SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del LXXXIV aniversario luctuoso de José María Pino Suárez. Se designa comisión.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio con el que se remite los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1996. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público de ambas cámaras y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la solicitud del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo del presente año, a fin de que efectúe una visita de Estado a Japón. Se turna a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Miguel Hernández García y Sergio Ernesto González Gálvez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicha nación. Se turnan a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de dicho país en Chetumal, Quintana Roo. Se turna a la Primera Comisión.
Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Hermina Laura Buendía Cruz, Ofelia Velázquez Briseño, María Elena García Frías, Adriana Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, Juan Gabriel Urdiales Lozano, para que puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México y en sus consulados generales de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos: José Figueroa Cortés, José Lamberto Ponce Lara, Miguel Angel Arjona Alcocer, Antonio Mendoza Morales, José Luis Medina García, Salvador Emiliano Aguirre, Alfredo Hermilo Herrera Muñoz, Fernando Héctor Proal Medina, Jesús García Padilla, Salvador Saray Figueroa, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turnan a la Segunda Comisión.
Oficio del ciudadano Adrián Franco Zevada, con el que solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar sus servicios en el Consulado General de dicha nación en México. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Fernando Solana y Morales, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Benito Armendáriz Echegaray, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho reino. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez y María Elena Castanedo Robles, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicha nación en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Adriana Donaji Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos y J. Santos González Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de dicha nación en México. Es de primera lectura.
Diez dictámenes de la Segunda Comisión, con los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos: Jesús Vázquez Escamilla, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, Miguel Basurto Hidalgo, Sergio Parra Estrada, José Luis Trejo Bonilla, Rodolfo Adán Quinto, Luis Roberto Gutiérrez Flores, Miguel Estrada Martínez, Sergio Aponte Polito, Julián David Rivera
Bretón, para los efectos de la fracción Vll del artículo 79 constitucional. Sonde segunda lectura. Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos: Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, José Francisco López Ibarra, Vivián Angélica Barroso Soto, Juan Adrián Orta García, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Arturo F. Ayala Covarrubias, Luis Daniel Meza Lizárraga y Amelia Camacho León, puedan prestar sus servicios en la Embajada y en sus consulados generales de Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de ese país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Comentan respecto a versiones periodísticas recientes en referencia a las posibles participaciones de personalidades políticas en el narcotráfico y también sobre el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, quien presenta declaración política.
Pedro René Etienne Llano
Alejandro González Alcocer
José Antonio Valdivia
Carlos Chaurard Arzate
El senador Amador Rodríguez Lozano, presenta declaración política con la que se reconoce la lealtad del Ejercito a la Constitución y al pueblo mexicano.
Sobre el tema, hablan los legisladores:
Pedro René Etienne Llano
Ricardo Francisco García Cervantes
Sobre el funcionamiento de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Ifigenia Martha Martínez Hernández, quien presenta punto de acuerdo.
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Rectifican hechos o contestan alusiones personales los legisladores:
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Continua el debate el diputadoAmado Jesús Cruz Malpica.
Manuel Beristáin Gómez
Samuel Aguilar Solís
Se turna el punto de acuerdo presentado por la diputada Ifigenia Martha, Martínez Hernández a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y a la de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Se refieren a dicho programa, los legisladores:
Leticia Burgos Ochoa
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Leticia Burgos Ochoa, para rectificar hechos.
Ifigenia Martha Martínez Hernández
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes, propone punto de acuerdo para modificar tarifas eléctricas en el municipio de Mexicali, Baja California. Se turna a las comisiones de Energéticos de ambas cámaras.
La diputada Leticia Burgos Ochoa, comenta respecto al cobro de gas natural en Ciudad Juárez, Chihuahua y propone un subsidio especial para los meses de noviembre a febrero.
El senador Luis González Pintor, comenta respecto al paro de transportistas. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 27 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:45 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 19 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXXIV aniversario luctuoso de José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de México y Morelos.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1996.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud del permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997, a fin de que efectúe una visita de Estado a Japón.
Dos, por los que se solicita permiso para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Chile.
Por el que se solicita permiso para que el ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en Chetumal, Quintana Roo.
Cinco, por los que se solicita permiso para que varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de varios ciudadanos mexicanos para ratificar grados militares de conformidad con la fracción VII del artículo 79 constitucional.
Solicitud de particular
Del ciudadano Adrián Franco Zevada, para que se le conceda permiso, para prestar servicios en el Consulado General de Colombia en México.
Dictámenes de primera lectura
Dos de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos del Perú y Bélgica.
Cuatro de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en las embajadas de: Ecuador, Chipre, Checa y Paraguay en México.
Dictámenes a discusión
Diez de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares, de conformidad con la fracción VII del artículo 79 constitucional.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México.
Sobre versiones periodísticas recientes, a cargo del senador Amador Rodríguez Lozano y del diputado Pedro René Etienne Llano, de los grupos parlamentarios: del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente.
Sobre las Afore, a cargo de la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Día del Ejército Mexicano, a cargo del senador Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Programa de Combate a la Pobreza, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre tarifas eléctricas, a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre cobro de tarifas de gas, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el Estado de Tabasco, a cargo del senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con diez minutos del miércoles doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, con asistencia de veintitrés legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo sexagésimo sexto aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Ocho oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Argentina. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la misma Secretaría, a los que se adjuntan las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Un ocurso del ciudadano Ricardo Franco Guzmán, con el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón:
Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón:
Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa:
Varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en algunos de sus consulados generales.
Se someten a discusión y sin ella se aprueban en votación económica, diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
También se someten a discusión y sin ella se aprueban por unanimidad, tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que varios ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, Chile y Turquía, en México. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la legisladora María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere al Día Cívico de la Mujer mexicana.
Para comentar la Alianza para el Crecimiento y Recuperación Económica, en materia de tarifas eléctricas, hacen uso de la palabra los legisladores Rosendo Villarreal Dávila, del Partido Acción Nacional y Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras.
A fin de comentar las declaraciones del ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, hacen uso de la palabra los legisladores: Angel Sergio Guerrero Mier, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional; Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra al legislador Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, quien comenta la situación de los trabajadores indocumentados mexicanos en los Estados Unidos de América y su expulsión de aquel país.
Expresan sus opiniones sobre la política monetaria de México, implementada por el Banco de México, los legisladores: Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales y Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.
Para tratar asuntos del Estado de Tabasco, en relación con Petróleos Mexicanos, hacen uso de la palabra los legisladores: Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales y Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a un pronunciamiento sobre el país vasco.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXIV aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, que tendrá lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, el día sábado 22 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes diputados: Ifigenia Martínez Hernández e Ignacio Cuauthémoc Paleta.
ESTADO DE MEXICO
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo.- Estado de México.- Poder Legislativo.- Honorable LIII Legislatura.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto, nos permitimos comunicar a ustedes, que la LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, se eligió a los miembros que integrarán la Gran Comisión para todo el periodo constitucional, habiendo quedado integrada de la siguiente forma:
Diputados: Isidro Muñoz Rivera, presidente; Astolfo Vicencio Tovar, secretario; vocales: F. Rosendo Marín Díaz, Francisco Gárate Chapa, José Luis Jaimes Correa, Sergio Rojas Andersen, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Natalia Escudero Barrera y Joaquín Humberto Vela González.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, 12 de diciembre de 1996.- Los diputados secretarios: Norma Patricia García Flores y Miguel de Jesús Hernández.»
«Escudo.- Estado de México.- Poder Legislativo.- Honorable LIII Legislatura.- Secretaría.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto, nos permitimos comunicar a ustedes, que la LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en junta verificada el día 3 de los corrientes, eligió la mesa directiva que fungirá durante el segundo mes del primer periodo de sesiones ordinarias, quedando integrada de la siguiente forma:
Diputados: presidente, Rosendo Marín Díaz; vicepresidentes: Roberto Zepeda Guadarrama, Noé Becerril Colín; secretarios: Marco Antonio Gutiérrez Romero, Federico Palma Camacho; prosecretarios: José Luis Jaime Correa y José Guadalupe Solano Olmos.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, 3 de enero de 1997.- Los diputados secretarios: Norma Patricia García Flores y Miguel de Jesús Hernández.»
De enterado.
ESTADO DE MORELOS
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Honorable XLVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado, me permito informar a ustedes, que en sesión de esta fecha, se eligió a los diputados Patricia Elton Benhumea e Isaías Cano Morales, quienes fungirán como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la mesa directiva de esta XLVI Legislatura durante el mes de enero de 1997.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, enero 3 de 1997.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos,licenciado Wilfrido López Luna.»
De enterado.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El secretario senador Melquiades Morales Flores.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados.- Presente.
Por instrucciones del Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 70 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996, 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996 y 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de 1996.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición.
Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- El secretario Guillermo Ortiz.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras y a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente iniciativa de decreto por el que solicita permiso el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997, a fin de que efectúe una visita de Estado a Japón.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 18 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso para ausentarme del territorio nacional, del 8 al 15 de marzo del año en curso, a fin de viajar a Japón y realizar en este país una visita de Estado.
México y Japón han alcanzado altos grados de cooperación política y económica que han permitido establecer amplios canales de comunicación y entendimiento entre sus gobiernos y sociedades. A más de cuatro centurias de los primeros contactos, las dos naciones han edificado una relación de mutuo respeto y admiración.
En el mundo contemporáneo, el peso de Japón es insoslayable. El espíritu de trabajo y tenacidad del pueblo japonés ha determinado la evolución del país para situarlo como una de las economías líderes del planeta, poseedor de abundantes recursos financieros; fuente de desarrollo científico-tecnológico y generador de actividades económicas e industriales en terceros países.
Aunado a su éxito económico, el consenso político interno alcanzado ha permitido que Japón adquiera una renovada estatura en los asuntos internacionales más importantes de nuestros días. Hoy día, Japón ejercita una estrategia tendiente a participar de manera decidida en la conformación de los nuevos balances de poder internacional; en la reforma de las Naciones Unidas; en las Misiones para el Mantenimiento de la Paz, así como en iniciativas fundamentales de asistencia y cooperación económica a terceros países. Su presencia en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico y la Asociación Económica de la Cuenca del Pacífico es determinante para la consolidación de importantes estrategias de desarrollo.
En América latina, Japón busca consolidar su presencia como socio e interlocutor privilegiado. En este contexto, se enmarca la gira que el primer ministro Ryutaro Hashimoto realizó a nuestro país, en agosto pasado, así como su posterior viaje a Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
Mi visita a Japón tendría como objetivo esencial, de ser autorizada, reafirmar la voluntad de nuestro país por continuar ampliando el entendimiento y la cooperación, así como los lazos que, a través de la historia, han unido a nuestros pueblos. Los últimos cuatro presidentes de México han visitado en varias ocasiones este país. Por su parte, México ha recibido la visita de miembros de la Casa Imperial, de seis primeros ministros y de prominentes miembros del gobierno y la sociedad nipona.
Durante mi estancia en Tokio dialogaría con el jefe de Estado japonés, el emperador Akihito, a quien expresaría el ánimo del pueblo y Gobierno de México por continuar incrementando los lazos de amistad que nos han unido, en especial con vistas a celebrar, durante mayo de 1997, el Centenario de la Migración Japonesa a nuestro país. Con este objeto transmitiría a su majestad el emperador nuestra invitación para que miembros de su Casa Imperial visiten México y realcen con su presencia los actos conmemorativos de esa efeméride.
Para mi administración reviste especial interés establecer un diálogo ágil y fluido sobre asuntos de interés mutuo con el gabinete gubernamental surgido de las elecciones generales del 20 de octubre de 1996. La reunión de trabajo con el jefe de gobierno nipón, Ryutaro Hashimoto, permitiría concluir y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante su visita de trabajo a nuestro país.
La apertura y modernización de la economía mexicana, aunada a la estrategia japonesa para reactivar la economía interna y mantener su competitividad, en particular, mediante el proceso de relocalización en el exterior de algunas de sus industrias, han favorecido el incremento de los vínculos económicos, financieros y tecnológicos entre ambos países.
Con el premier japonés y miembros de su gobierno sostendría una amplia reunión de trabajo que nos permitiera revisar el estado que guardan los asuntos políticos y económicos que componen la agenda bilateral e impulsar importantes proyectos de cooperación. A su vez, la ocasión sería propicia para intercambiar puntos de vista y construir consensos sobre asuntos globales que afectan a nuestras naciones. Entre los temas relevantes que trataríamos destacan la conmemoración del Centenario de la Migración Japonesa a México; la realización de una Conferencia General del Comité de Seguimiento de la Comisión México-Japón Siglo XXI; la evolución de diferentes proyectos de cooperación técnica y asistencia financiera para diversos programas de desarrollo en México; la participación de Japón en los programas que México ha establecido con la región centroamericana y del Caribe, así como temas de carácter internacional como terrorismo, narcotráfico, derechos humanos, libertad de comercio, desarrollo sustentable y cooperación para el desarrollo.
A su vez, el legislativo japonés tendría a bien recibirme, en una sesión solemne, que me brindaría la oportunidad de ofrecer una visión realista y objetiva del estado actual de nuestra nación.
En el ámbito económico, efectuaría una serie de encuentros con los más importantes empresarios japoneses, así como con algunas organizaciones económicas e instituciones financieras del país, a fin de evaluar el estado de los proyectos de inversión y cooperación existentes y, en su caso, avanzar en la concretización de alguno de ellos.
Con la corporación informativa "Nikkei" participaría en un simposio sobre las perspectivas de las relaciones México-Japón en el umbral del Siglo XXI.
Asimismo, como parte de mi gira por Japón, visitaría las ciudades de Kyoto, capital cultural del país, así como Nagoya y Osaka, estas últimas importantes metrópolis manufactureras y financieras. En esas dos últimas ciudades, celebraría reuniones de trabajo con los gobernadores de Alichi y de Osaka, así como con industriales de ambas regiones.
En ese mismo marco, presidiría encuentros con medianas y pequeñas empresas del área de Kansai, interesadas en invertir en México, junto con un destacado grupo de empresarios mexicanos que me acompañarían.
Por último, al término de esta visita de Estado, me reuniría con la prensa nacional e internacional a fin de dar a conocer los objetivos alcanzados en la gira y evaluar los resultados obtenidos de la misma.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes secretarios, me permito someter a la elevada consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997, a fin de que efectúe una visita de Estado a Japón.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 18 de febrero de 1997.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 13 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El vicealmirante IMN Miguel Hernández García solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El embajador Sergio Ernesto González Gálvez, subsecretario de asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O' Higgins, en Grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curicurriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
BELICE
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 24 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Marco Antonio Camacho Martínez, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en, Chetumal, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo.
Para tal efecto se anexa también el acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Issac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio fechado el día 7 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Herminia Laura Buendía Cruz, ayudante en visas, en la embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documento que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio fechado el día 21 del actual manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se mencione a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al Gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita, la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Ofelia Velázquez Briseño, asistente comercial, Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes a continuación les transcribo, oficio fechado el día 23 del actual, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto se anexa también el acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
María Elena García Frías, auxiliar de oficina, consulado general de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco."
Al comunicar a ustedes lo anterior, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio fechado el día 3 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Adriana Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, operadora de teléfonos, consulado general de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documento que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 10 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en, oficio fechado el día 23 del actual, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Juan Gabriel Urdiales Lozano, asistente de pasaporte y ciudadanía, consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey Nuevo León."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 30 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
El secretario senador Benito Fernando Rosel Issac:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo la hoja de servicios del general brigadier DEM José Figueroa Cortés (3867675), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo la hoja de servicios del general brigadier DEM José Lamberto Ponce Lara (5629641), agradeciéndole que por su digno conducto de haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre próximo pasado:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Miguel Angel Arjona Alcocer (6103881), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 10 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigadier DEM Antonio Mendoza Morales (4201931), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 12 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM José Luis Medina García (6103923), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 14 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigadier ingeniero industrial Salvador Emiliano Aguirre Cervantes (6416465), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 13 de diciembre próximo pasado, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier DEM Alfredo Hermilo Herrera Muñoz (5538201), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 13 de diciembre próximo pasado:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigadier DEM Fernando Héctor Proal Medina (5528041), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 13 de diciembre próximo pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió oficio a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier ingeniero constructor Jesús García Padilla (3420252), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, para los fines legales procedentes, envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 13 de diciembre último, la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier de transmisiones DEMA Salvador Saray Figueroa (5460824), agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicarles lo anterior, para los fines legales procedentes envío con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Issac:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Adrián Franco Zevada, mexicano, licenciado en derecho, con domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de citas en Paseo de las Palmas 1505, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11010, de esta ciudad, con todo respeto digo:
1o. Soy mexicano por nacimiento como lo acredito con la copia certificada que acompaño como anexo número uno.
2o. En oficio número C-1268-bis, de 13 de diciembre de 1996, el Consulado General de Colombia en México, me comunica que el Comité de Asistencia a Connacionales en su sesión de 5 de diciembre de 1996, mediante acta número 48, recomendó mi designación como asesor jurídico de dicho Consulado, como lo acredito con la fotocopia que acompaño como anexo número dos.
3o. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso de esa Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para prestar voluntariamente servicios oficiales al Consulado General de Colombia en México, como asesor jurídico.
Protesto mi respeto.
México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Adrián Franco Zevada, abogado.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DEL PERU
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Fernando Solana y Morales, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Angel Fernando Solana y Morales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE BELGICA
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DEL ECUADOR
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 17 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez y María Elena Castanedo Robles, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada del Ecuador en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada del Ecuador en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Raymundo Granados Granados, para prestar servicios como mensajero, en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Ruiz Santos, para prestar servicios como conserje, en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Angel Pérez Rodríguez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Castanedo Robles, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Ecuador en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CHIPRE
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 27 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana Donaji Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, puedan prestar servicios como empleados administrativos, en la Embajada de la República de Chipre en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Chipre, en México, serán estrictamente administrativos:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Donaji Castineyra Benítez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis Campos García, para prestar servicios como asistente, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mirna Lizeth Iturbe Fernández, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA CHECA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 26 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos y J. Santos González Hernández, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de la República Checa en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 8 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República Checa en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Contreras Sánchez, para prestar servicios como ayudante, en la Embajada de la República Checa en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Manuel Pérez Ceballos, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Checa en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano J. Santos González Hernández, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Checa en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar servicios como chofer y gestor en la Embajada del Paraguay en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredite su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada del Paraguay en México, serán de carácter administrativo:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios como chofer y gestor, en la Embajada del Paraguay en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES (II)
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier médico cirujano, Jesús Vázquez Escamilla, como general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete en la Escuela Médico Militar, el 16 de enero de 1955, fue ascendido como capitán primero pasante de medicina, por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1960:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses, 18 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, Especial y Extraordinaria, así como la de Mérito Docente.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del ciudadano Jesús Vázquez Escamilla.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 13 de enero de 1962, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1965:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses, 21 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Humberto Alfonso Guillermo Aguilar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, aéreo Miguel Basurto Hidalgo, como general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como soldado de infantería, en el 20/o batallón de infantería el 25 de noviembre de 1958, causando alta como cadete, en la Escuela Militar de Aviación el 1o. de septiembre de 1959 y fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de julio de 1963:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, tres meses, 24 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia, de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Miguel Basurto Hidalgo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, Sergio Parra Estrada, como general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete en la Escuela Militar de Aviación, del Colegio del Aire el 1o. de agosto de 1960 y fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de julio de 1963:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, cuatro meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Perseverancia Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Parra Estrada.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario senador Benito Fernando Rosel Isaac:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, José Luis Trejo Bonilla, como general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de 1957 y ascendido a subteniente de administración, por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1960:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 11 meses y tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y la Especial, así como la del Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada intendente Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada intendente diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Luis Trejo Bonilla.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Rodolfo Adán Quinto, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como soldado de transmisiones, en el batallón del propio servicio el 26 de enero de 1955; causó alta como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de febrero de 1957 y fue ascendido a subteniente de zapadores, por el acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1960:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años y 10 meses:
d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Rodolfo Adán Quinto.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Luis Roberto Gutiérrez Flores, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1957 y como subteniente de infantería el 1o. de enero de 1960 y fue ascendido a teniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1962:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así las del Mérito Docente y Mérito Facultativo Segunda Clase.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Roberto Gutiérrez Flores.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Miguel Estrada Martínez, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de enero de 1955 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1958:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 11 meses y tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases, Especial y la Extraordinaria.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Miguel Estrada Martínez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Sergio Aponte Polito, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero de 1960 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1963:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 10 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Aponte Polito.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor Julián David Rivera de Bretón, como general de brigada, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 1o. de enero de 1959; fué ascendido a subteniente de infanteria, por acuerdo del secretario del ramo el 1o. de enero de 1962:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicio requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Julián David Rivera Bretón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
JAPON
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Suprema del Crisantemo, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Nilda Patricia Velasco de Zedillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Preciosa Corona, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Carlos Manuel Fuentes y Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 4, 8, 12, 14 de noviembre y 10, 17 y 18 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, José Francisco López Ibarra, Vivián Angélica Barroso Soto, Juan Adrián Orta García, Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, Arturo F. Ayala Covarrubias, Luis Daniel Meza Lizárraga y Amelia Camacho León, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada de los Estados Unidos de América y Consulado y agencia consular, en Mazatlán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 22 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, agencia consular y Consulado General, serán de carácter administrativos:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Vivián Angélica Barroso Soto, para prestar servicios como auxiliar contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Díaz Ceballos Oseguera, para prestar servicios como auxiliar de contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Arturo F. Ayala Covarrubias, para prestar servicios como operador de computadoras, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Luis Daniel Meza Lizárraga, para prestar servicios como jardinero/intendencia, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mazatlán, Sinaloa.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana Amelia Camacho León, para prestar servicios como secretaria, en la agencia consular de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 24 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El secretario Benito Rosel Isaac, por la negativa.
El secretario Melquiades Morales, su servidor, por la afirmativa.
¿Falta algún legislador de emitir su voto.
Se va a proceder a recoger la votación de la mesa directiva.
(Votación.)
Se emitieron 31 votos en pro, señor Presidente.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por unanimidad.
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
ACONTECIMIENTOS POLITICOS
El Presidente:
Tiene la palabra el senador Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a versiones periodísticas recientes.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En los últimos días declaraciones y documentos publicados en la prensa nacional han generado una delicada situación que debemos analizar.
El contenido de lo difundido pretende dañar la imagen pública de algunos personajes de la vida pública nacional, algunos de ellos incluso ya fallecidos, pretenden dañar a personajes como Luis Donaldo Colosio, quien está en la conciencia de los mexicanos como un político limpio y comprometido con la soberanía nacional, la justicia social y la libertad, principios y valores políticos esenciales para la nación.
El escándalo informativo ha enturbiado el clima político de nuestro país y se ha hecho con base en declaraciones ligeras e irresponsables de personas de dudosa calidad moral y credibilidad que aparecen en documentos que fueron previamente censurados.
A pesar de la gravedad del contenido, las publicaciones no han reparado en darlas a conocer fuera de contexto, sin matizar o poner en guardia a la sociedad sobre lo endeble de sus fuentes, con informaciones que no tienen ninguna relevancia procesal, que son lo que en México se podría calificar de declaraciones de barandilla.
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses, ¿cómo vamos de un escándalo a otro? ¿Cómo se publican informaciones sin sustento, sin la más mínima responsabilidad? ¿Cómo se propalan acusaciones y amenazas de manera impune.
Esto no puede continuar, hemos llegado a extremos grotescos que perjudican al país y a los mexicanos. Debemos hacer una pausa y dejar bien claros los principios básicos en el actuar social que todos parecemos haber olvidado.
En un estado de derecho que se precie de serlo toda acusación debe estar sustentada en pruebas. El hecho de presentar o difundir una información que incrimine penalmente a una persona sin el sustento legal necesario, es un delito que daña no sólo a las personas, sino también y de manera irreparable, las bases mismas de la convivencia social.
La reiteración de conductas de este tipo, desembocan en la destrucción del tejido social, terminando por afectar a la sociedad toda, incluso a aquellos que propalan irresponsablemente este tipo de informaciones.
En el caso que nos ocupa debemos analizar los hechos detenidamente.
En los documentos publicados que supuestamente serán exhibidos como prueba en una demanda en contra de Mario Ruiz Massieu, destacan las declaraciones de Magdalena Ruiz Pelayo, la cual según se aprecia está privada de su libertad en una prisión federal norteamericana y de la que se desconocen sus antecedentes, su honorabilidad y por lo tanto se carecen de elementos de juicio que sustenten sus afirmaciones. No sólo esto, sino que la mera condición de detenida hace dudar de sus afirmaciones, ya que seguramente le prometieron su libertad a cambio de hablar y en esas circunstancias diría lo que fuera necesario con tal de gozar de beneficios que mitiguen su condición.
¿Qué credibilidad podemos otorgar a una persona de esta condición? ¿Qué credibilidad puede tener quien hasta el día de ayer era desconocido y ahora aparece como testigo directo de las grandes operaciones de narcotráfico? Por supuesto, ninguna credibilidad.
Las declaraciones de esta persona, sin vincular a José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio en actividades de narcotráfico, les atribuyen irresponsablemente conductas ilícitas, reitero, sin vincularlos directamente de modo alguno al tráfico de drogas.
El documento que contiene estas declaraciones presenta una serie de contradicciones que dadas las implicaciones que se le han dado es conveniente remarcar. Hablan que la relación de José Francisco Ruiz Massieu con Salinas inicia en 1982, cuando éste buscaba ser gobernador de Guerrero, cuando la verdad es que se había iniciado muchos años antes. Se asevera que José Francisco murió cuando contendía para ser presidente, lo que es evidentemente incorrecto. Además, se asevera de reuniones con Mario Ruiz Massieu en 1990 o en 1991, cuando éste, "algo tenía que ver con el turismo", cuando en esta época era embajador en Dinamarca.
La naturaleza misma del documento publicado, hace que sus alcances legales sean nulos. Efectivamente estos documentos simplemente forman parte de un expediente y no cuentan con una valoración jurídica preliminar de la oficina del fiscal correspondiente, que podría decidir, incluso no presentarlos como prueba dada su poca consistencia, lo que estoy seguro así se hará.
Aun si la oficina del fiscal los incluyera como prueba, el juez competente deberá también y con posterioridad, pronunciarse sobre su admisibilidad, la que ningún juez en su sano juicio aceptaría por la inumerable acumulación de contradicciones y desaciertos, pero aún aceptándolas, seguramente serán desacreditadas por la defensa, por la evidente falsedad de su contenido. Por lo tanto, para lo que hasta ahora son simples dichos de una persona adquieran relevancia procesal, debería darse un pronunciamiento sobre su calidad e idoneidad por parte de las autoridades judiciales competentes de acuerdo a las reglas de procedimiento judicial de los Estados Unidos de América.
De todo ello se concluye que el documento carece de validez jurídica y de credibilidad, no sólo por su contenido contradictorio, sino por la peculiar condición de quien emite tales declaraciones.
Sin embargo y a pesar de ello, estas declaraciones han sido publicadas como si fueran totalmente verdaderas y parte de la opinión pública ha empezado a tejer un debate sobre personas e instituciones basados en declaraciones, las que se debe insistir, carecen de credibilidad y de valor jurídico.
A pesar de esto, el daño está hecho, ya que independientemente de su valor como prueba, ya han servido para desacreditar y cuestionar la honorabilidad de las personas. ¿A qué extraños intereses ha servido este hecho? ¿Quién filtró esta información de manera irresponsable? ¿Quién exhibió estos dichos y estas supuestas pruebas? ¿Fueron los propios narcos? ¿Fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Fue la DEA? ¿Fueron razones partidistas y electoreras? Estas preguntas requieren una contestación y requieren una investigación profunda de las autoridades responsables.
En el futuro, lo de menos será su utilización como medio de prueba, no se pretende probar nada, no se interesa llegar a la verdad histórica, lo que se quiere es utilizar estos documentos, que a todas luces todo mundo sabe que no tienen ninguna validez jurídica como un elemento de base para poder publicarlos y ahí generar el escándalo. Ya no importa pues los resultados, ya se han lesionado imágenes, se han lesionado prestigios y se busca atacar severamente la credibilidad de nuestro sistema jurídico y político.
Acciones como éstas, reflejan una total irresponsabilidad por su origen, ya que se supone debieron de haber sido manejados de modo confidencial por su pretendida utilización procesal en un juicio.
La forma de difusión supuso también una falta de ética, ya que se vende como verdad aun sabiendo su nulo valor probatorio y conteniendo tantas contradicciones fácilmente corroborables. Lo publicado y su recreación, en nada contribuyen a una mejor información de la opinión pública, en nada contribuyen a un clima que facilite la resolución de los complicados casos judiciales que están pendientes; más aún, sólo complican la acción de la justicia y distraen a la opinión pública y a las instituciones nacionales, como a esta Comisión Permanente, que deja los importantes asuntos nacionales para ocuparse de chismes de barandilla.
Vivimos en un estado de derecho que debemos consolidar y salvaguardar, porque en él se sustentan las instituciones que permiten el goce y disfrute de todos nuestros derechos. También, porque sólo en un estado de derecho se pueden y deben realizar las grandes transformaciones que la nación está demandando. La sociedad necesita creer en sus líderes y en sus instituciones, pero también debe estar segura que no está expuesta de manera impune, a que se destruya su honorabilidad y fama pública, por el simple dicho de tercero.
Debemos hacer un esfuerzo para otorgar a los miembros de nuestro conglomerado social la certidumbre de actuación de unos medios de comunicación que se rijan por un código de ética que impida exceso y abusos. Todo esto no significa la exculpación de nadie, reitero, no buscamos exculpar a nadie, sino es un llamado a la responsabilidad en el actuar, de tal manera que no se ponga en entredicho nuestro estado de derecho y nuestra convivencia armónica.
No podemos permitir que sin aportar pruebas, se ponga en entredicho la honra, el prestigio y la honradez de ningún mexicano, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Los mexicanos no toleraremos que se intente manchar la memoria de Luis Donaldo Colosio, político ejemplar y hombre íntegro, un servidor público que siempre dio prueba de su vocación de servicio, un amigo en el que se podía confiar, un político que hizo de la generación de consensos una práctica reiterada, un hombre que vivía al servicio público con entrega y pasión, para quien las necesidades de su pueblo estaban antes que todo, que inculcaba en sus colaboradores la idea que ningún esfuerzo estaba de más, y más que ello, no se admitía descansos; un hombre que nació para la política, que vivió para la política y que por desgracia murió en la política.
El crimen de Luis Donaldo Colosio, es una gran herida en la nación mexicana que no podrá sanar mientras no haya justicia y verdad. Solamente la verdad y la justicia en el caso de Colosio podrá cerrar esa herida que sangra en el corazón de muchos mexicanos.
Los priístas tampoco podemos permitir que se dude de la honestidad de José Francisco Ruiz Massieu, quien fue un hombre de Estado, un ideólogo que sirvió a las mejores causas de este país, un personaje que en todo su desempeño político demostró capacidad para el diálogo y encontrar soluciones, visión de futuro y sobre todo su compromiso hasta la muerte con la construcción de un México más próspero y democrático.
Los priístas tampoco permitiremos que la memoria de ambos sea mancillada por la mentira, por su difusión y la impunidad de quienes irresponsablemente no observan las consecuencias sociales que para la comunidad estas conductas representan. México reclama la verdad, pero la verdad a secas, la verdad histórica, lo que realmente sucedió, no verdades inventadas o fabricadas. Ya estamos cansados, ya basta de supercherías, de inventos, de pacas, de adivinos. Estamos cansados de este circo que a todos denigra y que a nada nos conduce. Reclamamos profesionalismo, seriedad, responsabilidad de los investigadores, de los periodistas, de los afectados, de los abogados, de los políticos, de los partidos políticos, de todos.
Por todo ello, la fracción priísta representada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emite la siguiente declaración política:
Primero. Rechazamos enérgicamente cualquier imputación que manche la memoria de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Segundo. Condenamos el manejo y difusión irresponsable de información, pero sobre todo cuando comprometen la honorabilidad de personas fallecidas que no pueden defenderse por sí mismas.
Tercero. Hacemos un llamado a las autoridades, a cargo de la preservación de esta información, para que revisen los métodos de manejo y custodia de información de este tipo y eviten así que infiltraciones de esta clase sigan entorpeciendo el camino de la justicia y distrayendo a la opinión pública.
Cuarto. Hacemos un exhorto a la sociedad mexicana, para que todos contribuyamos a construir un clima político y social que posibilite la construcción de un México mejor.
Quinto. Pedimos a la Procuraduría General de la República, mantenga un seguimiento constante de estos acontecimientos e informe oportunamente sobre los mismos a esta representación popular y a la opinión pública.
Sexto. Pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite formalmente al gobierno de Estados Unidos de América información sobre la veracidad de los documentos en cuestión.
Firman los diputados: Juan José Osorio Palacios, Ignacio González Rebolledo, María del Rosario Guerra, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Luis Godina Herrera, María Lucero Saldaña, Carlos Chaurard Arzate, Jesús Espinosa Esquinca y Armando Gamboa Enríquez.
Los senadores: Amador Rodríguez Lozano, José Trinidad Lanz Cárdenas, Rodolfo Becerril Straffon, Angel Sergio Guerrero Mier, Mario Vargas Aguiar, Ricardo Monreal, Israel Soberanis Nogueda, Guillermo Ulloa Carreón, José Antonio Valdivia, Melquiades Morales, Manuel Medellín y Samuel Aguilar.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados; compañeros senadores miembros de esta Comisión Permanente:
No sólo declaraciones realizadas en juzgados en otros países, sino también hechos en nuestro propio suelo, han conmocionado la opinión pública en los últimos días. Desgraciadamente en ambos casos el hilo conductor han sido situaciones relacionadas con el narcotráfico.
Hoy tan sólo, el país está conmocionado al conocer los hechos en los que el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, se encuentra involucrado en hechos de protección a bandas organizadas de narcotraficantes.
No cabría decir tan sólo que la Iglesia estaba en manos de Lutero, sino es necesario tener todos los elementos y conocer hasta qué grado penetró la corrupción y el narcotráfico a responsables de labores sensibles de inteligencia, a responsables de labores básicas de la seguridad nacional, porque sería ingenuo pensar que el nivel de complicidad que se requiere para la magnitud de estas operaciones haya sido circunscrito a una persona, desgraciadamente un militar de alto rango, porque es evidente la primera pregunta ante la opinión pública, es: ¿hasta qué grado se socavó también a los responsables de la seguridad nacional, a los operadores del sistema de radar y de detección de vuelos?, es decir, ¿hasta qué grado esta operación de narcotraficantes a gran escala ha permeado a quienes recibieron la responsabilidad de combatir el narcotráfico? Y conocer también desde cuándo se ha dado esta protección, porque recordemos que el general Gutiérrez Rebollo estuvo por lo menos siete años al frente de la quinta zona militar, durante todo el sexenio anterior fue responsable, precisamente militar en el Estado de Jalisco, Colima, Nayarit, corredor del tráfico de drogas. Estaba incluso al frente de la zona o de la región militar cuando el asesinato del cardenal Posadas Ocampo y habría que conocer también qué elementos, qué información, qué participación en estos hechos. Y bastaría también conocer la serie de asesinatos, ajuste de cuentas en estos años, para conocer que nos encontramos ante un problema que no podemos desestimar, que es necesario esclarecer a fondo y que no vale tratar de minimizarlo.
Es por otra parte conocido que uno de sus principales colaboradores, el capitán Horacio Montenegro Ortiz, se desempeñó también durante los últimos dos años como director de seguridad pública en el Estado de Jalisco, y hay también una serie de versiones, de informaciones que no pueden quedar sin ser investigadas a fondo.
En nuestro enfoque, si bien reconocemos que es responsabilidad de las personas, que es fundamentalmente un asunto que no involucra a toda la institución, no podemos dejar de lado a toda la institución, no podemos dejar de lado.
¿Cómo es posible que se hayan llegado a estos niveles? ¿Cómo es posible que en las diversas promociones o acciones que tuvieron que pasar también, por esta instancia legislativa, no hubiera quien en su momento y en su tiempo señalara estos hechos? ¿Cómo es posible también que durante todo un sexenio se haya dado la responsabilidad de mando militar en una de las zonas más sensibles a los corredores del narcotráfico y ahora se resulten sorprendidos con ingenuidad u otro adjetivo todavía más preciso de las acciones que se estaban realizando en esta región militar.
Hace apenas unas cuantas semanas, y en esta misma tribuna, discutíamos sobre los riesgos que implica la inclusión de militares en las actividades propias en la procuración de justicia, en las policías preventivas y, diríamos también, en el combate al narcotráfico.
En esa ocasión nosotros defendimos la respetabilidad del Ejército mexicano, por eso mismo presentamos nuestros argumentos para que no se les involucrara en labores que constitucionalmente no deben de ejercer, por el contrario, en esa ocasión y hoy lo reiteramos, manifestamos nuestra preocupación que implica el involucrar a los mandos militares en un área no sólo susceptible y delicada, sino permeada por la corrupción y el narcotráfico.
En esa ocasión en contrapartida a nuestros argumentos y preocupaciones y a la invitación que hacíamos a una reflexión serena de estos problemas, otros distinguidos legisladores argumentaron sobre la validez de la inclusión de los mandos militares en este tipo de labores. Incluso, la Procuraduría General de la República en el tiempo dirigida por Antonio Lozano Gracia, se destacó en la militarización de esta institución.
Desgraciadamente lo que hemos señalado como algunos aspectos negativos que reveíamos, empiezan a aparecer y a concretizarse en los hechos.
Cierto es, como mencionaba el senador Amador, que declaraciones en otros tribunales o filtraciones interesadas, pudieran tener no sólo como propósito el de afectar el prestigio de algunos mexicanos, algunos de ellos que ya no están entre nosotros, sino también no podríamos hacer a un lado que se encuentran en un momento delicado, cuando el Congreso norteamericano inicia el famoso proceso de certificación sobre el combate a las drogas.
Y quienes vemos las relaciones con los Estados Unidos sin ninguna ingenuidad, no descartamos que el tiempo de estas filtraciones tengan que ver con este proceso. Pero, compañeros, nosotros tenemos la responsabilidad de ser muy claros y de señalar que filtraciones o declaraciones, no son las que más dañan la soberanía nacional.
O cómo es posible que ahora nos preocupemos por lo que se ventila como actuación en tribunales y extranjeros y hace unos meses se haya aplaudido la decisión de entregar a Juan García Abrego, precisamente a la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Y cómo es posible que en ese momento se hubiera eludido lo principal, que era juzgar a un narcotraficante, independientemente de la nacionalidad que ostentara, por delitos cometidos en nuestro país, por violaciones a las leyes penales de México, eso si lesiona la soberanía nacional, porque eso es abdicar de la capacidad que tenemos para juzgar a quienes violan nuestras leyes en nuestro territorio. Porque es conocido que la operación del narcotráfico de Juan García Abrego, se desarrolló cometiendo ilícitos en nuestro país y también hay que decirlo contando con la protección de las más altas esferas de la política nacional y éstas no son filtraciones que vengan del extranjero, compañeros.
Hay publicaciones serias, nacionales, que han transcrito las grabaciones, que para algunos podrían ser problemas de alcobas o de amantes, pero que por las personas involucradas, tocaban también el fondo de la seguridad nacional, porque eran precisamente grabaciones del virtual vicepresidente José Córdoba, con su amante involucrada con grupos de narcotraficantes.
No nos preocupemos tanto de que se filtre o se diga, sino de estos hechos que si lesionan seguridad nacional y ejercicio de soberanía. Y, desgraciadamente, compañeros, pudiera pensarse que durante ese sexenio negro hubiera la protección de la que gozó virtualmente José Córdoba, para que no fuera molestado ni siquiera cuestionado sobre estos elementos. Pero han pasado más de dos años, ha pasado también un Procurador General de la República que pudiéramos suponer sin amarres con este pasado y tampoco conocemos que estos hechos se hayan investigado. Y esto que es del dominio público, estos contactos de bandas narcotraficantes hasta el más alto nivel, no han sido esclarecidos ni han sido investigados y ahora no podemos desgarrarnos las vestiduras al encontrar que en el propio responsable de combatir el narcotráfico se había permeado y había llegado las redes de la corrupción, de la impunidad y de la complicidad. Esos hechos sí lesionan también la seguridad nacional.
Y podríamos seguir hablando de hechos que lesionan la soberanía. ¿Cómo pedir ahora seriedad sobre actuaciones en juzgados en el extranjero, cuando aquí también se convalidó someternos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, en los famosos convenios con los Estados Unidos, en los momentos aciagos de la crisis?, esos hechos también lesionan soberanía y lesionan al país.
Nosotros demandamos desde esta tribuna, el llegar a fondo en el esclarecimiento de los hechos que implican al general Gutiérrez Rebollo y a todos los involucrados en esta red permeada por el narcotráfico; y pensamos que el esclarecimiento de estos hechos y de todos los que están coludidos, es lo que va a permitir también diferenciar la responsabilidad personal de los involucrados, de la institución que ha sido afectada por estas conductas. Y por eso nosotros señalamos que es indispensable para la salud pública, para la salud de la nación que se ventilen estos hechos y que las instancias encargadas de la procuración e impartición de la justicia esclarezcan todos los nexos que puedan existir hacia otras instancias del poder público, no sólo hacia las instancias responsables de la persecución del narcotráfico, sino a las instancias también de la procuración de justicia y a los propios tribunales que a veces han utilizado el conocimiento del derecho para darle protección a quienes están involucrados en estas actividades ilícitas.
Demandamos que las autoridades conduzcan con seriedad en las investigaciones, no permitamos otra burla como el complot para que no se esclarezcan los asesinatos políticos; rechacemos con energía estas filtraciones o las declaraciones que busquen afectar al país, pero seamos más enérgicos en denunciar y en no permitir los hechos que han socavado nuestra soberanía. Seamos enérgicos en no renunciar a nuestra obligación como Gobierno, como país, para enjuiciar aquellos que han cometido ilícitos en nuestro territorio, en nuestros propios tribunales.
Defendamos la soberanía no sólo de palabra y en ocasiones desgarrándonos las vestiduras, sino con hechos y con una política que realmente fortalezca nuestra capacidad de tomar decisiones; nuestra capacidad de rehacer la confianza nacional; nuestra capacidad de no permitir que aun desde los más altos niveles se lesione al país con estos actos de complicidad y de colusión con el narcotráfico. Eso es lo que está en juego y eso es lo que está a debate.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, por cinco minutos, sobre el mismo tema.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Creo que a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, debemos saludar la intención que se encontraron en las palabras del senador Amador Rodríguez Lozano y simplemente considerar que si el PRI está consciente de lo que vale la fama pública, la carrera política de una persona, en todos los casos y para todas las personas es lo mismo, es el mismo derecho y creemos que esta intención es sana de decir: "no nos basemos en declaraciones filtradas, en afirmaciones prontas antes de saber de un proceso, antes de estar alguien procesado de calumnias, de afirmaciones de esta naturaleza. Pero debemos hacerlo en todos los casos, en todos los casos, porque exigimos y así lo hemos hecho, conocer la verdad y saber la verdad al fondo conforme a nuestro estado de derecho.
Lo que no se vale es medir con dos varas: una para cuando hay declaraciones del exterior que afectan a personalidades en el país o de cualquier otra fuente que vengan y otra internamente en campañas que buscan permanecer en el poder a toda costa. Debemos ser claros y debemos ir al estado de derecho y buscar la verdad de las investigaciones en todos los casos, no sólo en el que involucren a personajes del PRI".
Yo creo que éste es un principio que esperamos sea la semilla de un México nuevo, de un México diferente; que exijamos que sea este México diferente que camine por el estado de derecho y por no acerbar las noticias, las declaraciones con cuestiones que no están comprobadas y que calumnian y ofenden a las personas involucradas.
Saludamos el hecho de que éste sea el propósito del PRI y lo compartimos en esa medida, pero que sea parejo para todos.
Respecto al otro punto que quisiera tratar aquí muy brevemente, que tocó el compañero Pedro Etienne, respecto a las noticias últimas del general involucrado en el narcotráfico, yo creo que aquí debemos buscar lo mismo y también saludar y refrendar la postura del Secretario de la Defensa y del mismo presidente Ernesto Zedillo, de no ocultar la verdad y que esperemos que ésta sea la pauta para que de aquí en adelante sigamos manejándonos en este tenor de afrontar la consecuencia que esto tiene para la institución del Ejército y para el país y que en adelante así seamos un México distinto en donde no quepa la mentira, la calumnia en aras de campañas y que salgamos adelante en nuestro estado de derecho.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador José Antonio Valdivia.
El senador José Antonio Valdivia:
Con su venia, señor Presidente; distinguidos y honorables señores legisladores:
Hago uso de esta tribuna para referirme a un tema que los compañeros que me antecedieron han tocado. Es un tema que yo considero de interés y de importancia para la opinión pública nacional.
Permítaseme antes expresar algunas reflexiones personales que tengo como ciudadano, como legislador y como militar que cuenta con una experiencia de más de cuatro décadas en las filas del Ejército mexicano, no debe entonces extrañar a nadie que intervenga el día de hoy, si lo hago con plena atención a mis convicciones y a mi formación profesional.
El hecho de que me haya formado profesionalmente en las filas del Ejército mexicano, no me impiden de ninguna manera que manifieste serena e imparcialmente mis convicciones. Así, pues, considero conveniente comentar en primer lugar, así sea brevemente, que los ciudadanos mexicanos desde el primer momento en que ingresamos al instituto armado, lo hacemos impulsados por una legítima convicción y el mayor interés de servir a la patria.
Como soldado de la República, se nos enseña el más profundo valor de la responsabilidad en el cumplimiento del deber; se nos inculca el sentido más amplio de la honestidad y de la disciplina; en lo más hondo de nuestro ser se nos imbuye el sentimiento de servicio al pueblo de México y lealtad a las instituciones.
Si bien es cierto que ingresamos a una institución de carácter castrense y se nos enseña el manejo de las armas y el conocimiento de la táctica, la organización, la logística y la estrategia militares, también es cierto que se nos educa en el conocimiento de la historia y el civismo; sobre todo en el respeto a las normas legales que nos regulan y el amor al pueblo que nos nutre, que nos forma y nos conforma, objetivo permanente en nuestra actuación.
No está de más recordar aquí, hoy, 19 de febrero en que se cumplen 84 años de la creación que el Ejército mexicano actual es el heredero legítimo de las aspiraciones y anhelos que motivaron la Revolución de 1910 a través de los contingentes de Carranza, de Villa y de Zapata. No podemos dejar de señalar que los ejércitos revolucionarios estaban formados por obreros y campesinos; es decir, por el pueblo mismo. Muchos de ellos sin la más elemental educación primaria. Así se mantuvo la fuerza armada nacional por muchos años hasta que llegó el momento, en los años treinta, de la necesaria e impostergable modernización, como proceso que la propia sociedad mexicana estaba viviendo en ese entonces.
Dicha modernización atendió al reclamo popular de contar con un instituto armado profesional, preparado y que sirviera eficazmente al interés de la nación. Desde entonces, a lo largo de su historia moderna, el Ejército mexicano ha sido educado con gran esfuerzo y esmero con una sola consigna: servir con honestidad y limpieza al pueblo de México; estar al lado de las instituciones nacionales y trabajar por la integridad de nuestro territorio.
Hoy, 19 de febrero, un día en que los militares mexicanos nos congregamos en las instalaciones militares con júbilo y con entusiasmo, este día fue para nosotros de recordatorio de la creación de nuestro Ejército. Pero también fue un día de tristeza y de dolor.
Es preciso recordar, entonces, que los que conformamos a nuestro instituto armado se nos educa en el conocimiento y en las prácticas de los fines que marcan nuestra Carta Magna, las leyes, códigos y reglamentos que de ella se derivan. Esto es siempre en el papel que el propio pueblo de México le ha otorgado al Ejército, sin dejar de cumplir su responsabilidad; pero tampoco sin desviar nuestra conducta y sin ir más allá de lo que expresamente está estipulado en el marco jurídico que nos regula.
La actuación del Ejército mexicano, resulta conveniente apuntar, no se constriñe exclusivamente a las tareas eminentemente militares, ya que se le han encomendado también funciones que le permiten incidir y colaborar en el desarrollo y progreso nacionales.
Por ello, se puede observar permanentemente que los soldados mexicanos participan en campañas de salud, de educación y muchas más de servicio a la comunidad. Dentro de éstas, destaca la lucha de nuestras fuerzas armadas en el combate a la producción y tráfico de estupefacientes en todo lugar y en todo tiempo.
Me consta personalmente, porque he participado en ello, que los integrantes del instituto armado dejan de lado todo tipo de comodidades para cumplir con sus tareas encomendadas, con plena satisfacción y orgullo, para erradicar del suelo patrio este mal que pone en riesgo la seguridad nacional y por consiguiente la paz y tranquilidad de los mexicanos.
Quiero ser reiterativo, mis comentarios anteriores y los que en seguida externaré son reflexiones producto de mi experiencia personal. Por lo tanto, no soy portador, de ninguna manera, de la voz de mis compañeros de armas ni de la Secretaría de la Defensa Nacional; ni vengo a defender a personas que se han visto involucradas en hechos irregulares, penosos y lamentables y que probablemente constituyan delito. Me encuentro en esta tribuna, con el único y sano afán de dejar claro que más allá de individualidades nuestro Ejército se conforma por la voluntad de muchos miles de mexicanos, decididos a fortalecer las instituciones que tantos esfuerzos han costado a generaciones enteras. De ahí provienen la fortaleza y solidez de la institución armada.
Sin embargo, compañeros legisladores, el día de ayer tuvimos conocimiento que un miembro del Ejército mexicano engañó a sus superiores, defraudó la confianza en él depositada, atentó contra la seguridad nacional, vulneró el esfuerzo conjunto de las instituciones en la lucha que libra el Gobierno de la República contra el narcotráfico y sirvió a los intereses de quienes el Ejército combate con decisión y firmeza.
¡A esta persona, así lo expresó el día de ayer el propio Secretario de la Defensa Nacional, se le perdió la confianza, procediendo a su inmediata destitución y dando inicio a las investigaciones correspondientes!
¡El alto mando del Ejército fue el primero, una vez enterado de la posible comisión de irregularidades y de hechos posiblemente ilícitos, en hacer la denuncia y la petición de que se sometiera a la investigación por las autoridades correspondientes!
¡Esta decisión tomada por el alto mando del Ejército, es una prueba fehaciente de que nadie puede estar por encima de la ley y ningún interés puede ser superior al de la justicia y la verdad:
Por mi parte, ¡estoy perfectamente consciente que toda organización humana está expuesta a que haya personas que fallen y el Ejército mexicano no es la excepción! ¡Así, como también estoy cierto que las instituciones están y estarán siempre por encima de los hombres y sería injusto calificar a una sólida y vital institución por la conducta delictiva de un hombre, que desvió su actuación y ha defraudado la confianza que en él se depositó:
Nosotros sabemos y sabemos bien que quien rebasa el marco de la ley debe ser castigado con todo el rigor, con la misma ley. De ninguna manera se justifica una conducta de esta naturaleza.
El día de ayer en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde estuve presente, el ciudadano General Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer a la opinión pública, a las autoridades competentes y a todos nuestros compañeros de armas, un hecho muy penoso, para decirlo con sus propias palabras, para quienes queremos a México y hemos prestado juramento de fidelidad, lealtad, honestidad y entrega a las instituciones nacionales.
El ciudadano Secretario de la Defensa Nacional fue enfático al afirmar que: "al actuar como se hace en este caso refrenda nuestra convicción de ajustarnos a derecho, decir la verdad y no ocultar conductas ilícitas en aras de evitar situaciones que pudieran deshonrarnos y llenarnos de vergüenza. Actuando así nadie puede dudar de nosotros y de nuestro compromiso institucional, absolutamente nadie". Termino la cita.
Yo considero que la actuación del Secretario de la Defensa Nacional es no solamente justa, sino que es ejemplar, porque en el Ejército mexicano tenemos honor, dignidad y lealtad, porque nos preocupa por consiguiente que existan elementos que deshonren el uniforme de la dignidad republicana, el uniforme honorable de los soldados mexicanos, el uniforme de la lealtad, de los custodios de nuestro pueblo.
Es por eso que yo guardo para mí la más profunda convicción de que a los soldados mexicanos nos caracteriza la congruencia, por lo tanto reconocemos nuestras fallas, nuestros errores y deficiencias y cuando hay en nuestras filas conductas antisociales somos los primeros en combatirlas; ignorarlas sería autoengaño, posición de impunidad o sentimiento de egoísmo.
A este respecto, quiero expresar que como legislador y como militar saludo y reconozco esta decisión del Secretario de la Defensa Nacional, porque sustenta en lo más íntimo de mi ser que no se deben tolerar conductas contrarias a los mandamientos constitucionales y legales. Nuestra actitud no es, no debe ser elusiva.
Quiero expresar también mi confianza en que los jefes y mandos superiores del Ejército mexicano han sido, son y serán los primeros en cumplir y exigir el cumplimiento de nuestras normas de convivencia, el acatamiento de nuestras leyes no solamente militares, sino también civiles, pues recordemos que los integrantes del instituto armado estamos sujetos a una mayor legislación que la sociedad en general. Además, tengo la certeza de que quienes están al frente de nuestra institución militar ni solapan ni permiten faltas a la disciplina militar.
En el tiempo que he servido en el Ejército mexicano no recuerdo ni tengo conocimiento de fallas graves que hayan quedado sin sancionar. Las ocurridas han sido severamente castigadas con irrestricto apego a la legislación militar y civil, respetando todo tipo de garantías individuales.
Quiero también dejar clara mi posición y convicción de que el Ejército mexicano es una institución transparente que está expuesta día con día al escrutinio público y que no es de ninguna manera un cuerpo de privilegios ni de concesiones inmerecidas que ofenderían el sentir y la dignidad del pueblo de México.
Por eso, compañeros legisladores, comprometidos con la nación y con el pueblo de México, si uno o varios miembros del Ejército mexicano han faltado a la disciplina militar y han cometido faltas al orden civil, debe de ser sancionado de acuerdo con las leyes vigentes y con las leyes militares también.
La orden que siempre hemos recibido del mando supremo y del alto mando militar, ha sido clara y precisa: cúmplase con la ley. En el Ejército mexicano no se solapa ni toleran fallas en nuestro desempeño. Con la determinación tomada por el Secretario de la Defensa Nacional, yo considero, tengo la confianza que lejos de resultar mancillados, el honor, prestigio y dignidad del Ejército mexicano, quedarán ratificadas ante la opinión pública nacional las cualidades que en forma permanente han distinguido a nuestras fuerzas armadas: disciplina, servicio, cumplimento del deber, sacrifico y lealtad.
En lo personal, siento mucha tristeza, mucho dolor, porque un militar, porque un compañero de armas no se haya resignado a vivir en la honrosa medianía económica que proclamara el Patricio Juárez. Siento desilusión, lástima y gran pena que el general Gutiérrez Rebollo no haya recordado, a lo mejor nunca conocido, los versos del juramento yaqui que obligan a los miembros de ese pueblo a tener siempre presentes: "que no importa si es de día o si es de noche, si hace frío o hace calor, si están enfermos o sanos, que no hay que sentir dolor ni hambre ni sed, que no importa la vida o la muerte, que solamente existe una cosa: cumplir con el deber en la trinchera que el pueblo le otorgue y que ahí se estará por siempre en la defensa del pueblo, de nuestra nación".
Y así como un soldado desvía su camino, yo tengo para mí la confianza de la seguridad y la convicción de que muchos, miles, muchos miles de soldados mexicanos están y estarán siempre en su puesto, prestos a la defensa de México, no importando estrecheces y limitaciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Carlos Chaurard.
El diputado Carlos Chaurard Arzate:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vivir bajo el imperio de la ley implica, fundamentalmente, combatir la impunidad, implica aplicar la norma jurídica a todo aquel que la infrinja sin importar su condición social económica o política.
El día de ayer, cuando el general Enrique Cervantes Aguirre, en su carácter de secretario de la Defensa Nacional, hizo público que la dependencia a su cargo había iniciado el pasado día 6 de los corrientes una indagatoria respecto de la conducta asumida por el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien el 9 de diciembre del año próximo pasado asumiera el cargo de comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, indagatoria que permitió, al ser turnada a la Procuraduría General de la República, iniciar la averiguación previa respectiva que concluyó con su consignación por los delitos contra la salud, en su modalidad de fomentar la transportación de cocaína, cohecho y contra la administración de justicia y solicitar orden de aprehensión para el citado Gutiérrez Rebollo, así como de Horacio Mentenegro Ortiz y Javier García Hernández, ponen de manifiesto ante la opinión pública nacional, que las fuerzas armadas secundan en los hechos, la convocatoria formulada por el Presidente de la República, de promover una cultura en la que la justicia se imparta sin distingos y si bien es de lamentar el que un miembro de nuestras fuerzas armadas haya desviado el recto camino, nos fortalece y anima el que haya sido la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la que haya iniciado la indagatoria antes aludida.
De esta manera el Ejército mexicano ratifica su lealtad con las instituciones, no sólo como garante de nuestra soberanía y de nuestra seguridad nacional, sino como cuerpo que no permite que sus miembros, por muy elevado que sea su rango, trastoquen el estado de derecho.
La averiguación previa instaurada en contra del general Gutiérrez Rebollo, es una muestra de que en la procuración de justicia no se persigue ningún otro fin ajeno a ella, menos que implique persecuciones políticas con fines electorales, que demuestra firmeza del Estado mexicano en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, muestra de solidez de las instituciones y el valor de la justicia.
La conducta asumida por el general Gutiérrez Rebollo, no vulnera la confianza que los mexicanos han depositado en sus fuerzas armadas en la tarea diaria que con dignidad y patriotismo llevan a cabo en los frentes que se le han encomendado y no la vulneran porque ha sido el propio Ejército quien indagó y puso a disposición del Ministerio Público Federal, los lamentables hechos en que incurrió el general Gutiérrez Rebollo.
La lucha contra el narcotráfico no es ni ha sido ni será tarea fácil; las redes que tejen quienes lucran envenenando la salud son múltiples y acechan a todo el cuerpo social; nuestra propia situación geográfica nos expone, más que a ningún otro país, al tráfico de drogas. Los hechos de ayer denunciados son prueba de ello; sin embargo, si bien podrán corromper personas, no podrán nunca corromper las instituciones que, como la del Ejército, viene del pueblo y al pueblo se debe.
No nos perdamos en el escándalo, no nos perdamos entre el griterío de quienes temerariamente afirman que todo está mal, no secundemos a los pesimistas, a los derrotados, a los carentes de esperanza y procedamos al análisis frío de los hechos: el día de ayer el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acreditó, en los hechos, que quienes desde el crimen organizado intentan socavar nuestros valores de una convivencia sana, prometedora de mejores niveles de vida, no encontrarán abrigo en nuestro glorioso Ejército mexicano.
Muchas Gracias.
DIA DEL EJERCITO MEXICANO
El Presidente:
Para dar a conocer un punto de acuerdo, tiene la palabra el senador Amador Rodríguez Lozano.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La fortaleza y viabilidad de una nación se basa en las instituciones que la conforman, instituciones que aseguren un marco de convivencia pacífica con libertad y justicia, un orden que no limite las legítimas aspiraciones individuales y sociales, un orden jurídico, social, justo y democrático.
El Ejército mexicano es una institución central de la República, fuerza organizada para defender la integridad del país y su orden constitucional.
Nuestras fuerzas armadas no se estructuran en función de privilegios que las separen y enfrenten a la sociedad, por el contrario, la organización de las fuerzas armadas de la nación proyectan los valores que han informado las luchas sociales y que vertebran la cultura política del pueblo.
Parte de la organización social, el Ejército mexicano es producto de la ruptura de un estado injusto, de la organización de la población para cambiar las condiciones de vida de las mayorías y formar nuevas instituciones capaces de integrar las demandas sociales y resolver con justicia los conflictos.
La creación de este nuevo orden implicó la destrucción del Ejército de la dictadura porfirista, fundado éste en el privilegio y la discriminación.
La organización armada del pueblo de México, al derribar el régimen de privilegio creó las condiciones para una nueva forma de desarrollo social y, por ello, el Ejército mexicano de hoy no se organiza como instrumento de represión a la sociedad, sino como ciudadanos armados en defensa de México y de las instituciones.
El Ejército de la República sigue siendo la forma organizada militarmente de los ciudadanos mexicanos para defender la soberanía y las instituciones. El origen de nuestro Ejército se ha proyectado no sólo en su comportamiento, sino también en las normas que lo rigen. El instituto armado lo norman leyes que, además de orientar su conducta en la sociedad, crean las condiciones para que en su interior se hagan valer los derechos y obligaciones de todo ciudadano.
Los miembros del Ejército son responsables que aquellos que se alejan de la disciplina militar o que quebrantan el orden constitucional son castigados conforme a las leyes de la República, porque en el instituto armado no existen privilegios y mucho menos se excluyen del orden social que respaldan.
La disciplina en nuestro cuerpo armado es la forma de hacer más eficaz su tarea de defender con lealtad y patriotismo el territorio y los intereses del pueblo mexicano.
Las fuerzas armadas están integradas a la sociedad, concentran sus esfuerzos en defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, en garantizar la seguridad interior, contribuir con acciones cívicas y obras sociales al progreso del país, además de auxiliar a la población y prestar ayuda en casos de desastre o necesidad pública.
Las instituciones armadas por su naturaleza popular y su dedicación a servir a México y a sus habitantes, seguirán siendo sustento y valuarte de las instituciones republicanas, no sólo por su tarea fundamental de defender la soberanía y el orden constitucional, sino que también ahí se vuelve a reflejar su origen popular al prestar tareas de ayuda y servicio a las comunidades más desprotegidas de la nación.
Es el servicio y ayuda a la comunidad una forma de comunicación permanente de los soldados con la sociedad y ella permite que el pueblo siga reconociendo en el Ejército la forma en que los ciudadanos de México se organizan para defender la integridad y bienestar de la nación.
La lealtad del Ejército a la Constitución y a las instituciones es garantía de que su disciplina, fuerza y potencia bélica son utilizados y serán utilizados siempre en defensa de los intereses nacionales, que su lealtad a la nación y su apego al derecho garantizan que sus actividades estén perfectamente delimitadas.
El Ejército de hoy, en tiempos difíciles y de cambio es un factor de cohesión social y democrático. Nuestro instituto armado ha demostrado no sólo en el discurso su lealtad y subordinación a las instituciones y a las autoridades civiles, sino también en los hechos ha mostrado su determinación de no rebasar las atribuciones que le confiere la ley y se ha mantenido y se mantendrá como garante de la integridad, independencia y soberanía de México, así como de su seguridad interior.
Es por ello, compañeros legisladores, que las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, representados en la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, realizan la siguiente declaración política.
Primera. Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo, representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconocen en los miembros del Ejército una parte esencial de la sociedad mexicana, integrada ésta al servicio no sólo de la defensa de la soberanía nacional, sino de apoyo a la sociedad civil.
Segunda. También reconocen en su lealtad a las instituciones de la República su subordinación a las leyes civiles y su vocación de servicio, garantías insustituibles para el desarrollo de la nación.
Tercera. Asimismo, reconocen que las labores encomendadas a nuestro instituto armado, han sido cumplidas con patriotismo y lealtad.
Cuarta. Por todo ello, y reconociendo su lealtad a la Constitución y al pueblo, es que nos sentimos orgullosos de nuestro Ejército y hacemos un reconocimiento a su labor y patriotismo.
Firman distintos representantes de los grupos parlamentarios que he mencionado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, diputado Presidente; compañeros miembros de la Comisión Permanente:
La premura con la que conocimos este texto y las imposibilidades para conciliar lo que a nosotros nos parecía prudente, es la razón por la que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no suscribió un texto, pero ha sido muy claro en su posición expresada en tribuna, en relación a este problema.
No podemos nosotros reconocer que en forma general y sin precisiones a los miembros del Ejército, cuando estamos al mismo tiempo escuchando una crítica sobre los hombres que fallan; pero tampoco podemos nosotros dejar de hacer el deslinde muy claro de lo que es la responsabilidad personal frente a las instituciones. Lo hicimos en la intervención anterior y hoy lo volvemos a hacer al precisar nuestra postura en relación a esta propuesta de declaración. Hubiéramos querido conocerla, hubiéramos querido intercambiar puntos y conciliar un texto que fuera satisfactorio para todos los grupos parlamentarios, sin embargo así se dio.
Sólo me resta decir que el PRD insiste también en diferenciar las conductas de los miembros de la actuación de la institución y decir simple y sencillamente que el mejor homenaje en el LXXXIV aniversario de la creación del Ejército, lo constituye esta crítica que escuchamos hace un rato del senador Valdivia, a los hombres que falla o lo constituye también el hecho de que la institución no proteja ni encubra a uno de sus miembros que falla también y que incurre en hechos delictivos.
Es y no simplemente una declaración genérica y sin precisión, constituye desde nuestro punto de vista el mejor homenaje y reconocimiento a deslindar lo que es la responsabilidad institucional, de la responsabilidad de sus miembros.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, del PAN.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente:
Toda vez que hemos firmado y nos hemos adherido a los pronunciamientos contenidos en la declaración política de reconocimiento a las fuerzas armadas, que presentó el senador Amador Rodríguez Lozano, a nombre de diversas fracciones parlamentarias, sólo me reduciré en esta intervención, a señalar que como el propio Secretario de la Defensa Nacional calificó como un hecho penoso para quienes queremos a México, la circunstancia de que hayan aparecido elementos que por su conducta deshonran a la función militar.
Quiero referir que Acción Nacional el día de hoy, tiene presente a ese soldado que participa en las labores de auxilio a la población en caso de desastre. Que Acción Nacional tiene presente este día a ese soldado, que arriesga y en ocasiones pierde la vida, en el combate al narcotráfico, en el exterminio de plantíos. Que Acción Nacional tiene presente en este día a ese soldado, que presta su servicio en acciones de apoyo y de auxilio a la sociedad civil, tiene presente a ese soldado que nutre a un individuo armado, con la característica de ser un Ejército popular y no de castas, de élites y de privilegios.
Y que para nosotros, los acontecimientos que el propio Secretario de la Defensa enfrentó el día de ayer, son simplemente un punto de contraste, un punto de contraste que enaltece, realza, eleva a quienes han permanecido en el servicio a las instituciones, en la defensa de la soberanía, en la protección a la población.
Un punto de contraste que también sirve para reflexionar, sobre los necesarios esfuerzos por salvaguardar a las instituciones de la peligrosidad, del poderío, de la capacidad de una amenaza, no sólo para nuestro país, sino para el mundo entero, como es el crimen organizado dedicado al narcotráfico.
El día de hoy tenemos presente a ese Juan soldado y lo contrastamos contra quien ha dejado de serlo, porque ha abandonado su misión y su función de salvaguardar a las instituciones y de proteger a los mexicanos.
Qué bueno que sea un contraste. Qué bueno que quede para otro momento el necesario análisis del daño generado, la necesaria investigación de hasta qué niveles y qué puntos ha logrado el crimen organizado afecta nuestra vida institucional.
Pero queremos abrir un espacio pensando en ese soldado, que hoy contrasta frente a quien ha traicionado, frente a quien ha claudicado, frente a quien ha deshonrado, frente a ese soldado representado en las palabras del Secretario de la Defensa Nacional, que refrenda su condición por ajustar a México y a sus instituciones a un auténtico estado de derecho y subordinar la vida institucional a la verdad.
Queremos dejar para otro momento, hacer un espacio ahora, para que cale hondo este compromiso refrendado, por hacer de las instituciones una oportunidad de vigencia plena del estado de derecho y para hacer de la vida nacional un compromiso con la verdad. La verdad sirve hoy para contrastar al buen soldado del mal soldado. Hoy, nosotros nos pronunciamos por un reconocimiento pleno a las instituciones armadas y dejamos este espacio para que sea después por las propias autoridades, con esa vocación de verdad y de justicia que la comunidad nacional sepa hasta dónde había calado la penetración del crimen organizado, hasta dónde ha dañado a las instituciones y qué nos corresponde hacer a todos para resarcirlas y llevarlas al nivel que los mexicanos queremos.
Muchas gracias.
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Presidente:
Sobre el tema de las Afore, tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna, a nombre de mi partido para asumir una responsabilidad y hacer una advertencia en lo que toca al funcionamiento del sistema de las Afore.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se considera que el problema fundamental para impulsar a la economía a una etapa de crecimiento sostenido, es el del financiamiento; que, a su vez, pretende resolver mediante un incremento constante y suficiente del ahorro interno. Con ello, se superaría, según este proyecto, la peligrosa dependencia financiera del exterior y, a la vez, impulsará a la inversión productiva como palanca del crecimiento de la producción y del empleo. No obstante ser el ahorro interno el fundamento de toda la estrategia de crecimiento, en el plan nacional de desarrollo no hay suficiente claridad acerca de las líneas de política que llevarían al incremento necesario y suficiente de recursos financieros generados internamente.
La única medida importante y concreta que el Gobierno ha esgrimido para impulsar el ahorro interno, es el de los fondos de ahorro de pensiones de los trabajadores y sus nuevas entidades financieras las Afore y Siefore. Es por esta vía, con base en el ahorro forzoso de los trabajadores, que es en realidad un impuesto que se pretende resolver, lo que el funcionamiento de la economía de mercado no está resolviendo. Si el incremento del ahorro no tiene como factor determinante el aumento del ingreso de la población y, por tanto, el incremento del empleo y de los salarios, nada garantiza que ese ahorro se vaya a convertir en inversión productiva, ya que un mercado restringido sólo genera buenas expectativas para inversiones de tipo especulativo.
La problemática del financiamiento de la economía nacional, causa fundamental de sus crisis recurrentes, consiste en varias cuestiones. Primero, en una insuficiente tasa de crecimiento del producto interno bruto. Por el desplazamiento de productores internos insuficientemente competitivos ante la competencia que generó la apertura generalizada e indiscriminada de nuestra economía, lo cual se expresa en la tendencia de un déficit comercial en cuanto crece la economía, lo que se conoce como la restricción externa que no ha sido superada, en una enorme transferencia de fondos financieros para el servicio de la deuda externa.
Se calcula que al finalizar este sexenio llegarán a más de 20 mil millones de dólares anuales; en el sobreendeudamiento de empresas y familias, patente en las carteras vencidas, debido a una perversa combinación de altas tasas de interés, bajos salarios e insuficiente rentabilidad de la mayor parte de las empresas agrícolas, comerciales e industriales; en la bajísima capacidad de ahorro de estas empresas por las mismas razones de recesión y concentración del ingreso; en concentración de los recursos financieros en unas cuantas corporaciones que ante la falta de estímulos para la inversión productiva, los canaliza en su mayor parte a inversiones especulativas en el sistema de las finanzas internacionales y en la falta de acceso al crédito de la mayor parte de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En estas condiciones, la nueva ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Afore, no pueden contribuir realmente a resolver esta compleja problemática del financiamiento del desarrollo, sino que, en estas condiciones de un sistema bancario y financiero poco sano, realmente van a agravar el problema. Por ejemplo, la canalización que según la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro podría hacerse de parte de esos fondos a instrumentos de renta variable, va a beneficiar sólo a las empresas inscritas en la Bolsa de Valores, que son una minoría, dejando fuera a la mayor parte de micro, pequeñas y medianas empresas del país que son las que generan la mayor parte del empleo.
Nada impedirá que los fondos de pensiones que administran las Afore, conduzcan a reforzar la concentración de los recursos financieros, que es uno de los principales problemas de financiamiento que padece nuestra economía.
Asimismo, las altas comisiones que descontarán las Afore, determinan la necesidad de altas tasas de interés, si es que se pretende que haya alguna ganancia para los trabajadores, ahorradores forzosos, lo cual conduce a incrementar uno de los principales problemas del desarrollo actual de la economía, que es la de los altos costos financieros, esto es, de una economía que da prioridad a la renta financiera por encima de los salarios y la rentabilidad de las actividades productivas.
Pero el nuevo negocio financiero de esta administración, marcha a pasos agigantados, la competencia de las Afore por los recursos para el retiro, de los cerca de 10 millones de trabajadores afiliados al IMSS, se ha iniciado ya desde el 1o. de febrero, han sido autorizadas para la operación 12 operaciones de fondos para el retiro y cinco más están en espera de ser autorizadas, entre ellas las Afore, Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Todo parece indicar que el nuevo sistema privado de pensiones inicialmente arrancará con 17 administradoras. Sin embargo, en éste como en otros espacios del mercado, la competencia no producirá automáticamente una mejor asignación de los recursos entre los demandantes y sí por el contrario, una transferencia importante de una parte del ahorro para el retiro de los trabajadores hacia grupos financieros nacionales y extranjeros, vía las comisiones y el manejo de estos fondos y las comisiones que cobrarán por el manejo de la cuenta individual de retiro.
El sistema privatizado de pensiones es un sistema caro; es natural que así sea, aumenta la intermediación, aumenta el número de intermediarios, los cuales para competir entre sí, tienen que recurrir a una costosa propaganda; lo estamos viendo, lo estamos sintiendo; los costos de publicidad, los costos de venta, administración de inversión de los recursos para el retiro, los pagará en todo momento, el trabajador. Ya se nos habla de que hay un Ejército de 45 mil personas ocupadas en enganchar a los trabajadores para que les firmen para ingresar a estas Afore; ya nos indica que hay 7 mil 500 funcionarios de las instituciones financieras dedicados a estudiar y a ver cómo atraen estos fondos, cómo llevan agua a su molino.
Se calcula que los gastos preoperativos de las 12 administradoras ascenderán a 560 millones de dólares, es decir, 0.6% del producto interno bruto estimado para 1997.
Los defensores del sistema privado de pensiones, aducen que los trabajadores tendrán en todo momento el derecho de elegir libremente la administradora de sus preferencias y que son dos los elementos racionales a tomar en cuenta para llevar a cabo dicho complejo ejercicio: las comisiones y la rentabilidad. Sin embargo, tendríamos que aceptar que el trabajador puede tomar eficientemente esta decisión, lo que pasa inicialmente por discriminar entre una estructura de comisiones y otra, tendríamos que aceptar que el trabajador medio tiene la capacidad técnica y financiera para realizar los cálculos correspondientes tomando en cuenta su salario personal, las comisiones y una estimación de los rendimientos probables para elegir las Afore que no se van a equivocar y que seguro va a invertir rentablemente estos fondos.
Lo cierto es que la información que está fluyendo sobre la estructura de las comisiones autorizadas, es compleja; poco le dice el trabajador. Presenta un entramado financiero complicado para que el propio trabajador sea presa fácil de la voracidad de los nuevos intermediarios financieros y si se equivoca el trabajador, ya tienen ustedes la experiencia de lo que pasó con las tarjetas de crédito, que le hacen firmar una complicadísima, en minúsculas cláusulas y condiciones, que dejan al trabajador desamparado. De manera que es un trabajador individual, sólo de bajo salario, en contra de los aparatos jurídicos y financieros de las instituciones. ¿Qué defensa puede tener así este trabajador.
Cuando y leí hace unos días un artículo del senador Conchello, en donde decía que el sistema era un robo, francamente me pareció tan exagerada su afirmación, que recurrí a informarme más y a enterarme más en mi fracción y resulta que sí resulta un robo lo de las comisiones. ¿Por qué? Porque aún suponiendo que el decía que se va a cobrar esta comisión sobre los fondos acumulados por la Consar, que suman cerca de 4 mil millones de dólares; 31 mil millones de pesos; que ya la Consar contestó, diciendo que no, que sobre esos fondos ya acumulados no se cobrarán comisiones, simplemente se pasaran cuando se hayan desenmarallado todas las bolas que se han hecho con los nombres y las cuentas individualizadas de los traidores en la Consar.
Muy bien, de esos no se cobrarán comisiones. Pero, ¿qué hay con los nuevos fondos que se empezarán a descontar a partir de septiembre? ¡No!, pues resulta que tenía razón, porque efectivamente las comisiones que se van a cobrar, que van del 1.70% de la aportación mensual al sistema de pensiones, representa este 1.70% que lo tomo como promedio, hay unas que van a cobrar más y otras un poco menos, representan en promedio, el 26.15% de estos fondos. O sea, que las instituciones intermediarias se van a quedar, por concepto de manejo, con la cuarta parte de los fondos que se van a acumular, o sea, del ahorro de los trabajadores.
Pero eso no es todo. Aún hay más, porque las comisiones que se autorizaron no sólo son por este concepto. Hay ocho conceptos de comisiones que pueden poner a funcionar las Afore. No nada más está la del 26.15%, o sea 1.70%, sino que además hay comisiones por dar cuentas, hay comisiones sobre flujos que es ésta, sobre saldos, sobre rendimiento real sólo una y ahorita voy a explicar esa trampa del rendimiento real, sobre cuentas adicionales, sobre consultas, sobre estados de cuentas adicionales, sobre reposición del fondo, o sea, cuando ya no se quiera tener ahí y entonces aún a cobrar hasta el 10% la subcuenta del ahorro voluntario, que es la única que se puede retirar; sobre cuentas inactivas, o sea, aquéllos que ya no están aportando, porque ya son pensionados, también a ésos se les va a cobrar una comisión adicional sobre cuentas inactivas. De manera que ustedes ven, son ocho los conceptos de comisiones que se van a cobrar, y ¿por qué tienen que ser tan altas estas comisiones? Pues, por la sencilla razón de que en una economía estancada y en recesión, hay el enorme peligro de que estos fondos no sean rentables; o sea, no tengan rentabilidad y tan sólo pónganse ustedes a pensar, si la comisión por el flujo representa el 26% del fondo y la tasa de interés es del 22%, ya la operación ya no fue rentable ¡Claro!, pueden invertir en valores de renta fija, pero siempre tendrán que ser superiores a la tasa de interés. Entonces, la no rentabilidad de estos fondos, es una amenaza real.
Ahora bien, ¿por qué entonces todo el interés por captar estos fondos? ¿Por qué esta guerra por quedarse con estos fondos? Porque lo que si hacen los fondos es, no son rentables ni a corto ni a mediano ni menos a largo plazo, sólo hasta largo plazo van a empezar a operar, cuando empiecen a pagar las pensiones. No son rentables.
Entonces, ¿por qué el interés, por qué la avidez, por tenerlos? Porque no resuelven el problema de la rentabilidad, ¡pero sí resuelven el problema de la liquidez!
¡Por lo pronto todas estas empresas, instituciones, se van a ver con que están inundadas por un monto de fondos líquidos, en un ambiente de restricción crediticia y en un ambiente en donde no hay liquidez:
Entonces, el pleito es ahorita por la liquidez que proporciona. En palabras comunes y corrientes "¡por jinetear el dinero!" ¡Están "jineteando" el dinero y lo van a "jinetear"! y ya después si son rentables o no son rentables, ya dijeron: "bueno los primeros cinco o seis años es obvio que no va a haber ningún ingreso, pero qué tal después" y ellos no tienen que pagar ahorita nada ni tienen ahorita ningún egreso ni erogación, hasta dentro de unos 20 ó 25 años ¡De manera que ahorita para qué se preocupan:
Pero, ¿quiénes son los que sí se tienen que preocupar por este esquema? ¡Yo creo que nosotros! ¡Nosotros mucho advertimos que este esquema no era el adecuado:
Ahora resulta, en una comparación que se hace respecto a ¿Qué pasa con la aportación bruta de los trabajadores al primer año?, que si la meten a una Afore, al primer año el trabajador tiene un fondo que tiene un valor real menor en 12% que el que tenía sobre la base de comisiones de 1.7% y una tasa de interés del 22% anual.
¡Si lo hubiera metido al Infonavit, entonces tendría un 2.12% de aumento en su fondo!
¡Y si lo hubiera metido al SAR, al Sistema de Ahorro para el Retiro, que es el mejor, entonces resulta que tendría un fondo, un 10% mayor:
Entonces, señores, si había esta experiencia, si era mejor el SAR, ¿por qué no se buscó una mejor alternativa?
¡La guerra desatada por los fondos para el retiro de los trabajadores, en la que se involucran una serie de prácticas desleales, denuncias por corrupción, publicidad engañosa y ofensiva para los trabajadores, así nos lo han hecho saber, despliegue por parte de algunas Afore de expectativas falsas sobre la rentabilidad para atraer afiliados y presiones crecientes de las Afore, respaldadas por grupos financieros más fuertes para romper los topes de concentración y los altos costos para los trabajadores, dan la razón al Partido de la Revolución Democrática de la necesidad de revisar a fondo el modelo de pensiones privatizado, que aprobara un solo partido en diciembre de 1995! ¡Estamos ante un esquema monopartidista! ¡Queremos repetir todas estas aclaraciones!
¿Por qué no se tomó en cuenta otras alternativas? Se tiene la oportunidad de crear un gran fondo nacional de pensiones, administrado por una sola administradora pública que canalice los recursos de los trabajadores hacia actividades productivas, a través de la banca de desarrollo.
¡Los recursos de los trabajadores para su retiro y su derecho a una verdadera seguridad social con fines redistributivos, bien valen la pena de reabrir el debate sobre el presente y futuro de los trabajadores de este país! ¡Nuestra preocupación es seria!
¡Hace tres sesiones o dos sesiones, con fecha 7 de febrero, concretamente se presentó un punto de acuerdo, suscrito por todos los partidos, en donde se solicitaba la comparecencia de los señores directores del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, licenciados Genaro Borrego Estrada y Fernando Solís Soberón, a fin de que los integrantes de las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social recaben toda la información necesaria y resuelvan los comparecientes las dudas que hay sobre la administración y la viabilidad financiera de estas administradoras de fondos para el retiro.
En esta ocasión nosotros insistimos en esta demanda y presentamos un nuevo punto de acuerdo firmado por la fracción del PRD, en donde se solicita también la comparecencia de un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que este asunto también sea visto por la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente, señoras legisladoras; señores legisladores:
Siempre me asombra mi estimada y respetada amiga Ifigenia en su carácter de oposicionista, yo diría a ultranza. Se opone no a tal o cual corriente política o a tal o cual partido, sino se opone a realidades económicas y a realidades con las que nos encontramos todos los días.
Esta discusión que la tuvimos y que la hemos tenido por muchos días, por muchos meses el año pasado, se quiere volver a repetir y se habla de sistemas un poco..., con mucha imaginación se señala un fondo común de retiro o para pensiones que se manejará en tal o cual forma, es decir, se quiere volver un poco a lo que en todo el mundo se ha encontrado como un fracaso, casi con quiebras de los sistemas de seguridad social en materia de pensiones.
Y es que ha sido natural, todos los planes de pensiones..., y voy a hablar concretamente del nuestro. En 1943 se hicieron estudios actuariales pensándose en una población con cierta expectativa de vida, ciertos carácteres demográficos, tasa de natalidad, elementos todos que han variado del cielo a la tierra sustancialmente. Entonces, esto que no sólo es privativo de México, sino casi de todas las sociedades que han envejecido, que envejecen mucho, que tienen al contrario una expectativa de vida mayor, ha hecho que todos y no encuentro uno que falle, todos los sistemas financieros que se han basado en la solidaridad intergeneracional, que puede no exactamente, pero puede homologarse al sistema de reparto, no han dado resultado; son menos los jóvenes o los que entran a esos sistemas, que aportan lo suficiente para pagar el exceso de pensiones que han venido en todos los países.
Todos han por eso fracasado ni siquiera es por un mal manejo, no quiero entrar a un mal manejo de los fondos de tal o cual país, ya no hablo del nuestro, sino las mismas circunstancias demográficas han hecho que todos los cálculos actuariales hayan fallado y fueron cálculos muy bien hechos en su momento, pero pues es muy distinto el año de 1943 al año de 1997.
Entonces, ¿qué fue lo que ha pasado?, ¿qué es lo que pasó con cualquier sistema que queramos basarlo en un sistema de reparto y que no sea un sistema de montos o capitales constitutivos?, como está previsto en estas reformas tanto a la Ley del Seguro Social como a la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro . Es la única manera viable, no sé si falle un día, las instituciones humanas pueden fallar, no hay duda de ello, pero los elementos que se han usado para crear o para estructurar el sistema parecen lo mejor que hoy por hoy pueden encontrarse. Si hay mejores, ojalá los conozcamos y a tiempo los podamos detectar y usar.
Pero lo cierto es que hoy lo que ha pasado o lo que se está haciendo con este nuevo sistema es, y no quiero referirme al tema, lo haré rápidamente, de las comisiones, que efectivamente son varias, las hay, pueden ser por concepto de flujo, la misma Consar las ha señalado, por concepto de saldos y servicios especiales, que ése es otro problema. Cualquier servicio especial, expedición de nuevos estados de cuenta, consultas adicionales, reposición de documentos, bueno, estos indudablemente que son además cantidades o comisiones ajenas, que son mínimas y que además no pueden..., en ese momento ni siquiera se van a poder usar, porque no se ha dado todavía el caso, las únicas importantes son las comisiones sobre el flujo y sobre saldos y no creo que ante esa efectivamente abrumadora publicidad de las Afore, que ya están establecidas y de las que vendrán, entre las que se cuenta la de Siglo XXI que todos esperamos del Seguro Social y que probablemente en una o dos semanas esté ya en funcionamiento, estas comisiones son la única forma en que los accionistas que han hecho estas Afore y que han invertido y que van a invertir sus recursos, pues van a tener la posibilidad de tener cierta utilidad razonable porque para eso lo hicieron, no son filántropos tampoco, pero el trabajador tendrá lo que es más importante: unas pensiones decorosas, honorables que hoy desafortunadamente por lo que he señalado, no se tiene.
Ahora bien, habla la diputada Ifigenia Martínez, que esto va a enriquecer a los banqueros, a los bolsistas y a muchas otras personas, que no son rentables, que va a hacerse un régimen en inversión que no dará a los trabajadores recursos y sí en cambio sí enriquecerá la bolsa e irá a una serie de inversiones, pues que no son las convenientes.
Creo que el sistema que señala el artículo 43 que por gracia del tiempo de ustedes dejo de leer, señala con toda precisión no sólo el destino de esas inversiones, sino los renglones de inversión que son mucho muy estrictos y muy limitados, pero que además se complementan en el artículo 45 con un comité de análisis de riesgo que va a haber junto con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuáles son aquellos posibles y limitados elementos de renta variable o inversiones que se puedan hacer.
Es decir, en lo posible y en lo humano, está previsto y limitada la actuación de estas sociedades, de estas Afore y se piensa que el trabajador al que sí me parece que se le ofende cuando se le dice que no se puede, que no puede manejar a su albedrío estas proposiciones, yo creo que tiene ya una cultura general el trabajador mexicano y siento que se le ofende cuando se dice que no entiende esto.
Lo entiende, además puede siempre asesorarse de sus compañeros, de sus dirigentes sindicales en caso de trabajadores, de la misma Consar, para que lo que quede de dudas lo vaya resolviendo y ése, insisto, abrumador, sí, en este momento publicidad, pues que es información y que es necesario tenerlo, es exactamente, para mí es una garantía al trabajador; bueno si una empresa o una Afore cobra mucho o cobra por muchos conceptos y otra Afore da mejores condiciones, pues yo creo que es elemental el más modesto trabajador dice: "si éste me cobra 10 y éste me cobra uno, me voy con el que me cobra uno".
Porque lo que sí puedo asegurar a ustedes que no es razonable, todas las Afore tienen hoy por hoy la misma garantía de operación y la supervisión constante de la Consar sobre ellas. Tan constante, que en este momento y es casual que ayer haya salido en el Diario Oficial la regla número 11 de la Consar, ya lleva 11 reglas administrativas publicadas en el Diario Oficial, relacionadas con el nuevo sistema de pensiones y ésta de ayer curiosamente o no curiosamente, creo que es al contrario, muy a tiempo, señala la regla número 11, cómo deberán formularse los contratos de administración para el fondo del retiro.
Esto sí voy a leerlo, pues tanto por su novedad como porque es muy ilustrativo: "el contrato de la administración de fondos para el retiro, es aquél mediante el cual una administradora se obliga ante un trabajador a prestarle servicio de administración de los recursos de su cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social de tal fecha".
"A comprar a nombre y representación, utilizando los recursos de la cuenta individual."
"La información que deberá contener son: objeto de contrato, obligaciones específicas de administradora y trabajador, otorgamiento de la comisión mercantil de parte del trabajador, instrucción del trabajador a la administradora incluyendo la elección de la sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro en la que se invertirán sus recursos individuales."
"Términos que se pondrán a disposición de los trabajadores los prospectos de información, traspaso de recursos, manejo de la subcuenta de vivienda, administración de las cuentas individuales SAR anteriores a 1997, recepción de aportaciones voluntarias, designación de beneficiarios." Estoy leyendo muy rápidamente, pero son 19 conceptos que debe llenar este contrato de administración celebrado entre la administradora o la Afore y el trabajador.
Creo que esto y la vigilancia constante de la Consar, que ya lo ha demostrado en estas otras circulares y en algunos actos ya concretos, nos permite hoy ver con optimismo que es un buen sistema, yo debería aceptar todo, pero por el contrario llevamos unos pocos días. No entra todavía en vigor, sino hasta el 1o. de julio lo que es propiamente las obligaciones contractuales. Hoy se está manejando la información necesaria previa, antes de la operación, para hacerlo de la mejor manera posible, tanto que es un poco... por lo que la del Seguro Social no está funcionando, las Afore 21, porque se están examinando en el mismo lugar, como se ha hecho en otros casos, diría uno in situ, se ha estado viendo por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, si ya tienen los sistemas informáticos y de transmisión necesarios, los manuales de organización, los programas que utilizará la administradora, el análisis de la documentación como son contratos con casas de bolsa, con las empresas operadoras de la base de ahorro nacional, en fin, creo que se están tomando todas las precauciones necesarias para que los trabajadores no sólo no se vean defraudados, sino que al contrario, tengan en poco tiempo la posibilidad de una pensión decorosa, que hoy desafortunadamente no se tiene y que financieramente, a menos de esos programas voluntaristas del partido a que pertenece la diputada Ifigenia Martínez, pues señala.
Claro que todos desearíamos que todo fuera más fácil, que todo se hiciera de un día para otro, pero esto lleva años.
Piensen ustedes nada más en países que son a un nivel cuando menos semejante a México, en Perú, Chile, Colombia y Argentina, en este momento hay más de 10 millones de trabajadores inscritos en las Afore y no sólo no están en contra de ellas, sino que ha sido la posibilidad de mejorar, para ellos el ingreso en el momento del retiro, para el país el ahorro tan importante que necesitamos precisamente para crear inversión y empleo productivo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, la maestra Ifigenia Martínez.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Yo quisiera aquí puntualizar algunas cuestiones que son importantes.
Primero, no falló en México el sistema de seguridad social ni el sistema de solidaridad intergeneracional tampoco falló. Gracias a este sistema se pudo construir y cuenta el país con la infraestructura de capital social más importante y del cual están orgullosos todos.
Si no se hubieran destinado estos fondos, no habría hospitales ni equipos médicos ni clínicas ni vehículos ni nada de lo que se iba a destinar. Los ingresos del seguro fueron suficientes hasta el año pasado, para cubrir el sistema de pensiones.
¿Qué fue lo que falló? y ¿por qué este sistema? Si estamos de acuerdo en que había que cambiarlo. Falló porque el Estado se retiró, el Estado, puesto que es un esquema tripartita y que tendría que haber contribuido en una tercera parte, ya no estaba contribuyendo más que en una cantidad simbólica. Entonces ahorita, el nuevo sistema entra con la aportación plena y aumentada del Estado. Eso es muy importante y eso es lo que garantiza que haya más fondos para el sistema de seguridad social, fondos que eran necesarios y qué bueno que el Estado los aporta.
¿Cuál fue la otra razón por la que falló el sistema intergeneracional en México? Ya dijimos, primero, porque el Estado se retiró y no cumplía con la obligación pactada.
Segundo, en una economía estancada el sistema truena, porque no aumenta el empleo, los salarios reales disminuyen. Es obvio y aumenta por la pobreza que se genera, aumenta el número de consultas y el número de personas que tienen que acceder a la medicina social.
En estas condiciones, ¿cómo no iba a tener problemas financieros el Seguro?, todavía los tiene y muy graves, pero son producto del estancamiento, producto de la política de salarios reales a la baja, de eso son las consecuencias.
Pero muy bien, estamos de acuerdo, vamos a buscar un mejor sistema, ¿por qué no? Incluso el Banco Mundial recomienda para países en donde los dos y tres salarios mínimos abarcan a una parte tan grande de la población, opina que debe de haber un sistema mixto, un sistema que combine el reparto con la capitalización individual, pero no se quiso discutir nada de esto. Había prisa por llevar los fondos líquidos al sistema financiero, creyendo que con eso lo salvaban. Había prisa por llevar los fondos líquidos a las instituciones financieras del país y las extranjeras que operan en el país y entonces en un mes de discusión, porque aquí se dice: ya esto se discutió, sí, se discutió en un mes, se cambió un sistema que llevaba 53 años, de un sistema cuyos saldos, tomando en cuenta el estado de salud de la población, no fueron negativos, eso es muy importante, no fueron negativos.
Si los señores del PRI ahora están arrepentidos de lo que significa el Seguro Social, por más que dicen que no y que están muy orgullosos, entonces aquí hay una contradicción.
Ahora, se nos advierte que lo de Chile. Bueno, señores denme a mí 10 años de crecimiento al 7% y al 8% y entonces sí les digo que las Afore son un éxito. Denme el nivel de vida de los otros países y entonces sí, las Afore que se vengan, pero no puede haber un sistema financiero sano en un país que tiene la crisis de liquidez de crédito, la crisis externa que tiene nuestro país.
Estamos aquí, señores, haciendo una advertencia, es una advertencia, esto no está funcionando. La lógica indica que no va a funcionar y tan no va a funcionar que el más listo de todas las instituciones financieras, que es el grupo Inbursa, que es creo que del señor Carlos Slim, ya salió con otra propuesta que le fue admitida. La propuesta del señor Slim consiste, de Inbursa, no cobro comisiones, vengan para acá los fondos líquidos y no cobro comisiones. Cobro comisión cuando haya un rendimiento real.
En el real, ahí está la trampa. ¿Qué quiere decir rendimiento real?, cuando la tasa de rentabilidad sea superior a la inflación, entonces les cobro la comisión, si no, no cobro.
Pero esto, ¿qué significa, cuál es la comisión que va a cobrar Inbursa sobre la tasa real?, el 33%. O sea, cuando haya rendimientos reales la tercera parte es mía. Si no hay rendimientos reales no les cobro, pero sí jinetee el dinero y sobre esto está atrayendo y que me digan a mí que el sistema es sano, no señores, es muy poco serio venir aquí a decir esto y negarse a la comparecencia que estamos solicitando de estos funcionarios, para que nos digan qué piensan.
No es el primer año, ¿qué va a pasar al quinto o al sexto o al séptimo año? ¿Qué no tenemos nosotros responsabilidad que lo que se apruebe ahora va a rendir frutos hasta dentro de 15 ó 20 años? O al revés, ahorita ya que se aumente la liquidez, vengan para acá los dineros y nosotros ahí dejamos el bulto. No, yo creo que eso no es responsable.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Rodríguez y Rodríguez.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señoras y señores legisladores:
La verdad es que no creo haber en ningún caso dicho que falló el sistema de seguridad social, digo que en la parte financiera del Seguro Social, como en otros países, se ha llegado casi a una quiebra y se hubiera llegado más si hubiéramos continuado por el camino que veníamos, que era efectivamente solidaridad intergeneracional, nada más que de los viejos a los jóvenes. Eso es lo curioso de lo que estaba pasando en México. En México, los viejos, los que habían contribuido durante muchos años a la seguridad social para pensiones y servicios médicos, estaban contribuyendo para que se pudieran, con toda razón y además fue muy útil efectivamente la creación de ese sistema hospitalario del Seguro Social y de consulta médica, nadie ha dudado, no sólo de su bondad, de su excelencia, diría yo. Nada más que lo que no era debido es que eso lo pagaran los fondos de retiro de los pensionados viejos. Así que esa solidaridad es la curiosa.
Lo que se había pensado al principio fue lo contrario: que los jóvenes permitieran, los que fueran entrando al Seguro, fueran pagando los gastos de las pensiones, lo que no pudo ser financieramente.
No quiero hablar ni siquiera hablar de cosas ideológicas. Pienso que el Seguro Social, en México, efectivamente ha sido una institución benemérita, así lo diría yo, sobre todo en materia de salud preventiva y curativa, pero de ahí a decir que el sistema de pensiones, el Sistema Financiero de Pensiones que daba el Seguro Social era el bueno, no, era el pésimo.
No sólo el pésimo, no podría seguir adelante. Un año más y hubiera sido una quiebra terrible, o bien, lo que hubiera pasado, tendría que, por recursos públicos, con toda razón también el Estado mexicano apoyarlo, recursos que, como bien sabe la diputada Ifigenia Martínez, no hay de dónde sacarlos, sino a través dentro de muchos años de un mayor ahorro, de una mayor inversión y de una mejor remuneración, entonces sí para el trabajador.
Ya ahora sí, después de tantas veces que vengan los compañeros del PRD, empieza uno a entender por qué no les gusta el sistema. No les gusta porque esa constitución del ahorro masivo que se dará en poco tiempo y más notable en pocos años, les impide que se den o se llegue a esos extremos tan pesimistas y catastróficos que siempre señalan.
Esto completamente contrarían sus proyectos y sus deseos de desestabilización económica.
Esto hará que el Gobierno actual y los gobiernos siguientes que, estamos seguros sean producto del mismo Partido Revolucionario, éstos están no sólo fallando, por eso hablaba de una oposición sistemática hasta ante la realidad.
Si las cosas van mejorando y con este ahorro, como se puede prever, van a mejorar más, por eso es por lo que el PRD no puede ver con buenos ojos que en unos años más se tenga una definitiva estabilidad económica, estabilidad que, claro, ha sido difícil muchas veces, precisamente por la falta de ahorro interno.
Eso es lo que explica mucha de las intervenciones y de los deseos de comparecencias y de cambios sin mayor fundamento.
Yo creo que es un momento demasiado pronto para que citemos a nadie a que nos explique cómo está funcionando.
Yo les diría hoy por hoy y nos tendrá que decir, no está todavía funcionando, se están haciendo los preparativos para que funcione y bien.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Es ingenioso el señor diputado Rodríguez y Rodríguez, ahora nosotros somos los que desestabilizamos la economía y nosotros somos los culpables de que no haya ahorro interno en este país.
No, señor diputado, son los miembros de su partido los involucrados en ese tipo de escándalo, no los del PRD.
Pero ése no es el punto central del asunto. El punto central del asunto, es que nos dice el diputado Rodríguez y Rodríguez, que nosotros venimos aquí recurrentemente a ponerle peros al asunto de las Afore, pero no somos nosotros los que les ponemos peros, señor diputado Rodríguez y Rodríguez, son hechos incontrovertibles los que están apuntando que hay problemas en el arranque del sistema y hay un punto de acuerdo de hace un par de sesiones en donde las fracciones parlamentarias acordamos solicitar la presencia del señor director general del Seguro Social y el señor director de la Consar, para que nos viniera aquí a explicar algunos puntos.
Y hay cosas que no se están diciendo. No se está diciendo, por ejemplo, en su referencia a la circular Consar 11-1, que antes hay otra circular que naturalmente es la Consar 10-1 y así en Chile hay toneladas de circulares que, entre otras cosas, nos dicen que los prospectos de información que laboren las sociedades de información, deberán revelar razonablemente la información relativa a las políticas de inversión y operación que seguirán y los riesgos inherentes a las inversiones efectuadas por ellos.
En consecuencia, sí hay riesgos inherentes respecto a las inversiones. Francamente el no quererse reconocer esto, a mí me parece un extremo de confianza, por no usar otro término, en un sistema cuyo arranque está revelando problemas. Está revelando problemas, porque hace apenas unos dos o tres días se ha hecho pública la decisión de las Afore como tales, de constituir el fideicomiso del 1%.
El Presidente:
Diputado, le permite una pregunta al diputado Godina.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Claro.
El Presidente:
Adelante.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera (desde su curul):
Gracias, señor Presidente:
Quisiera preguntarle al compañero diputado, si conoce él el contenido del artículo 45 de la Ley de los Fondos de Ahorro para el Retiro.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Señor diputado, no recuerdo el contenido del artículo 45 de la Ley de Ahorro para el Retiro, no tengo la ley a la consulta, pero el punto de la discusión son las afirmaciones del señor diputado Rodríguez y Rodríguez, de que no hay cuotas de riesgo en este sentido.
Pero quisiera agregar, señores diputados, señoras y señores, que el punto central del debate, es que con anterioridad hay un acuerdo de las fracciones parlamentarias que no se ha cumplimentado y que es precisamente la presencia del señor director del Seguro Social y el señor director de la Consar, que mucho nos ayudará a salir de alguna duda.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Manuel Beristáin.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Cuando en la Cámara de Diputados se discutió la Ley de la Afore, se señaló con particularidad y sobre todo con un especial interés la viabilidad de este nuevo Sistema de Fondos de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, se comentó en su oportunidad, que sí sería suficiente, inclusive, la base de ahorro mínima, que calculado en las cuotas obrero-patronales en 4.5% del salario mínimo, más el 2% del SAR, más el 2% aportado por el Gobierno dan el total del 8.5%, y la pregunta era concreta, si era viable, con el 8.5% de un salario mínimo, nos estamos refiriendo, para poder absorber los costos de las comisiones de las Afore que se fueran a crear y que diferentemente tendrían costos, porque son empresas independientes y autónomas, sí sería capaz este ahorro que se deriva de un sólo salario mínimo para poder absorber dichas comisiones.
No olvidemos que hoy las Afore de alguna manera son empresas subsidiarias de la banca, la mayor parte de las Afore son empresas subsidiarias de la banca y que la banca está en situación muy especial, en la crisis económica que hoy vive nuestro país, no tiene liquidez, es una realidad y, por otro lado, confronta el no haber resuelto de fondo el problema para la banca de la cartera vencida.
Si siendo empresas subsidiarias las Afore de la banca y ésta está en crisis financiera, creo que por ahí debemos de poner mucha atención los legisladores para evitar que estos fondos de ahorro vayan a acumularse a un capital para "reforzar" la liquidez quebrantada de los bancos.
Ante la falta de solución de los diversos programas públicos para salvaguardar a la banca o de apoyos a la banca, como el Fobaproa y otros tantos que existen y que no han resuelto de fondo su problema de liquidez ni de cartera vencida, pensamos que debemos de reflexionar sobre este renglón.
Y para referirme al uso que especifíca el artículo 43 de la Ley de las Afore, señala, es cierto, renglones específicos donde deben de invertirse los fondos de ahorro y dice más o menos que el régimen de inversión preponderantemente se apliquen a través de colocación de valores, a fomentar la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura y el desarrollo regional; sin embargo, el mismo artículo 43 tiene vicios legislativos de origen y que nosotros precisamos en el momento que se discutió esta ley y que acotaba a los incisos b, c, d y e, pero no acotaba al inciso a, que precisamente habla de que los instrumentos emitidos por el Gobierno a través de este inciso a de la propia ley, señalaba que pudieran ser también renglón de inversión de los fondos de retiro de los trabajadores y señalaba este inciso a, del artículo 43 que pudiera invertirse en valores emitidos por el Gobierno Federal en Udis, o bien, en otros instrumentos de inversión del sector público. Y únicamente agregaban la palabra "preponderantemente"; esta palabra no es limitativa, que exista otro riesgo para que estos fondos del retiro para los trabajadores se utilicen para gasto corriente del sector público.
Por eso nosotros señalábamos que era necesario que se acotara el inciso a, de ese artículo 43 y que se cambiara la redacción, que todos los instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal, para captar fondos de retiro de los trabajadores fueran utilizados para gastos de inversión, es decir, lo que especifica en la primera parte el propio artículo 43; sin embargo, no fue así y los riesgos inminentes de que los fondos de retiro para los trabajadores sean desviados, existe.
Si nosotros señalamos también inconsistencias y riesgos, por ejemplo, de la cuenta concentradora de la Consar y que únicamente garantizaba un rendimiento en el primer año del 2% y no se buscaba garantizar en una forma consistente el rendimiento de estos importantes dineros que son sagrados. Se hablaba hoy de que el Seguro Social no fue inviable y lo señalamos nosotros, no fue inviable en cuanto a la prestación de seguridad social para la salud, para la preservación de la salud de la familia, pero fue inviable y nula su capacidad como administrador de los fondos de pensiones y están los datos, señores, de que era inviable financieramente hablando el Seguro Social, pero precisamente por haber desviado estos fondos y que no había capacidad financiera de la propia institución para poder liquidarlos.
Hoy, precisamos nuevamente que urge hablar con quienes tienen la responsabilidad de clarificar ante los legisladores federales y éste es un trabajo conjunto y es una responsabilidad de nosotros que se clarifique cada una de las salvedades, cada una de las dudas que los propios trabajadores tienen y que deberíamos de ser el canal cercano, el canal ideal o idóneo para que las voces de los trabajadores sean precisamente en el planteamiento de estas dudas en un manejo todavía no claro de las Afore y de las Siefore y, sobre todo, de la escasa estrechez de vigilancia y operación de la Consar, para estas nuevas instituciones que tienen la grave responsabilidad de manejar los fondos de retiro de los trabajadores.
Hoy urge, pues, nuevamente invitar sobre todo a los diputados y senadores del grupo parlamentario mayoritario, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, que comparezcan estos funcionarios que tienen relación directa para que contesten con precisión una serie de dudas y cuestionamientos que creo es un ejercicio sano para que se protejan y garanticen mucho mejor los fondos de retiro de los trabajadores mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el senador Samuel Aguilar Solís.
El senador Samuel Aguilar Solís:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Sin duda que aún y cuando todos los oradores, desde la antepasada sesión hemos dicho que no queremos revivir un debate que se dio hace ya más de un año, nuevamente puntos cruciales de ese debate están presentes en esta Comisión Permanente.
Pero lo que decía el diputado Cruz Malpica, era a un punto particular de un punto de acuerdo que él había referido y había puesto a consideración en una pasada sesión de la Comisión Permanente. Sería, pues, conveniente avocarnos a la ratificación de ese hecho y en segundo lugar a no olvidar los dos objetivos esenciales que tuvo la reforma al sistema de seguridad social. El primero fue sin duda de que las pensiones fuesen dignas y fuesen justas para los trabajadores y en segundo lugar el hecho de que con este nuevo sistema de pensiones habríamos de coadyuvar al fortalecimiento del ahorro interno como palanca de desarrollo nacional.
En ningún momento se planteó aquí ni ahora ni hace más de un año en el debate, de que las Afore serían la panacea para remediar todos los males de este país. Se planteó sí, como un elemento coadyuvante de fortalecimiento del ahorro interno.
Bien sabemos que el proceso de deterioro de nuestro ahorro interno y que con ello también, incluso el proceso de soberanía se vino mermando para poner un ejemplo, en la medida que el ahorro interno decayó hacia 1995 alrededor del 5.4% referente al producto interno bruto, mientras que correspondía al 13.8% lo mismo de ahorro externo referente al PIB.
Esto sin duda, pues, era un llamado de atención para que en virtud de la experiencia de la crisis financiera de 19941995, tuviésemos muy claro que ese tipo de capitales especulativos golondrinos del exterior, sobre todo que están en valores muy volátiles, en un momento dado pueden irse inmediatamente del país y con ello se pierde todo propósito que inicialmente se hubiera planteado.
Por eso, las Afore habrán de venir a fortalecer el ahorro interno; nadie está planteando que será todo el ahorro interno, será uno de los elementos coadyuvantes al fortalecimiento del ahorro interno y tal y como aquí se señalaba y se preguntaba desde la bancada hace un momento, el artículo 43 señala de manera muy clara cuáles serán las actividades productivas en las que se van a invertir los recursos de las Afore a través de las Siefore.
¿Por qué?, porque el segundo objetivo fundamental estriba justamente en coadyuvar al proceso del desarrollo con la creación de los empleos. Aquí también se ha planteado que puede existir en estos momentos una publicidad engañosa y expectativas falsas, así se dijo. Pero también tenemos que recordar que la propia ley señala las atribuciones que la Consar, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda tiene justamente en esta materia.
Y tal y como lo señalaba aquí el diputado Rodríguez, el día de ayer se acaba de emitir la regla 11 que estipula de manera muy clara los propósitos de la ley, ya de manera operativa.
Por eso, la propia ley podrá sancionar si así es, lo que se está dando en términos de publicidad engañosa y de expectativas falsas.
Pero además...
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica (desde su curul):
Señor Presidente; consulte al orador si le puedo hacer una pregunta.
El Presidente:
¿Acepta una pregunta al diputado.
El senador Samuel Aguilar Solís:
Sí, claro.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica (desde su curul):
Senador: esta circular a la que se refería el diputado Rodríguez y Rodríguez, es precisamente del día de ayer. Y es sabido que Banamex captó 100 mil afiliaciones en tres días, sin que existieran estas reglas. ¿Que opinión le merece esa publicidad a usted, diputado?
El senador Samuel Aguilar Solís:
Yo creo que toda la publicidad tiene que regirse en la totalidad de las reglas incluso aquellas que están señalando que no habrán de cobrar comisiones, pues es falso, porque justamente habrán de cobrar comisiones. Pero existe un órgano responsable de eso y existe una norma que es la ley y el órgano responsable es la Consar.
Pero además, quiero decir que la propia guerra publicitaria se está dando, incluso entre ellos. Conozco también de otras Afore que se están acusando mutuamente. Pero quien tiene la responsabilidad legal para hacer esto, justamente es la Consar.
Por otro lado, en el último señalamiento que hacía la diputada Martínez respecto a la comparecencia de un representante de la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo textualmente eso fue lo que dijo, o sea, un representante de la Secretaría de Hacienda. ¡No!, aquí lo que estamos buscando justamente es que estamos tratando un tema referente específicamente a las Afore y de la Secretaría de Hacienda, el órgano responsable es la Consar. Será justamente a la Consar a quien se ha avocado justamente el punto de acuerdo desde la sesión anterior, quien habrá de resolver eso.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo que ya había sido anteriormente turnado a las comisiones de Seguridad Social y del Trabajo.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul):
Señor Presidente: que usted sea tan amable de indicarme cómo se hace operativa una resolución aprobada por todas las fracciones en esta Cámara.
El Presidente:
Pues turnándose a la comisión respectiva, que es la responsable. Y las comisiones son las que hacen operativa esta situación.
PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA
El Presidente:
Tiene la palabra, para referirse al Programa de Combate a la Pobreza, la diputada Leticia Burgos Ochoa.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente:
El interés de venir acá a compartir con ustedes algunas reflexiones, una de ellas es y de manera muy precisa, el gasto tan enorme en publicidad para dar a conocer la política social vigorosa a la nación y otros programas de combate a la pobreza.
Fiel a su costumbre, una vez más el presidente Zedillo contradice sus preceptos de Gobierno, en los hechos. En días pasados señaló que su gestión se ha caracterizado por no ser presa de protagonismos. Tal vez así sea en el caso de su persona, pero lo que contradice su posición, es que la gestión pública, en el manejo de los asuntos públicos, ha estado sujeta a los protagonismos y a las luchas internas en su gabinete, por despuntar en la administración federal.
Durante mi intervención, varios ejemplos haré de ello. De manera precisa el manejo del Programa de Alimentación, Salud y Educación.
En un Gobierno democrático, el despliegue de una actividad intensa, sobresaliente, por parte de un secretario o encargado de despacho por atender y resolver con eficiencia los asuntos que competen a su dependencia, a cargo resultaría beneficioso, pues realmente se estaría empeñada la fuerza institucional y la voluntad política, para atisbar la solución a los viejos problemas y enormes rezagos que padece la nación.
Cuando se habla con la verdad, se actúa con la verdad. Ejemplo de ello tenemos que se acude a una ofensiva publicitaria de la magnitud que hemos estado viendo últimamente en la prensa nacional, de una manera inmoral y desproporcionada a los alcances reales de los problemas y sus soluciones. Sólo puede explicarse por causas ajenas al desarrollo social y agropecuario del país.
Más bien podríamos ubicarlo en el afán de los titulares del ramo por proyectar con una imagen de éxito aparente, que los sitúa de lleno en la lucha por espacios de representación popular en esta contienda e inclusive presidenciable, haciendo caso omiso a los llamados que de manera muy respetuosa ha hecho el Presidente de esta Permanente, para no hacer uso en la vida pública, tendencioso y electoral de la vida de la nación.
Voy a referirme a las incongruencias y desatinos del Programa del Combate a la Pobreza, que el día de anteayer especificara la Sedesol en concreto su programa de trabajo.
En febrero de 1995, el presidente Zedillo hizo su anuncio espectacular de la creación de un nuevo programa, que según sus proyecciones abatiría la desnutrición, enfrentando con acciones integrales el círculo vicioso de la pobreza. El nuevo programa, el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, por siglas PANF, sería coordinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En aquella ocasión expresamos nuestra preocupación por la notable incongruencia con la decisión asumida. No por la creación de programas, fundamentalmente, sino por los mecanismos de operación que se definieron para su ejecución, pues recuerden ustedes que en el primer periodo de sesiones de la presente legislatura se aprobó una iniciativa del Ejecutivo, que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras disposiciones se destaca la asignación a la Secretaría de Desarrollo Social del Programa Social de Abasto, con el propósito de hacer más eficaces las funciones para la lucha contra la pobreza.
Resultó incomprensible entonces, que a tres meses de haber otorgado facultades en materia a la Sedesol, se le asigne a una dependencia distinta la coordinación del principal programa que en aquella fecha nos presentó el presidente Zedillo, como el principal Programa del Combate a la Pobreza, desde la vertiente alimentaria y nutricional.
En el mismo año, la Secretaría de Desarrollo Social reacciona para recuperar el territorio perdido. En agosto da a conocer un programa experimental denominado Proyecto Piloto Canasta Alimentaria para el Bienestar de la Familia, en donde es seleccionado el Estado de Campeche para realizar el ensayo.
Ya ustedes, sobre todos los vericuetos de su implementación, los conocen a través de los medios y a través de esta tribuna. Yo destacaré que cuando el presidente Zedillo, en su II Informe de Gobierno anunció la creación de este programa, hoy llamado PASE, la Secretaría de Desarrollo Social figuraba como el organismo encargado de su ejecución y así se mostró en los meses siguientes.
Sin embargo, al iniciar la semana pasada "se filtra" a los medios la noticia de que mejor será el DIF y no la Secretaría de Desarrollo Social quien se encargue de la ejecución del Programa de Alimentación, Salud y Educación.
Mayor fue la confusión sembrada al anunciar el lunes pasado, en un acto de presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, que el PASE sería coordinado por la Secretaría y su operación estaría a cargo del DIF.
¿Dónde quedó la incongruencia, compañeros legisladores? ¿Dónde quedó lo que se hace evidente en la descripción anterior? Es una franca pugna por el control de los programas y sus recursos canalizados a combatir la pobreza en el país, que raya en una lucha por el botín, cuando lo que está enmedio de esa pugna son mexicanas y mexicanos que requieren de una acción urgente y eficaz para aliviar sus condiciones de pobreza y desnutrición.
En diversas ocasiones hemos llamado la atención en esta tribuna, para que se dé congruencia a la normatividad de los programas: abasto social, alimentación, nutrición y discutir sobre la conveniencia de crear instancias que efectivamente coordinen el conjunto de las acciones y recursos que se destinan al combate a la pobreza.
Por ello, de manera particular en el punto que ejemplificamos demandamos de inmediato que esta Permanente pueda hacer un atento llamado al Ejecutivo Federal, para que informe en este Congreso con toda claridad y precisión sobre la operación y coordinación de los programas de combate a la pobreza. No bastan desplegados que nada más tienen el interés electoral, electorero.
Por otra parte, mucho se ha insistido en la incongruencia del actual modelo económico con el bienestar social. Diversas instituciones de orden internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han planteado la necesidad de que se preste más atención a la estructura y a la calidad de crecimiento económico, a fin de contribuir al desarrollo humano, a la reducción de la pobreza y a la sustentabilidad a largo plazo. Afirman, incluso que un desarrollo que perpetúe las desigualdades actuales no es sostenible ni vale la pena sostenerlo. Pero en el proyecto económico del Estado mexicano se sigue privilegiando los indicadores que nos hablan del crecimiento económico, pero los indicadores del bienestar social se siguen deteriorando.
Simplemente señalaremos un comentario que ayer hiciera el señor licenciado Horacio Flores de la Peña, un ex embajador de México por varias ocasiones, funcionario público de varias administraciones, en donde señala con mucha claridad que el avance del proceso de reestructuración, de modernización y de adelgazamiento del Estado con la venta de empresas públicas, en realidad equivale, dice él, a una declaración de guerra contra los pobres, no contra la pobreza; aún no se propone el exterminio de los pobres, pero puede llegar a ella. Son comentarios que vale la pena como legisladoras, como legisladores, reflexionar y tenerlas presentes.
Aún no se comprende que no necesariamente el crecimiento económico trae aparejado el desarrollo social, incluso no se ha entendido que una característica del crecimiento económico contemporáneo es que no crea empleo. ¿Cuál es el tipo de desarrollo social que propone el actual Gobierno? ¿El PASE es suficiente.
Los mensajes del presidente Zedillo son muy elocuentes, pero muy poco apegados a la realidad. Los programas sociales se aplican sin distingos ideológicos, pero subliminales seguramente. No se aplican para beneficiar o perjudicar a algún partido político ni a ninguna organización social, seguramente se aplican de manera muy sinvergüenza, como los convocan a actuar.
Así como estas expresiones otras más en donde queda muy evidente que detrás del interés de esta ola publicitaria está muy alejado el interés de combatir realmente la pobreza y de enfrentarla con la magnitud que se requiere enfrentarla.
Este lunes, se nos informaba de las nuevas metas de la Secretaría de Desarrollo Social; se nos informaba que el gasto social representaría el 9% del producto interno bruto. Un ejemplo más del manejo tramposo e inmoral y electorero de la política de este Gobierno.
Efectivamente, el gasto social presupuestado para 1997, es equivalente al 9% del producto interno bruto. De cada peso dedicado al gasto programable, se destinarán 56 centavos al desarrollo social, pero de manera muy tramposa no se dice que sólo 38 centavos significan del gasto neto total, porque no incluyen en su análisis, en esas cifras espectaculares, el pago de los intereses de la deuda.
El gasto social real por habitante presupuestado para 1997, es 6.3% menor que el de 1994; además, los salarios reales y el empleo se ubican en niveles muy inferiores a los del año de 1994. Los salarios promedio acumulan una pérdida del casi 30% respecto a 1994 y las tasas de desempleo abierto promedio, fueron en 1996, 50% mayores a los prevalecientes en 1994; es decir, tasa de desempleo abierto en 1994, 3.7%; en 1996, 5.5%.
El PIB entonces, legisladores, por habitante en 1996 fue de -6.3% respecto a 1994 y el de 1997 todavía será menor, 4.4% respecto a 1994.
El gasto, por poner un ejemplo comparativo de intereses de la deuda pública, es casi el doble que el presupuesto para la salud en 1997; es decir, 119 mil millones de pesos para el pago de intereses, mientras para el presupuesto a la salud significa 67 mil millones de pesos.
Si a esto además le incluimos otro ejemplo más en donde se nos anuncia con demasiada elocuencia este 9% del PlB aplicado a gasto social. Tenemos una referencia en educación, solamente en educación, que México no ha podido cumplir y que no lo podría cumplir rumbo al año 2000.
La UNESCO señala que tendremos que dedicar el 8% del PIB para educación, simplemente para educación, cuando el combate a la pobreza comprenden rubro de salud, educación, alimentación, inversión, infraestructura etcétera.
Queremos ser muy enfáticas en indicar que el Partido de la Revolución Democrática de ninguna manera se opone a la aplicación de programas, pero sí llama la atención para que en esta ola de confusiones y de crisis nacional no desviemos recursos, ya no más desvío de recursos para intereses eminentemente políticos por ello, como hemos dicho, el combate a la pobreza no se reduce sólo a un problema o restricción presupuestal, tiene intrínseco una concepción sobre cómo se le debe de enfrentar. Hoy más que nunca es importante que realicemos un debate nacional sobre cómo enfrentar este tipo de problemas, una discusión que nos posibilite tomar las mejores decisiones sobre cómo proceder para evitar que se siga incrementando el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos.
Desde luego que no nos oponemos a que se manejen con equidad y transparencia los recursos federales, pero de nueva cuenta señalamos al Ejecutivo: no se vale engañar con trampas a los mexicanos. ¿Nada más el .5% del producto interno bruto que va destinado al fondo de desarrollo municipal se manejan con equidad y transparencia? y, ¿el resto? El resto de recursos federales que suman el 99.6% del total de la inversión a gasto social, ¿se va a seguir manejando con iniquidad, con discrecionalidad y con clientelismo.
Efectivamente el Programa de Fondos para Desarrollo Social y se enfatiza mucho, que se va a ejercer con equidad y transparencia, es decir, nada más que son 8 mil 222 millones de pesos, lo que representa el del producto interno bruto y sólo representa el .33% de los recursos federales total, el resto, insistimos, ¿se va a seguir manejando con iniquidad, con discrecionalidad y clientelismo.
Por supuesto que no nos oponemos a la aplicación de los programas, no nos oponemos a que se establezcan fondos de desarrollo municipal u otras formas de atención a los sectores marginados de nuestra sociedad; incluso hemos manifestado nuestra preocupación que los recursos del ramo 26 tiendan, en términos reales, a incrementar. A lo que sí nos oponemos es que se siga incrementando los niveles de pobreza y que las respuestas gubernamentales sean reducidas y manejadas de manera facciosa.
Si bien nuestra propuesta al respecto es que consideramos indispensable la redistribución del ingreso nacional mediante un conjunto de políticas coherentes, particularmente de planeación democrática y de inversión y gasto público, a fin de reducir la enorme brecha que separa a millones de mexicanos respecto a la minoría que vive en la opulencia. Mientras esto ocurra, sí creemos conveniente lo que hasta hoy existe, se ponga en funcionamiento.
Pero también demandamos, así lo hemos hecho el Partido de la Revolución Democrática, que con responsabilidad y con mucha ética política, las propuestas hechas por nuestro partido en materia de política económica con justicia social, sean debatidas, sean consideradas en estos foros nacionales. Por eso llamamos al debate nacional.
Consideramos también que es absolutamente necesaria la participación ciudadana en la fiscalización de los recursos públicos, al igual que es importante reforzar la participación de los congresos locales en este proceso. No basta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga por ley informar a este Congreso, en forma trimestral, del ejercicio presupuestal.
La realidad ha rebasado las normas legales. La corrupción y el manejo discrecional está a flor de piel en nuestra sociedad, por eso es tan importante nuestras formas de participación ciudadana en este proceso de fiscalización.
Hasta hoy, este ejercicio se ha desarrollado solamente en lo que es, con todos sus bemoles y con todas las observaciones que pudieran hacerse al respecto en relación al programa de fondos de desarrollo municipal y el resto todavía sigue quedando pendiente. Por ello, señores legisladores, llamamos la atención para que ya no hagamos más dispendio. Esto es vergonzante, esto es muy lamentable, que mientras están definiendo si el programa de alimentación, salud y educación lo opera el DIF y lo coordina la Sedesol, se estén haciendo este tipo de teatros que más dañan a la nación y que mucho retrasan la atención a millones de mexicanos que, como la misma meta lo señala en este documento, ni siquiera en este año se podrán atender a los 22 millones de mexicanas y mexicanos que se encuentran en extrema pobreza.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
Lo primero que quiero establecer aquí, que el Gobierno del presidente Zedillo no engaña a nadie, no es tramposo, sino que es por el contrario, es muy claro, transparente e informa de manera puntual sus diferentes actividades.
Pero también quisiera comentar en segundo término, que es una lástima que este debate sobre combate a la pobreza no se hubiera dado en diciembre del año pasado, cuando discutimos el Presupuesto de Egresos de la Federación y la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática abandonó el salón, porque quizá en ese debate hubiéramos podido entrar a discutir a fondo cuáles son los objetivos de la política de gasto para 1997, cómo se compone el gasto neto total y cómo se va a su vez descomponiendo, primero en un gasto neto pagado, después en un gasto primario, donde necesariamente se tiene que incluir el pago de intereses. Tan necesariamente que ustedes en su propuesta de política económica, prácticamente estiman una cantidad muy similar a la que se va a pagar por interés y amortización de deuda en 1997 hacia adelante.
Ustedes estiman un 4% del producto, más o menos es lo mismo que se pagará en 1997.
Y después entra el gasto programable, y ahí se le olvida que en el gasto programable no están incluidas las participaciones a estados y municipios.
Esas participaciones también son una parte importante del gasto, y el gasto programable es lo que el Estado, lo que el Gobierno puede prever con más certidumbre que se erogará a lo largo de 1997 y en los diferentes años. Y efectivamente para desarrollo social el 56% del gasto programable será destinado a este concepto.
Creo que hasta ahí el debate que hubiéramos tenido en diciembre del año pasado, hubiera sido muy interesante. Pero vamos a entrar a los cortes que tiene el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Hay en materia de política social dos grandes vertientes: las acciones amplias que implican la participación de la población en general, que tiene que ver con seguridad social; salud, educación, capacitación, programas también para estimular la capacitación en el sector laboral y acciones de vivienda. Y acciones focalizadas para combatir la pobreza extrema, que tienen que ver con desarrollo de capital humano, oportunidades para recibir un mayor ingreso y el mismo desarrollo también del capital físico.
Y en materia de combate a la pobreza, ¿cuáles son los rubros del presupuesto aprobado en 1996 para 1997.
Primero, un programa muy específico, que es el Programa de Alimentación, Salud y Educación.
Creo que quien lo coordina o quien lo ejerce, es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo determinarlo; a nosotros nos va a tocar juzgar si tuvo un éxito adecuado o no ese programa, al revisar la Cuenta Pública.
Pero este programa es muy importante porque involucra por primera vez en nuestro país la posibilidad de actuar de manera conjunta, de manera simultánea en tres frentes importantes: ¿cómo lograr que los niños y niñas, en extrema pobreza, tengan un acceso adecuado a la educación, que vayan bien alimentados, y que a ellos y a sus padres se les dé un seguimiento preciso en su salud? ¿Cómo canalizar subsidios en efectivo a esas familias que se encuentran en nueve estados y 11 microrregiones en el país para que logren avanzar en el problema que, creo que todos estamos de acuerdo, el principal problema de este país es el combate a la pobreza? Lo que estamos discutiendo aquí son los instrumentos para enfrentar este problema.
Pero además del Programa de Alimentación, Salud y Educación, hay diversos programas en el presupuesto para combatir la pobreza extrema. Están diferentes programas de empleo temporal, todo lo que se refiere al ramo 26, superación de la pobreza, programas alimentarios como el de Liconsa, el de Diconsa, el Programa de Leche, los programas que lleva a cabo el Instituto Nacional Indigenista, los que lleva a cabo el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, el subsidio generalizado al maíz y a la harina de maíz, la Comisión Nacional de Zonas Aridas, en fin, son diferentes programas que buscan atacar este problema de la pobreza extrema y que asciende a más de 30 mil millones de pesos para 1997.
Esto es lo relevante en el presupuesto de egresos de la Federación para este año, su vocación, sin duda, eminentemente social.
¿Cómo nos deben de informar? Y recuerdo que tuvimos una reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde se estableció la necesidad de que, por ejemplo, en el ramo 26, también se diera cuenta de la fórmula para distribuir estos recursos a la Comisión de Desarrollo Social, cuya Presidencia la tiene el Partido de la Revolución Democrática, y al mismo tiempo, en diferentes artículos del decreto de presupuesto de egresos de la Federación, se insistió en la necesidad de que el Poder Ejecutivo incluyera en sus diferentes informes que envía a esta Cámara de Diputados, incluyera la situación de los programas específicos para combatir, para atacar la pobreza extrema en el país.
Yo creo que evidentemente estamos hablando de un asunto primordial para el desarrollo del país.
También creo que es importante reflexionar, y con esto concluiría mi intervención, sobre la necesidad de insistir de manera definitiva en que la prioridad debe ser el crecimiento económico, como lo establece también el PRD y debe de ser un crecimiento económico que genere empleos. Si este país no genera tasas de crecimiento económicas suficientes, va a ser muy difícil que por más programas que el Gobierno Federal impulse para combatir la pobreza extrema, este problema se resuelva. Lo prioritario es crear fuentes de financiamiento del desarrollo sustentables, como es el Sistema de Ahorro para el Retiro, por ejemplo.
Yo no puedo coincidir con Horacio Flores de la Peña, en el sentido de que la venta de empresas públicas fue una declaración de guerra contra los pobres. No puedo coincidir con ello por varias razones: la primera es que un cabaret, una piscina en Acapulco, no era la mejor inversión de los recursos públicos y mantener un déficit del 18% del PIB en 1982, no fue todo lo sano para la economía nacional que hubiéramos querido.
Por eso no puedo coincidir con Horacio Flores de la Peña. Sí puedo coincidir con él en el sentido de que el desarrollo de este país debe ser soberano, debe ser un desarrollo sustentado básicamente en nuestros recursos, con el complemento necesario por parte del ahorro externo y en la necesidad de que efectivamente se fiscalicen mejor los recursos.
Y la carta precisamente, la partida no está de nuestro lado. La partida para una mejor fiscalización de estos recursos, la pelota está del lado de los partidos de oposición, que se han negado a avanzar en serio en torno a estas materias.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, por cinco minutos para rectificar hechos, la diputada Leticia Burgos.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente:
Lamento no tener yo público que me aplauda, no me importa, en otras tribunas tenemos más.
En primer lugar, reiteraría, porque no me han rebatido, con argumentos no me han rebatido los conceptos que manejamos de la actuación del Ejecutivo. Es muy inmoral, señor diputado, no es menor el problema que a 49 días de este año, en primer lugar no se haya ejercido, ejercido, y a nosotros sí nos compete, sí nos compete vigilar el ejercicio presupuestal.
El Presidente de la República cuando dio a conocer, está estipulado en el presupuesto, que el 15 de enero se empezaría a actuar con el Programa de Alimentación, Salud y Educación, no ha sido gratuito el debate público que ha habido respecto a la información filtrada del gabinete social, no fue gratuito seguramente.
Otro debate es, sí nos compete a nosotros, saber quién lo ejerce, quién lo coordine, yo creo que en un proyecto democrático, en un estado democrático, sí nos tendría que competir, precisar muy bien en la Ley de Planeación, cual sería la participación de nosotros, como representantes populares, en el ejercicio y en el desarrollo de las acciones de Gobierno. Pero, bueno, ése es otro debate.
Es decir, no se me ha rebatido con argumentos, si es muy tramposo que aquí nos vengan a decir que la política social es vigorosa para la nación, cuando el 9%, si lo comparamos a 1994, donde hubo un repunte de la economía, no una recuperación de 1981, que fue donde estábamos en una situación también muy difícil, no es equiparable ni siquiera a 1981.
Si a esto le agregamos que las condiciones de pobreza son mayores, donde la población ha aumentado y la inversión de infraestructura y para el impulso al empleo se mantiene estancado.
Entonces, es tramposo manejar, y sobre todo es inmoral gastar tantos recursos, faltaba esta asesoría de parte de mi fracción, pero vamos a publicarlo, simplemente La Jornada para una inserción de plana completa cobra 49 mil pesos, si es impar o par, parece que hay precios diferenciados. El asunto es que ese desplegado que mostré aquí, apareció y está apareciendo todavía, creo que hoy apareció otra vez, en más de 13 periódicos nacionales, ¿de qué se trata, señor diputado? ¿Eso no es inmoral para usted.
Segundo lugar, yo lamento que el nivel no lo elevemos. El Partido de la Revolución Democrática en el proceso del debate de presupuesto, fue uno de nuestra legislatura que en cada momento estuvo planteando y debatiendo la política presupuestal. Que nos salimos, el último día de las votaciones, es otra consideración diputado; no se vale aquí venir a manejar tendenciosamente una conducta que ha sido intachable del Partido de la Revolución Democrática, al presentar propuestas muy claras en torno a la problemática de combate a la pobreza, justicia social.
Tan estuvimos que en una sesión en sábado, de manera muy curiosa, estábamos más de 15 legisladores perredistas y un diputado priísta, dos diputados priístas, para ser exacta, estábamos debatiendo con los subsecretarios de todo el gabinete social y estuvimos también en las diversas comparecencias. Entonces, aquí no se vale venir a decir que porque al final nos salimos, ¿verdad?.. Como que no tenemos posibilidades de venir aquí a decir lo que estamos diciendo.
Para finalizar, precisamente este cuestionamiento que hacemos, el manejo desproporcional de recursos, de mercadotecnia política en año electoral, nada tiene que ver con vocación social, señor diputado. Muchas cosas, seguramente de manera particular coincidimos; en otras, vamos a seguir debatiendo; pero el debate es ése. ¿Que vocación social hay cuando un programa y eso que salió a la luz pública, todos los demás programas de combate a la pobreza cómo andarán? Un programa, es hora que no se ejecuta, es decir, que las familias mexicanas, esas 40 mil familias mexicanas que tendrían que estarse beneficiando ya hace más de 40 días, no lo están recibiendo porque es hora de que el gabinete social no se pone de acuerdo. Eso nada tiene que ver con vocación social de un Estado mexicano que sí reinvidicamos que es necesario conquistar. Un Estado mexicano con rostro humano.
Gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
Simplemente tomo la palabra para hacer un comentario respecto a una afirmación y que no quede en esta Comisión Permanente, la idea de que nadie pudo explicar este punto. Y es la afirmación del licenciado Horacio Flores de la Peña, un notable economista mexicano, sobre que los programas neoliberales no es una guerra y los programas no son guerra contra la pobreza, sino guerra contra los pobres. Esto es así, porque no hay manera de acabar, yo no voy a decir que acabar con la pobreza, porque esto es muy difícil y porque también si no es miseria, hay una dignidad en la pobreza siempre y cuando el sistema dé expectativas para que los mexicanos con su propio esfuerzo y con las instituciones que se crearon de igualdad de oportunidades en materia de educación, en materia de salud, en materia de alimentos básicos en forma suficiente y a un precio asequible, ellos solos van a superar y van a mejorar su nivel de vida.
En la Constitución, claramente el artículo 3o. donde se define la democracia mexicana claramente se dice la responsabilidad de que el Gobierno garantice el constante mejoramiento del nivel material y cultural del pueblo. Entonces, en este sistema de baja inversión, de nula tasa de crecimiento insuficiente, no hay salida para la pobreza. Y la pobreza, ¿qué es la pobreza?, es una abstracción, lo que hay son pobres, son mexicanos que no encuentran trabajo, que no pueden satisfacer los requerimientos de una vida digna, de un salario mínimo que tampoco no se cumple el concepto constitucional, entonces en este caso si señores, la economía neoliberal y la política que se ha seguido de 1982 a la fecha, cuando ascendió al poder el grupo financiero, constituye una guerra contra los pobres y no sólo eso, sino cada vez es mayor el número de pobres y no hay expectativas en tanto no se recupere la tasa de crecimiento y ésta sea suficiente. Y en esto, yo creo que estaría de acuerdo conmigo el diputado Godina.
Ahora rápidamente: el déficit de 1982, efectivamente de 1980 a 1982, las finanzas públicas registraron un déficit creciente, la tasa de desarrollo fue del 7% al 8%, hay que recordar eso también. Y la inversión llegó al 25%, el ahorro nacional llegó al 22%, o sea, se alcanzaron cifras récord de crecimiento. Sí hubo un desfinanciamiento muy lamentable y a pesar de que este financiamiento el 50% del 18% del producto interno bruto, que en cifras más ajustadas es el 16%, pero no peleemos, fue el 16% o el 18%, un déficit brutal, más de la mitad de ese déficit se debió al alza en las tasas de interés.
El pago de intereses de ese año llegó al 8% del producto interno bruto. Pero ese récord en el pago de intereses lo han seguido manteniendo los gobiernos neoliberales, en el año de 1995, en un año de crisis tan grave, el pago de intereses ocupó el 5.4% del producto interno bruto, cuando el producto interno bruto cayó brutalmente en más del 6%, el consumo interno se redujo en un 17% y la inversión en un 26%.
De manera que esa falla de los que desfinanciaron sigue existiendo y a pesar de eso, señores, ¿quiénes desfinanciaron la economía? ¿Quienes desfinanciaron la economía en 19801982?, el grupo financiero que sigue en el poder.
Muchas gracias, señor Presidente.
TARIFAS ELECTRICAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ricardo García Cervantes, acerca de tarifas eléctricas.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente:
Los suscritos integrantes de los grupos parlamentarios de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, nos permitimos presentar a ustedes el presente acuerdo parlamentario con base en las siguientes motivaciones:
En la época contemporánea los energéticos representan una parte fundamental del desarrollo de nuestras comunidades, por eso, el acceso que los mexicanos tengamos a ellos es vital para la economía y progreso de las diversas regiones de nuestro país. Por ello que el desempeño de las empresas paraestatales encargadas de la explotación, producción y distribución de energéticos, es considerado prioritario para la administración pública.
Estamos conscientes de que en los últimos años y con la intención de sanear su economía, la administración pública paraestatal, ha realizado un esfuerzo para tratar de equilibrar los costos de producción y distribución de sus productos, con los precios de venta a los consumidores.
Sin embargo, también sabemos de la repercusión económica que para los residentes de algunas regiones de nuestro país representa el pago de dichos importes, sobre todo, en materia de energía eléctrica.
En las cámaras que componen el Congreso de la Unión, en diversas ocasiones se ha planteado el problema que padecen los residentes de regiones con climas extremos, habiéndose presentado diversas propuestas provenientes de legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara o en las cámaras, puedo recordar las propuestas planteadas por la diputada Martina Montenegro, por el diputado Amado Cruz Malpica, por el diputado Alejandro Moreno Berry, por el diputado Rafael Ayala López, entre otros.
Pues se tiene conciencia de que los residentes en estas zonas climatológicas requieren de altos consumos de energía eléctrica, sobre todo para contrarrestar los efectos de las altas temperaturas. Tal es el caso de la región en la que se encuentran los municipios de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, en los que por muchos años se ha buscado un tratamiento adecuado a las condiciones especiales que en ellas si vive, pues es por todos conocido que durante el verano las temperaturas alcanzan los 53 grados centígrados, por lo que la existencia de las reglas generales aplicables en el resto de la República, se vuelven injustas para quienes ahí residimos.
"El día 3 de diciembre de 1996, los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, recibimos de manos del presidente municipal de Mexicali, una propuesta enviada por el cabildo de ese ayuntamiento, tendiente a obtener para los mexicalenses un trato más equitativo, dadas las excepcionales condiciones climáticas de dicha región.
Dicha propuesta consiste en modificar el primer rango de consumo de la tarifa de verano, que actualmente comprende de 0 a 300 kilowats-hora, a un rango de cero a 1 millón 2 mil kilowats-hora, eliminando el segundo rango, que iba de 301 a 1 mil 200 kilowats-hora, quedando los demás rangos tal y como se presentan a la fecha.
Esta propuesta tiene fundamento técnico en información proporcionada por la propia Comisión Federal de Electricidad y analizada y procesada por técnicos y especialistas en la materia.
De darse un acuerdo favorable al respecto, se estaría beneficiando a aproximadamente al 80% de la población, siendo estas familias con ingresos económicos medios y bajos. Hoy acabamos de presenciar un debate en el que todos nos pronunciamos en favor de las medidas que combatan las condiciones de pobreza y marginación.
Esta propuesta que beneficiaría a aproximadamente al 80% de la población, se refiere al 80% de las familias con menores ingresos en el municipio.
Al respecto, diversos grupos de la sociedad mexicalense han hecho llegar a los señores diputados y senadores, diversas propuestas de solución a este añejo problema, las cuales estamos seguros, están siendo consideradas tanto por las comisiones camarales correspondientes, como por los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Cabe destacar que tanto la sociedad mexicalense como los gobiernos Federal, estatal y municipal, con apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, han realizado estudios tendientes a resolver este problema, esforzándose en la aplicación de recursos adicionales para investigación y análisis, mismos que confiamos, que en un corto plazo se reflejen en beneficio de los ciudadanos.
Con apego a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997, es el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien está facultado para modificar las tarifas eléctricas. Sin embargo, como representantes populares, tenemos la obligación de ser interlocutores de la sociedad ante los demás órganos de gobierno, por lo que proponemos el presente acuerdo parlamentario.
«Primero. Los grupos parlamentarios integrantes del Congreso de la Unión, consideramos atendible la propuesta presentada por el ayuntamiento de Mexicali, Baja California, consistente en que en esa región se modifiquen los rangos de consumo de la tarifa de verano, para agrupar los actuales rangos uno y dos en uno solo, que comprenda consumos de 0 a 1 mil 200 kilowats-hora.
Segundo. Que las comisiones de Energéticos de la Cámara de Senadores y de Energía de la Cámara de Diputados, soliciten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el análisis de dicha propuesta para su aplicación en el próximo verano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 1997.- Firman: su servidor, Ricardo García Cervantes; el senador Amador Rodríguez Lozano; el diputado Alejando Moreno Berry y el diputado Pedro René Etienne Llano.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Energía de ambas cámaras.
TARIFAS DE GAS
El Presidente:
Sobre el cobro de tarifas de gas, tiene la palabra la diputada Leticia Burgos.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Bueno, nosotros también vamos a hacer referencia a un problema que si bien es particular del Estado de Chihuahua no por ello no tiene suma importancia tocarlo en esta tribuna.
El problema del gas natural en Ciudad Juárez cada vez se está agudizando más. Este gas natural lo consumen 70 mil familias, es importado desde la cuenca térmica en el oeste de Texas, por la compañía Juárez Gas, propiedad de la familia Fuentes en forma monopólica. Pemex establece el precio sumando al precio de referencia internacional los costos de transporte a la frontera el impuesto de importación más un primer IVA, luego se agrega el costo de distribución que comprende la ganancia de la gasera y un segundo IVA.
De noviembre de 1995 a octubre de 1996, el precio del gas se incrementó en un 95% para luego volver a incrementarse en un 70% hasta enero de 1997. El precio actual es 1.73 pesos por metro cúbico.
Debido al duro invierno los costos del gas se elevaron notablemente en los pasados meses de diciembre y enero, llegando hasta 2 mil pesos mensuales en casas de interés social, 7 mil en residencias y a una empresa mediana se le disparó entre 14 a 52 mil pesos de un mes a otro el pago de este gas natural.
Las cosas han llegado al punto que un obrero de salario mínimo tiene que gastar cinco sextas partes de su ingreso mensual para poder calentar su casa.
Hasta ahora todas las protestas y reclamos de la población han sido inútiles. La gasera se mantiene inflexible en el precio y continúa con los cortes y retiro de medidores a quienes no pueden pagar.
Por otra parte Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no aceptan disminuir el precio o establecer un subsidio.
En el Estado de Chihuahua se ha logrado un subsidio para el petróleo de uso doméstico durante el invierno. Sin embargo, en Ciudad Juárez el 90% de los hogares son calentados con este gas natural.
Por ello, a través de nuestro conducto las organizaciones sociales, las cámaras empresariales y los partidos políticos demandan que la gasera cese los cortes y reinstale los medidores retirados.
Por otra parte se puede establecer un subsidio especial durante los meses más fríos que serían de noviembre a febrero.
Eso es todo, señor Presidente.
AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra sobre la problemática del transporte en el Estado de Tlaxcala, el senador Luis González Pintor.
El senador Luis González Pintor:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Quiero referirme al paro que fue convocado para el pasado 17 de febrero y que obviamente ha tenido repercusiones en diversos sentidos, toda vez que pareciera que la información que se maneja en los diarios nacionales hubiese sido tomada de diferentes fuentes.
Por una parte, los transportistas que convocaron a este paro nacional aseguran una serie de actos y eventos en donde se establece cuando menos un mediano éxito de este paro. Se habla de que la Confederación Nacional de Transportistas de México al convocar al paro nacional efectivamente repercutió en una disminución sensible del ingreso de vehículos a la Central de Abastos de esta Ciudad de México cuando menos a la mitad.
Estamos hablando de que estos vehículos manejan diariamente un transporte de 155 mil toneladas, de las cuales 27 mil se consumen diariamente en el Distrito Federal. Pero además, esto tiene una serie de repercusiones en el orden nacional.
La problemática, según los asociados a la Confederación Nacional de Transportistas de México, obedece a los problemas de autorización en las tarifas de los fletes, es decir, éstas no han sido actualizadas ni autorizadas, por ello mismo no existe seguridad en la aplicación de estas tarifas y cuando menos a los afectados, los distribuidores de los productos, no tienen la certeza de que haya un estándar en estas tarifas.
Estamos hablando de problemas no solucionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, toda vez que se ha pedido por estos transportistas cuando menos un 40% en el subsidio del diesel, una reducción al peaje en las autopistas y cuando menos el 50% de reducción en las licencias federales.
Por cierto que el representante del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Larios Santillana, se refirió al problema del paro de los transportistas debido a una falta de contestación a la problemática planteada por éstos y lo calificó de un problema grave.
Pero además esto genera riesgos gravísimos para el país. Suponiendo que prosperara un paro nacional de transportistas, tendríamos que analizarlo en el contexto internacional de lo que ha sucedido en España o de lo que sucedió en Chile cuando la caída, de Allende, que fue uno de los incidentes más sobresalientes, toda vez que ello propició esta caída estaríamos hablando de un desabasto generalizado en el país, de un paro en la planta productiva al no poder las empresas fabriles mover sus productos; estaríamos hablando de un paro en la comercialización de estos mismos productos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en forma oficial ha dicho que sólo una de las 32 organizaciones nacionales, participaron en este paro, ha dicho que no hubo obstrucción de carreteras, que no hubo bloqueos, que la Central de Abastos funcionó sin problema alguno; esto fue dicho por Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes en nuestro país.
Pareciera ser que están aplicando la política de la avestruz, no se están enfrentando al problema, un problema que se está generando en nuestro país y que puede tener gravísimas repercusiones.
Carlos Ruiz Sacristán, ha anunciado cuando menos 20 acciones para mitigar, no para resolver, la problemática real y sus efectos por cuestiones de la carestía en los transportistas; qué bueno, qué bueno para Ruiz Sacristán y qué bueno para México que este paro anunciado no tuvo las repercusiones que hubiese podido tener.
Estamos hablando que de no atenderse esta problemática en términos reales y ciertos, simple y sencillamente una situación caótica y desastrosa pudiera presentársele a nuestro país que por supuesto afectaría a todos los mexicanos.
Carlos Ruiz Sacristán ha hablado de que efectivamente se está otorgando ya el 60% de descuentos mediante acreditamientos de carácter fiscal. Resulta altamente conflictivo poder hacer efectivos estos subsidios fiscales anunciados por Carlos Ruiz Sacristán. Es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia Presidencia de la República tomen cartas en el asunto.
Estamos hablando de eventos que se han discutido en esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de cuestiones de narcotráfico, de implicaciones en este narcotráfico de militares; estamos hablando de algunos otros eventos políticos que por la rapidez en la que se suceden, a dos a tres días pierden su importancia; pero la verdadera problemática, la de los hechos, la problemática material que está afectando gravemente al país, no la estamos tomando en consideración y pareciera que las autoridades no tienen la intención de resolver. Adelante daré algunas cifras que habrán de corroborar, lo que estoy diciendo.
Ciertamente que necesitamos que los subsidios se hagan efectivos a los transportistas; que haya una reducción en la expedición de las licencias federales; que esta expedición sea a conciencia y no a base de mordidas. El principal problema que se observa con el transporte nacional es el de los costos, una variable amplísima desde hace algunos años a la fecha impiden, por una parte, que los transportistas tengan una planta vehícular lo suficientemente renovada para poder ofrecer servicios puntuales, eficaces y con seguridad a los usuarios y en esto estoy incluyendo por supuesto al transporte de personas.
Me habré de referir a un problema específico: como senador de la República y en mi calidad de representante de mi Estado, Tlaxcala, quiero advertir sobre el inminente riesgo de que se vea afectado un gran número de tlaxcaltecas y vecinos de otros estados colindantes, respecto de la posible suspensión del servicio público de pasajeros.
Analizaré el problema: la empresa de autotransportes Tlaxcala-Apizaco-Huamantla, que fue creada en 1929 y que presta servicios a los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México y el Distrito Federal, que cuenta además con una planta laboral de 900 empleos directos y 450 indirectos; conformada por 162 socios y cuyo patrimonio se ve afectado ante la inminencia de que ésta sea embargada.
En 1990, ante la exigencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y toda vez que cuando menos el 80% del parque vehícular de transportes de pasajeros estaba obsoleto, fueron urgidos a renovar su planta vehícular. En aquel tiempo el costo porcentual promedio oscilaba en el 7.5%.
Urgidos por las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la renovación de su parque vehícular, obtuvieron los créditos y los autobuses necesarios. Estos vehículos para entonces contaban con las amortizaciones adecuadas en aquella oportunidad, pero hubo incrementos desmedidos y que son muy similares a la problemática que hoy se refleja en el transporte de cosas. Me estoy refiriendo a los incrementos desmedidos en llantas, en lubricantes, en combustibles, en el peaje de autopistas, en las refacciones que se cotizaban en dólares y en una alza descontrolada de las tasas de interés bancario, además de la inestabilidad cambiaría.
Para hacer alguna referencia, pongo como ejemplos los siguientes conceptos: entre 1991 y 1996 hubo incrementos en el diesel de 410.88%, en las autopistas por el mismo periodo en un 256%, en las tasas bancarias del 631.7%, en el dólar de cuando menos el 214.28%.
Es por ello que hoy hago estas reflexiones para que tomemos conciencia, para que las autoridades responsables de aplicar las medidas correspondiente de sanear las problemáticas que hoy enfrenta el transporte nacional, se comprometan verdaderamente a resolverlo.
Estamos advirtiendo a tiempo de las gravísimas repercusiones que pudiera tener el país en caso de que prosperara un paro nacional completo, es por ello que turnaré a la Secretaría el expediente completo de la empresa a que he hecho referencia, para que tomen las medidas pertinentes para turnarlo a las comisiones de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y sobre todo sea comunicado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se aboquen al conocimiento y resolución de esta problemática.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente:
Túrnense los documentos a las comisiones que solicita el señor senador.
ORDEN DEL DIA
El secretario senador Melquiades Morales Flores:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 26 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Puebla y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Trece, por los que se solicitan permisos constitucionales necesarios.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional.
Cinco, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permiso, para aceptar y usar condecoraciones.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice, en Chetumal, Quintana Roo.
Seis, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permiso, para prestar servicios en embajadas extranjeras.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permiso, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Cinco, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permiso, a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en embajadas de gobiernos extranjeros, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:54 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero a las 11:00 horas.
Se pasa a sesión secreta.
| Afore | Administradora de Fondos para el Retiro Banamex Banco Nacional de México |
| Consar | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
| DEA | Agencia Federal Contra el Narcotráfico de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| DEMA | Diplomado de Estado Mayor Aéreo |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Inbursa | Inversora Bursátil Sociedad Anónima de Capital Variable |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Liconsa | Leche Industrializada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Sociedad Anónima |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PASE | Programa de Alimentación Salud y Educación |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |
| Siefore | Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro |
| UNESCO | Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas (por las siglas en inglés) |