SUMARIO
Punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con el que se invita a comparecer ante las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, al titular de dicha dependencia. De enterado.
Comunicación de dicha comisión, con la que informa de la recepción del informe de resultados de las cuentas de la Hacienda Pública Federal y de la del Departamento del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal de 1994. De enterado.
Comunicado del diputado Joaquín Humberto Vela González, con el que solicita licencia para separarse de su cargo Aprobado.
Comunicado del diputado con licencia Wilfrido lsidro Muñoz Rivera, con el que solicita continuar con su licencia. Aprobado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que remite punto de acuerdo referente al rechazo de actos violentos realizados en diversos estados del país. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la colegisladora, con el que remite punto de acuerdo, respecto a las reuniones de comisiones para el análisis del II Informe de Gobierno.
De enterado.
El diputado Jorge Urdapilleta Núñez, presenta iniciativas que crea la primer ley y que reforma la que respecta al impuesto sobre la renta.
Se turnan a las comisiones de seguridad Social y a la de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.
Oficios de la Secretaria de Gobernación con los que informa que los ciudadanos Miguel Reyna Borrego, Francisco Antonio Sánchez Fuentes y María Guadalupe Martha Gómez Asiain de Penedo, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de esa nación, en México y en su Consulado de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turnan a la Comision de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, realiza homenaje postumo al exdiputado.
Fundamentan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática.
Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.
Miguel Angel García Garcia, del Partido Revolucionario Institucional.
Víctor Manuel Quintana Silveyra, para rectificar hechos.
Dentro del primer turno de análisis, intervienen/ los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Eric Eber Villanueva Mukul
Alejandro Higuera Osuna
Alfonso Reyes Medrano
Para el segundo turno de análisis, se concede el uso de la palabra a los díputados:
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Jorge Humberto Padilla Olvera
Candio Perez Verduzco
Fundamentan las posiciones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
Alejandro Moreno Berry del Partido del trabajo
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
Luis Felipe Mena Salas, del Partido Accion Naciónal.
Augusto Gomez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
En el primer turno de análisis, hacen uso de la palabra lose diputados:
Rosa Maria Cabrera Lofte
Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca
CarJos Flores Vizcarra
En el segundo turna de análisis, intervienen los diputados:
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Rafael Díaz Chávez
Emilio Solórzano Solís
Agotado el análisis del II informe de Gobierno, en los temas de Política Económica y Política Exterior.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, se refiere a los subsidios en la producción de dicho alimento.
El diputado José Luis Fernando González Achem, para rectificar hechos.
El diputado Isidro Aguilera Ortiz, realiza comentarios respecto al XXII aniversario del golpe militar en dicha nación.
Sobre la situación de los salarios mínimos en dicha entidad, se cancele el uso de la palabra al diputadoRaúl Ríos Magaña, quien presenta solicitud. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De la próxima sesión.
Presidente del Diputado Julio Felipe García Castañeda
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:45 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
Se va a dar lectura al orden del día.;
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de septiembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Comunicado de la Comisión de Vigilancia, a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Comunicaciones de diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Iniciativas de diputados
Para crear la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos y que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Urdapilleta Nuñez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres, por los que se comunica que los ciudadanos Miguel Reyna Borrego Francisco Antonio Sánchez Fuentes y María Guadalupe Martha Gómez Asiain de Penedo, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Análisis del II Informe de Gobierno, en materia de Política Económica y Política Exterior.
Comentarios acerca de los deudores, a cargo del diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre los últimos hechos violentos, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herrera Moro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios acerca del subsidio a la tortilla, a cargo del diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el aniversario del golpe militar en Chile, a cargo del diputado Isidro Aguilera Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre salarios mínimos en Quintana Roo, a cargo del diputado Raúl Ríos Magaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el miércoles cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Héctor Olivares Ventura
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del miércoles cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de trescientos quince diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de instalación, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
También se da lectura a la solicitud de licencia del diputado Hugo Meneses Carrasco y se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del centésimo cuadragésimo nono aniversario de la defensa de Molino del Rey. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Se da cuenta de la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, que envía el Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Agricultura.
Diversos ohcios de la Comisión Permanente, con los que se comunica que:
Se ratifica el nombramiento en favor del ciudadano Pablo Escalante Tattersfield, como subtesorero de operación de la Tesorería de la Federación y de la correspondiente protesta constitucional:
La elección de los ciudadanos Saúl Núñez Ramirez, Andrés Islas Soria, Heriberto Arriaga Garza, Francisco Garcia Ortiz, Sergio Agustín Sánchez Martínez, Fernando Rojo Reyes, Juan José Pérez Palma y Balbina Villa Martínez, como magistrados numerarios de los tribunales unitarios agrarios. De enterado.
Se da cuenta con el informe de actividades de la Comisión Permanente. De enterado y publíquese en el Diario de los Debates.
Otro oficio de la Comisión Pemmanente, al que se anexa el inventario y los expedientes correspondientes a oficios, comunicaciones y demás asuntos recibidos por ese cuerpo colegiado, para la atención y conocimiento de la Cámara de Diputados. De enterado.
Un oficio de la Cámara de Senadores, informando de la elección de la mesa directiva para el mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis. De enterado.
Nueve oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Juan Alfredo Oropeza Garnica, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobiemo de la República de Venezuela:
Julio Alfonso Millán Bojalil, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana:
René Canranza García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil:
David Alejandro Olvera Ayes, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiemos de los reinos de España y Bélgica:
Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República del Perú y del Principado de Luxemburgo:
Alejandro Rivera Zamora, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
José de Jesús deJa Torre Franco, Laura Lilia Reyes Aguilar y María Rosa Loreto Zetter Zermeño, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco:
Claudia Benavente Arellano de Vázquez, Doria Adriana Alvarez, Carla Cuéllar Martínez, Mercedes Contreras Méndez, Alvaro Quintanilla Moreno y Luis Enrique Villalobos Herrera, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América enCiudad Juárez, Chihuahua. Se turnan todos a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que el órgano técnico de la Cámara de Diputados, realice una revisión minuciosa del proceso de desincorporación de la empresa Imevisión.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Javier Alberto Gutiérrez, Vidal, del Partido Acción Nacional, quien solicita excitativa y exhorto a la comisión especial que estudia diversas acciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Para referirse al mismo asunto hacen uso de la palabra los diputados: Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Miguel Aguilar Zinser, para rectificar hechos y Manuel Hinojosa Juárez, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, el diputado Ricardo García Cervantes hace diversas aclaraciones que son contestadas por el Presiente.
Se da cuenta con una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, adecuando la integración de diversas comisiones. La Asamblea la aprueba en votación económica.
Para presentar un informe de la Comisión de Concordia y Pacificación del Estado de Chiapas, se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional y sobre el mismo asunto, presenta una solicitud al Presidente de la República, el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo sobre los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas, firmado por los coordinadores de los cuatro grupos parlamentarios. Aprobado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Móntes de Oca, del Partido Acción Nacional, quien presenta un punto de acuerdo respecto a !os conflictos bélicos en el Golfo Pérsico. Se aprueba.
Hace uso de la palabra el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien comenta los incidentes de la sesión del primero de septiembre y solicita al Presidente reconvenir públicamente a los invitados que protagonizaron esos actos a fin de que no se repitan.
El Presidente hace diversas aclaraciones.
Denuncia lo que calificó como clima de violencia en el Estado de Oaxaca, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, del Partido de la Revolución Democrática y para rectificar hechos sobre el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados: Baruc Efraín Alavez Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Godoy Rangel; Flavio Sosa Villavicencio de! Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Raúl Gonzalo Castellanos Hernández del mismo partido en dos ocasiones, en la segunda de las cuales presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Régimen interno y Concertación Política; José Antonio Hernández Fraguas, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Andrés Bolaños Bolaños, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática; Carios Mario de la Fuente Lazo, del Partido Revolucionario Institucional y Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo respecto a lo que calificó como creciente ola antiinmigrante en contra de mexicanos en los Estados Unidos de América.
El Presidente informa que recibió un punto de acuerdo firmado por el diputado Aguilar Zinser y por no tratarse de una iniciativa de ley, pide a la Secretaría que incluya ese documento en el orden del día de la próxima sesión.
Hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien opina sobre el EZLN y el llamado Ejército Popular Revolucionario.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente informa que ambas camaras se apegan a lo que ordena el artículo sesenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realizan el análisis del Segundo Informe de Gobierno, en las materias de políticas interior, económica, social y exterior y clausura la de hoy a las quince horas con diecinueve minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles once de septiembre de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Se va a dar lectura a una comunicación.
«Acuerdo que suscribe la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
CONSIDERANDO
Que en el marco del análisis de la glosa del 11 Informe de Gobierno se están llevando a cabo las comparecencias de los secretarios de despacho.
Que es importante que esta soberanía conozca, a través de las comisiones unidas de Programación y Presupuesto y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, las políticas que en materia de combate a la corrupción se están implementando en la administración pública federal.
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con base en artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, suscribe el siguiente
ACUERDO
Primero. Se invita a comparecer al licenciado Arsenio Farell Cubillas, secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Segundo. Esta comparecencia se realizará ante las comisiones unidas de Programación y Presupuesto y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sujetándose a lo que establezcan los coordinadores parlamentarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de Septiembre de 1996.-Diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, Humberto Roque Villanueva, presidente; por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes; por el Partido de la Revolución Democrática, Pedro René Etienne Llano; por el Partido del Trabajo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez; Juan José Osorio Palacios; Héctor Hugo Olivares Ventura; José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra Díaz.»
De enterado.
COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
La secretaría Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura.-Presidente de la Cámara de Diputados.-Presente.
Por su amable conducto se hace del conocimiento del pleno de la Asamblea que, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 3O. fracción II inciso b y 10 en su fracción V de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que la Cámara de Diputados recibió de su órgano técnico fiscalizador a través de la Comisión de Vigilancia, el informe de resultados de las cuentas de la Hacienda Pública Federal y de la del Departamento del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal de 1994.
La referida recepción ocurrió dentro de los términos previstos por los mencionados preceptos.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
México, D.F. a 11 de septiembre de 1996.-Diputados: Juan Antonio García Villa, presidente y Marco A. Michel Díaz.
De enterado.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zatarain:
«Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura.-Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presente.
Por este conducto me permito solicitar a usted turne al pleno de la Cámara de Diputados, una solicitud de licencia para el suscrito en mi cargo de diputado federal, del 9 de Septiembre a 15 de Noviembre de 1996, en virtud de que voy a contender por un puesto de elección popular en las próximas elecciones locales del Estado de México.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente .
México, D.F. a 9 de septiembre de 1996.- Joaquín Humberto Vela González, diputado federal.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al diputado Joaquín Humberto Vela González, como diputado federal electo por la quinta circunscripción plurinominal, del 9 de septiembre al 15 de noviembre 1996 No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
>Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
LICENCIA DE DIPUTADO
El secretario Agustín Mauro Jordan Arzate:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
Por este conducto, el que suscribe licenciado Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, me permito solicitar se me conceda nueva licencia para continuar separado de las funciones de diputado federal, con el fin de estar en posibilidad de aspirar a un cargo de representación popular en el Estado de México.
Agradezco de antemano la atención que se sirvan prestar a mi petición y reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida .
Atentamente .
México, D.F., 9 de septiembre de 1996.- Wilfrido Isidro Muñoz Rivera.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario Agustín Mauro Jordan Arzate:
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al licenciado Wilfrido Isidro Muñoz Rivera, en los términos solicitados.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
ESTADO DE CAMPECHE
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Escudo.- Poder Legislativo.- Campeche.-LV Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, comunica a ustedes la apertura y clausura del primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional; así como la elección de la mesa directiva que coordinó las actividades legislativas, misma que quedó integrada de la siguiente manera:
Diputados: presidente, Vicente Castellot Castro; vicepresidente, Carlos Alberto Canul Martínez; secretarias: Margarita Rosa Alfaro Waring y Martha Irene Novelo Lara.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Campeche, Campeche, a 9 de agosto de 1996.- Diputadas secretarias: Margarita Rosa Alfaro Waning y Martha Irene Novelo Lara. »
De enterado.
ESTADO DE CHIHUAHUA
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
«Estados Unidos Mexicanos.-Congreso del Estado de Chihuahua.-Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Congreso de la Unión.- México, D.F.
Por este conducto nos permitimos hacer de su amable conocimiento, que esta LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, dio inicio con fecha 30 de julio del presente año, a los trabajos correspondientes a su segundo periodo de sesiones extraordinarias, dentro de su primer año de ejercicio constitucional, a que fue convocada por su diputación permanente con fundamento en lo preceptuado en el artículo 82 fracción II de la Constitución Política del Estado, quedando integrada la mesa directiva que dirigirá dichos trabajos de la siguiente forma, los diputados: presidente, Alfonso Juan Luján Gutiérrez; vicepresidentes, Jaime Ríos Velasco Grajeda; Miguel Agustín Corral Olivas; primer secretario, Ismael Díaz Carrillo; segundo secretario, Clara Guadalupe Torres Armendariz; prosecretarios, Dagoberto González Uranga y Jesús José Díaz Monarrez.
Asimismo, comunicamos a usted que en la misma fecha, se declaró formalmente clausurado dicho periodo de sesiones extraordinarias.
Sin más por el momento, reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, 30 de julio de 1996.-El presidente del Congreso del Estado, diputado Alfonso Luján Gutíérrez.»
De enterado.
ESTADO DE NAYARIT
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo.-Nayarit.-XXV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.-Honorable Congreso de la Unión-México, D.F.
Tengo el honor de enviar a ese cuerpo legislativo, el documento que contiene el punto de acuerdo parlamentario, aprobado, de manera unánime, por el pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en la sesión pública ordinaria verificada el día de hoy, en relación al apoyo y respaldo que el pueblo de Nayarit, por nuestro conducto expresa al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por la actitud responsable y patriótica de mantener vigente el orden social y político de la nación, dentro del margen de la legalidad y el respeto a las garantías individuales y sociales que nos rigen, respecto a los actos violentos y armados realizados en algunos estados de la República por grupos terroristas.
La convivencia política que demanda la sociedad mexicana contemporánea, encuentra en nuestra carta fundamental caminos institucionales para el avance democrático, en razón de lo anterior los diputados nayaritas creemos en la eficiencia de nuestras leyes, en el imperio del derecho y en la vigencia de nuestros principios políticos, por lo que rechazamos el uso de la violencia como método del cambio social.
Reciban un saludo cordial y mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, septiembre 3 de 1996.-El presidente de la gran comisión, diputado José Manuel Rivas Allende.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zatarin:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana ROO.-Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La VIII Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en una única sesión, abrió y clausuró su primer periodo de sesiones extraordinarias del primer año de ejercicio constitucional, únicamente para aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, previa junta de la diputación permanente, se eligió la mesa directiva que fungiría en el periodo extraordinario, quedando integrada de la siguiente forma, diputados: presidente, Mario Bernardo Ramírez Canul; vicepresidente, Rosendo Ramón Cen Peréz.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo 7 de agosto de 1996.-Secretario de la VIII Legislatura, Rafael Santos Escobar.
De enterado.
ESTADO DE TABASCO
El secretario Isidro Aguilera Ortiz:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo.-Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos hacer de su conocimiento que con esta fecha, la LV Legislatura al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, inauguró y clausuró su primer periodo de sesiones extraordinarias, en el cual se aprobó la minuta proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento del articulo 135 de dicho ordenamiento; asimismo se eligió la mesa directiva que presidió los trabajos legislativos, quedando integrada de la forma siguiente diputados: presidente, Heberto Taracena Ruiz; vicepresidente, Gonzalo Centella de Dios; secretario, Rubén Ascencio Wade; prosecretario, Jorge Suárez Vela.
Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Comisión Permanente, diputados: Pedro Jiménez León, presidente; Félix Eladio Sarracino Acuña, secretario.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
El secretario Agustín Mauro Jordan Arzate:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Cámara de Senadores.-México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora, nos permitimos transcribir a ustedes, debidamente aprobado por esta Cámara, en sesión celebrada el día de hoy, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Senadores llevará a cabo reuniones de comisiones en conferencia para el análisis del II Informe de Gobierno, conforme al siguiente calendario:
A) Análisis de la política social:
1o.Viernes 6 de septiembre, 10:00 horas. Reunión del Secretario de Desarrollo Social con las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
2o.Lunes 9 de septiembre, 10:00 horas. Reunión de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
3o.Lunes 9 de septiembre, 17:00 horas. Reunión del Secretario de la Reforma Agraria con las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
4o.Miércoles 11 de septiembre, 10:00 horas. Reunión del Secretario de Salud con las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
5o.Jueves 12 de septiembre, 10:00 horas. Reunión del Secretario de Educación Pública con las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
B) Análisis de la política exterior:
1o.Martes 10 de septiembre, 10:00 horas. Reunión del Secretario de Relaciones Exteriores con las comisiones de la (Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Segundo. Con base en el articulo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a estas reuniones acudirán las comisiones de la Cámara de Diputados, vinculadas con el análisis de la materia que corresponda.
Tercero. El procedimiento que se siga para el desarrollo de estas reuniones de comisiones, se hará con base a lo dispuesto por el acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del 31 de agosto del presente año.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8O. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Senadores remitirá al Presidente de la República, las versiones estenográficas de las reuniones de Comisiones en conferencia, en las que se analice el II Informe de Gobierno.
Aprovechamos la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 5 de septiembre de 1996.-Senadores: José Antonio Valdivia y Alfredo Ling Altamirano.»
De enterado.
LEY FEDERAL DE DONACION ALTRUISTA DE ALIMENTOS, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Nuñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar dos iniciativas: para crear la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos y para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Jorge Urdapilleta Nuñez:
Con su permiso, señor Presidente:
Solicito respetuosamente a la Presidencia se dispense la lectura de las iniciativas, mismas que entrego a la Secretaría, solicitándole respetuosamente el que se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros diputados: los suscritos diputados de la LVI Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el articulo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa que crea la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos, a fin de fomentar la donación de alimentos como medida para afrontar el lamentable problema de desnutrición que existe en nuestro país, sobretodo en la población infantil, situación que se ha agravado en los últimos años debido a las recurrentes crisis económicas por las que atraviesa la nación.
Con el mismo fundamento constitucional y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, a fin de que se turne para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa por la que se adiciona a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su Título Primero los artículos 7-E y 7-F; en el Título Segundo, Capitulo II, del Capítulo XXII se adiciona la fracción XXII; en el Título Segundo-A, del artículo 67-B se adiciona la fracción V; del artículo 67-C se agrega el párrafo sexto; en el Título Tercero del articulo 70 se adiciona el inciso f a la fracción VII; en el Título Cuarto, Capitulo VI del artículo 108 se agrega la fracción X; por último, en el Título Cuarto, Capítulo VI del artículo 119-C, se agrega la fracción V y del artículo 119-E se adiciona la fracción XV; esto, con el fin de motivar la donación de alimentos, tomando en consideración la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
México tiene la capacidad de producir alimentos para todos sus habitantes. Sin embargo, la población que vive en condiciones de pobreza en nuestro país ha venido creciendo de manera alarmante y, por lo tanto, ha disminuido el número de personas que pueden obtener alimento.
El punto central de este drama son los aproximadamente 22 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema, pues no alcanzan a satisfacer la mitad de sus necesidades elementales. Como resultado, la desnutrición actualmente ocupa la quinta causa de mortalidad infantil en el orden nacional y en algunos lugares llega a ser la tercera, lo que nos indica la gravedad del problema de la alimentación en México.
Por ello resulta impostergable buscar una solución colectiva de largo plazo, basada en la solidaridad social, sobre todo que faculte a las instituciones privadas a intervenir en la solución del problema de alimentación. Lo anterior complementa el programa de gobierno, además de lograr la disminución de los grandes costos que representa para la sociedad los subsidios proporcionados en los programas de asistencia.
Con esta finalidad, la conciencia altruista de particulares es el afán de buscar una salida viable al problema de la alimentación y tomando como propia la causa de los pobres, dio lugar a la creación de instituciones que reciben alimentos donados por comerciantes e industriales que no logran colocar sus productos entre los consumidores. Portal razón, prefieren contribuir para mitigar el hambre en orfanatos, asilos, hogares para desamparados y familias, o bien, personas indigentes; todo ello en lugar de destruir el alimento.
Dichas instituciones denominadas, entre otras, como "bancos de alimentos", se han encargado de buscar el alimento y trasladarlo a su local para que, mediante un proceso interno de selección se escoja lo que puede ser consumido, sin perjudicar la salud de los que serán beneficiados. Dicho proceso es inmediato, es decir, lo que se recibe en un día debe de ser distribuido lo más rápido posible.
Todo ello nos permite observar la diferencia y complementación entre el programa del Ejecutivo como proyecto de resultados sexenales y subsidios de gobierno, con el esfuerzo colectivo de organizaciones particulares que se han planteado un solo objetivo: luchar permanentemente contra el desperdicio de alimentos, a fin de abatir el hambre de los más necesitados y desprotegidos.
Las instituciones de asistencia privada se enfrentan a una realidad y problemática legal que obstaculiza las donaciones de productos alimenticios por no ser considerados como donativos en especie. Además, estos donativos no son deducibles de impuestos, realidad que se hace evidente hasta en casos de contingencia.
También se presentan restricciones que van desde la Ley del Impuesto Sobre la Renta hasta diversos reglamentos que fomentan la destrucción de alimentos y no su donación. Además, hay normas que no cumplen los requisitos para ser aplicadas como tales, hecho que en la actualidad obstaculiza a las instituciones altruistas en el combate contra el hambre.
Tales medidas legales y administrativas rompen con el actual orden internacional que se manifiesta de manera general y solidaria en apoyo a la filantropía y el altruismo. A su vez, causan que en México se genere la destrucción y desperdicio de 15 mil toneladas de alimento al día, lo que de no ser donados y distribuidos serian la base de alimentación mínima para un número aproximado de 25 y medio millones de habitantes. Si consideramos tan sólo un 85% de su aprovechamiento, tal cantidad de alimento serviría para calmar el hambre de los 22 millones de habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema.
Ya con anterioridad este planteamiento había sido esbozado en iniciativas presentadas en legislaturas locales, empero no fructificaron debido a las prácticas mecánicas de hacer política. Sin embargo, hoy, con el nuevo espíritu de trabajo y compromiso que nos envuelve para encontrar soluciones reales en la problemática nacional, debemos unirnos para estimular el crecimiento y fortalecimiento de una actividad social que busca el beneficio de los más necesitados.
Por tal razón, las presentes iniciativas van encaminadas a promover los nuevos centros de acopio de alimentos, así como hacia la creación de incentivos fiscales para los donadores, de manera que se estimule dicha actividad altruista con el fin de obtener en buena parte una solución real y subsidiaria entre el Gobierno y la sociedad y el hambre y la desnutrición.
Estimular a los particulares mediante campañas publicitarias para moralizar y crear conciencia, forma parte de una propuesta impostergable en busca del mejoramiento económico, socio cultural de México.
Para finalizar, compañeros diputados, con base en las experiencias logradas internacionalmente, así como en la organización de la asistencia privada en México, dedicada a estos fines, es preciso crear en los contribuyentes tanto del beneficio social generado como del beneficio fiscal propio, lo que permitiría incrementar de modo sustancial con el régimen que proponemos, la donación de alimentos en los primeros años de operación de las instituciones altruistas.
Por todo lo anterior, el esquema jurídico propuesto contiene un espíritu innovador al crearse la institución jurídica en la que estén representados los particulares y las instituciones públicas, a fin de que se tomen las decisiones conjuntas, además de corregirse el marco tributario que simplifica la donación de alimentos.
Gracias.
El Presidente
Insértese en el Diario de los Debates y túrnense las iniciativas para crear la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos, a la Comisión de Seguridad Social y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
«Iniciativa que crea la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura al honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa que crea la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos, a fin de fomentar la donación de alimentos como medida para afrontar el lamentable problema de desnutrición que existe en nuestro país, sobre todo en la población infantil, situación que se ha agravado en los últimos años debido a las recurrentes crisis económicas por las que ha atravesado la nación, tomando en consideración la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
México tiene la capacidad de producir alimentos para todos sus habitantes. Sin embargo, la población que vive en condiciones de pobreza en nuestro país ha venido creciendo en forma alarmante y, por lo tanto, a disminuido el número de personas que pueden obtener alimento. El punto central de este drama son los aproximadamente 22 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema que no alcanzan a satisfacer la mitad de sus necesidades elementales. Como resultado, la desnutrición ocupa actualmente la quinta causa de mortalidad infantil a nivel nacional y en algunos lugares, alcanza hasta el tercero. Esto nos indica la gravedad del problema de la alimentación en México.
El Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, creó en los primeros meses de 1995 el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF), dentro de su plan nacional de desarrollo, cuyo objetivo es coordinar a las dependencias estatales y paraestatales. Así mismo orienta el esfuerzo gubernamental con criterios de actuación y estrategias en el rubro alimentario, además de lograr la coordinación con estados y municipios, así como, buscar "esquemas" que permitan la participación de la sociedad civil en esta materia.
Por otra parte, se pretende impulsar un nuevo programa consistente en la distribución de "tarjetas inteligentes", entre la población de escasos recursos, para otorgar un subsidio directo de aproximadamente, 3.09 salarios mínimos mensuales por targeta. En tal programa quedarían excluidas zonas rurales donde se presenta un mayor número de casos de extrema pobreza, pues se propone eliminar la intervención de la Conasupo en el mercado de la tortilla y la leche, a cambio de liberar los precios de los productos básicos. Por ende, el problema alimenticio se agravará más en las poblaciones muy marginadas.
Por ello resulta impostergable buscar una solución colectiva de largo plazo, basada en la solidaridad social, sobre todo que faculte a las instituciones privadas a intervenir en la solución del problema de alimentación, ya que no se contrapone. En cambio, complementa al programa de Gobierno, además de lograr la disminución de los grandes costos que representan para la sociedad los subsidios proporcionados en los programas de asistencia.
Con esta finalidad, la conciencia altruista de particulares con el afán de buscar una salida viable al problema de la alimentación y tomando como propia la causa de los pobres dio lugar a la creación de instituciones que reciben alimentos donados por comerciantes e industriales, que no logran colocar su producto entre los consumidores, razón por la cual prefieren contribuir para mitigar el hambre en orfanatos, asilos, hogares para desamparados y familias, o bien, personas indigentes; lo anterior, en lugar de destruir el alimento.
Dichas instituciones, denominadas, entre otras, como "bancos de alimentos", se han encargado de buscar el alimento y trasladarlo a su local para que, mediante un proceso interno de selección se escoja aquello que puede ser consumido, sin perjudicar la salud de los que serán beneficiados. Dicho proceso es inmediato; es decir, lo que se recibe en un día debe ser distribuido lo más rápido posible.
Todo esto nos permite observar la diferencia y complementación entre el programa del Ejecutivo, PANF, como proyecto de resultados sexenales y subsidio del gobierno, con el esfuerzo colectivo de organizaciones particulares, que se han planteado un solo objetivo: "luchar permanente contra el desperdicio de alimentos, a fin de abatir el hambre de los más necesitados y desprotegidos".
Las instituciones de asistencia privada se enfrentan a una realidad y problemática legal, que obstaculiza las donaciones de productos alimenticios, como donativos en especie, además, de que estos donativos sean deducibles de impuestos, realidad que se hace presente hasta en casos de contingencia.
También se presentan restricciones que van, desde la Ley del I impuesto Sobre la Renta hasta diversos reglamentos, que fomentan la destrucción de alimentos y no su donación. Normas que no cumplen los requisitos para ser adoptadas como tales, por ser obstáculos que no permiten salvaguardar necesidades primordiales del individuo, como lo es el hambre.
Tales medidas legales y administrativas rompen con el actual orden internacional que se manifiesta, de manera general y solidaria, en apoyo a la filantropía y el altruismo. A su vez, causan que en México se genere la destrucción y desperdicio de 15 mil toneladas de alimentos al día, las que, de ser donadas y distribuidas, serían la base de alimentación mínima para un número aproximado de 25 mil 500 millones de habitantes, de 19 años en promedio, si consideramos tan sólo, un 85% de su aprovechamiento. Tal cantidad de alimento serviría para calmar el hambre de los 22 millones de habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema.
El desaprovechamiento de estos alimentos se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad, como la educación, la salud e incluso en la conducta sicosocial de los habitantes de nuestro país.
Con anterioridad esta reflexión y compromisos humanos, han sido esbozados en iniciativas presentadas en legislaturas locales que no han madurado por las prácticas mecánicas de hacer política. Hoy, con el nuevo espíritu de trabajo y compromiso que nos envuelve para encontrar soluciones reales en la problemática nacional, debemos unimos para estimular el crecimiento y fortalecimiento de una actividad social que busca el beneficio de los más necesitados. Hay que aprender del esfuerzo realizado por los legisladores de Jalisco que, por haber aprobado una iniciativa de este tipo, cuentan hoy con las instituciones privadas más fortalecidas en la lucha contra el desperdicio de alimentos.
Por tal razón, la presente iniciativa va encaminada a la promoción de nuevos centros de acopio de alimentos, así como a la creación de incentivos fiscales para los donadores, de manera que se estimule dicha actividad altruista, con el fin de obtener, en buena parte, una solución real y subsidiaria entre el Gobierno y la sociedad y el hambre y la desnutrición.
Estimular a los particulares por medio de campañas publicitarias para moralizar y crear conciencia, forman parte de una propuesta impostergable en busca del mejoramiento económico, social y cultural de México.
Puede afirmarse que, en base a los contundentes antecedentes internacionales y la gran organización de la asistencia privada en México dedicada a estos fines, crear conciencia en los contribuyentes tanto del beneficio social generado como del beneficio fiscal propio, permitirá incrementar sustancialmente las donaciones de alimento en los primeros años de operación.
Por todo esto es como el esquema jurídico propuesto contiene un espíritu innovador con la creación de una institución jurídica, en la que estén representados los particulares y las instancias públicas para la toma de decisiones conjuntas y corrige el marco tributario que simplifica la donación de alimento.
La nueva Ley Federal de Fomento a la Donación Altruista de Alimentos, cuenta con cuatro títulos y 15 capítulos, que pretenden promover y regular las acciones altruistas tendientes a satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más desprotegida.
El Titulo Primero de "disposiciones generales" cuenta con seis capítulos. En el Capítulo I se establecen los alcances de la ley, que tienen por objeto establecer las normas y principios fundamentales, conforme a los cuales se deberán llevar a cabo las acciones de donación altruista de alimentos; las bases para garantizar y promover la participación de las personas físicas y morales en la donación de alimentos perecederos y no perecederos y las normas y principios para fomentar una mayor cultura de donación altruista de alimentos en favor de la población de escasos recursos. Además, se le da la facultad exclusiva al Poder Legislativo, para modificar este ordenamiento, de acuerdo a criterios tendientes a mejorar su alcance y facilitar su aplicación.
Establece que se prohibe desperdiciar alimentos en cantidades comerciales e industriales, cuando sean susceptibles de donación a las instituciones, para su aprovechamiento en el consumo humano, así como la excluyente de responsabilidad para quienes donen y transporten alimentos que puedan ocasionar daños a la salud, ya que estas recaerán en las instituciones.
El Capítulo II, abarca las definiciones de los principales conceptos que se aplican en este ordenamiento.
Los capítulos del III al VI mencionan las atribuciones de las dependencias gubernamentales, que tienen relación con este ordenamiento, como, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaria de Desarrollo Social Sedesol, Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), además de su coordinación con el Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria (CRIAA).
Asimismo se establece la coordinación que habrá entre el (CRIAA) y la (SHCP), para regular las tarifas y estímulos fiscales, aplicables al proceso de donación y distribución de alimentos. La Sedesol, se encargará de promover programas específicos de asistencia social en materia alimentaria, a fin de apoyar a el CRIAA, que permitan fomentar la asistencia alimenticia, tanto pública como privada en las comunidades más marginadas del país.
La SS, será la encargada de apoyar a el CRIAA, en la supervisión del manejo y distribución higiénico de los alimentos en las instituciones de asistencia privada y públicas, mediante cursos de capacitación, inspecciones y recomendaciones que emita. Por último, la SAGAR se encargará de proporcionar información a el CRIM, sobre la cantidad y variedad de alimentos producidos y en proceso de producción, en las diferentes regiones del país para formar una base de datos nacional, para impedir el desperdicio de alimentos.
En el Título Segundo, denominado "del órgano regulador", se dan las bases para la creación, integración y funcionamiento de una nueva institución descentralizada de la Sedesol, como lo es el Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria (CRIM) que, se pretende, sea el órgano encargado de llevar a cabo la regulación y supervisión de esta actividad.
En el Capítulo I, se establece el CRIAA como el órgano máximo en la donación de alimentos, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, señala cada una de sus atribuciones para ser el instrumento de vinculación entre los donadores, donatarios y beneficiarios, sin exceso de funciones; asimismo, administra un centro de información que servirá como ente regulador de la actividad de los particulares y el Estado.
En lo que se refiere al Capítulo II, se asienta la integración del CRIM, el cual estará formado por representantes gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de Salud (SS), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DlF-Nacional y la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol y por el sector privado: representantes de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), la Cámara Nacional de Transportistas (CNT), la Confederación Nacional de Productores de Hortalizas (CNPH), Confederación Nacional de Comerciantes de Centrales de Abastos (CONACA), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Confederación Nacional de Cámaras Industriales Concamin; finalmente por el sector social, representado por el Fondo para la Asistencia Promoción y Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada Faprode, IAP y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
El objetivo de que el CRIAA esté integrado de esta manera, es no perder de vista el importante desempeño del Estado en la toma de decisiones en esta área, que comprende desde la ejecución, estudio y propuestas tributarias, hasta la participación de la ciudadanía en general. Esto dará oportunidad a que la loable labor de altruismo, sin beneficios lucrativos, sea salvaguardada con una participación clara de instituciones privadas, que hasta el día de hoy siguen luchando por erradicar el hambre en México.
Por otro lado, se busca que el funcionamiento sea de manera colegiada y su titular represente a una institución privada, para que deje a un lado, de una manera tajante, intereses de cualquier tipo. Esta persona deberá ser elegida y aprobada por el propio CRIAA, merced a lo que llevará consigo una representación social genuina y absoluta. Este representante contará con tres requisitos fundamentales:
a) Haberse destacado en cuestiones altruistas:
b) No tener conflicto de intereses con las instituciones que se relacionan con la materia:
c) No pertenecer a partido político alguno.
Todos los integrantes del consejo serán designados por periodos renovables de cinco años y en caso de ser funcionario público, hasta la culminación de su responsabilidad o cinco años, lo que ocurra primero.
Este capítulo establece la formación de un fideicomiso en donde actuaran, como fiduciario, el Banco de México y como fideicomitentes la SHCP y la Sedesol y como fideicomisarios las comisiones altruistas y los beneficiarios. Sin embargo, con la excepción de que el CRIAA tomará la vez de fideicomitente, en los casos en que los excedentes económicos sean destinados a incrementar el patrimonio del fideicomiso para el desarrollo de nuevas instituciones altruistas de alimentos, mediante el financiamiento a cargo de dicho fideicomiso, o bien, ser utilizado para financiar alimentos en caso de desastres. Medida que servirá para no crear exacerbados excedentes económicos en las instituciones y fomentar, a través del mismo, la creación de más instituciones para el beneficio de la sociedad.
Los subsecretarios de las dependencias gubernamentales participarán en la evaluación y análisis de las políticas fiscales, sanitarias y de asistencia social, que se deberán realizar en una junta ordinaria anual. El CRIM llevará a cabo dos juntas ordinarias durante el año y, en caso necesario, realizar juntas extraordinarias.
En el Capitulo III del Titulo Segundo se establece la forma en la que las instituciones serán inspeccionadas por el CRIAA, la SHCP y la SS, de tal forma que se realicen primero recomendaciones que deberán acatar las instituciones y de esta forma no se frene la labor altruista de la que dia a día dependen muchos mexicanos. El registro y requisitos para constituir una institución altruista se establece en el Titulo Tercero, capítulos I y II, mientras que el Capítulo III, IV y V establece los derechos y obligaciones de los donadores, donatarios y beneficiarios. En este título se establecen las bases y los requisitos que deberán cubrir las instituciones altruistas de alimentos con el CRIM, para que éste pueda llevar un estricto control de aquéllas. Las instituciones deberán llenar una solicitud ante el CRIAA, que las autorizará para recibir donativos en dinero, especie o servicio, así como para el manejo higiénico de alimentos.
Adicionalmente, las instituciones deberán de contar con un patronato, además de una acta constitutiva debidamente registrada, que establezca los objetivos que persigue, su forma de planeación, organización, dirección y control; contar con un equipo e infraestructura mínima indispensable, para poder iniciar operaciones razonablemente; presentar ante el CRIAA su plan de operación, así como su presupuesto y contar con equipo computacional para entrelazarse con la red de información que administrará el CRIAA.
Por otro lado, se establece que el donatario podrá recibir donativos en dinero, especie o servicio, que podrá cobrar una cuota de recuperación por los alimentos que distribuye, no mayor del 10% de su costo y los excedentes que generen sus operaciones pasarán a incrementar el patrimonio del Fideicomiso. Los beneficiarios podrán ser personas físicas o morales. Por último, la inspección de las instituciones será responsabilidad del CRIM, apoyada por la SHCP y la SS.
En el Titulo Quinto, de las restricciones y sanciones, se prohibe el manejo lucrativo de las donaciones por parte de las instituciones. Por esto, se entiende venta al público en general de los alimentos recibidos, así como también, esta prohibición se extiende ésta a los beneficiarios.
El procedimiento arbitral para la aplicación de sanciones será el que determine la comisión, de conformidad con la parte afectada. El recurso de reconsideración sólo podrá aplicarse para sanciones de tipo administrativo, dentro de un plazo de 15 días, desde que cause efecto la resolución.
Por ultimo se sancionara: a quienes tiren o destruyan cantidades industriales o comerciales de alimentos susceptibles del consumo humano a quienes hagan caso omiso del presente ordenamiento a las instituciones que falsifiquen la información contenida en el recibo deducible del donativo así como el incumplimiento de las condiciones higiénicas en el manejo de alimentos también se sancionara el desvío de fondos excedentes de las operaciones en las instrucciones ya sea por parte del personal y funcionarios de las mismas como la distribución en gran escala de alimentos descompuestos que causen enfermedades que pongan en peligro la vida de los beneficiarios.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del honorable congreso de la Unión, por conducto de la cámara de diputados, la siguiente
INICIATIVA DE LAY FEDERAL DE DONACION ALTRUISTA DE ALIMENTOS
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO I
Alcances de la ley
Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en esta ley son de carácter público e interés social, regirán en toda la República y tendrá por objeto regular e impulsar las acciones altruistas, tendientes a satisfacer las necesidades alimentarias de la población menos favorecida económicamente.
Artículo 2o. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer:
I. Las normas y principios básicos, conforme a los cuales se llevarán a cabo las acciones de donación altruista de alimentos en toda la República.
II. Las bases para garantizar y promover la participación de las personas físicas y morales, en la donación de alimentos perecederos y no perecederos:
III. Las normas y principios para fomentar el espíritu de donación altruista de alimentos en favor de la población de escasos recursos.
Artículo 3o. Queda prohibido el desperdicio en cantidades comerciales e industriales de productos alimentarios cuando sean susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista por alguna instrucción reconocida por las autoridades competentes.
Artículo 4o. No tendrán responsabilidad alguna quienes conforma al presente ordenamiento donden o transporten alimentos que ocasionen daños en la salud de los beneficiarios.
Artículo 5o. Todos los habitantes de la república podrán cooperar en la satisfacción de las necesidades alimentarias de los sectores de población menos favorecidos, mediante aportaciones libres y voluntarias de alimentos.
Artículo 6o. Esta ley podrá ser modificada por el Poder Legislativo imponiendo criterios tendencias a mejorar su alcance y facilitar su aplicación.
CAPITULO II
Las definiciones
Artículo 7o. Para los efectos de la presente ley se entiende por:
I. Alimento. En esta categoría se comprenden los alimentos perecederos no perecederos y los que han juicio del donatario forman parte de la denominada mema, cuya comercialización presenta numerosas dificultades cono saturación del mercado cambio de presentación del producto por caducar entre otros.
II. Altruismo. Acción de carácter individual o colectiva mediante la cual se ayuda voluntariamente a quien carece de lo necesario para vivir o que se encuentra en situación difícil para valerse por si mismo.
III. ANTAD. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales IV. AMBA. Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos V. Beneficiario. Las personas cuyos recursos económicos le impiden obtener total o parcialmente los alimentos que requiere para subsistir.
VI. Cemefi. Centro Mexicano para la Filantropia.
VII. CNPH. Confederación Nacional de Productores de Hortalizas.
VIII. Conaca. Confederación Nacional de Centrales de Abasto.
IX. CRIAA. Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria.
X. CNT. Cámara Nacional de Transportistas.
XI. Concamin. Confederación Nacional de Cámaras Industriales.
XII. DlF-Nacional. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional.
XIII. Donación Altruista: acción voluntaria, tendiente a mejorar y fortalecer las circunstancias sociales que impidan al individuo su pleno desarrollo físico, mental y emocional.
XIV. Donante. Persona, sea física o moral, que gratuitamente cede a las instituciones, alimentos aptos para el consumo humano sea aquel productor agropecuario, industrial o comerciante.
XV. Donatario. La institución que recibe del donante los alimentos para su distribución entre los beneficiarios.
XVI. Faprodeiap. Fondo para la Asistencia Promoción y Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada.
XVII. Instituciones. Dependencias de asistencia privada, pública o asociaciones civiles, debidamente constituidas conforme a su ley respectiva y con reconocimiento oficial del CRIAA.
XVIII. MP. Ministerio Público.
XIX. LISR. Ley del Impuesto Sobre la Renta.
XX. RDE. Recibos deducibles en especie.
XXI. Reg. ISR Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
XXII. SAGAR. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
XXIII. Sedesol. Secretaria de Desarrollo Social.
XXIV. SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público .
XXV. SNIM. Sistema Nacional de Información de Mercados.
XXVI. SS. Secretaria de Salud.
CAPITULO III
Atribuciones de las instituciones que tienen relación con este ordenamiento
Artículo 8o. Cualquier Institución que tenga relación con la materia alimentaria, en beneficio de cualquier organización social se regirá por el presente ordenamiento.
Artículo 9o. La SHCP, en coordinación con el CR IM, regulará las tarifas y estímulos fiscales, aplicables al proceso de donación y distribución de alimentos.
Artículo 10. La Sedesol se encargará de promover programas específicos de asistencia social, en materia alimentaria para apoyar a el CRIM, que propicien fomentar la asistencia alimenticia, pública y privada, en las comunidades marginadas del país.
Artículo 11. La SS estará encargada de apoyar a el CRIAA en la supervisión del manejo y distribución higiénica de los alimentos, en las instituciones de asistencia privada y pública, mediante programas especiales de supervisión, asesoría y capacitación. Para ello deberá aplicar programas de capacitación y asesoría,' que prevengan circunstancias de riesgo en esta materia, serán impartidos a todo el personal en las propias instituciones.
Artículo 12. La SAGAR será la encargada de proporcionar información a el CRIM, sobre la cantidad y variedad de alimentos producidos y en proceso de producción, en las diferentes regiones del país, a fin de encontrar excedentes de producción de temporada, así como situaciones de mercado, a fin de distribuirlos a las regiones en donde falten.
CAPITULO IV
Régimen fiscal especial
Artículo 13. La SHCP tendrá la inalienable obligación de crear el marco propicio para el total cumplimiento de este ordenamiento leal.
Artículo 14. Las personas físicas podrán hacer donativos a las instituciones, ya sea en dinero y en especie comprendiéndose dentro de éstos a los alimentos, siendo en ambos casos deducciones, de acuerdo a lo establecido por la SHCP.
Artículo 15. Las instituciones debidamente constituidas conforme a este ordenamiento están exentas del impuesto sobre la renta.
Artículo 16. Los donantes conservaran su régimen fiscal vigente al efectuar una donación. Además harán las dtducciones correspondientes de los recibos de donativo de alimentos o servicio de flete, que debe sujetarse a lo que establezca el CRIM, así como lo correspondiente del artículo 40, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 17. La SHCP entregará recibos deducibles a el CRIM, quien a su vez realiza el control respectivo, los turnará a las instituciones para su utilización.
Articulo 18. A las instituciones reguladas en esta materia no les será exigible más trámite, para el manejo de recibos deducibles a los que se refiere el artículo 14-B del Reg. del ISR, que su registro ante el CRIAA.
Artículo 19. Las instituciones donatarias podrán destinar hasta el 10% de los donativos que reciban para cubrir sus gastos de administración, destinando este recurso única y exclusivamente a los fines de su autosuficiencia y eficaz funcionamiento. Para lo que los donativos y sus rendimientos deberán destinarse sólo para el objeto social de las instituciones.
Al recibir los donativos, las instituciones deberán expedir comprobantes foliados y aprobados por la SHCPY por el CRIM, señalando los datos a que se refiere el artículo 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ya sea en dinero o en especie, siendo este último el caso, deberán detallarse expresamente los productos recibidos, excluyendo aquellos que estén en mal estado o que no estén en condiciones de ser consumidos.
Artículo 20. Los donantes deberán sujetarse a lo siguiente:
I. La donación de alimentos no podrá ser superior al 10% del monto de los ingresos propios de la actividad del contribuyente, en el ejercicio al que corresponda la donación. En caso contrario, el CRIAA tendrá la facultad de aprobar la donación, mediante la revisión del hecho concreto, para lo cual rendirá un informe, de sus razonamientos y consideraciones, a la junta del consejo próxima.
II. No se incluirá, en este beneficio, a las bebidas alcohólicas; ni a los alimentos a que se refiere el inciso d de la fracción I del artículo 2-B, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
III. Los donantes de alimentos deberán llevar, de las donaciones efectuadas, un control que contenga:
a) Fecha y costo de adquisición y descripción de los alimentos donados.
b) Fecha de enajenación y precio de venta promedio o, de cotización, según corresponda, de conformidad a la Ley del ISR o en su caso el SNIM.
c) Institución a la que fue donado el alimento. d) Firma y sello de recibido el alimento.
Las empresas transportistas deberán expedir, las guías correspondientes a los viajes efectuados y recabar la firma de recibido el alimento por parte del personal de la institución asistencial o de beneficencia.
Artículo 21. Para el cálculo del monto del donativo tratándose de bienes que hayan sido deducidos en los términos de las fracciones II y III del artículo 22 de la Ley del ISR, el donativo será no deducible. Sin embargo, tratándose de donación de alimentos, se podrá deducir los alimentos para fines asistenciales o de beneficencia Artículo 22. Cuando las mercancías se refieran a alimentos no aplica la disposición relativa al artículo 61 del Reg. ISR.
CAPITULO V
Sedesol
Artículo 23. El fomento de la donación de alimentos que convoque y sume el interés de la sociedad, así como su participación individual y colectiva, es el objetivo prioritario de la Sedesol en coordinación con el CRIAA.
Artículo 24. A fin de fomentar la donación de alimentos:
I. Elaborarán, y promoverán campañas permanentes de sensibilización, con temas generales y específicos relativos a la donación de alimentos.
II. Promoverán, en los medios de comunicación masiva, campañas permanentes de sensibilización sobre temas alusivos al desperdicio de alimentos, así como la mejor manera de aprovecharlos en beneficio de quienes carecen de recursos económicos para adquirir bienes de consumo básico.
III. Crearán un acervo de productores, distribuidores e instituciones dispuestas a donar alimentos, a fin de que las instituciones de asistencia o promoción social puedan contar con una base permanente de donantes.
IV. Fomentarán en las grandes empresas, centro de acopio y cadenas comerciales, la importancia y los beneficios de la donación alimentaria.
TITULO SEGUNDO
Organo regulador
CAPITULO I
Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria.
Artículo 25. El Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria, CRIAA, será el órgano superior en cuanto a la donación de alimentos.
Artículo 26. El CRIAA, órgano descentralizado de la Sedesol, gozará de autonomías técnica y operativa en los términos de esta ley.
Artículo 27. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, para llevar a cabo sus fines, además de tener el personal mínimo indispensable para administrar la base de datos y supervisar a las instituciones altruistas de alimentos.
Artículo 28. Formulará un presupuesto anual y aprobará las cuotas relativas a las aportaciones del Gobierno Federal, que le permitan su operatividad .
Artículo 29. El CRIAA determinará junto con la SHCP los incentivos fiscales para fomentar la donación altruista de alimentos, estableciendo, a su vez, un procedimiento claro y simple para aplicar la deducción, de la donación de alimentos y del servicio de fletes, por el donante o el transportista .
Artículo 30. El CRIAA aprobará los términos y condiciones a que deberá sujetarse la prestación de los servicios de transporte o flete, que se preste para realizar esta actividad.
Artículo 31. Expedirá la metodología para calcular el valor y monto de la donación de alimento, del servicio de transporte o flete y Ia aplicación de medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad de los servicios prestados.
Artículo 32. Otorgará y revocará los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realización de las actividades reguladas.
Artículo 33. Elaborará los modelos de convenios y contratos de adhesión para realizar las actividades reguladas por la presente ley.
Artículo 34. Autorizará las nuevas instituciones que pretendan participar en la recepción y distribución de alimentos.
Artículo 35. Será la encargada de realizar cualquier trámite, ante la SHCP y la SS, para obtener los permisos correspondientes de las instituciones altruistas de alimentos que se relacionen con esta materia.
Artículo 36. Creará y administrará una base de datos actualizada diariamente, que contendrá la información sobre:
a) Los donadores:
b) El total de instituciones;
c) Los fletes de transportistas:
d) Los recibos fiscales foliados y el monto o valor de ellos; e) Los ofrecimientos de donación:
f) Las necesidades de cada banco de alimentos o institución altruista de alimentos, así como la disponibilidad de transportistas en escala nacional:
g) La producción de alimentos en los diferentes estados del país.
Artículo 37. En el cumplimiento de su objetivo el CRIM fomentará el trato y distribución equitativo hacia las instituciones, sean publicadas o privadas, sin distinción ni privilegio alguno.
Custodiando que cuando el donativo hecho ante una institución, exceda de su capacidad operativa, esta institución canalice esos excedentes a otra institución para el total aprovechamiento de la donación.
Artículo 38. El CRIM coordinará la asignación de los alimentos, en donación disponible, de acuerdo a las necesidades de cada institución, así como a su transportación. Todo será de manera equitativa, tomando en cuenta los tiempos necesarios para la conservación de los alimentos, hasta su entrega a los beneficiados. La coordinación consistirá en:
I. Recabar el ofrecimiento de donación en su banco de datos.
II. Informar a la institución sobre el ofrecimiento de donación.
III. Elaborar los acuerdos, criterios o cualquier otro método, que se realizarán con las instituciones, a fin de valorar el costo-beneficio de la donación, que no deberá rebasarse al trasladar el alimento donado hasta la culminación de la operación.
IV. Prever al transportista disponible para el traslado del alimento donado a la institución que así lo requiera, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la fracción anterior.
V. Vigilar la llegada del alimento, mediante el informe realizado por la institución, que se hará llegar el mismo día de efectuada la donación, conforme al artículo 75 fracción VIII de este ordenamiento.
Artículo 39. Llevará a cabo un control de las donaciones altruistas del extranjero, cuidando siempre que se encuentren exentas de cualquier tasa impositiva.
Toda donación del extranjero podrá realizarse directamente a la institución, que tendrá la obligación de informar y registrarla ante el CRIAA después de recibirla. También podrá hacerse mediante el CRIAA, que tendrá la obligación de enviarla directamente a las instituciones, pero nunca recibiría.
Artículo 40. Generará programas para fomentar la donación altruista de alimentos, en la República y el extranjero.
Artículo 41. Expedirá disposiciones administrativas de carácter general, aplicables a las personas que realicen actividades reguladas por la presente ley.
Artículo 42. El CRIAA inspeccionará a las instituciones, con el fin de evitar la comisión de hechos ilícitos, así mismo, podrá prevenirlo con recomendaciones y, en su caso, mediante cursos de capacitación. Para tal fin se emitirá un dictamen por institución, que se dará a conocer al pleno y a la institución.
Artículo 43. En caso de sanción imputable a las instituciones, el CRIM contará con la facultad de impugnar aquella, previa inspección y dictamen que emita, que deberán realizarse, a más tardar, el segundo dia después de conocida la imputación. En caso de verificar la viabilidad de la sanción se informará a la institución y a la dependencia del Estado sobre la procedencia de la sanción, pero se desistirá de la facultad de imputación que establece este ordenamiento.
La presente disposición no elimina el derecho con el que cuenta la institución, para su defensa en la via y materia que procedan.
Artículo 44. Generará un registro declarativo, con fines de publicidad, sobre las actividades reguladas por la presente ley.
Artículo 45. Participará, junto con el Congreso de la Unión, en la formulación de proyectos de iniciativa de leyes, decretos, disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas, relativas a las actividades reguladas por la presente ley.
CAPITULO II
Integración y funcionamiento del consejo regulador de instituciones de asistencia alimentaria
Artículo 46. El CRIAA estará integrado de la siguiente manera:
a) El subsecretario de Ingresos de la SHCP:
b) El subsecretario de inspección sanitaria de la SS:
c) El subsecretario de la Sedesol;
d) El subdirector del DIF-Nacional;
e) Un representante de la Conaca;
f) Un representante de la CNT:
g) Un representante de la CNPH;
h) Un representante de la Concamin;
i) Un representante de la ANTAD:
j) Un representante del Faprodeiap.:
k) Un representante de la AMBA:
l) Un representante del Cemefi.
Artículo 47. Los consejeros serán designados por cada una de las dependencias estatales e instituciones privadas y sociales que estarán representando, con los métodos que determine cada uno de los organismos mencionados en el articulo anterior. Sin embargo, los consejeros designados por los organismos privados y sociales deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Haberse destacado en cuestiones altruistas, ya sea profesionales, de servicio público, académicas o cualquier otra relacionada con la actividad regulada.
II. No tener conflicto de intereses con instituciones altruistas, dedicadas a la actividad regulada o vinculada a ellas.
III. No pertenecer a partido político alguno.
Artículo 48. Los consejeros serán designados por periodos escalonados de cinco años, renovables, en caso de ser funcionario público hasta la terminación de su función. Durante cada periodo podrán ser removidos por causa grave y aquellas que este ordenamiento legal señale.
Artículo 49. El CRIM tendrá una manera colegiada de funcionamiento y su titular es denominado primer consejero, quien será elegido y aprobado entre el mismo consejo regulador.
El primer consejero del CRIAA deberá abstenerse de desempeñar cargo público alguno, con excepción de los nombramientos académicos que no interfieran en el desempeño de sus funciones.
Dentro de la organización del CRIAA se hará distintivo sólo el nombre de su titular, como primer consejero, mas no el de los demás integrantes del consejo.
Artículo 50. El primer consejero del CRIAA, tendrá las facultades siguientes:
I. Coordinar los trabajos del consejo.
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas.
III. Actuar como apoderado legal del consejo en los términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, así como delegar facultades con aprobación del consejo en pleno.
IV. Presentar a modificación y aprobación del consejo el reglamento interior de éste.
V. Nombrar y remover al resto del personal del consejo.
VI. Publicar anualmente un informe detallado sobre el desempeño y alcances, tanto del consejo como de la función altruista realizada.
VII. Prepara un informe sobre las inspecciones a las instituciones que solicitan su registro ante el CRIM, para presentarse en las juntas ordinarias ante el pleno de él.
VIII. Las demás que le confieran las leyes.
Artículo 51. El primer consejero creará un fideicomiso bajo la administración del Banco de México, que fungirá como fiduciario, además de la SHCP y la Sedesol como fideicomitentes, así también las instituciones, los fideicomisarios y beneficiarios.
Las instituciones fungirán, a su vez, como fideicomitentes, en los casos en que estas generen excedentes económicos mayores al 200% de su capital total, estos excedentes económicos serán destinados a incrementar el patrimonio del fideicomiso, para el desarrollo de nuevas instituciones altruistas de alimentos por medio del financiamiento a cargo del mencionado fideicomiso a un plazo conveniente para ambas partes.
El fondo generado podrá emplearse en negocio distinto, sólo en caso de desastre, con aprobación de la mayoría relativa del consejo.
Artículo 52. Cualquier donativo económico que reciba el CRIAA será dirigido de manera integra al fideicomiso formado, cuya obligación será informar, a todos los afiliados de este organismo sobre las modificaciones específicas sufridas por el fideicomiso.
Artículo 53. Los subsecretarios de las dependencias participarán en la evaluación y análisis de las políticas fiscales, sanitarias y de asistencia social, lo que deberá realizarse, cada seis meses en juntas-plenarias y ordinarias.
Los asuntos del pleno se resolverán por mayoría absoluta.
Artículo 54. En las juntas plenarias ordinarias se analizarán y revisarán los avances y resultados del plan anual de asistencia, así como lo relativo a los informes de nuevas instituciones inscritas ante el CRIAA. Además, se presentará un informe de los avances, participación y enfoque, de las dependencia estatales con relación a la asistencia social regulada.
La manera de notificar las juntas plenarias se hará por jurisdicción voluntaria, ante los tribunales judiciales, con el fin de que haya efecto legal.
Artículo 55. En las juntas plenarias se tendrá derecho a nombrarsustituto legal aprobado por el secretario de la dependencia a la que pertenezcan; en caso de ser institución privada se deberá contar con poder legal ante notario.
Artículo 56. El CRIAA convocará, en caso necesario, a juntas extraordinarias que podrán ser incitadas por tres de los integrantes del pleno o por tres titulares de las instituciones reguladas.
Las instituciones contarán con el derecho de petición, a fin de exponer la causa por la que se convocó a la junta extraordinaria, la que será desahogada en el primer punto del orden del día. Habrá la obligación de resolverla en votación nominal.
En caso de resolución contraria a la participación de las instituciones, el tema se presentará por escrito y será expuesto por el titular del CRIAA.
En caso de permitiese la participación de la institución, ésta sólo contará con derecho a voz, pero sin voto.
El voto, a la resolución emitida, será expresado en secreto, sólo por los integrantes del pleno.
La manera de notificar las juntas extraordinarias será por escrito, presentado al primer consejero o bien a cuatro integrantes del consejo, con la finalidad de que tengan efecto legal.
En caso de un desastre el primer consejero convocará a junta extraordinaria, por medio escrito o electrónico, teléfono, telégrafo, telex o facsímil que esté a su disposición. Anotará la hora y persona con la que hizo la comunicación y expondrá los casos en los que no fue posible hacerlo.
Artículo 57. En las juntas extraordinarias se aplicarán sanciones o recomendaciones o soluciones a los casos que se presenten, subsanando irregularidades ante las instituciones, inspección, sea fiscal, sanitaria o cualquier otra.
CAPITULO III
Las inspecciones
Artículo 58. El CRIAA supervisará la distribución de los alimentos que hagan dependencias del Estado o instituciones privadas. Empero, se vigilará el interés público y el desvío de recursos, para lo cual quedará facultado. En el mismo tenor actuará cuando se trate de sustituir programas y funcionarios que no cumplan con los objetivos para los que fueron creados o nominados.
Artículo 59. El CRIAA supervisará el adecuado funcionamiento de las instituciones altruistas de alimentos, tanto públicas como privadas, en lo referente al correcto manejo de los recibos deducciones de donaciones de alimentos o servicios de flete, así como al manejo higiénico de los alimentos distribuidos.
Artículo 60. La inspección fiscal estará a cargo del CRIM y de la SHCP, mediante inspectores autorizados por el mismo; aquélla se llevará a cabo, de manera aleatoria, en las instituciones.
Artículo 61. En caso de encontrar alteración alguna o violación a los preceptos legales en materia tributaria, será obligación de la SHCP notificar de las irregularidades a la institución girando una recomendación de enmienda dentro de un plazo máximo de 60 días.
En caso de que el CRIM, encontrase irregularidades con referencia al artículo anterior estará obligada a dar aviso inmediato a la SHCP, para que ésta emita la recomendación de enmienda.
Artículo 62. De no ser posible la enmienda, por parte de la institución, el CRIM estará obligado a suspender el permiso de funcionamiento de la institución hasta la aclaración del problema, nombrando personal que supla la operatividad de esta institución, no permitiendo se frene la labor altruista realizada.
Artículo 63. De ser alterados los derechos de la institución por personal de la SHCP, el CRIAA será interlocutor y conciliador de las instituciones y de la SHCP.
Artículo 64. Las anteriores disposiciones no se aplicarán en perjuicio de cualquier otro derecho con que cuente la institución para su defensa.
Artículo 65. La inspección sanitaria estará a cargo del CRIM y de la SS, se llevará a cabo por medio de inspectores debidamente acreditados.
Artículo 66. De encontrarse alguna violación en materia sanitaria se aplicará lo conducente en relación a los artículos 58 al 66, de este ordenamiento.
TITULO TERCERO
Las instituciones
CAPITULO I
Registro de las instituciones
Artículo 67. Las instituciones que pretendan llevar a cabo labor altruista en materia alimentaria, a fin de constituirse en instituciones de asistencia pública o privada, deberán sujetarse a lo que establece la presente ley.
Artículo 68. Las instituciones que pretendan ser donatarias están obligadas a solicitar, ante el CRIAA, su registro correspondiente, que será obligatorio y permitirá manejar y recibir donativos, sean en dinero, en especie o servicio para realizar sus fines, así como expedir los recibos deducibles respectivos. Las instituciones que lleven a cabo estas actividades, sin tener el reconocimiento oficial respectivo, serán sancionadas conforme al presente ordenamiento. El reconocimiento oficial del CRIM lo obtendrán las instituciones que tengan su matrícula respectiva ante aquel.
Artículo 69. Las instituciones deberán solicitar ante el CRIAA su autorización para el manejo de los alimentos, previa comprobación de que cuentan con instalaciones, personal y equipo para la conservación, análisis, manejo y transporte higiénico.
Artículo 70. Las instituciones deberán llenar, ante el CRIAA, una solicitud para poder participar en la distribución de alimentos donados. Inmediatamente recibirán del CRIAA un permiso para operar durante los siguientes siete días, en cuyo lapso el CRIAA hará inspecciones respectivas, con el fin de verificar que cumplan las reglas siguientes:
I. Tener un local adecuado para el manejo higiénico de los alimentos.
II. Contar con personal capacitado en campos de nutrición y administración.
III. Satisfacer los requisitos enumerados en el Capítulo II de estos ordenamientos.
Artículo 71. El coordinador del CRIM estará obligado, en la junta ordinaria próxima del pleno del consejo, a dar un informe detallado de la inspección a las instituciones que soliciten su autorización.
Artículo 72. El CRIAA queda obligado a iniciar los trámites correspondientes ante la SHCP y la SS, una vez que haya dado el visto bueno a las instituciones y otorgada su correspondiente matrícula.
Artículo 73. Las instituciones no responderán ante sanción imputada por la SHCP y la SS por incumplimiento de trámites ante esas dependencias una vez que cuenten con la matrícula otorgada por el CRIAA, como lo establece el artículo 23 del presente ordenamiento.
CAPITULO II
Requisitos de las instituciones
Artículo 74. Las instituciones que pretendan tener autorización y contar con matrícula del CRIAA, a fin de poder recibir y distribuir alimentos, dinero o servicios donados, deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Constituirse como asociación civil o tener reconocimiento legal como institución pública de asistencia.
II. No perseguir fines de lucro o políticos.
III. Tener un patronato cuyos, miembros ostenten la solvencia moral, debidamente acreditada ante el CRIM.
IV. Elaborar un acta constitutiva que establezca claramente los objetivos que persigue, así como sus modos de planeación, organización, dirección y control.
V. Establecer en sus estatutos que entre sus directivos y personal de apoyo técnico, no habrá participación o reparto de utilidades.
VI. Contar con el equipo e infraestructura humana mínimos indispensables para poder iniciar operaciones razonablemente.
VII. Presentar ante el CRIAA su plan inicial de operación con un presupuesto mínimo de 1 mil 150 salarios mínimos como base inicial para su funcionamiento, además del organigrama que especifique el nombre y puesto de cada miembro.
VIII. Contar con un equipo de cómputo que les facilite, permita conectarse entrelazarse a la red de información que controla el CRIAA, con el fin de que tengan acceso a todos los servicios proporcionados por esto.
IX. Establecer en sus estatutos que a su liquidación, su patrimonio pasará a formar parte del fideicomiso creado por el CRIAA ante el Banco de México.
Artículo 75. Las instituciones que reciban donaciones de alimentos para los fines que se indican en esta ley, deberán:
I. Obligarse ante el CRIAA que, los alimentos que reciban por donación en los términos de este ordenamiento, no podrán ser comercializados de manera alguna, salvo lo indicado en el artículo 77.
II. Destinar las donaciones para apoyar, exclusivamente a personas de escasos recursos económicos o imposibilitadas para obtenerlos, por otra vía que no sea la donación.
III. Vigilar que el destino de los alimentos sea precisamente el de suministrar lo necesario para la subsistencia de los beneficiarios, evitando desvío o mal uso de los mismos en perjuicio de comerciantes y productores.
IV. Adoptar las medidas de control sanitario, que en su caso le señalen las autoridades en la materia, mediante instituciones de carácter general.
V. Velar por que sus miembros cumplan con esta ley, su reglamento expedido por el CRIAA y demás disposiciones en la materia.
VI. Rendir mensualmente a el CRIAA un informe financiero.
VII. Contar con un sistema de contabilidad y un registro de donantes.
VIII. Registrar en las formas autorizadas las aportaciones de alimentos que reciban y expedir el recibo fiscal correspondiente. Además, se dará aviso de la operación realizada, a el CRIAA, con apego a los requisitos de los incisos a, b, c, d y del artículo 36.
CAPITULO III
Los donatarios
Artículo 76. La institución podrá recibir donativos en dinero o en especie o servicio, para cumplir con sus fines altruistas en materia alimentaria, para lo que dará aviso a el CRIM, en forma escrita y detallada, del recibo de donación entregado al donante.
Artículo 77. El donatario podrá establecer una cuota simbólica a los beneficiarios, a cambio de los productos que entrega, sin exceder del 10% de su costo. Asimismo podrá aplicar los recursos que recaude al mantenimiento de sus operaciones, mientras que el excedente lo aportará al fideicomiso constituido por el CRIAA.
Artículo 78. La imposibilidad de pagar la cuota de recuperación que se indica en el artículo anterior, no será motivo para negar el suministro de alimentos al beneficiario. Empero, en caso de ser negado sin justificación alguna, el beneficiado podrá incurrir en queja ante el CRIAA, para que tome las medidas pertinentes.
Artículo 79. Los grupos de trabajo de las instituciones tendrán los derechos siguientes a:
I. Recibir capacitación y asesoría técnica por parte de el CRIM.
II. Participar en la difusión de las acciones de donación altruista de alimentos propuestas por la Sedesol y el CRIAA.
III. Recibir apoyo de las autoridades que les facilite los trabajos de acopio, almacenamiento, conservación, clasificación y distribución de alimentos .
IV. Ser informados de todas aquellas donaciones proporcionadas por empresas nacionales e intencionales y tener acceso a la información que requieren para la consecución de su objetivo.
V. Formular quejas y denuncias por la inobservancia de esta ley en el ámbito de su adscripción.
VI. Realizar, en su adscripción, labores de sensibilización y concentración con posibles donantes, así como de acopio, almacenamiento y distribución de alimentos. Para ello darán aviso a el CRIAA de los movimientos realizados, con fines de control, registro por analizar la probable explotación de los recursos que ofrece la zona.
VII. Proponer a el CRIAA, ya sea en el pleno o en sesión ordinaria hacia sus directivos, medidas que contribuyan al mejor desarrollo de los programas de donación de alimentos.
VIII. Coordinarse y cooperar entre sí para la mejor realización del objeto establecido en esta ley.
Artículo 80. Es obligación de toda institución distribuir los alimentos a los beneficiarios, con la oportunidad debida que impida su descomposición. En caso contrario se hará acreedor a las sanciones que establece este ordenamiento.
CAPITULO IV
Los donantes
Artículo 81. Es obligación de todo donador prever que, los alimentos por donarse a las instituciones, no se encuentren en estado de descomposición.
Artículo 82. El donador podrá informar a el CRIAA sobre el alimento capaz de donar, si es que no tiene relación con alguna institución determinada. El CRIAA tendrá la obligación de contestar, en un plazo máximo de 24 horas, para informar al donador si hay alguna institución interesada en su producto. En caso de que, previo análisis costo-beneficio, resulte que ninguna institución puede recibir la donación, entonces el donador podrá destruir el alimento, de acuerdo al procedimiento establecido por la SHCP.
Artículo 83. Los donadores de alimentos pueden suprimir la marca de los alimentos que donen cuando así lo estimen conveniente, pero deberán conservar los datos que identifiquen su caducidad de los mismos y su descripción.
CAPITULO V
Los beneficiarios
Artículo 84. Las instituciones establecerán los requisitos que deberán cubrir los beneficiarios, para ser sujetos de apoyo por las mismas. Asimismo podrán ser personas físicas o morales con fines altruistas.
Artículo 85. Las instituciones establecerán sus políticas de distribución de alimentos a los beneficiarios, en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad.
TITULO CUARTO
Las restricciones y sanciones
CAPITULO I
Las restricciones en general
Artículo 86. Está prohibido el manejo lucrativo de las donaciones por parte de las instituciones; es decir no podrán efectuar venta alguna al público en general de los alimentos recibidos.
Artículo 87. La prohibición del artículo anterior es extensiva para las instituciones, beneficiarios, asilos de ancianos, casas hogares o cualquier otra, cuyos alimentos donados los empleen para su venta posterior al público en general.
Artículo 88. Los directivos o titulares de las instituciones que regula el presente ordenamiento estarán impedidos de recibir remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, salvo la beca que le sea asignada para el desempeño de sus funciones por el Faprodeiap, la AMBA o el organismo autorizado por el CRIM.
El personal que desempeñe una relación laboral, obtendrá un salario de acuerdo a los tabuladores propuestos por el Faprodeiap, la AMBA y aprobados por el CRIAA.
CAPITULO II
Procedimiento arbitral para la aplicación y revisión de sanciones
Artículo 89. Sin perjuicio de las acciones que procedan, las controversias que se presenten en las actividades reguladas podrán resolverse, por elección de los usuarios, mediante el procedimiento arbitral que propongan quienes realicen dichas actividades o bien el fijado por la comisión.
Artículo 90. El procedimiento arbitral que propongan quienes realizan actividades reguladas, así como el órgano competente para conocer sobre las controversias, deberán inscribirse en el registro público a que se refiere el artículo 29 de esta ley. A falta de la inscripción citada, se entenderá que el procedimiento propuesto es el determinado por la comisión, que se ajustará a las disposiciones del Título Cuarto, del Libro Quinto, del Código de Comercio y se substanciará ante la propia comisión.
Artículo 91. En la vía administrativa, contra los actos de la comisión sólo podrá interponerse el recurso de reconsideración, el cual se resolverá por la propia comisión y tendrá los siguientes efectos: modificar, revocar o ratificar el acto impugnado. El plazo para interponer el recurso será de 15 días, contado a partir del día siguiente en el que hubiere surtido efectos la resolución que se recurra.
En lo que se refiere al recurso de reconsideración, de manera supletoria se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 92. No se impondrá sanción alguna a las instituciones que, después de haber analizado el alimento, los desechen por no ser ya posible su aprovechamiento humano, para lo que dicha institución realizará un informe inmediato a el CRIAA de las cantidades no utilizables.
CAPITULO III
Las sanciones
Artículo 93. Las instituciones que manejen alimentos sin el reconocimiento del CRIAA, serán prevenidas, para que en un periodo no mayor a 15 días, regularicen su situación, con el procedimiento que establece este ordenamiento. En caso de reincidencia serán sancionados con la clausura total del local, además imponérseles multa de 1 mil a 5 mil días de salario mínimo y de cinco a 10 años de prisión a los encargados del proyecto, cuando se trate de algún servidor público, además de las anteriores, serán separados de sus funciones y quedarán inhabilitados de ocupar cargo alguno dentro de la administración pública.
Artículo 94. Se sancionará con 500 a 5 mil salarios mínimos y la clausura de 30 a 90 días de los locales industrial y comercial a aquellos que tiren, destruyan o hagan caso omiso de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como a todos a quienes tiren intencionalmente, por imprudencia, dolo o descuido dejen que se deterioren los productos alimenticios factibles de ser aprovechados para consumo humano.
Las instituciones quedarán eximidas de esta responsabilidad para el caso de desechar los alimentos que ya no puedan ser aprovechados para el consumo humano.
Todo servidor público que no dé aviso a las autoridades competentes, de violaciones al presente ordenamiento, será sancionado con la destitución inmediata de su cargo.
Artículo 95. Las instituciones que elaboren recibos de donativos en los que se falsifique su información, sea en cantidad del bien donado, del valor del mismo o cualquier otro tipo de información, serán sancionadas con la suspensión de la autorización para recibir donativos deducibles, la clausura del local, además de las sanciones penales y civiles a que haya lugar.
Artículo 96. Las instituciones que, a juicio de los inspectores sanitarios, no satisfagan las condiciones higiénicas indispensables para el manejo de los alimentos, no podrán continuar distribuyéndolos hasta que tomen las medidas necesarias para acatar los observaciones y recomendaciones señaladas por los inspectores.
Artículo 97. Los excedentes económicos que perciban las instituciones privadas y públicas, al realizar operaciones que sean desviados por cualquier persona, ésta será sancionada con la destitución de su cargo y con pena privativa de la libertad de cinco a 10 años de prisión.
Artículo 98. Se sancionará con prisión de tres a cinco años y la destitución del puesto a aquella persona que mediante el abuso de sus atribuciones o por cualquier, conducta, desvíe, bloqueé, perjudique, altere o viole la distribución equitativa de alimentos.
Artículo 99. Las instituciones serán sancionadas con multa de 500 a 3 mil días de salarios mínimos de la zona económica específica, además de las responsabilidades imputables penales y civiles a que se dé lugar por la distribución en gran escala de alimentos descompuestos que causen cualquier enfermedad que ponga en peligro la vida.
Artículo 100. En caso de que el CRIM deje de notificar por causa justificable a todos los integrantes del pleno, sobre las juntas plenarias, la institución será acreedora a la separación de su titular.
Artículo 101. En caso de lucro en el manejo de las donaciones, por parte de las instituciones o por individuos que tengan relación, ya sea, personal o directivos de las instituciones, así como los beneficiarios, como asilos de ancianos, casas hogares o cualquier otro, serán sancionados con pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 500 a 3 mil días del salario mínimo vigente.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones que se contravengan a esta ley quedaran sin efecto alguno.
Tercero. El nombramiento del primer consejero del Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria, se hará a los 10 días de que entre en vigor el presente ordenamiento legal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 1996-Diputados: Ricardo F. García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Cecilia Romero Castillo, María Elena Alvarez Bernal, Rodolfa Elizondo Torres, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Ramón Miguel Hernández Labastida, Jorge Urdapilleta Núnez, 'Remedios Olivera Orozco, Margarita Villanueva Ramírez, Víctor Cruz Ramírez, Luis Andrés Esteva Melchor, Jorge Hernández Domínguez, María Flor Celina Prado Piña, Cruz Pérez Cuéllar, David Vargas Santos, José Padilla Olvera, Manuel Beristáin Gómez, Alejandro Higuera Osuna, Gabriel Llamas Monjardín y José de Jesús Preciado Bermejo.»
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura al honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne para dictamen a la comisión correspondiente, la iniciativa por la que se adicionan a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su Título Primero, los artículos 70.-E y 70.-F. En el Título Segundo, Capítulo II, del artículo 22 se adiciona la fracción XII. En el Título Segundo-A, del artículo 67-B, se adiciona la fracción V; del artículo 67-C, se agrega el sexto párrafo. En el Título Tercero, del artículo 70 se adiciona el inciso F a la fracción VI. En el Título Cuarto, Capítulo VI, del artículo 108, se agrega la fracción X. Por último, en el Título Cuarto, Capítulo VI del artículo 119-C se agrega la fracción V y del artículo 11 9-E se adiciona la fracción XV. Esto con el fin de incentivar la donación de alimentos. Tomando en consideración la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
México cuenta con los recursos suficientes para producir alimentos para todos sus habitantes. Sin embargo, las condiciones económicas de los últimos años han ocasionado que un número creciente de la población que vive en condiciones de pobreza en nuestro país haya visto disminuida su capacidad para obtener su alimento.
El punto crítico de esta lamentable situación es determinado por los millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema que no alcanzan a satisfacer la mitad de sus necesidades elementales. Como resultado, la desnutrición ocupa actualmente la quinta causa de mortalidad infantil a nivel nacional y en algunos lugares, alcanza hasta el tercero. Esto nos indica la gravedad del problema de la alimentación en México.
El Gobierno Federal ante esta situación ha venido instrumentando cerca de 23 programas para combatir la pobreza. Estos programas que han sido englobados en el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF), los cuales son coordinados por 12 dependencias, dentro del plan nacional de desarrollo, cuyo objetivo es coordinar a las dependencias estatales y paraestatales, implican una aportación de recursos públicos de más de 13 mil millones de pesos.
Por otra parte, la sociedad ha venido creando instituciones, cuya finalidad es apoyar la alimentación de los grupos marginados. Esta conciencia altruista de particulares, que con el afán de buscar una salida viable al problema de la alimentación y tomando como propia la causa de los pobres, dio lugar a la creación de instituciones que reciben alimentos donados por comerciantes e industriales, que no logran colocar su producto entre los consumidores, razón por la cual prefieren contribuir para mitigar el hambre en orfanatos, asilos, hogares para desamparados y familias, o bien, personas indigentes; lo anterior, en lugar de destruir el alimento. Estas instituciones se han encargado de buscar el alimento y trasladarlo a su local para que pueda ser distribuido lo más rápido posible.
Actualmente, la reglamentación fiscal presenta una problemática legal que obstaculiza y desincentiva las donaciones de productos alimenticios como donativos en especie, haciendo más práctico para las empresas el destruir el alimento que donarlo. Es importante fomentar la donación de alimentos, utilizando los estímulos fiscales para incentivar está acción altruista, haciendo que estos donativos sean deducibles de impuestos.
La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta busca incentivar la donación de alimentos por medio del establecimiento de estímulos para la misma, bajo ciertas restricciones. No obstante lo anterior, el marco que se intenta modificar no contraviene el espíritu original de la Ley del ISR, de no deducir dos veces un mismo producto.
Esta propuesta alentaría la donación de cerca de 15 mil toneladas diarias de alimentos a instituciones de beneficencia por parte de empresas productoras o distribuidoras de alimentos, las cuales se desperdician en la actualidad, permitiendo así que la sociedad civil reciba donativos en especie como lo son los alimentos. El costo fiscal de esta medida sería en un caso extremo, de llegarse a aprovechar las 15 mil toneladas de alimentos a largo plazo, del orden de los 4 mil millones de pesos; sin embargo, una vez que se alcanzara este monto deducciones, los programas asistenciales podrían irse reduciendo substancialmente, implicando un costo menor para el Gobierno Federal.
Como todos sabemos, la Ley del ISR establece cuales serán los ingresos acumulables para el cálculo del impuesto/ dependiendo del tipo de persona, sea física o moral y de su régimen fiscal adoptado; de la misma manera ordena las deducciones autorizadas para disminuir la base gravable del contribuyente. En el caso concreto de las mercancías, éstas se encuentran contempladas en las deducciones como compras.
Es por esto que el estímulo fiscal que se establece en esta propuesta, es el de permitir deducir el 50% de la utilidad bruta si este producto se hubiese vendido o el 20% del costo de la factura y, en el caso de los productos perecederos para los contribuyentes en el régimen simplificado se otorgará una deducción del 60% del valor en sitio, según los precios señalados por el Sistema Nacional de Información de Mercado (SNIM).
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la iniciativa por el que se adicionan, en el Título Primero los artículos 70.-E y 70.-F, en Capítulo II del mismo Titulo la fracción XII al artículo 22, en el Título Segundo-A una fracción V al artículo 67-B, un párrafo sexto al artículo 67-C, en el Título Tercero un inciso F a la fracción VI del artículo 70, en Capítulo VI del mismo Título la fracción X del artículo 108, en el mismo capítulo, Sección Segunda una fracción V al articulo 11 9-C, una fracción XV al artículo 119-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Artículo 7o.-E. Tanto las personas físicas como las morales que realicen actividades empresariales, determinarán la deducción a que se refieren la fracción XII del articulo 22 y la fracción X del 108 de esta ley, teniendo las siguientes dos opciones:
I. La deducción será igual al 50% de la utilidad bruta que hubiera obtenido de haber enajenado los alimentos donados, misma que se obtendrá de la diferencia entre el precio y el costo del alimento. El precio del alimento y el costo del mismo se determinarán de la siguiente manera:
a) Si los alimentos donados formaban parte de los inventarios del contribuyente, se considerará el promedio del precio de venta en que se hubiesen enajenado a sus clientes en los dos últimos meses anteriores al de la donación.
b) En los demás casos, se considerará el precio oficial o de cotización señalado por el Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM); a falta de éstas, se deberá obtener cotización por escrito de dos tiendas de autoservicio de la misma población del domicilio fiscal del donante y se tomará el precio más bajo.
c) El precio de venta a considerar de conformidad con las fracciones anteriores, no podrá ser superior a la cantidad que se obtenga de multiplicar por dos el costo de adquisición actualizado.
d) El costo del producto se justificará por medio de la factura de adquisición del mismo, sin actualizarse.
II. O bien, la deducción será igual al importe que resulte de aplicar una tasa de 20% sobre el costo de factura de los alimentos que fueron donados a las instituciones de asistencia o beneficiencia.
Sólo se considerará como alimentos donados, los que las instituciones de asistencia o de beneficencia a las que se refiere el inciso f de la fracción VI del articulo 70 de esta ley, anoten en el recibo que al efecto deban emitir, ya que éstas deberán excluir aquellos alimentos en mal estado o que no sean susceptibles de ser aprovechados.
Tanto el donante como la donataria deberán cumplir con los requisitos que fije el reglamento de esta ley.
Artículo 7o.-F. Las personas físicas y morales que estén bajo el régimen simplificado, determinarán la deducción a que se refieren la fracción V del artículo 119-C y la fracción V del 67-B de esta ley, como sigue:
La deducción será igual al importe que resulte de aplicar una tasa del 60% sobre el precio de mercado en sitio señalado por el Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM) de ese día, de los alimentos que fueron donados a las instituciones de asistencia o beneficencia.
Sólo se considerarán como alimentos donados, los que las instituciones de asistencia o de beneficencia a las que se refiere el inciso f de la fracción VI del artículo 70 de esta ley, anoten en el recibo que al efecto deban emitir, ya que éstas deberán excluir aquellos alimentos en mal estado o que no sean susceptibles de ser aprovechados.
Este beneficio será extensivo a las empresas transportistas que trasladen alimentos en forma gratuita para el apoyo de instituciones asistenciales o de beneficencia y su monto se determinará aplicando el 50% de la utilidad que se hubiese generado de haber cobrado el servicio correspondiente, considerando como precio del servicio el que sea menor entre el precio promedio cobrado por servicios similares en los últimos dos meses o, las tarifas oficiales que determine la autoridad competente.
Tanto el donante como la donataria deberán cumplir con los requisitos que fije el reglamento de esta ley.
Artículo 22. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
I a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. El importe de los alimentos que se donen a las entidades a que se refiere el inciso f de la fracción VI del artículo 70 de esta ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 7o.-E de esta ley, adicionalmente a la deducción a que dé lugar la adquisición de los bienes donados, en los términos de las fracciones II y III de este artículo.
Artículo 67-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Podrán deducir también el importe que resulte de la donación de alimentos a instituciones de asistencia o beneficencia a que se refiere el inciso f de la fracción VI del artículo 70 de esta ley, de acuerdo a lo que establece el párrafo segundo del artículo 7o.-F.
Artículo 67-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insertar como párrafo quinto. Tratándose de transportistas de carga terrestre, podrán deducir adicionalmente lo que establece el párrafo cuarto del articulo 7o.-F de la presente ley.
Artículo 70. Para los efectos de esta ley se consideran personas morales no contribuyentes, además de las señaladas en el artículo 73, las siguientes:
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) a e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) El acopio y distribución de alimentos para fines asistenciales o de beneficencia que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley.
Artículo 108. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, podrán efectuar las deducciones siguientes:
I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. El importe de los alimentos que se donen a las entidades a que se refiere el inciso f de la fracción VI del artículo 70 de esta ley, de acuerdo a lo que establece el articulo 7o.-E de esta ley, adicionalmente a la deducción a que dé lugar la adquisición de los bienes donados, en los términos de las fracciones II y III de este artículo.
Artículo 11 9-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Podrán deducir también el importe que resulte de la donación de alimentos a instituciones de asistencia o beneficencia a que se refiere el inciso f de la fracción VI del artículo 70 de esta ley, de acuerdo a lo que establece el párrafo segundo del articulo 70.-F.
Artículo 11 9-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XV. Tratándose de transportistas de carga terrestre, podrán deducir adicionalmente lo que establece el párrafo cuarto del artículo 70.-F de la presente ley.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones que se contravengan a esta ley quedarán sin efecto alguno.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 1996-Diputados: Ricardo F. García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Cecilia Romero Castillo, María Elena Alvarez Bernal, Rodolfo Elizondo Torres, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Ramón Miguel Hernandez Labastida, Jorge Urdapilleta Núñez, Remedios Olivera Orozco, Margarita Villanueva Ramírez, Víctor Cruz Ramírez, Luis Andrés Esteva Melchor, Jorge Hemández Dominguez, María Flor Celina Prado Piña, Cruz Pérez Cuéllar, David Vargas Santos, Jorge Padilla Olvera, Manuel Beristáin Gómez, Alejandro Higuera Osuna, Gabriel Llamas Monjardin y José de Jesús Preciado Bermejo.»
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La Secretaria Flor Celina Prado Piña:
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio número DAN02510, de fecha 14 de agosto próximo pasado, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.
Miguel Reyna Borrego, chofer, Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sobre el particular, para los efectos a que haya lugar, comunico a usted que en el archivo de esta dependencia no se localizaron antecedentes de la petición de la persona mencionada para poder prestar dichos servicios al gobierno estadounidense, dentro del territorio nacional."
Al transcribir a ustedes lo anterior para los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1996.-Por acuerdo del Secretario.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 31 de julio, próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Me permito hacer de su conocimiento, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaria, para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.
Francisco Antonio Sánchez, asistente financiero, Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México."
Lo que comunico a ustedes para los fines legales procedentes enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1996.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
«Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Gobernación.-Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 de agosto último, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita:
"Me permito hacer de su conocimiento, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta de la interesada.
María Guadalupe Martha Gómez Asiain de Penedo, asistente financiero, Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Sobre el particular, para los efectos a que haya lugar, comunico a usted que en el archivo de esta dependencia no se localizaron antecedentes de la petición de la persona mencionada para poder prestar dichos servicios al gobierno estadounidense, dentro del territorio nacional."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 2 de septiembre de 1996.-El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
MANUEL MARCUE PARDIÑAS
El Presidente:
Antes de proceder al análisis del II Informe, esta Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Salvador Martínez Della Rocca, para presentar una propuesta al pleno.
El Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Muchas gracias, señor Presidente:
Le solicitaría amablemente que pidiera a todos los asistentes e invitados, que pasarán a sentarse.
Presidente Señores diputados, rogamos prestar atención al orador.
El Diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Apreciados compañeros legisladores; compañeros:
Hace un año, el 6 de septiembre de 1995, falleció el diputado Manuel Marcué Pardiñas, les pediría amablemente que guardaran silencio, escucharan unas breves palabras y si son más amables todavía, les pediría que si tuvieran la amabilidad, valga la redundancia, de tomar asiento.
Hace un año falleció el diputado federal Manuel Marcué Pardiñas, aquí están presentes sus familiares. Hombre polifacético, polémico, activo, hiperactivo, diría yo, todo un luchador social. En provincia, tanto en provincia como en el Distrito Federal, es decir; en todo México, leer la Revista Política era lectura obligada, era referencia básica para estudiar los grandes problemas nacionales. Hoy, leer la Revista Política es fundamental para estudiar 10 años la historia de nuestro país, la historia del movimiento de liberación nacional, la historia de la guerrilla en México y en América latina, la historia de los conflictos universitarios de esa época, la historia del movimiento obrero, la historia del movimiento ferrocarrilero, la historia del movimiento del magisterio, encabezado por Othón Salazar, sólo a través de la Revista Política podemos recrear, volver a crear esos conflictos e interiorizarnos en la historia de nuestro país.
Creador de una de las mejores si no es que la mejor revista que se ha hecho en la historia de este país; problemas agrarios e industriales de México; recorrió el país varias veces, primero con el general Lázaro Cárdenas y después con su hijo Cuahutemoc Cárdenas. Lo conocí en la cárcel de Lecumberri y estuve con él dos años y medio por el firme apoyo que Manuel Marcué le dio al movimiento estudiantil de 1968; salimos juntos de la cárcel el 9 de marzo de 1971 a las 16:00 horas; salió y se incorporó inmediatamente a la lucha. política en este país, estando en la cárcel para pedir nuestra libertad hicimos una huelga de hambre de 42 días, como todos ustedes saben Marcué la hizo de 43 días; hombre protagónico, no concebía la política sin protagonistas.
Amigo de presidentes y a la vez encabezador de marchas, como aquella marcha que encabezó el 10 de junio de 1971 y como todos ustedes saben fue masacrada; dos veces diputado federal: de 1988 a 1991 y de 1994 al 6 de septiembre de 1995.
Compañeros legisladores, un luchador social, un articulador de intelectuales, en la Revista Política, él conjugaba aparte de la intelectualidad más lúcida de este país y también como todos los aquí presentes sabemos, un hombre peleonero, se podía estar de acuerdo con él o no, pero era un hombre peleonero.
A todos los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, les quiero recordar que hace un año que ya no escuchamos aquella frase de "¿Y la camioneta, Marcué?", y aquella brillante respuesta de Marcué cuando dijo: "Está un poco viejita pero se la recomiendo a tu mamá". Consta en actas y consta en las anécdotas de esta legislatura.
Aquel acto de cinco minutos de silencio cuando se paró Marcué aquí y dijo: "hoy no tengo nada que decir y estaré en silencio cinco minutos", en protesta porque se había aumentado el IVA del 10% al 15%.
Hombre anecdótico, a través de sus anécdotas él contaba la vida política de este país.
Quería morir en tribuna y era comentario de todos nosotros. En alguna ocasión mi coordinador, en aquel entonces, Jesús Ortega, me dijo: te asigno a ti y a Raúl Livas la función de controlar a Marcué y recuerdo haberle dicho a Jesús: si ni la KGB lo podía controlar, recordando aquella histórica foto donde aparece Breznef y López Portillo y en medio, la cara de Manuel Marcué Pardiñas.
Hombre anecdótico, hombre valiente, hombre polémico, hace un año que murió.
Compañeros diputados, creo que a un hombre como Manuel Marcué Pardiñas, sólo le gustó estar en silencio cuando guardó esos cinco minutos de silencio. Por lo tanto, a nombre de mis compañeros, y creo que a nombre de todos los legisladores, estarán de acuerdo en que a un hombre como Manuel Marcué Pardiñas, no se puede pedir un minuto de silencio, a él no le gustaba estar en silencio; por lo tanto le pido a todos ustedes que nos pongamos de pie y brindemos por este diputado un minuto de aplausos, compañeros diputados.
(Minuto de aplausos.)
Muchas gracias y viva Manuel Marcué Pardiñas.
ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO POLITICA ECONOMICA
El Presidente:
Con fundamento en el artículo 80., párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy se analizará el II Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de política económica y política exterior.
Por acuerdo de los grupos parlamentarios, para fijar posiciones hasta por 10 minutos, está el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, por el Partido del Trabajo; el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, por el Partido de la Revolución Democrática; el diputado Jorge Ocejo Moreno, por el Partido Acción Nacional y el diputado Miguel Angel García García, por el Partido Revolucionario Institucional.
Intervenciones hasta por siete minutos, el diputado Luis Sánchez Aguilar; el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional y diputado Alfonso Reyes Meolano, del Partido Revolucionario Institucional.
En la segunda ronda, diputado Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional y el diputado Cándido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional.
En tal virtud, para fijar posición, tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Compañeras y compañeros diputados:
Hoy y en el curso de tan sólo 11 días, volvemos a tratar un asuntos que es de interés, no sólo nuestro, sino del conjunto de los mexicanos. En su mensaje a la nación, el Presidente de la República nos presentó una visión del país que no todos compartimos y que creo que la mayoría de los mexicanos no lo hace; una visión de un país en recuperación, saliendo de la crisis y que está a punto, según parece, de volver a iniciar el despegue. Esperarnos que ese despegue no sea como el del sexenio pasado, porque el aterrizaje fue bastante lamentable.
Hoy podemos discutir si los indicadores económicos se recuperan o no, si las políticas del Gobierno están surtiendo efecto. Lo cierto es que los indicadores económicos del bienestar de millones y millones de mexicanos no se han recuperado.
El empleo, si bien en cifras del IMSS ha subido, lo cierto es que en nuestro país no se han creado los millones de empleos dejados de crear, tan sólo el año pasado y este año; para los mexicanos que se integran al mercado del trabajo.
El salario, es de todos conocido, tiene un deterioro acumulado del 70% de 1982 a la fecha y sólo en el último año y 10 meses ha acumulado un 30% de deterioro y no se ve, por la diferencia entre aumento salarial a esa inflación, cuándo se detendrá su caída.
La distribución del ingreso, también es de todos conocido, no ha mejorado; del 46% que existía para ser asignado a los trabajadores en 1977, hoy sólo les corresponde el 24%, además a más millones de trabajadores.
En fin, hay una visión que frente a esto señala un crecimiento del 7% del producto en el último trimestre y que señala exiguos, creamos, signos de recuperación en la actividad económica.
Desde nuestro punto de vista, hoy de nueva cuenta y lo reiteramos junto con muchos más, lo que sí se ha demostrado es que la política económica del Gobierno, la política neoliberal o como la queramos llamar, ha tenido efectos negativos para la mayoría de los mexicanos y no positivos y se nos repite que esta política es la correcta a pesar de sus resultados, porque sus prioridades; es decir, evitar la catástrofe financiera y rescatar a los banqueros y empresarios e ineficientes de este país, ha tenido éxito. Ha tenido éxito, sí, a costa de la pobreza de millones de mexicanos, a costa de dar 180 mil millones de pesos a los banqueros y 18 mil millones de pesos para el combate a la pobreza; ha tenido éxito, sí, a costa de deteriorar las condiciones de vida, a costa de crear las condiciones para generar la inseguridad y la protesta social; a costa, pues, de un deterioro de la convivencia social.
Creemos que esto no puede ser posible ni puede seguir adelante.
Le decíamos al señor Secretario en su comparecencia, ¿hoy sí el Gobierno de la República tomará en cuenta otras propuestas, reconocerá que se ha equivocado?, podemos decir que no en todo, pero que se ha equivocado en algo fundamental, que es lograr el bienestar de los mexicanos, de la mayoría de ellos. Y nos contestaron, no él, sino los compañeros del PRI y los funcionarios secundarios, que no, que el camino era el correcto y que no van a cambiar.
El Secretario fue un poco mas receptivo y dijo que podría escuchar propuestas más, sin aceptar ninguna iniciativa concreta.
Consideramos nosotros en nuestro partido, que precisamente hoy éste es el eje de la discusión. O somos capaces de crear un consenso para superar las condiciones actuales del país y el consenso implica asumir críticamente lo que se ha hecho mal, modificarlo y asumir también que hay otras iniciativas para superar la crisis y, sobre todo, para que el costo de ésta no recaiga, como ha sido, en la espalda de los más desprotegidos o difícilmente podremos salir de esta crisis o saldremos como se ha salido de las anteriores ediciones, con más pobres y con unos pocos más de ricos.
Creemos en ese sentido, pues, que hoy es menester evaluar la acción del Gobierno, la acción de la política económica del Gobierno y que las iniciativas que desde los diferentes ámbitos de la sociedad se han hecho sean analizadas seriamente y sean retomadas muchas de ellas, que creemos tienen posibilidades y viabilidad para que esta política económica no siga recayendo en el conjunto de los mexicanos.
Es por eso que hoy consideramos que es importante definir nuevos términos de la participación estatal en la economía, de manera que sea posible fomentar la micro, pequeña y mediana empresa que produjera ventajas competitivas susceptibles de desarrollarse, las empresas de frontera tecnológica capaces de producir insumos mas avanzados y apoyar el desarrollo de toda la economía, logrando o buscando lograr un aumento de la producción, el empleo y la competitividad industrial.
La reducción de los costos del crédito combinando, la intervención estatal con la aceleración de la apertura externa y haciendo que la banca privada nacional y extranjera redefinan sus objetivos integralmente para abandonar las políticas de recuperación acelerada y máxima rentabilidad.
Fortalecer la capacidad estatal para captar y retener recursos, creando nuevos impuestos y racionalizando el gasto.
El impuesto a la riqueza, al patrimonio de los grandes ricos de este país y a la ganancia especulativa, debe de ser uno de los instrumentos para lograr este fin.
Debemos de rectificar en las relaciones del Tratado de Libre Comercio, el manejo del tipo de cambio para lograr mayor certidumbre cambiaria a largo plazo y evitar la pérdida de competitividad de la planta productiva.
Algo fundamental, esencial, creemos nosotros, es iniciar realmente la recuperación del salario a partir del encadenamiento a la productividad del trabajo. La productividad del trabajo en nuestro país ha tenido incrementos sustanciales en los últimos 14 años y no se han traducido en una recuperación concomitante del salario.
Creemos en este sentido que debe de abandonarse de inmediato la política de control salarial y empezar a retribuir lo que los trabajadores han perdido en los últimos años.
A nivel del campo, que todos conocemos que esta en una crisis tremenda, es necesario declarar el estado de emergencia agropecuario para atacar la grave crisis que afronta a este sector, dando respuesta a los problemas de crédito, precisos, carga fiscal, competencia etcétera, que los afecta.
Creemos, pues, que hoy es necesario que el Estado, sin regresar al pasado, que es una falsa discusión, pero si mirando al futuro, debe asumir su papel rector para garantizar que las iniquidades de esta sociedad no se sigan produciendo y que los mexicanos, los millones y millones de mexicanos, 15 ó 40 de ellos que se señalan, no estén sumidos en la más absoluta de las pobrezas y no continúen esperando, quien sabe para qué futuro, el que tengan acceso al bienestar y a los satisfactores del desarrollo tecnológico y la riqueza de este país y del mundo les pueden proporcionar.
Hoy, pues, está en manos del Ejecutivo si en la propuesta que haga de presupuesto en el mes de noviembre y de Ley de Ingresos, se pueden ver reflejadas alternativas de este tipo o si será terco y pertinaz de que sólo hay un camino, el camino que han seguido, que ha demostrado su ineficacia y sus resultados en contra de la mayoría del pueblo de México.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Alejandro Livas Vera.
El Diputado Raúl Alejandro Livas Vera:
Con su venia, señor Presidente:
La crisis económica que ha vivido México de diciembre de 1994, ha cambiado la faz de la nación; los daños ocasionados por la crisis no pueden ser recontados sólo en el ámbito de los números agregados, en las categorías contables de la macroeconomía, aunque ahí se expresan cabalmente.
La dura realidad que hemos vivido se conforma especialmente para las ,miles de dramáticas historias de las empresas mexicanas que fueron vulneradas por el abrupto descenso económico, hasta el grado de haber sido obligadas a cerrar o desaparecer o por altísimas tasas de interés que, al elevarse a niveles inauditos, estrangularon a decenas de miles de deudores, empresas y particulares, multiplicando los saldos de las deudas, el peso de los pagos y alargando generacionalmente los plazos de pago.
No son pocas las historias en las que el esfuerzo de generaciones se ha perdido con esta crisis. Se expresa en los millones de historias de familias que han visto gravemente afectado su patrimonio, su empleo y sus ingresos reales, poniéndose en riesgo la seguridad económica de los jefes de familia y de sus dependientes.
Por eso, la evaluación de los efectos de la ineficacia de la política económica, debe pulsar no sólo los indicadores macroeconómicos en los cuales insistimos se expresa cabalmente la gravedad de la situación, sino también, y muy principalmente, en el agravamiento de las carencias sociales, en el irritado estado de ánimo de la nación que ello está produciendo, en los grados de desesperanza y desánimo que, entre otras cosas, están induciendo a grupos cada vez más significativos de la población a la equívoca tentación de la violencia como supuesta vía para la solución de los problemas sociales, en fin, el meteórico crecimiento de los índices de inseguridad y de delincuencia.
Para ello debiera abrirse la sensibilidad y el talento de los mexicanos, especialmente en quienes conducen las políticas públicas, porque ésa es su principal responsabilidad.
Por eso es sumamente preocupante el hecho de que en el II Informe de Gobierno, el Ejecutivo no se haya hecho cargo de la urgente necesidad de evaluar la profundidad de lo que ya ha sucedido, de lo que sigue sucediendo y de que no se haga cargo del hecho de que el PIB por habitante se encuentra rezagado en casi 15 puntos porcentuales respecto al que se alcanzó en 1981, de que creciendo continuamente a una tasa promedio del 3% anual, se llevaría hasta el año 2010 alcanzar de nuevo el máximo histórico y de que además este producto está mucho más mal distribuido que hace 15 años.
El rezago acumulado en la generación de los empleos que se necesitan, ha saturado ya no sólo las esquinas y las calles de las grandes ciudades del país, con todas las formas imaginables de empleo informal y mendicidad y ha conducido a la saturación de la capacidad y absorción de la economía norteamericana del trabajo de los emigrantes mexicanos.
Los salarios han sufrido un nuevo deterioro sobre los ya bajisimos niveles en que fueron colocados en los años anteriores, ello no obstante que la productividad laboral no ha dejado de incrementarse. Los salarios están ubicados en niveles injustificables de miseria.
Por otra parte, los precios de los bienes de la canasta básica, siguen creciendo a tasas superiores a los del conjunto de la inflación y mucho más elevadas que las de los salarios.
Ante este panorama el gobierno argumenta que no aplicarán políticas de control de precios, porque se provocaría desabasto y se ufana de elevar los niveles de abasto en una crisis caracterizada por anaqueles de comercio llenos, porque no venden alacenas de las familias vacías, porque no pueden comprar lo que se exhibe en los anaqueles.
Los hechos nos ofrecen elementos para una conclusión ineludible. Las políticas neoliberales aplicadas desde 1983 con sus distintas modalidades, han sido incapaces de reactivar en forma firme y sostenida la economía mexicana.
Han sido incapaces de alcanzar las metas de crecimiento necesarias y ofrecidas por ya tres administraciones. Ha habido una evidente y constante incongruencia entre el desempeño real de la economía y las metas y objetivos ofrecidos por tres gobiernos. También ha habido una incongruencia entre el pobre desempeño alcanzado y las potencialidades productivas de la nación, que son muchísimo mayores.
La profundidad y la complejidad de la crisis de 1995, fue producto combinado de la estrategia económica practicada durante el salinismo y de las equivocadas políticas para enfrentar la emergencia.
La desregulación de los cuantiosos flujos de capitales especulativos externos al país, fue uno de los elementos que propició la crisis. También lo fue el desmedido déficit de la cuenta corriente de 1994, producto de la irresponsable apertura económica practicada y del sostenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado en un año electoral y de la candidatura de Carlos Salinas a la presidencia de la OMC.
La incapacidad gubernamental de regular el flamante sistema financiero nacional, que resultó de la llamada modernización financiera del país, produjo y amparó no sólo conductas individuales delictuosas de algunos neobanqueros, sino la eficiencia conjunta del sistema bancario mexicano, que lo llevó prácticamente a la quiebra y al requerimiento de enormes recursos fiscales para sobrevivir. Otro tanto ha ocurrido con las carreteras concesionadas.
En lo que se refiere al conjunto de políticas económicas que se han aplicado para enfrentar la crisis, el grupo parlamentario del PRD ha insistido en la gigantesca incorrección que han permitido que los capitales extranjeros especulativos, pudieran sortear la situación sin aportar un solo centavo a la solución de la crisis, mientras que la nación fue precipitada, en la más grave recesión de los últimos 60 años.
Para enfrentar la crisis la política del actual Gobierno, ha priorizado en todo momento la atención a los intereses de los inversionistas especulativos extranjeros, por sobre los intereses de la nación.
Esta prioridad, expresada en políticas económicas, ha propiciado que la crisis y el daño a la economía y a la población, alcanzaran una mayor profundidad respecto a lo que hubiera sido necesario, de haber hecho compartir el costo con los inversionistas corresponsables de esta situación.
La política de estabilización se ha fincado en una reducción del gasto público programable, que en 1995 llegó a 14 puntos porcentuales reales, incluido el recorte del gasto social.
Este año, durante el primer semestre del año, ha ocurrido una nueva reducción real del gasto público por casi un punto porcentual, en cambio los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública aumentaron 45% en términos reales durante 1995 y durante 1996 siguen pesando excesivamente sobre el erario nacional.
La inversión pública está desplomada y no fue sustituida ni por la inversión privada ni la extranjera. La carga fiscal se ha incrementado con los impuestos más regresivos como el IVA, mientras que en las actividades especulativas y las familias con más altos, con más altos ingresos siguen gozando prácticamente de un paraíso fiscal.
En lo que se refiere a la situación de la balanza de pagos hay también un triunfalismo injustificado por parte del Presidente; cuando se analiza ésta se vuelve a evadir el problema ya conocido: el crecimiento de las importaciones que aumentan ya casi al mismo ritmo que las exportaciones. El peso de las transferencias al exterior por concepto de intereses, utilidades y regalías se mantiene sumamente elevado.
Más grave aún, es el problema de la deuda externa, otro tema en el que el señor Zedillo decidió no profundizar. En realidad, la deuda externa ha venido aumentando, tan sólo la deuda pública externa creció en éstos casi dos años de Gobierno en 13 mil millones de dólares y por consecuencia la carga sigue siendo muy alta. No hemos resuelto el problema de la deuda externa, se ha complicado y sigue siendo un serio obstáculo en el desarrollo económico.
El Presidente; sin embargo, ha señalado su determinación de preservar en tres quehaceres que ha denominado esenciales: seguir aplicando el programa económico de estabilización, continuar y profundizar las reformas estructurales y aumentar significativamente el ahorro nacional.
Para el grupo parlamentario del PRD sólo será válido hablar de recuperación cuando la economía mexicana crezca a los niveles indispensables para dar suficiente empleo a los mexicanos, cuando el mercado y el conjunto de la economía y no sólo las exportaciones retomen el dinamismo, cuando logremos tasas sostenidas de al menos un 6%, porque ése es el ritmo que requerimos para avanzar en la lucha efectiva para reducir los índices de pobreza.
Nuestra principal crítica es que no se están sentando las bases de un crecimiento sostenido, se está alentando un repunte económico débil, desigual, inestable e injusto y, sin embargo, y por desgracia el señor Zedillo nos anuncia que persistirá en las políticas de ajuste y de cambio estructural; es decir, persistirá en ahondar la pobreza, desmantelar nuestra industria y nuestra agricultura, desnacionalizar nuestra economía y mantenernos en bajos ritmos de crecimiento a los que luego suceden nuevas y más graves crisis financieras que profundizan nuestras carencias y el atraso.
La novedad es el pretendido aumento del ahorro nacional a través del mecanismo forzoso del sistema de pensiones recientemente reformado. Esa es la novedad; pero ni aún aquí se es congruente, ya que se reconoce que este nuevo sistema de pensiones en realidad costará en el corto plazo un sacrificio fiscal considerable que sólo será en el largo plazo cuando contribuirá al crecimiento sostenido de la economía.
No hay congruencia ni hay seriedad en este planteamiento. Necesitamos cambiar las políticas para crecer pronto a las tasas suficientes y de manera sostenida. Existe una política económica alternativa cuyos lineamientos ya hemos expuesto varias veces. No los voy a repetir en esta ocasión; sin embargo, sí quiero señalar de persistir en políticas que han mostrado su fracaso y su saldo empobrecedor y un alto grado de exclusionismo social, es un grave error que pone en peligro a nuestra patria. Busquemos en el diálogo profundo y en la construcción de consensos reales un nuevo camino económico para el país, el camino del desarrollo sostenido con justicia social.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.
El Diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señor Presidente:
Hoy aquí ante ustedes, señoras y señores, pero sobre todo ante el pueblo de México, para el Partido Acción Nacional más que hacer un balance de un año de la presente administración, resulta importante dirigir la mirada hacia adelante a lo que falta por hacer y, asimismo, al compromiso y a la responsabilidad que tenemos todos los que nos ocupamos en puestos de dirigencias sean éstos dentro o fuera del Gobierno.
Y para hablar sobre la política económica es importante reflexionar sobre la política en sentido amplio y muy especialmente sobre la democracia, pues sin democracia el planteamiento de cualesquiera de las políticas específicas, resulta inconsistente e incompleto y como consecuencia no responderá a las aspiraciones y exigencias de los gobernados.
En este contexto no cabe la menor duda de que la gran enseñanza política de los primeros dos años del Gobierno actual, es que la gobernabilidad se ve seriamente cuestionada cuando se utilizan mecanismos contrarios a la transición democrática.
Ha sido una constante la amenaza a la estabilidad del país cuando se han aplicado los criterios del viejo sistema para resolver problemas o enfrentar conflictos.
En este sentido, nosotros estamos convencidos de que no puede darse la plena gobernabilidad, sino se concluye con éxito dicha transición. Por ello, la actitud de aparente apertura del Presidente de la República, expresada en múltiples discursos, debe traducirse en hechos concretos que den confianza a la sociedad de que vamos por el camino correcto, de que estamos construyendo una forma de hacer política, de que estamos construyendo una economía con profundo sentido social y humano.
El Gobierno debe estar dispuesto a asumir su verdadero costo que le corresponde en la crisis; debe estar dispuesto a enfrentar las resistencias de los enemigos de la democracia al interior de sus propias filas; debe estar dispuesto, ahora si, a terminar con la mentira y el engaño de que ha sido objeto el pueblo durante las últimas décadas.
La República ha estado organizada la mayor parte del tiempo en la forma de una federación de estados autónomos. Pero la estructura política formal ha cedido a la imposición de una realidad que contradice la formalidad.
El poder ha sido ejercido oligárquicamente, a menudo con la concentración indebida de éste en una sola persona. Las elecciones han sido en algunos momentos una total farsa y en otros han adolecido de la necesaria claridad y limpieza que aseguren la legitimidad, la paz y la concordia entre los mexicanos.
La división de poderes se convirtió en un presidencialismo que dominó a los otros poderes; un buen número de los llamados representantes del pueblo al no deberle su cargo más que a la complicidad con quien los puso en él, no han representado a nadie sino a sus propios intereses y a los grupos oligárquicos al que pertenecen.
A cambio de federalismo hemos tenido desde un caciquismo asfixiante en las localidades y regiones, hasta un centralismo absorbente.
¿Qué ha sido la política para los mexicanos en tantos años?, ha sido un asunto ajeno en la que sólo algunos se meten y la entienden; ha sido la forma de hacer negocios fabulosos y obtener privilegios; ha sido la forma fácil de enriquecerse a costa del erario público; ha sido la manera de imponer una ideología a todo un pueblo; ha sido considerada una cosa sucia, llena de trampas e inmoralidad. A la política se le identifica con la intriga, la grilla, la asonada, el chantaje y la corrupción. ¡Qué tristeza!, porque la política precisamente es la actividad más excelsa del hombre cuando se actúa conforme a lo que en realidad es: servicio, compromiso y búsqueda del bien común.
¿Por qué ha sido así?, debido en parte a nuestra herencia cultural como país que no nos aportó los elementos de una democracia moderna, a la ignorancia y al atraso educativo, la educación ideologizada y su deficiente calidad; a las luchas internas de nuestro país en sus primeros años de independencia; a que la política ha estado en manos de grupos elitistas que no de élite; a la manipulación ideológica para hacernos creer que unos nacen para gobernar y otros para callar y obedecer; a un falso liderazgo político y social que busca su propio provecho y no el desarrollo de sus seguidores y también a la pasividad y conformismo de muchos mexicanos, incluso de quienes teniendo preparación, cultura y medios económicos, han preferido su comodidad aportando muy poco y la mayoría de las veces nada, al mejoramiento de nuestro país.
De esta manera podemos advertir que el cambio que necesitamos en nuestro país, debe de contemplar toda nuestra cultura política. Nos encontramos ante una reforma del Estado, que no llega; que amenaza con quedarse solamente en una reforma electoral aún incompleta, que además puede llegar a carecer de los elementos fundamentales que reclama la sociedad.
El reto es salir de esta crisis y construir los cimientos de una sociedad, de un estado y de una economía que no se vean más envueltos en problemas como los que hemos estado sufriendo cíclicamente al final de cada sexenio.
Las personas no quieren ser sujetos pasivos de la vida del Estado, sino sujetos activos y ya no sólo en el proceso de elección de los gobernantes, sino también en la vigilancia o incidencia en la toma de las decisiones de las autoridades, mediante cauces de participación efectiva, en hechos de gobierno que eliminen la quimérica división entre sociedad política y sociedad civil, para reafirmar que el destino político del Estado, no es obra sólo de los profesionales de la política, sino del esfuerzo conjunto de gobernantes y gobernados, mediante procesos de democracia participativa que aseguren la representación social otorgada a quienes en un momento de la vida social, actúan como gobernantes, pero que provienen de otros ámbitos sociales a los cuales retornarán finalmente.
Este marco general es indispensable para que la sociedad, asegurados los derechos de las personas y asegurados sus cauces de participación, se encuentre en condiciones de ser bien gobernada, como punto de partida.
No se puede caminar en el sentido que queremos si no se ponen manos a la obra sin volver la vista atrás; sólo si logramos un ambiente democrático y de participación, de seguridad y de estabilidad, de respeto y dignidad, podrá haber un desarrollo real de la sociedad, un desarrollo político que permita las condiciones para el trabajo creativo y productivo de los mexicanos, enfocado con solidaridad, a la solución de nuestros problemas comunes.
Si en lo político se requieren signos claros de cambio efectivo en la transición a la democracia, en lo económico la exigencia de evidencias de que el rumbo es el correcto, es aún mayor ante la desesperación del desempleado, del trabajador de bajo poder adquisitivo o el campesino hambriento.
A pesar de los indicadores económicos que nos muestran mejorías parciales para algunos sectores y actividades, no se puede estar tranquilo y satisfecho mientras un poco más de bienestar no llegue siquiera a las grandes mayorías en nuestra sociedad.
Sin ofrecer soluciones mágicas de corto plazo ni populistas, es necesario que el grueso de la población advierta que será su trabajo productivo el principal camino real para mejorar su bienestar.
Pero también hay responsabilidades en el Gobierno. Necesitamos crear empleo productivo de largo plazo, para lo cual es básico tomar medidas urgentes, desregular drásticamente, convertir la reforma fiscal en un mecanismo que aliente la productividad y el crecimiento. Se necesita que lo más pronto posible los trabajadores noten en sus bolsillos que su sacrificio y esfuerzo han valido la pena.
¿A dónde queremos ir? ¿Por qué participamos? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Ya lo dijimos, la política es servicio, compromiso y procuración del bien común; debe servir al hombre y a la sociedad, es participación, es disentir, pero con respeto; es propuesta responsable y con compromiso; es saber escuchar, dialogar y concertar; es respeto a los derechos de las personas y respeto a la ley positiva justa. Se rige por principios, no por caprichos personales o ideológicos; dignidad de la persona, libertad, solidaridad, justicia, subsidiariedad y bien común.
Sin seguridad jurídica, sin paz social, sin armonía en la convivencia, no puede existir empresa ni trabajo productivo viable. El mayor mérito está en la sociedad mexicana, en los trabajadores, empleados, maestros, campesinos, empresarios, jóvenes, mujeres y líderes que han permanecido fieles a sus valores y principios, trabajando por su país y por sus familias.
El Gobierno y todos los que formamos parte de él en algún modo, le debemos una respuesta a la entrega de todos estos mexicanos.
Es intolerable que muchos mexicanos estén condenados a pasar toda su vida en la pobreza y marginados de los bienes culturales y espirituales. Es inaceptable que millones de niños de nuestro país no cuenten con las mínimas oportunidades para emprender su futuro con amor y dignidad. Es intolerable que las causas de los injustamente desposeídos estén siendo utilizadas por mezquinos intereses del poder.
¿Qué podemos hacer? ¡Enfrentar la realidad tal como es! Reconocer aciertos y desaciertos, valores e incongruencias de lo que hemos hecho. Es importante que la confianza no se pierda, sino que se fortalezca. Es importante que se fortalezca, sobre todo, la confianza en las instituciones. No podemos ya seguir jugando con la palabra. Necesitamos hechos que nos den esperanza de cambio para mejorar. Si nos empeñamos en ver solamente el segmento de nuestra realidad o punto de vista, a tirones vamos a deshacer a nuestra nación y vamos a perder la gran oportunidad que se nos presenta para luchar, para sentar las bases que nos permitan salir de la miseria y del subdesarrollo económico, político y social.
Hoy gobernar es sembrar confianza y esperanza, es dar, en primer lugar, el cambio que decimos buscar y que el país exige como necesario e impostergable. No se puede dejar de cumplir con la palabra empeñada con el pueblo. Si se ha prometido buscar el bienestar de las familias mexicanas, éste se debe de realizar de la mejor manera posible, no por el bien de la imagen de un Presidente o de un partido, sino por el bien de México y su desarrollo económico y por la continuación del desarrollo de nuestras instituciones democráticas y republicanas.
En lo económico los mexicanos esperamos unas mejores condiciones para trabajar y para emprender, de modo que sin paternalismos ni subsidios indiscriminados, con libertad, pero con responsabilidad los mexicanos podamos hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestras necesidades; sin tener que comprometer el voto, la conciencia o la independencia política y económica y que libremente podamos gozar de un país de oportunidades.
El costo del ajuste económico ha sido muy grande y ya no se puede pedir más. Sólo esperamos que el Gobierno se emplee a fondo, no sólo para salir de la crisis, sino sobre todo para sentar las bases de un desarrollo sostenido y sustentable. Para empezar a moderar la injusta distribución de la riqueza que hoy con crisis y todo se acentúa más en favor de unas cuantas familias, necesitamos que los salarios participen de una mayor parte del producto. Que la política fiscal fomente la inversión productiva, la reinversión de utilidades, la generación de nuevas empresas, la recuperación de todas.
Pero si fuera necesario continuar con sacrificios, la exigencia es: ¡que sean parejos! ¡Que el Gobierno también reduzca sus obesidades de burocracia y el presupuesto superfluamente gastado! ¡Que se invierta más en educación, en seguridad pública, en salud, en servicios, en infraestructura para reducir el costo-país y ser más competitivos!
¡Se deben mejorar los servicios de seguridad para salvaguardar a las personas, sus posesiones, compromisos y derechos!
¡Nadie, nadie en estos momentos debe perder sus bienes en embargos y remates! ¡Ni las familias ni los trabajadores ni los empresarios que apostaron por el país, pues ellos no fueron los responsables de la crisis! ¡Nadie puede perder sus bienes, porque entonces no podrán ser protagonistas de la recuperación!
¡El Gobierno debe emprender acciones decididas y audaces, que den una solución completa al problema de los deudores!
Pero ¿De dónde surgirá la fuerza para este cambio? ¿Cómo enfrentaremos Gobierno, Estado y sociedad a las fuerza que puedan oponerse a él? La clave es la unidad. Entre quienes deseamos hacer ese cambio la unidad en lo esencial para conservar la paz, el orden y la institucionalidad. A pesar de las diferencias accidentales, para conservar el sentido del rumbo y avanzar.
¡México está en medio de una gran oportunidad para su transformación! Para ello se requiere de la participación de todas las fuerzas políticas, de la sociedad con todos sus sectores, de todos y cada uno de sus mujeres y hombres. ¡Sólo con el respaldo de la sociedad será posible dialogar y concertar y convencer u obligar a entenderá quienes no entienden que México no es ni será ya el mismo y que debe cambiar:
Frente a aquellos que afirman que la democracia y la economía social de mercado como condiciones del bien común son aspiraciones utópicas y frente a aquellos que no entendiendo el verdadero significado de este momento trascendental que vive nuestra patria, quisieran frustrar este proceso y obstaculizarlo, sin importarle ni la estabilidad ni la paz social, les decimos desde esta tribuna: ¡que el cambio hacia la democracia es irreversible! ¡Que la fortaleza de la sociedad mexicana para empujar este tránsito es tal, que la utopía está en querer restaurar el viejo sistema político, está en el intento para evitar el surgimiento de un nuevo México, de una patria ordenada y generosa! ¡Que el precio que hemos pagado los mexicanos por sufrir estas terribles crisis económicas y sociales es tal, que tenemos que hacer que valga la pena; que de todas las dificultades seamos capaces de sacar frutos de esperanza y confianza en un futuro promisorio para las generaciones venideras!
Señoras y señores diputados: ¡el costo de la crisis lo estamos pagando todos los mexicanos! ¡Ha sido una época llena de dolor y de carencias, llena de impaciencias y de falsos profetas que han medrado con la miseria de los mexicanos! ¡También ha sido una época de renovación y de fortalecimiento de la opción democrática! ¡De participación ciudadana en procesos electorales para cambiar por esta vía al sistema político mexicano:
El momento de México es crucial. Es una época preñada de oportunidades y de esperanza. Debemos armarnos de paciencia y fortaleza para trabajar con más ahínco en la construcción de la vía electoral que asegure el acceso democrático al poder político. ¡Y para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que si somos capaces de transitar a la democracia y al desarrollo, en estos momentos en que los agoreros de la violencia y en que los discípulos de Maquiavelo se disputan ferozmente el poder, muchas veces mal habido! No nos engañemos, ellos no son los adalides de la democracia ni del progreso real para los mexicanos. Hoy, como siempre, siguen burlando la voluntad ciudadana para conservar el poder político, para servirse de él y no para servir al pueblo.
La transición mexicana es política, se trata de construir la democracia, pero también debe atender el desarrollo, que es económico, social, educativo, es decir, integral. No habrá pleno desarrollo sin democracia y no habrá democracia sin el compromiso personal de aportar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en la construcción del bien común. Así lo ha sostenido siempre el Partido Acción Nacional y así lo han testimoniado siempre la gran mayoría de sus militantes.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Miguel Angel García García.
El diputado Miguel Angel García García:
Con su permiso, señor Presidente, voy a tratar de concentrarme en la política económica, creo que es el tema; compañeras y compañeros diputados:
En diciembre de 1994 se manifestó una de las crisis más profundas en la historia del país. Los diagnósticos de unos apuntaban a la catástrofe, las propuestas de otros sólo eran buenos deseos que sin duda sonaban razonables en el largo plazo, pero resultaban insuficientes para afrontar una pérdida de 10 puntos del producto interno bruto. Entre estos dos extremos se daban los debates en esta misma tribuna hace apenas unos cuantos meses.
En el transcurso de las distintas comparecencias el debate ha tenido otro tono, un matiz distinto, que se caracteriza por el hecho de que al parecer la emergencia se ha disipado y ahora tenemos que pensar en lo que sigue.
En estos días todos los grupos parlamentarios nos hemos pronunciado en torno a las políticas pertinentes para que el país avance a un escenario mundial no más complejo que la propia realidad nacional. Las posiciones, como es obvio, tienen que ver con los intereses que representan cada uno de los grupos parlamentarios que componen este Congreso. Mi fracción me ha asignado el honor y el compromiso de fijar la postura en este debate.
Siempre hemos afirmado que el fin principal de toda política pública y en especial de la política económica, es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en su conjunto. Sin embargo, se requiere la maduración de los procesos económicos para avanzar con certidumbre y estabilidad en ese camino.
Los resultados que se presentan en el II informe presidencial y en las comparecencias de los encargados del despacho de los diferentes asuntos públicos, han puesto de manifiesto logros innegables, pero también rezagos, cuya solución es por demás urgente.
En este marco, cabe señalar que la recuperación económica del país está indudablemente en marcha, la inflación se reduce, las tasas de interés disminuyen, el balance con el exterior se fortalece y el empleo empieza a recuperarse.
El incremento en la inversión pública se ha financiado con importantes reducciones en el gasto corriente.
Cabe señalar que diversas estimaciones independientes sobre el comportamiento de la economía para el cierre del año son, incluso, más optimistas que las realizadas por el Ejecutivo. Los grandes números marchan bien, pero la repercusión micro-económica aún está rezagada.
Asimismo se han realizado cambios estructurales en materia de descentralización de gastos, seguridad social y régimen de pensiones para fortalecer el ahorro interno. Se han aplicado políticas sociales para mitigar los efectos de la crisis sobre los rubros más desfavorecidos de la población. Los programas de apoyo a los deudores de la banca se orientaron a apoyar a la casi totalidad de los pequeños agricultores, pequeños empresarios y deudores hipotecarios.
En materia de gasto, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación aprobado por esta soberanía, incluyó aspectos fundamentales para contar con una mejor distribución y seguimiento de los recursos públicos.
El conjunto de artículos transitorios del decreto se desahogaron en tiempo y forma por las autoridades competentes. A pesar de los estrechos márgenes de maniobra, más de la mitad del gasto programable para su desarrollo social y una parte también importante a la inversión en infraestructura urbana, carreteras y energéticas principalmente.
Sabemos que los recursos son escasos, pero si se emplean con criterios de calidad y selectividad se potencia aún más el factor redistributivo y multiplicador del gasto público.
Como quedó claro en la comparecencia del Secretario de Hacienda, el tema ahora es el federalismo hacendario que se vincula por la descentralización del gasto, las participaciones de estados y municipios, pero no para ahí, se avanza también en la transferencia de responsabilidades y funciones además de recursos.
Los priístas lo consideramos parte de un proceso y no pretendemos parar del centralismo al inmovilismo, sino a un federalismo real y respetuoso de las atribuciones constitucionales de los tres órdenes de gobierno.
Como ya hemos señalado, no podemos caer en triunfalismo alguno, así lo ha reconocido el Presidente de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, al aceptar que el inicio de la recuperación no repara de inmediato en los daños que causó la crisis en el nivel de vida de los mexicanos. Los piritas seguiremos insistiendo en que la recuperación debe traducirce en crecimiento firme, en empleos permanentes y en una planta productiva, sana y competitiva.
El sector exportador ha actuado como importante motor del crecimiento, más de 50 mil millones de dólares de exportaciones en un semestre no se dan en el vacío, generan empleos y salarios en muchas regiones del país.
Estamos de acuerdo en que la recuperación debe extenderse a otros sectores y deben activarse otros motores como el consumo y la inversión, pero ello no descalifica lo logrado. En el ciclo económico no se cortan etapas.
Es urgente y prioritario que los alcances macroeconómico logrados se concreticen en beneficios tangibles microeconómicos, pero también sin una economía sólida no es posible ofrecer un ingreso familiar digno.
Ahora nos resulta claro que unas finanzas públicas sanas permiten continuar con otras etapas propias del desarrollo. Los desequilibrios externos superados nos permiten enfrentar con mayor capacidad las reglas que nos impone la globalizacion económica y la apertura comercial. Sin embargo, queda pendiente la asignatura de reactivar en lo inmediato el mercado interno.
Para consolidar la nueva etapa de impulso al crecimiento y de recuperación del bienestar de la población dentro de una digna división de poderes, los priístas planteamos aquí lo que falta por hacer, las propuestas de agenda futura congruentes con los compromisos que hemos asumido de cara a la nación frente a la próxima Asamblea Nacional de nuestro partido y que representan la marcha hacia una economía para la justicia social.
Me permito reiterar en esta tribuna los pronunciamientos que en torno a la política económica hace la fracción priísta:
1. Consolidar un crecimiento de la economía sano, y sostenido, con prioridad en la recuperación de los salarios y la generación de empleos, sin que la obsesión por la inflación sea una limitante. Una política monetaria menos restrictiva no significa relajar la disciplina por sí misma, por el contrario, significa entrar en un proceso ordenado de liquidez que permita aprovechar la capacidad productiva.
2. Proteger en materia de gasto público el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones que ya están dando buenos resultados, así como incrementar los recursos en favor de los programas de seguridad pública.
3. Diseñar e instrumentar programas de generación de empleos más eficaces y agresivos en coordinación con los estados y los municipios.
4. No incrementar las cargas fiscales existentes y avanzar significativamente en la simplificación del pago de impuestos para obtener una mayor equidad en la administración tributaria. Rechazamos la liberación fiscal populista que algunos pretenden defender.
5. Corresponder al esfuerzo realizado por la sociedad mexicana implica aprovechar los márgenes de maniobra financieros para orientarlos a una política social integral y de estímulo a la producción. Concluir los adeudos con gobiernos extranjeros y organismos internacionales es una recomendación que volvemos a ratificar.
6. La Banca debe recuperar su papel como actividad de interés público, para lo cual debe adecuarse a las nuevas circunstancias, así como renovar en términos más accesibles el crédito a pequeños y medianos agricultores, empresarios y ciudadanos en general para que responda a los apoyos que ha recibido de todos los mexicanos. Hoy, más que nunca, la salud de las instituciones bancarias resulta de la mayor prioridad para asegurar el ahorro de los mexicanos.
La Banca de desarrollo por su parte, habrá de revisar sus esquemas de asignación de apoyos a sectores y regiones para que éstos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.
7. Avanzar en el nuevo federalismo integral priísta que descentraliza funciones fundamentales, reasigna gasto en forma cuantiosa para estados y municipios; establece nuevas capacidades tributarias; incrementa responsablemente recursos participables y otorga corresponsabilidad y estímulos a la buena administración tributaria. Este federalismo es diferente del de quienes abogan por un charolismo fiscal o para quienes el federalismo es sólo solicitar más participaciones.
8. El poder adquisitivo del salario exige la creación de nuevos instrumentos que apoyen el bienestar de la clase trabajadora por la vía de la desgravación fiscal progresiva y la revisión de los mismos en el marco de la recuperación económica en el mercado interno que esperamos habrá de darse en los próximos meses.
9. Uno de los sectores que aún no alcanza una recuperación sostenida es el de la construcción, por lo cual consideramos importante instrumentar una política integral de vivienda más agresiva que resuelva, de una vez por todas, la encrucijada de miles de viviendas ya construidas que no tienen quien las compre.
10. La transparencia en el ejercicio del gasto público, sigue siendo un reclamo ciudadano que nuestra fracción ha venido reiterando como de alta prioridad; de ahí entonces la necesidad de insistir en la creación de un órgano superior de fiscalización, que fortalezca la participación soberana de este Congreso y permita evaluar, controlar y supervisar los recursos que la sociedad genera.
Señoras y señores legisladores: este II Informe de Gobierno que hoy analizamos en su parte de política económica, es sin duda un indicador de aliento y recuperación de la confianza en los objetivos trazados. Hoy las expectativas de crecimiento de la economía resultan claras y sólidas, la corrección de los principales desequilibrios debe propiciar, en el corto y largo plazos, una recuperación sostenida de la actividad productiva, en la profundización de reformas estructurales que están permitiendo eficientar la economía para obtener mejores rendimientos e ingresos para familias y empresas y, desde luego, en la formulación de un marco jurídico que permita incrementar el ahorro interno para financiar inversiones y así evitar crisis futuras.
El PRI no desconoce los efectos que en términos de costo social han tenido las medidas emergentes en la mayoría de los mexicanos, pero de no haber atacado las causas de fondo, el desastre hubiera sido más profundo en los años por venir.
Ratificamos nuestro apoyo razonado en la estrategia instrumentada. Hoy volvemos a señalar que el imperativo es crecer por encima de los niveles de años anteriores, de un crecimiento que se traduzca en un desarrollo económico más, justo, orientado principalmente a los grupos más necesitados del país.
Concluyo, señor Presidente. Hoy, alcanzar una economía productiva y más eficiente en la distribución de sus frutos entre todos los sectores, está fundada no sólo en unas finanzas públicas sanas, sino en el concurso de una inversión privada más eficaz, vinculada a los mercados internacionales.
Hoy, la recuperación económica y productiva, está también sustentada en la reforma política, que desde este Congreso hemos impulsado corresponsablemente.
La confianza y solidez de la economía mexicana, cuenta con la madurez de este cuerpo colegiado, para dar cauce institucional a las demandas y reclamos de una sociedad cada vez más plural y crecientemente participativa.
Asumamos con cabalidad la parte que nos toca como legisladores, para superar esta coyuntura y consolidar el país que tanto anhelamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se ha agotado la lista de oradores para posicionar y pasamos a la primera ronda de oradores.
¿Con qué objeto? Por cinco minutos el compañero diputado del PRD, Víctor Quintana.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Compañero del PRI que acaba de intervenir: nos da mucho gusto, muchísimo gusto que el PRI reconozca que ya salvaron a la Banca, 180 mil millones de pesos le metieron a la Banca, toda la fuerza del Estado para salvar a los amigos de Salinas ahora disfrazados de banqueros.
Muy bien, compañeros. ¿Quién va a salvar a los deudores? El día 30 de septiembre se termina el ADE, el lo. de octubre, el terrorismo banquero y el terrorismo de Estado van a comenzar a embargar viviendas y a embargar bienes productivos. Que no venga aquí el Presidente a pedir el apoyo de los grupos parlamentarios para combatirla violencia, cuando la Banca, la Secretaria de Hacienda, la Asociación Mexicana de Bancos están predicando la violencia en este país con los embargos y con la cerrazón ante las demandas de la población.
Hace unos meses, el 29 de abril, se firmó un punto de acuerdo más de esta Cámara para apoyar a los deudores de la Banca, que reiteraba, a su vez, otro punto de acuerdo del 8 de diciembre para apoyar a los deudores de la Banca. Con ese punto de acuerdo se conformó la Comisión 8icamaral de Seguimiento al Problema de la Cartera Vencida.
Dicha comisión conformada por elementos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, se ha reunido tres veces o cuatro; una, con una gran ausencia de legisladores, la segunda con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la tercera con la Asociación Mexicana de Bancos y la cuarta con el Secretario de Hacienda. Ha estado bastante floja esta comisión y más que reuniones de iguales para pedirle cuentas a la Secretaria de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han sido reuniones de alumnos que van a pedir información.
¿Y cuáles han sido los resultados hasta ahora? Ninguno, ninguno. La cerrazón del Ejecutivo, de los banqueros continúa. Los bancos, se nos dice, están más sanos, pero a causa de la agonía de los deudores. Los bancos están más sanos sin embargo, el índice de cartera vencida se incrementó de 13.09% a 14.9% de junio a julio y de julio a agosto de 14.9% a 15.4%.
Realmente la Banca no está sana, la Banca está recibiendo respiración artificial a costa de miles de millones de pesos, 12% del PIB reconocido por las corredurias internacionales, 8% nada más reconocido por la Secretaría de Hacienda.
Ha habido cuatro programas de apoyo a deudores específicos y no se nos ha informado sobre esto. Hace 15 días el Secretario de Hacienda y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores quedaron de entregarnos el estado de las reestructuraciones de los programas de apoyo a deudores. No se nos ha entregado a la fecha ninguna información. ¿Por qué? Porque no funcionan los programas.
En el mes de agosto hubo 17 mil deudores de la Banca que cayeron en morosidad otra vez. No está funcionando compañeros. Compañeros del PRI, no vengan a reiterar el informe de medias verdades que vino aquí a pronunciar Ernesto Zedillo. Esta fue la falta de respeto fundamental al Legislativo el 10. de septiembre, un informe de medias verdades que vino a venderle al pueblo de México, lo que el pueblo de México ya no se traga, que la recuperación económica es un hecho; es un hecho únicamente para las cifras macro y para los monopolios amigos de Salinas y de Zedillo.
Yo exijo, la fracción parlamentaria del PRD exige que la comisión bicamaral entregue a la brevedad posible un informe, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, sobre su actuación y que tomemos acciones más decididas para que a partir del 30 de septiembre en que termina la tregua fiscal, ningún mexicano, como dijeron los compañeros de Acción Nacional, ningún mexicano pierda su casa, ningún mexicano pierda sus bienes, porque la recuperación económica está en las familias y no en los números de los economistas.
Muchas gracias compañeros.
El Presidente:
Primera ronda con intervenciones, hasta por siete minutos; tiene el uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los legisladores del PRIAN que nos han precedido en el uso de la palabra, para mantener la costumbre han expresado aquí una serie de equívocos que debemos combatir.
Primero el diputado Ocejo, trasnochado como es, se equivocó de vía y vino aquí a recetarnos su análisis de la política interior y ésta es la política económica. Vino luego el diputado del PRI a decimos que los grandes números hablan de una recuperación y de una mejoría en el nivel de vida de los mexicanos.
No habla él de la manipulación de los grandes números a los cuales nos referiremos al ponderar en la forma el informe presidencial, porque ocurre que la mejoría que Zedillo expone en su informe presidencial, compañeras y compañeros diputados, se debe fundamentalmente a una gigantesca manipulación en las cifras de la contabilidad nacional, dicen los economistas en los parámetros y los priístas y Zedillo son expertos en esa manipulación, asesorador por ese siniestro personaje que preside el Instituto Nacional de Economía, Geografía e Informática, el doctor Jarque, quien para beneficio y lucimiento de su jefe tuvo a mal, no a bien, cambiar las variables de tal manera que aparezca mucho crecimiento.
Recordemos que el doctor Zedillo, en campaña, ya se especializaba en engañar al pueblo con aquello del sidral por cerveza y la cerveza por sidral. Luego nos ha engañado modificando hasta el horario, cuando es de noche nos dice que es de día y cuando es de día nos dice que la tenebra cubre la ciudad y su ministro de economía, Herminio Blanco, es socio de aquellos que venden kilogramos de 800 gramos y litros de 700 mililitros. Por eso ahora se ufanan de un crecimiento del 4%, que desde luego es insuficiente, que desde luego corresponde a una parcialidad en el tiempo, y todos sabemos que una golondrina no hace verano.
Esto no es crecimiento sostenido, diputado García, porque bastaría un ataque, un solo ataque del Ejército Popular Revolucionario a un campamento militar cercano para que todo esto se derrumbe como un castillo de naipes, porque las grandes variables de la economía, las razones estructurales del desastre que ha sumido en la pobreza a 80 millones de mexicanos no han sido modificados por el Presidente Zedillo, al contrario, él ha apuntalado las bases del neoliberalismo, del liberal salinismo para explotar al pueblo y favorecer a las trasnacionales y al gobierno de los Estados Unidos.
Nos habla el diputado García, al igual que lo hizo Zedillo y que lo hizo Ortiz en esta Cámara, que si no hubiera sido por ellos esto hubiera sido un desastre. El desastre, compañeros priistas, ya está y fue incurrido por una equivocada política económica, política que Zedillo, ciego como es, no alcanza a ver en sus consecuencias terribles que hace dos meses se expresó de una manera brutal con la irrupción de una nueva guerrilla.
Dice el diputado García: "... que el informe demuestra los estímulos a la buena inversión". Yo le pregunto al diputado García ¿Si le parece estimulo a la buena inversión que Zedillo y su Secretario de Hacienda le hayan regalado 2 mil millones de dólares a su compadre Adrián Sada, directo de Banca Serfin, banco rotundamente quebrado para salir de la crisis? El banquero, no los deudores de Banca Serfin.
Que nos explique Zedillo, porque no lo hizo en el informe, ¿cómo es que se le presta dicha cantidad, la repito, 2 mil millones de dólares? ¿Cómo es que se compromete el aval de la nación ante los banqueros de J.P. Morgan, Chase Manhattan Bank, además de los recursos ya incurridos en el Fobaproa y el Procapte, para tratar de salvar la imagen de un miembro más del clan Garza Sada, que vuelve a quebrar a otra de las joyas de la corona regiomontana, porque ya su tío, Bernardo Garza Sada, quebró alguna vez al otrora orgullo, grupo Alfa.
Y recordemos que esos señores que presumen de libre empresa, que están en contra de los subsidios, fueron los primeros en ir con José López Portillo a pedir teta, que los salvara el banco del federalismo, el Banobras y de ahí salió el rescate al grupo Monterrey en su primera época. Hoy estamos en la quinta época, los han salvado varias veces.
Y se salva Serfin, compañeras y compañeros diputados, con la novedad para que se venda el banco al extranjero, al Shanghai Mitland Bank.
Y también, diputado García, seria interesante que nos explicara eso del estimulo a la buena inversión, cuando Zedillo le ha prestado 1mil 800 millones de dólares a Inverlat, el banco que quebró Legorreta y que vendió al Banco de Nueva Escocia. Eso serian sólo algunos detalles de la forma. Pero vayamos al fondo.
Se ufana Zedillo de un superávit hscal de 15 mil millones de pesos,- a estas alturas, las que reporta el informe, primer semestre. A fin de año podríamos tener, dice él, 60 mil millones, aproximadamente 7 mil 500 millones de dólares.
Esto es una absoluta falta de consideración a mayorías marginadas que no entienden cómo un encargado del Ejecutivo puede venir a presumir de un superávit fiscal, cuando mueren de hambre cientos de miles de campesinos y cuando 80 millones de mexicanos están sumidos en la pobreza. ¿Cuáles prioridades?, si no hay plan de desarrollo ¿Cómo es posible que el 14% del producto interno bruto se destine al salvamento de los banqueros y sólo el 9% al gasto social en su conjunto? ¿Cuál prioridad, cuando se destina de 15 a 20 mil millones de dólares para el pago de la deuda exterior, no obstante, que el articulo 32 de la Carta Magna todavía dice: "... Ios mexicanos serán preferidos a los extranjeros", etcétera. Para los mexicanos no hay salvamento.
Y miente Zedillo y miente Ortiz y mienten los priístas cuando dicen que el subsidio bancario fue para los deudores. ¡Falso! Fue para los banqueros porque a los deudores no se les entregó cantidad alguna ni se les permitió negociar individual o colectivamente sus créditos.
¿Cuáles prioridades? Cuando decrece el gasto social y aumenta el gasto militar: 26 mil soldados en Chiapas, 24 mil en Guerrero y Oaxaca, un incremento del 35% a la Defensa en sus efectivos y del 32% a la Secretaria de Marina.
Compañeras y compañeros diputados; mientras las mayorías en la miseria crecen, los ricos del país aumentan.
Forbes nos informa que de un año a otro crecieron de 9 a 15, el 60%. hoy Forbes relaciona a Slim, Peralta, Azcárraga, Bailleres, Garza Sada, Romo Garza, Larrea, Arámburu Zavala, Zambrano, Garza Laguera, González Barrera, Raful Arango, Autrey y Salinas Pliego, como los 15 billonarios en dólares que poseen una fortuna cercana a 30 mil millones de dólares.
Un sistema, un partido de Estado y un régimen mixto, como es el prianismo en el poder, están ellos orillando al pueblo de México a la violencia. No se aprecia en este informe consideración alguna ni con relación a las mayorías depauperadas ni con relación al cambio estructural.
Hay, por último, un absoluto desprecio a la Constitución, cuando ésta señala que la economía debe estar sujeta a la rectoría del Estado y a la planeación global del desarrollo.
¿Cuál plan? ¿Cuáles prioridades? El AUSEE y el PARAUSEE que naufragaron, fueron iniciativas corporativo - fascitas, acordadas entre las cúpulas. El pueblo de México está ausente en la planeación, sus representantes, los diputados en esta Cámara, son tratados como retrasados mentales, porque no se les permite, gracias a la ley Salinas de planeación, injerencia alguna en la elaboración del plan y en la aprobación de los mismos.
Demandamos, de nueva cuenta, una abrogación a esa ley de planeación y la instrumentación de un nuevo ordenamiento, que le reconozca a los diputados, su facultad primaria, para definir y aprobar los objetivos nacionales, de acuerdo con los verdaderos sentimientos de la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
En realidad la importancia que el Gobierno mexicano, que el poder Ejecutivo Federal otorga al campo, lo vimos en el informe mismo, menos de una página, y ésta ha sido la tónica de los últimos tres gobiernos, de los últimos tres periodos y éste ha sido el resultado del estancamiento del campo durante estos largos 13 años.
Sin embargo, se nos informó con entusiasmo, que el campo había crecido un 4%, un poquito atrás del conjunto de la economía mexicana en el segundo trimestre.
Vinieron las comparecencias de los señores secretarios del gabinete económico y nos informaron, todavía más optimistas, que el campo al igual que la economía se recuperaba Lamentablemente las mismas cifras del informe y cotejadas con los informes anteriores, nos dicen que es una total falacia. Que el 4% del crecimiento en el segundo semestre, es un espejismo total producto del aumento de los precios de los productos agrícolas y particularmente de los granos, pero que, además, éstos no nos lo dijeron, han comenzado a descender nuevamente.
Y los números absolutos nos dicen que en 1995 el producto interno bruto en el primer semestre fue de 71 mil 516 millones de pesos y en 1996 estamos hablando a precios de 1993 de 70 mil 916 millones de pesos, lo que significa que en realidad hay un decremento en el primer semestre y no un crecimiento y que es difícil sostener el crecimiento del 4% en el segundo trimestre, porque todos los demás índices, con excepción de algunos como los frutales, los porcinos y algunos productos de exportación, todos los demás índices son muy precarios en sus leves tendencias al alza.
Pudiera dar cifras y entrar en una discusión un tanto técnica de lo que ocurre en el campo. Pero creo que en realidad el problema hoy central del campo hay que plantearlo, no sólo es la crisis productiva, no sólo es la crisis agrícola, no sólo es el deterioro de las condiciones de la producción es, sobre todo, el deterioro de las condiciones de vida de manera generalizada de los 25 millones de mexicanos que habitan las zonas rurales de México.
Ese es el problema real. Hoy, no sólo es un problema social, es un problema, incluso, de seguridad nacional y hay que decirlo, es consecuencia de esa bárbara política económica aplicada durante los últimos 13 años que soslaya, no le atribuye ningún papel al campo dentro del conjunto de la economía mexicana y que hoy nos está hablando de los niveles más bajos de ingreso, de empleo y de pobreza en el campo.
Creo que esta soberanía tiene que plantearse este problema. ¿Cómo tratar en adelante el problema del desarrollo rural en México? ¿Cómo un problema de seguridad nacional, como puede ocurrir al asignársele en los próximos cuatro años, 5 mil millones de incremento al combate de la violencia; cómo un problema nada más de desarrollo social con programas de despensa de becas a las familias más pobres o tenemos que repensar esta situación y volver a pensar que el campo mexicano tiene que ser atendido con una política adecuada de desarrollo agrícola y jugando un papel dentro del conjunto de las propuestas del desarrollo económico nacional.
Hay que decirlo, si el campo no adquiere, no readquiere su nivel de desarrollo con índices de crecimiento adecuados, el conjunto de la economía no podrá desarrollarse, no existe ningún papel, ningún país que nos diga ninguna experiencia que los países se pueden desarrollar si existen sectores tan importantes de la población y sectores tan importantes de la economía rezagados.
La fracción parlamentaria del PRD quiere señalar que, desde luego, nuestro punto de vista es que para que el campo pueda recuperar sus niveles de crecimiento, para que en el campo vuelva a prevalecer la seguridad nacional, la seguridad pública y pueda haber desarrollo social, tiene que ser tratado en un conjunto de medidas de política económica y de política social que le atribuyan un papel fundamental.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Alejandro Higuera Osuna.
El Diputado Alejandro Higuera Osuna:
Con su permiso, Presidente en turno:
Los legisladores federales de Acción Nacional que estamos representados en esta Cámara de Diputados, no podemos dejar pasar por alto en la glosa de política económica del II Informe del Ejecutivo Federal, el tema de auténtico federalismo y municipio libre.
La lucha histórica de Acción Nacional por el auténtico federalismo y municipio libre, tiene sus orígenes desde el origen mismo de Acción Nacional. En 1946, nuestros primeros legisladores presentaron iniciativas encaminadas, al fortalecimiento de la vida municipal. Esta tradición municipalista continúa viva desde entonces a la fecha.
En nuestros días, un tema fundamental en torno a la reforma del Estado es y debe ser el de federalismo y municipio libre, respecto del cual, cuando se intenta llevar a cabo se advierten injustificadas resistencias.
El 29 de marzo de 1995 en la ciudad de Guadalajara, en el foro hacia un federalismo renovado, el encargado del discurso inaugural decía: "muchos de ustedes provienen de estados y regiones que han padecido las consecuencias nocivas del centralismo. El centralismo es simiento de un verticalismo autoritario y soberbio que riñe con el despliegue de la democracia y la participación social. El centralismo coarta el desenvolvimiento equilibrado de las regiones del país, al concentrar recursos y riquezas, oportunidades e iniciativas, decisiones y estímulos. Hoy en México el centralismo es opresivo y retrógrada, socialmente insensible e ineficiente. Por eso es mi convicción que en el umbral del Siglo XXI, México debe avanzar hacia un renovado federalismo; un federalismo que se traduzca en el ejercicio pleno de la soberanía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que fortalezca el ejercicio de las facultades de cada gobierno local y que nutra la confianza de cada comunidad en sus autoridades; un federalismo que se sustente en una nueva distribución de recursos, responsabilidades y capacidad real de decisión".
El contenido de la cita anterior fue de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor presidente: de las palabras cuándo a los hechos; de la intención, cuándo a la ley; de la mentira, cuándo a la verdad.
Recordemos la historia: el 10. de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro, sede del Congreso Constituyente, don Venustiano Carranza se refería al municipio en los términos siguientes: "el municipio independientemente que es sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal sino que también le dará independencia económica supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de sus necesidades, sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de un ordinario han demostrado los gobernadores".
Ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la Federación de los estados que forman la República Mexicana, estableciendo en ellos, que ellos deben ser libres y soberanos en cuanto al régimen interior, termino la cita. De ayer a hoy, del espíritu municipalista de Carranza a la práctica de hoy; del Constituyente de 1917 a nuestra realidad municipal; de Carranza a Zedillo, la promesa histórica inconclusa; de la palabra señores, a los hechos.
La dicotomía entre la norma jurídica y las prácticas cotidianas en el ejercicio del poder, constituyen el núcleo de un sistema antidemocrático, centralista y corrupto que violenta los derechos de los ciudadanos, de los municipios, de los estados y de la nación entera. Lejos de disponerse a cambiar, el régimen persiste en los hechos, en mantener un estado de cosas que niega al país la posibilidad de un mejor desarrollo para enfrentar, en nuevas condiciones, los retos que le imponen un profundo y acelerado cambio mundial y las propias necesidades de los mexicanos en los albores de un nuevo siglo. Vayamos a los hechos.
El Gobierno Federal afirma que el 65% del ramo 26 del presupuesto federal, es manejado en forma autónoma por los municipios del país, cuando este monto sólo representa, en realidad, el 1.29% del presupuesto de egresos del Gobierno Federal. Todo el ramo 26, incluidos sus tres fondos, no representan ni el 2% del gasto total del Gobierno por lo que respecta a la supuesta autonomía para manejar el 1.29% del total del presupuesto del Gobierno Federal por más de 2 mil 400 ayuntamientos del país ¿Cuál autonomía, señores? En las decisiones municipales cuando éstas son impuestas desde el centro del país, por lo que respecto a los recursos públicos nacionales que generamos todos los mexicanos, el reparto es miserable e inhumano.
El Gobierno Federal usurpa las funciones de los municipios al concentrar el 80% de esta riqueza nacional y repartir un raquítico 16% a los estados y un 4% a los municipios, quienes tienen que hacer frente, sin lograr hacerlo con suficiencia, las necesidades más apremiantes de la población.
La mayoría de los mexicanos vivimos en los municipios de México. Es ahí donde queremos el producto de nuestra riqueza, no en el centro, señores. Necesitamos transformar de manera radical la forma de asignar y ejercer el gasto público, bajo un enfoque de desarrollo regional. No basta para combatir la marginación y la riqueza, nuevas asignaciones sectoriales que no hacen, sino transferir hacia adentro de un aparato burocrático, corrupto y aformo, los recursos públicos que son vitales para la sobrevivencia nacional.
Sin desarrollo regional equilibrado, no puede haber futuro económico para el país y no habrá desarrollo regional sin municipios libres económica y políticamente. Más aún, si el desarrollo no es regional, entonces no es auténtico desarrollo humano, sino mera acumulación de contrastes oprobioso entre opulencia de unos y la miseria de la mayoría. El municipio miserable privado de todo recurso, es el municipio donde mejor puede incubarse la desesperación de la violencia armada. La actual geografía de la miseria, de la miseria extrema de los municipios, es la misma geografía de la violencia también extrema en las montañas y en la serranía de México.
La actual distribución de los ingresos públicos recaudados en el país, sigue siendo una injusta patente causa medular de desigualdades regionales, del subdesarrollo de miles de pueblos y ciudades y fuente de insoportable colonialismo interno practicado desde les secretarías de Estado en la Ciudad de México.
La injusta distribución regional de los ingresos fiscales, manifiesta con toda claridad el desorden de la patria y manifiesta también contundentemente la inaceptable perversión de las prioridades nacionales.
Con tanta mezquindad hacia los municipios y con tanta magnanimidad para el Gobierno Federal, que no se puede construir la nación nueva que nos urge, de cara al próximo milenio. Necesitamos transformar de manera radical la forma de asignar y ejercer el gasto público nacional bajo un enfoque de desarrollo regional y municipal. En este sentido, es necesaria la revisión de disposiciones constitucionales, pero sobre todo, es urgente que se reforme en su totalidad el sistema de coordinación fiscal, que implique un nuevo método de distribución, el acceso total e irrestricto a la información recaudatoria y de las finanzas públicas a las distintas instancias de Gobierno; transferir a estados y municipios las atribuciones y los recursos que ahora concentra el Gobierno Federal.
El Gobierno Federal se halla confundido. Ni el federalismo es sólo descentralizar ni descentralizar es equivalente a transferir como lo afirma el nuevo federalismo en este II Informe de Gobierno; descentralizar no es sólo transferir recursos y facultades a las instancias inferiores del Gobiemo. En esa superficial acción, se basa el mencionado nuevo federalismo priísta del Gobierno. Descentralizar verdaderamente es reestructurar todo un sistema, volverlo a diseñar en sus funciones, de manera tal que no produzca nuevamente en otros niveles y escalas de gobierno las formas centralizadoras.
El federalismo que sostenemos y al que aspiramos en Acción Nacional, es aquel que favorece el libre ejercicio de competencias, el cumplimiento de las responsabilidades, la autonomía financiera estatal, la efectiva división de poderes y el respeto a la libertad municipal.
El auténtico federalismo ha de basarse en una descentralización subsidiaria o en una subsidiaridad descentralizadora esto es, en un sistema de funciones administrativas, políticas, financieras, sociales e informativas. Tales que aquello que la persona no pueda satisfacer, lo haga la familia. Lo que ésta no pueda cumplir, que lo haga la comunidad municipal. En aquello en que el municipio muestre incapacidad, coadyuve el Gobierno estatal y ahí, donde los estatales manifiestan su limitación, entre en sus funciones el Gobierno Federal. El Gobierno Federal debe regresar a los gobiernos estatales y municipales las facultades y atribuciones que son constitucionalmente propias. Debe regresar la vida de las instituciones a las instituciones mismas y no mantenerlas unidas corporativamente al carro del Estado.
El federalismo auténtico es la forma de Gobierno que significa una misión de tareas, es la acción subsidiaria que tiene limites en las facultades y competencias de los distintos órdenes de gobierno. Pero previene mecanismos que permiten la atención a las necesidades y carencias que no están en condiciones de solventar las esferas en las que en principio corresponden y quedan por ello a cargo de la acción supletoria del órgano superior.
México es un gran pueblo. Los mexicanos somos nobles y generosos, amamos a nuestro terruño y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por mejorar nuestra vida. Aunque la economía de los mexicanos se encuentra hoy seria e injustamente deteriorada, nuestro espíritu de ninguna manera está quebrantado.
Este país es de todos los mexicanos no es propiedad exclusiva de sus gobernantes. Demostremos con acciones de la nación entera, que el problema que enfrentamos hoy es de fondo y no de forma. No queremos lograr que se aumenten las cifras o que se cambien unas cuantas palabras solamente, exigimos que se respete el auténtico federalismo consagrado en la Constitución. Estamos defendiendo esa esperanza y ese deseo de progreso que siempre ha caracterizado a nuestro pueblo...
Unidos como mexicanos luchemos con lo mejor que tenemos: nuestros valores. Con valentía, con la verdad, con patriotismo, con voluntad para cambiar el futuro. ¡México así lo exige y lo vamos a lograr!...
¡Cumplamos hoy con acciones y no con discursos el espíritu municipalista y federalista del Constituyente de 1917:
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Alfonso Reyes Medrano:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día 1o. de septiembre pasado, el Presidente de la República, en cumplimiento con el articulo 69 de la Constitución General de la República, se presentó ante este honorable Congreso de la Unión a informar de la situación del país.
Destacó que en principio y por su importancia actual dividiría su mensaje en tres partes que consideró de sumo interés, para profundizar en ello.
En efecto, el señor presidente Zedillo se refirió en forma destacada a la situación económica y social del país, a la seguridad y a la justicia y a la democracia y sus avances prevalecientes en México. De la primera parte, a la económica y social es a la que queremos referirnos, es decir, a la situación económica que afectó a la sociedad mexicana y afecta, aunque no tan sombríamente como fue destacada a principios de 1995.
El señor Presidente no mintió a los mexicanos en aquel inicio de 1995 e indicó con toda entereza y frialdad los datos. Que en ese momento se iniciaba una etapa de auténtica emergencia económica y que demandaría a todos los mexicanos del mayor sacrificio de los niveles de vida y bienestar económico, con el objetivo de superarla emergencia, la más grave surgida en épocas contemporáneas.
En efecto, la crisis inició con una forma de conciencia de la situación del sector externo. Cinco años de registrar un déficit de 5 mil millones de dólares en promedio anual en cuenta corriente con el exterior, que no fueron compensados con volúmenes de exportaciones, sino con endeudamiento externo a corto plazo y sumamente volátil.
La masiva salida de capitales registrada en los meses de noviembre, diciembre y enero de 1994-1995, llegaron a tal punto que en ese último mes sólo quedaron en reserva nacional de divisas cerca de 3 mil 500 millones de dólares, lo informó el señor presidente Zedillo, cuando un año antes se contabilizaban poco más de 29 mil millones de dólares.
El golpe fue tremendo y el establecimiento de políticas monetarias que contuvieran, primero, la salida de divisas y segundo, solventar las deudas extranjeras de corto plazo, los llamados Tesobonos. A la vez que se dejó en flotación el peso del dólar y demás monedas, la devaluación se hizo presente. Del 21 de diciembre de 1994 a la actualidad es del 120%.
El endeudamiento extemo en dólares, no sólo del Estado, sino de empresas, sistema financiero y de particulares, casi derrumbó las expectativas de supervivencia. La quiebra masiva se hizo presente en la mayor parte de los agentes económicos. En empresas, sistema financiero, particulares, el desempleo se hizo presente con una gravedad sin precedentes. Los salarios han caído en forma sustancialmente grave. La inflación creció hasta llegar al 52% en el año. Las tasas de interés se dispararon a un nivel superio. al 100%, destruyendo la capacidad de pago de empresas y particulares. Los mercados financieros internacionales se manifestaron sumamente inestables y la credibilidad crediticia en nuestro país pareció disminuir sustancialmente.
A lo anterior, que fueron los más importantes efectos de la crisis, le siguió una secuela de malestar y desaliento económico y social que han tenido que enfrentar el Gobiemo y la sociedad.
El presidente Zedillo vivio con intensidad la crisis de los anos ochenta, la que por su intensidad, duración y estrategia implementadas para sortearla, de hecho fue la causa y efecto de la crisis de 1987, cuyo reflejo inflacionario derrumbó el salario real de los trabajadores en más de un 50% en esa década. Lo anterior, sin duda, influyó en su ánimo a fin de implementar una política de emergencia diferente, a fin de que en el corto plazo, aunque con coeficientes más dramáticos de carácter social, con objeto predeterminando de solventar la crisis, muy inferior a los precedentes.
Ha sido 1995 un año de dureza incuestionable para la sociedad, sobre todo para los más pobres que se han incrementado en forma por demás indeseable. Sin embargo, sin hablar de salud y mucho menos de bienestar económico, parece ser que la estrategia presentada por el presidente Zedillo, cobra resultados.
En efecto, como lo reconoció el diputado Francisco Suárez y Dávila, en pasados días, la recuperación económica del país está indudablemente en marcha, la inflación se reduce, las tasas de interés se disminuyen, el balance con el exterior se fortalece, el empleo comienza a aumentar, el incremento en la inversión pública ha permitido aumentos de producción en los sectores energéticos; los hechos son el mejor argumento de los avances logrados e infortunio para quienes han aspirado a lucrar con la crisis y que tienen que ir cada vez más atrás en la historia en búsqueda de argumentos.
Se han realizado cambios estructurales, dice el diputado Suárez y Dávila, en materia de federalismo, seguridad social y régimen de pensiones para fortalece. el ahorro interno. Se han aplicado políticas sociales para mitigar los efectos de la crisis sobre los grupos más desfavorecidos de la población. Los programas de apoyo a los deudores de la banca se orientan a apoyar a la casi totalidad de los pequeños agricultores, pequeños empresarios y deudores hipotecarios frente a esquemas mucho más costosos, para apoyar a quienes mejor les va.
Flaca memoria la de nosotros los mexicanos, pero además de corto alcance. No han incluido en sus críticos análisis más que lo que ven en su corto medio, no se han detenido a analizar en lo que pasa en las economías del resto del mundo. Sospechan que nuestro país camina aislado del contexto internacional y, por ello, no incluyen en su análisis eso, el contexto. Esto es, cómo se comporta la economía de otros paises, sobre todo los de economías emergentes. No saben o no comprenden qué pasa en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú etcétera, para citar sólo algunos de nuestra área continental, ¿a poco creen a ciencia cierta en el efecto tequila? ¿Cómo es posible que reflejen tanta ingenuidad o estulticia política.
De cualquier forma, los diputados de la bancada priísta ratificamos los pronunciamientos que ya hemos hecho públicos y que han sido citados en esta tribuna el día de hoy con objetivos y demandas ante la glosa del informe y el futuro inmediato de nuestro país, dentro de los cuales se destacan dos de los más importantes; el que propone el crecimiento económico sano y sostenido, el cual es un imperativo nacional, un crecimiento en el que haya más empleos y mejores salarios, moderando la inflación, pero sin que la obsesión por ésta aborte el programa de crecimiento. La restricción monetaria del Banco de México parece a veces más severa de lo programado, más liquidez en una economía, el desaprovechamiento de capacidad instalada ayudaría a entrar en un proceso que se refuerza además, con más ventas. más pagos, más créditos, más producción e inclusive más ingresos para el propio Gobierno.
Y el que propone apoyar el poder adquisitivo del salario, que debe examinar sus instrumentos de elemental justicia que apoyen al bienestar de la clase trabajadora.
Compañeros diputados, solventar las crisis económicas es difícil, pero en particular la que ha abatido la economía mexicana, ha habido y hay sacrificios, no todos por igual, yo pediría su respaldo para elevar el nivel de vida de millones de trabajadores, apoyado en una política salarial justa que además de coadyuvar a un sano desarrollo en las familias, el país se vería fortalecido con una demanda interna que sin duda se reflejara en repercusión económica, pero que será además, el pilar fundamental del crecimiento sostenido, un mercado interno de más de 90 millones de mexicanos, espera la audacia de una estrategia económica futura, con justicia, con realidad para nuestro país, nuestros trabajadores, nuestra familia.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores para la primera ronda, pasamos a la segunda y tiene la palabra el diputado Saúl Escobar Toledo.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, compañeros diputados:
Yo creo que la primera cosa a lamentar es que esta discusión sea tan aburrida y tan desairada. En efecto, el análisis del informe presidencial se ha convertido ya no digamos en un ritual al que nadie la hace caso, sino incluso en un acto cotidiano que parece no llamar la atención ni preocupar a nadie.
Es de preocuparse que el análisis de la política económica del informe presidencial pase en un ambiente tan inadvertido, tan poco polémico, tan poco interesante para esta Cámara de Diputados y yo creo que esto responde a dos cosas; la primera es que nos estamos escuchando a nosotros mismos y ya sabemos más o menos lo que pensamos; la segunda es que no hay, fuera de aquí, un interlocutor que realmente escuche nuestras propuestas; fuera de aquí, no hay un Gobierno sensible a las inquietudes de los legisladores; fuera de aquí ,no hay un Gobierno que escuche propuestas alternativas; fuera de aquí, no hay un Presidente que se preocupe realmente por encauzar la preocupación, la angustia, el dolor, la tragedia que viven millones de mexicanos; fuera de aquí, no hay a quién acudir ni a quién apelar ni con quién discutir; fuera de aquí, no hay un Gobierno realmente dispuesto a entablar un diálogo franco, directo, honesto con el Poder Legislativo, con el pueblo de México; fuera de aquí, no hay más que sordera, tozudez y más de lo mismo.
Yo creo que por esto este debate en realidad interesa muy poco, yo creo que por eso este debate no llama la atención y esto es preocupante porque, compañeros diputados, no estamos ante una situación cualquiera, estamos ante un verdadero desastre de la economía, ante una verdadera situación difícil para la inmensa mayoría de los mexicanos y el hecho de que la Cámara de Diputados no cumpla con su responsabilidad, el hecho de que la Cámara de Diputados no tenga la fuerza política todavía, no tenga la decisión para imponer al Ejecutivo y en beneficio del país las medidas necesarias para transitar a la recuperación económica y una política que realmente sirva al bienestar de los mexicanos, es incumplir con la Constitución, es incumplir con el voto que nos hizo llegar a este lugar y es, finalmente, quedar mal con las instituciones y con México.
De aquí entonces no se derivará seguramente nada positivo, se derivará una publicación en el Diario Oficial, algún comentario suelto en la prensa, pero más allá de eso no habrá ningún resultado práctico, efectivo ante el país.
Eso compañeros es una desgracia y es una desgracia porque de una manera u otra estamos sentando las bases para que este Poder Legislativo, para que las instituciones públicas demuestren que no tiene soluciones concretas y estamos sentando las bases para una mayor crisis política nacional y estamos sentando las bases para que el desbordamiento de la inquietud social se dé con mayor fuerza en esta situación ya de por si grave.
Pero no puedo dejar tampoco pasar algunas afirmaciones verdaderamente increíbles, se insiste sobre todo por los diputados del PRI que la recuperación ya llegó, que la recuperación es indudable y nosotros decimos, cómo pueden hablar de que la recuperación ya llegó cuando estamos aún suponiendo que en este año haya un crecimiento de 3% en los mismos niveles en términos del producto interno bruto por habitante que en 1978.
¿Cómo se puede hablar de recuperación cuando aún con estas tasas de crecimiento llegaremos a los niveles de 1981 dentro de muchos años, apenas en el año 2010? ¿Cómo podemos hablar de recuperación cuando tenemos un retraso de décadas en términos del crecimiento de producto por habitante, es absolutamente insostenible que estemos en una fase de recuperación económica con este rezago de tantos años?, y también es absolutamente insostenible que se diga aquí que hemos recuperado o que hemos salido de la emergencia económica cuando los niveles de salario y empleo, los indicadores que verdaderamente deben contar en un análisis económico serio siguen tan deprimidos.
En materia de salarios, en materia de empleo, por ejemplo, estamos muy lejos de haber recuperado las 850 mil plazas perdidas de 1995, hemos llegado y eso hablando optimistamente a sólo 500 mil. En materia de empleo entonces no puede hablarse de una superación de la emergencia cuando aún no hemos creado los empleos necesarios, perdidos, los empleos perdidos en 1995, cuando tenemos una tasa de crecimiento de la población que demanda más de 1 millón de empleos anuales y este año ni siquiera vamos a llegar a recuperar los niveles de 1995; cuando hay una economía con más de 2 millones de desempleados que no tendrán en 1996 ninguna esperanza de encontrar nuevamente una plaza de trabajo; ¿Cómo podemos hablar entonces de que la emergencia se ha superado cuando no sólo no estamos a la altura de las necesidades del crecimiento de la población, sino ni siquiera hemos rebasado 1995'; ¿cómo podemos hablar de que se ha superado la emergencia económica cuando precisamente en 1995 el salario perdió 19.2%, según las cifras del Banco de México, entendida como la masa salarial global y cuando este año el cálculo es otra pérdida de ese poder del salario en un 7% adicional?
¿Cómo podemos entonces hablar de superada la emergencia económica, cuando ni los niveles de ocupación ni los niveles de salario nos muestran, ni siquiera lejanamente, que hemos vuelto a 1995, a los años o a los meses anteriores a la crisis, cuando durante todas estas décadas últimas, particularmente desde 1981, ha sido insuficiente el crecimiento del salario y del empleo; cuando tenemos rezagos ya no en crecimiento, sino en materia de salario y empleo, no de 15 años, sino de 25 años? ¿Cómo podemos hablar de recuperación o cómo podemos hablar de que se ha salido de la emergencia económica.
Compañeros, esto no es serio, esto no es hablar con propiedad, esto no es hablar en esta tribuna con responsabilidad, esto es venir a decir puras barbaridades y yo le respondería a los compañeros del PRI que nos hablan y nos dicen que no analizamos el contexto internacional, que no nos damos cuenta lo que sucede afuera, yo les diría y perdónenme que no deje pasar este comentario, pero yo les diría: mal de muchos, consuelo de priistas.
Compañeros, no podemos con responsabilidad y con seriedad venir a hablar de contextos internacionales difíciles, tratando de evadir nuestra responsabilidad en este país.
La verdad sea dicha, es que ni el presidente Zedillo y su gabinete ni el Secretario de Hacienda ni el Secretario del Trabajo, tienen ninguna intención de mejorar el empleo y el salario en los próximos años, carece el Gobierno completamente de una política salarial de recuperación del poder adquisitivo, lo dijo Guillemmo Ortiz y lo dijo el Secretario del Trabajo, y el PRI que reclama que se mejore el salario, tampoco tiene una propuesta alternativa y si la tiene es incapaz, por miedo, por incapacidad intelectual o por falta de valor político, de imponerle al Gobierno un plan emergente distinto en materia de empleo y salarios, el Gobierno carece de ella, no hay sensibilidad, no hay interés, no hay ninguna política destinada a mejorar los niveles salariales y el PRI tampoco la tiene o no está dispuesto a ponerla en práctica.
En materia de empleo igualmente el PRI y el Gobierno carecen de una visión de mediano y largo plazos, lo único que dicen es que el crecimiento nos va a llevar al crecimiento del salario, a la recuperación del salario y del empleo, pero eso es no tener ninguna politica, ninguna propuesta alternativa.
Compañeras y compañeros diputados, qué podemos esperar, qué puede esperar este país frente a un Gobierno que no se propone recuperar el salario ni recuperar el empleo, que no se propone incidir en los niveles básicos de bienestar de la población; qué podemos esperar de una política económica que no conoce la palabra salario, porque en ningún momento en ningún lugar del discurso del señor Zedillo pronunció la palabra salano. Qué podemos esperar de un Gobierno y una política económica que no cree que hay que estimular, que hay que mejorar estos indicadores fundamentales.
Lo único que podemos esperar, señores diputados, es ahondar la tragedia del pueblo mexicano, ahondar la crisis misma de la economía, ahondar la inestabilidad; los mejores agitadores y los mejores incitadores a la violencia son estas políticas de política económica, esta falta de medidas concretas para estimular el salario y el empleo.
Nosotros en esta desairada reunión, en esta Asamblea distraída, sólo queremos puntualizarlo: México, en esta política económica, con estos gobernantes; con esta falta de sensibilidad, sólo puede esperar mayor iniquidad, mayor injusticia. No habrá, pues, recuperación ni hemos salido de la emergencia, al contrario, estamos todavía en ella y desgraciadamente no hay respuestas ni del Gobierno ni del PRI frente a esta difícil situación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Humberto Padilla Olvera.
El Diputado Jorge Humberto Padilla Olvera:
Compañeros diputados Los mexicanos ya estamos cansados de oír los grandes logros de la política económica del gabinete de Ernesto Zedillo, de como Ortiz, Mancera y compañía anclaron la inflación, el tipo de cambio y revirtieron la economía en este segundo trimestre de 1996.
Pero lo que no dicen es que el poder adquisitivo del microsalario se desvanece paulatinamente y la clase media desaparece aplastada bajo la altísima e injusta carga de impuestos, mientras la economía real se debate en la insolvencia y se ve incapaz de crear los suficientes puestos de trabajo para emplear, cuando menos, a la mitad del crecimiento natural en esta fuerza.
Las causas de estas distorsiones son muy claras. Los grandes consorcios crecen rápidamente, pues ellos pueden obtener capital barato y abundante en los mercados internacionales y como muestra de esto un botón basta: es un hecho que sólo el 2% de las empresas exportadoras venden el 80% de los productos no maquiladoras y exepto el petróleo, que envía, México al exteior, mientras la gran mayoría de la micro y pequeña empresas se ahoga en las altísimas tasas de interés y además a los ciudadanos les ha causado estragos en su capacidad de amortización de sus créditos hipotecarios, de consumo diario y de sus tarjetas de crédito, llevándolas a la desperación de encontrar en cartera vencida y ante la amenaza de perder su patrimonio.
Y por su parte, el Gobierno se ha visto obligado asimismo, para distraer grandes cantidades de recursos para salvar a la Banca. Por eso es realmente inconcebible que nuevamente, al igual que en crisis de los sexenios anteriores, se comete el mismo error, promoviendo una endeble estabilidad del peso usando capitales extranjeros y frenando la economía real nacional, con el agravante de que para atraer estos capitales aventureros se requiere de altos rendimientos, con lo que se logra desalentar todo el crecimiento económico interno, por el alto costo del capital nacional.
De esta forma, al ser las tasas rehenes de los capitales extranjeros, dejan de cooperar para alentar el crecimiento económico y las exportaciones de la micro y pequeña empresas, cuando éstas son las alternativas reales de estabilidad duradera, ya que la solución del agobiante problema de México no puede quedar en manos de extranjeros y mucho menos de su libre albedrío. Se requiere de impulsar medidas que corrijan los defectos estructurales que siguen pesando sobre el desarrollo justo del país. Es preciso que pongamos las bases legales e institucionales para eliminar el centralismo actual que destruye las cadenas productivas y aniquila las economías locales, promoviendo la concentración del ingreso que bloquea la derrama hacia el ciudadano de los precarios beneficios del crecimiento en el producto interno bruto, ni se puede admitir ya más la tozudez del Gobierno de subsidiar el dólar con altas tasas, que pagamos todos los mexicanos y que nos tiene al borde de la quiebra.
Históricamente los intereses han sido una herramienta de política muy usada en el pasado para combatir la inflación y más recientemente para también controlar el flujo de los capitales internacionales con objeto de contrarrestar los saldos en cuenta corriente.
En México en los últimos 20 años se ha usado y abusado de ellas para ambos propósitos, con resultados realmente desalentadores que están a la vista. En estos tiempos, el Gobierno nuevamente los emplea, con los efectos devastadores de todos conocidos y no ha logrado detener la inflación con las altas tasas de interés, sino que la ha incrementado, pues en el mundo real de la micro y pequeña empresas los intereses son un costo adicional que no les deja otro camino que el alza en los precios para poder pagar estos intereses.
Además, los ciudadanos endeudados han perdido toda capacidad de compra, no sólo por el incremento en su carga financiera y la inflación desatada por ésta, sino también por el desempleo generado por los mismos.
La injusta carga de impuestos debido a lo regresivo de ésta, ocasionado por el elevado IVA que no respeta el nivel de ingresos del consumidor y la nula progresividad en el impuesto sobre la renta al producto del trabajo, que aplica elevadas tasas desde niveles relativamente bajos de ingresos, ha propiciado, junto con el desempleo, un crecimiento acelerado del ya gran problema del sector informal de la economía. Esta economía subterránea genera un circulo vicioso de altos impuestos, baja recaudación y alta evasión, que además está impulsada por la corrupción oficial.
Como resultado de las razones antes expuestas, podemos decir que la economía mexicana está a punto de asfixiarse a causa de una sobredosis excesiva de incremento en las tasas y de un centralismo destructor de las economías regionales.
Por lo tanto, es indispensable abandonar de una vez portodas la fracasada política de tratar de anclar la inflación en el subsidio al dólar, bajos salarios y centralismo asfixiante y optar por una política alterna que fomente el desarrollo y controle la inflación basadas en la disminución de intereses reales, los insumos rendidos por el Gobierno y los impuestos, acompañados por un importante decremento en el gasto administrativo corriente del Gobierno, secundado por una verdadera erradicación de la corrupción con objeto de mantener el déficit del Gobierno controlado y dentro de los limites recomendables por la OSD y los acuerdos de Mastricht, además para vincular la economía real a la macroeconomía se requiere de un auténtico federalismo, como lo define el PAN, así se crean cadenas regionales y municipales de producción y servicio que permiten el desarrollo solidario y subsidiario de los municipios libres y autónomos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra, el diputado Cándido Pérez Verduzco.
El diputado Cadido Perez Verduzco:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el análisis del II Informe de Gobierno, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hemos puesto especial atención al presupuesto destinado a gasto social.
Encontramos aquí que más de la mitad del presupuesto, concretamente el 54%, se ha destinado al gasto social. Los principales rubros atendidos son educación y salud, donde reconocemos justamente la prioridad de la población mexicana.
Sin embargo, cabe preguntamos: ¿Qué se está haciendo para combatir la pobreza en todos sus niveles?, la cual se ha agudizado con la crisis económica y que constituye la preocupación fundamental expresada por el Ejecutivo Federal y retierada aquí por todas las fracciones parlamentarias que integramos esta honorable Cámara de Diputados.
Encontramos de manera destacada lo siguiente: en materia de alimentación, subsidio generalizado a la tortilla, la Conasupo, con un costo estimado para 1996 de 6 mil 347 millones de pesos; un subsidio dirigido a las ventas de maíz y harina de maíz en las tiendas de Diconsa, con un costo estimado para el mismo año de 1 mil 105 millones de pesos; un subsidio a la operación de más de 21 mil tiendas de Diconsa, para la venta de productos de primera necesidad en las zonas rurales con un costo de 601 millones de pesos; un subsidio a la leche para más de 5 millones de niños a través de Liconsa, con un costo anual de 1 mil 762 millones de pesos; un subsidio al consumo de un kilo de tortilla diario gratis para más de 2 millones de familias urbanas, con ingresos menores a dos salarios mínimos, con un costo de 1 mil 388 millones de pesos para 1996; programas de desayunos escolares a través del DIF para más de 2 millones de niños, con un costo de 700 millones de pesos en 1996; despensas alimentarias a través del DIF, a 1.4 millones de familias, con un costo de 363 millones de pesos; casas de asistencia social operadas por el DIF, con un costo anual de 108 millones de pesos.
En materia de empleo encontramos programas de empleo temporal en el sector urbano y rural para la creación de 700 mil jornaleros al año, realizados a través de la Secretaría de Comunicación y Transportes y la Sedesol por un monto de 1 mil 500 millones de pesos.
En materia de salud, desarrollo de un paquete básico de salud que cubre a la población marginada en zonas rurales aisladas de 14 estados con un costo de 298 millones de pesos; desarrollo del Programa- lMSS - Solidaridad, para atender a la población abierta, especialmente del sector rural, con un costo aproximado de 1 mil 687 millones de pesos.
En materia de educación encontramos programas complementarios de la Secretaria de Educación Pública, con un costo de 992 millones de pesos en 1996, para darle atención especial a la población analfabeta, de zonas rurales y urbanas marginadas.
En materia de población indígena, en adición a todos los programas anteriores, que operan en las zonas indígenas, el INI desarrolla programas adicionales como fondo de producción, construcción de clínicas de salud, albergues escolares indígenas y caminos rurales, con un costo de 711 millones de pesos.
En materia de infraestructura social a través del ramo 26, se canalizan a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal, 7 mil 150 millones de pesos, para que en forma descentralizada los municipios vía los estados, amplíen la infraestructura de servicios básicos, como electrificación, drenaje, agua potable, escuelas, clínicas de salud y similares.
A través del ramo 26 vía el Fondo para la Promoción del Empleo y la Educación, se canalizan 3 mil 350 millones de pesos para la atención de Programas productivos y sociales.
En suma, todo lo anterior, hacen un total de 28 mil 072 millones de pesos, que representan el 7.3% del gasto programable para 1996. En adición a lo anterior, como lo señaló el Presidente en su pasado informe, el Gobierno Federal iniciará un programa piloto, para que los apoyos en materia nutricional, de salud y de educación, se otorguen de manera integral a la población en pobreza extrema, buscando un enfoque especial sobre la población vulnerable, como son los niños menores de cinco años y las madres lactantes y embarazadas.
Con esto se busca mayor efectividad en los programas y una localización más precisa sobre la población necesitada.
Estamos conscientes que estas cifras representan el doble de lo recaudado por los impuestos al comercio exterior, que equivalen a la mitad de lo que se recauda por el IVA.
Para ilustrar, incluso, la importancia que tienen estos programas para el Gobierno Federal, cabe señalar que 12 centavos de cada peso recaudado por la vía impositiva tienen este destino .
Sin embargo, sabemos que es mucho más lo que falta por hacer. Son indudables los costos de la crisis pagados en forma desigual por la población mexicana, que ha ahondado las desigualdades sociales y regionales.
Sabemos que el comportamiento de las variables macroeconómicas apuntan a la recuperación y hacen vislumbrar un horizonte, en donde sea posible el crecimiento económico, único sustento donde puede fundarse verdaderamente el combate a la pobreza.
Por eso nos pronunciamos por la defensa y la apertura de márgenes de maniobra de la política del gasto en lo que hace a los recursos destinados a estos programas, dentro del presupuesto de egresos que próximamente esta Cámara habrá de sancionar y aprobar para 1997.
El combate a fondo de la pobreza sin crecimiento es demagogia. Se precisa seguir avanzando en dos frentes estratégicos. Una política social más integral y una política económica que promueva el crecimiento, el empleo y el salario, con una política específica, para superar el rezago acumulado.
Se precisa avanzar en síntesis, en la consolidación de la justicia económica que, sin duda, es componente básico de la justicia social y de la democracia política. Estos son los principios inrenunciables de mi partido.
Muchas gracias.
ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO POLITICA EXTERIOR
El Presidente:
Agotada la lista de oradores para la segunda ronda, pasamos al tema de la política exterior y para fijar posición se han apuntado hasta por 1 0 minutos el diputado Alejandro Moreno Berry, del Partido del Trabajo, diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Luis Felipe Mena Salas, del Partido Acción Nacional y el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Intervenciones por siete minutos en la primera y segunda ronda, diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Flores Vizcarra, del Partido Revolucionario Institucional; diputada Mara Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Rafael Díaz Chávez, del Partido Acción Nacional y diputado Emilio Solórzano Solis, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Moreno Berry.
El diputado Alejandro Moreno Berry:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer en el análisis del II informe de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y en la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores fijamos la posición del Partido del Trabajo; posición que hoy reiteramos.
A lo largo de su historia, nuestro país se ha caracterizado por mantener una sólida política exterior sustentada en firmes principios de cooperación intencional, de respetar y brindar asilo político, de respeto a la soberanía de las naciones y a la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, los constantes cambios y tendencias globalizadoras en el orbe mundial han traido consigo que en los últimos años los intereses de México en el mundo actúen más en función de parámetros económicos que en los preceptos antes mencionados.
En el campo de las relaciones exteriores, el Gobierno mexicano mantiene una política incierta que ha mostrado más firmeza en la defensa de los intereses de los grupos empresariales mexicanos que en la de los trabajadores migratorios o de los principios históricos de la política exterior del país. De los aspectos positivos de la actual política exterior deben destacarse las acciones para ampliar las relaciones comerciales, la diversificación de los mercados o la oposición a la política norteamericana de bloque económico contra Cuba, que tuvo su más clara expresión en el rechazo a los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.
Respecto a esta ley, el Partido del Trabajo ha señalado lo inadmisible de sus contenidos, pues constituyen una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de las naciones, al pretender sancionar extraterritorialmente a empresas, personas físicas y morales que mantengan lazos comerciales con la isla de Cuba. Atentando, de esta forma, al espíritu de libre comercio entre países; afortunadamente la comunidad internacional ha condenado de manera unánime dicha ley.
En este sentido, la posición de rechazo adoptada por el Estado mexicano en defensa de su soberanía, lo obliga a establecer el marco jurídico y legal necesarios para la defensa de los intereses nacionales, con la facultad irrenunciable de preservar su jurisdicción sobre cualquier empresa y ciudadano ubicado en nuestro territorio. Es por ello que refrendamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y nos comprometemos a participar en la tarea de instrumentar los mecanismos necesarios para la legitima defensa de nuestros intereses ante la Ley Helms-Burton.
Sin embargo, la Ley Helms-Burton, no es el único problema con el exterior, principalmente con los Estados Unidos; enfrenta nuestro país diversos problemas: pocas veces se han presentado al mismo tiempo constantes conflictos entre los que podamos señalar la lucha contra el narcotráfico, los enfrentamientos comerciales sobre productos y servicios específicos y para los cuales los mecanismos de defensa, incluidos los del TLC, han sido insuficientes y muchas veces contrarios a las necesidades nacionales.
Uno de los aspectos más débiles de la política exterior mexicana es la forma en que se ha enfrentado el problema de la migración y la defensa de nuestros connacionales que se encuentran en el vecino país del norte.
El Gobierno mexicano ha carecido de una línea estratégica, clara, para enfrentar esta situación. Lo anterior se refleja en la constante violencia, discriminación, maltrato y vejación a los derechos humanos y laborales más elementales a que son sujetos los trabajadores y la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
La máxima expresión de lo anterior es la enmienda 187 del Estado de California, que lesiona gravemente a nuestros connacionales, cuya estancia no está legalmente documentada.
En otro terreno, la decisión de brindar asilo político permitió a México mantener una posición independiente con respecto a otros paises, no cediendo a ninguna presión, para modificar su postura. Sin embargo, el acuerdo de extradición suscrito con el gobierno de España, puede significar el alejamiento de esta política, en el sentido de dar lugar para confundir al criminal común con perseguidos políticos, sin que esto implique avalar métodos violentos en ningún caso.
Por su parte, la política de diversificación de los mercados externos, fue particularmente débil con América del Sur y lo que constituye su núcleo principal de integración regional: el Mercosur.
Como resultado de ello, el comercio total de México con dicho bloque comercial quedó reducido a sólo el 1.5% de lo que es el comercio con los Estados Unidos. Esto es particularmente grave, dado que las relaciones con el Mercosur implican la única posibilidad de conformar un bloque comercial latinoamericano, que sirva de respaldo a una política internacional regional, de amplio alcance.
Por lo anteriormente expresado, reiteramos el Partido del Trabajo exhorta el Gobierno mexicano a la promoción de una política exterior que ante la actual tendencia globalizadora, reconozca la necesidad de crear y ampliar los espacios comerciales que requerimos. Pero que a su vez recupere los principios históricos de soberanía y autodetemminación de los pueblos.
De igual forma demandamos que en el marco del Tratado de Libre Comercio, se promueva un tratado de migración temporal con los Estados Unidos, en donde se garanticen de manera firme los plenos derechos de nuestros connacionales migrantes.
Por último, quisiéramos comentar las nuevas acciones bélicas del Gobierno norteamericano contra el pueblo iraqui. Esta acción lejos de responder a una posible amenaza del ejército de Irak, sobre las denominadas zonas de exclusión que arbitrariamente los estadounidenses pretenden ampliar, está alentada principalmente por el proceso electoral que se vive en Estados Unidos y forma parte de la estrategia del presidente Clinton, en la búsqueda de su reelección.
Lo anterior se confirma con el excepticismo asumido por diversos paises de la comunidad internacional, que han calificado de unilateral la actuación del gobierno norteamericano.
En ese sentido nuestra cancillería manifestó el 4 de septiembre, a través de un comunicado, su preocupación por los acontecimientos recientes en aquella zona del mundo, reconociendo que de acuerdo a la carta de las Naciones Unidas, sólo al consejo de seguridad de ese organismo, le corresponde adoptar medidas de fuerza frente a cualquier intento de quebrantar la paz mundial.
Ante el ataque militar de Estados Unidos en contra de Irak, consideramos necesario condenar enérgicamente esta acción y exigir al consejo de seguridad de la ONU, actúe conforme a lo que establecen los acuerdos internacionales.
Para finalizar, quisiéramos el día de mañana que presente la Comisión de Relaciones Exteriores el punto de acuerdo a este respecto, cuente con el consenso de todas las fracciones parlamentarias .
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramirez:
Compañeras y compañeros legisladores:
El día de ayer tuvimos un debate que se prolongó más de siete horas, con el Secretario de Relaciones Exteriores, en el Senado de la República, donde abordamos un conjunto de temas relacionados con la política exterior que ha desarrollado el Gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León; y quedaron claras las divergencias y quedó más o menos manifiesto el tipo de política que ha estado siguiendo el Gobierno y la política exterior que propone la oposición democrática.
En las naciones y paises democráticos, en primer lugar es preciso preguntarse si la política exterior es esencialmente una política de Estado o una política de Gobierno. Nosotros sostenemos que la política exterior tiene que ser una política de Estado, una política de la nación y no una política exterior de un Gobierno y de un partido y ésta es una de las principales divergencias que tenemos con el actual Gobierno del doctor Zedillo, que se ha olvidado de las mejores tradiciones de la política exterior mexicana y que ha hecho de la política exterior, una política exterior de su partido, y yo creo que de una élite tecnocrática de su partido.
Hemos planteado el establecimiento de bases consensales y de mecanismos de concertación y corresponsabilidad que permitan la elaboración y ejecución de una política exterio, pluripartidista que disfrute del más amplio y activo apoyo de la opinión pública y de los actores económicos y sociales. Es una cuestión de sobrevivencia de la que depende, además, la viabilidad de una transición pacifica y pactada hacia la democracia.
El PRD ha planteado, por ejemplo, la necesidad de ampliar la competencia del Senado de la República en materia de política exterior, de tal modo que no se circunscriba esta competencia a un debate anual con el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la aprobación ritual de los nombramientos diplomáticos y de los instrumentos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo. Lo que plantea el PRD, es que haya una plena participación del Senado en la definición de la política exterior y de la negociación de los tratados y compromisos internacionales que nuestro país suscribe en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, hemos planteado que algunas de esas facultades de política exterior deban ser compartidas por esta Cámara de Diputados, sobre todo, esto lo planteamos en la legislatura pasada, en relación a la aprobación y suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que afectaba el destino de varias generaciones de mexicanos y que era preciso que esa discusión pasara por este órgano, por esta soberanía popular.
Urge que la política exterior retome el camino de las mejores épocas de la diplomacia y de la política exterior mexicana y vuelva a ser una política de la nación.
Quedaron claro en el debate, ayer, diversas divergencias con el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el tipo de relaciones que tenemos con nuestro vecino del norte. Desde nuestro punto de vista, todos y cada uno de los temas de la agenda bilateral, ha hecho crisis y por lo tanto, lo que exige hoy, es que en nuestro país se desarrolle un debate amplio que comprenda a todos los partidos políticos, al Gobierno, a los actores económicos, a los actores políticos, a los actores sociales, para definir el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
No se puede aceptar la tesis del titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores y del Gobierno mexicano de que hay problemas con Estados Unidos, pero que de ninguna manera estos temas son vinculantes y se plantea la tesis de la no contaminación de los problemas. Esto es, que los problemas con los trabajadores migratorios no afectan los temas antidrogas, no afectan el tema de problemas ambientales, no afectan los temas de comercio, sino que cada uno de éstos tiene su propio carril, su propia dinámica y que dependen de distintos momentos y coyunturas.
Esta tesis equivocada ha impedido que nuestro país tenga una estrategia global para abordar en su conjunto los complejos temas de la relación bilateral México-Estados Unidos.
¡En el Gobierno de Salinas se desarrolló la famosa tesis hacia Estados Unidos, que se llamó "El Espíritu de Houston"! Esto es resultado de que a principios de 1989 el presidente Bush y el presidente Salinas se reunieron en Houston y ahí decidieron que a partir de ese momento las relaciones México-Estados Unidos se desarrollaban bajo la óptica del espíritu de Houston y el Espíritu de Houston era el de que: "Ha habido problemas, pero borrón y cuenta nueva y a partir de este momento volvemos a ser amigos y hay que echarle ganas hacia adelante".
Y ahora este Gobierno ha planteado una nueva tesis que se llama el nuevo entendimiento. Que ayer el canciller Gurria dijo que se sintetizaba en dos puntos: "Ni oposición sistemática, ni apoyo incondicional". Si le hubiera puesto el tonito, ésta es la tesis echeverriesca de: "ni arriba, ni adelante!". O sea, es la indefinición de los problemas.
¿Qué quiero decir, compañeras y compañeros? Que con Estados Unidos ni oposición sistemática ni apoyo incondicional. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se desarrolla una política sobre la base de estas definiciones abstractas? Evidentemente no podemos compartir la tesis gubernamental sobre el nuevo entendimiento. Lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de que el país, la nación, la República, discuta una nueva relación con los Estados Unidos. No se trata de hacer una política antiamericana, se trata de desarrollar una nueva relación que tome en cuenta, efectivamente, la gran integración con Estados Unidos, pero que tome en cuenta también la necesidad de que necesitamos ser un país independiente, soberano. ¡De que tome en cuenta de que este país cada día se está haciendo más pluripartidista y de que en el futuro, y en un futuro no muy lejano, va a haber alternancia en el poder en este país! ¡Y que por lo tanto necesitamos retomar ejes básicos y fundamentales que la nación requiere:
Hay un conjunto de temas de la relación bilateral que desafortunadamente no me va a dar tiempo de desarrollar. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ha hecho crisis. Hay un conjunto de problemas ahí, con el tomate, con los autotransportes. Antes había el tema del atún y yo creo que nosotros necesitamos revisar algunos aspectos fundamentales del Tratado de Libre Comercio. Simplemente diré que necesitamos afinar tres aspectos básicos del Tratado de Libre Comercio:
Uno es el tema de los mecanismos de solución de conflictos o de controversias que en el TLC están francamente laxos o inexistentes.
Un segundo aspecto tiene qué ver con la necesidad de los mecanismos de financiamiento, lo que se llaman los fondos compensatorios. Esto es, fondos que se destinan a las zonas de menor desarrollo económico que si existieron en su momento en la Comunidad Económica Europea y un aspecto básico que ya ha sido tocado acá también en el análisis de política económica de ampliar los plazos de desgravación de los productos agrícolas.
Tenemos problemas serios en el tema de la cooperación militar con Estados Unidos. Hemos hecho aqui dos o tres puntos de acuerdo, en donde hemos planteado que el Ejecutivo nos informe del tipo de acuerdos que se están suscribiendo con los Estados Unidos en materia militar. Porque a diario estamos recibiendo noticias de que ya se compraron helicópteros norteamericanos. Ayer que se compraron helicópteros rusos. De que se les permite sobrevolar a aviones norteamericanos que están persiguiendo aviones narcos.
En fin, que hay un conjunto de información que nosotros no tenemos y que salta a la información por la vía de las agencias norteamericanas. Esto es verdaderamente indigno, vergonzoso: ¡que nosotros nos estemos enterando por las agencias norteamericanas del tipo de mecanismos de vinculación entre los ejércitos de México y Estados Unidos! y ayer el canciller Gurria, por ejemplo, nos decía que se estaban comprando helicópteros rusos para la Armada Mexicana porque eran más baratos. O sea, como si el tema de un avión militar o de un helicóptero militar se tuviera en función del tipo de tareas que debe seguir y no en función de si es más barato o más cara.
Por cierto, ayer le dijimos claramente que nosotros también pensábamos, que el PRD planteaba que en la compra de armamento militar también tiene que haber diversificación; no se puede seguir comprando a un solo proveedor, que todo mundo sabemos que son los Estados Unidos, porque entonces nos sujetamos a los caprichos del señor Jesse Helms, que si se compran helicópteros rusos entonces el señor Jesse Helms protesta y entonces para no enojar al señor Jesse Helms se hace a escondiditas y finalmente ya no se compran 20, nada más se compran 10 helicópteros de otra nacionalidad.
Creo que éste es un tema que requiere una moratoria, que ya no se siga esta colaboración hasta que el país esté enterado y hasta que las cámaras de Diputados y Senadores discutamos el tipo de cooperación militar que debe haber entre nuestros dos ejércitos, entre nuestras dos fuerzas armadas.
Ayer también estuvimos discutiendo largamente el tipo de proyectos que se están haciendo para la diversificación comercial y claramente expusimos nuestras discrepancias y nuestras dudas de que se estén dando pasos efectivos en la diversificación comercial.
Por ejemplo, se ha estado planteando como uno de los grandes objetivos de la política exterior mexicana el suscribir un acuerdo de cooperación económica de amplio alcance con la Unión Europea. Ya tenemos más ¿e un año y medio planteándonos que vamos a dar pasos efectivos a ese acuerdo, que nos va a permitir tener acceso a tecnología de punta para pequeñas y medianas empresas, que nos va a permitir el acceso a inversiones productivas y no como hasta ahora ha sido, inversiones especulativas que entran y salen en la bolsa de valores.
Y le dijimos nuestras dudas de que había oposición europea. El canciller Gurria nos dijo que no, que no había oposición europea y nosotros le citamos las recientes declaraciones del jefe del gobierno Español, José María Aznar, quien recientemente vino a México y declaró el viernes 6 de diciembre, dijo: "lo complejo de las negociaciones con la Unión Europea se iniciarán el 17 de octubre y será necesaria, dice Aznar, una acción política inteligente por parte del Gobiemo mexicano para vencer los vientos fuertes que soplan en contra y al mismo tiempo existen intereses que van en contra".
Entonces, nos está diciendo uno de los integrantes de la Unión Europea que hay fuertes resistencias en la Unión Europea para concluir estas negociaciones, este tratado, esta asociación comercial con la Unión Europea y el canciller Gurria nos pinta cuentos de hadas, de que no hay problema, de que todo va bien.
Y creo, compañeras y compañeros, que hay temas que son de la incumbencia de la negociación, pero hay otros temas que son incumbencia del Gobierno mexicano, y me refiero sobre todo a que el Gobierno mexicano no ha dicho todavía y ayer no nos dijo, si va a suscribir o no la cláusula democrática que la Unión Europea exige para todos los paises que quieran hacer un acuerdo con la Unión Europea y esta cláusula democrática quiere decir que en el país con el cual se va a hacer el acuerdo y en este caso México, deben celebrarse elecciones libres y respetar derechos humanos y ciudadanos, lo cual quiere decir que este Gobierno tendría que comprometerse básicamente a estos dos rubros.
Efectivamente, no hay un diseño único de la cláusula democrática, porque cada país la plantea como según sea su concepción y yo creo, compañeras y compañeros, que en esto hay una ambiguedad terrible y creo que en esto con el PAN y el PRD hemos coincidido en la necesidad de que el Gobierno mexicano sí firme esa cláusula democrática, porque es un compromiso que tenemos que hacer hacia la Comunidad Internacional, de que en este país ya no va a haber más Aguas Blancas, de que ya no va a haber más elecciones fraudulentas. También...
El Presidente:
Señor diputado, le ruego redondear su intervención.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramirez:
Para terminar, le planteamos el vergonzoso caso de la remoción del embajador mexicano en Irlanda, que como todos sabemos, es la residencia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Como ustedes están enterados, desde fines de mayo a principios de junio hubo grandes rumores de que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León iba a renunciar. Finalmente se descubrió, según los genios de la Presidencia, de la Cancillería, de que esto había sido un complot planeado entre Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Jorge Castañeda quienes se habían reunido en Dublín, Irlanda, para planear este complot para pedir la renuncia de Ernesto Zedillo Ponce de León.
El señor Jorge Castañeda, el 17 de julio en la revista Proceso dio su versión de que él sí se reunió con Salinas de Gortari y de que hablaron un conjunto de temas y ahí está su versión de qué es lo que pasó en esa entrevista; sin embargo, días después el embajador mexicano en Irlanda, Agustín Gutiérrez Canet, fue removido de la Embajada mexicana en Dublín, técnicamente se le llamó, que le pidieron su traslado a la República de Haití. Evidentemente el embajador en un gesto de dignidad no aceptó esta remoción y pidió permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y hoy goza de permiso.
No tengo el gusto de conocer al embajador Gutiérrez Canet, pero creo que fue un gesto de dignidad porque no tenía él por qué pagar los platos rotos, puesto que ni siquiera él hizo la cita y si la hubiera hecho, estaba en su pleno derecho de hacer una cita a quien se lo solicite puesto que para eso están nuestras misiones diplomáticas en el exterior.
El embajador, el Secretario Gunría nos dijo algo que nadie se lo creyó, ni él empezando, de que decía que no daba el perfil adecuado o sea de que era incompetente y de que corno se iban a iniciar las negociaciones con la Unión Europea, decidieron quitarlo, cuando todo mundo sabe lo que cuesta al país trasladar un embajador con toda su familia y este embajador apenas tenía cinco meses en la Embajada de México en Dublín, Irlanda.
Son hechos vergonzosos, son, en vez de afrontar el tema directo con Carlos Salinas de Gortari, pagó los platos un diplomático de carrera, un diplomático ejemplar como es el embajador Gutiérrez Canet y esto compañeras y compañeros es totalmente censurable, porque si en la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las pocas Secretarías donde hay servicio civil de carrera, donde la gente va ascendiendo de acuerdo a sus méritos, de acuerdo a exámenes de oposición, de acuerdo a su capacidad y no se vale que esto.... sí, dígame diputado, que eso se desarrolle de esa manera.
Así pues nosotros volvemos a insistir en que es preciso que se cambie el rumbo de la política exterior mexicana que actualmente se encuentra postrada, actualmente se encuentra a la defensiva sobre todo en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, se haga un gran debate nacional, se haga una política exterior de consenso, una política exterior de la República, de la nación, eso es lo que demanda el PRD y es lo que demanda la necesidad democrática del pueblo mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
En el uso de la palabra, el diputado Luis Felipe Mena Salas.
El diputado Luis Felipe Mena Salas:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy analizamos el II Informe de Gobierno que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León rindió ante esta soberanía, el cual además de hacer algunas críticas constructivas, haremos algunas propuestas que pensamos puedan contribuir a un mejor diseño y aplicación de nuestra política exterior.
La política exterior constituye la defensa y promoción de la identidad, valora los intereses culturales, económicos, políticos y sociales de un país en el ámbito internacional. Tales atributos se van construyendo mediante un proceso histórico y político que se adecua y actualiza las circunstancias que se van viviendo a través de los tiempos y que reflejan la posición de cada país en el entorno mundial.
Abordaremos algunos temas que consideramos de vital importancia, la migración es sin duda uno de los problemas prioritarios de nuestra agenda internacional, se trata de un fenómeno social y cultural cuyos fundamentos se remontan a diversas épocas ocasionando muchas veces conflictos entre las naciones.
En las últimas décadas nuestra nación se ha convertido en un país de emigrantes; por un lado, esto es resultado de procesos naturales de expulsión, debido al alto índice de crecimiento poblacional; por el otro, tiene su origen en la crisis economía que padece nuestro país desde hace varios años y que se ha recrudecido en fechas recientes. El conflicto principal derivado de este problema es el de la violación de los derechos humanos especialmente en los Estados Unidos. Dicha violación se ha visto incrementada a partir de procesos institucionales expresados en iniciativas tales como la llamada propuesta 187 y las recientes reformas sometida al Congreso norteamericano que introduce a nuevas presiones a las ya precarias condiciones de vida que sufren los trabajadores migratorios restringiendo su derecho a la salud, educación y asistencia social no sólo a los indocumentados, sino también a los residentes legales.
En el marco del Tratado de Libre Comercio, México debe de buscar que se incluya mecanismo que ayuden al desarrollo de las regiones atrasadas altamente exportadoras de emigrantes. Soluciones de esta naturaleza han sido incluidas en otros esquemas de integración económica con resultados positivos como es el caso de la Unión Europea.
A fin de proteger los derechos de los trabajadores migratorios, debemos de continuar con el estudio y análisis de la propuesta relativa a la no pérdida de la nacionalidad mexicana.
El presidente Zedillo, en la próxima reunión con su homólogo de Estados Unidos deberá de enfatizar la posición mexicana de respeto irrestricto a los derechos humanos de los trabajadores migratorios, para lo cual es necesario que se ratifique la convención internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990.
En este contexto resaltamos la importancia de reforzar el sistema regional de protección de los derechos y libertades públicas mediante el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, lo que demostraría con claridad la voluntad política del Gobierno en la defensa de los derechos humanos.
Para estar en condiciones de defender eficazmente los derechos humanos de los emigrantes y proporcionarles mejores servicios y asesoría, es urgente que la Cancillería reestructure su presupuesto y asigne mayores recursos al servicio exterior mexicano, concretamente a los consulados que más lo requieren y que se encuentran en Estados Unidos, pues resulta paradójico que se gaste más adentro que afuera.
De igual manera, nuestra nación debe de respetar los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos y los trasmigrantes, para lo cual esperamos que la Cancilleria, dentro del marco del programa de protección consular y las acciones del llamado grupo "Beta" promuevan este propósito.
El fortalecimiento de la soberanía debe fincarse en la promoción del interés nacional profundizando en la diversificación de nuestras relaciones internacionales. El efecto contrario se observa en nuestra relación con los Estados Unidos en donde se pone de manifiesto que éste ha debilitado la soberanía de México a raíz de los efectos desgastadores del Tratado de Libre Comercio resultado de no cumplirse con la reciprocidad internacional como se ha observado en la larga discusión sobre productos mexicanos como el aguacate y /o el tomate que finalmente nuestros agricultores pudieron salvar sin que existiera una fuerte y definida acción por parte de nuestro Gobierno.
Nuestra alta dependencia de los Estados Unidos es no sólo riesgosa por las condiciones de asimetría y de enorme complejidad en que se da, sino por las incomprensiones y animadversiones que respecto a México existen por parte de algunos autores políticos mexicanos de gran influencia, que identifican a nuestro país no sólo como socio, sino como un problema. De avanzar esta percepción en los Estados Unidos y en las condiciones actuales de nuestros equilibrios internacionales, México sufriría graves daños.
Esperamos que la visita de Ernesto Zedillo a Estados Unidos contenga una estrategia para contrarrestar estos aspectos que nos afectan, por eso debemos de impulsar el acuerdo de asociación económica y concentración política con la Unión Europea, a fin de diversificar nuestra economía; debemos de ampliar los vínculos con las naciones de Centroamérica y el Caribe, lo cual ayudaría al fortalecimiento en los mecanismos regionales de diálogo político como es el caso del Grupo de Río y demás organismos como la CEPAL y el SELA, con vistas a una integración económica más fuerte con las naciones de América latina, para lo cual consideramos que es importante promover la consolidación de la Conferencia Cumbre Iberoamericana.
La diversificación de las relaciones de México con el mundo, sustentada el reconocimiento que de nuestra nación es un país de pertenencias múltiples que requiere de alianzas selectivas y flexibles.
La propuesta de una mayor promoción para instaurar una vinculación más estrecha con España, no sólo en el ámbito bilateral, sino en los foros regionales de América latina.
La creación de mecanismos eficaces de consulta entre las naciones que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
La búsqueda de un nuevo acuerdo integral con la Unión Europea para garantizar la interlocución permanente y productiva, dándole prioridad a la meta de alcanzar un Tratado de Libre Comercio.
La necesidad de lograr mayor provecho a nuestra participación en la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico y establecer relaciones más estrechas con la República Popular China, deben formar parte de los objetivos prioritarios de la política exterior mexicana.
Con Canadá buscar nuevos mecanismos que permitan ampliar la cuota admitida de trabajadores migratorios que laboran en forma temporal en ese país, puesto que la demanda es alta y debiera aprovecharse mejor.
En cuanto a la Ley Helms-Burton que afecta a mexicanos por sus intereses económicos en la isla de Cuba, manifestamos nuestro total rechazo, puesto que vulnera además en forma inadmisible el derecho internacional.
Esperamos que tanto la llamada de ley antídoto como el resto de las acciones emprendidas por la Cancillería, tengan eficacia. Lo anterior, sin perjuicio de expresar nuestro respaldo a las exigencias de mayor democracia en el pueblo cubano.
Los esfuerzos realizados por los gobiernos de México y Brasil a fin de construir una alianza estratégica, son alentadores, aunque no hayan cristalizado aún en el nivel que las circunstancias ameritan; sin embargo, consideramos que el Gobierno debe de seguir impulsando este propósito.
El desarrollo de una mayor vinculación entre México y el Mercosur, constituirán sin duda un importante ingreso de divisas para nuestro país que no debemos desaprovechar.
Estos dos últimos temas, el del Mercosur y la negociación con Brasil, así como los acuerdos vigentes con Chile, son de capital importancia para México, por su orientación a fortalecer la integración de América latina, proceso necesario y vital para que nuestros pueblos aumenten su peso específico en la política internacional.
México debe de adoptar el compromiso expreso de impulsar la iniciativa del Parlamento Latinoamericano, a fin de crear la comunidad latinoamericana de naciones, que a nuestro juicio no ha recibido, por parte del Gobierno, el apoyo que amerita.
El narcotráfico es un problema que afecta no solamente a México, sino que constituye un cáncer mundial al que no se le puede combatir de manera aislada, toda vez que poderosos grupos económicos multinacionales de carácter delictivo, explotan esta ilícita actividad en muchos países, incluyendo por desgracia a nuestra nación.
El narcotráfico no sólo atenta contra la salud de los mexicanos, sino constituye una amenaza para la seguridad nacional, por lo que su combate debe de hacerse cada vez más en forma coordinada y con la cooperación de todos los países, incluyendo desde luego, al que ostenta el principal mercado a nivel mundial, es decir, Estados Unidos.
México, un país pujante, cuyos nacionales luchan por destacar en la comunidad internacional y que no obstante nuestras recurrentes crisis, asombra a quienes nos visitan; que tiene una abundante riqueza natural, diferencias culturales y económicas y gran nobleza en su gente, debe de ser impulsado en el exterior con más determinación, mediante acciones coordinadas de promoción turística y comercial que debe promover la Cancillería.
Compañeras y compañeros legisladores: en Acción Nacional pensamos que la política exterior debe ser coherente con la política interna del país; que la política exterior del Estado debe ser parte fundamental de su proyecto nacional democrático. por lo tanto, no puede reducirse sólo a propuestas comerciales; debe incluir dosis de valores políticos doctrinarios y culturales con todas las regiones y bloques.
Debe además promover el fortalecimiento del sistema jurídico internacional, que permita enfrentar los retos que se derivan de la mundialización de la economía, la trasnacionalización del crimen y la proliferación del narcotráfico.
Las prácticas diplomáticas requieren ser cuidadosamente revisadas y renovadas para que respondan con eficacia las nuevas condiciones políticas y económicas internacionales; deben caracterizarse igualmente por su realismo y concreción, así como por su flexibilidad y una permanente actualización conforme a la evolución del sistema internacional.
La política exterior debe ser una política activa, ni defensiva ni reactiva, debe someterse a los intereses nacionales y desechar toda tergiversación de los mismos por un grupo político o por intereses subjetivos.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día. En tal virtud tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Señor Presidente: señoras diputadas; señores diputados:
Agradezco de manera puntual la presencia de mis compañeros diputados que nos honran en este salón de sesiones.
Sin duda alguna el tema de política exterior es uno de aquéllos que representan no solamente un gran interés para los mexicanos. Hoy por hoy, los medios de comunicación hacen posible que todos los pueblos del mundo mantengan un estrechó interés por conocer lo que pasa en cada uno de nuestros países.
Este es en parte el reto que enfrentan todos los gobiernos del mundo. En realidad, más que sancionar o criticar una política exterior, pienso que estamos en el camino de hacer reflexiones para llegar a lo que nuestros; compañeros diputados han señalado como una meta que el propio Gobierno del presidente Zedillo ha manifestado, en el sentido de encontrar los puntos de convergencia que nos lleven efectivamente a una política de consenso.
Y hay aspectos que más nos acercan, porque en ellos no solamente está de por medio nuestra historia, no solamente está de por medio la serie de conquistas que el género humano ha realizado al hacer posible que la vigencia de los principios de derecho internacional rijan en verdad la convivencia entre los pueblos y las naciones y México, como el mundo entero, después de la caída del muro de Berlín, después de que ha ocurrido en forma dramática el fin del sistema socialista y que esto sin duda alguna ha cambiado la correlación de las fuerzas mundiales, no sólo en cuanto a la fuerza bélica o militar, no sólo en cuanto a la amenaza nuclear, sino fundamentalmente porque estos sucesos nos apuntan no solamente el fin de la guerra fría, sino que lo que han calificado como la posguerra fría, en un proceso de globalización de nuestras economías, en el cual ya no solamente preocupa al género humano el poder mantener la certeza de la seguridad que le otorga el fin del riesgo de la guerra nuclear, sino esencialmente los pueblos enteros ahora enfrentamos el reto de la pobreza; y desde luego todos los gobiernos del mundo han hecho no solamente importantes esfuerzos por encontrar los caminos de la solidaridad y la cooperación para abatir la pobreza, sino que otros graves riesgos han aparecido como una amenaza contra el género humano: el deterioro ecológico, los fenómenos del crimen organizado, que representa esta multiplicación de las cadenas del tráfico de estupefacientes, que son en el fondo la verdadera guerra contra el género humano, y además los fenómenos de una economía volátil que de pronto se transforman en forma inédita en amenazas contra la estabilidad y contra el proceso de acumulación que muchos países que estamos ubicados en la órbita del tercer mundo aunque no lo queramos reconocer enfrentamos frente a la volatilidad de los capitales financieros.
Al presidente Zedillo le ha tocado afrontar en estos dos años de Gobierno, no solamente esos retos, otros tan complejos como el hecho de que independientemente de que estamos hablando de una globalización de las economías, advertimos desde luego el desarrollo de una tendencia hegemónica que hoy por hoy se manifiesta en una agresión contra principios cuya validez universal son el sustento fundamental de la cooperación y de la convivencia de las naciones, como es el principio de no intervención.
Y claro que las múltiples formas en que se ha ido destruyendo en su estructura fundamental desde el punto de vista de los principios jurídicos que rigen la existencia de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y de todos aquellos organismos internacionales que han surgido para cumplir las metas superiores que la humanidad se ha propuesto para su conservación, de pronto se ven agredidos en una nueva forma, no solamente de amenaza y de chantaje, sino fundamentalmente en formas reales de agresión contra su soberanía y contra principios fundamentales de la autodeterminación.
Y no es sólo el hecho de que se atente contra la libertad de comercio; no es sólo el hecho de que se valgan de los grandes fenómenos de nuestro tiempo que agreden físicamente al género humano, como es el tráfico de drogas; no es solamente el hechos de que ocurran fenómenos tales como los que acabamos de mencionar de la depredación ecológica, sino que poco a poco se van transformando en condicionantes para la cooperación.
Por ello, a nosotros nos tiene que preocupar cuando venimos aquí a esta tribuna a hablar que tenemos que aceptar cláusulas que se nos imponen desde el exterior de alguna forma para establecer mecanismos de vigilancia de nuestra conducta interior, es decir, de cuándo acá nos vamos a olvidar de todo un largo proceso de conquistas históricas que nos han permitido ser un país celoso de nuestra soberanía y de nuestra dignidad nacional.
Las prisas no nos pueden conducir a actos voluntaristas, no nos pueden conducir a que por encima de un propósito, que es recomendable por todos conceptos en la medida que podamos insertamos en los diferentes foros mundiales, para no ser agentes pasivos en el desarrollo económico del mundo, tengamos que a cambio entregar cuestiones fundamentales que nuestros hijos nos reclamarían por no haber tenido ni la malicia, ni la firmeza, ni la voluntad para defender lo que es patrimonio de una larga trayectoria histórica en la que el pueblo de México ofrendó su vida.
Por eso, yo creo que es muy importante que entedamos, que si bien es cierto la política exterior tiene que estar sustentada en una fuerza interna derivada de su propia unidad nacional, la unidad nacional tiene que surgir efectivamente de que nosotros nos pongamos de acuerdo en cuestiones fundamentales, relacionadas con conceptos básicos para la existencia de nuestra nación, individualmente dentro del resto del mundo. Uno de esos atributos fundamentales es la soberanía. Y desde luego la expresión que se ha hecho en torno a cuestiones sustanciales del informe presidencial, creemos que tiene que enmarcarse con toda justeza en varias cuestiones.
La primera es hasta qué punto el informe presidencial se ajusta al precepto constitucional, al artículo 89, que fija con toda claridad cuáles deben ser las normas que determinen los principios que guíen nuestra política exterior; de no intervención; de libre autodetemminación; de defensa de la paz mundial; de la cooperación y todos aquellos que son sin duda alguna el patrimonio histórico que México ha sostenido a lo largo de todo el presente siglo.
Ya me llegó la tarjeta de tiempo, pido permiso para redondear mi intervención.
Entonces, yo creo que la comparecencia del canciller Gurría, el día de ayer, que además yo califiqué de brillante y patriótica, además la califiqué como una comparecencia que nos ayudó a los legisladores para ampliar nuestro criterio en torno a cuestiones tan importantes como la política exterior, sin duda alguna contribuyeron al fortalecimiento del Poder Legislativo.
Todos tuvimos la oportunidad de plantear nuestra preguntas que ahora se han repetido en el seno de esta tribuna, pero esencialmente quisiera destacar dos para finalizar.
Primero. Yo convoco a mis compañeros de partido y a mis compañeros de todas las fracciones parlamentarias, para que podamos establecer cuáles son, efectivamente, aquellos aspectos en los que podamos nosotros coincidir para una política de convergencia y de consenso nacional:
Segundo. Manejar con toda honestidad nuestra divergencia a la luz de estas reflexiones.
Creo que ya tenemos respuestas, respuestas importantes a planteamientos que ha hecho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Dos de ellas son por una parte, la iniciativa de ley que ha enviado el Ejecutivo al Senado de la República, para que podamos legislar y proteger nuestra soberanía frente a los intentos de aplicación extraterritorial de la famosa y llamada Ley Helms-Burton.
Esto ya puede mostrarse o asomarse como una expresión de convergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo y por otra el día de ayer lo señalamos, estamos ya juntos trabajando para que realicemos el último foro, para que juntemos elaboremos la iniciativa sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana y también la punitividad a los traficantes de trabajadores migratorios.
Estos cuatro temas, incluyendo inclusive aquel que se refiere a la necesidad de que se examine, por la propia Comisión de Hacienda, la cuestión de carácter legislativo respecto a los impuestos que se establecen, en cuanto a las donaciones que hacen los mexicanos residentes en el exterior a las comunidades campesinas, podamos examinarlo aquí en el seno de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente, por su tolerancia, de permitirme abusar del tiempo y mantengo mi invitación a mis compañeros diputados, para que podamos encontrar los puntos de solución.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores para fijar posiciones, pasamos a la primera ronda con intervenciones de siete minutos.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe.
La Diputada Rosa María Cabrera Lofte:
Con su venia, señor Presidente:
Quisiera en primer lugar dejar en manifiesto mi preocupación de que para esta importante glosa de un punto donal, diría yo, que es la política exterior de nuestra nación, esté prácticamente vacía nuestra Asamblea plenaria, por lo que pediría a la directiva que hiciera un esfuerzo mayor, de convocar al conjunto de diputadas y diputados para futuras discusiones en la glosa.
Con su permiso, señoras y señores legisladores. Mi intervención en esta tribuna, responde a la inquietud de hacer énfasis en el estado que guardan, tanto la política exterior, como las relaciones que México mantiene con el mundo.
En virtud de lo anterior, quisiera mencionar que el doctor Zedillo, desde el momento en que asumió el cargo del Ejecutivo, manifestó en lo que se conoce como sus 10 puntos en materia de política exterior, entre otras cosas, el fortalecimiento de la soberanía, la promoción del interés nacional para el bienestar de los mexicanos, omitió a las mexicanas, y el impulso de diversificación de nuestras relaciones internacionales.
No está por demás aclarar que esta última idea de diversificación, junto con el tan pregonado ingreso de México al primer mundo, forma parte del legado del realismo mágico de la administración salinista.
Para quien analice con detenimiento el desempeño de nuestra política exterior en los últimos años, quedará claro que no se ha tenido ni desde la presidencia de la República ni desde la cancillería, una adecuada visión de estadísticas, para guiar el rumbo de México en el concierto de las naciones.
En términos generales, como ya se ha señalado y no sólo por mi partido, actualmente México reposa buena parte de sus relaciones internacionales con su vecino del norte. El II Informe de Gobierno incluso, se jacta de haber enriquecido y ampliado la interacción entre Estados Unidos y México, sin mencionar por supuesto, que tal situación sin duda alguna, implica un alto costo, ya que cada vez se torna más estrecho nuestro margen de maniobras frente a Estados Unidos y nos ha llevado de una política exterior activa a una política exterior pasiva. Porque ciertamente la diversificación se da en términos comerciales, sin que al momento medie una evaluación sobre impacto que tales relaciones tienen al interior de nuestro país.
Ya el día de ayer, tuvimos la oportunidad de plantearle al canciller mexicano, José Angel Gunrría, diversas interrogantes acerca de la pretendida diversificación de nuestras relaciones, sobre todo por cuanto hace a dos de las áreas geográficas que fueron aludidas, aunque de manera escueta en el II Informe de Gobierno, esto es, América latina y Europa Occidental representada por la Unión Europea. Huelga decir, por lo tanto, que para nuestro país han desaparecido del mapa, por lo menos de nuestras relaciones, Africa, el Este y otras regiones del orbe.
Como se verá, a partir del tutelaje de Estados Unidos, lo que yo llamaría el espíritu de Miami por eso de la cumbre de diciembre del 94, se ha dado un impulso a los proyectos de integración económica en el Continente Americano; sin embargo, persiste la idea de que los paises latinoamericanos impulsen también todas las iniciativas a su alcance que favorezcan la integración regional, sin que necesariamente influyan los intereses de los Estados Unidos. Así, lamentablemente, tanto en oposición al Tratado de Libre Comercio con América del Norte como al Mercosur, iniciativas que hemos señalado tienen perfiles distintos, la asociación latinoamericana de integración se ha debilitado, entre otras razones, ayer lo mencionábamos, porque en sus estatutos contempla que cualquier acuerdo subregional suscrito por cualquiera de sus integrantes debería hacerse extensivo al resto de los mismos.
No hay que olvidar que la aspiración primermundista de ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, llevó a que México simple y sencillamente olvidara a la América latina y al resto de los países del mundo en desarrollo. Llama la atención, y ayer lo señalábamos, que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta cláusula de ALADI fue ignorada por, México y que en el transcurso de 1994 provocó grandes tensiones tales en el seno de esta organización que Brasil incluso llegó a sugerir la expulsión de México de la misma y tal cual lo afirmábamos, al contrario de lo postulado por el doctor Zedillo en su II Informe de Gobierno, México más que promover iniciativas para reestructurar la ALADI, parecería impulsar políticas que debilitan a la Asociación latinoamericana de naciones que aspira a tal integración. Ello contrasta con el tratado de asunción, documento base del Mercosur donde se establece que el mercado común sudamericano aspira que en el mediano y largo plazo todos los socios de ALADI se conviertan en miembros del Mercosur. De esto se ha desprendido entonces que la posición de México sigue siendo ambigua respecto a sus relaciones con América latina, a lo que el canciller Gurría, al inquirirle sobre las iniciativas para la reestructuración de la Asociación que se aluden en el informe, omitió dar respuesta alguna.
Por otra parte, el PRD ha manifestado en repetidas ocasiones que resulta una necesidad imperiosa promover la consolidación del proyecto de la comunidad latinoamericana de naciones, idea planteada por el parlamento latinoamericano en la reunión de jefes de estado y cancilleres del Grupo de Río efectuada en Cartagena, Colombia, en diciembre de 1991.
Si bien es cierto que el canciller Gurría manifestó en su comparecencia que México es "profundamente latinoamericanista" omitió también argumentar cuál es el papel que México puede jugar para impulsar la tan necesaria creación de la comunidad latinoamericana de naciones, a pesar de ser una estrategia contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, y que por cierto, al ser un punto nodal de nuestra relación con los paises del Continente Americano el informe del doctor Zedillo lamentablemente también lo omitió.
Ciertamente, a nivel de los parlamentos de América latina, esta idea toma cada vez mayor fuerza. Sin embargo, como quedó demostrado en la víspera de esta sesión, a nivel de la cancillería mexicana y del propio Ejecutivo, desafortunadamente tal idea se diluye.
Otro caso que muestra la falacia de la diversificación de nuestras relaciones está en las relaciones entre México y la Unión Europea, donde puede observarse, de acuerdo a lo expresado también ayer por el licenciado Gurría, que las negociaciones para establecer vínculos más estrechos mediante la firma de un acuerdo comercial que supera el acuerdo de tercera generación México y Unión Europea de 1991, avanza a un ritmo demasiado lento. Ello se debe, seguramente, a que no existe claridad en la manera de orientar las acciones encaminadas a la firma de dicho acuerdo. Por ejemplo, en el II informe el doctor Zedillo enfatiza la realización de visitas a España, Gran Bretaña, Italia y el Vaticano, así como la participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; sin embargo, resulta extraño que los consejeros asesores, tanto del Ejecutivo como de la propia cancillería, no recomendaran una visita a Bruselas, así como la realización de entrevistas con autoridades de la Unión Europea, por ejemplo, con el señor Jacques Santer presidente de la Comisión Europea, con el propósito de mostrar el interés y la voluntad política que se dice, existe en México para que las negociaciones lleguen a feliz término.
Tanto la Cancillería como la Presidencia de la República se han empeñado estos últimos días en enfatizar las muestras de la buena disposición que a países miembros de la Unión Europea, como es el caso de España, han dado para que México estreche sus vínculos con Europa, ello a raíz de la visita a nuestro país del jefe de gobierno español, el señor José María Aznar. Al respecto, cabe destacar que durante el segundo semestre del año pasado, cuando España, país interesado en apoyar a nuestro país, ocupó la presidencia del Consejo de la Unión Europea, no se iniciaron las negociaciones para el multicitado acuerdo comercial.
Asimismo, habría que recordar que en ocasiones, cuando los españoles han tenido que elegir, que dentro de la propia Unión Europea, entre sus intereses y los de los países latinoamericanos, han privilegiado obviamente los suyos; es el caso del banano centroamericano cuya comercialización al interior de la Unión Europea, fue vetado por el gobierno de Madrid para proteger la producción bananera proveniente de las Islas Canarias.
Por otra parte, el PRD insistió ayer durante la comparecencia del licenciado Gurría, en la necesidad de hacer una reflexión seria, para dar respuesta de lo que constituye uno de los impedimentos básicos para concretar la firma del referido acuerdo entre México y la Unión Europea.
Se trata, aunque el Secretario de Relaciones Exteriores de México se niega a reconocerlo así, de la denominada cláusula democrática, elemento que en el fondo se mantiene en tela de juicio para que las autoridades de la Unión Europea, den su consentimiento sobre el particular.
Para finalizar, quisiera saludar la iniciativa de la ley antídoto, que surge de un amplio consenso popular y obviamente habría que recordar que tenemos la posibilidad y la facultad para su perfeccionamiento.
Por supuesto, atendemos a la invitación que ha expresado el diputado. Augusto Gómez Villanueva, aunque no se haya referido a las compañeras diputadas.
Y finalmente, quisiera concluir insistiendo en que la idea de la diversificación de las relaciones de México con el exterior no ha dejado de ser un mito; para que deje de serlo se hace necesario un replanteamiento de las estrategias sobre las cuales nuestro país se mueve en el escenario internacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra el diputado Rafael Díaz Chávez.
En uso de la palabra el diputado Tarcisio, Navarrete Montes de Oca.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Con su permiso, señor Presidente:
"Un México en el que cada niño y cada niña tenía alimentación adecuada". Palabras del presidente Zedillo en el informe.
Sin embargo, en México 2 mil 350 muertes de niños por déficit nutricionales se registran en nuestro país.
Otra vez el presidente en el informe: "Un México en el que cada familia habite una vivienda digna con buenos servicios."Sin embargo nuestra realidad: más de 4.6 millones de viviendas como déficit.
"Un México generoso en oportunidades para todos". Otra vez la empecinada realidad: la violencia toca nuestras puertas y amenaza nuestros bienes y a nuestras familias.
"Unidos por el esfuerzo de todos y creyendo firmemente en nosotros mismos" dice el presidente en el informe para construir un México más respetado en el mundo. Sin embargo, la imagen que se proyecta de nuestro país es un país sacudido y convulsionado.
Y ciertamente en el informe el presidente Zedillo señala que los mexicanos no aceptamos que cuando nuestro país está otra vez de pie, superando adversidades y retos, aparezcan grupos que utilizan el terrorismo. Buena afirmación; nosotros la suscribimos y digo porque el terrorismo es asunto de seguridad nacional; debemos nosotros, legisladores, asumir la responsabilidad de ofrecerle al Estado mejores medios jurídicos para enfrentarlo, sean grupos terroristas o movimientos armados irregulares.
Sabemos que el recurso de la fuerza es promotor de miedo que no se justifica buscar objetivos políticos porque hay vías legales en nuestro país para hacerlo. Rechazamos a aquellos grupos que dicen luchar para que en el mañana no existan desempleados; pero hoy en el presente con sus asaltos, bombas, tiros, están destruyendo fuentes de trabajo actuales, torpedeando así nuestra economía.
Es lamentable lo que ocurre en otros paises, en Francia, en España.
Creo que las familias mexicanas merecen vivir en paz. No merecemos la plaga del terrorismo, de la violencia, que es un cáncer social, que es antisocial, que es antidemocrático porque derrumba a las instituciones tan caras, tan valisas, que tanto esfuerzo nos han costado.
Con la violencia, todos salimos perdiendo. En lo interior y en el exterior nuestra imagen se deteriora y frena las inversiones extranjeras. Por eso, vemos que en el informe de alguna manera hay coincidencias, bien, cuando se nos informa que ha suscrito el Ejecutivo compromisos en la Conferencia Especializada Sobre Terrorismo. Creo yo que es bueno fomentar la colaboración y nosotros, señores diputados, tenemos que analizar estos tratados internacionales suscritos por nuestro país. Una primera invitación para que nuestra Comisión de Relaciones Exteriores se aboque a mirar los contenidos que tiene esta conferencia.
Y en cuanto a las discrepancias, ha dicho aquí el representante del Partido Revolucionario Institucional, a quien le expreso mi respeto, que en algunas ocasiones nos quieren imponer cláusulas desde el exterior. Creo yo que a esto, a la imposición de un grupo o de un país, nos opondríamos; pero si nos estamos refiriendo específicamente a temas como democracia, vinculada a la cuestión de la Unión Europea o a derechos humanos vinculada con tratados internacionales, que nosotros hemos pedido en varias ocasiones que se suscriban, no se trata, como él lo dijo, de entregar cosas fundamentales, de entregar nuestro patrimonio que nuestros hijos nos reclamarían, no se trata de esto, aquí hay una divergencia. El país se tiene que abrir no solamente en materia comercial. Tenemos que darle la bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es valioso, pero también tenemos que suscribir la Corte y otras comisiones o comités que México no ha suscrito. Les decíamos en un tono comparativo el día de ayer al Secretario que aceptar la visita de la Comisión Interamericana y no aceptar la de la Corte, significaría como que le diéramos la bienvenida al sacristán y no aceptáramos al padrecito.
La discrepancia con el PRI es muy clara, en temas de soberanía y de desarrollo del sistema jurídico internacional. Ahí es donde nosotros les pedimos una mayor evolución para abrir al país, porque no se trata de entreguismos, se trata, precisamente, de darle coherencia en lo interno para que en el exterior seamos más fuertes.
Y una invitación más que se suma a la de mi compañera que me antecedió en el uso de la palabra. Que debatiéramos en la Comisión de Relaciones Exteriores, un tema que creo yo que nos beneficiaría a todos: "soberanía y nuevas tendencias del derecho internacional". Lo propongo, porque a raíz de este concepto estamos teniendo discrepancias insalvables, porque no es posible que se justifique la respuesta del canciller que nos dio el día de ayer cuando mi compañero le preguntaba por qué no se suscribía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y él decía que porque Estados Unidos no lo había hecho. Esa es la razón, más bien la sinrazón que de alguna manera quisiéramos que lo asumiera el partido mayoritario en esta Cámara- y digo esto porque de alguna manera mi compañero le dijo al canciller que ya no es justificable y nunca lo ha sido, de que diga que "Estados Unidos tiene que dar el primer paso para que nosotros lo hagamos".
Así que yo creo que se entendió el día de ayer que le hemos dejado esta tarea a la Cancillería, que en este tema de protección internacional de los derechos humanos se busque un mejor argumento que nos sirva a todos y especialmente a los mexicanos que buscan mejor protección de sus derechos y nosotros, partido político, comprometido con fortalecerla imagen de México en el exterior.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Vizcarra, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Flores Vizcarra:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno del presidente Zedillo, presentó un examen pormenorizado de las acciones de política exterior desarrolladas en los últimos doce meses. Esto permitió un diálogo exhaustivo, durante el cual legisladores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras pudimos informarnos, criticar y enriquecer los conceptos y las acciones sobre las que dio cuenta el responsable del despacho.
El día de hoy, ante esta Asamblea, hemos escuchado con atención los posicionamientos y los comentarios de las diversas fracciones que la integramos. Para no abusar de la atención de ustedes, y en aprovechamiento de nuestro tiempo quisiera no abundar en el relacionamiento de las acciones desarrolladas, sino, en vez de elaborar sobre algunos de los elementos que en nuestra opinión le confieren sustentación, validez y viabilidad.
En esta sesión se nos impone comprender la compleja trama de las relaciones internacionales y su vinculación a los intereses presentes de nuestro país. La política exterior de México se sustenta en principios, en principios constitucionales y en una vasta tradición histórica.
Basada en consultas intensas y en escrutinios con todas las corrientes políticas en esta Cámara representadas, la política exterior de México aspira a ser reflejo de un amplio consenso nacional.
Así, las concepciones distintas, las opiniones contrastantes, las interpretaciones diferentes al respecto, no sólo son importantes y respetables, sino que son necesarias, diríamos que indispensables.
A los integrantes de todas las percepciones políticas nos debe interesar asumir un compromiso básico con la caracterización de los intereses del país frente a los de otros. En un mundo marcado por una compleja red de competencias que condicionan las relaciones internacionales, el Gobierno del Presidente Zedillo afirma el valor de los principios de soberanía y a la vez promueve los intereses nacionales, involucrando a todos los actores que participan en las tareas de fortalecer nuestra soberanía y de mejorar la inserción externa de México y de su economía.
La reestructuración de la economía internacional implica una alta interdependencia asimétrica. La simplificación de esta nueva realidad no se resuelve con la intervención unívoca del Gobierno, sino lo hace con el concurso de todos, de todos los actores de la realidad nacional.
Aspiramos a una política exterior de Estado que no haga prevalecer una sola visión. La política exterior de este Gobierno persigue fortalecer la seguridad de la nación, defender los intereses de nuestros compatriotas, participar en los procesos económicos que se dan en los polos más dinámicos del mundo, intensificar nuestros vínculos bilaterales prioritarios y estimular la cooperación internacional para el desarrollo.
Las nuevas relaciones de interdependencia con el exterior contrastan las capacidades también diferenciadas de cada país para lograr continuidad y cambio, para lograr la coherencia y consistencia que la política exterior de México debe acreditar para corresponderse con los intereses de nosotros mismos, los mexicanos.
El mundo vive un ciclo histórico que se caracteriza por la conjugación de un proceso de democratización de los regímenes políticos y a la vez, un proceso modernizador de apertura económica. Por eso, no confluimos con aquellos que pregonizan retardadamente visiones parciales y autárquicas que resisten esta realidad.
En la reestructuración de la economía mundial México hace valer su acervo patrimonial histórico de principios en materia de política exterior, así lo acredita la posición del Gobierno de México frente a la flagrante vulneración del derecho internacional en el caso de la ley propuesta por los legisladores norteamericanos Helms y Burton.
Las discrepancias acerca de la política exterior de este Gobierno no deben hacernos caer en la trampa fácil de denostar los esfuerzos en el conjunto, las paradojas de la historia contemporánea no deben hacernos sustraer de la doctrina internacional el proyecto histórico del Estado mexicano.
Ante la simplificación a ultranza de la complejidad de las relaciones políticas internacionales, debemos proponer y fortalecer los principios válidos de nuestra política exterior que tanto aquí se han mencionado.
La política exterior de México no ha sido monotemática ni aislacionista, no sustenta la retensión de ser una potencia intermedia, no persigue el mito de la identidad absoluta, pero sí aprecia el valor de nuestra cultura, de nuestra autodeterminación y del respeto recíproco a la igualdad de los estados; no valida el mito de la buena vecindad, pero tampoco finca su acción en la vecindad rencorosa.
El grupo parlamentario de la mayoría reconoce y valora la política exterior del presidente Zedillo. No acreditamos al miserabilismo que no reconoce que el esfuerzo es de todos, que los aciertos de nuestra política externa son responsabilidad de todos frente al exterior. Reitero, por eso el grupo parlamentario al cual pertenezco, el día de hoy quiere hacer patente el reconocimiento a quien ayer hizo una exposición detallada de la política exterior desarrollada por el Gobierno del presidente Zedillo en estos pasados 12 meses.
Muchas gracias.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores inscritos para la primera ronda, pasamos a la segunda y tiene la palabra la diputada Mara Robles Villaseñor.
La diputada Mara Nadezhda Robles Villaseñor:
Buenas tardes; compañeras y compañeros legisladores:
Ayer durante la comparecencia del secretario Gurría, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra fracción parlamentaria tuvo oportunidad de cuestionarlo en diferentes temas relativos a la seguridad nacional. Específicamente le interrogaron acerca de la decisión de adquirir equipo militar ruso sobre las ofertas del embajador de Estados Unidos en México, para participar en el combate al Ejército Popular Revolucionario y, en general, sobre el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en las decisiones relativas a seguridad nacional.
Le manifestamos al secretario Gurría y aquí lo reiteramos, nuestra preocupación porque el factor militar empiece a sobredeterminar nuestras relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, de tal suerte que en negociaciones de orden económico, sociales o políticas, se pongan en juego nuestros intereses soberanos dependiendo de negociaciones relativas a la ayuda y cooperación militar.
En sus respuestas, el secretario Gurría dejó ver claramente ante la opinión pública que en la definición de criterios y en la realización de las negociaciones relativas a la adquisición de equipamientos militares, la Secretaría a su cargo tiene una clara intervención. Por lo que suponemos que en nuestras embajadas los agregados militares comenzarán a adquirir un papel muy relevante, aunque como el propio Secretario lo aclaró, lo que se da es una coordinación de alto nivel en el Poder Ejecutivo para la toma de esas decisiones. En ese tenor lo que resulta inquietante es que existe un número cada vez mayor de decisiones y de acciones relativas al resguardo de la soberanía y de la seguridad nacional en las que el factor militar está adquiriendo una particular relevancia.
En esta forma asistimos a un proceso en el que las fuerzas armadas adquieren un inédito protagonismo en el acontecer político interior y exterior.
Sin duda, los cambios en el mundo en un proceso de globalización imponen una necesaria transformación, las operaciones a escala mundial de narcotráfico y su incuestionable influencia y penetración en todas las esferas del poder, las operaciones de tráfico de armas y los crecientes movimientos migratorios y el endurecimiento de las fronteras del mundo desarrollado, entre otros factores, influyen en el nuevo protagonismo de las fuerzas armadas.
En estos días, hoy mismo incluso, nos enteramos a través de la prensa de que informes confidenciales del Pentágono indican que militares mexicanos recibieron entrenamiento en Gran Bretaña en el arte de sembrar y retirar minas; en Argentina y Chile, métodos antiguerrilleros y en Guatemala, el llamado "infamecurso caidil" en el que sólo dos oficiales mexicanos lograron concluir.
En adición a la compra de helicópteros rusos para transportación de tropas que ayer conocimos a través del documento del Pentágono, hoy sabemos también que el Gobierno de México adquirió cuatro aviones ligeros de espionaje que según el mismo Pentágono se habían usado para monitorear a los zapatistas durante el cese al fuego.
La lista de adquisiciones de armamento y de equipo es aún más larga, sólo algunos ejemplos: para el Pentágono el levantamiento de Chiapas, dice el documento, puso de manifiesto las deficiencias de un Ejército mexicano demasiado relajado ante la caótica situación nacional. A partir de entonces, dos generales de ascendencia mexicana y con la experiencia en la invasión de Panamá, inauguraron una nueva política de acercamiento hacia México; sin embargo, en las indagaciones periodísticas sobre estas versiones, la Secretaria de la Defensa Nacional ha declinado confirmar o desmentir estas afirmaciones.
A nadie escapa también que el Ejército tiene una participación cada vez más activa en el control de flujos migratorios, sobre todo de ciudadanos centroamericanos que ingresan a nuestro país con el fin de ir a Estados Unidos. Ayer, el secretario Gurria calificó dicha participación como apoyo; nosotros creemos que dicha participación comienza a adquirir tintes que rebasan el apoyo y que pueden comenzar a establecer un antecedente negativo de violación, entre otros, del derecho constitucional de libertad de tránsito en el territorio nacional.
En otros documentos de la Agencia Militar de Inteligencia de los Estados Unidos y que publica hoy también un importante rotativo nacional, se pone en tela de juicio ni más ni menos que la propia estabilidad nacional.
Ante este panorama ya el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Zedillo, deja saber a la nación, que se impulsaría una decidida modernización de las fuerzas armadas, en el contexto de una clara defensa de la soberanía y resguardo de la seguridad nacional, que implica transformaciones de orden jurídico y un más definido marco de cooperación con otros países en esa materia.
Sin duda, el presidente Zedillo en este punto, quizá mejor que los que se refiere a su promesa de bienestar para las familias, ha estado cumpliendo su palabra.
En ese orden, no nos deberá sorprender que muchas de las decisiones que competen al resguardo de la seguridad nacional y de nuestra soberanía, se están tomando sin que el Poder Legislativo tenga la menor injerencia, mas que en su función de sancionador de las iniciativas que al respecto envíe el Ejecutivo.
Podemos afirmar, con contundencia, que en esta nueva era de protagonismo del factor militar, en el acontecer interno y externo de nuestra nación, esta soberanía carece de la experiencia y de los instrumentos y leyes apropiadas para el control democrático de los asuntos relativos a la seguridad nacional.
Legisladoras y legisladores, la respuesta del día de ayer del secretario Gurría en este tema, aclararon algunos aspectos aislados, pero resultan del todo insuficientes a la luz de la dimensión que, incluso para las fuentes de la inteligencia militar de otros países, está adquiriendo el tema de la seguridad nacional en nuestro país. Por esta razón consideramos de vital importancia que se adopten las siguientes medidas:
1. Que el Congreso de la Unión convoque a los secretarios de Defensa y Marina a comparecer en el análisis de los informes de Gobierno, de otra manera este tema sería abordado de manera incompleta.
2. Que las comisiones de Defensa Nacional hagan una revisión exhaustiva del marco constitucional y jurídico general que determina la vigilancia y el control del Poder Legislativo en materia de seguridad nacional y las competencias del Ejército en materia de política exterior.
3. Que se establezca, por parte del Ejecutivo y de todas sus áreas involucradas, una clara política de información que considere un adecuado control de aquellos documentos que por razones de seguridad no pueden ser del orden público, pero que permita a los legisladores y a través de nosotros, a la soberanía popular, tener un manejo democrático del proceso de toma de decisiones en los temas relativos a la seguridad nacional.
Consideramos además, que la actual política de seguridad nacional que tiene que ver con las relaciones exteriores en primerísima importancia, sería errónea si no contempla los siguientes lineamientos básicos:
1. Que la seguridad nacional deje de ser un coto reservado del Poder Ejecutivo Federal, por lo que la reforma del Estado debe incluir transformaciones que hagan posible que la definición de contenidos y prioridades en esa materia, así como la asignación de recursos, los esquemas institucionales para abordarla y los métodos para cubrirla se den bajo control social con la intervención equilibrada de los tres poderes de la Unión.
2. Fortalecer e impulsar los mecanismos sociales de consulta y de participación de la sociedad civil en la definición de las políticas de seguridad nacional, habida cuenta de que tiene una gran sensibilidad sobre este tema.
3. Identificar y anular cualquier definición y operatividad represiva en el tratamiento de las disidencias opositoras al Gobierno y que se obre a través de los cauces democráticos y amparados por la Constitución.
Finalmente, proponemos impulsar el interés de la sociedad sobre temas de seguridad nacional lo mismo que la investigación y formación profesional en los campos que se vinculen. Creemos que avanzar en los diagnósticos de riesgo que entrañan para la seguridad nacional las problemáticas relativas a la degradación de los ecosistemas regionales e internacionales, el establecimiento de basureros nucleares, el deterioro creciente de las condiciones de vida de la población incluida la amenaza de enfermedades como el SIDA que pueden adquirir el carácter de pandemia y el control monopólico de los medios de comunicación y nuevas tecnologías en todas las áreas de producción así como el movimiento especulativo de capitales, deben ser retomados de forma estratégica.
Pensamos pues compañeras y compañeros legisladores, que prosperar en el consenso para la transformación democrática de la vida nacional y en el diseño de alternativas al modelo de desarrollo económico que atienda las insoslayables demandas populares de justicia y desarrollo social, son el mejor camino para construir y preservar la soberanía y la seguridad nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
En uso de la palabra, el diputado Rafael Díaz Chávez.
El diputado Rafael Díaz Chávez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Aunque el presidente Zedillo no hace mayor referencia al programa migratorio, Acción Nacional considera que es tema foral de nuestra política exterior, no sólo por su magnitud, sino por su importancia, son causas y sus implicaciones en diversos ámbitos de nuestra política interna.
En primer orden, los mexicanos enfrentamos un problema fundamental, la falta de coordinación entre las diversas autoridades que tienen que observar la legislación y la agenda migratoria.
Ni la Secretaría de Gobernación, responsable de la política migratoria; ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable de proteger a nuestros connacionales para dar buen trato a los extranjeros y atender las comunidades mexicanas que residen fuera del país; ni la Secretaría de Hacienda, responsable de la internación legal de bienes y servicios; ni el Instituto Nacional de Migración, responsable también de aplicar la Ley General de Población; ni la Secretaria de Hacienda, encargada de elaborar y dar seguimiento al TLC; además, la Secretaría de Turismo, responsable de promover la imagen de México en el exterior, han logrado integrarse a un adecuado sistema de colaboración, que sin duda resultaría más eficaz.
Sería deseable que algunas de estas secretarias, como pudiera ser la propia Cancillería, asumiera el compromiso de coordinar todas estas acciones y encaminarlas al objetivo común de atender dignamente a los migrantes y asistirlos para que puedan integrarse sanamente a la comunidad que los recibe.
Esta falta de coordinación quizá sea una de las razones por las que el famoso programa "paisano" se ha quedado sólo en una bonita idea, pues los connacionales que regresan al país, son víctima a diario de vejaciones y robos por parte de autoridades corruptas, solapadas por la Secretaría de la Contraloría, tanto en las aduanas, como en los retenes que existen a lo largo de las carreteras.
Entre las responsables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que respalda sin duda la impunidad de quienes trafican con mercancías y han hecho de esta actividad un negocio que crece en forma preocupante.
Pero más preocupante resulta aún la afirmación de nuestro Secretario de Relaciones Exteriores, cuando dice que el programa migratorio no se resuelve si no se administra. Paradigma semejante lo hemos escuchado ya en boca de algunos otros tecnócratas encargados de la economía y las finanzas de nuestro país, cuando se refieren al problema de la pobreza, ante cuya magnitud alcanza ya el 50% de los mexicanos y en el cual han abdicado prácticamente en las verdaderas soluciones, y sin creatividad ni respeto por la dignidad humana, proponen sólo paliativos como la famosa "problemático".
¿Debemos acaso de interpretar la afirmación del licenciado Gurría como la abdicación anticipada de la Cancillería por encontrar soluciones profundas y reales al programa migratorio.
Esta actitud explica, en parte, la ausencia del tema migratorio en el TLC, hecho preocupante por la creación de la iniciativa que dio origen al Banco de Desarrollo de América del Norte, Bandam, y que tiene como uno de sus principales propósitos contribuir a disminuir la brutal asimetría que padece nuestra economía, mediante proyectos de desarrollo regional.
Esto derivó de una acción promovida por el Gobierno mexicano, sino de la eficaz defensa que las comunidades latinas han hecho ante el Gobierno del presidente Clinton.
La Cancillería debe, pues, combatir este paradigma y convencerse de que mientras no exista una preocupación real por erradicar las causas que generan el problema migratorio, seremos incapaces de proponer soluciones de fondo.
Otra actitud que ha dañado la imagen de México, es la falta de congruencia y coherencia entre la política externa y la política interna, ya que mientras denunciamos las violaciones de los derechos humanos de nuestros connacionales que residen en los Estados Unidos, nuestras autoridades cometen igual o peores violaciones en la frontera sur. Esto fue denunciado por el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional hace varios meses, generándose un compromiso por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, en el sentido de investigar la actuación de sus agentes, compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido.
Para lograr esta congruencia en relación con nuestra política migratoria en la frontera sur, además de lo expuesto consideramos importante hacer al pleno de esta Cámara las siguientes propuestas:
1. Estudiar la posibilidad de aprovechar los apoyos del Banco de Desarrollo de América del Norte para promover programas de desarrollo sustentable en la frontera sur.
2. Dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la I Conferencia Regional Sobre Migración, que tuvo lugar en la ciudad de Puebla en fechas recientes.
3. Dar seguimiento a la aplicación de la cartilla elaborada para guía de derechos humanos, para migrantes centroamericanos, precisando los tipos de abusos cometidos y el porcentaje en que éstos han disminuido en su caso.
4. Impulsar la actuación de los grupos beta, para proteger a los ciudadanos que intentan cruzar la frontera sur, pues no se tiene información de que operen en dicha región.
5. Detectar y perseguir a las bandas dedicadas al tráfico de migrantes y cadena de corrupción de autoridades migratorias.
6.1nformar cómo habrá de darse seguimiento a los acuerdos derivados de los convenios suscritos durante la reciente visita del presidente Zedillo a Guatemala y buscar la celebración de nuevos convenios con otros países centroamericanos.
7. Que las comisiones de Relaciones Exteriores y Asuntos Fronterizos, en forma conjunta promuevan una reunión multirregional en la que se discutan temas relacionados con la frontera sur.
Muchas gracias.
El Pesidente:
Por último, el diputado Emilio Solórzano Solís.
El diputado Emilío Solórzano Solis:
Con la venia del señor Presidente:
Si bien la política exterior del presidente Ernesto Zedillo ha dado especial énfasis a la diversificación de nuestras relaciones económicas y políticas con los principales polos de desarrollo en el mundo, las relaciones con los países con los que compartimos fronteras reviste una alta prioridad.
Con los Estados Unidos de América tenemos más de 3 mil kilómetros de frontera, que es una de las más activas en el mundo, ya que la cruzan legalmente poco más de 350 millones de personas y es escenario también de múltiples intercambios comerciales y de flujos turísticos, financieros y migratorios.
La primera economía del mundo constituye un polo de atracción para aquellas personas que buscan mejores oportunidades de trabajo y mayores condiciones de vida.
El cruce de la frontera norte por parte de trabajadores migratorios, ha creado tensiones y problemas de diversa índole por los abusos de las autoridades federales y locales.
La violencia y criminalidad que se ha desarrollado en ambos lados de la frontera tiene como víctima principal a los trabajadores y sus familias, quienes son engañados y despojados de sus escasos recursos con la promesa de internarlos en los Estados Unidos.
La vía de nuestros connacionales en busca de mejores oportunidades laborales y de bienestar económico se ve gravemente afectada por su condición de indocumentados y los abusos de que son víctimas. Al calor de las campañas electorales en el vecino país, se han endurecido las tendencias racistas y xenofóbicas en contra de los trabajadores migratorios.
Para proteger a los connacionales en Estados Unidos y velar por sus derechos humanos y laborales, el Gobierno mexicano ha establecido como prioritaria la tarea de protección consular y el reforzamiento de las oficinas consulares en asuntos de carácter civil, penal, administrativo, migratorios y de protección de los derechos humanos.
En su quehacer diplomático, México ha creado mecanismos de consulta al interior de los Estados Unidos entre los cónsules mexicanos y los directores distritales del servicio de inmigración y naturalización, a fin de que se eviten las violaciones a los derechos humanos.
La tarea de protección consular incluye la visita a las cárceles y a los centros de detención, por eso se avanza en la repatriación ordenada y digna de los nacionales a fin de que se respeten sus derechos humanos y su integridad física, así como en la orientación jurídica necesaria.
La política migratoria de los Estados Unidos cada día es más restrctiva en comparación a otros periodos en los cuales se ha permitido, incluso, llevar a cabo procesos de naturalización y regularización. Se han establecido leyes migratorias más estrictas y se ha delegado a los estados algunas funciones que anteriormente eran federales, respecto a la política migratoria.
El problema de la migración en los Estados Unidos se está ligando a las campañas electo rales y por ello hay una mayor sensibilidad a este tema en aquellos estados de la Unión Americana en donde se presenta en mayor medida este fenómeno, tal es el caso de California, donde se suscitó el problema de la propuesta 187, la cual ha sido aprobada pero no ha entrado en vigor en virtud de que diversas organizaciones denunciaron su anticonstitucionalidad.
Para fortalecer su tarea, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha creado recientemente la Coordinación General de Protección Consular, que fortalece estos servicios mediante programas dirigidos a las comunidades mexicanas en el extranjero, a los que les lleva a acciones como son atención de salud, educación, cultura, deporte y desarrollo comunitario.
El delicado tema migratorio constituye uno de los asuntos fundamentales de la agenda bilateral, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, por eso nos pronunciamos por un trato digno a los connacionales, sustentados en:
1o. El rechazo a la perversa pretensión de asociar la imagen de los inmigrantes con la de la delincuencia.
2o. El respeto irrestricto a sus derechos humanos y laborales.
3o. La inaceptable aplicación de medidas policiacas y discriminatorias al problema de la migración:
4o. El reconocimiento de su contribución a la economía estadounidense.
Por último, el Gobierno del presidente Zedillo ha asumido con responsabilidad el manejo de este delicado asunto y está comprometido con las causas de los inmigrantes mexicanos radicados en los Estados Unidos.
Gracias.
El Presidente:
Agotada la lista de oradores inscritos para la segunda ronda.
El secretario Heriberio Tomaz Lizarraga Zataraín:
Señor Presidente, agotado el análisis del II Informe de Gobierno en los temas de política económica y política exterior.
INDUSTRLA DE LA TORTILLA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación que guardan los subsidios de la industria tortillera.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El alimento básico de México ha sido por varios siglos y hasta la actualidad el maíz. Hablar de abasto de alimentos o de autosuficiencia alimentaria, es hablar en primer lugar de la producción y distribución del maíz y sus derivados.
En nuestros días en el país se consumen más de 20 millones de toneladas de maíz al año. De éstos, 12 millones de toneladas son para consumo humano, 5.5 se destinan a la producción de tortilla, 5.2 para el autoconsumo, 1 millón van al mercado no controlado y 115 mil toneladas para frituras y 225 mil para semilla de siembra.
Durante muchos años, uno de los objetivos fundamentales del estado posrevolucionario mexicano, fueron el fomento de la producción de maíz y la garantía del abasto del mismo a toda la población. Para ello se crearon mecanismos de regulación del mercado de los productos básicos con el fin de evitar su escasez y su encarecimiento artificial por parte de acaparadores.
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo, tuvo en su origen la finalidad de garantizar el abasto de alimentos en todo el país, particularmente en beneficio de las clases populares. Para ello se constituyó, por una parte, en un comprador de granos básicos, adquiriendo los productos, inclusive fuera del país cuando fue necesario y por la otra en distribuidor de vienes de consumo popular a precios accesibles.
Para una y otra función, la Conasupo requería de subsidios, los cuales se justificaban en principio en la medida que cumpliera la misión social para los que fueron creados.
Desgraciadamente, como muchas otras instituciones del Estado, la Conasupo no se salvó de funcionarios corruptos, que amasaron grandes fortunas ilegales y concentraron un gran poder político en su beneficio personal, a costa del saqueo y de la distorsión de las funciones de la empresa.
La corrupción y el saqueo de Conasupo llegaron a sus máximos niveles en el periodo de 1982 a 1994, dejando una secuela de ineficiencia, sangría financiera y perversión de funciones que ha ameritado una investigación por parte de esta Cámara de Diputados.
Llevar esa investigación a fondo, deslindando responsabilidades a que, haya lugar, será no sólo un acto de justicia sino una de las condiciones, para rescatar la misión genuina de la Conasupo en materia de abasto popular.
Por esa razón es injustificable que se pretenda cerrar la investigación de los malos manejos en la Conasupo, antes de esclarecer los hechos o que se quiera proteger de cualquier modo a los responsables de ilícitos, en perjuicio de un organismo público de esa importancia social.
Además de esos malos manejos financieros y administrativos, la Conasupo ha sido víctima de la distorsión de sus funciones por parte de sus directivos de los últimos años.
Con el pretexto de garantizar el abasto de maíz para consumo popular, los recursos de Conasupo se han utilizado para financiar y apoyar a una empresa particular, la denominada Maseca, productora de harina de maíz industrializado.
Por varios años Maseca ha sido beneficiaria de enormes volúmenes de subsidios gubernamentales a través de la Conasupo. Al mismo tiempo que se provoca el estancamiento y la descapitalización de la industria de la masa y la tortilla, al ser obligada ésta a sustituir su materia prima tradicional, el maíz para nixtamal por la harina industrializada.
Con base en el mecanismo de subsidios que se estableció desde hace varios años, Conasupo entrega aparte de molineros y tortilleros a un precio subsidiado, una cierta cantidad fija de maíz, cantidad que suele hacer o estar por debajo de la capacidad de producción y la demanda que tienen tales establecimientos, con el fin de que los tortilleros puedan vender el producto al precio oficial de 1.40 el kilo, la empresa estatal les vende el maíz a 425 pesos la tonelada. Sin embargo, los tortilleros no pueden conseguir más maíz subsidiado, que la cuota que tienen asignada, si quieren atender una demanda de tortillas mayor, tienen que comprar harina de maíz industrializada, la cual tiene un precio mayor, aún cuando también esté subsidiada.
Pero la Conasupo también subsidia a las empresas harineras, aunque de manera distinta. Las compañías harineras adquieren el maíz a precio del mercado en las cantidades que puedan procesar y vender a los molinos y tortilleros. Pero para que éstos puedan vender !a tortilla a 1.40, obtienen la harina de maíz a un precio subsidiado de 940 pesos por tonelada. El diferencial entre el precio del mercado del maíz y el precio subsidiado por parte de la Conasupo, es cubierto a las empresas harineras por la misma Conasupo contra la presentación de facturas.
De esta manera, aunque las empresas de harina industrializada concurran al mercado a comprar el maíz a un precio no regulado oficialmente, de hecho lo adquieren a un precio subsidiado una vez que vende la harina.
Pero a diferencia de los molineros y tortilleros que reciben de Conasupo U. a cuota limitada de maíz subsidiada, las compañías harineras reciben un subsidio mucho mayor, sin más límite que su capacidad de producción y venta o inclusive lo que no es difícil de imaginar, según su capacidad de sirnular con facturas una producción aún mayor. Frente a este trato tan generoso para la paraestatal hacia las empresas harineras, los tortilleros y molineros tienen que sujetarse a las cuotas de maíz impuestas y si desean aumentar su producción tienen que adquirir la harina industrializada, la cual muchas veces les es vendida no al precio oficial de 940 pesos por tonelada, sino a un precio más alto llegando en ocasiones hasta rebasar los 1 mil 500 pesos por tonelada.
Cuando el tortillero a causa de este aumento en su materia prima eleva el precio de la tortilla por encima del precio oficial se expone a la protesta del público consumidor y a las sanciones de las autoridades; entre tanto, las empresas harineras muchas veces las causantes de esas alzas permanecen protegidas e impunes.
No deja de ser cuestionable que una parte considerable de los recursos que el Gobierno Federal canaliza al consumo de maíz se utilicen para favorecer de esa manera a unas empresas privadas a las que prácticamente se les asegura un mercado cautivo y sin riesgos y un abastecimiento seguro a bajo costo. Pero esa política resulta menos justificable si se tiene en cuenta que mientras los molinos y trotonerías suman en el país alrededor de 40 mil establecimientos y dan empleo a más de 150 mil trabajadores, por otro lado, de la producción de las empresas harineras, Maseca concentra alrededor del 70%, Minsa el 25% y las otras, el restante 5%; además, debido a su alta tecnificación esas empresas en su conjunto generan menos de 8 mil empleos. Actualmente más del 55% de la tortilla que se comercializa en nuestro país estaba elaborada con harina, una sola empresa, Maseca, está adquiriendo así, el control del alimento más importante de la población mexicana, gracias a los onerosos como injustificables subsidios que le está proporcionando el Estado.
Vemos aquí, cómo un objetivo social de primer orden: garantizar el abasto de un alimento básico a precio accesible, puede ser desvirtuado a costa del erario federal, hasta convertirlo en un jugoso negocio para un par de grandes empresas privadas que compiten deslealmente con los miles de pequeños industriales de la masa y la tortilla.
El subsidio canalizado es cercano a los 8 mil millones de pesos y según fuentes de la propia Conasupo puede llegar a los 12 mil millones de pesos para este año. Ante esta situación, el pasado 31 de mayo el presidente Zedillo emitió un decreto que establece un subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano de precio controlado y que al menos, en el texto, tiende a propiciar una competencia más equitativa entre los harineros y los tortilleros. Entre otras cosas, el decreto establece que tanto los harineros como los tortilleros y molineros podrán adquirir el maíz a precio de mercado en las cantidades que puedan comprar y procesar y que la diferencia con el precio de referencia, es decir, el subsidiado, será cubierta en efectivo por medio del subsidio gubernamental. Sin embargo, este decreto de hecho no ha sido puesto en vigor debido a diversas maniobras de los funcionarios de la Conasupo.
Conforme al artículo 40. del mencionado decreto, las empresas harineras y molineras interesadas en participar en la canalización del subsidio, deberán solicitarlo por escrito a la paraestatal, informando de sus capacidades técnicas y administrativas, así como del tipo de materia prima que utilizarán, es decir, maíz para nixtamal o harina industrializada.
Esto último, ha sido aprovechado por funcionarios para bloquear a los tortilleros y seguir favoreciendo a las compañías harineras. Cuando los tortilleros indican que pretenden utilizar maíz para nixtamal, sus solicitudes son rechazadas o no se les da trámite, informándoles verbalmente que sólo van a proceder las solicitudes que demanden la harina como materia prima.
En el mismo sentido, con fecha 24 de julio de este año, Conasupo emitió una convocatoria en relación al mencionado decreto, publicada en todos los medios de comunicación nacionales, en la cual invita a los productores del ramo a participar en el programa de subsidios, pero exclusivamente para la adquisición de harina de maíz, omitiendo lo relativo al maíz para nixtamal. Por esta vía los directivos de la empresa estatal se proponen seguir subvencionando indebidamente a las compañias harineras, principalmente a Maseca; inclusive desvirtuando un decreto presidencial y haciendo de los pequeños industriales de la masa y la tortilla un mercado cautivo y forzoso del oligopolio harinero.
Es injustificable esta política seguida por la Conasupo en materia de producción de masa y tortilla. Es injustificable económicamente, porque provoca una elevación innecesaria de los subsidios al introducir artificialmente una fase más del proceso de elaboración de la tortilla, del maíz a la transformación en harina industrializada y de ésta a la elaboración de masa y tortilla, cuando resultaría más barato que los molinos y tortillerías transformarán directamente maíz en nixtamal.
No justifica tampoco socialmente porque con esos subsidios inequitativos, se favorece a unas cuantas empresas a costa del sometimiento de miles de pequeños productores y es menos justificable aun desde el punto de vista de las normas que deben regir la administración pública, cuya misión es servir a la sociedad, no favorecer quién sabe a cambio de qué prebendas para los funcionarios involucrados, a los intereses de un oligopolio.
Los directivos de la Conasupo y el propio Gobiemo Federal, están obligados a explicar esta política y a corregirla en términos de justicia social y eficiencia financiera.
Esta Cámara por su parte, deberá estar vigilante de que así se haga y todos debemos evitar que los alimentos básicos, de gran consumo nacional estén a merced de unos cuantos; más firme debe ser la actitud del Legislativo cuando ahora se anuncia que habrá una unión comercial entre Maseca y la compañía norteamericana más importante en este ramo la Daniel Brothers, por lo que ahora se correrá el riesgo de que el subsidio con fines sociales, se convierta en un botín para beneficio de empresas extranjeras y que un alimento fundamental para los mexicanos pueda depender de intereses ajenos a los nuestros.
Tenemos por otro lado, que como resultado de estas acciones y a consecuencia del abandono de una política de autosuficiencia alimentaria se está presentando una situación muy delicada. La semana pasada la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de su delegado en el Estado de Tamaulipas, hizo saber que las plantas productoras de Maseca, no podrán cubrir la demanda de harina en ese Estado.
El Presidente:
Señor diputado, le rogamos abreviar su intervención.
El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:
Señor Presidente:
Le recuerdo que estoy hablando en función del artículo 102 ó 103 y no en función a un acuerdo parlamentario.
Compañeros diputados: insisto en llamar en este punto su atención, porque es un problema éste que estamos tratando, no solamente de interés de un grupo industrial, es un problema que pone en riesgo nuestra soberanía, y yo les pido un poco más de su atención, para terminar esta intervención y desde esta tribuna alertamos al Ejecutivo Federal que el decreto firmado por él, está siendo objeto de manipulación y de bloqueo por funcionarios de la Conasupo, a fin de que no se cumplan los objetivos.
A los secretarios de Comercio y Fomento Industrial y Agricultura y Ganadería, les solicito su intervención a fin de que cesen las acciones que afectan el interés nacional y que buscan privilegiar sólo a un pequeño sector y a intereses particulares.
A la Secretaría de la Contraloría, a que asuma su función fiscalizadora de la acción pública, para que verifique que ésta se apegue a la normatividad vigente.
Compañeros diputados: pido el interés y la intervención de todos ustedes, de todos los miembros del Poder Legislativo, ante un asunto de esta gravedad. El problema que acabo de exponer no sólo tiene que ver con actos de corrupción, es un problema de soberanía alimentaria y seguridad nacional que requiere la más alta atención de este poder de la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado González Achem.
El diputado José Luis Fernando González Achem:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
Creo que es de vital importancia analizar con profundidad el tema expuesto por el compañero Alfonso Solórzano, presidente de la Comisión de Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, comisión a la que pertenezco y que quiero señalar con todo énfasis, a nombre de los compañeros de la fracción del PRI, que estaremos atentos y dispuestos en esta comisión, para analizar detalladamente y acordar las acciones que haya necesidad de realizar, ante las dependencias que sea necesario asistir, para que la industria de la masa y la tortilla, que es de interés público nacional por todo lo que implica, inclusive desde el punto de vista histórico de nuestro pueblo, tan ligado al desarrollo de nuestra nación, el maíz, queremos mencionar que es oportuno invitar a una reunión de comisiones unidas de Comercio y de Agricultura, para abordar con la mayor seriedad posible, el problema de más de 40 mil industriales de la masa y la tortilla y de los 90 millones de mexicanos que somos consumidores y que tenemos relación con este problema que acaba de exponer Alfonso Solórzano.
La fracción del PRI agrupaba en esta Comisión de Distribución de Bienes de Consumo y Servicios, hace suya esta preocupación y tengan la seguridad y lo menciono porque hay algunos dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla aquí presentes en nuestro recinto, de que estaremos atentos y dispuestos a tocar las puertas que sea necesario, a acompañarlos a discutir y analizar y a tomar los acuerdos que se requieran, con toda responsabilidad, para garantizar el abasto de un producto alimenticio tan básico en la dieta mexicana y para fortalecer, en serio, con profundidad, la industria de la masa y la tortilla que es vital y fundamental para nuestro país.
Muchas gracias.
REPUBLICA DE CHILE
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al aniversario del Golpe Militar en Chile.
El diputado lsidro Aguilera Ortiz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El pueblo de México se ha caracterizado de manera permanente, aunque no desafortunadamente de la mano de su Gobierno, por su marcada política de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y la ha manifestado en múltiples formas e instancias, ha abierto sus fronteras a civiles que huyendo de situaciones intolerables en sus países se han acogido al nuestro como segunda patria y han contribuido a su engrandecimiento. Así han sido los casos de los refugiados de la Guerra Civil Española y más recientemente de Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala y El Salvador, entre otros, cuando en estos países se instalaron regímenes militares derivados de ilegales golpes de fuerza.
El 11 de septiembre de 1973, hace 23 años, un hermano país latinoamericano se vio convulsionado por uno de los más sonados golpes militares y por la instauración, en consecuencia, de una de las dictaduras más crueles de la historia reciente de América latina. Un golpe de Estado que puso fin a un gobierno legítimo, encabezado por Salvador Allende. Golpe de Estado patrocinado por la política de intromisión de Estados Unidos, que veía peligrar sus intereses económicos y que no vaciló, como seguramente no lo haría en la actualidad, en sacrificar el destino de un pueblo entero que había decidido democráticamente su camino.
Este suceso no debe tomarse como una efemérides más, pues las causas que lo motivaron siguen siendo vigentes y gravitan como fantasmas entre todos los países que pugnan por su libre autodeterminación.
En 1964 se produjo en Chile el primer triunfo de la Democracia Cristiana en América latina. Si bien el presidente Eduardo Frei inició un proceso de reforma agraria, no cumplió en cambio su promesa de nacionalizar la gran minería del cobre, concentrada en poderosas explotaciones como las compañías transnacionales Anaconda, Kennet Company y Cerro de Pasco .
Las elecciones de 1970 fueron ganadas por la Unidad Popular, nucleada alrededor de Salvador Allende, médico y fogueado dirigente del Partido Socialista. La coalición estaba además integrada por el Partido Comunista, el Macu y la Izquierda Cristiana. El gobierno de la unidad popular, la llamada Vía Chilena al Socialismo, no vaciló en cumplir sus promesas electorales: nacionalizó y regresó al dominio de la nación y de su pueblo las explotaciones de cobre; nacionalizó también la banca privada y el comercio exterior; e impulsó aún más la reforma agraria, propiciando formas colectivizadas de producción y creó un sector social de la economía, caminando siempre sobre el filo de la legalidad establecida que le imponía controles muy rígidos.
Salvador Allende debió luchar desventajosamente en varios frentes. Dentro de Chile la burguesía desplazada de los centros gubernamentales puso en marcha un plan desestabilizador que contó con el respaldo decidido del Pentágono, la CIA y la banca norteamericana.
Los momios, como se conocía a la ultraderecha, subvencionaron huelgas de camioneros que provocaron serios problemas de abastecimiento en varios núcleos urbanos, pese al desempeño de brigadas de voluntarios que trataban de secundar el esfuerzo productivo de los obreros y campesinos.
Matronas residentes en barrios aristocráticos, empuñaron, por primera vez en su vida, cacerolas y cucharones para hacer demostraciones no contra el hambre, sino participando en la génesis de una de las más sangrientas dictaduras de América, que por cierto ha padecido algunas verdaderamente espeluznantes.
Finalmente el 11 de septiembre de 1973, con la confesada participación de empresas transnacionales y de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se produjo el golpe de Estado de las fuerzas armadas de Chile, bajo la dirección del general Augusto Pinochet. El presidente Salvador Allende murió en su puesto de combate, el Palacio Presidencial de la Moneda, empuñando un fusil, que por cierto le había regalado el presidente Fidel Castro. Se desató una cruenta represión y miles de resistentes, obreros, campesinos, artistas populares, dirigentes políticos y sindicales, estudiantes y algunos otros militares constitucionalistas, fueron detenidos, torturados y muchos de ellos fusilados sumariamente.
El sangriento cuartelazo de los militares chilenos inscrito en la oleada de movimientos de ultraderecha que recorrió el Cono Sur en la década de los setenta, contó inicialmente con el apoyo de la clase dominante y de una clase media con temores exacerbados por un poderoso aparato propagandístico absolutamente hostil a la experiencia de la vía chilena al socialismo. Y fundamentalmente contó con el apoyo irrestricto de la banca y de las empresas extranjeras a las cuales les fueron devueltas las compañías chilenas que habían escapado transitoriamente a su control.
Inmediatamente después del golpe, la situación económica se caracterizó por una relativa bonanza, basada en la aplicación del modelo neoliberal y monetarista de la escuela de Chicago, pero sobre todo en las facilidades sin precedentes en la concesión de créditos bancarios.
El apoyo de potencias como Estados Unidos y el Reino Unido, le permitió sobrevivir al estruendoso fracaso del modelo económico que demostraría en Chile su absoluta inaplicabilidad en economías dependientes y con recursos limitados. Su deuda externa comenzó a aumentar a partir de 1983. El campo fue abandonado produciéndose en general una contracción de las actividades comerciales al disminuir el poder adquisitivo de los asalariados. Pero aún así, el plan de privatización de la economía ha seguido adelante, con la disminución en consecuencia de los servicios públicos, responsabilidad anteriormente del Estado.
La forma tan cruel como se reprimió a la población chilena y que llevó al exilio a más de la mitad de su población total, pareciera que serviría de ejemplo a otros países que intentaran luchar por sus propios derechos, el destino fatal e irremediable de un país cualquiera que decida democráticamente su gobierno y el rumbo económico que más convenga a su población, que decida declarar una moratoria ante su elevada deuda externa, proteger sus recursos naturales del uso excesivo e irracional por parte de las compañías transnacionales mediante una expropiación para usufructuarlos en beneficio de su población.
El imperio unipolar ha extendido su nuevo catecismo para indios remisos; el neoliberalismo que pretende transitar del estado benefactor al estado gerencial. Esta es una de las lecciones del golpe de Estado en Chile hace 23 años.
La otra lección, muy actual para nosotros, es dejar también muy en claro que ante la creciente militarización en nuestro país, las bayonetas pudieran servir para muchas cosas, menos para sentarse en ellas y gobernar.
Recordar a Salvador Allende y su pueblo masacrado es recordar una de las páginas más brillantes y tristes a la vez de nuestra historia contemporánea. Brillante porque recordarlo es recordarnos que fue un presidente que quiso y supo defender hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte, a los que más lo requerían: los pobres, los desposeídos, los trabajadores, los estudiantes, los campesinos. Y una de las más tristes, porque es doloroso que un país, un pueblo que quiso ser profundamente libre e independiente, fue aplastado inmisericordiamente desde el norte, auxiliado por los traidores internos.
No podemos olvidar que una gran cantidad de hermanos chilenos pudieron salvar su vida gracias a la espléndida, firme y en ocasiones temeraria acción del embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá.
Qué lástima que tengamos que ahorrar en estos momentos la otrora firme e irreductible política externa mexicana de defensa de la autodeterminación de los pueblos, pues en estos tiempos tenemos una obsecuencia casi permanente de nuestra Cancillería hacia los designios imperiales de Estados Unidos.
Una frase conocida dice que: "el hombre que no tiene memoria está condenado a repetir su historia". Por eso mismo, no debemos olvidar que las circunstancias que dieron origen a la dictadura pinochetiana están latentes y son tan actuales que tal pareciera que se podrían reproducir fácilmente en nuestro país amenazando a nuestra propia soberanía.
Por último, esperemos que los deseos allendianos sean cumplidos, que las alamedas donde circulen los hombres y las naciones libres se ensanchen cada día. Saludémoslo, pues como le gustaba, le dijera el pueblo que lo había elegido, hasta siempre, compañero presidente.
Muchas gracias.
ESTADO DE QUINTANA ROO (IL)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Ríos Magaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los salarios mínimos en Quintana Roo.
El dipuado Raúl Ríos Magaña:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de esta tribuna para hacer un reclamo popular de la clase trabajadora quinta narroense. Antes de entrar en tema sí quisiera recordar que en lo que respecta a la política exterior económica que se estuvo analizando hoy, se habló mucho de salarios, los salarios como todos sabemos, es insuficiente para toda la zona económica del país, pero más insuficiente resulta para un Estado como el mío en la cual voy a argumentar mi decisión a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Quintana Roo, Estado dotado por naturaleza de hermosas playas y aguas cristalinas, así como por zonas arqueológicas de la cultura Maya, representan para el país una gran fuente de divisas por concepto de turismo. Debo también recalcar acá que es mi Estado Quintana Roo el que aporta más ingresos de turismo o más divisas por concepto de turismo, más del 25% por concepto de divisas lo aporta Quintana Roo.
Esta actividad tan desarrollada en nuestro Estado ha creado una gran fuente de empleos, empleos que debieran estar mejor remunerados, ya que por ser Quintana Roo zona turística por excelencia, su nivel de vida es sumamente más cara que la de las otras entidades del país.
Es bien sabido por todos, que el actual salario en todas las zonas económicas del país es insuficiente, pero más insuficiente resulta para un Estado con un elevado costo de rentabilidad de vida como es el de Quintana Roo. La vivienda, e! vestido, la alimentación y los servicios son mucho más elevados en zonas turísticas como Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y el corredor turístico Cancún-Tulum.
Por tal motivo y con pleno conocimiento del problema de los salarios mínimos-tabulados en la zona C en la cual se encuentra Quintana Roo y que actualmente es de 19 pesos .05 diarios, mientras que en la zona A, es de 22.60 y en la cual se encuentra el D.F., teniendo esta ciudad capital a diferencia de otras ciudades, un transporte público subsidiado.
Por esto y por un salario más justo a los trabajadores quintanarroenses, solicito a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por medio de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta honorable Cámara para que a la brevedad posible considere la rezonificación del tabulador C a la zona A el Estado de Quintana Roo.
Es poreso, que como representante popular de mi bello Estado de Quintana Roo, solicito señor Presidente, sea turnada esta petición a las comisiones respectivas de esta honorable Cámara.
Dejo constancia acá, señor Presidente, para que sea turnada.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 17 de septiembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXX aniversario luctuoso del general de división Donato Guerra Orozco, tendrá lugar el 19 de septiembre a las 1 0:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el vicealmirante del grupo de infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Fraternidad Combativa", que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el general brigadier diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pueda aceptar, y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", que le confiere el Gobierno del Perú.
Análisis del II Informe de Gobierno.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:40 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 17 de septiembre a las 10:00 horas.
Sesión secreta.
| ADE | Acuerdo de Apoyo a Deudores |
| ALADI | Asociación Latinoamérica de Integración |
| AMBA | Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos |
| ANTAD | Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales |
| AUSEE | Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| Banobras | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos |
| Cemefi | Centro Mexicano para la Filantropía |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina |
| CIA | Agencia Central de Inteligencia de EUA (por sus siglas en inglés) |
| CNPH | Confederación Nacional de Productores de Hortalizas |
| CNT | Cámara Nacional de Transportistas |
| CONACA | Confederación Nacional de Comerciantes de Centrales de Abastos |
| Conasupo | Compañia Nacional de Subsistencias Populares |
| CRIAA | Consejo Regulador de Instituciones de Asistencia Alimentaria |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Conasupo, S.A. |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| Faprodeiap | Fondo para la Asistencia Promoción y Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| INI | Instituto Nacional de Industria (España) |
| ISR | Impuesto sobre la renta |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| Liconsa | Leche Industrializada Conasupo, Sociedad Anónima |
| OMC | Organización Mundial del Comercio |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| OSDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| PAN | Partido de Acción Nacional |
| PANF | Programa de Alimentación y Nutrición Familiar |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para la Emergencia Económica |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI-AN | Partido Revolucionario Institucional-Acción Nacional |
| SAGAR | Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |
| Sedesol | Secretaria de Desarrollo Social |
| SELA | Sistema Económico Latinoamericano |
| SHCP | Secretaria de Hacienda y Crédito Público |
| SIDA | Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida |
| SNIM | Sistema Nacional de Información de Mercados |
| TLC | Tratado del Libre Comercio |