SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del CLXVI aniversario luctuosos del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: José Angel Gurría Treviño, Roberto Miranda Sánchez, Juan Antonio Mateos Cicero, Pedro José González-Rubio Sánchez, Herminio Alonso Blanco Mendoza, Rafael Tovar y de Teresa, Enrique Vitela Riba y Juan Rebolledo Gout, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicha nación. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: Antonio Ramón Mimendi, Armando Arturo Núñez Cabrera, Tomás Cornelio Valencia Angeles, René Carlos Aguilar Páez, Marco Antonio Meza Barajas, Mario Marco Antonio González Barreda, Roberto Gustavo García Vergara, Víctor Manuel Ortiz Berman, Rafael de Jesús Ballesteros Topete y Néstor Mayren Solano, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
Oficio del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, con el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos: Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, José Francisco López Ibarra, Vivian Angélica Barroso Soto, Juan Adrián Orta García, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Arturo F. Ayala Covarrubias, Luis Daniel Meza Lizárraga y Amelia Camacho León, puedan prestar sus servicios en la Embajada y en sus consulados generales de Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de ese país. Es de primera lectura.
Diez dictámenes de la Segunda Comisión, con los que ratifican los grados militares de los ciudadanos: Enrique Canovas Buenrostro, Fernando Cardoso Partida, César Augusto Aguirre González, Raúl Morales Morales, Marcelino Mendoza Jardines, Luis Angel Francisco Cabeza de Vaca Avalos, Alfredo Arellano Raygoza, César Juan López Caballero, José Luis Martínez Castillo, Sergio López Esquer, para los efectos de la fracción Vll del articulo 79 constitucional. Aprobados los proyectos de decreto. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jorge Chino Valdés, María de Lourdes de la Mora Ramos, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México, los dos primeros y los siguientes dos en los consulados generales en Tijuana, Baja California y en Mérida, Yucatán, respectivamente. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas: Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Asebedo Rivera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Víctor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Respecto a dicha conmemoración, se concede el usa de la palabra a la diputadaMaría Lucero Saldaña Pérez.
Hablan al respecto los legisladores:
Rosendo A. Villarreal Dávila, quien presenta punto de acuerdo.
Amado Jesús Cruz Malpica
Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras.
Comentan respecto a las declaraciones de Antonio Lozano Gracia, ex titular de dicha dependencia, los legisladores:
Angel Sergio Guerrero Mier
Francisco José Peniche y Bolio
Ricardo Monreal Avila
Alejandro Moreno Berry
Alejandro González Alcocer
Juan Manuel Cruz Acevedo
Félix Salgado Macedonio
Sobre el problema de trabajadores mexicanos indocumentados en los Estados Unidos de América, habla el diputadoAlejandro Moreno Berry, quien presenta propuesta que se turna a las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores.
Para referirse a lo desarrollado en esa materia por parte del Banco de México, expresan sus opiniones los legisladores:
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Ifigenia Martha Marines Hernández, para contestar alusiones personales.
Comentan respecto a la movilización de personas provenientes de esa entidad hacia la Ciudad de México, en contra de Pemex los legisladores:
Auldarico Hernández Gerónimo
Carlos Chaurard Arzate
Auldarico Hernández Gerónimo, para rectificar hechos.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, se refiere a problemas surgidos dentro de ese país, resaltando los de la región vasca.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 23 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:10 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 12 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXVI aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Ocho por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Argentina.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios, de varios ciudadanos mexicanos para ratificar grados militares, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
Del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a varios ciudadanos, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos para prestar servicios en las embajadas de: Estados Unidos de América, Chile y Turquía en México.
Sobre el Día de la Mujer, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Alianza sobre el Crecimiento y Recuperación Económica en Materia de Tarifas Eléctricas, a cargo de los diputados Manuel Beristáin Gómez y Amado Cruz Malpica de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.
Sobre las declaraciones del ex procurador general de la República, a cargo del senador Angel Sergio Guerrero Mier, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre trabajadores mexicanos indocumentados y su posible expulsión a México, a cargo del diputado Alejandro Moreno Berry, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre la política monetaria del Banco de México, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre asuntos del Estado de Tabasco, a cargo del senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Pronunciamiento sobre el país vasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el viernes siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las trece horas con treinta y ocho minutos del viernes siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión ordinaria anterior, misma que, sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado Jesús Guillermo Acebo Salmán, con la que solicita licencia. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo, en votación económica.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo y Nayarit, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Dos oficios del gobernador del Banco de México, con los que remite la exposición sobre política monetaria propuesta por la institución para el ejercicio de 1997 y el informe del presupuesto de gasto corriente e inversión física de la institución, para el mismo ejercicio. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda de la Cámara de Senadores.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicitan los permisos constitucionales para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón:
Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
Se turnan a la Primera Comisión.
Un oficio de la misma Secretaría, con el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al ciudadano Sergio Ley López, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Indonesia. Se turna a la Primera Comisión.
Un ocurso del ciudadano Carlos Fuentes, con el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Se somete a discusión y sin ella se aprueba por unanimidad, un dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero, como magistrado de la sala regional del Tribunal Fiscal de la Federación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Tinajero Guerrero y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al magistrado hasta las puertas del recinto.
De la misma manera se pone a discusión un dictamen de la Primera Comisión, relativo a los nombramientos de varios ciudadanos mexicanos, como magistrados del Tribunal Agrario Superior y del Tribunal Unitario Agrario. Se aprueba por unanimidad y se turna al Poder Ejecutivo Federal.
El Presidente, designa una comisión para que introduzcan en el salón a los magistrados y los acompañen en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión los acompaña hasta las puertas del recinto.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alejandro Maldonado Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea. Se aprueba por unanimidad y se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Expresan sus opiniones sobre elecciones sin presos políticos, los legisladores: Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones, las dos últimas para rectificar hechos y Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos.
Para referirse al caso de la ciudadana Claudia Ramírez Ferrando, hacen uso de la palabra las legisladoras Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional y María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras.
Debaten sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro y las administradoras de fondos para el retiro, los legisladores: Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, en cinco ocasiones, las cuatro últimas para rectificar hechos; Jesús Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Antonio Godina Herrera, del mismo partido; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Armando Gamboa Enríquez, del Partido Revolucionario Institucional y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del mismo partido.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo firmado por los cuatro grupos parlamentarios, respecto del mismo tema, que se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Sobre diversos problemas laborales en la Universidad Pedagógica Nacional, hace uso de la palabra la legisladora Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Expresan sus opiniones respecto al crimen cometido en contra del ciudadano Ruiz Massieu, los legisladores: Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; María del Rosario Elena Guerra Díaz, del Partido Revolucionario Institucional y Amador Rodríguez Lozano, del mismo partido.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura a una invitación.
«Ciudadano diputado Juan José Osorio Palacios, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXVI aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en el jardín de San Fernando, ubicado en avenida Hidalgo y Guerrero, delegación Cuauhtémoc, el día viernes 14 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.- Licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:
Senador Israel Soberanis Nogueda y diputado Armando Gamboa Enríquez.
ESTADO DE CHIHUAHUA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones:
«Escudo del Estado.- Chihuahua.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto nos permitimos hacer de su amable conocimiento, que el día 23 de diciembre de 1996, la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, declaró formalmente clausurados los trabajos correspondientes a su primer periodo de sesiones ordinarias dentro de su segundo año de ejercicio constitucional.
Asimismo, comunicamos a ustedes que, en la misma fecha, fue electa la mesa directiva que presidirá los trabajos de la diputación permanente por el periodo comprendido desde dicha fecha hasta el 29 de febrero de 1997, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: Hortensia Enríquez Ortega; vicepresidente: Dagoberto González Uranga; secretario: Pedro Domínguez Alarcón; vocales: Miguel Angel González García y Rubén Aguilar Jiménez; prosecretarios: Yolanda Baeza Martínez y Jaime Enríquez Ordóñez.
Sin más por el momento, reiteramos a usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, 31 de diciembre de 1996.- La presidenta de la diputación permanente, diputada Hortensia Enríquez Ortega.»
De enterado.
ESTADO DE COAHUILA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Congreso del Estado de Coahuila.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Comunicamos a usted que conforme a la Constitución Política del Estado de Coahuila y a la Ley Orgánica del Congreso, ha quedado formalmente instalada la LIV Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, misma que tendrá su ejercicio constitucional de 1997 a 1999. De igual manera fue electo por el pleno de este Congreso el diputado Fernando Orozco Cortés, como presidente de la Gran Comisión y los diputados Irma Elizondo Ramírez y Evaristo Pérez Arreola, quienes habremos de desempeñar el cargo de secretarios de la Gran Comisión.
Asimismo comunicamos a ustedes, que quedó instalada la mesa directiva de la diputación permanente que habrá de fungir a partir del día 1o. de enero al 31 de marzo de 1997, quedando integrada de la manera siguiente:
Presidente: Ricardo Alfonso Maldonado Escobedo; vicepresidente: Fernando Orozco Cortez; secretarios: Yazmín Aída García Flores, Trinidad Morales Vargas; vocales: Guadalupe Sergio Reséndiz Boone, Alfonso Martínez Pimentel, Evaristo Pérez Arreola y Francisco Navarro Montenegro.
Notificamos lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 3 de enero de 1997.- Secretarios diputados: Irma Elizondo Ramírez y Evaristo Pérez Arreola.»
De enterado.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano.- San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 60 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos comunicar a ustedes que con fecha 15 de enero del presente año, la LIV Legislatura del honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al cuarto año de su ejercicio legal. Habiendo quedado integrada e instalada su diputación permanente, que fungirá del 15 de enero al 31 de marzo de este año, de la siguiente manera:
Presidente: Miguel Angel Martínez Navarro; vicepresidente: Emilio de Jesús Ramírez Guerrero; secretario, Juan Raúl Acosta Rodríguez; primer vocal: Bertha Galarza Regalado y segundo vocal: José Antonio Herrán Cabrera.
Sin otro particular les reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 15 de enero de 1997.- Diputado Juan Raúl Acosta Rodríguez, secretario de la diputación permanente.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo.- México.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La VIII Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en una única sesión, abrió y clausuró su tercer periodo de sesiones extraordinarias del primer año de ejercicio constitucional; asimismo, previa junta de la diputación permanente, se eligió la mesa directiva que fungirá en el periodo extraordinario, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: Luis Orlando Pérez Escobedo y vicepresidente: Alvaro Ricardo Lozano Ocampo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, enero 12 de 1997.- El secretario de la VIII Legislatura, diputado Iván Rafael Santos Escobar.»
De enterado.
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE ARGENTINA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano José Angel Gurría Treviño, secretario de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 22 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 28 del actual, enviando con el presente los documentos que en el mismo se citan:
"El general de brigada DEM Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 28 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Juan Antonio Mateos Cicero, director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo.- No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, en oficio fechado el día 28 del actual, manifestando lo siguiente:
"El embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, director general de protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número PRO 00531 de fecha 22 del actual, manifiesta a esta dependencia del Ejecutivo, lo siguiente:
"El ciudadano Herminio Alonso Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan para su conocimiento y fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El licenciado Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 23 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Enrique Vilatela Riba, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 23 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano Juan Rebolledo Gout, subsecretario de Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de Servicios del general de brigada DEM Antonio Ramón Mimendi.......... (5000842), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 9 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Armando Arturo Núñez Cabrera (5000884), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 9 de diciembre último:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada DEM Tomás Cornelio Valencia Angeles (4454575), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM René Carlos Aguilar Páez (6416844), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Marco Antonio Meza Barajas (5528072), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Mario Marco Antonio González Barreda (6461938), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Roberto Gustavo García Vergara.......... (6461946), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre de 1996:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Víctor Manuel Ortiz Berman (4906204), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Rafael de Jesús Ballesteros Topete........ (6103869), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha l0 de diciembre próximo pasado:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Nestor Mayren Solano (6461915), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.-Por acuerdo del secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Ricardo Franco Guzmán, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de citas en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:
1. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.
2. Por disposición del gobierno de la República de Chile, se me confirió la condecoración de la "Orden Bernardo O'Higgins, en grado de comendador". Compruebo lo anterior con la fotocopia de la comunicación de dicha Embajada, correspondiente al 21 de enero de 1997, que acompaño como anexo número dos.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de ese Congreso de la Unión, para aceptar y usar la mencionada condecoración.
Protesto mi respeto.
México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Ricardo Franco Guzmán.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
JAPON
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Pedro René Etienne Llano; senadores: Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Pedro René Etienne Llano; senadores: Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Pedro René Etienne Llano; senadores: Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 4, 8, 12, 14 de noviembre y 10, 17 y 18 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, José Francisco López Ibarra, Vivían Angélica Barroso Soto, Juan Adrián Orta García, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Arturo F. Ayala Covarrubias, Luis Daniel Meza Lizarraga y Amelia Camacho León, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América, Consulado y agencia consular, en Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 22 de enero, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, agencia consular y Consulado General, serán de caracter administrativos.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Vivían Angélica Barroso Soto, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Arturo F. Ayala Covarrubias, para prestar servicios como operador de computadoras, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Luis Daniel Meza Lizarraga, para prestar servicios como jardinero/intendencia, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Mazatlán, Sinaloa.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Amelia Camacho León, para prestar servicios como secretaria, en la agencia consular de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Pedro René Etienne Llano; senadores: Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Enrique Cánovas Buenrostro, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 20 de enero de 1961; el 1o. de enero de 1964, fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses, 14 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Cánovas Buenrostro.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón y Pedro Macías de Lara; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes, Amado Cruz Malpica, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Fernando Cardoso Partida, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cabo fotogrametrista de segunda en el Departamento Cartográfico Militar el 13 de abril de 1960; causando alta como cadete numerario, en el Colegio Militar el 1o. de febrero de 1961; y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1964:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, siete meses 21 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fernando Cardoso Partida.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, César Augusto Aguirre González, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1957 y el 1o. de enero de 1960 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, cinco meses, 25 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases, así como la del Mérito Docente y Técnico.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano César Augusto Aguirre González.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F. a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Raúl Morales Morales, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete numerario, el primero de febrero de 1960; y el 1o. de enero de 1963 fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, fue reconocido como Legionario, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Raúl Morales Morales.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1976, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Marcelino Mendoza Jardines, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Colegio Militar, el 1o. de enero de 1959; el 1o. de enero de 1972 fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario de ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Marcelino Mendoza Jardines.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Angel Francisco Cabeza de Vaca Avalos, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y el 1o. de enero de 1963 fue ascendido a a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Angel Francisco Cabeza de Vaca Avalos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier ingeniero en transmisiones militares Diplomado de Estado Mayor aéreo, Alfredo Arellano Raygoza, como general de brigada ingeniero en transmisiones militares Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como soldado en el pelotón de transmisiones del 23o. batallón de infantería el cinco de marzo de 1956, ascendió como cabo Operador de Quinta, en virtud de haber terminado satisfactoriamente el curso "A", el 16 de enero de 1957 y fue ascendido a sargento segundo Operador de Cuarta por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de febrero de 1958,
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, ocho meses, 29 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como las de Mérito Técnico Segunda Clase, Mérito Docente y Mérito Facultativo.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada ingeniero en transmisiones militares Diplomado de Estado Mayor Aéreo se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada ingeniero en transmisiones militares Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alfredo Arellano Raygoza.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier médico cirujano César Juan López Caballero, como general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, en la Escuela Médico Militar el 16 de enero de 1954; fue ascendido a capitán primero pasante de medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1959:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 42 años, 10 meses, 18 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia: de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada médico cirujano que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano César Juan López Caballero.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor José Luis Martínez Castillo, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el heroico Colegio Militar el 1o. de enero de 1959 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1962:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 10 meses, 25 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Luis Martínez Castillo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio López Esquer, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de febrero de 1960 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1963:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses, dos días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como la del Mérito Facultativo.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio López Esquer.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 19 y 22 de noviembre y 2 y 5 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Chino Valdés, María de Lourdes de la Mora, Martha Cázares Ortiz y Alejandro Valladares, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América y Consulado General, en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América y Consulado General, en Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, serán estrictamente administrativos:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Chico Valdés, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes de la Mora Ramos, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Martha Cázares Ortiz, para prestar servicios como operadora de conmutador, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Valladares, para prestar servicios cómo jardinero y mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 6 de enero de 1997.-Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Legislativo Federal.-Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 28 y 11 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Francisca López Santiago, Miryam Almaraz Quiroz, Soledad Asebedo Ribera y Paulina Guzmán Cuevas, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de Chile, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de Chile, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Francisca López Santiago, para prestar servicios como personal auxiliar, en la Embajada de Chile, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Miryam Almaraz Quiroz, para prestar servicios como cocinera, en la Embajada de Chile, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Soledad Asebedo Ribera, para prestar servicios como personal auxiliar, en la Embajada de Chile, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Paulina Guzmán Cuevas, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Chile, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE TURQUIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 15 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Víctor Manuel Estrada Villa, José Fidel Olmos, Erick Torres Acosta, Rosa María González Esparza, Ana María Cruz González y Jacinto Rodríguez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República de Turquía, en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 3 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Turquía, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Víctor Manuel Estrada Villa, para prestar servicios como secretario particular del embajador, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Fidel Olmos, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Erick Torres Acosta, para prestar servicios como secretario bilingüe, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa María González Esparza, para prestar servicios como secretaria bilingüe en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Ana María Cruz González, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Jacinto Rodríguez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Turquía en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 33 votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por unanimidad.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
DIA DE LA MUJER
El Presidente:
Para hablar sobre el día cívico de la Mujer Mexicana, tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Las mexicanas tenemos especialmente nuestro día desde hace 38 años. Fue en 1960 cuando la dramaturga Maruxa Vilalta, a través de las páginas editoriales de un prestigiado diario nacional, que lanza la propuesta de crear el Día de la Mujer, con el propósito de que mujeres y hombres se concientizaran de la importancia en la superación y lucha por la igualdad y el respeto a la mujer y exhortó a las universitarias de México a integrar el Comité pro Día de la Mujer, para que el 15 de febrero se conmemoren y celebren los avances de las condiciones económicas, políticas y sociales de la mujer en nuestro país.
Entre las funciones que tuvo este comité, fue precisamente la de integrar y unificar a todas las organizaciones femeniles, las funcionarias y dirigentes de organizaciones sociales y culturales de esa época. Cito a doña Amalia Castillo de Edón, como una de las primeras mujeres funcionarias de gabinetes presidenciales, Ama Garita Simerman, Tina Vasconcelos, Aurora Fernández, Luz Rangel Mota Esperanza Tableos Becerril, Martha Andrade de Del Rosal; Aurora Arrayales, Josefina Ramírez, La Verde; Lucina Hernández de Rivero; Angela Cadena de Clemente y doña Eva Sámano de López Mateos.
Dentro de los aciertos de este comité, precisamente está el de conjuntar a los líderes de organizaciones, varones, amigos, simpatizantes de esta causa.
Durante este tiempo se ha buscado transformar las actitudes, creencias, prácticas y conductas de hombres y mujeres, de tal manera que se propicie una cultura que renueve nuestras relaciones para hacerlas más equitativas.
En México, como en muchos países, hay una mayor conciencia sobre las desigualdades que padecen las mujeres, lo que ha generado la existencia de grupos e instituciones que trabajan en este proceso de concientización, provocando que el tema esté presente en las agendas del Gobierno, pretendiendo visualizar el desarrollo de una manera más humana.
Los derechos alcanzados por la mujer encuentran una distancia en nuestras realidades.
Si el derecho es una ciencia, la justicia es una virtud, la equidad es un hecho. Dicho de otro modo, el derecho se sabe, la justicia se siente y la equidad se practica.
El compromiso que tiene México es que la igualdad jurídica debe traducir su participación en los procesos de toma de decisiones en todos los ámbitos y en todos los niveles, tanto en espacios gubernamentales, como empresariales y políticos, como en la sociedad misma, de manera que hombres y mujeres compartamos de manera equitativa las tareas, responsabilidades, decisiones, de la vida doméstica y de la vida pública, podría decirse de la mesa de la cocina a la mesa de las negociaciones.
Nos encontramos frente a un nuevo marco en la realización y en las relaciones del hombre y la mujer en términos de compañerismo, una colectividad de dos que se expresa en la pareja humana.
Aceptar la igualdad básica de los dos sexos es afirmar la dignidad de cada individuo como ser humano, como persona que vive en relación con la comunidad y no aislada, fuera o frente a ella.
Partiendo del Génesis la relación de pareja queda puesta de relieve en la respuesta del hombre a la mujer: hueso de mis huesos, carne de mi carne, es la manera de descubrir la relación de familia vinculada hacia los lazos de sangre.
Ahora bien, hay quienes dieron esta interpretación de jerarquía entre los sexos, por el hecho de que el hombre fuera creado primero y luego la mujer. Sin embargo, este relato no sugiere esta interpretación en absoluto.
Si algunos quisieran usar la lógica del orden, que va del hombre a la mujer, podrían concluir por el contrario que existe una progresión de la obra creadora, es decir: luz, elementos, plantas, animales, hombre y finalmente la mujer, de menos a más, concluyendo en que la mujer sería superior, pero es una conclusión equivocada.
El tema debe ser tratado siempre con prudencia y cuidado, para no caer en extremos. Desde la Edad Media se había pensado que la mujer no tenía alma y tuvo razón en escribir un teólogo, Pedro Lombardo, que Eva no fue tomada de los pies de Adán para que fuese su esclava ni de su cabeza para que fuese su señor, sino de su costado, de su lado, para ser su compañera.
La interdependencia de ambos radica en que precisamente el hombre es sin la mujer y la mujer sin el hombre, porque si la mujer procede del hombre también el hombre nace de la mujer.
El trato de las mujeres es el resultado de una historia y de una actitud cultural y social. Aceptar las diferencias entre ambos no significa aceptar discriminaciones que vemos en la práctica, la desvalorización en la feminización de la pobreza.
Esta feminización nos hace un llamado a considerar que, aun hoy en día, ser hombre sería más ventajoso. No estamos perdiendo mucho tiempo en tratar los aspectos sociales para elevar las condiciones de las mujeres, en lugar de ver hacia los aspectos políticos y sociales y económicos principalmente; impulsar el liderazgo político y económico y el acceso a la toma de decisiones, hará que las condiciones de salud, vivienda, servicios, analfabetismo, deserción escolar, entre otras se, atiendan.
Según ese estudio sobre las mujeres propietarias de empresa, el 36% en Estados Unidos, tienen en la cabeza a mujeres; en Canadá el 30% y en nuestro país el 16%. No obstante este avance, en el mundo empresarial no estamos participando en la toma de decisiones, como por ejemplo en los tratados de libre comercio.
El desafío que tenemos en estos días es entonces de carácter económico, valorar todo el trabajo que realiza la mujer no significa que se monetaricen las relaciones familiares, mas su reconocimiento traducido en políticas públicas podría aquilatar la responsabilidades que realiza dentro y fuera de casa.
La mujer, protectora de valores humanos, ya que produce y reproduce a los seres, requiere de una política que apoye el trabajo remunerado y no remunerado y que coadyuve en el desempeño de ambos roles.
De vital importancia es concentrarnos en la educación a las niñas y lograr cambios culturales, para evitar la negación en las oportunidades de estudio, por el hecho de ser mujeres.
Si aspiramos a tener un desarrollo económico sostenible en el Siglo XXI, debemos impulsar un mayor acceso a las oportunidades en diferentes campos. Su condición no debe abanderarla sólo ella misma, sino toda la sociedad, interesada en crecer más democrática y sosteniblemente.
A 38 del despertar en la concientización de esta causa mexicana, consideremos que las mujeres contribuyen al ingreso familiar, mediante el trabajo pagado o no, que estimula la economía interna como consumidores, ya que es ella quien toma las decisiones de compra.
Que la globalización tiene que ver con intercambios de flujos de tecnología, de comunicación y tiene que ver con desregularización y libre circulación de bienes y servicios; tiene que ver con un consenso social. Por ello, destaco la importancia en buscar herramientas útiles para una mejor participación en las negociaciones de comercio, en las políticas de empleo, en nuevas reglas en el plano económico, en el acceso al crédito, a la capacitación y a la promoción de programas educativos.
Desde aquí a tres días de conmemorar esta fecha, la mujer, tejedora de grandes causas, compañera del hombre, asume con integridad su papel, para influir cada vez más en la trascendencia de nuestro país.
Gracias.
ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO Y LA RECUPERACION ECONOMICA
El Presidente:
Para tratar sobre el tema Alianza Sobre Crecimiento y Recuperación Económica, tiene la palabra el señor senador Rosendo Villarreal, del Partido Acción Nacional.
El senador Rosendo A. Villarreal Dávila:
Con su permiso, señor Presidente; señoras legisladoras, señores legisladores:
Sin lugar a dudas, uno de los puntos que tenemos que vigilar principalmente nosotros los legisladores, es que los pactos que se hacen entre los diferentes sectores de nuestro país se cumplan.
El 26 de octubre de 1996 los representantes del sector obrero, del sector campesino y empresarial, el Gobierno Federal y el Banco de México, firmaron la Alianza para el Crecimiento y la Recuperación Económica. El ACRE en sus capítulos de lineamientos de política económica, social en el inciso b, referente a los precios y tarifas públicos, acordó lo siguiente:
"A. Que las tarifas eléctricas industriales se incrementarán el 1o. de diciembre de 1996, en lo que corresponde a alta tensión, el 10% y en lo que corresponde a media tensión el 9%". Esto, sobre el nivel del precio por kilowatt-hora más el incremento que se haría por ajustes de combustible.
También ahí se acordó que se incrementarán las tarifas de nueva cuenta el 1o. de abril con relación a la que existiera en marzo en alta tensión un 5% y en media tensión un 3%, más un ajuste por combustible.
A partir del 1o. de enero de 1997 se aplicará un mecanismo de ajuste mensual que mantenga un nivel real de tarifas de alta y media tensión y este mecanismo se instrumentará mediante un ajuste por inflación observada a la porción de la tarifa. Todo esto más otro ajuste adicional que se hará con base en el combustible por referencias internacionales. Este fue el acuerdo que se firmó el día 26 de octubre de 1996. El día 15 de noviembre de 1996, unos días después, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas tarifas de energía eléctrica que entraron en vigor a partir del 1o. de diciembre del año anterior.
Los incrementos que ahí se acordaron definitivamente no corresponden a lo acordado en este convenio que se firmaba tan sólo unos días antes. A manera de ejemplo, voy a dar algunas de las cifras de lo que sucedió con algunas tarifas de media tensión. Por ejemplo, para Baja California Sur, para este verano de 1997, subió en lo que es demanda máxima medida el 22% y en lo que es cargos por energía consumida el 114%.
En la zona norte, subió el 18% en lo que corresponde a demanda máxima medida y el 51% en lo que se hace de cargos por kilowatt-hora de energía consumida. En este mismo acuerdo se dice que se van a seguir incrementando las tarifas después de este incremento que ya rompió los acuerdos que se habían tenido unos días antes en octubre de 1996. Esto, sin duda alguna, va a afectar los costos industriales y, a su vez, afectará los productos que les llegan a todas las clases populares y media de nuestro país y sin lugar a duda habrá una afectación puesto que los salarios no sólo no se están ajustando en forma real, sino que siguen perdiendo valor.
Por esta razón y por ser de fundamental importancia para la economía de las familias mexicanas proponemos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorte a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las cámaras de Diputados y Senadores, para que acuerden la comparecencia del señor secretario de Trabajo y Previsión Social, por ser quien preside la Alianza para la Recuperación Económica, a efecto de que aclare ante esta representación, la vigencia de la Alianza para el Crecimiento en materia de energía eléctrica.
Segundo. Así también se exhorte a las comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de Energéticos de la Cámara de Senadores, para que acuerden citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien es el responsable de la autorización de precios y tarifas de energía eléctrica, a fin de que exponga las razones por las cuales no se respetaron los acuerdos tomados el 26 de octubre de 1996 en la firma del Acuerdo para el Crecimiento económico y los criterios y razones que sustentaron la decisión de incrementar las tarifas eléctricas muy por arriba de lo pactado, ya que los incrementos llegan en unos casos hasta el 114%.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de febrero de 1 997.
Entrego este escrito a la Secretaría para que promueva este punto de acuerdo.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
En efecto, en su momento la alianza estableció una serie de parámetros para los incrementos, entre otros de la energía eléctrica, pero además hubo estas alzas reflejadas en una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahí se establecía que habría un incremento de aproximadamente el 10% en alta tensión y un 9% en media tensión y que habría ajustes sucesivos en los primeros meses de este año del orden del 5% ó 3% aproximadamente.
Sin embargo, lo cierto, y aquí Acción Nacional ha puesto el "dedo en la llaga", es que los incrementos que se han reflejado en las tarifas eléctricas son muy superiores en los hechos, a las aprobadas no solamente en el pacto para la recuperación económica, sino además en las propias publicaciones oficiales.
Nosotros estamos recibiendo denuncias de que en algunos casos los incrementos son superiores al 55% de las alzas autorizadas. En consecuencia, nos pronunciamos también ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que no se permita que la Comisión Federal de Electricidad, que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de manera arbitraria y ajena a los criterios de los pactistas de la recuperación económica y de los propios criterios legales, apliquen indiscriminadamente las alzas. En todo caso, se trata de actos de autoridad.
También nos sumamos a la petición del grupo parlamentario de Acción Nacional, para que se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y a las comisiones de Energéticos de la propia Cámara de Diputados y de Senadores, para que comparezcan los funcionarios a los que se refiere.
El Presidente:
Túrnese esta propuesta de los compañeros del Partido Acción Nacional y del PRD, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de las cámaras de Diputados y Senadores.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente:
Sobre el tema declaraciones del ex procurador general de la República, tiene la palabra el senador Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier:
Gracias, señor Presidente:
En la sesión anterior, un punto que llamó la atención de las señoras y señores legisladores, que se trajo a esta tribuna, fue el asunto relativo a la actuación de un funcionario público que desde el máximo órgano de procuración de justicia de nuestro país, como es la Procuraduría General de la República, ha sido y sigue siendo severamente cuestionado en relación con el ejercicio debido o indebido de determinadas atribuciones.
Hoy nos encontramos con una nueva secuela de estos cuestionamiento, en función precisamente de si el hecho o los hechos que han configurado un repudio y una condena de la opinión pública nacional, son constitutivos o pueden ser constitutivos de la comisión de hechos ilícitos.
Y esto que queremos expresar nuevamente y reiterar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, reviste la máxima importancia en función de que en estos momentos en toda la opinión pública del país existen especulaciones, deducciones, criterios; si se trata de politizar un asunto, si se trata de partidizarlo, si exclusivamente se busca un linchamiento de tipo político en función de la militancia partidista de quien desempeñó este cargo hasta hace pocas semanas, hasta hace pocos meses, en la persona del licenciado Antonio Lozano Gracia.
Y esto que es necesario clarificar y dejar bien centrado para evitar confusiones, es preciso que sea materia de la reflexión y del conocimiento puntual de lo que nosotros entendemos y no solamente entendemos, sino que con base en la objetividad jurídica, analizamos respecto a la conducta de este ex funcionario.
Se habló larga y extensamente, y por eso no seré reiterativo, en función de los llamados "estímulos", "recompensas", "¿o sobornos?", realizados en materia de la investigación del oprobioso crimen del licenciado José Francisco Ruiz Massieu Y en esto, las evidencias, no solamente aquellas que han aparecido con el descubrimiento de osamentas, la identificación de a quién pertenecía esa osamenta, sino también en materia de las supuestas recompensas otorgadas también a supuestos testigos, han configurado una situación irregular, anómala desde todo punto de vista jurídico, que debe ser materia de una investigación profunda y a fondo.
Cuando analizamos las situaciones jurídicas que regulan precisamente el aspecto tan controvertido de las recompensas o protección a testigos, debemos recordar que hasta antes de que las cámaras del Congreso de la Unión aprobáramos la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esos aspectos, con alguna interpretación extensiva del artículo 41 del Código Penal Federal y de otras disposiciones llamadas manuales normativos de la Procuraduría, se determinaban y se ejercían en función de criterios absolutamente discrecionales de quienes tomaban esas determinaciones, regularmente a través de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República.
Y fue precisamente cuando analizamos la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuando los legisladores de mi partido, sobre todo pertenecientes a la Comisión de Justicia de ambas cámaras, estuvieron haciendo insistentemente el reclamo justo y necesario de que no se rigieran este tipo de compensaciones o estímulos a testigos, exclusivamente por manuales de tipo normativo o por reglas administrativas internas de la PGR, sino que debían de contemplarse precisamente en su Ley Orgánica para garantizar transparencia, legalidad, en su ejercicio o en su disposición y fuera a través de un fideicomiso a cargo de un comité técnico de supervisión y control de la administración de bienes asegurados integrado además de representantes de la PGR, por representantes de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; esto con el fin y a pesar de la reticencia constante que se observó en los representantes de la Procuraduría para la creación de este fideicomiso regido por un comité técnico, fue la insistencia de los parlamentarios de mi partido los que en última instancia reflejaron y quedó incorporado al dictamen relativo a la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Esta modificación legal precisó desde luego la expedición de una ley reglamentaria específicamente para señalar no solamente la integración que estaba ya en la Ley Orgánica, sino también las funciones, los casos y las circunstancias en que debía revisarse, en que debía de aprobarse en su caso por este comité técnico, un estímulo o una recompensa a testigos.
Esta ley reglamentaria fue expedida en uso de atribuciones de tipo administrativo, pero además nosotros nunca nos enteramos y yo me atrevo a afirmar que nunca se integró este comité técnico, no sabemos si intencional o involuntariamente, pero algo que se había concebido como un acuerdo legislativo importantísimo reflejado en la ley no se tradujo en una realidad, para regular, para administrar, para controlar, para supervisar el otorgamiento posible de estímulos o recompensas a presuntos testigos.
Esta es la circunstancia jurídica, no de carácter político, que queremos poner de relieve en este comentario; si no se integró este comité técnico único facultado por la Ley Orgánica y por la reglamentaria para autorizar este tipo de recompensas o estímulos ¿o sobornos?, dejamos la interrogante hasta ahí, fue precisamente porque no hubo la decisión por parte del ex titular de la Procuraduría General de la República el integrarlo y que ahora cuando las nuevas evidencias en la investigación del proditorio crimen del licenciado Ruiz Massieu hacen aparecer el uso indebido de estos fondos producto de bienes asegurados, particularmente al narcotráfico, deberían haber seguido un procedimiento legal que debía ser autorizado por un comité técnico, paladinamente Lozano Gracia dice que de esto estaba enterado y autorizado por el Presidente de la República.
Esto es una muestra muy grave de cinismo, de desfachatez y de pretender evadir sin ninguna justificación responsabilidades que en un momento dado se pueden fincar por la autoridad respectiva al ex titular de la Procuraduría General de la República. Este es el hecho jurídico, cierto; ésta es la circunstancia que se ha configurado y no solamente porque el Vocero de la Presidencia de la República desmiente categóricamente y tacha de falsa esa aseveración del ex titular de la Procuraduría, en cuanto a que el señor Presidente de la República jamás estuvo enterado ni autorizó ese tipo de disposiciones, sino además porque nuevamente vuelve a la tela del comentario del debate jurídico y en este caso se puede afirmar que también político, el hecho de que cuál es la conformación jurídica de la institución denominada Ministerio Público Federal, cuál es su estructura, sus facultades, sus funciones y las obligaciones que les impone la ley, y no cualquier ley, nada menos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto es importante para analizar no superficialmente cuál es la naturaleza jurídica del Ministerio Público Federal y por ende de la Procuraduría como cabeza de esta institución del Ministerio Público.
No es ni actúa en función de una delegación de facultades del Ejecutivo Federal como lo es a propósito de otras secretarías, de ésas sí, secretarías de Estado, que son reguladas también por una ley secundaria producto de una función y de una determinación de la propia Constitución, pero que obran en función de un nombramiento para el ejercicio de facultades y responsabilidades específicas del Poder Ejecutivo Federal. Esta no es la naturaleza jurídica del Ministerio Público Federal.
Si bien es cierto que en el tiempo de la designación del ex titular del que estoy haciendo mención, aún era una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal su nombramiento, ya que después lo reformamos para establecer también como necesaria la aprobación por parte del Senado; si bien es cierto que ese nombramiento, repito, es una facultad del Ejecutivo, no por ese hecho podemos encuadrar dentro de los aspectos administrativos del Poder Ejecutivo Federal a la Procuraduría General de la República, ésta tiene su propia naturaleza jurídico constitucional, la que le da el 102, la que le garantiza independencia y autonomía, el que señala con toda claridad cuál es su estructura, sus funciones, sus obligaciones en materia de investigación, de persecución de delitos, de la petición de imposición de sanciones a los delincuentes, es el cuerpo, es el órgano de procuración de justicia que no tiene una dependencia del Poder Ejecutivo Federal.
Esa es la realidad, ésa es la realidad jurídica y es lo que a veces se trata de confundir o se trata de evadir con otro tipo de interpretaciones.
Ahora que paladinamente pretende buscar una exculpación el señor licenciado Lozano Gracia, para echarle el paquete al Presidente de la República diciendo que él lo autorizó, pues resulta ingenuo, resulta incongruente, resulta absurdo, al tenor de lo que es precisamente la regulación jurídica del Ministerio Público Federal en nuestro país. Pero además yo quiero decirles y hacerles un comentario adicional, escuchado de la propia voz del licenciado Lozano Gracia cuando las comisiones de atención y seguimiento a los casos de los homicidios de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu, establecimos en varias reuniones y estas comisiones, particularmente la de atención y seguimiento al homicidio del licenciado Colosio, de la que formo parte, está integrada por legisladores de todos los partidos y ellos, no me dejarán mentir, aquí están algunos presentes, por tres ocasiones, por tres ocasiones diferentes, hubo cuestionamientos al señor licenciado Lozano Gracia de si de verdad gozaba de una autonomía y de una independencia de la Presidencia de la República para llevar a cabo las investigaciones de estos crímenes.
Y las tres ocasiones tajantemente la respuesta del licenciado Lozano Gracia fue: "gozo de absoluta libertad, autonomía e independencia para llevar a cabo estas investigaciones y todas las demás funciones que la ley confiere a la Procuraduría General de la República, sin interferencias, sin mandatos y sin necesidad de estar solicitando autorizaciones".
Y ahora, después de aquellos testimonios que afortunadamente existen y los tenemos los miembros de las comisiones, ahora pretende buscar una exoneración a priori diciendo "pues sí, si se autorizaron y se entregaron, pero lo autorizó el Presidente de la República". Qué mentira tan negativa, tan incongruente, pero de verás tan temeraria.
En la ocasión anterior, mis compañeras y compañeros que intervinieron en la tribuna, dejaron bien establecida una circunstancia y una postura. No, no se trata de ningún linchamiento político, no se trata tampoco de ningún interés partidista. No, con esto no queremos tener una bandera de tipo electoral para atacar al Partido Acción Nacional. Se trata, eso sí, de una postura enérgica y determinante en materia de que si se habla de que se está empeñado en combatir la impunidad de los delitos, aun aquellos que se cometen desde la administración pública o desde los órganos de procuración de justicia, debemos de ser y estar atentos a que se aplique estrictamente el derecho, en el caso de que las arbitrariedades, los abusos, los ilícitos sean sancionados y castigados ejemplarmente. Ese es el punto y ése es el meollo de toda la cuestión.
Pero cuando surge una consideración temeraria, ésa sí de tipo político, tenemos que dejar constancia en esta tribuna de nuestro más enérgico rechazo, cuando un funcionario a quien se le dio toda la confianza, toda la libertad, toda la independencia, toda la autonomía, cuando dijo el propio titular del Poder Ejecutivo que precisamente como una garantía probable e imparcialidad, se designaba a un miembro de un partido de oposición al nuestro como Procurador General de la República, era para que no hubiera ninguna duda en materia de esa libertad, de ese ejercicio de sus facultades en el buscado esclarecimiento de los llamados crímenes políticos y ahora no podemos llegar más que a consideraciones y conclusiones. ¿En qué se tradujo la actuación de Lozano Gracia en la PGR? En un fracaso completo, cuando menos en materia de los crímenes políticos; en una serie de situaciones irregulares anómalas contra derecho, a través de supuestos, a través de inventos, a través de la siembra de cadáveres, a través del soborno de testigos o supuestos testigos, alguno de ellos, inclusive sentenciado por la omisión de un crimen, recibiendo un cheque, a través de sus familiares, de 500 mil dólares. ¡Bueno!, pues entonces, ¿ante qué régimen de procuración de justicia estábamos viviendo.
Ese es el punto y ésa es la cuestión, pero sí queremos dejar categóricamente asentado que lo único que buscamos y exigimos es que se investigue a fondo y que cualquiera que sean las responsabilidades, que se cite a todos los que tengan que declarar, pero que una vez fincadas estas responsabilidades, independientemente de la militancia política o de la afinidad partidista, sea sancionado ejemplarmente porque el pueblo de México así lo reclama.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores; señoras y señores:
Es un tanto cuanto difícil enmendarle la plana a un jurista muy destacado del partido todavía en el poder, todavía, cual es el señor licenciado Angel Sergio Guerrero Mier. Sin embargo, por lo que a mi toca tengo que precisar algunas consideraciones que vertió el senador Guerrero Mier en esta tribuna, que considero que han sido si no del todo equivocadas y erróneas, al menos en versión inexacta de la realidad, no ha habido una exacta aplicación de lo que el señor Guerrero Mier trató en esta tribuna.
Para ir por orden, creo que podríamos sintetizar en tres partes el discurso de Guerrero Mier. Una parte podría ser el análisis concienzudo, pero insuficiente y defectuoso, del artículo 41 del Código Penal Federal.
Otra sería, una segunda parte, el análisis también obcecado, temerario, fútil, improcedente, de la actitud del procurador Antonio Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, cercano al poder.
Y una tercera parte, la apreciación muy subjetiva del senador Angel Sergio Guerrero Mier, de que la actuación del ex procurador fue un fracaso.
Vamos por partes. Es cierto que el artículo 41 del Código Penal reza en su segundo párrafo, que creo que es el conducente, si no tiene objeción el senador Guerrero Mier, en su segundo y último párrafo reza que en el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo, por un lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual se aplicará al mejoramiento de la administración de justicia.
Esta última oración del segundo y último párrafo del artículo 41, es el que nos ilustra jurídicamente de la posibilidad legal en que se encontraban los procuradores de la República anteriores al vigente, para la disposición de fondos provenientes de las comisiones de delitos que, dicho sea de paso, se encuentran esos bienes en un limbo jurídico porque no se puede asegurar ni que sean del dominio público, ni que sean del dominio privado y no se puede asegurar porque considerará conmigo el jurista Guerrero Mier, en que en tanto no hubiera una sentencia condenatoria o absolutoria, no podría definirse si esos bienes son del dominio público o del dominio privado.
Como a mí me fascina mucho el derecho privado, yo podría decir, haciendo una similitud con el derecho civil, que se trata de bienes mostrencos.
El admite que la actuación de Lozano Gracia en la disposición de esos fondos fue con base, desde luego, en el artículo 102 constitucional, que es el que impone la obligación al procurador, como cabeza del Ministerio Público, para la persecución de los delitos y realizar acciones y no incurrir en omisiones por lo cual podría ser penalmente responsable.
Y subsidiariamente la ley ordinaria defectuosa hasta aquella época, del artículo 41 por él mencionado y el manual de operaciones que también fue señalado por el propio senador Guerrero Mier.
Ese es el contenido jurídico, al cual aludió Lozano Gracia, para llevar a cabo las acciones que la Procuraduría a su cargo desempeñó, en el desempeño de su función de cabeza del Ministerio Público.
Atribuirle al Procurador de la República anterior al actual, la afirmación de que el Presidente de la República autorizó tales pagos, es sencillamente una falsedad, una falsedad que si no proviniera del senador Guerrero Mier, a quien desde esta tribuna le ofrezco mi más sincero y afectuoso respeto, podría calificarse de una infamia, de la cual está muy lejos de incurrir el senador tantas veces mencionado.
En ningún momento, Lozano Gracia ha dicho que los pagos que se hicieron por la Procuraduría hubieran sido autorizados por el Presidente de la República. Si tal es la impresión que puede haber quedado en el público después de la entrevista realizada el día de ayer y después de las publicaciones realizadas en los periódicos, de eso es totalmente inocente, tanto el procurador Lozano Gracia como el partido al que pertenece él y un servidor.
¿Qué fue lo que dijo Antonio Lozano Gracia? A una pregunta que se le formuló en la entrevista televisada por un reportero al ex procurador Antonio Lozano, cuya interrogación es: "¿el Presidente estuvo enterado de todo este proceso? ¿El autorizó entonces los pagos a testigos?". Le preguntaron a Lozano. ¿Qué contestó Lozano? Aquí viene el desmentir a lo aseverado por el señor senador, que seguramente está mal informado pero no tiene mala intención, lo que tiene es equivocación de información. Lozano contestó: "mire, quiero hacer aquí una precisión que me parece que es muy importante y que no implica atribuir ningún tipo de responsabilidad jurídica a nadie, implícitamente al señor Presidente. El señor Presidente estuvo enterado. Yo lo enteré. Pero, insisto, esto no implica ninguna responsabilidad jurídica. Esas las asumimos nosotros y ahí, si me permiten insistiría en la diferencia que me parece que ha sido una confusión reiterada, confusión en la que, dicho sea de paso, cayó el senador Guerrero Mier y que trato de aclarar en este documento de dónde provinieron esos fondos que, como lo expliqué acá, se trata de fondos creados para investigaciones especiales. No se trata, pues, de recursos presupuestales y esto, como lo indico en la lectura del documento, pues es un contrasentido que una institución que tiene como una de sus fundamentales funciones investigar, no tenga o no tuviere recursos presupuestales para hacerlo".
Yo invito, exhorto, requiero al señor senador y a los demás compañeros de su bancada priísta o a cualquier otro de cualquier bancada a que me demuestren, con documentos en la mano, que Lozano Gracia hubiera asegurado, afirmado y enfatizado que el Presidente de la República lo autorizó a hacer los pagos que como titular del Ministerio Público Federal se efectuaron en la Procuraduría a su cargo. No creo que nadie pueda traer a este tribuna un documento de tal carácter por la sencilla razón de que no existe.
Esta pregunta que le hizo el representante del medio de comunicación, es corolario de una de las declaraciones que formuló Lozano Gracia en la entrevista de ayer.
Efectivamente, si ustedes analizan el documento leído el día de ayer por Antonio Lozano Gracia, encontrarán en unas cuatro líneas la siguiente aseveración de tipo jurídicopolítica: "en conferencia pública, dice Lozano Gracia, afirmé que no podía enderezarse acusación contra persona alguna mientras no se probaran plenamente la causa del deceso y la identidad del cadáver. Los resultados completos se conocieron después de mi gestión".
¿De dónde vino la creencia de que no fue Lozano quien haya informado al señor Presidente de la República, de los actos realizados por el procurador de la República Antonio Lozano Gracia, durante el desempeño de su cargo.
Esa versión surgió, nació y se produjo de una carta aclaratoria del vocero de la prensa nacional, Carlos Almada, publicada en todos los periódicos de la República.
¿Qué dijo el vocero de la Presidencia nacional que dio motivo para el infundio de que Lozano había dicho que había recabado la autorización del Presidente de la República? Almada dijo: "en relación a declaraciones vertidas el día de ayer, se refiere al día de enero de este año, por el procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, sobre la autorización de pagos a personas que supuestamente aportaron datos respecto a las investigaciones del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, se niega enfáticamente que dicho acuerdo se hubiera celebrado en los términos señalados por el señor licenciado Lozano. Cabe señalar que el Presidente de la República, en ningún momento autorizó pago alguno a dichas personas".
Yo le digo al señor Almada: en ningún momento tampoco el señor Lozano Gracia ha dicho que hubiera recabado autorización del Presidente de la República, se limitó a manifestarle que lo enteraba.
Esta manifestación de Lozano Gracia, de haber sido enterado el Presidente de la República, encuentra apoyo documental también en una noticia de prensa. En el periódico Crónica del día 22 de enero, aparecen los siguientes dos párrafos: "respecto a presuntos pagos realizados por la misma dependencia a la señora Francisca Zetina, referido en la misma nota periodística, debe precisarse que el entonces Procurador General de la República, al informarle al Presidente del supuesto hallazgo de la finca El Encanto, comentó que la persona que proveyó la información del caso, se haría acreedora de una recompensa ofrecida por la Procuraduría General de la República, en octubre de 1994, a quien ofreciera datos para la localización del señor Manuel Muñoz Rocha".
En respuesta a este informe y a todos los demás que durante su gestión rindió el señor ex procurador Lozano, la instrucción del Presidente de la República fue la de proceder estrictamente conforme a derecho en la búsqueda de la verdad y la procuración de justicia.
Estas palabras provienen de la misma fuente presidencial, en la que en éstas admite la información y en la que leí antes, se desmiente y dice que se autorizó y se recabó una autorización que en ningún momento ni se pidió ni se le solicitó al Presidente de la República.
Y es más, Lozano Gracia asume la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de su cargo, como asumimos nuestros deberes jurídicos todos los que pertenecemos a un partido de oposición, que pregona, proclama y anuncia la verdad por encima de la mentira y de la falsedad.
No es cierto, señor senador, está muy lejos de la verdad atribuirle al procurador caído, versiones que no salieron de sus labios. Que la opinión pública se haya formado un criterio favorable a la figura de Lozano Gracia, con la entrevista televisada la noche de ayer en la que, repito, se limitó a manifestar la información que le proporcionó el procurador al Presidente, eso, no es ni culpa de Lozano Gracia ni mucho menos culpa del Partido Acción Nacional. Quizá podría atribuirse esa opinión pública al deseo latente que hay en la población mexicana de conservar la credibilidad, como hasta la fecha la tiene el pueblo de México en el único partido de oposición que le brinda oportunidades de poder tener más pronto que tarde un Gobierno limpio, legítimo y veraz.
Podía ser ese subconsciente el que se ha rebelado en el alma popular para ver con simpatía la versión de Lozano Gracia en el sentido de que informó mas no recabó autorización alguna al señor Presidente de la República. No quiero extenderme más de lo debido ni abusar de la paciencia de ustedes, ya que habrá otras voces más autorizadas que la del que habla, pero sí necesito tocar el tercer tema que mencionó el senador Guerrero Mier.
El dijo, pues, justificadamente desde el punto de vista de que es miembro de un partido que ve con miedo, con pánico, con temor, con recelo, con suspicacia, que se le escapa el agua de entre las manos, del poder que durante 70 años han ejercido ininterrumpidamente; y el miedo no anda en burro; y ven que pueden perderse en este año posiciones políticas que seguramente inclinarán la balanza del poder en favor de Acción Nacional en menos de seis meses. él dijo e hizo énfasis con el gesto oratorio propio de Guerrero Mier, de que había sido un fracaso la gestión de Lozano Gracia. En primer lugar, no creo que sea un fracaso que se deba precisamente a Lozano Gracia la iniciativa de que esos fondos de que pueda ahora disponer la Procuraduría y que tan brillantemente defendió en su intervención, eso proviene de la iniciativa del propio Ejecutivo Federal a moción del procurador Lozano Gracia. Precisamente por la incertidumbre, precisamente por la obscuridad, precisamente por la falta de limpieza y de aseo que había entre quién podía ser titular de esos bienes de que podían disponerse para la persecución de los delitos, que había tres titulares de la misma envergadura, del mismo orden jerárquico, que era Procuraduría, que era Poder Judicial de la Federación y que era Secretaría de Hacienda. Precisamente por esa incógnita de definición de cuál podría de los tres ser el titular de esos derechos, es por lo que en noviembre del año pasado, siendo titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia obtuvo de la Presidencia de la República la presentación de la iniciativa que hoy celebra, festeja y se congratula el senador priísta, como si hubiera sido a iniciativa de solamente del Ejecutivo Federal sin intervención de ninguna clase por parte del procurador, cuando es bien sabido que fue éste quien inspiró la idea de que hubiera la modificación para que tuviera un marco jurídico debido el presupuesto para este tipo de gastos.
¿Es fracaso, acaso lo que él mismo admite como una necesidad reglamentaria? ¿Es fracaso? ¿Y puede ser fracaso señor senador, señoras y señores, puede ser fracaso haber metido tras las rejas al hermano de un ex presidente de la República.
Yo no recuerdo que se hubiera dado el caso de un familiar de primer grado que hubiera ido a dar con sus huesos a la cárcel merced a la gestión de un procurador titular del Ministerio Público, que tiene como cumplimiento el hacer valer la acción penal contra los delincuentes.
¿Es fracaso tener a Raúl Salinas de Gortari en Almoloya de Juárez?, y eso se le debe ¿a quién? ¿a Carpizo, a Valadez, a Benítez Treviño? No señores, no se engañen, no se obcequen, porque la Procuraduría estuvo durante dos años en manos de un panista, que con licencia para el ejercicio de sus funciones partidarias, desempeñó su puesto con la lealtad, la honradez, el talento y la capacidad que le pudo a la naturaleza concederle para bien de los mexicanos.
¿Qué no satisface a todos?, yo pregunto: ¿quién que actúa en público satisface a todos? Que hay quienes reclaman por incumplimiento, que hay quienes celebran por cumplimientos. Pero si se hace el balance de la actuación del ex procurador, honrada y sinceramente, el saldo es positivo y esto lo digo, señoras y señores, no porque sea mi correligionario el procurador anterior, de igual manera me expresaría si se tratara de analizar la conducta de un Carpizo Mcgregor; igual me pronunciaría si se tratara de la conducta de un procurador de cualquier partido político que hubiera desempeñado sus funciones con estricto apego a derecho.
La recomendación que el Presidente de la República hizo de que se actuara conforme a derecho, fue la que cumplió el ex procurador Lozano Gracia y a las pruebas de la historia, a las pruebas de las propias actuaciones documentales, instrumentales y judiciales, públicas y notorias, se atiene tanto el procurador como el partido al que pertenecemos, para que sea la historia, la historia de México verdadero, la que diga la última palabra y pronuncie su auténtico e infalible veredicto.
Tiene la palabra el pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Avila.
El senador Ricardo Monreal Avila:
Gracias, señor Presidente; señores integrantes de esta Comisión Permanente señoras y señores:
Debo decir con sinceridad que me quedo sorprendido con la habilidad en la argumentación jurídica y por la defensa a ultranza que se hace del ex procurador por un miembro de su partido. No es extraño e incluso es normal la solidaridad, la camaradería, el compañerismo que pueden ofrecer a un miembro distinguido de su partido.
Sin embargo, pugnar por la excepción en la aplicación de la ley, exigir y presionar por la impunidad, utilizar el chantaje, para no aplicar la ley, simplemente se transforma de solidaridad a complicidad. No puede convertirse un partido político en una organización de cómplices, con tintes presuntamente ilegales y por conductas que se presumen ilícitas, cometidas por quienes encabezaron los órganos de procuración de justicia en el país.
Diputado José Peniche, no hay revelaciones del subconsciente. Se lo aseguro. Lo que está presente, es la presunción de conductas antijurídicas y la presunción de actitudes ilícitas en los órganos de procuración de justicia.
Creo, como muchos miles de mexicanos, que Antonio Lozano Gracia, engañó al Presidente de la República; que Antonio Lozano Gracia, engañó a los mexicanos; que Antonio Lozano Gracia, está engañando a su partido y lo está llevando a caminos sin retorno, lo está transformando de ser un partido serio, por esa defensa a ultranza, en un partido de cómplices y en un partido que desea que la ley no se aplique y no se indague la verdad.
Yo creo firmemente, que deben de indagarse no sólo la actuación de la Procuraduría General de la República en su órgano central. Es apenas la punta del iceberg. Tenemos que revisar las delegaciones y las regiones que estaban bajo el mando y bajo la responsabilidad del órgano de procuración de justicia.
Ahora se presenta una fuerte contraofensiva por parte de los implicados e intentan a toda costa involucrar personalidades públicas con tal de salvarse frente al juicio de la historia y frente al veredicto de la ciudadanía.
Antonio Lozano Gracia declaró ayer que él personalmente enteró al presidente Ernesto Zedillo de los pagos que se iban a realizar a esta famosa "Paca", que por cierto se ha hecho famosa por los órganos de procuración de justicia manejados por Lozano Gracia. Independientemente de que Lozano haya o no informado al Presidente sobre los pagos a "La Paca", ello no lo exime de la enorme responsabilidad que tiene y en caso de ser cierto lo que afirma, suponiendo sin conceder ¿qué cosa exactamente le informaría Lozano al Presidente? ¿Que iba a remunerar a unos testigos que conocían la verdad sobre el caso Ruiz Massieu? ¿Que estaba resuelto el caso Ruiz Massieu y que hubieran encontrado en ese momento los restos de quien fuera diputado y autor intelectual presunto, Muñoz Rocha? ¿Que estaba resuelto y que por tanto tenía que compensarse y estimularse a quienes con su videncia, claridad y espiritismo habían ya resuelto el asunto que tanta indignación nos ha causado? ¿O simplemente era para la compra de testigos? ¡Esa es la interrogante:
Lozano Gracia afirma que: "ante la falta de una partida específica para investigaciones, usualmente se ha dispuesto de los fondos provenientes de bienes asegurados".
Las afirmaciones del ex procurador pretenden nuevamente engañar a los mexicanos.
Si bien la ley contempla la remuneración a testigos por sus declaraciones, lo cierto es que ni "La Paca" ni sus cómplices fueron testigos de nada, no aportaron nada positivo a las indagatorias; al contrario, confundieron al país, confundieron a los ciudadanos, confundieron a la opinión pública; lo único cierto es que ofrecieron sus servicios para testificar lo que fuera necesario.
Debemos recordar que el artículo 102 Constitucional señala que, "incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine". El procurador General de la República y sus agentes serán responsables, subrayo, de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
Si el ex procurador Antonio Lozano informó o no de los pagos que iba a realizar, la decisión es de su responsabilidad exclusiva, según lo establece la ley.
De las informaciones y videos proporcionados por ex funcionarios de la PGR que por cierto fue práctica inveterada el uso de este ilegal método, así como el acudir a videntes y adivinos, no advertimos sino una alteración en la conducta de los presuntos delincuentes que defraudaron y engañaron a la ciudadanía. Se puso al descubierto el verdadero rostro de la perversidad y de la desafortunada partidización de la procuración de justicia, repito, apenas es la punta del iceberg, apenas nos asomamos al inicio de presuntas actitudes antijurídicas promovidas, auspiciadas, estimuladas y hasta premiadas con cantidades fuertes por quienes encabezaron por casi tres años este órgano procurador de justicia.
No debe detenerse la investigación, debe extenderse la indagatoria, debe de investigarse la fabricación de delitos, las culpabilidades artificiales en todas las regiones y las entidades federativas, debe revisarse el trabajo y la función de las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República.
Señores integrantes de esta Comisión Permanente; se requiere una limpia, un sacudimiento del entramado ilícito que al parecer estaban construyendo con claros intereses facciosos en aras de lograr avances políticos en 1997 y en el 2000.
Diputado Peniche Bolio, no se debe confundir la infamia con una conducta que se presume lícita, nosotros no juzgamos a Lozano, ni a él ni a sus colaboradores; lo que sí exigimos es que no se exceptúe su persona ni la de sus colaboradores, a la investigación de conductas que pueden ser delitos. No nos corresponde a nosotros, será el juzgador, pero no puede utilizarse de ninguna manera argumentación jurídica, que por cierto es inexacta, para defender a quien es responsable ante la nación, ante los mexicanos, de más de dos años de estar al frente de este órgano procurador de justicia.
Pero reorientemos y veamos con sentido jurídico lo que ha sucedido en el renglón de la procuración de justicia.
El anuncio sobre el uso indebido de recursos y las entregas de dinero a estas mágicas personas, de ninguna manera sorprende a la sociedad, creo yo y no creo que se haya hecho como lo afirmara aquí quien me antecedió en el uso de la palabra, de conformidad con la normatividad que actualmente existe, que por cierto lo que hace el diputado que me antecedió en el uso de la palabra es solamente reforzar y retomar los conceptos expresados en su declaración de prensa el día de ayer el ex procurador General de la República.
Voy a decir por qué y les pido su paciencia también como la pidiera el diputado Peniche y Bolio, para ir desenvolviendo la argumentación jurídica y ubicarnos en el contexto del debate.
Veamos. En su declaración de ayer, el señor Lozano Gracia afirma, respecto de los pagos indebidos: "Todo lo anterior lo niego por falso y calumnioso. De manera sucinta expondré los antecedentes y datos fundamentales que sobre este asunto requiere la sociedad para normar su criterio". Sigue afirmando: "¿como había venido funcionando la PGR en administraciones anteriores?", se pregunta, "la respuesta es muy clara", se contesta: "con fondos provenientes de bienes asegurados al amparo de la ley y con base en la normatividad", afirma, "al amparo del artículo 41 del Código Penal Federal que autoriza para ciertos rubros el uso de tales recursos y con base en el acta circunstanciada y protocolizada en tiempo del procurador Jorge Carpizo, precisamente con el propósito de establecer un fondo para investigaciones especiales". Concluye en ese párrafo.
Sigue diciendo en otro párrafo: "este fondo se constituyó con recursos provenientes de dinero asegurado y el producto de subastas de bienes asegurados. De igual manera operó la PGR cuando fue su titular el doctor Diego Valadez, que emitió para tal efecto la circular 002/94". Por la diagonal intuimos y por el ejercicio de la función del procurador referido, fue en 1994 expedida tal circular, que frente a la ley por cierto, en razón de la jerarquía constitucional y legal, no tiene absolutamente nada que hacer frente a los actos del Poder Legislativo que han sido modificados a partir del año retropróximo.
Pero sigamos viendo el argumento jurídico. Artículo 40 del Código Penal vigente. "Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido; si son de uso lícito se decomisarán cuando el delito sea intencional", etcétera.
Al final de ese artículo, en los últimos tres párrafos, dice: "Para determinar su conservación para fines de docencia e investigación respecto de los instrumentos de delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente -subrayo determinará la autoridad competente- determinará su destino según su utilidad para beneficio de la administración de justicia". La pregunta en este caso es ¿el procurador de motu proprio, con facultades discrecionales, era la autoridad competente? Más adelante voy a ir señalando por qué no es la autoridad competente.
"Artículo 41. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quienes tengan derecho a ello en un lapso de 90 días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si el notificado no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta -subrayo-, se destinará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados.
En el caso de bienes que se encuentran a disposición de la autoridad, que no se deben destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública, de acuerdo con la autoridad competente." Vuelve a subrayar".
Artículo 193 del Código Penal Federal, cuarto párrafo: "tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto por el artículo 40 y 41 -que acabamos de leer-. Para ese fin el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente, en apoyo a la procuración de justicia y la solicitará en el proceso y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destine, -repito-, a la impartición de justicia o bien promoverá en su caso la suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables".
Hasta este momento la autoridad no puede destinar para fines distintos de los que la ley le establece, los recursos de los bienes asegurados.
Sigamos viendo: la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, en su artículo 24 señala: "Los bienes que se embarguen por autoridades distintas de las fiscales conforme a las leyes administrativas federales, los decomisados por autoridades federales judiciales, los que sin estar decomisados no sean recogidos por quien tenga derecho en el lapso que señala el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal y los abandonados expresa o tácitamente en beneficio del Gobierno Federal, se pondrán a disposición de la Tesorería por conducto de las administraciones locales -repito-, se pondrá a la disposición de la Tesorería por conducto de las administraciones locales de recaudación, junto con la documentación que justifique los actos para su guarda, administración, aplicación, adjudicación, remate o venta, donación o destrucción, según proceda conforme el reglamento de la ley".
Esto evidentemente tampoco lo hizo el ex procurador. Dispuso de manera personal, bajo su estricta responsabilidad, con facultades amplias discrecionales, de los pagos que se dieron a "La Paca" y a sus cómplices.
Sigamos viendo: nos remite esta disposición al reglamento y vamos a ver y a leer el reglamento: "Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Artículo 50. Las oficinas recaudadoras autorizadas recibirán los bienes que se pongan a disposición de la Tesorería señalados en el artículo 24 de la ley, verificarán la documentación justificatoria que se acompañe a los mismos y si no hubiere impedimento legal alguno se procederá como sigue: fracción III: rematarán -si él remató como dice, tenemos que saber si lo hizo en subasta pública- en subasta pública conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación -que fue el que leímos anteriormente- los bienes que hayan puesto a su disposición el Ministerio Público Federal o las autoridades judiciales federales, que sin estar decomisados no hayan sido recogidos por quienes tengan derecho a ello, etcétera..." , es decir no puede por sí, la Procuraduría, rematar ni vender ni disponer de estos recursos.
"Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. -aquí les quiero pedir una especial atención, porque es parte del quid del asunto-. Artículo quinto transitorio: En tanto se expidan las disposiciones legales a que se refiere el artículo 14 de está ley, en el reglamento de la misma, se preverá la existencia de un consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación y de la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, presidido por el Procurador General de la República y del que formarán parte de manera personal e indelegable, un subsecretario por cada una de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría y Desarrollo Administrativo designados por sus titulares."
Desde la puesta en vigencia de esta ley, señores senadores y diputados, el señor ex procurador jamás convocó para su integración, y jamás se integró, no obstante que es mandato legal, entonces, ¿actuó o no actuó de manera indebida y de manera ilícita? Por supuesto que actuó. Claro, no nos corresponde a nosotros prejuzgar, simplemente hay una presunción de una conducta antijurídica del ex procurador, de manera directa, no delegada, directa, era su responsabilidad y ni integró el comité ni le dio avisos ni se determinó en el consejo.
Sigo leyendo. El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 55 dice, fíjense nada más, ya el reglamento da por hecho que está instalado el comité, entonces el reglamento es el que sirve, como todos lo saben, para la aplicación de la ley, en el ámbito de su competencia y dice el reglamento de la Ley Orgánica:
"Artículo 55. El Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la Administración de Bienes Asegurados, se integrará por el Procurador, quien la presidirá; un subsecretario por cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República y contará con un secretario técnico que tendrá voz, pero no voto", y le atribuye facultades.
Fracciónes I, II, III, hasta la VII. Dice: "son facultades del Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la Administración de Bienes Asegurados, las siguientes:
Uno. Conocer sobre el aseguramiento, inventario y aplicación de los bienes que sean objeto, instrumento o producto de algún delito." Volvemos a interrogarnos, ¿actuó de manera debida el ex procurador, al ni instalar, menos dar a conocer y menos esperar la aprobación de este consejo para destinar esos bienes a la compra de testigos o al pago o estímulo, no quiero incurrir en presunciones inexactas, digamos testigos, en el asunto de que se trata? Esto tampoco fue observado.
Recordemos, señores integrantes de la Comisión Permanente, que en la iniciativa de la nueva Ley Orgánica, como lo afirmara el senador Angel Sergio Guerrero Mier, en esa iniciativa de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se establecía que la regulación de los bienes asegurados por el Ministerio Público Federal se contendrían en el reglamento de la ley. Los legisladores del PRI se pronunciaron porque la regulación de este tema se contuviera a detalle en un ordenamiento legal, precisamente porque preveíamos este tipo de circunstancias. No podríamos otorgar a una autoridad facultades amplias y discrecionales para disponer de recursos económicos que son asegurador por delitos y por delincuentes.
En esta ocasión de la discusión, por fortuna se previó en el artículo quinto transitorio, el establecimiento de este Consejo Técnico para la Supervisión y Control de la Administración de Bienes Asegurados por el Ministerio Público de la Federación.
En la integración de dicho consejo, recuerdo que la Procuraduría General de la República sostenía la sola intervención de la Secodam, pero tratándose de bienes que ingresaran al fisco federal se consideró también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y así lo impulsó la fracción parlamentaria del PRI.
Más tarde, con motivo de la expedición de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, se incluyó en dicho consejo a la Secretaría de Gobernación.
Queda pues claro, y por eso, aunque prolongada la lectura de los artículos, era conveniente para precisar que desde nuestro punto de vista se actuó de manera exorbitada, no atento al principio de legalidad y le resultan presuntas responsabilidades al Procurador General de la República en el reciente pasado.
Concluyo, el día de hoy, aunque salió hace tres días, leía un artículo por demás interesante.
Antes de comentárselos, debo de decirle a los diputados de la fracción parlamentaria del PAN y a los senadores, que les expreso mis respetos, es un asunto de carácter estrictamente de persecución de delitos, en el que me parece que no deben involucrarse los partidos, y sí deslindarse responsabilidades, a todos nos conviene.
Este artículo dice así, retomo algunos de los temas. Lo intitula o lo titula: cadáver en el closet. Establece cinco categorías calificadoras al ex procurador. Tres en el mejor de los casos, los otros dos en el extremo opuesto. Dice que fue ingenuo, este artículo, no yo, ineficaz, imprudente y desarrollo por qué lo dice y los otros dos, en el extremo opuesto, dice, incluso cómplice y corrupto.
Concluye con varias precisiones. Una de ellas: "la Procuraduría General de la República observó en más de dos años un saldo lamentable".
Sigue concluyendo. "La reacción del PAN ante esta situación, ha sido la de escapar por una puerta falsa; por una parte, ha emprendido una defensiva a ultranza del ex procurador y ha avalado sin más sus acciones al frente de la Procuraduría General de la República. Por la otra, ha denunciado la existencia de una campaña para desprestigiar al PAN. Eso explicaría, según ellos, los ataques mal intencionados que se hacen contra Lozano Gracia".
No se reprueba, dice este editorialista, la solidaridad partidista con uno de sus miembros, pero cuando va más allá del estado de derecho se convierte en complicidad.
No puede, por el simple hecho de ser alto funcionario partidista, amigo personal de Calderón, mantenerse exceptuado para la investigación y para la aplicación de la ley. Sería tanto como pugnar porque el estado de derecho se desvíe y no se observe y porque la impunidad prevalezca por el simple hecho de pertenecer a otra organización política.
Este articulista califica de grave y lamentable la estrategia de chantaje que ha hecho público el secretario general de Acción Nacional.
Dice él en una de sus declaraciones de prensa, se interroga frente a los medios de comunicación: "¡imagínense lo que podría ocurrir si Lozano Gracia se sienta ante los micrófonos y empieza a decir todo lo que sabe!". Bueno, señores, adelante. No tememos. Si vivimos en un estado de derecho, lo conveniente es deslindar responsabilidades.
Si así se materializa su propuesta electoral de la lucha contra la impunidad y la corrupción, bueno, es un asunto de partido y ahí sí ya no me meto. Ustedes habrán de valorar su estrategia política para ir materializando su propia óptica, perspectiva y expectativa política, aunque de manera personal sí puedo expresar que a mí me parece que 1997 y el 2000 en su expectativa les resultará totalmente falsa.
Concluyendo pues, desde el punto de vista jurídico, si existen presuntas responsabilidades penales de exservidores públicos, ex procurador, oficial mayor, subprocuradores, delegados, ex delegados, tiene que investigarse, señores. Tiene que investigarse.
Nosotros creemos que ése es el proceso normal, la investigación tiene que continuar.
Segunda conclusión. El conocimiento de cualquier autoridad en la entrega de recursos ha quedado demostrado desde el punto de vista jurídico, no lo exime de sujetarlo a proceso si lo amerita.
El actuó de manera discrecional, amplia, exorbitada y no observó el principio de legalidad que debe observar toda autoridad en este país.
Señor Presidente, ésta es la primera parte de la argumentación. Estoy seguro que vendrán a replicar; me reservaré para la segunda parte.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Compañeras y compañeros legisladores:
Con todo respeto, señor Presidente, no vengo a dar ninguna cátedra de derecho ni a pretender contestarla al nuevo "Paco" Peniche y Bolio; se pretende sembrar una duda entre nosotros respecto a lo decente que debe resultar cohabitar en el gobierno de un partido al que se combate. Tiene sus riesgos y los riesgos son equivocarse.
Equivocarse no nada más en el creer que la respuesta será decente, sino equivocarse en el creer que la actuación del ex procurador fue decente.
Yo me preguntaría y el pueblo de México se pregunta: ¿es decente sembrar cadáveres? ¿Es decente, diputado Peniche y Bolio, indemnizar delincuentes procesados, sentenciados? ¿Es decente recurrir a videntes supuestos para localizar cadáveres? Si eso es decente, bienvenido el código de la decencia.
Yo me preguntaría: ¿el Procurador General de la República no tiene bajo su responsabilidad la persecución de los delitos como cabeza del Ministerio Público o es la promoción de los delitos como es evidente en este caso.
Si fue enterado o no el Presidente después o antes de hacer las indemnizaciones a su querida tocaya o no fue enterado o no, a nosotros, los mexicanos, ya tenemos una idea del comportamiento del Gobierno, lo que no creíamos tener una idea es el comportamiento de un partido de oposición que cohabitaba con el Gobierno que combatía, es lo que no nos quedaba claro.
Hoy nos queda perfectamente claro, que esos cheques publicados y aceptados, haberlos emitido por el señor ex procurador y firmados por el señor ex procurador esos títulos. Nos queda claro que la indecencia estuvo presente, estuvo presente en la Procuraduría General de la República y si antes, nunca antes un familiar de un Presidente de la República estuvo detenido como hoy lo está, el del ex presidente de la República, nunca antes un procurador estuvo tan cerca de Almoloya como lo está Lozano Gracia.
No podemos nosotros convalidar, autorizar los excesos del poder. Este Poder Legislativo se negaría sistemáticamente a prestarnos a eso. La justificación que pretende darse a la actuación del ex procurador Lozano Gracia, no tiene ninguna validez, aunque la tenga el argumento jurídico, aunque la tengan los recovecos de la ley, si fue consejo técnico o fueron facultades exclusivas del señor procurador. Eso no está a discusión. Eso será cuestión de los abogados cuando ya esté procesado, cuando ya esté sentenciado o cuando ustedes se permitan apelar a la sentencia o ampararse como es recurso de todos los abogados. Lo que no está a discusión, lo que no es decente, es pagarle a supuestos testigos por hechos ilícitos. Eso es lo que no es decente.
Compañero diputado Peniche y Bolio y compañeras y compañeros legisladores:
Para nosotros queda claro, acciones ilícitas, acciones inmorales, acciones indecentes. Eso es lo que privó en este asunto en la Procuraduría General de la República bajo la titularidad de Antonio Lozano Gracia.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el señor diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Debo empezar por referirme a una acusación que ha sido, no es la primera vez que se nos lanza, de acusar a ultranza al procurador por el hecho de haber pertenecido al mismo partido político que nosotros. Yo niego categóricamente y yo lo puedo decir personalmente el de que hayamos defendido a ultranza los actos de la Procuraduría durante su gestión y lo puedo decir yo personalmente, porque me permití criticar algunos actos de la Procuraduría cuando él estaba en funciones. No se trata aquí de venir a defender a ultranza como lo ha señalado quien no ata la lengua con el cerebro en una defensa jurídica torcida y total y evidentemente mal intencionada, que lo único que deja claro ante la opinión pública es que existe esa campaña de tratar de desprestigiar por medio de Antonio Lozano al Partido Acción Nacional y a todo lo que significó la procuración de justicia estos dos años; además, evidentemente, para favorecer a alguien a quien luego me referiré.
Yo creo que cuando se tiene la obligación y la seriedad de venir a una tribuna del Poder Legislativo, siendo profesionales del derecho quienes han utilizado la misma para hablar, tienen la obligación de fundamentar, de decir porqué son actos ilícitos los que ellos consideran o presumiblemente ilícitos y no venir a decir aquí que son ilícitos porque así lo consideran sin dar los fundamentos necesarios, jurídicamente hablando, de cuáles son estos elementos que constituyen delito.
El senador Angel Sergio Guerrero Mier no se atrevió a calificarlos así, pero el senador Monreal sí y todavía se atrevió a decirnos que somos cómplices los panistas por defender al procurador. Yo exijo aquí que me diga que cómplice de qué soy, porque para empezar que defina cuál delito se está cometiendo. No hay ningún delito en utilizar estos fondos, porque está establecido en la ley perfectamente claro y no con la argumentación dicha por el senador Monreal y por supuesto ahora por mi tocayo Moreno Berry, a quienes, evidentemente, no les asiste la razón. Primero demuestren, digan con qué fundamento acusan de que hay un acto ilícito siquiera, no un delito, no un delito inmoral e indecente, como tú lo llamaste mi querido Alejandro, pero de eso ahí está en la ley y entonces tendríamos que modificarla para dejar de ser, en tú opinión, indecentes.
El hecho es de que esto es legal y el mismo senador Monreal dio el fundamento claro, aunque no lo supo entender ni ver en el 193 del Código Penal. Aquí establece claramente y esto es lo que deja de ver con una argumentación falaz el senador, en que tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de estos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para este fin el Ministerio Público, y aquí remarco, dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia.
Ese es precisamente el fundamento que si no se ha terminado de establecer en leyes secundarias, no ha sido por causas de la procuración de justicia en los últimos dos años, al contrario, desde ahí nacieron las iniciativas y se ha dado adelante para que estos fondos se clarifiquen y no son sólo fondos provenientes de actos del narcotráfico, los que se puedan establecer, sino que estableció claramente el procurador que se requería una partida presupuestal concreta para las investigaciones especiales que se llevaran a cabo. Esto es la intención de clarificar precisamente el uso de estos fondos, por lo que resulta aberrante sostener aquí el hecho de que fuera ilegal e ilícito la disposición de fondos para pagar información, porque para eso fue, no para sembrar cadáveres como aquí se afirma; es para obtener información y esa información por supuesto que dio resultados, tan dio resultados que llevaron a esclarecer las personalidades de Raúl Salinas de Gortari, en los documentos falsos que se exhibieron, a decomisar cuentas bancarias en Suiza, en el país y en Estados Unidos.
Si esto no es así, si esto es ilegal cambiemos entonces la ley señores, porque la normatividad operante desde antes en la Procuraduría de Justicia, no sólo utilizada por Antonio Lozano como procurador, sino por Diego Valadez, por Jorge Carpizo, ha sido exactamente la misma; Carpizo utilizó estas circulares de las que ahora dicen que es el abuso discrecional, para utilizar fondos para la investigación y si esto conduce a la procuración, a la impartición de justicia, para eso deben servir; y no sólo fondos provenientes de esto, sino también presupuestales como se han solicitado.
Es precisamente el último párrafo del artículo 193, el que da fundamento y apoyo a lo que pretendió hacerse después en la Ley Orgánica y en el reglamento respectivos.
¿Dónde está el ilícito? y esa es la pregunta que yo me formuló y quisiera que me contestaran; ¿dónde están los elementos del delito para que hagan presumir que estos fondos se utilizaron en forma indebida? Está claro que la intención es política, política por un lado para perjudicar a un partido que va avanzando y al que le tienen miedo.
Y segundo, porque quién sabe a quién traten de exculpar o pronto venga el regreso de Carlos Salinas y la exoneración lo más pronto posible de Raúl Salinas. Esa es la conclusión que yo asumo personal, políticamente hablando, de todo lo que aquí está sucediendo.
¿Dónde están, como se ha afirmado aquí, los sobornos a testigos cuando esto está reglamentado?, y esto sí lo dejó ver aunque en son de pregunta el senador Guerrero Mier. Sobornos, cuando lo que se está pagando es información que condujo a la deliberación y encuentro de elementos que permitieron perseguir algunos de los ilícitos cometidos por este señor Raúl Salinas de Gortari.
¿Quién ha dicho que se pagó porque se sembraran osamentas?, si existe algún elemento que inculpe a Antonio Lozano Gracia, nosotros somos los primeros en decir, porque aquí nadie lo ha dicho, nadie ha negado que se tengan que llevar adelante las investigaciones, somos los primeros en exigir que se lleven a cabo las investigaciones hasta su última consecuencia y precisamente por eso Antonio Lozano está saliendo dando la cara al público y a la opinión pública y al pueblo en general, porque él sostiene que no tiene nada que ocultar. En los hechos está todo lo que se hizo y se actuó en la Procuraduría.
Y repito, no es una defensa a ultranza porque yo no tengo por qué defender a un funcionario público que pidió licencia de un partido político y fuera éste del que fuera, no tendríamos por qué responder de actos que consideráramos erróneos. Y lo hemos señalado públicamente y en tribuna de la Cámara de Diputados, cuando así lo hemos considerado.
Dice el senador Guerrero Mier y también repetido por el senador Monreal, de que hizo uso indebido e ilícito, etcétera de fondos, porque estaba reglamentado lo de la existencia de un comité técnico. Déjenme aclararles, señores senadores, que este comité técnico es cierto que nunca se reunió y no pudo llevar a cabo su trabajo encomendado, pero no por causas de Antonio Lozano, quien sí convocó y hay elementos suficientes y probatorios para acreditar que fueron convocadas todas las instancias que pertenecían a este comité.
La cuestión es de que no pudo funcionar porque la Secretaría de Gobernación nunca designó a sus representante y ésta es la causa verdadera del porqué no funcionó este comité técnico. ¿En dónde está el hecho ilícito? ¿En dónde está el delito?, yo pido y sostengo aquí, que vengan y nos digan los elementos que a su juicio constituyan algún delito.
Cuando se dio el cese del procurador Antonio Lozano, entonces si nombró Gobernación a su representante ante este comité técnico para el uso y destino de los fondos obtenidos de los ilícitos. Esto es darle claridad y en eso tuvo empeño el procurador y toda la gente que con él trabajaba, de clarificar y no dejar al arbitrio del mismo titular de la Procuraduría, los fondos utilizados para la compra de información y eso es lo que hicieron, comprar información.
Después, aunque ya se refirió ampliamente y muy bien en esta situación el maestro Peniche y Bolio, siguen o insisten en que esto es echarle la culpa al Presidente por el hecho de que el procurador dijo que le había informado. De eso hay pruebas, de la lealtad del procurador hacia la institución, de la Procuraduría y hacia la institución, incluso, de la Presidencia, cuando no ha dicho absolutamente nada de las cuestiones que manejó en la Procuraduría. Al que le falta lealtad y yo me atrevería a decir desde aquí que le falta hombría para sostener lo que conoce, es al Presidente de la República.
Que Antonio Lozano engañó al Presidente, que engaña a los mexicanos y que engañó a su partido. A nadie ha engañado Lozano Gracia y está dispuesto a aclarar cualquier cosa ante la instancia que sea, por eso no oculta su cara ante la opinión pública.
El hecho es de que éste es un manejo político que, insisto, tiene dos finalidades:
Una es golpear al partido al que pertenece Antonio Lozano Gracia, y la otra es: La búsqueda de la exoneración de los Salinas de Gortari. Y esas son las cuentas que debe rendir el PRI, porque es el que 70 años ha engañado al pueblo de México, no nosotros; no un procurador que por primera vez en la historia es de otro partido y ahora pretende politizarse diciendo que es la actuación de Acción Nacional, por su conducto. Esto es lo que hay que remarcar. El pueblo de México sabe perfectamente leer entrelíneas de todo lo que está pasando y en la opinión pública prevalece y existe la conciencia del engaño de todo esto y de porqué los ataques a Lozano Gracia.
Ya para qué referirme a otras cuestiones que manejó el senador Monreal o él mismo, Moreno Berry. Creo que con esto es suficiente y espero tener alguna respuesta.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El señor diputado Alejandro González Alcocer, inicia su intervención diciendo:
"No pretendemos defender a ultranza a Antonio Lozano Gracia". Que contrariedad, hacen esfuerzos denodados por defender lo indefendible. El y mi muy estimado compañero diputado Peniche y Bolio, utilizan argumentos verdaderamente falaces y todavía González Alcocer se atreve a decir que aquí no se han utilizado argumentos jurídicos para señalar la presunta responsabilidad de Lozano Gracia en su paso por la Procuraduría General de la República. De veras, qué tarea tan difícil y yo solamente comprendo la intervención de mi estimado amigo Peniche y Bolio, porque su gran dignidad y su capacidad, lo hacen sudar, pero de veras sudar, la camiseta de Acción Nacional; porque lo han puesto en un verdadero predicamento.
Yo creo que la cuestión central aquí, ha sido determinar si Antonio Lozano Gracia estaba legalmente autorizado o no, para pagar una recompensa ofrecida a la señora Zetina, por información proporcionada. Que no aceptan, por supuesto, que haya sido para enterrar la osamenta que apareció en la finca El Encanto.
Como contrapartida, aseguran que fue apegada a derecho esa recompensa que confesó haber realizado, dijo, supuestamente con otros fines, pues que para que recabar información de cuentas en Suiza, qué documentos falsos utilizados etcétera.
Al margen, y que se escuche bien, al margen de la docta exposición que hizo aquí el señor senador Monreal Avila, de cómo se integra este fondo y qué facultades se tienen, tiene el procurador en su caso para su utilización al margen de ella, yo quiero señalar un hecho verdaderamente contundente.
Efectivamente, la Procuraduría General de la República antes de la intervención de Lozano Gracia había ofrecido una recompensa, pero para quien diera datos respecto del paradero del señor Muñoz Rocha, única y exclusivamente para ese fin y, bueno, si los señores diputados de Acción Nacional dicen que aplicó correctamente el pago de esa recompensa, yo asentaría con ello, sí, pero porque dio información respecto del supuesto paradero de Muñoz Rocha, el entierro de esos restos en la finca de El Encanto.
Visto así, sería una correcta aplicación de esa recompensa, pues entonces, ¿dónde queda la versión de que no pagó la recompensa con ese propósito? Una serie de enredos y en ánimo de defenderse, verdaderamente se hunde más Lozano Gracia.
Yo no sé si esto tampoco pueda ser otro argumento jurídico más a lo asentado, por si esa aplicación en su caso y suponiendo sin conceder, que ese pago, esa recompensa se haya hecho por otros conceptos distintos a los por los cuales fue autorizado eso por sí solo implica un desvío de recursos, una mala aplicación de esos fondos de seguridad.
Dice el señor diputado Peniche y Bolio, que la actuación de Antonio Lozano no fue desafortunada, que tenemos muchos narcos sujetos a proceso, que tenemos una serie de logros más y pontifica la iniciativa de reformas o más bien la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por una gran aportación de Lozano Gracia.
No mi querido diputado Peniche y Bolio, es totalmente falso; a usted y a todos los que integramos la Comisión de Justicia nos consta que la iniciativa Gómez Mont como se le estuvo llamando, que fue la que envió por conducto del Ejecutivo don Antonio Lozano Gracia, con toda certeza el señor senador Trinidad Lanz Cárdenas en una reunión conjunta con senadores, en las que por cierto estuvo Juan de Dios Castro Lozano, el señor senador, la calificó con todo acierto de un gran mamotreto y miren nada más, en función de este tema, en la exposición de motivos de aquella aportación jurídica de Lozano Gracia aparecía todo un capítulo destinado precisamente a la creación y administración de esos fondos de seguridad.
Pero, paradógicamente en el articulado de esa iniciativa ya no apareció ni un solo artículo referente a ello y no me van a dejar mentir, porque su servidor fue precisamente el que hizo esa observación y no solamente hice esa observación, cuestioné la integración constitucional de esos fondos y su manejo, pero bueno, al final de cuentas en la exposición de motivos de esa aportación jurídica aparecía ya, se vislumbraba el desmedido interés de Antonio Lozano Gracia, por manejar en forma muy discrecional todos esos puntos.
Fue a iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que se incluyó todo un capítulo referente a ello y fue a iniciativa del Partido Revolucionario Institucional que se estableció al final de cuentas ese artículo transitorio, mientras se determinaba cuándo iba a ser procedente o no la administración de esos fondos de justicia.
Una evidencia más de esa gran aportación jurídica. La iniciativa Gómez Mont llegó integrada por 32 artículos y del análisis de las sesiones de trabajo conjuntas, inclusive, celebradas con el Senado de la República, esa iniciativa termino en 66 artículos más seis transitorios.
No es cierto, pues, que sea un logro, una aportación de Antonio Lozano Gracia es preocupación por administrar esos fondos pero bueno, creo que es muy saludable hacer mención aquí que mi fracción ha pedido definitivamente muy formalmente, la realización de una exhaustiva auditoría para que antes, durante y después de la administración de Lozano Gracia, se determine que se ha hecho con todos esos fondos y por supuesto que el manejo no sea tan discrecional.
Y si hablamos del éxito de Lozano Gracia, yo también podría decir bueno, ¿qué los fracasos no fueron tan sensibles? ¿En dónde quedaron tantos intentos por extraditar a Mario Ruiz Massieu? ¿Nos llenará de orgullo ante los tribunales mundiales, internacionales, fracaso tras fracaso? ¿Pensarán en los tribunales internacionales que en México no hay juristas que puedan justificar los extremos de su acción? No creo que eso sea muy edificante para la administración y la persecución de justicia de nuestro país.
Othón Cortés. La sentencia absolutoria, ratificada por el más alto tribunal del país que lo absuelve. Cómo quedaron los eses masivos de los policías judiciales de los que hizo tanto alarde y que evidentemente violentó el procedimiento, porque quiérase que no y cualquiera que sea la naturaleza del evento, Lozano Gracia tenía la obligación de comunicarles a cada uno de ellos cuál era la razón de la pérdida de la confianza y jamás les hizo saber la causa que motivaba la pérdida de la confianza y nada más dijo por ahí que porque no cumplía un perfil moral, perfil moral que yo recuerdo que fue ampliamente discutido. ¿Era negro, era amarillo, era alto o debería ser chaparro? En ese supuesto, yo ya estaba totalmente excluido.
Pero bueno, los resultados están a la vista, por eso se han podido lograr reposiciones de procedimiento, pero hay un costo muy elevado para la Federación, porque las restituciones tienen, en las restituciones tienen que observarse el pago de los salarios caídos y eso no sale de la bolsa del señor procurador de justicia, sale del patrimonio de la Federación.
Un caso que definitivamente tiene que causar ámpula: Tijuana. Todo un expediente que va a ser materia de una nueva línea de investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio y en el que irremediablemente va a tener que comparecer Lozano Gracia a explicar su conducta y va a tener que explicar porqué a los dos días de haber detenido en un cateo involucrado con el narcotráfico puso en libertad a Jesús Cadera Rincón, quien había confesado haber entregado la pistola con que Mario Aburto victimó a Luis Donaldo Colosio y va a tener que explicar por qué razón, a los dos días, después de haberlo detenido, lo puso en libertad.
No creo pues que haya sido muy edificante la acción de Antonio Lozano Gracia. Creo que resultaría verdaderamente inútil analizar la naturaleza de la constitución de los fondos para la prosecución de justicia, pero bueno, si el señor diputado González Alcocer dijo que el artículo 193 de nuestro Código Penal reformado le daba la legitimidad de ese manejo, yo quiero leerle textualmente que la lectura que él hizo de este artículo es equivocada, primero porque tenemos que partir de la base que todos esos fondos se van a destinar al mejoramiento de la administración de justicia, según reza la parte final del artículo 41, y luego en el 193, en el párrafo final dice: "tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos ilícitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41; que no faculta por supuesto al procurador a hacer una administración o disposición discrecional de esos recursos, y continúa el texto,
para ese fin el Ministerio público dispondrá durante la averiguación previa su aseguramiento que corresponda, dispone el aseguramiento, no dispone de los recursos, de los bienes y el destino precedente en apoyo a la procuración de justicia o lo solicitará en el proceso y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto, se destinen a la impartición de justicia". Se destina a la impartición de justicia.
Evidentemente que no es lo mismo la procuración que la administración de justicia. La impartición de justicia recae únicamente en el Poder Judicial.
No vemos pues, por ningún lugar que le quieren buscar, que la actuación de Lozano Gracia sea justificable conforme a derecho y mucho menos que sea dignificante.
Yo diría, para finalizar, dicen que no vienen a defender denodamente la actuación de Lozano Gracia. Sí y lo hacen en forma tal, tan antijurídica, que yo creo que Lozano Gracia debería estar deseando en este momento que no lo defendieran, "con esos compadres no me defiendan", así diría, creo, Lozano Gracia.
Muchas Gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Félix Salgado Macedonio:
Gracias, compañero diputado:
Yo pensaba que esto iba a calentar un poquito más, pero veo que se miden, se están midiendo las partes.
Realmente todo esto es un lodazal, es una porquería, qué vergüenza debería darles venir a tratarlo aquí en tribuna.
Ya advertíamos que este tórrido romance no iba acabar tan bien entre PRI y PAN. Este es el viejo pleito entre dos hermanos: Abel y Caín. Caín, no de compadres como alguien lo dijo hace rato, es de hermanos, Caín mató a Abel con un hueso, con una quijada de vaca y ahora en estos abeles y caínes contemporáneos también se andan matando con huesos. Caín está matando a Abel con un hueso, con un cráneo.
Que si Lozano Gracia falló al PAN, a sus amigos, al Presidente; que si Zedillo autorizó o no el pago a "La Paca", todo eso como que es secundario, nosotros quisiéramos, el pueblo de México, que explicaran el PRI y el PAN cuál fue el procedimiento para designar a Antonio Lozano Gracia como Procurador General de la República y a Chapa Bezanilla, un extraño personaje que nadie sabe ni quién es ni de dónde viene ni dónde está. ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué no se ha explicado a la nación ese nombramiento del señor Lozano Gracia? ¿Cuál era su carrera? ¿Cuál era su currículum.
Aquí hay muchos abogados defensores del derecho, del PRI, que estuvieron de acuerdo en que Lozano Gracia fuera el Procurador General de la República y no dijeron nada en ese entonces, y ahora, bueno, hay que linchar a Lozano Gracia.
Este es un problema, lo podemos resumir en pocas palabras, de crisis institucional. Está en crisis la credibilidad de las instituciones. ¿A quién le vamos a creer, al PRI o al PAN? ¿A quién estamos obligados a creerle? Ese es el gran problema que ahora tenemos y lo advertimos en su tiempo, su momento.
Lozano Gracia ni era lozano ni tenía la gracia para ser el Procurador General de la República, pero los del PRI consintieron en que ése tenía que ser el hombre indicado para llevar las riendas de la PGR y usaron a Lozano Gracia para sacar órdenes de aprehensión en contra de Marcos, en Chiapas, para no permitir el juicio político y penal en contra de Rubén Figueroa, para no atraer la matanza de Aguas Blancas.
Lo usaron, les hizo muchos favores y por ahí se ufanaban de que es un mérito, un triunfo el que Lozano Gracia haya llevado a prisión a Raúl Salinas de Gortari. ¡Qué triunfo tan grandote!, ¿por qué no, entre todos: PAN, PRI, los funcionarios de la PGR, por qué no se atrevieron a llamar a cuentas y encarcelar a Carlos Salinas de Gortari, el verdadero autor de todo este desastre?
El que debería estar en la cárcel es Carlos Salinas de Gortari, no nada más su hermano, ¿por qué dejan las investigaciones a medias y hasta donde les conviene.
Esta es una podredumbre que avergüenza a las instituciones y que avergüenza al país y si no lo quieren creer lean el periódico Reforma de hoy, una carta publicada del difunto José Francisco Ruiz Massieu, dirigida al Presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, donde le advierte que la presencia de su padre, Raúl Salinas Lozano, el que supuestamente se fue a curar el asma a Acapulco, era inconveniente para el Estado, dados sus nexos con el narcotráfico.
También lo denunciamos en la tribuna, Salinas de Gortari, Carlos, vivió abrazado del narcotráfico. El narcotráfico penetró a las más altas esferas del poder.
Ese es un cáncer que tenemos los mexicanos y que nadie se ha atrevido a tocar.
"La Paca", muy famosa, hoy día "La Paca", ¿cuál "Paca". ¿"La Paca" Zetina o la paca de Billetes? ¿De cuál paca estamos hablando? ¿Y en dónde está esa "paca"? ¿La que está en la cárcel o la que está en la bolsa? Es un asunto en donde yo creo que los mejores noveleros los envidian, los van a dejar sin dramas. Aquí salen muchas telenovelas.
¿Cómo es posible, en qué cabeza cabe que hay que buscar los servicios de una clarividente, bruja, charlatán, para que nos diga o nos indique el rumbo de la investigación sobre la muerte de Ruiz Massieu? Uno que contrató y el otro que estuvo de acuerdo y aquí dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata y el que le paga a "La Paca".
Y quienes recurren a esto es por su falta de capacidad para investigar. Imagínense ustedes, llega al gobierno el PAN o sigue en el gobierno el PRI y ahora vamos a estar sujetos a brujos. Pobres, los de Catemaco, ya quedaron relegados con esta señora "Paca".
Me parece muy torpe y muy estúpido, tanto el que contrató como el que pagó los servicios de esta charlatana, a nuestro juicio. Esto es precisamente lo que viene a reforzar nuestro dicho de que existe crisis de credibilidad en las instituciones, sobre todo en donde se imparte la justicia.
Pero de todo este enjuague, lo sabe muy bien Carlos Salinas, lo sabe muy bien el presidente Zedillo, lo sabe muy bien Córdoba Montoya, lo sabe muy bien Diego Fernández de Cevallos, lo sabe muy bien Castillo Peraza y lo sabe muy bien Diego Fernández de Cevallos.
Esos son los únicos que lo saben perfectamente bien y que no lo quieren aclarar a la nación.
Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que el procurador fuera Antonio Lozano Gracia, sin embargo, los del PRI sí estuvieron de acuerdo. Entonces ustedes también, los del PRI, son corresponsables de lo que hoy está ocurriendo y precisamente el PRD no quiso entrar en este tipo de transacciones, conociendo el sistema político imperante.
Nosotros no pretendemos ser una oposición simulada; nosotros no quisimos tener tratos con un presidente fraudulento, el que fue avalado por otros, menos por el PRD.
Esto, pues, habla de la autoridad moral de este partido, que le ha costado muchos muertos, aunque no tengamos gubernaturas, aunque no tengamos PGR, pero tenemos la dignidad y la moral muy en alto.
Muchas gracias.
TRABAJADORES EMIGRANTES
El Presidente:
Sobre el tema trabajadores mexicanos indocumentados y su expulsión por parte de los Estados Unidos, tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El fenómeno de la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos de América, se ha incrementado particularmente en los dos últimos años: 1995 y 1996, debido a la severa crisis económica que se desató en nuestro país y que aún no logramos superar, destruyendo empleos y fuentes de ingresos para miles de familias mexicanas, sin poder contar con cifras precisas en virtud de que la gran mayoría de nuestros connacionales que emigran lo hacen sin contar con la visa correspondiente, expedida por el gobierno norteamericano. Algunas estimaciones indican que este fenómeno se incrementó en un 24% durante el mes de enero con respecto al mismo mes del año anterior.
Es cierto que las mejores expectativas laborales en los Estados Unidos de América, influyen para que millones de compatriotas de manera acumulada, abandonen nuestro país, pero también lo es que nuestros compatriotas son inicuamente explotados y denigrados en su condición social de su relación laboral. Además en virtud de las decisiones tanto del gobierno federal como de algunos gobiernos de los estados de la unión americana, de privar a quienes tienen una calidad migrante irregular de los servicios básicos de apoyo a la población, tales como educación y salud.
La situación de nuestros connacionales se ve seriamente afectada, no sólo se les impide el acceso a los mínimos de bienestar para el desarrollo de la persona humana, sino que además el salario que perciben por la prestación de su trabajo, es notoriamente inferior al que percibiría cualquier ciudadano norteamericano por la misma labor.
Incluso es necesario reparar en que la denominación respectiva que se da a los emigrantes que se encuentran en situación irregular, es la de ilegales. Su situación migratoria irregular en los Estados Unidos de América, de ser definida como indocumentados.
El que se les considere para efectos de calidad migratoria como ilegales, trae aparejada una continua y sistemática violación a sus derechos humanos. Es paradójico que la nación que a sí misma y sin razón alguna se arroga el derecho de juzgar y opinar sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en otros países, no se percate de que con su actitud hacia los indocumentados de cualquier nacionalidad que se encuentren en su país, en particular los mexicanos, conculca los derechos que en favor de todo individuo, consagra la declaración universal de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
De esa declaración tanto el gobierno federal de los EUA como el de algunos estados de ese mismo país, violan los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o., nos permitimos leer textualmente el contenido de algunos de estos preceptos, con lo cual queremos demostrar su flagrante violación por parte del gobierno norteamericano.
"Artículo 2o. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición.
Artículo 5o. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6o. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7o. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación."
Bastante claro es el contenido de las garantías que a cualquier persona otorga la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas y bastante claro es también el que los mismos son sistemáticamente violados por el gobierno norteamericano, esto sin menoscabo de violaciones a otros instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
En los años recientes han sido muchísimos los testimonios, las evidencias documentadas por los medios de comunicación mexicanos significativamente también por los de los Estados Unidos, así como por diversas organizaciones no gubernamentales de ambos países, respecto a la violación flagrante y reiterada de los derechos humanos de los indocumentados mexicanos, del trato denigrante, la explotación y el abuso laboral de empresarios norteamericanos, que buscan aprovechar la condición irregular de la mayoría de los inmigrantes, para beneficiarse ahí sí de manera ilegal e indigna.
El Partido del Trabajo exige, por parte del Gobierno mexicano, una actitud más firme en la defensa de los derechos de nuestros connacionales en cualquier país del mundo en que se encuentren, por independencia de su calidad migratoria.
Exigimos asimismo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, gire instrucciones precisas a los integrantes del servicio exterior mexicano, para que estén atentos e intervengan oportunamente en la asesoría y tutela de los derechos de nuestros compatriotas, tal y como lo dispone la fracción II del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Con todo respeto, señor Presidente, quisiera solicitar se turnara para su análisis los últimos datos obtenidos del 24% de expulsiones de mexicanos, que en este año sufriera el incremento de la expulsión de mexicanos de los Estados Unidos, para que las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores pudieran hacer un análisis más preciso y solicitar a los titulares de las carteras, en este sentido, su comparecencia a las comisiones para que pudiéramos tener una actitud más enérgica los legisladores frente a esta agresión a nuestros connacionales.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones respectivas que solicita el diputado Alejandro Moreno Berry.
POLITICA MONETARIA
El Presidente:
Sobre política monetaria del Banco de México, tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores de la Comisión Permanente; señoras y señores:
Hemos pedido la palabra para tratar un problema de la máxima importancia. Se trata del informe del Banco de México sobre su proyectada política monetaria para 1997. El Banco de México declara que su principal función como Banco Central es procurar la estabilidad de los precios. Ya se le olvidó la antigua función que tenía anteriormente de coadyuvar y de facilitar la expansión productiva de la economía y promover el desarrollo, incluso ni siquiera trata de fortalecer la rectoría en el desarrollo nacional que corresponde al Estado, a pesar de que el artículo 28 modificado para darle autonomía al Banco Central, así lo establece.
Lo mejor que podemos hacer para juzgar la función que la autonomía le ha dado al Banco de México es decirlo en sus propias palabras. Afirma el Banco de México: "En 1996 los activos internacionales netos expresados en moneda nacional aumentaron en mayor medida que la propia base monetaria, lo que implicó que el crédito interno neto tuviera que contraerse para conservar a la aludida base monetaria en su trayectoria deseada", es decir, en 1996 el Banco estuvo dispuesto a una reducción del crédito interno neto equivalente a 17 millones 128 mil 260 pesos, lo cual fue muy comentado y criticado por los periódicos el año pasado. Pues este año, no se nos espera nada mejor, también se propone el Banco de México una reducción del crédito interno neto de 745 millones de pesos.
La base monetaria que el año pasado aumentó en 17 mil 182 millones, para este año aumentará en una proporción más o menos similar, 24 mil 580 millones que será un 24.5% mayor que la del año pasado. Esto es simplemente para dar margen por el aumento proyectado del que será de un modesto 4.5%; el aumento en los precios, o sea, una inflación de 15%, que a todos se nos antoja como muy optimista considerando que en el mes de enero tan sólo los precios ya aumentaron y en lo que vamos del mes de febrero, ya aumentaron un 3%. Sin embargo el gobernador del Banco de México afirma que este aumento de enero y febrero ya estaba previsto y que él espera que los precios sólo aumenten 15%.
Esto no deja más que una base, como ellos llaman, de remonetización del 3.6%. Es decir, una nueva política restrictiva para este año 1997. Claro que hay muchos que lo olvidan porque ¿qué pasó en 1994? En 1994 pasó con que la base monetaria aumentó muchísimo, en parte por el flujo de dólares que hubo como resultado de la venta de los Tesobonos, cosa que tuvieron que volver a garantizar en 1995, con los resultados de la crisis que ustedes ya conocen.
Pero el Banco de México aún afirma: toda vez que las variaciones del crédito interno neto y de los activos internacionales netos se combinaron en forma de producir el monto de base deseado, se puede afirmar que el descenso del crédito interno neto no implicó restricción monetaria alguna. Lo mismo vuelven a afirmar para este año de 1997. Es decir, no habrá ampliación del crédito y volverán a decir que todo se debe a que los activos internacionales netos no aumentaron en gran cosa y si los activos internacionales aumenta, pues entonces resulta que lo que aumentan también son las importaciones.
Es decir, la política monetaria del Banco de México no ejercerá ninguna influencia para facilitar el crecimiento económico, para facilitar el aumento del empleo ni para la recuperación del salario real.
También el gobernador del Banco de México ha dicho que la política monetaria es una política neutra; que la marcha de la economía no depende del Banco Central. Pero el Secretario de Hacienda y Crédito Público más o menos dice lo mismo: una expansión del crédito está en manos del gobernador del Banco de México o del instituto central, emisor central y por lo tanto ahora resulta que las autoridades monetarias y hacendarias, las máximas autoridades económicas del país que antes estaban unidas puesto que el Banco Central servía a los intereses del desarrollo nacional, ahora divididos, pues entonces resulta que cada quien actúa por su parte o más bien que cada quien no actúa con los resultados negativos sobre nuestra economía.
A estas alturas yo creo que ya resulta claro que las críticas que con mayor precisión y mayor congruencia ha hecho la comunidad académica mexicana, la mexicana, no la extranjera, al proyecto neoliberal, coinciden en lo fundamental: tienen bien identificados sus principales ejes y debidamente documentados los efectos perjudiciales que este proyecto ha ocasionado sobre el nivel y estructura de la producción, sobre el equilibrio de la balanza de pagos y sobre la distribución del ingreso.
Asimismo, se ha cuantificado la resultante reducción de los salarios reales, del ingreso rural y en general del nivel de vida de la población trabajadora. En términos de producto por habitante señores, somos ahora más pobres que en 1981, porque la tragedia ha sido que mientras la producción interna o no ha crecido o lo ha hecho a una tasa muy reducida, la población ha continuado aumentando, con el resultado que todos vemos de que la población mayoritaria y las clases medias, cada día encuentran que su nivel de vida se reduce y que es más difícil poder satisfacer las demandas de un mejor nivel de vida.
Desde luego que aquí la paradoja es que ha habido una pequeña fracción de la población que en medio de esta crisis, se ha enriquecido ostentosamente. Entonces si ya nosotros podemos calificar documentadamente que esta política practicada durante los últimos 15 años ha sido un fracaso y que aun condicionando el desempeño del anterior modelo fue mejor y no me vayan ahora a salir con que siempre la vuelta al pasado y todo eso, porque ya también están muy bien identificadas las fallas estructurales del anterior modelo que eran, para resumirlas, primero, la falla estructural se llama la restricción externa, que consiste en que tan pronto como empezamos a crecer, tendemos a importar más de lo que exportamos, con lo cual ponemos en desequilibrio la balanza comercial, cuando que necesitamos un excedente porque tenemos la balanza factorial o sea, de pagos a los factores de la producción, tremendamente deficitaria por el alto costo del capital extranjero. Entonces ésta es una falla estructural muy grave que se vio desde los años cincuenta. Precisamente por eso la política de ir reduciendo esa dependencia del exterior.
La segunda falla estructural muy grave, es la de las finanzas públicas o sea la tendencia que los impuestos no bastan para poder financiar todas las obligaciones o las iniciativas de un estado rector y de un estado promotor de la economía. Entonces había un déficit fiscal que nunca se pudo financiar con aumento de la carga tributaria, que fue una debilidad del anterior modelo y que con estos neoliberales, esa falla se trató de arreglar, pues deprimiendo el gasto. Sencillamente. Vamos a bajar el gasto público, aunque haga mucha falta el gasto social, vamos a deprimirlo y de la inversión pública ni se habla. A sus mínimos niveles. Del 10% que llega a representar en 1980-1982, ha bajado al 2.9%, 3.4% del producto interno.
Entonces, ustedes ven que la contribución de las finanzas públicas, también ha sido negativa el desarrollo y aquí más se vendió todo esto a la opinión pública, con el cuento del saneamiento de las finanzas públicas o del saneamiento de las finanzas públicas, es una camisa de fuerza más que se ha puesto el modelo neoliberal, en el sentido de que a fuerza tienen que tener lo que se llama superávit primario, que es el que incide sobre la demanda. Es decir, el gobierno, el sector público recoge más ingresos de los contribuyentes, de los que les regresa en forma de bienes y de servicios.
El superávit primario, que desde 1983 existe, inmediatamente Miguel de la Madrid comprimió el gasto público, aumentó los impuestos, las tarifas, los precios de la gasolina. Ahí sí la política del torniquete, vamos a darles más y más y más y exprimir a los contribuyentes y a los causantes para obtener un superávit primario. Desde entonces no dejan de tenerlo.
Para 1997 está proyectado otro superávit primario, equivalente al 3.6% del producto interno. Y ¿a qué destinan ese superávit? A pagar intereses. Entonces se pagan intereses y ahora, en este año 1997 y en 1996, con ese superávit se paga el rescate de la banca. Por eso es que el Banco de México puede afirmar que el rescate de la banca en nada ha alterado su función de no expandir el crédito, sino el rescate de la banca y el costo de la banca, recae sobre los contribuyentes.
De manera que ustedes ven que ahí vamos con la segunda camisa de fuerza, la de la política fiscal. ¡Ah!, pero no conforme con eso, se han puesto otra camisa de fuerza. La tercer camisa de fuerza es la de la política monetaria. Obviamente el Banco Central no puede expandir el crédito, bajo estas reglas. Entonces, resulta que tenemos por un lado la coladera de las cuentas con el exterior, producto, y no nos engañemos, producto de la apertura indiscriminada que se hizo, producto del tratado, del nefasto Tratado de Libre Comercio y producto también del endeudamiento y de pagar tasas de interés altísimas, muchísimo más altas que las del mercado internacional, para traer capital del exterior.
Con todo esto, es obvio que no sólo que la política neoliberal ha sido un fracaso, sino el punto que quiero hacer ahorita, es que es inviable. Es inviable y los objetivos son: tener una tasa de crecimiento satisfactoria, aumentar el empleo productivo y aumentar los salarios reales. Desde ese punto de vista es inviable la política actual, pero además vamos a decir qué cosa es lo que se ha hecho entonces, de qué cosa es de lo que se ufanan los neoliberales. ¡Ah!, pues una de las conquistas que siempre están mencionando es el espectacular aumento de las exportaciones.
Efectivamente, de un nivel de 28 mil millones de dólares que tenían las exportaciones en 1982, 16% del producto interno bruto ascendieron a 61 mil millones de dólares en 1994 y debido a las devaluaciones y a la brutal caída del producto interno bruto llegaron a ser de 96 mil millones en 1996, es decir, de representar el 16% del producto interno bruto, ahorita representan el 27% del producto interno bruto.
Como proyectan una tasa de crecimiento del 14% anual, muy superior a la del 4% anual, 5% del producto interno bruto, llegarán a 162 mil millones de dólares en el año 2000, 33% de un producto interno bruto que aumenta de un 4% a un 5%. Aún si se considera la sobrevaluación de las cifras como resultado de que meten todo lo de las maquiladoras dentro de las importaciones y las exportaciones, no cabe duda que las exportaciones han aumentado, pero yo no llamaría que estamos a punto de convertirnos en una potencia exportadora cuando analizamos nosotros la estructura de las exportaciones y cuál es la ventaja competitiva que nos ha dado este volumen de exportaciones.
Por un lado los bajos salarios que es gracias a lo que exportamos tanto; por otro lado el saqueo de nuestro subsuelo exportando petróleo crudo, entonces maquiladoras, exportación de petróleo crudo y nuestros artículos tan baratos por la devaluación, todo eso es lo que han propiciado las exportaciones, pero, por ejemplo, en 1995 las exportaciones aumentaron 27%, el producto interno bruto disminuyó 7%, la inversión bruta 29% y el consumo 7%. ¿Cuál es el significado de esa paradoja, cada vez exportamos más y cada vez somos más pobres; cada vez exportamos más y cada vez tenemos menos acumulación de capital; cada vez exportamos más y cada vez consume menos la población y los índices de desnutrición son más elevados.
Entonces, ¿cuál es el mérito, a eso se le llama ser una potencia exportadora? Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión muy cuidadosa, no dogmática, con cifras, de realmente a dónde nos lleva este modelo, porque se ha propiciado una sustitución de la demanda de los productos nacionales por importados que convierte a los industriales en comerciantes, no podemos negar que sectorialmente si analizamos por ramas de la producción andamos mal, que solamente las exportaciones están concentradas en unas cuantas ramas y en unas cuantas empresas y encima de eso tenemos una balanza de servicios factoriales muy negativa, porque es cierto que viene el capital extranjero, ayer por ejemplo, leíamos en el periódico que las inversiones de los extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores llegan a 36 mil millones de dólares, con estos precios van a poder al rato comprar toda la Bolsa de Valores.
Y Eso no es lo peor, sino lo peor es que hay que pagar por esas inversiones, porque el capital extranjero no viene de gratis, viene y viene porque aquí recibe precios mayores que las que obtienen en el extranjero y que el tipo de cambio está materialmente, también metido en un verdadero dilema porque si nosotros tenemos un tipo de cambio estable, entonces resulta que un inversor extranjero viene aquí a México, vamos a suponer que va a ganar el 20% que es porque ya bajaron las tasas de interés, vamos ahorita a hablar del 20% va a ganar el 20%, en su país esa misma inversión puede obtener un 4% ó 5% y me van a decir de inmediato, ¡ah!, pero el aumento de precios en México es muy superior al de Estados Unidos. Es cierto, estamos con ése otro dilema, que este índice de precios tiende a aumentar más que el de ellos.
Pero, qué tal si cambia y todos esos cálculos los hacen y están metidos en las computadoras, de manera que hace el cálculo del cuál es lo que pierde, por la devaluación del tipo de cambio y gana, resulta con que un extranjero puede tener una tasa real de interés del 12%, 14%, 15%... pues, ¿cómo no van a venir?, pues todo el que tiene posibilidades se viene, pero no viene a invertir, no vienen a hacer inversiones directas, vienen a saquearnos, vienen a aumentar el déficit de la balanza factorial y que nosotros tenemos que tener un superávit de la balanza comercial que no podemos tener, porque con la libertad que hay nuestros productores si están en desventaja, los productores nacionales en desventaja de los productores del extranjero e inmediatamente empezamos a importar.
La dependencia del aparato productivo nacional de las importaciones ha aumentado y es otra, es la principal restricción que tenemos para el crecimiento y hablamos sobre las finanzas públicas, sobre cómo el descenso, el desplome de la inversión pública ha perjudicado a la inversión privada, es falso de toda falsedad y había evidencia estadística de eso, de que la inversión pública jala a la inversión privada, no la sustituye, es complementaria, entonces bajaron la inversión pública y resulta que la inversión privada no ha sustituido a esa inversión pública, con el resultado que nuestros coeficientes de acumulación han bajado, nos hemos descapitalizado, sobre todo en el banco, en el agro, sobre todo en la industria de transformación, ha afectado a la pequeña, a la mediana industria con el resultado de que ahora nuestra acumulación de capital vale menos en términos reales de lo que venía antes.
De manera que este daño no se ha reparado y todo esto por andar de dogmáticos con el saneamiento de las finanzas públicas.
Otro efecto negativo de la política fiscal neoliberal es que también disminuyó el ahorro. A mediano y largo plazos, cualquiera que sea el nivel del gasto público, debe financiarse con ingresos ordinarios de los cuales los impuestos son la fuente principal. Este requisito, ya lo dijimos, no lo cumplió el desarrollismo, pues las reformas fiscales no se atrevieron a gravar con un impuesto personal progresivo los rendimientos del capital, es decir, intereses, rentas y dividendos ni las ganancias expeculativas. Tampoco se pudo captar una parte creciente del excedente económico de las empresas a medida que aumente el producto interno bruto, ésta es la principal fuente de ahorro, la principal fuente de ahorro nacional es el excedente económico de las empresas, si se genera vía utilidades.
La segunda fuente principal del ahorro nacional es el ahorro público, o sea, el excedente de ingresos corrientes sobre gastos corrientes.
Estas dos fuentes de ahorro eran mayores cuando la economía crecía, que ahora que no crece y eso es natural, en una población con una economía empobrecida ¿Cómo va a aumentar el ahorro? Entonces, también el ahorro que ahora se publicita como la gran salvación para nuestro desarrollo, también ése resultó perjudicado.
Entonces, ¿qué hacer si el proyecto neoliberal es inviable?, como ya dijimos, porque no va a proporcionar, no es sostenible ni siquiera una tasa de desarrollo del 4.5% por el problema en que están metidos con la inflación y con el tipo de cambio.
Por eso es por lo cual el PRD ha ya estudiado desde hace tiempo, ya tenemos más de dos años haciéndolo, un proyecto alternativo. En este proyecto alternativo del PRD, los objetivos son: lograr un incremento del producto interno bruto del 5% al 6% para los tres años que van de 1998 al 2000. Ustedes me van a decir, bueno, del 5% al 6% no hay mucha diferencia puesto que el Gobierno piensa del 4% al 5% y ustedes nada más 1% más, del 5% al 6%. Sí, pero con la diferencia de que mientras que el del Gobierno no es viable, puesto que nos lleva a otro fracaso, como ya dijimos, por las trampas y las camisas en que están metidos y las camisas de fuerza que tienen puestas, éste si es viable.
Y ¿cómo se hace viable? También el objetivo es incrementar el empleo, tres millones directos y el resto, todo el mundo dice: ¿y cómo van a llegar los cinco millones, qué va a pasar con el resto? Pues el resto solitos se crean, porque van a ser empleos de la economía informal y se pone a operar el multiplicador del empleo, de manera que cuando haya una derrama de ingresos y esa derrama de ingresos se traduzca en mayor producción, aparecerán los autoempleados. Eso es automático.
Para terminar con la subocupación, y eso es también parte del proyecto del PRD, hay que tener una tasa de desarrollo del 8%. Una tasa del 8% es la única que permitirá terminar con el problema de la subocupación e ir absorbiendo los subocupados. Eso no se está planteando, esto no lo está planteando el proyecto para el año de 1998 a 2000, eso será para después, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
El tercer objetivo básico es incrementar el salario real, es decir, incrementar la masa salarial, la masa salarial resultado del aumento en el empleo y de la no disminución de los salarios reales, con lo cual se dará un impulso enorme al mercado interno y no nada más estaremos concentrados en aumentar las exportaciones, que es lo que ha hecho el actual modelo.
Ahora, ¿cómo se consiguen estos? Estamos de acuerdo en que no es fácil, pero sí hay que saber con qué instrumentos se cuenta.
Primero, se requiere un sistema de financiamiento para el desarrollo que no dependa totalmente del sistema bancario.
Segundo, se requiere un sistema financiero mixto, es decir, donde intervenga no nada más la banca privada, sino también la banca del estado, sólido y bien regulado.
Tercero, se deben establecer políticas claras respecto a la relación del sistema financiero nacional, con instituciones y sistemas internacionales, o sea, la famosa desregulación del sistema financiero, ¿a dónde nos ha llevado y a dónde nos va a llevar.
Para lograr estas tres metas, nuestro programa propone:
Recuperar y extender la actividad de la banca de desarrollo como banca de primer piso para sectores estratégicos.
Yo he preguntado a muchos banqueros cuándo estaba mejor la banca, si ahora que está privatizada y que tiene muchas dificultades, cuando estaba totalmente nacionalizada o cuando era un sistema de banca mixto y todos me han dicho que cuando mejor funcionó el sistema bancario es cuando teníamos un sistema de banca mixta, entonces, ¿por qué no regresamos a él, mejorado y modernizado.
En el caso particular de los movimientos internacionales de capital, se trata de establecer un impuesto a las inversiones que se mantengan en México en un plazo menor a un año. Este impuesto, siguiendo la práctica de algunos otros países latinoamericanos, puede ser del orden del 5%; establecer claramente el esquema de responsabilidad en la operación de los intermediarios financieros.
Cuando se ve y se sanea el sistema financiero sobre bases realistas, sin omitir ni eludir las responsabilidades del Estado, sino fortaleciendo la banca mixta, entonces resulta con que las proyecciones del modelo son sumamente favorables, mucho más favorables de lo que nos esperábamos, con lo cual quiero decir que lo que México necesita, lo que el país necesita es liberar la potencialidad de crecimiento, liberar las fuerzas de crecimiento que tenemos para poder de verdad tener un país próspero y una economía más equilibrada ¿Por qué? Porque la restricción fundamental del crecimiento en México, reside en la dependencia de las importaciones.
El programa del PRD reduce esta dependencia mediante una política industrial activa. La está pidiendo, todos los productores le están pidiendo al Gobierno que tenga una política industrial y una restricción comercial claramente dirigida.
Si Estados Unidos, Clinton así hizo su campaña y lo está haciendo, tiene una política comercial que él la llama administrada, cómo es posible que México, que está en una condición muy inferior en cuanto a productividad y producción, no meta las manos para codirigir su política comercial. Eso es verdaderamente un absurdo, entonces sí necesitamos una política comercial claramente dirigida, para mantener un déficit en la cuenta corriente menor al 3% del producto interno bruto.
El crecimiento del empleo bajo el programa del PRD, es resultado de la actividad económica y de una decisión explícita de impulsar el mercado interno.
La industria de la construcción, el sector agropecuario y parte de los servicios pueden entonces generar más plazas disponibles sin mayor efecto, en la competitividad internacional. Al contrario, disminuyamos nosotros la presión sobre el mercado de trabajo, disminuyamos la presión sobre la emigración hacia las ciudades y hacia la frontera y este objetivo bien planteado y bien negociado debe de obtener la aprobación y la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y no sus objeciones o el estarnos restringiendo este objetivo perfectamente claro y perfectamente legítimo.
Debido al incremento selectivo en la recaudación tributaria, el gasto público puede ser llevado, bajo el programa del PRD, hacia un nivel del 25% en el año 2000, sin ningún riesgo.
En el programa del PRD el salario real crece continuamente, al contrario de todas las estimaciones que existen si el Gobierno persiste en aplicar sus políticas erróneas.
La combinación de un crecimiento mayor en empleo y salario resulta a su vez en una mayor masa salarial.
En cuanto a la crisis fiscal, las medidas recomendadas en el programa permiten incrementar paulatinamente la recaudación, de forma que el impuesto sobre la renta alcance el 4.5% del producto interno bruto en el año 2000 y el IVA el 3.5%.
Aquí en el impuesto sobre la renta se piensa un impuesto realmente progresivo, en donde las empresas medianas y pequeñas sólo paguen el 23% de sus utilidades y se mantiene el 34% para las empresas mayores.
Lo mismo en el impuesto sobre la renta, se libera a los causantes que tienen menos de cuatro salarios mínimos y se aumenta la progresividad de aquellos que son del rango superior de ingresos. Que no se les olvide que este rango superior capta el 40% del ingreso disponible, de manera que, capacidad económica la tienen.
Aunque el cuadro no indica el gasto público, no hicimos una proyección por sectores, pero, sin embargo sí creemos que hay una gran flexibilidad y también potencialidad si se dirige el gasto y se alienta con medidas especiales la producción de aquellas actividades que contienen un bajo coeficiente de importación, para no presionar a la balanza de pagos, que tienen un ciclo corto de producción, para no presionar el índice de precios y que tienen un alto coeficiente de empleo, para recuperar el mercado interno.
Como ustedes ven, nuestra economía tiene márgenes para el crecimiento, no puede crecer con esta política dogmática en que nos han metido los neoliberales. Tenemos que zafarnos de este dogmatismo y con cifras, con reflexión, con pruebas estadísticas cuantitativas, estamos invitando a todos a hacer un análisis serio y objetivo de nuestro proyecto alternativo para poder sacar a la economía de este pantano en el que estamos sumidos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He pedido hacer uso de esta tribuna en relación con la intervención de la diputada Ifigenia Martínez, para tratar aquí dos aspectos fundamentales.
El primero, el que se refiere en sí al tema para el cual nos registramos, relativo a la política monetaria que en el documento remitido a este Congreso en días pasados hace el Banco de México, y el documento se denomina "Exposición sobre la Política Monetaria para 1997".
Quisiera primero leer los aspectos que corresponden al Banco Central en la Constitución, en su artículo 28, en donde señala: "el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ella la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento".
En la ley respectiva, en la Ley del Banco de México, en su artículo segundo, se establece: "...que el Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos".
En el documento que nos hizo llegar el Banco de México, conforme lo establece la misma ley reglamentaria, señala cuál es el objetivo de la política monetaria para 1997.
Y en ese documento, en su Capítulo III, en donde se llama Programa Monetario para 1997, dice: "el objetivo primordial del Programa Monetario de 1997, es coadyuvar al abatimiento de la inflación a 15%"; es decir, hay una congruencia muy clara entre lo que establece la Constitución, lo que establece la ley y lo que sostiene Banco de México para 1997.
Pero quisiera yo reflexionar aquí sobre ¿Qué es la política monetaria? ¿Para qué sirve la política monetaria? Y evidentemente el objetivo fundamental de la política monetaria en México, en Australia, en Alemania, en Estados Unidos, es controlar los agregados monetarios. ¿Cuáles son los agregados monetarios? Se habla mucho de M1, M2, y luego no entendemos con claridad qué es cada uno de ellos.
Los agregados monetarios básicos, lo que se conoce en economía como M1, son los billetes y las monedas que el Banco de México acuña o imprime y las cuentas de cheques.
Sobre los dos primeros es sobre donde el Banco de México tiene una mayor capacidad de acción y de maniobra.
¿Qué ha pasado con la política monetaria en México? Lo que pasa en 1996 y lo que se prevé que pase en 1997, es que esta política sea congruente con los objetivos que se señalaron en los criterios generales de política económica, de crecimiento de la economía, evolución de las tasas de interés y evolución también de la inflación.
Con esos parámetros, el Banco de México proyecta su política monetaria. ¿Cuál es el resultado? Que por primera vez en la historia de este país, está a disposición de todos los mexicanos y de los actores económicos fundamentales en este país del sistema financiero, una proyección diaria de la evolución de la base monetaria. Esto le da certidumbre, confianza y estabilidad a los mercados y la evolución reciente de las tasas de interés, así lo reflejan y así lo demuestran.
¿Qué ha pasado en México y en otros países, cuando la política monetaria pretende servir a otros intereses o pretende servir a otros objetivos, distintos a su función para controlar y coadyuvar a un nivel estable en los precios? Ha pasado un desorden en los diferentes países donde ha sucedido y en México en el pasado, eso se dio cuando el Banco de México servía para financiar otro tipo de actividades: imprimir billetes y desatar una inflación, que en 1982 fue también muy importante.
Es importante destacar el objetivo del Banco de México, para combatir, controlar y mantener una evolución adecuada y moderada de la inflación, ¿por qué? Porque la inflación afecta principalmente a los que menos tienen, propicia una redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza y por eso evitar su recurrencia debe ser el objetivo de los bancos centrales en México y en el mundo.
Es importante tener en cuenta que la política del Banco de México, como lo establece la misma exposición sobre política monetaria, no puede tener elementos voluntaristas, que bajen las tasas de interés por decreto. Esta determinación arbitraria de las tasas de interés, traería efectos indeseables en la economía del país.
Por ello los objetivos son muy claros y es lograr que la economía o coadyuvar para que la economía crezca a un 4%, todos quisiéramos que la economía creciera no al 8% ni al 6%, sino al 12%, pero lo que se puede, lo viable, lo real, es que la economía en 1997 tienda a crecer a 4%.
Una inflación del 15% no muy distante de la estimación que para 1997 trae el programa presentado por el Partido de la Revolución Democrática el día de antier, que establece una estimación para la inflación en 1997 de alrededor del 17%. Estamos prácticamente hablando de lo mismo y también estamos hablando en los mismos términos de crecimiento del producto interno bruto.
Estos son los objetivos de la política monetaria, dotar al sistema financiero del país, dotar a los bancos, a los actores económicos de las herramientas necesarias, para llevar a cabo sus actividades, teniendo como referencia un objetivo muy claro, es la meta de inflación y la meta de crecimiento económico.
Por otra parte, en relación a lo que señalaba la diputada Ifigenia Martínez, yo quisiera leer aquí parte del mismo documento que ella leyó o partes de ese documento que ella leyó, que es el Programa para el Desarrollo Económico con Justicia Social 1998-2000 de su partido.
Y señala en el apartado de política monetaria, precisamente en el segundo párrafo: "la política monetaria -cito-, debe ser consistente con el resto de las políticas económicas, sin olvidar su objetivo central; en consecuencia, es necesario establecer una restricción a la autonomía del Banco Central, de tal manera que sus políticas, y en particular sus metas de inflación, sean acordes con los criterios generales de política económica aprobados por el Congreso".
Eso es exactamente lo que dice en su párrafo primero la exposición de política monetaria del Banco de México, es congruente con los criterios generales de política económica que el Congreso en México no aprueba, sólo conoce y le sirve de referencia para así aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero hay más, es una preocupación que surge para los que nos gusta analizar las diferentes propuestas económicas de los partidos políticos, de los analistas privados. En un documento que nos hizo llegar la diputada Ifigenia Martínez que recibe el nombre de "una política económica de crecimiento con estabilidad y equidad social", hay diferencias sustanciales respecto a la propuesta presentada que ella aquí ha venido a defender por el Partido de la Revolución Democrática. Ejemplifico tan sólo una de ellas que me parece la más grave. La expectativa de crecimiento para 1997 en el escenario de la maestra Ifigenia Martínez es de 8.7% para 1997 y de 4.7% para su partido; en 1998, 8.4%, su partido, 5.7%; en 1999, 8.3% y su partido 6.1%; y en el 2000, 8.2% y su partido 6.3%.
En economía, un crecimiento, una diferencia de dos puntos porcentuales en términos de producto interno bruto pues son alrededor de 60 mil millones de pesos por los dos puntos del producto interno bruto, al producto interno bruto de 1997. Es demasiado, es demasiada esa diferencia; por un lado, alegra saber que el partido de la izquierda ha moderado su posición económica, la ha hecho más apegada, incluso al mismo Plan Nacional de Desarrollo que establece crecimientos al final de esta administración, en torno al 6%.
Y, finalmente, en relación con otras propuestas que aquí leyó la diputada Martínez, simplemente algo que falta en el discurso de las oposiciones es: ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la desgravación a cuatro salarios mínimos? ¿Cuánto cuesta la reducción del ISR y el hacer progresivo el ISR en términos de posible evasión a través de dividendos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto esto?, porque a través también y a propósito quiero señalar, hay seguramente un error en el documento que presentaron, en los cuadros finales, donde se habla de la oferta y la demanda agregada, trae un crecimiento anual de la inversión pública de 4.3% en 1999, cuando en otros años es a partir de 1997 superior al 15%, seguramente es un error de dedo, no creemos que ellos estén considerando en 1997 que la inversión pública caiga de manera tan drástica en relación con los años anteriores.
Pero quedan esas preguntas: ¿cuánto cuesta? ¿Cómo seguir financiando un gasto público en un escenario que a veces se menosprecia y a veces parece olvidar que es un escenario de globalización.
La propuesta económica del Partido Revolucionario Institucional, la política económica del presidente Zedillo no responde a ningún modelo; responde a la utilización de instrumentos, de herramientas de política económica para resolver problemas concretos, con un objetivo muy claro: que la economía crezca, que los empleos se sigan generando de manera sostenida y permanente y que el salario de los trabajadores al fin se vea beneficiados.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
En el mejor de los tonos, con simpatía y respeto, agradezco esta oportunidad al diputado Godina de aclarar ciertas cosas. Efectivamente hay dos documentos, uno suscrito a nombre personal y este documento tiene por objeto, es un documento de una política económica alternativa para un sexenio, para el sexenio 19942000 y fija la tasa potencial de desarrollo, no hay nada grave en economía, que la economía es una disciplina de opciones, de alternativas.
Por eso quien afirma que no hay más que un camino "que el mío", no es economista, porque es de las primeras clases de economía. Entonces hay varias alternativas, ésta es la de la tasa potencial de crecimiento, que efectivamente plantea una tasa de crecimiento del 8%, que se obtiene de la siguiente manera y es tomando como el elemento clave del crecimiento, en ésta, la oferta de mano de obra o sea, la fuerza de trabajo o sea, nuestra población.
La población crece al 3% anual, un millón 100 mil en trabajadores anuales ingresan a la fuerza de trabajo, más los aumentos de la productividad conservadoramente del 2% y 3% anual dependiendo del coeficiente de inversión. Eso nos da un 6% y un 2% que necesitamos para absorber la población de la economía informal que en este trabajo hecho con la anterior serie estadística del INEGI sobre fuerza de trabajo, aquí la población desocupada llega a la tercera parte de la población económicamente activa. Ahorita acaban de cambiar la serie, como usted lo sabe, porque incorporaron a un montón de los de la economía informal, a la población ocupada.
De manera que ésta es la tasa potencial de crecimiento y requiere y libera a la economía; para lograr esta tasa se necesitan tres cosas: se necesita primero que nada una política comercial diferente; una política exterior porque ésa es nuestra principal restricción; entendamos eso: o liberamos a la economía de eso o no vamos a poder recuperar la independencia y la soberanía; nos ha hecho más mal que bien el Tratado de Libre Comercio y eso habría que demostrarlo por sectores, entonces éste es un programa y un proyecto viable, viable, para empezarlo el año que entra.
Por eso es que las metas aquí son más reducidas. Pero no hay ninguna contradicción, si usted lo ve bien, los dos documentos son en la misma dirección, nada más que son alternativas diferentes, es una alternativa inmediata, ésta es una potencial o de largo plazo que requiere una estructura incluso de poder diferente.
Porque hay una cosa que es obvia y que es obvia, que está ahorita, dicen: el presidente Zedillo no sigue ningún modelo. Pues vamos a suponer que no siga ningún modelo. Pero entonces vamos a decir algo todavía más serio: no hay voluntad política, no hay voluntad política para adoptar medidas económicas que favorezcan el empleo y el incremento de los salarios reales y que disminuyan la dependencia externa. Las actuales proyecciones de este Gobierno y que seguramente están en el programa del Partido Revolucionario Institucional, es aumentar el déficit de la cuenta externa porque si no se puede crecer ni siquiera a una tasa pequeña; entonces se prevé que el pago de intereses, el costo del capital extranjero se estarán pagando 25 mil millones de dólares para el año 2000.
¿Cómo es posible que podamos nosotros sustentar ese modelo de crecimiento?, aquí efectivamente, probablemente sea un error de dedo, yo ya lo vi, no resulta congruente un 4% que usted ya señalaba; es un 14%. Pero yo sí alego y por eso yo lo invité y los invito con toda seriedad y en interés de mexicanos a que veamos con el suficiente material estadístico que ahorita no tenemos por más que siempre lo estamos pidiendo en la Secretaría de Hacienda, ver realmente cuáles serán los efectos de una baja en los impuestos a las empresas, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas creadores de empleo, una baja en los impuestos a los causantes que ganan dos o tres salarios mínimos, con un aumento en los impuestos a las clases de altos ingresos, al IVA y con un aumento de la progresividad de los impuestos.
Veamos con cifras cuáles son ¿o usted no cree que una baja en los impuestos puede significar una mayor recaudación, gracias a que habrá un aumento en la producción o sea, la tesis ofertista que ha sido tan criticada? Yo creo que en ciertos rangos tiene cierta viabilidad. Pero yo sí quisiera que esto lo viéramos con seriedad y con cifras en la mano.
Muchas gracias.
ESTADO DE TABASCO
El Presidente:
Para tratar asuntos del Estado de Tabasco, tiene la palabra el senador Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Auldarico Hernández Gerónimo:
Con su permiso, ciudadano Presidente:
Exodo tabasqueño; la lucha por la justicia.
Señoras y señores legisladores: es necesario hacer la siguiente precisión. Los legisladores somos los representantes fieles de la voluntad soberana, que los ciudadanos depositan como muestra de madurez cívica y política. A ellos nos debemos y frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro el interés público o sus derechos, no se puede ni se debe permanecer inmóvil. Cuando los intereses ciudadanos se ven afectado por el poder político o por actos de un gobierno, los legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad.
Por eso es que hago uso de esta tribuna, para denunciar una vez más y como en repetidas ocasiones lo hemos venido realizando, el problema que los tabasqueños estamos enfrentando. Como legislador, como tabasqueño y como luchador social comprometido con la defensa de los intereses del pueblo mexicano, quisiera apelar a su conciencia y compromiso, frente a la situación que motivó la movilización de más de 2 mil 500 tabasqueños representantes de más de 63 mil productores de diversos municipios de la entidad, como una primera etapa.
Existen 83 mil tabasqueños más, como una segunda etapa, de las entidades de la Coordinadora de Lucha Social de Obreros y Campesinos e Indígenas del Estado de Tabasco. Por eso es que recurrimos a estas instancias, apelando a la voluntad política y a la intervención del Ejecutivo Federal para que de una vez por todas, Petróleos Mexicanos asuma un compromiso público serio, explícito y de manera verificable de reconstruir el medio ambiente tabasqueño con acciones y plazos definidos, pague a campesinos y pescadores los daños causados por la ocupación y contaminación de tierras y aguas, financie un programa de desarrollo integral de los municipios y comunidades, donde existan yacimientos petroleros con la colaboración y participación de los ciudadanos afectados; libertad inmediata a nuestros compañeros encarcelados por la defensa de sus derechos.
Exigimos también que Petróleos Mexicanos se comprometa a disminuir el precio de la gasolina y el gas doméstico en esa entidad, por ser principal productora de la materia prima necesaria; establezca un programa de reubicación de casas y de legalización de tierras ocupadas por sus instalaciones y el establecimiento de un sistema de verificación periódica del cumplimiento de los programas de mantenimiento y control de la contaminación, así como el sistema de monitoreo de la calidad del agua y del aire, en el que participen los propios afectados.
Desde hace más de dos años, cuando este movimiento inició la marcha "éxodo por la dignidad y la soberanía nacional", se plantearon a las autoridades federales 10 puntos, entre los que destacaban:
La obligación de Pemex a pagar las indemnizaciones a los campesinos y pescadores afectados por la ocupación y contaminación de tierras y aguas.
A destinar recursos para un programa de desarrollo integral; a instalar equipos anticontaminantes en todas sus instalaciones de Tabasco; a presentar un programa de mantenimiento permanente de sus instalaciones sobre un informe también sobre la aplicación de los 277 millones 627 mil pesos que oficialmente se aportó durante 1995 al Estado de Tabasco, así como el desistimiento de la acción penal ejercida en contra de dirigentes del movimiento democrático de Tabasco.
La historia una y otra vez se repite. No hay respuestas a nuestras demandas. Hay frente a la disposición al diálogo, cerrazón; frente a la convicción por la defensa de la tierra y nuestros recursos, se impone la represión y la violencia; frente a nuestra voluntad por encontrar una solución definitiva que garantice un pleno equilibrio entre desarrollo, medio ambiente y ciudadanos, nos cobija la sombra de la cárcel. Eso no nos detiene nuestra lucha porque reconocemos que es el único momento que tenemos para rescatar nuestras tierras, así nos lo diseña nuestra historia, así nos lo contaron nuestros padres y abuelos.
Tabasco aporta aproximadamente el 70% de la producción petrolera y el 45% de la producción de gas; sólo en los últimos 20 años generó recursos por más de 130 mil millones de dólares.
Las principales plantas de petroquímicas que tienen un impacto directo en la entidad son los de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, La Venta y Cactus. Las instalaciones de Pemex, sus pozos, baterías, deshidratadoras, compresoras, centros de almacenamiento, puertos de embarque, plataformas y refinerías producen contaminantes tóxicos peligrosos para los organismos y ecosistemas, destruyendo nuestros sistemas lagunares y en la zona indígena Chontal de los municipios de Nacajuca, Centro y Jalpa de Méndez son los dragados de los ríos, rellenos de pantanos y lagunas para establecer carreteras, los que están acabando con nuestros recursos naturales, con nuestras tierras.
En síntesis, a la modernidad, al sueño de la irracionalidad tecnocrática, no le importó afectar el sistema hidrológico destruyendo la pesca que desde la época prehispánica ha sido el sustento de miles de pobladores indígenas. Esta es la realidad que viven mis paisanos tabasqueños, ésa es la realidad que nos motivó nuevamente a iniciar una lucha por la defensa de nuestra patria, de nuestras tierras, por mucho su único patrimonio el único vínculo que los une a lo que es suyo y lo que le pertenece, por eso ésta lucha, por eso esta manifestación, esta es la situación que priva en Tabasco.
Y frente a los oídos sordos que ha mostrado el inepto y corrupto gobernador de Tabasco, queremos denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, a los miembros de esta Comisión Permanente y al Presidente de la República, que no se ha encontrado una salida que satisfaga los puntos planteados en la mesa de diálogo que se instaló.
A pesar de nuestras justas demandas no existe la capacidad por parte de las autoridades de Pemex para dar una respuesta clara y concreta, que mientras nosotros hacemos reclamos conforme a nuestras leyes sin respuestas, Pemex otorga recursos al Gobierno del Estado, recursos que llenan las arcas particulares de Madrazo y su pandilla y, por último, la constante y permanente campaña de acoso y hostigamiento que priva hacia nuestros compañeros y sus familiares.
Después de una serie de negociaciones con las autoridades federales y funcionarios de Pemex y de escuchar justificaciones incongruentes, mentiras, engaños e incumplimientos a los acuerdos, después de que prácticamente no se avanzó por la negligencia de las autoridades de los puntos acordados, los campesinos, productores y familiares de los presos políticos, por órdenes del gobernador decidieron iniciar un nuevo éxodo a la Ciudad de México, decidieron marchar contra la política seguida hasta este momento por Pemex, decidieron por dignidad propia encabezar la lucha por la defensa de nuestra madre tierra.
Pemex, a lo largo de estos años ha mostrado su irracionalidad en la destrucción del medio ambiente con su política destructiva, ha acabado nuestros recursos naturales, hoy están contaminados nuestros ríos y lagunas, hoy vemos con tristeza cómo la salinización cubre con su manto destructor más de 100 mil hectáreas de cacaoteros, así como de copreros y pastizales; vemos con pena cómo nuestros litorales, costas y mares se van cubriendo por el negro veneno que nos escrituró el diablo, se va acabando la rica flora y extinguiendo la fauna que mucho nos enorgullecía a los tabasqueños, mucho, pero mucho antes de que la ceguera de los políticos priístas y de la industrialización decidiera cortar de tajo las raíces que dan vida a nuestras tierras; éstas son nuestras principales demandas, todas apegadas a derecho, en todas nos asiste la razón.
Por ello la disposición ha encontrado salidas satisfactorias a nuestras demandas mediante un diálogo con las más altas autoridades con capacidad de decisión. Nuestra movilización es una movilización pacífica a la que asiste en todo momento la razón y el derecho de luchar por la defensa de un patrimonio común. Quienes conocemos y amamos nuestras tierras, quienes asumimos nuestros compromisos con nuestro país y con las nuevas generaciones, sabemos que hoy más que nunca es irrenunciable nuestro derecho a vivir en una tierra más sana, más limpia, más nuestra.
Por eso nuestra movilización es una movilización pacífica y responsable que habrá de finalizar cuando existan por parte de las autoridades y el Gobierno Federal el compromiso de cumplir nuestras demandas.
Compañeras y compañeros legisladores: por todo lo anterior solicito su apoyo decidido en bien de las causas justas y como dignos representantes que somos del pueblo, para encontrar una solución favorable y definitiva a las demandas de los compañeros tabasqueños, sólo así contribuiremos en la construcción de un país más fuerte y productivo; asimismo, también solicito ante esta tribuna que cese el hostigamiento que desde ayer a las 6:00 de la mañana que arribó este movimiento que yo vengo encabezando con las autoridades del Distrito Federal, con amenazas de desalojarnos de la Plaza de la Constitución, que es la plaza de todos los mexicanos.
Asimismo, venimos de Tabasco porque no queremos enfrentar una vez más el garrote, el gas lacrimógeno de la represión, por eso mismo queremos evadir todo enfrentamiento y buscar los cauces legales para llegar a acuerdos satisfactorios con tiempos prudentes. Eso es todo.
Muchas gracias ciudadano Presidente.
El Presidente:
Para el mismo asunto, tiene la palabra el compañero Chaurard.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
Con su permiso, señor Presidente:
Es indudable que los legisladores tenemos facultades constitucionales que se encuentran perfectamente establecidas en nuestra Carta Magna, pero que también tenemos facultades metaconstitucionales como es la que aquí se ha señalado de ser auténticos representantes populares y ser dignos interlocutores entre los intereses de nuestros representados y las diferentes instancias del poder público.
Dentro de esta actividad, siempre respetuosos del régimen de legalidad, el que seamos interlocutores no nos da derecho pues a intervenir de manera directa en las esferas de competencia que cada uno de los poderes tiene asignadas.
Aquí se ha venido a hacer una serie de planteamientos a los que indudablemente las autoridades en este caso de Petróleos Mexicanos, deben de atender. Se ha venido a hablar de la situación de deterioro ecológico y de daños a diversos compañeros campesinos y pescadores de Tabasco, pero no se dijo que al día de hoy se han pagado 5 mil 950 recomendaciones con una erogación a la fecha de 20 millones 670 mil 55 pesos, quedando pendientes de la primera reclamación 162, que constituyen 214 mil y tantos pesos.
No se ha señalado como debe de ser también, del conocimiento de este cuerpo legislativo, que Petróleos Mexicanos ha puesto a disposición de los reclamantes diversos módulos en donde pueden acudir todas aquellas personas que se presuman lesionados en sus derechos y que previa justificación ante las autoridades que de común acuerdo se han fijado, dependiendo del caso concreto, han de hacer y que éstos funcionan en las ciudades de La Venta, Cárdenas, Comalcalco, Centla y dos en Ciudad Pemex.
Que se hace necesario señalar que los apoyos que Petróleos Mexicanos da al desarrollo social de Tabasco, se comprometen mediante la firma de anexos, al convenio de desarrollo social que es el instrumento que norma la trasferencia de los recursos federales a los estados. A los apoyos que Pemex ha dado al Estado de Tabasco, se les ha dado la debida publicidad y transparencia que han aparecido tanto en los diarios nacionales como en los periódicos locales de esa entidad, que los apoyos que seguirá dando Pemex deberán de ser sujetos a esta normatividad y deberán de hacerse con la debida transparencia.
Dejo en la Secretaría la publicación de los apoyos que Pemex ha dado en Tabasco, para que los compañeros legisladores que así lo deseen lo puedan consultar.
Es obvio que tenemos la obligación como diputados y como Comisión Permanente, de estar pendientes a la actuación de las diversas instancias del poder público; como fracción parlamentaria así lo afirmamos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el senador Auldarico.
El senador Auldarico Hernández Gerónimo:
Celebro, señor diputado, que asuma su papel de representante popular, pero lo que no me gustó es el que venga a hacer aquí su papel de representante de Pemex y yo, sigo insistiendo, soy representante de mi pueblo y sus problemas.
Usted habla de 5 mil 900 procedencias. Quieren que toque ese punto y también lo quiero aclarar: ni siquiera debo tratarlo como procedencias, porque cuando hay procedencias por diversos conceptos, debe tener un sustento técnico, es decir, tiene que haber dictámenes técnicos y los dictámenes técnicos son estudios exhaustivos que deben de hacer organismos oficiales, claro, bajo el mandato de Pemex y el Gobierno, porque el que paga manda, por eso nunca proceden las reclamaciones de mis compañeros campesinos.
Nosotros presentamos, efectivamente en febrero y marzo del año pasado, 63 mil inconformidades, 63 mil demandas por diversos conceptos: retención de agua, esto se da cuando Pemex hace caminos en medio de lagunas, ríos naturales, para que pase sus maquinarias, interrumpe el libre tránsito, interrumpe toda la libertad que tiene el agua para transitar y esto ocasiona un daño que es retención de agua y daña muchos, vastos territorios de cultivos.
Asimismo, también Pemex ocasiona daños por vetaduras de casas, esto es por la vibración de sus maquinarias, el tránsito de maquinarias pesadas en medio de comunidades pequeñas que no tienen una cimentación esas casas, que no estaban preparadas esas habitaciones para plantas de dos plantas o tres plantas, vetadura de casas.
También existe el daño por lluvia ácida, por los quemadores, cientos, miles de mechones diarios están expirando diversos contaminantes. Esto es, por corrosión de láminas, alambres de los campesinos. Asimismo, también los daños a los cuerpos de aguas, de lagunas, donde pescan los compañeros campesinos para sustentarse, hay explosiones, hay derramas de hidrocarburos, de aceite y como los señores que usted representa cuando pasan en su helicóptero ven que todo abajo es verde, pues dicen que no existe contaminante; sin embargo, nosotros que vivimos de la tierra, decimos otra cosa. Esta es una cosa más profunda, por eso quiero pedir seriedad en este trato.
Asimismo, usted habló de esas 5 mil 900 procedencias. Yo estuve el año pasado, en el mes de septiembre encabezando municipio por municipio; hoy los junté a todos, los tengo en el Zócalo. Aquella vez los traje de Tabasco, municipio por municipio donde tuve una reunión con la Secretaría de Gobernación como intermedia, con Pemex, con la gente y con mis representados, una serie de reuniones en el que hicimos un itinerario.
Precisamente me sale Pemex: aquí les va, ahí les tiramos, ahí va, hagan lo que quieran, hay 5 mil 900 procedencias, vuelvo a repetir, 5 mil 900 procedencias. Sin embargo, yo exigí el derecho a la información, exigí qué sustentaba, por qué nada más 5 mil 900 procedían y por qué las demás no y en base a esas reuniones yo exigí, delante las normativas, como es la Profepa, la Sedespa, la Sagar, la Comisión Nacional del Agua, que hicieron estas verificaciones, lo cual en el momento de solicitarles los expedientes técnicos en materia, no supieron decir nada y nos sacaron unos viles expedientes, unos reportes de campo que cualquier compañero ejidatario aquí presente puede hacerlo, sabiendo leer y escribir nada más, lo cual no satisfizo de que fueran dictámenes técnicos.
Por lo tanto, esas 5 mil 900 procedencias el Gobierno, orquestado con Pemex, lo lanzó al aire y lo hizo con dolo y mala fe, porque al revisar los pagos ya habían ellos manejado cheques y empezaron a publicitar: vayan los campesinos a cobrar. En los medios de comunicación ya hasta les habían asignado la cantidad, cuánto le iban a pagar a los campesinos. Y yo cuando les pregunté: bueno, ¿en qué se basaron para asignar esa cantidad, qué tabulador?, porque tiene que haber un tabulador para asignar el costo, cuanto cuesta un árbol de cacao, un árbol de coco y éstos lanzaron nada más así las cosas, como está acostumbrado Pemex a hacer las cosas.
Sin embargo, nos han atildado a nosotros de fomentar la industria de la reclamación y nosotros decimos que son ellos, comprobamos al no presentarnos oficialmente dictámenes técnicos, que con ellos los que propician la industria de la corrupción y la contaminación en Tabasco. Esa es la realidad.
No hubo ni un dictamen técnico, pasaron todos los municipios, preguntamos y fue la misma respuesta: no hay dictámenes técnicos y lo único, ya presionados estos señores dijeron que querían más tiempo, que efectivamente no hicieron ni un dictamen técnico.
Entonces, yo les dije: bueno, ¿y cómo es que ustedes hasta el precio le están dando a los árboles que les quieren pagar a los campesinos, a sus tierras, en qué se están basando? Ahí es donde cayeron en la contradicción y hasta ahorita no ha habido y yo sigo insistiendo que para acabar con este problema se debe tomar mucha seriedad en el tratamiento que se le dé a esta problemática, que de ser un problema ambiental ya es un problema social.
En cuanto a los apoyos que usted señaló, que le llega al gobierno del Estado, porque siempre ha sido ése el discurso de Pemex, la oficialidad. Debo decirle que yo vivo allá y estoy constantemente recorriendo las comunidades y efectivamente, Pemex le ha regalado a Madrazo "dineroductos" para que emprenda una campaña de desprestigio en contra del Movimiento Democrático en Tabasco. Es decir, crea organismos, como es la Simades, organismos satélites al Gobierno, mete a los pueblos para empezar a regalarles migaja, empezar a confundir a la gente y estar haciendo una guerra en contra de los presidentes municipales de nuestro partido. Es decir, de manera paralela el Gobierno, con dinero de Pemex, ejerce programas que no toma en cuenta a los presidentes municipales.
Ahí sí no les conviene, ahí sí ya no existe el pacto federal entre el Gobierno Federal y el Estado y de acuerdo al artículo 115 la legalidad política que tienen nuestros presidentes, ahí sí ya no existe.
Entonces son muchas las polémicas que podemos crear en esta materia, el cual tengo nueve años al frente de los compañeros dirigiéndolos y vuelvo a repetir, esas 5 mil 900 procedencias que supuestamente procedieron, los pagos vinieron de 70, 90 y 400 pesos. Algunos 10 mil y 20 mil pesos, pero resulta que al que le pagaron 20 mil pesos y es colindante le vino de 400 pesos, como si Pemex dijera: aquí nada más contamino más y aquí no.
Entonces, hay una serie de problemas ahí que yo quisiera con toda seriedad, señor diputado, yo voy a seguir defendiendo a mi gente y poniéndonos en el plano de arreglar este asunto. A eso he venido a México con mis compañeros, a llevar una respuesta favorable a los miles de campesinos que esperan esta solución.
Muchas gracias.
REINO DE ESPAÑA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, para hablar sobre un pronunciamiento sobre el país vasco.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Los legisladores representados en esta Comisión Permanente del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática, manifestamos nuestra honda preocupación por la escalada de represión y violencia política que se registra en el estado español y la región vasca.
Reconocemos todos los esfuerzos hasta ahora realizados por diversas instituciones y personalidades, tanto locales como internacionales, para alcanzar, a través de vías políticas, una paz justa y duradera.
No obstante, lamentamos que hasta el momento dichos esfuerzos no hayan logrado concretarse.
Por consiguiente, exhortamos a las partes en conflicto, a todos los agentes políticos y sociales a dar su mejor esfuerzo y voluntad, a fin de abrir caminos que conduzcan a dar satisfacción a los anhelos y necesidades de las sociedades española y vasca.
Considerando el importante papel que México ha desempeñado en el contexto internacional, como impulsor de procesos que buscan soluciones políticas a los conflictos que aquejan a las naciones hermanas, hacemos un llamado al Gobierno mexicano para que propicie, en el marco de los foros internacionales, iniciativas tendientes a fortalecer los mecanismos que permitan alcanzar una solución negociada, pacífica y definitiva.
Gracias, señor Presidente.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 19 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que tendrá lugar el 22 de febrero.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México y Morelos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cinco, por los que se solicita el permiso constitucional para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones de gobiernos extranjeros.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de varios ciudadanos mexicanos para ratificar grados militares.
Solicitud de particular
Del ciudadano Adrián Franco Zevada.
Dictámenes de primera lectura
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permisos, para aceptar y usar condecoraciones.
Cuatro, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permisos, a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en embajadas extranjeras en México.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permisos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso, para prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 19 de febrero a las 11:00 horas.
| ACRE | Alianza para el Crecimiento y la Recuperación Económica |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| EUA | Estados Unidos de América |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| ISR | Impuesto Sobre la Renta |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Profepa | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente |
| Sagar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |
| Sedespa | Sin aclaración |
| Simades | Sin aclaración |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |