Derechos Humanos de las dos cámaras.
La cotidiana y extensa violencia que se ejerce sobre las mujeres de todas las clases, religiones, culturas, razas y edades, no debe continuar dándose por el sólo hecho de haber nacido del sexo femenino.
Porque lo reconocemos y les agradecemos a nuestros compañeros colegas su solidaridad al presentar este pronunciamiento.
Gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Presidente:
Acerca del Sistema de Ahorro para el Retiro, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
En el marco de la clausura de la LXXX Asamblea General Ordinaria del Seguro Social, el titular del Ejecutivo, el doctor Ernesto Zedillo, expresó: "se equivocaron quienes pretendieron ver en la reforma del Seguro Social un intento para privatizarlo. Quienes afirmaron que con la reforma se limitarían los derechos de los trabajadores y que se atentaría contra las pensiones para su retiro. Quienes afirmaron que la reforma pondría en riesgo los recursos de los trabajadores".
"Por el contrario expresó -el doctor Zedillo-, la reforma al sistema de pensiones asegura el ahorro de los trabajadores, su incremento sostenido y mayores beneficios para quienes perciben menores ingresos."
"Y que también se habían equivocado quienes afirmaron que con la reforma se buscaba evadir la responsabilidad social del Estado y que por el contrario se reafirma el compromiso con instituciones fundamentales como el Seguro Social." Estas declaraciones demuestran una vez más cómo el reducido grupo económico y político que toma las decisiones en este país, evade hablar con la verdad y también evade denominar claramente el significado de sus reformas.
El Partido de la Revolución Democrática con fundamentos fehacientes ha sostenido que el centro de la reforma a la Ley del Seguro Social, fue la privatización de los fondos de pensiones que se inspiró a su vez en los sistemas de Administradora de Fondos de Chile, cuyo ideólogo, José Piñera, no se detiene en denominar a la reforma chilena de 1980 como el nuevo mundo del Seguro Social privatizado o el sistema de fondos de pensiones privatizado.
Con la reforma, en adelante los recursos para el retiro de cerca de 9 millones de trabajadores mexicanos, serán administrados e invertidos por entidades privadas constituidas por sociedades anónimas de capital variable; es decir, en sociedades de giro mercantil.
El principio mercantil de compraventa, regirá el acceso a las prestaciones derivadas del nuevo Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez. Los cientos de miles de trabajadores para tener acceso a los probables beneficios, estarán sujetos en una primera fase a establecer contratos de carácter mercantil con las Afore que se encuentren en el mercado y, en una segunda fase, a establecer contratos de compraventa de su pensión, ahora bajo la modalidad de Seguro de Renta Vitalicia, con compañías comerciales de seguros también constituidas en sociedades anónimas de capital variable.
Las Afore, las compañías de seguros, los bancos y demás participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, son intermediarios financieros con fines de lucro y nada tienen qué ver con lo establecido por la propia Ley del Seguro Social, recientemente contrarreformada.
Ahora, se nos ha calificado a quienes dentro del PRD nos hemos opuesto a esta reforma a la seguridad social, como sostenedores de una contrarreforma; se nos pretende asociar con los que en realidad realizaron una contrarreforma neoliberal a los sistemas de seguridad social.
El PRD está a favor de los cambios, de las transformaciones en las instituciones públicas, pero rescatando principios y características que les dan sentido de instrumento y de verdadera equidad y justicia social.
El PRD no se sitúa en los falsos dilemas del Estado o del mercado. El PRD busca una organización de la seguridad social mexicana que en efecto dé respuestas a las urgencias del presente con visión de futuro.
Una nueva organización de la seguridad social, con un modelo predominantemente público y verdaderamente redistribuidor del ingreso para los sectores más bajos y medios y no hacia arriba, precisamente la contrarreforma neoliberal, a la seguridad social y en concreto al sistema de pensiones, favorecerá el esquema de redistribución hacia arriba al transferir cuantiosas ganancias a los grupos financieros que se derivarán del manejo, administración e inversión de los recursos del retiro de los trabajadores, sin ningún criterio redistribuidor.
Sólo basta ver que en la guerra de las comisiones iniciada entre las Afore, se encuentra un horizonte de planeación financiera relativamente corta para recuperar la inversión, los accionistas privados de las Afore. Negocio es negocio.
Al trasladar la gestión, administración e inversión de los recursos para el retiro de los trabajadores, a las Afore y los contratos de seguro para el retiro, a las compañías aseguradoras, la reforma ha transferido la responsabilidad constitucional del Estado en esta materia, a los agentes privados de la economía.
El derecho a una pensión que tienen los trabajadores, derivado de cualquier circunstancia, se ha movido desde el espacio público al espacio del mercado financiero y de servicios. Más claramente no puede ser concebido este acto, sino como un verdadero proceso de privatización.
El titular del Ejecutivo también ha señalado que con el nuevo sistema de pensiones, se asegura el ahorro de los trabajadores. Esta aseveración conlleva un excesivo optimismo de las bondades del mercado financiero y pasa por alto que este ahorro, como cualquiera que se realice en los circuitos financieros, está permanentemente sujeto a fluctuaciones que se traducen también en pérdida y demérito de capital.
Los contratos que los trabajadores empezarán a realizar con las Afore que elijan, estipulan claramente este riesgo. Esa es la seguridad social que los reformadores neoliberales ofrecen a los trabajadores. Estas son las reglas claras del juego a que se comprometió el doctor Zedillo en su campaña presidencial.
El doctor Zedillo también ha asegurado que con la reforma al Seguro Social, se reafirma el compromiso con instituciones fundamentales como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta afirmación ha caído por los suelos y se demuestra con los acontecimientos de las últimas semanas.
En el arranque del nuevo sistema de pensiones privatizado, se advierte una decisión deliberada de sabotear a la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El sistema estatal de regulación y supervigilancia del nuevo sistema de pensiones, representado por la Consar, inició con serias fallas y pone en duda la capacidad presente y futura de esa institución para regular, bajo reglas claras, la administración privada de los recursos para el retiro de cientos de miles de trabajadores.
Las presiones internas y externas de los grupos financieros, han hecho que la Consar permita el arranque del nuevo sistema de pensiones sobre la base inicial de una competencia desleal e insana entre los participantes del nuevo negocio financiero privado.
El 1o. de febrero de este año, se dio inicio al proceso de afiliación de los trabajadores a las Afore. Sin embargo en el primer paquete de autorizaciones concedida por la Consar, que incluye a 12 de 17 instituciones que formalmente solicitaron autorización para constituirse como administradoras de fondos para el retiro, cinco quedaron en el camino del proceso. Dentro de éstas destaca la Afore 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El problema no es menor si se considera que hasta ahora se vislumbra que la Afore 21 será la única Afore de naturaleza pública dentro de un sistema que desde el arranque está dominado por grupos financieros privados nacionales y extranjeros.
La Afore del Seguro Social debe desempeñar el papel de una administradora fuertemente competitiva capaz de regular el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro y con ello servir de contrapeso a la elevada concentración del sector financiero privado.
La Afore pública puede constituir una opción factible para la administración de cuentas y de fondo de las Afore para el retiro en quiebra. ¿Por qué hasta el segundo paquete de las probables cinco administradoras restantes se ha dejado la del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Por qué causas no ha entrado la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer paquete de autorizaciones.
Las respuestas a estas interrogantes sin duda van más allá que el de un asunto estrictamente técnico. Esta es una decisión económica y política de Estado y en consecuencia deliberada. Es también una maniobra de la junta de la Consar en la que está la representación obrera para desproteger a la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social y para favorecer afiliaciones corporativas a una Afore privada. Esta medida representa claramente un sabotaje contra la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las previsiones hechas en su momento por el Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que una concesión en el artículo transitorio de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro sobre la posibilidad de una Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social, se dio en base a un acuerdo previo para hacer de esta Afore una Afore de bajo perfil, hoy se confirman. Se trataría, quizá, de echar a andar una Afore para indigentes laborales que no tenga peso ni fuerza equilibradora del mercado.
Con esta medida quedaron atrás las horas de debate y de defensa que en la Cámara de Diputados dio el sector obrero del Partido Revolucionario Institucional de la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las declaraciones recientes del señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Genaro Borrego Estrada, en el sentido de que "10 ó 15 días de retraso no harán la diferencia", sólo evidencia que existen acuerdos previos y presiones de grupos financieros para debilitar la participación de una entidad de carácter público dentro del sistema. Tan sólo en un mes la Afore más poderosa podrá captar 350 mil potenciales afiliados; la desventaja es real, es un hecho.
Los problemas no terminan aquí. Decisiones tan importantes como el número de participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, el régimen de inversiones, la participación de filiales extranjeras y el cobro de comisiones se deciden discrecionalmente y obedecen a reglas ocultas de un mercado dominado por alianzas financieras.
En la guerra competitiva de las Afore, para ganar mercado que ya se ha iniciado con una agresiva campaña comercial de afiliación y en la que los plazos y los retrasos son decisivos, aunque el señor director del Seguro Social no lo perciba de esta manera, se destaca que el negocio es el negocio. Los costos en los que ya están incurriendo las Afore autorizadas y no autorizadas se hará a cargo de la cuenta individual del trabajador en detrimento de su salario y por tanto del ahorro individual a capitalizar.
La guerra de las comisiones ubican la tasa promedio en el arranque en alrededor del 1.7% y 2% sobre el salario del trabajador. Este porcentaje reducirá en la misma proporción la cuota del 8.5% del nuevo Seguro de Capitalización Individual de Retiro.
Además de los problemas que se derivan del retraso de la Afore 21, la guerra por ganar el mercado ha desencadenado otra serie de problemas de no menor importancia y trascendencia para el futuro de los sistemas de ahorro para el retiro. Entre otras, merecen destacarse las siguientes:
Primero. Denuncias de corrupción a menos de una semana de haberse iniciado la batalla del mercado.
Segundo. Publicidad engañosa.
Tercero. Despliegue por parte de algunas Afore de expectativas falsas de rentabilidad para atraer a los afiliados.
Cuarto. Presiones de la Afore respaldadas por los grupos financieros más fuertes, para romper el tope inicial del 17% del mercado.
Estas, señor Presidente de la Comisión Permanente, son algunas de las reflexiones y de las preocupaciones que tiene el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este delicado asunto.
Debo reconocer que estas inquietudes han motivado la posibilidad de suscribir un punto de acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios aquí representados, por lo que rogaría a usted instruya a la Secretaría para firmar el punto de acuerdo logrado por los señores diputados de las diferentes fuerzas políticas.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
Con el mismo ánimo sesgado y partidista con que en las discusiones en esta misma Cámara de Diputados intervino el Partido de la Revolución Democrática el 19 de abril del año pasado, el mismo espíritu y la falta de conocimientos de lo que es este nuevo sistema, viene ahora el señor diputado a expresar una serie de opiniones totalmente infundadas, totalmente desprovistas de fundamento y que no tratan sino de o que sin querer tratarlo demuestran otra vez que están en contra de los verdaderos intereses de los trabajadores de México.
Durante días y días y diría yo semanas, el año pasado estuvimos estudiando todos los sectores, todos los diputados, ese sistema tan importante para no sólo la subsistencia del Seguro Social, sino para la posibilidad de que se cumplieran las obligaciones diferidas que tenía el instituto en los próximos años; no sólo que se cumplieran en cuanto a su monto, sino que se mejoraran en beneficio de los trabajadores.
Pasamos entonces, la idea, iré poco a poco porque realmente habló de tantos temas el señor diputado, que necesito ir desmenuzando para no contestarle de una vez por todas que si bien la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Siglo XXI, no se le ha certificado por parte de la Consar, que ha reunido todos los elementos para cumplirse, como lo mismo otras cuatro, pues porque así lo pidió el Instituto Mexicano del Seguro Social y porque efectivamente en este sistema de larguísimo plazo, que precisamente lo es para los años posteriores, efectivamente 15 días o 20 no implican ningún retraso ni ninguna cosa importante máxime cuando la misma ley, en su transitorio, señala que no podrán en los primeros años ir más allá del 17% del mercado en ninguna de las Afore, y ya en una etapa no transitoria sino definitiva, después de los cuatro años podrán llegar al 20%, precisamente para evitar concentraciones monopólicas o de intereses poderosos.
Pero iré al fondo; el señor diputado señala que esto es una situación contraria a los intereses obreros, o de trabajadores; lo cierto es que pasamos y ésa es la filosofía no sólo política, sino financiera de esta ley, pasamos de un sistema que venía desde la fundación del Seguro Social Mexicano el año 43 de capitalización colectiva, de primas promediales un sistema, después pasó a un sistema de reparto, sistema de reparto en el cual lo que iba ingresando al Seguro Social se iba gastando tanto en servicios médicos como en prestaciones diferidas, pensiones o prestaciones económicas de pago de subsidios.
Esto dio por resultado que en un momento dado y no vayamos a mayores causas, ni a administraciones buenas o malas del instituto, lo cierto es que como en todos los países que se quiera ver, esto llevó a la quiebra de hecho financiera del IMSS en materia de prestaciones diferidas. Entonces, efectivamente se ideó después de estudios muy cuidadosos este nuevo sistema en que ya no se pasa a un sistema de reparto financiero, sino se pasa a uno de capitalización individual con cuentas individuales, con inversiones perfectamente señaladas de en qué se impulsarían esos fondos.
En los años anteriores había una acumulación de fondos, una masa informe, comunal, que decíamos todos quienes hemos estado en el Seguro Social inscritos, pues eso es nuestro pero, de esa masa informe que no se conocía ni siquiera el monto preciso de ella, pues cuánto nos tocaba a cada uno de los asegurados del Seguro Social, era un terna bastante complicado y que no se podía resolver de ninguna manera y si se hubiera podido llegar a hacer esa cuenta, hubieran salido centavos.
Por otra parte había un conocimiento muy confuso sobre cómo iba el instituto en esa materia porque los balances actuariales, difíciles de entender para aún iniciados, pues para el común de los mortales definitivamente no les decía nada, era una serie de cifras, de previsiones, de posibilidades actuariales, pues en realidad dejaban a uno en blanco sobre el peso que podía tener.
Pues de ahí se pasa precisamente a una serie o así va a ser, cuentas individuales, precisas, con informaciones precisas que van a llegar al domicilio de los trabajadores, que va a estar en el saldo de cuentas personales y que se enviarán por lo menos una vez al año. Creo que esto, pues si no se considera que es benéfico a los trabajadores, todavía no llegó a la proporción, pues no sé que pueda considerarse mejor.
Yo todavía no entiendo porqué los dos partidos más importantes de la oposición votaron en contra de esta ley y no lo entiendo porque es un instituto francamente antiobrerista, francamente que además no ve el interés del país en su totalidad, ya que ésta no beneficia sólo a los trabajadores sino beneficiará a la economía mexicana en cuanto a la acumulación de este ahorro que será usado, y lo dice textualmente, y no me resisto a señalar como dice la ley para qué se va a canalizar este ahorro, a la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura y desarrollo regionales. Yo no creo que alguien pueda pues, por cierto, con un poco de razón, oponerse a estos propósitos generales para la economía del país.
Pero además y esto es una falsedad que se ha dicho aquí, que esto se va a invertir en lo que se quiera, en favor de los ricos, en favor de los bancos, en favor de las empresas equis o zetas. Hay para invertir; es decir, las reservas se invertirán del sistema Consar, se señalan ciertos renglones de inversión posible pero además, la Consar tendrá que oír previamente al Banco de México, a la Comisión Nacional de Mercado y de Valores y al Comité Consultivo y de Vigilancia en donde están trabajadores y en donde están trabajadores y en donde están todos los interesados en esas materias para ver en qué instrumentos se va a seguir operando para preservar el valor adquisitivo del ahorro.
Quiero que alguien con racionalidad encuentre una objeción a este sistema que señala la ley. Se dice en el primer momento, ¿qué se va a hacer? En el primer momento precisamente para que no haya esa posibilidad de una mala inversión, pues por desconocimiento de mercado, porque empieza el sistema, el primer año en la cuenta concentradora que se va a llevar del Seguro Social, como se llama, que se llevará por el Banco de México, se tendrá que pagar un interés obligatorio de 2% por arriba de la intención. Esto sólo ya es una ganancia inmediata para todo trabajador.
Pero además de esa libertad de los trabajadores de que en los años siguientes... desde un principio puedan señalar la Afore de su predilección, si no señalan esa Afore, va a esa cuenta concentradora durante cuatro años. Es decir, se hace, hicimos y digo hicimos porque con toda modestia y como todos ustedes también intervenimos en esta ley, pusimos una serie de barreras, de limitaciones, de candados para cuidar esos intereses que hoy con mucha ligereza se habla de que están siendo violados o de que no se han cuidado. Se han cuidado pero así, con toda puntualidad y precisamente el señor Presidente de la República lo que ha hecho con toda razón es señalar que esto es un sistema no para hoy, no para mañana, que es un sistema ejemplar en el mundo financiero.
Será necesario y aún para evitar también esa concentración, habrá una limitación en la tenencia de las acciones de esas Afore por parte de quienes quieran entrar a este negocio, de modo que tampoco podrá ser un monopolio para uno, para dos, para tres; ahora no vamos tampoco atomizar para hacer 100 Afore porque sería un poco, pues primero sería desperdicioso y sería totalmente absurdo y ahí sí, los costos de operación serían tales que no podría salir el trabajador beneficiado.
Se dice, por otra parte, o se ha dicho aquí insisto, con toda ligereza. En este primer momento que están todos a caza de los posibles asegurados, efectivamente ése sí es un interés legítimo y yo no creo que pueda objetarse que a quien pone sus recursos para llegar a un alto negocio pues haga lo posible por tener mayor número de clientes, nada más que, insisto, se puso ese artículo transitorio en que la clientela tiene que estar limitada no puede ser más allá de un 17% de las Afore.
Se señaló expresamente: "todas entrarán en el mismo momento en ejercicio". Claro que esto es una cosa protectora favorable, pero si algunas, entre ellas la 21 del Seguro Social, habla de que prefiere entrar no el día 1o. de febrero sino el día 15 de febrero bueno yo creo que esto es realmente de discutir que esto está mal o que esto es una cosa indebida, pues ya son, insisto, son ánimos totalmente partidistas, ánimos sesgados.
Yo no sé porque hoy lo que no hicieron para defender pues de verás con argumentos, con solidez este nuevo sistema, lo que no demostraron que eran los perjuicios de este sistema, hoy vuelven a repetir discusiones agotadas en esos días de abril del año pasado, que fueron de muchos días porque no solamente se trató el asunto en el día del debate sino que hubo comisiones, subcomisiones, audiencias públicas, se dejó hablar a todos, se dejó hablar a un señor del Seguro Social que vino a hablar horrores cuando él había pasado años ahí acabando con el Seguro Social; sin embargo, se le permitió que viniera, no sólo se le permitió, se le oyó y lo trajeron como un experto y como a él todos quisieron venir, académicos, trabajadores, empresarios, es decir, yo insisto, que la opinión del señor Presidente sobre las Afore y el sistema es absolutamente es justa y es cierta, es un sistema que beneficiará no solamente a los trabajadores del Seguro Social, no hablo clase obrera, todos, son muchas personas, muchas personas no precisamente clase obrera están asegurados en el instituto, tendrán una buena pensión, tendrán seguridad en sus cuentas, sabrán en qué se está invirtiendo, podrán cambiar de Afore si no le parece la que hayan tomado, en fin, es todo lo que puedo pronosticar o preveer, es favorable.
Decir que en ocho días hay unos señores que ofrecen cosas indebidas puede que sea cierto, pues esto sí también en la lucha comercial a veces puede haber algún abuso pero para eso está la Consar, para eso están las sanciones; hay un sistema de sanciones que llegan desde las multas hasta la intervención gerencial de las Afore o de las Siefore de modo que no creo que por qué ahora los señores, bueno hoy nada más ha hablado el PRD, vengan a preocuparse de algo que está caminando, que se hizo en sus términos, en sus tiempos y que lo posible es que vaya bien.
Cuando haya una cosa concreta, no conozco el punto de acuerdo de que se habla, pero lo cierto es que no creo que haya necesidad de ningún punto de acuerdo para llegar a la conclusión de que estamos ante un sistema favorable a trabajadores y a la economía general del país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Con ánimo sesgado y partidario el señor diputado Rodríguez y Rodríguez, es el representante de la imparcialidad más absoluta en este debate; no tiene partido ni tiene posición en este asunto. Pero nos dice muchas cosas, nos dice que no entiende porqué votaron en contra los partidos políticos más numerosos de la oposición en esta Cámara y no entiende, porque no quiere entender, porque los argumentos están ahí.
No escuché de parte del diputado Rodríguez y Rodríguez, el decir que este paso que se ha dado en el cambio de los sistemas de pensiones y sus capitalizaciones no signifiquen una privatización. Lo cierto es que sí significan una privatización. La capitalización individual rompe el principio solidario y yo no veo ahí dónde esté el beneficio para la clase obrera.
Que el Partido de la Revolución Democrática reedita un discurso cuando todo está caminando perfectamente en este nuevo esquema planteado. No señor diputado, no está caminando perfectamente. La Confederación de Trabajadores de México criticó la competencia desigual entre las 12 administradoras de fondo para el retiro, en boca del Presidente de la Comisión de Vivienda y Previsión Social de esta Cámara de Diputados, el diputado Abelardo Carrillo Zavala. La propia Confederación de Trabajadores de México está preocupada porque no aparece la Afore pública que tanto se defendió en los debates parlamentarios por el sector obrero de su partido.
Que el Partido de la Revolución Democrática utiliza argumentos imprecisos y ambiguos. De ninguna manera comparto esta posición. Creo que la ambigüedad está en otro lado, que la ambigüedad está por ejemplo en haber dicho que ninguna Afore podría tener más del 17% del mercado y que a la hora de reglamentar esta disposición, nos dijeran que el mercado son el número de afiliados y no el monto de los recursos que se capitalizan. Esa si es ambigüedad y ésas si son ganas de lesionar y de sabotear a la administradora pública, a la Afore pública del Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.
No nos equivoquemos. A ella va encaminado este atraso, a ella va encaminada esta reglamentación del mercado para evitar que se trate de una Afore competitiva y reguladora del mercado.
Que no existe riesgo para las inversiones de los trabajadores. Todas las inversiones, señor diputado, entrañan riesgos en los mercados financieros. Así se establecen en los contratos que se están poniendo a consideración de los trabajadores por las Afore.
En realidad hay un debate que en todo esto ha estado por debajo de la mesa y es el qué tipo de Afore pública requiere un sistema como éste, qué tipo de Afore es el que necesitamos para que este sistema que ustedes proponen y que nosotros no compartimos, sea sano, competitivo y no genere oligopolios y acumulación de mercado.
Tengo noticias, señor diputado, de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se trabajó un proyecto, donde de entrada se establecía un alto perfil competitivo para la Afore Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se establecía una campaña importante de penetración en los mercados laborales, con colocación de módulos entre 600 y 800 lugares del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el pago de la renta respectiva. Se establecía en consecuencia una Afore pública fuerte, saludable y reguladora. Entiendo que no fue autorizada por Hacienda. Ese es el punto de la cuestión, que se quiere a una Afore pública débil, que se quiera a una Afore pública indigente, que se quiera a la Afore pública como un mal necesario. Por eso, señor diputado, desde la Consar se está saboteando la participación del Seguro Social y la posibilidad de que fluyan recursos financieros importantes.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quisiera iniciar por señalar lo siguiente. Esquemas como el que inicia su operación real el 1o. de febrero de este año, está siendo seguido por muchos otros países en el mundo.
Recientemente en el Foro Económico Mundial, en Davos, el mismo gobierno de Estados Unidos señaló que estaba revisando las experiencias de este tipo de mecanismos, dado que el sistema que tienen en Estados Unidos les es ya muy oneroso. Ese sería el detalle, lo importante en este debate, en esta reedición de un debate, como señaló el diputado Rodríguez y Rodríguez, es lo siguiente.
Estamos hablando de una Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y muchos de los argumentos que aquí se señalaron por parte del diputado Cruz Malpica vienen exactamente contenidos en la ley. En la ley misma que fue transformada por esta Cámara de manera importante, 90 de 118 artículos de la ley fueron reformados y 30 fueron reformados de manera fundamental. En esta ley se establece por ejemplo la participación de los trabajadores en los órganos de gobierno y evidentemente la Confederación de Trabajadores de México, entiendo, está preocupada, como debemos estar preocupados todos, del correcto funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, pero una cosa es estar preocupado y otra cosa es censurar un funcionamiento que acaba de iniciar el 1o. de febrero con 12 administradoras de fondos para el retiro, de las cuales solamente, que yo tenga conocimiento, dos han iniciado un proceso de publicidad, otras no lo han hecho, otras a lo mejor no lo van a hacer. Eso precisamente lo va a definir el mercado y las prioridades que tengan las diferentes administradoras de fondos para el retiro.
Es pueril pensar que todo mundo va a enseñar sus cartas de inmediato, y eso también tiene relación con las comisiones. Algunas administradoras del fondos para el retiro cobrarán comisiones sobre los flujos, otras cobrarán comisiones sobre los saldos y una, por ejemplo Inbursa solamente cobrará comisiones si el rendimiento es por encima de la inflación.
Estamos ante un mercado abierto, ante una actividad que de inicio le da trabajo a 50 mil promotores en este país. cincuenta mil promotores que tienen que capacitarse, que tienen que tomar un curso en la administradora de fondos para el retiro y que de manera aleatoria son también evaluados por la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro.
Entonces no es tan sencillo señalar que puede, o que está haciendo abusos. Si los hay, hay que documentarlos y hay que denunciarlos y la ley que nosotros aprobamos en esta Cámara le da facultades a la Comisión de Vigilancia, le da facultades al órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, le da facultades para castigar de manera muy seria a las Afore o a las Siafore que estén oponiéndose a un buen funcionamiento.
Finalmente, quisiera señalar en qué tipo de administradora pública requerimos. Requerimos efectivamente una administradora pública competitiva, fuerte, seria y que en un hecho inédito en este país compita con administradoras privadas por un mercado, y que los trabajadores puedan decidir de manera libre su afiliación a equis o ye administradora de fondos para el retiro.
Es impensable que queramos una Afore pública débil, una Afore pública que no pueda competir en el mercado. Los trabajadores de este país no lo permitirían y la seriedad de una institución como el Seguro Social, tampoco y nosotros como legisladores, menos. Por ello requerimos una Afore que compita en un mercado, y que por ese mercado estamos dando una lucha porque se presenten las mejores condiciones para los trabajadores mexicanos.
Se trata de un inicio de largo plazo, de un proceso que le permitirá al país, y quizá ésa es la preocupación de los partidos de oposición, consolidar su crecimiento con mayores recursos propios. Eso es lo que les preocupa a los partidos de oposición, porque en la medida que tengamos señales claras a los mercados de que estamos trabajando bien en las administradoras de fondos para el retiro, en esa medida sus bonos electorales evidentemente bajan.
Por eso nosotros estamos conscientes de que estas medidas nos van a ayudar, primero, a tener un país más cierto, una economía con mayor profundidad, proyectos de inversión de mucho más largo plazo y vamos a evitar la recurrencia de crisis coyunturales.
Es así, compañero diputado Cruz Malpica, que entendemos muy bien su punto de vista, está usted de opositor a una ley, con un profundo sentido social y que perfila al México que vamos a seguir construyendo a pesar de todos los pesares durante el Siglo XXI.
Muchas gracias.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.
El Presidente.
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Señor Presidente:
En efecto, sí vengo en papel de opositor, no lo niego. Yo reivindicaría su papel oficialista también en esta tribuna, es un hecho, pues usted defiende la posición oficial, que yo no comparto sustantivamente.
Y ha dicho usted varias cosas interesantes aquí. Ha dicho un dato que nosotros teníamos, una cifra cercana, nosotros hablábamos de 60 mil promotores, usted nos dice que son 50 mil. Yo le creo. Serán 50 mil promotores de los sistemas de ahorro para el retiro que van a tener un empleo, desde luego que van a tener una comisión, desde luego, y que van a ser pagados, desde luego, a cargo de los ahorros de los trabajadores. Eso es un hecho.
Que usted también desea una Afore fuerte y competitiva. Yo le tomo la palabra, señor diputado. A lo mejor no tenemos la misma percepción de la competitividad. Yo quisiera, y no seré el único que lo quiere, una Afore que capitalice importantes porcentajes del mercado. No sólo que tenga muchos afiliados; no sólo que llegue a ese tope inicial del 17%, sino que tenga recursos importantes y evidentemente el retraso en el arranque significa problemas de competitividad.
Usted nos dice que dos de los más importantes grupos financieros que ofertan estos servicios ya han arrancado una campaña de publicidad, y que no está cierto si los otros van a iniciar en breve una campaña publicitaria. Yo creo que sí van a iniciar, y en muy breve, la campaña publicitaria.
Que exista libertad para que los trabajadores elijan la administradora de fondos para el retiro que más les conviene, la misma libertad que tendrían para elegir quién manejaba su cuenta en el Sistema de Ahorros para el Retiro.
Yo recuerdo que cuando vino el señor presidente de la Consar, tuvimos oportunidad de preguntarle ¿qué porcentaje de trabajadores habrán optado por cambiar el banco que manejará su cuenta? Y recuerdo su respuesta, no dio ninguna respuesta, porque lo cierto es que nadie habría optado.
En un país en donde el 70% de los trabajadores ganan menos de dos veces el salario mínimo, no podríamos exigirles que tomen cursos de ingeniería financiera para optar por la Afore que más represente sus intereses.
Ciertamente que es una preocupación de los partidos de oposición; ciertamente que debe ser una preocupación de todos, ciertamente que necesitamos aquí al señor director de la Consar, que necesitamos aquí a otros servidores públicos, para que de manera explícita nos den información sobre lo que está pasando en el arranque del sistema, un sistema de gran trascendencia para el ahorro de los trabajadores mexicanos.
Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Se señaló aquí en esta tribuna una no explicación del voto en contra del grupo parlamentario de Acción Nacional, referente a la nueva Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro.
En su momento y eso fue un debate donde se precisó las razones y argumentos que el grupo parlamentario de Acción Nacional tuvo para emitir su voto en contra y dentro de un resumen sobre estos dos asuntos ampliamente discutidos en su oportunidad, vale la pena recordar que cuando fue presentada la nueva Ley del Seguro Social, que cambiaba en su esencia el sistema de ahorro para fondos de retiro de los trabajadores, precisamos que se nos explicara ampliamente cómo se iba a implementar ese nuevo sistema; jamás fue contestado ni éste cuestionamientos ni los cuestionamiento alrededor de un nuevo sistema de fondos para el retiro ni contenía la propia nueva Ley del Seguro Social.
Dicha ley fue discutida a alta velocidad, a pesar del tamaño y cantidad de artículos que involucraba su reforma, de tal manera que todavía horas antes de su debate en el pleno de esta Cámara de Diputados, sufrió reformas en algunos artículos transitorios.
Y después cuando discutimos la propia Ley de las Afore, preguntamos el esquema claro y transparente para manejar tan delicados recursos, como son los fondos de retiro de los trabajadores; jamás se nos dio información clara, transparente ni cómo se iba a administrar ni de la operación misma de las Afore, de las Siefore, de la propia Consar y sobre todo una explicación amplia de la probable reglamentación, aunque no es facultad del Poder Legislativo, pero que llevaba o estaba integrada al funcionamiento de las Afore, Siefore y la propia Consar.
Tal parecía que al grupo parlamentario del PRI le urgía aprobar esta ley, de tal manera que sin mayor consenso, sin mayor información, se da un voto sistemático a favor de las leyes, sin puntualizar que faltaba información.
Hoy, a través de los meses y a toro pasado, el tiempo da la razón de que no había suficiente información aún para los propios diputados del PRI, porque tuvimos que parchar en artículos transitorios a la nueva Ley Federal del Seguro Social y posponer la aplicación seis meses, una ley que debió de implementarse a partir del 1o. de enero de este año, se pospone seis meses. Las razones son obvias, no tenían claro ni la implementación del nuevo sistema de ahorro ni el esquema claro de las Afore, Siefore y el funcionamiento de la propia Consar.
Esto lleva riesgos definitivamente. Lleva riesgos porque algunas Afore invirtieron para poder integrarse como tales, tienen hoy un gasto de inversión que tendrán que cargar a sus costos administrativos, eso es definitivo y que por otra parte, la aportación del Gobierno, del sector público, de acuerdo a lo estipulado en la nueva ley, dejará de participar en forma oportuna. El tiempo, señores, da la razón al voto en contra del grupo parlamentario de Acción Nacional. No hay otra explicación para que se haya pospuesto la nueva ley seis meses. Señores, ni ustedes tienen claro todavía ni la implementación ni el nuevo esquema, y juegan todos los riesgos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, para el mismo asunto, el diputado Armando Gamboa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando Gamboa Enríquez:
Con su permiso, señor Presidente:
Yo primero quisiera recordarle, con todo respeto al diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, el diputado Beristáin, que en el momento que entramos a discutir la Ley de Afore, el diputado, si mal no recuerdo, Jorge Urdapilleta, quien fijó la posición de su partido, manifestó que ustedes iban a votar a favor de la Ley de Afore, pero en virtud que se había agregado a última hora en el octavo transitorio, que el Seguro Social podría crear su propia Afore, cosa que nosotros como diputados del sector obrero estuvimos pugnando desde su inicio hasta lograrlo, que ése era el motivo por lo que votaban en contra, entonces yo de repente no entiendo por qué se vienen a la tribuna a defender a los trabajadores y dicen una cosa y a la hora de los hechos hacen otra cosa, como es el simple hecho de que votar en contra de una ley, por el simple hecho de que existiera una Afore pública y que lo pugnaban y lo exigían los trabajadores mexicanos, pues yo creo que estamos contradiciendo nuestras posiciones y, si no, pues ahí está la versión estenográfica para que vean que no estoy mintiendo.
Por lo que respecta al compañero Urdapilleta, yo quisiera hacer una mención de que yo tuve la oportunidad de estar en Chile y tuvimos una reunión con la organización más importante de Chile o la más fuerte, que es la única organización sindical, y ellos se manifestaban que por los puntos básicos por lo que estaban en contra de las Afore en Chile era, primeramente, porque la superintendencia, lo que equivale aquí a la Consar, no tenía ninguna representación de los trabajadores, cosa que nosotros aquí, y les puede constar también que los diputados del sector obrero o del sector popular, pugnamos y tuvimos reuniones muy fuertes para que se integraran compañeros del sector obrero a la junta de gobierno, porque estábamos conscientes de que la junta de gobierno era la que tenía la decisión básicamente de todo. Entonces se logró que los trabajadores tuviéramos representación en la junta de gobierno y son dos compañeros.
Otro punto. Allá los compañeros se quejaban que allá no es un sistema solidario, allá las aportaciones a las Afore, en su totalidad, las hace sólo el trabajador, creo que es alrededor del 10% de su salario; cosa que aquí nos damos cuenta que es un sistema solidario donde existen aportaciones tripartitas: aporta el trabajador, el empresario y el Gobierno.
Y la última, que yo recuerdo que también era otro punto que les molestaba mucho, era que ahí ya prácticamente tres o cuatro Afore manejaban el total del mercado chileno. Aquí por eso nosotros, para evitar ese tipo de monopolismos, se estableció, como lo comentó el diputado Rodríguez, de que las Afore durante los primeros cuatro años no podrán tener más del 17% del mercado total y, hasta el 5o. año el 20%. Que en el caso, como lo comentó el diputado Urdapilleta, de que demuestren que tienen una rentabilidad bastante alta y bastante buena, entonces la junta de gobierno decidirá si se le puede dar un aumento mayor a esa Afore.
Por lo que podemos ver, pues es muy diferente al comentario que se hacía de que es una copia de la ley chilena, yo creo que tenemos una ley bastante superior a la chilena, y tenemos que sentirnos orgullosos de la ley que realizamos, como la misma Ley del Seguro Social.
Y para terminar, pues yo pienso que tampoco le va a afectar mucho a la Afore del Seguro Social que arranque 15 días posteriores, ya que ahorita exclusivamente estamos hablando de afiliación y hay un límite de afiliación, que habla de alrededor de que ninguna Afore podrá tener más de 1 millón 670 mil trabajadores afiliados, ya que la recaudación empezará a partir del 1o. de julio.
Por consiguiente compañeros, yo pienso que el hecho de que la Afore del Seguro Social empiece 15 ó 20 días posterior a afiliar a los trabajadores, de ninguna manera le va a perjudicar en nada.
Y por lo que respecta al comentario que hizo el compañero Abelardo Carrillo, no es más que una crítica, pero la crítica no descalifica que nosotros como miembros de la Confederación de Trabajadores de México, estamos exigiendo y vamos a exigir que se cree la Afore del Seguro Social, ya que fue una de las cosas de las que estuvimos pugnando.
Por consiguiente compañeros, yo creo que el sistema de Afore está arrancando como lo previsto y tenemos una ley que le ha de dar garantía, transparencia, a los recursos de los trabajadores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Gracias señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Los debates precisamente son para llegar a fondo de los asuntos a discusión y lo dicho por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, prácticamente releva al grupo parlamentario de presentar pruebas, es una confesión de parte que él hizo, que precisó inclusive; a última hora pudimos consensar para que el Seguro Social tuviera su Afore.
Eso es precisamente el proceso de legislar a vapor y bajo presión a alta velocidad y yo quisiera decirle al diputado que representa los intereses de los trabajadores, que el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha sido fiel al manejo de tan delicados recursos, no ha sido fiel a la confianza depositada por los propios trabajadores; que los grandes actos de corrupción y la desviación de estos fondos dieron precisamente fin al sistema que todavía es vigente de ahorro para el retiro para los trabajadores.
Creo que no se opone en nada que hoy los legisladores federales en esta Comisión Permanente, senadores y diputados, lleguemos a un punto de acuerdo razonable, porque de alguna manera es parte de asumir nuestra responsabilidad que se nos informe ampliamente qué está pasando con las Afore que se están estructurando hoy y que entrarán, si es que no se pospone nuevamente, a partir del 1o. de julio de este año, en funcionamiento.
Señores, creo que es lo menos que podemos hacer en nuestra función y actividad como Poder Legislativo. Si dejamos cabos sueltos al Ejecutivo, posteriormente podemos arrepentirnos de lo que no hicimos en su momento y es un punto de acuerdo que es válido y que cumple cabalmente con nuestra función.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Mucho me honra la amistad con el diputado Jorge Urdapilleta.
Este debate ha sido reabierto, señor diputado Godina, señor diputado Rodríguez y Rodríguez, está siendo reeditado, dijeron ustedes, pero ¿quién lo abrió? ¿Quién reabrió este debate?, lo reabrió hace unos días el señor Presidente de la República, Ernesto Zedillo, al darle un espaldarazo a un sistema que ciertamente, como decía ya el diputado del Partido Acción Nacional, nació con problemas; nació con problemas de retraso; nació con problemas de falta de claridad en las metas; nació con problemas financieros y debe interesarnos, ¡claro que debe interesarnos! Porque al final de cuentas existe obligación de este Congreso de vigilar las finanzas públicas que al final de cuentas son la salvaguarda final del sistema.
No es gratuito de ninguna manera, sería ingenuo pensar así, las declaraciones del diputado Abelardo Carrillo, hay problemas en el inicio, en el arranque de este sistema.
El señor diputado Gamboa nos dice que éste es un proyecto, que éste es un sistema superior al que actualmente se encuentra establecido en la República de Chile. ¿Por qué si es un sistema superior, señor diputado Gamboa, no se admitió en el cuerpo del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la regulación, el bono de reconocimiento de las aportaciones anteriores? ¿Por qué si es superior no hay bono de reconocimiento de las aportaciones anteriores? ¿Por qué si es superior, no se encuentra garantizada una rentabilidad mínima a las aportaciones de los trabajadores? ¿Por qué no se encuentra garantizada una aportación mínima? ¿Por qué si es superior, señor diputado, no incorporan al instituto, al ISSSTE, de seguros sociales de los trabajadores al servicio del Estado a este sistema? ¿Por qué no lo incorporan? Porque evidentemente hay una fuerte resistencia de este sector a incorporarse al Sistema de Ahorro para el Retiro que entraña, confesémolos, abierta y llanamente, problemas de derechos de los fondos de pensiones para los trabajadores. Este es el punto central del debate. El debate está abierto; lo abrió otra vez, con intención de dar un espaldarazo al arranque, el Presidente de la República.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Aceves.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Esta ley tan debatida hoy, la verdad es que es una de las más grandes satisfacciones que los diputados de mi partido hemos tenido en esta LVI Legislatura, por muchos conceptos. Esta es una que no se aprobó al vapor absolutamente. Si no estuvieron en los debates, es porque no quisieron asistir. Si no estuvieron en las distintas sesiones a donde se modificaron artículos, es porque desde un principio la oposición fijó su postura y no quiso seguir asistiendo a las reuniones.
Se trajo a esta Cámara a todos los sectores interesados: a empresarios, cámaras, eruditos universitarios, opiniones críticas no partidistas, organizaciones no gubernamentales y se dio una amplísima ventilación al proyecto que el Ejecutivo envió a esta soberanía.
Sin embargo, como sucede en muchos de los proyectos que decía aquí el diputado Cruz Malpica, nos convierten en oficialistas; nosotros únicamente estábamos defendiendo un proyecto en el que creemos y los proyectos de decreto que envía el Presidente de la República son parte de ese proyecto de Gobierno y en ese proyecto creemos. Sin embargo se le hicieron innumerables modificaciones, como todos lo saben, y lo precisó aquí el diputado Godina.
Y digo que nos satisface mucho porque es una ley que en honor a la verdad, no tiene que aplaudirle la población a los legisladores; simplemente cumplimos con la obligación de sacar una ley, de promulgar una ley que cubriera las expectativas que hasta ahora no se venían cubriendo.
Ya se habló aquí de los proyectos; que si en Chile, y también conocimos de los que fueron a Malasia y los que fueron a Corea y anduvieron por muchas partes del mundo aprendiendo. Sin embargo lo que hicimos aquí, fue un traje a la medida de las necesidades mexicanas, con un instituto como el que tenemos, con el casimir de muchos sistemas que han tenido éxito, unos y otros no tanto; pero que tomamos las cosas buenas para que esta ley saliera adelante.
Descalificar el punto de acuerdo, como decían hace un momento, fue mi impresión. Cuando empezamos esta sesión, empezamos a ver lo del punto de acuerdo y con simpatía vemos que había razón para que se solicitara que tanto el Seguro Social como la Consar nos explicaran algunas dudas. No vemos nada de malo en ello, aunque estamos siendo rigoristas, en virtud de que la ley apenas entró en vigor.
Lo que no se puede hacer es: "solicitar la firma de un punto de acuerdo, llegar a ella y después venir a tundirle duro al Partido Revolucionario Institucional". Como ha sido costumbre.
Entonces esto nos coloca en una tesitura de que casi para el punto de acuerdo siguiente, debemos tener un punto de acuerdo que vamos a respetar, porque si no en los puntos de acuerdo simplemente se está prejuzgando. Lo que a lo mejor sí se logra es que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud logren que vengan estos funcionarios, pues ahí es a donde podemos dar el debate y después si quieren traerlo a la Asamblea.
Pero no se puede primero decir: "sí lo firmamos", y luego venir a hacer una serie de afirmaciones que no están documentadas.
El Seguro Social no es nada más Afore, por el espaldarazo que hablan que le dio el señor
Presidente a este instituto, que es orgullo de los mexicanos, en el que tenemos confianza y por eso el sector obrero, por eso el sector obrero espera que se apruebe la Afore del IMSS, porque la orientación hacia los trabajadores será afiliarse a esa Afore, porque consideramos que es a la que más confianza debemos tenerle, aunque alguien venga a decir que el Seguro siempre ha fallado.
El Seguro Social es más que una pensión, el Seguro Social son 7 millones diarios de consulta. Uno de cada tres mexicanos nace en el Seguro Social. Una serie de prestaciones que la verdad no sabríamos qué pasaría si no tuviéramos un Seguro Social imperfecto o como sea, pero que es orgullo para las clases sociales de siempre; no las oportunistas de ahora.
Nosotros pensamos que con esta ley, que fue ventilada y que hubo mucho tiempo para que se discutiera. Bueno, pues estamos hasta ahora en el camino de ir vigilando que se cumpla con lo que ahí se dijo. Fueron largas horas de discusión hasta para fijar, ¿qué reglas habría para los nombres de las Afore? ¿En qué se iba a invertir el dinero de los trabajadores? ¿Cuáles eran las reglas para inscribirse? ¿Cuales eran las utilidades mínimas que deberían de tener.
O sea, una serie de garantías que, bueno, pues hay que leer la ley ya promulgada, porque ya es una ley aprobada, para tener claridad de conceptos.
Yo creo que es muy fácil, pero muy fácil, cuando no se tiene la representación de los trabajadores, venir a hablar a nombre de ellos. Pero es muy difícil crear expectativas que luego no se les puedan cumplir y por eso vienen conflictos que después nos ponen a esta Cámara como si fuera un palenque de gallos y no una Cámara de deliberación.
Yo creo, y con esto estoy reiterando la posición de los diputados del sector obrero, que nosotros no vamos a dejar de ser críticos, porque es una ley que nos interesa mucho, nos interesa mucho y si vemos que algo se está desviando, de acuerdo con lo que se aprobó, seremos los principales críticos en reclamarle a la Consar.
Y si nuestros representantes o los representantes del capital, que ya también están ahí, no están siendo acordes con esa ley que se promulgó, pues seremos críticos con quien sea, pero no la estamos borrando del mapa, no la queremos sacar como una ley que ya está promulgada.
Yo sí quiero invitar, con toda la cordialidad, a los compañeros diputados que estén interesados en este medio, que debatamos y que vayamos con las autoridades cuando se le dé curso a este punto de acuerdo, para que nos aclaren todo y si queremos llevarlo después al salón de sesiones lo hagamos ahí también, pero que no prejuzguemos.
Porque satanizar es muy sencillo, destruir es muy sencillo; construir es lo difícil y construimos una ley que desde el punto de vista del sector obrero, es una ley que puede ser bondadosa para los que ahora empiezan a hacer su fondo de retiro para dentro de algunos años.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Solamente para precisar que tenemos por ahí un punto de acuerdo que yo entiendo que es válido hasta este momento, que fue suscrito por la representación parlamentaria del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo y que a mí me gustaría que se precisara y se leyera este punto de acuerdo.
Que no gusta la discusión, bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que así son las discusiones, que el punto de acuerdo se motivó con toda serenidad por quienes lo suscribieron y que es útil para que el Congreso cumpla su función. Naturalmente que nosotros tenemos posiciones y las vamos a seguir esgrimiendo.
Yo solamente quisiera recordar, ya para cerrar este asunto en lo que a mí respecta, que este traje a la medida no siempre sale tan a la medida. Yo recuerdo que hay un estudio de un investigador chileno que nos habla de que entre reformas legales y administrativas fueron más de 1 mil las que tuvieron que hacerse en la instrumentación del sistema chileno y nosotros
hoy nos alarmamos porque este asunto se trae a la tribuna y se refiere al punto de acuerdo como que si hay punto de acuerdo no hay debate. ¡Si hay debate y también hay punto de acuerdo; ésa es la posición del PRD:
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Dele lectura el señor Secretario al punto de acuerdo firmado por las cuatro fracciones que integran la Cámara de Diputados.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turnen a las comisiones unidas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdan solicitar una entrevista con los señores directores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, licenciados Genaro Borrego Estrada y Fernando Solís Soberón, a fin de que los integrantes de las comisiones unidas ya mencionadas se alleguen información sobre el estado que guarda el registro de la Afore Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos del artículo octavo transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sobre el proceso de afiliación que inició el 1o. de febrero del presente año, que realizan actualmente las Administradoras de Fondos para el Retiro.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de febrero de 1997.- Firmantes diputados: Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; Armando Gamboa Enríquez, del PRI; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática; con sus respectivas rúbricas.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones solicitadas por los firmantes.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
El Presidente:
Sobre despidos en la Universidad Pedagógica Nacional, tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Vengo aquí a la tribuna a exponer la problemática de la Universidad Pedagógica Nacional.
La Universidad Pedagógica Nacional fue creada en 1978 para formar profesionales de la educación que atendieran las necesidades del sistema educativo. Cuenta con 75 unidades distribuidas en el territorio nacional, incluida la Unidad Ajusco y durante 18 años ha respondido con programas pertinentes y relevantes al quehacer educativo nacional en cuanto a la construcción de un pensamiento pedagógico propio y con la profesionalización de miles de docentes en servicio.
Los programas de posgrado y de actualización de investigación educativa y la difusión de la cultura pedagógica, se han convertido en los últimos años en las tareas fundamentales de la institución y han contribuido a elevar la calidad de la educación en México. El personal que labora en la Universidad, se ha incorporado a un proceso permanente de superación profesional y el trabajo que realiza es reconocido en el ámbito universitario nacional e internacional.
La vida institucional se ha regido por el decreto de creación y por el proyecto académico que ha sido reformulado en dos ocasiones por la comunidad universitaria, incorporando en él la experiencia institucional y atendiendo a las necesidades prioritarias de la educación nacional; sin embargo, la estabilidad y la continuidad de los programas académicos se han visto lesionados por el cambio frecuente de autoridades, 11 rectores en 18 años y la falta de definición de la SEP sobre el papel que juega la institución en el Sistema Educativo Nacional, lo que ha determinado que el personal docente sea quien haya propuesto y sostenido los programas académicos para responder a las necesidades educativas con sentido universitario, no siempre apoyados por las autoridades.
Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional atraviesa por uno de sus momentos más críticos sometida a las acciones arbitrarias de una administración orientada por un proyecto de reordenación de la vida institucional basada en el control y la vigilancia carente de criterios académicos.
El cese de 17 trabajadores administrativos entre los que se encuentran el pleno de su comité delegacional y la acción penal emprendida contra ellos son muestra de las medidas intimidatorias aplicadas contra el personal.
Estas medidas dan cuenta de la incapacidad de las autoridades actuales para dirigir una institución académica y para resolver los problemas internos que ahora son de dominio público.
Esta situación ha orillado a los trabajadores a dirigirse a las autoridades de la SEP. El personal académico brinda su apoyo a los compañeros administrativos, ya que considera injusta las medidas adoptadas por la rectoría; ambos sectores están dispuestos a continuar el diálogo respetuoso con las autoridades de la SEP, con el propósito de solucionar el conflicto coyuntural y establecer las condiciones para continuar desarrollando el trabajo académico de la Universidad en un ambiente propicio.
Por las razones antes expuestas y con fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los legisladores abajo firmantes proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
«Unico. El grupo parlamentario del PRD, Acción Nacional y del Trabajo, representados en esta Comisión Permanente del Congreso, exhortan a las partes en conflicto en la Universidad Pedagógica Nacional a restablecer el clima de diálogo y en el marco de nuestro respeto irrestricto a nuestra legislación laboral vigente, llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin a la protesta de los trabajadores, evitando la afectación de las actividades sustantivas de la institución. Asimismo se turne a la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados para su atención y seguimiento del caso.
Firmantes: diputados: Alfonso Primitivo, por parte del PT; Ricardo García, del PAN y Leticia Burgos Ochoa, por el PRD.»
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, para tratar el caso Ruiz Massieu.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente:
Quisiera en primer lugar, anunciar que nuestro interés de traer acá el asunto Ruiz Massieu tiene antecedentes bastante acuciantes desde 1996, 1995, que la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados prácticamente cesará en sus funciones.
Nuestro interés fundamental de tocar aquí este asunto en la Permanente, es porque concluimos de alguna manera las dos cámaras que tienen en su interior dos comisiones especiales y que abordan el caso Ruiz Massieu. Pero tiene doble importancia después de que fuéramos invitados por el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el diputado Netzahualcóyotl de la Vega, para asistir a una reunión con el procurador Jorge Madrazo, el día de ayer para tratar el asunto.
En primer lugar, quiero destacar a ustedes que es de suma responsabilidad el que este caso con muchísima responsabilidad sea tratado en este espacio legislativo, desde sus comisiones desde luego y desde el Congreso mismo. Nosotros partimos de que los resultados hasta ahora preliminares de las pesquisas arrojadas por diferentes administraciones de la procuración de justicia en el país han puesto en desnudo el terrible drama que vivimos en México y que ya ha acabado con sus primeras víctimas: la verdad y la credibilidad.
Creo que desde nuestro punto de vista y como Partido de la Revolución Democrática hemos sido muy reiterativos sí, de que la verdad y la credibilidad de las instituciones es necesario rescatar. Casos como éstos que laceraron y siguen lacerando la vida nacional y nuestra imagen internacional, debemos de ponerlo en el centro de la preocupación como partido. Ya el ciudadano común, el politólogo, el analista, el ensayista como dijera, hasta escritores, como dijera Carlos Fuentes, estas pesquisas y esta manera de conducir la administración de la justicia, ha perdido algunos la materia de trabajo, pero otros y eso es lo más grave, ha ahondado aún más la falta de credibilidad en las instituciones y la falta de credibilidad de una institución que es sagrada para la seguridad nacional, que es sagrada para la vida nacional, para la seguridad misma que un país debe otorgar a toda mexicana y a todo mexicano, que es la certidumbre en la procuración y en la administración de justicia.
Hemos dicho como Partido de la Revolución Democrática, que ya ni el derecho a dudar le damos al actual procurador y lo decimos con muchas responsabilidad. El ha afirmado en varias ocasiones a los medios que carecemos de una policía mexicana preparada para investigar.
También ha dicho y ayer lo dijo ante los legisladores que asistimos a esta audiencia, que no solamente carecemos de una policía no preparada, sino que estamos hundidos como país y tenemos más de dos décadas en una crisis de la administración y procuración de justicia y que incluso no le demos el derecho a la duda; que efectivamente sean los hechos, eso decimos nosotros aquí, esperamos que los hechos y la conducta del procurador y la institución en la que está envestido él, responda a las necesidades de certidumbre que la ciudadanía reclama.
También se ha dado y yo quiero reiterarlo aquí, que no ha sido gratuito el que el día de ayer estuviéramos con el procurador y decimos como Partido de la Revolución Democrática: no se vale hacer uso político que lacera la vida nacional, acontecimientos que todos lamentamos; no se vale ni compartimos las festinaciones del presidente del PRI y anteriormente líder camaral, Roque Villanueva, de que ahora sí están muy interesados en la verdad, pues si bien es cierto que estamos de acuerdo con exigir la responsabilidad de todos los involucrados, impartidores de la justicia y administradores de la misma, que pudieran haber incurrido en algún ilícito administrativo penal, no podemos aceptar la utilización acomodaticia de ese argumento.
Aquí, y lástima que no está acá pero están sus compañeros que seguramente lo defenderán, el señor Presidente del PRI que hoy se ufana de ser muy demandador de la justicia, en varias ocasiones a través de sus emisarios en la comisión de seguimiento, estuvieron intentando desaparecerla, prácticamente desaparecieron la comisión.
También habría que decir que la actuación de Acción Nacional en la comisión, en su momento lo señalamos, no fue apegado a reclamar justicia y a reclamar que la autoridad se condujera apegado a derecho; incluso hasta hubo toda una serie de iniciativas tendientes a desaparecer la comisión Ruiz Massieu, porque el procurador Lozano Gracia nos había comunicado por escrito que ya no había materia, casi en esos términos.
¿Dependemos de un poder para decidir nuestra actuación como legisladores? Creo que ahí está uno de los cuestionamientos que habría que hacernos como diputadas, como diputados de este Poder Legislativo. Por ello no compartimos el uso político que lacera a la nación.
Todos tenemos derecho, como partido, a usar la política adecuadamente, pero no hacer escarnio aún más de este país.
Es claro, por ello decimos: no se vale guardar silencio cómplice cuando conviene y denunciar cuando se quiere.
En el esclarecimiento de la verdad está en prenda la confianza que el pueblo pueda tener con todos los partidos políticos. Por eso no puede enmendarse una ilegitimidad con otra, no podemos permitir que en contra de la ley y con claros fines electorales, se usurpe la competencia en materia de impartición de justicia.
El Partido de la Revolución Democrática ha demandado a los medios de comunicación, veracidad en la información; a los partidos políticos un uso adecuado de la política, no escarnio de la procuración de justicia.
Por eso tampoco podemos permitir que la atención nacional se desvíe de el auténtico objetivo que debe ser el conocer verdaderamente quién o quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y por qué lo hicieron.
Somos responsables de contribuir a esa certidumbre que está muy lacerada. Somos responsables de darle información a nuestros electores de la conducción nuestra y de las autoridades de otros poderes.
Hasta este momento, por la información que recibimos ayer del Procurador de la República, es sumamente importante decirle a la opinión pública que el caso Ruiz Massieu continua abierto, que nunca se cerró, que incluso se van a intensificar las pesquisas en varios sentidos. Una de ellas, se va a investigar a los que fueron investigadores del caso, como hilo conductor para la verdad histórica del asesinato Ruiz Massieu. Se va a investigar también el paradero, si es que todavía sigue vivo, de Muñoz Rocha.
Tercero. Se va a revisar todo el proceso de investigación que la Procuraduría llevó a cabo, todos los procesos de averiguaciones en que han sido denunciados diferentes personajes.
Y lo que creo que consideramos sumamente importante y que lo destacó el señor licenciado Jorge Madrazo, es que la Procuraduría sigue sosteniendo la hipótesis, la presunción, de que el asesino intelectual o uno de los asesinos intelectuales es Raúl Salinas de Gortari.
Creo que en ese marco vale, vale que hoy, con la autocrítica que corresponde también a nuestro partido, proponer, con fundamento en nuestro artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponer que la Comisión Especial de Información y Seguimiento del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu normalice sus funciones, se aboque al análisis y al estudio de todos los acontecimientos hasta ahora suscitados en torno al esclarecimiento del asesinato.
Y sobre todo también exhortarnos como partidos para que revisemos la conducta de nosotros en la comisión especial. De manera particular yo aquí hago explícita mi inconformidad por la actuación del diputado Netzahualcóyotl de la Vega, que en muchas ocasiones su actitud negligente, su actitud facciosa en el manejo de nuestra actuación en la comisión, llevarla, a casi desaparecerla.
Yo exhorto a los partidos, asumimos la parte que nos corresponde, porque en todo el alegato, en todo el procedimiento de investigación, lo que en su momento señalamos, acertada o preocupados porque la investigación no se desviara, hoy la realidad nos está dando parte de esa razón.
Había mucho prurito por no entrevistar a Carlos Salinas de Gortari. Hoy ya se hizo. Fue una demanda nuestra en el trabajo de comisión de la comisión de seguimiento; hoy ya se hizo. Qué bien que hoy ya se hizo y creo que no tendrá que ser la única, va a tener que seguir compareciendo tal vez Carlos Salinas de Gortari y todos los que han intervenido en este proceso.
Por el bien de la nación, por el bien de nuestra representación, de nuestra investidura, creo que debemos apostarle a que en estas nuevas investigaciones, en esta nueva revisión, ya no las seremos más, lo que debe de ser un baluarte para nuestro país, la administración apegada a derecho de nuestra Constitución.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Un primer comentario sobre la solicitud y el tono de la misma que hace nuestra compañera diputada de tratar este asunto con prudencia, con respeto, con cuidado.
Me parece que el primer comentario que merece esta solicitud y su tono, es en el sentido de poner o anteponer a las pretensiones de grupo, de facción o de partido, una convicción de que nuestro país requiere de salud en sus instituciones para generar siquiera la posibilidad de subsistir como un lugar en el que los mexicanos podamos tener expectativas de la aplicación del derecho, de la procuración de la justicia, de la vida institucional en un marco de derecho claro, en un marco jurídico que nos obligue a todos. Esto es en relación a la solicitud y al tono de la compañera diputada.
Pero la verdad es que este caso o este tema de las indagatorias de la procuración de justicia, de la búsqueda de la verdad en el caso del asesinato de Ruiz Massieu, es necesaria, obligadamente, tratable en el sentido estricto y exacto de la realidad con la que se está manejando. Es necesariamente abordable en esta tribuna desde la perspectiva de tratar de distorsionar esa verdad, de tratar de distorsionar el derecho, de tratar de distorsionar la función de procurar justicia por propósitos muy ajenos a la verdad, al derecho y a la justicia.
Quiero iniciar alguna reflexión con ustedes, en el sentido de hacer un reconocimiento de que dependemos ahora, para darle a las instituciones de nuestro país la posibilidad de generar esperanzas para los mexicanos de la transmisión de argumentos, de pruebas, de razones a través de los medios de comunicación.
La verdad en éste y en otros casos, queda confiada al honor, al profesionalismo, al patriotismo de los medios de comunicación y de los políticos y de quienes hagamos uso de ésta y cualquier tribuna pública, que trascienda hacia la opinión pública, hacia el conocimiento de los ciudadanos.
Tratar, pretender, intentar aprovechar verdades a medias, dispersiones claras de la verdad objetiva para propósitos distintos a los de la búsqueda de la verdad, es en este momento, en este momento, un tema que sustituye o pretende sustituir el fondo de lo que es un claro asesinato por razones políticas y se pretende enturbiar un asesinato por razones políticas, también por las mismas razones políticas.
¿Quién habrá de hacerse responsable de haber planteado públicamente, que la procuración de justicia en el tiempo de Antonio Lozano como procurador, quedó en manos de hechiceras, adivinas, chamanes y todo género de "Pacas", como bien me ayuda el compañero?
¿Quién va a hacerse responsable de que a la vida política hayan aparecido las brujas, los chamanes y los adivinos, que se hayan aproximado a las esferas de poder, a los hombres de las decisiones políticas? ¿Quién puede hacerse responsable de la existencia en la opinión pública y en el ánimo nacional de la imagen de "La Paca"? ¿Salinas de Gortari, que fue quien la introdujo en las esferas del poder.
Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, tenía muy próximo a él, a chamanes, a gatilleros, a una serie de individuos que hoy están siendo investigados, ¿de quién es la responsabilidad de investigar y cómo? De las autoridades competentes.
¿Por qué aparece "La Paca" en la vida nacional? Porque Raúl Salinas de Gortari la tenía cerca, y porque Raúl Salinas de Gortari finalmente hoy se encuentra sujeto a una serie de procesos penales por sus conductas. Entre otras acusado de la autoría intelectual del asesinato de Ruiz Massieu.
¿También quién se hará responsable de las afirmaciones que han calado hoy en la opinión pública y generado un estado de ánimo en la nación, de que la autoridad ordenó pagos para efectos de sembrar una osamenta y construir pruebas que inculparan a Raúl Salinas de Gortari.
Estas afirmaciones, la aparición de "La Paca", la aparición de la osamenta, las ha planteado el procurador de Justicia del Distrito Federal, las ha planteado el actual Procurador General de Justicia y el anterior procurador también tuvo que enfrentarse a la necesidad de investigar a esta adivina, bruja o chamán y tuvo que enfrentarse a la necesidad de investigar una osamenta.
Quiero pasar a la reflexión para mí más importante de esta intervención. ¿Por qué una autoridad en boletines oficiales y en apariciones públicas a través de los medios electrónicos, desliza ante la opinión pública, el hecho, primero, de que en la investigación participaba "La Paca"? Segundo, ¿de que en la investigación de la osamenta se puede concluir que se ordenó mediante un pago la siembra de esta osamenta en un predio que comprometía a Raúl Salinas de Gortari.
Lo que han dejado en la opinión pública es que la institución encargada de la procuración de justicia durante el tiempo que la encabezó Antonio Lozano Gracia, dirigía sus investigaciones a partir de la consulta a una bruja y que también como responsabilidad del Procurador General de la República y el equipo encargado de la investigación, particularmente de la fiscalía especial, dispusieron de fondos para ordenar la siembra de una osamenta que finalmente se descubrió y que entonces empieza todo el proceso de desvirtuar la culpabilidad, de desvirtuar los elementos con los cuales se ha consignado ante la autoridad a Raúl Salinas de Gortari por el delito de homicidio como autor intelectual.
La verdad, compañeros legisladores, es que en primer lugar, tendrán ustedes que explicar, particularmente los del PRI, que han lanzado públicas acusaciones en este sentido, tendrán ustedes qué explicar por qué si el Procurador General de la República, en aquel entonces Antonio Lozano Gracia, o cualquier funcionario de esa dependencia en su tiempo, pagó para efecto de que alguien exhumara y luego inhumara una osamenta en el predio propiedad de Raúl Salinas de Gortari, llamado El Encanto, ¿por qué, si estaba prefabricando, como ustedes dicen, estas pruebas, luego ordena 23 peritajes para determinar de quién eran esos huesos? ¿Por qué si estaba comprando y construyendo una prueba para incriminar a Raúl Salinas de Gortari, se turnaban a la Procuraduría del Distrito Federal los elementos que le permitían también presentar sus peritajes y sus conclusiones.
Estas preguntas les obligan en conciencia y les obligan como políticos. ¿Quién puede afirmar que hubo la intención de prefabricar una prueba y luego mandar hacer 23 peritajes? ¿Quién puede afirmar que la autoridad responsable de investigar y de buscar la verdad en el caso del asesinato de Ruiz Massieu pudo estar vinculada en la siembra de esta osamenta para luego solicitar peritajes hasta en el extranjero?, y no sólo ello, ¿cómo pueden ustedes afirmar y hay afirmación expresa que, en su momento, podremos exhibir de González Fernández, de que se prefabricaron pruebas con lo de la osamenta.
Tendrán ustedes que aclarar y el mismo González Fernández, ¿qué prueba constituyó y en qué causa la existencia de esa osamenta. En qué causa se ofreció como prueba la existencia de unos huesos, cuya identidad estaba siendo investigada a través de peritajes.
Y también, compañeros legisladores, particularmente los del PRI, tendrán también que responder ¿por qué la utilización de un fondo denominado Fondo para Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la República, que quedó formalizado a partir del 30 de marzo de 1993, siendo en ese entonces Procurador General de la República el doctor Carpizo, por qué se ha vinculado la utilización de este fondo que desde aquel entonces se formaliza y utiliza con la pretensión de construir argumentos, pruebas, para implicar a Raúl Salinas de Gortari.
Tendrán ustedes que apreciar que si se quiere plantear como la comisión de un delito ahora, lo que ha sido una práctica fácilmente demostrable de la administración o de la dirección de la Procuraduría General de la República, de varios procuradores anteriores a Lozano Gracia y aun del actual, van a tener ustedes que explicar por qué en unos casos les alarma el que haya el pago de recompensas, el que haya un fondo para investigaciones especiales, el que haya pago de recompensas ofrecidas, pago a soplones. En general, erogaciones propias de la práctica de investigación no sólo en nuestro país, sino en el mundo.
Van ustedes a tener que decir su parecer si el Procurador General de Justicia en aquel entonces, Antonio Lozano, quería distraer recursos de la Procuraduría para fines ilegales, como han afirmado, ¿por qué entonces informaba al Presidente de la República?, y no hago este argumento con el fin de trasladar hacia el señor presidente Ernesto Zedillo, ningún tipo de responsabilidad ni jurídica ni política, sino para preguntarles a ustedes ¿qué lógica tiene el cometer ilícitos e informarle al Presidente de la República? ¿Qué lógica tiene procurar, como quedó demostrado en la administración de Antonio Lozano Gracia, que estos fondos para investigaciones especiales que ciertamente estaban en condición precaria de claridad y de sustento, pasaran a formar parte de la nueva legislación y normatividad interna de la Procuraduría General de la República?
¿Cómo pueden explicar que ese fondo para investigaciones especiales de la Procuraduría General de la República, quedara ya incorporado a partidas presupuestales y a disposiciones normativas más claras, sino es que fuera una práctica que con sustento legal precario, porque lo remite necesariamente al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por qué si quedó formalizado este fondo desde 1993 y aclarado, perfeccionado, transparentado y legitimado por las reformas legales que en esta misma Legislatura, a propuesta de Antonio Lozano Gracia, sancionadas por el Presidente de la República, a sabiendas de la realización de esas prácticas en las investigaciones especiales a las que se refiere el destino de estos fondos?
¿Por qué ahora, se plantea como una causa en la cual ustedes son capaces de rasgarse las vestiduras y de establecer como inusitada práctica lo que está documentado? ¿Por qué si se querían cometer delitos, según ustedes, se crea un consejo dándole intervención para la supervisión de estos fondos a funcionarios de alto nivel, de otras secretarias de Estado? ¿Por qué si el consejo encargado de supervisar...
El senador Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):
Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Señor Presidente:
Por favor, que no me interrumpa en mi intervención.
El Presidente:
Senador, el señor diputado García Cervantes no acepta su interpelación.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Señor Presidente:
Yo le pido que le diga al senador que le acepto su interpelación y que no lo regañe, señor Presidente.
El Presidente:
Le aceptan su interpelación, señor senador.
El senador Amador Rodríguez Lozano (desde su curul):
Dice el señor diputado Ricardo García Cervantes, utilizando esto como un argumento para mostrar la honestidad en el ejercicio de un procurador en los dos primeros años de gobierno del presidente Zedillo, se refiere a un comité que se creó en la ley y que habla que este comité precisamente es uno de los elementos que impidió que esto se realizara por la vía legal; es decir, la utilización de los bienes asegurados. Yo le quiero preguntar al señor diputado, ¿si sabe cuándo ese comité de que habla la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se instaló.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Sí, con mucho gusto, señor senador:
Pero primero permítame aclararle algunas cosas que me parece tiene confusas.
Es evidente que se acaba de instalar y ¿sabe por qué se prolongó la instalación?, porque en el mes de noviembre ahí en el Senado donde usted participa, se incorporó también al subsecretario de Gobernación que designara el Secretario de Gobernación. Ya estaban designados el Secretario de la Contraloría y el subsecretario de Hacienda. Pero por una enmienda que se introdujo en el mes de noviembre, pero fíjese lo que estoy diciendo, señor senador, ¿por qué se propone y luego se acepta en el Senado y con su voto y ahí está también el debate, por qué se acepta la necesidad de la existencia de un consejo que entre otras funciones tendría el recibir y revisar el informe que se le presente?
¿Sabe usted, señor senador, y tendrá usted oportunidad de hacer uso de la tribuna, cuál era el sentido de crear este consejo? El de supervisar la aplicación de fondos para investigaciones especiales. Si se requiere un fondo para investigaciones especiales que ahora se incorpora un elemento de supervisión, de transparencia y de control que antes no existía, pero yo le puedo demostrar que existía el fondo, que se empleaba y que se ejercía, con las mismas características que quedaron en la Ley y en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría en el sentido de su discrecionalidad y de la amplitud con la que se podían utilizar estos recursos y voy más allá, señor senador.
La prueba que estoy presentando, en lo que usted dice que yo vengo a demostrar la honestidad, no me corresponde. Simple y sencillamente vengo a establecer que quienes acusan, son los que tienen la responsabilidad de probar, porque lo que se ha hecho al trastocar el principio de justicia en este país, es que primero acusan y uno tiene la obligación de demostrar que de lo que lo acusan, es una falsedad.
Y ustedes y González Fernández, en algunas expresiones que podremos establecer y en su momento fincar también las debidas responsabilidades, estableció que hubo prefabricación de pruebas, refiriéndose a la osamenta que no está ofrecida como prueba en ninguna causa penal; que hubo desvío de recursos y comisión de delitos por la aplicación de recursos de la Procuraduría en investigaciones especiales.
Pero ¿sabe a quién corresponde en todo caso decir la verdad jurídica? Al juzgador.
¿Y sabe a quién le corresponde actuar en la política con verdad? Al político, señor senador.
Y si usted es político, no me podrá dejar mentir ni tampoco mentirá, de que hay una declaración pública de que el Presidente de la República, tenía conocimiento de estas prácticas para las investigaciones especiales e insisto, cuando me interrumpió iba a fabricar también una reflexión en el sentido de que no va en descargo de la responsabilidad del procurador ni de cualquier agente de la Procuraduría el que el Presidente de la República..., de que el Presidente de la República estuviese enterado.
Dice una carta remitida por el doctor Carlos Almada, vocero de la Presidencia: "respecto a los presuntos pagos realizados por la misma dependencia a la señora Francisca Zetina" referido en la misma nota periodística, debe precisarse que el entonces Procurador General de la República al informarle al Presidente del supuesto hallazgo en la finca "El Encanto", comentó que la persona que la persona, que proveyó la información del caso se haría acreedora a una recompensa ofrecida por la PGR en octubre de 1994, a quien ofreciera datos para la localización del señor Manuel Muñoz Rocha.
"En respuesta a este informe y a todos los demás que durante su gestión rindió el señor ex procurador Lozano, la instrucción del Presidente de la República fue la de proceder estrictamente conforme a derecho, en la búsqueda de la verdad y la procuración de justicia" y después volveré a este documento.
Esto es exactamente lo que sucedió, que el señor procurador en aquel entonces Antonio Lozano Gracia, presentaba informes al Presidente y que el Presidente, respetando el criterio jurídico del procurador, sólo lo exhortaba a que se condujera con apego a derecho.
Y es el caso de que la utilización de este fondo, que no es de la administración, que no es de uso exclusivo de la administración de Lozano, sino que como he señalado data de 1993, está apegado a derecho.
Y si no lo estuviera, entonces los procuradores desde 1993 han realizado la misma práctica y han incumplido las mismas normas y han cometido los mismos delitos, pero éstos no existen. Por lo tanto, tanto la instrucción como la vocación y voluntad de Antonio Lozano son rectas, son honestas, son limpias.
Finalmente, toda vez que habremos de intervenir cuantas veces sea necesario, si hemos dicho que no se ofreció la osamenta como prueba en causa penal alguna, también debemos de afirmar en esta tribuna que indefectiblemente la autoridad encargada del Ministerio Público está obligada a investigar. ¿Cómo despreciar, desatender o ignorar una línea de investigación que se ofrece a través de un anónimo y posteriormente se confirma a través de un hallazgo? ¿No era obligación de la autoridad investigar por qué había una osamenta en un lugar en donde no debía encontrarse? ¿De quién eran esos restos humanos? ¿Qué delitos podía implicar la presencia de esos restos humanos en ese lugar?
Si ustedes me dicen que no era obligación de la autoridad investigar entonces ustedes pueden tener razón en mucha de su argumentación, pero si era la obligación de la autoridad investigar y luego toda vez que podían existir como de hecho pueden existir delitos del fuero común se comparte el hallazgo, la evidencia y la responsabilidad de investigar con la Procuraduría del Distrito Federal, tendrían ustedes que explicarme por qué si lo que se pretendía era construir una prueba, prefabricar un culpable, ¿por qué no se hizo como en otro tiempo un dictamen por la propia Procuraduría General de la República y con él consignar, con él incrementar la causa penal en contra de Raúl Salinas de Gortari con los huesos y el simple peritaje de la Procuraduría General de la República, como se hizo por ejemplo en otro tiempo, con un peritaje de una firma, que bastó el simple dicho de los peritos de la Procuraduría General de la República?
¿Dónde hay más voluntad de búsqueda de la verdad, en el peritaje exclusivo de la Procuraduría General de la República en materia grafoscópica, en aquella acta en aquella solicitud de licencia de un ahora ex diputado o hay más vocación de búsqueda de la verdad cuando se comparten los elementos y la investigación con otra Procuraduría y se acude a peritos aun en el extranjero? Esperaré su respuestas y con mucho gusto volveremos a subir.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra la diputada Rosario Guerra.
La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz:
Gracias.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que los hechos que se están suscitando actualmente son realmente lamentables, colocan a nuestro país en una situación internacional difícil, bajan muchísimo la moral al pueblo de México y obviamente cuestionan muchas cosas.
Yo quiero señalar, porque se ha hecho un llamado a hablar con la verdad y lo asumimos así, que cuando yo conocí a Antonio Lozano Gracia en aquella LIV Legislatura, donde fuimos por primera vez compañeros, siempre fue una gente que actuó con integridad, que defendió las banderas de su partido y que actuó en consecuencia con la ideología del mismo. Que tanto él como Abel Vicencio Tovar, que eran una buena pareja, una buena mancuerna en la LIV, trabajaron arduamente en una Cámara muy difícil, una Cámara de escándalo y que dentro de las diversas corrientes, algunas muy "hoolligans", como dicen mis compañeros, la representada por Fox por ejemplo, este grupo de diputados panistas de alguna manera nos representaban a muchos priístas una parte de una conciencia de seriedad y de responsabilidad.
De ahí nació una relación con Antonio Lozano en lo personal, que se prolongó más allá de la LIV Legislatura y que se reencuentra en la LVI Legislatura, cuando él es nombrado por sus compañeros coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional. Nos dio mucho gusto que así fuera, porque se reconocía de alguna manera una línea de trabajo y una línea de testimonio en cuanto a una conducta específica dentro de las diversas corrientes que caracterizan a todo partido político.
Cuando Antonio Lozano pide licencia para irse a la Procuraduría General de la República, yo lo tengo que decir y lo comenté con él, a mí me llamó la atención su valor, porque finalmente él era un hombre que tenía una trayectoria seria y el reto era muy difícil, era un reto que iba indudablemente a trastocar su vida personal, su vida familiar, su circunstancia y su situación, era un reto que lo trascendía a él mismo, que implicaba a la nación y que implicaba desde luego un abanderamiento político de un partido.
Si bien es cierto que con toda la honestidad del caso él se retira de su propio partido también en las funciones de Procurador General de la República, lo cierto es que dada su vida y dada su trayectoria era muy difícil que en la opinión pública esto permeara, siempre se le ubicó como el procurador panista y esto no es politización, es simple y sencillamente referencia en cuanto a opinión pública.
¿Por qué Zedillo le ofreció a Antonio Lozano Gracia ser Procurador General de la República? Lo desconozco, pero puedo asumir que la idea fundamental, por lo menos en las reflexiones que hicimos con mis compañeros diputados, estaba en buscar credibilidad, en volver a generar confianza, en darle a las instituciones y al régimen de partidos una oxigenación a efecto de que la propia vida política del país cambiara.
Al efecto hicimos muchas reformas, reformas muy importantes a la impartición de justicia, a su administración, las hicimos de consenso salvo el caso del PRD que no votó estas reformas, en general son reformas que vienen a perfeccionar mucho la autonomía e independencia de la Procuraduría y también del Poder Judicial Federal.
Las hicimos todos nosotros, las votamos porque creímos que así se hacía camino en el perfeccionamiento de uno de los temas que más laceran a la sociedad que es su seguridad y la justicia; un tema al que todos somos sensibles, al que todos estamos dispuestos a colaborar. A mí me pareció por lo tanto que la propuesta que se le hiciera a Antonio Lozano Gracia y que éste aceptara, correspondía a una responsabilidad que el diputado nuestro compañero asumía con valor.
En muchas discusiones internas en mi partido muchos compañeros nuestros no estaban de acuerdo con las reformas que se plantearon. Recordará Cruz Acevedo el 16 constitucional, recordarán nuestros compañeros de la Comisión muchos y muchos temas en los cuales obviamente hubo una gran dificultad en generar consensos para todos los aspectos de procuración de justicia.
En estas discusiones internas hubo una compañera cuyo nombre omitiré por el momento, que se negó rotundamente a apoyar alguna de las reformas, básicamente porque la Procuraduría General de la República estaba a cargo de un panista y ella no confiaba en que pudiera tener imparcialidad para el control del espionaje telefónico aun cuando en la fracción priísta y de consenso en una serie de ejercicios, hicimos un dictamen muy claro de cómo y por qué íbamos a votar las reformas constitucionales.
En esto coincidimos con muchos hombres, diputados y compañeras de mi partido de Acción Nacional, en esta búsqueda de perfeccionamiento de las instituciones. En ese sentido yo creo que en esta Cámara hemos cumplido, yo siento que quienes hemos impulsado todo esto hicimos lo correcto. Independientemente de eso, es cierto, muchos compañeros nuestros, y mí como coordinadora del sector más numeroso de la Cámara más plural, se me cuestionó mucho ¿por qué se apoyaba tanto al procurador Lozano?, ¿por qué las tres comisiones, Asamblea, Cámara de Diputados y Senado quedaban en manos de la Presidencia de Acción Nacional? y ¿por qué teníamos que someternos? ¿era el término que algunos de ellos utilizaban? a este tipo de acuerdos en los que desconfiaban y siempre platicamos y logramos los consensos y no hubo fisuras, que lo importante en estos casos es el bien de la nación, no las circunstancias de coyuntura ni las circunstancias partidistas.
Que finalmente a quien más lesionaba la muerte de Luis Donaldo, a quien más agraviaba el asesinato de Ruiz Massieu, pues era a los priístas porque encima de la pérdida, encima del dolor, encima de todo esto venía después el desprestigio, lo que aquí ya han planteado las acusaciones sin fundamento que lanzadas con ligereza ni siquiera se prueban; la cuestión de señalar a los propios compañeros de Luis Donaldo como sus victimarios, la cuestión un descrédito generalizado para el país, la muerte de Luis Donaldo y su asesinato no lesionó al PRI, lesionó a la nación entera y esas balas no iban solamente para nuestro partido, trascendieron desde luego y cambiaron también el sistema político mexicano.
Tampoco nos hemos equivocado al cambiar el sistema político mexicano con una reforma electoral que es más profunda y que deja en claro la transparencia del sufragio, la posibilidad real de alternancia en el poder y la posibilidad real de una nueva etapa democrática en el país.
¿Que no les gustó a muchos compañeros priístas? Sí es cierto, lo discutimos mucho, por muchas horas, en muchos debates y finalmente lo que prevaleció, más allá de los intereses partidistas fue el interés de la nación. El país reclama una nueva forma de articulación de la organización gubernamental, reclama una nueva forma de organización de la impartición de justicia, reclama transparencia, reclama claridad, reclama una serie de retos en los que todos los hombres de bien de este país que confiamos en mujeres, que confiamos en que esto es posible hacerlo, nos dedicamos a la tarea de empujarlo, con entusiasmo y con convicción.
No fue fácil. Muchos compañeros míos me tacharon, inclusive, de propanista, me comentaron en muchas ocasiones que no estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaban cuando surgió el tema de "los huesitos". Cuando todo mundo se preguntaba "bueno, cómo es este hallazgo espectacular a través de medium y luego plantas al muerto en el jardín de tu casa, pues está muy raro, ¿no?" Pues sí compañeros pero; sin embargo, y a pesar de las dudas, mantuvimos el decoro como fracción y mantuvimos nuestra palabra en el sentido de que ése le había dado la confianza a Antonio Lozano Gracia y por lo tanto se mantenía la posición que como fracción teníamos en cuanto a su actuación.
Dudas había, desde luego que las había. Voces dentro del partido también, que cuestionaban toda esta situación, desde luego que las había no es que fueran acalladas, simple y sencillamente los consensos internos y la dinámica de acuerdos que nosotros tenemos que no siempre hacemos pública nos obligaban a guardar respeto y a ser solidarios con nuestro compañero de Cámara, porque confíabamos en que finalmente saldría la verdad a flote; porque confiábamos que bueno, los incidentes, los atentados sufridos en la casa de nuestro compañero Salinas, incidentes aislados que se habían dado, nos preocupaban en función, pues de todo lo que estaba sucediendo y nosotros no teníamos elementos suficientes como para poder saber qué estaba sucediendo y no nos quedaba más que o confiar o denunciar y en ese sentido decidimos mantener nuestra palabra, mantener nuestra congruencia y llevar adelante esta situación.
Lo comento porque, bueno, finalmente ustedes comprenderán que los reclamos que yo tengo por parte de mis compañeros priístas están a la orden del día y no se trata de un problema de partidización de lo que ha sucedido, es algo mucho más grave que eso. El problema de fondo es cómo es posible que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, finalmente siguen dominando intereses particulares y sigue siendo el país rehén de una feria de grupos y toman esos grupos por las razones que sean a la opinión pública y las siguen sorprendiendo.
Pensábamos que nuestra capacidad de sorpresa había llegado al límite de la estupefacción con los asesinatos políticos que no se registraban en este país desde los años veinte.
Fue muy difícil para nosotros enfrentar las nuevas realidades, lo hemos hecho con valor y con decisión de crear un nuevo país, de crear un nuevo sistema económico no solamente por las Afore, sino porque generamos una nueva forma en lo económico, de ahorro popular masivo obligatorio que va a traer empleos e inversión a este país, porque en lo político abrimos una nueva forma de interrelación entre los actores políticos y le dimos solidez a los partidos, acabando con los linchamientos del anti lo que fuera, garantizando un sistema de partidos, con financiamiento público, que pudiera salir al paso de intereses corporativos, de intereses de grupo, intereses de clase, intereses que en un determinado momento, no porque dejen de ser válidos y legítimos pueden estar en contra de la nación.
Por eso hemos hecho los priístas con responsabilidad los cambios, por eso aspiramos legítimamente a seguirlos haciendo. Pero ése será tema que la opinión pública deberá dirimir en el proceso electoral. El tema de hoy es grave. Nos quedan a nosotros muchas dudas; estas dudas ustedes las conocen, nosotros las planteamos, ¿quién las debe responder? ¿Quién sembró el esqueleto? ¿Por qué? ¿Por qué en el jardín de la casa se iba a sembrar un esqueleto? ¿Por qué la línea de investigación siguió a medium y hechiceras? Se tenía que investigar todo.
Me parece adecuado el planteamiento, pero ¿Por qué en una, nos acordamos perfectamente, conferencia televisiva, que no se utilizaron los huesitos para el proceso penal? No lo sé, pero a todos nos consta, lo oímos, lo vimos, la festinación que se hizo de que ésos eran los huesos de Muñoz Rocha, de que eso era resultado de una investigación seria y de que esto era una línea de investigación que efectiva y prácticamente terminaba con el caso, que se había hecho una situación y ante la duda, la respuesta tajante: no se siembran cada vez en México, no se hacen sobornos, no se crean testigos.
Como lo dije, motivo de confrontamiento y discusión al interior de mi fracción, si, y dura. Sin embargo mantuvimos nuestra línea.
¡Por qué se habla de pagos millonarios? ¿Quién los hizo? ¿Quién los autorizó? ¿Se trata efectivamente de recompensas por testimonios o se trata de sobornos? ¿Están o no están dentro de la ley? ¿Es o no este recurso proveniente del aseguramiento de bienes legítimos para el pago de este tipo de testimonios y de recompensas? ¿Es o no legal su origen y su aplicación.
Cuando hablamos de bienes asegurados y este fideicomiso se creó en ese sentido y nosotros estuvimos de acuerdo cuando se hicieron las reformas y cuando se legisló, básicamente para poder coadyuvar a un equipamiento, el poder llevar adelante las tareas de armamento etcétera, modernizando a las policías en los combates frente a un mal terrible, canceroso que a todo mundo preocupa que es el narcotráfico, el crimen organizado, en fin.
¿Quién pagó, quién autorizó el pago? ¿Por qué la Oficialía Mayor dispone de estos recursos? ¿Se trata de recursos públicos o exclusivamente de bienes asegurados? ¿Son parte o no del ejercicio público, son partidas secretas o no son partidas secretas? ¿Cuál es el papel del oficial mayor Gándara en las autorizaciones y los pagos que se hicieron? ¿Por qué Chapa paga estas cantidades tan impresionantes dando por hecho este tipo de cuestiones, aún suponiendo que era válido ese tipo de mecánica? ¿Autorizó Antonio Lozano Gracia todo esto o lo desconocía? ¿Creyó en eso o no lo creyó.
Si me dicen: bueno, mandó hacer 23 peritajes y tenía la duda sobre los huesitos. No, pues los huesitos era un tema por el que empezó el asunto, pero que no despejaban y no despejan hoy muchas incógnitas. ¿Quién se benefició de esto? ¿Por qué se hizo? ¿Cuáles son los fines ocultos atrás de toda esta actuación? ¿Estamos hablando de mala fe? ¿Estamos hablando de ingenuidad? ¿De qué estamos hablando, porque de responsabilidades es muy claro, ahí no hay duda.
En las reformas que hicimos a la Constitución Política en 1994 y en este afán de darle autonomía a la procuración de justicia, hay un texto constitucional que nosotros votamos y que dice: "el Procurador General de la República y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que ocurran con motivo de sus funciones". No es responsable, por lo tanto, más que el procurador; es el texto que nos rige, es la ley que votamos, son las reformas que hicimos.
No se trata de a ver quién tiene la responsabilidad. Es muy clara e inclusive este tratamiento se dio para garantizar la autonomía, no para utilizarla de otra manera y ésa es una de las dudas, ¿por qué el engaño, por qué la burla?, ¿quién falló? ¿Falló Antonio Lozano Gracia, falló Gándara, falló Chapa Bezanilla, fallaron todos; qué le informó a Antonio Lozano Gracia al Presidente, con qué precisión, en qué términos, a quién beneficia?, si en un extremo tenemos a Raúl Salinas de Gortari, efectivamente.
Con todo esto se distorsionan las líneas de investigación y se pierde tiempo y los procesos siguen corriendo.
Yo estoy de acuerdo que hay muchas dudas, nosotros no creemos en la inocencia de Raúl Salinas de Gortari, pero como también dijo uno de mis compañeros, no se trata de creer, se trata de hechos claros y precisos. Nosotros no podemos pensar que está fuera de culpa una gente que cambia de entidad, saca dinero, esconde, lo hace en forma subrepticia y de repente se piense que no hay ningún tipo de responsabilidad. Obviamente no, obviamente no podemos creer que son legítimo los montos de recursos que este hombre manejó.
Obviamente nosotros estamos interesados en que se haga justicia, en que se conozca la verdad.
Si se trató, pues, de recursos extrepresupuestales, ¿quién autorizó su utilización en la forma que se hizo, por qué? Yo sí creo que deben enfrentarse estas preguntas con seriedad.
El Congreso, el Ejecutivo, tenemos cada uno su parte de responsabilidad. Yo no creo que me haya equivocado, pero finalmente en la actuación que cada uno asume es responsable y espero que esto se aclare, porque todas estas dudas son legítimas y válidas, me las han planteado los compañeros y creo que coinciden con las que la opinión pública nos hace.
¿Cómo debemos tomar las cosas? No partidicemos, me dicen, estoy de acuerdo, no se trata de hacer escarnio. Esto no beneficia al PAN, tampoco beneficia al PRI y finalmente no beneficia al país en su conjunto. No es un avance, es un retroceso, en eso estamos totalmente de acuerdo.
¿Cómo tomar, por ejemplo, las declaraciones de García Villa, que dice que si tocan a Lozano Gracia se van a saber muchas cosas? ¿A qué nos está invitando?, ¿él sabe algo, es un régimen de complicidades lo que quiere construir? Desde aquí se lo decimos: no lo aceptamos de ninguna manera. Si tienen algo que decir García Villa y Lozano Gracia, que lo digan, no nos manden amenazas diciendo que si se le toca se van a saber muchas cosas. No tenemos nosotros nada que ocultar, nuestra conciencia está tranquila.
Evitemos los chantajes, evitemos los abusos, estoy de acuerdo, no es eso lo que quiere el pueblo de México. Yo tengo dudas, efectivamente muchas dudas no despejadas, una de ellas, que a lo mejor mi compañera Lety me ilustra, ¿cuál es el status del asesor jurídico del PRD, Mario Ruiz Massieu? ¿Sigue el diputado Leonel Godoy asesorándolo, o nada más le maneja el carro o algunas otras cosas.
Entonces, simple y sencillamente quiero señalar que en esa partización, el primero que hizo muchas de las cosas de las que hoy se arrepiente está el PRD.
Aquí nadie ha salido bien librado, y eso no nos ayuda a nadie. Yo quiero, por lo tanto, dejar muy precisa la situación de mi partido, de mi persona como conductora en esta Cámara de muchos acuerdos y de muchos consensos, que yo sostengo y que creo válidos y legítimos en aras del interés nacional, ¡y creo que hemos hecho lo correcto! Simple y sencillamente hago un llamado a mis compañeros en que no personalicemos esta situación, en que tratemos de tener la frialdad, la imparcialidad a la que estamos obligados cuando se trata de asuntos de interés nacional que agreden instituciones y que lesionan severamente al pueblo de México. Esa sería mi reflexión.
Muchísimas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, por cinco minutos.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Preguntas interesantes las de la compañera, muy estimada, Rosario Guerra. La primera pregunta que intentaré responder, la responderé con un argumento incontrovertible, cuando menos no se le puede controvertir al PAN.
La actitud del PRI, según afirma la diputada Guerra, es en aras de la búsqueda de la verdad y producto de un desencanto y de una desilusión, porque lo que podría ser una práctica, un ejercicio de búsqueda de credibilidad, de la recuperación, de la confianza en las instituciones que llevó al presidente Zedillo a nombrar a un procurador de una militancia partidista a la de él, pues finalmente a los priístas les ha obligado a no estar de acuerdo y, a pesar de ella y de su sentimiento, han tenido que tomar una nueva actitud.
Yo les voy a decir cuál es la que dice el diputado Castelazo, que es la nueva actitud del PRI.
Viene en los medios, que es donde ha dicho el diputado Roque que es el debate y dice, leo textualmente de La Crónica, de fecha 5 de febrero de 1997, con cabeza, que no es responsabilidad de Castelazo, sino de la casa editorial: "la política de comunicación del PRI se fincará en los errores de Lozano Gracia". Es la cabeza de la nota.
Viene entre comillas lo siguiente, como el caso, refiriéndose al procurador y el caso de Ruiz Massieu, de los huesos y todo esto, dice: "... como el caso se da en medio de una campaña electoral, obviamente el elector no será ajeno a esta circunstancia y tendrá tiempo de valorar lo que hizo el señor Lozano y el señor Chapa en la PGR, dijo Castelazo".
En mi opinión, agregó: "... la gestión de Lozano fue un fiasco. Indicó que la estrategia de comunicación se dará en radio, televisión y medios escritos y contendrá mensajes al más puro estilo del líder priísta, Humberto Roque Villanueva, spot por spot, mensaje por mensaje, noticia por noticia".
Por eso es la actitud. Esta es la razón. Sé que ciertamente puede dolerle a la diputada Guerra, el que un compañero de ella de la LIV y también de la LVI, durante un mes, esté involucrado en esta campaña con estos propósitos, según el dicho del diputado Castelazo, entrecomillado y publicado en un medio, donde dice Roque se da el debate.
¿Quién se equivocó? ¿Quién falseó? ¿Quién engañó? ¿Fue Chapa? ¿Fue Gándara? ¿Fue Lozano? ¿Fueron todos?
La existencia de una subprocuraduría especial, creada por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en favor del primer subprocurador especial encargado del caso Colosio y del caso Ruiz Massieu, el licenciado Montes, subprocuraduría especial creada por decreto presidencial otorgando autonomía funcional al subprocurador especial.
El primer subprocurador especial acordaba personal, directa y periódicamente, no con el Procurador General de la República, sino con el Presidente de la República.
Chapa Bezanilla es subprocurador especial, virtud de ese decreto presidencial, en las mismas condiciones y alcances de esa decisión presidencial con autonomía funcional.
Ese es el origen jurídico de la existencia de esa subprocuraduría especial.
Pero no exacerbemos los argumentos, ya en el caso de Chapa Bezanilla se daba ciertamente una subordinación con el procurador Antonio Lozano, tampoco evadamos responsabilidades. No estoy aquí para defender la responsabilidad como funcionario público que sólo corresponde y en su actitud está absolutamente claro que es su deseo y propósito de presentarse ante las autoridades y ante cualquier foro en donde se plantee la necesidad de aclarar el ejercicio de su gestión por parte de Antonio Lozano Gracia no así de Chapa Bezanilla.
Espero que reflexione, y que en todo caso ésa si es una evidencia de quien está dispuesto a enfrentar de cara, con responsabilidad, como hombre de bien y a carta cabal, la responsabilidad pública que asumió de buena fe y también con muchas ilusiones, como las que tuvo en su momento y aquí nos narró la diputada Rosario Guerra.
¿Y de dónde esos fondos? ¿Eran presupuestales o simplemente provenían de bienes asegurados? ¿Pues de dónde los fondos de Carpizo? ¿Pues de dónde los fondos de Diego Valadez? ¿De Benítez Treviño? ¿Y de la primera parte de la administración de Lozano Gracia.
Y tratar de contrarrestar desde la interpelación que me hizo el senador Rodríguez Lozano, el hecho de la existencia de un consejo que revisara la aplicación de estos fondos, fuera cual fuera su naturaleza, porque no se había instalado y no funcionó, de todas formas no se instala y funciona para decidir sino para revisar y la aplicación de estos fondos sería revisada, y de hecho fue revisada por la Contraloría de la Federación.
Y yo espero que no sólo en el tiempo de Lozano, sino también la Contraloría de la Federación, haya revisado la aplicación de estos fondos desde 1993 cuando menos de Jorge Carpizo, de Diego Valadez, de Benítez Treviño y también de Lozano Gracia.
Ciertamente, ciertamente diputada Rosario Guerra, la naturaleza jurídica de estos fondos de si son públicos o privados están, bueno, las referencias que yo personalmente puedo darle y para ilustrar su juicio, están contenidas en algunos escuetos artículos, uno del Código Penal y otros del Reglamento a la Ley Orgánica de la Procuraduría, el 193 del Código Penal, los artículos 40, 41 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, el 7o. del reglamento, que sé yo. Esa era la normatividad existente y aplicable.
No está tipificado como delito y si bien es cierto podemos reconocer que estos fondos están en un ámbito incierto, nadie tiene derecho a atribuir a menos que obedezca a una campaña de spot por spot, noticia por noticia, golpe por golpe, imagen por imagen, el señalamiento a priori, público y publicitado, que degrada, que denigra, que descalifica la gestión de Lozano Gracia y menos apoyado como lo hizo Roque y en su momento también el vocero de la Presidencia, en el último párrafo del artículo 102 constitucional que nosotros aprobamos.
Yo me lo explico porque ni el doctor Almada que creo que es economista, que el doctor Zedillo, ciertamente es economista y Humberto Roque también es economista, puedan tratar de darle un alcance de responsabilidad penal personal a una declaración constitucional, de que el responsable de las gestiones y de las acciones de la Procuraduría es el procurador. Bueno, yo les puedo citar el artículo constitucional que dice que el Poder Ejecutivo radica en una persona que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y es responsable de toda la administración pública, pero no por ello vamos a señalar al presidente Zedillo como responsable de que se hayan robado en la caseta de cobro de la Tesorería del Distrito Federal el equivalente a una multa, no. ¿Me entendió? Qué bueno, me da gusto que alguien aquí que normalmente no entiende ahora entienda...
El Presidente:
Se prohiben los diálogos; por favor.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco en el pago de recompensas, en la asignación de pago a informantes, a soplones, por indicios, por pistas. ¿Es de ahora, es de México, es del mundo, de dónde es esta práctica en la procuración, en la investigación de los delitos? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco.
Se dice que no se pretende defender a los Salinas de Gortari. Se imputa al PRD el que Ruiz Massieu era su asesor durante unos días y la gran diferencia es que Carlos Salinas de Gortari, su poderío, su status de ex presidente en este país, de presidencialismo exacerbado, omnipotente, tiene un hermano en la cárcel y el PRI a Carlos Salinas de Gortari no lo ha expulsado de su partido, lo ha reconocido como miembro del mismo y, ahora, esta campaña de spot por spot, de golpe por golpe, de noticia por noticia, pretende llevar a la boleta electoral, si bien es cierto una foto que, a su juicio y desde su perspectiva daña al PRI porque es tomada detrás de las rejas de un alto personaje representativo del priísmo, por ser hermano del ex presidente, también se quiere que en las boletas electorales haya fotos de personajes tras las rejas que nos hagan iguales a todos, que nos denigren a todos, que presenten a todos como iguales, pero el problema es que no podemos ser iguales cuando no se le tiene miedo a Salinas y con causa que está conociendo el juez, se encarcela a su hermano y ustedes no son capaces de expulsarlo de su partido.
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Amador Rodríguez Lozano.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señor Presidente:
Hace algunos días, el 5 de febrero para ser exactos, Jorge Madrazo en su calidad de Procurador General de la República, durante el LXXX aniversario de la Constitución de 1917, nos exhortaba a todos los mexicanos a que no partidizáramos la justicia, su procuración y su investigación.
El día de ayer un grupo de diputados y senadores, miembros de las comisiones de seguimiento del caso Ruiz Massieu estuvimos con el Procurador General de la República con el propósito de conocer la información oficial de la Procuraduría sobre los incidentes que con posterioridad se han venido presentando a la opinión pública en el caso Ruiz Massieu. Ahí mismo todos los partidos que intervenimos, diputados y senadores, hicimos votos porque efectivamente esto de la partidización de la justicia no se realizara.
Sin embargo hoy hemos estado aquí escuchando algunas intervenciones que no buscan precisamente cumplir con el propósito que ayer todos proclamábamos seguir, sino que se ha utilizado la tribuna para hacer una serie de reflexiones políticas que requieren una contestación puntual del Partido Revolucionario Institucional.
Definitivamente la nación mexicana se encuentra verdaderamente confundida por los resultados que han efectuado o que han expresado los dictámenes que realizaron distintos técnicos y que expresó recientemente el Procurador General del Distrito Federal sobre la osamenta de "El Encanto". Ese fue precisamente el tema de la reunión de ayer con el Procurador General de la República, ahí se nos confirmó algo que todos deseábamos oír: que para la PGR existen suficientes pruebas para la presunción del delito de homicidio que en calidad de autoría realizó el ingeniero Raúl Salinas de Gortari.
Y efectivamente como aquí se expresó, mostrándolo como una verdad irrefutable y que busca distorsionar los resultados y sobre todo llevar el análisis de la opinión pública hacia otros caminos, estas investigaciones de la osamenta de "El Encanto", no tienen ningún efecto procesal sobre la causa principal de Raúl Salinas de Gortari, porque efectivamente no fueron presentadas en ningún momento como un elemento posterior y esto por supuesto que tenía que ser así, no nos quieran a todos pensar que no sabemos derecho.
Por supuesto que no lo podía presentar la fiscalía especial, porque todavía no tenía la seguridad de que fuera Muñoz Rocha. Sin embargo, tenemos que reconocer y eso es lo que está aquí a discusión el día de hoy, políticamente analizado, efectivamente son los jueces los que tienen que expresar la verdad histórica y decir quién es culpable y quién es inocente, aunque aquí el diputado Ricardo García Cervantes, al bajar de la tribuna emitió una sentencia propia del tribunal de la Santa Inquisición, para inculpar a Carlos Salinas de Gortari. Y antes también, emitió otra sentencia para exculpar a Antonio Lozano, diciendo que era un político recto, honesto etcétera, que nadie está aquí en estos momentos juzgando a Antonio Lozano.
Este es posiblemente un subconsciente que traiciona al diputado García Cervantes, porque en ningún momento aquí se ha dicho que Toño Lozano es culpable de algo. Pero sin embargo, hay una serie de circunstancias en la investigación, que la opinión pública reclama se sepa la verdad respecto a ellas. Se dice: "señores, ¿ustedes creen que si no se quisiera llegar a la verdad, se hubiese solicitado la intervención de 23 dictámenes extranjeros, de Dallas, de Carolina, de Chicago?", no, ése es el problema. Existen dos posibilidades que incluso yo plantee el día de ayer al Procurador General de la República, que fuera una nueva línea de investigación que se investigara a los investigadores y a sus investigaciones.
Es obvio, compañeros, que fue un montaje burdo, que fue una opereta burda, bufa, la que se presentó en "El Encanto". Pero ¿a quién beneficia el crimen?, dirían los clásicos de la investigación. Se buscaba, dirían unos, de manera artificial, para obtener un éxito resonado, un éxito ante la opinión pública que elevara hasta el infinito las facultades investigadoras de la Procuraduría General de la República, y por cierto, si esto no se puede desvincular a su titular, y por eso se fabricó artificialmente todas estas pruebas, y dar un golpe de opinión pública, mostrando lo que todos conocimos a través de todos los medios de comunicación. Esta es una posibilidad. Sin embargo caería esta opción con los dictámenes que se solicitaron.
Pero existe otra, otra que debe ser investigada, y que no estoy prejuzgando ni estoy diciendo que efectivamente se realizó de esa manera, pero que necesariamente es una línea de investigación, que debe profundizar la Procuraduría General de la República. ¿Era Chapa Bezanilla un agente doble? ¿Estaba a sueldo realmente y no necesariamente económico, sino político, de los Salinas de Gortari? Porque ésa sería la otra conclusión.
La investigación se fabrica de tal manera burda, se monta de tal manera este escenario, se planta este cadáver que a todas luces todos vimos ya se le había realizado una autopsia. Se mandan los dictámenes que por supuesto, debo de decir también, los dictámenes, sus resultados, no se conocieron hasta que estuvo como Procurador General de la República, Jorge Madrazo. No sabíamos cuáles iban a ser los resultados. Por supuesto, no estoy tratando de insinuar nada, pero no se conocían. Y sin embargo sí es importante que se sepa que Jorge Madrazo dijo que si existe confusión en los dictámenes periciales, iba a traer al mejor investigador forense del mundo, que es un francés que no recuerdo su nombre. Y eso también sirvió de alerta a quienes estaban realizando los dictámenes, porque iban a ser también compulsados esos dictámenes con la autoridad más importante en esta materia. Pero ése es otro tema.
Aquí la segunda posibilidad es que sabiendo que eso iba a ser descubierto por la opinión pública, que se iba a conocer que este esqueleto no era de Muñoz Rocha, tenía un efecto muy contundente en la opinión pública. Y tenía un efecto muy contundente si bien no en el proceso, porque efectivamente como bien dijo aquí el diputado García Cervantes, no se presentó, no se aportó en el proceso, sí en la mente del juzgador, sí en la opinión pública, y debo decir también que seguramente servirá como elemento de prueba para la defensa, que no le estoy dando ninguna idea, de ninguna manera, pero en la reflexión tenemos que llevar a cabo esta hipótesis, que esta mascarada era con el propósito de darle elementos a la defensa para que pudiera desvirtuar las investigaciones y la acusación en contra de Raúl Salinas de Gortari y esto, compañeras y compañeros legisladores, debe ser un elemento de investigación de la Procuraduría General de la República y el Procurador nos afirmó que esta línea de investigación sería aquí seguida.
Pero existen otros elementos que aquí deben de analizarse y considerarse, porque se trajeron a la tribuna.
Efectivamente, desde hace mucho tiempo, existe una gran ambigüedad en el manejo de los bienes asegurados y efectivamente desde hace mucho tiempo esos bienes se manejan con una gran discrecionalidad. Ese no es un tema novedoso. Fue incluso, y lo recordarás Rosendo, uno de los temas que nosotros como Cámara de origen manejamos en el dictamen de la Ley en Contra de la Delincuencia Organizada, porque para nosotros aquí hay una fuente de arbitrariedad y posiblemente de corrupción.
¡Y habrá necesidad y existe la necesidad de que el Congreso de la Unión muy prontamente, como se dice en el propio dictamen elaborado por las comisiones en la Cámara de Senadores, pueda aprobar una ley que regule, precisamente, esta ambigüedad! ¡Hay aproximadamente tres o cuatro leyes o cinco que contradictoriamente regulan ese tema!
¡Pero ése tampoco es el punto de discusión aquí! ¡Ni tampoco si se podría o no ofrecer recompensas, aún y cuando no existe ninguna legislación, ningún reglamento, donde..! Bueno en ese momento no existía para poder ofrecer una recompensa; existe sí ahora la Ley de la Delincuencia Organizada, aprobada en noviembre-diciembre, que al Procurador General lo faculta para ofrecer recompensas.
¡Pero aquí el punto no es si el Presidente conocía o no esta recompensa que se le ofreció a " La Paca"! ¡Aquí el punto no es si se dio o no se dio ese millón de pesos! ¡Que no solamente es un millón de pesos, sino que se dio 1 millón de pesos a "La Paca" en un cheque, que ayer nos fue mostrado, a nombre precisamente de Francisca Zetina y uno de 2 mil 500 millones de pesos en efectivo a Ramiro Aguilar Lucero!
¡Si fueran dados en un ejercicio público para premiar a una persona o personas que ofrecieron información para poder castigar a un delincuente peligroso en contra de la sociedad, no solamente sería legítimo en esta ambigüedad legal, sino además debería de ser aplaudido!
¡Pero ese no es el punto! ¡El punto es: fue efectivamente ese dinero otorgado como una recompensa en reciprocidad por la información que se otorgó o fue pagado con este subterfugio de la recompensa para pagar los servicios prestados por "La Paca" en otra cantidad de actividades y bien en esta importante de "sembrar" el cadáver!
¡Esa es la duda! ¡No tenemos ninguna solución porque no nos compete a nosotros dar soluciones! ¡Esa es otra de las investigaciones que está realizando en este momento la Procuraduría! ¡Ha declarado ya a cinco personas y van a seguir las investigaciones! ¡Y por supuesto que si es necesario deberá ser llamado el ex procurador Lozano! ¡Pero no cuando él quiera, sino cuando la averiguación así lo exija; y si no lo exige la averiguación pues no tendrá por qué declarar el ex procurador Lozano:
Entonces el punto es: ¿fue efectivamente ese dinero utilizado para pagar una recompensa legalmente ofrecida o bien fue un subterfugio para pagar favores? Este es el punto que tiene que investigarse.
Pero hay otro que no se mencionó aquí: ¡500 mil dólares otorgados a Rodríguez González que no se mencionó, que ése es el punto:
En el caso de "La Paca" Zetina está el cheque a su nombre. En el caso de Aguilar Lucero se le otorga el dinero en efectivo y hay un documento firmado. Pero en el otro, los 500 mil dólares, en estos 500 mil dólares el cheque va, a nombre genérico "de una investigación especial y/o el responsable en aquel momento de la dirección general de bienes asegurados". ¡Este es otro punto que está ahí oscuro! ¿Por qué se le otorgó a un testigo 500 mil dólares? ¡Es otro punto que tiene que dilucidarse:
Y hasta aquí no estoy inculpando absolutamente a nadie, son simplemente elementos que arroja la investigación. Pero que no se pretenda traer aquí una serie de elementos para exculpar a Antonio Lozano antes de que se le acuse. Nadie lo está acusando. Sí he dicho y lo he dicho yo en reiteradas ocasiones, que se hizo mal manejo de los bienes asegurados y ahí está el caso de los bienes del Grupo Aztlán que se le entregaron a municipios panistas en Coahuila y en Durango y el gobierno del Estado, porque aquí en la Permanente el año pasado íbamos a sacar el tema y entonces dijeron: ...¡es la verdad! y ahí está la maquinaria en poder de estos municipios, que todos son de filiación panista.
Por eso los bienes asegurados se tienen que regular, no podemos... El hecho de que así haya sido siempre no significa que así debe ser y tuvimos que dar una batalla muy dura cuando tratamos, y perdimos esa batalla, de incorporar de manera tajante que esos bienes asegurados deben estar bajo la administración del Poder Judicial Federal y que una vez que sean decomisados entonces tendrán otro tratamiento, pero los bienes se manejaron de una manera total y absolutamente irregular.
Estos son pues, compañeros, los aspectos que están en la discusión, son los aspectos que exigen, que demandan una solución pronta, son los aspectos que la Procuraduría General debe investigar profundamente, porque la nación mexicana está herida, está herida por estas bufonadas, está herida por estas actitudes escandalosas, que por cierto si la indagatoria es confidencial ¿por qué se llevó tanta televisión?, ¿Por qué no se realizó la indagatoria de manera confidencial como lo dice la ley? y después que se tuviera la certeza se hubiese dicho: ¡aquí está Muñoz Rocha! ¡No!, se llevó la televisión, la radio, corresponsales extranjeros, la prensa y de manera escandalosa se nos quiso mostrar algo muy burdo. ¡Eso es lo que exige y demanda la sociedad mexicana: ¿por qué sucedió?, ¿Cómo sucedió? ¿Qué estuvo atrás de esto.
Muchas gracias.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a proceder a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de febrero de 1997.
De la próxima sesión.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXVI aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Argentina.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Antonio Ramón Mimendi, Armando Arturo Núñez Cabrera, Tomás Cornelio Valencia Angeles, René Carlos Aguilar Páez, Marco Antonio Meza Barajas, Mario Marco Antonio González Barreda, Roberto Gustavo García Vergara, Víctor Manuel Ortiz Bermán, Rafael de Jesús Ballesteros Topete y Néstor Mayren Solano, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Sergio Ley López, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Indonesia.
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a varios ciudadanos, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de Turquía, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:33 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a las 11:00 horas.
| Afore | Administradora de Fondos Para el Retiro |
| BCS | Baja California Sur |
| Cereso | Centro de Readaptación Social |
| Cisen | Centro de Investigación y Seguridad Nacional |
| Consar | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
| D.F. | Distrito Federal |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Inbursa | Inversora Bursátil, Sociedad Anónima de Capital Variable |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| Siafore | Sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro |
| Siefore | Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro |