SUMARIO
Para expresar las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, hacen uso de la palabra los legisladores;
Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
Enrique Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional.
Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
Para informar del estado general que guarda la administración pública del país, hace uso de la palabra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León
Hace uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, Presidente del Congreso de la Unión.
Se levanta la sesión.
Presidencia del diputado Héctor Hugo Olivares Ventura
ASISTENCIA
El Presidente del Congreso:
Ruego a la Secretaría haga de nuestro conocimiento el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario diputado Agustín Mauro Jordán Arzate:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 438 diputados, con el diputado Tenorio Adame.
El Presidente del Congreso:
Gracias, señor Secretario:
Ruego al Secretario de la Cámara de Senadores, haga de nuestro conocimiento el resultado, del cómputo de asistencia del registro de firmas de los senadores.
El secretario senador José Antonio Valdivia:
Señor Presidente:
Con base en el registro previo de asistencia de la Oficialía Mayor, esta Secretaría informa que hay una asistencia de 124 senadores.
La secretaria diputada María Flor Cecilia Prado Piña:
Señor Presidente:
Hay una asistencia de 438 diputados y 124 senadores. Hay quorum de Congreso General.
El Presidente del Congreso (a las 9:07 horas):
En consecuencia, se abre la Sesión de Congreso General.
DECLARATORIA DE APERTURA
La secretaria diputada María Flor Cecilia Prado Piña:
Se suplica a todos los presentes ponerse de pie.
El Presidente del Congreso:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1o. de septiembre de 1996, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVI Legislatura "
Que sea para bien del país.
Se va a proceder a entonar nuestro Himno Nacional.
(Himno Nacional )
COMISIONES DE CORTESIA
El Presidente del Congreso:
Señoras y señores legisladores federales:
En virtud de que cada una de las cámaras al instalarse designó las comisiones de cortesía a que se refiere la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, esta Presidencia ruega a los integrantes de las mismas, procedan en su oportunidad a cumplir con el cometido asignado por sus cámaras.
ARTICULO 8O. DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente del Congreso:
Sírvase la Secretaria dar lectura al artículo 8o de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario diputado Isidro Aguilera Ortiz:
Artículo 8o. El 1o. de septiembre de cada año a la apertura de las sesiones ordinarias de! primer periodo del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de l la Constitución.
Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de 15 minutos.
El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe. En tal virtud. durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores.
Las cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.
Las versiones estenográficas de las sesiones serán remitidas al Presidente de la República para su conocimiento.
El Presidente del Congreso:
Muchas gracias, señor Secretario.
INTERVENCLONES PARTIDISTAS
El Presidente del Congreso:
Con este fundamento, esta Presidencia informa que harán uso de la palabra los siguientes legisladores:
Por el Partido del Trabajo, el diputado Oscar González Yáñez; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Pedro René Etienne Llano; por el Partido Acción Nacional, el senador Enrique Gabriel Jiménez Remus y del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Oscar Villalobos Chávez.
En tal virtud, rogando la atención de los asistentes, se concede el uso de la palabra al diputado Oscar González Yáñez.
El diputado Oscar González Yáñez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores:
Este II Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, será rendido bajo el signo de la crisis. Crisis económica, porque a pesar de que los indicadores macroeconómicos parecen anunciar el inicio de la recuperación, en verdad todavía estamos muy lejos del camino del bienestar de las familias mexicanas. Crisis politica, porque la acumulación de rezagos sociales, la desesperanza, la incertidumbre, el desempleo y la miseria, han creado las condiciones propicias para un estallido de descontento social.
No basta el consenso alcanzado entre los partidos politicos sobre la reforma electoral. Todavía no hemos terminado de sentar las bases para una sociedad genuinamente democrática.
Para los mexicanos, 1996 ha sido peor que 1995. En realidad, en estos 12 meses el salario y las prestaciones sociales han continuado su caída; la inseguridad y los delitos se han incrementado en frecuencia y gravedad; el esclarecimiento de los crímenes políticos no se ha logrado y el fantasma de la guerra sigue vivo.
En el ámbito exterior, la política del Gobierno mexicano no ha alcanzado los niveles necesarios de consistencia y mantiene un bajo perfil. Podemos destacar los esfuerzos por acceder a los mercados europeos y de otras latitudes, así como la oposición a la Ley Helms-Burton. Sin embargo, ha mostrado más firmeza en la defensa de los intereses de los grupos empresarios del país que en la de los trabajadores migratonos. Nuestro partido ratifica su solidaridad con el pueblo cubano.
Un balance objetivo de la marcha de la nación nos ofrece un escenario que podría resumirse en una mezcla de grandes males no resueltos, con logros parciales y francos retrocesos, como resultado de una política económica, preocupada por el manejo de las grandes variables de la economía y la desentendida de las necesidades vitales de las mayorías.
Encontramos que en el bienestar social se ha deteriorado a los niveles sin precedente en la historia moderna de nuestro país.
Esta política que debería de ser el instrumento para aminorar los peores efectos de la crisis, padece la falta de recursos, de imaginación y enfrenta el ataque de las fuerzas conservadoras que confunden los proyectos de asistencia y promoción social con populismo ramplón. El resultado es que cada día son más los millones de mexicanos que son arrojados a la pobreza.
En este sentido, sufrimos los efectos de la continuidad de un proyecto carente de raíces históricas y despreocupado del alivio de las condiciones de vida de las mayorías. Por ello escucharemos de nuevo que se le dirá al pueblo de México, que la mejora de las condiciones de vida tendrá que seguir esperando algunos años más. Lo peor es que el abandono estatal de sus obligaciones, viene a sumarse a la tendencia a privatizar la seguridad social. El ejemplo más triste y lamentable se ubica en el proceso de desmantelamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en el aspecto de la atención a la salud como en la nueva Ley del IMSS, como en la aprobación de la Ley de las Afore, que integra los fondos de pensiones en organismos que serán administrados por un sector bancario que ha demostrado una inmensa ineptitud, sólo paralela a su voracidad y una vocación usurera desmedida.
El Partido del Trabajo rechaza terminantemente la decisión gubernamental de vulnerar la seguridad social constnuida a lo largo de 50 años por el pueblo mexicano y sustituirla por un sistema que abandona el carácter solidario y público de la misma, en favor del individualismo, la privatización y la lógica de la mayor rentabilidad financiera.
Más aún, dando muestra de una absoluta carencia de sensibilidad política, el presupuesto para la salud se redujo en 8.9%, como también fueron aceptados los de educación, desarrollo social y desarrollo rural. Por ello ha fracasado el combate a la pobreza, en estos años otros millones de mexicanos han caído por abajo de los niveles mínimos de subsistencia.
Es particularmente grave que de cada cinco mexicanos recién nacidos, cuatro se inscriban en el segmento de segmentos de pobres o de extrema pobreza.
Fuera de los altos funcionarios del gabinete económico del Presidente y de un ínfimo círculo de empresarios y financieros, no hay ningún sector de la sociedad que esté convencido de la bondad o de la viabilidad del rumbo económico actual.
Catorce años de aplicación de esta política, ha dado como resultado más de 40 millones de mexicanos en la pobreza. Aunque los últimos datos estadísticos indican un incipiente proceso de recuperación, la verdad es que las cadenas productivas continúan fracturadas, las carteras vencidas significan la ruina de millares de medianas y pequeñas empresas. El despojo del patrimonio de millares de familias mexicanas .
La agricultura se ha visto afectada por la peor sequía en 50 años, pero sus efectos devastadores no son comparables con el desastre en que la ha sumido la politica del Gobierno. En estas condiciones es difícil sostener que estamos a punto de alcanzar la recuperación económica y que la suerte de la mayoría de los mexicanos esté por cambiar. Tampoco existen perspectivas de una mejoría salarial, ni siquiera a mediano plazo, como lo ha admitido el propio Presidente de la República.
La razón es que la recuperación económica se apoya en el deterioro de los salarios y la explotación ilimitada de los trabajadores. La débil recuperación del empleo, tampoco es alentadora.
Para hacer frente a estas carencias y desafíos, se requiere un cambio de estrategia económica, lo que ya es insostenible es que continúe la política que ha sacrificado el salario y la seguridad social de la mayoría en aras del beneficio a los grandes empresarios y banqueros, mientras que se destinan más de 100 mil millones de pesos para salvar de la quiebra a los bancos, se cierra el acceso a la educación superior a millones de mexicanos.
Lo absurdo de esta política se comprueba er. el hecho de que si el Gobierno hubiera destinado estos recursos a comprar la deuda de los acreedores, ya se hubiera liquidado el problema y se hubiera alcanzado un doble resultado, por un lado se hubiera diminuido al mínimo la cartera vencida y por otro, se hubiera alentado la recuperación económica, al restituir la capacidad de crédito.
Triste herencia del sexenio pasado ha sido la forma aberrante, como se ha llevado adelante las privatizaciones. El mejor ejemplo son los bancos y los consorcios carreteros.
Nuestro partido se opondrá a que suceda lo mismo con las privatizaciones ferrocarrileras, puertos y satélites de comunicaciones. Rechazamos el intento de privatizar la petroquímica.
Otro de los grandes problemas que sufre la sociedad mexicana, es la procuración de justicia. En este aspecto predomina la corrupción, la impunidad y la venta de la justicia al mejor postor.
Asimismo, ante el incremento de la delincuencia común y del crimen organizado, el Gobierno Federal ha impulsado la participación cada vez más activa del Ejército en actividades policiacas; sin embargo, y no obstante las reformas legales efectuadas hasta ahora, el sistema de justicia, éstas han sido insuficientes para garantizar a los ciudadanos mexicanos un verdadero estado de derecho, puesto que siguen padeciendo la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
A pesar de las expectativas generadas con la designación de un Procurador General de la República proveniente de un partido de oposición, hasta ahora éstas no se han traducido en un mejoramiento significativo de la procuración de justicia en el ámbito federal. No podemos aspirar a un estado social justo cuando la impunidad y la corrupción están por encima de la ley. Es por ello que deben aclararse plenamente los homicidios del cardenal Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, entre otros.
En lo referente al asesinato del licenciado Colosio, la actuación de la Procuraduría General de la República ha sido decepcionante y hasta el momento ha fracasado, así lo prueba la renuncia del fiscal especial Chapa Bezanilla. El país demanda el esclarecimiento de este crimen, nadie puede aceptar los ínfimos resultados obtenidos.
Por esta razón, nuestro partido dejó de participar en las comisiones de seguimiento del caso y no se reintegrará hasta que se reoriente la investigación. Avanzar en su solución requiere nuevos cauces de averiguación que retomen hipótesis no investigadas hasta el momento. La investigación de este caso, como el de los otros magnicidios, recae en el Procurador General de la República quien debe asumir plenamente la conducción y responsabilidad de las investigaciones y sus resultados.
Hace unas horas fue designado como fiscal especial, para el caso Colosio, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consideramos que el encargado directo de la investigación debe provenir de la misma Procuraduría y no involucrar a la institución encargada de vigilar los procedimientos de la misma. La pronta solución de este caso y otros que hemos señalado, debe ser punto de partida para que los mexicanos recobremos la certidumbre y la confianza en nuestro sistema de justicia.
En principio, el Gobierno ha aceptado la necesidad de realizar una profunda reforma del Estado que permita avanzar en el establecimiento de un nuevo sistema político más democrático y justo, construyendo nuevas relaciones entre el Gobierno, partidos, ciudadanos y medios de comunicación. Un primer paso ha sido la reforma electoral recientemente aprobada por este Congreso.
Para el Partido del Trabajo todavía son insuficientes los logros obtenidos en esta reforma que ni es definitiva ni completa, el reto ahora es que las próximas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fortalezcan y profundicen estos avances.
Señalamos lo que a nuestro juicio hace falta, la posibilidad de las candidaturas independientes, implantación de mecanismos democráticos como el referendum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación de mandato, eliminar los candados a las candidaturas comunes y alianzas y coaliciones entre partidos. También exige soluciones justas a diferentes problemas que persisten en el país.
La paz con justicia y dignidad en Chiapas, sigue siendo una deuda del Gobierno de la República con la nación entera. En este sentido, es indispensable que los acuerdos alcanzados hasta el momento en San Andrés, se traduzcan en leyes que garanticen al conjunto de la población indígena condiciones de respeto y de una vida digna.
Las condiciones de miseria y opresión, prevalecientes en innumerables regiones de nuestra patria, son campo fértil para el descontento y la aparición de grupos radicales convencidos de la legitimidad de las acciones violentas. Así lo demuestra la aparición del Ejército Popular Revolucionario. La mejor forma de desterrar este tipo de acciones, es recuperar el camino de la justicia social, impulsar el desarrollo democrático, llevar a la práctica la reforma electoral y acelerar la reforma politica del Estado.
Es evidente que en estas condiciones existe el peligro de caer en soluciones autoritarias. El Partido del Trabajo está convencido de que el diálogo y la negociación, son la vía para resolver los conflictos sociales y exige, ante esta delicada situación, el respeto a los derechos humanos.
Convocamos a seguir ampliando nuestras coincidencias y continuar luchando por un México mejor. Para ello, el Partido del Trabajo propone:
Iniciar de inmediato un debate sobre la política socia! para adoptar una orientación que beneficie al pueblo en su conjunto, mejore sus condiciones de vida, promueva el empleo, genere certidumbre y propicie el desarrollo de nuestra sociedad.
Rectificar la política económica para respetar y alentar la iniciativa de los agentes económicos, en especial de la pequeña y mediana empresas.
Impulsar una política industrial activa y desarrollar una política integral para la recuperación del campo.
Promover una política exterior que recupere los principios históricos de soberanía y autodeterminación de los pueblos y proteja los intereses de nuestros connacionales en el exterior.
Acelerar la reforma del Estado para lograr un federalismo democrático.
Fortalecer la división de poderes.
Garantizar la pluralidad de los medios de comunicación y propiciar una creciente participación de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales para el país.
Concretar la paz con justicia y dignidad en Chiapas, resolviendo los ancestrales problemas que marginan y oprimen a los indígenas mexicanos. Que el Congreso de la Unión convoque a las fuerzas insurgentes y al Ejecutivo, a un diálogo que permita avanzar en la solución de los recientes acontecimientos violentos.
A pocos años de un nuevo siglo y un nuevo milenio, el pueblo de México no merece su actual destino. Es una obligación de todos construir un México mejor. El Partido del Trabajo asume la responsabilidad que le corresponde:
El Presidente del Congreso:
Antes de ceder el uso de la palabra al siguiente orador, voy a rogar a los legisladores y asistentes a esta sesión de Congreso General, prestar la atención que demandan las intervenciones de los diputados y de los senadores; para tal efecto, ruego a los asistentes ocupar sus respectivos lugares.
Tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, diputado Presidente:
Pleno respeto mutuo entre poderes. No exigimos más, pero tampoco aceptaremos menos. Como legisladores deploramos hablar en nuestra propia casa con un formato impuesto, para que el Presidente "no nos oiga ni nos vea". Este formato es herencia directa del presidencialismo sin límites, conver~ido en un pesado lastre que impide el desarrollo de la sociedad mexicana.
Por ello, en esta ceremonia le hablamos a los ciudadanos, para que conozcan la propuesta del Partido de la Revolución Democrática en busca del cambio auténtico. Lo hacemos, convencidos de que las iniciativas de ley que se requieren para lograrlo sólo serán posibles si los legisladores interpretamos fielmente las demandas y anhelos de la mayoría de los mexicanos.
Las fracciones parlamentarias asumimos el compromiso de revisar no sólo el formato del informe, sino también examinar los problemas de fondo que permitan el fortalecimiento del Poder Legislativo y el tránsito hacia un auténtico equilibrio entre los poderes de la Unión. ¡Bajo ninguna circunstancia aceptaremos el menoscabo de las facultades de los legisladores y del Congreso!
Hace unas semanas se aprobaron las reformas constitucionales en materia de política electoral. Es la séptima modificación que se hace a la legislación electoral desde que los neoliberales gobiernan al país, pero fue la primera que se basó en el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Lamentamos, empero, que en la fase final se hubiera roto el método del consenso, introduciendo dedicatorias especiales.
También reprobamos que la discusión y votación no hubieran permitido diferenciar posiciones, señalando los avances al tiempo que se precisaran las medidas claramente insuficientes y aun los retrocesos que contiene.
Fue sin embargo la reforma posible de alcanzar, pero no deja de ser incompleta. Por ello, no puede calificarse como definitiva, sobre todo porque resultó muy lejana a los anhelos populares y a las propuestas de las fuerzas democráticas que buscan avanzar en la transición del actual régimen de partido de Estado hacia un sistema democrático.
Nuestro partido presentará en este periodo de sesiones ordinarias, que hoy comienza, propuestas que conduzcan a superar las insuficiencias, revertir los retrocesos y llenar las omisiones de la legislación electoral buscando el consenso con las otras fuerzas políticas.
Valoramos en particular el paso dado para que los habitantes del Distrito Federal ejerzan el derecho a elegir sus gobernantes. Es sin embargo en relación al Distrito Federal donde más "candados" se impusieron en las recientes reformas. Algunos han pretendido justificarlos, argumentando que buscan impedir el retorno del "salinismo" al centro del Distrito Federal. Otros rechazamos con energía la falacia, porque en primer lugar el "salinismo" no se ha ido; y en segunda instancia, porque esta sombra del pasado siempre ha jugado varias cartas, incluso en partidos distintos.
En el ajedrez perverso de este personaje y su asesor, desde el llamado jefe hasta el último peón del "salinismo" se preparan al asalto del Distrito Federal. ¡No será sólo con leyes y decretos con lo que podremos derrotarlos, sino apelando a la conciencia y sobre todo a la memoria de los ciudadanos del Distrito Federal, recordándoles que los cómplices del "salinismo" son hoy sus encubridores:
Hemos vivido en carne propia el despojo que impone una elección de Estado, en la que se apabulla con todos los recursos para imponer gobernantes al margen de la voluntad ciudadana. Consecuentemente el Partido de la Revolución Democrática ha demandado que los presupuestos federales y estatales se diseñen anualmente conforme a prioridades sociales y productivas, pero sin relación alguna con clientelas políticas específicas y periodos electorales.
Hemos denunciado también a los gobernadores de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, entre otros, que pretenden aprovechar la descentralización del ramo 26, utilizando estos recursos con propósitos electoreros, mediante comités y programas paralelos a las autoridades municipales, con la intención de crear sus pronasoles estatales.
Con igual determinación nos oponemos a que el Presidente de la República y los gobernadores, con su presencia y anuncios espectaculares realicen campaña en favor de los candidatos del partido oficial, pues ello anula las intenciones de cualquier legislación electoral por avanzada que ésta sea. Por esta razón nos preocupa mucho el abismo entre lo dicho y lo hecho por el Gobierno, cuando declara respetar la voluntad popular y de facto convalida al hampa electoral, al apuntalar a un gobernador que compró su cargo despilfarrando 70 millones de dólares para usurpar la voluntad libre de los ciudadanos tabasqueños.
Durante las últimas semanas se han incrementado las acciones de violencia y nuevamente se ha recurrido al Ejército, sacándolo de sus cuarteles en por lo menos siete estados de la República. Se contraviene así lo dispuesto en el artículo 129 constitucional.
Resulta preocupante la militarización, especialmente cuando se recurre al Ejército.sin entender y menos atender las causas que han provocado un caldo de cultivo propicio para la violencia. En particular nos preocupa este fenómeno en el Estado de Guerrero e Hidalgo, donde actualmente se desarrollan procesos electorales. Sería un grave error utilizar pretexto para violar las garantías individuales y los derechos humanos, perseguir a dirigentes sociales e inhibir la participación ciudadana.
Más grave sería que el Gobierno le apostara al fraude electoral cuando se debe actuar con plena transparencia para que se revalore el camino de la politica y se cierre el paso a la vía armada. Hay que repetirlo con claridad: la única manera de enfrentar estos conflictos es abriendo los cauces democráticos y atendiendo los reclamos sociales de la gente.
Le hemos propuesto al Gobierno Federal que implemente un programa emergente de empleo y bienestar social, cuyos beneficios lleguen a la mayoría de los mexicanos que se han empobrecido, porque falta más: la orden para combatir la miseria, la marginación y los rezagos sociales acumulados.
La paz, el retorno a la estabilidad y a la convivencia pacífica entre los mexicanos sólo se va a lograr con un desarrollo social que recupere la confianza de la mayoría en nuestro propio futuro como nación y como pueblo.
Nosotros no estamos en favor de la violencia, la rechazamos también pues la sufrimos directamente en nuestros militantes asesinados. Le hemos apostado a la democracia y a la lucha política, queremos una transición por los cauces constitucionales.
Como legisladores hemos apoyado todas las iniciativas de la Comisión de Concordia y Pacificación para impulsar el diálogo en Chiapas. Buscamos un diálogo que rinda frutos y no pretenda entretener ni achicar a las fuerzas políticas. El Gobierno debe impulsar activamente la conclusión de los acuerdos de paz con el EZLN.
La política económica se sostiene con terquedad, no obstante que genera millones de desempleados, que empuja a miles de negocios a la quiebra, hace imposible abrir una nueva empresa, impone tasas de interés desmedidas que prácticamente confiscan el patrimonio de generaciones; en fin, política que ofrece bienestar y produce lo contrario. Esta política económica ha sumido a millones de mexicanos en la desesperanza e incluso muchos han llegado a la desesperación por hambre. Con estas políticas se han generado condiciones propicias para que se propague la violencia y se utilice la militarización y la represión para poder sostener este modelo económico.
Hemos demandado al Gobierno de la República un cambio sustancial en la politica económica, nuestro país debe hacer una revisión a fondo del Acuerdo de Libre Comercio con el fin de lograr equidad para todas las partes y debe proceder a una renegociación de su deuda externa a fin de liberar recursos que permitan elevar la inversión productiva y reactivar de manera firme y sostenida el crecimiento de la economía .
No está por demás recalcar que la política económica que requerimos para salir adelante es de sustentarse en un amplio consenso social, está agotada la política de los pactos de cúpula con representaciones espurias, están también rebasadas las recetas impuestas desde el extranjero que sólo atienden las necesidades de la especulación financiera. Es particularmente urgente atender el problema de los deudores de la banca. Se requiere reactivar la economía, que circulen nuevamente los recursos para que se enfrenten los compromisos con posibilidades reales de cumplirlos; las medidas confiscatorias que sufren millones de mexicanos se han decidido en el Banco de México, enclave colonial de las agencias internacionales que convirtió su autonomía técnica en absolutismo político sin rendirle cuentas a esta representación nacional.
Nuestro partido iniciará acciones para someter a control al señor Mancera y sus tecnócratas asociados, es hora de pactar con los mexicanos que trabajan, con los que están comprometidos en un esfuerzo productivo, ante todo; es urgente entender que se requiere una política económica para recuperar la confianza de la mayoría de los mexicanos y para resarcir nuestra capacidad de autodeterminación.
Nuestro país no puede seguir sujeto a pactos internacionales que anulan el ejercicio de su soberanía obligándolo a reestructurar su economía en función de los intereses de otros. Que no se confundan los servicios de inteligencia y los enviados especiales de otros países; la mayoría casi total de los mexicanos no aceptaríamos la presencia de fuerzas militares extranjeras bajo ningún pretexto, tampoco aceptamos la imposición unilateral de una agenda, estamos seguros que habrá consensos de todas las fuerzas políticas para legislar contra las medidas extraterritoriales de las leyes de otros países. Con ello, defendemos el principio de autodeterminación de los pueblos pero, sobre todo, defendemos nuestro propio destino.
En materia de soberanía, el Partido de la Revolución Democrática no transige; en el caso de los complejos petroquímicos y en el del corredor transístmico, el PRD estará presente en todas las acciones necesarias para evitar que se consume su entrega a otros intereses que no sean los de la nación.
Para el Partido de la Revolución Democrática, es indispensable hacer coincidir los cambios de rumbo en la política económica con la apertura de los cauces a la plena democratización de la sociedad mexicana, se requieren transformaciones de fondo para que la sociedad pueda ejercer sus derechos, entender que la democracia es necesaria en todas las instancias de la sociedad, en los sindicatos, en las escuelas, en los ejidos, en las cámaras empresariales, en los pueblos y comunidades, para que también se exprese en la actividad política, en los municipios, en los estados y en todo el país.
Se impone transitar ya hacia la democracia plena en nuestras instituciones políticas y es urgente legislar para que la democracia sea práctica común y ordinaria en nuestro quehacer cotidiano; es, decir para que la normalidad democrática no sea excepción sino para que constituya la regla de todos los días; normalidad democrática donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe con independencia, profesionalismo y responsabilidad; garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno, en particular de la impartición de justicia.
Normalidad democrática para alcanzar un presidencialismo acotado que sea responsable de sus actos de gobierno, sin utilizar su investidura para actuar al margen o por encima de las leyes y con mayor razón, para que los ex presidentes de la república, en particular Carlos Salinas de Gortari, no gocen de impunidad sin límites por impericia o torpeza concertada; normalidad democrática como marco de un ejercicio responsable y equilibrado entre los poderes, pero sobre todo normalidad democrática para que en un país de leyes y un gobierno sujeto a leyes, los mexicanos podamos desplegar todas nuestras capacidades y ejercer plenamente nuestros derechos; será ésta la única forma de recuperar la confianza en nosotros mismos y en el futuro de nuestro país.
Es nuestra propuesta, la propuesta del Partido de la Revolución Democrática al pueblo de México, una propuesta para hacer del futuro un horizonte posible para todos los mexicanos: democracia ya, patria para todos.
El Presidente del Congreso:
Tiene la palabra el senador Enrique Gabriel Jiménez Remus.
El senador Enrique Gabriel Jiménez Remus:
Señor Presidente del Congreso; señoras y señores diputados; señoras y señores senadores:
En esta intervención en la que corresponde fijar la posición por mi conducto y que hacen los señores legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, en relación con el informe que el día de hoy rendirá ante la nación el señor Presidente de la República, dejaré de referirme a muchos aspectos de la realidad nacional no por omisión, sino porque las carencias presentes de la población mexicana hacen que la pobreza sea el tema central prioritario que exige la atención también central y prioritaria del Ejecutivo y de la Asamblea que tiene la representación nacional.
En el análisis que los legisladores hagamos en la glosa del informe que habrá de rendirse, dejaremos establecidos nuestros puntos de vista sobre los temas que indudablemente tocará el Ejecutivo Federal en su mensaje a la nación.
El II Informe del Ejecutivo Federal que se da a la nación ante esta soberanía por mandato constitucional, se produce inmerso en una de las más agudas crisis económicas y sociales sufridas por el país en el último medio siglo y para colmo, con una eventual crisis en puerta generada por el inusitado e inaceptable despertar de la violencia política.
Con datos que a nivel macroeconómico parecen ser alentadores, el incremento de las exportaciones; el superávit en la balanza de pagos; la relativa estabilidad en la paridad cambiaría y en las tasas de interés; el control relativo de la deuda externa; el repunte económico con datos positivos mayores a 1995, que aparenta superar la gravedad de diciembre de 1994, pero con su contrapartida que impacta a la micro y a la mediana empresa, a los trabajadores y campesinos de México, a las clases débiles del país, pues para ellos el panorama es distinto y desesperanzador.
El casi nulo poder adquisitivo del salario; el desempleo de millones de mexicanos al que no alcanzan atenuar las cifras que constituyen el pequeño repunte en este renglón, proporcionadas por el Seguro Social; la falta de productividad en el campo, que cuando la hay se anula por las gravísimas deficiencias en planeación y comercialización; la educación que recibe el 4% del producto interno bruto, frente al 5% que recibe la banca y el 28% que recibe el servicio de la deuda externa; los jóvenes estudiantes mexicanos que se sienten sin acceso a la educación que requieren, como instrumento casi único de movilidad social; la juventud mexicana que habiendo concluido sus estudios universitarios con carreras profesionales terminadas, se enfrentan al panorama desolador de la falta de empleo y de oportunidades, no ya para desarrollar su vocación, sino siquiera para subsistir.
Las carencias brutales de la seguridad social, casi en la misma proporción que la detección de sus fraudes; la falta de paz que conlleva la injusticia que se traduce finalmente en la falta de estabilidad necesaria para atraer la inversión y lograr cuando menos el primer paso en el largo camino hacia la justicia, esto es, el empleo.
Todo ello es el entorno en que se produce este ll Informe presidencial, que por mandato de la República y de su régimen de derecho, rinde ahora el titular del Poder Ejecutivo al pueblo de México.
Navegamos, y todo hace parecer que inexorablemente, hacia una pauperización de los mexicanos. En estos momentos, aquí y ahora, parece que se niega estructuralmente el cumplimiento del deber moral que todo gobierno tiene para con sus gobernados o, dicho en otras palabras, un Gobierno democrático que se precie de serlo, tiene la responsabilidad permanente, sustancial, irrenunciable, de crear las condiciones objetivas y verificables para promover niveles mínimos de bienestar social, que son los mínimos exigibles a un gobierno democrático.
Este Gobierno parece que por momentos intermitentemente renuncia a ese deber moral de velar escrupulosamente por el bienestar de todos los mexicanos.
Con rectitud de intención, con buena voluntad, no podemos en serio renunciar a la consideración valorativa de las coyunturas internacionales, pero en esto se abusa y se abusa muy claramente, se habla siempre de la responsabilidad exterior, ahora en un mundo globalizado, pero nunca jamás, en ningún momento, se acepta la responsabilidad interior.
Este régimen, en el sentido al que me estoy refiriendo, es producto, aún cuando se niegue, de regímenes anteriores y tiene parte de la responsabilidad de todos ellos y esto en México no se dice. Se quiera o no se quiera, se acepte o no se acepte, este Gobierno es producto, es consecuencia, es resultado del régimen anterior, que privilegió los resultados macroeconómicos con el sacrificio del bienestar del pueblo de México; prefirió satisfacer el gusto internacional, a costa de los dramáticos reclamos de la supervivencia de los mexicanos.
Satisfacer los requerimientos de ajustes económicos con receta, en papel pautado, trajo como consecuencia la primacía de los estándares internacionales de homologación económica, sobre necesidades vitales de los mexicanos, como el techo, el vestido, el sustento, la mínima educación, la subsistencia, en fin, los mínimos indispensables para que el hombre pueda, conforme a su dignidad y destino, que rebasa la acción del Estado, realizarse en plenitud conforme a su altísima dignidad.
Es decir, el Gobierno prefirió aprobar la calificación del Banco Mundial, que aprobar en opinión de los mexicanos; prefirió que padeciéramos y sufriéramos las gráficas de estándares internacionales, a costa del llanto de los padres que no pueden dar a sus hijos alimento y condiciones mínimas de desarrollo integral.
La debilidad y fragilidad de nuestra economía, las condiciones también de fragilidad de nuestra estabilidad política y social, pueden llevar a la toma, por parte del Ejecutivo Federal, de decisiones populistas y demagógicas, por la intención evidente de clientelismo electoral.
Ya tuvimos durante todo un sexenio el programa estrella que llevó recursos a millones de pobres, los recursos del Pronasol, recursos entregados curiosamente con mayor intensidad y cuantía y con despliegue de propaganda en periodos electorales. No resolvieron ni han resuelto uno solo de los problemas que confronta el pueblo de México, no sacaron de su pobreza ancestral ni a los indígenas, ni a los campesinos, ni a los trabajadores, ni a los habitantes de las colonias que constituyen los cinturones de miseria de nuestras ciudades y que su llanto impotente sigue siendo reclamo permanente y fuente de inestabilidad social.
Esto es en concreto y en cualquier lectura política honesta, una deuda social acumulada a cargo de los gobiernos de México, de éste y de los anteriores.
Por un elemental deber de honestidad, el Ejecutivo no puede ni debe, disimular, simular, evadir o esquivar este punto. En este informe deberá el señor Presidente de la República, en un contexto de auténtica responsabilidad democrática, inédita por otro lado, que entusiasmaría a los mexicanos, a los gobernados, aceptar que la acción del Gobierno no ha podido ser, como debería, una acción vital, insustituible e impostergable de mantener a los mexicanos en niveles mínimos de bienestar social.
No basta, como en el pasado inmediato, pedir perdón como se hizo en 1982, en una de las tantas crisis endémicas que ya padecemos. El perdón se acepta siempre y cuando exista el propósito evidente de rectificar. Lamentablemente el propósito de enmienda desde que se pidió perdón, no existió ni existe y no olvidemos, señores legisladores, que tenemos el mismo partido en el poder.
Ahora, en serio, con energía republicana, en voz en cuello, los mexicanos no aceptamos ni aceptaremos, otra vez, que la politica social del presidente Ernesto Zedillo se base en sustituciones de obligaciones a cargo del Gobierno por medidas burdas, evidentes, equivocadas en las funciones de un gobierno democrático, que confunde la dádiva con la justicia.
No podemos soslayar el hecho inédito, benéfico para el país y para su desarrollo democrático, de que Estado y oposición hayan establecido los consensos necesarios para que se diera el primer paso de la reforma del Estado. Estos consensos deben continuar, teniendo como coincidencia de todos el bien de México. No se puede desvincular, sin que se padezcan las consecuencias, que el pueblo todo sufre la política de la economía ni la política de la ética.
Sostenemos que no basta con la legislación. Es necesario que la legislación electoral, como parte del derecho, rija con la vigencia del estado de derecho.
De nada sirven los mecanismos que en la ley se establecen para regular financiamiento, si no se cuenta con instrumentos concretos y prácticos en la realidad, que permitan conocer con transparencia para todos las finanzas internas de los partidos, incluyendo al que represento, pero en correspondencia, con transparencia para el pueblo de México, las del partido al que pertenece la mayoría de los legisladores en este Congreso, sus fuentes de financiamiento, sus gastos en los medios masivos de comunicación, que se justifique el origen hasta el último peso gastado en campañas locales, como las de Tabasco, Nayarit o Puebla o cualquier entidad de la República o en campañas federales.
Si se gastó o no en forma inequitativa, y si no es así, que con documentos se demuestre al pueblo de México la equidad de la competencia electoral.
Que las reformas constitucionales, que son apenas el germen del primer paso en la reforma del Estado, se concreten en la legislación secundaria que se pondrá a consideración del Congreso en los próximos meses.
Tendremos en el futuro inmediato elecciones en los estados de México, Coahuila, Guerrero e Hidalgo, son un reto para el Gobierno y su partido, pues demostrarán que e~ propósito del Estado mexicano, expresado en estos primeros consensos, se concreta en la práctica con conductas que revelen que no tiene un doble lenguaje para tener elecciones competidas no debatidas.
Con la vigencia del estado de derecho en materia electoral, el Gobierno de la República tendrá solvencia moral para exigir respeto al derecho en los demás ámbitos de la vida nacional.
La política, la economía, la justicia, la vigencia del estado de derecho, siguen siendo factores que determinan la estabilidad del país, pues la paz sólo se entiende como fruto de la justicia, pues ésta se da cuando se tiene una patria donde el consenso de la población se apoya en torno de autoridades legítimas, cuyo compromiso es la salud entendida como estado de bienestar para el pueblo de México.
México vive aún los efectos de una politica económica equivocada y claramente irresponsable, que en el año de 1994 subordinó la economía del país a los intereses electorales del Gobierno y de su partido. Ante un cambio súbito en las condiciones del país, motivado por el levantamiento armado en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el Gobierno de México estaba obligado a tomar medidas tendientes a evitar una catástrofe económica ocasionada por el creciente déficit externo y la fuga de capitales registrada en aquel año.
Cuando el Partido Acción Nacional, por conducto de su candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, expresó la necesidad de acelerar en aquel momento la depreciación de la moneda nacional frente al dólar y a mantener disciplina en el gasto nacional, contrario a esas medidas de elemental prudencia en el ámbito de la política económica, el Gobierno tomó exactamente las decisiones contrarias en orden a evitar un deterioro electoral de aquel año.
Así, en lugar de - aumentar. depreciación diaria del peso, la política cambiaria fue mantenida tercamente y la enorme demanda de divisas que se presentó en el mercado mexicano fue atendida con el recurso artificial de la emisión de deuda gubernamental denominada en dólares, a través de los llamados Tesobonos, que aumentaron su emisión en más de 1000% en aquel año.
Y por otra parte, en lugar de observar un comportamiento que redujera la demanda agregada, que hubiese generado probablemente una pequeña reducción en el ritmo de crecimiento de la economía, pero hubiese permitido reducir el déficit externo, el Gobierno decidió, por razones de conveniencia electoral, estimular artificial y peligrosamente la economía del periodo electoral, quintuplicando el crédito interno con apoyo gubernamental, particularmente a través de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y el resto de la denominada banca de desarrollo.
El resultado, una economía que salvó para el partido gobernante las elecciones, pero que fue incapaz de soportar de manera permanente el creciente déficit externo y la fuga de capitales.
En lo político se salvó, quizá, por última vez, el partido gobernante, pero en lo económico la irresponsable utilización en aquel año de las variables económicas, aunado al torpe manejo de la consecuente e inevitable decisión devaluatoria de diciembre, generaron para el país la peor crisis económica que haya registrado nuestra nación desde la Revolución Mexicana.
Hoy se nos anuncia que existen síntomas positivos en algunas de las variables macroeconómicas; sin embargo, las cifras de recuperación que presenta el Gobierno están referidas al segundo trimestre. Bajo esta perspectiva, el 7.2% de recuperación que ahora se anuncia palidece y aún está lejos de la caída que registró entonces la economía, y que fue del 10.6%.
La pretendida recuperación tiene entonces un componente más aritmético que real y comparada con la recesión sin precedentes, observada el año pasado, no puede en el periodo de observación completo considerarse una verdadera recuperación. En todo caso hay que decir que probablemente no pudo ser peor la caída económica y que de la misma forma era poco probable que después de semejante caída no se hubiese registrado un repunte.
En términos reales la economía aún no se recupera, pues aún no alcanza siquiera el nivel que tuvo hacia 1994 y los índices de producción nacional y empleo aún presentan un saldo deficitario en esta administración.
Por otra parte, la economía presenta un comportamiento desigual. Las cifras positivas están sesgadas hacia el sector exportador que no configura la tercera parte de la economía, mientras que una buena parte del mercado interno, fundamentalmente la construcción, el comercio y los servicios, que son fuertes empleadores de mano de obra, continúan sin dar signos de recuperación e incluso otros sectores, como la industria editorial, por ejemplo, continúa en franca caída.
Es en el mercado interno donde la planta productiva del país continúa atrapada por la deuda con la banca y asediada por la política fiscal del Gobierno, preocupada más ésta por cobrarle a los productores los errores económicos del Gobierno, que en velar por un sano y equilibrado crecimiento de la economía.
Y aún así, pese a la voracidad de la politica recaudatoria o tal vez debido a ella, la recaudación fundamental se ha reducido en casi 12%.
En adición, el grueso de las medidas económicas ha traído como costo del sacrificio del salario real, el deterioro del poder de compra en las familias y el aumento de los impuestos a todos los consumidores, particularmente con el inclemente aumento del impuesto al valor agregado en un 50%, aprobado por el Gobierno y por su partido.
En resumen, la recuperación puede estar en algunas cifras macroeconómicas, obtenidas a costa de reducir salarios, elevar impuestos y generar desempleo, pero no ha llegado de manera alguna a los bolsillos de los consumidores, a la bolsa de las amas de casa, ni se ha reflejado en bienestar para la familia.
Y todo este marco económico no sólo se ha obtenido a ese costo, probablemente ése no sea el más importante. Lo peor no ha sido la insuficiencia, el costo o el desequilibrio del crecimiento, sino que no sólo no se ha corregido, sino que ha ahondado las inadmisibles desigualdades entre los mexicanos.
Hoy la patria nuestra se encuentra sacudida por la violencia. Su golpe criminal se ha dejado sentir precisamente en los estados y regiones donde la marginación y la miseria mantienen a la mayoría de los mexicanos en condiciones infrahumanas de vida, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero.
Tales enormes desigualdades, razones históricas aparte, obedecen también sin duda alguna al asfixiante centralismo que el modelo impulsado por los gobiernos priístas han impuesto al país.
Se olvida que la pobreza extrema es campo más que propicio para la desesperación y se omite que el ingreso per capita del Estado de Oaxaca es cinco veces menor al ingreso promedio de la Ciudad de México, por dar un ejemplo.
Frente a ello, el Gobierno insiste en mantener el centralismo y su política social se limita a extender paliativos temporales que no aportan soluciones de fondo al problema de la miseria.
Las instancias federales duplican inútilmente a las estatales y municipales, los recursos se otorgan a cuentagotas y los anuncios reiterados de descentralización no modifican sino en décimas la terrible injusticia de la distribución del ingreso fiscal nacional.
De cada impuesto recaudado en México, 80 centavos lo ejerce la burocracia central, 16 centavos los gobiernos estatales y sólo cuatro centavos los municipios.
Y son los municipios, célula básica de la nación, ínsulas de miseria, incapaces de proporcionar a sus moradores una base mínima de bienestar en servicios públicos, en agua, drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, pavimentación, escuelas, clínicas y caminos.
Son incapaces de hacerlo, puesto que frente a tan lacerante miseria el Gobierno reitera una y otra vez los anuncios espectaculares de los públicos, orientados sólo a tranquilizar parcialmente y a manipular políticamente el hambre y la miseria del pueblo de México.
Ya no podemos aceptar los mexicanos la suplantación del cumplimiento de un deber moral de hacer justicia por ofrecimiento o por aplicación de medidas improvisadas, marginales, demagógicas, electoreras, que no arregla las condiciones de pobreza, que no aleja las tentaciones de violencia como expresión desesperada de sobrevivencia.
Los mexicanos, hoy mismo, exigimos al Ejecutivo Federal rectificaciones honestas, republicanas, democráticas, que logren fincar reales esperanzas de bienestar para esta generación de mexicanos.
Mi partido, México entero puede estar seguro, no regateará ninguna acción verificable que se intente para modificar el estado de cosas en que hemos venido a parar, aun cuando se trate de un gobierno de partido distinto al nuestro, porque somos oposición responsable que privamos el bien de México y el de los mexicanos, con independencia de si estamos en el poder o no.
Esperamos confiados un informe objetivo, real, desprovisto de cifras, situaciones y circunstancias engañosas, pero sobre todo un mensaje de rectificación honesto, afrontando todos los riesgos que éste trae consigo, por la decisión emanada de la libre voluntad del Presidente de la República.
Muchas gracias.
El Presidente del Congreso:
Tiene la palabra el diputado Oscar Villalobos Chávez.
El diputado Oscar Villalobos Chávez:
Gracias, señor Presidente, con su permiso; honorable Congreso de la Unión, señoras y señores:
Hemos escuchado con atención y respeto lo expresado por los representantes de las fracciones parlamentarias que integramos el Congreso, aunque diferimos en parte de los conceptos y en algunas de las evaluaciones que aquí se han hecho, lo verdaderamente significativo es, que nos identifica el propósito común de construir un México más fuerte y más justo.
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de la palabra para manifestar nuestros puntos de vista, sobre asuntos públicos que hoy ocupan nuestra atención, al iniciarse este periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
Frente a las difíciles circunstancias en que nos hemos desenvuelto los mexicanos en los años recientes, los priístas actuamos como partido y como fracción parlamentaria, con la decisión y la cohesión que demandan las circunstancias del país y con el afán de analizar, debatir y procurar los consensos que fortalezcan a México.
La ciudadanía exige que todos los legisladores actuemos con responsabilidad clara y con voluntad firme, para contribuir a alcanzar un desarrollo económico, social y político integral, armónico y equitativo.
En esa responsabilidad, los priístas conocemos cual es nuestra tarea y estamos resueltos a cumplirla a cabalidad. Por eso hemos promovido y participamos en la reforma del Estado, impulsada con el acuerdo de las principales fuerzas políticas del país, el diálogo con el Poder Ejecutivo, legisladores federales y estatales, como Constituyente Permanente contribuimos a forjar el consenso que ahora sustenta una nueva normatividad constitucional en materia político-electoral.
Actuamos con la convicción de que en la equidad, la legalidad y el debate de ideas y proyectos para México, habremos de encontrar las respuestas y las propuestas que hoy demandan los ciudadanos.
La reforma es ya un paso firme, pero de ningún modo ha concluido. Los priístas tenemos el compromiso de que a través del diálogo, los argumentos fundados y el acuerdo plural, habremos de dar los pasos inmediatos, para lograr un avance definitivo hacia una democracia plena. Esta es la vía que proponemos, ésta es la vía que reconocemos y por la que siempre habremos de luchar. Por ello, porque creemos en el diálogo plural, incluyente y razonado, rechazamos la violencia y el terrorismo.
México no merece la violencia. México merece paz y unión para superar sus problemas. México merece tranquilidad y claridad de propósitos para edificar las oportunidades que nuestras mujeres y hombres necesitan. México merece el esfuerzo y el esmero de todos para construir una nación de bienestar y de justicia y eso sólo se logra aprovechando y ensanchando los cauces que ofrecen nuestras leyes y nuestra vida institucional.
Las fuerzas políticas aquí representadas somos capaces de crear consensos suficientes para que nuestra sociedad avance hacia otra más competitiva y más democrática, en una atmósfera de confianza. Somos parte de una sociedad tan reflexiva y madura como crítica y exigente.
Existe hoy un mayor equilibrio y respeto entre poderes, legislamos para darles mayor autonomía, para combatir con la ley, corrupción y desviaciones; para adecuar en la corresponsabilidad, el marco normativo a una realidad dinámica, cambiante y compleja; en las relaciones entre poderes y niveles de gobierno, de ellos, con la sociedad y entre sí, el respeto a la ley, garantiza libertades, derechos humanos y desarrollo.
Los legisladores federales, miembros del Partido Revolucionario Institucional hemos debatido y actuado conscientes del compromiso de hacer leyes para el bien y la prosperidad de la unión, convencidos de que los ordenamientos legales que debatimos y aprobamos son el camino adecuado para el bienestar de los mexicanos. Este es el fundamento de nuestro diálogo permanente y de nuestra proximidad con la ciudadanía. Este también, es el fundamento del debate siempre respetuoso con el que procuramos consensos con los otros partidos y fracciones parlamentarias. Emitimos nuestro voto de apoyo a las iniciativas de ley en materia económica con absoluta responsabilidad y convicción de que ellas sustentan bases más sólidas para avanzar a un crecimiento sostenido y justo.
Hoy, ya se aprecian los primeros avances, avances significativos que van comprobando que actuamos con responsabilidad y con acierto. Se ha logrado el inicio de la recuperación de la producción y el empleo, comienza a ceder la inflación. Se ha comenzado a estabilizar el tipo de cambio de nuestra moneda y también las tasas de interés. Se han continuado desplegando programas sociales para apoyar a quienes menos tienen y para auxiliar a quienes más han resentido los efectos de las crisis en sus hogares o sus empresas. Sin embargo, los priístas estamos conscientes de que no son resultados de corto plazo lo que México necesita. Nuestro país y nuestra población, anhelan y exigen un porvenir de certidumbre, de esperanza fundada, de crecimiento sostenido y de prosperidad compartida. Por eso los legisladores del PRI miraremos y actuaremos para el futuro de los mexicanos.
El día de hoy, los priístas escucharemos con atención el mensaje que pronuncie el titular del Ejecutivo Federal, al presentar su ll Informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país. Además examinaremos con cuidado, el contenido del correspondiente informe escrito; lo haremos por encima de todo, con patriotismo y con objetividad; lo haremos con el afán de procurar mejores soluciones a los requerimientos de hoy y a los desafíos de mañana; lo haremos con la convicción de que este país tiene el rumbo, el liderazgo y la decisión para salir adelante y para sentar cimientos del progreso, la democracia y la justicia social que merece el México del Siglo XXI.
La composición heterogénea del Partido Revolucionario Institucional, nos permite como organización política, entender y ofrecer soluciones propias de la compleja realidad nacional. Por eso actuamos en un marco de pluralismo político que articula en la unidad a nuestra sociedad democrática. El cambio que nos hemos trazado, es para que avancemos juntos en crear una atmósfera de confianza y de credibilidad, resultado del análisis y de la reflexión, dejando atrás toda conducta de intolerancia política.
Del avance democrático los mexicanos exigimos eficacia, para cumplir con sus propósitos superiores para enriquecer el diálogo nacional y llevarlo a propuestas que se traduzcan en beneficios concretos para todos.
El grupo parlamentario del PRI está convencido de que en el desarrollo del país debe discurrir por las vías democráticas y consensuales. Hemos actuado, en consecuencia al legislar. Para nosotros los priístas, no existe confusión alguna entre consenso que concilia voluntades y unanimidad que las oculta.
Como partido y como fracción parlamentaria, no renunciaremos a la convicción política de que ser fieles a nuestros programas de reivindicación social, combate a la desigualdad, son compromisos históricos y sabremos luchar por ellos en el pluralismo, con apertura a la diversidad de propuestas y con decisión ante la circunstancia.
Hemos contribuido construir el consenso, porque somos un partido heterogéneo, nutrido por la energía de los mexicanos, condición de nuestra historia y de nuestros más amplios horizontes, porque tenemos el compromiso superior ante la nación, de tomar decisiones con responsabilidad de Gobierno. Los priístas tenemos una profunda fe en las mujeres y hombres de nuestro país, por eso llamamos a todos, a dar lo mejor de cada uno de nosotros, por México, para México y en bien de México.
RECESO
El Presidente del Congreso (a las 10:30 horas):
Habiendo concluido las intervenciones de los representantes de las fracciones que integran nuestro Congreso, se declara un receso en espera del ciudadano Presidente de la República.
(Receso.)
(A las 11:00 horas): Se reanuda la sesión.
Se ruega a todos los presentes ocupar sus lugares.
(Himno Nacional.)
II INFORME DE GOBIERNO
El Presidente del Congreso, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:
Tiene la palabra el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León:
Honorable Congreso de la Unión; honorables miembros del Poder Judicial Federal; señores gobernadores de los estados de la República; mexicanos:
Por segunda ocasión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 constitucional, presento un informe por escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país.
Instruyo a los responsables de los despachos de la propia administración para que atiendan los llamados de las comisiones del Congreso, a fin de abundar sobre los aspectos de este informe que las señoras y los señores legisladores consideren pertinentes. Como siempre, es para mí un altísimo privilegio utilizar esta destacada y alta tribuna de la República. Al igual que hace un año, en vez de resumir ante ustedes el informe que he entregado de conformidad con el artículo 69 constitucional, me ocuparé de los tres temas generales que más interesan a los mexicanos: la situación económica y social, la seguridad y la justicia y la democracia.
A pocas semanas de haber asumido la Presidencia de la República expuse a los mexicanos que enfrentábamos un grave problema económico, que irremediablemente afectaría los niveles de vida de la población. De acuerdo con mi compromiso de hablar siempre con la verdad, por dura que sea, señalé que iniciábamos una etapa de auténtica emergencia económica, cuya superación demandaría de todos la más entera y firme determinación, así como apreciables sacrificios.
Con absoluto convencimiento añadí que unidos venceríamos la emergencia económica. Los meses siguientes confirmaron la gravedad de la emergencia, se inició un abrupto descenso en la actividad económica que se tradujo en una caída durante 1995 de más del 6% en el producto interno bruto y en un dramático aumento del desempleo que significó, entre otros males, una pérdida acumulada en los primeros siete meses del año de más de 495 mil asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La inflación creció hasta alcanzar 52% al cierre del año La deuda de corto plazo por vencer en 1995 era de más de 41 mil millones de dólares. En los mercados financieros se desató una muy grave inestabilidad y aun el pánico. El peso continuó devaluándose y las tasas de interés llegaron a más del 100%.
Al inicio de 1995 las reservas internacionales del país disminuyeron a 3 mil 500 millones de dólares. Su nivel más bajo en más de una década. El acceso a los mercados internacionales de capitales parecía cerrarse durante muchos años.
En aquellos primeros meses del año pasado, muchos temieron que el país cayese en un estado de insolvencia absoluta que habría causado una cadena masiva de quiebras y cierres de empresas, con la pérdida no de miles, sino de millones de empleos, en suma, el desmantelamiento de una parte considerable del aparato productivo del país.
Apelando al recio carácter de la inmensa mayoría de las mexicanos, determiné las medidas para enfrentar la emergencia y fortalecer las bases del crecimiento futuro del país. Oportunamente informé a este honorable Congreso de la Unión sobre las medidas a tomar y sometí a su consideración y aprobación los asuntos de competencia legislativa.
La emergencia económica causó un severo daño en los niveles de vida de la población, sin embargo estoy seguro de que ese daño habría sido mucho más grave y prolongado si hubiéramos actuado de manera distinta para enfrentar la emergencia.
Ya al acudir hace un año ante esta soberanía, informé que algunos de los signos más preocupantes de la crisis comenzaban a atemperarse y expresé el objetivo de alcanzar en 1996 la recuperación en los índices de la actividad económica.
Con toda confianza hoy puedo afirmar que gracias al esfuerzo de todos los mexicanos el país superó la etapa de emergencia económica y ha iniciado claramente la recuperación.
Después de la abrupta contracción de 1995 el producto interno bruto creció poco más de 3% durante el primer semestre del año, lo que prácticamente asegura el cumplimiento de la meta para el año en su conjunto.
Afortunadamente la recuperación está en vías de generalizarse a todos los sectores productivos, aunque de manera todavía insuficiente el empleo ha venido recuperándose paulatinamente. En agosto de 1995 se llegó a la tasa más alta de desempleo abierto, de 7.6%; el dato disponible más reciente, del pasado mes de julio, señala una tasa de 5.8%. Además, ya se recuperó el 100% de los asegurados permanentes en el IMSS perdidos en los primeros siete meses de 1995. Muchos de estos empleos son mejores empleos que corresponden ya a una economía más competitiva.
El repunte de la producción ha sido acompañado y favorecido por una baja significativa, pero aún insuficiente, en la inflación. De enero a agosto de 1995 el nivel de precios aumentó 38%. Se estima que el aumento en el mismo lapso del presente año resultará de alrededor de 18.5%.
En 1996 los mercados financieros han tenido una evolución muy distinta a la del año pasado. Determinado por las fuerzas del mercado el tipo de cambio peso-dólar es hoy incluso ligeramente menor al del cierre de 1995. Las tasas de interés han bajado significativamente y ahora son 40% menores que a principios de este año. Durante 1996 la balanza de pagos del país, que fue el factor detonante de la crisis, ha consolidado su corrección y fortalecimiento. Las exportaciones han continuado aumentando a tasas muy considerables y son uno de los motores clave de la recuperación.
Lo más importante es que el país superó por completo el apremio que durante 1995 significaron las cuantiosas obligaciones de corto plazo. Se saldaron las deudas cuyo vencimiento presionaba desmedidamente a la economía nacional, como los llamados Tesobonos. Gracias a que la recuperación a un mercado normal de capitales internacionales se ha dado, este año se han realizado operaciones que mejoran sensiblemente las condiciones de pago, plazo y costo de una parte muy importante de la deuda externa del país.
Es muy significativo que de la línea de crédito de 20 mil millones de dólares extendida a México por el gobierno de los Estados Unidos y de la que llegamos a utilizar 12 mil 500 millones de dólares, ya se hayan efectuado pagos que ahora han dejado un saldo de sólo 3 mil 500 millones de dólares.
Es importante abundar sobre el significado del momento actual de la economía del país, ciertamente se han superado las condiciones de emergencia aguda, ciertamente también se ha iniciado la recuperación entendida como que la producción dejó de contraerse y ahora está aumentando en la mayoría de los sectores de la economía. Sin embargo, es mi deber asentar que el inicio y la consolidación de la recuperación no serán suficientes para reparar de inmediato los daños que causó la crisis en el nivel de vida de la población y menos aún, para remediar los rezagos que históricamente se han acumulado.
Para lograr esto, es preciso transformar la recuperación que ahora se inicia en un proceso prolongado y sostenido en que año tras año la economía nacional crezca a tasas considerablemente mayores que la población.
Con la misma franqueza reitero que alcanzar ese crecimiento es no sólo necesario sino claramente posible. En nuestras enormes capacidades como país acreditadas a plenitud al vencer la emergencia, está el hacer que la presente recuperación constituya un paso sólido hacia un desarrollo económico que paulatina pero firmemente responda a las legítimas aspiraciones de progreso material de los mexicanos en especial de aquellos que más lo necesitan.
Lo que ya hemos avanzado debe alentarnos para iniciar una nueva etapa, una nueva etapa de esfuerzo compartido y de mejores frutos para todos; alcanzar un crecimiento económico, vigoroso y sostenido es un imperativo que debe unir nuestros esfuerzos; sólo el crecimiento rápido y perdurable de la economía nacional nos dará los recursos para desplegar una política de apoyo social más ambiciosa y construir un mejor sistema de procuración, de impartición de justicia.
El crecimiento y el consiguiente progreso material dará mayor firmeza a nuestro avance democrático. Una economía próspera y justa hará de México un país más respetado en la comunidad internacional.
Para hacer realidad esa nueva etapa de crecimiento es indispensable que perseveremos en tres quehaceres esenciales: el primero consiste en seguir aplicando el programa económico que nos ha permitido vencer la emergencia e iniciar la recuperación hasta consolidarla con toda certeza.
El segundo, consiste en continuar las reformas estructurales para contar con una economía cada vez más eficiente, de tal manera que los factores de la producción, señaladamente el trabajo, obtengan mayores rendimientos e ingresos.
El tercero consiste en aumentar significativamente el ahorro nacional, ya que sólo así podremos financiar sanamente la inversión sin riesgo de volver a sufrir crisis como las que han sido recurrentes en los últimos 20 años.
En consecuencia, en lo que resta del año continuaremos con la aplicación rigurosa de los criterios de política económica que dieron sustento al Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos para 1996. Asimismo, propondré una estrategia para 1997 que haga posible un crecimiento del PIB de al menos 4% y a la vez que favorezca una reducción adicional en la inflación y en las tasas de interés.
En esas condiciones, podrá consolidarse la recuperación el próximo año y será posible aspirar fundadamente a tasas más altas y duraderas de crecimiento a partir de 1998.
En la estrategia para 1997, será esencial el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, así como del régimen de libre flotación cambiaria. Además la desregulación y las reformas estructurales que continuaremos realizando sistemáticamente estimularán la inversión en sectores con enorme potencial de crecimiento y alentarán la productividad de nuestra economía.
En este sentido cabe mencionar que los cambios legales aprobados por el Congreso de la Unión en áreas como ferrocarriles, telecomunicaciones, generación de energía eléctrica y distribución de gas natural, comenzarán a rendir sus mejores resultados en términos de inversión privada en 1997. El motor para extender y consolidar la recuperación y para alcanzar el crecimiento que nos proponemos en 1997, residirá en la inversión privada, nacional y extranjera, en el continuo dinamismo de las exportaciones y en la paulatina reanimación del consumo.
No es posible ni conveniente que el gasto público sea ese motor. Para su sano financiamiento, el gasto público debe atenerse a los recursos disponibles, éstos siempre son limitados y lo son sobre todo ahora cuando para superar la emergencia y sentar bases firmes para el porvenir ha sido necesario comprometer recursos fiscales presentes y futuros en diversos programas; entre ellos destacan los apoyos canalizados a través del sistema bancario.
Estos apoyos no son para respaldar a los accionistas de los bancos, son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en esos bancos, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso se han comprometido recursos fiscales estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos que se irán erogando a lo largo de varios años.
También se ha tenido que hacer frente al quebranto financiero de un número importante de las carreteras construidas bajo concesión en años pasados. Asimismo, se requerirá una parte apreciable de los futuros ingresos del erario público para garantizar la viabilidad y el fortalecimiento del sistema de seguridad social del país.
Si la reforma del Seguro Social se hubiese pospuesto, acarrearía un costo muchísimo mayor en recursos y sobre todo en servicios esenciales para las familias de los trabajadores.
Estoy plenamente convencido de que por su efecto positivo en el ahorro interno en el largo plazo, la reforma al sistema de pensiones será la que más contribuirá al crecimiento sostenido de nuestra economía. Gracias a las nuevas leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a partir de 1997 cada trabajador contará con una cuenta individual de su propiedad, que generará rendimientos atractivos y responderá mejor a su trayectoria laboral y a su esfuerzo de ahorro para una pensión digna. El Estado financiará las pensiones vigentes y aportará una cuota que se adicionará a cada nueva cuenta individual, beneficiando más a los trabajadores de menores ingresos.
El conjunto de estas reformas será decisivo para la permanencia de las instituciones de seguridad social y para que en el futuro cumplan mejor sus propósitos.
En efecto, la reforma establecerá mayor protección a la familia de los trabajadores en casos de fallecimiento, pérdida de ingresos por enfermedad, discapacidad o accidentes no laborales; al mismo tiempo promoverá la seguridad en los centros de labores, ofreciendo estímulos a las empresas, más eficaces, en la prevención de riesgos y accidentes.
Adicionalmente, podrán dedicarse mayores recursos para duplicar, en el mediano plazo, la red de guarderías, a fin de que las madres trabajadoras acudan a sus labores con la tranquilidad de que sus hijos pequeños están bien atendidos. La seguridad social es uno de los instrumentos con que el Gobierno de la República cumple con su responsabilidad de apoyar el bienestar de la población. Esa responsabilidad es mayor con quienes menos tienen y debe cumplirse a través de muchos otros instrumentos. Por eso, la política de apoyo social está presente a lo largo de la vida de los mexicanos y se expresa en la atención a la salud, en la educación pública y la capacitación para el trabajo, en el fomento del empleo y la vivienda, así como en los servicios básicos como agua, drenaje, electricidad, vialidades y caminos.
La política social absorbe el mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno. De cada 100 pesos que el Gobierno programa gastar, más de la mitad, 54 pesos, se destinan a mejorar las condiciones de vida de las personas, las familias y las comunidades.
La primera de esas condiciones es una buena salud, desde la gestación hasta la más avanzada vejez. Aun en la situación económica que hemos enfrentado, se están destinando a salud y seguridad social recursos que equivalen a poco más de la quinta parte de todo el gasto programable. Las instituciones públicas atienden un promedio de 700 mil consultas diarias y ofrecen recen servicios de salud a más de 63 millones de personas.
Una salud fuerte y vigorosa requiere que se cuide desde muy temprano a la niñez. La cobertura de vacunación protege ya a 95% de los niños. Así, enfermedades que antes causaban extensos daños en la población infantil, están prácticamente controladas.
Nuestro mayor desafío sigue siendo llevar servicios de salud a quienes carecen de ellos. Se ha iniciado un esfuerzo sin precedente para llevar un paquete básico de salud a las zonas más pobres y aisladas. Este paquete comprende 12 servicios esenciales de medicina preventiva para toda la familia: nutrición infantil, vacunación universal y salud reproductiva. Su aplicación reducirá las ocho principales causas de mortandad en el país y dará atención de salud e higiene a 4 millones de mexicanos que hoy no la tienen.
Antes de que finalice el año, el paquete llegará a 11 estados, que incluyen 380 de los 600 municipios más pobres. En el curso de 1997, el paquete se habrá extendido a toda la República, aprovechando al máximo la red ya existente de centros de salud y complementándola con brigadas móviles de médicos y enfermeras.
Junto con la salud, la educación es lo más importante para la superación individual y para tener más y mejores oportunidades. Ningún otro medio es tan noble y efectivo para el progreso de una persona, una familia o una comunidad. Por eso cerca de 25 centavos de cada peso que programa gastar el Gobierno, son dedicados a la educación.
De los casi 27 y medio millones de estudiantes que hay en el país, el 90% asiste a escuelas e instituciones públicas. Con gran sabiduría el artículo 3O. constitucional dispone que la educación primaria y secundaria son obligatorias, por eso nuestro desafío es que más y más niños y jóvenes asistan a las escuelas hasta completar su primaria y su secundaria y que reciban una educación de creciente calidad.
Para conseguirlo, es importante que hayan cursado al menos un año de educación preescolar. Hoy lo hacen cuatro de cada cinco niños que ingresan a primaria.
La formación y los conocimientos que se adquieren en la escuela cobran su cabal sentido si se puede completar cada ciclo educativo, de ahí la importancia de que hoy casi 80% de los alumnos terminen la primaria, mientras que en 1992 menos de 72% lograban concluirla...
El Presidente del Congreso:
Permítame, señor Presidente de la República.
Señor diputado, nadie está más obligado al cumplimiento de las leyes y las formas que ellas comprenden, que quienes somos responsables de su aprobación. Esta sesión, señor diputado, es ante todo un acto de responsabilidad y respeto entre los poderes que constituyen a la República.
Lo invito a ser consecuente con este espíritu, mantener la serenidad de nuestras posiciones y permitir el desarrollo de la sesión.
Continúe usted, señor Presidente.
El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León:
Este avance ha comenzado a reflejarse en que más niños y niñas estudian la secundaria...
El Presidente del Congreso:
Permítame, señor Presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores, señores invitados:
Hago un llamado respetuoso a la prudencia y civilidad que debe privar en esta sesión de Congreso General.
Continúe por favor, señor Presidente de la República.
El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León:
Este avance ha comenzado a reflejarse en que más niñas y niños estudian la secundaria.
En el año lectivo que acaba de comenzar, más de 4.8 millones la están cursando, 16% más que cuando se estableció su carácter obligatorio hace tres años.
A su vez la telesecundaria que opera casi exclusivamente en el medio rural y en zonas de difícil acceso, creció 12% en el último año escolar.
En buena medida la mayor atención en la educación básica es resultado de la federalización educativa. Los estados están dedicando mayor energía y capacidad a la educación. Ese compromiso de los gobiernos estatales ya ha demostrado que podemos hacer llegar puntualmente e íntegramente a cada escuela, a cada maestro y a cada alumno, los libros de texto gratuitos.
Para el ciclo escolar 1996-1997 se han editado 123 millones de libros que han sido oportunamente distribuidos.
Gracias al esfuerzo de varias generaciones, la escuela llega a muchísimos mexicanos. Debemos lograr que llegue a todos, procurando condiciones familiares y comunitarias que faciliten el aprovechamiento escolar.
En las zonas con mayores rezagos educativos se han expandido los programas especiales de apoyo, diseñados para fortalecer la infraestructura escolar, promover la permanencia de los niños en la primaria y la secundaria, atender las principales causas de reprobación y respaldar la atención a necesidades básicas.
La educación indígena aumentó 6% en el último año escolar, por lo que 56 mil niños indígenas más pudieron asistir a la escuela. Además, se están editando libros de texto y materiales de apoyo didáctico en 44 lenguas indígenas.
Debemos perseverar hasta que las oportunidades educativas lleguen a todos los niños de las comunidades indígenas del país.
Para apoyar el esfuerzo del magisterio nacional, en mayo se establecieron 184 centros de maestros para su actualización y superación profesional. Gracias a la colaboración de las autoridades estatales, a fines de este año se contará con un mínimo de 300 centros.
Aun cuando cerca de 3.5 millones de adultos ya reciben cursos de alfabetización, de primaria, secundaria y de capacitación, se están comenzando a aplicar nuevos programas y contenidos más adecuados, para que más mujeres y más hombres tengan mejores oportunidades a partir de una formación básica.
Se está haciendo un gran esfuerzo en educación media superior, que permite atender a más de 2 millones y medio de estudiantes. Se ha logrado aumentar en más de 100 mil el número de lugares disponibles respecto del año pasado. Cerca de 50 mil de ellos en esta zona metropolitana.
Con todo, debemos redoblar el paso para conciiar demanda con capacidad, especialidad con vocación, formación con oportunidades reales de empleo y superación.
Para apoyar la educación media y superior y superior, este año el Gobierno Federal gastará 23 mil 400 millones de pesos. Se trata de un esfuerzo que vale mucho la pena, porque es una magnífica inversión en los recursos humanos para el porvenir de México.
De igual modo y no obstante las difíciles condiciones económicas del país, se han sostenido los fondos para el desarrollo científico y tecnológico, las becas para estudios de posgrado y los estímulos a la creatividad artística y la cultura.
Si la educación abre más y mejores oportunidades para todos, la capacitación contribuye a que los trabajadores obtengan competencias útiles para tener acceso a empleos mejor remunerados.
En el contexto del rápido avance tecnológico y del profundo cambio estructural de nuestra economía, en los pasados 12 meses se ha otorgado más de 930 mil becas de capacitación y entrenamiento. Adicionalmente, se está iniciando un sistema para certificar competencias y capacidades laborales que estimulen la productividad, la movilidad y el ingreso de los trabajadores.
Las familias mexicanas merecen viviendas dignas, con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su propiedad.
Por eso convocamos a una alianza a fin de alentar la construcción de vivienda, aumentar la oferta disponible y otorgar apoyos a los deudores hipotecarios a través de descuentos en los pagos.
La política de vivienda se complementa con el desarrollo de la infraestructura urbana. Especial mención merece la provisión de agua. Durante este año la cobertura de agua potable se extenderá a 2 millones de mexicanos más.
Continuaremos con este esfuerzo, trabajando con los municipios en nuevas fórmulas para promover la inversión requerida.
Por su parte, el servicio eléctrico cubre ya al 95% de la población. Los programas de electrificación rural incorporaron a cerca de 1 mil 500 poblados y 540 colonias populares, en beneficio de 624 mil personas.
La dotación de servicios básicos es esencial para el bienestar. También lo es vivir en un ambiente limpio.
Por primera vez se cuenta con una estrategia para promover un desarrollo que preserve el medio ambiente, aproveche racionalmente los recursos naturales y proteja el patrimonio ecológico de los mexicanos del mañana.
La política de apoyo social está dirigida a toda la población, pero tenemos que hacer mucho más, pues quienes viven en condiciones de pobreza extrema demandan un esfuerzo adicional para romper el círculo vicioso de la desnutrición, falta de salud, deficiencias educativas y carencia de oportunidades.
Por ello, bajo un enfoque integral y federalista, articularemos en un nuevo programa los esfuerzos que hoy se realizan separadamente en alimentación, salud y educación básica para las familias más pobres.
En las próximas semanas se pondrá en marcha un programa piloto que integrará estos esfuerzos en algunas de las regiones de mayor marginalidad.
El programa centra su atención en los niños, con el respaldo fundamental de las madres de familia. Ellas recibirán un apoyo especial para la adquisición de alimentos básicos, ligándolo a la asistencia mensual de la familia a los servicios de salud.
En el centro de salud o a través de las brigadas móviles, cada familia recibirá el paquete básico que incluye servicios de salud preventiva y de primer nivel, además la madre recibirá orientación sanitaria y de salud reproductiva, apoyo nutricional para el embarazo, la lactancia y para sus hijos menores de dos años.
El programa comprenderá becas y apoyos para obtener materiales escolares, a fin de asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta el tercer año de secundaria.
Si los resultados de este programa piloto son satisfactorios y tengo mucha confianza que así será, al cabo de una cuidadosa evaluación, se extenderá paulatinamente a fin de que lleguemos al año 2000 cubriendo a 4 millones de las familias más pobres del país.
Con todo, simultáneamente continuaremos impulsando los programas que hoy operan para la dotación de servicios indispensables en las comunidades de mayores carencias.
Se están distribuyendo 2 millones 650 mil desayunos escolares diarios, cifra que supera en 1 millón a lo que se distribuía hace un año y es más del doble de lo que se entregaba en diciembre de 1994.
Adicionalmente se han otorgado 745 mil becas para niños que cursan la primaria. A través del Sistema de Abasto Popular, se atiende a cerca de 30 millones de personas, principalmente en el medio rural. Se apoya a 2.8 millones de familias de bajos ingresos para el consumo de la tortilla y a 5.2 millones de niños para el de leche.
Además, al poner en marcha programas que utilizan mano de obra intensiva, se han creado más de 700 mil empleos temporales, principalmente en el campo.
La mayoría de quienes viven en condiciones de marginalidad habitan en las zonas rurales, de ahí que un objetivo primordial de la política agropecuaria, sea para procurar condiciones para elevar la productividad y con ello los ingresos de las familias.
Lo primero, es asegurar condiciones justas para nuestros productores. Se han perfeccionado los apoyos directos al campo, para hacerlos más efectivos, con reglas y estímulos claros para alentar la comercialización y con precios que ya no sacrifican el esfuerzo de las mujeres y los hombres del campo, ha comenzado a recuperarse la rentabilidad del sector agropecuario.
Para impulsar esta nueva rentabilidad se están aplicando programas de transferencia tecnológica, capacitación y capitalización del campo.
Para resolver el problema de las carteras vencidas y reactivar el crédito a las actividades agropecuarias y pesqueras, se puso en marcha un programa de apoyo financiero, destinado exclusivamente a este sector.
Por tercer año consecutivo, se padeció una severa sequía. Para apoyar a la población afectada, se aplicaron programas emergentes, para la dotación de despensas, la generación de empleos temporales y el suministro de forrajes. Estos programas han cubierto los 11 estados más dañados, con un costo de 1 mil 350 millones de pesos.
Este año, el gasto federal total que se destina al sector agropecuario, a través de distintos instrumentos, equivale a más de 18 mil millones de pesos.
La inversión para elevar la productividad en el campo, requiere pleno respeto a todas las formas de propiedad de la tierra, establecidas por la Constitución de la República.
Para fortalecer ese respeto, el próximo año quedará concluido el rezago agrario y seguiremos avanzando en la regularización de los distintos tipos de propiedad.
El producto interno bruto agropecuario comienza a mostrar signos claros de recuperación, con una tasa anual de crecimiento de 4% en el segundo trimestre de este año.
Habremos de perseverar hasta que la productividad y los ingresos en el campo correspondan al esfuerzo de sus mujeres y sus hombres. También debemos perseverar hasta lograr que las comunidades indígenas, tengan las oportunidades, que con toda razón y dignidad demandan.
Atender los rezagos acumulados por siglos en estas comunidades, es un imperativo histórico, moral y de justicia social.
Hace un año señalé que debemos definir una nueva relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas. Una nueva relación que garantice plenamente sus derechos y constituya una base firme, para atender las causas reales del atraso acumulado por mucho tiempo. Una nueva relación para impulsar su desarrollo social, a partir de la participación de las propias comunidades indígenas.
Gracias a la colaboración respetuosa y activa del Poder Legislativo Federal, de los congresos y los gobiernos de los estados, se realizó una consulta nacional sobre derechos y participación indígenas, que ratificó la necesidad de emprender reformas a la Constitución General de la República y a las leyes que corresponda.
Confío en que durante este periodo de sesiones se logre presentar una iniciativa de reforma que está siendo elaborada conjuntamente por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Una reforma que explicite y garantice los derechos indígenas y asegure una educación bilingüe y pluricultural que reconozca sus formas de representación social para incorporarlas a la organización municipal, que reafirme los compromisos del Estado con sus comunidades y que. Ies garantice que al acudir a la justicia tomarán en cuenta su lengua, sus usos y sus costumbres.
Al lado de los gobiernos estatales y municipales y de todos los sectores de la sociedad, el Gobierno Federal está decidido a que la nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas sea el motor para que éstas sean reconocidas como parte activa de una nación plural y cabalmente integrada por la paz y la unión, por la concordia y la dignidad, por las oportunidades y la justicia.
Debatir y aprobar una reforma constitucional y transformar leyes e instituciones, es sólo un primer paso. Es indispensable trabajar para que el marco jurídico y la capacidad institucional efectivamente sirvan a las mujeres y hombres, y a las familias y a las comunidades indígenas. Esto exige evitar dilaciones, sumar esfuerzos y participación.
En Chiapas, el Gobierno Federal seguirá trabajando para que la solución al conflicto sea resultado del diálogo y asegure la atención a la miseria y el abandono que lo provocaron, para ello, es necesario que todas las partes acudan con genuina voluntad de dialogar en el marco de la ley. El diálogo debe ser para avanzar, no para retroceder; debe ser para procurar acuerdos, no para encerramos en discrepancias irreductibles; debe ser para construir el acuerdo que todo México reclama.
En cada avance ha sido fundamental la participación mediadora y constructiva de la Comisión de Concordia y Pacificación del honorable Congreso de la Unión. Vuelvo a expresar mi reconocimiento a la labor de esta comisión que seguirá siendo decisiva para lograr paz, dignidad y justicia.
Los mexicanos queremos vivir en un país de justicia y leyes, un país donde todos tengamos acceso a la justicia y donde la ley se aplique a todos por igual. Los mexicanos queremos vivir en un país donde la justicia sirva a quien tiene la razón y no se incline ante el dinero ni las influencias; un país donde no haya lugar para privilegios, excepciones ni impunidades; un país donde no se toleren los abusos ni la corrupción.
Eso es lo que significa vivir en un estado de derecho. Un estado de derecho se construye y consolida con instituciones fuertes, con leyes justas y sobre todo, con nuevas actitudes que hagan de la norma una práctica cotidiana.
El primer paso para vivir en un auténtico estado de derecho ha sido fortalecer al Poder Judicial de la Federación, a fin de que todos podamos acudir con confianza a los tribunales, a fin de que todos tengamos la certeza de que las demandas y los juicios se atenderán con prontitud, eficiencia y apego a la ley.
La sociedad reclama leyes claras y sencillas que den certidumbre y faciliten su observancia. Para simplificar y agilizar transacciones que miles de ciudadanos realizan cotidianamente, se han promovido reformas en los ámbitos fiscal y financiero, del comercio y el crédito, de procedimientos civiles y mercantiles. Esto es apenas un comienzo.
Es preciso seguir avanzando en la modernización de nuestro marco jurídico para que éste aliente la actividad productiva y facilite la solución rápida y justa de las controversias.
La ciudadanía exige también mejores leyes para perseguir y castigar a los delincuentes que hoy la amenazan en sus personas, en sus familias y en su patrimonio. La sociedad tiene toda la razón al indignarse ante la aplicación laxa de la ley. Tiene razón al desconfiar en leyes que, en vez de castigar a los delincuentes, solapan su impunidad y alientan su reincidencia; de leyes que en vez de desagraviar a las víctimas, frustran su derecho y las dejan indefensas. Por eso también se han promovido reformas a la legislación penal para actuar con mayor celeridad y firmeza contra quienes son sorprendidos al cometer un delito o cuando se preparan para cometerlo.
Los delincuentes deben saber que ahora se castigará con mucho mayor firmeza, a quienes cometen delitos graves como: secuestros, homicidios y asaltos con violencia y también a quienes cometen los delitos más frecuentes de robo.
La sociedad también tiene razón al preocuparse por la inseguridad pública y al irritarse cuando quienes deben vigilar el cumplimiento de la ley, son los primeros en violarla. Este es un muy grave problema que resolveremos con un esfuerzo firme y prolongado. De ahí que simultáneamente al reforzamiento de las leyes, se ha iniciado la reestructuración de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal, para convertirlas en dependencias modernas, respetuosas de la ley, profesionales y especializadas. Ambas dependencias y las procuradurías de los estados, han acordado trabajar sobre nuevas bases de colaboración, comunicación e intercambio, para prevenir la delincuencia y procurar justicia con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos. Ese es el sentido del Sistema Nacional de Seguridad Pública que está comenzando a sumar y a articular las tareas entre la Federación, los estados y los municipios.
Debemos perseverar en este esfuerzo. Todos los niveles de gobierno compartimos la obligación de velar porque la ley sea cumplida y por mantener el orden público en el marco del derecho. Compartamos ahora también, la tarea de diseñar las formas más viables y adecuadas para sustentar presupuestalmente esa obligación. Así avanzaremos integralmente a una nueva etapa en donde las corporaciones policiacas y los órganos de procuración de justicia, se ganen el respeto de la sociedad actuando con decencia y limpieza; y sean reconocidos no por atropellar, sino por proteger a los ciudadanos; no por extorsionar, sino por servir a la ciudadanía. Un aparato profesional y honesto de procuración de justicia, será decisivo en el combate al crimen organizado.
Al igual que en otros países, en México existen bandas que actúan con alta capacidad de violencia y corrupción. Ello ha precisado reformar la Constitución para poder combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Con base en esa reforma, ya se ha enviado a consideración del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de ley reglamentaria, que confiamos sea examinada durante este periodo de sesiones.
Muchas bandas organizadas se dedican al narcotráfico, que hoy es la amenaza más grave y violenta, más destructiva y corruptora. Ningún país, por fuerte y próspero que sea, está suficientemente protegido contra este mal que vulnera la seguridad nacional, lesiona la tranquilidad pública, daña la salud de mujeres y hombres y cobra sus víctimas más lamentables entre niños y jóvenes.
¡Combatimos y seguiremos combatiendo el narcotráfico con todos los recursos a nuestro alcance, sin dar tregua a los productores y traficantes de estupefacientes y precursores químicos, así como a quienes se dedican al "lavado de dinero"!
En el combate al narcotráfico seguiremos promoviendo una mayor cooperación internacional, respetuosa de la soberanía de cada nación. Seguiremos alentando medidas más eficaces a partir del reconocimiento de que en todos los países afectados se dan todos los eslabones de la cadena delictiva del tráfico de drogas. ¡Insistiremos también en que cada nación debe mirar primero por cumplir plenamente su propia tarea!
En el cumplimiento de la tarea que nos corresponde, estamos fortaleciendo las instituciones responsables y estamos equipando y capacitando mejor a quienes arriesgan su vida en esta lucha. En el último año se ha avanzado en la erradicación de plantíos de estupefacientes y en el aseguramiento y destrucción de cargamentos de droga. Se ha logrado la detención de importantes jefes de bandas de narcotraficantes, así como decenas de sus cómplices que están ya sujetos a proceso.
Objetivamente es más, bastante más, lo que México está logrando en esta lucha con los recursos de que disponemos, que lo que en otras partes se ha conseguido con recursos mucho más abundantes. Y los mexicanos estamos resueltos a ser siempre más para salvaguardar la salud y la integridad de la sociedad.
La procuración y la impartición de justicia deben ceñirse a la búsqueda de la verdad y a la aplicación de la ley. Verdad, ley y justicia deben enmarcar siempre las investigaciones de los homicidios que han conmocionado nuestra vida pública.
En cumplimiento de la Constitución, mi posición es invariable. Por una parte, respetar y apoyar la plena independencia del Poder Judicial; por otra, estar atenta a que el Ministerio Público Federal a cargo de la Procuraduría General de la República, actúe con apego a la ley, libertad de criterio y sin reparar en sensacionalismos ni en presiones o intereses ajenos a la justicia.
Para entrar a una nueva etapa de primacía del derecho, es necesario que todos, absolutamente todos, contribuyamos a enraizar y extender una cultura de apego a la ley. Ciertamente hay muchísimos ciudadanos que procuran observar las leyes, prácticamente la totalidad. Pero también son todavía muchos los que prefieren ignorarlas, buscando un provecho indebido de su incumplimiento. Es a ellos a quienes debemos convencer, con la ley en la mano, de que si unas veces la violación de la legalidad puede beneficiarnos, en muchas otras puede hacerlos víctimas.
Es indispensable que todos, absolutamente todos, nos acostumbremos a cumplir la ley. Quien respeta la ley respeta a los demás y se gana el respeto de todos.
La creación de esta cultura de apego a la legalidad tomará tiempo. Precisamente por eso debemos comenzar a inculcarla y practicarla todos cuanto antes. Para dar tranquilidad a nuestra vida personal y familiar y para dar certidumbre a nuestra vida productiva y nuestras relaciones sociales.
En una nueva etapa de apego a la ley y de total honestidad, quienes primero deben poner el ejemplo son los servidores públicos. El abuso de poder, la desviación de recursos y cualquier acto de corrupción indignan con toda razón a los mexicanos y merecen un castigo ejemplar.
Cada caso de corrupción lesiona la confianza ciudadana en la función pública y en la representación politica y lastima la honorabilidad de los servidores públicos honrados. Es necesario sumar la voluntad y el esfuerzo del Ejecutivo y el Legislativo, para coadyuvar a una administración honesta, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como para castigar vicios e infracciones.
Tal y como lo ofrecí hace un año, desde el pasado mes de noviembre sometí a consideración de esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional para establecer en el Congreso de la Unión, una auditoría superior de la federación. Dicho órgano contaría con independencia, con calidad técnica y profesional y con capacidad jurídica para avanzar a una rendición de cuentas imparcial, confiable y convincente.
Con el mayor de los respetos exhorto a los señores legisladores a que examinen, enriquezcan y dictaminen esa iniciativa, para dar cuanto antes un paso decisivo hacia una fiscalización que contribuya a desterrar la corrupción y la impunidad.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha seguido avanzando en el fortalecimiento de los órganos internos de contraloría, en las dependencias de la administración pública federal y en la atención a las quejas y denuncias de la ciudadanía. Hemos emprendido un amplio esfuerzo de simplificación y desregulación, para prevenir desviaciones y abusos provocados por el burocratismo y la imprecisión de las normas.
Cuando han existido elementos probatorios, se ha procedido conforme a la ley, así lo demuestra que en los últimos meses se han impuesto más de 8 mil 700 sanciones administrativas, más de 1 mil sanciones económicas, por un monto que supera los 235 millones de pesos y se han presentado 570 denuncias penales por conductas presuntamente delictivas.
Mi compromiso con un gobierno limpio es inalterable. Por eso combatimos la corrupción con hechos, no con desplantes publicitarios.
Es mi convicción que el Presidente de la República no debe tener ni ejercer más atribuciones que las que expresamente le confieren la Constitución y las leyes. El Poder Ejecutivo es legítimamente fuerte sólo si cumple la ley.
Siempre estaré al lado de los mexicanos que exigen la consolidación de una nueva etapa, donde el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea autoritario ni se beneficie de facultades ajenas al derecho.
Que el Ejecutivo invada las atribuciones de los otros poderes o de los otros órdenes de gobierno no resuelve conflictos, no perfecciona la democracia ni fortalece a la República. He procurado una relación respetuosa, abierta y permanente con los miembros de todos los grupos parlamentarios, para que la acción de Gobierno sea más efectiva y atienda mejor a la ciudadanía.
Respeto profundamente la tarea legislativa, por eso los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen instrucciones de atender oportuna y cabalmente los requerimientos del Congreso y sus cámaras, de sus dirigencias y de sus comisiones.
Hemos procurado someter a su consideración con suficiente anticipación y con todos los elementos necesarios, las iniciativas de leyes o los proyectos de reformas para facilitar su análisis, su debate y, en su caso, su aprobación.
El Ejecutivo apreciará con interés y respeto toda propuesta de los legisladores para fortalecer al Poder Legislativo y propiciar el mejor desarrollo de sus tareas.
Si el fortalecimiento del Legislativo es esencial para un equilibrio verdaderamente republicano entre los poderes de la Unión, el federalismo, es esencia para liquidar nuestra muy pesada herencia centralista.
Todos los mexicanos queremos un nuevo federalismo para articular mejor la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las obligaciones del Gobierno Federal, especialmente las de compensación económica y social.
Para los estados y municipios el nuevo federalismo implica más recursos, pero también más responsabilidades. El compromiso del Gobierno Federal de impulsar el nuevo federalismo se acredita con las acciones emprendidas durante los pasados 12 meses. El Congreso de la Unión autorizó la propuesta de incrementar el Fondo General de Participaciones. Además, se han ampliado las potestades tributarias de los estados liberando a su favor fuentes de recursos antes reservadas exclusivamente al Gobierno Federal.
Dos terceras partes del ramo 26 para el Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, se han transferido a través de los estados para que sean ejercidos directamente por los municipios.
De los 11 mil millones de pesos de este ramo presupuestal, 7 mil 300 millones son ejercidos por los gobiernos municipales. En consecuencia, en 1995 más del 90% de los municipios en especial los más pobres, han registrado aumentos sustanciales en sus presupuestos, no obstante que el presupuesto federal prácticamente no aumentó.
En cada Estado dichos recursos se están distribuyendo bajo una fórmula que da preferencia a los municipios más necesitados y que obedece a las prioridades señaladas por sus propias comunidades. Asimismo, ahora es en los estados y los municipios donde se decide cómo aplicar los recursos de los programas de apoyo al campo.
Un avance de especial significado para el nuevo federalismo es el acuerdo suscrito hace unos días con los gobiernos de todos los estados para descentralizar los servicios a cargo de la Secretaria de Salud.
Quien acude a una consulta médica o a un hospital espera y exige atención adecuada, un buen trato y calidez humana para lograr que ésa sea la práctica cotidiana en los centros de salud. Por eso es preciso acercar a la gente la responsabilidad y las decisiones sobre los servicios de salud.
El acuerdo comprende la transferencia a las entidades federativas de más de 7 mil hospitales, clínicas y centros de salud con sus instalaciones y equipo, con sus más de 103 mil personas entre personal médico y de apoyo a quienes se ha respetado íntegramente sus derechos laborales, así como los correspondientes recursos presupuestales.
Se trata de una transferencia que no se limita a lo meramente administrativo, sino que marca el inicio de una nueva etapa donde con la participación de los gobiernos locales y las comunidades construiremos estructuras más ágiles y sensibles para abatir rezagos, donde nuestro sistema de salud se fortalecerá a partir del mejoramiento de los servicios en cada clínica y hospital, en cada poblado, en cada ciudad.
Con esta medida pronto dos renglones muy importantes del gasto social del Gobierno Federal: Educación Básica y Salud, serán manejados directamente por los gobiernos estatales. Ello confirma la confianza de la Federación y de la sociedad en la capacidad y en la responsabilidad de los gobiernos estatales.
Quiero expresar mi reconocimiento a los señores gobernadores y a los presidentes municipales pues con derecho, con razón y con responsabilidad están asumiendo el nuevo federalismo como un instrumento para alentar y desplegar el potencial de sus regiones y comunidades y para servir más rápida y eficazmente a la ciudadanía.
Unidos debemos redoblar el paso para avanzar a una nueva etapa de desarrollo más justo y equilibrado. La unidad de la nación exige que nos identifiquemos en nuestra pluralidad y en una democracia plena; por voluntad de los mexicanos, nuestra forma de gobierno es republicana, democrática y representativa.
En buena medida la fortaleza de nuestra democracia depende de la capacidad de los partidos políticos para representar y responder a la creciente pluralidad social, de articular las múltiples demandas de la ciudadanía y traducirlas en programas para contender por el poder político.
En toda democracia moderna, los partidos son el vínculo político por excelencia entre los electores y sus gobiernos. No hay democracia fuerte sin partidos políticos fuertes. Nuestra democracia se nutre de la vida de los partidos y la vida de éstos se nutre a su vez de elecciones libres, legales, transparentes y justas.
Es aspiración, es interés y es voluntad de todos los mexicanos avanzar a una nueva etapa regida por una cabal normalidad democrática. Justamente en ello estriba la importancia de la reforma recién aprobada por el Constituyente Permanente. Si todos cumplimos, la reforma será un paso definitivo e irreversible para dejar atrás la insatisfacción y las controversias sobre lo esencial en materia electoral.
Por primera vez en nuestra historia se ha logrado una reforma amplia y compleja, con un consenso sin precedentes en su pluralidad y en su firmeza. La reforma y el consenso con que fue alcanzada, no son méritos del Gobierno; el mérito corresponde al esfuerzo, a la responsabilidad y a la representatividad de los partidos políticos y de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.
De ahí, que hago un sincero reconocimiento a los dirigentes partidistas, a las señoras y a los señores legisladores, porque con su trabajo y su consenso han honrado su convicción democrática y han respondido al interés y a la voluntad de la ciudadanía.
La reforma establece que sólo a partir de su voluntad individual será derecho y responsabilidad de cada ciudadano afiliarse o no a un partido político. La reforma confiere una nueva y vigorosa autonomía a los órganos de autoridad electoral. El Poder Ejecutivo ya no tendrá injerencia en el Instituto Federal Electoral, los consejeros y el presidente de su consejo general serán designados por el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.
Ahora se regulan constitucionalmente los principios de transparencia y justicia en el financiamiento de los partidos políticos, en el control del origen de sus recursos y en la fijación de los límites a sus gastos en las campañas electorales y en el acceso a los medios de comunicación.
La justicia electoral queda fortalecida, ahora todas las leyes electorales, federales y estatales, deberán sujetarse a los mismos principios de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes electorales. Por primera vez el Poder Ejecutivo ya no intervendrá en la integración del Tribunal Federal Electoral, que se incorpora al Poder Judicial de la Federación.
Una vez agotadas las instancias jurisdiccionales, los actos y las resoluciones de las autoridades electorales, tanto federales como locales, podrán ser revisadas para garantizar su apego a la Constitución.
Un rezago particularmente grave y pertinaz, ha sido la falta de democracia para elegir el gobierno del Distrito Federal. Por eso desde que inicié el diálogo con las dirigencias de los partidos políticos, incluso antes de asumir la Presidencia de la República, me comprometí a impulsar una reforma que terminara con la restricción a los derechos políticos de la mayor concentración ciudadana del país.
Me identifico plenamente con el anhelo democrático de los habitantes del Distrito Federal y siempre he reconocido su decisiva participación en la ampliación de nuestras libertades y nuestra pluralidad.
Con la reforma, a partir de 1997, el jefe de gobierno del Distrito Federal será elegido por el voto universal, libre, directo y secreto de los ciudadanos del Distrito Federal y a partir del año 2000, también lo serán los encargados de cada una de sus demarcaciones político-administrativas. Ahora será derecho de los ciudadanos y no prerrogativa del Presidente de la República, decidir quién gobierna la capital del país y quién cada delegación y será atribución de la Asamblea Legislativa, aprobar la designación del Procurador de Justicia capitalino.
Con todo, el avance democrático que se esta logrando no marca el fin del camino, sino apenas el inicio de una nueva etapa, una nueva etapa en la que con diálogo plural y corresponsabilidad, demos los pasos que todavía faltan para que las leyes reglamentarias impulsen resueltamente una nueva cultura democrática.
La construcción de esa nueva cultura, es obligación y es tarea de todos. Debemos dar los pasos necesarios para que en 1997 celebremos elecciones federales con absoluta legalidad y con prácticas institucionales partidistas y ciudadanas, que aseguren libertad y respeto, limpieza y transparencia, confiabilidad y certeza de que los resultados obedecen genuinamente a la voluntad popular.
Hoy convoco a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones sociales, a todos quienes habrán de contender y participar, a todos quienes habrán de organizar y calificar el proceso electoral de 1997, a que sumemos voluntades para celebrar elecciones claras, tranquilas y justas, que fortalezcan a México y a todos los mexicanos.
Respetando diferencias y sumando voluntades, hemos logrado consensos importantes. El consenso comprueba que nuestra vida política tiene la vitalidad y la capacidad para unirnos en propósitos fundamentales y para construir entre todos instituciones más sólidas y mejor preparadas para servir a los mexicanos. De ahí que hoy, menos que nunca, puede justificarse la violencia. Los mexicanos no aceptamos que cuando nuestro país está otra vez de pie, superando adversidades y retos, aparezcan grupos que utilizan el terrorismo para asesinar, destruir y atemorizar. No admitimos que precisamente cuando con una participación libre y creciente estamos avanzando a una democracia plena, surjan intentonas cruentas y caducas que en realidad pretenden cerrar el paso a la democracia e imponer su voluntad intolerante al país.
En México, el poder político se disputa con las reglas de la democracia, no con la irracionalidad del terrorismo. Por eso, frente a la violencia no puede haber posturas ambiguas. Sociedad y- Gobierno estamos unidos en el más firme repudio a toda forma de violencia. Quienes recurren a la violencia y al terrorismo, buscan provocar represión a terceros inocentes, que según ellos les proporcione bases sociales para reducir su aislamiento y para justificar más violencia.
El Gobierno de la República no caerá en esa provocación.
Perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley. Invariablemente, apegados al derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, ¡actuaremos con toda la fuerza del Estado!
Sociedad y Gobierno están y seguirán unidos a fin de impedir que el terrorismo amenace las libertades de todos y que la violencia dañe los derechos de todos.
Con unidad evitaremos que la amenaza de la violencia signifique un obstáculo para el avance de todos los mexicanos.
Queremos avanzar a una nueva etapa, edificando el México unido, libre, próspero y justo al que aspiramos y que merecen nuestros hijos. En la construcción de ese México está la mejor forma de defender y fortalecer nuestra soberanía, que es el valor más importante de nuestra nacionalidad.
Para fortalecer nuestra soberanía, al tiempo que se ha dedicado atención, plena atención a nuestros problemas internos, se ha desplegado una intensa actividad en el exterior. Esta actividad se ha realizado con principios sólidos, objetivos precisos y una estrategia clara para defender nuestra soberanía y promover los intereses de los mexicanos en el exterior.
En México y en el extranjero sostuve 47 reuniones de trabajo con 37 jefes de Estado y de Gobierno, en las que se suscribieron 123 acuerdos y convenios.
Los mexicanos reconocemos que en nuestras relaciones con el ejecutivo de los Estados Unidos de América hemos encontrado respeto, amistad y solidaridad, incluso en los momentos de mayor prueba. Ello ha sido fundamental para encauzar las diferencias que naturalmente surgen de una vecindad compleja e intensa, que comprende intercambios comerciales por más de 120 mil millones de dólares cada año y un millón de cruces legales diarios a través de nuestra frontera común.
La amplitud de nuestra relación bilateral se refleja en la existencia de 16 grupos de alto nivel que trabajan permanentemente sobre una agenda que incluye los asuntos migratorios; el combate al narcotráfico; la protección ecológica de la frontera; aspectos laborales y fiscales, así como temas de energía, telecomunicaciónes y cooperación científica, tecnológica y cultural.
Sin embargo, en algunos sectores y grupos políticos norteamericanos, prevalecen actitudes que pretenden lesionar los derechos laborales, humanos y la dignidad de los emigrantes.
Hoy reitero que el Gobierno mexicano siempre reclamará enérgicamente el respeto a los derechos de nuestros connacionales en el exterior.
De otra parte, a últimas fechas en los Estados Unidos se ha puesto en vigor una ley que contraviene el derecho internacional. Frente a los efectos extraterritoriales de dicha ley, hemos acudido y seguiremos acudiendo a los foros internacionales, a los mecanismos previstos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a intensas consultas políticas con el propio gobierno norteamericano y con otros países.
Adicionalmente, en breve será sometida a este honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de ley suscrita por el Ejecutivo Federal y legisladores de diversos partidos políticos, para que, con apego al orden jurídico internacional, las empresas mexicanas puedan defenderse mejor.
Un aspecto esencial de nuestra estrategia en el exterior es seguir impulsando la diversificación de nuestras relaciones internacionales. Con Canadá estamos multiplicando y estrechando lazos a fin de consolidar una asociación estratégica que brinde nuevas oportunidades y sea factor de equilibrio en América del Norte.
En el Caribe promovimos con éxito la puesta en marcha de la asociación de estados de esa región, de creciente importancia en el hemisferio.
Con las naciones hermanas de Centroamérica impulsamos un nuevo diálogo fundado en el respeto, la cooperación efectiva y la identificación de raíces históricas y culturales.
América latina es nuestra zona de vinculación natural en el mundo. Alentados por el principio de la cooperación internacional para el desarrollo, estamos avanzando con todas las naciones latinoamericanas hacia relaciones más dinámicas e intensas, más productivas y provechosas. Ello comprende impulsar la libertad de intercambios productivos en todo el continente.
Europa tiene especial importancia en la diversificación de nuestras relaciones internacionales. Próximamente iniciaremos la negociación de un acuerdo de asociación económica y concertación política con la Unión Europea, para abrir mercados más amplios a nuestros productos y para estrechar lazos y cooperación con los países que la integran.
A la vez, en el Pacífico asiático, fortalecemos nuestros vínculos con naciones que han ganado un extraordinario dinamismo productivo y comercial.
A todas las naciones del mundo ofrecemos respeto, amistad y apertura y de todas las naciones esperamos que correspondan a México con respeto, amistad y apertura.
Mexicanos: nuestra nación es libre y soberana. Nuestra nación también enfrenta grandes retos. Estoy seguro de que podemos superarlos. Contamos con enormes forlalezas para lograrlo. Las mayores de ellas son el patriotismo, el carácter y el vigor de cada mexicana y de cada mexicano.
Por eso, estoy absolutamente convencido de que con nuestra unidad y nuestros esfuerzos iniciaremos una nueva etapa, una nueva etapa, en la que reafirmemos los valores que nos han sostenido a lo largo de nuestra historia, los valores que alentaron la Independencia nacional, que inspiraron la reforma liberal, que dieron sentido a la Revolución Mexicana y se plasmaron en la Constitución de la República.
Una nueva etapa para dejar atrás injusticias y corrupción, para evitar crisis recurrentes, desempleo y desconfianza, para superar rezagos y carencias.
Convoco a los mexicanos, a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, a todo adulto, para sumar su talento y su energía en esta nueva etapa.
Los convoco a que con el ejemplo de las generaciones que han construido el México de hoy, construyamos ahora un México mejor para todos. Un México en el que las leyes sean cumplidas y aplicadas a todos por igual; un México plenamente democrático, con elecciones justas y limpias y en el que los conflictos se resuelvan conforme a la ley y mediante el diálogo; un México con una economía productiva, capaz de generar los empleos que necesitamos y de distribuir equitativamente sus frutos; un México en el que cada niño y cada niña tengan alimentación adecuada, reciban una educación de calidad y suficiente, reciban atención oportuna para su salud; un México en el que cada familia habite una vivienda digna con buenos servicios básicos; un México en el que tengamos seguridad en nuestras personas y en nuestros bienes, en el que confiemos unos en otros y en el que las autoridades sepan ganarse el respeto de todos; un México generoso en oportunidades para todos.
Edificar ese México está en nuestras manos, pero exigirá tiempo y esfuerzo; exigirá, sobre todo, perseverancia y unidad.
Unidos por el esfuerzo de todos y creyendo firmemente en nosotros mismos, iniciemos una nueva etapa para construir un México más respetado en el mundo.
Unidos, confiando en la fuerza de nuestra historia y de nuestro destino, hagamos de México la gran nación que merece ser.
Unidos, construyamos cada día el México próspero y justo que será orgullo de nosotros, orgullo de nuestros hijos.
RESPUESTA
El Presidente del Congreso, diputado Héctor Hugo Olivares Ventura:
Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadano Presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudadanas y ciudadanos legisladores federales. Señoras y señores.
Asistimos hoy, convocados por mandato constitucional, a un acto de profundo contenido republicano.
El ciudadano Presidente de la República ha entregado al honorable Congreso de la Unión y éste se da por recibido, el escrito principal y sus anexos, con que rinde el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública del país. Se cumple así lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta representación nacional ha seguido con el interés que demandan los asuntos sustantivos del país, la exposición realizada por usted, señor presidente Zedillo, sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo Federal a lo largo de este último año. En ella ha dado énfasis a capítulos sobresalientes para la vida de la nación.
En observancia de sus responsabilidades legales, en sesiones subsecuentes de las cámaras de Diputados y Senadores, los legisladores federales procederemos al análisis y glosa de los documentos que sustentan el informe.
Será ése sin duda, como lo ameritan los singulares momentos que vive la República, un ejercicio legislativo profundamente responsable, en el que habrán de confrontarse perspectivas y puntos de vista diversos, tal corresponde a la integración misma de nuestro Congreso plural, como la sociedad que le ha conferido mandato.
El análisis de este informe, enriquecido con la comparecencia de varios secretarios de la administración federal, producirá observaciones, aportaciones y propuestas, que este Congreso nacional hará llegar a su vez al Poder Ejecutivo, participando así en el perfeccionamiento de las políticas públicas que reclaman la realidad y circunstancia del país.
Con ello contribuimos a fortalecer el marco de corresponsabilidad y concurrencia de los poderes de la Unión, en torno a los objetivos comunes y prioritarios del desarrollo nacional, que los mexicanos demandan.
Así será para cumplir mandato y norma. Así será para mejor servir a México.
Muchas gracias.
Se ruega a los asistentes ponerse de pie, para entonar nuestro Himno Nacional.
(Himno Nacional.)
Se ruega a la comisión designada para acompañar al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al retirarse de este recinto, cumpla su cometido.
(A las 12:39 horas) Se levanta la sesión de Congreso General.
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| PIB | Producto intemo bruto |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |