SUMARIO
Invitación al acto cívico conmemorativo del CDLXXII aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último emperador azteca. Se designa comisión.
Dos comunicaciones del congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tres comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Néstor de Buen Lozano y Valentín Díaz Morodo, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jorge Alberto Lozoya Legorreta y Jeannine Bailly Guillemet de Silve, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicho país. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Julia Carabias Lillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Herminio Alfonso Blanco Mendoza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Everardo Luis Suárez Amezcua, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Raúl Castro Alvarez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Héctor Benjamín Dionisio Morín García, puedan prestar sus servicios en la embajada de ese Reino en México. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Martín Monroy Hurtado, pueda prestar susservicios en la Embajada de ese País en México. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Guadalupe Casique Rueda, pueda prestar sus servicios en la embajada de ese país en México. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jóse Carmen Carmona Cerón, pueda prestar sus servicios en la embajada de ese país en México. Se turna a la Primera Comisión.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Aline Therese Rheault Cárdenas, pueda prestar sus servicios en la embajada de ese país en México.
Se turna a la Primera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Patricia Toledo Anaya y Alejandra Beatrice Calderón Gerling, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo del presente año, a fin de que se efectue una visita de Estado a Japón. Es de primera lectura.
Se dispensa la segunda lectura. Sin discusión se aprueba. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: José Angel Gurría treviño, Pedro Gonzalez-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Roberto Miranda Sánchez, Juan Antonio Mateos Cicero, Herminio Alonso Blanco Mendoza, Rafael Tovar y de Teresa y Enrique Vilatela Riba, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de esa República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Miguel Hernández García y Sergio Ernesto González Gálvez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Ricardo Franco Guzmán, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de dichas naciones. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de dicho país en chetumal, Quintana Roo. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Herminia Laura Buendía Cruz, Ofelia Velázquez Briseño, María Elena García Frías, Adriana Guadalupe Gutiérrez y Juan Gabriel Urdiales Lozano, puedan prestar sus servicios en la embajada de ese país en México y en sus consulados generales de Guadalajara, Jalisco y de Monterrey, Nuevo León. Es de primera lectura.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Adrián Franco Zevada, pueda prestar sus servicios en el consulado General de dicha nación en México. Es de primera lectura.
Seis dictámenes de la Segunda Comisión, por los que se ratifican los grados militares de los ciudadanos Juan Alfredo Oropeza Garnica, Sergio Oscar Francisco Hernández Barragán, Enrique Cano Cardiel, José Fernando del Campo Velasco, Ricardo Escorcia Vargas y Eduardo Alejandro Martínez Aduna, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Aprobados los proyectos de decreto. Comuníquese al Ejecutivo Federal.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho Reino. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Fernando Solana y Morales, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez y María Elena Castanedo Robles, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicha nación en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto a decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos y J. Santos González Hernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Adriana Donají Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para hablar sobre las certificación acreditada por ese país en base al combate del narcotráfico, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano, quien presenta declaración política.
Alejandro González Alcocer
Pedro René Etienne Llano
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, quien propone punto de acuerdo para convocar a una consulta nacional sobre al combate del narcotráfico.
La declaración política se turna a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República.
Respecto a diversas versiones periodísticas, en las que se mencionan problemas de espionaje telefónico; de defraudación fiscal; de asesores en campañas políticas; sobre la censura en los medios de comunicación en Torreón, Coahuila; de narcotráfico y sobre problemas en el Estado de Morelos, hablan los legisladores:
Ricardo Francisco García Cervantes
Ana Lilia Cepeda de León
Rodolfo Becerril Straffon
Ana Lilia Cepeda de León, para contestar alusiones personales.
Ricardo Francisco García Cervantes
Ramón Sosamontes Herreramoro
El diputado Francisco José Peniche y Bolio, realiza homenaje al político chihuahuense en el C aniversario de su natalicio.
Sobre el tema hablan los legisladores:
Jesús Rodríguez y Rodríguez
Rosendo A. Villarreal Dávila
El diputado Alejandro González Alcocer, comenta respecto a la iniciativa presentada por su partido político para la creación de dicho organismo.
Respecto a los trabajos realizados por la comisión especial de investigación de dicha compañía y sus empresas filiales hablan los legisladores:
Manuel Beristáin Gómez, quien presenta punto de acuerdo.
Juan Manuel Cruz Acevedo
Contestan alusiones personales los legisladores:
Manuel Beristáin Gómez
Juan Manuel Cruz Acevedo
Manuel Beristáin Gómez
Ramón Sosamontes Herreramoro
Pedro René Etienne Llano
Juan Manuel Cruz Acevedo
Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.
El diputado Alejandro Moreno Berry, se refiere a la constitución de dicha unión.
Respecto a la constitución de las administradoras de fondos para el retiro, se concede el uso de la palabra a los legisladores:
Amado Jesús Cruz Malpica
Carlos Humberto Aceves del Olmo
Amado Jesús Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quorum.
El Presidente (a las 11:35 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 26 de febrero de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLXXII aniversario luctuoso de "Cuauhtémoc", último emperador azteca, que tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Puebla y Yucatán.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro, por los que se solicita permiso constitucional para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de España y de la República Francesa.
Cinco, por los que se solicita permiso constitucional para que varios ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Argentina, Perú, Austria, Venezuela e Italia.
Dos, por los que se solicita permiso constitucional para que varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en las embajadas de los reinos de: los Países Bajos y Arabia Saudita en México.
Cinco por los que se solicita permiso constitucional para que varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar servicios en las embajadas de las repúblicas: Eslovaca, Checa, Sudáfrica y de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional, a fin de efectuar una visita de Estado a Japón.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Argentina, Chile y Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice, en Chetumal, Quintana Roo.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de Decreto que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América y en el Consulado General de Colombia en México.
Dictámenes a discusión
Seis, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que concede permisos a los ciudadanos Manuel Benito Armendáriz y Angel Fernando Solana y Morales, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica y de la República del Perú.
Cuatro, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez, María Elena Castanedo Robles, Valente Martínez Ortiz, Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos, J. Santos González Hernández, Adriana Donaji Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, para prestar servicios en las embajadas de: Ecuador, Paraguay, Checa y Chipre en México.
Sobre certificación por parte de los Estados Unidos, a cargo de los ciudadanos senador Amador Rodríguez Lozano, diputados Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo.
Comentarios sobre versiones periodísticas, a cargo del diputado Ricardo García Cervantes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la recuperación económica, a cargo del diputado Luis Antonio Godina Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el órgano superior de fiscalización, a cargo del diputado Alejandro González Alcocer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el aniversario del natalicio del licenciado Manuel Gómez Morín, a cargo de la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la Conasupo, a cargo de los diputados Manuel Beristáin Gómez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y del Trabajo, respectivamente.
Sobre, Afore, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Balance sobre el Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la constitución de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales, a cargo del diputado Alejandro Moreno Berry, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre Chiapas, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre funcionarios acusados de narcos a cargo de la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comunicación del Movimiento Nacional de los Cuatrocientos Pueblos.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, mismo que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del LXXXIV aniversario luctuoso de José María Pino Suárez. Se designa comisión.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de México y Morelos, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remiten los informes de la situación económica, finanzas y deuda públicas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras y a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario, para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del ocho al quince de marzo del presente año, para realizar una visita de Estado a Japón. Se turna a la Primera Comisión.
Dos oficios más de la misma Secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Chile. Se turnan a la Primera Comisión.
Otro, con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice, en Chetumal, Quintana Roo. Se turna a la Primera Comisión.
Cinco oficios más de la misma Secretaría, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar sus servicios en la embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México. Se turnan a la Primera Comisión.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Un ocurso del ciudadano Adrián Franco Zevada, con el que solicita el permiso constitucional necesario para prestar sus servicios en el Consulado General de Colombia en México. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto, con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que varios ciudadanos mexicanos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Perú y Bélgica y para prestar sus servicios en las embajadas de las repúblicas de Ecuador, Chipre, Checa y Paraguay en México.
Se someten a discusión diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos. Se aprueban en votación económica. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
También se someten a discusión y sin ella se aprueban por unanimidad, cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón:
Nilda Patricia Velasco de Zedillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón:
Carlos Manuel Fuentes y Macías, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Francesa y varios ciudadanos mexicanos, puedan prestar sus servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México.
Se aprueban por unanimidad y se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Para referirse a diversas publicaciones periodísticas que pretenden dañar la imagen de personajes de la política nacional, se concede el uso de la palabra al legislador Amador Rodríguez Lozano, quien da lectura a una declaración política firmada por los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentan el mismo asunto, los legisladores: Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; José Antonio Valdivia, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una defensa del Instituto Armado de México; Carlos Chaurard Arzate, del mismo partido, quien se refirió directamente a la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Regresa a la tribuna el legislador Amador Rodríguez Lozano, quien da lectura a un punto de acuerdo firmado por representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, con respecto al día del Ejército mexicano.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna el legislador Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática e inmediatamente después, el legislador Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional, sobre el mismo asunto.
Para referirse a las administradoras de fondos para el retiro, se concede el uso de la palabra a los legisladores: Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera para presentar un punto de acuerdo y la segunda para rectificar hechos; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, también en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Amado Jesús Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del legislador Godina Herrera; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional y Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del legislador Cruz Malpica. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y a la de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Expresan sus opiniones respecto al Programa de Combate a la Pobreza, los legisladores: Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional e Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
A fin de referirse a las tarifas eléctricas en las zonas fronterizas del país, se concede el uso de la palabra al legislador Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo firmado por representantes de los cuatro grupos parlamentarios. Se turna a las comisiones de Energéticos de ambas cámaras.
Comenta el cobro de las tarifas de gas en el Estado de Chihuahua, la legisladora Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
Expresa sus opiniones respecto a los problemas de los transportistas en el Estado de Tlaxcala, el legislador Luis González Pintor, del Partido Acción Nacional. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Diputado Juan José Osorio Palacios, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXXII aniversario luctuoso de "Cuauhtémoc", último emperador azteca, que tendrá lugar en el monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, el día viernes 28 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: Carlos Humberto Aceves del Olmo y Ramón Sosamontes Herreramoro.
ESTADO DE CAMPECHE
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 14 de enero de 1997.- Diputados: Marta Irene Novelo Lara y Edilberto Vázquez Ríos, secretarios.»
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.- LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la instalación de la diputación permanente, que funcionará durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional, que comprende del 14 de enero al 31 de marzo del presente año; habiéndose integrado de la siguiente manera: diputados, Ramón Félix Santini Pech, presidente; Margarita Rosa Alfaro Waring, secretaria; José Ignacio Seara Sierra, vocal.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 14 de enero de 1997.- Diputados: Marta Irene Novelo Lara y Edilberto Vázquez Ríos, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley Orgánica y 25 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el LIII Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en junta preparatoria celebrada con esta fecha, se declaró legítimamente constituida para funcionar durante el primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio legal. Asimismo, se eligió a los diputados que formarán la mesa directiva, quedando integrada de la siguiente manera: diputados, Melitón Morales Sánchez, presidente; Javier Rubén Ramírez Carranza, vicepresidente; José Clemente Gerardo Tecpanecatl Romero, Benita Villa Huerta, secretarios; Laura Roldán Rubio y Joel Cuevas Téllez, prosecretarios.
Lo que hacemos de su conocimiento por disposición de esta legislatura, para los efectos correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, enero 13 de 1997.- Diputados: J.C. Gerardo Tecpanecatl Romero y Benita Villa Huerta, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE YUCATAN
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto me permito comunicar a ustedes que, en sesión del pleno de la LIV Legislatura del Estado, de fecha 13 de enero del año en curso, se designó al licenciado en derecho Jaime Izmael Magaña Mata, como oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Yucatán.
Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y efectos legales que correspondan.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, 14 de enero de 1997.- El presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Yucatán, licenciado Miguel Angel Díaz Alcocer.»
«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a usted que, con esta fecha, se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta LIV Legislatura.
Protestamos a V H, nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida Yucatán, 15 de enero de 1997.- Los secretarios de la mesa directiva, diputados: Pedro Oxte Conrado y Miguel Angel Gutiérrez Machado.»
«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 70 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a ustedes que, con esta fecha, se eligió los integrantes de la diputación permanente que fungirán durante el receso del honorable Congreso del Estado, que concluirá el 15 de marzo de 1997 correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente: propietarios diputados: José Dafne López Rodríguez, presidente; Ermilo Gutiérrez Méndez, secretario; Leticia Isabel Domínguez Escalante, vocal. Suplentes: Orlando Alberto Paredes Lara, presidente; Armando Manzanilla Alemán, secretario; Modesto Puc Teh, vocal.
Protesto a V.H, nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida Yucatán, 14 de enero de 1997.- Los secretarios de la mesa directiva diputados: Pedro Oxte Conrado y Miguel Angel Gutiérrez Machado.»
De enterado.
REINO DE ESPAÑA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 28 de enero último, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El doctor Néstor de Buen Lozano, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su carta de naturalización certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 4 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El licenciado Valentín Díez Morodo, solicito se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El embajador Jorge Alberto Lozoya Legorreta, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 del actual, enviando con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"La ciudadana Jeannine Bailly Guillemet de Silve, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de la interesada dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de la carta de naturalización, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA ARGENTINA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio de fecha 10 del actual, manifiesta a esta dependencia del Ejecutivo, lo siguiente:
"La CM en C María Julia Carabias Lillo, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta de la interesada dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para su conocimiento y fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DEL PERU
El secretario diputado Manuel Beristáin Goméz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 22 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El doctor Herminio Alonso Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F. 23 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE AUSTRIA
El secretario diputado Manuel Beristáin Goméz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 10 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación del Ejecutivo, lo siguiente:
"El ciudadano Everardo Luis Suárez Amezcua, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración Gran Insignia de Honor en grado de Oro con Estrella, que le confiere el gobierno de la República de Austria.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración respectiva."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE VENEZUELA
El secretario diputado Manuel Beristáin Goméz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta de Gobernación con fecha 14 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El C. almirante IM DEM Pedro Raúl Castro Alvarez, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden al Mérito Naval en grado de "Primera Clase", que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA ITALIANA
El secretario diputado Manuel Beristáin Goméz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a ésta dependencia del Ejecutivo, con fecha 24 del actual, enviando con el presente los documentos que en el mismo se citan:
"El licenciado Liévano Sáenz Ortiz, secretario particular del Presidente de la República, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Italiana.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a ustedes carta del interesado dirigida a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 24 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REINO DE LOS PAISES BAJOS
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 10 del actual, enviándose con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"La Embajada del Reino de los Países Bajos en México solicitó a esta Secretaría gestionar ante la autoridades mexicanas competentes, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Héctor Benjamín Varela Flores, Alejandra Vaca Gloria, Luis Enrique López García e Ismael Dionisio Morín García, de nacionalidad mexicana, según consta en las copias certificadas de sus actas de nacimiento, puedan prestar sus servicios en la citada representación diplomática como asistente y traductor, encargada de limpieza, chofer y chofer, respectivamente.
Al respecto, anexo al presente remito a ustedes las cartas dirigidas al honorable Congreso de la Unión por los interesados, así como copias certificadas de sus actas de nacimiento, copias de identificación personal y fotografías, con la atenta petición de solicitar los permisos mencionados."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 14 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REINO DE ARABIA SAUDITA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores en oficio fechado el día 27 de diciembre próximo pasado manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Ruego a ustedes tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano mexicano Martín Monroy Hurtado, pueda prestar sus servicios como empleado de mantenimiento en la Embajada del Reino de Arabia Saudita.
Para la consecución de lo anterior, anexo me permito remitir al texto de la solicitud de la Embajada, así como el original del acta de nacimiento y la constancia de ausencia de antecedentes penales del señor Monroy Hurtado."
Al transcribir a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA ESLOVACA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 8 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"La Embajada de la República Eslovaca en México solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades mexicanas competentes, el permiso al que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor José Guadalupe Casique Rueda, de nacionalidad mexicana, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, pueda prestar sus servicios en la citada representación diplomática, como chofer.
Anexo al presente me permito enviar a ustedes la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por el interesado, su curriculum vitae y la copia certificada de su acta de nacimiento, con la atenta petición de que sea el amable conducto para solicitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso mencionado."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA CHECA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 12 del actual:
"La Embajada de la República Checa en México solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades mexicanas competentes, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor José Carmen Carmona Cerón, de nacionalidad mexicana, según consta en la copia certificada de su acta de nacimiento, pueda prestar sus servicios en la citada representación diplomática como jardinero y vigilante.
Anexo al presente me permito enviar a ustedes la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión por el interesado, su curriculum vitae y la copia certificada de su acta de nacimiento, con la atenta petición de que sea el amable conducto para solicitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso mencionado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general del gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA DE SUDAFRICA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Ruego a ustedes tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que la ciudadana Aline Therese Rheault Cárdenas, pueda prestar sus servicios como traductora, en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.
Se anexa la solicitud de permiso correspondiente, así como el acta de nacimiento de la interesada."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de enero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación, pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Patricia Toledo Anaya, asistente comercial, Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 11 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a ustedes, de no mediar inconveniente para ello, tengan a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Alejandra Beatrice Calderón Gerling, asistente comercial, Embajada de Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Lo que comunico a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de febrero de 1997.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.» Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
PERMISO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la suscrita Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen de expediente que contiene la solicitud de permiso del ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 79 fracción III, 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100 y 111, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87, 88, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se avocó a su análisis, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada el día 19 de febrero del año en curso, se dio cuenta al pleno con la solicitud del Ejecutivo de la Unión, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997.
2. La presidencia de la mesa directiva, conforme al reglamento, ordenó el siguiente trámite: "Recibo y túrnese a la Primera Comisión de Trabajo".
3. La comisión, con las facultades anteriormente referidas, se permite someter el siguiente dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
I. La política exterior de México, basada en sus principios tradicionales, requiere fortalecer sus relaciones con los países de los diferentes continentes, en búsqueda de un renovado papel en el contexto internacional. Así, la modernización económica de México, no sólo será un complemento, sino también una condición necesaria para preservar la soberanía del país y promover sus intereses nacionales.
II. Japón es, en el mundo contemporáneo, un país de extraordinario peso económico, su economía es poseedora de abundantes recursos financieros, fuente de desarrollo científico tecnológico y generador de actividades económicas e industriales en terceros países, que aunado a su amplia voluntad pacifista y determinación de asistencia y cooperación económica, conforma uno de los nuevos balances de poder internacional y determinante para la consolidación de nuestras estrategias de desarrollo.
III. El escrito, por el cual el Presidente de la República solicita permiso a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo del año en curso, con el objeto de acudir a Japón y realizar en ese país una visita de Estado, busca consolidar la cooperación política y económica entre los gobiernos y sociedades de México y Japón.
IV. Conforme señala la exposición de motivos con que se acompaña la solicitud, la visita a Japón tendría como objetivo esencial, reafirmar la voluntad de nuestro país por continuar ampliando el entendimiento y cooperación, así como los lazos que, a través de la historia han unido a nuestros pueblos.
La solicitud de permiso, en caso de ser aprobada, permitirá al titular del Poder Ejecutivo Federal, dialogar con el jefe de Estado japonés, establecer un diálogo ágil y fluido sobre asuntos de interés mutuo con el gabinete gubernamental con el objeto de concluir y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la visita del jefe de Gobierno nipón a nuestro país.
Asimismo, en el ámbito económico, permitiría efectuar una serie de encuentros con los más importantes empresarios japoneses, con algunas organizaciones económicas e instituciones financieras, a fin de evaluar el estado de los proyectos de inversión y cooperación existentes y en su caso, avanzar en la concretización de ellos.
Daría la posibilidad de que el Ejecutivo mexicano fuera recibido en una sesión solemne por el Legislativo japonés, que le brindaría la oportunidad de ofrecer una visión realista y objetiva del estado actual de nuestra nación.
Se contempla, asimismo, visitar las ciudades de Kyoto, Nagoya y Osaka, y celebrar reuniones de trabajo con los gobernadores e industriales de estas regiones.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea la aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 15 de marzo de 1997, a fin de que efectúe una visita de Estado a Japón.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de febrero de 1997.- Primera Comisión: diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila, Pedro Macías de Lara; diputados: Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Miguel Angel Islas Chío, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
Es de primera lectura.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 61 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 35 votos en pro y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por unanimidad de votos.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
REPUBLICA ARGENTINA (II)
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Pedro González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, general de brigada DEM Roberto Miranda Sánchez, Juan Antonio Mateos Cicero, Herminio Alonso Blanco Mendoza, Rafael Tovar y de Teresa y Enrique Vilatela Riba, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Libertador San Martín y la Orden de Mayo en diferentes grados que les confiere el gobierno de la República de Argentina.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción IlI del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo segundo. Se concede permiso al embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo cuarto. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Juan Antonio Mateos Cicero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Herminio Alonso Blanco Mendoza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo octavo. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-
México, D.F., a 14 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CHILE
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales Miguel Hernández García y el embajador Sergio Ernesto González Gálvez, puedan aceptar y usar las condecoraciones Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar y la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que les confiere el gobierno de la República de Chile.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al vicealmirante del cuerpo de ingenieros mecánicos navales Miguel Hernández García, para aceptar y usar la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Artículo segundo. Se concede permiso al embajador Sergio Ernesto González Gálvez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE VENEZUELA, REPUBLICA ARGENTINA Y REPUBLICA DE CHILE
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Franco Guzmán, pueda aceptar y usar las condecoraciones Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase; Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Gran Oficial y Orden Bernardo O'Higgins en grado de Comendador, que le confieren los gobiernos de la República de Venezuela; de la República de Argentina y de la República de Chile, respectivamente.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la fracción IlI del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en el grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración Orden Bernardo O'Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche Bolio y Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
BELICE
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 24 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en Chetumal, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Belice, en Chetumal con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice, en Chetumal con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 13, 29, 30 de enero y 10 de febrero de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Herminia Laura Buendía Cruz, Ofelia Velázquez Briseño, María Elena García Frías, Adriana Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez y Juan Gabriel Urdiales Lozano, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y consulados generales, en Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y consulados generales, en Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Herminia Laura Buendía Cruz, para prestar servicios como ayudante en visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ofelia Velázquez Briseño, para prestar servicios como asistente comercial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Elena García Frías, para prestar servicios como auxiliar de oficina, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez, para prestar servicios como operadora de teléfonos, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Juan Gabriel Urdiales Lozano, para prestar servicios como asistente de pasaportes y ciudadanía en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Pedro René Etienne Llano; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE COLOMBIA
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en escrito fechado el día 9 de enero del año en curso, el ciudadano Adrián Franco Zevada, solicita el permiso constitucional necesario, para prestar servicios como asesor jurídico en el Consulado General de Colombia en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 19 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado General de Colombia en México, serán como asesor jurídico:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Adrián Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en el Consulado General de Colombia en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de primera lectura.
GRADOS MILITARES
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropeza Garnica, como general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, el 1o. de enero de 1959 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1962;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y Especial, así como la del Mérito Militar.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Juan Alfredo Oropeza Garnica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David y Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán, como general de brigada, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete numerario, el 1o. de enero de 1958 y fue ascendido como subteniente de artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1961;
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 38 años, 11 meses, tres días:
d) Se le confirieron en su oportunidad para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y la Especial, así como la de Legión de Honor.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general de brigada, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Oscar Francisco Fernández Barragán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del ciudadano general de infantería Diplomado de Estado Mayor, Enrique Cano Cardiel, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 29 de enero de 1966 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1969:
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 30 años, 10 meses y siete días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales necesarios y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Enrique Cano Cardiel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, José Fernando del Campo Velasco, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, como cadete numerario, el 23 de enero de 1965 y fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de noviembre de 1967;
b) A los siguientes grados, ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 31 años, 10 meses, 11 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Fernando del Campo Velasco.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Ricardo Escorcia Vargas, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1964; fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1967:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, 10 meses, 13 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases, así como la de Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la probación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ricardo Escorcia Vargas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1996, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Eduardo Alejandro Martínez Aduna, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar el 20 de enero de 1961; y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de enero de 1964:
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses, 14 días:
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial, así como la de Mérito Docente.
De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eduardo Alejandro Martínez Aduna.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de enero de 1997.- Senador Rosendo Villarreal Dávila, presidente; diputado Jesús Esquinca Gurusquieta, secretario; senadores: José Antonio Valdivia, Israel Soberanis Nogueda, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Guillermo del Río Ortegón; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Ricardo F. García Cervantes y Amado Cruz Malpica.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquese al Ejecutivo.
REINO DE BELGICA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario, para que el embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Manuel Benito Armendáriz Etchegaray, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de febrero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL PERU (II)
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado Angel Fernando Solana y Morales, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
La comisión, considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Angel Fernando Solana y Morales, para aceptar y usar la condecoración de la Orden El Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 3 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL ECUADOR
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 17 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Raymundo Granados Granados, Silvia Ruiz Santos, Angel Pérez Rodríguez y María Elena Castanedo Robles, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada del Ecuador en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada del Ecuador en México, serán de carácter administrativo:
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Raymundo Granados Granados, para prestar servicios como mensajero en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Ruiz Santos, para prestar servicios como conserje en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Angel Pérez Rodríguez, para prestar servicios como chofer en la Embajada del Ecuador en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Castanedo Robles, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Ecuador en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 10 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Valente Martínez Ortiz, pueda prestar servicios como chofer y gestor en la Embajada del Paraguay, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada del Paraguay, en México, serán de carácter administrativo:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Valente Martínez Ortiz, para prestar servicios como chofer y gestor en la Embajada del Paraguay en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA CHECA (II)
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 26 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Elizabeth Contreras Sánchez, Héctor Manuel Pérez Ceballos y J. Santos González Hernández, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de la República Checa en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 8 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República Checa, en México, serán de carácter administrativo:
C) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Contreras Sánchez, para prestar servicios como ayudante en la Embajada de la República Checa en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Manuel Pérez Ceballos, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Checa en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano J. Santos González Hernández, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Checa en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 9 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE CHIPRE
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el día 27 de diciembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Adriana Donají Castineyra Benítez, José Luis Campos García y Mirna Lizeth Iturbe Fernández, puedan prestar servicios como empleados administrativos, en la Embajada de la República de Chipre, en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 15 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República de Chipre en México, serán de estrictamente administrativos.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Donají Castineyra Benítez, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Luis Campos García, para prestar servicios como asistente, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mirna Lizeth Iturbe Fernández, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Chipre en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17 de enero de 1997.- Diputado Carlos Chaurard Arzate, presidente; senador Angel Sergio Guerrero Mier, secretario; diputados: Miguel Angel Islas Chío, Sergio Ramírez Vargas, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Francisco José Peniche y Bolio, Pedro René Etienne Llano y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila y Pedro Macías de Lara.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 35 votos en pro y cero en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 35 votos. Aprobados por unanimidad.
El secretario diputado Armando Octavio Ballinas Mayes:
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)
El Presidente:
Tiene la palabra, el senador Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar de la declaración política, sobre la certificación pretendida de los Estados Unidos de América.
El senador Amador Rodríguez Lozano:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Hace una semana en esta misma tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hacía referencia a declaraciones de personas sin autoridad moral y que sacadas de contexto habían venido a generar un clima de escándalo y de incredulidad en el sistema de procuración de justicia de México y en el combate al narcotráfico.
En aquella ocasión rechazamos contundentemente y lo volvemos a hacer en esta tribuna, las acusaciones sin fundamento que se hicieron a nuestros compañeros Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Decíamos en aquella ocasión que todo formaba parte del clima previo que normalmente cada año, desde 1986, se realiza en México y en los Estados Unidos respecto a la certificación que este país otorga a países productores o de tránsito del narcotráfico.
Hoy nuevamente, durante esta semana, hemos conocido nuevamente acusaciones sin fundamento a dos gobernadores de estados mexicanos, de Sonora y de Morelos, donde también, sin ningún argumento, sin ninguna prueba, sin ningún sustento, se difama y se intenta desprestigiar a figuras públicas nacionales. En esta ocasión forma parte también de este mismo contexto, previo a la certificación.
Por supuesto, mi partido rechaza de manera contundente estas acusaciones falsas, y lo hacemos no en defensa de las personas, no en defensa de compañeros de nuestro partido, que ellos ya están haciendo su propia defensa y lo están haciendo de manera exitosa, sino aquí lo que está en entredicho, lo que está otra vez en discusión es: ¡el principio jurídico de que no se puede acusar a nadie si no se tienen pruebas contundentes! ¡De que no se vale a través de los medios de comunicación, internacionales o nacionales, tratar de vulnerar prestigios personales:
Porque lo que está en juego, compañeras y compañeros, no es si tal o cual compañero o persona sufre un descalabro en su prestigio personal o si eso sirve para ganar o perder votos en las elecciones en los cuales esos estados se encuentran inmersos, sino el problema es mucho mayor: ¡en el fondo se lesionan los sistemas básicos de procuración y de administración de justicia! ¡En el fondo se insiste y se atraca la credulidad de las instituciones nacionales!
¡Y eso es lo que nosotros debemos rechazar contundentemente, porque forma parte de un principio fundamental y de un compromiso que todos y cada uno de nosotros hemos asumido!
Hemos dicho todos los partidos políticos que nadie está por encima de la ley. Pero cuando hablamos que nadie está por encima de la ley, cuando nos comprometemos todos a acabar con la impunidad no solamente nos debemos referir a políticos, a criminales o a gente que viola la ley en algún delito penado por el código, sino también tenemos que hablar de la impunidad que se da en materia de comunicación.
¡Porque no es posible que un periódico por prestigiado que sea, como el New York Times, vaya a lesionar el prestigio de nuestro país! Porque en el fondo no se trata de lesionar a dos personas que son circunstanciales, coyunturales y que tienen una vida efímera frente a la vida del país, se trata de buscar deteriorar el prestigio de México en el combate en contra del narcotráfico!
¡Y esta circunstancia de impunidad genera problemas muy serios, porque esta impunidad es uno de los principales problemas nacionales que tenemos que combatir:
Y, ¿qué sucede cuando un medio de publicación publica una circunstancia de esta naturaleza? Lo que en principio es un argumento matizado en ese medio de comunicación internacional, después en los periódicos nacionales es prácticamente una acusación, porque es un método a través del cual yo puedo decir que alguien dijo, y yo puedo de alguna manera presumir o hacer más fuerte la acusación.
Y, ¿qué sucede con la gente común y corriente?, ¿qué sucede con el mexicano que está esperando que nosotros los legisladores, que las autoridades tomemos medidas efectivas en contra de la injusticia y en contra del delito que empieza a tener serios problemas de credibilidad y que cree que hay una política de impunidad en nuestro país.
Creo que tenemos que hacer una reflexión importante sobre los medios de comunicación en nuestro país, que seguramente será tema de discusión en otro momento, porque si estamos avanzando en materia de partidos, si estamos avanzando con nuevas reglas electorales, si estamos modificando el sistema de procuración y administración de justicia federales, si estamos modificando el Estado, esta modificación, esta reforma del Estado necesariamente tiene que caer en una reforma en el sistema de comunicación nacional y en una reforma a los medios de comunicación.
No se trata bajo ninguna circunstancia de limitar el derecho a la libre expresión, eso es fundamental y es base de las libertades, pero se trata de que se asuma con responsabilidad.
Yo no creo en el cliché de que se dice: "Más vale excesos en la libertad de expresión que limitar o regular este medio". No, ese es un falso dilema. Lo que tenemos que hacer es una reforma que establezca reglas claras en materia de comunicación, porque es una acción en derecho de que sin procedimiento claro para ejercer un derecho no hay derecho. De tal manera que el procedimiento para hacer valer los derechos de terceros frente a las publicaciones, es una necesidad impostergable en nuestro país.
Pero esto tiene que ver con un tema que hoy es quizá el tema central en las relaciones México-Estados Unidos, tiene que ver con el proceso de certificación que como les dije hace unos momentos, realiza el gobierno norteamericano de manera unilateral desde el año de 1986.
Esta certificación normalmente esta presidida de una serie de escaladas informativas, de filtraciones a la prensa, de movimientos de la CIA, de información para desprestigiar políticos no solamente en México sino en todo Latinoamérica y en algunos otros países, con el propósito de obtener ventajas adicionales en esta lucha que todos compartimos en contra del narcotráfico.
Para nosotros en México, y lo hemos reiterado en muchas ocasiones, el combate al narcotráfico lo realizamos desde tres perspectivas:
Primeramente desde la perspectiva de la salud pública. Para nosotros es fundamental no permitir que nuestra juventud, no permitir que los mexicanos puedan caer en las garras de este cáncer que azota a la humanidad, por eso hay una convicción interna de México y de los mexicanos y de sus autoridades, que tenemos que combatir cada vez con mayor energía el narcotráfico y también lo combatimos porque hay una convicción interna, porque hay una convicción de los mexicanos de que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que si lo dejamos crecer, que si dejamos que se enraíce en la sociedad mexicana, si permitimos que las bandas, que los carteles se hagan poderosos, pueden llegar a retar al Estado mexicano y pueden llegar a convertirse en un poder económico, político y social dentro de los poderes del Estado y eso bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir.
Y por eso hemos hecho reformas serias y profundas. Reformamos la Constitución General de la República para permitir medidas excepcionales en el combate al narcotráfico y hemos aprobado una ley en contra del crimen organizado que le da instrumentos nuevos a las autoridades para que su combate, para que su lucha pueda ser mucho más eficaz, pero siempre con respeto a las garantías individuales y a los derechos básicos y fundamentales de los mexicanos.
Pero hay una tercera vertiente de nuestra convicción en el combate al narcotráfico que es la cooperación internacional. Sabemos muy bien que México es una víctima del narcotráfico; México, salvo en el caso de la mariguana, no es de los grandes productores de mariguana, sino somos un país de tránsito, somos un país donde tiene que necesariamente cruzar los grandes cargamentos de narcotráfico, para llegar al principal país consumidor de drogas que son los Estados Unidos.
Y por eso, porque hay países productores y porque hay países de tránsito y porque hay países consumidores, este aspecto tiene que, necesariamente, enfrentarse desde el punto de vista de la cooperación internacional y México en todos los foros internacionales ha sido siempre congruente con esta posición y siempre ha expresado su decisión inquebrantable de seguir avanzando en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, pero siempre con irrestricto apego a la soberanía nacional, a la autodeterminación propia de nuestro país y con respeto a nuestras leyes.
Por eso estamos en contra de la certificación que realiza de manera unilateral el gobierno norteamericano. Hay una gran cantidad de mitos alrededor de esta certificación; el caso de México no es similar a otros países de Latinoamérica o del mundo, México comparte una frontera de 3 mil kilómetros con los Estados Unidos y tenemos múltiples relaciones de amistad, de afecto, sociales, culturales, económicas; tenemos una gran frontera, nos identificamos con muchos de los principios que hicieron posible la consolidación del estado norteamericano, pero también tenemos nuestras discrepancias y también tenemos nuestros problemas.
Y en el caso de la certificación, es uno de los problemas que hemos venido enfrentando desde 1986. La certificación se realiza por un acto interno, es una legislación que autoriza al presidente de los Estados Unidos de América enviar un informe al Congreso de los Estados Unidos, donde certifica los esfuerzos de países productores o de países de tránsito de droga y que a juicio primero del Presidente de los Estados Unidos se están haciendo o no se están haciendo esfuerzos suficientes para combatir este mal.
Si el congreso norteamericano no está de acuerdo con la certificación que envía el presidente de los Estados Unidos, puede modificar la propuesta del presidente y si así sucediera, aparte de la ignominia de no ser certificado, pues tiene consecuencias financieras importantes sobre todo en lo que se refiere a prestamos de organismos donde los Estados Unidos tengan una influencia.
Pero la pregunta, compañeras y compañeros legisladores es ¿Quién certifica al certificador? ¿Quién certifica a los Estados Unidos de América en su lucha en contra del narcotráfico? ¿Quién va a certificar si Estados Unidos está haciendo lo suficiente en su propio territorio para combatir este cáncer? En otra ocasión dijimos en esta tribuna que no conocíamos, que no habíamos oído nunca de un golpe interno en Estados Unidos a las bandas organizadas en materia de narcotráfico.
Quizá muy poca gente sabe que más de la mitad de la mariguana que se consume en los Estados Unidos no viene de México, no viene de Pakistán, sino se cultiva en los propios Estados Unidos; en Tennessee, donde es originario el vicepresidente Al Gor en Kentucky, en California, en Hawai son los principales estados de la Unión Americana que producen mariguana y hay una gran cantidad de libros, en las librerías de los Estados Unidos donde dan información de cómo cultivar domésticamente la mariguana para su propio consumo.
Y decíamos también en aquella ocasión, que recientemente dos estados de los Estados Unidos de América acaban de legalizar el consumo de la mariguana para efectos medicinales.
Y, ¿cómo se filtra, cómo se introduce la droga a los Estados Unidos? ¿Cómo se procesa? ¿En qué laboratorios? ¿Cómo se corta y se multiplica la droga para sacar más beneficios? ¿Cómo se distribuye? ¿Como está perfectamente accesible?, por supuesto no económicamente, pero sí accesible a todo mundo que tenga los recursos suficientes para comprarla, en todas las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos de América.
¿Quién controla a estas organizaciones criminales?, ¿quién las protege?, ¿quién permite que cotidianamente envenenen a la juventud norteamericana?, ¿quién las auspicia.
Decía, el entonces procurador de los Estados Unidos de América, Robert Kennedy, que: "si la colusión entre las grandes bandas norteamericanas y funcionarios norteamericanos no existiera, el crimen organizado en los Estados Unidos, dijo Robert Kennedy, no me dura un día". Pero no lo podían extirpar y no lo han podido extirpar por la colusión que existe entre funcionarios norteamericanos de todos los niveles con el crimen organizado en los Estados Unidos.
Y hoy vemos en las calles de muchas ciudades norteamericanas, cómo hay organizaciones no gubernamentales que están exigiendo a los Estados Unidos de América, que aclaren cuál fue la intervención de la CIA en la distribución de crack en los Estados Unidos y cuál fue su intervención para que proliferara este producto nocivo y existe un libro que acaba de salir publicado con el nombre de Black panthers, se acuerdan ustedes de aquella organización de militantes de los años sesenta, donde uno de los ideólogos de aquellas organizaciones acusan al FBI de que para buscar la destrucción de ésta gran organización que se dio en los años sesenta, se aliaron con las mafias de la droga para que inundaran los ghettos norteamericanos donde estaba la fuerza y la base de los Black panthers y para destruirlos a base de la venta masiva de droga.
Y es sabido también, por una gran cantidad de personajes, que la droga impulsa en su cultivo, cuando menos la mariguana, en los años cuarenta y cincuenta, para que pudiera servir de estímulo a las fuerzas bélicas de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial y en la guerra de Corea. De tal manera que nosotros no hemos iniciado el problema.
En México, somos nosotros víctimas de este cáncer y en el caso de mí Estado, Baja California, sufrimos cotidiana, fundamentalmente en Tijuana, la violencia del narcotráfico, los asesinatos cotidianos, la sangre que corre, el temor de la sociedad; de tal manera que nosotros no somos culpables del tráfico de droga, sino somos una de sus tantas víctimas. Por eso rechazamos esta certificación que de manera unilateral, realiza el gobierno norteamericano.
Hace algunos días, a invitación personal que se me hiciera junto con otros legisladores, estuvimos en Washington. Platicamos con representantes del Congreso norteamericano y ahí les dijimos que si bien es cierto, que respetamos el derecho que tienen ellos en aplicar una ley porque es un ejercicio soberano interno, les decimos que es un acto que consideramos contrario a la cooperación internacional, que es un acto que consideramos no beneficia el combate al narcotráfico, porque nos conduce precisamente a una pérdida enorme de tiempo, porque estamos aquí discutiendo seriamente este acto unilateral, mientras deberíamos de estar buscando nuevas soluciones para hacer más eficaz los esfuerzos de los dos países en la lucha en contra de este cáncer social.
Por eso, por eso rechazamos esta certificación que de manera unilateral realiza el gobierno de los Estados Unidos y con base en estos argumentos, las cuatro fracciones representadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hacemos la siguiente
«DECLARACION POLITICA
Rechazamos que se pretenda juzgar desde el exterior a funcionarios, instituciones y personas, procediendo sin aportar elementos probatorios.
Condenamos las opiniones emitidas en el exterior, su manejo y difusión, inspirado en posiciones políticas que responden a intereses específicos y no al respeto recíproco que debe regir las relaciones de convivencia entre las naciones.
Hacemos un llamado a las autoridades estadounidenses, para que en caso de contar con información y pruebas que vinculen a autoridades mexicanas con acciones ilícitas, las proporcionen por los conductos diplomáticos y legales adecuados.
Reafirmamos el compromiso de México en el combate al narcotráfico, considerado siempre como fundamental para nuestro país y que asumimos como un mandato que impone la cooperación internacional, la salud pública y la seguridad interna de nuestro país.
Apoyamos el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal en contra del narcotráfico y las decisiones para depurar y consolidar a las instituciones encargadas de combatirlo.
Reiteramos nuestra condena a cualquier pretendido proceso de certificación, ya que es un acto unilateral que violenta abiertamente el orden internacional y que pretende vulnerar nuestra autodeterminación y responsabilidad soberana para afrontar el combate al narcotráfico.
Hacemos un llamado a las autoridades estadounidenses, para que se intensifiquen las medidas de cooperación en el combate a la producción y consumo de drogas y demás ilícitos conexos, siempre con respeto irrestricto a la soberanía de cada país.
Firman, los diputados por el Partido Acción Nacional: Ricardo García Cervantes, por el Partido Revolucionario Institucional, Juan José Osorio, por el Partido de la Revolución Democrática, Pedro Etienne y por el Partido del Trabajo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; senadores Amador Rodríguez Lozano y Rodolfo Becerril Straffon.»
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Debo empezar por aclarar que los grupos parlamentarios de Acción Nacional sólo suscribimos el punto de acuerdo leído por el senador Amador Rodríguez Lozano y no firmamos ninguna de otras aseveraciones, que lo ha hecho a nombre de su partido.
El narcotráfico, para entrar en materia, es un problema mundial, es la expresión más avanzada de la trasnacionalización de la delincuencia. Su poderío amenaza la soberanía, la seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional. Así lo confirman los pronunciamientos en la Organización de las Naciones Unidas, los cuales reconocen que la difusión global del uso de narcóticos ha provocado que se pierda la validez en la caracterización tradicional de países productores y consumidores, así como el debate estéril a que daba origen dicha concepción.
El narcotráfico destruye las reglas acordadas para la convivencia, socava los cimientos organizadores de las sociedades modernas y en efecto, es una epidemia capaz de minar, más que ninguna otra guerra, la estructura de valores que sostiene la gobernabilidad de los sistemas democráticos.
La producción actual de droga se cuenta en el mundo por cientos y miles de toneladas; son millones de dosis, cada una de las cuales encuentra un consumidor final en términos económicos. Se trata de una mercancía, cuya racionalidad es igual a la de cualquier producto integrado al mercado; es decir, su producción está siempre condicionada a la demanda, sólo si cambia la segunda, cambiará la primera.
Los informes internacionales reconocen altas tasas de adicción, tanto en naciones industrializadas como en los llamados países en vías de desarrollo. Si a esto sumamos que el entorno mundial es de liberalización y creciente interdependencia comercial y financiera, cualquier intento de control de narcóticos tiene retos adicionales de enorme magnitud, pero si se trata de intentos aislados, sin la colaboración recíproca internacional, el esfuerzo simplemente será estéril.
El enorme poder del negocio de las drogas ilícitas ha sido capaz de crear una verdadera red de interdependencia mundial, ágil y eficaz, cuyo éxito no sería posible sin la presencia de una gran red de complicidades, impunidad y corrupción, presente de igual forma tanto en la producción, el procesamiento y el tráfico, como en el consumo final del narcotráfico.
La capacidad de penetración del narcotráfico no tiene límites, los escándalos de corrupción relacionados con drogas han estado presentes en el mundo entero; sin embargo, en donde no se han alcanzado márgenes aceptables de fortaleza institucional, la red de complicidades ha llegado a cuestionar la viabilidad incluso de gobierno.
Si bien es cierto que el narcotráfico es al mismo tiempo un problema de seguridad pública y de seguridad nacional, su enfrentamiento sistemático debe darse en primera instancia a través de un trabajo científico, técnico y profesional de investigación y persecución de los delitos, privilegiando el empleo racional e inteligente de la información derivada de la indagación policial.
El recurso del empleo de las fuerzas armadas para combatir la criminalidad debe ser extraordinario. Es cierto, son instituciones que merecen el mayor respeto y admiración y cuya lealtad no se pone en duda, sin embargo, volvemos a insistirlo, no fueron creadas ni formadas para hacer labores ministeriales ni policiales de carácter civil, están para proteger la seguridad exterior e interior del Estado y tienen el deber de destruir al enemigo que intente vulnerarlas. Sus labores se enmarcan en un régimen jurídico particular, acorde a las necesidades propias de su desempeño.
Las técnicas policiales y militares son completamente distintas. Vale decir que las limitaciones de las primeras, por ejemplo, en lo que se refiere a los derechos humanos, no pueden ser privilegiadas en las segundas. Subyace a todo esto el riesgo latente de corrupción al que se ven sometidas las fuerzas armadas, al involucrarlas en forma permanente en el combate a la delincuencia organizada. Esta es una realidad y los riesgos ya están a la vista.
El instrumento creado para combatir la delincuencia en un estado democrático de derecho, en un estado garantista como el nuestro, no son los institutos armados. Bajo estos argumentos, es conveniente preguntarnos lo siguiente: ¿cuál debe ser y bajo qué condiciones específicas, la asignación de atribuciones institucionales para enfrentar en forma coordinada y corresponsable a la delincuencia organizada, privilegiando siempre a la autoridad civil.
Es imperativo llamar la atención sobre la necesidad de hacer a un lado la respuesta coyuntural, partiendo de que la única estrategia en verdad eficaz, tanto para luchar contra el narcotráfico como contra toda manifestación delictiva, es la estabilización de las políticas de estado en materia de seguridad pública, justicia y seguridad nacional. Llamar la atención sobre la necesidad de marginar la aplicación de la ley de cualquier consideración política. Esto es fundamental y se refiere no sólo al manejo político interno de acontecimientos como los recientes, sino a la manipulación política proveniente del exterior, expresada claramente en la certificación.
Con base en los datos concretos que arroja la circulación y consumo de droga en Estados Unidos, es evidente que dicho país no tiene autoridad alguna para erigirse en juez, en todo es parte del problema y corresponsable para solucionarlo.
Sería importante decir que no hay nación ni organización internacional alguna que pueda erigirse en acusadora en relación al narcotráfico, que las imputaciones hacia otro en vez de la autocrítica y la plena colaboración no hacen sino justamente demeritar sensiblemente las posibilidades de avanzar en dicha colaboración.
En suma, el proceso norteamericano de certificación no promueve, sino afecta la cooperación internacional.
En Acción Nacional creemos que el apoyo internacional es indispensable para el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico y rechazamos, categóricamente, la certificación de Estados Unidos, como lo hemos hecho en años anteriores.
Nosotros creemos en la cooperación de una soberanía a otra y no en el que alguien se erija en juez siendo parte del problema.
La colaboración binacional, por otro lado, contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos, alcanzó su mayor intensidad y su mayor nivel con la creación en 1996 del grupo de Contacto de Alto Nivel. Durante 1995 y 1996 fueron incontables las declaraciones de Estados Unidos en cuanto a reconocer los esfuerzos mexicanos, incluso se dijo que México era el país que más droga destruía en el mundo entero.
Reconoció también Estados Unidos, el esfuerzo legislativo de un nuevo marco jurídico para el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, concretamente por la ley que nosotros aprobamos contra la delincuencia organizada, y las reformas al Código Penal.
En realidad, la certificación no pone en duda los esfuerzos de México, ya que no lo puede hacer. Es un instrumento de manipulación política que disfraza la responsabilidad de Estados Unidos en el problema de las drogas.
Por esto y por las otras razones expresadas, los grupos parlamentarios de Acción Nacional, rechazan categóricamente la certificación de Estados Unidos al nuestro o a cualquier otro país, con la que evidentemente no estamos de acuerdo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Nos honra con su presencia en esta reunión de la Comisión Permanente, el señor senador por la Provincia de Columbia Británica del Canadá, senador Jack Austin. Bienvenido, señor.
Tiene la palabra, el diputado Pedro René Etienne Llano, sobre el mismo asunto.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, señor Presidente:
Para nosotros, cabe también hacer la aclaración, que hemos compartido la suscripción de un punto de acuerdo, pero no compartimos para nada las afirmaciones que están más motivadas por un espíritu partidista que por la objetividad que debe guardarse al examinar este asunto.
No meteríamos nosotros las manos a la lumbre por ninguno de los involucrados y que desgraciadamente los hechos casi siempre han confirmado que muchos de los involucrados sí tienen cola que les pisen.
Pero en el caso de la certificación y sobre todo en el caso de lo que consideramos nosotros una acción unilateral del gobierno norteamericano, para un problema que esencialmente es bilateral, sí hemos nosotros manifestado nuestro acuerdo para rechazar este procedimiento.
Hay que volverlo a decir y hay que insistir ante el cansancio, que el tráfico de drogas en esa magnitud que se da por nuestro país hacia los Estados Unidos, efectivamente que requiere un grado de complicidad de las autoridades responsables del combate al narcotráfico, pero que este fenómeno no termina en el Río Bravo o en cualquiera de nuestras fronteras con los Estados Unidos.
Para que pueda llegar hasta los lugares de consumo, para que pueda llegar hasta todas las ciudades norteamericanas, es necesario también la complicidad de quienes del otro lado son también responsables del combate al narcotráfico.
No puede pensarse que hay complicidad hasta la frontera y después, por acción milagrosa, llega a los lugares de consumo.
Lo mismo podríamos decir de todos los ilícitos conexos con esta actividad. El lavado de dinero proveniente del narcotráfico se da en ambos lados de la frontera.
Nosotros, como mexicanos, insistimos que no habría ninguna actividad de tránsito de drogas si no hubiera una demanda generada por los consumidores norteamericanos.
Por esa razón rechazamos las medidas unilaterales, porque además no resuelven un problema que, repito, esencialmente tiene un carácter bilateral.
Sin embargo, al darse este proceso y al renovarse acciones y presiones contra nuestro país, es importante también señalar que las condiciones planteadas por algunas autoridades norteamericanas, son inaceptables, son inadmisible, porque lesionan nuestra capacidad de tratar soberanamente este asunto tan delicado del combate a las drogas.
Me gustaría señalar algunas de estas condiciones y por principio de cuentas, reiterar los argumentos que hace una semana dimos también desde esta tribuna.
No es posible hoy asombrarnos de que se exija la extradición de narcotraficantes, cuando hace unos meses el Ejecutivo y la Procuraduría General de la República, aceptaron entregar por un procedimiento expedito al narcotraficante García Abrego.
En esa ocasión no se tomaron en cuenta los argumentos, cuando exigíamos que los delitos cometidos por García Abrego fueran juzgados por las autoridades mexicanas. Que estos ilícitos deberían de ser sometidos a los tribunales mexicanos y sobre todo que no cabría el argumento de esgrimir una acta de nacimiento, para evitar el ejercicio de un de las funciones esenciales de la soberanía de un estado: la función jurisdiccional, para perseguir y castigar los delitos cometidos en su propio territorio.
Se entregó a García Abrego y ahora siguiendo ese ejemplo, se pide la extradición de otros narcotraficantes.
Como lo dijimos en ese tiempo, hoy también lo sostenemos, los ilícitos cometidos por los narcotraficantes y las violaciones a las leyes penales de nuestro país, deben de ser juzgadas por nosotros, deben de ser sometidos a los tribunales y a la justicia mexicana.
Hoy también se reclama para el personal de la DEA inmunidad diplomática y aquí cabría señalar el contrasentido de exigir inmunidad, a quienes por las propias reglas que norman su actividad en el país, no realizan una actividad diplomática.
Y cabría preguntarnos por qué esta exigencia norteamericana, cuando las reglas que norman la actividad del personal de la DEA, si les dan inmunidad respecto a la jurisdicción civil, a la jurisdicción administrativa e incluso en el ejercicio de sus funciones, inmunidad respecto a la jurisdicción penal.
Pero es inadmisible otorgar inmunidad diplomática a un personal que de su yo no está realizando labores propias del cuerpo diplomático. Nosotros pensamos que esta exigencia debe ser rechazada y que debe de aplicarse la norma acordada entre ambos países, no unilateral, porque estas reglas cuentan con la aprobación de ambos países para el personal de la DEA que actúa en México.
También nos causa sorpresa que ahora se exija que este personal porte armas en el territorio nacional.
Y también cabría preguntarnos, si su labor es de información, si su labor es de inteligencia, ¿para qué exigir la aportación de armas?
¿Desde cuándo se requiere de las armas para la labor de inteligencia? Y aquí también habría que recordar los incidentes en la frontera, en los que se han visto involucrados agentes armados de dependencias norteamericanas y habría también qué precisar alguna información, porque en notas periodísticas se atribuye a que es el actual procurador el que revocó esta autorización, para que el personal de la DEA portara armas en el territorio nacional.
Si hubiera habido antes alguna autorización por parte de la Procuraduría General, habría también que insistir que esa autorización estaba violando las reglas que norman la actividad del personal de la DEA en México, porque de acuerdo con la regla A4 no deben de participar en enfrentamientos armados en persecución de narcotraficantes, sino deben de circunscribirse a las labores de información y de inteligencia.
Pero, compañeros, muchas de estas exigencias, encubren lo que en el fondo están planteando las autoridades americanas, que es el de ejercer funciones de vigilancia, funciones jurisdiccionales en el territorio nacional, que eso es absolutamente competencia exclusiva de las autoridades mexicanas y ha habido en el pasado concesiones en diversos tratos y acuerdos entre gobiernos, que después tenemos que lamentar por los efectos que llevan. Hoy, había también que decir con mucha claridad que no tenemos porqué caer en este juego de ahora buscar en forma solícita una certificación unilateral, y como trasciende ya en algunas informaciones periodísticas, diversos funcionarios mexicanos se están comprometiendo con autoridades norteamericanas para lograr esta certificación.
Nada menos el día de hoy se habla de acuerdos entre el actual Procurador y agencias norteamericanas, para dar solución a algunas de estas exigencias. A nosotros nos parece de entrada, que sería muy grave que incluso el Gobierno mexicano se metiera en esta trampa de cabildear en el Congreso de Estados Unidos para lograr una certificación unilateral. México debe de ejercer el combate al narcotráfico como una acción soberana, como un compromiso propio y evitar toda participación en un proceso de negociar la certificación del Congreso norteamericano.
Pensamos que el actual Procurador debe de ser claro y responder a este señalamiento que bajo juramento y en el Congreso norteamericano realizaron agencias responsables del combate al narcotráfico. Sería de una ligereza y una ingenuidad que se hubieran formulado este tipo de compromisos, y el actual Procurador debe de aclarar, no sólo ante la opinión pública, sino también ante el Congreso y ante la Cámara de Senadores hasta qué grado ha establecido en forma personal este tipo de compromisos.
El Presidente:
Un momento, señor diputado.
El senador Mario Vargas Aguiar (desde su curul):
Señor Presidente: ¿me permite el señor diputado una pregunta.
El Presidente:
¿Le permite una pregunta al señor senador.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Al terminar la intervención, con mucho gusto.
El Presidente:
Señor senador; al terminar la intervención. Continúe señor diputado.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Por esa razón, consideramos que no se debe caer en este juego de buscar el cabildeo, de buscar compromisos, de atender algunas de estas exigencias para lograr la certificación.
Nosotros consideramos que en todas estas exigencias, debe el Gobierno mexicano recordar siempre el principio de reciprocidad y no conceder algo en donde las autoridades norteamericanas no están también dispuestas a tener las mismas concesiones con nuestro país. Esta es una regla de la diplomacia que hoy más que nunca debe de mantener el Gobierno mexicano y, particularmente, quienes están involucrados en este proceso de negociación, de la famosa certificación. Más allá de los discursos, hoy hay que recordar que la soberanía nacional se defiende y se ejerce, en los hechos y con las políticas que aplique el Gobierno.
Por eso nos parece importante recodar que en materia de soberanía, las concesiones de grado tienen efectos a veces irremediables y quisiéramos por eso que el comunicado conjunto que hoy suscribimos las fracciones de todos los partidos que integramos este Congreso, sea enviada al Ejecutivo y sea enviada al Secretario de Relaciones Exteriores, para que pueda tomar en cuenta lo que es una expresión clara de voluntad política y para que tenga también en el momento de negociar con las autoridades norteamericanas, presente cuál es el sentir de los partidos representados en esta Comisión Permanente. Que no quede como una simple declaración para cubrir el expediente, que no quede ni siquiera como, una declaración para cubrir la nota periodística, sino que se dé el trámite para que este comunicado pueda ser hecho del conocimiento del Poder Ejecutivo, en particular, del Procurador General de la República y de manera especial, del Secretario de Relaciones Exteriores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, senador Vargas.
El senador Mario Vargas Aguiar (desde su curul):
Antes de formular la pregunta, quiero manifestar la simpatía nuestra, en relación con el planteamiento que ha hecho el compañero Pedro Etienne, y solamente a efecto de que no quede en la Asamblea y en los propios documentos que habrán de trasladarse a las instancias correspondientes, una nota periodística proveniente del exterior, que creo que en eso debemos de tener mucho cuidado para que también se aclaren y se den las versiones completas.
Solamente una pregunta muy sencilla, compañero diputado. Si usted conoce de la declaración, también periodística y de la negativa rotunda que el Procurador de Justicia de México ha hecho a las versiones periodísticas a las que usted hizo referencia ahorita, en el sentido de que se está planteando una cuestión ante las instancias estadounidenses y que esa nota periodística, a través de esos medios, el Procurador mismo ha negado rotundamente.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Sí, con mucho gusto, compañero senador.
Nosotros tenemos varias semanas, pero las últimas dos o tres, insistiendo mucho en diferenciar lo que son las versiones periodísticas de los hechos, que para nosotros son los que lesionan más a la soberanía del país.
Pero lo que sí son hechos que constan, es que estas afirmaciones de un funcionario norteamericano, sobre compromisos asumidos telefónicamente por el Procurador, se hicieron ante el Congreso, en una audiencia y bajo juramento. Sí me interesaría, por lo tanto, saber si el que está mintiendo es el funcionario norteamericano o quien está dando una verdad a medias es el Procurador General de la República. En cualquiera de los casos, creo que es grave y creo que están inscritos en esta trampa de la cual el Gobierno debe salir. La trampa de buscar en forma obsequiosa una certificación unilateral que nuestro país no debe de requerir para el combate al narcotráfico. Por eso yo insisto en que el Procurador General debe precisar la información ante los miembros del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Justo en vísperas de que el gobierno de los Estados Unidos se arrogue una vez más la atribución de otorgar calificaciones y aun de repartir culpas y exoneraciones a la actuación de los gobiernos de otras naciones en materia de combate al narcotráfico, han emergido dentro y fuera de nuestras fronteras, nuevos escándalos que involucran a altas personalidades de la política nacional y aun de los mandos militares, con la corrupción derivada de este terrible flagelo de nuestro tiempo.
Así, a las sorprendentes revelaciones a las que han conducido las investigaciones conducidas por autoridades mexicanas y que han inculpado nada menos que al general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, como encubridor y cómplice de una de las bandas más poderosas del narcotráfico, se han venido a agregar las denuncias provenientes de la prensa estadounidense, donde se señala a dos gobernadores mexicanos como presuntos involucrados en estas ilícitas actividades.
Es un hecho que sin prejuzgar hasta dónde podrían llegar las investigaciones ni acerca de la posible implicación de otros funcionarios en la narcocorrupción, es un hecho que nuestro país está pagando un costo, incluso, elevado en recursos materiales, humanos y políticos en la guerra contra este tipo de delincuencia organizada y poderosa y sólo con un exceso de ingenuidad podría no verse la relación directa entre las supuestas revelaciones de la prensa norteamericana, la postura de algunos sectores del gobierno estadounidense y el proceso en curso por el cual se atorgará o no el reconocimiento a la lucha antinarcóticos, efectuada por otros países.
El narcotráfico es, en principio, un cáncer que corroe a las sociedades y disuelve los valores y mecanismos de convivencia familiar y comunitaria en que se funda la nación. Pero más aún, en la actualidad el narcotráfico ha cobrado dimensiones que atentan directamente contra las instituciones del Estado y la seguridad nacional. Reviste, por lo tanto, el carácter de un problema que debe ser atendido, sin ninguna duda, de manera prioritaria.
No hay región económicamente importante del planeta en la que no opere una red de miles de millones de dólares, mafias, corrupción, violencia y muerte vinculada a la narcodelincuencia. Nadie duda que los mismos Estados Unidos, primer país consumidor de enervantes en el mundo, son la sede de muchas de las más importantes organizaciones de tráfico de drogas y es en este contexto que los Estados Unidos vienen a adoptar la posición de tribunal incuestionable que se adjudica la calificación sobre las acciones de los diferentes países en materia de combate al narcotráfico.
Esta postura además de arrogante, es incongruente. El problema de fondo en relación con el narcotráfico radica fundamentalmente en el consumo, y los Estados Unidos son el principal centro consumidor de estupefacientes en el mundo. Sin embargo, su política consiste en reforzar el combate a la producción y distribución de drogas en el exterior, mientras se desatiende del consumo al interior de sus fronteras.
Esta situación debe cambiar radicalmente, de lo contrario no habrá recursos, ejércitos ni policías suficientes para acabar con el narcotráfico. Las altas esferas del gobierno y los cuerpos judiciales registran una amplia penetración de las mafias que trafican estupefacientes.
Por estas razones, México en su relación con los Estados Unidos debe propiciar un giro importante en el tratamiento del problema. Debe impedir, con firmeza, las presiones del vecino país y exigirle que antes de ofrecer certificaciones sobre la acción de otros gobiernos, del nuestro en particular, ataque de fondo el consumo de estupefacientes y la corrupción social que existe dentro de sus fronteras e instituciones.
El combate al narcotráfico debe mantenerse y aún incrementarse en el marco de la cooperación internacional, pero atendiendo cada uno de los aspectos específicos que se presentan.
México es, fundamentalmente, país de tránsito de los circuitos del narcotráfico. Estados Unidos es gran centro consumidor y sede financiera de este gran negocio. Esta cooperación debe ser desarrollada, pero preservando sin concesiones la soberanía de cada país.
Por otra parte, en lo que toca a los países en desarrollo, el combate al narcotráfico y consumo de estupefacientes siempre será insuficiente si se limita a las áreas judiciales, militares y financieras.
Es indispensable atacar estos problemas recurriendo a los dos elementos más valiosos de las sociedades modernas: la educación y la información. Educar e informar con recursos, calidad y oportunidad suficientes para edificar sociedades sanas. A esto hay que añadir la necesidad de ofrecer oportunidades de vida digna, lo cual implica modelos de desarrollo radicalmente distintos al modelo neoliberal.
Sólo tendremos posibilidades de éxito en el combate al consumo y tráfico de estupefacientes, ofreciendo a la población empleos, ingresos dignos, cultura, actividades deportivas y de manera especial canales de participación para atender los problemas sociales.
Por último, ante la evidente penetración del narco en los órganos encargados de combatirlo, es urgente la completa reforma y reestructuración de los mismos, así como la discusión de mecanismos eficientes para su combate.
Pero esta reforma y reestructuración sólo tendrá éxito si en ella participa activamente la sociedad mexicana y no sólo permanece expectante y pasiva a lo que el Gobierno determine, cuando entre los mexicanos existe gran desconfianza e incertidumbre por cómo precisamente las autoridades han conducido la lucha contra el narcotráfico y los resultados obtenidos.
Por ello y para responder a las exigencias de los mexicanos, proponemos que el Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Justicia, Defensa, Gobernación y Puntos Constitucionales y la Especial de Participación Ciudadana, convoquen a la mayor brevedad a una gran consulta nacional sobre el combate al narcotráfico, que permita a los mexicanos en conjunto buscar soluciones para su pronta erradicación.
Por todo ello, el Partido del Trabajo se permite proponer el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se manifiestan por que el Congreso de la Unión convoque a una gran consulta nacional sobre el combate al narcotráfico a la brevedad posible.
Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 1997.»
El Presidente:
Por los conductos legales, túrnese la declaración política suscrita por los cuatro grupos parlamentarios, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República.
VERSIONES PERIODISTICAS
El Presidente:
Tiene la palabra sobre versiones periodísticas recientes, el diputado Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
He solicitado la palabra bajo la asignación genérica del tema de versiones periodísticas. Eventualmente tendrá alguna relación con lo hasta ahora comentado en función de versiones periodísticas vinculadas con investigaciones o con escándalos propios del narcotráfico; sin embargo, quiero señalar que pretendo hacer un análisis, un recorrido sobre el impacto político y las consecuencias anímicas nacionales de lo que se genera a través de los medios de comunicación.
Si me permiten iniciaría dando un marco jurídico y conceptual pertinente al primer análisis que quiero compartir con ustedes.
Al margen de un sello del Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; a sus habitantes sabed: que el honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
En lo conducente al Código Penal, en el artículo 177 de este decreto reza:
"Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días-multa.
Artículo 211-Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otra información o imágenes obtenidas de una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días-multa.
Artículo 50-Bis del Código de Procedimientos. En Materia Federal la autorización para investigar, para intervenir las comunicaciones privadas será otorgada de conformidad con la Ley Federal en Materia de Delincuencia Organizada."
Si mantenemos en la mente este referente normativo, estos tipos legales, esta tipificación de delitos podemos enfrentar las versiones periodísticas que revelaron un supuesto espionaje telefónico al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, el día 24 de los corrientes, encontramos en la prensa nacional un nuevo caso de espionaje telefónico en México, el afectado en esta ocasión sería José Vicente Aguinaco Alemán, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la redacción de La Jornada llegó una cinta con el contenido de presuntas conversaciones que sostendrían Aguinaco Alemán y su hijo Fabián Aguinaco Bravo, abogado litigante. En los diálogos se registraría, entre otros temas, cómo el Presidente de la Corte recibiría sugerencias de su hijo sobre posibles cambios al interior del máximo Tribunal de Justicia y de la integración del Consejo de la Judicatura Federal. Durante las conversaciones grabadas, copias de las cuales fueron entregadas vía paquetería a los 11 ministros, 52 magistrados y 22 jueces, según confirmación de fuentes extraoficiales. Aguinaco Alemán y su hijo hablarían del nombramiento del reciente integrante del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que sería recibido con beneplácito por los dos personajes.
Según la cinta, en esta designación Aguinaco Alemán, tendría una mayoría en su favor al interior del consejo que él mismo preside y que es el encargado de vigilar la administración, carrera judicial y nombramiento de los integrantes del Poder Judicial Federal. De acuerdo con el contenido de la cinta, las grabaciones se habían hecho cuando el presidente de la Corte haría llamadas al despacho de su hijo. El día 25 de febrero, el presidente de la Corte aclara que el teléfono intervenido es de su hijo y no de la Corte, dice, las pláticas fueron editadas y sacadas de contexto, se señala al mismo medio.
El presidente del máximo Tribunal de Justicia del país, abordó también el tema de las grabaciones de las conversaciones que sostuvo con su hijo; al respecto, reconoció que efectivamente hubo tales conversaciones, pero aclaró que la forma en que están presentadas en la cinta que se han distribuido como pan caliente en el medio Judicial Federal, implica que fueron recortadas y editadas, lo que le dio a sus palabras un sentido fuera de contexto. Asimismo, precisó que no entablará demanda judicial alguna, y lo cito, porque no tiene caso, aunque advirtió que sí tomará sus precauciones para evitar ese tipo de sorpresas, toda vez que tiene la certeza de que la grabación de estas pláticas no se originó en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al término de la entrevista reseñada en este medio, se le hace una pregunta al presidente del máximo Tribunal de Justicia de este país. ¿Qué es lo que aporta la Corte al Poder Judicial Federal, para fortalecer esta situación?, refiriéndose al fortalecimiento del Poder Judicial.
Responde el presidente de la Corte: "pues yo creo que inspirar confianza a toda la nación de que se está aplicando el derecho, por encima de cualquier circunstancia el derecho es el que nos está rigiendo y nos preocupamos aquí en la Corte de que nuestras decisiones sean apegadas a lo que dice la Constitución y las leyes".
Si esto es lo que quiere aportar el presidente de la Corte: inspirar confianza a la nación de que se está aplicando el derecho, pero antes dice que no va a entablar demanda judicial alguna porque no tiene caso, ¿qué le dice el presidente de la Corte a Juan Pueblo?, que presente sus denuncias de robo, de violación, de interferencia a comunicaciones privadas, no. El presidente de la Corte que quiere generar confianza a la nación de que sus actos están apegados a derecho y para inspirar confianza en el estado de derecho dice que no presentará denuncia porque no tiene caso.
Este mensaje debe entenderlo la alcaldesa de Tlalnepantla, que también, según los medios de comunicación, el 22 de febrero denunció la localización de un sistema o de una red de espionaje en el Palacio Municipal de Tlalnepantla. Si no tiene caso proteger la investidura, la función y la vida privada del titular de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué caso tendrá entonces proteger de un espionaje, pues, a una simple alcaldesa, a un cabildo o a las instalaciones de una simple presidencia municipal.
Mantengan por favor en el ánimo y en la memoria esta referencia sobre las interferencias telefónicas y la filtración tipificada como delito pero que el presidente de la Corte desdeña, minimiza, reduce y elimina en su importancia.
Compañeras y compañeros legisladores: "En los últimos días, declaraciones y documentos publicados en la prensa nacional han generado una delicada situación que debemos analizar", -dijo el senador Amador Rodríguez Lozano- afirmación que comparto plenamente.
En los últimos días declaraciones y documentos publicados en la prensa nacional, han generado una delicada situación que debemos analizar.
Por la validez de los conceptos vertidos en la sesión de la Comisión Permanente próxima pasada, por nuestro compañero, el senador Amador Rodríguez Lozano, me permitiré hacer algunas citas pertinentes. En su intervención dice, cito: "el contenido de lo difundido pretende dañar la imagen pública de algunos personajes de la vida pública nacional". Comparto y estoy seguro compartimos todos esta aseveración.
Cito: "el escándalo informativo ha enturbiado el clima político de nuestro país y se ha hecho con base en declaraciones ligeras e irresponsables de personas de dudosa calidad moral y credibilidad". La filtración de comunicaciones y de documentación me parece que corresponde a esta clasificación que hace el senador Amador Rodríguez Lozano de irresponsables, de ligeras y por su procedencia ilegal e ilegítima, seguramente compartimos que son de dudosa calidad moral y credibilidad, por lo tanto, por el origen ilegítimo e ilegal, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia es beneficiario de la duda de que sus conversaciones fueron editadas, fueron amañadas, fueron construidas y fueron difundidas con el propósito de dañar, como dice el senador Rodríguez Lozano, la imagen pública de algunos personajes de la vida pública nacional.
Quiero citar al senador Amador Rodríguez Lozano: "a pesar de la gravedad del contenido, él se refería ciertamente a otras, pero es el análisis que quiero compartir, a pesar de la gravedad del contenido, las publicaciones no han reparado en darlas a conocer fuera de contexto, sin matizar o poner en guardia a la sociedad sobre lo endeble de sus fuentes".
Cuando el senador Rodríguez Lozano, aquí presente, y por fortuna me podrá en su caso corregir si equivoco la interpretación de la palabra "las publicaciones no han reparado, quiere referirse, según entiendo, los medios que hacen estas publicaciones, no han reparado en darlas a conocer fuera de contexto, sin matizar o poner en guardia a la sociedad sobre lo endeble de sus fuentes".
Continúo en la cita: "todo eso nos lleva a reflexionar sobre los acontecimientos que se han sucedido en los últimos meses; cómo vamos de un escándalo a otro, cómo se publican informaciones sin sustento, sin la más mínima responsabilidad, cómo se propalan acusaciones y amenazas de manera impune. Esto no puede continuar. Hemos llegado a extremos grotescos que perjudican al país y a los mexicanos. Debemos hacer una pausa y dejar bien claros los principios básicos en el actuar social que todos padecemos haber olvidado.
En un estado de derecho que se precie de serlo, toda acusación debe estar sustentada en pruebas. El hecho de presentar o difundir una información que incrimine a una persona sin el sustento legal necesario, es un delito que daña no sólo a las personas, sino también y de manera irresponsable la base misma de la convivencia social". Ahí termino la cita de conceptos a mi juicio impecables y por lo mismo atendibles y por mi parte con una alta valoración de lo expresado por nuestro compañero el senador Amador Rodríguez Lozano.
Seguiré planteando, a guisa de ejemplos y para ilustrar esta reflexión, algunas versiones periodísticas:
"Detienen a un hermano del ex diputado del PAN, Jacinto Jesús Gómez Mont, hermano de Fernando Gómez Mont, ex diputado federal panista y actual abogado del ex procurador Antonio Lozano Gracia, fue detenido ayer por las autoridades policiacas judiciales de Morelos y del Distrito Federal, acusado de defraudar a 54 habitantes del poblado de Tlaltizapán. Las primeras informaciones sobre la aprehensión, concretada en la capital del país, surgieron de la dirección de comunicación social del gobierno de Morelos, donde alrededor de las 14 horas tuvo lugar una rueda de prensa, encabezada por el subprocurador de la zona sur poniente, Fernando Blumenkron Escobar.
En la conferencia el funcionario morelense indicó que de acuerdo con la averiguación previa TL122/9601, iniciada por un grupo de ancianos y pensionados, Jacinto Jesús Gómez Mont, hijo de un connotado panista cercano a Diego Fernández de Cevallos, robó 1 millón 125 mil pesos por la supuesta compra de predios."
En conferencia de prensa difundida y promovida por la comunicación social de un gobierno estatal, hubo de generarse de manera necesaria y obligatoria una aclaración y al día siguiente, el 25 de febrero, cuando la cabeza del diario que he referido, en la nota de la detención del hermano del ex diputado del PAN, utiliza letras de cuando menos 32 puntos, probablemente esté equivocado, no sé esto de los puntos, pero es una letra grande, luego viene en una que aproximadamente llegará a 10 puntos, hace aclaración: Por medio de la presente respetuosamente protesto por lo falso contra el contenido de una nota suscrita en la edición.
"Uno. El señor Jacinto Gómez Mont Avalos no es mi hermano, es mi primo, a quien no frecuento desde hace muchos años, aun cuando guardo por él gran afecto.
Dos. El padre de Jacinto, es decir, don Francisco Gómez Mont, fue un connotado médico especialista en Endocrinología, quien murió hace hace 29 años y quien hasta donde yo recuerdo, no fue activista político o amigo de don Diego Fernández de Cevallos, como lo sugiere dicha nota.
Tres. No soy abogado personal de don Fernando Antonio Lozano Gracia, ni en ningún momento me ha solicitado mis servicios profesionales para asesorarlo.
La inserción de mi fotografía en la nota en relación a un asunto que me es completamente ajeno y las falsas aseveraciones que se aclaran en los incisos anteriores, implican una actitud amarillista que no está a la altura de la ética profesional de un periódico." Mantengamos esta referencia también, en la mente y en el ánimo de esta reflexión. Si me permiten, voy a presentar una nota biográfica de un personaje que puede llegar a ser relevante en las consideraciones mismas de nuestro compañero, el senador Amador Rodríguez Lozano, nota biográfica de Paul de Gala, asesor del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, durante su campaña de 1992 y 1996.
En los inicios de su carrera se formó bajo la sombre de Dick Gethat, influyente congresista americano. Después de graduarse en la Universidad del Estado de Texas se asoció en 1989 con James Carbil y formó la firma consultora política Carbil y Begala, especializada en estrategia y diseño de mensajes, a través de la cual dio servicio a varios candidatos demócratas y republicanos.
El mayor éxito de Begala y su empresa fue sin duda la elección presidencial de Clinton de 1992. Después de promover a varios congresistas y gobernadores, Carbil y Begala fueron llamados por el candidato presidencial al inicio de su campaña.
De entre sus logros se encuentra la efectiva estrategia aplicada por estos consultores, no a favor de su cliente, sino contra la popularidad de Ross Perot, principal opositor en Texas, meses antes del debate que este candidato independiente sostendría con el actual presidente norteamericano.
Para este triunfo en la campaña, el socio de Begala, James Carbil, fue nombrado el jefe de la compañía del año, por la Asociación Americana de Consultores Políticos.
El equipo destacó en el intenso trabajo desarrollado en el llamado Cuarto de Guerra de BillRock, Arkansas, desde donde manejaron la campaña.
Aunque la empresa se disolvió, Begala volvió a colaborar con Clinton en su campaña para la reelección de 1996, aunque de manera informal.
Debido a la conformación de un congreso opositor, el republicano Clinton se vio obligado a cambiar su imagen y estilo político, razón por la cual sustituyó su equipo original de consultores.
Actualmente Begala escribe artículos para la revista George Magazin y aparece ocasionalmente en programas de opinión televisados.
La última empresa de consultoría para la que Paul Begala ha trabajado, se llama Public Strategy, tiene su sede en la ciudad de Austin, Texas, y opera bajo el mando de Jack L. Martin.
Una primera conclusión: ¿qué tanto de la campaña de filtraciones, de acusaciones, de señalamientos, a instituciones y funcionarios mexicanos, pueda formar parte de esta técnica norteamericana de generar imágenes, de generar climas propicios para obtener ulteriores beneficios y propósitos.
Es claro que en la referencia bibliográfica obtenida por Internet, es pública, Paul Begala y los consultores, pueden dedicarse a generar una imagen positiva o también a generar una imagen negativa.
Se refiere en los artículos especializados que uno de los éxitos de estos consultores fue precisamente crear en el Estado, en donde el candidato independiente tendría más fuerza y vigor, frente a Clinton, una campaña contra su imagen, una campaña de desprestigio y descalificación perfectamente articulada por estos expertos.
Esta es una conclusión válida y de la cual me hago personalmente responsable. Pero puedo obtener otras y es en donde inicia también el fondo de esta reflexión.
En una publicación, el miércoles 12 de febrero, en el Diario del Norte, se da a conocer que Paul Begala es un hacedor de imagen y a la vez un estratega político, combinado con mercadotecnista y publicista.
Paul Begala fue contratado por el PRI, para que lo asesorara en las próximas campañas políticas, sobre todo la del Distrito Federal.
La estrategia de Begala, su implementación y su autor, me parece que por esta nota pueden quedar al descubierto.
Paul Begala usa como argumento en su diseño estratégico, mercadotécnico y propagandista, un argumento contenido en su artículo en la revista George Magazin, de octubre noviembre de 1995, en donde finca la estrategia de mercadotecnia y de estrategia política en una máxima que dice, como decimos en México y en español, se dice: "calumnia que algo queda; que lo mejores enemigo de lo bueno".
Calumnia ahora que la verdad, si es que se sabe, cuando se sepa será poco importante.
El subprocurador Milkon, en conferencia de prensa convocada por la comunicación social de un Gobierno, de un Estado, sin tomarse la responsabilidad de investigar, ofrece a la prensa información mentirosa, politiza un juicio penal, convirtiendo el caso de Jacinto Gómez Mont Avalos, como parte de una campaña de desprestigio contra Acción Nacional, en un acto de irresponsabilidad e injusticia que afecta al mismo proceso de procuración y administración de justicia, siendo que Gómez Mont Avalos nunca ha sido panista.
Todos nosotros lo vimos en los periódicos y en la televisión, al tiempo que se vinculaba como hermano de un ex diputado panista, hijo de uno connotado panista, amigo de Diego Fernández de Cevallos, hermano de Gómez Mont, el abogado del procurador y todos estos hechos tuvieron que ser desmentidos, porque son falsos, porque son calumniosos, porque son mentirosos, pero porque son estratégicos, porque están acordados, porque están pretendidos, porque están incluidos en una estrategia de descalificación, de calumnia, que bien ha analizado en sus efectos el senador Amador Rodríguez Lozano.
No pega sólo al hombre, no pega sólo al partido, le pega a la política, a la política nacional, a la nación misma, el establecer como propias prácticas que no lo son.
Este tipo de situaciones de información, de verdades a medias, que tanto hieren y lastiman y aquí hemos visto como reaccionan y defienden los priístas, es propia probablemente de una idiosincrasia y de una estrategia válida en otras latitudes, pero entonces, ¿porqué se adopta y por qué se sigue.
Podríamos decir que fue un error periodístico, que son gajes del oficio. La verdad estas notas de Gómez Mont fueron un simple error, es una confusión por los apellidos, pero lo hace en el momento en el que el PAN, va adelante en las encuestas para ganar la alcaldía de Cuernavaca.
El subprocurador Blumekron actúa en la estrategia diseñada por Begala para el PRI, el subprocurador Bulmekron interfiere mal intencionadamente en un proceso que afecta severamente la impartición de justicia.
El subprocurador Blumekron miente, por ello el Partido Acción Nacional lo denuncia como difamador y deberemos como partido proceder conforme a la ley y exigir las rectificaciones y las sanciones conducentes.
Si fuera un error, producto del nombre, de la inexperiencia. Si fuera una equivocación como a la que todos estamos sujetos y proclives, pues no debería de tener tanta importancia ni yo dedicarle tanto tiempo, pero no es un error.
A los medios de comunicación tenemos que convocarlos a no permitir sean utilizados. En primer lugar, les pedimos verifiquen la información que les es dada, en este caso carente de verdad y con una carga manipuladora que afecta a un partido, pero también invade con un manejo intencional político, lo que sólo debería ser tarea de procurar y administrar justicia.
Hoy por hoy podemos decir, que los medios han sido utilizados para difamar en algunos casos ellos mismos magnifican los datos, uniéndose a esta campaña de descalificación mal intencionada.
Las imágenes proporcionadas a los medios televisivos, todos vimos en 24 Horas a Jacobo Zabludovsky, presentar a un individuo al que se le tomaban los datos de su ficha, diciendo que era hermano de Fernando Gómez Mont, abogado de Antonio Lozano, hijo de un prominente panista, amigo de Diego Fernández de Cevallos.
Sabemos también de las presiones a las que someten a los medios de comunicación. Tenemos el caso del periódico de El Universal. Justo es hablar de un tema que evidencia la clara intromisión de criterios de ciertos sectores del gobierno al ejercer actos de intimidación contra un medio de comunicación.
Habiendo el cuarto tribunal unitario del I distrito resuelto a favor de José Francisco Ealy Ortiz, un recurso de apelación interpuesto por sus abogados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, insiste en culpar al empresario de la información por defraudación fiscal.
El licenciado Ealy Ortiz, en todo momento, cuando menos públicamente se ha pronunciado en el sentido de que está dispuesto a pagar los adeudos, pero las autoridades insisten en hacer de esta querella un acto de exagerado interés público, en una evidente acción de intimidación. Sabido es que El Universal fue, en su momento, pionero en la apertura de medios a la pluralidad de las ideas políticas. Hoy, quizá mediante un juicio se intenta obligar a este periódico a modificar su línea editorial, eso atenta contra la libertad de expresión y, por lo tanto, el PAN se manifiesta contra todo acto de intimidación, pero en este caso especialmente, ya que afecta el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados.
Terminaría esta reflexión sobre los medios de comunicación con una máxima del periodismo inglés que reza: "los comentarios son libres; pero el respeto a la veracidad de los hechos es sagrado".
Qué evidencias puedo presentar para señalar que no fue un error, que no fue un desliz, que no es un caso aislado de equivocación periodística la consistente, permanente y bien diseñada campaña de difamación, de descalificación muy propia de la estrategia de Begala, que el PRI y sus gobiernos desde las autoridades federales hasta las autoridades estatales y municipales, están realizando en contra del Partido Acción Nacional. Se lee en las notas periodísticas también a 28 puntos: "Torreón, campaña para retirar revistas y carteles provocativos", en el afán de crear el estereotipo de una moral cerrada y de una mojigatería inadecuada a la modernidad de la sociedad, diciendo: "las autoridades municipales panistas, basándose en el Código municipal y el bando de policía y buen gobierno, iniciaron una campaña para retirar de establecimientos públicos, revistas y carteles que sean considerados como provocativos o alteren contra el pudor público. Además se retiraron de muebles exhibidores, cintas clasificadas como "tres equis" para evitar que estén al alcance de menores de 18 años. Algunos estanquillos de periódicos y revistas recibieron sanciones administrativas por parte de la Dirección de Salud y Asistencia Social del municipio de Torreón".
Igualmente, en una cabeza de 28 puntos se hace menester una aclaración de apenas 10 ó 12 puntos. "Aclara el edil de Torreón, que no hay campaña contra ofensa al pudor. El día 24 de febrero del presente, en la primera plana y en la página 17 del diario que usted dirige, deseo aclarar lo siguiente: que es falso que el cabildo panista que presido haya ordenado retirar material ofensivo al pudor.
2. Que es totalmente falso que se haya iniciado una campaña para retirar de establecimientos públicos, revistas y carteles que sean considerados como provocativos o alteren contra el pudor público, como también lo es que hubiera ordenado retirar de muebles exhibidores, cintas.
3. El ayuntamiento de Torreón no ha sancionado a ningún establecimiento dedicado a la venta de revistas ni de videos. Hace unos días un inspector de la dirección de salud pública municipal, levantó un acta en un puesto de periódicos por encontrar que se estaban exhibiendo revistas clasificadas como pornográficas, contraviniendo reglamentos en la materia, que exigen que estén exhibidas dentro de una envoltura.
Ni siquiera es de manera exclusiva una normatividad municipal, si no obedece a una ley y a una reglamentación también federal.
Pero así será la necesidad de estar aclarando y rectificando; así tendrá que ser, porque es la campaña que le diseñó al PRI el mismo que seguramente está orientando también al gobierno norteamericano a desacreditar las instancias y las instituciones nacionales, para ver si en mejores condiciones de obtener sus pretensiones, de hacer que las autoridades mexicanas, abdicando de su soberanía y de sus facultades permitan las pretensiones del gobierno norteamericano.
Pero también ustedes habrán de hacerse responsables de lo que el propio senador Amador Rodríguez Lozano ha establecido; de la destrucción del tejido social, de las bases mismas de la convivencia social. Puedo señalar múltiples, más variados elementos, pero estoy seguro que habrá oportunidad de continuar. Por ejemplo, la conferencia de prensa a la que convocan los diputados del PRI encabezados por Rosario Guerra, para decir que García Villa recibió 100 mil dólares del gobierno de Guanajuato; García Villa hubo de aclarar que no recibió un dólar; que recibió 15 mil pesos mensuales contra la entrega de un recibo de honorarios por la prestación de un servicio contratado; y también hubo de aclarar que nunca estuvo a su disposición aeronave alguna y que si bien es cierto para la prestación de ese servicio contratado y consignado en un contrato de prestación de servicios profesionales por el cual obtenía el pago debido, justo y legal de 15 mil pesos mensuales, hubo de trabajar el tiempo extraordinario y para lograr hacerlo, también hubo de aceptar las facilidades que quienes lo habían contratado le ofrecían.
Pero si ésta será la campaña, ésta será, éste es el contexto de la evaluación pública que hace el PRI de la actuación de Lozano Gracia; ¿si esta es la campaña que les diseña De Gala? y los consultores norteamericanos que también le diseñan a los propios norteamericanos la campaña en contra de México, asuman ustedes las consecuencias porque México no es Estados Unidos y México no merece estas estrategias y esta moral a la que ustedes lo quieren llevar.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, sobre el mismo tema, la diputada Ana Lilia Cepeda de León, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:
Voy a referirme también a versiones periodísticas, a escándalos en la prensa nacional e internacional; voy a referirme a versiones periodísticas ligadas al Estado de Morelos; pero no sobre el lamentable caso que planteó aquí hace algunos momentos el diputado Ricardo García Cervantes.
Voy a abordar el tema polémico y difícil sobre la relación entre el narcotráfico y determinados grupos políticos en nuestro país; y a las versiones periodísticas a las que hizo mención el senador Amador Rodríguez Lozano.
Las nuevas revelaciones efectuadas por prestigiados medios de comunicación nacionales e internacionales, así como la denuncia de que el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, es socio del gran capo de la droga Amado Carrillo, han causado gran conmoción y preocupación en nuestro país y han reabierto el debate, del cual no puede ser ajeno esta Comisión Permanente.
Primero. Lo primero que se necesita dejar en claro, es que los vínculos de funcionarios del Gobierno con narcotraficantes no es, por desgracia, un asunto nuevo.
Segundo. Que para encararlo y resolver se necesita firmeza, decisión y sobre todo abandonar la hipocresía.
Separar las presiones norteamericanas para enfrentarlo de manera soberana, terminando con la protección que muchas veces se brinda, desde posiciones oficiales, al tráfico de drogas.
No va a resultar fácil, máxime que en estos días se deja sentir el peso de la injerencia del gobierno norteamericano en las decisiones que competen, en exclusiva, a nuestro país. Pero pecaríamos de ingenuas y de ingenuos si creyéramos que estas presiones son inéditas y aún más si ignoráramos que la intromisión del gobierno norteamericano, de sus agencias de espionaje o de combate a las drogas ha contado con una débil y sumisa política exterior aplicada por los tres últimos gobiernos federales.
¿Qué nos sorprende entonces ahora? Si aún está fresco y aquí se ha mencionado con anterioridad el caso del narcotraficante Juan García Abrego, cuya apresurada entrega a las autoridades norteamericanas impidió la aplicación de la justicia mexicana. En esa ocasión, también existió un fuerte acoso estadounidense y la respuesta del Gobierno mexicano fue la de entregar, como prenda, al jefe del denominado cártel del golfo.
No nos asombremos entonces ahora de las exigencias de Estados Unidos, de que Estados Unidos busque nuevas entregas, más aún cuando ya hay un lamentable antecedente marcado por la debilidad del actual Gobierno en el país.
Por eso creo que esta soberanía tiene que pronunciarse rechazando cualquier tipo de certificación o calificación del gobierno estadounidense hacia nuestro país, pero también, con igual fuerza, debemos demandar una política exterior soberana y un decidido combate a las complicidades y asociaciones entre funcionarios gubernamentales y los traficantes de drogas.
Y aquí quiero referirme al caso del Estado de Morelos, particularmente al papel del gobernador Carrillo Olea, quien se encuentra en el centro de una grave polémica que tiene grandes vínculos con la salud de la nación.
Un día antes de la publicación del reportaje del New York Times, el propio Jorge Carrillo señaló a la prensa que él no protege al llamado "señor de los cielos".
Extraña actitud del general, que emite esa declaración cuando ha tenido oídos sordos a denuncias de la prensa nacional, a denuncias de ciudadanos y también a denuncias que se hicieron en esta misma tribuna hace algunas semanas.
Ahora, cuando hay un verdadero escándalo desatado por el diario norteamericano, Carrillo Olea hace acusaciones contra la CIA y la DEA, calificándolas "como eternos enemigos del interés nacional y como las fuentes confiables del New York Times en que basaron su denuncia".
En su momento, cuando él fue director de Seguridad Nacional, tuvo relación con sus homólogos en ambas agencias estadounidenses. En esos años, el hoy gobernador de Morelos, jamás enjuició de tal manera a esas dependencias y por el contrario colaboró estrechamente con ellas.
Carrillo Olea ha declarado de manera reiterada, y lo cito textualmente: "que en 42 años de servicio no he cometido ningún acto del cual tuviera yo que arrepentirme o avergonzarme", hasta aquí la cita. Bien valdría la pena preguntar si tampoco se arrepiente de haber colaborado estrechamente con los que él hoy llama "eternos enemigos del interés nacional".
¡Jorge Carrillo fue encargado de Seguridad Nacional primero y después coordinador del Combate al Narcotráfico durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari:
Dejando de lado cualquier subjetividad o especulación, lo cierto es que en esos años crecieron y se desarrollaron los grupos de narcotraficantes que ahora se quieren combatir. ¡Si el gobernador de Morelos tiene la conciencia tranquila, como afirma, debería solicitar licencia a su cargo como titular del Ejecutivo estatal!, ponerse a disposición de las autoridades federales y ser sujeto de una investigación completa.
De ser exonerado, de comprobarse la inocencia que él alega, se reintegraría con una gran credibilidad a su cargo y podría, con todos los elementos legales en su favor, demandar al diario norteamericano. Yo creo que él está obligado a demandar al diario norteamericano.
Está de por medio la seguridad nacional del país. No se puede permitir la intromisión del gobierno norteamericano en asuntos internos de México. De cara a la nación, como un compromiso ético ineludible, el gobernador de Morelos debe retirarse inmediatamente de su cargo y someterse a la investigación de la justicia mexicana. El riesgo es que las presiones continúen y se termine por responder a la lógica norteamericana.
Finalmente, es lamentable que la reacción de Carrillo Olea sea la de intentar confundir a la opinión pública. El cree que esos ataques son agresiones a las instituciones del país, así lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pero nadie puede abrogarse el derecho de encarar en sí mismo al propio sistema político mexicano, por más descompuesto que éste esté. No quiere demandar al New York Times, levanta una andanada ideológica antes que sólidos argumentos y, peor aún, se contradice en sus dichos.
En las declaraciones que efectúa la prensa el 21 de febrero y aquí cito las publicadas por el periódico Reforma, Carrillo Olea señala que en torno a la presencia del narcotraficante Carrillo, cito textual: "no hay nada qué acusar, nada qué investigar". Estas fueron sus declaraciones en el periódico Reforma.
El pasado domingo en el programa "Detrás de la Noticia" de Ricardo Rocha, dijo lo contrario, que de las investigaciones realizadas por la Procuraduría estatal en torno a las viviendas propiedad del capo del cártel de Juárez, no se obtuvieron pruebas que demostraran que esas propiedades le pertenecieran al narcotraficante.
Los hechos ocurridos en Morelos refutan todavía más al gobernador. Gracias a las presiones ciudadanas, a las denuncias del diario Reforma y a los planteamientos que hemos hecho en esta tribuna, se ha provocado que la administración del aeropuerto de Cuernavaca esté bajo el mando de un militar y se haya sustituido al delegado regional de la Procuraduría General de la República.
Se sabe además que desde hace cuatro semanas existen investigaciones oficiales en Morelos, sobre los movimientos del narco Amado Carrillo, así como de personas allegadas a él. A decir de Alfredo Montes Mejía, nuevo delegado de la PGR en el Estado, éstas son conducidas desde el Distrito Federal, según consigna el periódico Reforma del día de ayer.
Esto último refrenda nuestra propuesta. Si la investigación ya está en manos de la Procuraduría General de la República, el hasta ahora gobernador debe ser investigado, para lo cual se requiere la separación de su cargo. El señor Carrillo Olea está ante la oportunidad de tomar la iniciativa de pedir licencia para comprobar su inocencia y transmitir tranquilidad a la nación.
No permitamos entonces imposiciones desde el exterior, pero actuemos con firmeza y con plena soberanía en México y para esto necesitamos decisiones firmes y valientes y necesitamos que quienes están acusados de cometer algún delito, den con valor civil, enfrenten de cara estos problemas y resuelvan su integridad moral.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra sobre el mismo asunto, el senador Rodolfo Becerril Straffon.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
Sosamontes me pide que hable de este lado, señor Presidente. Lo hago con mucho gusto, para que me escuche bien.
Bueno, aquí hay dos temas que se han abordado tanto por el Partido Acción Nacional como por no sé si el PRD, los candidatos independientes o una ciudadana común y corriente. Pero tengo que hacer referencia...
La diputada Ana Lilia Cepeda de León (desde su curul):
Señor Presidente, usted me dio la palabra como diputada del Partido de la Revolución Democrática, entonces no sé por qué tiene dudas. También yo tendría dudas de si está en el Estado de Morelos o no.
El senador Rodolfo Becerril Straffon:
De acuerdo. Entonces haré referencia a la participación de la diputada perredista y algunas afirmaciones que ha hecho el compañero Ricardo García Cervantes.
Morelos tiene elecciones el 16 de marzo, era natural, lo dije la vez pasada, que se buscasen temas que tuvieran que ver con esa entidad para convocar al elector para hacer proselitismo desde esta alta tribuna de la nación.
Por otro lado hay algunas crónicas anunciadas desde hace un par de días, se dijo en la ciudad de Cuernavaca que el PRD presentaría aquí en tribuna una petición para que el gobernador del Estado pidiera licencia. Dejando de lado la ignorancia, ¿por qué no decirlo?, respecto a los procedimientos jurídicos en esta materia y entendiendo que la propuesta que aquí se hace es una reforma a la Constitución para efectos de separación de cargo, cosa que habríamos que analizar con todo detalle, voy a referirme al fondo quizá de la cuestión que es más que de carácter jurídico, de carácter político.
Me imagino que todos estamos preocupados por un par de hechos; primero, que en un franco malinchismo hayamos dejado, como señala un editorialista el día de hoy, que el periodismo visite nuestra conciencia y que demos más crédito a un periódico internacional que a un periódico nacional.
Y en segundo término que hayamos perdido la memoria histórica, cuando Miguel de la Madrid estuvo en Washington, justo el día en que estuvo él allá, el famoso New York Times y el Washington Post hicieron acusaciones francamente dolosas para presionar las negociaciones que el entonces Presidente de la República tenía que llevar a cabo en la capital del imperio. No es esta la primera vez que un diario hace uso de sus recursos para atacar a nuestro país.
Debe decirse por otro lado, que los que siguen la prensa internacional estarán de acuerdo conmigo en que la circulación y la publicidad del New York Times ha disminuido de manera cierta y que ha sido sustituido el análisis de temas tradicionales vinculados a la prosapia del famoso diario, por más deportes y por más escándalos; es decir, el periódico de marras está en plena y franca competencia con otros medios en el mercado norteamericano. Pero bueno ése es un problema de mercadotecnia.
Lo que quiero subrayar hoy es que aquí hemos suscrito una declaración política, sólo la declaración política, en contra de la certificación, quiero suponer que como la mayoría de las voces que se han expresado sobre este tema, la diputada perredista estaría preocupada sobre la seguridad nacional y no tengo por qué dudar de que tenga apego a la patria y a la nación. Supongo que ella estaría de acuerdo conmigo, que lo que está sucediendo en este tema es un injerencismo descarado en asuntos que sólo competen a los mexicanos, si esto es cierto, como parecía derivarse de su ambigua intervención y lo digo con respeto, de que por un lado dice que los prestigiados medios internacionales y después nos habla de que hay una estrategia de ataque al país.
Pero si esto fuera cierto y ella coincidiera conmigo, me imagino que también estaría de acuerdo en que los ataques personales que recientemente se han dado a personajes públicos y que ya tocamos los partidos esta mañana, cuando se habló sobre la declaración política, están inscritos en esta estrategia injerencista. No es casual que unos días antes de que el New York Times filtrara esta información, el director de la DEA estuviese compareciendo ante el Senado para explicar la estrategia de esa organización en América latina.
Calumnia, rumores, ofensas, dolo, oscuras intenciones, testigos desconocidos de dudosa probidad, generalmente a veces delincuentes que gozan del fuero para la autoridad norteamericana, protegidos que declaran con tal de obtener benevolencia de parte de la autoridad norteamericana, son los apoyos en que descansan las acusaciones filtradas, anunciadas, dadas a conocer y hoy retomadas por el famoso periódico de marras.
Pero seamos más benevolentes. Lo que aquí pareciera estarse defendiendo o secundando, es a un par de reporteros, Sammy Dillón y Cregg, que firman la nota muy comentada y que básicamente estos reporteros sustentan su afirmación y su dicho en reportes de la CIA y de la DEA, que a su vez basan su afirmación en la que proporcionó el ex cónsul norteamericano William Francisco, cuyos informes fueron en su momento rechazados por la misma Embajada norteamericana.
¿A quién se le está haciendo el juego? ¿No tendría usted, diputada perredista Ana Lilia Cepeda, la impresión de estar un poco aislada, a pesar de la asesoría ahora de Malpica, cuando todo el mundo está protestando por la intervención extranjera que quiere socavar la soberanía nacional, sólo por ganar unos poquitos puntitos en la elección por la alcaldía de Cuernavaca.
Yo estoy de acuerdo que ya no funciona la vieja táctica de Fuche, de pegarle a los brazos y a las piernas sobre la base de que la cabeza puede caer por añadidura y que hoy, en la tónica de los escándalos se le quiere pegar a la cabeza, provocando curiosamente una mayor cohesión, porque lo que éste ruido ha provocado, es que estamos convencidos de que hay una actitud francamente injerencista y que hay dolo en las acusaciones que se le hacen al gobernador del Estado, quien por otra parte, como lo demostró en las intervenciones públicas en medios de comunicación, se puede defender sólo. No se trata de hacer aquí elogios no requeridos, estos no son condición de la energía de un gobernante, él ha sabido contestar puntualmente las dolosas acusaciones de que ha sido objeto.
¿Es qué usted ha visto con detenimiento los condicionantes que piden los Estados Unidos para la certificación? Hacer frente a ese conjunto de andanadas y de pisoteos de la soberanía, supone y yo apelo a la conciencia del Partido de la Revolución Democrática, que nos despojemos de nuestra posición partidista y asumamos una posición nacional y no capitalicemos en términos de emblemas o de colores un asunto que importa no a los partidos, sino importa a la República, a la patria.
Lo que al parecer se está buscando es crear las condiciones para que mediante presiones se permita que los agentes de la DEA, tengan un papel de impunidad en actividades antinarcóticas en México, como paso previo a exigir la conducción del combate a los carteles del narco al interior del territorio nacional.
El gobernador Carrillo Olea, ha dado respuesta y no vengo aquí sino a hablar del tema de fondo, del trasfondo que está atrás de estos serios ataques.
Ahora resulta que porque salió en Reforma es cierto, bueno. Entonces todo lo que sale en los diarios es cierto, y efectivamente, a veces es cierto pero no siempre.
Me parece que las embarcaciones de la disciplina y el trabajo permanentemente son atacadas por las marejadas de la economía, de la política y de la cultura y tenemos que hacer un enorme esfuerzo, porque estas embarcaciones del trabajo, de la civilidad, no puedan sucumbir frente a estos ataques epidérmicos, dolosos, que no hablan de una madura cultura política, al contrario, me parece que en el Estado se están dando lamentablemente tácticas de golpe bajo en el quehacer político y aquí me refiero un poco a lo que señalaba el compañero diputado García Cervantes.
Debo decir primero que cuando yo fui diputado, un día recibí una llamada de mi padre, ya fallecido, como a las dos de la mañana, porque él había oído hablar de un diputado Gómez Mont y me dijo: "yo conocí a un médico Gómez Mont, que era un excelente médico, pero además un hombre de valía y de probidad. Panista o no, era un hombre que mi padre reconoció y eso se lo dije en su momento al diputado Gómez Mont, con quien tengo relaciones de amistad y de afecto por esa razón histórica familiar.
Pienso que es una familia que ennoblece el quehacer, pero no confundamos cuando estamos hablando de partidos y de política y cuando estamos hablando de personas.
Si hay elementos de juicio para una averiguación previa y para que en consecuencia después haya una consignación, asumamos las responsabilidades, no tratemos de lavarnos en salud ni en Tlalnepantla ni en Naucalpan ni en Zapopan ni en Saltillo ni en Monterrey. Reconozcamos que problemas que a veces se atribuyen sólo al PRI, son vinculados con la condición humana y no queramos curarnos en salud.
Cuando el diputado García Cervantes nos daba la información que nosotros desconocíamos o cuando menos yo, de que un señor Paul Begala era el asesor del PRI y nos describía las técnicas y las tácticas que supuestamente alimentan a nuestro partido en el diseño, yo pensé que estaba hablando de Ave Azul o que estaba hablando de Nova, que es un catálogo de difamaciones, calumnias y blasfemias debida, estratégicamente formuladas para cuestionar a las autoridades en turno.
Yo no sé si Begala es el asesor de ustedes o ustedes solamente tienen los asesores de la democracia cristiana española, que también participó en las contiendas de Venezuela o yo no sé si esta información tan puntual que obtiene en Internet el diputado García Cervantes, la obtuvo de voz de Castillo Peraza, que supuestamente estaba acudiendo a Estados Unidos a buscar mercadotécnicos en materia electoral.
Así pues, no hagamos del debate político, el debate de ideas, curas de salud por un lado o ataques que hablan mal de quien los formula. No se trata, pues, sino de poner en oferta opciones distintas.
Yo reconozco y respeto a mis compañeros de la oposición; considero que no son enemigos, que tienen simplemente opciones distintas para el desarrollo y conducción del país. Son en consecuencia adversarios. Pero que no se nos quiera hacer a nosotros culpables de ineficiencias, de problemas internos de su propia organización.
En estos momentos, en mi entidad, hay una contienda competida, efectivamente hay una contienda competida, hay una contienda en donde está aflorando una pluralidad política, se está consolidando un sistema de partidos democrático. No hagamos de esta noble encomienda una bajeza. Respetemos a las instancias y no confundamos lo internacional con lo nacional, porque entonces estamos haciendo el juego a enemigos del país y de la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado García Cervantes, para contestar alusiones personales. Perdón, las damas primero.
La diputada Ana Lilia Cepeda de León:
Quiero decirle al compañero senador que es un defensor oficioso del gobernador. Yo creo que él debería de estar preocupado por nuestro Estado y por el país, más que dedicarse a defender lo indefendible, porque yo creo que ha sido evidente cómo el gobernador Carrillo Olea ha ocupado las primeras planas de nuestros diarios nacionales, pero casi de nota roja.
Y por otro lado, le quiero decir que también sobrevalora lo del New York Times. Yo creo que el New York Times no está haciendo proselitismo electoral y además, quiero también mencionarle que encuentro ambigüedad en su discurso, porque por un lado trata con una medida el caso del señor Gómez Mont y no lo trata igual el caso del gobernador.
Yo creo que el senador no defiende a las instituciones, defiende a Carrillo Olea, porque si él defendiera las instituciones, él no hubiera apoyado la aprobación que garantizó el empréstito millonario con la factura del petróleo en nuestro país.
Y lo que yo planteo en mi intervención, es que si el gobernador Carrillo Olea está en entredicho, si hay acusaciones en su contra, él está obligado a pedir licencia, a limpiar su nombre y a resolver el problema del cual se le está imputando. Y creo que además podría regresar como ave fénix, renacido, vigoroso, fortalecido, pero lo que llama la atención es que él en reiteradas ocasiones dice que él no va a demandar al New York Times por difamación. Esto llama la atención.
Y por último. Yo creo que el presidente Zedillo, lo dijo muy claramente en sus declaraciones, dijo que no habrá intocables en la lucha contra el narcotráfico y que habrá acciones inéditas. Y en este sentido es que yo apoyo junto con mis compañeros nuestra petición de licencia del gobernador Carrillo Olea, porque creo que es vergonzoso que tengamos a gobernadores que estén cuestionados y que además no han sido cuestionados únicamente por el New York Times, creo que aquí en esta Comisión Permanente, lo planteamos con firmeza hace dos semanas, la preocupación de que el narcotráfico está presente en el Estado de Morelos y que hay además evidencias de que están instalados en nuestro Estado.
Eso es lo que le debería de preocupar al gobernador en esta sesión.
Y lo invito, efectivamente, no es un problema de un partido, yo creo que como mexicanos y como morelenses tendríamos que estar preocupados por la situación de nuestro Estado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo García Cervantes.
El diputado Ricardo Francisco García Cervantes:
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente, estamos de acuerdo en que Carrillo Olea, Manlio Fabio Beltrones y Manuel Bartlett, deberán defenderse de lo que los acusen en las instancias legales correspondientes y deberían, en su caso, los legisladores del PRI asumir el hecho de que se requerirá esclarecer, aclarar mediante investigación, mediante actuación ministerial, mediante la presentación de pruebas de descargo, las acusaciones que se le puedan hacer a éstos o a cualquier otro funcionario.
Por ejemplo, se tiene expédito el camino para establecer las demandas correspondientes por los delitos de calumnia, de difamación, se puede acudir también a los medios diplomáticos y legales que están al alcance de las autoridades, para entablar una exigencia a las autoridades norteamericanas, de que presenten la evidencia en la que sustenta su dicho un subsecretario de Estado norteamericano.
Esto es claro, es evidente, es precisamente de lo que se trata, de darle vigencia a un estado de derecho y darle civilidad y cordura a la convivencia democrática de nuestro país. Por lo tanto es ociosa cualquier acusación sin sustento en pruebas que pueda hacerse en esta tribuna, pero igualmente puede ser ociosa cualquier defensa que no esté también basada en una probanza de descargo y que, a su vez, genera el derecho de contrademandar a quien haya infringido ofensas, calumnias o deterioro en la fama pública de personas o funcionario, cualquiera que éste sea.
Ese no es bajo ningún concepto el debate y por si hay alguna duda de la posición de Acción Nacional, es de que se investigue. Esa es la posición de Acción Nacional, que se investigue, que se esclarezca y que finalmente, agotados los ejercicios ministeriales, institucionales que corresponden a la autoridad, la opinión pública nacional conozca la verdad. Esa es, sin ninguna duda, la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dice el senador que hizo el favor de comentar algunas de mis afirmaciones en tribuna, que no hay que confundir los terrenos, que no se trata de vernos como enemigos en la contienda electoral, sino simplemente como adversarios; que reconoce el derecho de Acción Nacional y de otros partidos de oposición de presentar simplemente opciones distintas. Pero no es lo que dice Roque, no es lo que dice Roque. Roque el día 20 de enero llama fascistas a la derecha y acusa a la izquierda de acabar en dictaduras. Ya cada quien podrá ubicarse.
Roque, el día 21 de enero dice: "... el debate ya se inició en los medios de comunicación". Ha privilegiado entonces el debate en los medios de comunicación, a partir de estas estrategias de mercadotecnia y a través de estas estrategias de filtración de informaciones y de dar conferencias de prensa desde las comunicaciones sociales de los gobiernos y de los diputados del PRI, para decir, lo que aquí dijo: "... no nos asustemos. -dice Roque el 22 de enero-,.." "A los partidos de oposición, de izquierda y derecha, lo que les interesa es el poder, no el bienestar de la población. Que no se asusten los compañeros de la oposición, si vamos a decir más, apenas estamos empezando".
Bueno, no tengo por qué leer todas las barbaridades que están registradas del planteamiento político de Humberto Roque con una mercadotecnia de medios en donde luego es muy fácil subir y decir: "... no, si mi padre conoció al señor y era muy buena gente". Pero por lo pronto millones de mexicanos vieron como se formaba ficha sinderéctica de quien se acusaba era hermano de un diputado del PAN, hijo de un gran panista, amigo de Diego Fernández de Cevallos y abogado de Toño Lozano, con una clara pretensión de vincular la persecución de un delito con la imagen de un partido político. Ese es el tema, señor senador.
Además, no quiero irme de esta tribuna sin aclarar, por ejemplo, las concepciones que están vertiendo sus estrategas o dirigentes o como les llamen y yo simplemente he referido a aspectos que están en los medios, donde dice Roque que es el debate, pues de ahí donde leo para contestarle. Y ahora, en los medios dicen que: "son traidores, son antimexicanos y serán sancionados por la CTM, todo aquel trabajador que no vote por el PRI". Y permanece la cláusula de exclusión y permanece este clima y este debate en los medios donde lo ubicó el diputado Humberto Roque Villanueva.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Sosamontes Herreramoro, sobre el mismo asunto.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
El tema que estamos discutiendo, que efectivamente es el asunto central de la situación política actual, que así se está llevando, se está viendo, como de asuntos de "calumnias", "infamias", de destapar cajas de pandora, destaparlas desde Estados Unidos, con mucho eco en México; la narcopolítica, lamentablemente militares metidos en ello; con una crisis en la justicia, caracterizada como la peor de los últimos tiempos y con una falta de credibilidad a las instituciones, también lamentablemente en ascenso por parte de la población. Es una situación política que, de no llevarse bien, sí puede derivar lamentablemente en mucho más intromisión de un estado extranjero en México, no sólo ya a niveles de los grupos económicos o del actual Poder Ejecutivo Federal, sino ya en toda la vida cotidiana, incluso de nuestro país.
Creo que debemos concretar el asunto en que el sistema político, el presidencialista directamente, le ha tenido y le tiene miedo, pánico, a cualquier nota periodística que sale en Estados Unidos. Cualquier nota que salga, en cualquier periódico norteamericano, de inmediato en Los Pinos se ponen muy nerviosos y empiezan a accionar o a reaccionar. En el caso, por ejemplo, de Carrillo Olea, no es un asunto que estemos planteando a partir de que haya salido en New York Times, sino es un asunto que hemos planteado aquí en esta tribuna y que se ha planteado no solamente ahora, sino también en tiempos anteriores acerca de la conducta de este señor que está en Morelos, mandado por Carlos Salinas de Gortari.
El asunto de los medios de comunicación, aquí en la Cámara tenemos por cierto una responsabilidad muy grande. Cuando empezó la Legislatura quedamos de acuerdo todos los partidos, de que había que ver este problema, ese asunto, para que tuviéramos legislaciones adecuadas para el momento que estamos viviendo y una de éstas era el derecho a la información, en la cual se le daba al ciudadano toda la fuerza para poder, incluso demandar, exigir respeto hacia un medio, pero también exigir información al Gobierno, al Estado y éste proporcionárselas de manera inmediata. Y ése y otros asuntos que tienen que ver con los medios están parados, están simplemente hechos a un lado y no han avanzado en nada, frenados, ¿dónde?, en Gobernación y en Los Pinos directamente.
No hay derecho a la información, no, porque efectivamente hay que manejarla, hay que presionar incluso cuando se puede perder la mayoría de la Cámara de Diputados por el partido en el poder o porque se pueden perder las elecciones en muchos estados.
Por eso obviamente no dejan que ésta en esta Legislatura podamos avanzar en el análisis y en las legislaciones que debamos proponer, para decirle al ciudadano que tiene toda la fuerza de pedir la información, de exigir la información al Estado, al Gobierno, a las instituciones, incluso respeto a los medios de comunicación, no, no les conviene.
Y ahí vemos también el otro manejo que ya se refería también al compañero García Cervantes, que se le está haciendo a El Universal, en donde obviamente hay una persecución, no hay más. Si no le encuentren éste, hay que buscarle el otro, si no lo otro, hay que buscarle cómo compró los zapatos, a ver si no se le olvidó pagar el IVA en la zapatería a Ruiz Healy, y hay que buscarle.
Hay que buscarle con tal de que se le obligue a cambiar de línea editorial, que corra a varios editorialistas de ese periódico, tal como se lo han dicho a ellos y a los editoriales y a muchos de los que están trabajando en ese medio.
Y así como eso es mejor no cambiar la legislación, porque así, efectivamente el gobierno trata de mantener censurado directamente a los medios de comunicación.
Pero cuando aparece una nota en un medio extranjero, ahí sí, tocan las campanas, somos nacionalistas, unámonos todos frente al extranjero y ahí estamos y eso nos exige.
Podíamos decir que sí, pero hay que decírselo a Gurría, que como nos consta se la pasa en el Departamento de Estado, igual que a Juan Rebolledo, el ex secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, que no sale de allá. Ni siquiera le informa ya al pobre embajador, que hay lo tienen arrinconado. Se la pasan ahí los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿haciendo qué? ¿Defendiendo a México? ¿Exigiéndole a la nueva jefe del Departamento de Estado que no actúe en México, que no se meta.
No, están viendo que no se traben los asuntos del tratado. Que el asunto de la certificación no vaya a estorbarnos. Y hay va Juan Rebolledo, corre y viene, para llevar los asuntos, tratados y acordados, para que no se molesten los norteamericanos ¿Dónde está el nacionalismo a partir de esa actitud y conducta vergonzosa que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente con permiso, obviamente con señal verde por parte del Poder Ejecutivo Federal.
Ahí sí ya el nacionalismo se quedó a un lado, ahí sí ya no e incluso se confunden cuando hay que defender, nos decían aquí, a Carrillo Olea, con las instituciones efectivamente y no es lo mismo, no es el asunto. Que se investigue y que se vea. No es lo mismo Carrillo Olea, por favor, que México ni mucho menos Morelos ni siquiera las instituciones republicanas.
Nosotros queremos efectivamente decirle a los americanos, pero al gobierno mexicano también, que no estén con sus acciones debilitando a nuestra soberanía y a nuestras instituciones. Que les diga claramente Madrazo y todo, tímidamente como habló y estuvo allá en Estados Unidos dando todas las expectativas de que vamos a cumplir con todas las recomendaciones para que nos certificaran.
Decirles que no queremos aquí a los de la DEA, no los queremos. Ni a 30 ni a 40 ni armados ni desarmados. Que no queremos formar parte del equipo militar para combatir al narcotráfico, que podemos hacerlo nosotros; que podemos, sí, cooperar, de acuerdo al señalamiento de Naciones Unidas en respeto a la soberanía nacional. Y obviamente que no vamos a permitir la extradición de los narcotraficantes mexicanos.
Aquí tenemos con qué juzgarlos, si queremos; porque Amado Carrillo ahora resulta que no tiene, nos enteramos hoy en la prensa, orden de aprehensión y que un juez dice que no tiene; puede incluso presentarse, a ver si no se presenta en algún programa radiofónico de medios de comunicación. Total, no tiene una acusación totalmente bien formulada. Eso sí es vergonzoso, eso sí quiere decir que no hay una buena señal.
Y para que no se vea tan mal el procurador Madrazo, dice que ahora sí va a haber una reestructuración; antes no valió; que ahora sí y menciona a los mismos juristas que han mencionado desde Sergio García Ramírez. Y como señal se dice que ésos van a intervenir y van a examinar esto, ¿por qué no la Cámara del Congreso de la Unión? Porque no dice Madrazo en un afán de no seguir con los mismos discursos que hemos visto, que el Congreso de la Unión sea, a medida de que cambiemos la Ley Orgánica y fundamentamos más el quehacer de la PGR, desde la elección propia del procurador, para que sea aquí electo y no por antojo del Presidente en turno, para que no se les trate como empleado y no se les corra como empleado, empezando por ahí.
Otra vez una reestructuración simplemente para aparecer, ¿frente a qué, frente a los mexicanos? No, frente a los Estados Unidos, frente al New York Times, frente al Washington Post, frente a ellos esa declaración. Ahí no hay ninguna actitud nacionalista.
Creo pues compañeros que este tema, efectivamente no se puede dejar simplemente ahí, tenemos que entrarle, a fondo; tenemos tiempo, son buenos estos meses, no son malos. Yo creo que podemos evitar que las conclusiones sean simplemente linchamientos a través de los medios, persecuciones a través de los medios. Nosotros vivimos seis años efectivamente de infamia, de calumnias, seis años con Carlos Salinas de Gortari en donde aparecíamos como guerrilleros, la violencia, éramos, pues, la gente a perseguir, incluso y por eso más de 300 muertos. Por cierto, que ahí no nos defendieron mucho, compañeros del PAN. En esa ocasión, seis años nos dejaron defendernos solos.
Pero el asunto que debemos evitar que eso prenda, que eso esté presente. La calumnia y la infamia no puede ser que sea la forma de hacer política y mucho menos a partir de berrinches vengan de Gobernación, vengan del Poder Ejecutivo Federal, como es en el caso de la persecución que tiene el director general de El Universal actualmente.
Gracias.
MANUEL GOMEZ MORIN
El Presidente:
Sobre el aniversario del natalicio del ciudadano Manuel Gómez Morín, tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional.
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores; señoras y señores:
En un día, como mañana, 27 de febrero, pero de hace 100 años, nació en un modesto poblado de la Sierra Tarahumara denominado Batopilas, quien junto con otros egregios juristas de su generación, como Olea y Leyva, Vázquez del Mercado, los Caso Lombardo Toledano, constituyeran lo que el público dio en llamar como un mote halagador y de orgullo a los "Siete Sabios de México", me refiero, como ustedes habrán de observar, al señor licenciado en Derecho, don Manuel Gómez Morín.
Si nos viéramos obligados a determinar qué fue lo más importante para Manuel Gómez Morín, sin duda alguna diríamos que México. México visto desde la distancia, México visto desde sus entrañas. México en plenitud de posibilidades, sus hombres, sus recursos, sus debilidades y ese potencial interminable que le ofrecía todo para hacer el mejor, el mejor país del mundo.
Gómez Morín le apostó a México y a México dedicó su vida entera. En lo más profundo de su pensamiento estaba la idea, la responsabilidad, el reto y así, acompañándolo, sus actos se ligaban a sus propuestas que a su vez se convertían en acciones constructivas, siempre constructivas, propositivas, encaminadas a la optimización, al perfeccionamiento y a la perseveración.
Hoy que la distancia nos permite rescatar a ese Gómez Morín promotor del mejor de los méxicos, es justo y obligado deslindarlo de todo aquello que envolvió su figura a partir del año de 1939, cuando, agotadas las instancias, decide formar un frente opositor que defienda al México auténtico, al México de los mexicanos, de los que quieren, pretenden y están decididos a hacer lo necesario para depurar, para reconstruir, para retribuir esa reforma institucional en la que él trabajó con verdadero convencimiento, seguro como lo estaba entonces y como seguros estamos muchos, de que será a través de las instituciones y sólo de ellas, que México podrá retomar la ruta del progreso, de la eficiencia y de la justicia, de la justicia social, principalmente.
El Gómez Morín de fines de los años treinta, de los cuarenta, de los cincuenta y de los sesenta, fue para el sistema, un hombre rodeado de espuma que impidiera conocerlo con claridad y que enturbiara lo que hasta el año de 1939 había sido capaz de ofrecer a México. Esta última etapa de su vida, quizá la más confusa de la historia, fue sin duda la de sembrar la simiente, recorrer el país, hablar, hablar con hombres y mujeres, convencerlos y entregarlos a la causa noble de su México diferente. El sabía, como lo reiteramos hoy, quienes actuamos movidos por los mismos motivos que lo llevaron a buscar el perfeccionamiento de las instituciones, que esta lucha no termina ni en 1997 ni en el año 2000; que la lucha fue por México como brega de eternidad.
Sabemos, como lo sabía él, que esta brega sería la de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y que si la espuma enturbia, hace difusa nuestra realidad y la propuesta que la soporta, no hay más que el tiempo para que las burbujas suelten al aire y así se conozca la verdad.
Gómez Morín, el hombre vilipendiado y difamado, hoy es reconocido por unos y por otros como un hombre visionario y el tiempo y la distancia, son los que también han permitido recuperar su obra, recordar que es del grupo de los siete sabios del que lleva la responsabilidad de transformar la lucha armada de 1910, en una propuesta ideológica revolucionaria; son ellos quienes la intelectualizan, son ellos quienes sientan las bases de lo que para todos representa la Revolución Mexicana.
Es Gómez Morín, el joven agente financiero de México en Nueva York, quien a los 24 años de edad recibe el encargo del secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta y del Presidente Alvaro Obregón, de negociar con los banqueros y petroleros norteamericanos el pago del impuesto de la extracción y exportación del petróleo, para con él pagar la deuda de nuestro país a los Estados Unidos. Experiencia que marcaría su vida y su proyecto personal para México.
Gómez Morín a partir de entonces vio con gran desconfianza a los norteamericanos, quienes en ese año de 1921, hicieron todo lo posible y acudieron a las prácticas más reprobables, para usufructuar la riqueza nacional mexicana y evitar a toda costa la retribución económica que nuestro país requería.
Víctima del espionaje, del chantaje y de la prepotencia, supo entonces, a temprana edad, lo que representaba la amenaza del imperialismo, pero sobre todo de la explotación de la riqueza nacional y también del trabajo de los mexicanos, que era injustamente retribuido, a pesar de desarrollarse en condiciones infrahumanas.
Es Manuel Gómez Morín el constructor también de instituciones. Con prudencia, sin pretender reconocimientos personales, sienta los cimientos, es el pilar y el alma protectora. Su referente neoyorquino lo obligaba a pensar y a fortalecer a México. Se daba la disyuntiva y hasta cierto punto la confrontación.
Adolfo de la Huerta y Obregón planteaban la necesidad de negociar con los Estados Unidos para así recuperar el reconocimiento, ya que los vecinos habían roto sus relaciones diplomáticas a partir de que México reforma su ley para proteger el pago de derechos por el petróleo.
Gómez Morín pensaba diferente. Pensaba que antes que negociar se hacía impostergable hacer de México un país económicamente fuerte, para ser así respetado por sus vecinos del norte.
Es así como al llegar a ocupar Plutarco Elías Calles la Presidencia de la República llama a Gómez Morín, a través de su secretario de Hacienda Alberto J. Pani, a participar en la reconstrucción de México. Proceso del que la creación del Banco de México se convierte en la obra más importante.
Gómez Morín participa activamente en su construcción y al ser inaugurado el Banco de México es nombrado presidente del consejo de administración, cuando sólo contaba con 28 años de edad, el 28 de agosto de 1925. Pero Gómez Morín aún se sentía insatisfecho y se plantea la posibilidad de construir instituciones bancarias con fines sociales y así se da a la tarea de coordinar los trabajos sobre la normatividad requerida para dar vida al Banco de Crédito Agrícola, el 10 de febrero de 1926.
Inmediatamente se aboca a continuar los estudios que había iniciado en el año de 1924, sobre el Seguro Social, que no sería inaugurado sino hasta 1943 y sobre el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, que fue fundado el 11 de febrero de 1933.
Otro Gómez Morín, es el Gómez Morín demócrata, alumno predilecto y muy cercano de José Vasconcelos, vivió muy cerca de él los momentos determinantes de su precandidatura y candidatura finalmente a la presidencia, en la cual recogía una inquietud de muchos años atrás, desde aquellos en que como estudiante preparatoriano nacía la generación 1915.
Tenaz y persistente promotor de la fundación de un partido político civilista, con ideas permanentes, de ideas visionarias, de ideas que dejaran de serlo para contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Vasconcelos se negó a seguirlo y a canalizar su movimiento por la vía organizada en el campo electoral. Pero eso no iba a ser obstáculo: con Vasconcelos o sin él, muchos mexicanos lo seguiríamos e insistiríamos con igual tenacidad para entregarnos a esa brega de eternidad que nos pronosticara el ilustre maestro.
El Gómez Morín universitario, el secretario de Estado, el director y el rector. Reforma tras reforma, la económica, la docente, la legal. Un estatuto que norme la actividad interna de la máxima casa de estudios dentro de la pluralidad de las ideas, salvaguardando siempre la libertad de cátedra, la libertad de investigación y sobre todo, señores, la autonomía universitaria.
Gómez Morín el redactor de leyes, el borrador de la primera Ley del Impuesto Sobre la Producción y Exportación del Petróleo. La primera Ley del Impuesto Sobre Utilidades y Ganancias. La Ley de Desincautación de Bancos. La Ley de Banco de México. La Ley del Banco de Crédito Agrícola. Los primeros borradores de la del Seguro Social, la del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. La Ley Monetaria de 1931 y el paquete de leyes crediticias. La de Instituciones de Crédito. La de Títulos y Operaciones de Crédito, la de bancos de capitalización y la de la Bolsa de Valores, redactadas algunas de estas últimas con don Eduardo Suárez, el estatuto de la Universidad.
Gómez Morín, que vió a los gobiernos emanados de la Revolución servirse de ella para incrementar sus fortunas personales, se vió obligado a reaccionar y a actuar.
México no sólo requiere de instituciones, para que éstas cumplan con el fin para, que fueron creadas, se requiere de voluntad, de voluntad política que sea motor y no freno, que fortalezca y que no obstaculice.
Un país de instituciones es el proyecto de Gómez Morín, a ello colaboró con todas sus capacidades, sin embargo se vió obligado a asumir que no todo dependía de su esfuerzo, que la realidad lo rebasaba y que mientras no fueran superadas esas inercias que lejos de hacer patria la denigran, esa propuesta queda pendiente, está pendiente y reactiva la brega a la eternidad.
No quiero concluir este homenaje que modestamente rinde la fracción parlamentaria de Acción Nacional por mi conducto, sin poner en mis labios palabras pronunciadas por el propio don Manuel Gómez Morín y que se encuentran en el prólogo de la obra: "Compilación de estudio introductorio de Manuel Gómez Morín, constructor de instituciones", prólogo que se debe a la pluma de Carlos Castillo Peraza. En él se encuentra el siguiente brevísimo párrafo que como colofón a lo expuesto anteriormente, me atrevo a reproducir.
"En septiembre de 1918 se celebró el aniversario de la fundación de la Universidad de México, creada en 1910 por don Justo Sierra. En el acto hablaron el rector, don José Natividad Macías y Gómez Morín como dirigente estudiantil no cumplía aún la mayoría de edad.
Dijo entonces nuestro personaje: una política universitaria sana y liberal vendrá a ser mejor que todos los preceptos legislativos, la base sólida de una provechosa reforma, porque no es escribiendo leyes en el papel, sino grabándolas en el bronce de la conciencia nacional como se enaltece y se hace libre a un pueblo". ¡Ese fue Manuel Gómez Morín, señores!
RECUPERACION ECONOMICA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, para tratar un tema acerca de la recuperación económica.
El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:
Señor Presidente; señoras legisladoras; señores legisladores:
Con humildad tengo que aceptar con la oposición que esta vez se equivocó el Gobierno en sus predicciones económicas. En efecto, estimó un crecimiento para 1996 del producto de un 4% y que resulta que es del 5.1%. Pero ahora esta equivocación no es para solaz de los agoreros del desastre, sino afortunadamente para demostrar que fue efectiva la reactivación económica que tuvimos en 1996 y que las perspectivas para este año son favorables en vista de éste y de otros indicadores.
Uno nada más que apenas apareció de soslayo hoy, se repite en algún periódico en los días pasados. En la primera quincena de febrero se inscribieron 64 mil trabajadores más al Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajadores permanentes, que es una cifra que no se había alcanzado hace muchos años, sobre todo en una sola quincena. Lo muy importante también de esto es que parte de esos 64 mil trabajadores pertenecen al sector manufacturero, al permanente, ni siquiera al de la..., como siempre se habla, de la industria exportadora.
Pero no sólo es importante esa cifra de 5.1% para indicar que va permeando esta mejora económica en las economías familiares, hay que ver ya no las cifras generales sino aún los sectoriales. En el agropecuario, por ejemplo, se crece 1.6%, que también parecía una cifra olvidada en este sector tan deprimido. En manufacturas el 10.9% y en la construcción, que sabemos que es uno de los sectores de mayor empleo y de mayor influencia y multiplicador, crece el 11.4%. El desempleo obrero que había llegado al 7.4% como tasa en el tercer trimestre de 1996 llega ahora, se situó en 4% en enero de este año. El salario real está bien, sigue deteriorado todavía, no podemos llegar a los niveles anteriores pero se compensa en parte con la inflación decreciente.
Tan son datos muy conocidos pero vale la pena repetirlos a veces, sobre todo en estos días que solamente nos complacemos en ver la parte negra de la vida nacional. Del 52% en 1995 descendió a 27.7% en 1996 y este año se espera que llegue o sea alrededor del 18%.
En otro punto en el cual siempre hay tremebundas predicciones en materia de deuda pública, deseo recordar a ustedes que la deuda pública externa bruta, a diciembre de 1996 fue 98,284 millones de dólares, 33% del PIB, inferior en 2,600 millones a la de 1995 que entonces representaba el 41% del PIB. Pero lo mejor de estas cifras es que también la deuda bruta externa o la deuda externa en general se redujo la de corto plazo a 4,900 millones. Estos datos vale la pena recordarlos por más que se lean alguna vez en periódicos y se vean muy a la carrera, vale la pena de verlos porque sí son señales de mejoría, no de un final de la crisis total pero sí de que la hemos remontado en la mayor parte.
La deuda interna bruta aumentó en términos nominales pero fue, si se hace el ajuste por inflación, se redujo en términos reales y en total la deuda externa e interna representa sólo el 33.3% del PIB siendo el año anterior 44%, es decir una disminución de casi 11 puntos de porcentaje.
A estos efectos y para mayores posibilidades de empleo, tenemos que ver la inversión externa directa que llegó el año pasado a cerca de 8 mil millones de dólares, lo que permite un financiamiento sano de la balanza de pagos ya que no se trata de inversión especulativa, sino lo que se conoce bien como inversión directa extranjera; y las reservas brutas del Banco de México, otro dato que también lo contemplamos ya a números de febrero, llega la bruta a 19,500 millones y la neta a 9,232 millones.
Todo esto se complementa con algo que vimos también aquí un poco de pasada, que fue el informe de política monetaria, más que informe, programa de política monetaria anunciado por el Banco de México para 1997 y que ya ha empezado a ejecutar. Este programa estima un aumento de 24.5% sobre la base monetaria de 1996, es decir es la actitud un poco menos conservadora siendo todavía cuidadosamente prudente a la que se dijo siempre que había una verdadera restricción en materia monetaria, es una base monetaria que se ha calculado en vista de los requerimientos diarios tanto de los bancos como de las empresas industriales y de los grupos económicos.
Habrá, esto indica una ligera remonetización en este año pero se deriva precisamente de la baja de inflación; cuando hay algunos periodos inflacionarios lo que se desea es gastar las monedas y billetes que se tienen, cuando vienen días de mayor tranquilidad y estabilidad económica se conserva más y se requiere más moneda y más billetes. Pero para ser transparente e inteligible, por que a veces estos programas monetarios efectivamente quedan un poco fuera del alcance general o del común de los mortales, el Banco de México ha publicado un cuadro en el que día por día señala o da un pronóstico de la base del saldo monetario; es decir podemos todos darnos cuenta en qué momento se requiere mayor cantidad de monedas y billetes sobre todo en ciertas estaciones del año y podemos además seguir viendo si efectivamente los cálculos que se hicieron y se han señalado, han sido los correctos.
Todo esto ha llevado y eso es también un tema que creo que a todos nos interesa, a que la tasa referencial de interés haya bajado ahora a un poco más de 18%, esto es lo que permite que haya incentivo para la inversión, inversión que trae a su vez empleo y por tanto mejoría de los salarios.
Se habla mucho también y es casi común decir que todo eso se ha debido sobre todo al sector exportador. Es cierto que ha sido bueno el camino del sector exportador y que seguirá siendo muy útil, pero no sólo no depende en su totalidad esta mejoría económica de lo que se ha hecho en este sector, sino que el mismo sector exportador se va viendo que alcanza el nivel que efectivamente le corresponde a una economía sin detrimento del sector interno que indudablemente nos interesa a todos porque es el que da el consumo y la demanda interna.
Pero en materia de exterior, sí se sigue sosteniendo cuando menos por el momento un superávit comercial que puede ir bajando no por una cosa inconveniente, sino porque se van haciendo mayores importaciones, pero importaciones que hacen prever un crecimiento gradual en la economía misma del país, puesto que son importaciones sobre todo de bienes intermedios, más que de bienes de consumo y de bienes de capital mismo. Las importaciones han crecido ya quizá a un ritmo mayor que las exportaciones pero no en forma que pueda sentirse preocupante, sino que al contrario, que indica precisamente que esa reactivación económica sigue sostenidamente.
No podré con esto decir, y así terminaría yo diciendo, que si bien estos resultados se van permeando aún cuando sea lentamente en las economías familiares, pues mejoran el poder adquisitivo de los trabajadores, es verdad que todavía está muy deteriorado y que no debemos cantar victoria, pero sí tenemos que aceptar que son noticias que valen la pena reflexionar sobre ellas y señalarlas públicamente porque son alentadoras en días en que contrastan mucho con otras noticias que desafortunadamente se magnifican malevolamente y que son la parte negativa de la vida nacional.
Por eso me he permitido señor Presidente y señores legisladores, hacer estos comentarios. No con ningún ánimo triunfalista ni para decir que las políticas económicas han sido definitivas o ya han dado todos los resultados esperados, pero sí cuando menos como una señal de aliento en este momento.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el senador Rosendo Villarreal, del Partido Acción Nacional.
El senador Rosendo A. Villarreal Dávila:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Igual que todos, compartimos el deseo, las ganas y la urgencia de que tengamos una recuperación cierta y de que se mejore la manera en que vivimos todos los mexicanos. Eso lo compartimos.
Pero creo que tenemos que seguir insistiendo en que hay que ver cuál es nuestra realidad para de ahí partir y para de ahí trabajar más fuertemente para mejorarlo. No se vale decir que porque caímos muy hondo si vamos saliendo un poquito, ya vamos bien. Creo que no es importante si el error de diciembre fue del régimen anterior o si es del régimen actual, ambos son los mismos equipos de trabajo, son del mismo partido, del Partido Revolucionario Institucional y nos llevaron muy hondo a una crisis en la que muchos de los mexicanos que estaban pobres se empobrecieron más, se perdieron muchos empleos en esa época.
Entonces, no se vale decir primero te meto al pozo y luego te doy una jaladita y ahora sí apláudeme porque ya estás un poquito mejor del fondo a donde te fuiste. Yo creo que vale la pena en ese caso ponernos en la realidad.
El PIB per capita de los mexicanos, 3,600 de dólares, todavía está por debajo del PIB que teníamos en 1992 . El PIB per capita que tenemos los mexicanos, no es ni la mitad de lo que tienen los argentinos en este momento; el PIB per capita de los mexicanos es como el 70% del que tienen los brasileños o los chilenos; el PIB per capita, es como el 60% del PIB promedio que hay mundialmente. O sea, no podemos decir que estamos muy bien cuando estamos en esas condiciones.
Efectivamente, el año pasado crecimos un 5%, hay una recuperación pero todavía no alcanzamos, yo le digo en el PIB per capita ni lo de 1992 y hay algunos índices macroeconómicos que nos deben de preocupar a todos. Lo decía ahorita el diputado Jesús Rodríguez: el superávit que tenemos en la balanza con el exterior, se está consumiendo rápidamente. El mes de diciembre tuvimos nada más 300 millones; habíamos llegado a 900 millones de superávit. Estamos acabándonos ese superávit que estaba ayudando a crear un bienestar en nuestro país.
Por otro lado, algo que nos debe de preocupar, porque puede haber un rebote como lo hubo en 1994, es la entrada de dólares que está llegando a nuestro país en forma especulativa. En los últimos dos meses y medio han entrado al país, han subido las reservas de 15, 800 de finales de diciembre a 19,600 o sea ha subido casi 4 mil millones de dólares las reservas, y no son por el superávit en la balanza comercial. Esto quiere decir que es dinero especulativo que está llegando de vuelta a nuestro país y ya nos pasó que cuando ese dinero de repente sale, nos crea un problema, y la cifra es un alta de la cantidad de dinero que ha crecido en las reservas por dinero especulativo, no por inversiones o por diferencia en nuestra balanza comercial.
Yo creo que todos tenemos este deseo, de que mejoremos, de que subamos y tenemos que trabajar todos, pero vamos a ser realistas y no queramos ahorita el aplauso para este régimen, siendo que este mismo régimen nos llevó hasta muy al fondo.
La caída de 1994, les digo, es igual, fue del anterior o del actual, pero fue una caída provocada por regímenes de un mismo partido y llegamos muy al fondo y eso nos causó llegar casi a 40 millones de pobres, a 15 millones de marginados.
Todavía no se puede recuperar el valor del salario, el valor del salario ha seguido perdiendo valor. Entonces vamos a ser conscientes. Yo sé, lo decía el diputado Rodríguez, no vamos a festinar lo que está pasando; son signos buenos pero vamos a ponerlos en la exacta dimensión, porque falta muchísimo para que este Gobierno y para que los que gobiernen el país le cumplan a los mexicanos que tienen un salario muy bajo y a todos aquellos que no tienen empleo.
Y sí quiero volver a hacer un llamado a que nos preocupemos por esos dólares que están entrando a México. Es una cantidad muy fuerte que puede rebotar en un momento, que salga dinero especulativo y vamos a tener otra vez problemas fuertes. Sé que no hay Tesobonos como los hubo en el pasado, pero hay dinero especulativo entrando a ritmos muy fuertes.
En la última semana las reservas crecieron casi 1 mil millones también, o sea estamos en un régimen que puede llevarnos a problemas por ese dinero especulativo que se mueve alrededor de todo el mundo.
Entonces, nada más yo lo que pido es que seamos prudentes y que veamos la exacta dimensión. Estamos muy por abajo de los otros tres países latinoamericanos con los que nos comparamos normalmente: Brasil, Argentina y Chile. Nuestro PIB per capita es muy bajo y tenemos mucha gente pobre, mucha gente desempleada y todavía estamos en una situación de gran peligro en una gran parte del sistema bancario. Creo que es todo un llamado.
Por otro lado, ¡qué bueno que vayamos recuperando y hay que seguir trabajando!, pero que no nos vayamos a confiar en esto.
Muchas gracias.
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, acerca del órgano superior de fiscalización.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Vengo en esta ocasión a lanzar una excitativa, un llamado al Congreso, en especial a la Cámara de Diputados, para que cuanto antes se resuelva la iniciativa que está pendiente, junto con otra iniciativa presentada por Acción Nacional, sobre el órgano superior de fiscalización, haciendo un llamado no sólo al Congreso, sino una exigencia al Presidente de la República para que cese en su empeño de sacar adelante una iniciativa que contradice lo mismo que él ha sostenido en diversas ocasiones, respecto a este órgano superior de fiscalización.
Nada más para recordar, en el plan nacional de desarrollo se establecía que el Ejecutivo Federal, dicho por el Presidente, está convencido del valor democrático y de la necesidad nacional de consolidar un Poder Legislativo fuerte, capaz, eficiente, respetado por la sociedad y coadyuvante activo en la defensa de la soberanía, el impulso al desarrollo y la procuración de la seguridad social. Por ello señala el plan nacional de desarrollo, este plan ratifica su compromiso de respetar y alentar toda iniciativa del Poder Legislativo, para fortalecer su independencia, garantizar su pluralismo político y sus facultades de supervisión y control sobre los órganos del Ejecutivo, particularmente del control presupuestal y de la Cuenta Pública.
Después, en el I informe que rindió ante el Congreso, afirmaba durante este periodo de sesiones que presentaría en fecha próxima una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el Congreso de la Unión ese órgano colegiado de auditoría superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad técnica y profesional, con autoridad para controlar y vigilar y corregir la gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
Y agregaba: "la creación de una auditoría superior de la Federación que ya sea parte del Congreso de la Unión, corregirá, subrayó, la errónea práctica de que quien es fiscalizado también sea el fiscalizador".
Esto afirmaba el señor Presidente en su informe, pero la iniciativa que mandó al Congreso desmiente estas palabras, las contradice a la hora de hacer la propuesta de quienes integrarán este órgano superior de fiscalización, cuando el mismo Ejecutivo Federal propone a quienes han de integrarlo.
Acción Nacional reitera una vez más los puntos de desacuerdo con esta iniciativa y exige que se dictamine en todo caso junto con la presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional, y para recordar simplemente algunos de los puntos más importantes en los que no estamos de acuerdo y, ¿por qué no estamos de acuerdo?, los mencionaremos.
Primero. La iniciativa insiste en que el Presidente de la República intervenga en el proceso de designación de quienes habrán de integrar el órgano de mayor jerarquía de la auditoría superior de la Federación, al ser aquel quien proponga a la Cámara de Diputados los nombres de sus integrantes y ésta sólo se limite a ratificarlos ni siquiera por mayoría calificada, sino simple.
Para los diputados de Acción Nacional, con el hecho de involucrar al Ejecutivo en el nombramiento de los integrantes del órgano superior de fiscalización, se da marcha atrás a la observación que hiciera el propio presidente Zedillo: que el fiscalizador no dependa del fiscalizado.
Asimismo, se estaría retrocediendo en un logro del Poder Legislativo, ya que hoy corresponde a la Cámara de Diputados, la designación del funcionario de mayor jerarquía de la Contaduría Mayor de Hacienda y esto tomando también la inquietud y las declaraciones hechas por quien preside la Gran Comisión, aquí presente, en el sentido de darle fortalecimiento al Poder Legislativo sería uno de los últimos esfuerzos por llevar adelante estas iniciativas, tanto el Reglamento Interior como la Ley Orgánica y aquí se comprende el órgano fiscalizador y la comisión de la Cámara para fiscalizarlo, para darle fortalecimiento al Poder Legislativo.
Otro punto en el que no estamos de acuerdo es que la iniciativa presidencial propone que el órgano de mayor jerarquía se integre en forma colegiada, se habla de cinco miembros, mientras que por nuestra parte proponemos sea unipersonal.
En efecto, como su titular deberá satisfacer un perfil muy exigente, pericia técnica, experiencia profesional reconocida; honorabilidad; autoridad moral e imagen pública, sería más fácil encontrar una persona con esos atributos que cinco o siete. Este personaje habría de generar una gran credibilidad pública, la que difícilmente se conseguirá si el órgano es colectivo. Además, sería muy saludable que el ámbito legislativo cuente con una figura pública de gran relevancia y autoridad moral, que haga contrapeso al titular del Ejecutivo Federal, hoy por hoy avasallador en ese terreno.
Tercero. La iniciativa presidencial contempla la desaparición del texto de la Constitución a la Comisión de Vigilancia, al proponer la derogación de la fracción II del artículo 74 que previene su existencia.
Consideramos que debe no sólo mantenerse con rango constitucional la exigencia de una comisión camaral que vincule orgánicamente al órgano superior de fiscalización con la Cámara de Diputados, sino además, establecer que dicha comisión deberá ser presidida e integrada por mayoría de diputados de partidos políticos diferentes a aquél por el que haya resultado electo el titular del Ejecutivo.
Y cuarto. Aunque estamos de acuerdo en que como principio general las revisiones sean a posteriori, consideramos conveniente se defina con mayor claridad la facultad del órgano superior, debe tener de efectuar auditorías o revisiones concomitantes, es decir, de actos que se registren en un ejercicio fiscal aun no concluido o sin que se hubiere presentado aún la correspondiente Cuenta Pública.
Este tipo de auditorías será de carácter excepcional y su decisión de llevarse a cabo cumplidas las previsiones establecidas por la ley.
Entonces, queremos ratificar la intención que tenemos de hacer un verdadero órgano de fiscalización, dictaminándose en esta Cámara de Diputados la iniciativa presidencial y la que nosotros propusimos en una serie de iniciativas para fomentar el fortalecimiento del Poder Legislativo.
Aquí se podrá invocar que en pláticas en la comisión respectiva, se ha atemperado la iniciativa del Presidente, para que no nombre o designe a todos los integrantes de este órgano, sin embargo, nosotros pugnamos porque no intervenga para nada, porque él va a ser el sujeto a fiscalizar.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador José Trinidad Lanz Cárdenas.
El senador José Trinidad Lanz Cárdenas (desde su curul):
Señor Presidente, declino.
COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
El Presidente:
Para referirse al caso de la Conasupo, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Los tiempos que hoy vive el país, sobre todo en el aspecto político y que conlleva a aspectos sociales y económicos, demandan de una claridad amplia en el uso de los recursos públicos por parte de todas y cada una de las instancias de gobierno y sobre todo, cuando es de dominio público que fortunas de personas que han sido funcionarios públicos o de familias enteras, son tan ostentosas a cargo, sobre todo, del erario público.
Razones que nos llevan hoy a puntualizar sobre el caso de la Conasupo. Es fundamental que el trabajo realizado por la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo y sus empresas filiales, que fue cerrado en el periodo ordinario anterior, y que algunas de las líneas de investigación no fueron concluidas y de ellas mismas se derivaron otras adicionales, hoy hace necesario puntualizar y que las demandas y denuncias que se derivaron de los documentos emanados de estas líneas de investigación y de otras adicionales y que se convirtieron en denuncias integrando averiguaciones previas ante la propia Procuraduría General de la República, hoy urge una respuesta de su situación jurídica que guardan.
El informe final de la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo, se le dio un carácter de definitivo cuando no lo fue así.
La Comisión Especial de la Conasupo no cumplió su objetivo fundamental para lo que fue creada, sin embargo, se trató en una votación mayoritaria de sepultar los expedientes de cada una de las ocho líneas de investigación y los mismos informes de los dos despachos contratados, ellos mismos, en su propio texto, tanto en el informe y en el dictamen, mencionan que algunas líneas no pudieron concluirse.
Esto quiere decir que quedó pendiente un esfuerzo de análisis, de auditoría, en diferentes renglones de investigación para poder dar conclusiones válidas definitivas.
Es por eso que en el pleno de la propia Cámara de Diputados, en su momento, se transfirieron algunas líneas de investigación pendientes y otras adicionales a la propia Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la Cámara de Diputados, y que es fundamental hoy, sobre todo para el país, que de alguna manera esperó una respuesta a través de esta comisión especial, por lo menos ésta otra Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, dé una respuesta clara y concreta de la situación jurídica que guardan las diversas denuncias ante la propia Procuraduría General de la República.
La sociedad completa de nuestro país sigue teniendo los ojos puestos en esta Comisión Permanente y en la Cámara de Diputados, y esta Comisión Permanente y la propia Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, tiene la obligación de dar una respuesta adicionada de la muy limitada que la comisión especial dio en las ocho líneas de investigación.
Es por eso que derivado de las ocho líneas de investigación, aprobadas por la comisión especial, en su momento, dieron origen a información, documentos, expedientes, pruebas sobre malos manejos y que varios de esos documentos y pruebas fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, para que ésta en uso de sus propias facultades las enriqueciera, integrando y perfeccionando cada una de las averiguaciones previas, que como consecuencia de cada una de las denuncias quedaron integradas.
Y bien, en su momento, la propia autoridad investigadora, tendría que perfeccionar esa averiguación previa y consignar ante la autoridad competente, para que ésta pudiera deslindar las responsabilidades que se deriven de los delitos que pudieran tipificarse.
Es por eso que hoy presento un punto de acuerdo, desafortunadamente no firmado por el grupo o fracción parlamentaria del PRI, únicamente por el PAN, el PRD y el PT y que dice lo siguiente:
«Diputado Juan José Osorio Palacios, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política; artículos 100 y 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se dé trámite al siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Con fundamento en lo arriba expuesto, pedimos a esta Comisión Permanente, turne a las comisiones que correspondan, para que éstas soliciten al procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, les informe acerca de la situación jurídica que guardan las averiguaciones previas No. 10218/FEDFV/96, 10219/FEPFD/96, 10220/FEDFV/96, 10221/FEPFD/96, 605/FEPFD/96, 675 y 1814, así como todas las presentadas por la fracción parlamentaria del PRD, todas ellas relacionadas con la empresa paraestatal de la Conasupo y sus filiales.
Y en forma especial también solicitamos informe sobre la situación jurídica que guarda la denuncia presentada por diputados federales de esos tres grupos parlamentarios, con fecha 29 de noviembre de 1996, ante la fiscalía especial de delitos ecológicos y carreteros de la PGR y que quedó radicada bajo el número 12096/FEDEP/96, la cual se requiere al controvertido pago que la Conasupo hiciera a Maseca.
Atentamente.
La firman los diputados: Ramón Sosamontes Herreramoro, de la fracción parlamentaria del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, de la fracciónparlamentaria del Partido del Trabajo; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del PAN y el que está haciendo uso de la voz.»
Procedo, pues, señor Presidente, a entregar este punto de acuerdo, para que se le dé el trámite de acuerdo a nuestro reglamento.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
No cabe duda que el afán protagónico con el que se promovió la creación de la Comisión Investigadora del caso de la Conasupo pretende retomar nuevamente ese afán, precisamente de protagonismo y es tan evidente que una vez que fue concluida en definitiva la Comisión Investigadora de la Conasupo, muchos diputados, principalmente de otros grupos parlamentarios distintos al mío, perdieron absoluta notoriedad, dejaron de ser noticia en los diarios impresos, en los medios de comunicación.
Y es precisamente lo que ahora promueve alguno de ellos para que se vuelva nuevamente al caso de la Conasupo, y lo que es más curioso, una comisión transitoria, verdaderamente transitoria como lo prevé nuestra Constitución y que concluyó su función, pretende rehacerse, rehacer a través de un subterfugio y dicen ahora que las facultades investigadoras y la de persecución, la de consecución de todo lo que se había realizado por la Comisión de la Conasupo recae ahora en la Comisión de Distribución y Bienes de Consumo.
Yo creo que es necesario, para orientar más bien a la opinión pública y para refrescarles la memoria a algunos compañeros diputados que participaron en esta comisión, creo que es conveniente hacer las siguientes puntualizaciones.
Primero. La Comisión de la Conasupo en un debate totalmente agotado, se dio por definitivamente concluida y en un acuerdo cuyos puntos resolutivos, tengo aquí a la mano que datan del 8 de octubre de 1996, determinó por aprobación del pleno que todo lo que hubiere quedado pendiente y el seguimiento de las investigaciones obtenidas por la Comisión de la Conasupo, deberían ser observadas y seguimiento por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y las comisiones ordinarias competentes.
Está aquí el texto íntegro del acuerdo que así se tomó por la plenaria. No hay pues ninguna atribución, no hay pues ninguna facultad de este tipo, de esta naturaleza que se le haya conferido a la Comisión de Distribución y Bienes de Consumo. Si a lo que el señor diputado Manuel Beristáin quiso referirse es a aquel acuerdo que se tomó con posterioridad en relación a una propuesta que hiciera el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, otro integrante de la Comisión Investigadora del caso de la Conasupo, está totalmente alejado de la realidad.
Tengo aquí el Diario de los Debates en donde se contiene la propuesta y el acuerdo tomado en esa sesión y voy a darle lectura:
"Propuesta. Unico. Que las materias pendientes de investigación de la Comisión de la Conasupo sean turnadas a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, así como a las comisiones ordinarias procedentes, para esclarecer los hechos y presentarlas a las autoridades competentes, el financiamiento de la responsabilidad, el fincamiento, es decir, aquí dice "financiamiento", estoy leyendo textualmente, aclara después, el fincamiento de las responsabilidades de éste".
Este fue el punto de acuerdo, la propuesta que hiciera el 15 de octubre de 1996, el señor diputado del PRD, Víctor Manuel Quintana Silveyra. A esa propuesta recayó el acuerdo.
El Presidente: "Túrnese a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, así como a las demás comisiones ordinarias procedentes".
Fue, pues, a esta propuesta, un simple trámite de turno. De dónde, pues, con esto, pretendemos sacar, concluir, que quedó legalmente facultada esta comisión para hacer el seguimiento de las investigaciones que ciertamente quedaron pendientes en la investigación del caso de la Conasupo.
Pero todavía voy más allá. Como este subterfugio quiso tomarse para abrogarse facultades que no le corresponden a esta Comisión de Bienes de Consumo, quiso sorprender, quizá, a la opinión pública y a la mejor a algunos servidores públicos y dice: "estamos facultados por acuerdo de la comisión y del pleno, a hacer este seguimiento y pedimos y exigimos que se nos presente todo el archivo que fue indebidamente devuelto a la Procuraduría General de la República y que fue devuelto por ahí a las oficinas, a los archivos de la Conasupo". Y piden y exigen que se les dé respuesta y que se satisfaga positivamente su petición.
Yo quiero decirles que el día 11 de febrero del año en curso, éste, 11 de febrero, el señor diputado Alfonso Solórzano Fraga, presidente de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, convocó efectivamente a una sesión de comisión. Entre otros puntos, para tratar éste. Y miren ustedes cuál fue el resultado. ¡No hubo quorum Sencillamente no hubo quorum y sin embargo, dice haber tomado acuerdos y resoluciones. Hizo muchos intentos porque se integrara el quorum, inclusive le dio participación en la comisión, a alguien que no era diputado, era asesor por ahí de un diputado y también lo quiso incorporar para que integrara el quorum!
Una verdadera aberración y entonces sin siquiera tener el ámbito competencial y sin siquiera tener un acuerdo de su comisión, se está atribuyendo facultades que definitivamente no le correspondían; por todos los ámbitos, por todos los lugares donde quieran buscarle. No tiene facultades para ello. Mal harían, servidores públicos que pudieran permitirse el atender, el obsequiar peticiones realizadas con esa naturaleza.
A la intervención que hace el señor diputado Manuel Beristáin, yo quiero decirle que efectivamente, siempre lo hemos dicho, nos preocupa sobre, manera y tenemos profundo interés en que se combata de raíz la corrupción, donde quiera que se encuentre y cualquiera que sea el nivel de los funcionarios que incurren en estos actos de corrupción. Es un cáncer social que debemos desterrarlo profundamente de nuestro país.
Y con ese afán, la Comisión de la Conasupo concluyó su trabajo con un dictamen que presentó al pleno de la Cámara, en el mes de diciembre y en ese dictamen se proporcionan una serie de elementos que sirven de base para ampliar la investigación que en otras instancias ya se había iniciado, que amplia la posibilidad de encontrar otras nuevas líneas de investigación distintas y en abundancia a las que fueron señaladas por todas las fracciones parlamentarias y proporcionamos una serie de datos y una serie de elementos y un gran expediente.
Y como la Constitución no señala que los alcances y las facultades de la Cámara de Diputados y, en su caso, de Senadores, como resultado de sus investigaciones es ponerlas en conocimiento del Ejecutivo Federal, para que actúe en consecuencia, nuestra recomendación fue en el sentido de que se turnara a la Secretaría de la Contraloría y a la Procuraduría General de la República, para que a partir de ahí se iniciara la integración de las averiguaciones previas correspondientes y que éstas culminaran con la consignación o las decisiones administrativas o penales que tuvieran que darse como resultado de esas investigaciones.
Siempre fuimos expresos. Sea quien sea el responsable debe de ser sancionado. Pero, bueno, habríamos que recordar quién era el Procurador de Justicia en ese tiempo: ¡Antonio Lozano Gracia:
Y yo creo, ahora puedo percibir, ¡que los compañeros integrantes de la Comisión Investigadora del Caso de la Conasupo tenían una profunda desconfianza de la actuación de Antonio Lozano Gracia, porque se oponían tajantemente a que la investigación de la Conasupo fuera concluida, para que derivara en hechos concretos y se pudieran exigir las responsabilidades administrativas o penales que surgieran!
¡Y creo que tenían razón, porque Antonio Lozano Gracia nada hizo respecto de la investigación y de la integración de las averiguaciones previas que se derivaron de todo ese trabajo realizado en la investigación del caso de la Conasupo:
Fue a instancias de la fracción priísta que la Procuraduría General de la República y como resultado de un requerimiento, oficio, que hace el director general de la Conasupo, que se empiezan a integrar las averiguaciones previas. En lo único que podría estar de acuerdo con mi compañero Manuel Beristáin.
Debemos, sí, por la instancia legal que quedó establecida por el acuerdo del pleno, buscar, valga la redundancia, instar al Procurador de la República para que cumpla con su cometido. Yo creo que el actual Procurador le va a poner interés a esto y "hay mucha tela de donde cortar" en el caso de la investigación de la Conasupo.
¡En eso y solamente en eso estaríamos nosotros de acuerdo en que se instara a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, también, para que fortalecieran y concluyeran esas investigaciones! ¡Pero no con este afán protagónico que se vislumbra nuevamente! ¡Están dados los elementos y "hay mucha madeja de donde jalar"!, ¡y hay un organismo, a través de la Cámara, que es el único que está legalmente facultado para hacer el seguimiento de los resultados de esa investigación!
¡Yo los invito y los convoco, repito, a que sin protagonismos nos sumamos todos a este esfuerzo, pero que no busquemos recovecos! ¡Creo que en el debate que dimos en diciembre del año pasado quedó absolutamente claro que las minorías no tienen derecho a nombrar comisiones investigadoras!; es un derecho implícito en las mayorías y fueron las mayorías las que decidieron formar esa comisión investigadora y fueron las mayorías las que decidieron concluirlas cuando el trabajo estaba concluido.
Señores: en mi intervención, en diciembre yo dije: "la comisión... contra los responsables...
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Señoras y señores legisladores y en especial diputado Cruz Acevedo:
No me extraña su conducta, su conducta personal exactamente refleja la conducta que guardó la fracción priísta en la Comisión Especial de la Conasupo.
No hay alternativa de llegar a fondo en asuntos que han quedado más pendientes que resueltos y usted dice que la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo no es la adecuada ¡Pero yo no lo digo señor diputado Cruz Acevedo! Yo aquí tengo en mis manos un oficio de hace 10 días, fechado 20 de febrero de 1997 y firmado por el subprocurador de averiguaciones previas, hoy, licenciado Raúl F. Garza Serna y le voy a leer el penúltimo párrafo, para que usted le pregunte a él o le diga o le informe que no es la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo la adecuada. Dice textualmente lo siguiente.
Cito penúltimo párrafo: "por otra parte, se le hace de su conocimiento que en la actualidad la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios de la Cámara de Diputados es la encargada de dar seguimiento a los asuntos de la Conasupo, surgidos de las ocho líneas de investigación en las que trabajó la ahora extinta Comisión para la Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, según sesión celebrada el día 15 de octubre del año próximo pasado en el Palacio Legislativo, por lo que se le sugiere a usted se coordine con dicha comisión para la solicitud de cualquier información. Firma autógrafa del subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGR, licenciado Raúl F. Garza Serna".
¡A mí no me lo diga señor diputado Cruz Acevedo, mándele un escrito, que corrija sus respuestas la propia Procuraduría! Si él sostiene que es el vínculo la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo para solicitar información y que ellos den información, corríjalo a él, señor diputado.
Y yo estoy de acuerdo con usted, no se trata aquí de que sea la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo la única o el único instrumento que podamos motivar solicitarle, para que a través de esa comisión pueda solicitar el estado de la situación jurídica de las averiguaciones previas; ¡estoy de acuerdo con usted! Si es la de Concertación Política y Régimen Interno de la Cámara, adelante, porque se trata de darle velocidad a asuntos que quedaron pendientes, pero no vengamos aquí a tratar y hablar de afán protagónico, porque sus intervenciones, señor, son exactamente eso, elementos protagónicos sin argumentos suficientes y con una clara y notoria inclinación a no dejar avanzar un asunto tan delicado como fueron las ocho líneas de investigación y otras derivadas de la Comisión Especial de la Conasupo.
Yo nada más quiero puntualizarle otro asunto, no confunda las personas con las instituciones, porque nosotros el 19 de noviembre, siendo titular el licenciado Antonio Lozano Gracia, de la PGR, presentamos una denuncia, no nos importó que estuviera él o si hubiera otra persona, nosotros no confundimos a las personas con las instituciones, hoy reclamamos que a la institución llamada Procuraduría General de la República nos informe a través de la comisión correspondiente, yo no estoy diciendo si trabajó o no Antonio o si trabaja o no el actual Procurador, no confunda usted los términos y los conceptos señor, como los confundió dentro de la propia comisión.
Espero que el debate sea en otro nivel, no en los que usted acostumbra.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente:
Evidentemente que mi intervención no tiene el propósito de seguir sosteniendo un debate que yo creo que a considerar por la altura de los que estamos contendiendo podría ser un debate de altura, pero no creo que sea materia de mayor profundización; primero, porque estamos conociendo de una propuesta que no compete a la Comisión Permanente conocer, si usted analiza cuáles son los puntos materia del conocimiento de la Comisión Permanente, pues no va a encontrar por supuesto ninguno de estos para que pudiéramos aspirar a derivar a la recomendación que usted le pide a la Comisión Permanente que haga a las instancias correspondientes.
Miren, yo advertí y por eso aquí señalé categóricamente, advierto que han pretendido sorprender la buena fe de algunos servidores públicos atribuyéndose la Comisión de Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, atribuyéndose facultades que no le corresponden y efectivamente eso fue lo que pasó con el señor subprocurador Raúl F. Garza, que quizá, seguramente confundiendo la buena fe que impera en la institución, también sorprendieron la buena fe personal de él, pero ese va a ser un problema de él y él es el que les va a tener que explicar a ustedes que siempre no tenían la facultad para recabar la información que les fue solicitada.
Y bueno, quizá tuviera alguna explicación el oficio al que usted hace referencia, pretendieron en la redacción atribuirse, insisto, facultades que nunca le fueron conferidas y cuando usted dice diputado Manuel Beristáin que yo no he dado argumentación jurídica, yo le dije con el texto, textualmente leí el Diario de los Debates propuesto, una propuesta hecha por Víctor Quintana Silveyra, que solamente obtuvo como acuerdo un trámite, "turno" y eso evidentemente que no le da ninguna facultad a ninguna comisión y "túrnese a la Comisión de Bienes de Consumo y a las otras que resulten competentes" pues para que ellos determinen hasta dónde pueden tener competencia e informarlo al pleno y el pleno, entonces sí, debería determinar si se le concedían o no esas facultades, pero resulta primero que fue esta comisión, curiosamente presidida por un miembro del PRD, la única que se quiso abocar y arrogar esas facultades pero en ninguna otra de las comisiones que pueden llamarse competentes, se ocuparon del asunto.
Y si usted cree que no es argumento el acuerdo textual que determinó en dónde quedaban, residían las facultades de consecución de la investigación le voy a leer los puntos resolutivos primero.
Primera parte del punto segundo, dice textualmente: "la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Diputados, darán seguimiento a los resultados del informe final en las responsabilidades civiles, administrativas y desde luego penales aplicables a cualquier funcionario o ex funcionario que deriven de los resultados de la investigación de esta Cámara y que determinen las autoridades competentes." Más claro, agua.
De dónde pues, pretendemos que otras comisiones se atribuyan facultades que nunca le fueron conferidas. Sí, ciertamente supimos que varios señores diputados pertenecientes a otros partidos políticos distintos del mío, habían presentado sus denuncias, a título personal señor diputado Manuel Beristáin y bajo su estricta responsabilidad, pero no con el cobijo, no puede considerarse que tengan el cobijo o el amparo de la autoridad moral de la Cámara de Diputados y las imputaciones y los señalamientos que ustedes le hayan hecho, serán de su exclusiva responsalbilidad y si resultan terceros perjudicados, pues allá ellos si determinan ejercitar acciones en contra o no.
Pero será responsabilidad de ustedes, no de la Cámara y en cuanto a que sea esta Cámara o más todavía, más grave todavía, la Comisión Permanente la que pretenda exigir información, pues yo creo que no nos ubicamos ni en el recinto en el que estamos actuando.
Que les informen a ustedes, al final de cuentas el artículo 8o. constitucional les da el derecho de oír los acuerdos recaídos a sus peticiones, pero que lo hagan a ustedes en lo individual, bajo su responsabilidad.
Cuando dice que Raúl F. Garza dio respuesta a ese requerimiento que le hizo la Comisión de Bienes de Consumo, yo le diría: y por qué el señor contralor, ahí sí que no podemos decir que van a sorprenderle su inocencia o su buena fe, dijo no, no puedo dársela ni son ustedes el conducto y como él sí nos lo dio a él sí hay que atacar; él sí es intolerante, él se cierra a toda la investigación y bueno, el otro joven subprocurador, ése sí está abierto a la investigación del caso de la Conasupo.
Insisto, señor diputado, súmense a nuestro interés. Vamos a instar, pero por los organismos competentes jurídicamente competentes, a que esta investigación concluya.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales, el diputado Beristáin.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Yo nada más quiero puntualizar, para regresar el debate a lo serio, a lo formal, que es bien importante estar atento al contenido de los puntos de acuerdo expresamente contenidos por escrito, porque jamás se está pidiendo que sea en forma directa la Comisión Permanente quien le solicite información a la PGR. Está la versión estenográfica de lo que yo dije aquí pero fue leído textualmente, está en manos del señor Presidente de esta sesión de la Comisión Permanente el escrito y vamos, únicamente estamos solicitando que se corra trámite tal como lo marca el reglamento en el artículo 179 y, pues, lo voy a leer aunque ya es ocioso, ya estamos casi al final de esta LVI Legislatura y vamos, para tener presente el contenido de los artículos tanto del reglamento o de la Ley Orgánica.
El 179 menciona: "los asuntos cuya resolución corresponde al Congreso o a una de las cámaras que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda".
Estamos pidiendo que se turne. Si bien no es la de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, pues que sea la Comisión de Concertación Política y Régimen Interno, estamos de acuerdo y por si fuera poco, abundando en la Ley Orgánica, en el artículo 106 dice: "los asuntos cuya resolución corresponda al Congreso o a una de las cámaras y que durante el receso se presenten a la Comisión Permanente, se turnarán a las comisiones relativas de la Cámara que corresponda".
No confundamos los conceptos y vamos, ni hablar de altura o estatura por si alguien se marea, y creo que no estamos pidiendo cobijo o amparo de la Cámara de Diputados quienes, haciendo uso, sobre todo de una facultad y de una obligación, porque nos comprometimos con el electorado, de hacer la función de diputado federal o en el caso de los senadores, conforme al mandato popular y el mandato popular obliga, cuando hay evidencias que nuestras corrupciones y que lo menos que tenemos que hacer los legisladores es presentar formalmente la denuncia ante la autoridad competente.
No estamos pidiendo el cobijo de la Cámara; estamos apenas cumpliendo nuestra mínima función como legisladores.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señor Presidente:
Creo que efectivamente el compañero diputado, defensor aquí de las cajas cuando estaba lo de Raúl Salinas y la Conasupo se aprendió bien el oficio de ahí donde trabaja Farell, el 107, donde dice que es una comisión, tiene que reunirse y ahí acordar que si hace alguna petición al Presidente o no. El oficio 107, éste que firma el señor Arsenio Farell Cubillas, el salmista ahí defensor y cubridor incluso de algo que alguna vez, como estarán recordando en la Cámara de Diputados, la LVI Legislatura, cuando se cometió una de las infamias por la mayoría, cuando se canceló la Comisión de la Conasupo, porque estaban llegando a muchas cosas los compañeros, de minoría, no, no sé, pero eran diputados y el asunto era mejor desaparecerla; total, aguantamos una semana como lo propuso Farell en la prensa de críticas, pero hay que pararle ya a ese asunto y no continuarlo.
Es la argumentación que se nos presenta aquí ¿Puede un presidente de comisión o no..? Pues eso según el color; si fuera un presidente priísta, claro que puede; no sólo un presidente de una comisión priísta, sino un presidente cuya comisión ya no existía, como sucedió en la Comisión de la Conasupo, donde después de extinta la comisión, todavía dice el Oficial Mayor, ya el nuevo, que se devolvió la documentación a petición de esa comisión, extinta le pone todavía el Oficial Mayor nuevo. Ahí sí, todas las facultades, no hubo quorum, no hubo reunión, ya estaba extinta; no importa. Tiene la fuerza, tiene la orden de Arsenio Farell; en ese caso quedó bien Hinojosa, quizá sea bien premiado por Chuayffet o por Farell; no sé, es un asunto que de todos modos tendremos que responderle a la opinión pública.
¿Qué se pide? Que se dé información, ¿la Comisión Permanente? No, no se puede; las comisiones correspondientes, ¿cuál? Una de ellas, la que se acordó entonces en la Cámara de Diputados, que fuera la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para que resolviera los asuntos pendientes, las líneas pendientes y recibiera, obviamente, la documentación que tuviera que ver con los asuntos pendientes, dice y recibió documentación, efectivamente, recibió documentación, efectivamente, recibió y está todavía en manos de la comisión.
Lo que sí, hay que correr a quitar la chapa, porque el Presidente es del PRD y no le tienen confianza; no vaya a ser que esas dos cajas en fin, hay que correr un riesgo.
Y obviamente como Presidente pide información. Farell le responde lo que usted aquí nos respondió en el oficio 107, firmado por él. Pero en la Procuraduría General de la República sí responde y dice, ¿cuál información de los 1 mil 623 asuntos que están ahí pendientes? No dos, como era el acuerdo, un acuerdo, si recordamos, a partir de una huelga de hambre del compañero Víctor Quintana y que para levantarla se buscó dirigir el asunto pendiente a una comisión, incluso no decíamos a cuál.
Se propuso por el entonces jefe de la banca mayoritaria que fuera a esta Comisión de Distribución y Manejo de Bienes y se turnó para allá ¿Para qué se turnó?, no creo que para guardarla, no es así el asunto. Cuando una comisión recibe se turna el asunto propuesto y mandado por la Cámara, es para que se resuelva y se dictamine. Así también lo dice el oficio 107 de Farell, que dictaminen y ¿cómo dictaminan, si no hay elementos, si no hay más información?, hay que buscarla y hay que pedirla, y hay que tenerla y no hay que sacarle.
De eso se trata, no estaba pidiendo compañeros que se vuelvan a abrir y que vuelvan, no, ojalá se pudiera. No, somos realistas. La información correspondiente que tenga la PGR y respondió ya en el asunto de que cuál de las 1600.
Entonces es un asunto mucho más fácil, ni siquiera hay que estar recordando aquello, no, ya cada quien tendrá que responder, y efectivamente, los asuntos parecen olvidarse, pero después de que pasa el sexenio salen las cosas.
La prueba. Todo el salinato héroes y reyes del sexenio pasado, ahora son los grandes traidores y causantes de todas las desgracias que están sucediendo en México, porque así es efectivamente y este asunto saldrá y tendrá que salir, porque la opinión pública efectivamente perdona momentáneamente algunos asuntos, pero vuelven a salir. La gente en México por fortuna no es tonta.
Se trata pues de solicitar esta información. Hay un acuerdo superior de la Cámara de Diputados, para que esta comisión dictamine que es lo que hacen las comisiones, sobre los asuntos pendientes que se tienen que resolver en la investigación de éste tan lamentable asunto de la Conasupo.
Incluso tendrían que responder, ¿por qué la Cámara de Diputados le hace caso a una presidencia y a una Secretaría Técnica de una comisión extinta semanas antes de firmado el documento?, según esto, para que se devolvieran todas las cajas, la mayor parte de las cajas a la Conasupo, para la limpieza correspondiente que estaba ordenando Farell Cubillas.
Creo que es correcto turnarla, lo que estamos proponiendo nuevamente y hacer la exhortación para que haya esta información. Es necesaria, no podemos acabar la LVI Legislatura simplemente haciendo caso omiso, como que ya pasaron los asuntos y estas arbitrariedades que hubieron en la Conasupo, porque no es responsabilidad de la Cámara de Diputados que eso simplemente se quede enterrado ahí y amarrándole las manos al Presidente o a la comisión o a parte de la comisión o a diputados de la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.
El Presidente:
Para el mismo asunto tiene la palabra el diputado Pedro Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su autorización, diputado Presidente; compañeros diputados y senadores integrantes de esta Comisión Permanente.
En un principio realmente no entendía yo las razones para una argumentación muy larga, incluso de diversos temas y antecedentes, ante la petición que planteó el diputado Manuel Beristáin, pero creo que en el fondo ha sido cada vez más claro que la argumentación no estaba orientada a responder a la petición del diputado Manuel Beristáin, sino a plantear un asunto que a nosotros nos preocupa y es el de establecer ahora que no tiene ninguna competencia para conocer de este asunto la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo.
Y me parece grave porque el acuerdo que se tomó para que las cuestiones pendientes y trato de refrescar la memoria, las líneas pendientes de investigación fueran turnadas a esta comisión, fue de los pocos acuerdos que tomó la comisión de concertación, en consulta con los cuatro coordinadores de las fracciones parlamentarias y están varios compañeros que estuvimos en esa sesión aquí todavía y saben que después de la larga huelga que había planteado el diputado Quintana, se tomó este acuerdo considerando que era una comisión competente también por la materia, y considerando también que completaba y cumplimentaba el acuerdo tomado por el pleno para que la comisión de concertación y las comisiones de la Cámara correspondientes, le dieran seguimiento y agotaran las líneas pendientes de investigación.
No quisiera entrar en mayores discusiones, pero sí he querido precisar estos elementos, porque para nosotros en política el cumplimiento de la palabra y de los acuerdos es condición fundamental porque pensamos todos que no acabamos con nuestras responsabilidades públicas en unos cuantos días. Pensamos que quienes estamos en la lucha política seguiremos trabajando largo tiempo y es fundamental como elemento de un trato político responsable el cumplimiento de la palabra y de los acuerdos.
Si hubiera la decisión de que esta comisión no siguiera conociendo de los asuntos, el momento para haberlo hecho fue en donde se propusieron estos acuerdos y ahí entonces se hubieran tomado otros caminos distintos, pero me parece grave que ahora se esté tratando de construir toda esta argumentación para establecer el criterio de que la comisión no tiene facultades.
Y me parece que en el fondo ésta es la argumentación que planteaba el diputado Cruz Acevedo, cuando saca toda la documentación, cuando incluso hace todo el relato para establecer la falta de quorum en algunas de las reuniones de esta comisión.
Creo que sería grave que ahora estuviéramos buscando desandar acuerdos y encontrar justificaciones o pretextos para incumplir lo que se pacta.
Fue, hasta donde yo recuerdo, porque además ya me tocó a mí como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, algunos de los asuntos que se consultaron con las cuatro fracciones, incluso asuntos que hasta se buscaron los términos para que no hubiera lugar a duda, de tal forma que ahora para nosotros es inadmisible que se esté tratando de construir justificaciones para incumplir acuerdos que consideramos tienen la validez porque fueron tomados en forma consciente por las cuatro fracciones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente:
La intervención muy ecuánime que ha hecho el señor diputado Pedro Etienne, me obliga a hacer algunas aclaraciones, porque ni en mi intervención ni en los documentos a los que yo he dado lectura, revelan ningún propósito avieso y si yo traje a colación los acuerdos, las propuestas, fue precisamente porque quien los planteó aquí fue el diputado Manuel Beristáin.
Y creo que en lo que estamos confundidos, es simple y sencillamente en la falta de trámite o seguimiento, si usted quiere así denominarle, que se dieron a los acuerdos y a las propuestas tomadas, en una ortodoxia parlamentaria a la propuesta hecha por el diputado Víctor Quintana Silveyra, recayó un acuerdo aprobado por la mayoría de la plenaria de turno, simple y sencillamente: túrnese a la comisión.
¿Pero qué explicaba el acuerdo del turno? Que la comisión correspondiente, el Presidente, que son sus facultades, sus atribuciones, convocara a la comisión, les diera a saber el contenido de la propuesta y determinaran si aceptaban en todo caso la encomienda, si consideraban que era competencia de ellos, conocer y abocarse a este trámite.
Pero eso fue lo que no se hizo, diputado Pedro Etienne, eso fue lo que no pudo consolidar la Comisión de Manejo de Bienes de Consumo y contrariamente a la ortodoxia legislativa se atribuye facultades que no le competen.
Esa es la diferencia en el trámite, no es ningún otro propósito y lo hemos dicho con mucha claridad y aquí nosotros no nos estamos oponiendo a que se investigue o que se informe a la Cámara del seguimiento que se haya dado a esa investigación. Inclusive invité al diputado Beristáin, sin protagonismos vamos a sumarnos todos, vamos a pedir y vamos a instar al nuevo Procurador, para que informe y actúe en consecuencia y que se llegue a donde se tenga que llegar. Eso no le preocupa al priísmo, a los diputados priístas no nos preocupa en lo absoluto.
Lo que es más, muchos de quienes formamos parte de la Comisión Investigadora de la Conasupo a título individual, hemos instado a quien fue presidente de esa comisión, para que hagamos un seguimiento y le pidamos a la Comisión de Concertación Política que es la que si quedó facultada, a que promuevan.
No es otro pues el propósito, no es otra la confusión, así planteada, no tenemos ningún inconveniente, pero que sean las instancias legales, ya lo hemos dicho aquí, que nadie se quiera atribuir facultades que no le correspondan, ese es el fondo de la cuestión.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.
UNION NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry, para tratar sobre la constitución de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Con su venia, señor Presidente...
El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):
Señor Presidente, le ruego se respete el orden del día.
El Presidente:
El diputado Moreno Berry nos pidió que como no había nada más que un punto planteado por su partido y habíamos tratado muchos temas tanto del PRI, como del PRD, como del PAN, que por favor adelantara una nada mas.
El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):
Señor Presidente, le ruego se respete el orden del día, porque se está adelantando un tema.
El Presidente:
Se consulta a la Asamblea si autoriza que tome la palabra el diputado Moreno Berry ¿Están de acuerdo.
Gracias.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Gracias, compañeros legisladores:
Reunidas 20 organizaciones sociales de 12 entidades del país, los días 21 y 22 de febrero en Acapulco, Guerrero, acordamos emitir la siguiente declaración al pueblo de México:
"Mientras la tragicomedia y la farsa se enseñorean del escenario político del país, pretendiendo esconder la verdadera tragedia de los mexicanos, que es la de soportar en sus hombros la carga de la crisis económica, de manera silenciosa y espontánea surgen organizaciones sociales de todo tipo y tendencia, que el pueblo de México ha creado como respuesta y medio para solucionar las demandas concretas de servicios, educación, alimentación, tierra, transporte, vivienda, etcétera.
La asfixiante política económica del régimen y el abandono de la mayor parte de los partidos políticos para gestionar la solución a las demandas concretas ha dado como resultado la proliferación de las organizaciones sociales que surgen y crecen como expresión organizada de la sociedad en cada colonia, barrio y poblado de manera modesta, contribuyendo a que la sociedad avance. Sin embargo, siendo tantas, tan variadas y ricas sus experiencias, las organizaciones sociales se mantienen dispersas sin una perspectiva nacional que permita potenciar toda la fuerza real del pueblo organizada en ellas. Así surgimos como Unión Nacional de Organizaciones Sociales (UNOS) que pretendemos al crearnos, coordinar los esfuerzos de las organizaciones regionales y locales para darle representatividad y gestoría nacional a las luchas que encabezamos, respetando la autonomía de cada una de las organizaciones para contribuir en la creación de una nueva sociedad, de un régimen económico, político y social distinto al capitalismo salvaje en el que vivimos.
Al surgir la UNOS manifiesta su plena adhesión a la lucha por construir una patria justa, manteniendo firme la esperanza de que sólo en una sociedad socialista puede alcanzar las metas de la democracia que para nosotros no es otra cosa más que la alimentación llegue a todas las casas, que todos los mexicanos tengan un techo donde cobijarse, que haya trabajado para todos y bien remunerado, que todos nuestros hijos tengan una escuela donde prepararse, que no falten centros de salud y hospitales. Eso sería una sociedad humana y solidaria.
La UNOS, nace valorando el esfuerzo colectivo de los hombres y mujeres que le dan vida y por ello nuestra vocación de ser autónomos y libres, sin propietarios públicos o anónimos, porque somos expresión real de una sociedad que requiere transitar por caminos de libertad y de confluencia para unificar aspiraciones y darle continuidad y éxito a nuestra luchas. Nacimos con principios nobles y justos para que toda organización social por pequeña que sea, tenga asegurada voz, voto y respeto a sus propuestas.
Nos manifestamos por la vía electoral como la forma de cambio de gobierno, no alentamos ni justificamos la vía armada, ésta, la justifica la extrema pobreza de las comunidades marginadas y de manera especial los pueblos indígenas de México que han encontrado en el EZLN y el EPR, sus voceros.
Por ello, exigimos al Gobierno de la República dar pasos firmes en la pacificación con justicia y dignidad, dando muestras palpables, aceptando la propuesta de la Cocopa que, a nuestro juicio, es la que consensa las exigencias en ese sentido. En respuesta a lo anterior, se hace necesario conjuntar el esfuerzo de las organizaciones sociales del campo y la ciudad, regionales, estatales y municipales, con el objetivo de fijar el rumbo del movimiento social que sea capaz de reivindicar y abanderar los justos reclamos del pueblo en un marco de unidad, consecuente con la problemática actual.
Por lo anterior, manifestamos nuestra voluntad de realizar nuestra Asamblea Nacional Constitutiva de la UNOS, a celebrarse los días 21 y 22 de marzo del año en curso.
Fraternalmente, por una política de hechos. Y firman el comunicado, las organizaciones siguientes: por Baja California, la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular y firma la compañera María Mercedes Maciel Ortiz; por la Organización Social Tierra y Libertad, compañero Luis Armando Díaz; por Baja California Sur, César Uzcanga, en nombre de la Unión de Colonos Independientes; por Chiapas, Francisco Mariano López, a nombre de la UNTA, A.C.; Mariano Batista, por la Unión Campesina Chiapaneca; por el Distrito Federal, la Unión General de Obreros y Campesinos de México Unico, José Gambino Heredia; por Guerrero, Miguel López Sotelo, a nombre del Movimiento Urbano Popular Agrario y de los Trabajadores; por Jalisco, Silvia Becerra, de la Asociación de Artesanos de Tonalá; Gonzalo Gómez Alarcón, por los Comités por el Trabajo, A. C.; por el Frente Popular Tonalteca, A. C. Arturo Núñez Ramírez; por el Patronato Prosolución Integral del Problema de los Damnificados del 22 de abril, A. C., el profesor Miguel López Alvarado; por la Unión Campesina Popular, Raúl González Carmona; por el Frente Estatal de Lucha Urbana y Social, el ingeniero Miguel Pelayo Lepe y por el de PROUR, el ingeniero Fructuoso Arroyo.
Del Estado de Morelos: la Unión de Resistencia Social, la compañera Elsa Albiter.
Por Sinaloa, el licenciado Martín Indalecio Castro, por la UGOSEM y por el Movimiento de Unidad Ciudadana del Municipio de Ahome, el ingeniero Aurelio Terrazas.
Por el Estado de Sonora, el ingeniero Erasmo Fierro, del Frente de Organizaciones Sociales y Profesionales, Asociación Civil y por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el compañero Jaime Moreno Berry, entre otros.
Solamente para ser del conocimiento de esta representación.
Muchas gracias.
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática, acerca de las Afore.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Sin lugar a dudas vivimos tiempos de guerra sucia, de guerra sucia en la información, que aquí se ha denunciado ya, de guerra sucia en muchos sentidos y las administradoras de fondos para el retiro, no escapan a ello.
El 28 de enero pasado, Fernando Solís Soberón, presidente de la Consar, dio a conocer la lista de las administradoras de fondos para el retiro, que habían sido autorizadas. Entre los dueños de las 12 Afore que recibieron la señal de iniciar la afiliación, se podía reconocer a los principales grupos financieros mexicanos que por espacio de cinco años han controlado la captación y la administración de los recursos del SAR, cuya tendencia, como hemos señalado en diversas ocasiones, ha sido monopólica.
En el entramado de alianzas internacionales, se encontraban, además, las principales administradoras de fondos de pensiones chilenas y entidades financieras como las siguientes:
El City Bank, el Bank Boston, el Escotian Bank, el American International Group Incorporation, el Defter Pension Fuck Holdings y el Banco Bilbao Vizcaya, entre otros, cuya participación en el sistema, de acuerdo a la propia Consar, se haría respetando la normatividad correspondiente.
Conviene recordar que durante el debate legislativo, varios diputados advertimos sobre el peligro de que el capital extranjero controlara en un plazo no muy lejano, el mercado de las Afore. La noticia, que fue conocida por todos los diarios nacionales, inauguraba el arranque del sistema privado de pensiones, mismo que recibió el último empujón por el Presidente de la República, en su polémico discurso del 27 de enero, un día después de la autorización del primer paquete de administradoras.
Sin embargo, contra lo que todos esperábamos, la Afore 21, promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue autorizada. Se dijo entonces, para sorpresa de muchos, que esta Afore y cuatro más, habían quedado pendientes de certificación, lo que podría posponerse hasta finales de febrero, el inicio de sus operaciones. Este incidente no ha pasado desapercibido enmedio de una guerra publicitaria desproporcionada de las 12 Afore autorizadas por ganar el mercado de ahorradores que arroja evidencias preocupantes sobre la decisión política de impedir a toda costa, que la Afore pública NASCA sea competitiva y contribuya a regular el sistema.
Incluso se ha llegado a decir en las más altas esferas de la Secretaría de Hacienda, que la Afore del IMSS es un mal necesario al que hay que aplicar el antídoto eficaz para que muera por inanición.
Para la tecnocracia que diseñó el modelo privatizado de pensiones, es inadmisible un organismo público en el exclusivo mundo de las Afore privadas.
Lo que olvidan los tecnócratas de Hacienda es que la redacción del artículo octavo transitorio de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permite la creación de una Afore del IMSS, no sólo es producto de la acción legislativa, precedida de intensos debates y que desechó propuestas como la del PRD de crear una Afore pública, sino que es producto de una demanda social y sindical.
Esta buscaba atemperar los efectos de un sistema de pensiones privatizado puro, sin la participación del Estado, en donde la acción exclusiva del mercado definiera la concentración de afiliados y de ahorro disponible, el desplazamiento de los flujos de inversión y las prioridades de su destino.
Quienes se oponen a la creación de una Afore pública fuerte, competitiva, capaz de disputar el mercado de los ahorradores, lo suficientemente importante para contribuir en la regulación del sistema Afore y Siefore y para convertirse en contrapeso efectivo de la elevada concentración de recursos, están apostando a nulificar, por la vía de las maniobras legales y administrativas, una disposición de naturaleza social de enorme importancia para las generaciones futuras.
Si como lo afirmó en su momento el diputado Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el nuevo sistema de Afore, y la Afore contribuirá de manera profunda a la transformación estructural del país y a modificar de raíz la fisonomía del sistema financiero mexicano, es inadmisible renunciar a la participación pública en una actividad de esta trascendencia.
Si el volumen de recursos que se generará en el sistema de capitalización individual de los fondos de pensiones sobrepasara, como se espera, en cinco años el tamaño actual del sistema financiero mexicano, creando grandes intereses económicos a su alrededor, es impensable que el Estado renuncie a intervenir con una administradora pública fuerte.
Esa fue la lógica que se introdujo en el debate para que aflorara la necesidad de una Afore del IMSS en los artículos transitorios de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Hay otras razones de peso para sostener la conveniencia de una Afore pública:
1. Rescataría la responsabilidad del Estado, a través de una Afore de esta naturaleza, de brindar seguridad futura a jubilados y pensionados.
2. Sería una Afore de perfil social, no guiada por el lucro ni la ganancia, sino por el interés de garantizar el rendimiento real en los ahorros de los trabajadores.
3. Podría explorar mecanismos redistributivos en la repartición de sus utilidades.
4. Coadyuvaría a la creación de un fondo social para el fortalecimiento del IMSS y sus ramos de aseguramiento.
5. Se haría cargo de trabajadores de bajos ingresos o eventuales que otras Afore rechazarían.
6. Sería la Afore predominante en el modelo privado de pensiones una vez que alcance y rompa el límite del mercado definido por la Consar, pueden sus virtudes de ofrecer mejores rendimientos, cobrar menos comisiones, bajar sensiblemente los costos y redistribuir, hasta donde sea posible, el producto de sus utilidades.
A todo ello se oponen los principales obstáculos y los principales vetos al nacimiento de la Afore pública.
El retraso en la autorización de una Afore pública así concebida no es casual, obedece a definiciones políticas de alto nivel, porque su operación pondría en riesgo ganancias de grandes grupos financieros y socavaría el enorme poder que éstos esperan tener cuando manejen recursos del orden del 60% del producto interno bruto.
Así, la Afore pública no es bien vista por los autores de la reforma ni por los grandes grupos financieros privados, nacionales y extranjeros, que hacen todo lo posible porque muera antes de nacer. Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha vetado proyectos que con estricto apego a la legislación aprobada consideran la creación de una Afore pública competitiva, fuerte, de perfil eminentemente social y con la participación mayoritaria de recursos públicos en la integración de su capital social.
Obra en poder del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el proyecto de la Administración de Fondos para el Retiro oportunamente impulsado y ordenado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Proyectos como éste, que ponemos a disposición de quienes quieran examinarlo, han sido desechados en abierto boicot a lo que por mandato de la ley está obligado el Estado: participar en el sistema de Afore Siefore, con la construcción de una Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Un amplio proyecto sustentado en las leyes de seguridad social, en estudios de mercado altamente calificados, que tenía por objeto la creación de una Afore que maximizara la rentabilidad del ahorro de los trabajadores mediante una administración eficiente, con el que se crearía una institución competitiva que protegiera al trabajador de bajo salario, con cobertura nacional, elevada calidad de servicio, orientación social y preponderantemente pública, fue tirado a la basura. En su lugar se trata de crear una Afore pública de fachada, cuando se busca sigilosamente entregarla al capital extranjero.
Hasta donde nuestro grupo parlamentario tiene conocimiento, en la conformación del capital accionario de la Afore 21, única Afore pública en vía de autorización, participará el propio IMSS y la Aseguradora Hidalgo en las acciones de la serie "A". En el proyecto vetado se permitía que las acciones de la serie "B" también tuvieran participación, además de los organismos públicos como Nafinsa, organismos sociales y privados, nacionales en forma minoritaria.
Sin embargo, lo que se mantiene en secreto hasta ahora, es que a través del grupo ICSE, uno de los que se retiró de la puja por la Afore en la etapa previa de la acreditación, se permitirá participar al Banquer Tups, tercer banco en importancia en los Estados Unidos, con el capital y la fuerza suficiente para que de permitírselo las condiciones, convertirse en el accionista mayoritario de la Afore pública, que entonces sería una Afore privada y de paso extranjera.
Vale la pena señalar que el Banquer Tups fue uno de los que manifestaron interés en crear una Afore y junto con ICSE se retiró antes de la acreditación; ambos aparecen en una lista de solicitantes proporcionada por la Consar, publicada el 23 de octubre del año próximo pasado en diarios de circulación nacional.
Si la información con la que contamos se corrobora, la Confederación de Trabajadores de México está por caer en una trampa al llamar a sus afiliados a inscribirse en la Afore 21, fachada de Afore pública con capital extranjero tendencialmente privada.
Fidel Velázquez ha conseguido que la CTM acuse de traidor a quien se afilie a una Afore privada en la más reciente asamblea de su Consejo Nacional. Traición sería permitir que el capital extranjero se apodere de la Afore 21; traición es impedir que nazca una verdadera Afore pública fuerte, competitiva y de perfil social; traición es no pugnar por una Afore en cuyo capital social predominen los recursos públicos y se rompa cualquier límite al mercado impuesto a las Afore privadas.
Traición es no llamar a esos 5 millones de afiliados que dice tener la CTM a luchar en la verdadera defensa de sus intereses; traición es permitir que se autorice una Afore del IMSS.
En nuestro poder, señores legisladores, se encuentra el proyecto vetado por Hacienda, está a disposición de quien quiera consultarlo y subrayamos la gravedad de que con la forma de una afore pública se entregue a 5 millones de trabajadores que la CTM dice tener, maniatados a las garras del capital privado. Ha llegado la hora de que se dé la verdadera lucha por la Afore pública hoy encubierta en una guerra sucia en este país.
El Presidente:
Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Carlos Aceves.
El diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo:
Con su permiso, señor Presidente:
Hoy ha sido un día en el que se ha nombrado dos veces ya, a lo largo de los debates a nuestro líder don Fidel Velázquez; por la mañana se decía que había hecho unas declaraciones en el sentido de que serían expulsados de la confederación los trabajadores los que votaran en contra del PRI, ésa es una verdad a medias, lo que no queremos es que los trabajadores se equivoquen y voten a favor de quien quiere desaparecer la Ley Federal del Trabajo, eso es lo que no se dijo aquí.
Y ahora se dice que don Fidel quiere poner en garras del capital privado a 5 millones de afiliados; nosotros lo hemos venido diciendo en todos los debates, no tenemos ninguna otra Afore confiable que no sea la del Seguro Social, no por su conformación técnica como lo explicó mi compañero Amado Cruz Malpica, sino porque conocemos al Seguro Social y desde su fundación desde 1943 ha sido el instituto que eminentemente ha defendido a los trabajadores y que no les ha fallado. Pensamos que todos los debates que se tuvieron para aprobar esta ley, que todos los viajes que muchos hicieron para estudiar las de otros países, que todas las experiencias que se han tenido en Suramérica y en el Sudeste Asiático nos sirvan de éso, de experiencia, pero que no nos comamos el pollo antes de que haya pollo.
Me parece oportuno que el compañero Cruz Malpica ponga el dedo en la llaga y que tengamos mucho cuidado, cosa que agradecemos a nombre de los 5 millones de trabajadores que si representamos no que decimos representar sino que los cuente.
Por otro lado buscar en quien no nos ha sabido dar una solución práctica, creíble de lo que fue el SAR como han sido los bancos, sería una tontería que nosotros pusiéramos las Afore de los trabajadores en manos de la banca privada. Yo recuerdo, porque participé mucho en la discusión, elaboración y luego promulgación de esta ley, que discutimos mucho también los nombres de las Afore y ahora he puesto una carta muy fuerte al presidente de la Consar, porque siempre advertimos que no deberían ir ligadas a los nombres de unos bancos, pero bueno en el pecado llevan la penitencia, porque mientras más se anuncie un banco que ha quedado mal con los trabajadores pues menos afiliados tendrán.
Nosotros creemos que cuando la Afore del IMSS sea autorizada, no vamos a preguntarles siquiera a los trabajadores, ellos inmediatamente podrán ligar el hecho de que quien les da consulta, quien les da lactancia, quien da servicio de guarderías, quien opera a sus familiares, a donde nacen los niños, pues es el Seguro Social y hasta por una inercia se inscribirán ahí.
Finalmente yo quiero decir que estamos muy interesados en conocer y hoy lo empecé a estudiar, el estudio que trajo el diputado Cruz Malpica y que sabe perfectamente que no vengo aquí a crear un debate de algo que no se va a debatir mucho, sino que creo en mucho de su buena fe, pero también no podemos estar poniendo en tela de duda si la Afore del Seguro Social nace muerta como lo dijo, yo creo que cuando nazca, nacerá muy bien viva y además, no tendrá necesidad de hacer tanta publicidad porque tiene cautivos a los trabajadores.
Insisto, que la CTM y además no sólo la CTM, todo el Congreso del Trabajo espera la eventual autorización de la Afore del IMSS, para que los trabajadores se afilien a ella. Podrá ser, aquí se manejó también, que van a poner a todos los de salario mínimo; yo quiero recordarles que en la gran mayoría de sindicatos a nivel nacional en el sector obrero organizado, el salario mínimo es una pieza de museo, nadie en su sano juicio puede venir aquí a asegurar que haya trabajadores de una manufacturera o de una empresa automotriz o de una textilera que gane salario mínimo, todos están arriba.
No se va a escoger a los peores para la Afore del Seguro Social, estoy seguro que en todas habrá de todo, pero si hay alguna forma de que podamos influir para que los trabajadores verdaderamente vean respaldados sus intereses lo haremos y esto será a favor de la Afore del IMSS.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Yo no lo voy a contar porque yo sí les creo; el que no les creyó hace tiempo fue Arsenio Farell pero eso ya es parte de la historia, yo sí les creo.
El punto es que yo no he dicho que deba nacer muerta, que vaya a nacer muerta. Creo, lo ratifico aquí y me sumo también plenamente a la preocupación del diputado Aceves del Olmo, que ha llegado el momento de que queden claras las cosas en la Afore pública. No es posible que haya el más mínimo velo de sospecha sobre la constitución de los recursos de financiamiento de esta Afore; no es posible que haya la más mínima sospecha de que en forma silente pero eficaz esa Afore pública pueda transformarse en una Afore privada y en un grupo financiero privado más.
Eso es lo que está en el centro de la discusión. Yo espero, estoy seguro que la buena fe que anima a la diputación del sector obrero del PRI, del Partido Acción Nacional, del PT, del PRD y la voluntad de todos nosotros hará que exijamos cuentas claras, reglas transparentes para beneficio de los trabajadores de México.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
En efecto, el día de hoy en el periódico El Financiero, el diputado Cruz Malpica había anunciado que iba a tratar este tema hoy en la tribuna de esta Comisión Permanente.
Quisiera empezar por señalar en relación a su primera intervención, lo siguiente: la Administradora de Fondos para el Retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encontraba en un proceso que se llama de certificación operativa; nunca se dijo que no había sido autorizada, sino que se encontraba en ese proceso, al igual que otras cuatro administradoras de fondos para el retiro.
Ese proceso de certificación inició a solicitud del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 14 de febrero. Este proceso debe verificarse dentro de los 90 días naturales siguientes al otorgamiento del visto bueno emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿En qué consiste ese proceso? ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? Es comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la organización y operación de la administradora como son la revisión in situ de la operación de los sistemas informáticos y de transmisión de información, la revisión de los manuales de organización y funcionamiento, la idoneidad de los programas que utilizará la administradora, así como el análisis de documentación diversa como son contratos con casas de bolsa, con la empresa operadora de la base de datos nacional del SAR etcétera.
En ese proceso se encontraba la Administradora de Fondos para el Retiro XXI.
Antes de finalizar mi intervención, quisiera comentarle al diputado Cruz Malpica, que el Estado tiene en los sistemas de ahorro para el retiro dos manera de intervenir: una, evidentemente a través de una administradora de fondos para el retiro de carácter público, pero otra a través de la regulación, de una regulación eficiente, de una regulación sólida, de una regulación vigilada, de una regulación que también evalúe el riesgo como lo establece el artículo 45 de la ley, que determine un régimen de inversión muy claro como lo establece el artículo 43 de la ley, en fin, que esas dos vías por las que tiene el Estado de intervenir y que no solamente en México, sino en el mundo así está trabajando el Estado; se habla ahora ya de la economía institucional que permite reducir los costos de transacción económica entre los diferentes sectores y con diferentes propósitos.
Pero el fin último de mi intervención señor diputado, es, primero felicitarlo por su capacidad de investigación, de hacerse de ese tipo de documentos que seguramente hay muchos, seguramente otras administradoras de fondos para el retiro también hicieron versiones preliminares de sus documentos, no dudamos que sea fidedigno el que usted posee y que sí nos gustaría conocer por mera cuestión de información y cultural nada más, nada más por eso, pero seguramente hay muchos de esos documentos que andan volando por ahí.
En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo su solicitud a la Consar para registrar a su Afore y quiero comentar que el día de hoy la Afore XXI, Sociedad Anónima de Capital Variable ha quedado formalmente autorizada por la Consar para participar en los sistemas de ahorro para el retiro.
Esta Afore podrá iniciar su publicidad a partir del día 27 de febrero y el registro pertinente de los trabajadores se hará a partir también del 27 de febrero. Corresponde ahora, nos toca ahora como legisladores, revisar que esta Afore funcione tan bien como deben funcionar las demás administradoras de fondos para el retiro, que respeten los recursos de los trabajadores, que se canalicen con eficiencia, que se cumpla con la ley y que el Estado cumpla con su función reguladora que le compete de acuerdo al marco constitucional que nos rige.
Muchas gracias.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Manuel Beristáin Gómez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 5 de marzo de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de los congresos de los estados de, Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco y Quintana Roo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Dos, por los que se comunica que varios ciudadanos mexicanos, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes de primera lectura
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en embajadas extranjeras.
Dictámenes a discusión
Diez, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares.
Tres, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Camacho Martínez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Belice en Chetumal, Quintana Roo.
Dos, de la Primera Comisión, con proyectos de decreto, que conceden permiso a varios ciudadanos mexicanos, para prestar servicios en Embajada y consulados de los Estados Unidos de América y en el Consulado General de Colombia en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:15 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 5 de marzo a las 12:00 horas.
| Afore | Administradora de Fondos para el Retiro |
| CIA | Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América (por la siglas en inglés) |
| Cocopa | Comisión de Concordia y Pacificación |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Consar | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| DEA | Agencia Federal contra el Narcotráfico de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DEM | Diplomado de Estado Mayor |
| D.F. | Distrito Federal |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| FBI | Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| ICSE | Sin aclaración |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Internet | Red Internacional |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Nafinsa | Nacional Financiera, Sociedad Anónima |
| NASCA | Sin Aclaración |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PROUR | Sin aclaración |
| PT | Partido del Trabajo |
| SAR | Sistema de Ahorro para el Retiro |
| Siefore | Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| UNOS | Unión Nacional de Organizaciones Sociales |
| UNTA AC | Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Asociación Civil |
| VH | Vuestra honorabilidad |