Presidencia del diputado José Luis Torres Ortega

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum reglamentario.

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

Se informa a la Presidencia que existen previamente registrados 270 diputados, por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11:50 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Martes 17 de septiembre de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXX aniversario luctuoso del general de división Donato Guerra Orozco, tendrá lugar el 19 de septiembre a las 10:00 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco.

Oficios de la Secretaría de Gobernación.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano vicealmirante del grupo de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Fraternidad Combativa", que le confiere el gobierno de la República de Cuba.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", que le confiere el gobierno del Perú.

Análisis del II Informe de Gobierno, en materia de política interior y política social.

Comentarios sobre la Federación de Chiapas a México, a cargo del diputado Tito Rubín Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Prueba piloto sobre alimentación, salud y educación, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Heriberto Tomas Lizárraga Zataraín:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. celebrada el miércoles once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Julio Felipe García Castañeda

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del miércoles once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos ochenta y nueve diputados el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaria da lectura al orden del dia y al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con una comunicación de la Comisión de Régimen interno y Concertación Política, respecto de la comparecencia del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. De enterado.

Otra comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, con la que envía el informe de resultados de las cuentas públicas Federal y del Distrito Federal. De enterado.

La misma Secretaría da lectura a las solicitudes de licencia de los diputados Joaquín Humberto Vela González y Wilfrido Isidro Muñoz Rivera. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.

También se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Una comunicación de la Cámara de Senadores, informando de las reuniones en conferencia para analizar el Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y sus procedimientos. De enterado.

Sube a la tribuna el diputado Jorge Urdapilleta Nuñez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativas de Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos y de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turnan a las comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que informa que los ciudadanos Miguel Reyna Borrego, Francisco Antonio Sánchez Fuentes y María Guadalupe Martha Gómez Asiain de Penedo, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. Se turnan a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento .

Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al primer aniversario luctuoso del ciudadano Manuel Marcué y Pardiñas, a quien se le dedica un minuto de aplausos.

Para expresar sus opiniones respecto al Análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, en lo relacionado con la política económica, hacen uso de la palabra los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional; Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Higuera Osuna, del Partido Acción Nacional; Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Humberto Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional y Candido Pérez Verduzco, del Partido Revolucionario Institucional.

Expresan sus opiniones en relación con el análisis de la política exterior del Segundo Informe de Gobierno, los diputados: Alejandro Moreno Berrry, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Felipe Mena Salas, del Partido Acción Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional; Carlos Flores Vizcarra, del Partido Revolucionario Institucional; Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Díaz Chávez, del Partido Acción Nacional y Emilio Solórzano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Para referirse a los subsidios a la industria de la tortilla, hacen uso de la palabra los diputados: José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática y José Luis Fernando González Achem, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Isidro Aguilera Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, quien recuerda el golpe de Estado en la República de Chile, en el que perdió la vida el presidente Salvador Allende.

Para denunciar diversos hechos relacionados con los salarios minimos en el Estado de Quintana Roo, hace uso de la palabra el diputado Raúl Ríos Magaña, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del dia de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el martes diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sirvanse manifestarlo....

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

La secretaria María Concepción Huerta Salgado:

Se va a dar lectura a una invitación.

«Ciudadano diputado Héctor Hugo Olivares Ventura.- Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXX aniversario luctuoso del general de división Donato Guerra Orozco, que tendrá lugar frente a la tumba que guarda sus restos en la Rotonda de los Hombres ilustres del Panteón Civil de Dolores, ubicado en avenida Constituyentes y esquina avenida Panteón Civil, delegación Miguel Hidalgo, el día jueves 19 de septiembre a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.- Licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»

El Presidente:

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Miguel Rodríguez, José Enrique Patiño, Mara Robles y César Humberto González Magallón.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

La secretaria María Concepción Huerta Salgado:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.- Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En forma atenta hacemos de su conocimiento que la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició y clausuró su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, cuyos trabajos relativos fueron coordinados por la mesa directiva que se integró en la forma siguiente:

Presidente, Luis González Rodríguez; vicepresidenta, Josefina Alvarado Alemán; secretarios, Jesús Guerrero Escobedo, Javier Luévano Martínez y prosecretario Juan Raúl Vela González.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las muestras de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Aguascalientes, Aguascalientes, 12 de agosto de 1996.- Diputados: Luis González Rodríguez, presidente; Jesús Guerrero Escobedo y Javier Luévano Martínez, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El secretario Agustín Mauro Jordán Arzate:

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado de Chihuahua.- Secretaría.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- México, D.F.

Por este conducto nos permitimos hacer de su amable conocimiento que esta LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, dio inicio con fecha 13 de agosto del presente año, a los trabajos correspondientes a su tercer periodo de sesiones extraordinarias, dentro de su primer año de ejercicio constitucional, a que fue convocada por su diputación permanente con fundamento en lo preceptuado en el artículo 82 fracción ll de la Constitución Política del Estado, quedando integrada la mesa directiva que dirigirá dichos trabajos, de la siguiente forma:

Presidente, Alfonso Luján Gutiérrez; vicepresidentes, Jaime Ríos Velasco Grajeda y Miguel A. Corral Olivas; primer secretario, Ismael Díaz Carrillo; segundo secretario, David Rodríguez Torres y prosecretarios, Dagoberto González Uranga y Jesús José Díaz Monarrez.

Así mismo, comunicamos a usted que el día 14 de agosto del presente año, se declaró formalmente clausurado dicho periodo de sesiones extraordinarias.

Sin más por el momento, reitero a usted, la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, 14 de agosto de 1996.- El presidente del Congreso del Estado, diputado Alfonso Luján Gutiérrez.»

De enterado.

ESTADO DE TABASCO

El sacretario Emilio Solorzano Solís:

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fecha 8 y 9 de agosto del presente año, la LV Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, inauguró y clausuró su segundo y tercer periodo de sesiones extraordinarias, respectivamente; asimismo se eligieron las mesas directivas que presidieron los trabajos legislativos, quedando integradas de la forma siguiente:

Segundo periodo extraordinario: presidente, Pedro J. Reséndez Medina; vicepresidente, José A. Cárdenas Hernández; secretario, Jorge Suárez Vela y prosecretario José A. Magaña Pérez.

Tercer periodo extraordinario: presidente, Jorge Suárez Vela; vicepresidente, Luis A. de las Fuentes Sánchez; secretario, Manuel E. Graniel Cáceres y prosecretario, Gonzalo Zentella de Dios.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración .

Atentamente .

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, agosto 12 de 1996.- La Comisión Permanente.- Diputados: Pedro Jiménez León, presidente y Félix Eladio Sarracino Acuña, secretario.»

De enterado.

REPUBLICA DE CUBA

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 29 de agosto último, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano vicealmirante IM Diplomado de Estado Mayor, Mario Francisco Roy Vargas, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción lll apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Fraternidad Combativa, que le confiere el gobierno de la República de Cuba.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F. 6 de septiembre de 1996.- Por acuerdo del ciudadano secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REPUBLICA DEL PERU

El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de agosto próximo pasado:

"El ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción lll apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", que le confiere el Gobierno del Perú.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vítae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 6 de septiembre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO, POLITICA SOCIAL

El Presidente:

Con fundamento en el artículo 80. párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy se analizará el II Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en materia de política interior y política social.

Esta Presidencia informa que se han registrado para el tema de política social, los siguientes diputados para fijar las posiciones de sus partidos: Ezequiel Flores Rodriguez, por el Partido del Trabajo; Martín Gerardo Longoria Hernández, por el Partido de la Revolución Democrática; Jorge Enríque Dávila y Juárez, por el Partido Acción Nacional y Fidel Pérez García, del Partido Revolucionario Institucional.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Ezequiel Flores Rodríguez, hasta por 10 minutos.

El diputado Ezequiel Flores Rodriguez:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las acciones del actual Gobierno en materia social son continuidad de las implementadas por el régimen anterior. Las limitaciones presupuestales en los rubros correspondientes y el clientelismo político en la canalización de los recursos, siguen siendo una realidad. Las medidas aplicadas lejos de ser abandonadas ante el creciente deterioro de las condiciones de vida de millones de mexicanos, se profundizaron con la crisis de 1994.

El saldo de lo anterior es, desde el punto de vista del Partido del Trabajo, la ineficacia y desarticulación de la política social y más millones de mexicanos en la pobreza.

Así, a los rezagos existentes se han sumado otros como producto de la política económica que se sigue en el país.

El Partido del Trabajo ha manifestado su desacuerdo total en que la crisis y sus políticas estabilizadoras descarguen sus efectos negativos sobre los que menos tienen, sobre los que más carencias tienen.

El costo de tal decisión postergará a un futuro indefinido el bienestar de los mexicanos. En este contexto el credo neoliberal de libre mercado sólo ha valido para la mayoría de la población y no para los grandes empresarios y los banqueros. El ejemplo por todos conocido es que mientras se destinan 180 mil millones de pesos para salvar de la quiebra a los bancos y se decide iniciar la privatización de la seguridad social y las pensiones, sólo se destinan 18 mil millones de pesos al combate a la pobreza.

Las carencias en salud, educación, vivienda, entre otras, no son menos lamentables. La discusión en cuanto a, si son siete o 10 millones de mexicanos los que no tienen acceso a los servicios de salud que por cierto, según las fuentes oficiales, son 10 millones, los millones de jóvenes sin oportunidad de estudios y los no menos numerosos mexicanos sin vivienda, dan cuenta de los aciertos y resultados de la política social del régimen.

Por si fuera poco, a ello hay que agregar el recorte presupuestal durante el presente año en rubros que afectan las condiciones de vida de la población. Se determinó restringir el presupuesto en los rubros de: Salud en 8.5%; Educación en 1.4%; Desarrollo Social en 0.1% y Desarrollo Rural en 1.3%.

Es cierto que el Poder Legislativo decidió fortalecer el presupuesto en el rubro de Participaciones a entidades federativas y municipios. Resulta significativo que en conjunto los recortes a los rubros sociales fueron mayores, 39.3% del recorte total, que el relativo a Defensa Nacional en 27.6% del total.

En cualquier caso, compañeras y compañeros legisladores, consideramos que antes de decidir reducciones al presupuesto en los ramos sociales, debió admitirse la asimilación de un pequeño déficit de suyo manejable de las finanzas públicas, a efecto de atender los rezagos acumulados y que los sectores mayoritarios de la población resintieran en menor medida los efectos de la crisis.

Mantener un déficit manejable es una propuesta que hemos hecho de manera reiterada y por lo visto no se ha querido escuchar. A cambio de ello el gasto ejercido en el primer semestre de 1996, en el rubro de superación de la pobreza, en términos reales es menor en un 8% al ejercido en el mismo periodo de 1995. Lo anterior explica en parte, como reiteradamente hemos señalado, el saldo negativo en el combate a la pobreza, que es la línea estratégica de la política social.

Ahora resulta que otros 5 millones de mexicanos han ingresado a la franja de la pobreza, con ellos suman, según otros cálculos, 40 millones de mexicanos en pobreza extrema; éstos son algunos de los varios saldos sociales de las políticas del actual Gobierno.

A riesgo de ser reiterativos, pero en este caso es una cuestión de elemental solidaridad serlo, algunos datos nos pueden ilustrar sobre la crítica situación en que se encuentran millones de compatriotas.

En el ámbito de la salud sólo el 38.5% de la población se encuentra en algunos de los sistemas de seguridad social; que cerca de 10 millones de mexicanos carecen de cualquier servicio de atención médica. Además, existe una marcada desproporción en materia de salud entre las entidades. Un ejemplo de las consecuencias de ello, es que la esperanza de vida promedio nacional es de 73 años, en casos como el de Oaxaca se mantiene en 63 años. En este mismo sentido, la mayor cantidad de defunciones maternas ocurre en las localidades con menos de 15 mil habitantes.

La salud de la población es determinada de manera importante por la alimentación proporcionada durante los primeros años de vida y según las estadisticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en México hay 1 millón 600 mil niños menores de cinco años con altos niveles de desnutrición. En este caso de nueva cuenta se observa una marcada desproporción entre las diferentes regiones del país, pues mientras en el norte de la República el porcentaje de niños menores de cinco años con retardo severo en talla, no rebasa el 11%; en el sur del país esta tasa representa el 34% de la población infantil.

Para el Partido de! Trabajo, compañeras y compañeros diputados, es particularmente preocupante que dentro de la población de menores de 14 años aún se mantengan dentro de las primeras cinco causas de mortalidad, enfermedades como las infecciones intestinales, toda vez que estas muertes son evitables su incidencia puede disminuir con una mayor cobertura y calidad de los servicios.

Así pues, los avances en la investigación médica y la incorporación de modernas tecnologías en los institutos médicos tampoco han evitado que en México resurjan enfermedades propias de los países más subdesarrollados tales como el cólera, el dengue y la tuberculosis; esas enfermedades o algunas de las cuales ya habían sido erradicadas, resurgen como producto de las pésimas condiciones de educación, higiene y alimentación en que se encuentra la mayoría de la población mexicana.

En el ramo de Educación, desde comienzo de esta década, se ha llevado a cabo un proceso de supuesta modernización a través principalmente del Acuerdo Nacional sobre Modernización de 1992 y la expedición en 1993 de la Ley General de Educación.

Ambas acciones constituyeron un principio para ampliar y mejorar de manera sustancial nuestro sistema educativo; sin embargo, consideramos que en la concepción e instrumentación de ese proceso existen diversas deficiencias expresadas a través de distintos indicadores.

En el país aún prevalece un alto índice de analfabetismo calculado con los datos disponibles en alrededor de un 12.4%. La matrícula del presente año escolar calculada en 27.5 millones de educandos representa tan sólo el 70% de la población potencialmente demandante del servicio educativo. Eso implica que varios millones de mexicanos no tienen acceso a los diferentes niveles de educación.

Por lo que respecta al nivel salarial de los educadores, la crisis ha hecho polvo los incrementos salariales concedidos al magisterio al igual que los del conjunto de los trabajadores mexicanos. Hoy los maestros están nuevamente en las calles demandando un salario justo, o bien, enrolándose en las actividades de la economía informal para poder allegarse mayores ingresos.

En estas condiciones es difícil que el maestro ofrezca un mayor esfuerzo y mejor desempeño.

A lo anterior, debemos agregar que los programas de capacitación instrumentados por el Gobierno con el relativo a la carrera magisterial contienen, en opinión de los maestros, una serie de deficiencias contenidas desde su concepción dada la poca participación que la base magisterial tuvo en su diseño.

Creemos que es necesario hacer en general una revisión a fondo de los mecanismos de mejoramiento y capacitación del magisterio.

La educación superior es otro de los grandes retos que enfrentamos.

En el nivel de bachillerato es necesario considerar las áreas de formación básica y mejorar y profundizar la fase propedéutica con el efecto de que el estudiante ingrese a la licenciatura en condiciones óptimas.

El nivel profesional y los posgrados deberán seguirse evaluando para adecuarlos a la circunstancia actual.

No es posible que México siga preparando profesionistas que no tengan acceso al mercado de trabajo en su campo específico o peor aún, que no tengan la calificación necesaria para desempeñarse en su profesión.

A pesar de los enormes déficits de vivienda existentes en el país, la política instrumentada por el actual Gobierno ha estado lejos de atender de manera efectiva esta problemática; más aún, dentro de los resultados contenidos en los principales programas de combate a la pobreza, en el primer semestre del año el programa de vivienda manifiesta una reducción del 46.8%, lo que significa que se han dejado de construir 13 mil viviendas menos con respecto al mismo periodo de 1995.

El Partido del Trabajo considera que en este contexto no es exagerado sostener la tesis de que las actuales condiciones sociales que prevalecen en el país constituyen el caldo de cultivo para la profundización de los conflictos y el surgimiento de expresiones violentas en diversas regiones del territorio nacional. Este reconocimiento nada tiene que ver con la apología de la violencia, una cosa es asumir ésta como supuesta vía de solución de los problemas sociales y otra muy distinta aceptar que la miseria, la marginación y el abandono gubernamental de los mismos tienden a generar la desesperación de los sectores más oprimidos de la población.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo reitera que debe adoptarse una política social integral, que tenga los elementos necesarios de asistencialismo, que privilegie el fomento productivo de manera que se genere en condiciones reales y opciones iguales de desarrollo para todos los mexicanos. Es necesario redefinir el papel que ha de jugar el libre mercado en las opciones de política social, en la idea de lograr el desarrollo del pueblo mexicano; se requieren más recursos y mejores programas para atender los problemas sociales.

El Gobierno debe reconocer que condicionar o entregar los recursos económicos destinados al desarrollo social bajo criterios clientelares es un acción que se aprovecha de la necesidad de miles de mexicanos. El desarrollo social para todos y cada uno de los mexicanos es posible y necesario, sólo que ha faltado voluntad política para iniciarlo.

Compañeras y compañeros, desde esta tribuna, nosotros el Partido del Trabajo, hacemos un llamado a todos ustedes, pero más que a ustedes al Presidente de la República para que se corrija el rumbo de la actual política social, se nos ha mencionado reiteradamente que quienes manejamos posturas de esta naturaleza caemos en cuestiones negativistas, que somos catastrofistas, sin embargo, los resultados y las cifras están a la vista como las que aquí el día de hoy hemos proporcionado a ustedes. Hacemos un llamado entonces para que se modifique de actitud, para que se modifique de política en favor de todos los mexicanos desprotegidos en este país.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Martín Gerardo Longoria Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por 10 minutos.

El diputado Martín Gerardo Longoria Hernández:

Gracias, señor Presidente; buenos días compañeras y compañeros legisladores:

Ernesto Zedillo acudió a este recinto a trasmitirnos, una certeza, que ha pasado lo peor de la crisis económica y que se ha iniciado una etapa de recuperación, sin embargo, continúan sin resolverse los problemas sociales fundamentales de nuestro país: hay 42 millones de personas en la pobreza, 22 de esos millones en extrema pobreza; hay una caída incontenible del salario real y una tremenda polarización del ingreso; hay pérdida de puestos de trabajo; hay falta de oportunidades para los jóvenes; un acceso insuficiente a los servicios de salud y de seguridad social; analfabetismo; déficit habitacional de más de 4 millones de viviendas y desnutrición que ha provocado la muerte por deficiencias alimenticias de niños en regiones indígenas entre ellos la sierra tarahumara; así, el Estado mexicano ha sido incapaz de resolver las iniquidades sociales, ha sido incapaz de resolver la pobreza lacerante que aquí y en cualquier parte del mundo es fermento de convulsión social y de violencia en todas sus manifestaciones.

En el fondo de la violencia política y de la violencia criminal, está esta violencia social.

En materia de política social estamos frente a una vuelta de tuerca más del viraje neoliberal, en la concepción, en la formulación y en la aplicación de políticas públicas impuestas en nuestro país desde hace varios años. De una concepción, constitución de derechos sociales de la que nuestro país se enorgullecía, en donde la política social se entiende como provisión de bienes y de servicios para todos los mexicanos, a cargo del Estado y de sus instituciones se ha transitado hacia la acción protagónica del mercado, como el mecanismo distribuidor de recursos por excelencia.

Los ejes articuladores de una política social de bienestar, equidad social, gratuidad, universalidad, integralidad, carácter público, son desplazados paulatinamente por la ortodoxia neoliberal y sustituidos por la llamada igualdad de oportunidades ante la ley, el pago de servicios, la localización y la privatización.

La nueva Ley del Seguro Social, con la que se transferirán los fondos sociales de pensiones de 9.5 millones de trabajadores a entidades financieras privadas, así como el paquete de alimentación, salud y educación básica, destinada a las familias más pobres, anunciado en el II Informe de Gobierno, dan cuenta de ello.

El paquete básico es concebido como el Pronasol sexenal; la tarjeta pobremático en el eje ordenador de la política social del último régimen priísta de este siglo.

Al no modificarse la estrategia de crecimiento económico y por lo mismo las definiciones en materia de desarrollo social, nos encontramos ante una disminución ostensible de los niveles de bienestar de los mexicanos, reflejada en los indicadores y en las políticas que hoy estamos examinando.

Las cifras expuestas por Zedillo contrastan con la realidad que vive a diario el ama de casa, el obrero, el servidor público, el comerciante, el joven estudiante, el recién egresado, aquel que deambula por la calle buscando trabajo sin encontrarlo, el jubilado, el maestro, el trabajador por cuenta propia, el campesino, el indígena y el migrante. Lo cierto es que el salario y el ingreso real siguen sin recuperarse y el desempleo amenaza con convertirse en el principal detonante del malestar social.

La caída histórica del salario mínimo, calcula en 78% en términos reales, desde 1976 a la fecha, nada tiene que hacer frente a una política salarial que precipita su incontenible deterioro. Esta situación se refleja en el salario real promedio de cotización de los trabajadores inscritos al Seguro Social, que registró una pérdida, según el informe, de 2.5% en el tercer bimestre de 1996.

Conviene recordar al respecto, que el salario promedio de cotización al IMSS registró antes una reducción anual de 11.7% en los primeros ocho meses de 1995.

Por lo que hace al desempleo abierto, el Ejecutivo sostuvo en esta tribuna que ha venido recuperándose, hasta ubicarse, en julio pasado en un 5.8% en relación a la población económicamente activa, pero se le olvidó decir que al cierre de 1994, año en que tomó posesión, el promedio anual del desempleo ya era de 3.7% y que el 5.8% que se registra en julio de 1996 equivale a un incremento de 36% en el índice de desempleo desde que Zedillo se hizo cargo del Poder Ejecutivo.

De 1994 a 1996 se perdieron 102 mil 800 empleos en la industria manufacturera; 182 mil empleos en la industria de la construcción; 23 mil en el sector comercio, mientras que en 1995 se perdieron 12 mil empleos entre el personal ocupado por el Gobierno Federal.

Zedillo dejó de considerar que 17 millones de trabajadores sobreviven en actividades informales, sin empleo fijo ni acceso a los servicios de seguridad social, como tuvo que venir a reconocer aquí el Secretario de Trabajo y Previsión Social en su reciente comparecencia.

En cuanto a la continuidad y profundización de la estrategia de la política social y el combate a la pobreza, una vertiente del debate ha sido la que se refiere a los recursos financieros que los gobiernos canalizan a los programas sociales.

Quienes apuestan a las políticas neoliberales en boga argumentan que como nunca antes ahora se dedica más del producto interno bruto al gasto social, pero no dicen que mientras en el pasado el crecimiento real per capita del gasto social fue en promedio de 3.2"/o, los últimos 10 años ha sido de 0.4% y que los recursos para el combate a la pobreza apenas han alcanzado el .5% del producto interno bruto.

En 1996 la distribución del gasto social, que equivale al 9.2% del producto interno bruto y al 54% del gasto total programable, reales, no será suficiente para superar estos rezagos y enfrentar los desafíos sociales del futuro.

La desigualdad sigue siendo una realidad irrecusable a pesar de las cuentas alegres de este informe.

En materia de seguridad social, en 1995 fue rota la columna vertebral del modelo mexicano, el carácter público, solidario, integral y redistributivo de su sistema de pensiones. La nueva Ley del Seguro Social y su normatividad complementaria, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se encaminan decididamente a sustituir esos principios, para poner el acento en el esfuerzo personal haciendo un lado la responsabilidad de la sociedad entera, para reformular la concepción redistributiva implícita en varios ramos del aseguramiento; para minar el carácter integral; para suplantar el régimen de reparto de los fondos de pensiones por la decapitalización individual; para vulnerar la solidaridad intergeneracional, para dar paso a la obligación de cada trabajador de proveerse ingresos suficientes para su propio retiro; a sustituir la acción del Estado por la mano invisible del mercado; para dar cabida a los agentes financieros, cuya razón de ser es ajena a los altos fines de la seguridad social; para sustituir lo público por lo privado.

En esa óptica han adquirido mayor peso los programas compensatorios dirigidos, no a atacar el problema de raíz, sino a suavizar las consecuencias, en virtud de la imposibilidad de las instituciones de seguridad social de extender sus beneficios a todos los mexicanos.

La asistencia social en estas circunstancias no puede ser el centro de la política social, se requiere de una política de empleo, de salarios, de redistribución del ingreso, que amplie las oportunidades bajo la mira de los derechos sociales constitucionales.

Por esa razón sostenemos que la tarjeta "problemático" podrá resolver una parte muy pequeña de las necesidades inmediatas de sus beneficiarios, pero no los sacará de la miseria ni los hará desplegar sus capacidades humanas.

En el renglón educativo, en el informe se resalta el avance en la cobertura y el incremento del gasto social, pero se deja de reconocer que hoy el 55% de la población nacional tiene primaria o menos y más de 6 millones de mexicanos son analfabetas; que de cada 100 niños que hoy inician su educación primaria, 40 desertan, 63 no alcanzan el nivel de secundaria, 88 no tendrán bachillerato, 96 no lograrán un título de educación superior y el 99.6% no tendrá posgrado.

En materia ambiental, en este informe no hay respuesta a la demanda social de reconocer su interés jurídico en el marco de la Constitución, ya que, contar con un derecho ambiental reconocido por nuestra Ley Suprema es crucial.

En síntesis, México no ha logrado avanzar en superar los rasgos más agudos de los problemas del desarrollo durante la administración zedillista. Por tanto, no ha generado las condiciones sociales e institucionales para resolver los rezagos sociales, la iniquidad y la falta de justicia distributiva.

Permanece y avanza la disparidad entre el sector urbano y el rural; entre los indígenas y el resto de la población; entre los nutridos y los desnutridos; entre las mujeres y los hombres.

Se avanza en la privatización económica y social, mientras la democratización nacional sigue siendo una cuenta pendiente.

Vistas así las cosas, el modelo económico es una fábrica de pobres para los cuales se promueven desde el Estado, acciones paliativas diversas que pueden cambiar de forma, pero no de fondo, y que a la vez son usadas para la manipulación y el consenso político.

Por ello se requiere proponer alternativas.

La necesaria reforma del Estado que diversos actores demandan, sería limitada si se restringe al ámbito político electoral y se excluye la política económica y la política social.

El gran reto consiste en la construcción de un nuevo pacto social sustentado en un cambio en la relación de fuerzas.

Coadyuvar en esta tarea supone en el plano mas concreto debatir y promover opciones como las que recientemente fueron presentadas al Ejecutivo a través del PRD, en el sentido de impulsar un Programa Emergente de Bienestar y sentar así las bases estructurales de una nueva política social y de combate a la pobreza que no observe los criterios de cobertura. sino la calidad de vida y el bienestar social para todos.

Ningún recurso financiero será eficaz y será suficiente si no se concibe como el punto de partida para impulsar un pacto amplio e influyente de esta reforma socia del Estado que implique recuperar y redimensionar los compromisos sociales frente a los excesos del mercado.

Debe imperar una ética de gobierno que erradique la corrupción y el uso faccioso de los programas y recursos, una redefinición de los ejes de política social que conciba como prioritarias las necesidades básicas medidas en avances sociales tangibles, y un marco jurídico y operativo preciso que imprima relevancia a la participación social organizada.

La refrendación de la República debe propiciar, como fue proclamado por nuestro partido el pasado 1 de septiembre que todos los mexicanos tengan condiciones de vida digna sin que los derechos sociales queden supeditados a decisiones de Gobierno ni a dictados de organismos transacionales o de regímenes extranjeros.

El Estado, en sus distintos niveles, está obligado a encargarse de obtener la cooperación equitativa, proporcional y justa de toda la sociedad, pala hacer efectivo los derechos sociales en el campo y la ciudad.

Por ello, compañeras y compañeros, urge poner el freno al deterioro del salario y al incremento del desempleo abierto y encubierto, como única manera de pagar la deuda social con las clases populares del país.

Proponemos un aumento salarial de emergencia del 10% para los salarios mínimos generales y profesionales, extensivo a !os salarios contractuales que entre en vigor e! 1o. de diciembre de 1996 con independencia del incremento anual que acorde para 1997 la comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Proponemos eliminar el gravamen fiscal a los ingresos de hasta cinco salarios mínimos Suprimir el impuesto a las prestaciones sociales Un programa emergente de inversión pública y privada dirigido a estimular el empleo en la micro, pequeña y mediana industria. Aumentar el gasto social como proporción auténtico del producto interno bruto en los renglones de salud, educación. vivienda y combate a la pobreza. Apoyar los programas de desarrollo urbano y regional asi como del medio ambiente.

De no tomarse éstas y otras medidas y de no modificarse Ia política económica y social. estamos manteniendo la injusticia y la iniquidad en nuestro país, en una violencia social, que sólo es el caldo de cultivo de la violencia política y de la violencia criminal.

La aplicación de estas medidas, impone la necesidad de revisar las políticas económicas más generales, tal y como lo demandan amplios sectores del país como la garantía para recuperar la paz y transitar a la democracia plena.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Enrique Dávila y Juarez por el Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Resulta claro para el pueblo de México el balance de este segundo año de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en lo que respecta a la política social de su administración, es dramáticamente negativa, ya que es el resultado de una política económica, que ha demostrado en la practica, nula sensibilidad para cubrir las necesidades de un pueblo, hoy sumido en la pobreza y con creciente desesperación al ver cerradas las puertas del desarrollo personal y familiar.

La sociedad mexicana se encuentra hoy más erosionada que nunca y con más graves indicios de desintegración que hace un año. Se empiezan a ver linchamientos populares ante la escasa protección que brindan los cuerpos de seguridad del Estado y la desconfianza creciente en el Gobierno es un signo que se incrementa día con dia.

Fácil resulta demostrar el fracaso rotundo de la política social de esta administración. Cifras, datos y estadísticas, son herramientas contundentes, ya que salvo tímidos avances en algunos rubros, el creciente número de pobres y de pobres en extrema pobreza, demuestran cuán incoloros se ven los logros ante lo dramático de nuestro presente.

La crisis económica que vivimos ha impactado principalmente en lo social y lo más grave de la misma es, sin lugar a dudas, su recurrencia, que no sólo ha minado la capacidad de respuesta del Gobierno y del pueblo, sino que con frecuencia sexenal, las crisis dejan cada vez menos recursos disponibles para solucionarlas.

En los últimos 26 años nuestra moneda ha sido socavada devaluándose más del 60 mil%, al pasar de $12.50 viejos pesos a $7.60 nuevos pesos.

La deuda externa pasó de niveles manejables a su total desbordamiento. dejando la soberanía nacional bajo el control de los organismos económicos internacionales, con el agravante de que sólo una parte del dinero prestado al Gobierno se puede mostrar en obras y activos por lo que hoy tenemos que pagar con fondos de todos lo que benefició sólo a algunos.

El pueblo de México ha visto cómo el país ha sido saqueado sistemáticamente sus recursos naturales inmisericordiamente explotados por algunos y sus riquezas menguadas en beneficio de pocos.

Sexenio tras sexenio, altos funcionarios gubernamentales, pasan a engrosar las filas de los más ricos del mundo y sexenio tras sexenio el pueblo de México ha venido viendo como se empobrecen sus hogares.

Hoy queremos hacer creer que la corrupción fue inventada por los Salinas. sólo porque lo hecho por uno de ellos ha sido dado a conocer a la opinión pública. pareciera que no tenemos memoria.

En el año de 1989 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari inaugura el combate a la pobreza como la estrategia central de su Gobierno; estrategia retomada por el doctor Ernesto Zedillo y confirmada por la firma del documento de la Cumbre de Desarrollo Social realizada en Copenhague y a 7 años de aplicación de muy importantes fondos nacionales, el balance nos indica que pasamos de 14.5 millones de pobres a más de 4 millones. Seguimos. sin embargo, aferrados a viejas y obsoletas estrategias de desarrollo con modelos que han fracasado ya por su falta de efectividad.

Ante la crisis, se están implementando programas de asistencia social que en algo ayudan a la población, pero que si no se implementan paralelos a una real política de desarrollo que busque la autosuficiencia de la persona y con ella la de la familia, podemos caer en el círculo vicioso muy peligroso para la nación, ya que los comensales aumentan dia con día y los recursos disminuyen.

Las políticas de población, separadas del desarrollo, se reducen a control natal y a consolidar el seguimiento de los fenómenos demográficos, sin buscar el incluir en las conductas que permitan la autogestión de la persona, de las familias y de las comunidades, para llevarlas a su autosuficiencia que les permita generar la riqueza que después se podrá repartir.

En el Plan Nacional de Desarrollo se nos habla de fortalecer a las familias respaldando "efectivamente el papel que juegan tanto mujeres como hombres en la integración de la misma, así como en la formación y en la socialización de sus hijos". Sin embargo, la realidad de nuestra sociedad es que las familias hoy se encuentran en altos procesos de descomposición y con esto de desintegración social.

La crisis económica está erosionando a las familias mexicanas al incidir en forma determinante, evitando que e! nucleo familiar se consolide ante la carencia de lo más indispensable.

El impulso "de una política de población basada en prioridades reordenadoras de los asentamientos humanos, asi como la reorientación de los flujos migratorios que se dirigen hacia las principales zonas metropolitanas y a la reagrupación de las poblaciones más dispersas que hagan viable la provisión de servicios básicos", marcadas en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron en los dos informes de gobierno presentados sin ningún seguimiento. El desarrollo urbano se reduce al seguimiento de 116 ciudades en las que tímidamente se han hecho algunas obras; sin embargo, aplaudimos la descentralización de los servicios de salud y su incorporación al concepto de educación y alimentación, pero exigimos que esto no lleve consigo la compra de conciencias electorales o la violación de la dignidad de la persona al violentarse, sin su consentimiento o sin su pleno conocimiento. a tomar parte de métodos de control natal impuestos.

De la misma forma, el Partido Acción Nacional espera que en el tercer año de Gobierno se Informe puntualmente sobre la promesa de mejorar los sistemas de salud, garantizando el abastecimiento de medicinas e insumos. así como la incorporación de 3.8 millones de mexicanos en 380 municipios más pobres del país en 11 entidades federativas como lo promete el Presidente en su informe.

Por lo que respecta a la seguridad social, es triste ver que no se tienen avances suficientes y que aún no podemos cumplir con los jubilados que ya dieron sus mejores años construyendo México y que hoy ven sus ingresos insuficientes para tener una vida digna en su vejez; éste es un compromiso puntual al que no puede fallarles la nación.

Poco se ha hecho en términos de vivienda. La construcción de escasas 200 mil viviendas al año y la desconfianza de la población de adquirir créditos por la traición que ha sufrido por parte del Gobierno que de inmediato apoya a la banca y no al pueblo, aumenta anualmente el déficit de vivienda. La promesa de campaña de una vivienda digna para todos quedó, como otras más, de muchas promesas incumplidas.

Se sigue destruyendo el medio ambiente, la tala inmoderada de nuestros bosques y selvas se continúa con concesiones especiales para privilegiados, como una costumbre establecida. Nuestros recursos hidráulicos incrementan su contaminación y el aire que respiramos es cada día de menor calidad, provocándose con ello la muerte y extinción de especies vegetales y animales, a la que se suma el contrabando de animales vivos y su venta pública, tanto en el extranjero. como en los mercados nacionales, sin que las autoridades competentes hagan algo para evitarlo, a pesar de lo afirmado por las mismas.

Por su parte, muchos niños en edad escolar están abandonando la escuela, ya que sus padres no pueden mantenerlos en la matrícula escolar, buscando ayudar al ingreso familiar, plagando, por ende, de menores las vías públicas que ofertan sus servicios de todo tipo o bien, se suman a las bandas de niños de la calle que vagan cometiendo ilícitos, drogándose y prostituyéndose, aumentando con esto, la deserción escolar y a la postre, negándose la posibilidad de un desarrollo sostenido y sustentable.

La pérdida de valores se hace cada día más evidente y dramática. La sociedad contiene cada vez más en su seno, enfermedades sociales que producen su disolución. Hoy, el México que apenas ayer incorporaba como obligatoria la instrucción secundaria, se encuentra con la triste realidad de un aumento apenas del 2 % en la matrícula escolar, a todos los niveles, para el periodo escolar que acaba de comenzar, crecimiento que no corresponde ni con mucho, al crecimiento de la población en edad escolar.

La educación primaria sólo presenta un incremento de 0.3% y sólo el 87% de los mexicanos en edad de cursar la secundaria, lo están haciendo.

La mujer, otro de los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, está siendo arrancada en contra de su voluntad, muchas veces, del seno familiar, al ser obligada por las circunstancias a salir para buscar el ingreso familiar o como complemento del mismo o por desgracia, como único sustento. Esto provoca que cada vez más niños se sumen a los niños abandonados, fomentándose la delincuencia y formación. La inmensa mayoría de mujeres, ante la falta de oportunidades debidas al desempleo y su nula o escasa preparación, está llenando las calles de México para dedicarse a la prostitución, aumentando con ello el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, muchas de ellas mortales.

El resultado final de estos 26 años de sexenios continuados, ha dado como resultado una sociedad enferma, con familias desintegradas que están viendo canceladas sus aspiraciones de obtener para ellos y para sus hijos, una vida digna.

Se hace indispensable el abandono de políticas concurrentes que han fracasado tanto en el orden social, como en el económico, pero sobre todo, se hace indispensable ennoblecer la política, eliminando 3 parásitos que medran con la miseria de nuestros connacionales, buscando una verdadera filosofía de combate frontal en contra del corrupto, con toda la fuerza del Estado.

Implementando, al mismo tiempo, nuevas e ingeniosas medidas que estén a la altura de este pueblo noble y generoso que espera de sus gobernantes una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Fidel Pérez García, por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fidel Pérez García:

Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, fija su posición para proceder a la glosa del II informe de Gobierno del Presidente de la República en lo relativo a la materia de Política Social.

Escuchamos con atención el mensaje que pronunció ante esta soberanía, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, con motivo de la entrega del informe sobre el estado que guarda la administración pública y examinamos el documento que lo contiene. En ambos, la materia que nos ocupa fue tratada por el Presidente de la República de manera franca y convincente.

De ello se desprende el convencimiento de que la política pierde sentido y toda significación ética, cuando deja de ser el medio para buscar el benéfico para las mayorías y se troca en mero instrumento para buscar el ejercicio del poder público, dejando de lado compromisos claros que tengan como fin el mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad.

Que la democracia por sí misma, cuando se le concibe en un carácter meramente instrumental, carece de toda significación, si no se le hace acompañar de compromisos sociales para que se convierta en una democracia sustantiva.

La actividad política exige de definiciones ideológicas que se plasmen en programas de acción, que permitan al ciudadano conocer qué piensan quienes solicitan su voto para acceder a responsabilidades públicas o quienes acceden a ellas por delegaciones de funciones de quienes depositan su confianza, pero también cómo actúan y cómo cumplen en los servidores públicos.

La obligación de informar impuesta al Presidente de la República y la tarea legislativa establecida por la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, nos permite evaluar la magnitud de los retos que como país y como sociedad enfrentamos y analizar la congruencia entre éstas y las propuestas y acciones de Gobierno.

En la víspera del nuevo milenio somos testigos de una revolución científica y tecnológica que impacta a la vida familiar, social y el trabajo. El mundo entero está viviendo cambios en las estructuras económicas, que han generado problemas de desempleo, cierre de oportunidades, modificaciones en los esquemas de bienestar social, que han llevado a plantear que es el individuo el que debe de estar en el centro del desarrollo de la sociedad.

Los fenómenos de globalización de la economía y la creación de bloques económicos regionales parecen borrar las fronteras nacionales, en tanto existe un reclamo de respeto a la diversidad étnica y cultural dentro de los países.

Junto con profundos cambios demográficos que han cambiado el número y la composición de la población, las formas de relaciones entre grupos sociales y las personas, el papel que juegan el desarrollo y la distribución de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura y el cuidado del medio ambiente, hacen que el desarrollo haya dejado de entenderse como mero desarrollo material que se mide a través de parámetros macroeconómicos, para entenderla como desarrollo de todos los sectores de la sociedad y medirla con indicadores que señalen los niveles de bienestar que alcanzan los individuos, sus familias y sus comunidades.

La complejidad del mundo contemporáneo y del futuro que queremos construir convierte en prioridad la atención a la formación de las personas y en tema central de la agenda de los estados, asegurar las condiciones para su desarrollo .

La atención a las necesidades más urgentes de la población que se expresa en la política de desarrollo social, ha sido, es y sin duda continuará siendo, preocupación fundamental del Partido Revolucionario Institucional y de los legisladores de mi partido quienes, de conformidad con nuestra declaración de principios, pensamos que nuestra viabilidad como nación independiente está ciertamente condicionada, entre otros factores, por el desarrollo y extensión de la cobertura y calidad de la educación, de la ciencia y la tecnología, de la cultura, de la educación física y el deporte, de la salud, de la seguridad social, de continuar con los esfuerzos para que todos los mexicanos cuenten con una vivienda digna y armonizar el crecimiento y distribución territorial de la población.

Hemos sido testigos y partícipes de cambios y avances que se han producido en estos campos. Conocemos de los retos que tenemos por delante que podríamos resumir en una mayor cobertura de los servicios, una mejor calidad de ellos y una mayor equidad en su distribución.

En congruencia con estos retos, en medio de una coyuntura económica difícil que impone limitaciones reales a la inversión pública en todos los órdenes, la inversión en el rubro de política social absorbe el mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno. De cada $100 pesos que se programan para gastar, más de la mitad, $54 pesos, se destinan a mejorar las condiciones de vida de las personas, las familias y las comunidades.

Junto con este esfuerzo económico se han puesto en marcha importantes reformas legales y programas que buscan de una forma viable y realista no sólo la permanencia y mejoramiento de las instituciones y políticas sociales, sino que en el futuro el Estado esté en posibilidades de cumplir mejor con estos propósitos.

Se han puesto en marcha profundas reformas al régimen de seguridad social, que busca poder contar con mayores recursos y servicios para las familias y los trabajadores, buscando que la reforma al sistema de pensiones se impacte en el ahorro interno y pueda contribuir, por manera, al crecimiento sostenido de la economía.

A la salud y la seguridad social se destinaron recursos equivalentes a más del 20% del gasto programable, con lo que se apoyaron consultas médicas, programas de vacunación, paquetes básicos de salud para llevar estos beneficios a las zonas más pobres y marginadas, entre otros programas de importancia, siendo el mayor desafío que tenemos: llevar la salud a todo lo largo y ancho de nuestra geografía; los servicios de descentralización para ser puestos en manos de las autoridades estatales y locales, que son los que mejor conocen y entienden las necesidades de los usuarios y están en mejor capacidad que el Gobierno Federal de hacer llegar con prontitud y oportunidad a quienes más lo necesiten.

A la educación se destinó una cuarta parte del gasto programable para atención a los más de 25 millones de estudiantes que asisten a los planteles educativos de los diferentes niveles del sistema educativo público nacional y se pusieron en marcha o reforzaron una serie de programas destinados a ampliar su cobertura, mejorar su calidad y a distribuir el servicio con mayor equidad en beneficio de los grupos sociales con los que la deuda del rezago es mayor. Programas orientados a las escuelas y maestros, a los alumnos y padres de familia, a mejorar la currícula y la gestión educativa, a llevar los servicios educativos a las comunidades más aisladas, a propiciar el involucramiento de las familias y las comunidades en el desarrollo educativo y a proporcionar servicios sociales de apoyo a los niños y jóvenes que enfrentan las mayores dificultades para con éxito enfrentar esa difícil tarea que significa el aprendizaje formal.

En materia de vivienda, se desarrollaron programas de impulso a la construcción, de atención en la calidad de la construcción y la seguridad jurídica de la propiedad, de apoyos a deudores hipotecarios y a la dotación de servicios básicos como agua potable y electricidad.

No se puede menos que reconocer la congruencia que estas políticas y estos hechos guardan con el Plan Nacional de Desarrollo 1395-2000. Los propósitos expresados en este documento son consecuentes con los resultados que se consignan en el II Informe de Gobierno.

Compañeras y compañeros Legisladores: sin duda el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo ha realizado un esfuerzo serio, en condiciones realmente difíciles para cumplir con las metas anuales propuestas a la sociedad y a esta soberanía en los documentos referidos. Sin embargo, tenemos que consignar que falta mucho por hacer. Todavía debemos realizar mayores esfuerzos para atender las necesidades de un elevadísimo porcentaje de familias que, como el mismo Gobierno Federal ha reconocido, se encuentran en condiciones de pobreza y de marginalidad.

Nadie con sentido común podría negar que tenemos todavía enormes rezagos en materia de cobertura, calidad y equidad educativa. Nadie podría negar la realidad de que los servicios de salud y seguridad social son, en muchos casos, deficientes y no llegan a gran parte de la población. No se podría aceptar que no es un hecho que arrastráramos un enorme déficit de vivienda y que una gran parte de ellas carecen de servicios básicos que aseguren una calidad de vida aceptable. Pero con honestidad debemos reconocer también no sólo los rezagos, sino también los esfuerzos y la importancia de lo que se ha hecho. Estos esfuerzos se pueden ver y medir contrastando con los índices de bienestar con que ahora contamos y la población que los recibe, frente a las cifras que había hace apenas 40 años, a partir de cuando la población se ha más que duplicado.

Sin el impulso de una Revolución como la que los mexicanos protagonizamos a principios de siglo y sin la presencia de un partido como el nuestro, sería difícil pensar que se hubiera consumado lo que internacionalmente se reconoce como la hazaña educativa mexicana y cuyas cifras y características todos estamos impuestos.

Seria difícil pensar que el 95% de la población infantil cuente con una cobertura de prevención inmunológica y que se haya desterrado de nuestro territorio enfermedades como la poliomielitis, la viruela y otras, que se habían convertido desde hace siglos en azote de la población.

No se podría pensar en muchos otros logros que el pueblo y Gobierno mexicano hemos alcanzado por la vía de la preservación en la lucha por conseguirlos, la mayoría de las veces abanderado por nuestro partido. En ambos casos en el reconocimiento de lo hecho como en el reconocimiento de los retos y de lo que falta por hacer, hay coincidencias de todos los factores políticos y sociales de la nación. Hay muchas cosas a las que tenemos que señalar que tenemos que criticar pero también a las que sumarnos con acciones y propuestas viables, muchas cosas sobre las que debemos hacer, coincidir nuestros esfuerzos porque ninguna de las materias que componen el esfuerzo del desarrollo social es una tarea fácil.

No se trata de tarea solamente de Gobierno sino de tareas conjuntas de Gobierno, sociedad y de todos los sectores que puedan y quieran participar en él, nadie tiene derecho a excluirse de buscar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos y mucho menos a criticar aquéllo a lo que se ha ido remiso con la contribución de sus esfuerzos.

Hoy por hoy no existe ningún gobierno que pueda decir con sensatez que las tareas que le corresponden legal y moralmente estén acabadas y cubiertas, siempre habrá necesidades nuevas, siempre habrá nuevos retos, siempre estaremos en la busca de mejores condiciones de vida. Requerimos mayores recursos para atender los rezagos y retos que nos compromete la situación nacional en materia de desarrollo social, nadie podrá negarlo.

Por eso es importante buscar en todos los casos fuentes de financiamiento alternativas, mejores formas de ejercer y fiscalizar el gasto, que nos ayuden a estar al pendiente no sólo de lo que pueda hacer el Gobierno, porque todos los sectores de la sociedad plantean la necesidad de mayores recursos, tenemos que utilizar la creatividad. Ia imaginación, el talento y el compromiso para buscarlo.

Como representantes populares los miembros del PRI, respaldamos lo expresado por el señor presidente en el mensaje del pasado dia 10 de septiembre.

Reiteramos nuestro compromiso de no escatimar esfuerzos, voluntad y conducta para buscar los caminos y los medios necesarios para fortalecer las condiciones sociales de los mexicanos que históricamente hemos reivindicado y abanderado.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores. Esta Presidencia informa que se han inscrito para un primer turno de oradores para el tema de Política Social, a los siguientes diputados: Eliseo Moyao Morales, por el Partido de la Revolución Democrática; Guillermo Alberto Luján Peña. del Partido Acción Nacional; y María dei Carmen Zavala Medel, por el Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eliseo Moyao Morales hasta por siete minutos.

El diputado Eliseo Moyao Morales:

Gracias, señor diputado: compañeras y compañeros legisladores:

La primera pregunta que habría que hacernos es si existe en México una política social o lo que podíamos denominar una política social realmente integrada, incluyente, federativa, como se ha definido en los documentos oficiales.

El Presidente de la República, en su visita a Canadá en junio de este año, afirmó que el costo de la crisis había alcanzado los 70 mil millones de dólares, una cuarta parte del producto interno bruto con una equivalencia seis veces mayor que la de 1982.

De ahí que en ese entonces el grupo parlamentario del PRD haya señalado que las políticas sociales se formularon en franca contradicción con los lineamientos macroeconómicos del mismo plan y de la política práctica, pues el Programa de Ajuste y Estabilización Económica que se perfiló desde esos años, de principio de sexenio, es profundamente recesivo, con saldos desastrosos en el salario y el empleo y, por ende, en las capacidades de la sociedad y el Estado para combatir la pobreza.

El análisis de los ingresos de las familias muestra una tendencia persistente de deterioro en relación de los precios, los especialistas han calculado que de diciembre de 1994 a abril de 1996, una canasta de 40 productos básicos alcanzó un incremento de 80%, muy por encima dei incremento nominal de los salarios. Como ya se va volviendo costumbre, cualquier aumento al salario es rápidamente nulificado con incrementos como el de la leche y como el de la tortilla.

A finales del año pasado, los salarios se redujeron en 20% y el desempleo abierto llegó a 8% de la población económicamente activa. A finales de 1995 se habrán perdido 1.7 millones de plazas y se dejó de crear un millón más; para este año se calcula que se crearán en el mejor de los casos, 600 mil plazas, toda vez que alcanzar el millón de opciones mínimas necesarias para frenar el desempleo -que no revertirlo-, se requiere de una tasa de crecimiento de la economía del 8%. Es decir, el problema del desempleo agudo persistirá; además continuará en crecimiento el sector informal de la economía en donde se ocupa alrededor del 27% de la población económicamente activa en actividades mal remuneradas y poco productivas al tiempo que se incrementará el flujo migratorio calculado en 500 mil personas por año.

Con esta cruda realidad es explicable y hasta comprensible la dificultad presidencial de exponer ante la nación resultados positivos y convincentes de las estrategias de desarrollo social y combate a la pobreza. Cuando las estrategias de la política macroeconómica se formulan a contracorriente de aquéllas, es decir, tal vez es ingrato e incomodo presentar como convergente lo que en realidad es antagónico.

Seguimos pensando que es prioritario que el ser humano vuelva a ser la razón de ser de las políticas públicas; que !a política de desarrollo social pase de tener el carácter compensatorio que hoy tiene para atemperar los efectos desastrosos de la economía familiar que provoca la política económica para pasar a ser la política prioritaria sobre la que se articulan las demás políticas públicas.

Como confirmación del carácter complementario de la política social, observamos que el presupuesto asignado al desarrollo social sigue siendo insuficiente por más que se nos diga que hoy representa la mitad de un gasto programable disminuido por los compromisos externos; el gasto programable destinado al desarrollo social en términos reales es apenas similar al de 1993, aún cuando la población en general y la que requiere del apoyo gubernamental ha crecido en estos tres últimos años.

La distribución del gasto social en este año equivale al 9 % del producto interno bruto, distribuido de la siguiente manera: Educación, 4.11% salud y seguridad social, 3.75%; laboral .09%; desarrollo regional, y urbano que incluye al ramo 26, .86%; y abasto y nutrición, 39%; a su vez, los recursos del ramo 26 equivalen, al .5% del PIB. Como se puede observar, el monto de los recursos destinados a educación, salud y al desarrollo socia! en general, lejos están de !o recomendado por organismos internacionales, 8% en educación según UNESCO y 5% en salud según la OMS.

Nos vemos cómo se puede instrumentar una política incluyente integral, federalista, de erradicación de la pobreza extrema y para moderar las iniquidades con programas desarticulados en muchos casos duplicados y con una cobertura dudosa.

En el diagnóstico presentado en el documento filtrado para sustentar el Programa Integral de Educación Salud y Alimentación. se reconoce que el Gobierno Federal opera 22 programas dirigidos a nutrición y asistencia alimentaria sin coordinación institucional u operativa; en el mismo diagnóstico se reconoce que en el Distrito Federal y en la zona metropolitana, sólo el 44% de los extremadamente pobres son beneficiados a pesar de que la mayor parte de los programas de este tipo se concentran en un 30% de su cobertura en estas dos zonas.

Completamentaria nos enteramos que el 50% de los desayunos escolares se concentran en el Distrito Federal. Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala. En el abasto de leche subsidiada el 66% se concentra en el Distrito Federal.

Por lo que respecta al Pronasol, ese programa hoy disfrazado. que opera con los recursos del ramo 26 y que ha cambiado de nombre para distinguirse de aquél desprestigiado programa y de su autor, por eso el Programa de Niños en Solidaridad hoy se llama estímulos a la Educación Básica. Los fondos de solidaridad hoy se llaman Fondos de desarrollo Municipal, sin embargo, aún cuando ha cambiado de nombre, sigue operando bajo la misma concepción asistencialista de la pobreza y con la misma normatividad.

Se ha dicho que con la descentralización, de la tercera parte de los recursos que componer. el ramo 26 y con la publicación de una metodología para su distribución de las asignaciones correspondientes al fondo, se lograría una distribución más equitativa, sin embargo, la experiencia del ejercicio de los recursos en este año nos podría llevar a concluir que sólo se han reproducido en 31 partes las decisiones centralizadas, discrecionales y con criterio político Las autoridades estatales, e incluso las municipales, han operado bajo la vieja lógica clientelar y asistencialista de siempre, dando prioridad a las acciones que tienen mejores créditos políticos: las relaciones clientelares se reproducen con mayor extensión bajo sistemas caciquiles, como los que operan en muchos estados y municipios del país.

Los gobiernos estatales reproducen fielmente la lógica centralista de las autoridades federales e imponen a los ayuntamientos sus intereses y formas de operación. Por eso los recursos del ramo 26 se convierten en una bolsa que permite lucimiento del gobernador en turno con sus representados y constituye el mecanismos mediante el cual buscan legitimarse incluso los gobernantes más desprestigiados.

Es obvio que bajo un esquema antidemocrático como el que impera en varias regiones del país a nivel local, la participación comunitaria es inexistente, y por tanto los funcionarios locales y los grupos de poder local y Ios caciques, son quienes determinan las inversiones a realizar y por tanto, el manejo de los recursos de este fondo.

Se requiere revisar con responsabilidad la normatividad mediante la cual se han venido manejando estos programas. porque si además de tener una lógica básicamente asistencial. existe desvío y manipulación ;de los recursos, se desvirtúa completamente la naturaleza de ese tipo de programas y el combate o erradicación de la pobreza no solo es una ficción, sino un acto irresponsable y demagógico de la autoridad, una jugarreta imperdonable con los sentimientos y las necesidades de los que menos tienen.

Compañeras y compañeros legisladores: requerimos de una nueva ética de gobierno que erradique la corrupción y el uso faccioso de los programas y recursos; requerimos una redifinición de los ejes de la política social que conciba como prioritarias, las necesidades básicas de la yente, medidas en avances tangibles, así como un marco jurídico y operativo preciso, que imprima relevancia á la participación social organizada y que permita a esta soberanía definir los criterios y la estructura presupuestal.

En suma. necesitamos que la política social sea el centro de la acción gubernamental y sobre la que se articulen las demás políticas públicas.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Guillermo Alberto Luján Peña, del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos.

El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:

Con su permiso. señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Gobierno justifica su razón de ser en la medida que lleva a la población al desarrollo. Esta fue la razón de crear la Sedesol en 1989, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, presidente de triste memoria para la mayoría de los mexicanos. Y digo para la mayoría de los mexicanos y no de todos, porque sí hubo un pequeño grupo de mexicanos que fueron altamente beneficiados por este presidente.

Esta Secretaría ha logrado fracasar totalmente, porque cuando se organizó esta llamada "super secretaría", existían 14.5 millones de pobres y en tan solo siete años ha logrado elevar esta cantidad a más de 40 millones de mexicanos en la miseria, pero en lo que ha sido un éxito esta Secretaría es no ser la caja chica del PRI, sino la chequera mayor para apoyar a sus candidatos del partido oficial o para golpear a la oposición.

Mientras el combate a la pobreza siga siendo, solo tema de discursos oficiales, mientras no se sustituyan las políticas de desarrollo para que la población encuentre la autosuficiencia para dejar de ser dependientes del gobierno es decir hay que enseñar a los individuos y a las familias para que crezcan por si mismas para que vivan mejor, pero además, para que ya no sean sujetos del chantaje electoral del que han sido víctimas toda la vida.

Mientras no se cubran las necesidades básicas de alimentación, salud. vivienda, educación, no podremos hablar de que se esta saliendo de la pobreza y por lo que nos dice el Presidente Zedillo en su II Informe de Gobierno estas necesidades básicas en lugar de resolverse se han incrementado. Y paso a explicar por qué.

En cuanto a la vivienda voy a hacerles unas cuentas muy sencillas. Si somos 90 millones de mexicanos, con una tasa de crecimiento anual del 2.3%, significa que cada año somos 2.1 millones de nuevos habitantes y si le ponemos un promedio de cinco personas por familia tendremos al año 415 nuevas familias que requieren de una vivienda digna.

Pero el año pasado solo se construyeron 200 mil y en este año se piensan construir 260 mil nuevas viviendas terminadas.

Como se puede ver, no solo no se están cubriendo las necesidades de las nuevas farmilias, sino que el faltante que ya teníamos. de más de 4.6 millones de Viviendas, no le estamos abonando nada.

De esta manera, el faltante de viviendas sera cada vez mas grande y en lugar de resolverse va a ir empeorando, año con año.

Pero más grave aun se nos hace que las cifras expresadas en el informe no cuadren. No sé sí les falló la suma o de plano quisieron inflarnos los números. porque si sumamos entidad federativa por entidad federativa, no nos cuadra contra los totales que ahi se manejan.

Así tenemos que en 1995 hay una diferencia de 20 mil 413 viviendas de más, lo que significa un 10% de inflación en los números y en 1996 hay una diferencia de 19 mil 983 viviendas de más, lo que significa un 7.5% de números inflados. Pero si nos vamos al ultimo año del inolvidable presidente Salinas de Gortari, ahí sí la inflación era más grande.

En 1994, año en que los priístas todavía le aplaudieron a rabiar en su informe, los números están inflados por un 39%. Este diferencial se lo hicimos notar al titular de la Sedesol en su comparencia, pero todavía no hemos recibido respuesta.

En cuanto al programa de las 100 ciudades, que ahora resulta que son 116, realmente es impresionante el poco avance que se tuvo en este renglón. Así tenemos que en las 116 ciudades se pavimentaron 2.7 millones de metros cuadrados, lo que significa apenas 23 mil metros cuadrados por ciudad.

Se urbanizaron 12 mil lotes, lo que equivale a sólo 103 lotes para cada una de estas ciudades, que se supone que son ciudades medias y sólo se urbanizaron 103 lotes en promedio en cada una de ellas.

Se construyeron 14 puentes peatonales o sea, que ni uno por cada una de las poblaciones. Sólo a 14 se les construyó un puente peatonal.

Se instalaron 132 kilómetros de líneas eléctricas o sea, sólo un kilómetro en promedio por población.

Se instalaron 40 kilómetros de drenaje pluvial y sanitario, lo que equivale a 345 metros por ciudad, algo así como haberle puesto el drenaje a tres o cuatro cuadras por cada una de ellas.

¿No les parece una vacilada este programa de las 100 ciudades? Porque en el informe de cualquier presidente municipal, se informa más obra que la que se manifiesta en este programa.

¿O será que la mayoría de las principales poblaciones están en manos de la oposición y por eso este programa en lugar de ir hacia adelante, va para atrás? Porque este programa, que debería de ser prioritario para el desarrollo de las comunidades, para que sus habitantes vivan mejor, resulta como los cangrejos, van para atrás.

D

Y qué decir de la alimentación del pueblo mexicano, si en los últimos 10 años el salario mínimo ha perdido el 50% de su poder adquisitivo.

¿Tendremos un pueblo mejor alimentado? ¿Será éste el "bienestar para tu familia" que se prometió en campaña? Y eso es los que tienen trabajo, porque, ¿qué podremos decir de los miles de mexicanos que perdieron su empleo en esta crisis económica, provocada por un mal Gobierno.

Difícilmente hay alguien en este salón que pueda creer que ahora el pueblo mexicano está mejor alimentado que antes.

En cuanto a la educación. Ni hablar. Porque a lo largo y ancho del país tenemos manifestaciones de miles y miles de estudiantes que no encontraron lugar en las escuelas oficiales y por supuesto que tampoco tienen recursos para entrar a una escuela particular.

Cuando se creó la supersecretaría de Sedesol, se supone que era para acabar con la pobreza, y ésta en sólo siete años, han pasado de ,4.5 millones a 40 mil millones de pobres.

Yo creo que ésta demostrará su ineficiencia, por lo que esta Secretaría sólo ha servido para apoyar a los candidatos del partido oficial y para atacar a los de oposición.

Esta Secretaría debe de desaparecer y todos sus recursos deberán de pasar en forma equitativa, justa y proporcional a los municipios del país, quienes estamos seguros que sabrán utilizar estos recursos mejor para el bien de México y de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Carmen Zavala Medel, por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Carmen Zavala Medel:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hablar de política social es traer a nuestra conciencia las condiciones de atraso, marginación y exclusión que se viven en las ciudades y en el campo de nuestro país.

Para nadie es extraño que la severa crisis por la que atravesamos impida avanzar sobre los objetivos claros de combatir la pobreza y marginación, sustentada en un gran número de mexicanos.

Debemos de reconocer que la pobreza extrema refleja la imposibilidad de las familias para acceder a los satisfactores esenciales que les permHan integrarse a los procesos de desarrollo.

Asimismo, que una nación marcada por la desigualdad y la pobreza, es una nación sin futuro.

Por ello, este II Informe nos presenta reflexiones y elementos sobre las medidas de política social que nos harán enfrentar las adversidades derivadas de las crisis y de la emergencia económica.

Tenemos claro que la recuperación y ampliación de los niveles de bienestar, revisten hoy una importancia fundamental para la consecución de los ideales de justicia y equidad que anhelamos todos.

Que la persistencia y aún el agravamiento de la desigualdad y la pobreza extrema, representan un obstáculo para la realización plena de los derechos sociales y los objetivos de desarrollo social.

Cabe aquí señalar el papel tan importante que ha hecho el Estado para cubrir las necesidades más prioritarias de desarrollo social.

No podemos soslayar que mientras la población creció sustancialmente, la economía del país decreció.

Con esta desproporcionalidad advertimos que si en épocas de bonanza no ha sido posible cubrir las necesidades prioritarias de bienestar social, hoy, ante circunstancias económicas adversas, sin duda alguna aumenta la dificultad para erradicar la pobreza y la marginación.

No podemos nosotros, como dijera el diputado que me antecedió en la palabra, que estos programas son una vacilada, puesto que nosotros al implementar los programas de desarrollo social, estamos hablando de programas serios para gente, para seres humanos, para nuestros mexicanos.

Sin embargo, tenemos que reconocer que la misma crisis, nos ha enseñado a hacer un análisis más profundo, para poder aplicar programas estratégicos más integrales y más totalizados hacia donde se encuentra la verdadera marginación y nos ha enseñado a replantearnos nuevas formas de distribución del gas y de esta manera atender a los grupos más vulnerables, optimizando recursos y buscando la transferencia en su aplicación.

Cabe hacer un llamado a las instituciones que les corresponde la implementación de los programas y la aplicación de los mismos, a mantener una constante vigilancia, en cuanto a la calidad de los productos que integran estos paquetes alimenticios, que de hecho son productos subsidiados.

Cabe señalar que con los importantes, pero insuficientes recursos destinados al desarrollo social, se ha abastecido a un mayor número de beneficiarios en los diferentes programas, como son desayunos escolares, becas de solidaridad, programas Liconsa, Diconsa, y despensas a bajo costo entre otros.

Mediante el Programa de Desayunos Escolares, que en 1995 se distribuyeron 328 millones, 84 mil 255 desayunos, con un total de 1 millón 930 mil 348 beneficiados. En 1996 se aumentó el número a 475 millones 550 mil desayunos, con un total de 2 millones de beneficiados. A la fecha se ven atendidos 2 millones 652 mil 186 menores con un desayuno escolar diario.

El Programa de Asistencia Social Alimentario con despensas distribuidas en 1995 fue de 11 millones 15 mil 558 familias beneficiadas. En 1996 fue de 10 millones 525 mil 673 familias consideradas.

Es importante señalar el programa piloto de canasta básica alimentaria para el bienestar de la familia en el Estado de Campeche que benefició a 31 mil 283 familias y que tiene como finalidad atender a las madres embarazadas y en periodo de lactancia y a niños lactantes y hasta los cinco años de edad. Yo preguntaría a estas familias beneficiadas si éstas son vaciladas, porque consideramos que se trata de programas serios y que verdaderamente les ha llegado el beneficio.

También este programa conlleva un componente de salud, en donde se da una vigilancia médica del crecimiento de los niños y la supervisión de su evolución nutricional mediante una cartilla de nutrición. Al mismo tiempo nos permite ubicar situaciones de desnutrición, así como corregirlas y solucionarlas y prevenir que se lleguen a estas etapas.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, distribuyó más de 1.2 millones de despensas mensualmente, adicionándoles otro tipo de acciones de carácter nutricional. Mediante programas de abasto social de leche Liconsa, se vieron beneficiadas 5.4 millones de niños semanalmente.

El programa de subsidio a la tortilla entregó un kilo diario sin costo alguno a 2.8 millones de familias de escasos recursos.

Una de las principales estrategias de política para la superación de la pobreza extrema, es la descentralización que pemmite instrumentar los programas en forma coordinada con los estados y municipios del país.

A partir de 1996, el fondo de desarrollo social municipal se maneja con el 75% de los recursos del ramo 26, para este programa fue destinado un total de 11 millones de pesos aplicados al fondo de desarrollo social municipal, al fondo de prioridades estatales y al fondo para la promoción del empleo y la educación y es manejado por gobiernos municipales de diversos colores que hoy están gobernando las diversas entidades de nuestro país y además, bajo la normatividad del Gobierno Federal.

Tanto la fórmula como los montos de distribución a los estados fue resultado de un proceso de elaboración colectiva donde participaron diversas instrucciones y bajo la consideración de diputados y senadores de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras. Es importante señalar que en años recientes y ante la necesidad de racionalizar el gasto público, en beneficio de la población que más apoyo necesita, la participación del Estado se ha enfocado a las zonas más pobres y marginadas, con una mayor participación en las comunidades y en atención a sus necesidades.

Se ha puesto énfasis en el diseño de programas de atención integral en los que el abasto social y el apoyo alimentario se complementan con acciones de educación, salud y saneamiento como estrategia para combatir las causas que originan la desnutrición, tal es el caso del Programa Alimentario Social y Educativo. Dicho programa debe tener la finalidad de establecer mecanismos que garanticen la transferencia directa al ingreso para el apoyo alimentario y educativo, cuyo objetivo es otorgar una canasta básica alimentaria a las familias con ingresos hasta de dos salarios mínimos y asimismo, atención médica y nutricional a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a niños de seis meses a cinco años de edad, así como también contribuir a mejorar la ingesta de alimentos a familias urbanas con ingresos de hasta dos salarios mínimos; elevar el beneficio social de los programas actuales de subsidio al consumo mediante una localización más precisa de la población y una reducción de costos.

De igual forma, evitar desatención y duplicidad de esfuerzos entre las instituciones responsables de operar los subsidios al consumo. El Presidente Zedillo ha tomado la decisión de emprender acciones renovadas dirigidas al bienestar de la población, éstas acciones tienen el propósito y el imperativo ético y político de abrir opciones de progreso y esperanza a las familias que menos tienen.

Conscientes de que las acciones que se han emprendido son importantes y significativas, tenemos que aceptar que aún no son suficientes para combatir el rezago social que nos aqueja. Por demás está manifestar ante esta máxima tribuna que no estamos satisfechos con lo que hasta ahora se ha logrado, que es necesario un incremento sustancial al presupuesto de desarrollo social en el combate a la pobreza lacerante que agobia a nuestro pueblo.

Entendamos que es necesario redoblar esfuerzos para acercar beneficios a los que más lo necesitan. Hoy más que nunca debemos asumir con responsabilidad lo que nos corresponda hacer: manifestar nuestra voluntad y dirimir nuestras diferencias con la única finalidad de lograr un desarrollo social integral y sustentable que beneficie a la gran mayoría de los mexicanos.

El diputado Eliseo Moyao Morales (desde su curul):

Señor Presidente.

El Presidente:

¿Dígame, señor diputado.

El diputado Eliseo Moyao Morales (desde su curul):

Solicito la palabra para alusiones personales.

El Presidente:

Para constestar alusiones personas, el diputado Eliseo Moyao Morales.

El diputado Eliseo Moyao Morales:

Yo presenté un análisis donde trato de demostrar la insuficiencia de los recursos para el combate a la pobreza, en donde trato de presentar una obviedad: la desarticulación de los programas, los distintos programas, incluso su duplicación. Si además de esto observamos que hay un desvío de recursos, que los recursos, que son pocos, para el combate a la pobreza, no llegan a los sectores para los cuales están destinados, hablé de que se desnaturalizan ese tipo de programas.

Lo de la vacilada fue un concepto que utilizó la compañera diputada y no yo.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, el diputado Guillermo Alberto Luján Peña.

El diputado Gillermo Alberto Luján Peña:

Con su permiso, señor Presidente:

Unicamente para aclararle a la diputada del partido oficial que efectivamente yo usé el término "vacilada". Y la vacilada se refería al programa de las 100 ciudades, no el combate a la pobreza. En cuanto al combate a la pobreza, quiero aclararle que nuestro partido nunca ha estado en contra de él; pero sí estamos en contra de que en lugar de sacar de la pobreza a millones de mexicanos que se encontraban cuando fue creada esa Secretaria, hoy en día, a sólo siete años de distancia, sean más del triple de mexicanos pobres que los que eran en aquel entonces.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, hasta por cinco minutos.

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:

Yo quisiera, compañeros legisladores, retomar la palabra, el concepto, la categoría que usó el diputado panista. Yo no sé si venimos aquí a glosar, desglosar el informe o si ésta es una vacilada.

Nos quejamos de que el Poder Ejecutivo no escucha al Legislativo y el Poder Ejecutivo sistemáticamente dice que está buscando el equilibrio de poderes. Pero aquí incluso no nos escuchamos entre nosotros mismos. Esto es un verdadero chiste. Sinceramente deberíamos de pensar seriamente de qué se trata.

No checan los números. Y si uno intenta hacer un estudio serio del informe presidencial que se nos presenta, para que como legisladores podamos proponer serias modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación que se nos va a presentar, según dicen, el día 7 de octubre, a la mejor resulta que este presupuesto de egresos ya está elaborado y todo lo que estamos nosotros aquí discutiendo es una vacilada, como dice el colega.

En el caso de educación, por ejemplo, al que se han referido varios compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional.

Hay cosas que verdaderamente deberíamos de pensar. En estos momentos que está viviendo el país, se viene a la memoria aquella hermosa carta de respuesta de Sigmun Freud a Albert Einstein, cuando le decía: "¿por qué el hombre siempre está en guerra?" Y Freud le decía: "porque es un instinto animal y para superarlo..." y leo la frase textual de Freud, dice: "Todo lo que se trabaje a favor de la educación y la cultura, labora en contra de la guerra".

Y sin embargo, parece ser que nosotros no queremos afrontar y calificar los rezagos educativos, los rezagos en vivienda, los rezagos en salario, los rezagos en salud que está viviendo nuestro país. Voy a dar algunos datos que aquí los escuchamos el día 1o. de septiembre. El día 1o. de septiembre el Presidente de la República dijo que el 80% de los niños que ingresan a primaria, la terminan. Dijo que el 76.7% en secundaria; en media superior dijo que la eficiencia terminal era de 89%; en superior, dijo que era del 80%.

No checan los números con la realidad. Uno se pone a trabajar con seriedad, el problema de los números y no checa que se venga a decir aquí que se está haciendo un esfuerzo por parte del Gobierno Federal para sacar adelante la problemática educativa del país. No checa tampoco, porque miren, en una lógica de distribución del gasto, una reducción de menos 15.7% del presupuesto en educación superior, con respecto al año anterior, hubo una reducción en educación superior y posgrado, compañeros legisladores, hubo una reducción en educación media de menos 18.2% en términos reales con respecto al año anterior; hubo una reducción, ojo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se planteó como meta para el 1986, un aumento del presupuesto del 6.5% en términos reales.

¿Saben qué es lo que en los anexos del último informe presidencial nos dicen, compañeros legisladores? ¿Que no sólo no se cumplió la meta de dar un aumento del 6.5% en términos reales al presupuesto de educación básica, sino que hubo una caída de menos 6.9% con respecto al año anterior? ¡No checan los datos con el discurso:

Y si no ponemos atención a eso, para tomar decisiones que incidan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, la pregunta es: ¿Es esto una vacilada, como dice el colega?

¡Ojo: en infraestructura educativa hubo una contracción en términos reales de menos 12.6% con respecto al año anterior, que también había caído!, y ¡fantástico compañeros legisladores, fantástico, en el rubro administración el aumento en términos reales fue del 75% con respecto al año anterior! Bueno, entonces de qué se trata.

En términos de las eficiencias terminales en un estudio exhaustivo que hicimos con los datos del informe presidencial, la eficiencia terminal en educación primaria sólo es de 62.69%. ¡O sea, que hay 37.3% de niños que no terminan la escuela, en contraste con el 80% que vino a decir aquí el Presidente de la República:

Haciendo un seguimiento generacional, en secundaria la contracción es de 64.68% la eficiencia. ¡O sea 35.32% de los niños que ingresan a secundaria no terminan:

En educación básica, compañeros Legisladores, ¡no terminan el 68%! ¡O sea que la eficiencia terminal es de 31.93%! ¡Y estos datos que nosotros calculamos con base en el informe presidencial, coincide con un informe que dio la UNICEF un día antes de la comparecencia del doctor Zedillo. Y en el informe de la UNICEF dice que en la educación primaria la eficiencia terminal es sólo de 61.1%! ¡No del 80% como se dice!

¡En educación superior, vean ustedes qué grave está el problema! En educación superior, página 176 del informe presidencial, miren: la capacidad de absorción de la educación superior bajó de 81 % en el año de 1993, a 68.7% en 1996, compañeros. ¡Verdaderamente terrible lo que estamos viviendo!

¡Los compañeros que vienen aquí a hacer apología del informe presidencial, poco ayudan a la nación! ¡Poco ayudan incluso al Ejecutivo! ¡Poco ayudan a la Cámara de Diputados! ¡Poco ayudan a este Congreso!

¡Con estos datos que he presentado, que estoy dispuesto a que los trabajemos en la Comisión de Educación a fondo, pero con una condición: que no sea vacilada!, como dice el compañero colega diputado.

¿Con qué finalidad hacemos eso? Miren...

Señor diputado, se le ha agotado su tiempo. Por favor, concluya con su intervención.

El Presidente:

Señor diputado, se le ha agotado su tiempo. Por favor, concluya con su intervención.

El diputado Salvador Pablo Martinez Della Rocca:

Permítame concluir.

Miren, los costos por alumno son verdaderamente increíbles las caídas del costo por alumno. En educación inicial cayó en menos 3.7% con respecto al año anterior. En básica cayó en menos 7.9.% En media total en menos 22.25%. En superior, normal y posgrado el costo cayó en menos 20.2%, el costo alumno.

¿Si la matrícula sube y los presupuestos bajan, de dónde saca el egresado de Yale que el costo por alumno va a subir? ¡Si es una división aritmética, compañeros diputados! ¡Crece la matrícula y decrece el presupuesto, pues es una división y el número tiende a ser más pequeño! ¡Cualquier estudiante de primaria lo sabe:

Para concluir, que es verdaderamente patético. Miren, la matrícula en educación indígena de 1986 a 1996 decreció en 121 mil personas. ¡Una caída del 60%! ¡Y el presupuesto de 1994 del 88% en términos reales, fue una caída, en 1994 cayó el 88% en términos reales y en 1996 cae el 12% de nuevo!

¡Yo quisiera retomar, para concluir, la carta que le iba a entregar al doctor Zedillo, firmada por muchísimos diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional! Aquí está la carta. Y en la carta lo que exigimos es: ¡Aumento en términos reales al presupuesto para educación, porque todo lo que trabaje por educación y cultura laborará en contra de la guerra!

Gracias compañeros.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Abel García Ramírez, para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Abel García Ramírez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente, yo vengo a abundar algunas de las cifras que aquí señaló nuestro compañero diputado Realmente no sabemos de dónde sacaron y de dónde compaginaron el I y el II Informe de Gobierno.

Por ejemplo, en lo que terminó precisamente señalando Salvador Martínez Della Rocca, en el rubro de gasto nacional ejercido en educación las cifras efectivamente no checan; efectivamente no concuerdan las cifras del I Informe de Gobierno con este II informe. Por ejemplo, miren, en la página 170 del II Informe de Gobierno se nos señala que para 1991 el gasto en educación, en el I informe nos dan la cifra de 4.7% del producto interno bruto y en este II informe se nos dice que es únicamente del 4.3%; hay una diferencia. Y así los siguientes años. Pero lo más patético es lo señalado en el año de 1995, donde el I informe nos decía que habría una inversión del 6.2% del producto interno bruto en educación y ahora nos vienen a decir que es el 5% únicamente, es decir, 1.2% menos de lo señalado el año pasado. ¿Dónde está la coherencia en las cifras señores.

Pero abundo más. En la siguiente página, en la 172, en el I informe respecto de la atención a los niños de cinco años que demandan educación preescolar, en el I informe se nos señala que en el ciclo escolar 1994-1995 era del 79% de la cobertura y en este II informe se nos señala que es 74.5%. Estas cifras unidas a las que se nos señalan aquí verdaderamente nos indican que este Gobierno está reprobado en matemáticas y en estadística.

Pero no sólo en las cuestiones de los números vamos a hablar, sino también en el aspecto de la calidad de la educación.

En un estudio realizado por investigadores del Centro de Estudios Educativos en primarias de zonas marginadas, se nos indica y esto es lo más grave del asunto, que el aprendizaje en esas escuelas primarias es en general bajo, por cierto, por lo que no se puede afirmar que la educación primaria esté logrando que sus egresados sean alfabetas funcionales.

Otra conclusión dice que la calidad de la educación primaria se distribuye de manera polar, es decir, que se encuentran dos realidades diferentes: la de la zona urbana y la de la zona rural. Las diferencias aumentan conforme avanzan los alumnos en sus estudios, es decir, un certificado de primaria en las zonas marginadas, en las zonas rurales, equivale solamente al 4o. grado de educación primaria de las zonas urbanas; esto es el estudio de la calidad de la educación.

Entonces, insisto, no sólo en los números está fallando el sistema educativo nacional, sino también en la calidad de la educación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos, por el Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Gracias, señor Presidente: señoras y señores legisladores:

Efectivamente quienes estamos aquí, los del PRD, queremos cambiar este formato, pero para que eso también se dé queremos dar pasos y uno de ellos es el de debatir aquí y en este momento con quienes defienden el proyecto y el programa de Gobierno del Presidente de la República y que vino a informarnos este pasado mes.

En particular me interesa destacar que de lo que se trata compañeras y compañeros legisladores, es abordar con mucha responsabllidad lo que hace el Ejecutivo, en particular en la materia que nos compete en este momento discutir, relacionado con política social.

Yo quisiera destacar compañeras y compañeros que no basta con venir a decir aquí que es insuficiente, que reconocemos que es insuficiente que hay que hacer más. Yo creo que es falta de un mayor compromiso a quienes representamos en este espacio para venir a hablar con la verdad.

Yo solamente voy a señalar la incongruencia que ya algunos diputados tanto de mi partido como del PAN, han señalado en relación al informe y, es relacionado, ahora sí, con el nuevo programa, un programa más para los pobres de este país, porque no hallamos qué hacer con ellos, el Programa de Alimentación, Salud y Educación.

No sé quién le tomó el pelo a quién pero al Presidente de la República se le olvidó informar que él mismo dio a conocer en febrero de 1995 el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar y también se le olvidó decir que ya hay un programa piloto y que lo echaron a andar en Campeche en junio de 1995 y resulta que en esa materia se obvia informar al Secretario de Desarrollo Social, le decíamos, ¿es que no hay que informar?, o nada mas hay que informar cifras, además incongruentes.

En relación a desayunos escolares, compañera diputada, con todo respeto diputada Zavala, el Presidente informa en su informe, en su discurso y eso generó ovación de muchos de ustedes, que se reparten 2 mil 650 desayunos diarios y luego resulta que en el anexo se habla de Z millones, ¿quién le toma el pelo a quién en el informe.

Pero no solamente eso, se hace alarde de cifras y cifras y cifras y se obvia la realidad como dijera nuestro compañero diputado Martínez Della Rocca. Resulta que en desayunos escolares tenemos un déficit de 4 millones más de niños que no reciben desayunos escolares y que requieren recibir, para que no se mueran compañera Zavala, necesitamos en concreto, si le creemos al Presidente o le creemos a Carlos Rojas, 3 millones y medio más de desayunos escolares para que nuestros niños no se nos duerman en las aulas, para que asistan diario a las aulas.

Es decir, el problema es mayor, resulta que el Presidente no haya qué hacer con lo que los tecnócratas elaboran y luego le reelaboran y luego le desaparecen y ahora resulta que para el problema del hambre y la desnutrición que tanto le preocupa al Presidente, "que tanto le preocupa", nos presenta el PASE, un programa piloto, ahora resulta que vamos a pilotear, vamos a estar piloteando, porque no hayamos qué hacer con los pobres ¿verdad?, quién sabe cuándo arranquemos realmente con una política de fondo que erradique la pobreza y en ese tenor se obvia también, compañera diputada Zavala, que el mismo Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Rojas hicieron una evaluación del programa piloto en Campeche y ellos se demostraron asimismo que hay un deterioro del gasto y lo reconocieron en la comparecencia; es decir, de qué sirve la prueba piloto por muy integral que sea, que aquí cuestionamos esa integralidad, no hay tal integridad.

En segundo lugar la educación, ¿dónde aparece la educación?, y ahora vamos a pilotear en otros estados de la República, verdad, porque es la panacea para los pobres, el PASE y además le buscaron un nombre más atractivo para las familias, para mitigar el hambre de las familias mexicanas. Eso es falta de ética política, es falta de compromiso social de un gobierno que no quiere, que no quiere atender la problemática de fondo de la pobreza y tiene que ver con una política que no aparece ni en el plan nacional de desarrollo ni en el I informe ni en el II, que es una política alimentaria integral que comprenda efectivamente rezagos ancestrales, pero también problemas inmediatos y ahí podríamos estar debatiendo en otro nivel, en otras alturas, lo otro es lo que demuestran con esto, lo único que demuestran con esto es la falta de ética política, la falta de compromiso y de que no hayan qué hacer entre ellos porque se la llevan peleando a ver quién encabeza qué programa.

Qué tristeza, en manos de tecnócratas, en manos de políticos irresponsables ante un problema tan grave que es la desnutrición estamos los mexicanos; realmente yo sí invito a que debatamos en esos niveles y propongamos; porque el Partido de la Revolución Democrática ha planteado al Presidente de la República una propuesta de programa emergente de bienestar social, entre ellos incluye una propuesta de emergencia alimentaria porque de ese tamaño es la responsabilidad nacional.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Matilde del Mar.

La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna:

Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:

No podemos negarle ninguna manera la grave situación de pobreza que estamos atravesando en el país, no podemos negar que son insuficientes los programas, no podemos negar que es tanto lo que nos queda por hacer y que, sin embargo, tenemos tan poco; no podemos negar que estamos atravesando una crisis en la cual creo que somos culpables muchos, muchos de nosotros y, sin embargo, yo quisiera pedir en esta ocasión a las comisiones de Educación, Salud, Población y Desarrollo y Alimentación, que estudiáramos conjuntamente en las comisiones las cifras con todo detenimiento, ya no podemos recoger el jarro roto pero estamos muy a tiempo, muy a tiempo de tomar las medidas pertinentes para que podamos proponer y por qué no hasta exigir que del presupuesto de 1997 el gasto programable, el gasto social sea prioritario en estos cuatro aspectos, revisaremos las cifras en las comisiones y, creo que de un trabajo serio podremos lograr realmente sacar algo bueno de todo esto.

Muchas gradas.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Salvador Zúñiga.

El diputado Salvador Othón Avila Zúñiga:

Yo soy Salvador Othón Avila Zúñiga.

Se ha hablado de pobreza y hay 12 millones de mexicanos que viven en nuestros bosques en condiciones de pobreza extrema y hasta este momento nadie ha dicho nada.

El problema educativo es grave, se reconoce, sin embargo, el problema forestal también es grave y no hay una política forestal; en política forestal no hay política. La situación es alarmante pues se reconoce que perdemos en promedio 600 mil hectáreas por año y que la mitad de nuestra riqueza forestal se ha perdido en los últimos 30 años.

También que está erosionado o degradado el 80% de nuestro suelo. Esto lo dijo la maestra en ciencias Julia Carabias, en la comparecencia o bien, lo aceptó.

Dijo también que se alcanzará a frenar la pérdida forestal probablemente dentro 10 ó 20 años, no dijo cuando; lo mismo pueden ser 30. Si hacemos una proyección lineal de lo que se ha perdido, dentro de 30 años estaremos habitando un desierto, es decir prácticamente se frenará por ausencia cuando ya no haya árboles que perder y todo el país esté convertido en un desierto.

Las acciones que se están tomando, además de tardías se aprecian tibias y parciales: haber plantado 210 millones de árboles el año pasado y se espera plantar este año 260 millones.

Según palabras de la misma maestra en ciencias, secretaria de la Semamap, estos árboles que se plantan en zonas degradadas y erosionadas, se abandonan a que la misma naturaleza se encargue de su cuidado y según ella, existe una supervivencia del 50%.

No sabemos si existen evaluaciones que soporten esta cifra, pero plantar arbolitos en áreas que han sido taladas o incendiadas por el hombre, para ser dedicadas a la agricultura migratoria o a la ganadería extensiva, es dejar a estos pequeños arbolitos a merced de la fauna nociva y el pastoreo; es tanto como pretender poblar el mar muerto arrojando peces a éste.

En lo que se refiere a las plantaciones forestales comerciales, en las que se reconoce en el programa forestal o de suelo que se calcula en 8 millones de hectáreas la superficie susceptible deben de dedicarse con garantías ecológicas a esta actividad, se nos dice también que hay una bolsa no cuantificada destinada a promover las mismas, para reembolsar hasta en un 65% los costos de establecimiento y mantenimiento de éstas y que se espera llegar al final de esta administración con más de 200 mil hectáreas, sembradas en plantaciones forestales comerciales, es decir, la tercera parte de lo que se pierde en un año.

Se dice que la cantidad que se va a dar para reembolsar los gastos de iniciación de estas plantaciones, que se va a poner a subasta, con criterio social, ecológico y de rentabilidad. Yo creo que no es necesario poner a subasta esto; es necesario poner reglas claras en las leyes, en los reglamentos y en los decretos y garantías de que estos árboles que se siembran se van a cosechar.

Según palabras de la señora Carabias, es recomendable realizar estas plantaciones en áreas degradadas y no en áreas cubiertas actualmente por vegetación forestal. Estamos de acuerdo, pero lo que nos parece absurdo es que mientras se permite el cambio de uso de suelo para la agricultura y para la ganadería, arrasando en forma criminal nuestros bosques, no se permita lo mismo para las plantaciones comerciales, que obviamente sería una mera sustitución.

Sin embargo, ahí están 8 millones de hectáreas susceptibles de ser plantadas y que mediante una política de fomento en la que se establezca garantía de cosecha a largo plazo, formas prácticas de asociación, que proteja a los tenedores, que en su mayoría son esos 12 millones de mexicanos que habitan en nuestros bosques y también a los inversionistas, se puede aspirar a tener en los próximos 5 años inversiones en plantaciones forestales de por lo menos 1 millón de hectáreas por año, pues México y el mundo es deficitario en material celulósico.

Ahora en esta intervención preguntamos nuevamente al Ejecutivo, ¿cuándo y con qué acciones detendremos, ya no pedimos revertir la pérdida de bosques y suelos, sino tan sólo llegar a un equilibrio entre lo que se pierde y lo que se restaura o dejaremos que nuestros hijos y nietos realicen esta tarea, cuando nuestro país sea un desierto y tengamos 100 millones de pobres.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada María Carmen Zavala Medel.

La diputada María Carmen Zavala Medel:

Compañeras y compañeros:

Vengo a hacer uso de la tribuna para alusiones personales, en virtud a que nosotros estamos reconociendo que tenemos insuficiencia en cuanto a que el número de beneficiarios aun no es todos los que lo necesitan. Sabemos que hay un gran número de niños en edad escolar que todavía no tienen estos apoyos de desayunos escolares, por eso es que estamos pidiendo un mayor incremento en cuanto al presupuesto que se destine al presupuesto de desarrollo social.

En cuanto al programa piloto que fue efectuado, que se está llevando a cabo en el Estado de Campeche, creo, compañera Leticia Burgos, que fue muy importante haber asistido y vivir muy de cerca el cómo se está llevando a cabo y cuáles son las dimensiones y alcances además de sus limitaciones del mismo programa.

Yo creo, compañera, que los programas pilotos están para enseñamos, no para aprender. Creo pues que de esta manera estos programas que de alguna manera pretenden cumplir con un buen fin y que son para un buen propósito, debe de analizarse un poquito más para incluirles no solamente lo que hasta ahorita conlleva el programa, que ha sido el de alimentación, el de nutrición, el de checar a los niños su peso y talla desde que nacen hasta los cinco o seis años de edad.

Este programa, nos constó ver que realmente fue un programa, la gente lo aceptó, que fue un programa que verdaderamente vino a beneficiar directamente tanto a las madres de familia con ese programa de canasta básica y además en donde les obligó a tener esa obligación de llevar a checar a sus hijos en cuanto a la asistencia médica.

Compañera Leticia Burgos, yo coincido con usted en que verdaderamente no son los programas piloto los que nos van a sacar adelante de ese problema que tenemos de rezago social, sin embargo, creo que hasta el momento ese programa está todavía funcionando, es un programa que quisiéramos no solamente que se viera en ese Estado o en tres estados más o en cuatro estados más donde se requiere. Nosotros solicitaríamos que se incremente ese presupuesto de desarrollo social y de esta manera este programa, más integral, donde incluya la educación también, fuera para el mayor número de zonas marginadas, de esas zonas donde más reclamos sociales existen.

Yo los exhorto a que conjuntamente veamos de que se incremente ese presupuesto, para tratar de llevar estos programas, que de alguna manera ya se ha visto que han sido beneficiosos para las personas y que además lo han acogido de buena fe, se sigan dando, pero sean programas más incluyentes, en donde haya una mayor vigilancia en estos programas y además, donde la aplicación se dé más equitativa.

La diputada Leticia Burgos Ochoa (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.

El Presidente:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales la diputada Leticia Burgos.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Lo que aquí nos viene a plantear nuestra compañera diputada Zavala, yo creo que tiene que ser una discusión más de fondo. Se trata de política de un Gobierno frente a sus problemas nacionales y aquí debatimos incongruencia y debatimos insuficiencia también, pero debatimos un aspecto que la compañera Zavala no puede rebatir acá, que son el que este país está constituido de mujeres y hombres, de seres humanos y cuando hablamos profesionalmente de pruebas piloto o de programas piloto, estamos hablando de un proceso, pero quién sabe cómo nos va a ir. Esa es una muestra evidente de una falta de ética y de responsabilidad ante un problema que es de los seres humanos.

Ahora resulta que un problema profundo que tiene que ver con seguridad nacional, compañera Zavala, el Presidente lo reduce a pruebas y error, porque ésas son las pruebas piloto, pruebas error.

Y nosotros aquí debatimos que ésa no es la alternativa al problema del hambre y la desnutrición en México. Migajas no requieren los mexicanos, requieren empleo, requieren garantías para producir, requieren garantías para vender sus productos. Es decir, la discusión, compañera Zavala, va más allá de que aquí nos vengan a decir que es insuficiente y que hay que seguir dándole más presupuesto al desarrollo social para cumplir las expectativas.

El problema es de fondo, es que el Gobierno está priorizando las fuerzas del mercado para refuncionalizar un sistema económico que es ya inoperante en este país y muchos de ustedes no lo entienden.

El problema del hambre y la desnutrición es un problema profundo, es un problema complejo, que no bastan los programas paliativos como es el PASE.

Y otro problema mayor. El programa de Campeche y es una de las cosas que Carlos Rojas no nos pudo contestar en la comparecencia, es que para echarlo a andar a nivel nacional, aún en el marco de un programa piloto, que nosotros cuestionamos eso, porque los mexicanos no necesitan de un pilotaje para abordar un problema, es que aquí no hay una evaluación de todos los programas que quieren sintetizar en el PASE, es decir, dicen que sí pero no van a desaparecer el programa de la tortilla, pero resulta que aquí lo dicen claramente y lo señalan y lo tachan: "... la leche y las tortillas... desaparece el subsidio de la leche y la tortilla". Pero resulta que en el informe, para que no se vea que el exceso del mercado ha llegado a ese grado ya, verdad, todavía va a seguir.

Ese es el problema, compañera Zavala, es de fondo. El problema es que se está priorizando el salir del bache económico y a costa de que sigan muriendo niñas y niños, ancianos, mujeres embarazadas, por una falta de atención realmente con responsabilidad y con ética de este Gobierno.

Gracias.

El diputado Víctor Cruz Ramírez (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Víctor Cruz.

El diputado Victor Cruz Ramírez:

Con su venia, señor Presidente:

Al estar escuchando la postura del partido oficial, pareciera que todo fuera muy bien y voy a mencionar algunas de las frases que se han comentado hoy aquí, se habla, por ejemplo, de una exposición franca y convincente de parte del presidente Zedillo.

Hoy, qué bueno, se reconoce ya, que el individuo es el centro del desarrollo, pero lástima que quede nada más hasta el desarrollo.

Se habla también de que es necesario continuar con los esfuerzos, para que todos los mexicanos cuenten con una vivienda digna.

En cada mensaje del Presidente, escuchamos lo mismo.

Se habla también de llevar salud a todo lo ancho de nuestra geografía nacional. Sin embargo, los problemas en todos los rincones del país se están dando y no nada más en las áreas de la Secretaría de Salud, sino del mismo Seguro Social, donde sabemos que no hay ni la calidad ni la atención ni tampoco medicinas.

Y todavía con esto el partido oficial quiere y dice: debemos reconocer los esfuerzos y además dice el partido oficial: por eso respaldamos el mensaje del presidente Zedillo.

Compañeros legisladores, en 1992 el 20% de la población más rica concentraba el 54% del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población con extrema pobreza, apenas sobrevivía con el 4% del ingreso nacional. Y esto es de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

Chiapas, Guerrero y Oaxaca, suman el 11 % de la población nacional, para 1990 según el INEGl, de los cuales el 72% de hogares tiene un ingreso inferior a dos salarios mínimos y concentran el mayor promedio de natalidad. Cifras oficiales.

En este momento hay necesidades dramáticas y urgentes, que buscan manifestar sus demandas a través de otro medios y ya es momento en que hay una tendencia creciente de movilización social. Está resurgiendo como opción la lucha armada clandestina. Y el Gobierno hablando de cifras alegres y la diputación priísta avalándolas además.

Los partidos políticos estamos en un riesgo de ser rebasados por las expectativas sociales y esto pareciera que no importara.

¿Qué se requiere? Una reforma del Estado que incluya, en primer lugar, el desarrollo social, para crear condiciones, en donde la productividad y competitividad, deriven beneficios directamente a la población, no hay que dar pescados.

Se requiere también que la pobreza no se combata con programas filantrópicos como el caso de solidaridad, sino que aquí se requiere la promoción de inversión nacional y extranjera en la industria, en la infraestructura productiva y, consecuentemente, en generación de empleos.

Lástima que estemos tocando un área de desarrollo social, un área social, que en México no está siendo atendida y que en estas reflexiones que hoy se están haciendo, el partido oficial solamente esté avalando lo que dijo aquí el presidente Zedillo.

Acción Nacional está propuesto y quiero mencionarlo, en que el ser humana es centro y eje de todo el entorno, de toda la necesidad que requiera y dignificar al ser humano es vía de democratizar al país. Que esta democracia promueva también la infraestructura social de beneficio directo, que haya salud, que haya un orden, que haya educación, que haya vivienda y no con la falsedad que hoy se comenta en esta tribuna, en donde el PRI solamente señala cifras alegres.

Muchas gracias.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores inscritos para la primera ronda, esta Presidencia informa que se han inscrito para el tema de Política Social, a los siguientes diputados para una segunda ronda:

Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Pérez Corona, del Partido Acción Nacional y Emilio Solórzano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Amado Cruz Malpica, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:

Gracias, señor Presidente:

Como ya se ha dicho aquí por varios oradores, esta glosa del informe presidencial pasa sin pena ni gloria porque se dejan de lado los asuntos sustantivos de la glosa precisamente del Ejecutivo y se dan por sentadas muchas verdades a medias y se da por hecho que son ciertas una serie de cifras que antes se han manejado, insisto, sin pena ni gloria.

El Ejecutivo Federal se refirió, durante su informe de Gobierno, a la reforma a la seguridad social. Es cierto, la Ley del Seguro Social fue reformada, pero al final de esa reforma hubo un resultado que no puede ser controvertido, le quitaron el carácter de social, sustituyeron una de las grandes conquistas del Estado de bienestar por un conjunto de mecanismos de ahorro individualizado que al final de cuentas será objeto de un gran negocio, del gran negocio de este sexenio con el ahorro de los trabajadores; así como antes fueron negocios enormes, exorbitantes, del sexenio pasado las casas de bolsa, en este sexenio ese gran negocio van a ser los sistemas de ahorro para el retiro; sistemas de ahorro para el retiro que acumularán, según reconoce el propio Genaro Borrego ni más ni menos, que el 60% del producto interno bruto en los próximos 15 años.

Y a lo largo del informe nos estuvimos enterando no solamente de lo que ya se había visto en el debate de la Ley del Seguro Social, de la remercantilización de las relaciones de la seguridad social, del viraje de la alianza histórica del movimiento obrero y el Estado mexicano, eso ya lo sabíamos y en su momento lo discutimos. Nos venimos enterando, por ejemplo, que el costo fiscal para 1997 de este nuevo sistema de ahorro para el retiro de seguridad social, ya no será del 0.87% del producto interno bruto como se nos dijo en la propaganda oficial, sino que será del 1.07% de ese producto interno bruto y así, los legisladores nos estamos encontrando con nuevas cifras y nuevas realidades al margen de la propaganda y de las discusiones que se tuvieron en esta Cámara en este importante negocio.

Se nos ha dicho que esta reforma ha sido para generar el crecimiento del ahorro interno y así poder establecer una buena parte de inversiones productivas del país, pero no se nos dice que la transición y el costo fiscal de los sistemas de seguridad social va a generar un tremendo desahorro y no se nos dicen muchas cosas más. No se nos dice, por ejemplo, que de manera tramposa se dejó de reglamentar en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro lo que significa el mercado y se nos dijo que las Afores y las Siafore iban a ser organismos absolutamente en competencia leal, iban a ser organismos equilibradores del mercado, iban, de cualquier manera a quedar confinados los oligopolios. Eso se nos dijo en la discusión de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Sin embargo, hemos tenido noticias que al momento de reglamentar la participación de las Afores en el mercado, resulta ser que esto se hará sobre el número de afiliados y no sobre el monto de los recursos. ¿Qué significa esto?, que algunas Afores podrán concentrar un altísimo número de recursos en contra de otras Afores que se encargarán de grupos de trabajadores marginales. Esto de ninguna manera significa competencia leal, esto de ninguna manera significa equilibrio del mercado; esto de ninguna manera significa lo que la propaganda oficial y la discusión de la ley, estableció en su momento. Eso significa la renuncia del Poder Legislativo de normar en ese orden de ideas, las participaciones de las Afores. ¿Por qué habremos de dejarle a una disposición reglamentaria un asunto tan importante como este? ¿Por qué habremos de dejar al presidente de la Consar y a los arreglos tras bambalinas, un asunto que tendrá vital importancia para el equilibrio del sistema.

Por ello, es que la fracción parlamentaria del PRD propone un punto de acuerdo que ruego a la Presidencia turne a la Comisión de Concertación y Régimen Interno.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La regulación literal de los artículos 26 y diecisiete transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que establecen que ninguna Afore podrá tener más del 17% de la participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro, durante los primeros cuatro años de entrado en vigor el nuevo modelo y de 20 % vencido ese plazo, será sometido a la aprobación del Congreso de la Unión.

Espero que haya decidida política y el Congreso de la Unión no deje en el aire la construcción de un monstruoso oligopolio en el ramo de las Afores y no deje a su suerte una lucha por el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro, que ya los bancos están publicitando en todos los medios informativos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quiero mencionar algunos hechos en relación a la salud que considero importantes para el país y que reflejan en parte, la labor que han desempeñado los a gobiernos surgidos de mi partido.

La mortalidad general, infantil y materna, ha disminuido, eso es un hecho. Ha decrecido el índice de natalidad, gracias a los programas de planificación familiar. En 1976 se calculaba que al ritmo que íbamos, más de tres puntos, seríamos para el año 2000,136 millones de habitantes. Ahora seremos 102 ó 103 millones de habitantes. Fueron 30 millones menos de seres humanos por los cuales tendría que ver el país y que no alcanzaría para sostenerlos.

La fecundidad ha bajado. En 1970, las mujeres tenían 6.6% hijos por mujer. En 1996, es 2.7% hijos por mujer. De gran importancia es la educación. Al aumentar la educación baja la tasa de fecundidad.

El tipo de padecimientos ha cambiado, prueba de que el país ha avanzado. Existen ahora más enfermedades crónico degenerativas, tumores malignos, accidentes, y han disminuido las enfermedades infecciosas. Es otro hecho. El 97% de los niños han sido vacunados, ha desaparecido la poliomielitis, la difteria, el sarampión en este año y de la tosferina sólo un caso se registra en lo que va del año. Estos son hechos.

El año pasado hubo 9 mil 105 casos de cólera y en lo que va del año son 913 casos. Bien.

Ahora en relación al Seguro Social. Se encontraba en tal situación el sistema de reparto que no había otro camino. Esto lo estudiamos en forma minuciosa. ¿Por qué no había otro camino? Los salarios reales habían disminuido y los empleos estaban prácticamente estancados. Son las dos fuentes de ingreso del Seguro Social. Si hubiéramos persistido en esta situación e incrementándose los jubilados, como lo está, al 7% anual en forma sistemática, llegaría un momento que el dinero que se recauda no alcanzaría para pagar a los jubilados y pensionados. ¿Qué alternativa de solución darían ustedes, si no es un cambio del sistema de reparto a un sistema de capitalización individual? ¿Un cambio más profundo? Sería un cambio de sistema general. Pero como estaba la situación se tenía que cambiar el sistema de reparto en ese renglón del Seguro Social. No se privatizó lo demás. De todos los seguros el único que se privatiza es el referente a vida, a IVCM.

Sí, estoy de acuerdo en que debería de ser una Afore y no varias Afore. En eso estoy de acuerdo y ya así lo han comprendido un grupo de oposición en que debería ser una Afore y no varias Afore. Pero esto lo votó mí partido y lo votó este Congreso en forma mayoritaria ¡Y la democracia no solamente es participar, sino acatar lo que dice la mayoría! Y éste es mi caso. De no hacerlo así, me convertiría en un desertor, es decir, sería yo independiente.

Gracias por su atención.

El Presidente:

Se le concede el uso de la palabra al diputado Amado Cruz Malpica, para contestar alusiones personales.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:

Gracias, señor Presidente:

Pues solamente para recoger aquí la confesión expresa del doctor Audry, que dice que solamente se privatizaron los fondos de pensiones, que nada más eso se privatizó. En lo demás estamos de acuerdo, el servicio médico y todo eso. En efecto, sigue siendo una responsabilidad del Estado.

¡Pero por fin estamos de acuerdo con el señor presidente de la Comisión de Seguridad Social, como lo estuvimos antes, en que hubo una reprivatización de los sistemas de seguridad social incorporados a esta nueva ley! ¡Que no tiene que ver nada con el texto constitucional:

Y por otra parte, nos quedamos con las ganas de escuchar alguna respuesta sobre la regulación de las Afore y Siefore en monto de recursos y de afiliados. No se ha dicho nada. Parece ser que se va adelante y que el oligopolio viene otra vez al país, ahora montado sobre la reforma a la seguridad social.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera (desde su curul):

Muchas gracias:

Me voy a permitir solicitarle, señor Presidente, que desde aquí pueda hacer mi intervención, porque todavía en este recinto no se considera a los minusválidos que puedan tener e! acceso a la tribuna.

El Presidente:

Como no, adelante.

La diputada María Rosa Márquez Cabrera:

Me preocupa que el diputado Audry como el presidente Zedillo venga a hablar de datos, de cifras y que, sobre todo, se presente con mucho énfasis el gran logro que representa el que hoy los mexicanos podamos vivir más.

Se ha hablado, se ha insistido también en la comparecencia del Secretario de Salud de este dato, de esta cifra y yo creo que lo que aquí nos tenemos que preguntar y lo que se preguntan la mayoría de los mexicanos es: ¿A qué calidad de vida nos estamos refiriendo? Yo creo que sí

puede ser muy loable que de 72 años que era el promedio de vida, ahora se pueda aumentar a 73.2 años. Pero aquí, vuelvo a insistir, lo importante es a qué calidad de vida estamos condenando a los mexicanos que cada vez se mueren, efectivamente, ahora de otro tipo de enfermedades propias de la edad, pero también tenemos que reconocer y eso es una cosa que nos debe preocupar, que así como han aumentado las enfermedades propias de edad avanzada, también hay que reconocer, y si no, estaríamos haciendo un flaco favor para definir y delinear las políticas de salud que han estado apareciendo, que han surgido otro tipo de enfermedades que son propias, que son características de la pobreza y de la miseria extrema en la que vivimos.

Entonces, ésas son las preocupaciones que tenemos. Por eso me preocupa la gravedad de la profundidad y la permanencia de la crisis estructural por la que atraviesa la economía mexicana durante todos estos años; eso es lo que debiera estar en el centro de nuestra preocupación, de nuestro debate. No hacer un alarde estos datos, de estas cifras que están encubiertas y que encubren, vuelvo a insistir, una situación muy grave que viven millones de mexicanos.

Una de las cosas también que es importante mencionar, es que de acuerdo al informe sobre desarrollo humano en 1994, del Programa de Naciones Unidas, nuestro país ocupa un lugar muy abajo, ocupa el 53 lugar de desarrollo humano, esto es, estamos 50 lugares abajo de países que están en niveles de desarrollo aparentemente igual. Entonces ¿Cuál es la calidad de vida del que estamos presumiendo.

Tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 19952-000, como en el Programa de Reforma del Sector Salud, así como de los dos primeros informes de Gobierno del presidente Zedillo, se señalan los logros alcanzados por el sistema de salud actual, y sin embargo, se manifiesta la necesidad de superar rezagos y enfrentar los nuevos retos para avanzar hacia su modernización y eficiencia. En este marco se establecen como lineamientos básicos de la reforma: la ampliación de la cobertura a través de un paquete básico de salud; la libre elección de los usuarios como instrumento para incrementar la calidad; la ampliación de la cobertura de la seguridad social; la descentralización; la participación municipal en la salud y el arribo de una nueva organización del modelo del sistema de salud.

Algunos de estos lineamientos han sido claramente propuestos por el Banco Mundial, en cuyo centro de sus recomendaciones para el cambio de nuestros modelos de salud están, entre otras políticas: de inversión pública en salud que orientan hacia el financiamiento de un conjunto limitado de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, como el paquete básico de salud, que es el caso mexicano; la localización de los recursos hacia los pobres; en esta misma línea está la recomendación de la promoción de un mercado más amplio de servicios médicos que sienten las bases de la diversidad y la competencia para el fomento creciente de los servicios médicos privados.

Para el PRD ésta es la agenda oculta de la reforma de la salud y de la seguridad social en México, ésta, la que no se quiere reconocer. No hay que olvidar que en el primer paso de la privatización en el campo de la seguridad social, se ha dado ya con la reforma al sistema de pensiones del IMSS y que hoy el diputado Audry acaba de reconocer, que a partir de enero de 1997 será administrado por el Sistema de Afore y Siafore y compañías comerciales de seguro, sistema que con toda certeza tendrá una predominancia privada.

El modelo de descentralización sugerido en el programa de Reforma del Sector Salud y recientemente suscrito con los gobiernos estatales, pretende ser el instrumento que resuelva los problemas de calidad insuficiente, duplicaciones, centralismo y cobertura limitada del sistema de salud.

En este marco, no se contempla con claridad que con la descentralización existe una nueva distribución de las participaciones fiscales hacia los estados de la República que permita una mayor inversión de recursos federales hacia aquellas entidades con mayor rezago. Se puede desprender de la agenda de la descentralización, que la autonomía de los Estados en el manejo de recursos financieros dependerá de la proporción del gasto solventada por sus propios recursos.

Estamos ante un proceso que podría definirse como una desconcentración administrativa y no una descentralización verdadera, esto es lo que nos preocupa.

Para finalizar, de acuerdo con las cifras del informe en 1995, la relación del gasto en Salud, seguridad social, producto interno bruto fue de 3.5% Lo anterior quiere decir que estamos cerca de la meta del Gasto Publico en Salud que recomienda para nuestros países la Organización Mundial de Salud que es el 5% en relación del mismo producto; sin embargo dentro de la financiación del gasto público en salud y seguridad social una proporción muy importante de ese gasto recae en la contribución obrero patronal es de Seguridad social, con lo cual tan solo para 1996 el gasto público real es de 1.9% del producto interno bruto y no del 3.7% proyectado, como lo reconoció el propio Secretario de Salud en su comparecencia recientemente.

Esto último, considerando que tan sólo el costo fiscal de la crisis bancaria representa el 7.2% del producto interno bruto esperado para 1996 frente al 3.7% del mismo producto para la salud y su seguridad social, ésa es la política que está proponiendo él presidente Ernesto Zedillo.

Yo me pregunto ¿Cuál es el eco que tendremos aquí al llamar la atención en estos rubros? Yo creo y permítanme que se los diga, esta preocupación y estos, datos que nos planteamos difícilmente, es para hacer eco o para esperar que haya eco en los diputados, más bien es para asentar, dejar claros los testimonios de esta inconformidad que sentimos muchos diputados y muchos mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Alejandro Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Gracias, con su permiso señor Presidente; honorable Asamblea; diputada María Rosa Márquez:

Sí se tiene consideración a los discapacitados, la prueba es que habló de su lugar, deseo que se alivie.

Las expectativas de vida no fueron de 70 a 72 años, sino de 52 a 72 años, se incrementó 20 años de 1900, los cuarenta, de 1950 a cuarenta y tantos, a la fecha, la calidad de vida, muchos de acá tendrán buena memoria y se darán cuenta de que ha aumentado la calidad de vida en México.

Existe un paquete básico que va a llegar a toda la población con 12 servicios esenciales de federalización del Sistema Nacional de Salud es ya un hecho; habrá un saneamiento básico a nivel familiar, manejo efectivo de diarreas, manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, prevención y control de tuberculosis prevención y control de hipertensión arterial y diabetes melitus, inmunizaciones, vigilancia de la nutrición y crecimiento del niño, planificación familiar, atención prenatal, parto y puerperio, prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones, capacitación a la comunidad.

Ya se transfiere ahora, se va a transferir el presupuesto a los estados, fue firmado por las autoridades de la Secretaría de Salud, por las autoridades de los estados y por los trabajadores, los representantes de los trabajadores de la Secretaría de Salud. Sí y se amplia la cobertura por medio de este paquete básico.

Los estados de la Federación manejarán y operarán directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos de forma acorde con las necesidades de los servicios y con las prioridades locales; habrá, claro, una coordinación por medio del Consejo Nacional de Salud que ya existe hace algunos años, donde están representadas todas las entidades federativas y la Secretaría de Salud para coordinar, es decir a la Secretaría de Salud sólo le quedará normar, coordinar y en todo caso vigilar.

Habrá una compensación en la política de descentralización, se hará por número de pobladores, cada individuo tendrá un gasto medio y por número de pobladores se hará la distribución y también intervendrá las necesidades de determinadas, epidemias, locales, etcétera, pero ya es un hecho.

Que se privatizó las pensiones, lo reconocí desde un principio, dije que sí, que se privatizaba. E~ reglamento de las Afore, no es oficial, no existe todavía. Sí, el 21% del gasto programable se dedica a salud y seguridad social, casi la mitad se irá en pago de pensiones.

Gracias por su atención.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado.

El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela:

Sí, mi nombre es Miguel Moreno Brizuela; con su permiso señor Presidente:

Doctor Audry, hay que hacer algunas aclaraciones en relación a la intervención que le acabamos de escuchar. Mire, cuando se dice que hemos perdido de vista que lo más importante, cuando se habla de salud y de seguridad social, es el ser humano, cuando se dice esto, se dice una gran verdad.

El Presidente de la República, el Secretario de Salud, lo que han hecho es plantear una serie de estadísticas en salud, que realmente parecería el país de las mil maravillas México, porque además si uno las revisa perfectamente no le encuentra estadísticamente un solo error en apariencia; pero doctor Audry usted y yo somos médicos y aquí hay muchos médicos dentro de los diputados y primero, si hemos seguido ejerciendo la carrera podremos ver que la miseria persiste en nuestro país, podemos ver que en los hospitales sobre todo el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención es pésimo, la calidad de vida para ellos es pésima realmente para este tipo de pacientes. No hay medicamentos, hay un desabasto enorme en todos los sentidos dentro de los hospitales, dentro de las casas de salud y no es cierto esto de que el paquete básico cubra las necesidades.

Más allá de esto doctor Audry, también le quiero decir y le voy a demostrar muy fácilmente que estas estadísticas son engañosas. Se dice y usted lo acaba aquí de repetir, que la primera causa de muerte en nuestro país actualmente son las debidas a enfermedades cardiovasculares y esto es una absoluta mentira, lo digo aquí, tanto del Secretario de Salud cómo de los estadísticos que hacen este tipo de análisis.

En primer lugar, como médicos y aquí todos los médicos que estén podrán recordar, cuando hay una defunción en una provincia de este país y al llenar un certificado de defunción dice: la primera causa de muerte que hay que poner y generalmente todos los médicos ponen: paro cardiorrespiratorio.

¿Por qué ponen paro cardiorrespiratorio? Porque no se cuenta con una sala de autopsia para hacer anatomía patológica y por lo tanto se pone lo primero que se prevé o se cree y esto ha creado que aumenten en forma notable o muy grande las enfermedades cardiovasculares.

Yo lo he dicho. Esto, el Secretario de Salud se molestó mucho cuando lo dije y aquí en esta tribuna lo vuelvo a decir. Desgraciadamente compañeras y compañeros diputados el nivel médico, el nivel de nuestros médicos en el país es de medio a abajo. Las universidades preparan malos médicos, por falta de presupuesto, se aducen muchas cosas, pero desgraciadamente y tenemos que aceptarlo, es un problema real, no hay una buena preparación médica en nuestras universidades, salvo algunas que son universidades de paga en donde sí se puede tener una buena preparación.

Esto ha generado una serie de problemas que incluso vienen a culminar, doctor Audry, con esta famosa Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que mucho ha reprimido a los médicos y a quien debería de juzgar es a los responsables de que las cosas estén como estén, que son a las universidades que generan estos médicos y finalmente al Gobierno que es la causa principal.

Se olvida, finalmente, compañeras y compañeros diputados, se olvidan las causas principales que ocasionan este problema y solamente, aunque saliéndome un poco del tema de salud, para poder hacer un franco análisis de lo que está sucediendo, yo quisiera, dicen que un ejemplo vale más que mil palabras, yo quisiera que este ejemplo que les voy a poner lo pudiéramos analizar firmemente cada uno de nosotros: recordemos que actualmente o que hace un tiempo el Gobierno financió a los banqueros con un capital cercano a los 180 mil millones de pesos, un capital 16 veces mayor, un presupuesto 16 veces mayor que el que se utiliza y el que se utilizó este año para darle a los más pobres de este país, que fue de 11 mil millones de pesos.

Yo les digo nada más: ¿Cómo es posible que hablemos de que nuestro Gobierno tiene una política social, es sensible a la política social cuando suceden cosas como éstas.

Compañeros priístas, despierten de esta insensibilidad. Ustedes deben tener la capacidad para hacerlo. Conviértanse en verdaderos representantes del pueblo de México, que mucho se los va a agradecer porque son la mayoría y juntos podríamos cambiar este país de la real crisis en que nos encontramos.

Muchas gracias.

El Presidente:

En turno, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Al analizar nosotros el II Informe de Gobierno del doctor Ernesto Zedillo y los datos que aportó en su comparecencia el doctor Ramón de la Fuente y compararlos con la realidad, nos encontramos con dos méxicos muy diferentes y esto lo aceptó públicamente el doctor Ramón de la Fuente, dijo que veíamos dos méxicos muy diferentes.

El México del que ellos hablan y el cual observan con un cristal encantado, es el México ideal, el deseado, el manipulado. El México que afrontamos todos los mexicanos es muy distinto, es un México donde los niveles de bienestar social, educación, justicia y salud, han tenido una profunda regresión.

Afirmar que el Sistema de Salud ha avanzado, que con la descentralización firmada el pasado 20 de agosto ya se resolvieron todos los problemas, es mentir. Decirle esto a un pueblo agraviado, empobrecido, que ha visto pulverizado el poder adquisitivo de sus menguados ingresos, que no tiene otra alternativa que acudir a las instituciones de salud o de seguridad social, donde la mayoría de las veces recibe un trato inhumano.

No es posible que se le agregue todavía la burla de la mentira sobre el insulto de su pobreza y más grave cuando sale de los labios de quien debería de informar con veracidad y de quien es responsable de la Secretaría de Salud.

¿Cómo piensan convencer a los mexicanos que viven una realidad diferente?, cómo van a convencer a los pensionados y jubilados de que el régimen de pensiones es justo y solidario. ¿Dónde está la solidaridad?, porque el régimen de pensiones y jubilaciones requiere justicia y solidaridad como elementos esenciales, porque solidaridad no es repartir limosnas cuando han sembrado miseria.

Para que la pensión sea justa debe de asegurarse como un derecho y no como una dádiva gubernamental.

Su proyecto no ha propiciado bienestar social, pero sí ha degradado los niveles de vida, ha degradado los niveles de salud, ha degradado la seguridad social, ha degradado los grupos más vulnerables y entre ellos a los pensionados y jubilados.

Los sistemas de salud pública y seguridad social deben de manejarse en forma responsable, clara, limpia, públicamente controlados y vigilados, capaces de cumplir en todo tiempo sus obligaciones.

Yo aquí preguntaría, ¿qué estaba haciendo la Comisión de Vigilancia cuando el señor tesorero disponía de 350 millones y en un hospital de Jalisco no se tenía dinero ni para comprar una sonda? ¿Dónde estaba esa Comisión de Vigilancia.

Es necesario dignificar estas instituciones, mediante la transparencia de la administración, del manejo financiero, del uso de los recursos materiales y humanos y acabar con la corrupción institucional.

Las situaciones de seguridad social y de salud pública deben de garantizar la representación democrática de trabajadores, derechohabientes, empleadores y usuarios.

La humanización de la seguridad social y de las instituciones de salud son un requisito indispensable para su buen funcionamiento.

Todo intento por definir un proyecto social en materia de salud, debe de partir de un balance objetivo: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

Los problemas de salud y seguridad social no se van a resolver proponiendo soluciones, es necesario aplicarlas. Se requiere de una mentalidad abierta, sin prejuicios, sin mentiras; se requiere aceptar que hay iniquidad, donde los estados más pobres reciben menos recursos. Y para un ejemplo, el Distrito Federal tiene sólo el 6% de la población no asegurada y se le asigna el 48% del gasto en salud.

Se requiere aceptar que hay insuficiencia de recursos destinados a resolver los problemas de salud.

México es el país de América latina con menos números de cama de hospital por habitante; en México más de medio millón de niños nace anualmente sin ser atendidos por personal capacitado. Sin embargo, se asignan recursos a tecnologías de alto costo y baja efectividad. Hay desperdicio de recursos. Los hospitales de la Secretaría de Salud sólo están ocupados a un 50% por falta de insumos, de equipo y de mantenimiento. Hay una inadecuada calidad de los servicios.

Si en 1991 todo el país hubiera tenido el mismo nivel de mortalidad que Nuevo León, se hubieran evitado 96 mil muertes.

Más del 80% de las consultas de la Secretaría de Salud y más del 50% del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE son de mala calidad.

Un niño nacido en la Secretaría de Salud tiene tres veces más riesgo de morir en los primeros siete días que un niño nacido en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Más del 80% de los laboratorios de patología clínica, tanto públicos como privados, no tienen control de calidad.

Los hospitales en México no tienen que pasar por un proceso de acreditación que verifique su capacidad para brindar atención de calidad.

De los 175 mil médicos, menos de 30 mil están certificados.

Se requiere aceptar que hay insatisfacción por incapacidad de los servicios de salud para satisfacer las necesidades de la población.

El 40% de las personas que tienen Seguro Social o ISSSTE, acude a la medicina privada; 60% de los usuarios considera que los servicios son malos. Un paciente tiene que esperar más de dos horas para recibir consulta que sólo dura 10 minutos.

La descentralización de la Secretaría de Salud ayudaría a tal fin siempre que no sea igual a la que se llevó a cabo entre los años de 1982 y 1985, misma que sólo provocó un deterioro no sólo en la calidad, sino en la cantidad de los servicios por su desfinanciamiento.

Se requiere que la descentralización no sea superficial, que no se agobien los presupuestos de los estados y municipios. Además de manejar su administración, es fundamental descentralizar los recursos y la facultad operacional.

Hay que reestructurar todo el sistema para que no reproduzca en otras escalas las formas descentralizadoras.

La descentralización debe de ser subsidiaria, que el municipio haga lo que la familia no puede hacer, que el Gobierno estatal haga lo que el municipio no puede y que el Gobierno Federal lo que no puede el estatal.

Se debe garantizar el acceso a una atención a la salud oportuna y de buena calidad; también debe de garantizar esos avances en el suministro de servicios básicos como: educación, vivienda, dotación de agua potable, drenaje, electricidad y oportunidades de empleo.

Se deben de garantizar los principios de universalidad, solidaridad y pluralismo, para que brinde calidad, equidad y eficacia. Considerando, como ya lo señalaron aquí, que el recurso humano es el elemento más importante del que dispone toda organización de salud y es el que determina la calidad y eficiencia de los servicios; se deben de manejar las condiciones de vida y de trabajo de los prestadores de servicios médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, introduciendo esquemas de pago e incentivos que reconozcan el buen desempeño.

La Secretaría de Salud debe de redefinir su misión central hacia la regulación del sistema, así fortalecerá su papel rector.

Se deben actualizar los instrumentos jurídicos, que regulen el ejercicio de las producciones de salud. Hay que instrumentar sistemas de información y evaluación sobre calidad, eficiencia, impacto y costo de los servicios.

México asigna menos del 10% del gasto en salud a servicios preventivos. Aquí no negamos lo que ya vinieron a afirmar, que en servicios de vacunación, de inmunización, ya ha habido un avance importante y no como se señalaba en el informe, de que en este año había habido una disminución importante de los casos de sarampión, simplemente no ha habido casos de sarampión, según el reporte de epidemiología de la Secretaría de Salud.

Más del 60% de los servicios son curativos. La población mayor de 65 años crece cada año en un promedio de 3.2% y no se han tomado las medidas preventivas y aquí nos lo confirman en que las enfermedades cardiovasculares actualmente son la principal causa de muerte y el cáncer cervico-uterino que es preventivo y que es curativo en el 100% de los casos, ocupa la segunda causa de mortalidad en el país.

Se debe valorar cuánto cuesta una acción preventiva...

El Presidente:

Señor diputado, por favor concluya con su intervención.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Concluyo. Se debe valorar cuánto cuesta una acción preventiva y cuál es el costo de un tratamiento previo al fallecimiento de un paciente que se contagió, por ejemplo, de SIDA o de la que ya mencionábamos de un cáncer de la matriz, cáncer cervico-uterino que es curable si se detecta a tiempo.

Salvar una vida cuesta menos que no hacerlo.

Muchas gracias.

El Presidente:

En turno tiene la palabra, el diputado Emilio Solórzano Solís.

El diputado Emilio Solórzano Solís:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Con el firme propósito de abundar sobre los aspectos del II Informe de Gobierno que el titular del Poder Ejecutivo presentara el pasado 1o. de septiembre, me permito expresar las siguientes consideraciones:

Somos conscientes que a pesar de los tangibles esfuerzos que hace la administración del presidente Zedillo, aún persisten problemas que nos preocupan y reclaman de nuestro esfuerzo y nuestra participación, los servicios de salud, como aquí se ha expresado en reiteradas ocasiones, el sistema de seguridad social y el déficit de vivienda, entre otras cosas, siguen siendo por desgracia demandas aún no plenamente satisfechas.

Estas injustas desigualdades se han venido agravando, entre otras cosas, por la carencia que existía de una política de población congruente con los recursos y las potencialidades del país. Entre 1995 y el año 2000, cada 12 meses habrá 1.8 millones de nuevos habitantes y así llegaremos al Siglo XXI con una población de 100 millones de mexicanos. No olvidemos que entre 1930 y 1990, por ejemplo, el producto interno bruto se multiplicó más de 20 veces en tanto que el producto percapita se cuadruplicó. No olvidemos tampoco que en esas seis décadas la población económicamente activa pasó de cinco a 30 millones de mexicanos.

El significado social de estas cifras, sin duda alguna, refleja el esfuerzo de los mexicanos, pues en 1930 había menos de 1 millón y medio de estudiantes y hoy, gracias a estos esfuerzos, el sistema educativo atiende a más de 26 millones de jóvenes y niños. No olvidemos que en nuestro tiempo la esperanza de vida de los mexicanos se ha incrementado notablemente, al mismo tiempo que la mortalidad infantil se ha reducido.

Gracias pues, al Gobierno de la República nuestro país cuenta en la actualidad con una gran infraestructura para el desarrollo. Estamos ciertos de que el progreso y el bienestar de un pueblo está en razón directa de la relación que exista entre su crecimiento económico y el crecimiento de su población. Somos conscientes también que durante las últimas décadas nuestro crecimiento económico ha sido insuficiente y en la actualidad enfrentamos serios problemas de desempleo.

Importantes sectores de la población no han tenido acceso a ocupaciones bien remuneradas dentro de la economía formal, es por ello que el Gobierno de la República a través del plan nacional de desarrollo presentado por el presidente Zedillo se propone superar la crisis y promover el desarrollo económico. El plan, como lo ha ratificado el Presidente en su II Informe de Gobierno, plantea como objetivo estratégico fundamental la promoción de un crecimiento económico vigoroso y sustentable que propicie precisamente la creación de empleos bien remunerados.

Así, todo parece indicar que en el año 2000 el factor demográfico seguirá pesando de manera importante en las expectativas de crecimiento y de bienestar social para el futuro de los mexicanos. Pero estamos en el camino correcto, pues, si el propósito de la primera Ley General de Población de 1936 fue impulsar un mayor poblamiento del país como apoyo al crecimiento social y económico, la legislación impulsada en 1973 establecía ya la normatividad para tratar de frenar el fenómeno demográfico con la finalidad de extender los beneficios sociales a mayores capas de población.

En aquel entonces era ya evidente que a pesar de que el avance económico había registrado tasas anuales de crecimiento del 6%, no fue posible extender los beneficios a la mayor parte de la población, debido justamente al acelerado crecimiento de la población mexicana.

Si antes se hablaba de que México requería una cantidad mayor de habitantes para activar su economía y procurar un mejor desarrollo social, a partir de los setenta el esquema se ha invertido. Si antes se tenía una elevada población con una acelerada dinámica demográfica, hoy, gracias a la política de población aplicada por la administración federal, la tendencia es descendente.

Se estima que a inicios de 1995, la población del país ascendía a 90.8 millones de personas. Este volumen aumentó a 92.4 millones en enero de 1996 y para finales de año, se calcula una población de 93.2 millones de mexicanos. Estos efectivos poblacionales, son el resultado de una tasa de crecimiento de 1.73% durante 1995, que ha disminuido a 1.68% en el presente año y que esperamos que para el año 2010, sea sólo del 0.97%.

Hoy día, siendo objetivos, debemos reconocer que en medio de la compleja y grave situación por la que atraviesa el país, los resultados de la política de población, aplicada por la administración del presidente Zedillo, empieza a mostrar sus resultados. En los 22 meses de la presente administración, ha disminuido la mortalidad infantil y el índice de nacimientos se espera en 20 mil menos, en relación con el año próximo pasado.

Por último, compañeras y compañeros legisladores, dentro de un ámbito de libertad y con apego a las garantías que establece el artículo 4O. de nuestra Constitución, debemos de respaldar las políticas en materia de población del presidente Ernesto Zedillo, a fin de lograr el cumplimiento cabal de las metas y objetivos trazados por su Gobierno.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Catalán.

El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Efectivamente durante el periodo que comprende el II Informe del Presidente de la República, en el renglón de salud, existieron algunos avances, tales como la disminución en las tasas de mortalidad general y materno infantil. La esperanza de vida al nacer de los mexicanos este año, es de 73.2 años. El Sistema Nacional de Salud proporcionó 186.8 millones de consultas; se abatieron de manera significativa enfermedades como: diarreas, cólera, paludismo y las previsibles por vacunas. Existió un control de natalidad eficiente, pues, ya 9 millones de mujeres que utilizan anticonceptivos se encuentran bajo la supervisión del Sistema Nacional de Salud. Se han emprendido programas de orientación y supervisión para la prevención del SIDA.

Sin embargo, debemos de poner todo esto en la balanza, ver cuáles son verdades y cuáles son verdades también a medias.

La esperanza de vida difiere de manera marcada de acuerdo a los niveles socioeconómicos. No es lo mismo hablar de estados del norte de la República como Baja California y Sonora, que hablar al mismo tiempo de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde no tienen lo suficiente para subsistir, algunos de nuestros conciudadanos y desde luego, la esperanza de vida disminuye en mucho.

Se manejan cifras alegres en cuanto a las consultas que se proporcionan, mas no se mencionan cuántas consultas no se dieron a la población necesitada de servicios médicos.

En cuanto al control de la natalidad se han ventilado casos en los cuales, sin el consentimiento de la mujer se le colocan dispositivos intrauterinos e incluso, se le llega a practicar la salpingoclasia. De esta manera, pues, es creíble que la población mexicana esté disminuyendo. Este tipo de acciones para controlar la natalidad son realmente efectivos.

Por lo que respecta al SIDA, creemos que el Gobierno Federal ha atacado con tibieza esta epidemia, puesto que en este periodo que se informa ésta se ha incrementado en un 9%. De 1983 a abril de 1996 se han detectado más de 26 mil casos de SIDA, pero tomando en consideración el subregistro o notificación tardía de los casos, se aproximan éstos a 38 mil 500, Habiendo hasta la fecha 200 mil infectados asintomáticos o portadores. México ocupa, en este caso, un lugar preocupante, un 110. lugar en el mundo y el 30 en el continente americano de casos acumulados, con una tasa de 29.9 por 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud se limita a detectar los casos de SIDA y después no sabe qué hacer con los enfermos, pues no existen posibilidades de tratamiento o apoyo complementario integral a los afectados. Tales como el modelo que involucre factores biológicos, sociales, sicológicos, etcétera. También deberán existir programas preventivos, específicos y prioritarios para adolescentes y para mujeres, principalmente las que están en etapa de gestación, pues es preocupante el incremento de contagio en la edad prenatal que constituye actualmente el 49% de los casos pediátricos.

El Gobierno tendrá que promocionar la participación de instituciones altruistas que complementen la carencia del mismo, facilitándole su actuar y estimulándoles a participar en la solución del problema. Los recursos gubernamentales ciertamente no son suficientes para hacer llegar la salud a todos los mexicanos, a pesar de la deuda contraída de 400 millones de dólares para el programa de ampliación de cobertura. Aún de 7.5 a 10 millones de mexicanos no tienen acceso a institución alguna de salud, pasando a ser mexicanos de tercera por el trato que se les otorga en este nubro básico.

El sector salud enfrenta un reto mayúsculo ante el SIDA y ante la población desprotegida de servicios médicos. En el primer caso, deben buscarse alternativas viables que sustituyan por el momento la carencia de recursos, tales corno la capacitación de la totalidad del personal de salud en el problema, con el fin de actuar como consejeros, facilitadores y educadores en diferentes casos, además del cuidado y atención de pacientes; y de esta manera, incidir más en el curso de la epidemia. Todo ello se logrará, además de mejorar el presupuesto del sector salud con la indispensable voluntad política.

En la descentralización transfieren funciones, pero también transfieren problemas, 103 mil trabajadores entre personal médico y de apoyo con nóminas infladas y problemas sindicales evidentes, tal y como el que presenció recientemente en Tijuana el Secretario de Salud al visitar el Hospital Civil.

Por lo pronto, prevalecen los criterios políticos en la asignación de recursos. Hablando de descentralización a los estados, después de diagnósticos repetitivos todo queda en teoría. Así ha sucedido en el sector salud donde aún no se ha realizado un ejercicio redistributivo, tomando en consideración esos antecedentes y diagnósticos exactos previos.

Si a ello agregamos que la Secodam no se percata de las constantes fugas de dinero, de identificar a los deshonestos en las instituciones de salud, entre otras, como el IMSS, habla entonces de la falta de recursos, pero también de que alguna institución está demás, no funciona y sólo son parapeto o atalaya de políticos "bien parados" o en decadencia porque no tienen ánimo o la voluntad y la costumbre del trabajo.

Finalmente, la creación de la Comisión nacional de Arbitraje Médico ha dejado en la incertidumbre al sector médico del país, principalmente a quienes están integrados dentro de los colegios médicos y a quienes prestan sus servicios en las instituciones de salud pública, que muestran evidentes carencias en materiales y medicamentos de calidad.

Por otra parte, es interesante dilucidar la legalidad, la dualidad de esta comisión como organismo receptor de quejas, debido a que ya existen instancias legales a las cuales no se les ha dado la debida promoción.

Consideramos más bien que la creación de Coname es una respuesta política del Presidente de la República ante las constantes quejas de los derecho-habientes del IMSS por deficiente atención médica, debido a las carencias antes descritas.

Por otra parte, nos sorprende el hecho que durante el primer mes se hayan atendido 424 inconformidades, sin contar aún con su reglamento interior y de procedimientos, del cual, de manera personal y a través de la Comisión de Salud de esta Cámara, se ha solicitado una copia al Secretario de Salud y a la propia comisión nacional, sin obtener respuesta.

Las preguntas obligadas son: ¿Si queremos mexicanos sanos, qué tanto debemos invertir en su salud? ¿Qué tanta voluntad política existe en el sistema para ello? Y después de esto sabremos con certeza hacia dónde va la salud en México y si nos espera un futuro de prosperidad, progreso y superación como nación mexicana.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Elías Moreno Brizuela.

El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela:

Con su permiso, señor Presidente:

Quiero referirme a ampliar un poco la última intervención de mi compañero diputado del Partido Acción Nacional, en relación a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, un tema que desde luego nos interesa a todos los médicos del país, pero que también interesa a los pacientes, a las instituciones de salud y que debe ser tratado con toda la responsabilidad que se requiere.

Miren, esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como todos sabemos, no pasó por las cámaras, ni por ésta de Diputados ni por la de Senadores, sino fue un decreto hecho por el Presidente de la República, constitucionalmente avalado por el artículo 89. Pero al momento de revisar este decreto hecho por Ernesto Zedillo Ponce de León, doctor pero doctor en economía, revela que no se tiene mucha idea de cómo está la situación médica actual y no sólo eso, sino que revela, al leer este decreto anticonstitucional, revela que tiene una serie de inexactitudes que lo más... o que seguramente lo que se buscó con esto fue hacerlo rápidamente y al vapor.

Esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, compañeras y compañeros diputados, es muy mal vista por los médicos. Los médicos de este país, y esto se los digo responsablemente, están en contra de esta comisión inquisitorial y yo en intervenciones que he tenido con ellos recogiendo lo que piensan los médicos de este país, me dicen: ¿Por qué existe una Comisión Nacional de Arbitraje Médico y por qué no existe una comisión nacional de arquitectos o de abogados o de ingenieros?. ¿O por qué no existe una comisión nacional de la conducta pública de los políticos mexicanos; presidentes, ex presidentes, funcionarios? Es decir, yo creo que no debemos de permitir esto, compañeras y compañeros diputados.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico también, lo podemos decir porque se ha analizado, es anticonstitucional, ¿por qué?, porque viola la división de poderse que el Presidente de la República tanto ha manifestado. El no puede nombrar, como lo dice este decreto, al comisionado, porque está violando la división de poderes, esto corresponde al Poder Judicial, entonces, compañeras y compañeros diputados, yo sí quisiera que en muchos de estos sentidos hiciéramos un análisis profundo, estoy refiriéndome a este punto en concreto porque ya hemos analizado y hemos discutido todos los demás puntos y me parece que no estamos actuando con toda la responsabilidad que se debiera.

Les quiero decir que hay un grupo de médicos en esta ciudad, en el país, que están en contra de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mientras sea así, como representante popular yo estaré al frente de esta demanda, invito a mis compañeros diputados de todos los partidos a que nos sumemos a este gran esfuerzo de poder poner las cosas en la magnitud exacta en donde corresponden, no a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico porque es una comisión inquisitorial, esto es la voz de los médicos de México.

Muchas gracias.

ANALISIS II INFORME DE GOBIERNO. POLITICA INTERIOR

El Presidente:

Agotada la lista de oradores inscritos para la segunda ronda.

Se han registrado para el tema de Política Interior los siguientes diputados: para fijar la posición de sus partidos políticos; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Beltrán del Río, del PAN y Heriberto Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra, al diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.

El diputado José Narro Céspedes:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La posición del Partido del Trabajo sobre política interior del II Informe de Gobierno. El Partido del Trabajo desea aprovechar esta nueva oportunidad para discutir !o correspondiente a política interior y reflexionar sobre algunas de las posiciones expresadas por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor que nos parecen particularmente delicadas.

También quisiéramos señalar, que si bien el formato utilizado en estas comparecencias permiten un mayor debate de ideas entre el Gobierno y este Poder Legislativo, sigue existiendo, habría que señalar una situación ventajosa para los representantes del Ejecutivo. Lo anterior sumado con actitudes protagonices intolerantes y autoritarias como las expresadas por el Secretario de Gobernación, desvirtuando el objetivo de la reunión que es fundamentalmente como lo señala la propia Constitución y la Ley Reglamentaria, la ampliación del informe presidencial y la aclaración de dudas y preguntas por parte de los legisladores.

El Partido del Trabajo exige respeto para todos los legisladores y para el Poder Legislativo y censura toda expresión de intolerancia provenga de donde provenga. En el futuro debemos eliminar estas condiciones fortaleciendo con ello la división de poderes y la vida democrática de las instituciones de la República. La semana pasada señalamos que desde hace dos años y medio, distintos acontecimientos de la vida nacional como el surgimiento del EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; la elección presidencial; las elecciones locales de Tabasco, Zacatecas y Yucatán; la crisis económica financiera; el deterioro abrupto de los niveles de vida de la población; la evidente permanencia de la impunidad en las altas esferas del Gobierno reflejadas en el caso de Aguas Blancas así como el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario han confirmado la necesidad de acelerar y de fortalecer la transición democrática.

Todo lo anterior algunos eventos complementarios como la corrupción, la falta de una política migratoria, los constantes tropiezos en la lucha contra el narcotráfico y el ataque al periódico El Universal, han configurado una severa crisis política que se ha agravado durante la estancia del actual titular de la Secretaría de Gobernación.

A pesar de ello, la reforma del Estado es la fórmula que hemos acordado para enfrentar estos desafios convirtiéndose con ello en la piedra angular de la transición democrática; la reforma democrática del Estado es una exigencia planteada por los partidos de oposición, organizaciones sociales y sociedad civil y que el Gobierno, quisiéramos subrayarlo, ha terminado por asumir con titubeos, temores, actitudes vacilantes o autoritarias.

Esta actitud gubernamental reflejada en su política hacia el diálogo en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la reforma electoral, las acciones del Ejército Popular Revolucionario y ante situaciones tan diversas como las acontecidas en el municipio de Miguel Lauza en el Estado de Zacatecas, en donde desde la campaña electoral vimos las prácticas fraudulentas del PRI-Gobierno que se han venido acrecentando por actitudes y hechos como los acontecidos el pasado 15 de septiembre en los que un grupo de choque golpeó, maltrató y agredió a la población del municipio, por eso los mexicanos estamos convencidos de la necesidad de construir una nueva institucionalidad que dé vida a la democracia en nuestro país y que garantice mejores relaciones entre Gobierno, partidos y ciudadanos.

El Partido del Trabajo está convencido y comprometido con la democracia, para evitar así que el país quede esclerotizado en las seguridades autoritarias que envuelven a un Gobierno que carece de proyecto y rumbo para todos los mexicanos, la democracia es injusticia social y económica para todos los habitantes de nuestro país, se convierten en un discurso hueco y falto de contenido; la reforma del Estado inició con la reforma electoral, camino que se encontraba abonado por trabajos previos sobre todo por los realizados en el Seminario del Castillo de Chapultepec que habían creado una fuerte corriente de opinión acerca del rumbo que deberían tomar los temas centrales, autonomía e independencia de los órganos electorales, respeto y protección a los derechos políticos de los mexicanos, mejores condiciones en la competencia electoral, integración del Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la nación y una más proporcional y representativa integración del Congreso de la Unión.

No obstante, está claro el rumbo de la reforma electoral, no dejaron de existir obstáculos de distinta índole que postergaron mejores resultados y nos referimos al condicionamiento que sufrió la reforma en sus distintas etapas a la solución de problemas locales planteados por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, pero sobre todo, por la negativa del Gobiemo y de su partido para dar lugar a una reforma profunda en todas dimensiones; por ello, es que la reforma electoral ni es definitiva ni mucho menos tan profundas como lo ha pretendido hacer creer el Gobierno; la reforma electoral sólo cumplió en parle con las expectativas y demandas de la población, su necesaria profundización en las próximas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no está garantizada ni por la promesa y reconocimiento de las mismas, por el Secretario de Gobernación ni por la voluntad que pudiera expresar su partido, así nos lo demuestra lo sucedido en la reforma constitucional.

Las limitaciones de la reforma constitucional obligan al Partido del Trabajo a plantear de nueva cuenta sus propuestas iniciales, que no fueron incluidas y que desde nuestro punto de vista hubieran significado un mayor avance para la democratización de nuestra vida política nacional.

La mejor lección de la reforma electoral es el reconocimiento de que esto no tendrá lugar si faltaba alguno de los partidos políticos, es decir, se reconocía que el consenso y la inclusión son principios indispensables para enfrentar una delicada transición democrática.

Así queremos insistir en señalar que los principales enemigos de la transición democrática se encuentra entre quienes detentan y han detentado el poder político y económico del país en las últimas décadas y que prefieren la descomposición social antes de perder sus privilegios.

Pero la reforma del Estado aún está en ciernes y los riesgos persisten. Si la gobernabilidad fuera entendida como lo señaló el Secretario de Gobernación, sólo como la capacidad del Gobierno para responder a las demandas planteadas por la sociedad, sería justo que el Secretario reconociera la ausencia de las mismas ante la evidente falta de respuesta del Gobierno contra la pobreza, la ilegalidad, la corrupción, la impunidad y todos los problemas que aquejan al país.

Queremos señalar, antes de ser malinterpretados, como lo suele hacer el Secretario de Gobernación, que no esperemos un Gobierno de varita mágica, pero sí uno de respuestas democráticas y de bienestar para toda la sociedad.

La sociedad reclama un federalismo democrático, el fortalecimiento de la división de poderes, una mayor pluralidad en los medios de comunicación y una verdadera participación ciudadana en las decisiones de Gobierno. También exige solución para los diferentes problemas que persisten en el país.

La paz justa y digna en Chiapas sigue siendo una deuda del Gobierno de la República con la nación entera. El surgimiento de nuevos retos para la vida política del país, como el que representa el Ejército Popular Revolucionario, provocó del Gobierno distintas reacciones que van desde el calificativo de una pantomima, que a pesar de la aclaración conceptual que intentó el Secretario Chuayffet, evidencian el desprecio y desconocimiento del problema, hasta el uso de toda la fuerza del Estado para su combate, enunciando, reafirmando como era de esperarse por el propio Secretario de Gobernación, es decir, el camino fue de la respuesta fácil a la salida autoritaria y ni el conocimiento en fichas, de memoria o erudito de los textos de Montemayor, Aguilar Camín y otros sobre el tema de la guerrilla, resuelven la respuesta que reclama la sociedad a la Secretaría sobre este problema.

Al respecto, queremos señalar que mal haría el Gobierno en cerrar los ojos ante la pobreza e injusticia en que viven millones de mexicanos y que sólo dan lugar a salidas extremas y violentas. Toda la fuerza del Estado debería estar encaminada primero al combate a fondo y real de la pobreza, eliminando las causas que provocan estas insurrecciones y no en segundo lugar.

El Partido del Trabajo manifiesta de nueva cuenta su rechazo a la violencia institucional y a la de los grupos armados que sólo abonan el camino para salidas que los mexicanos no deseamos, que es la salida autoritaria.

El Partido del Trabajo exige ante esta delicada situación, el pleno respeto a los derechos humanos y a la disposición de las partes para iniciar un diálogo propositivo. La sociedad no aceptaría de nueva cuenta una guerra sucia que sólo lacera la convivencia entre los mexicanos.

Por lo anterior, sólo será posible si el Gobiemo expresa verdadera voluntad para atender y resolver el conflicto que sostiene con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hecho que encauzaría el conflicto chiapaneco y redimensionaría la reforma del Estado.

El Gobierno tiene la obligación, ante la nación, de no ceder ante las presiones autoritarias, por ello, el Partido del Trabajo exige acelerar la transición democrática y replantear la política económica, para evitar la inestabilidad y zozobra de la nación.

Concluimos, señor Presidente: ante esto el Partido del Trabajo propone:

1o. Profundizar el diálogo nacional para la reforma del Estado, con un carácter influyente por consenso y reconociendo, como lo hizo el propio Presidente de la República, mas no el Secretario de Gobernación, que la crisis y la obsolescencia de las instituciones no responden actualmente a los retos que actualmente enfrenta nuestro país.

2o. Constituir un verdadero Gobiemo, un gabinete de transición ante la persistencia de la crisis política, económica y social para fortalecer la apertura democrática y llamar a todas las fuerzas políticas y sociales del país a construir un nuevo pacto social para avanzar por la transición democrática.

3o. Convocar a una nueva tregua política y social que nos abra un nuevo espacio para la construcción de acuerdos y de consensos.

4o. Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y a las diferentes fuerzas que han optado por la lucha armada, a establecer el camino del diálogo como la única aceptada por los mexicanos, para avanzar en estos tiempos de cambio en la construcción de un México verdaderamente democrático, libre y justo.

5o. Privilegiar por la vía de los hechos la política y llegar a un acuerdo por la vía del diálogo con el EZLN.

El Gobierno debe dar muestras claras de que éste es el camino que ha escogido.

6o. Resolver los conflictos políticos y postelectorales que se encuentran presentes todavía en el panorama político nacional.

Muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

En tal virtud, tiene la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias; señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:

Hoy participamos en la glosa de la política interior contenida en el II Informe de Gobierno Federal. Nunca en los últimos 50 años el país se enfrentaba en una situación tan delicada como la que vivimos, por ello revisar la política interna del Gobiemo mexicano se vuelve necesidad apremiante.

El Partido de la Revolución democrática tiene una visión crítica, pero propositiva al respecto Efectivamente, la crisis nacional ya no es sólo económica ni abarca la política, sino que trasciende a lo social, a la seguridad pública, a justicia y, por ende, la estabilidad del Estado y sus instituciones y la tranquilidad de los mexicanos.

Dar respuesta a estos desafíos impedirá la violencia, mantendrá la paz social y evitará la desintegración del poder público.

La experiencia y la doctrina coinciden en que un pueblo recupera su desarrollo económico y su armonía social si se atiende primero la economía. México no es la excepción. Para la mayoría de los mexicanos el origen de la profunda crisis económica que padecemos se encuentra en la política neoliberal y tecnocrática que el Gobierno se obstina en mantener.

Desde el periodo de Miguel de la Madrid hasta el actual zedillista, el proyecto neoliberal ha sumido en la miseria a millones de mexicanos Se calcula hoy en 40 millones, de los cuales 20 viven en extrema pobreza.

El gobierno zedillista ha prometido debatir esta política económica, pero no aparecen los instrumentos para abrir ese debate nacional urgente, por el contrario, dicho proyecto económico sustentado en el adelgazamiento del Estado y la libre competencia, ha evidenciado competencia desleal, información privilegiada, corrupción financiera, nepotismo y crimen organizado. El mejor ejemplo las privatizaciones. Ahí emergen nítidamente ese lado oscuro de la economía, capitalistas extranjeros voraces y nerviosos, banqueros ineptos, funcionarios corruptos, familiares de los políticos, provechosos de privilegios indebidos e ilícitos, un ex presidente bajo la sospecha de la corrupción y el crimen.

Todo debe de cambiar en este país, pero primero la política económica, causante principal, aunque no única, de la crisis nacional.

Dicen que la política influye en la economía, aunque ésta la determina. Lo cierto es que ante la grave situación del país quien debe cohesionar una respuesta nacional es la política, como instrumento del Estado, los partidos y la sociedad.

Hoy hacer política, reivindicar la política, fomentar la cultura política es clave. Pero no cualquier política, sino la democrática, apostar al diálogo, a los consensos o a la competencia democrática, permitirá avanzar decididamente hacia las soluciones de cada uno de los grandes problemas nacionales.

El PRD considera que la fuerza del Estado debe de ser utilizada democráticamente, buscando las causas para proponer respuestas y no combatir al fenómeno delictivo de manera aislada.

Para nosotros, la fuerza política debe de usarse plenamente para lograr la reforma democrática del Estado, porque la reforma constitucional en materia electoral y para el Distrito Federal, es sólo el inicio de que se continuará con las reformas a las leyes secundarias, donde deberá abordarse las asignaturas pendientes sobre el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, candidaturas independientes, frentes electorales, registro de partidos y organizaciones políticas, uso de recursos públicos en campañas electorales, padrón electoral, registro nacional ciudadano.

Igualmente deberá avanzarse en la reforma del Estado sobre equilibrio de poderes, nuevo federalismo, medios de comunicaciones, derechos indígenas, seguridad pública y justicia, derechos ciudadanos y políticos y plenos derechos para el Distrito Federal.

Hacer política para nosotros significa entonces concretar acuerdos y consensos y, hoy será, a través de la reforma democrática del Estado que el Gobiemo y los partidos han convenido y que debe llevarse a cabo.

La sociedad debe sentirse reflejada en el quehacer político, no sólo abriéndoles más espacios como se propone la reforma del Estado, sino también con acciones que den respuestas a sus reclamos. Sin duda el principal reclamo es de paz y seguridad.

Por ello, la paz justa y digna en Chiapas, no debe seguirse posponiendo.

Política significa paciencia y tolerancia, no sólo voluntarismo.

Urge se reinicie el diálogo entre el Gobiemo Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El poder público debe dar el ejemplo, concretando propuestas y cumpliendo acuerdos.

La miseria y el atraso de los indígenas chiapanecos es responsabilidad histórica del régimen y no de sus víctimas. Por ello le corresponde a la delegación gubernamental dar el primer paso para reanudar las conversaciones.

Nadie está de acuerdo con los métodos violentos para alcanzar el poder político.

El Partido de la Revolución Democrática apuesta la vía electoral y a la legalidad para transitar pacíficamente hacia la democracia, pero no se puede ignorar que la violencia política tiene sus profundos orígenes en las desigualdades económicas y sociales en que viven millones de mexicanos. Por eso, sería incongruente condenar la violencia y no sus causas, usar la ley para combatirla, no debe de evadir la responsabilidad de resolver las causas que la originan.

Si sólo se usa la fuerza del Estado para luchar contra la manifestación exterior de las causas, no para eliminar éstas, estaremos frente a un Estado autoritario y soberbio que no desea reconocer su parte de responsabilidad.

Los crímenes políticos han contribuido a enrarecer más el ánimo nacional. La sospecha del encubrimiento por políticos encumbrados, al no resolverse cabalmente, corroe más la confianza ciudadana y carcome la confianza en las instituciones y agota la credibilidad en la justicia.

Por eso no pueden mejorar las relaciones entre el Gobierno y la sociedad si no se resuelven creíblemente tan condenables delitos, no es un asunto menor ni siquiera estrictamente penal. Sus efectos a otros ámbitos de la vida nacional, obliga al Gobierno a dar una respuesta extraordinaria, no ignorándolos, olvidándolos, dándoles carpetazos, sino solucionándolos, es lo que esperamos los mexicanos.

La seguridad pública se debilita día con día y el sistema de justicia no da una respuesta pronta, expedita y proba, por ello aparecen signos de descomposición social preocupantes y el Gobierno no parece encontrar la respuesta adecuada. "La colombianización" de la vida nacional, que ya parece una palabra común, es, en vez de preocuparnos profundamente, principalmente las autoridades, nadie de ellos parece reparar que cuando se desee reaccionar, quizá sea demasiado tarde y, por ende, la violencia, corrupción e impunidad que genera el crimen organizado, influya determinantemente posteriormente en la conducción política de México, así de grave es la situación.

Nadie desconoce que el narcotráfico ha invadido las esferas políticas, judiciales, militares y sociales de nuestro país. Su grado de penetración no se puede medir, lo cierto es que aumenta. Empresarios, políticos, policías, ministerios públicos y jueces, están cada día más señalados como cómplices, socios o parte del crimen organizado.

No es posible no darnos cuenta que cada día son más los políticos, los empresarios o funcionarios que deben de combatir el delito, encarcelados por estar coludidos con narcotraficantes al encubrirlos o lavarles el dinero.

O tampoco somos capaces de notar que los cárteles asesinan a policías, ministerios públicos y jueces. ¿No es todo esto la colombianización de México? ¿Esperaremos hasta que no se pueda detener o cause un mayor deterioro social?

Si no obtenemos resultados satisfactorios a corto plazo, la narcopolítica será el flagelo del Siglo XXI. Luchamos todos por transitar hacia un régimen democrático, no lo lograremos si no combatimos firmemente el crimen organizado.

Por eso el Partido de la Revolución Democrático propone medidas a fondo, no paliativos ni aprovecharse del combate a este cáncer social, para restringir garantías individuales, derechos políticos o encarcelar luchadores, mucho menos modificar nuestro sistema jurídico con parches anglosajones.

Señor Presidente, le recuerdo que existe el artículo 103 y me quiero acoger a él.

Creemos en nuestro marco constitucional para combatir decididamente el crimen organizado. Confiamos en el origen latino de nuestro estado de derecho. Estamos convencidos que la idiosincrasia, los valores y la cultura del pueblo de México creará los instrumentos para derrotar esta forma moderna de la criminalidad.

Primero, atacar las causas económicas que generan el delito y que lanzan a muchos en situación desesperada a participar. Las cárceles están llenas de pobres, el 90% de la población carcelaria.

El índice de mayor delito son los patrimoniales. El narcotráfico y el lavado de dinero buscan la ganancia económica.

No hay duda, pues todos lo señalan que la principal, aunque no la única causa de la criminalidad, es la crisis económica de México y de otros países.

Debe de hacerse una profunda reforma al sistema mexicano de justicia penal. Las leyes e instituciones penales y procesales fueron concebidas para el delincuente individual del siglo pasado, al final del milenio y del Siglo XXI, enfrentarán fundamentalmente al crimen organizado.

La corrupción de los cuerpos policíacos no se acabará, sólo con despidos masivos, encarcelamiento de algunos o capacitación de otros. Se requiere modificar el sistema de procuración de justicia. La policía debe de ser exclusivamente auxiliar del Ministerio Público, a éste, debe devolvérsele su papel protagónico en la investigación y persecución de los delitos; también, el Ministerio Público debe de ser autónomo del Poder Ejecutivo, nombrarlo el Congreso sin la intervención del Presidente o del gobernador respectivo, su autonomía técnica también debe de ser política y presupuestal. Este es el espíritu del artículo 21 constitucional.

Tampoco se logrará devolver la seguridad pública a la población militarizando a la policía o sacando el Ejército a las calles. Por una parte, al militar no se le prepara ni se le capacita para combatir al delito. ¿Sabe alguien de un caso donde el militar ofrezca un abogado defensor al detenido, cuya garantía procesal es constitucional? Pero lo más grave es que la incursión del Ejército en la persecución de los delitos violenta flagrantemente la Constitución, aun en las tareas de seguridad pública, de poner retenes, de hacer patrullajes o de vigilar las calles. Mantener el estado de derecho se logra con medidas que lo apuntalen y no que lo deterioren más.

Ningún estudioso del sistema de justicia penal considera que su transformación se inicia con la reforma del Poder Judicial, como lo afirma el Presidente en su II informe. Todos sabemos que debe de iniciarse y concluirse integralmente, partiendo de sus fases: de seguridad pública, procuración de justicia, administración de justicia y la ejecución de sentencias. Reformar al Poder Judicial en su procedimiento y aparato nos parece sólo de forma; un cambio a fondo, profundo, es darle independencia cabal del Ejecutivo, no permitiendo que éste proponga a sus más altos integrantes ni teniendo un representante en el Consejo de la Judicatura; pero, además, dándole independencia presupuestal, que ellos, el Poder Judicial elabore, presente al Legislativo su presupuesto y lo ejerza directamente.

El sistema penitenciario está en crisis permanente. La sobrepoblación, universidad del crimen, falta de recursos, poca preparación técnica de su personal, hacen de las cárceles lugares inadecuados para readaptar socialmente; pero hoy, fundamentalmente ante el crimen organizado aflora su anacronismo. La pena de prisión surge para sancionar y rehabilitar al delincuente individual, pero el crimen organizado, como persona moral, no sufre gran daño si encarcelan a sus principales jefes y además, ¿los grandes capos podrán ser readaptados socialmente?

Es claro que urge un nuevo sistema de sanciones penales que vaya más allá de la pena de prisión y la multa, penas alternativas económicas, disolución de sociedades, confiscación de bienes producto del crimen organizado, sanciones fiscales, trabajo comunitario y reparación social del daño, son algunas de las propuestas que aquí hacemos. Hay más. Presentémoslas.

Devolvamos la credibilidad en la justicia, transformándola a fondo, acorde a las modernas formas del crimen, limitando la fuerza del Estado en su función represiva a combatir sólo delincuentes y no en su accionar, reprimir a la población, perseguir y encarcelar luchadores sociales o restringir garantías individuales y derechos humanos. El reto del Estado mexicano es enorme, la crisis en que estamos inmersos obliga a respuestas con visión estadista y no meramente facciona de grupo o intereses políticos inmediatos. La respuesta, sin duda, debe ser política; política económica, política política, participación ciudadana, reivindicaciones sociales e indígenas, seguridad pública y justicia, todas con sentido democrático.

El Partido de la Revolución Democrática, compañeras y compañeros, aspira a las soluciones políticas, apuesta a la vía electoral, desea una transición pacífica hacia la democracia, lucha por eliminar las desigualdades, combate la corrupción, denuncia el nepotismo, cree en la justicia y el derecho porque desea un México próspero para todos con seguridad y paz pública.

Ese México sólo será posible si el Gobierno también apuesta a la salida democrática, sin paliativos ni gradualismos, reforma del Estado, políticas económicas y sociales populares, reinvidicaciones de los pueblos indios, paz justa y digna en Chiapas, combate a la corrupción y a la impunidad, esclarecimiento de los crímenes políticos, instituciones y sistema de justicia independientes y fuertes ante el poder político y el crimen organizado. En suma, que el Gobierno y su partido apuesten igual que la sociedad, organizaciones y partidos políticos de oposición, a la solución pacífica de las controversias a erradicar las causas de la violencia, a la vía pacífica y legal, a un estado de derecho democrático.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Salvador Beltrán del Río.

El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

México vive uno de los momentos más difíciles de su historia, momentos de dificultad que se manifiestan, entre otras cosas, en un creciente empobrecimiento de la población: desempleo, violencia institucional, desaliento e irritación social, manifestada ésta en expresiones de violencia, transición política que no concluye, debilidad de las instituciones ante los retos que le plantea la sociedad y en consecuencia, debilidad nacional frente a un mundo en acelerado proceso de globalización.

Aunque los índices macroeconómicos de los últimos meses llevan al Gobierno a argumentar que la crisis económica está siendo superada, pesan sobre los mexicanos rezagos económicos y sociales de décadas y varios sexenios sin crecimiento real.

La herida más dolorosa es que más de la mitad de los mexicanos vive en condiciones de pobreza y de éstos, cuando menos 15 millones en pobreza extrema.

La dicotomía entre la norma jurídica y las prácticas cotidianas en el ejercicio del poder, constituyen el núcleo de un sistema antidemocrático, centralista y corrupto que violenta los derechos de los ciudadanos, de los municipios, de los estados y de la nación entera. Lejos de disponerse a cambiar, el régimen persiste en los hechos en mantener un estado de cosas que niega al país la posibilidad de un mejor desarrollo para enfrentar, en nuevas condiciones, los retos que le imponen un profundo y acelerado cambio mundial y las propias necesidades de los mexicanos en los albores del nuevo siglo.

Los mexicanos exigimos un cambio para superar este estado de cosas. Lo buscamos por diversos caminos. Una inmensa mayoría lo quiere de manera pacífica, ordenada y justa, mientras la desesperación y la frustración ha llevado a otros a tomar el camino equivocado de la violencia que no hace, sino agravar la situación, alentando actitudes represivas y fomentando las tendencias autoritarias.

La disputa por el poder de las distintas facciones del grupo gobernante, son un elemento adicional de este cuadro de violencia, como también lo es el rebasamiento de los órganos de administración y procuración de justicia por una ola delictiva de la que la sociedad mexicana no recuerda en fechas recientes, así como la ancestral impunidad de quienes cometen actos de corrupción.

De esta manera, no puede soslayarse el Estado de profunda desconfianza de la sociedad, en buena parte, programado, tolerado y exacerbado por instancias e intereses políticos que lleva a algunos ciudadanos a una critica destructiva o a la búsqueda de canales de participación con intereses y visiones muy parciales que se pretenden imponer al conjunto de la sociedad. Además, cada día son más frecuentes los casos en que algunas comunidades se hacen justicia por su propia mano, al margen de la ley.

Dos décadas de reformas electorales no han podido concluir en una normalidad democrática, fundamentalmente por una cultura patrimonialista del poder que no ha sido capaz de aceptar las necesidades y las exigencias de una nueva nación.

La reforma electoral recientemente consensada entre las cuatro fuerzas políticas representadas en esta Cámara, ciertamente constituyen avance. Sin embargo, reformar el marco constitucional por consenso no significa de manera alguna que la transición política haya culminado. Tampoco garantiza que hayamos arribado al régimen democrático que los mexicanos anhelamos.

Queda pendiente la etapa de modificaciones a la legislación electoral secundaria, no sólo para dejaría en consonancia con las reformas a la Constitución, sino sobre todo para concretar reglas claras que supriman de nuestros procesos electorales la iniquidad que impide aún el calificarlos como democráticos.

Hemos señalado, con insistencia, que es importante el mejoramiento del marco jurídico en materia electoral, pero tanto o más importante es la disposición efectiva al cambio democrático. Esto es, la voluntad política debe terminar, de una vez por todas, con el abismo existente entre la norma jurídica y los hechos, entre lo que se dice y lo que se hace.

Asimismo y para que estemos realmente ante una auténtica reforma del Estado, ante una reforma política integral, es indispensable avanzar en los otros temas de la agenda, aún pendientes: federalismo, equilibrio de poderes, fortalecimiento del Poder Legislativo, derechos indígenas, seguridad y justicia, relación del Gobierno con la sociedad, medios de comunicación y planeación democrática para el desarrollo.

Por lo que hace al tema del federalismo, nuestro país ya no puede seguir siendo gobernado desde el centro. De ahí que se requiera del gobierno responsable entre la Federación, los estados y los municipios.

La batalla por el federalismo, el fortalecimiento de las entidades que lo conforman y la autonomía municipal es una lucha que pone en el centro como origen y como meta del Estado a la persona humana. Es construir un sistema justo y equilibrado de funciones administrativas, políticas, financieras, sociales e informativas. Necesitamos transformar de manera radical la forma de asignar y ejercer el gasto público nacional bajo un enfoque de desarrollo regional y municipal.

En este sentido, es necesaria la revisión de disposiciones constitucionales, pero sobre todo es urgente que se reforme, en su totalidad, el sistema de coordinación fiscal; que implique un nuevo método de tributación, de permitir el acceso total e irrestricto a la información recaudatoria y a las finanzas públicas a las distintas instancias de Gobierno; transferir a los estados y municipios las atribuciones y los recursos que ahora concentra el Gobierno Federal.

Se trata de reconstruir la economía por la que pasa necesariamente el federalismo, cuyo postulado básico es el fortalecimiento del municipio, a fin de hacerlo capaz de responder a las demandas ciudadanas.

No hay que olvidar que la pobreza es el campo más propicio para la desesperación, es motivo de dolorosa emigración, factor de delincuencia, es razón de desconfianza, motivo de resentimiento y odio, producto de injusticia y una deuda histórica del Gobierno.

En este marco, tampoco hay que olvidar que un municipio miserable, privado de recursos, es el lugar donde mejor puede incubarse la desesperación de la violencia armada.

Por ello, para Acción Nacional, aquí y ahora, la prioridad de justicia es una nueva política social de combate a la pobreza, que para ser más eficaz debe estar en manos de los municipios y los estados, para que las atribuciones y los cuantiosos recursos que ahora maneja la Federación pasen directamente a los estados y municipios y sean éstos, de acuerdo a las necesidades de sus comunidades, quienes decidan con mayor eficacía y sensibilidad los programas tendientes al combate a la pobreza.

Y porque México tampoco puede seguir siendo gobernado por una sola persona, sino que se requiere de la sana división republicana entre los tres poderes de la Unión. De ahí nuestra insistencia en otro tema fundamental en otro tema toral de la reforma del Estado: el del urgente fortalecimiento de este Poder Legislativo, frente a un Ejecutivo que aún concentra decisiones, facultades, información y recursos.

Sin embargo, en éste como en los demás temas de la reforma democrática del Estado se requiere de una señal inobjetable, de un decidido impulso por parte del Ejecutivo Federal.

Así, frente a evidentes resistencias al cambio que se manifiestan al interior del sistema, se requiere de un proyecto integral de transición política. México requiere, más que nunca, no sólo de una mera reforma electoral, sino de una estrategia clara y plena de transición a la democracia, de una ruta segura y constructiva hacia la nueva nación que los mexicanos reclamamos.

Desde su fundación en aquel lejano 1939, hace exactamente 57 años, el Partido Acción Nacional ha venido insistiendo en el primado de lo político, porque para nosotros, lo hemos dicho ya, la política es la actividad más excelsa del hombre, porque es servicio, es compromiso, es búsqueda del bien común. Insistimos una vez más en el primado de lo político, precisamente para legitimar el ejercicio del poder, que permita el diseño democrático del país; primar lo político para enfrentar los grandes retos nacionales, primar lo político para regenerar la gobernabilidad del país y recuperar la confianza en sus instituciones.

Desde nuestra perspectiva el primado de lo político significa hoy, en 1996, el respeto a los derechos humanos, el diálogo, el pluralismo, la tolerancia, la vigencia de las instituciones, la justa competencia entre los partidos por el poder y la alternancia en el ejercicio del mismo, así como la participación de los diversos actores de la vida política en la elaboración de las políticas públicas, aseguren el arribo a la normalidad democrática anhelada.

Por ello, exigimos hoy toda la fuerza de la ley contra quienes atentan contra la política, contra quienes tergiversan y falsean el quehacer político, contra quienes, a base de mentiras y calumnias, denigran lo político, porque son ellos, esos falsos políticos, los que cancelan la esperanza, son ellos quienes desilusionan a la ciudadanía y aniquilan las vías pacíficas, porque son ellos quienes no dejan otra salida que la de la violencia y la desesperación.

Señoras y señores diputados: hoy como se dijera en aquel lejano 1939, al fundarse el Partido Acción Nacional; nunca como ahora han sido tan graves los problemas de México; nunca más urgente remplazar la marcha ciega de la nación hacia lo desconocido por una orientación precisa y definida; nunca tampoco más necesario dar congruencia a la organización jurídica y a la acción política con las realidades y los intereses espirituales o materiales de la nación. Tener en cuenta la tradición y el destino nacional, afirmar un estado ordenado y con jerarquía y un Gobierno capaz de realizar el bien común, obtener que se respete y enaltezca la dignidad de la persona humana y se le aseguren los medios para cumplir plenamente su fin material y espiritual.

Por ello, en los albores de un nuevo siglo cobran también vigencia las palabras de quien fundó Acción Nacional y a quien hoy recordamos con especial emoción: "No estamos para llegar, estamos para hacer, para hacer cada uno de los hombres de México no unidad indiferenciada de masa homogénea, sino lo que su más verdadera y valiosa naturaleza reclama; para hacer como familia no una reunión azarosa y precaria, sino el regazo tibio y fecundo en el que se forjan los destinos; para hacer la ciudad, no el botín que una mafia inmisericorde abandona a sus cómplices rufianes, sino la casa común, hogar de hogares, acogedor y civilizado; para hacer la nación, ella misma, dolida y jubilosa, lacerada y rutilante y henchida de tradición, patria fiel. Que así sea y será por el bien de México".

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados En México vivimos hoy por hoy momentos históricos de la mayor importancia, en medio de la crisis económica y financiera más profunda que recordemos en casi 70 años, los mexicanos hemos tenido en 1995 y 1996 que soportar carencias, miseria, retroceso y sufrimientos. Estas calamidades han golpeado duramente a la sociedad mexicana y han alterado la vida política armónica de la República.

Sin embargo, no obstante el dolor y el agobio de estos años terribles, el pueblo de México en forma heroica y en pie de lucha por la recuperación dentro del orden, ha dado ejemplos de admirable fortaleza y de unidad para sortear lo peor de esta etapa de adversidad en el marco de las acciones valerosas y difíciles que ha puesto en marcha el Gobierno para lograr la superación en momentos de gran dificultad.

Son estos momentos de enorme dificultad en los que ha sido y es menester fortalecer la unidad nacional, preservar la concordia y revitalizar a los factores de la producción para que los mexicanos recuperemos el terreno perdido y para que volvamos a la senda del crecimiento y de la tranquilidad, cuidando siempre la convivencia, pacífica y avanzando, como lo hemos hecho en la segunda mitad de este año, en lo político y en lo económico.

Hoy nos toca hablar de la política interior que lleva a cabo el Gobierno Federal. Para el PRI la política interior de una nación como México, que se esfuerza por dar el salto al desarrollo integral, a la justicia y a la democracia plena justamente para hacer más soberano y más independiente, no puede y no debe verse en forma separada de la política económica, pues ambas buscan y deben buscar la reivindicación social.

La política económica y la política interior han de integrarse y fundirse en una sola amalgama política que oriente a la sociedad hacia una mayor participación, hacia una mejor organización y hacia el trabajo productivo a fin de superar, en forma definitiva, la crisis que tanto nos afecta y en aras de arribar a nuevos estadios de desarrollo y convivencia armónica con mayor civilidad, más democracia, más justicia, más respeto, más tolerancia, mejor distribución de la riqueza y con una limpieza y una legalidad totales para que no queden dudas sobre el desempeño de gobernantes y gobernados y para que quede muy claro el propósito por una sociedad más equitativa en pleno goce de las libertades y de la paz.

Es por todo esto por lo que venimos pugnando los mexicanos desde la lucha por la Independencia Nacional, la Reforma y la Revolución Mexicana. A la luz de estos principios, el PRI emite sus opiniones y sus juicios sobre la política interior del Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León durante el ejercicio que comprende el II Informe de Gobierno entregado ante esta soberanía.

Después de leer y hacer un análisis del contenido de dicho documento, lo mismo que luego de escuchar las palabras pronunciadas por el primer mandatario de la nación en este recinto parlamentario, y con base en lo expresado por el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, durante su reciente comparecencia ante esta Cámara y más aún por lo que hemos visto y observado en este último año, podemos afirmar que durante 1996 nuestro país avanzó en la consolidación de sus instituciones y en el mejoramiento de sus leyes hacia la construcción de un país de leyes y de justicia.

Un estado de derecho se construye y se consolida al paso del tiempo, con instituciones fuertes y bien cimentadas, con leyes justas y con una actitud y una cultura ciudadana para cumplir con la norma y para exigir su cabal ejercicio y salvaguarda.

No obstante las dificultades, es evidente que México sigue avanzando y que ensancha sus caminos hacia nuevos horizontes por una cultura de apego a la ley, por una cultura de respeto, honradez y humanismo para una mejor convivencia social.

En medio de la crisis, México vuelve a avanzar y se reforma superando obstáculos; los legisladores hemos sido testigos y también hemos sido coactores del desempeño de un Gobiemo que, como el que encabeza Ernesto Zedillo, actúa apegado a derecho y con respeto a los demás; hemos observado un Gobiemo que actúa con honradez, con patriotismo, con visión de futuro, con valor y con buena fe.

En el caso específico de la política interior que nos ocupa, hemos presenciado, impulsado y apoyado una reforma política que va más allá de lo electoral y que marca derroteros nuevos en la edificación de una sociedad y de un país más democráticos, mejor preparados y con mayores posibilidades para quienes participan en el acontecer político de la nación.

Los legisladores priístas reiteramos nuestro respaldo y nuestro reconocimiento a un Poder Ejecutivo que en medio de infinidad de problemas, ha sabido cumplir con la ley a cabalidad y ha sabido promover con visión nuevos avances, pues tiene muy claro que en esa medida encabeza un Gobierno más legítimo y más fuerte; nosotros reconocemos la legalidad, el respeto, la firmeza y la serenidad en las acciones; los diputados priístas no admitimos ni admitiremos jamás un Poder Ejecutivo que trasgreda, rebase o viole las leyes que los mexicanos nos hemos dado, no queremos un Gobierno arbitrario o autoritario, pero tampoco queremos un Gobierno débil o titubeante.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional sabemos que el Gobierno encabezado por el presidente Zedillo es un Gobierno fuerte porque se sustenta en la ley y porque cuenta con el apoyo del pueblo, pero queremos que el Gobierno del presidente Zedillo siga asumiendo con toda firmeza sus decisiones para combatir con la ley en la mano y con toda la fuerza del Estado al terrorismo, a la injusticia, a los rezagos y a la marginación, no podemos permitir que el terrorismo socave a las instituciones y lleve al país a la ruina; si permitiésemos el terrorismo o nos acostumbrásemos a él, estaríamos propiciando la destrucción de México.

Un país y un Gobierno como el nuestro que empieza a recuperarse en lo económico y que impulsa una reforma política visionaria no merece una reacción tan negativa, merece la confianza y merece el respaldo para seguir adelante, por eso lo respaldamos con todo nuestro vigor, hoy que empezamos a resurgir en lo económico y a emprender el camino del progreso y la evolución política, no sin problemas pero con plena gobernabilidad. Satisface a los diputados priístas la existencia de un Gobierno que ha procurado una relación respetuosa, abierta y permanente con los miembros de todas las fracciones parlamentarias representadas en el honorable Congreso de la Unión.

Satisface a los diputados priístas la existencia de un Gobierno que respeta la tarea legislativa, que le da su verdadero lugar a los demás poderes de la Unión y que no actúa más allá de lo que la ley le señala. Los miembros del PRI saludamos a un Poder Ejecutivo que considera que el fortalecimiento del Poder Legislativo es esencial para un equilibrio verdaderamente republicano entre los poderes de la Unión y que al mismo tiempo expresa que fortalecer el Federalismo es vital para liquidar nuestra pesada herencia centralista y para impulsar el desarrollo regional, ya que como ha dicho el Presidente de la República, todos los mexicanos queremos un nuevo federalismo para articular mejor la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las obligaciones del Gobierno Federal especialmente las de compensación económica y social.

Sobre la reforma política ofrecida y promovida por el presidente Zedillo, no está por demás recordar que ésta fue planteada por los principales actores políticos nacionales y que dicha reforma fue respaldada con razonamiento, con entusiasmo y con visión por los legisladores de mi partido como paso previo al consenso histórico logrado con las otras fracciones aquí representadas.

Así coadyuvamos a la evolución política de la República, enriqueciendo, desde ahora, la vida futura de México; sabemos que esta reforma es un gran avance en la nueva planeación de la vida política de la nación; sabemos también que de su efectividad y de su eficacia operativa lo mismo que de su utilidad pública dependerá en buena medida su propia evolución, por lo pronto, es motivo de orgullo asumir que en aras de responder a la creciente pluralidad social y política y con el fin de facilitar la articulación de las múltiples demandas de la ciudadanía y sabiendo que la fortaleza de nuestra democracia depende en gran medida de la capacidad y de la fuerza de los partidos políticos, es que la nación dio paso a la reforma política que aprobamos por unanimidad y cuyos aspectos fundamentales son el derecho y la responsabilidad de cada ciudadano a afiliarse o no, a un partido político, la autonomía total a los órganos de autoridad electoral, ya que el Poder Ejecutivo no tendrá ninguna injerencia en el Instituto Federal Electoral; los consejeros y el presidente del consejo federal del IFE serán designados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; se logra la regulación constitucional de los principios de transparencia y justicia en el financiamiento de los partidos políticos, en el control del origen de sus recursos y en la fijación de los límites de sus gastos en las campañas electorales, lo mismo que en el acceso a los medios de comunicación.

La justicia electoral queda fortalecida. Todas las leyes electorales federales y estatales deberán sujetarse a los mismos principios de la Constitución y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de dichas leyes electorales.

El Poder Ejecutivo no intervendrá en la integración del Tribunal Federal Electoral, ya que éste se incorporará al Poder Judicial de la Federación.

La elección democrática del Gobierno del Distrito Federal representa un paso de la mayor importancia en esta reforma política, ya que otorga derechos políticos a plenitud a los habitantes y ciudadanos de la capital de la República, al tiempo que elimina un rezago grave en esta materia.

La atribución dada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobar la designación del procurador capitalino, es otro paso muy trascendente en esta reforma.

Todo lo anterior significa un gran avance político que los militantes de los distintos partidos hemos de esmerarnos en consolidar y afianzar.

Pronto revisaremos y discutiremos en esta Cámara las iniciativas de las leyes reglamentarias correspondientes a las reformas y adiciones que le hicimos a nuestra Constitución Política, rumbo a la conformación de la nueva cultura democrática que estamos construyendo.

En torno a la violencia, la inseguridad y el terrorismo, los priístas consideramos que los mejores antídotos para atacar estos males son la aplicación cabal de la ley, el respeto a la convivencia pacífica, el apego a los principios de libertad y el impulso de programas de promoción social y económica que generen empleos y riqueza, que eliminen el rezago, la marginación y el rencor social, con el fin de rescatar a los compatriotas que menos tienen o que nada tienen, para incorporarlos, con urgencia, al desarrollo tanto en el medio rural como en el medio urbano.

Creemos que debe actuarse con apego a la ley y con rapidez, pero también creemos que debe actuarse con apego a principios esenciales de justicia social distributiva. Sin embargo reiteramos: el terrorismo es inadmisible e intolerable, pues lacera las libertades y la tranquilidad, trastoca la convivencia y la justicia y genera por cascada más violencia y más inseguridad.

Los mexicanos queremos paz, justicia y libertad plena; los mexicanos no queremos inseguridad y no queremos vivir en el terror porque no queremos llegar a situaciones de horror. Queremos seguridad en todos los órdenes y garantías de que vivimos en un país libre y en paz, con respeto al marco de las leyes.

Finalmente compañeros, los priístas hacemos votos porque se reinicie el diálogo en Chiapas y para que se restablezca plenamente y a la brevedad la paz, y al mismo tiempo, expresamos nuestro reconocimiento a la Comisión de Concordia y Pacificación por su buen desempeño en el proceso de pacificación de aquella región.

Hacemos votos también, porque tanto los miembros del EZLN como los del EPR depongan sus armas y lleguen a entendimientos por la paz, la concordia y la justicia, pues es indispensable evitar el derramamiento de sangre entre hermanos.

Hacemos votos porque junto a la mejoría económica que empieza a sentirse, se consoliden y amplíen los derechos políticos y reinen siempre la justicia, la armonía y la paz entre los mexicanos.

Convocamos a todos a preservar y ampliar estos valores, pues son las condiciones para el avance integral de toda sociedad. Lo lograremos siempre con la fuerza de la política y nunca con la política de la fuerza.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores:

Causa asombro la audacia de la fracción priísta al venir aqui a defender a Zedillo Ponce de León, encargado del Ejecutivo y a Chuayffet Chemor, delegado de la política interior.

Se nos acaba de decir que ha habido grandes avances políticos, que vivimos la gran cultura democrática. Se nos dice que nuestro país avanza con la ley en la mano, mejorando las leyes y las instituciones de la justicia, que se advierten nuevos horizontes, sí, los nuevos horizontes son los de la guerra, son los de la violencia represiva del Estado contra los mexicanos. Se nos habla de mejor convivencia, sí, cómo no, la lucha fratricida ante la política miope, ciega, neoliberal a la que se aferra Zedillo Ponce de León.

Nos dice que vivimos un país de leyes, cuando está militarizado el territorio nacional, violando flagrantemente el artículo 29 de la Carta Magna, que señala que en tiempo de paz los militares sólo pueden dedicarse a actividades propias de la disciplina militar, de la disciplina castrense y están dedicados a perseguir narcotraficantes, delincuentes comunes, criminales, porque según Chuayffet Chemor los del EPR son eso, no son guerrilleros y en todo caso, ¿cuál país de leyes?, si la nación se convirtió en un gigantesco territorio donde impera el estado de sitio, donde no se respetan las garantías individuales.

Nos dice la fracción pirita que ha habido un gran avance por la reforma del Estado, la creciente pluralidad. No se reconoce aquí que la citada reforma fue producto de un madrúguete legislativo en donde el dictamen no alcanzó ni primera ni segunda lectura, donde no se promovió, ya no el debate, ni siquiera la fundamentación del propio dictamen.

Nos dice que es un gran avance porque se alienta la pluralidad, cuando la dicha reforma sólo promueve la partidocracia y el bipartidismo y no se crea que es el bipartidismo PRI-PAN, no, es el del PRIAN como simbiosis gobernante y el del PRD como monopolista de oposición. Los demás partidos, según este proyecto, serían aniquilados sistemáticamente.

Dice la fracción priísta que estos documentos contribuyen a dignificar el debate democrático. Ni el informe presidencial, ni la comparecencia de Chuayffet Chemor contribuyen a ello.

Cuando estuvo aquí Chuayffet Chemor no aclaró dudas, las agrandó; no fomentó el diálogo, lo redujo al monólogo; no enalteció el debate ni respetó al Poder Legislativo, enrareció el ambiente al atacar ad hominem a un compañero miembro de esta legislatura.

A Chuayffet Chemor le recordamos la máxima de Clausewitz: "La guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios". Porque agotado Chuayffet, carente de discurso y de oferta política, amenaza con toda la fuerza del Estado.

En lo institucional, la violencia; en lo personal; a los miembros de la Cámara, la descalificación ad hominem.

Sobre el EPR vino a decir aquí Chuayffet Chemor que ya sabe quienes son. Los mexicanos es preguntan: ¿Porqué no procede legalmente en contra de ellos.

Y vino a decimos una larga historia sobre quienes alguna vez transitaron por las guerrillas. Nos recetó el pequeño Chuayffet ilustrado en manual de guerrilla, pero de guerrilla histórica porque de la nueva perece no saber nada.

En lugar de arrestar y aprender a los dirigentes del EPR, está reprimiendo a los dirigentes del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional.

Como miembro de la coordinación de ese frente, reclamamos el cese, al hostigamiento, a la persecución, a la represión, a nuestros compañeros presos.

Hoy la prensa informa de la muerte de un joven de 17 años, víctima de toda la violencia del peso del Estado en aquella entidad.

Chuayffet Chemor insistió en la pantomima y la farsa del EPR. Yo le pregunto desde aquí a Chuayffet Chemor: ¿cuántos soldados muertos quiere el Secretario de Gobernación? ¿Cuántos policías victimados por los guerrilleros para reconocer que ésa es cosa seria.

Y no aceptamos el distingo entre guerrilleros buenos y guerrilleros malos, guerrilleros poéticos y guerrilleros prosistas, guerrilleros registrados y no reconocidos, porque entonces llegaríamos al absurdo de guerrillas subsidiadas y aquellas que se rascan con sus propias uñas.

Por último, termino, señor Presidente, no aceptamos la tesis de la base social que el PRI Gobierno ha esgrimido para justificar el diálogo con un movimiento rebelde y cancelarlo para el otro. ¿Por qué? Porque ello equivale a incitar a la rebelión y a la violencia, porque bastaría que algunos compañeros diputados, convencidos de que el debate en esta Cámara a nada conduce, salgan a sus distritos a reclutar miembros y afiliados y una vez que tengan 10 mil por distrito tendrán base social y reclamarán el diálogo de la Cocopa.

Señalamos que para esta fracción Social Demócrata, los dislates de la mayoría priísta son inaceptables. Rechazamos contundentemente la visión idílica, fantasiosa y distorsionada que aquí pretendió vender la fracción priísta.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores, esta Presidencia informa que se han inscrito para el tema de política interior, en una primera ronda de oradores, los siguientes diputados: Adolfo Aguilar Zinser, Francisco Antonio Tenorio Adame, Alejandro Zapata Perogordo y Augusto Gómez Villanueva.

Se concede el uso de la palabra, al diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Uno de los temas centrales a los que se refirió el Presidente en su informe de Gobierno y que ocupan la política de la nación, es ciertamente la división de poderes. La división de poderes se ha convertido no sólo en una necesidad política, sino en un reclamo popular que no puede ser pospuesto. La división de poderes debe ofrecernos a los mexicanos la oportunidad de transitar de manera institucional hacia un proceso verdaderamente democrático.

En la actual composición política del país, dada su cultura, dados los antecedentes, las inercias, no hay en México una división cabal de poderes.

Señor Presidente, ruego a usted llamar al orden a los diputados, para que pueda yo continuar mi intervención.

El Presidente:

Exhorto a todas las diputadas y diputados a guardar orden y respeto al orador en turno.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

La división de poderes supone un Congreso integrado por legisladores, no por cortesanos. La división de poderes supone ante todo que haya un acuerdo en la República para el ejercicio de la Constitución.

Desgraciadamente si hemos de revisar y analizar los compromisos establecidos por el propio Presidente de la República al inicio de su Gobierno y los que ha querido reiterar en sus diversos informes, no está en marcha el establecimiento de un régimen genuino de división de poderes. Se necesitaría de la altura política de un primer mandatario, para ir cediendo de manera constitucional los poderes que le ha arrebatado a este cuerpo Legislativo.

Sólo con nuestras atribuciones, aquellas que están ya escritas en la Constitución, estaría seriamente limitado el poder discrecional que hoy ejerce el Presidente de la República a costillas, a costa nuestra, se necesitaría entonces actos de voluntad política.

Hay tareas centrales de la República que así lo requieren. En primer lugar está la discusión, la aprobación y la iniciación de leyes, en ninguno de estos tres ámbitos hemos visto una verdadera evolución hacia la división de poderes.

Sigue siendo el Poder Ejecutivo el principal legislador en nuestro país. Las iniciativas de la oposición siguen siendo permanentemente acotadas, la generación de leyes corresponde todavía casi a un monopolio del Poder Ejecutivo.

En la discusión de estas iniciativas el Poder Legislativo no ha avanzado significativamente en mecanismos para que nosotros, los diputados, los senadores podamos escuchar los puntos de vista de los ciudadanos, para poder valorar y ponderar el impacto y el significado de estas leyes para la ciudadanía. Sigue siendo la tarea legislativa que se hace al vapor y de manera cerrada.

Pero hay también un ámbito fundamental en el que éste ya es un reclamo inaplazable, es el de someter el ejercicio del Poder Ejecutivo a responsabilidades institucionales. En ello tampoco hemos avanzado significativamente, el Poder Ejecutivo sigue resistiendo, sigue encontrando las maneras de eludir la rendición de cuentas.

En esta medida no sólo debe corresponder al Ejecutivo hacer efectivos, hacer válidos sus ofrecimientos, sino que debe haber también un esfuerzo mucho mayor de nuestra parte como legisladores, para darle contenido a esta división de poderes.

Tenemos las facultades, estamos obligados a ejercerlas. Está en nuestras manos la dignificación de nuestro papel como representantes populares, actuando mucho más, mucho más como miembros del Congreso, como diputados, que como integrantes estrictamente de grupos parlamentarios; pero en particular esta responsabilidad les toca a los diputados del PRI. México está harto, harto de que los priístas sean primero y en última instancia priístas y no legisladores.

El país requiere ciudadanos representantes. El país requiere individuos investidos de esa representación y no súbditos partidarios que cumplan fiel y mecánicamente con las instrucciones del Poder Ejecutivo.

El Presidente:

Señores diputados: por dignidad de este poder les pido orden y respeto para todos. Continúe señor diputado.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Para que haya división de poderes tenemos que ejercer el nuestro, tenemos que hacer uso pleno de nuestros poderes, señores diputados; y tenemos que ser nosotros los que defendamos nuestra condición de diputados.

En la comparecencia del secretario Emilio Chuayffet hubo un incidente que muestra y manifiesta la mentalidad con la que el Poder Ejecutivo y en particular algunos de sus miembros conciben al Poder Legislativo.

Vienen a someter al Poder Legislativo, vienen a acallar, a buscar el consentimiento del Poder Legislativo, no vienen a rendir cuentas.

Siendo que este incidente me concierne a mí personalmente, voy a solicitarle a usted, señor Presidente que: "Con fundamento en el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos inste al señor secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor a que retire o me satisfaga como ofendido con respecto a las alusiones ofensivas expresadas...

El Presidente:

¡Orden, por favor, compañeros diputados:

Compañeros diputados: guarden el orden y dejen escuchar al orador.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

A que retire o me satisfaga como ofendido con respecto a las alusiones ofensivas expresadas en su comparecencia del pasado día 12 de septiembre. Exijo lo anterior, en virtud de que estos hechos lesionan la relación de respeto y colaboración necesaria entre los poderes de la Unión y violan el artículo 61 constitucional y el 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso."

Sin otro particular, diputado Presidente, agradezco la atención que se sirva dar a esta solicitud, la cual me permito entregar a usted por conducto de la Secretaría, por escrito.

Lo hago, señor Presidente, lo hago no sólo porque fui yo el diputado aludido sino lo hago porque creo que ésa es mi responsabilidad y mi obligación moral con todos ustedes, señores diputados, con todos ustedes. ¡La ofensa no fue a mí, fue a todos, señores diputados:

Muchas gracias.

El Presidente:

Esta Presidencia se permite recordar que las comparecencias ante comisiones se celebraron con base en un acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios y en el mismo se establece eh el punto doceavo lo siguiente:

"Para la interpretación de este acuerdo, se buscarán puntos de consenso entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras."

En consecuencia, túrnese la petición a la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política.

El diputado ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Señor Presidente:

El artículo 107 del reglamento, le pido a usted que instruya a la Secretaría para que sea leído aquí en la tribuna para fundamentar mi moción de orden, por favor, si es tan amable.

El Presidente:

Instruyo a la Secretaría a que dé lectura al artículo referido.

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

"No podrá llamarse al orden a! orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en la otra que se celebre en el día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa, se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en el acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar".

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Ahora le pido respetuosamente, señor Presidente, que lea también la Secretaría el número séptimo del acuerdo parlamentario al que usted alude, por favor.

El presidente:

Instruyo a la Secretaría para que dé lectura al punto referido.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Si usted me autoriza, señor Presidente, lo puedo leer desde aquí, desde mi lugar.

El Presidente:

Que la Secretaría dé lectura al mismo, por favor.

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

Séptimo: para el análisis de la política interior, el jueves 12 de septiembre se reunirán en las instalaciones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la misma y las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. A dicha sesión comparecerá el ciudadano Secretario de Gobernación".

El diputado itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Por último, señor Presidente, el segundo párrafo de los considerandos de la primera página.

El Presidente:

Lea la Secretaría los considerandos a los que se refiere el diputado.

El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

El segundo párrafo de los considerandos, exclusivamente.

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

"Que el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, autorizan la celebración de reuniones o conferencias entre comisiones de ambas cámaras, para expeditar el despacho de una ley u otro asunto que se considere importante."

El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

¡Gracias!

Queda claro, señor Presidente, que el acuerdo parlamentario en primer lugar no suple ni está por encima de la Ley Orgánica ni del Reglamento del Congreso. En segundo lugar, queda claro también por haberse citado en este acuerdo parlamentario, que este acuerdo se inscribe dentro de los artículos del reglamento y de la Ley Orgánica, dado que fue una sesión en conferencia, de dos comisiones que pertenecen al Poder Legislativo y por tanto son materia reglamentaria de la Ley Orgánica para el Gobiemo Interior y también de su reglamento. En base a esto, señor Presidente, me permito a usted solicitarle que dé el trámite que se indica en el artículo 107 del reglamento, para que sea enviada la petición que hace el diputado Adolfo Aguilar Zinser, en los términos señalados en este artículo.

Muchas gracias.

El diputado Jorge Efrain Moreno Collado (desde su curul):

Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra para apoyar el trámite que ha dado la Presidencia a este asunto.

El Presidente:

Si, diputado Moreno Collado. Tiene la palabra.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su venia, señor Presidente:

Es improcedente la demanda que se ha hecho por el diputado Aguilar Zinser y por quien desde su curul ha demandado orden en el procedimiento, por las siguientes razones:

En primer término, nunca se conculcó el derecho de opinar del señor diputado. No hubo violación al artículo 61 constitucional.

En segundo lugar, la reunión celebrada el dia 12, en el Salón Verde, no era sesión de Congreso o de Cámara, sino reunión de comisiones en una especie de conferencia, en los términos del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General.

En tercer lugar, el artículo 107 del reglamento, en efecto, prohibe que se llame al orden al diputado o senador que critique o censure a funcionarios públicos. Sin embargo, esto supone algunas hipótesis que no se realizaron en el caso que nos ocupa En efecto, el artículo 107 forma parte del capítulo de las discusiones o sea, de los debates que se suscitan con motivo de la presentación de dictámenes de comisiones respecto de los negocios o asuntos puestos a su consideración. Esto, desde luego, no fue el caso.

Adicionalmente, el artículo 107 presupone que quien hace la critica que pudiera constituir una injuria o calumnia es otro legislador y que quien la recibe es también un miembro de alguna de las cámaras del Congreso. Lo que tampoco, como es de sobra obvio, no fue el caso.

Por si lo dicho fuera poco, el Secretario de Gobernación participó no para discutir una ley, sino para intervenir en un debate respecto de asuntos concernientes a su ramo y derivados del II Informe de Gobierno del Presidente de la República, lo cual se funda en la parte final del segundo párrafo del artículo 93 constitucional.

En tal virtud, son inaplicables los preceptos invocados por los diputados a los que me he referido.

A mayor abundamiento, el diputado Aguilar Zinser no fue llamado al orden, lo cual es una facultad exclusiva del Presidente de la mesa directiva de la Cámara, según lo determina el artículo 105 del reglamento que nos rige. ¡Ni el Secretario de Gobernación lo injurió ni se refirió por su nombre al legislador, por lo que es notoriamente improcedente su requerimiento y a todas luces infundado su apoyo en el artículo 107 del reglamento:

Quiero afirmar, por otra parte, que los grupos parlamentarios, las prácticas impulsadas por ellos, los acuerdos adoptados para favorecer el mejor desarrollo de las tareas parlamentarias y legislativas, son las vías por donde transcurren la modernización y fortalecimiento de la Cámara de Diputados y del Poder Legislativo.

Hasta hoy los grupos parlamentarios ayudan y perfeccionan la organización camaral de los diputados que comparten ideologías, origen, proyecto y partido. Han sido en su rica experiencia los factores determinantes de la gobernabilidad de la Cámara, lo cual se explica por la pertenencia de sus coordinadores a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Quiero acogerme, señor Presidente, a las determinaciones del artículo 103 de nuestro reglamento.

Los grupos parlamentarios y los acuerdos que alcanzan por conducto de sus coordinadores, actualizan los consensos respecto de objetivos democratizadores que conseguir y procedimientos para obtenerlos.

Los grupos parlamentarios permiten asegurar que cada diputado ejerza con libertad y amplitud sus derechos y prerrogativas y cumpla con puntualidad sus deberes y responsabilidades.

En este tiempo de democracia en México, los diputados somos voz y fuerza de la nación; pero somos representantes de la rica pluralidad social y política, por lo que en el interior de la Cámara debemos de estar organizados en estructuras ágiles y disciplinadas que permitan a los ciudadanos una fácil identificación de la ideología, programas e intereses que representa cada diputado.

Salirse de esta organización y de esta disciplina puede conducir al engaño, a la confusión, al oportunismo y a la indisciplina. Todo lo cual es pernicioso para el Congreso y para la Cámara.

Acuerdos parlamentarios como el que condujo a las comparecencias de los secretarios del gabinete presidencial, son fuente de prácticas que nos enaltecen, nos modernizan y nos proveen de instrumentos para cumplir mejor con nuestros deberes de representación política. Es extraño, por decir lo menos, que alguien pueda poner en tela de duda el propósito de renovación de los acuerdos parlamentarios. Esta actitud sólo es explicable si atrás de ella hay desesperación por justificar individualismos políticamente oportunistas y partidistamente irresponsables.

Esta consulta riñe con el proyecto de lograr el fortalecimiento del Poder Legislativo, que es una de las asignaturas que debe acreditar esta legislatura en el propio periodo que estamos transcurriendo.

En consecuencia, debemos abrirnos a los nuevos requerimientos de la democracia parlamentaria, aceptar que somos capaces de renovarnos por los acuerdos que logramos en el seno de esta Cámara. Por eso es que debemos de cumplir lo que los acuerdos parlamentarios han determinado en el caso de las comparecencias de los secretarios de Estado, para ahondar en el análisis del informe del Presidente de la República.

Y por eso y en esa virtud creo, señoras diputadas, señores diputados, que debemos de apoyar el trámite que le ha dado a este asunto el señor Presidente de la Cámara en estos momentos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Para contestar alusiones personales, señor Presidente:

Considero que si el procedimiento que he propuesto y que hemos propuesto los diputados, para darle curso a esta solicitud no es estrictamente el que yo indico, entonces, que se discuta en esta Asamblea cuál es el procedimiento y que se llegue entonces a la determinación consensal de este procedimiento. Estamos abiertos a esta discusión, es el espíritu de la intervención del diputado Tonatiuh Bravo.

Respecto a lo cual creo que no debiera de haber duda, es respecto al asunto de la injuria. Hubo injuria. Señores legisladores, si vamos a votar también qué es injuria y si por mayoría se va a determinar que el cielo no está arriba y que el piso no está abajo, entonces señores, ¿cuál es el sentido de la discusión parlamentaria?

¡Hubo injuria, hubo alusión personal, hubo refencia expresa a mi persona, así lo hizo el señor secretario Chuayffet y hay antecedentes de ello, hay una comunicación de la Secretaría de Gobernación firmada por el vocero del señor Secretario de Gobernación, que fue un legislador o que sigue siendo un legislador con licencia de esta Cámara, en donde se hace referencia a los mismos términos injuriosos y está suscrita por la Secretaría de Gobernación y donde se me alude directa y expresamente de nombre y apellido! ¡Las referencias del señor Secretario de Gobernación iban dirigidas a mí, y yo sí me pongo el saco señores legisladores, me lo pongo porque ésa es mi obligación como diputado, no es eludir, no es refugiarme en la cobardía de las apariencias, es asumir que el Secretario de Gobernación hizo referencia expresa, amenazante e injuriosa a mi persona! ¡Por eso solicito a ustedes, señores legisladores que en defensa de este cuerpo, no de una persona que lo integra, sino en defensa de este cuerpo, de ustedes y de los que habrán de venir, establezcamos un precedente! ¡Pidámosle al Secretario de Gobernación, en términos respetuosos, que satisfaga el requerimiento de este Congreso y dé una explicación!

¿Qué hay de ello? ¿Qué una explicación del Secretario hará resquebrajarse a la República? No señores, es muy sencillo, también el Secretario de Gobernación está obligado a someterse a los requerimientos del Congreso.

Creo, por lo demás entonces, que si lo que hay que discutir es el procedimiento, estamos abiertos, discutamos el procedimiento y resolvamos aquel que corresponda a nuestra ley interna.

El Presidente:

Señor diputado, usted hizo una proposición y de hecho esta Presidencia la está valorando y la está tomando en cuenta, y es por ello que de acuerdo al artículo 60 la está mandando a la comisión respectiva, que dé acuerdo a esta Presidencia cree que es la correcta.

Para rectificar hechos, el diputado Sergio Meza y posteriormente los diputados Leonel Godoy y Víctor Quintana.

El diputado Sergio Teodoro Meza López:

Señores, diputadas y diputados:

Voy a dar lectura a un documento suscrito por 74 legisladores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios que conforman esta legislatura. En relación con las comparecencias de los secretarios de Estado ante las comisiones del Congreso de la Unión para analizar el II Informe de Gobiemo del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, consideramos necesario hacer las siguientes manifestaciones:

1o. El propósito de las comparecencias de los secretarios de Estado ante esta soberanía, es con el objeto de que los legisladores estén debidamente enterados de la marcha del país y poder cumplir con el debido conocimiento de causa en forma adecuada con sus obligaciones legislativas.

2o. Bajo este objetivo, el intercambio de opiniones entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores, debe realizarse en un marco de total respeto a las instituciones que representan.

3o. Es con la colaboración respetuosa del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que se podrán buscar soluciones comunes para el bien del país.

Como consecuencia de todo lo anterior, exhortamos a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a construir canales adecuados de comunicación con la finalidad de fortalecer a nuestras instituciones.

Dejo el documento suscrito por 74 legisladores pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara para que conste en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Presidente:

No resulta menor este debate, buscar fortalecer al Poder Legislativo y que se respete la dignidad en los legisladores no es un asunto aislado que tenga que ver sólo con el incidente del día 12, entre el señor Secretario de Gobernación y el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

Primero vale hacer una aclaración que el diputado Moreno Collado no consideró, el señor Presidente en turno de la Cámara de Diputados señaló mal asesorado por nuestra brillante mesa hoy, hoy mal asesorado, pero es una brillante mesa, que no es la comparecencia de los secretarios de Estado debido a un acuerdo parlamentario entre los grupos, es una obligación constitucional dispuesta en el articulo 93 de la Constitución y en el 53 del Reglamento del propio Congreso de la Unión.

Entonces, para ser turnada a la Comisión de Régimen Interno no se pueden acoger a ese acuerdo parlamentario que suscriben los coordinadores, se tiene que acoger a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el Reglamento del Congreso de la Unión y aquí entramos a la segunda cuestión.

El debate que hubo en conferencia de comisiones, en conferencia de comisiones de senadores y diputados. fue o no un debate entre miembros del Poder Legislativo y miembros del despacho el Poder Ejecutivo. Si nos acogemos literalmente a lo dispuesto en el artículo 107 del reglamento, pareciera que no es así, pareciera que se refiere exclusivamente a oradores en debate que se dan en discusiones en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, por otra parte, también se le olvidó al diputado Moreno Collado leer todos los artículos del Reglamento que están más adelante, que se refieren al debate que se da entre los secretarios del despacho y los legisladores, no los leo. pero quiero relacionarlos para que ustedes o la Secretaría, si así se considera, los repita leyéndolos.

El artículo 126, el artículo 127, el artículo 128, el artículo 129, el artículo 130 y el artículo 131 del Reglamento del Congreso de la Unión se refiere a este debate que se da entre legisladores y secrétarios de despacho. Si fuera ante el pleno entonces estaríamos violando la Constitución, porque los secretarios de despacho acudieron a comisiones, no al pleno y entonces ese acuerdo parlamentario que resolvió mandarlos a comisiones está violando la disposición constitucional y estas disposiciones reglamentarias, así de sencillo.

Lo que dice también el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos transitorios respectivos. es que todo lo que no esté, todo lo que no esté señalado en la propia Ley Orgánica se atendrá a lo que disponga el Reglamento en lo conducente. Evidentemente que hubo un debate entre legisladores y un secretario del despacho en cumplimiento de la obligación constitucional de 1993 que refiere fundamentalmente el artículo 126 del propio Reglamento y como el diputado Moreno Collado insiste en que esto está mal, voy a pedir entonces sí señor Presidente, que se lea el artículo 126 para ver si es cierto o no que estoy en la materia y en los extremos de esta disposición.

Le ruego a usted instruya a la Secretaría para que dé lectura al 126 del Reglamento.

El Presidente:

Instruyo a la Secretaría para que dé lectura al artículo 126 del Reglamento.

El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:

Artículo 126. Cuando los secretarios de despacho y demás funcionarios que menciona el artículo 53 reglamentario fueren llamados por la Cámara o enviados por el Ejecutivo para asistir a alguna discusión, podrán pedir el expediente para instruirse sin que por esto deje de verificarse la discusión en el día señalado.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Este artículo, el 126. no seria comprendido si no se lee también el articulo 130 que le ruego a la Presidencia le instruya al señor Secretario para que le dé lectura también.

El Presidente:

Instruyo a la Secretaria para que dé lectura al artículo 130 del Reglamento.

El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:

Artículo 130. Cuando alguno de los funcionarios a que hace referencia el articulo 53 de este Reglamento concurra a las cámaras para informar sobre algún proyecto de ley a discusión o sobre cualquier asunto a debate, ya sea invitado por el Ejecutivo o a iniciativa propia, se concederá primero la palabra al funcionario compareciente para que informe a la Cámara lo que estime conveniente y exponga cuantos fundamentos quiera en apoyo de la opinión que pretenda sostener, después se concederá la palabra a los miembros de la Asamblea inscritos en la presidencia en el orden establecido en este Reglamento. Si durante la discusión el funcionario o funcionarios comparecientes fueren interrogados, podrán contestar entre los debates las interrogaciones de que fueron objeto; si alguno de los diputados o senadores inscritos en pro quisiese ceder su turno al compareciente, se concederá a éste la palabra sin perjuicio de que al venir la discusión se le permita hablar sobre los puntos versados durante el debate.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Muchas gracias, señor Secretario.

Es claro que los secretarios de despacho entonces acuden ante el Congreso de la Unión en pleno o en comisiones por dos motivos: uno, porque sean requeridos por el propio Congreso de la Unión o el otro porque ellos decidan participar en virtud de mandamiento del titular del Ejecutivo Estamos en este segundo caso y ahí se vio lo que claramente define el artículo 130 como un debate entre un secretario de despacho y un legislador de este honorable Congreso de la Unión.

Si bien es cierto entonces que literalmente el artículo 107 del Reglamento no es aplicable, lo cierto es que sí se dio un debate entre el Poder Legislativo y un miembro del Poder Ejecutivo y en este debate ocurrieron incidentes que en un verdadero sistema republicano, con una auténtica también división de poderes, debería de ser reconvenido el Secretario de Gobernación.

Pero ocurre, compañeras y compañeros diputadas y diputados, que es común, constantemente, que el diputado o el senador que tienen algún debate o que tienen alguna controversia con un alto funcionario del Ejecutivo, salga siempre perdiendo. Por eso, no es de ninguna manera superfluo lo que dijo aquí el diputado Aguilar Zinser cuando hizo uso de la palabra: fortalecer el Poder Legislativo no significa nada más reformar, que por cierto no se han dado las materias respectivas en este sentido, que es parte de la pendiente reforma democrática del Estado, sino también significa respetar la dignidad del legislador y ésta pasa por muchos momentos, por bastantes momentos.

De todos es conocido que un diputado, en el argot de la Administración Pública Federal tiene el nivel de un director general de una secretaría o de una dependencia. De todos es conocido que aquí, cualquier alto funcionario de la oficialia Mayor o de la Tesorería tiene un mejor cubículo que un diputado. De todos es conocido que un jefe de departamento de cualquier dependencia del Ejecutivo cuenta con mayores recursos para su trabajo que un legislador. Por eso, cuando se plantea la inviolabilidad de la dignidad del diputado o del senador, normalmente ocurre que esto es totalmente tratado de manera indiferente, como ocurre hoy con el caso del diputado Adolfo Aguilar Zinser.

No debe de ser así. El señor secretario Emilio Chuayffet es, en todo caso, igual a un legislador y por ese motivo no debe de escandalizar si simplemente le ganó la pasión política, como ¿I lo dijo, e incurrió en señalamientos personalizados en contra de un legislador y que por ese motivo, en una aplicación laxa del reglamento, para que lo que no está reglamentado en este momento entre un evidente debate entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, fuera llamado para que, en su caso, dijera lo que corresponda, si se excusa o si mantiene su dicho en esa sesión de conferencia de comisiones el 12 de septiembre.

Por ese motivo a mi me parece que es plenamente válido, plenamente fundada la petición del diputado Adolfo Aguilar Zinser y que la resolución de esta Cámara de Diputados no tiene que ver con el caso particular...

El Presidente:

Señor diputado, por favor...

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Termino señor Presidente... con el caso particular, con el incidente concreto que se dio entre un secretario de Estado y un diputado el pasado 12 de septiembre. Esto tiene que ver con lo que debemos de buscar, no sólo por fortalecer el Poder Legislativo como cuerpo colegiado, sino rescatar la dignidad de los diputados y de los senadores, que no pueden ser considerados funcionarios menores por los tecnócratas de la Administración Pública Federal.

Muchas gracias.

El Presidente:

Ha pedido la palabra para rectificar hechos el diputado Víctor Quintana, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Por qué intentar nublar con argumentos legaloides un hecho que es diáfano y esencial. Lo que estamos aquí discutiendo...

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):

No desprecies a la ley. Aquí estamos para hacer leyes.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Lo que estamos aquí discutiendo, señor diputado Moreno Collado, la ley que usted bien conoce dice que no debe interrumpir al orador.

El Presidente:

Señor diputado, no debe haber diálogos.

Señores diputados, me permito exhortarlos de nuevo a guardar orden y respeto hacia los oradores.

El diputado Victor Manuel Quintana Silveyra:

Muchas gracias, señor Presidente:

La ley es muy clara. La ley dice que debe haber división de poderes, separación de poderes. No hay que dar tanto brinco, el suelo está muy parejo y el suelo dice que el Ejecutivo es una cosa independiente del Legislativo y que el Ejecutivo viene a rendirle cuentas al Legislativo en un espíritu de respeto absoluto y no es el caso del compañero Aguilar Zinser el único que se ha presentado.

El mismo titular del Ejecutivo, el señor presidente Ernesto Zedillo, también hizo su berrinche el día 1o. de septiembre ante un diputado del Partido de la Revolución Democrática.

Con toda corrección, el diputado Salvador Martínez Della Rocca se dispuso a entregarle, con todo respeto, al señor Presidente dos sobres con otras tantas cartas firmadas por diputados de todos los grupos parlamentarios, no solamente del PRD y el señor Presidente le dio un aventón al compañero y no le quiso recibir ninguno de los dos sobres.

El Presidente:

Señores diputados, los conmino a guardar el orden y el respeto.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente, gritos como éstos que se oyen ahorita, de todos lados, fueron los que apoyaron a Antonio Tejero cuando pretendió dar un golpe en el parlamento español. Discusiones leguleyas como las que propone el diputado Moreno Collado se estaban ventilando cuando a los legisladores peruanos les llegó la nueva de que Fujimori había disuelto el congreso.

No le saquen, compañeros del PRI, la cosa es muy clara, ¿van a defender al Legislativo o van a seguir siendo rehenes del Ejecutivo impune y del grupo Atlacomulco? La cosa es tan clara como ésa.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para una moción de orden, la diputada Rosario Guerra .

La diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz (desde su curul):

Señor Presidente:

Simplemente creo que el debate sobre el trámite no debería ocupar mayor tiempo, en virtud de que la Ley Orgánica es sumamente clara, en el artículo 35 de la Ley Orgánica, para prever cualquier problema en el desempeño de las funciones del pleno. Este se complementa con el 45 de la propia ley y en los problemas de interpretación entre contradicciones de ley y reglamento en el décimo transitorio.

Por lo tanto, nosotros creemos que la presidencia ha dado un trámite adecuado y que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, como órgano de Gobierno de esta Cámara, es la instancia adecuada para la formulación expresada por parte del diputado Aguilar Zinser.

Muchas gracias.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para hechos.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:

La pregunta central: ¿Si se vale aprovechar las imprecisiones legales de los reglamentos para dejar de defender, se lo pregunto, diputado Collado, la dignidad del Poder Legislativo? Esa es la pregunta central. La pregunta central es si le vamos a buscar argucias a la ley para permitir que un secretario de Estado, el que sea, le falte el respeto a un legislador, que mañana puede ser cualquiera de nosotros, señores diputados y no actuemos conforme a lo que tenemos que hacer nosotros aquí como representantes del pueblo. Esa es la pregunta central.

Segundo. No se aplica el reglamento. Claro que sí se aplica el reglamento. Se ha señalado aquí que por no ser el Secretario de Gobernación miembro del Poder Legislativo, no está sujeto al reglamento.

Señores, los incidentes ocurridos el día 1 O. de septiembre, en los que personas ajenas al Poder Legislativo intentaron tomar parte del mismo, dieron cuenta muy precisa de la actitud congruente de los coordinadores parlamentarios que impidieron que ocurrieran hechos que vulneraran precisamente al Poder Legislativo.

Entonces no es explicable como para algunas acciones sí vale el Reglamento y para otras no.

Claro que si el Secretario de Gobernación y cualquier otra persona está en el recinto parlamentario o en el Palacio Legislativo de San Lázaro, participando en una reunión o en una comisión o en conferencia o en el Senado, está sujeto a los reglamentos desde luego de intervención, no similares a los de los legisladores, pero en lo que les competa, como si vienen personas a la parte de arriba y no forman parte del cuerpo de legisladores, también están sujetos a ese reglamento, desde luego que sí.

Por último, el fondo del asunto es el respeto entre poderes y el respeto a los legisladores, el mismo respeto que nosotros les hemos dado a los secretarios de Estado aquí, es el mismo respeto que les exigimos a los secretarios de Estado en torno a la persona de los legisladores.

Por último, el Título Decimoprimero de ese acuerdo que aquí se ha mencionado, dice que los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados se comprometen a revisar y modificar el formato del informe del titular del Ejecutivo Federal, contenido en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, así como las demás disposiciones relativas a la reforma del Poder Legislativo en el marco de la reforma del Estado para presentar las iniciativas correspondientes a más tardar la segunda quincena del mes de octubre.

Esperamos que nos quede muy claro de aquí a esa fecha, que todos los que han defendido este acuerdo, tendrán que cumplir con este compromiso y esperamos que ahí presenten cómo llenar esos vacíos que generan estas discusiones.

Esto lo señalo simplemente para terminar, señalando que los diputados nos adscribimos al trámite que ha dado la Presidencia, para que se turne a la Comisión de Régimen Interno y vamos a pedir cuentas aquí en este pleno en cada sesión, qué ha pasado con la resolución de esa comisión en torno a este asunto que es fundamental para el Poder Legislativo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales y después sigue el turno para rectificar hechos. Tiene la palabra el diputado Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Quiero en primer término decirle al diputado Tonatiuh, que la dignidad del Poder Legislativo también consiste y fundamentalmente, en que defendamos, antes que nada el principio de la legalidad. No podemos tenerle aversión a las leyes y a los procedimientos que ésta marca y me da mucho gusto haber escuchado en el trayecto hacia esta tribuna, que se acogen todos al procedimiento determinado por el acuerdo parlamentario.

De esta manera quiero decir que un acuerdo parlamentario como el suscrito, tiene toda la validez constitucional, legal y reglamentaria, para ser obedecido en sus términos.

Escuché al propio diputado Leonel Godoy, decir aqui, que él estaba de acuerdo, que no era exactamente aplicable el artículo 107 a este caso, razón por la cual decimos los abogados, Leonel, a concesión de parte relevo de prueba.

Esto es un hecho indubitable, es un procedimiento jurídico que no tiene de ninguna manera objeción, es a los grupos parlamentarios, a los coordinadores, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a quien corresponde darle el curso respectivo, en el entendido de que la propia comisión deberá de propiciar, promover, impulsar, el que revisemos formatos, normas, leyes, reglamentos que nos rigen, para perfeccionar nuestro trabajo y para que no quepa duda, de que todos los diputados y por supuesto los diputados priístas, pensamos en la dignidad del Poder Legislativo. Creemos en su poder de reivindicación social, creemos en su carácter de defensores de la constitucionalidad y creemos en que por conducto del Poder Legislativo México será mejor y construiremos todos una mejor democracia para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, para retificar hechos por cinco minutos.

El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:

Con su venia, señor Presidente:

No estoy de acuerdo con el diputado Moreno Collado, porque no es el asunto del procedimiento lo que realmente se está discutiendo en esta Cámara, es el asunto de fondo. El asunto de fondo no se refiere tampoco a la ofensa que el Secretario de Gobernación le hizo al diputado Aguilar Zinser, sino que el Secretario de Gobernación vino a enseñar el verdadero rostro de la política interior del país, ese es el problema.

El Secretario de Gobernación se erigió en el nuevo Jano, dos caras; por un lado, es el discurso en favor de la democracia y por otro lado, la actitud amenazante, intolerante, de autoritaria de lo que es este régimen actual. Eso vino a mostrar a la Cámara, faltándole el respeto a la representación que ostentamos, porque la tenemos gracias al voto del pueblo, porque precisamente ésa es la que estamos defendiendo, la voluntad popular, no estamos defendiendo el fuero que nos enviste, sino estamos defendiendo el fuero que todos tenemos que hacer respetar aquí.

Yo creo que sí nos debe preocupar esta actitud, independientemente de que se puedan refocilar en argumentos, o bien, en actitudes que han degradado la política en nuestro país.

Yo creo que esas actitudes, esas expresiones son las que están deteriorando la convivencia de todos nosotros. Insisto, no es el procedimiento, es que estamos aquí defendiendo al Poder Legislativo y su reinvidicación.

Esto que queremos que realmente quien encabeza la política interior del país sea respetuoso con todos los poderes, no solamente con los ciudadanos, porque yo pregunto: ¿qué perdemos los priístas si le damos trámite a la petición del diputado Aguilar Zinser? Lo cortés no quita lo político, señores ciudadanos, no quita lo político el hecho de que nosotros reconozcamos que el Secretario de Gobernación cometió aquí un exceso de su fuerza, lo puede hacer y lo hizo. La pregunta es: ¿lo debe hacer? ¿No debe ser el Secretario de Gobernación quien con tolerancia escuche a todos los partidos políticos y a todos los representantes? ¿Qué, no preocupa que realmente sea ésa la tendencia y la mirada y la reflexión que tiene el Secretario de Gobernación de todos los adversarios políticos? Porque lo que el Secretario de Gobernación lo que dejó entrever es que así mira a la disidencia, a toda. ¿Tendrá él acaso una lista como la Schiller? ¿Va uno por uno/ amenazante, desafiante, intolerante? Ese es el problema. ¿Qué, el Secretario de Gobernación tiene una lista en la cual caben quienes supuestamente le son leales y aquellos que están en contra de sus tesis o bien, son adversarios políticos? ¿Así realmente los ve.

Imaginemos si eso se atreve a decir en público, qué no dirá y hará en privado el Secretario de Gobernación. Si eso se atreve a decirlo aquí, qué no dirá en confianza con sus colaboradores. Esa es la cuestión de fondo.

Yo creo entonces, compañeros priístas, que sí tenemos que darle trámite a la petición del diputado Aguilar Zinser, porque sí fue injuriado y si fue insultado y para mí fue amenazado, porque eso que dijo el Secretario de Gobernación es intimidatorio. Por tanto, yo sí estoy a favor de que se le dé el trámite que pidió el propio diputado Aguilar Zinser.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Eduardo Guzmán.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Creo que a estas alturas del debate, está claro que el problema no es un problema que se circunscriba a un aspecto de interpretación legal. Creo que hay por lo menos dos interpretaciones de las disposiciones legales que pudieran ser aplicadas. Pero también creo que más allá de esto, está el problema de fondo que ya ha sido señalado aquí: el respeto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y esto es lo que se debate más allá de cualquier otra consideración.

Aquí mismo, en esta tribuna, cuando algunos compañeros han incurrido en excesos respecto a calificar al Poder Ejecutivo, aquí mismo se han retirado afirmaciones y ha habido un reclamo airado de los compañeros del PRI en no aceptar esos calificativos y muchos hemos estado de acuerdo.

Decían aquí que ese respeto no se riñe con el coraje y la vehemencia en la defensa de posiciones y lo compartimos. Pero creo que también es claro que ese mismo respeto debe de, ser exigido a los otros poderes. Ese que creemos que se merece el Ejecutivo, nos lo merecemos todos nosotros como se lo merecen los mexicanos en este país y eso es lo que está en el fondo. Y disculpen, pero el señor Secretario de Gobernación se excedió, abrió de más la llave de las opiniones y eso no lo podemos tomar a la ligera, pero no es una cosa ligera cuando el responsable de la política interna y el representante en ese momento del Ejecutivo, viene a debatir con los diputados.

Pregunto yo ¿Qué hubieran opinado los compañeros del PRI si se le trata de igual manera al señor Secretario? ¡Seguramente hubieran protestado! y con legítima razón. Creo que ése es el fondo y creo entender, que el PRI, así lo espero, los compañeros del PRI asumen que en efecto el hecho se dio, que hubo un insulto a un legislador, pero más allá de eso, hubo un trato incorrecto entre poderes, porque no se puede hablar aquí que quién sabe a quién se lo dijo; fue muy clara la intención de las palabras y cómo fueron dirimidas; no hubo una respuesta al cuestionamiento certero, o no qué se hizo, sino hubo una respuesta que nada tenía que ver con el cuestionamiento y que sí tenía toda una intención y la tuvo, de denostar a un legislador.

Y creo que aquí, también en derecho, no soy abogado y me disculpo, creo que también priva el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y estamos de acuerdo que hubo improperio, que hubo la falta de respeto o que hubo el exceso, como se quiera llamar. Creo que lo menos que puede hacer, es señalarse y pedir que se rectifique, así sea el Secretario de Gobernación, como en su momento también lo puede hacer este Poder Legislativo en cada uno de sus miembros, si ocurriera una cosa similar.

Por lo tanto, creo que seguido el procedimiento, deberá de ser para acordar los términos. Creo que ésa debería de ser la conclusión, en las cuales este reclamo debe hacerse. A esa propuesta nos sumamos.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Ante todo debo aclarar que no soy miembro del grupo de Diputados Ciudadanos autodenominados "independientes". Yo soy independiente hasta de los "independientes", hasta donde tengo conocimiento soy el único con ese carácter, en los términos del artículo 31 de la Ley Orgánica en todas sus consecuencias.

Conozco al diputado Aguilar Zinser desde hace muchos años, en particular a raíz de la última campaña presidencial. No siempre estuvimos de acuerdo y si yo pudiera aquí externar mi mayor desacuerdo con él fue que no fue, valga la redundancia, lo suficientemente enfático con su candidato para hacerle ver el espíritu traicionero de Diego Fernández de Ceballos, cuando ocurrió el famoso debate televisivo; puesto que se había planteado un acuerdo de caballeros, que un sujeto que no es caballero, sino malandrín, no cumpliría jamás.

No soy yo, por otra parte, quién para defender a Aguilar Zinser, porque es letrado y hombre de luces; él sabrá defenderse bien. Yo vengo a esta tribuna por una cuestión de principio: soy testigo de una sesión camaral en donde el gerente de Gobernación profirió insultos a alguien que es miembro del Poder Legislativo.

Y como a mí "no me vino el saco", siendo uno de los que cuestionó al Secretario, por exclusión podríamos saber a quién se refirió de manera precisa, exacta, inequívoca y unívoca. Por tanto, que no vengan los de la bancada priísta con la batea de babas de que: "pos no se sabe, que a quién le dijo, no se refirió por nombre ni apellidos".

Y yo vengo a exigir en esta tribuna que el gerente de la política interior se retracte de una difamación. Porque él vino a decirle aquí a un diputado que es traidor a la patria. ¡Y cierto o falso, cosa que a mí no me corresponde juzgar, el Código General Punitivo dice que incurre en delito de difamación aquel que le causa daño moral a alguna persona con alguna de sus imputaciones! Reitero, aun cuando fueran ciertas.

¡Aqui venimos nosotros a señalar que el Secretario de Gobernación vino a difamar a un diputado federal! ¡Y así como hoy se difama a uno de 500, mañana van a demandar a éstos de la bancada de la derecha, que hoy alegremente están unidos al carro del prianísmo oficialista! ¡Y no descarten compañeros del PRI que también ustedes pueden ser víctimas, porque: "cuando la perra es brava hasta los de casa muerde"!

¡Yo les digo a estos de la bancada priísta, que vienen aquí a hacer una defensa a ultranza digna de mejor causa, que lo único que han hecho es exhibir su lamentable servilismo al Ejecutivo! ¡Vienen a encubrir al Secretario de Gobernación, no vaya a ser que llegue... a la Presidencia de la República!

¡Pero, compañeros, la llegada de Chuayffet Chemor a Los Pinos, está tan lejos como el cohete mexicano a Plutón! ¡Ahí ni la sonda Galileo llegará:

Venimos, pues, compañeras y compañeros diputados, a señalar que el debate aquí perdió el rumbo, porque no es con alegorías y jerigonzas jurídicas, a lo que son afectos los de la "burbuja" priísta, como se va a resolver este debate. Este es un debate político en donde la mayoría priísta y su "burbuja" están desmostando su contumacia en la sumisión al Poder Ejecutivo.

Venimos a señalar aquí que el Secretario de Gobernación sólo exhibió aquí su pobreza de luces, al no dar respuesta a los cuestionamientos. Por lo menos ése fue el caso de un servidor, cuando cuestionó al Secretario: nula capacidad de respuesta dialéctica, como en términos institucionales, también falto de recurso y de oficio político, al no poder tender el enlace para dialogar con grupos de mexicanos cuando éstos se alzan, se rebelan a la injusticia, el Secretario ordena todo el peso del Estado.

El Presidente:

Señor diputado, su tiempo se ha acabado.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Concluyo, señor. ¡Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, por la respetabilidad del Legislativo, por la dignidad no de un solo diputado, sino por la de los demás 498, yo exijo a Chuayffet Chemor que como hombre se retracte por encima de la cobertura de la burbuja priísta:

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Tenorio Adame.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

De la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, faltó decir.

Señor Presidente, mi presidente Olivares Ventura: trataré de sujetarme al tiempo que se me ha concedido, pero si hubiera algún exceso pido acogerme al reglamento, para tratar de redondear algunas de las ideas que aquí han surgido.

Hemos presenciado una vieja película: "Lo que el viento se llevó". La camisa nos queda chica y derivamos de una práctica parlamentaria mal improvisada y prendida de alfileres a un problema de fondo, que son las necesarias prácticas parlamentarias que estamos exigiendo.

Se han rasgado las vestiduras más allá de lo que se pretende salvar, una reputación. Considero que el problema nos rebasa, no es individual, es un problema histórico y de estructuras.

Nuestra forma de glosa del informe es viciada de origen y nos deriva por lamentos que no nos conducen a nada, es como andar ciegos y entre el lodo, es como andar ciegos y entre el cielo. No tenemos resultados de éste gran esfuerzo que estamos realizando y somos los reyes de burla de todos. Aquí ya se ha manifestado esa protesta por diversos legisladores que me han precedido en el uso de los micrófonos.

No tenemos como otros congresos, la posibilidad de Mociones, no tenemos la posibilidad de Resoluciones, carecemos de Propuestas no de ley, en ese sentido nuestras palabras también se las lleva el viento. Y es por ello que en la reflexión que yo hago ante ustedes quiero señalar los grandes riesgos que corre nuestro Congreso con la pérdida de facultades que ya se han iniciado y las que nos amenazan en este futuro cercano.

Quiero advertir a ustedes en esta limitación de tiempo, los errores y las limitaciones de la reforma electoral, las imprecisiones y las limitaciones de una reforma que ha sido condicionada y que está siendo manipulada.

Quiero también reconocer que en este proceso evolutivo e involutivo, advertimos cambio de formas y de actitudes provenientes de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Hace un año Zedillo decía: "yo no he tenido una oposición constructiva como Presidente, incluso ha habido momentos en que compromisos orientados a lograr las mejores decisiones en favor del país han sido y no quiero usar una palabra fuerte, desconocido", era su mensaje de Navidad de 1995. Ahora nosotros escuchamos un elogio y un reconocimiento por una reforma que él indujo y que tiene un doble fondo, un doble fondo porque no nos otorga equidad ni competitividad, ni transparencia en los resultados electorales y que tiene como único fin evitar los conflictos poselectorales.

Ahora Zedillo ha dicho. "el mérito corresponde al esfuerzo y responsabilidad y representatividad de los partidos políticos y de los miembros de las cámaras". Pero hoy se ha roto el dulce encanto de la burocracia; comenzamos a discutir y a profundizar en esa reforma política, cuyos trasfondos nos llevan a que no tenemos acceso a la justicia electoral, que la justicia electoral está condicionada por un Tribunal Federal Electoral que ha sido incrustado en la Suprema Corte deformando el espíritu y naturaleza del supremo tribunal de la nación, porque lo que debió de haberse reformado, es otorgarle a la Suprema Corte de Justicia las facultades en el ejercicio de la materia y no haber trasplantado un tribunal que lo deforma, con ese tribunal no solamente al consejo, a la magistratura, sino este organismo lo convierte en una águila de triple cabeza y deforma sus posibilidades de ejercicio de la justicia.

Yo quiero llamar la atención de ustedes para que esa autonomía que se le otorga y que Aguinaco ha dicho que no es tal porque no puede darse sus propios reglamentos, pero sí lo es en cuanto al ejercicio de sus facultades.

Se ha hablado de ella para elecciones claras, justas y tranquilas, por lo que se demuestra el propósito de desarticular los conflictos poselectorales y éstos no se van a desarticular en tanto nosotros no descondicionemos el registro electoral, no descondicionemos el IFE, no descondicionemos la falsa ciudadanización que en el fondo es una burocracia que pertenece a Gobernación.

Por eso me asombra, como toda esta Cámara se agita en torno a lo que pudo haber sido un debate a fondo, un debate sin restricciones con un lenguaje ardiente, candente, pero también por parte nuestra ése es el lenguaje con el que tenemos que responderle no solamente a Chuayfet, sino a todos los secretarios de Estado, no somos menos, no queremos ser más, pero tampoco tenemos por qué ser menos.

Y, compañeros, yo siento que hubo un grave problema que todos presenciamos: el Presidente de la República habló de la presencia del Ejército y del ejercicio de la fuerza en toda la República, dijo: "perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley invariablemente apegados a derecho, respetando las garantías individuales y los derechos humanos, subrayado mío, actuaremos con toda la fuerza del Estado".

Cuando él estaba haciendo este pronunciamiento, por lo menos siete estados de la República se encontraban ocupados por el Ejército. ¿Qué hay atrás de toda esta mención de fuerza, de pretensión de ejercicio de fuerza? Ya lo decía el diputado Heriberto Galindo, no queremos un Presidente arbitrario, no queremos un Presidente débil y titubeante, queremos un Presidente fuerte. Nadie duda que el origen del presidencialismo fue precisamente considerar al Ejecutivo capaz de enfrentar todos los problemas de sublevaciones internas y las amenazas externas; pero aquí hay una confusión, no es la fuerza, es el derecho, queremos un Presidente apegado a derecho. no es solamente el derecho, es el problema del poder, tenemos que construir el poder, la fuerza no otorga automáticamente el poder, el poder lo otorga el pueblo unido y solamente los tiranos se aislan del pueblo y generan rumores y contraposiciones entre los ciudadanos que es lo que crea el estado de malestar y la pérdida de libertades.

Se pensó en la idea de un presidente fuerte debido a la intensa campaña y el sentimiento popular de la existencia de un presidente débil y se buscaba que después del informe tuviéramos un Poder Ejecutivo recuperado. Nosotros queremos un presidente con poder, un presidente con legitimidad, un presidente apegado a la legalidad, un presidente que respete y acate la Constitución que juró respetar y hacer respetar, porque no es respetar la Constitución hablar de que las garantías individuales en el país no han sido respetadas; no es acatar el artículo 29 el enviar el Ejército a las poblaciones rurales y a patrullar las ciudades; no es acatar la Constitución el hecho de no informar al Congreso del estado de emergencia que existe en la nación.

Tenemos facultades compartidas con el Presidente. La facultad de declarar la suspensión de garantías individuales, la facultad de declarar la guerra y son facultades que no han sido consultadas a este Congreso, y sin embargo al Presidente se le llama sin titubeo comandante de las fuerzas supremas; ¿qué acaso estamos en guerra? Ese titulo solamente se otorga una vez declarada la guerra a otro país o en estado de emergencia en que se encuentre la nación.

Compañeros, no es posible que nosotros nos alarmemos y nos escandalicemos de excesos en el debate o en la expresión de los compañeros diputados que recurren de manera simulada a llamar la atención para que se escuche lo que ellos quieren decir. No es con esas falsas reconveniencias como nosotros vamos a defender al Congreso.

Hoy nos amenaza la pérdida de nuestras facultades exclusivas. Compañeros, perdimos la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, artículo 74 fracción 1, para hacer la declaratoria de las elecciones presidenciales. Ya no nos corresponde, corresponde al tribunal federal electoral y ahora, con la iniciativa de la auditoría superior de la Federación, estamos en riesgo de perder tres facultades exclusivas, más dos que ya habíamos perdido y una que es de tipo general y que no sirve para nada, solamente nos vamos a quedar con dos facultades exclusivas, a las que no tenemos acceso: la facultad de aprobar el presupuesto, que es un trámite de ventanilla y administrativo y la facultad de juicio político, que nos niega la mayoría por los mecanismos de la subcomisión de trámite previo.

Quiero decir y llamar la atención de este Congreso, en especial del presidente de la mesa directiva y de la Comisión de Régimen Interno, para alertar este grave peligro. Sin facultades exclusivas. esta Cámara no tiene razón de ser; que se quede solamente la Cámara de Senadores. No tenemos ya justificación para seguir existiendo. Esta es la importancia del peligro que hoy estamos viviendo.

Quiero también advertir el grave deterioro del clima de libertades, en especial el de la libertad de expresión. Quiero señalar que los hechos ocurridos con el diario El Universal, no son fortuitos, ni estrictamente apegados únicamente al derecho fiscal; son actos que perturban el clima democrático, el clima de libertades y en especial, el de expresión.

El diario El Universal fue al primero que se le aplicó la Ley de Imprenta, escaso un mes de aprobada dicha ley y previo a la promulgación de la Constitución de 1917. Hoy ese diario, por problemas fiscales, está viviendo una persecución y acoso sobre periodistas reconocidos, periodistas de la calidad de Ricardo Alemán, compañero nuestro, compañero en actividades legislativas.

Sin periodistas, nosotros escasamente tendríamos los accesos a nuestros representados y es lo que me indigna y es lo que me obliga a dar la solidaridad con esos legisladores que están en los periódicos y que son símbolos de la divulgación de nuestra labor legislativa.

Yo pido también que se levante la voz de este Congreso, para que esos periodistas y su labor y su fuente de trabajo no sufran el acoso del poder absoluto imperial.

Y en tales condiciones, yo dejo la inquietud para que tengamos precisado que un presidente fuerte no siempre es un presidente con poder legitimo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos la diputada Ana Lilia Cepeda.

La diputada Ana Lilia Cepeda de León:

Diputado Presidente; compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

En los últimos meses se han venido sucediendo una serie de acontecimientos que demuestran cuán rápido se está modificando la relación entre los medios de comunicación, la sociedad y el Estado en nuestro país.

Del inusual y trágico ejercicio del derecho de 'réplica que representó la exhibición en la televisión del vídeo de Aguas Blancas, pasando por la llamada guerra de televisoras, los prolegómenos de una competencia en favor del mercado y del ninguneo de la comunicación social, como lo representa la disputa entre las nuevas empresas promotoras de la televisión directa a casa, hasta llegar al escándalo fiscal del periódico El Universal. el catálogo es ilustrativo.

Cada uno de estos actos difundidos de conflictos entre magnates, de la expansión de los medios, del acceso de la sociedad a ellos y cómo iba a faltar, de la perniciosa discrecionalidad gubernamental para favorecer o denigrar, nos remiten a la necesidad de construir un nuevo marco legal que redefina las reglas del juego, garantice los derechos sociales e individuales y logre el equilibrio entre comunicación social y mercado.

Las reglas no escritas, los favores mutuos y la complicidad imperante durante décadas parecen no terminar. Por esas condiciones, el conflicto que hoy vive El Universal está marcado por las sospechas y los temores. Si fuera solamente un asunto fiscal, como insisten las autoridades, nadie podría esgrimir objeción alguna, pero lo cierto es que una vez más la acción fiscal se ejerce para favorecer a unos y dañar a otros.

La objetividad y la imparcialidad no aparecen en la conducta de las autoridades gubernamentales que bien pueden otorgar concesiones de uso de frecuencias por encima de la legalidad vigente y sin contar con el dictamen necesario para que las valide o permitir el inicio de actividades de la nueva televisión contactada a los satélites, sin que estén aprobadas las reglas indispensables para ello por parte de las dependencias competentes y por otro pueden emprender una acción que presume de legalidad contra el dueño de El Universal.

Si efectivamente hay pruebas de defraudación fiscal por parte del propietario del mencionado periódico, esto se tendrá que comprobar en los tribunales y de ser así, se tendrá que aplicar la ley, pero no puede ser utilizado como argumento o pretexto para agredir o perseguir la apertura informativa que dicho diario está poniendo en práctica.

Si el Gobierno Federal está empeñado en respetar la libertad de expresión, tiene que dar señales claras al respecto y las tiene que ofrecer al conjunto de los medios, a la sociedad misma y al propio Congreso de la Unión.

Se ha perdido ya una oportunidad inmejorable, pues ni el doctor Zedillo en su informe o el licenciado Chuayffet en su comparecencia ante el Poder Legislativo, se refirieron al tema de la libertad de expresión y al marco legal que rige a la comunicación social en nuestro país. Esto es más lamentable si tomamos en cuenta que dentro de la agenda original de la reforma del Estado está inscrito este asunto.

El Ejecutivo Federal tiene que corregir de inmediato su indiferencia y demostrar, con hechos reales, su disposición a modificar las reglas escritas y no escritas que han malogrado la relación entre el Estado, la sociedad y los medios de comunicación.

Urge que el Gobierno Federal se comprometa públicamente por relaciones claras, transparentes, de igualdad y sin favoritismos con todos los medios de comunicación.

Con la misma celeridad y claridad, el Gobierno tiene que comprometerse con toda la sociedad y con todos los medios por el írrestricto respeto a la libertad de expresión.

Cuando exista en realidad una verdadera relación transparente y sana entre el Gobierno y los medios de comunicación, estoy segura no tendremos sorpresas como el lamentable caso del señor Ealy Ortiz.

Esto que sirva de ejemplo y no de amedrentamiento para evidenciar la urgente necesidad de legislar en esta materia.

Muchas gracias.

Señor Presidente, voy a dar lectura a un pronunciamiento conjunto que hemos firmado tres de las fracciones parlamentarias:

«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer lo siguiente:

La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados expresa su preocupación por la utilización de fuerza excesiva en el intento de detención del director general del periódico El Universal, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, ya que afecta el irrestricto respeto a la libertad de expresión.

De existir pruebas de defraudación fiscal del mencionado periódico, tendrá que seguirse el proceso en los tribunales.

Sin embargo, consideramos que el método y las formas empleadas fueron excesivas y contrarias a que prevalezca el estado de derecho al que aspiramos en nuestro país para una sana convivencia democrática.

La propuesta de punto de acuerdo es que la Comisión Especial de Comunicación Social conozca los sucesos mencionados para obrar en lo que corresponda.

Palacio Legislativo, 17 de septiembre de 1996.-Firman los diputados: por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes; por el Partido de la Revolución Democrática, Pedro Etienne y por el Partido del Trabajo, Oscar González».

Se lo dejo, señor Presidente, para que se turne a la comisión.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión Especial de Comunicación Social.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta (desde su curul):

Pido la palabra, señor Presidente, para hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El asunto Ealy Ortiz o el asunto de El Uníversal, como quiera llamársele, debe de ser analizado dentro de un contexto mucho más amplio que no se limite exclusivamente a los acontecimientos del jueves pasado.

Cierto es que no de hoy, sino de mucho atrás, aquellas personas que han resultado ser incómodas para el poder, son sujetas a auditorías fiscales. Tan sólo recordar a Manuel J. Cloutier que fue víctima de 14.

En este caso, según lo dictaminan las autoridades hacendarias, hay evidencias de culpabilidad.

En Acción Nacional siempre estaremos por la vigencia del estado de derecho y el cumplimiento de la ley.

Si el señor Ealy Ortiz es responsable, que pague, pero tampoco podremos ignorar el marco dentro del cual se dan los acontecimientos.

En primer lugar, hay que recordar que el diario El Universal es pionero en la apertura a la pluralidad.

Cuando casi todos los medios permanecían ciegos y sordos ante la acción de los partidos de oposición, los reporteros de este diario fueron los primeros en llegar a nuestras instalaciones en busca de información.

El Universal ha tenido alzas y bajas en eso de la apertura; si bien es pionero, no se puede decir quien siempre ha sido ampliamente plural.

Tampoco podemos olvidar que durante el sexenio salinista fue el medio que mayor promoción dio al hoy tan cuestionado ex mandatario.

No sabemos y eso es también importante aclarar, si entre Carlos Salinas de Gortari y José Francisco Ealy Ortiz existe algún distanciamiento o continúa una relación de complicidad política y hago aclaración de complicidad política porque en el campo personal esto debe ser considerado con mayor de los respetos.

Pero si hablamos de complicidad política y sabemos de que hay un enfrentamiento real entre el ex presidente Salinas y el Gobierno de Ernesto Zedillo, entonces sí de ninguna manera se deben tomar los acontecimientos con ligereza.

En primer lugar, el PAN se manifiesta en contra de que medio alguno defienda intereses de cualquier persona, grupo o sector, pero también se manifiesta en contra de todo hecho que atente contra la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de actos intimidatorios, efectuados dentro de un despliegue ostentoso, que bien puede manifestarse como una advertencia para quienes se atrevan atentar en contra del poder.

En Acción Nacional entendemos que éste es un caso plenamente fundado en elementos que indican una clara violación a la ley, pero tampoco podemos ignorar que se trata de un medio de información, que ha mostrado apertura y que en ocasiones ha dado en sus páginas cabida a ciertos críticos a personas y actos de Gobierno.

¿Represalia o no? ¿Intimidación o advertencia? No podemos dejar este hecho sin advertir la urgencia de un cambio integral, que no sólo sea legislativo en la materia.

Cierto es, en esta legislatura, nos hemos abocado todos los partidos y eso es importante reconocer, de manera comprometida hemos sido capaces de dejar a un lado las camisetas partidistas para pensar qué es lo mas conveniente para los medios de comunicación en una legislación adecuada a los tiempos de México.

En esta comisión y como consecuencia de los resultados de la consulta, que dieron muy claras evidencias de un reclamo por parte de los medios, de los profesionales, de los académicos y de la sociedad, hay una exigencia real por un cambio en todo lo que se relaciona con los medios de comunicación social.

Quien hoy detiene esta reforma es y debe decirse, el Poder Ejecutivo, 16 semanas llevamos de solicitar, con carácter de urgencia, una entrevista con el Presidente de la república. Entrevista que ha sido diferida con mucha amabilidad día con día, y entendemos que el Presidente pueda tener situaciones mucho más importantes para él. Pero él también debe entender, que los legisladores que estamos trabajando en esta reforma, es prioritario tener una conversación con él.

Más que nada porque si hemos logrado trabajar en una reforma de consenso, es importante que dentro de ese consenso también participe el Poder Ejecutivo.

Pero cierto es, que de alguna manera hay sectores dentro del mismo Gobiemo que no quieren llegar a esa reforma, amparados en un discurso que habla de la libertad de expresión, pretende que no se legisle, con el fin de mantener esos sistemas de control informativo que se han generado durante mucho tiempo, de mantener los privilegios, de comprar conciencias y sobre todo de no cambiar.

Este reclamo se puede decir que es una bomba de tiempo. Quizá se le podrá tener temor a ciertos grupos que se han manifestado en contra, pero también es importante ver la afluencia jugosa de personas que se han manifestado a favor de esta reforma y que en caso de que no se llevara a cabo, tendría consecuencias muy altas, en las que los partidos políticos de oposición no estamos dispuestos a arriesgar. Cierto es que se necesitan garantías para el ejercicio de la profesión.

Yo quisiera desde aquí preguntar a los trabajadores de los medios que cubren la fuente de la Cámara de Diputados, a los diputados que ejercen la profesión de informar y a los mismos medios de comunicación, si después de los últimos acontecimientos sienten que tienen las garantías para ejercer la profesión. Yo creo que hoy no están tan tranquilos como quizá lo estuvieran ayer y también tienen temor por lo que pudiera pasar mañana en relación a su trabajo cotidiano.

Creo que es importante asumir la responsabilidad sin dar tiempo a más, parece ser que las prácticas de diferimiento, lo único que están esperando es que toque la campana, pero eso de ninguna manera lo vamos permitir. Cuando Dionisio Pérez Jácome, nuestro compañero, reconocido como muy inteligente y brillante fue nombrado coordinador de comunicación social para las oficinas del Gobierno nos fue consultado qué sentíamos en relación a ello, con sinceridad dijimos que esperábamos que su función se diera a la tarea de hacer fluir la información de manera adecuada que acabara con todos esos vicios permanentes en el comportamiento de los medios de comunicación.

Hoy, con pena, tenemos que reconocer que se está dando el control informativo, que hay campañas en contra de personas y de grupos políticos y que no podemos permitir que eso siga dándose. Yo quisiera, desde esta tribuna, invitar a los medios de comunicación, a los trabajadores de la información que laboran en esta Cámara y a los diputados, que sientan que debe tomarse acción sobre ello, a iniciar una cruzada que fortalezca el derecho a la información pero, sobre todo, la libertad de expresión, para que no sea sólo retórica de un informe presidencial o de una comparecencia del Secretario de Gobernación, sino que sea un sistema de vida para todos los profesionales de la información.

Muchas gracias.

El diputado Píndaro Urióstegui Miranda (desde su curul):

Señor Presidente; pido la palabra para rectificar hechos.

El Presidente:

En relación con los mismos hechos, tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui.

El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

En primer término, quisiera decir que hemos escuchado con bastante atención y respeto a los oradores que nos han precedido en el uso de la palabra. igualmente, que durante 15 años una de las actividades más honrosas de mi vida ha sido colaborar en la página editorial de El Universal, sin lugar a dudas, uno de los diarios de mayor prestigio dentro y fuera del país.

Si algo ha caracterizado a esta empresa editorial es su pluralismo ideológico y su respeto al pensamiento de cada uno de sus escritores. Es la herencia de don Miguel Lanz Duret que permitió aglutinar plumas como la de don José Vasconcelos y Alfonso Teja Zabre, como Alfonso Caso y Luis Garrido. Que yo recuerde, en cuanto a nuestras colaboraciones, jamás hemos recibido la mínima insinuación que influya sobre nuestro criterio. El Universal es una garantía de la libertad de expresión.

Por otro lado, lamentamos el incidente que en días pasados afrontara su director; nuestro amigo. No dudamos que dentro de un marco de estricta legalidad, serán esclarecidos los hechos. Estamos seguros que no se trata de lo que ha dado en llamarse: "un terrorismo fiscal", sino una acción de la autoridad competente. Por lo mismo, también estaremos atentos a vigilar que la aplicación de la ley sea pareja para todos los mexicanos.

No nos confundamos. La libertad de expresión por la que fueron victimados hombres como Belisario Domínguez y Eduardo Neri, es un derecho de todos y cada uno de nosotros y no bandera política de determinadas organizaciones. Defendámosla como una de las grandes conquistas sociales de la nación y sepamos heredarla a las generaciones futuras, con la misma entereza e integridad.

Muchísimas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

En Acción Nacional tenemos una aspiración: el arribar a un auténtico Estado de derecho. Un proyecto de nación en donde el imperio de la ley sea el principio rector de nuestro cotidiano quehacer; un país donde la legalidad y el orden constituya el sustento de la armonía social. Sin embargo, confrontando ese ideal con nuestra realidad, observamos con desaliento una distancia cada vez mayor. La regla general que actualmente impera, es la inseguridad y la injusticia; padecimiento crónico de los habitantes. Un año más.

¿Qué ha pasado? ¿Hay mayor seguridad? ¿Hay mejor justicia? ¿Existen términos reales, alguna política integral, criminológica que atienda las causas que motivan la delincuencia? La respuesta es lacónica, es lamentable: ¡No! Persiste la inseguridad, continúa la injusticia y no se cuenta con programas serios al combate de las causas que dan origen a las conductas criminales.

Entendemos, sí, los enormes problemas por los que atraviesa la nación; también la conjunción de esfuerzos requerida para su solución. Sin embargo, en este renglón, reclamamos, exigimos una voluntad política y una conciencia cívica de quienes se resisten a la transformación, un cambio en las conductas; la persistencia en la corrupción anquilosada desde hace décadas en el sistema político, ha traído excesos insoslayables, auspiciada y alentada bajo las reglas de la impunidad. Exigimos justicia para todos, nadie por encima de la ley. Exigimos el destierro de encubrimientos y complicidades. Casos como los de Tabasco, Guerrero, la Conasupo, privaciones de paraestatales y tantos otros aún vigentes, nos han dejado un profundo sentimiento de denigración, de inmoralidad, de traición a los principios de justicia.

La corrupción alentó el crecimiento de la delincuencia organizada, de la cual ahora nos lamentamos por sus desintegradores efectos. El sistema penitenciario no cumple ni medianamente su objetivo de readaptación social del delincuente; por el contrario, son verdaderas escuelas para el crimen y sin empacho alguno, al igual que el año anterior, el Secretario de Gobernación nos informa de la sobrepoblación y el hacinamiento que priva en los Ceresos.

Militarizaron los cuerpos de seguridad, pues pese a ello continúa creciendo el índice de criminalidad. Más aún, surgen grupos terroristas, ocasionando mayor temor y desconfianza entre la comunidad.

La sociedad actualmente, compañeros, está cansada, desesperada por la distancia entre aquello que se predica y lo que se hace. Ha dejado la sociedad una actitud pasiva y comienza a tomar la justicia por mano propia.

Queremos un estado de derecho, sí; pero basado en la aplicación de las leyes, que otorguen seguridad y certeza jurídica, con sustento para un marco de paz, de bienestar y de desarrollo. Debemos desterrar la falsa dialéctica y tomar más en seria la actitud que pueda conducirnos en la práctica a ese ideal que tanto buscamos.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva.

El diputado Augusto Gómez Villanueva:

Señor Presidente; compañeras diputadas y señores diputados:

El día de hoy hemos todos coincidido en señalar que el país se enfrenta a graves problemas. Si la imagen de esta Cámara de Diputados fuese de una fuente de discordias, querellas e insultos y violencia, el pueblo de México se sentiría no solamente ante la angustia de los problemas diarios que enfrenta; se sentiría gravemente preocupado por advertir que sus representantes populares no han asumido, a cabalidad, su responsabilidad para estar a la altura de la historia.

Y lo más importante que hoy hemos coincidido es que esta Cámara de Diputados tiene que mantener con firmeza su calidad de un celoso guardián del orden jurídico nacional.

Por ello, cuando el pueblo de México advierte que a pesar de sus grandes esfuerzos para vencer la zozobra y la angustia de las ofensivas que ha sufrido este país contra la paz y la estabilidad y que de nuevo surgen actos que se transforman en fuentes recurrentes de desestabilización, se pregunta ¿qué es lo que en verdad ocurre?, cuando mientras por una parte en la convivencia familiar, en el trabajo o en la fábrica y en el campo, cada día busca no solamente construir la nación que soñó, sino resolver en la aplicación de los más altos valores sus propios problemas, para mantener la convivencia nacional.

En este recinto se escenificó el día 1o. de septiembre la lectura del II Informe Presidencial. El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en su carácter de Presidente de la República, acudió ante esta Cámara de Diputados y dio con austeridad cumplimiento a la obligación constitucional que le señala informar a la nación acerca del estado que guarda la administración pública general en su segundo año de ejercicio.

En ese informe, en el cual no abundaron los tonos dramáticos ni los lamentos frente a todas las adversidades que ha enfrentado su Gobierno, mantuvo no solamente la serenidad, sino el vigor y el optimismo para poder ir dejando poco a poco los obstáculos que han limitado nuestro desarrollo nacional.

Todos aquí escuchamos el contenido de su mensaje y sin duda alguna en el capítulo de política interior cada uno de los acontecimientos nos fue involucrando en torno a temas fundamentales como: la reforma del Estado, la reforma electoral y al mismo tiempo el propósito del Ejecutivo de profundizar con el Poder Legislativo la legislación secundaria que pronto habremos de proponer y discutir.

En ese capítulo de política interior se refirió también a las reformas del Poder Judicial, al equilibrio de poderes y al fortalecimiento del régimen federal. El Presidente especificamente mencionó el capítulo de política interior como el capítulo de la democracia y se refirió con inusual franqueza a los últimos sucesos de violencia en la que participaron grupos armados, señalando, entre otras cosas, lo grave que resulta para la estabilidad del país la provocación y la violencia armada. "En México, dijo, el poder político se disputa con las reglas de la democracia y no con la irracionalidad del terrorismo". "Por eso, frente a la violencia no puede haber posturas ambiguas, sociedad y Gobierno estamos unidos en el más firme repudio a todas las formas de violencia".

El propio Presidente en uno de los párrafos de su informe manifestó: "quienes recurren a la violencia y al terrorismo buscan provocar presión por medio de terceros inocentes". "El Gobiemo Federal no caerá en esa provocación".

Más tarde asistimos a la comparecencia del Secretario de Gobernación y escuchamos y pluralizo, todos los asistentes con respeto, las propuestas, reflexiones de los señores diputados y senadores y del propio Secretario de Gobernación. Sin duda alguna éste es un sano ejercicio que nos ha permitido conocer coincidencias y discrepancias de los partidos políticos nacionales en cuestiones fundamentales para el destino de la nación. En ellas se destacó no solamente la preocupación de los efectos que causa la asociación de la economía con la política y el propósito común de mantener por encima de todo la vigilancia del régimen de derecho, la paz interior, la estabilidad y el propósito de privilegiar el diálogo o la política por encima de las soluciones militares.

El avance hacia la democracia y el fortalecimiento de las instituciones, el federalismo y la vida municipal. Por encima de la esgrima retórica que podría sintetizarse en aquella frase de sor Juana que decía: "sin ver que sóis la ocasión de lo mismo que culpáis", reconozcamos que la comparecencia fue motivante, lúcida, franca y apasionada en el debate por la razón del Estado, la Ley y las libertades de los mexicanos y que se abordaron, además un gran número de temas como la migración hacia el exterior y los derechos humanos de los inmigrantes y temas trascendentales como el de "la mujer" y se dieron cifras y datos que podrán ser consultados por todos ustedes.

De ello pues, destaquemos las coincidencias; el estado de derecho no es sólo responsabilidad del Ejecutivo, es responsabilidad de todos los poderes, del propio pueblo de México, nosotros como diputados ejercemos nuestra responsabilidad no sólo cuando nos presentamos o discutimos las iniciativas de ley, sino también cuando vigilamos su acatamiento y los acontecimientos que ocurren en cada uno de los rincones del país.

Por ello tenemos que reconocer que cuando se pone en riesgo la paz de la nación y se ejerce la función que establece el propio artículo 89 de la Constitución, para garantizar la seguridad nacional, se está acudiendo justamente a defender el régimen de derecho.

Creo pues, que en torno al tema de la paz interior, no podemos titubear de aportar nuestra solidaridad al régimen de la República, pero sobre todo, los diputados tenemos que estar conscientes de que más que asumir una actitud crítica, primero, ante supuestas debilidades y después ante supuestos excesos, lo fundamental está en que todos juntos propiciemos que enfrentemos esta etapa ante el propósito común de lograr no solamente la vigencia plena del derecho, sino que además, construyamos, como se ha dicho ya, las bases para un diálogo que nos permita abordar los grandes temas que nos preocupa a todos.

Creo pues, que en esta sesión en la cual se han abordado cuestiones fundamentales relacionadas con la política nacional, lo fundamental que ha prevalecido y debe de prevalecer es que los avances que se han logrado hasta ahora no se detengan y juntos construyamos una agenda por la paz, para la estabilidad y para mantener ese régimen de derecho. Esa es nuestra obligación, hemos avanzado, sin duda, hemos logrado cambios legislativos profundos, tenemos en nuestra agenda temas tan importantes para el país como la Ley Secundaria de la Reforma Electoral para seguir avanzando con la vida democrática.

La Ley de Protección a la Libertad de Comercio a los Empresarios Mexicanos en Cuba está ya en el Senado de la República...

El Presidente:

Señor diputado, concluya su intervención, por favor.

El diputado Augusto Gómez Villanueva:

Muchas gracias, ya voy a terminar.

Por eso creo que no es hora de disputa ni revanchismos, hagamos un alto en el camino, pospongamos las reyertas y con lucidez enfrentemos este enorme reto a nuestra madurez y a nuestra libertad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores para la primera ronda.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para el tema de política interior, los siguientes diputados en una segunda ronda: Raúl Castellanos Hernández, del PRD; Patricia Garduño Morales del PAN y Fernando Salgado Delgado, del PRI.

Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Castellanos Hernández.

El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández:

Gracias, señor Presidente:

Al realizar la glosa legislativa del II Informe de Gobierno del doctor Ernesto Zedillo, resulta pertinente hacer observaciones tanto respecto a la forma como al contenido del informe en cuestión. En su aspecto formal. los incidentes de protesta a los que asistimos durante la ceremonia del pasado 1o. de septiembre, revelan con nitidez el agotamiento del formato de la manera en que se cumple con la obligación constitucional del titular del Poder Ejecutivo de informar a 13 nación.

El monologo presidencial, el control rígido de los medios de comunicación, particularmente de los electrónicos que ocultan, minimizan y distorsionan la protesta de los legisladores, la irrupción de personas que sin tener investidura legislativa pretendieron, como fue el caso de Santiago Oñate, Cecilia Soto, Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, conducir el desarrollo de la sesión del informe, señalan la necesidad de modificar y reglamentar con precisión la forma de presentar el informe al que alude el artículo 69 de la Constitución.

De tal manera que el informe presidencial pase de ser un mero ritual, un verdadero diálogo .entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ésta es la única manera de encauzar positivamente las legítimas inquietudes y cuestionamientos que el pueblo de México a través de sus legisladores tiene para con el Presidente de la República, ello implica tanto la mutua voluntad de diálogo como reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, voluntad política que debemos reconocer está contemplada en el acuerdo que para el efecto firmaron los coordinadores de los grupos parlamentarios y que esperamos se hagan realidad en beneficio del Congreso y de la República.

Más allá de las formas e incidentes de protesta que poco afectaron el desarrollo de este evento, salvo la caída de las dos máscaras; la máscara que portaba nuestro compañero y la máscara del cancerbero de la política salinista, el II Informe de Gobiemo debe ser objeto de análisis, tanto de su contenido como de sus omisiones. El clima político del país en vísperas del II informe, exigía definiciones básicas del Presidente de la República, los avances en torno de las investigaciones de los asesinatos políticos, particularmente el de Luis Donaldo Colosio y el deslinde puntual, claro y preciso del Gobierno actual respecto a la nefasta herencia de Carlos Salinas de Gortari, así como de las medidas que deben adoptarse para desmantelar el aparato salinista.

Sin embargo, ambos puntos fueron omitidos; no sé si deliberadamente por el Presidente en la exposición que al Congreso realizó. La exigencia de la aclaración total y definitiva del asesinato de Luis Donaldo Colosio y el combate a fondo en contra de la continuidad del salinismo, no recibieron respuesta por parte del doctor Ernesto Zedillo y ello es motivo de preocupación y descontento.

Lejos de iniciarse una política diferente a la del salinismo, que hundió al país en la peor crisis de su historia, asistimos con Ernesto Zedillo, a la reedición de su política y al encubrimiento de los personeros del antiguo régimen.

El retorno de José María Córdoba, es un signo ominoso y preocupante. A los mexicanos ofende, lastima, indigna la impunidad de que hace gala el señor Córdoba Montoya, patente que sólo conociendo el sistema presidencialista que vivimos, sería posible o es posible con la anuencia del Presidente de la República. Por ello se hace necesario que el Presidente de la República aclare esta situación y se deslinde totalmente de la presencia de Córdoba Montoya en México.

De no ser así, todas aquellas motivaciones y dudas que existen sobre la relación entre el presidente Zedillo y su entronización al poder, motivada con la anuencia y prohijada desde la oficina de Córdoba Montoya, seguirán siendo tema de discusión y de especulación permanente en el país y en la prensa nacional e internacional.

Otro grave problema que vive el país, me acojo al 103 señor Presidente si me permite, otro grave problema que vive el país y que se refiere a la solución política con la que el Gobiemo enfrentara el resurgimiento de la oposición política armada al sistema fue abordado en el informe, aunque de una manera a nuestro juicio incorrecta.

La solución política y dialogada que se ofrece al Ejército Zapatista de Liberación Nacional se niega al Ejército Popular Revolucionario, al que se le pretende aplicar toda la fuerza del Estado.

Valdría la pena preguntar al Secretario de Gobernación, por ejemplo, si su definición que nos dio en su comparecencia del terrorismo, donde nos dijo que el terrorismo busca producir miedo, zozobra, desquiciar la economía y agravar los problemas sociales para convertirlos en problemas políticos, no pudiera también encajar en algunos personajes del neoliberalismo que padecemos, por ejemplo, como el Secretario de Hacienda, que le ha aplicado estas tesis subrepticias y a mansalva al pueblo de México, para imponernos su política económica.

Aplicar soluciones diferentes a problemas semejantes no nos parece el método correcto, porque a pesar de las diferencias que tanto el EZLN como el ERP o EPR, han hecho explícitas, asistimos en ambos casos a la expresión de formas de oposición política armada e insurreccional.

Establecer artificialmente definiciones oficiales que conducen a tratamientos diferenciados no creemos que sean solución, son soluciones en todo caso que la sociedad no comprende. El endurecimiento de alguna de las fuerzas por haber recibido un certificado de buena conducta, del Gobiemo, no ayuda para pacificar al país.

La sociedad en su conjunto se ha expresado enfáticamente por la solución política, pacífica y negociada del fenómeno de la oposición armada y por este motivo las declaraciones al respecto las consideramos equivocadas, creemos que deben ser redimencionadas.

La fuerza del Estado también puede aplicarse para dialogar con quien fuere necesario, con objeto de preservar las instituciones y la estabilidad del país.

Oaxaca, mi entidad de origen y a la que represento en esta Cámara, es uno de los estados de la República que han sido escenario de las acciones del Ejército Popular Revolucionario y ello se explica, porque en Oaxaca existen las condiciones de miseria y de injusticia que propician el surgimiento de la violencia política.

Con constancia y sacrificio en la lucha en contra de tales condiciones de miseria e injusticia, en Oaxaca y en todo el país, en esta lucha el PRD, ha jugado un papel importante para evitar que se agreda a la población civil.

Finalmente el tratamiento militarizado de los problemas que confronta la nación en este momento a quien más lastima es a mexicanas y mexicanos que muchas veces no tienen ninguna relación con los conflictos.

Recientemente, en Oaxaca, fueron realizados operativos militares y de las fuerzas judiciales represivas del Estado en diferentes comunidades. Algunas de ellas como la de los Dicha, organizó una marcha hasta la capital del Estado para exigir el respeto a sus garantías individuales y a sus derechos humanos, objetivo que por lo demás no era ajeno al mismo pronunciamiento que aquí en esta tribuna realizó el Presidente de la República.

Sin embargo, no fueron escuchados y cuando se manifestaban en la plaza pública, frente a Palacio, a Oaxaca, el gobernador del Estado, ese mito genial, químicamente puro del neoliberalismo, decidió poner al frente para que, se dijo, los turistas no se enteraran, juegos, vendimias, puestos de tacos y de ropa de vendedores ambulantes. Esta es la respuesta que en ocasiones se da a los reclamos del pueblo, pero más grave es la represión de que están siendo objetos en el Estado líderes sociales que siempre se han manifestado por la vía pacífica para el tratamiento de sus problemas.

Imaginémonos solamente si en la Ciudad de México el señor procurador organiza dispositivos para detener a un supuesto evasor fiscal en pleno centro de la ciudad, con la prepotencia y el autoritarismo y las condiciones en que se dieron los sucesos de El Universal, ¿qué cosa no sucederá en regiones apartadas del país.

Por eso, hoy más que nunca se hace necesario el diálogo, la búsqueda de él para solucionar los conflictos que encaramos como país.

Finalmente y ante esta situación en que nos encontramos, hoy más que nunca se requiere refundar la República, recuperar la fuerza moral de la política para que ésta sea, la política y una nueva moral, una nueva ética, sobre la base en que tratemos y confrontemos los asuntos nacionales.

No es posible la intolerancia, mucho menos cuando ésta proviene del propio Estado.

Apliquemos la fuerza del Estado, también, para combatir la violencia del Estado.

Decía Jesús Reyes Heroles: "la política es demasiado seria para que sus acciones sean determinadas por el temperamento y la emoción, al margen de la cabeza, sin emplear la cabeza, muchas cosas se pueden hacer, pero no política."

Creemos pertinente este recordatorio, frente a decisiones como la de anunciar el empleo de toda la fuerza del Estado para enfrentar un fenómeno esencialmente político-social.

Y agregaba Jesús Reyes Heroles: "los deslices verbales cuestan muy caros, dan lugar al clásico boomerang, el arma que se lanza y que frecuentemente vuelve al punto de partida y en contra de quien la lanzó. Se cobra lo dicho y no lo hecho.

La fuerza de la política implica conciencia de que en ciertos momentos la palabra es acto y por tanto, no se debe con la palabra provocar, porque en política se comienza por el autoritarismo y se acaba sin remedio en el totalitarismo". Ojalá para algún pequeño que desee ilustrarse, estas frases pudieran serie remitidas, son de Jesús Reyes Heroles.

Las amenazas, el empleo de toda la fuerza del Estado, contenidas en el lenguaje autoritario, que reiteradamente se ha utilizado en presencia de esta legislatura por el Secretario de Gobernación y otros funcionarios del Gobierno Federal, dan la razón a Reyes Heroles, autor que por cierto es uno de los clásicos del Secretario de Gobernación, quien por desgracia parece haber olvidado la sentencia y la conseja de Reyes Heroles, de que sin reservas mentales confiemos en la fuerza de la política, para evitar que impere la política de la fuerza.

Hoy más que nunca, es renecesario redefinir al Estado mexicano, aplicar la tolerancia, una nueva moral política, la fuerza del Estado para abatir la pobreza, el rezago educativo, la marginación, para encontrar en el diálogo la vía viable para resolver nuestros conflictos, aun en las peores condiciones se puede dialogar. Es mentira que declarado un estado de guerra incluso, no se pueda declarar la paz y no se pueda dialogar por la paz, los israelíes y los palestinos en fuego cruzado, se han sentado a dialogar. Y ejemplos de ellos tenemos en todas las etapas de la humanidad.

Por ello, es importante que en este momento crucial, por el que atraviesa la república, podamos encontrar soluciones a nuestros problemas, tomando y abrevando de nuestra historia. Este mes patrio debe servirnos también para recordar a nuestros héroes de la independencia, de la reforma, de la revolución que tuvieron la voluntad política para poder encontrar consensos que preservaran a nuestras instituciones. La República lo reclama: democracia ya, patria para todos.

El Presidente:

Tiene la palabra, la diputada Patricia Garduño Morales.

La diputada Patricia Garduño Morales:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hasta ahora el tema del Distrito Federal sólo ha sido un punto en el informe que el Ejecutivo Federal rinde anualmente.

Con las reformas al artículo 122 constitucional se dará una nueva forma de Gobierno a la ciudad, que permitirá a los capitalinos tener autoridades selectas y no designadas.

Ciertamente las reformas constitucionales recientemente aprobadas por esta soberanía, aún reconociendo los avances que se lograron, tenemos que aceptar que no se pudo concretar una reforma integral que dotara a los órganos de Gobierno de la ciudad, de facultades plenas para atender todos los problemas que aquejan a esta capital.

Esta representación sigue aún conservando facultades como Congreso local del Distrito Federal en importantes materias como la seguridad pública y el estatuto jurídico de Gobierno. Estas materias a nosotros, los del Partido Acción Nacional, nos parece que debería haberlas asumido la Asamblea porque es donde se establece la mayor vinculación con los habitantes de la ciudad.

Ahora, al mismo tiempo que el regente comparece ante la Asamblea y en el marco de la glosa del II Informe de Gobierno, queremos reflexionar con ustedes sobre la problemática que vive la capital y el futuro de la misma.

Sin duda, el problema que más nos preocupa es el de la seguridad pública y que a pesar de los cambios en los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública no ha podido atenuarse, porque no existe una línea clara de cómo hacerle frente al crecimiento de la delincuencia, porque falta en la autoridad una política de prevención que ataque el problema por sus causas y no sólo por sus efectos y que las autoridades encargadas de la materia emprendan una campaña a lo interno de las corporaciones que tienda, por un lado, al respeto inrestricto de la dignidad y garantías de la persona y, por otra, al combate frontal y enérgico de los fenómenos que provocan la inseguridad, pasando por un programa de profesionalización y moralización de los agentes y funcionarios responsables.

Hasta ahora y pese a lo que se diga y pese a lo que dijo el procurador capitalino, los índices delictivos siguen creciendo con un promedio diario de 688 delitos cometidos y, sobre todo, con un incremento en lo que se refiere a los delitos violentos.

Efectivamente, el procurador capitalino, el pasado 12 de septiembre, reconoce los niveles de inseguridad con que vivimos los capitalinos; pero a los habitantes de la ciudad no nos basta con el reconocimiento del problema, sino que necesitamos saber qué va a hacer la autoridad para enfrentarlo, porque lo que es claro es que con la militarización no se ha frenado el crecimiento del índice delictivo. Aquí queremos señalar que la Comisión del Distrito Federal debe asumir su responsabilidad en esta materia y abocarse a adecuar la legislación sobre el particular para hacerla concordante con la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de programar reuniones periódicas con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para ir valorando alcances y resultados del Programa de Seguridad Pública y no permitir que se quede en letra muerta como tantos programas anteriores que al no tener evaluación no puede medirse su grado de cumplimiento y de factibilidad.

Queremos que esto sea un llamado de atención al presidente de la Comisión del Distrito Federal, diputado Levín Coppel para que ésta cumpla su responsabilidad, que se reúna y atienda la problemática capitalina que por la insuficiente reforma quedó reservada al Congreso.

Otro gran problema es el desempleo, que la política neoliberal ha acrecentado. En 1991 teníamos en la ciudad un 2.9%; en 1992, 3.4%; en 1993, 3.9%; en 1994, 4.1%; en 1995 llegamos al 7.3%, y en 1996 varía entre un 7.3% y un 8.3% y nosotros sostenemos que si no hay un cambio en la política económica, tendremos no sólo una ciudad, sino un país de jóvenes y adultos sin futuro, y las calles cada vez más llenas de ambulantes, lo que genera, además de un ambiente de tensión, problemas políticos y sociales por la manipulación y chantaje que se ejerce sobre ellos.

Otro gran problema es el de marchas y plantones. El promedio diario de marchas y plantones en la ciudad es de 7%, ocasionando irritación y conflictos severos en vialidad y desarrollo económico de la capital. La solución, queremos dejar claro, no es reprimir ni prohibir su realización, sino actuar en tres sentidos: dar vigencia al federalismo y descentralizar la vida nacional para posibilitar a las autoridades locales el resolver los problemas en su comunidad.

Segundo, mayor eficacia y compromiso de las autoridades de las delegaciones y del sector central y, tercero, sobre todo, sensibilidad que permita actuar artes de que el problema se genere para que no sea necesario recurrir a la presión para dar respuesta a las justas demandas. Se impone, además, evitar la viciada y demagógica práctica del Gobierno que consiste en atender demandas parciales para captar clientela política.

Hay más problemas sin resolver o sin atender de manera atinada como: vivienda, contaminación, transporte; pero por el tiempo, sólo me referiré a dos más: política social y coordinación metropolitana.

En materia de política social, el regente anunció la puesta en marcha de programas para el bienestar y brigadas de bienestar que no sabemos cómo han sido manejadas porque los más necesitados siguen sin recibir beneficios y su situación es cada vez más precaria. Basta con analizar los servicios de salud en el Distrito Federal y el número de menores, de y en la calle, que sigue aumentando sin que hasta ahora tengamos una solución. Los menores y jóvenes al no tener alternativa, se están agrupando en bandas, sin que exista un tratamiento adecuado a infractores, para buscarsu readaptación al medio social.

Carecemos también de programas de atención y falta de espacios de expresión, además de que hemos visto con alarma el incremento en el consumo de drogas y el aumento de la prostitución en menores. Lo anterior sólo por señalar algunos puntos, que la falta de una política social ha generado.

Ha faltado también una visión metropolitana que permita enfrentar la problemática con una óptica distinta, entendiendo que en esta región del país se concentran alrededor de 20 millones de mexicanos con problemas similares y que requieren soluciones de conjunto.

La gravedad de la situación que se enfrenta, ha puesto de manifiesta la imposibilidad de solucionarla de manera aislada, por lo que se hace necesaria la creación de un consejo del área metropolitana, electo democráticamente y con competencias bien definidas, que sin violentar la soberanía de los estados, atienda los problemas de las entidades que aquí concurren.

Esta es la ciudad en la que vivimos y a la que queremos. Que no mereció mayor comentario de su todavía titular, el Presidente de la República en su comparecencia el 1o. de septiembre, y que ahora está siendo objeto de un análisis más extenso por parte de la Asamblea de Representantes en el informe que ahora rinde el regente. Por cierto, al más claro estilo priísta. Sólo se permitió llegar a los alrededores del recinto de Donceles a los grupos afines al PRI, impidiéndose que grupos de disidentes pudieran manifestarse y bloqueándoles el acceso. ¿Esta es la política de apertura y del nuevo arreglo social al que convocó Espinosa Villarreal en su anterior informe? ¿La política de apertura es, convertirse en promotor de su partido y descalificar al resto de los grupos sociales en esta capital.

Sin embargo y a pesar de la labor del regente, la ciudad tiene futuro. Su gente, lo único que espera y a lo que aspira, es a tener un Gobierno que esté a la altura de los capitalinos. Tenernos una gran ciudad. Lo único que ha faltado, es un buen Gobierno.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Fernando Salgado Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Salgado Delgado:

Señor Presidente; diputadas y diputados:

No podemos hoy sujetar la marcha del país, de las instituciones y de la sociedad, exclusivamente a un modo personal de hacer las cosas. Eso es innegable. Lo complejo y dinámico de esta sociedad impone formas abiertas, incluyentes, que presten oído a los reclamos y que incorporen las propuestas de todos los sectores sociales. Es este marco el que da forma a la actuación del Ejecutivo y del que da cuenta en su II informe.

La reforma política generada en el consenso, nuevas prácticas en la relación de poderes, modernización en la administración pública, respeto a las competencias federales, estatales y municipales son acciones producto precisamente del diálogo, entendimiento y respeto a las nuevas y a las diversas formas de pensar.

La reforma en materia electoral, planteó fortalecer la democracia representativa y el sistema de partido, a través de aspectos definidos por los propios partidos políticos. Se enaltece la pluralidad, se toma a ésta como regla y no como excepción.

En la integración del Legislativo, forma de calificación, funcionamiento de órganos electorales, designación de magistrados, financiamiento de partidos políticos, elección de consejeros ciudadanos y en todos los tópicos que aborda la reforma, por encima de todo prevaleció el diálogo.

Resultado de este ejercicio democrático lo es también la reforma para el Distrito Federal. La ampliación de facultades de la Asamblea de Representantes, la elección de los titulares de las demarcaciones para el año 2000 y sobre todo, la elección directa del jefe de Gobiemo en 1997, son avances hoy tangibles, producto de la responsabilidad, de la flexibilidad, de la tolerancia con la que se ha distinguido ese diálogo de las partes que acordaron estas reformas como respuesta al reclamo ciudadano.

Todo lo anterior pone de manifiesto que la única vía para avanzar en la democracia, para alcanzar la justicia es la del acuerdo; acuerdo político al que nos sujetemos todos para respetar la norma jurídica que de él emanó, para que el imperio de la ley impida el libertinaje y la anarquía.

Hoy que la sociedad, que sus partidos, hacen del diálogo y del acuerdo la forma de establecer reglas, entendemos también que ese diálogo permite la sujeción de todos por igual a esa regla.

Hoy que se ha allanado el camino de los acuerdos, no cabe ninguna otra propuesta ni hay vía alterna posible para dirimir las discrepancias internas que surjan de entre nosotros, para respetar nuestras distintas maneras de pensar, para respetar nuestra particularidad.

La democracia plena garantizará por sí misma más efectividad en la obra de Gobierno, más participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, más responsabilidad de todos para con México.

Como asunto de todos la democracia no es, no puede ser pretexto para utilizar cualquier medio para arribar al poder, si estos medios laceran de alguna manera el interés nacional. La búsqueda del poder, su búsqueda legítima, debe enmarcarse hoy más que nunca en los cauces legales, dirimirse en México, resolverse entre nosotros.

Este gran acuerdo, la reforma política, al que llegaron las fuerzas políticas nacionales, los cuatro partidos representados en el Congreso de la Unión, tiene que traducirse en acciones a la altura del gran debate nacional, efectuado para llegar a esta reforma.

En los últimos procesos electorales realizados en localidades del país, en estados del país, son ejemplo de elecciones cada vez más competidas y menos objetadas. La nueva legislación estará acompañada entonces de fuerzas políticas, no sólo más críticas; sino mucho más responsables en su actuación frente a la ciudadanía.

El valor de esta reforma indudablemente es incalculable. Augura con hechos una nueva etapa nacional. No es de ninguna manera un puerto de arribo ni la victoria de la democracia, es apenas el punto de partida del interés nacional por arribar, precisamente, a nuevos niveles de convivencia política, a nuevos niveles de convivencia.

Es apenas el inicio porque indudablemente la agenda es abultada, los pendientes son muchos y nadie, absolutamente nadie, puede manifestarse satisfecho con lo hoy alcanzado.

Federalismo, descentralización, administración pública eficaz, libertad de expresión, relación con las iglesias, pero sobre todo, corrupción, impunidad, inseguridad, son pendientes que la nación tiene que resolver precisamente, insisto, en la vía del diálogo y del acuerdo político.

Magnificar el uso y el ejercicio de la política lo decía algún compañero que me antecedió para resolver nuestros problemas es indispensable. La política como respeto a las formas de organización. Política como respeto a la sociedad y al marco jurídico que diseñó ésta. Política para inducir el diálogo y con él preservar la paz. Política para aceptar cada uno de nosotros nuestro lugar en la sociedad, nuestra responsabilidad para con nuestros representados y nuestra responsabilidad para con México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Agotada la lista de oradores inscritos para la segunda ronda.

La secretaria María Concepción Huerta Salgado:

Señor Presidente:

Agotado el análisis del II Informe de Gobierno en los temas de política interior y política social.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente:

Tiene la palabra, el diputado Tito Rubín Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la federación de Chiapas a México.

El diputado Tito Rubín Cruz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día de antier, el día 14 de septiembre, pero de 1824,10s chiapanecos en un ejercicio eminentemente democrático y en una actitud independiente, determinamos pertenecer a esta hermosa República de México.

Han pasado 172 años de que nos unimos a México, con nuestros rezagos, también con nuestras riquezas. A esa distancia nuestro aporte ha sido sustancial en petróleo, en gas, en energía eléctrica. Tenemos cientos de kilómetros de litoral, somos los principales productores de oxígeno de nuestro continente por nuestras extensas selvas; tercer productor de maíz; primer productor de cacao; primer productor de café; primer productor de plátano carne y maderas preciosas. Pero también tenemos el primer lugar en rezago social; primer lugar en analfabetismo, en desnutrición; de cada 10 chiapanecos, cinco son funcionalmente analfabetas; de cada 10 chiapanecos, cinco no tienen acceso a los servicios de salud; ocho de cada 10 chiapanecos ocupados reciben ingresos inferiores a dos salarios mínimos; de cada 10 viviendas, cinco tienen piso de tierra, techo de cartón, no tienen agua potable ni drenaje. Estos datos reflejan la aportación de nuestro Estado, al desarrollo nacional, pero también reflejan nuestras necesidades.

Queremos decirle a México que no queremos presentamos como un Estado de mendicidad, sino que exigimos nuestro lugar en la media nacional.

Chiapas a partir del 1o. de enero de 1994 hasta hoy, llevamos 940 días de llevar la pesada carga de la guerra. Desde aquí hacemos eco de la voz de los chiapanecos, le pedimos al EZLN que lo más pronto posible se reanuden los diálogos para alcanzarla paz, porque el que no quiere la paz desea la guerra. Paz que le pertenece más de 3 millones y medio de chiapanecos y que lacera a toda la República.

En Chiapas el Gobierno Federal seguirá trabajando para que la solución al conflicto sea resultado del diálogo y asegure la atención a la miseria y al abandono que lo provocaron. Por ello es necesario que todas las partes acudan con genuina voluntad de dialogar en el marco de la ley; conceptos vertidos por el presidente Ernesto Zedillo el día 10. de septiembre, con los que nos solidarizamos para que pronto se reanuden los diálogos y encontrar la paz que tanto nos urge.

Le pedimos a todos los mexicanos que no perdamos nuestra capacidad de asombro ante este conflicto y que muy pronto podamos manifestar cesen ya de la angustia las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas que prometen feliz porvenir.

¡Viva México:

El Presidente:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, la diputada Marta Alvarado.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Con su venia, Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Como ya lo expresó en forma tan poética nuestro compañero Tito Rubín, quiero recordarles que desde hace 172 años Chiapas forma parte de los Estados Unidos Mexicanos. Durante esos 172 años este Estado le ha dado al país en cantidades inmensas petróleo, fuerza laboral, energía eléctrica, maderas, café, cacao, ganado y otras riquezas muy diversas, a cambio los chiapanecos han recibido marginación social, económica y política.

Desde siempre y aún hoy, a pesar de la pretendida modernidad neoliberal, los chiapanecos en su mayoría carecen de fuentes de trabajo y por ende de salarios dignos; no tienen servicios de salud, les faltan escuelas, viviendas, alimentos. También carecen dentro del llamado Gobiemo formal, que no dentro de sus estructuras propias de organización comunitaria, de representantes honestos, comprometidos con Chiapas y los chiapanecos.

Uno de los muchos ejemplos de injusticia y falta de equidad que sufre la población del Estado es la generación de energia eléctrica. ¿Porqué siendo Chiapas la entidad federativa que aporta gran parte del suministro eléctrico, indispensable casi para cualquier actividad en las sociedades actuales, a los usuarios chiapanecos se les aplican las tarifas más altas? ¿Será por el enorme potencial económico de la mayoría de su población.

Por la explotación de petróleo y energía eléctrica el territorio de Chiapas ha sufrido daños importantes en su ecología, así como la pérdida de tierras de gran potencial agrícola y la contaminación de sus aguas.

Tal parece que no bastan los despojos ni la marginación, hay que agregar a esto los daños permanentes causados a su territorio y a su población.

En pocas palabras, faltan proyecto político, económico y social, lo que nos deja ver que desde 1992 a la fecha, después de cuatro gobernadores entre electos, interinos y sustitutos en abiertas violaciones a su Constitución y en el colmo de la burla y el abandono, el Gobiemo central se empeña en negar al pueblo chiapaneco su derecho a elegir gobernador.

Ya basta, señores, democracia en Chiapas, gobernador electo por el pueblo.

El Presidente:

Continúe la Secretaría con los asuntos del día.

ORDEN DEL DIA

La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Jueves 19 de septiembre de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Jalisco, Tamaulipas y Yucatán.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropeza Gamica, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Estrella Carabobo, en su Unica Clase y Medalla al Mérito Teniente Carlos Meyer Baldó, en su Unica Clase, que le confiere el Gobierno de Venezuela.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de zarpadores Diplomado de Estado Mayor, René Carranza García, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Pacificador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial y la Orden del Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confieren los gobiernos del Perú y Luxemburgo, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio Alfonso Millán Bojalil, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, que le confiere el Gobiemo de dicho país.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano David Alejandro Olvera Ayes, para aceptar y usar las condecoraciones Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Caballero y Orden de Leopoldo 1, en grado de Cruz de Caballero, que le confieren los gobiernos de España y Bélgica, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Rivera Zamora, José de Jesús de la Torre Franco, Laura Lilia Reyes Aguilar, María Rosa Loreto Zetter Zermeño, Claudia Benavente Arrellano de Vázquez, Dora Adriana Alvarez, Caria Judith Cuéllar Martínez, Mercedes Contreras Méndez, Alvaro Quintanilla Moreno y Luis Enrique Villalobos Herrera, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados generales, en Guadalajara, Jalisco y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las l9.50 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre a las 10:00 horas.