SUMARIO
El asambleista Iván García Solís, informa de actividades realizadas dentro de la I Legislatura de ese cuerpo colegiado. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legslatura. De enterado
Dos comunicaciones del Congreso Estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso Estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Minuta de la Cámara de Senadores, con la que remite proyecto de dicha ley. Se turna a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa de la comparecencia del tltular de dicha dependencia dentro del marco de las conferencias realizadas para el análisis del ll Informe de Gobierno. De enterado.
Comunicación de ese grupo parlamentario, con la solicitud de cambio de representante en comisión de trabajo. Se tuma a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexianos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Mario Francisco Roy Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Agricultura, con proyecto de dicha ley. Es de segunda lectura.
El diputado Rafael Ceballos Cancino, fundamenta el dictamen a nombre de la comisión y propone modificaciones para anexar a la discusión.
Fijan la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados:
José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática.
Jorge Ricardo Nieto Guzmán, del Partido Acción Nacional.
Miguel Ortiz Jongitud, del Partido Revoluclonario Institucional.
A discusión en lo general se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Lauro Salido Almada.
Suficientemente discutido el proyecto de decreto.
Aprobado. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Alfredo Oropeza Garnica, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano René Carranza García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país, Es~de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que el ciudadano Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de dichas naciones. Es de segunda lectura. Se reserra para su votación nominal en conjunto
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio Alfonso Millán Bojalil, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura. Se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasaan al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, se refiere a la cruzada nacional por una vejez digna, en defensa de las personas mayores de 60 años. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls, realiza comentarios referentes al LX aniversario de la creación de esa institución.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, presenta exhorto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, respecto a problemas de azucareros en el orden laboral. Se turna a dicha comision.
Sobre el mismo tema, se concede el uso de Ia palabra al diputadoRaúl Ramírez Chávez.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Francisco Javier Santos Covarrubias
Enrique Romero Montaño
Francisco Javier Santos Covarrubias
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, se refiere a las labores realizadas por la comisión encargada de la investigación de dicha empresa.
Sobre el mismo tema el diputado Alfonso Martínez Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, presenta punto de acuerdo respecto a diversas listas publicadas en medios periodísticos. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Claudio Manuel Coello Herrera, comenta las características del funcionamiento de dicha dependencia.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta hechos ocurridos durante la comparecencia del titular de dicha Secretaria.
Rectifican hechos los diputados:
Antonio Sánchez Gochicoa
Luis Sánchez Aguilar
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, comenta la XVII Asamblea Nacional de ese partido político.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firrnas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria María Concepción Huerta Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 298 diputados, por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:48 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 24 de septiembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas.
Minuta
Con proyecto de ley de protección al comercio y la inversión de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Comunicación de diputados.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la República Oriental del Uruguay, en su Primer Grado, que le confiere el gobierno de dicha República.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Perú.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo de infantería de marina, Diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Fraternidad Combativa que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Agricultura, con proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Alfredo Oropeza Garmica, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Estrella Carabobo en su Unica Clase y Medalla al Mérito Teniente Carlos Meyer Baldó, en su Unica Clase que le confiere el gobierno de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al teniente coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor René Carranza García, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en Grado de Gran Oficial y la Orden del Mérito, en grado de Gran Oficial que le confieren los gobiernos del Perú y Luxemburgo, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio Alfonso Millán Bojalil, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en Grado de Comendador que le confiere el gobierno de dicho país.
Comentarios sobre la Cruzada Nacional por una vejez digna, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Solicitud de excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, a cargo del diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Denuncia sobre el caso de Tatahuicapan, Veracruz, a cargo de la diputada Osbelia Arellano López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Asunto de la Conasupo, a cargo del diputado Victor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Listas negras en los estados de Guerrero y Oaxaca, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el LX aniversario de la Biblioteca del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comunicado a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Comentarios sobre la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a cargo del diputado Manuel Coello Herrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios para referirse a la Asamblea del Partido Revolucionario Institucional y la venta de la Petroquímica, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria María Flor Ceclina Prado Piña:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Raúl Alejandro Livas Vera
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del jueves diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos sesenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, electo como diputado suplente en la quinta circunscripción y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo en el acto de rendir su protesta como diputado federal. Terminado el acto protocolario, el diputado Fuentes Cárdenas toma posesión de su encargo.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Jalisco, Tamaulipas y Yucatán, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Se da cuenta con una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se tuma a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Desarrollo.
Una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto con el que se concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Agricultura con proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales, fue distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Juan Alfredo Oropeza Garnica, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
René Carranza García, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil:
Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República del Perú y el Principado de Luxemburgo, respectivamente:
Julio Alfonso Millán Bojalil, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana:
David Alejandro Olvera Ayes, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de España y Bélgica, respectivamente:
Alejandro Rivera Zamora, José de Jesús de la Torre Franco, Laura Lilia Reyes Aguilar, María Rosa Loreto Zetter Zermeño, Claudia Benavente Arellano de Vázquez, Dora Adriana Alvarez, Carla Judit Cuéllar Martínez, Mercedes Contreras Méndez, Alvaro Quintanilla Moreno y Luis Enrique Villalobos Herrera, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales de Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua. Son de primera lectura.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, quien solicita se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que dictamine la iniciativa de Ley General de Protección Civil, que presentaron en noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Se turna a la comisión de referencia y para rectificar hechos respecto del mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse al decimoprimer aniversario de los macrosismos de mil novecientos ochenta y cinco, hace uso de la palabra el diputado Ignacio Contreras Torres, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita y el Presidente así lo aprueba, un minuto de silencio.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a hechos políticos en el Estado de Guerrero, hace uso de la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados: María Teresa Cortez Cervantes, del Partido Acción Nacional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Gloria Sánchez Hernández, del mismo partido; Gabino Fernández Serna, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Serafín Núñez Ramos, del Partido del Trabajo, también en dos ocasiones; Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional y Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Sube a la tribuna el diputado Salvador Beltrán del Río Madrid, del Partido Acción Nacional, quien solicita se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dictamine las iniciativas que su partido presentó en noviembre de mil novecientos noventa y cinco y los días primero y dos de abril de mil novecientos noventa y seis.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ammando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a las secuelas por los sismos de mil novecientos ochenta y cinco. Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional y nuevamente el diputado Quintero Martínez, para contestar alusiones personales.
Sube a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien se refiere a diversos hechos que calificó de corrupción.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales sobre el mismo tema, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional; Luis Sánchez Aguilar, en dos ocasiones y Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional.
El diputado Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, hace uso de la palabra y presenta un punto de acuerdo en relación con el supuesto secuestro de un periodista en el Estado de Oaxaca, firmado por representantes de los cuatro grupos parlamentarios que integran la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Para hacer una propuesta en torno a la República Arabe del Saharauí, hace uso de la palabra el diputado José Manuel García García, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo sobre la declaración de la Organización de las Naciones Unidas en materia de ensayos nucleares.
También sube a la tribuna el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo respecto de la firma de la paz en la República de Guatemala.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se aprueba, señor Presidente.
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente:
Se encuentran a las puertas del salón de sesiones, una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura. Se designa para introducirlas a los siguientes diputados: Florentino Castro López, Javier Viniegra Zubiria, Leticia Calzada Gómez y Eduardo Guzmán Ortiz.
Tiene la palabra el ciudadano Iván García Solís, asambleísta del Distrito Federal.
El asambleísta Iván García Solis:
Señor Presidente; diputadas y diputados:
Siguiendo el buen uso parlamentario de comunicar los trabajos de las cámaras que funcionan en el país y en la ciudad y en este caso tratándose de la I Asamblea Legislativa de Representantes del Distrito Federal, nos honramos en venir a este recinto con objeto de dar a ustedes una sucinta información de las tareas realizadas en el periodo inmediato anterior y asimismo anunciarles a ustedes cuál será el objetivo de nuestro trabajo próximo en este periodo que hemos recién iniciado.
Quiero decirles que a la fecha esta I Asamblea Legislativa ha emitido 22 leyes, cuatro acuerdos y siete reformas parciales de ley.
En el periodo inmediato anterior que corrió de marzo a abril, esta Asamblea emitió una Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles; al mismo tiempo, aprobó un dictamen otorgando la Medalla al Mérito Ciudadano, al maestro Luis Herrera de la Fuente; asimismo se hicieron reformas a la Ley Orgánica del Distrito Federal; se aprobó también una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, ley pionera en nuestro país, aprobada el 26 de abril de 1966.
Tuvo curso también y aprobación la Ley Ambiental del Distrito Federal; aprobamos un Programa General de Desarrollo Urbano y finalmente se hicieron reformas a la Ley de Protección Civil de esta entidad federativa.
Para este primer periodo de sesiones ordinarias que corresponde a nuestro tercer año de ejercicio y que iniciamos el pasado 17 de septiembre con la comparecencia del jefe del Departamento del Distrito Federal, tenemos una apretada e intensa agenda de labores, que incluye los siguientes temas:
Una Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Distrito Federal, la cual es sumamente indispensable y donde debatiremos sobre este capital tema; una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal; otra que se refiere al régimen patrimonial y del servicio público del Distrito Federal. También abordaremos una Ley de Desarrollo Agropecuario del Distrito Federal, que como a todos consta es una necesidad, puesto que esta actividad no tiene los cauces legales correspondientes.
También abordaremos una Ley de Espectáculos Públicos del Distrito Federal y como agenda común está inscrita también una Ley del Fondo para el Apoyo a la Administración de Justicia.
Aparte de eso, abordaremos, como lo hemos hecho ya, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y Reformas al Código Financiero para el Ejercicio de 1997.
Finalmente, como temas comunes, estará la aprobación de los programas parciales y delegacionales de desarrollo urbano.
A este conjunto de iniciativas se unirán otras más que presentarán partidos políticos, entre ellas, una para regular la educación en el Distrrto Federal, que será también presentada en este periodo.
Ciudadanas y ciudadanos legisladores: como resultado de las reformas constitucionales que configuran la inicial reforma política en este país, se incluye también las importantes reformas al Distrito Federal.
Esta Cámara de Diputados tendrá la encomienda de definir aspectos muy importantes de la refomma política de esta entidad federativa. Un tema de gran relevancia que yo quiero señalar ante ustedes, hay muchos otros, es el definir las características y alcances de las nuevas demarcaciones que sustituirán a las actuales delegaciones políticas.
Quiero decir que esta tarea, como en otros países, en rigor debió haber correspondido al órgano legislativo local. No fue así. Nosotros, sin embargo, observaremos muy de cerca, daremos seguimiento puntual a los trabajos de esta legislatura, a quien tocará en esta ocasión, cubrir este importante tramo en la larga marcha hacia la reforma política integral del Distrito Federal.
De tal manera, ciudadanas y ciudadanos, que con estas palabras y en representación de mis compañeras y compañeros representantes, cumplo el deber de saludarlos, de informarles y de desear que el periodo de sesiones ordinarias que también ustedes inician, se desarrolle de manera fructifera para la nación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Asambleísta Iván García Solís, la Cámara de Diputados se ha enterado de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Agradecemos la visita de los señores asambleístas y deseamos, para todos ellos, éxito en sus labores.
Pido a la comisión designada acompañar a los representantes del Distrito Federal cuando éstos deseen retirarse.
Continúe la Secretaría.
ESTADO DE MORELOS
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a usted que en sesión de esta fecha se clausuraron los trabajos correspondientes al primer periodo del tercer año de ejercicio constitucional; asimismo se eligió a los diputados que integrarán la diputación permanente, quedando integrada por los diputados: Roberto Santiago Arteaga Reynoso, como presidente; María Teresa Rivera Rojas, como vicepresidenta; y Justino Morales Banderas, Marcos García Alvarez y Francisco Rafael Sánchez Vargas, como secretarios.
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, agosto 30 de 1996.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, licenciado Wilfrido López Luna.»
De enterado.
ESTADO DE OAXACA
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a los preceptos legales, comunicamos a usted que esta LVI Legislatura constitucional del Estado de Oaxaca, abrió su V periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio legal, habiendo resultado electos por mayoría de votos los diputados Teódulo Domínguez Nolasco, como presidente y Antonio Ernesto Hernández González como vicepresidente.
Lo que hacemos de su conocimiento y le reiteramos a usted(es) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 3 de septiembre de 1996.- Diputados secretarios: Jorge Walberto Carrasco Silva y Germán Ramírez López.»
De enterado.
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LVI Legislatura constitucional del Estado de Oaxaca, en sesión de periodo extraordinario, celebrado el día de hoy, tuvo a bien elegir al licenciado Pedro Salinas Guzmán, como oficial mayor de este honorable Congreso, en sustitución del ciudadano Domingo Clavel Nicolás, quién presentó su renuncia a dicho cargo.
Lo que hacemos de su conocimiento y le reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, a 3 de septiembre de 1996.- Diputados secretarios: Jorge Walberto Carrasco Silva y Germán Ramírez López.»
De enterado.
ESTADO DE QUERETARO
El secretario Emilio Solórzano Solís:
«Escudo.- Querétaro.- Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
La LI Legislatura constitucional del Estado, hace de su conocimiento que en sesión extraordinaria efectuada el 16 de agosto del presente año, tuvo a bien aprobar modificaciones a la Constitución local, mismas que fueron publicadas en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, número 38 del 12 de este mes, del cual adjuntamos un ejemplar y que son:
Ley que reforma, adiciona y deroga diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga y ley que reforma los artículos 18, 19, 41 fracción XXIII y 73 de la Constitución Política del Estado.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre de 1996.- Diputado Míguel Rodríguez Maciel, presidente.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 de la Constitución Política local, 50. de la Ley Orgánica y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este honorable Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle (s) que en sesión pública y solemne celebrada por el pleno legislativo en esta fecha, se declaró legalmente la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, reiteramos a usted(es) nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de septiembre de 1996.- Diputación Permanente.- Secretarios: Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y José Leocadio Mendoza Reyes.»
De enterado.
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle(s) que en sesión de junta previa convocada por la diputación permanente para esta fecha, fue electa la mesa directiva que dirigía los trabajos del pleno legislativo, durante el mes de septiembre del actual, dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: Octavio González García, presidente; Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, José Leocadio Mendoza Reyes, secretarios y Daniel Peña Treviño, suplente.
Sin otro particular, reiteramos a usted(es) nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de septiembre de 1996.- Diputación Permanente.- Secretarios: Luis Lauro García Barrientos y Ranulfo de Jesús Pérez Ruiz.»
De enterado.
LEY DE PROTECCION AL COMERCIO Y LA INVERSION DE NORMAS EXTRANJERAS QUE CONTRAVENGAN EL DERECHO INTERNACIONAL
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 19 de septiembre de 1996.-Senadores secretarios; José Antonio Valdivia y Alfredo Ling Altamirano.
MINUTA
PROYECTO DE LEY DE PROTECCION AL COMERCIO Y LA INVERSION
DE NORMAS EXTRANJERAS QUE CONTRAVENGAN EL DERECHO INTERNACIONAL
Artículo 1o. Se prohibe a las personas físicas o morales, públicas o privadas que se encuentren en el territorio nacional, a aquéllas cuyos actos ocurran o surtan efectos total o parcialmente en dicho territorio, así como a aquellas que se sometan a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.
Se entenderá que una ley extranjera tiene efectos extraterritoriales que afectan el comercio o la inversión de México, cuando tenga o pueda tener cualesquiera de los siguientes objetivos:
I. Que pretenda imponer un bloqueo económico o incluso limtar la inversión hacia un país para provocar el cambio en su forma de Gobierno.
II. Que permita reclamar pagos a particulares con motivo de expropiaciones realizadas en el país al que se aplique el bloqueo.
III. Que prevea restringir la entrada al país que expide la ley como uno de los medios para alcanzar los objetivos antes citados.
Artículo 2o. Queda prohibido a las personas mencionadas en el artículo 1o. de esta ley proporcionar cualquier información, por cualquier medio que le sea requerida por tribunales o autoridades extranjeros, con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 3o. Las personas afectadas deberán informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de aquellos casos en que:
I. Pudieren verse perjudicadas en sus actividades o inversión, por los efectos de las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.:
II. Reciban requerimientos o notificaciones, emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 4o. Los tribunales nacionales denegarán el reconocimiento y ejecución de sentencias, requerimientos judiciales o laudos arbitrales, emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 5o. Quienes hubieren sido condenados al pago de una indemnización mediante sentencia o laudo, emitido con base en las leyes extranjeras a que se refiere ei artículo 1o., tendrán derecho de demandar ante tribunales federales, el pago por parte del demandante del juicio en pais extranjero:
I. En concepto de daño y como suerte principal, la cantidad establecida en la sentencia o laudo extranjero:
II. Los perjuicios ocasionados, asi como los gastos y las costas judiciales respectivos.
Artículo 6o. Los tribunales nacionales de conformidad con la legislación aplicable, podrán homologar y ejecutar, en su caso, las sentencias o laudos emitidos en el extranjero, que condenen a indemnización, pago de daños y perjuicios, así como gastos y costas, a una persona que, a su vez, hubiere obtenido un beneficio económico derivado de una sentencia o laudo emitidos con base en las leyes extranjeras a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 7o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial asesorarán a las personas que se ven afectadas por la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 1o.
Artículo 8o. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en sus respectivas competencias, quedan facultadas para emitir criterios generales de interpretación de esta ley.
Artículo 9o. Sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, penal o de otra índole que puedan generarse por la violación de los artículos 1o., 2o. y 3o., Ia Secretaría de Relaciones Exteriores podrá imponer, al infractor, las sanciones administrativas siguientes:
I . Por violación al primer párrafo del artículo 1o., multa hasta por 100 mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
II. Por violación al artículo 2o., multa hasta por 50 mil días de salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
III. Por violación al articulo 3o., con amonestación. Si se trata de la segunda infracción, multa hasta por 1 mil dias de salario minimo diario general, vigente en el Distrito Federal.
En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del limite máximo de la sanción que corresponda.
La Secretaría de Relaciones Exteriores fjará el monto de la sanción, considerando las circunstancias pertinentes del infractor y el grado en que resulten afectados el comercio o la inversión, según la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
El procedimiento de imposición de las sanciones administrativas se regirá por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIO
Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofcial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 19 de septiembre de 1996.- Senadores: José Murat, presidente; José Antonio Valdivia y Alfredo Ling Altamirano, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D.F., a 19 de septiembre de 1996.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manríquez.»
Recibo y túrnese a las comisiones unidas dé Relaciones Exteriores y de Comercio.
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa colegisladora nos permitimos transcribir a ustedes, debidamente aprobados por esta Cámara, en sesión de esta fecha, los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. El secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Carlos Ruiz Sacristán, comparecerá ante las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, el próximo miércoles 25 de los corrientes, a las 10:00 horas, en el patio central del Senado de la República.
Segundo. Con base en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta reunión podrán acudir las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura del Transporte y Servicios Carreteros y de Radio, Televisión y Cinematografía de las cámaras de Diputados y Senadores.
Tercero. El procedimiento para el desarrollo de esta reunión de comisiones será con base a lo dispuesto por el acuerdo suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, de 31 de agosto del presente año, en una primera ronda de intervención para fijar posiciones y una segunda ronda de preguntas, ambas con derecho a réplica, con intervenciones inicial, final y cuando lo estime el secretario del ramo.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Cámara de Senadores remitirá al Presidente de la República la versión estenográfica de la reunión en conferencia con el Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Aprovechamos la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 19 de septiembre de 1996.- Senadores secretarios: José Antonio Valdivia y Alfredo Ling Altamirano.»
De enterado.
PARTIDO DEL TRABAJO
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Escudo Nacional.- LVI Legislatura.- Cámara de Diputados.
Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente de la mesa directiva del mes de septiembre.- Presente.
Por este conducto, hago de su conocimiento que el ciudadano Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, tomo protesta como diputado federal ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el pasado 19 del presente en sustitución del diputado Joaquín Vela González, quien solicitó licencia y quien formaba parte de la Comisión Especial de Seguimiento de las Investigaciones en torno al Asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por lo cual le pido se hagan los trámites correspondientes para que el diputado Fuentes Cárdenas, pase a ser integrante en dicha comisión.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 24 de septiembre de 1996.- Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.»
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
El secretario Emilio Solórzano Solís:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue tumado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la República Oriental del Uruguay, en su Primer Grado, que le confiere el gobierno de la República Oriental del Uruguay.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Medalla de la República Oriental del Uruguay, en su Primer Grado, que le confiere el gobierno de la República Oriental del Uruguay.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfías Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Femández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio,Fernando Pérez Noniega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DEL PERU
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Perú.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Perú.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Henrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Rlo, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo Garcia Cervantes, Juan Antonio Garcia Villa, Luis Garfas Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martfnez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Victor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE CUBA
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el vicealmirante del cuerpo de infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Fraternidad Combativa, que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
La comisión considera cumplidos los requistos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al vicealmirante del cuerpo de infantería de Marina Diplomado de Estado Mayor Mario Francisco Roy Vargas, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Fraternidad Combativa, que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 18 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacío González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfías Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria María Concepción Huerta.Salgado Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
«Comisión de Agricultura.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, con base en lo dispuesto por el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sometido al honorable Congreso de la Unión una iniciativa de decreto de Ley de Variedades Vegetales y para derogar los artículos 12 de la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas y el quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura. Los integrantes de esta comisión, con fundamento en los artículos 42, 43, 48, 54 y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
La comisión para la integración del presente dictamen, llevó a cabo reuniones de trabajo con la presencia de servidores públicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; con académicos de las universidades, Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chapingo, Autónoma Agraria "Antonio Narro", con miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, destaca también la participación de diputados miembros de esta comisión en su calidad de productores y profesionales en la materia. Derivado del análisis efectuado en dichas sesiones, esta comisión concluye.
ANTECEDENTES
En el Estado mexicano, la protección de los derechos de propiedad intelectual se estableció desde la primera época de nuestro país como nación independiente.
Los primeros antecedentes legislativos en esta materia datan de 1832, con la Ley Sobre Derechos de Propiedad de Inventores o Perfeccionadores, cuyos conceptos fueron renovados y perfeccionados con la Ley de Patentes de Privilegios de 1890.
Durante la etapa de transformaciones que se dio en los albores del Siglo XX, en 1903, como resultante del Convenio de París que tuvo como propósito regular la propiedad industrial alrededor del mundo, se hizo necesario adecuar nuestra legislación y se expidió un nuevo ordenamiento denominado Ley de Patentes y Medición.
Después de la Revolución, en 1928, se emitió una Ley de Patentes de Inversión que incorporaba los avances registrados a raíz de la Primera Guerra Mundial y fue la pauta para la expedición de la Ley de Propiedad Industrial de 1943, que se constituyó en una regulación muy avanzada y muy eficaz en su tiempo.
En los últimos años se ha legislado para proteger la propiedad industrial y las patentes: en 1976 se emitió la Ley de Invenciones y Marcas; en 1991 la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cuyo título y contenido fueron reformados para quedar como Ley de la Propiedad Industrial con el texto vigente a partir del 1o. de octubre de 1994.
Cabe mencionar que una de las modificaciones sustanciales de las reformas de 1994, lo fue eliminar la patentabilidad de las variedades vegetales que contemplaba la ley expedida en 1991.
En el conjunto de antecedentes legislativos expuestos en párrafos precedentes, se ha tratado siempre de proteger la propiedad intelectual en materia industrial, teniendo como paralelo los diferentes ordenamientos relativos a los derechos de autor, dejando por fuera la reguiación de los productos de obtenciones e innovaciones en el mundo vegetal, asi como la protección de los derechos correlativos-a tales actividades.
La protección de los derechos sobre obtención de variedades vegetales comienza a perfilarse mundialmente en los años cincuenta. Esta tendencia se desarrolla principalmente en Europa y culmina con la constitución de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en el año de 1961.
En México se hace el primer intento por establecer los derechos de protección a los obtentores de variedades vegetales con la adhesión al acta UPOV 1978, considerando a la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas como instrumento de vinculación.
Es hasta 1991 cuando se retoma la necesidad de expedir la normatividad requerida para proteger los derechos del obtentor. En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial aparecen las variedades vegetales como material patentable, con un defectuoso sistema de protección que pronto se advirtió como inviable, resultando derogado por las reformas de 1994 que en su artículo quinto transitorio estableció que hasta en tanto se expida la ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 o, en su caso, con las de la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas,1991, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibirá las solicitudes de los obtentores de variedades vegetales en todos los géneros y especies y en su momento las remitirá a la autoridad competente para que ésta continúe el trámite.
Posteriormente, ante la inquietud de un grupo de investigadores, esta Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, convocó a un taller de trabajo donde se optó por la conveniencia de acogernos al esquema sui generis a que se refiere el acta de UPOV de 1978, toda vez que la situación del pais, como centro de origen y diversidad en especies vegetales, en contraposición con el nivel y grado de desarrollo en la innovación y transferencia de tecnología, así como las características del intercambio comercial al interior y exterior en el material de propagación de las especies vegetales, ornamentales, alimenticias y otros usos, brindan una ventaja comparativa y complementan otros ordenamientos sobre el uso y manejo de los recursos fitogenéticos y acuerdos internacionales como los de biodiversidad.
En este sentido, el 12 de diciembre de 1995, el Congreso, a través de la Cámara de Senadores, aprobó el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1995.
En mayo de este año, la Cámara de Senadores, a través de las comisiones de: Agricultura; Ciencia y Tecnologia; Ecología y Medio
Ambiente y Silvicultura y Recursos Hidráulicos, organizó un Seminario sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas y su Impacto en la Agricultura y el Medio Ambiente, destacándose en él, con la participación de algunos de los representantes de las instituciones académicas que habían manifestado mayor preocupación sobre esta materia, un consenso genera-lizado en pro de una legislación que la regulara.
CONSIDERACIONES
Atendiendo las necesidades nacionales de integrar los instrumentos que permitan la regulación para: el acceso y uso de los recursos fitogenéticos, la protección en los derechos de los trabajos de los innovadores, las formas de multiplicación de las diversas especies vegetales, los sistemas en el control de calidad y el comercio de las semillas como vehículo de propagación de las variedades vegetales, vemos la necesidad de implementar un instrumento que regule los elementos tendientes a la satisfacción de dichas necesidades.
Es así que nuestro país no puede ni debe quedar a la saga del desarrollo de la biotecnología en los mercados interdependientes, diferenciados por, en unos casos contar con los recursos naturales y en otros con las tecnologías de punta, por lo que tenemos que aprovechar con estricto apego a nuestra soberanía, las ventajas que sin duda significa adecuarse con prontitud a este nuevo contexto.
La participación y el reconocimiento internacional de los agricultores, técnicos y científicos mexicanos en el desarrollo de mejores variedades, son acontecimientos que requieren la distinción por parte del Estado, para incentivar sus logros y promover su inventiva y trabajos para la obtención de nuevas variedades vegetales.
Junto a los esfuerzos internos, deben procurarse todas las vías disponibles que proyecten nuestra agricultura hacia ese nuevo estadío mundial y que retribuyan en beneficios para el sector.
Con fecha 2 de septiembre de 1996, el señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, remitió a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales en cuya exposición de motivos expresó las razones para establecer un instrumento que cumpla con los objetivos antes mencionados.
Como resultado del trabajo de estudio y análisis de la iniciativa, el cual se ha enriquecido con las opiniones vertidas al interior de esta comisión, así como con las consideraciones expresadas por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, se consideró adecuado efectuar modificaciones pertinentes al texto de la iniciativa, que consistieron, unas, como se verá a continuación, en precisiones gramaticales adecuadas y otras, de carácter sustantivo que mejoraron, en su conjunto la propuesta original.
LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
La iniciativa en su articulo 2o. fracción I señala que los "caracteres pertinentes" son "las expresiones fenotípicas propias de la variedad vegetal que permiten su identificación y diferenciación respecto de otras".
Esta comisión propone, para mayor precisión, que considerando que el fenotipo es una expresión de las características genéticas de una variedad y que en la actualidad los avances tecnológicos permiten la identificación de ambas, se modifica el artículo 2o. fracción I para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Caracteres pertinentes: expresiones de fenotipo y genotipo propias de la variedad vegetal, que permiten su identificación y diferenciación respecto de otras:
En el artículo 2o. fracción III, define al "material de propagación" como: "cualquier material de reproducción o multiplicación vegetativa que pueda ser utilizado para la propagación sexual o asexual"; se propone que quede como sigue:
Artículo 2o. Fracción III. Material de propagación: cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas:
En la fracción IV del artículo 2o. Ia iniciativa define que el obtentor es una persona que mediante un proceso de mejoramiento haya creado o descubierto y desarrollado una variedad vegetal. Con el propósito de evitar confusiones en relación al material existente en la naturaleza, esta comisión considera que debe de ser modificado quedando como sigue:
IV. Obtentor: persona que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie:
En la fracción IX del artículo 3o. Ia palabra "inspección" es sustituida por el vocablo "verificación" esto con la finalidad de evitar confusión en la naturaleza del acto administrativo a realizarse, haciéndole acorde en la terminología utilizada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que resulta de aplicación supletoria. Para quedar como sigue:
Artículo 3o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
IX. Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos ordenamientos:
TITULO SEGUNDO
Protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales
CAPITULO I
De los derechos y obligaciones del obtentor
Esta comisión considera conveniente establecer en el artículo 4o. la fracción II, en los incisos a y b una diferenciación más general para los tipos de variedades agrupándolas en perennes forestales, frutícolas, vides, ornamentales y diferentes a éstas, haciendo la precisión de "anuales y bianuales", para este efecto el artículo 4o. queda modificado de la siguiente manera:
Artículo 4o. Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:
a) Dieciocho años para especies perennes forestales, frutícolas, vides, ornamentales y sus portainjertos:
b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior anuales y bianuales.
Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público.
Esta comisión considera que el otorgamiento de los títulos de obtentor es de la mayor importancia, por lo que para dar mayor claridad a la redacción del artículo 7o. se cambian las expresiones "...no antes de..." de la fracción I, incisos a y b, por la de "...dentro de..."; asimismo, para ser congruente con la redacción del artículo 4o. se suprimió la expresión "arboles"; para tal efecto la fracción I incisos a y b del artículo 7o., quedan como sigue:
Artículo 7o. Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:
I. Nueva. Tendrá esta caracteristica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:
a) No se hayan enajenado en territorio nacional o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor:
b) No se hayan enajenado en el extranjero o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de vides, forestales, frutales y ornamentales, incluidos sus portainjertos y dentro de los cuatro años anteriores a la representación de la solicitud, para el resto de las especies.
Para efectos de los incisos a y b anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger.
En la fracción II del mismo artículo 7o., relacionada con la característica de "distinta"; se determina cambiar la redacción "deberán poderse reconocer y describir" por "deberán reconocerse y describirse"; por lo que la redacción que se propone queda de la siguiente manera:
II. Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida.
CAPITULO II
De la solicitud y otorgamiento del título de obtentor
En los casos que se refiere a terceros países se considera conveniente para una mayor precisión anexar las palabras "con los que México tiene o llegare a tener convenios o tratados en la materia"; el artículo 10 se modifica para quedar como sigue:
Artículo 10. Se otorgará el derecho de prioridad al solicitante del título de obtentor que anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en el extranjero en países con los que México tiene o llegare a tener convenios o tratados en la materia.
Esta comisión considera que el artículo 13 del Capítulo ll está relacionado en su redacción con la fracción IV del artículo 2o., donde se realizó el cambio de los términos "creada o descubierta" por el de "obtenida", para hacerlo congruente, debe ser modificado como sigue:
Artículo 13. Cuando una variedad vegetal sea obtenida y desarrollada, por dos o más personas físicas o morales de manera conjunta, deberán precisar en la solicitud la participación que corresponda a cada una y designar a un representante común.
En caso de no designarse expresamente al representante común, se tendrá como tal al primero que se nombre en la solicitud.
En el artículo 14, tercer renglón del párrafo III se incorporó una,"entre las palabras" correspondiente" y "sin consentimiento", con la intención de destacar la ausencia del elemento subjetivo en la persona del obtentor y, principalmente, para indicar con precisión el momento en que aquél jurídicamente queda en aptitud de exigir los daños y perjuicios que se le ocasionen, para quedar como sigue:
Artículo 14. Cuando se cumplan los requisitos de novedad, denominación y llenado formal de la solicitud, la Secretaría expedirá, dentro de los 120 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, una constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor.
El titular de esta constancia se presume obtentor de la variedad vegetal.
Quien aproveche o explote una variedad vegetal o su material de propagación, desde la fecha de expedición de la constancia de presentación y hasta el otorgamiento del título de obtentor correspondiente, sin consentimiento de quien resulte ser el obtentor, será responsable de los daños y perjuicios que origine a éste último. El obtentor podrá exigir, a partir del inicio de la vigencia de su título, tales daños y perjuicios.
En el análisis del artículo 18, se llegó a la conclusión de que es necesaria la información de las característica pertinentes referidas en el artículo 2o. de la iniciativa y se considera el derecho del usuario a la información sobre el producto de consumo, por tal motivo, esta comisión considera necesario agregar al último párrafo de este artículo la expresión "indicando la genealogía y el origen de la variedad". Para quedar como sigue:
Artículo 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La denominación aprobada, cuando se utilice junto con una marca, nombre comercial u otra indicación, deberá ser fácilmente reconocible y distinguible, indicando la genealogía y el origen de la variedad.
CAPITULO IV
De las licencias de emergencia
El artículo 25 párrafo primero, se suprimen las palabras "o de la totalidad", esto tiene como finalidad el asegurar para el Estado la posibilidad de satisfacer las necesidades del pueblo mexicano, ante situaciones extraordinarias, de tal suerte que por su gravedad exijan la adopción de una medida de esta naturaleza que, en otras circunstancias, no se estaría en posibilidad de ejecutarla por ausencia de facultad expresa, la inoperabilidad del supuesto referente a la satisfacción de la totalidad de la población, haría nugatoria la aplicación de esta disposición, por lo que se procedió a su eliminación, modificándose como sigue:
Artículo 25. Para los efectos de esta ley, se entiende que hay circunstancias de emergencia, cuando la explotación de una variedad vegetal se considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o abasto.
En caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, se procederá como si fuere emergencia.
TITULO TERCERO
Del comité calificador de variedades vegetales
CAPITULO UNICO
En la fracción I, del artículo 29, se agregó una "," entre las palabras "más" y "designados" para establecer con precisión la facultad de la Secretaría en cuanto al nombramiento del presidente, secretario técnico y tres representantes más.
En la fracción II, se eliminan las palabras "un representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial", porque, atendiendo a las atribuciones que tiene encomendadas dicha dependencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, carece de injerencia en un comité técnico especializado en materia de variedades vegetales, por lo que el artículo 29 queda de la siguiente manera:
Artículo 29. El comité se integrará con los siguientes miembros propietarios:
I. El presidente, el secretario técnico y tres representantes más, designados por la Secretaría:
II. Un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca:
IV. Un representante de las instituciones nacionales de investigación agrícola.
El comité contará con un secretario de actas, con voz pero sin voto, destinado por el presidente. Por cada propietario se designará a su respectivo suplente.
El cargo de miembro propietario o suplente del comité será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.
TITULO CUARTO
Del registro nacional de variedades vegetales
CAPITULO UNICO
En el inciso c fracción III del artículo 33, se agregaron las palabras "o común" entre las palabras "vulgar" "y" por ser de uso generalizado el empleo de la palabra "común" y "vulgar" como sinónimos en los textos y escritos de carácter técnico relacionados con las nomenclaturas de las especies vegetales:
Articulo 33. La Secretaria establecerá un registro que será público y en el que deberán inscribirse, cuando menos:
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. El título de obtentor, haciéndose constar:
a) La variedad vegetal protegida;
b) La especie a la que pertenece:
c) Su denominación, vulgaro común y científica y cualquier cambio aprobado a esta última:
d) El nombre y domicilio del tHular o titulares o causahabientes de la variedad vegetal, así como el nombre, domicilio y personalidad, en su caso, de su representante legal:
e) La vigencia y demás datos del título de obtentor expedido.
En la disposición de la fracción IV del artículo 34 del Título Cuarto, es conveniente anexar el termino "legales" para evitar confusiones en,la aplicación de este artículo; por lo que queda de la siguiente manera:
Artículo 34. La cancelación de una inscripción en el registro procederá en cualquiera de los siguientes casos:
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. En los demás casos que se prevean en esta ley y en otros ordenamientos legales.
En el artículo 37 se señala que la Secretaría publicará, por medio de una gaceta o a través de los medios que considere idóneos, las inscripciones que se realicen en el registro..., esta comisión propone utilizar el Diario Of cial de la Federación. El artículo 37, debe de quedar de la siguiente manera:
Artículo 37. La Secretaría publicará, en el Diario OfIcial de la Federación y en los medios que considere idóneos, las inscripciones que se realicen en el registro, las solicitudes de título de obtentor y cualquier información que considere de interés sobre la materia de la presente ley.
TITULO QUINTO
Procedimientos administrativos
CAPITULO UNICO
En el artículo 38, en el tercer renglón se sustituyen las palabras "arreglo a la", por las palabras "apego a ésta", por considerarse que es más adecuado su uso en cuanto al carácter imperativo de la observancia de la ley para quedar como:
Artículo 38. Los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones que establece esta ley, se substanciarán y resolverán con apego a esta ley y, en lo no previsto, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En el artículo 40, primer renglón del primer párrafo se sustituye la palabra "sustanciación" por la palabra "sustanciación" con la finalidad de uniformar la mención de ésta en el texto de la ley. Quedando su redacción como sigue:
Artículo 40. La Secretaría podrá revocar, previa sustanciación del procedimiento respectivo, un título de obtentor en cualquier momento por cualquiera de las siguientes circunstancias:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el artículo 41 del Título Quinto, relacionado con los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones al referirse a los días de plazo que tiene la contraparte o posible perjudicado, para manifestarse por escrito después de notificado, esta comisión considera necesario incluir el térmir,o "hábiles", para claridad de los interesados y actuar de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, quedando de la siguiente manera:
Artículo 41. En los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones, se notificará a la contraparte o al posible perjudicado para que, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.
En el artículo 43 del primer párrafo, se sustituye la palabra "requerida" por"solicitada", con el objetivo de evitar el impacto fonético con el resto de la expresión "y demás requisitos..."; a tal efecto se modifica y queda como sigue:
Articulo 43. La Secretaría podrá ordenar las medidas provisionales a que se refiere el artículo anterior, previa solicitud del interesado. Para tales efectos, el solicitante deberá acreditar la existencia de una violación a sus derechos o que ésta sea inminente o la posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren, así como cumplir con el otorgamiento de una fianza, proporcionando la información que le sea solicitada y demás requisitos que determinen las disposiciones legales.
El artículo 48, en el párrafo final, penúltimo renglón, se agrega la palabra "se" entre las palabras "reincidencia," y"aplicará", con la finalidad de concretizar la acción del verbo principal de la disposición, quedando de la siguiente manera:
Artículo 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioecómica del infractor. En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda."
TRANSITORIOS
Del artículo quinto transitorio
Al final del último párrafo y después del punto, se agrega la expresión "los derechos adquiridos por las patentes que se hubieren otorgado serán respetados íntegramente".
Quinto. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial remitirá a la Secretaría, dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente ley, las solicitudes de los obtentores de variedades vegetales en todos los géneros y especies, que le hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fornento y Protección de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Ofcial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
Respecto de las solicitudes de patentes para proteger variedades vegetales que se encuentren en trámite al amparo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los solicitantes podrán acogerse a los beneficios que otorga este ordenamiento dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, mediante petición por escrito presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Los derechos adquiridos por las patentes que se hubieren otorgado serán respetados íntegramente. En razón de lo anterior esta comisión pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente
LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto fjar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Caracteres pertinentes: expresiones del fenotipo y genotipo propias de la variedad vegetal, que permiten su identificación y diferenciación respecto de otras:
II. Comité: el Comité Calificador de Variedades Vegetales:
III. Material de propagación: cualquier material de reproducción sexual o asexual que pueda ser utilizado para la producción o multiplicación de una variedad vegetal, incluyendo semillas para siembra y cualquier planta entera o parte de ella de la cual sea posible obtener plantas enteras o semillas:
IV. Obtentor: persona que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie:
V. Proceso de mejoramiento: técnica o conjunto de técnicas y procedimientos que permitan desarrollar una variedad vegetal y que hacen posible su protección por ser nueva, distinta, estable y homogénea:
VI. Registro: el Registro Nacional de Variedades Vegetales a que se refiere el artículo 33 de esta ley;
VII. Secretaría: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:
VIII. Título de obtentor: documento expedido por la Secretaría en el que se reconoce y ampara el derecho del obtentor de una variedad vegetal, nueva, distinta, estable y homogénea:
IX. Variedad vegetal: subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea.
Artículo 3o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado:
II. Tramitar la solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen del comité, sobre la expedición del título de obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento:
III. Expedir las licencias de emergencia en los casos que se señalan en esta ley:
IV. Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan lo errores administrativos de los datos registrados y de los documentos que expida la Secretaría:
V. Difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas, en los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de esta ley:
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan y verificar su cumplimiento:
VII. Actuar como ámbito en la resolución de controversias que le sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela esta ley, así como en todos aquellos asuntos relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y que no se prevean en la misma o en su reglamento:
VIII. Resolver los recursos administrativos relativos a la aplicación de esta ley:
IX. Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dicho ordenamiento:
X. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias con instituciones de otros países, encargadas del registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transparencia de metodología de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en la materia:
XI. Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos.
TITULO SEGUNDO
Protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales
CAPITULO I
De los derechos y obligaciones del obtentor
Artículo 4o. Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:
I. Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e imprescriptible:
II. Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reprodución, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:
a) Dieciocho años para especies perennes forestales, frutícolas, vides ornamentales y sus portainjertos y
b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior anuales y bianuales.
Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público.
Artículo 5o. No se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla:
I. Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales:
II. En la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para consumo o siembra, conforme al reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría o III. Para el consumo humano o animal, que beneficie exclusivamente a quien la cosecha.
Artículo 6o. El obtentor podrá renunciar a los derechos que le confiere la fracción 11 del artículo 4o de esta ley. La renuncia deberá constar por escrito y para su validez deberá inscribirse en el registro. Será irrevocable y el aprovechamiento y explotación de la variedad vegetal y de su material de propagación pasarán a formar parte del dominio público.
Artículo 7o. Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:
I. Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:
a) No se hayan enajenado en territorio nacional o bien, se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor:
b) No se hayan enajenado en el extranjero o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de vides, forestales, frutales y ornamentales, incluidos sus portainjertos y dentro de los cuatro años anteriores a la presentadón de la solicitud, para el resto de las especies.
Para efectos de los incisos a y b anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger:
II. Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquier otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida:
III. Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas:
IV. Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.
CAPITUL0 II
De la solicitud y otorgamiento del título de obtentor
Artículo 8o. La Secretaría recibirá y tramitará las solicitudes de expedición de los títulos de obtentor. Para tal efecto, podrá requerir que se le entregue la variedad vegetal o su material de propagación en las cantidades que considere conveniente y, en su caso, los documentos e información complementarios que estime necesarios para verificar si se cumple con los requisitos legales, reglamentarios y las normas oficiales mexicanas.
Las solicitudes quedarán sin efecto de no cumplir el solicitant,e con los requerimientos que se le hubiesen formulado en un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de dichos requerimientos.
Artículo 9o. En la solicitud del título de obtentor se propondrá una denominación de la variedad, la cual para ser aprobada, deberá ser diferente a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero, cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley y no ser idéntica o similaren grado de confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial.
En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos anteriores, la Secretaría la rechazará y exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales.
Artículo 10. Se otorgará el derecho de prioridad al solicitante del título de obtentor que anteriormente hubiese formulado la misma solicitud en el extranjero en países con los que México tiene o llegare a tener convenios o tratados en la materia.
La prioridad consistirá en que se le podrá reconocer como fecha de presentación aquélla en que lo hubiese hecho en otro país, siempre que no hayan transcurrido 12 meses.
Artículo 11. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Que al solicitar el título de obtentor, se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país:
II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero:
III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentadón de la solicitud, se cumpla con los requisitos que señalen los tratados internacionales, esta ley y su reglamento.
Artículo 12. La verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 7o. y 9o. de esta ley estará a cargo del comité, con base en lo que establezca el reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas correspondientes.
Una vez cumplidos todos los requisitos, la Secretaría expedirá el título de obtentor, que reconocerá y amparará los derechos a que se refiere el artículo 4o. de esta ley.
Artículo 13. Cuando una variedad vegetal sea obtenida y desarrollada, por dos o más personas fisicas o morales de manera conjunta, deberán precisar en la solicitud la participación que corresponda a cada una y designar a un representante común.
En caso de no designarse expresamente al representante común, se tendrá como tal al primero que se nombre en la solicitud.
Artículo 14. Cuando se cumplan los requisitos de novedad, denominación y llenado formal de la solicitud, la Secretaría expedirá, dentro de los 120 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, una constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor.
El titular de esta constancia se presume obtentor de la variedad vegetal.
Quien aproveche o explote una variedad vegetal o su material de propagación, desde la fecha de expedición de la constancia de presentación y hasta el otorgamiento del título de obtentor correspondiente, sin consentimiento de quien resulte ser el obtentor, será responsable de los daños y perjuicios que origine a este último. El obtentor podrá exigir, a partir del inicio de la vigencia de su título, tales daños y perjuicios.
Artículo 15. Durante el periodo de vigencia del título de obtentor, la Secretaría estará facultada para comparar los caracteres pertinentes de la variedad vegetal, con los correspondientes caracteres pertinentes tomados en cuenta en el momento de otorgar el título de obtentor. Al efecto, el obtentor tendrá la obligación de proporcionar el material de propagación y la información que al respecto solicite la Secretaría, así como de permitir la práctica de las visitas de verificación.
Para efectos de lo anterior, la Secretaría podrá, en caso necesario, solicitar la intervención del comité.
Artículo 16. Para mantener la vigencia del título de obtentor, el obtentor o, en su caso, el causahabiente, deberá pagar los derechos que señale la Ley Federal de Derechos.
Artículo 17. La constancia de presentación y el título de obtentor quedarán sin efecto al vencimiento de su vigencia. La constancia caducará cuando el interesado no la recoja dentro de los 12 meses siguientes a partirde la fecha en que se le notifique su expedición.
Artículo 18. Emitido el título de obtentor, la denominación quedará firme e inalterable, aun cuando expire la vigencia del mismo y la variedad vegetal pase al dominio público.
Toda persona que use o aproveche la variedad vegetal para cualquier propósito, estará obligada a utilizar y respetar la denominacion aprobada.
La denominación aprobada, cuando se utilice junto con una marca, nombre comercial u otra indicación, deberá ser fácilmente reconocible y distinguible, indicando la genealogía y el origen de la variedad.
CAPITULO III
De la transmisión de derechos
Artículo 19. Los derechos que confiere el título de obtentor, con excepción del derecho a que se refiere la fracción I del artículo 4o. de esta ley, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente, mediante cualquier título legal, ante fedatario público.
Artículo 20. En el caso de la transmisión de los derechos a que se refiere la fracción ll del artículo 40. de esta ley, el beneficiario, cesionario o causahabiente de dichos derechos estará obligado a proporcionar a la Secretaría:
I. Su nombre, nacionalidad y domicilio:
II. Un ejemplar del documento en el que conste la transmisión de los derechos y que incluya todas las obligaciones y derechos que se deriven de la transmisión:
III. Un documento donde se asuma la obligación de mantener los caracteres pertinentes de la variedad vegetal o su material de propagación en caso de que se comercialicen y exploten.
Artículo 21. En caso de una transmisión total, el beneficiario, cesionario o causahabiente asumirá todas las obligaciones y derechos que deriven del título de obtentor, con excepción del derecho a que se refiere la fracción I del artículo 4o. de esta ley.
Artículo 22. Las transmisiones de derechos no excluyen la posibilidad de que dichos derechos se otorguen a otros o que los explote el obtentor por sí mismo, salvo estipulación en contrario.
Procederá la inscripción en el registro de las transmisiones de derechos, cuando se cumpla con los requisitos mencionados en el artículo 20 de la presente ley.
Artículo 23. El beneficiario, cesionario o causahabiente podrá ejercitar las acciones legales de protección a los derechos del obtentor como si fuera el titular, salvo pacto en contrario.
Artículo 24. La persona que reciba material etiquetado, ya sea de una variedad vegetal o de su material de propagación, en donde se hagan constar claramente y se especifiquen las restricciones para su uso, será responsable por el uso o aprovechamiento que se haga de manera distinta a lo especificado en la etiqueta.
CAPITULO IV
De las licencias de emergencia
Artículo 25. Para los efectos de esta ley, se entiende que hay circunstancias de emergencia, cuando la explotación de una variedad vegetal se considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o abasto.
En caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título de obtentor, se procederá como si fuere emergencia.
Artículo 26. En caso de emergencia, la Secretaría procederá en los términos siguientes:
I. Informará al titular de la variedad vegetal o a las personas autorizadas por él, de la situación de emergencia y de la necesidad de disponer de la variedad vegetal en las cantidades suficientes que a juicio de la Secretaría cubran la emergencia. En caso de que muestren su interés en cubrir la emergencia deberán obligarse a cubrirla en los términos que establezca la Secretaría:
II. En caso de que el titular de la variedad vegetal o sus causahabientes manifiesten no tener posibilidades o interés en hacerlo, la
Secretaría convocará, mediante licitación pública,a terceros que tengan interés en hacerlo:
III. El derecho a cubrir la emergencia se otorgará mediante una licencia, por plazo determinado, previo el cumplimiento de los.requisitos que la Secretaría señale en las convocatorias entre los que se deberá prever el pago de una compensación a cargo del licenciatario y a favor del titular de la variedad vegetal o su causahabiente:
IV. Al concluir el plazo para el que fue otorgada la licencia de emergencia, el titular de la variedad vegetal recuperará plenamente sus derechos.
Artículo 27. El titular de la variedad vegetal sobre la cual se otorgue una licencia de emergencia, tendrá la obligación de proporcionar al licenciatario el material de propagación. En ningún caso podrá éste hacer uso de la variedad o del material de propagación para un fin diverso al de la emergencia.
Artículo 28. En las situaciones en que, por la gravedad y magnitud de la emergencia, un solo licenciatario no pueda hacer frente a la misma, la Secretaría podrá hacer extensiva la licencia a dos o más interesados para que, en forma simultánea, realicen lo necesario para cubrirla.
TITULO TERCERO
Del comité calificador de variedades vegetales
CAPITULO UNICO
Artículo 29. El comité se integrará con los siguientes miembros propietarios:
I. El presidente, el secretario técnico y tres representantes más, designados por la Secretaría:
II. Un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:
III. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca:
IV. Un representante de las instituciones nacionales de investigación agrícola.
El comité contará con un secretario de actas, con voz pero sin voto, designado por el presidente. Por cada propietario se designará a su respectivo suplente.
El cargo de miembro propietario o suplente del comité será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.
Artículo 30. Las funciones del comité serán las siguientes:
I. Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el registro:
II. Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o de laboratorio:
III. Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción:
IV. Las demás que señale el reglamento de la presente ley.
Artículo 31. El comité se reunirá por lo menos cuatro veces al año cuando tenga dos o más asuntos a tratar, pudiendo sesionar cuantas veces sea convocado por su presidente. Las resoluciones se tomarán por los votos de dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 32. Para auxiliarse en sus funciones, el comité podrá constituir grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o especie.
TITULO CUARTO
Del Registro Nacional de Variedades Vegetales
CAPITULO UNICO
Artículo 33. La Secretaría establecerá un registro que será público y en el que deberán inscribirse, cuando menos:
I. La solicitud de expedición del título de obtentor:
II. La constancia de presentación;
III. El título de obtentor, haciéndose constar:
a)La variedad vegetal protegida:
b) La especie a la que pertenece:
c) Su denominación, vulgar o común y científica y cualquier cambio aprobado a esta última:
d) El nombre y domicilio del titular o titulares o causahabientes de la variedad vegetal, así como el nombre, domicilio y personalidad, en su caso, de su representante legal:
e) La vigencia y demás datos del título de obtentor expedido:
IV. La renuncia de los derechos que confiere la fracción II del artículo 4o. de esta ley:
V. Las transmisiones y gravámenes que, en su caso, se realicen de los derechos a que se refiere la fracción II del artículo 4o. de esta ley:
VI. La expedición de licencias de emergencia a que se refiere esta ley:
VII. El fin de la vigencia de la constancia de presentación o del título de obtentor, ya sea por caducidad o por vencimiento del plazo respectivo, así como la inscripción preventiva de los procedimientos de nulidad y revocación de un título de obtentor y su resolución definitiva:
VIII. La declaratoria en la que se establezca que las variedades vegetales han pasado al dominio público.
Artículo 34. La cancelación de una inscripción en el registro procederá en cualquiera de los siguientes casos:
I. Tratándose de transmisiones de derechos, cuando la soliciten conjuntamente el obtentor y la persona a la que se le haya transmitido el derecho respectivo:
II. Por nulidad, caducidad o revocación:
III. Por orden judicial:
IV. En los demás casos que se prevean en esta ley y en otros ordenamientos legales.
Artículo 35. Para que surtan efectos contra terceros, tanto los títulos de obtentor como la transmisión de derechos, deberán constar en el registro.
Artículo 36. La Secretaría garantizará el acceso a la información contenida en las inscripciones del registro.
Artículo 37. La Secretaría publicará, en el Diario Oficial de la Federación y en los medios que considere idóneos, las inscripciones que se realicen en el registro, las solicitudes de título de obtentor y cualquier información que considere de interés sobre la materia de la presente ley.
TITULO QUINTO
Procedimientos administrativos
CAPITULO UNICO
Artículo 38. Los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con apego a esta ley y en lo no previsto, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 39. Si se comprueba que los requisitos establecidos en el artículo 7o. de esta ley no fueron cumplidos en el momento del otorgamiento del título de obtentor, la Secretaría declarará la nulidad de dicho título, previa sustanciación del procedimiento respectivo.
Cualquier persona podrá hacer del conocimiento de la Secretaría la existencia de hechos que puedan dar lugar a la nulidad de un título de obtentor.
Artículo 40. La Secretaría podrá revocar, previa sustanciación del procedimiento respectivo, un título de obtentor en cualquier momento por cualquiera de las siguientes circunstancias:
I. Cuando durante dos años no se cubran los derechos a que se refiere el artículo 16 de esta ley:
II. Cuando se compruebe que se han alterado los caracteres pertinentes de la variedad vegetal:
III. Cuando el titular no entregue a la Secretaría el material de propagación que permita obtener la variedad vegetal con sus caracteres pertinentes, tal y como hayan sido definidos alconcederse el título de obtentor, transcurridos seis meses de la fecha en que fue requerido:
IV. Cuando se compruebe que la variedad vegetal ha dejado de cumplir con los requisitos señalados en las fracciones III y IV del artículo 7o. de esta ley.
Artículo 41. En los procedimientos administrativos de nulidad, revocación e imposición de sanciones, se notificará a la contraparte o al posible perjudicado para que, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.
Artículo 42. En los procedimientos administrativos por la imposición de sanciones por las infracciones que establece esta ley, la Secretaría podrá adoptar, además, las siguientes medidas provisionales:
I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de variedades vegetales o material de propagación, con los que se infrinjan los derechos tutelados por esta ley:
II. Ordenar que se retiren de la circulación los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares, con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados por esta ley:
III. Asegurar los bienes objeto de la violación de los derechos que protege esta ley:
IV. Ordenar al presunto infractor la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta ley.
En caso de que se haya aplicado cualquiera de estas medidas, se notificará a la parte afectada y a los interesados, haciéndose constar esta circunstancia en el acta que al efecto se levante.
Si la variedad vegetal o su material de propagación se encuentra en el comercio, los comerciantes tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación a partir de la fecha en que se le notifique la resolución.
Igual obligación tendrán los productores, viveristas, fabricantes, importadores y sus distribuidores. quienes serán responsables de recuperar de inmediato las variedades vegetales o su material de propagación que ya se encuentren en el comercio.
Artículo 43. La Secretaría podrá ordenar las medidas provisionales a que s.e refiere el artículo anterior, previa solicitud del interesado. Para tales efectos, el solicitante deberá acreditar la existencia de una violación a sus derechos o que ésta sea inminente, o la posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren, así como cumplir con el otorgamiento de una fianza, proporcionando la información que le sea solicitada y demás requisitos que determinen las disposiciones legales.
La persona contra la que se haya adoptado la medida provisional, podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.
Artículo 44. El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 42 de esta ley, será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:
I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia, declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida:
II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese iniciado el procedimiento administrativo ante la Secretaría respecto del fondo de la controversia dentro de un plazo de 20 días, contado a partir de la ejecución de la medida.
Artículo 45. El destino de los bienes asegurados, así como lo relativo al otorgamiento y aplicación de la fianza y contrafianza, será conforme a lo que disponga el reglamento de esta ley.
Artículo 46. Cuando la Secretaría actúe como árbitro, se integrará una comisión arbitral, presidida por el titular de la Dirección General Jurídica de la propia Secretaría.
Artículo 47. La comisión arbitral actuará coma amigable componedor o bien, como árbitro de estricto derecho, según lo acuerden las partes.
Resolverá los asuntos con arreglo a lo dispuesto en esta ley y su reglamento.
TITULO SEXTO
De las infracciones
CAPITULO UNICO
Artículo 48. La Secretaría impondrá, con arreglo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por las infracciones que a continuación se indican y las multas siguientes:
I. Modificar la denominación de la variedad vegetal protegida sin autorización de la Secretaría, de 200 a 2 mil días de salario mínimo:
II. Ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida sin serlo, de 500 a 3 mil días de salario mínimo:
III . Divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo sea o bien, divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia nacional cuando no lo sea, de 300 a 3 mil días de salario mínimo:
IV. Oponerse a las visitas de verificación que se realicen conforme a esta ley y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 300 a 3 mil días de salario mínimo:
V. Explotar comercialmente las características o contenido de una variedad vegetal protegida, atribuyéndolas a otra variedad vegetal que no lo esté, de 1 mil a 10 mil días de salario mínimo:
VI. Dejar de cumplir o violar las medidas establecidas en el artículo 42 de esta ley, de 1 mil a 10 mil días de salario mínimo:
VII. Aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida o su material de propagación, para su producción distribución o venta sin la autorización del titular, de 2 mil a 10 mil días de salario mínimo:
VIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley y su reglamento, de 200 a 5 mil días de salario mínimo.
Para estos efectos, se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de infracción.
Para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor. En caso de reincidencia, se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Ofcial de la Federación.
Segundo. En tanto el Ejecutivo Federal expida el reglamento de la presente ley, se aplicarán, de manera supletoria y en lo que no la contravengan, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial.
Tercero. Se derogan los artículos 12 de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas y quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, así como todas las demás disposiciones administrativas que se opongan a la presente ley.
Cuarto. Las variedades vegetales que hayan sido inscritas en el Registro Nacional de Variedades de Plantas al que se refiere la Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, serán susceptibles de otorgamiento de título de obtentor, previo cumplimiento de las condiciones previstas en esta ley. La duración de la protección de los derechos será conforme a lo establecido en el artículo 4o. de esta ley, tomando en cuenta la fecha en que fue asignado el número de registro en el Registro Nacional de Variedades de Plantas. Los derechos adquiridos por dicha asignación serán respetados integramente.
Quinto. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial remitirá a la Secretaría, dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente ley, las solicitudes de los obtentores de variedades vegetales en todos los géneros y especies, que le hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.
Respecto de las solicitudes de patentes para proteger variedades vegetales que se encuentren en trámite al amparo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, los solicitantes podrán acogerse a los beneficios que otorga este ordenamiento dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, mediante petición por escrito presentada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Los derechos adquiridos por las patentes que se hubieren otorgado serán respetados íntegramente.
Sexto. La Secretaría reconocerá el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 10 de esta ley, respecto de las solicitudes de protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales, presentadas en otros paises a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D. F. a 19 de septiembre de 1996.- Diputados: Rafael Ceballos Cancino, presidente; Salvador Becerra Rodríguez; Miguel Ortiz Jongitud, Eric Eber Villanueva Mukul, José Santos Ramos Damián, José Narro Céspedes, secretarios; Manuel Pérez Bonilla, Alfonso Garzón Santibáñez, José Luis González Aguilera, Juan Leyva Mendívil, Germán Jiménez Gómez, Jorge de J. Castillo Cabrera, Sergio 1. Ramírez Vargas, Enrique Romero Montano, Gerardo R. Flores González, Rafael Ruvalcaba León, Jesús Siller Rojas, Ezequiel Espinosa Mejia, Guadalupe Flores Valdez, Héctor Hugo Olivares Ventura, Rodimiro Amaya Téllez, Jorge Nieto Guzmán, José Luis Galeazzi Berra, Fernando Rivadeneira y Rivas, Zenen Xochihua Valdez, Eduardo Cárdenas Lebrija, Flavio Sosa Villavicencio, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Martin Equihua Equihua y Lauro Norzagaray Norzagaray.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Rafael Ceballos Cancino, para fundarnentar el dictamen, de confommidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rafael Ceballos Cancino:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea; compañeras y compañeros diputados:
A la Comisión de Agricultura le fue turnada la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales, en la que se incluye la derogación de los artículos 12 de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas y el quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994. Dicha iniciativa fue recibida con fecha 2 de septiembre del año en curso.
La comisión para la integración del dictamen llevó a cabo reuniones de trabajo con la presencia de servidores públicos de la Secretaría de Agricultura, con académicos de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chapingo, Autónoma Agraria Antonio Narro, así como con miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Destaca también la participación de diputados miembros de esta comisión en su calidad de productores y profesionales en la materia.
La complejidad técnica y por el hecho de ser una ley nueva, obligá a continuar la revisión y el análisis de la misma entre la primera lectura y esta segunda, por lo que la comisión en consenso determinó seguir trabajando para aportar nuevos elementos que la fortalezcan.
El trabajo legislativo se desarrolló siempre bajo la perspectiva de la más completa apertura, por lo que considerando la práctica parlamentaria, esta comisión procedió a hacer suyas las propuestas y se solicita se incorporen al decreto que se discute las siguientes:
Esta comisión considera que para ser más precisos en los términos que se emplean, es necesario modificar el artículo 2o. fracción I, en donde se dice "expresiones del fenotivo y genotivo", deberá cambiarse por"expresiones fenotípicas y genotípicas". Asimismo, la fracción
IV del mismo artículo, dice "persona", sin mayor especificación, por lo que deberá clarificarse agregando las palabras "flsica o moral", para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por, fracción I, caracteres pertinentes, expresiones fenotípicas y genotípicas, propias de la variedad vegetal que permiten su identificación.
Fracción IV. Obtentor, persona flsica o moral que, mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie." Con objeto de tener un control sobre la investigación, producto de convenios o tratados internacionales o investigadores privados, el artículo 3o. fracción X, deberá agregarse la siguiente aclaración: "...así como llevar un catálogo de los investigadores extranjeros".
Asimismo, uno de los motivos importantes de esta ley es proteger la biodiversidad vegetal, así como a sus usuarios tradicionales.
Es necesario precisar la responsabilidad del Estado de protegerlas, por lo que se cambia el texto de la fracción Xl de la siguiente forma: "...proteger la biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo, derecho que deberá de expresarse claramente en el reglamento de esta ley". Y consecuentemente el contenido de la anterior fracción XI no se modifica y pasa a ser la fracción XII, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: fracción X. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de expresiones, de experiencias con instituciones de otros países, encargadas del registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la capacitación y el entrenamiento profesional del personal, la transferencia de metodología, de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en la materia, así como llevar un catálogo de los investigadores extranjeros.
XI. Proteger la biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público y que las comunidades tendrán el derecho de explorarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo, derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley:
XII. Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos." En el artículo 4o., para especificar el gnupo de especies perennes a que se refiere esta ley, en el inciso a de la fracción II, deben cerrarse a dicho grupo, es decir, forestales, fructícolas, vides, omamentales y en el inciso b, es innecesario que lleve las palabras "anuales y bianuales", ya que al hablar de especies, no incluidas en el inciso anterior, se entiende que son todas las otras.
Por lo tanto, debe quedar como sigue: "Artículo 4o. Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:
a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, fructícolas, vides, omamentales) y sus portainjertos:
b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.
Para ser congruentes con la redacción del artículo 4o., el artículo 7o. deberá modificarse en su inciso b, agregando la palabra "perenne" y encerrando entre paréntesis al grupo de especies, para quedar como sigue:
"Artículo 7o. Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:
Inciso b: No se hayan enajenado en el extranjero o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud. Para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud para el resto de las especies.
Para tener una estrecha vinculación con la fracción X del artículo 3o., el artículo 9o. debe modificarse, agregando al final del primer párrafo del mismo la frase:
"En la solicitud se deberá especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal", para quedar de la siguiente forma:
"Artículo 9o. La solicitud del título de obtentor propondrá una denominación de la variedad, la cual para ser aprobada deberá ser diferente a cualquier otra existente en el país o en el extranjero. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley y no ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la ley de propiedad industrial. En la solicitud se deberá especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal."
En la fracción IV del artículo 29 debe especificarse el carácter de la institución de que se trata, por lo que deberá adicionarse la palabra "públicas", para quedar:
"Artículo 29. El comité se integrará con los siguientes miembros propietarios: fracción IV. Un representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola."
Para que la participación de los productores se asegure, el artículo 32 se debe modificar en su parte final, agregando el texto:
"Los productores de cada género o especie, podrán nombrar un especialista representante para integrar dichos grupos de apoyo, de acuerdo al reglamento respectivo", para quedar como sigue:
"Artículo 32. Para auxiliarse en sus funciones el comité podrá constituir grupos de apoyo técnico compuestos por especialistas en cada género o especie; los productores de cada género o especie, podrán nombrar un especialista representante para integrar dichos grupos de apoyo, de acuerdo al reglamento respectivo."
Esta comisión ha detemminado por consenso, que en virtud de que muchos de los artículos de la ley se refieren al reglamento respectivo, hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal, para que a la mayor brevedad posible, pueda ser expedido dicho reglamento, para que la presente ley pueda funcionar a plenitud.
Por lo anterior expuesto, esta comisión propone que estas modificaciones se integren al decreto para su discusión y votación. En este acto hago entrega a la Secretaría de dichas modificaciones.
Quiero hacer notar, compañeras y compañeros diputados, que con el consenso de las cuatro fracciones parlamentarias se modificaron más del 70% de los artículos de esta iniciativa en donde para cada uno de ellos se encuentra su fundamentación en forma clara, sencilla y objetiva, por lo que la Comisión de Agricultura solicita a esta honorable Asamblea votar a favor del dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión.
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores:
Por el Partido del Trabajo, diputado José Narro Céspedes; por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Eric Eber Villanueva Mukul; por el Partido Acción Nacional, diputado Jorge Ricardo Nieto Guzmán y por el Partido Revolucionario Institucional diputado Miguel Ortiz Jongitud.
Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes:
El diputado José Narro Céspedes:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El dictamen que hoy se discute ante el pleno de esta Cámara, desde el punto de vista del Partido del Trabajo viene a cubrir el vacío dejado por las reformas realizadas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en el año de 1994. De las modificaciones realizadas en aquella ocasión, se dejó de lado lo correspondiente a la patentabilidad de las variedades vegetales.
A pesar de las diferencias que pudiéramos tener en torno a la Ley Federal de Variedades Vegetales que envió como iniciativa el Ejecutivo y que como se mencionó fue enriquecida por la Comisión de Agricultura de esta legislatura, y ante la delicada situación que vive el campo mexicano, el Partido del Trabajo plantea que cualquier medida que fortalezca las actividades de los productores agrícolas como ésta, deben ser bien recibidas.
Ciertamente, expresamos y compartimos diversos señalamientos en torno a este paso, sobre todo si reconocemos que nuestros investigadores dedicados a las tareas de la biotecnología y biogenética, así como los diversos productores rurales, no cuentan con los estímulos suficientes para desarrollar los trabajos e investigaciones necesarios. En los hechos, se está protegiendo una actividad que el Gobierno mexicano no alienta con la contundencia que exigen las necesidades de la nación.
Proteger los derechos de los innovadores, garantizar el acceso y uso adecuado de los recursos fitogenéticos, realizar un control estricto de la calidad y el comercio de las semillas, son actividades que deben estar reguladas con el objetivo de alentar la producción nacional y garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de los mexicanos.
Respecto a la ley que hoy discutimos, planteamos los siguientes señalamientos:
1o. Desde nuestro punto de vista la definición de obtentor en el artículo 2o. como persona física y moral, reconoce la realidad del campo mexicano en el sentido de la existencia de múltiples productores asociados en torno a diversas agrupaciones que desarrollan actividades de investigación y obtención de variedades vegetales.
Precisar al obtentor como persona flsica y moral, es una fórmula afortunada y acorde a la realidad nacional.
2o. Por otra parte, consideramos de suma importancia que el comité calificador de variedades vegetales incluya representantes de las diversas agrupaciones agrícolas por ser ellos quienes participan directamente en el proceso que se busca proteger.
3o. El campo mexicano padece una severa crisis productiva asociada a diversas causas: la falta de crédito, carteras vencidas, agotamiento de la tierra, inclemencia del tiempo (la sequía), vetustas formas productivas etcétera.
Esta situación y la posibilidad de situaciones extraordinarias que impiden la producción necesaria y suficiente para el consumo nacional en diversos rubros, obligan a la nueva ley el establecimiento de las licencias de emergencia.
Para el Partido del Trabajo, si bien esto es correcto y de suma importancia, consideramos que la ley debería establecer tiempos menores para el usufructo del título de obtentor a fin de evitar y por tanto prevenir que esto se convierta en factor que desaliente la actividad productiva.
La ley que hoy se discute alude en distintos momentos al reglamento que el Ejecutivo tiene que elaborar. A este respecto y ante la especificidad que demanda la ley federal de variedades vegetales, conminamos al Ejecutivo a enviar a la brevedad posible, el reglamento respectivo.
El Partido del Trabajo, como señalamos al principio, reconoce el esfuerzo por llenar el vacío que existe en esta materia con la ley en cuestión. Pero tampoco puede dejar de subrayar que esta actividad no es alentada en la medida necesaria y que falta una política más agresiva por parte de instituciones como el Conacyt y la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para enfrentar uno de los más severos problemas del campo.
El Partido del Trabajo precisa y señala lo siguiente: nos parece importante proteger y fortalecer la biodiversidad con la que contamos los mexicanos como parte de nuestro patrimonio. Genéticamente somos uno de los países con mayor riqueza en la biodiversidad que nos brindó la naturaleza.
Esta ley, esta propuesta de ley, esta iniciativa, tiende a proteger tanto a los investigadores como a la riqueza con la que contamos los mexicanos. El hecho de haber incluido también a las organizaciones de productores en los comités y en los organismos responsables, nos parece también de suma importancia.
También habría que señalar que la protección que se le da a los investigadores en contraposición del apropiamiento que generalmente hacen las grandes empresas transnacionales o las arandes compañías del extranjero en México. Esto obliga de alguna forma a estas empresas a inscribir los resultados de su investigación y ponerlos al servicio de los mexicanos.
Y habría que subrayar el hecho también del trabajo que se desarrolló en la comisión en forma tal que se fortaleció la democracia y logremos traer ante este pleno, una propuesta de iniciativa por consenso de todas las fracciones parlamentarias. Creemos que esto es seguir fortaleciendo la vía política de diálogo y de consensos entre los mexicanos. El papel que desarrolló el conjunto de la comisión y su presidencia, es de hacer notar, porque fue lo que permitió arribar a acuerdos entre todas las fracciones, a pesar de los obstáculos que hubo por parte de la Secretaría de Agricultura, de algunas personas de esta Secretaría.
Ante esto, el Partido del Trabajo manifiesta ante este pleno, que va a votar a favor en lo general y en lo particular de esta iniciativa de ley.
Muchas gracias.
El Presidente:
Después de fijada la posición por el Partido del Trabajo, con el mismo objeto se concede la palabra al diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:
Gracias, señor Presidente:
Efectivamente, como han dicho los oradores que me antecedieron, la discusión de la Ley Federal de Variedades Vegetales, no es cosa menor, aunque sus aspectos técnicos parezcan precisamente un trabajo que compete a los especialistas.
En el mundo existen aproximadamente 250 mil variedades vegetales. México cuenta con una de las riquezas de la biodiversidad vegetal más importante del planeta: 40 mil de esas variedades se encuentran en nuestro país. Pero de ésas 40 mil variedades, nuestros investigadores, nuestras instituciones públicas que se encargan de esta materia, sólo tienen conocimiento aproximadamente de unas 200, lo que significa nada más el .01 del porcentaje del total.
Esto significa que nos hace falta conocer el 99.9 de nuestra biodiversidad vegetal. Por eso la ley de los obtentores y de las variedades federales, no es cosa menor, es cosa que incumbe a todos los mexicanos y que involucra en la vida, a todas las comunidades indígenas, a todos nuestros productores y que puede tener repercusiones en el desarrollo sustentable en el mediano y largo plazos de nuestro país.
Por eso nos parece adecuado que la Comisión de Agricultura haya desarrollado, una vez recibida la iniciativa, una profunda discusión del contenido y la forma de presentación de la ley. Por eso aplaudimos que los investigadores de la Universidad Nacional de México, que los investigadores de Chapingo, de la Narro y de otros organismos científicos, se hayan apersonado, se hayan preocupado y que lo mismo las organizaciones campesinas y de productores hayan enviado sus observaciones.
Durante cerca de tres semanas en reuniones formales e informales, la comisión trabajó en un ambiente de apertura y participación. No puedo decir lo mismo de todos los representantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el PRD puede afirmar con esta experiencia y como ha habido otras ya, que esta Cámara puede avanzar hacia trabajos con una amplia participación y hacia leyes que puedan sacarse por consenso y que realmente representen los intereses nacionales y los intereses de la mayoría de los mexicanos y no sólo de una parte de la sociedad.
Por eso, nosotros aplaudimos la modificación al artículo 2o. en su fracción IV, en la que se permite que personas morales, en particular las comunidades científicas, puedan registrarse como obtentores, la inclusión en la fracción X del artículo 3o. de las atribuciones y la necesidad de que la Sagar lleve un registro de los investigadores extranjeros con el fin de evitar la piratería genética, que en realidad es una de las razones de esta ley.
Igualmente la inclusión de la fracción XI del mismo artículo para proteger la biodiversidad de las variedades vegetales y el derecho de las comunidades indígenas y campesinas de explotarlas, como hasta ahora lo vienen haciendo.
También la inclusión de la solicitud del título de obtentor de la geneología genética y el origen de la variedad vegetal, como consta en el artículo 9o., que nos garantice que realmente sean variedades nuevas obtenidas y diferentes a las existentes en la naturaleza.
Asimismo es de destacar el cambio de requisito para el registro de las variedades de características senotípicas, ajenotípicas, lo que realmente garantiza que sea una variedad nueva y distintas, a otras y no solamente de aspectos físicos.
La posición de la fracción del PRD será de votar a favor. Sin embargo, tenemos que destacar dos cuestiones:
Una, es necesario que esta soberanía realice una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1987, que se complemente con la presente Ley de Variedades Vegetales y abra un capítulo completo sobre la protección a la biodiversidad nacional y de esta manera se preserven los ecosistemas y el desarrollo sustentable de largo plazo.
El segundo aspecto que quiero plantear es que esta soberanía también tenga presente la convocatoria que le queremos hacer al Poder Ejecutivo y particularmente a la institución encargada de desarrollar el reglamento de esta ley, de que en la misma forma, en la misma manera, como se discutió la iniciativa de esta ley, se abra la discusión para la formulación del reglamento y se garantice que lo aquí expresado quede expresado de manera fina y detallada y que se garantice todo lo que la ley en su esencia plantea.
Ciertamente la protección a los obtentores y a los criadores de nuevas variedades, pero ciertamente también el equilibrio biológico y la garantía de nuestros intereses, de los recursos naturales del país.
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Ricardo Nieto Guzmán.
El diputado Jorge Ricardo Nieto Guzmán:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Acerca del proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales que el Ejecutivo remitió a esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el Partido Acción Nacional por mi conducto manifiesta lo siguiente.
Las hectáreas cultivadas y susceptibles de cultivarse en el país, así como el número de productores que al día de hoy trabajan en el campo mexicano, bastarían para dar de comer a todos los habitantes del país en cantidad y calidad suficiente si los agricultores tuvieran el apoyo que reclaman y merecen, pero que no se les da.
Si se atendiera debidamente el campo mexicano no veríamos a muchos campesinos que se enferman porque no comen lo suficiente y buscan satisfactores en las ciudades, en el extranjero o por vías inmorales, ilegales o violentas. Los gobiernos que no logran solucionar el problema alimenticio de sus pueblos poco o nada habrán solucionado.
Actualmente, lo dice el último informe presidencial, los productores agrícolas y pecuarios sólo contribuyen con el 7% del producto intemo bruto, aunque son la cuarta parte de los mexicanos. Esto en parte se debe a la falta de tecnología. Aunado a lo anterior, todos sabemos que el crédito agrícola es muy caro, escaso e inoportuno, que faltan caminos y transportes baratos, que los fertilizantes y agroquímicos son onerosos y los subsidios insuficientes y electoreros. Estos hechos y otros han afectado negativamente a la producción y se tienen que importar cada año mayores volúmenes de granos y oleaginosas.
Considerando a los 10 cultivos más importantes en los últimos 10 años sólo ha aumentado la producción de maíz y frijol, pero no tanto como se incrementó la población, que creció en 17 millones de habitantes en la misma década.
El Secretario de Agricultura, en su última comparecencia informó que en el año de 1995 sólo el 8% de los agricultores utilizó semillas certificadas; en 1996 lo hizo en 12% y para el año 2000 se espera que el 35% ó 40% lo hagan. Es evidente que para resolver el problema de la baja producción y productividad, es necesario estimular la inversión pública y privada en actividades de investigación que redunden en beneficio del campo, del productor agrícola y pecuario, así como de la economía general del país.
Hasta ahora se carecía de una legislación que tutelara los derechos de las instituciones investigadoras y de los obtentores de las variedades vegetales nuevas, que les garantizara la justa recuperación económica de su inversión a través de la comercialización normada que en un futuro signifique fondos para la obtención de otras variedades nuevas y mejores.
La iniciativa de ley que hoy analizamos deja claro y a salvo los derechos del obtentor y los del inversionista. Esta claridad fomentará la investigación, el mejoramiento genético, la propagación y comercialización de variedades mejoradas y, desde luego, la productividad en el campo con el consiguiente aumento en la rentabilidad. Con esta ley será factible invertir talento y dinero en la obtención de variedades vegetales nuevas de leguminosas y gramíneas, entre las que se encuentran los principales granos básicos, así como de frutales, ornamentales y hortalizas.
Esta iniciativa puede considerarse como de fomento para la tecnificación y modernización del campo mexicano. Acción Nacional con este espíritu la ve.
Durante la discusión y análisis de esta iniciativa en la comisión, nuestro grupo parlamentario aportó, entre otras, mejoras a las definiciones de caracteres pertinentes, de material de propagación, de obtentor, de variedad nueva. Además se clarificaron algunos conceptos como la vigencia de los derechos del obtentor y circunstancia de emergencia. También tuvimos aportaciones en la redacción y corrección de varios artículos.
Es preocupación de Acción Nacional, siempre lo ha sido, el reglamento de esta ley, ya que sin él esta norma jurídica no tendrá aplicación plena.
Reconocemos la apertura que mostraron los compañeros de la Comisión de Agricultura en la discusión de este dictamen, pues no sólo fuimos escuchados sino atendidos y nuestras aportaciones conjuntamente con las de otros grupos parlamentarios, sin duda, contribuyeron a mejorar sustancialmente la iniciativa original del Ejecutivo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor de la aprobación de esta iniciativa, la cual confiamos, será de beneficio para el campo de México.
Por su atención, gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Miguel Ortiz Jongitud.
El diputado Miguel Ortiz Jongitud:
Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:
En los últimos años se ha legislado para proteger la propiedad industrial y los patentes y en 1976 se emitió la Ley de Invenciones y Marcas que en 1991 fue la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cuyo título y contenido fueron reformados para quedar como Ley de la Propiedad Industrial con el texto vigente que a partir del 1o. de octubre de 1994 entrara en vigor.
Cabe mencionar que una de las reformas importantes de dicha ley se dio al eliminar la patentabilidad de las variedades vegetales que contempla la ley expedida en 1991, provocando así una tremenda laguna. La protección de los derechos sobre obtención de variedades vegetales comienza a perfilarse mundialmente en los años cincuenta. Esta tendencia se desarrolla principalmente en Europa y culmina con la constitución de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV, en 1961.
En México se hace un primer intento con el acta de la UPOV en 1978, hasta 1991 cuando se reforma la necesidad de expedir la normatividad requerida para proteger los derechos de obtentor en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, aparecen las variedades vegetales como material patentable con un defectuoso sistema de protección que pronto se advirtió como inviable, resultando derogado por las reformas de 1994, que expide la ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales de 1978.
El desarrollo de la biotecnología en el mundo es muy acelerado, permanentemente se están produciendo modificaciones que elevan notablemente la productividad agropecuaria y la resistencia de las plantas a enfermedades y plagas.
El desarrollo productivo se ve limitado porque no hay una ley que proteja los derechos de los obtentores de variedades vegetales, no está protegida la investigación y el desarrollo tecnológico nacional.
La agricultura nacional requiere contar con variedades vegetales y semillas de alta calidad producidas dentro o fuera del territorio nacional, por lo cual es necesario ofrecer incentivos y otorgar la protección de explotación a sus creadores, necesario incentivar también es, la creatividad de los agricultores y productores, proteger los resultados de las innovaciones en el contexto de la acelerada transferencia de tecnología que viven los mercados emergentes.
Se definen con ello reglas claras para estimular la creatividad y la inversión en el sector agrícola, esquemas que permitan al Estado obligar a los obtentores de variedades vegetales o a terceros a la explotación de determinadas variedades vegetales y se da apoyo jurídico que facilite la protección de invenciones en materia vegetal y atraiga avances biotecnológicos de punta a nivel mundial, necesarios estrictamente para nuestro país.
La Ley Federal de Variedades Vegetales, es una ley nueva, inédita, una ley noble que resuelve una laguna que es grave para los intereses del país, por lo mismo es nacionalista y demanda de los productores e investigadores nacionales pero no niega con ello la posibilidad de la inversión e investigación en la materia de organismos internacionales en el marco jurídico de nuestra Constitución, así la abre.
La iniciativa de ley del Ejecutivo consensada y analíticamente revisada por las cuatro fracciones partidistas de esta Cámara, de 48 artículos modificó 38 de ellos, algunos de manera gramatical, muchos otros de manera sustantiva.
La reglamentación de la investigación nacional es punto toral en esta ley, entendiéndose por ello todo lo que en la materia se realice en nuestro territorio para protección de los intereses nacionales; incentiva a la investigación,fortalecerá a la economía de investigadores y fitomejoradores y por ende sus programas tendrán viabilidad; promoverá la productividad a rangos más altos con sus resultados; participarán instituciones de la iniciativa privada y organismos de productores por rama de producción de acuerdo con el artículo 32, en los subcomités de apoyo para el efecto.
Protege la propiedad intelectual de la investigación en su marco jurídico; protege la biodiversidad y al diferenciar obtentor de descubridor, hablando de variedad obtenida mediante un desarrollo tecnológico contra la diferencia de la variedad descubierta como simple descubrimiento y registrada sin beneficios económicos, protege también así la biodiversidad.
Exige para su registro genealogía y.origen, genotipos y fenotipos; se incluye el compromiso del Ejecutivo, de su reglamentación en detalle a lo que está íntimamente ligado el dictamen de esta ley; promueve el acceso a la biotecnología de punto y pongo un ejemplo ya que en países desarrollados se está dando, obteniendo bioplásticos a través de vegetales; no es una ley específica para la biodiversidad, lo dijo aquí mi amigo el diputado Eric Villanueva, eso merece un capítulo aparte de análisis y estudio y de sumo interés para el país.
Este dictamen es producto del consenso plural en apertura de aportaciones de todos los partidos a la iniciativa del Ejecutivo y sin falsos rumores, finalmente aceptamos la razón para alejarnos, finalmente así, de los disensos, por ello afirmamos que no todo se da en una lucha por espacios políticos, que aquí hubo consenso y que influyó enormemente el amor entrañable a la tierra que nos identifica plenamente.
Los integrantes de la fracción priísta aprobaremos el dictamen de la iniciativa en lo general, en lo particular y en sus propuestas, convencidos que es por el bien del país.
Muchas gracias.
El Presidente:
Habiendo fjado posición las cuatro fracciones parlamentarias, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Crisóforo Salido Almada, para hablar en lo general.
El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Grupo de Diputados Ciudadanos a través de mi intervención, desea fjar su posición respecto a la Ley Federal de Variedades Vegetales.
En lo general los Diputados Ciudadanos votaremos en favor del dictamen, ya que consideramos muy acertado que se encuentre regulado el esfuerzo de las personas físicas y morales que se dedican a la investigación agropecuaria.
Consideramos que estimular el esfuerzo de los agricultores por desarrollar el campo y el constante mejoramiento de los productos agrícolas, tendremos como resultado un avance en el campo mexicano y la seguridad de que todas aquellas personas que se dedican a la investigación, el reconocimiento a sus labores de investigación y a patentizar la variedad o híbrido nuevo.
Sin embargo, en lo particular nos permitimos hacer las siguientes propuestas:
En el capítulo de las infracciones en términos generales, se trata de contemplar todas las posibilidades en que pueda incurrir un particular, respecto del verdadero obtentor del título que le otorga los derechos de aprovechar y explotar una variedad; sin embargo, no se prevé ninguna sanción para cuando la infracción es cometida por la propia autoridad.
Si de acuerdo al artículo 8o. de esta ley, que regula la solicitud y otorgamiento del título obtentor, establece que la autoridad recibirá la variedad vegetal o su material de propagación y, en su caso, los documentos e información para verificar si se cumple con los requisitos legales reglamentarios y las normas oficiales mexicanas, es necesario establecer en el capítulo de las infracciones, los supuestos en que la autoridad pueda incurrir, en virtud de la gran información que ésta tendrá.
Esto tiene razón de ser, en virtud de que al registrarse una variedad nueva, el obtentor tiene que probar su originalidad, tiene que aportar todos los datos de todo el proceso genético que se siguió, hasta llegar a la obtención de una variedad nueva, con genotipos y fenotipos distintos a las existentes.
Esta información es altamente crítica, pues es de hecho el producto de la investigación y del trabajo del presunto obtentor; el que esta información se encuentre en manos de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, abre la puerta para que algún empleado desleal, algún funcionario deshonesto, pudiera, a través de operaciones de obvia corrupción, entregar a otro investigador o a una empresa información que es esencial para obtener dichas nuevas variedades.
Además, es necesario adicionar al artículo 8o., la obligatoriedad de la autoridad de entregar un documento que demuestre que ha recibido información que puede consistir en una nueva variedad. Lo anterior porque consideramos que a través de este documento, que sería el único probatorio con que contara la persona fisica o moral para demostrar que ha entregado a la autoridad la información que puede ser la de una nueva variedad.
Respecto del artículo 14 de esta ley, consideramos necesario que además de establecer el término para expedir la constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor, se obligue a la autoridad para que informe y pnuebe plenamente la no procedencia del registro cuando no se cubran los requisitos dentro de un determinado término.
Lo anterior es para evitar que la autoridad de manera caprichosa o arbitraria, decida no hacer ningún registro y en virtud de contar con la información pudiera ser que mediante una pequeña variante venda la idea a otra persona y se dé nacimiento a hechos de corrupción.
En cuanto al Capítulo IV, que habla de las licencias de emergencia, definidas éstas cuando la explotación de una variable vegetal se considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o el abasto, en este caso excepcional, la Secretaría tomará medidas para enfrentar la emergencia ya mencionada y se dice que informará al titular de la variedad vegetal la necesidad de disponer de ésta en las cantidades suficientes que a juicio de la Secretaría cubran la emergencia.
En caso de que el titular de la variedad muestre interés en cubrir la emergencia, deberá obligarse a ello; en su defecto la Secretaría convocaráa terceros interesados que tengan interés en hacerlo, mediante licitación pública y en éste supuesto, en ningún caso podrá éste hacer uso de la variedad o del material de propagación para un fin diverso al de la emergencia.
Aquí cabría una precisión: ya que la emergencia puede provocar que quien es el obtentor de la variedad no la pueda producir en cantidades suficientes, debe de quedar perfectamente claro y protegido su derecho al usufructo en el caso de la producción de estas semillas o variedades.
Por lo anterior queremos recomendarle proponer se obligue a la autoridad a que mediante un decreto dé por terminado el estado de emergencia y a partir de su publicación el titular de la variedad recupere plenamente sus derechos, insisto, a partir de un decreto y no al concluir el plazo para el que fue otorgada la licencia de emergencia.
Es a través de licencias de emergencia, como se pretende que la Secretaría cubra los periodos en que se requieran mayores volúmenes de las que el obtentor pueda proporcionar.
Según se desprende de la fracción IV del artículo 26 de esta ley, la propuesta se considera conveniente porque puede ser que la emergencia haya terminado y la licencia aún siga vigente. En este caso, terceros estarían aprovechando para otros fines esta variedad vegetal.
Aunado a lo anterior, consideramos insuficiente que en el artículo 27 se establezca que el licenciatario en ningún caso podrá hacer uso de la variedad o del material de propagación para un fin diverso al de la emergencia.
Es necesario establecer en el capítulo de las infracciones, sanciones drásticas en caso de éste supuesto del artículo que comento, ya que se puede dar un abuso de confianza estando en un estado de emergencia o que habiendo terminado éste, se siga usufructuando algo a lo que no se tiene derecho.
Estamos convencidos que de aprobarse esta ley, será sólo el principio de los estímulos a que los agricultores, los investigadores del campo tienen derecho a recibir.
Es por otra parte muy saludable y nos congratulamos, de que el dictamen que produjo la Comisión de Agricultura, se haya llegado a través del consenso de todos los grupos parlamentarios que están representados en esa comisión.
Es así, compañeras y compañeros, como creemos los Diputados Ciudadanos, que en México, a través de un trabajo consensado, en el que todos participemos y aportemos nuestras ideas, podemos ir generando el estado de derecho que puede promover el desarrollo para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
(Votación).
Señor Presidente, se emitieron 327 votos en pro y cero en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Federal de Variedades Vegetales.
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Alfredo Oropeza Garnica, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Estrella Carabobo, en su Unica Clase y Medalla al Mérito Teniente Carlos Meyer Baldó, en su Unica Clase, que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción lll del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Alfredo Oropeza Garnica, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Estrella Carabobo, en su Unica Clase y Medalla al Mérito Teniente Carlos Meyer Baldó, en su Unica Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México D.F., a 5 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfías Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
La secretaria María Concepción Huerta Salgado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue tumado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el pemmiso constitucional necesario para que el ciudadano teniente coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor René Carranza García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción lll del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el slguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al teniente coronel de zapadores Diplomado de Estado Mayor René Carranza García, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Pacificador, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 5 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusfo G6mez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL PERU (IL) PRINCIPADO DE LUXEMBURGO
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado Liévano Sáenz Ortiz, pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en Grado de Gran Oficial y la Orden del Mérito, en Grado de Gran Oficial, que le confieren los gobiernos del Perú y Luxemburgo, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al licenciado Liévano Sáenz Ortiz, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Perú.
Orden al Mérito, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Luxemburgo.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 5 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfías Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Victor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA ITALIANA
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue tumado para su estudio y dictamen, el ohcio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio Alfonso Millán Bojalil, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Italiana.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Julio Alfonso Millán Bojalil, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en Grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Italiana.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 5 de septiembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Rlo, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Femández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 263 votos en pro y uno en contra.
El Presidente:
Aprobados los proyectos de decreto por 263 votos.
La secretaria Maria Flor Celina Prado Piña:
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
SENECTUD
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la cruzada nacional por una vejez digna.
El dlputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El espíritu de lucha y la búsqueda de dignidad no decrecen con el tiempo, esto es lo que los mexicanos mayores de 60 años nos recuerdan todos los días.
Si se concibe una vida digna como aquella que recibe lo que merece, quién mejor que este sector de ciudadanos, para recibir con justeza lo que ellos dieron al país con generosidad. México tiene una deuda con sus ancianos, ha llegado el momento de empezar a saldarla.
La mayoría de estos 6 millones de mexicanos, que entregaron y entregan su trabajo y experiencia en aras del progreso de su familia y de la nación, hoy carecen de las condiciones que les permitan tener una vida digna y tranquila.
Por ello, con objeto de empezar a revertir esta situación, debemos anudar convergencias para impulsar un conjunto de acciones políticas legislativas y de gestoría, que den como resultado la formulación y realización de una cruzada nacional por una vejez digna, misma que hoy sometemos a la atenta consideración de esta soberanía y solicitamos se turne a las comisiones del Congreso, que tengan competencia en este asunto.
Las políticas de planeación familiar y el aumento de la esperanza de vida, favorecen que el sector de la tercera edad crezca proporcionalmente más rápido que otros grupos y poblaciones. Esta situación ya demanda una gran atención institucional y social y en el futuro cercano requerirá una previsión mayor.
Es inaceptable que millones de mexicanas y mexicanos, que entregaron su esfuerzo vital en aras del progreso de sus familias y de la nación, sobrevivan con pensiones, que en el mejor de los casos, apenas les permiten subsistir, en tanto que otros menos afortunados y que son los más, no cuentan con el respaldo de ninguna institución social y viven en condiciones de pobreza extrema.
Los programas institucionales para remediar esta situación, han sido escasos e insuficientes y en los hechos no existe una politica especifica hacia este sector social.
Adicionalmente las acciones que se llevan a cabo, muchas veces son desempeñadas con ópticas equivocadas o parciales. El impacto de la crisis sobre el sector de la tercera edad, ha sido todavía mayor al que se ha sentido en otros grupos de la población.
El aumento de los servicios públicos y de los precios de la canasta básica, no han sido correspondidos con un incremento proporcional de las pensiones.
Quienes no perciben ingresos jubilatorios se encuentran en una situación todavía más grave, que no puede ser resuelta en el corto plazo, pero que requieren de inmediato se sienten las bases legales, institucionales, programáticas, presupuestales y sociales, para revertir en el futuro esta injusticia.
A la adversidad en la que viven estos mexicanos, se agrega la angustia de sufrir atropellos. El abatimiento por sentirse de poca valía o la amargura, porque después de décadas de esfuerzo, no encuentran los apoyos que les permitan llevar una vida digna. Marquemos un alto a esta situación.
Debemos asumir esta causa, que poco a poco se transforma en un clamor social, la situación en la que viven estos millones de mexicanos, demanda nuestra enérgica intervención como representantes populares, más allá de las diferencias partidarias y políticas.
Las opiniones, propuestas y críticas, que se formulen en esta soberanía, enriquecerán la idea de la cruzada nacional por una vejez digna. Permitirán lograr los consensos para impulsarla, para conformar un gran frente común, en el cual los intereses de grupos o partidos encuentren puntos de coincidencia en pro de un interés nacional prioritario.
En primer lugar, proponemos un cambio de óptica, las mexicanas y mexicanos mayores de 60 años, no deben concebirse como un problema. El problema es nuestra falta de previsión, nuestra ausencía de mecanismos concretos para que se respeten sus derechos y la situación de desamparo social y económico en la que viven, éste es el problema.
En segundo término, partir del hecho de que la determinación de los programas, acciones y proyectos, estos ciudadanos deban tener un papel protagónico, no ser ubicados como un objeto pasivo de atención.
El tercer punto, la atención de sus demandas y la observancia de sus derechos no deben ni social ni institucionalmente suponerse como muestras de caridad o filantropía, no. El propósito de esta propuesta es reconocerle décadas de trabajo en aras de la construcción y consolidación del México moderno, es iniciar un acto de justicia social.
En este sentido, presentamos a la atenta consideración de esta soberanía un conjunto de acciones legislativas de coordinación institucional y de bienestar social plasmadas en un documento anexo que tienden a mejorar en el mediano plazo la situación de los mexicanos de la tercera edad. De esta propuesta los puntos más relevantes son los siguientes:
1o. Conformar en la Cámara de Diputados la Comisión de Atención a la Senectud, cuya finalidad sería, por un lado, dar sustento legal a estas propuestas y por otro, dar puntual seguimiento a la solución de la problemática de estos ciudadanos.
2o. Adecuar el marco jurídico normativo con objeto de incorporar a nuestras leyes los derechos de los mexicanos mayores de 60 años entre los que cabe destacar aquellos que México ha suscrito a nivel internacional. Iniciar el análisis de los marcos jurídicos nacional y estatales para modificarlos en beneficio de este sector y revisar y actualizar las normas de regulación, fomento y control sanitario de los establecimientos públicos o privados con fines de atención a los ciudadanos de la tercera edad.
3o. Realizar periódica y sistemáticamente una campaña nacional de atención al anciano, similar a la campaña nacional de vacunación que permita mejorar sus condiciones de vida. Esta campaña sería intensiva y extensiva, llegando a los puntos más alejados y sumando los trabajos del sector público, el sector privado y la sociedad.
4o. Crear en el mediano plazo el centro de geriatría, gerontología y enfermedades crónico-degenerativas en donde se formen especialistas en estas disciplinas.
5o. Impulsar convenios con instituciones privadas y médicos particulares que permitan la atención de personas de la tercera edad a cambio de disminuciones o exenciones impositivas o algún otro mecanismo compensatorio.
6o. Instalar el Consejo Nacional de la Edad Avanzada con objeto de coordinar y apoyar los esfuerzos que se realizan. Crear el Centro Cultural de los Trabajadores en Retiro y Clubes de la Tercera Edad.
Establecer, con la colaboración de particulares, programas de arrendamiento y subsidios especiales para mayores de 60 años. Dignificar las casas o asilos de ancianos. Instrumentar el programa Conviva con los Abuelos. Reestructurar y eficientar los servicios del Insen, entre otras medidas.
7o. Constituir fondos regionales para crear microempresas productivas diseñadas, administradas y operadas por los propios interesados.
8o. Incluir en los programas de desarrollo económico y social de los distintos niveles de gobierno, proyectos y acciones dirigidos especialmente al sector. Por ejemplo, un programa especial para combatir la pobreza que podría apoyarse con recursos del ramo 26 destinados a las personas de la tercera edad que vivan en condiciones de pobreza extrema.
9o. Definir mecanismos presupuestales y programáticos que permitan en el mediano plazo el incremento a la pensión básica de jubilados, pensionados y sus viudas.
10. Apoyar diversas medidas entre las que se contarían la exención de impuesto predial y reducción del 50% en el pago de servicio de agua por una sola propiedad a los mexicanos mayores de 60 años. Transporte urbano gratuito a las personas en edad avanzada.
Los programas y acciones anteriores son tan sólo una muestra de la diversidad de programas que en el campo poco explorado de la atención al sector pueden realizarse. Habrá que escuchar a los propios interesados.
La magnitud del reto es tal que hace imprescindible la participación activa de los grupos sociales interesados, partidos políticos, dependencias gubernamentales, organismos privados y de la sociedad civil y de toda aquella persona o institución que desee sumarse.
En la cruzada, el papel de la familia es fundamental, en su seno debe iniciarse la atención, como se hace en muchas de ellas, a las personas mayores, para lo cual se debe contar con una postura de Estado, congruente con esa exigencia. No se puede pedir a familias empobrecidas que atiendan a sus miembros más vulnerables si el contexto social y económico no les es favorable.
Quienes tienen más de 60 años cuentan con un caudal de conocimientos y experiencias que puestos a disposición de esta propuesta contribuirían a encaminarla a un mejor cumplimiento de sus fines.
En este sentido deben expresar su opinión y ser escuchados, participar en la conformación de un México mejor en donde ellos tengan los canales para proponer soluciones a sus propios problemas, en donde ellos que hicieron los cambios en nuestro país continúen propiciándolos. Alentemos esto dándoles voz y voto en el asunto; no restrinjamos la riqueza de su participación.
La posibilidad de que aporten su pródiga experiencia en beneficio de las generaciones del presente y del porvenir es un reclamo nacional.
Estimados compañeros y compañeras legisladores: el reto de acometer las tareas que aquí se han mencionado, es enorme; sin embargo, no hay opciones desde el punto de vista de la justicia social. De no revertirse las tendencias de desatención sobre este sector de ciudadanos, en un futuro no muy lejano resultará más gravoso para el país no sólo en el aspecto económico, sino sobre todo por el desgaste institucional y por el alto costo social.
En vista del Siglo XXI, los mexicanos no debemos soslayar el deber que tenemos con las mexicanas y los mexicanos mayores de 60 años. El bienestar duradero de las personas de la tercera edad demanda una existencia más rica y elevada que con la que ahora cuenta.
La encomienda es compleja; requiere análisis y reflexión y sobre todo demanda acción efectiva. Este es el momento de tomar decisiones; no posterguemos más un asunto de interés nacional; llegó la hora de acciones claras, profundas, factibles, en favor de los ancianos de México; heredemos soluciones, no rezagos y problemas a las siguientes generaciones. No es el momento de regatear o escatimar esfuerzos para ellos, que abrieron caminos de trabajo, de vida y de amor para los mexicanos del presente.
En esta tarea deben considerarse todas las opciones posibles, despertarse todas las conciencias, sumarse todas las voluntades y trabajarse con decisión en todos los frentes. Las mujeres y hombres mayores de 60 años, representan una solución, no un problema.
Acudamos con responsabilidad al compromiso que la nación tiene con ellos.
Dejo en la Secretaría un documento que contiene el total de las propuestas de esta participación.
Muchas gracias.
«Cruzada Nacional por una Vejez Digna.
Presentación
Hoy, México es un país de jóvenes. Mañana, será un país de ancianos con un alto potencial y con el derecho a contar con una vida digna. El futuro debe encontramos preparados.
Las políticas de control de la natalidad, por una parte y el aumento de la esperanza de vida, por otra, favorecen que la población de la tercera edad aumente en proporción más rápidamente que la niñez y la juventud.
La situación del país obliga a la actual administración a diseñar estrategias que planteen alternativas para atender a la senectud, sin detrimento de la canalización de recursos hacia las generaciones emergentes. Lo anterior, enmarcado en el ámbito más general y complejo que representa una política social integral.
Resulta dramático que millones de ancianos que entregaron su esfuerzo vital en aras del progreso de sus familias y de la nación, sobrevivan con pensiones que, en el mejor de los casos, apenas les permiten subsistir; en tanto que otros, menos afortunados y que son los más, no cuenten con el respaldo de ninguna institución social y vivan en condiciones de pobreza extrema.
Poco pueden hacer las instituciones de asistencia social privadas creadas por la voluntad altruista de particulares, que dan servicios de diversa índole a ancianos. Su labor, aunque efectiva, es muy limitada.
Respaldar la organización y la reivindicaciones de los trabajadores en retiro y de las personas en edad avanzada para lograr la elevación de la calidad de su vida, de su autoestima y el reconocimiento social a su persona, es defender el acervo cultural, productivo y social que ellos han heredado al país.
Por ello, con la visión puesta en el porvenir, nos anima el propósito de anudar convergencias y esfuerzos para impulsar un conjunto de acciones políticas, legislativas y de gestoría que den como resultado la formulación y aplicación de una Cruzada Nacional para una Vejez Digna.
Contexto
La población es sujeto y objeto, principio y fin, primordial de todo proceso de desarrollo.
El entorno en el cual se encuentran las personas de edad avanzada en México puede analizarse desde varios puntos de vista.
a) Población
En nuestro país, la población continúa presentando una composición de edades en la cual predominan los jóvenes. No obstante, las estadísticas de los años recientes, marcan un rápido proceso de envejecimiento, caracterizado por la disminución proporcional de los niños y jóvenes y el gradual aumento de los porcentajes poblacionales tanto de los adultos como de las personas de la tercera edad.
En México la longevidad de sus habitantes ha venido aumentando en forma constante. La esperanza de vida es de 69.4 años para el hombre y de 75.8 años para la mujer, la cual duplica la que existía en 1930: 37 en la mujer y 35 años en el hombre.
Esto ha conllevado a que en gran parte de los hogares mexicanos, coexistan tres o más generaciones de una misma familia y a que en casi una quinta parte de los hogares habiten actualmente ancianos, que en su mayoría llevan a cabo tareas invaluables que, por desgracia, son poco apreciadas familiar y socialmente.
Estos cambios demográficos no previstos suficientemente por las políticas poblacionales, presentan importantes desafios tanto para el Estado como para la sociedad.
En el primer caso, por la necesidad de instrumentar líneas de desarrollo económico y social afines a las nuevas características de la población. En el segundo, porque es en la familia en donde, dadas las insuficiencias del sistema de seguridad social, recae la responsabilidad de brindar los elementos para el sostenimiento, atención y cuidado de quienes arriban a la senectud.
Actualmente, la población de 60 años y más representa el 6.3% de la población, con 5.7 millones de personas. Por lo que se refiere a la población mayor de 65 años, que es de 3.8 millones de senectos, tiene una tasa de crecimiento del 4.0%, que es preocupante si se considera que la tasa de crecimiento de la población ha logrado disminuir a 2.05% anual. En otras palabras, la población de ancianos tiende a crecer, proporcionalmente a la población total, al doble que la de niños y jóvenes.
Por todas las implicaciones políticas, sociales y económicas de estas tendencias demográficas de la población de 60 años y más, es impostergable iniciar el diseño de estrategias y la aplicación de programas y acciones, para evitar que el destino nos alcance sin estar preparados.
b) Seguridad social
Es un precepto constitucional el que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a un desarrollo equilibrado.
Hablar de seguridad social en México implica, necesariamente, el considerar a cuatro grandes grupos: el de los afiliados a la seguridad social; el de los que no estando asegurados, recurren a los servicios que brinda el Estado a través de instancias como el DIF o la SSA; el de los ciudadanos que utilizan los servicios de la medicina privada y, finalmente, el grupo más vulnerable que no es asegurado ni recurre a instituciones públicas o privadas para ser atendido.
Después de 50 años de haberse instaurado la seguridad social, según datos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, los derechohabientes sólo representan el 56% de la población total. El que el diseño original del sistema haya sido concebido casi exclusivamente para atender a ciertos grupos de población asalariada, limitó el acceso a amplios sectores de población, incluso a aquellos que podrían cubrir su costo.
En cuanto a las pensiones y jubilaciones, de los 1 millón 823 mil jubilados y pensionados que atienden las dos más grandes instituciones de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, perciben en su mayoría pensiones básicas, que en el caso del IMSS corresponden a 1.01 salarios mínimos y en el ISSSTE representan 1.26 salarios mínimos. Sin embargo, existen casi 4 millones (3 millones 876 mil 012) de personas mayores de 60 años que carecen incluso de esta mínima ayuda.
La nueva Ley del Seguro Social publicada en diciembre de 1995 y que entrará en vigor a partir de 1997, establece el marco normativo que, en teoría, permitirá garantizar la solvencia financiera del IMSS para la prestación de los servicios médicos y el otorgamiento de pensiones.
Habrá que prestar particular atención a las administraciones de !os fondos de retiro, que serán llevadas a cabo por las Afore.
El sistema, independientemente de sus ventajas o desventajas y salvo el caso de quienes tienen recursos económicos para atenderse por sus propios medios, deja fuera a millones de mexicanos que se encuentran al margen del régimen de cotizaciones y que no cuentan con el respaldo institucional que les permita tener la certeza de que tendrán una vejez tranquila y digna.
c) Asistencia social
La desigual distribución de la riqueza que históricamente ha existido en nuestro país, ha propiciado la intervención del Estado en apoyo de la población con mayores carencias. Ejemplos de organismos de asistencia social han sido la dirección general de Fondo de Beneficencia y la dirección general de Beneficencia Pública establecidas, respectivamente, en 1861 y 1862; así como la junta directiva de la Beneficencia Pública del Distrito Federal creada en 1924.
Al fusionarse en 1943 la Secretaría de Asistencia Pública, creada en 1931, con el Departamento de Salubridad, se constituyó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuyas atribuciones, además de la salud, incluyeron las de dar servicios asistenciales a la población.
El Estado benefactor característico de los años cuarenta y cincuenta, creó una serie de instituciones con las cuales pretendió cubrir las expectativas generadas por las demandas de grandes masas sociales. Esta política de fomento y desarrollo de empresas públicas se continuó durante varias décadas, surgiendo instituciones como la Conasupo, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, que beneficiaron a sectores de la sociedad que previamente el propio Estado se había encargado de organizar.
Estas áreas especializadas del sector público, surgieron en un momento en que México era considerado como un país de jóvenes, no previéndose que al mejorar las condiciones de vida, disminuirían las tasas de mortalidad y aumentaría la esperanza de una existencia más prolongada, creciendo progresivamente la población adulta y senescente.
El que de entrada estuvieran limitadas las acciones de estas dependencias públicas propició que fuera aumentando cada vez más la distancia entre la proporción de habitantes que podía ver satisfechas sus demandas gracias al funcionamiento de las instituciones públicas y aquella que quedaba fuera del ámbito de acción de las mismas. El rezago inicial no solamente nunca pudo ser superado, sino que ha crecido hasta un punto en el que abatirlo prácticamente implica el rediseño de la política social.
El concepto de asistencia social, ha evolucionado paulatinamente. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 1976, actualmente vigente, con adiciones y reformas, otorga a la Secretaría de Salubridad y Asistencia la facultad de crear y administrar establecimientos de asistencia médica y social a la maternidad y a la infancia. Aquí se observa que el legislador mexicano sólo consideró de manera expresa el impartir asistencia matemo-infantil, soslayando otros sectores particularmente vulnerables.
Posteriormente se otorgarían a la citada dependencia funciones para crear y administrar establecimientos de asistencia en general, en beneficio de todos los sectores de la población.
Otro avance significativo, lo representan la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 1977 y del Instituto Nacional de la Senectud, en 1981. No obstante, estos organismos no han logrado brindar la cobertura requerida por una población cada vez mayor, más necesitada y demandante de servicios públicos de seguridad y asistencia social.
De acuerdo con la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, que constituye el soporte central de ésta en nuestro país y norma la operación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), existen dos grandes campos de acción la protección de los individuos y grupos más débiles de la sociedad, en donde se encuentran los ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato y la realización de labores de fomento de la integración familiar y comunitaria.
Conforme a los artículos 39 a 41 de la citada ley, el Estado promoverá en todo el país, la creación de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares, que con sus propios recursos, presten dichos servicios. También, ante las autoridades estatales y municipales promoverá la creación de organismos locales en materia de asistencia social y desarrollo integral de la familia: así como de mecanismos que permitan conocer las demandas de servicios básicos de salud, en materia de asistencia social, para los grupos sociales vulnerables y coordinar su oportuna atención.
Por lo que respecta a las instituciones de asistencia privada, éstas son coordinadas y vigiladas por el Gobierno Federal, a través de la junta de asistencia privada, que depende de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de la Senectud.
Existe, así, la responsabilidad del Estado a través de sus organismos de brindar servicios asistenciales a aquellos grupos vulnerables. Sin embargo, una parte importante de la población que requiere del apoyo gubernamental no lo recibe, sea por falta de capacidad institucional para atender toda la demanda o por desconocimiento de la ciudadanía de los programas específicos de apoyo.
Con respecto a los ancianos, los esfuerzos institucionales de coordinación hasta ahora han sido débiles y no existe una política social amplia y clara hacia este sector.
Alarma y lacera la desatención institucional y de la sociedad a estos millones de mexicanos que han entrado a la edad avanzada y quienes padecen con mayor crudeza la injusta distribución de la riqueza.
La única institución oficial especializada, el Instituto Nacional de la Senectud, creado para proteger, ayudar, atender y orientar a la vejez mexicana, maneja programas de baja cobertura y de escaso acceso a la población pobre, quien es la más necesitada de sus servicios.
Recientemente, la prensa se ha hecho eco de esta situación, subrayando ante la opinión pública, las críticas circunstancias en las que viven los ancianos y el porvenir que espera a la población que llegará a serlo.
En esta fuente se lee que casi 6 millones de ancianos que aportaron su esfuerzo en la mejor época del México de la posrevolución, hoy sólo reciben migajas. Muchos lo perdieron todo de golpe en alguna de las recurrentes crisis económicas iniciadas en los años setenta.
Quienes están entre 40 y 60 años enfrentarán en el 2015, cuando se espera haya el doble de ancianos, una situación quizá peor, con un sistema de pensiones que beneficiará a los que más tienen y que, en caso de una devaluación brusca o inflación descontrolada, podría condenarlos a vivir de un salario mínimo en 1997.
Otros diarios se han pronunciado al respecto señalando que por falta de infraestructura y de mayor presupuesto, el Instituto Nacional de la Senectud (Insen) atiende médicamente a sólo 0.6% de los 5 millones 875 mil habitantes de más de 60 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), a julio de este año.
El hecho de que en los últimos años el problema empiece a ser tratado en forma insistente, habla de la creciente preocupación por el olvido social y la carencia de políticas y programas coordinados y eficientes hacia estos mexicanos, a los cuales el país les debe atención y respeto.
Como puede observarse, aun cuando se han destinado recursos cada vez mayores para atender el problema de la marginación de diversos grupos sociales, en lo que se refiere a las personas de la tercera edad, el problema ha sido visto hasta ahora con un carácter asistencialista, filantrópico o de caridad.
d) Economía En el actual contexto económico es muy difícil para millones de familias mexicanas y en consecuencia para los ancianos que habitan en ellas, contar con circunstancias favorables para vivir en una forma decorosa. Este entorno tiene antecedentes relativamente recientes.
Durante los años ochenta las manifestaciones de la crisis impactaron directamente a millones de familias mexicanas, que al ver disminuidos drásticamente y cada vez más sus niveles de vida y de consumo, se vieron obligadas a que el jefe de la familia buscara un segundo trabajo o actividad remuneradora o a incorporar a un mayor número de sus miembros al mercado de trabajo, para que el deterioro de los ingresos reales fuera menos sensible.
Las mujeres "hijas de familia" o "amas de casa" tuvieron que sumarse al mercado de trabajo. En no pocos casos, los niños, jóvenes e incluso ancianos también siguieron este camino. Lo anterior no fue suficiente, ni evitó la disminución del nivel de vida, expresándose este hecho en el grave deterioro del poder adquisitivo, el cambio de las pautas de compra y de consumo e incluso en la modificación de la dieta alimenticia.
La crisis tuvo más repercusiones que las recibidas dentro del ámbito familiar. Se vieron afectados todos los aspectos económicos y sociales de la nación. Las políticas de ajuste, estabilización y reforma estructural, condujeron al incremento sustancial del desempleo abierto y una creciente tasa de subempleo de población capacitada; el cierre de pequeñas y medianas empresas, con la consecuente escasez de oportunidades para obtener trabajo asalariado y seguridad social para las familias; la disminución de la masa salarial dentro del producto intimo bruto; altas tasas inflacionarias; la disminución proporcional del gasto social, con el evidente mayor retroceso en el bienestar familiar; la pérdida millonaria de recursos patrimoniales con las devaluaciones.
Estas crisis, que de recurrentes parecieran transformarse en endémicas, han propiciado no sólo el debilitamiento del papel del Estado en materia social, sino también el que se empiece a cuestionar, cada vez más severamente, si éste es capaz de garantizar mejores situaciones presentes y futuras para el grueso de la población.
Otra ilustración al respecto es mostrada por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, según la cual hay un 41% de familias que perciben ingresos de dos salarios mínimos, lo que las ubica apenas en el nivel de subsistencia (dentro de éstas casi la mitad vive en la indigencia). Otro 31% de familias reciben ingresos menores a cuatro salarios mínimos. Si tomamos en cuenta ambos sectores poblacionales, estaríamos hablando del 72% de la población nacional, cifra verdaderamente alarmante sobre todo si se considera que aquí se encuentra el mayor número de desempleados y subempleados.
Si la crisis ha afectado a la población en edad laboral, su impacto sobre el sector de la tercera edad ha sido todavía mayor. El aumento de los servicios (agua, transporte, energía eléctrica, gas etcétera) y de los precios de la canasta básica, no ha sido correspondido con un incremento proporcional de las pensiones, lo que ha repercutido en una muy sensible baja del consumo. Quienes no perciben ingresos jubilatorios se encuentran en una situación aún más grave que no puede ser resuelta en el corto plazo por la actual coyuntura caracterizada por severas restricciones económicas y estrictos ajustes financieros.
Además, existe una marcada tendencia a marginar y desplazar a las personas maduras y de edad avanzada de los puestos de trabajo. El desempleo es mayor, conforme se tiene más edad. Las cifras al respecto son elocuentes: del total de mexicanos mayores de 60 años el 69% están inactivos y padecen un porcentaje de analfabetismo del 35%.
Condiciones de vida de los ancianos
De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de la Senectud, las condiciones en las cuales viven las personas de la tercera edad en México, son las siguientes:
El escaso o nulo conocimiento que se tiene sobre las características físicas, sicológicas y sociales de los ancianos, impide comprender en su magnitud real la marginación en que viven y el sentimiento de inutilidad y angustia que comúnmente se desarrolla en ellos, convirtiéndolos en sujetos vulnerables a las actitudes de rechazo emitidas por las personas que conforman su entorno familiar y social.
Los principales trastornos de personalidad que se manifiestan en los ancianos, son ocasionados por su aislamiento de la sociedad, pues les genera un sentimiento de soledad con consecuencias afectivo-emocionales, que los deja desprotegidos, desvalidos y sin apoyo ante los embates de la vida.
El proceso natural del envejecimiento, en las actuales circunstancias socioculturales, constituye una experiencia angustiosa para el anciano, en virtud del exclusivo valor simbólico que se le ha conferido, pues ahora para la sociedad ser viejo representa una disminución de la posibilidad para obtener satisfacciones corporales, sicológicas, sociales y económicas.
Dentro de la problemática de este sector poblacional, primordial lugar guarda la precaria situación económica de la mayoría; por un lado, debido a la desocupación o por la marginación de que son objeto dentro del sistema de producción y por otro, a que el monto de las pensiones derivadas de los sistemas de seguridad social son cada vez más insuficientes para que puedan vivir decorosamente con ellas, pues han dejado de tener paridad con el incremento en el costo de la vida.
El progresivo deterioro de la salud que se observa en los ancianos se hace más evidente en sus alteraciones cardiovasculares, mentales, odontológicas, digestivas, auditivas, visuales etcétera, que necesitan ser atendidas a través de servicios públicos y privados especializados, con los que aún no se cuenta, salvo de manera incipiente.
Es una realidad irrefutable que un número considerable de ancianos son objeto de atropellos por gente sin escrúpulos que, sin importarles su condición, los despojan de los pocos bienes o ingresos con que cuentan para garantizar su existencia, dejándolos en el total desamparo y sujetos a los beneficios de las acciones asistenciales del Gobierno o de grupos privados con fines altruistas.
Otro grupo mucho más desvalido es el de los ancianos indigentes, cuyas condiciones de vida son infrahumanas, ya sea por la ausencia o rechazo de una familia que les proporcione los satisfactores indispensables a sus requerimientos económicos y afectivos o porque ésta tiene recursos tan limitados que no le permiten satisfacer sus necesidades mas elementales, quedando dependientes a las acciones de tipo asistencial que normalmente son insuficientes para cubrir las demandas por ellos generadas.
A lo anterior puede agregarse que, generalmente, los ancianos son considerados como objetos por las instituciones y programas encargados de su atención. Son vistos como seres que necesitan ayuda, no como sujetos participativos y capaces de crear y proponer esquemas alternativos, que definan y orienten las acciones que verdaderamente necesitan.
Importancia y operación de la propuesta
a) Importancia
El desarrollo adecuado de nuestro país demanda el que se atienda integralmente al conjunto de los sectores sociales.
Los mexicanos acabamos de darnos la reforma electoral más profunda y consensada de los tiempos modernos, misma que es parte de una reforma más global y completa, la reforma del Estado, imprescindible para concretar el proyecto de nación al que aspiramos.
Este avance en materia política, necesariamente debe tener su conrelativo en materia social. El desarrollo social no debe continuar estancado, en perjuicio de grupos sociales cuya vulnerabilidad es mayor.
En el marco de la política social la realización de una Cruzada Nacional para una Vejez Digna permitiría prever situaciones futuras, para que no suceda dentro de algunos años lo que está ocurriendo en estos momentos: la existencia de amplias contradicciones y rezagos producto de la insuficiencia institucional y la carencia de directrices hacia sectores como el de la tercera edad.
Es preciso que se supere ya la etapa en la cual son formulados excelentes y precisos diagnósticos que ahí quedan, sin lograr concretarse las medidas prácticas que se proponen para resolver los problemas.
Pareciera olvidarse por parte de la sociedad y las instituciones, la importancia de que a los ancianos les sean reconocidos sus más elementales derechos sociales.
Se debe reconocer que lo que se haga no es gratuito. Ellos lo han generado, lo han sabido ganar a pulso a través de una lucha constante que estamos obligados a valorar.
En el aspecto político, la Cruzada Nacional para una Vejez Digna, permitiría articular estrategias, programas y acciones y realizarlas efectivamente en beneficio de los ciudadanos de edad avanzada.
La Cruzada Nacional por una Vejez Digna, no debe ser considerada en forma aislada. Debe formar parte de una política social de mayor profundidad y alcances que, en la búsqueda de un mayor bienestar social, aporte elementos que coadyuven a mejorar los niveles de vida de los mexicanos, situación que incrementaría seguramente los márgenes de gobernabilidad, al satisfacerse demandas concretas de grupos sociales y particularmente en el caso de la tercera edad, cuya tendencia de crecimiento ubicará a los senectos como un sector muy importante en las próximas décadas.
Esta iniciativa parte de la necesidad de la participación de ciudadanos de la tercera edad, sobre todo los organizados y que han sido particularmente activos y demandantes, mismos que han solicitado al líder de la Cámara de Diputados, diversas acciones y gestiones para apoyar la economía de sus agremiados. (Véase anexo 1.) Se requiere diseñar esquemas de seguridad social capaces de responder al formidable reto que representa el que millones de ancianos cuenten con la posibilidad de tener una vejez digna, caracterizada, entre otras cosas, por el acceso a una pensión y a niveles de salud, vivienda, vestido y sustento decorosos.
Con el actual sistema de pensiones y jubilaciones dicha situación se antoja imposible. La nueva ley en la materia, al parecer, garantizará mejores condiciones de atención y jubilación solamente para quienes estén sujetos al régimen de seguridad a través del IMSS, el ISSSTE o los que brinden las propias empresas.
Es entonces necesario construir alternativas para que puedan aprovecharse, en beneficio social y propio las valiosas habilidades productivas y culturales de que son portadores quienes son mayores de 60 años.
Entre los miembros de la tercera edad, existe un potencial económico hasta ahora no aprovechado. En este sector existen personas altamente calificadas, capaces de seguir produciendo bienes, servicios y cultura necesarios al desarrollo nacional y sobre todo, de brindar apoyo y capacitación a los jóvenes. Personas que desean seguir laborando y a las que debe dárseles la posibilidad de hacerlo.
Es importante valorar que la Cruzada Nacional para una Vejez Digna también contribuiría a la protección de la organización y al desarrollo de la familia, prevista en el artículo 4O. constitucional y conlleva implícitas una serie de repercusiones en el plano social que buscan contribuir a generar condiciones en el corto, mediano y largo plazo, para que sociedad y Gobierno encuentren los medios idóneos para atender a millones de mexicanos que, afectados hoy en día por una de las crisis más severas, reclaman tener una mejor vejez.
La cruzada también impulsaría estrategias de autogestión comunitarias "con" las familias y los ancianos y no "para" ellos, favoreciendo la capacidad de organización y asociación de las familias en que viven personas en edad de senectud.
Para una sociedad como la nuestra, esto representaría avanzar en el camino del desarrollo social, con la participación directa de las familias, creándose desde ahora las condiciones para que los ancianos del tercer milenio, tengan a su alcance los medios para una vida que los aliente a continuar dando lo mejor de sí para su familia y para México.
b) Operación
Es indudable que uno de los problemas iniciales a resolverse para llevar a cabo una propuesta como la cruzada, es el diseño de los procesos que habrán de permitir operar en la práctica los programas y las acciones.
Si bien la participación institucional requerida es amplia, debe ser asumida la responsabilidad de la coordinación por alguna dependencia.
Las instancias que con base en sus atribuciones podrían encargarse de convocar a las otras partes involucradas, son la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de la Senectud (Insen).
En un primer momento y en su carácter de dependencia rectora de la política social pudiera ser la Sedesol la institución convocante, en un segundo momento, el DIF pudiera tener a cargo la labor de ser la dependencia operativa, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, tiene como objetivos la promoción de la misma, la prestación de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Objetivos
Objetivo General
Acordar y poner en práctica una Cruzada Nacional para una Vejez Digna, en la cual participen las dependencias públicas con facultades en la materia, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos interesados y necesariamente los propios ancianos como sujetos de los programas, cuyo fin sea proponer y aplicar diversas medidas que permitan coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de quienes son jubilados y pensionados y de aquellos ciudadanos que no siéndolo, pertenecen a la población de la tercera edad.
Objetivos particulares
Favorecer una mejor coordinación interinstitucional y promover la participación de la sociedad en la atención y solución de las personas de la tercera edad.
Aumentar los recursos fiscales y sociales destinados a la atención y protección de los trabajadores en retiro y de las personas en edad avanzada.
Mejorar la atención médica y social de las instituciones públicas que atienden a los trabajadores en retiro y ampliar su cobertura a las personas de la tercera edad que no pertenecen a este sector.
Fomentar la cultura de respeto y protección hacia los destinatarios del programa.
Desarrollar una cultura de corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad motivando la participación ciudadana y fortaleciendo sus acciones como contraloría social, en la tarea de atender los derechos y necesidades de los ancianos.
Promover el surgimiento de instituciones privadas y sociales que contribuyan con atención y servicios para los senectos.
Brindar más oportunidades a las personas que en edad del retiro, posean experiencias y dominio de técnicas que puedan ser trasmitidas a las nuevas generaciones.
Crear las condiciones sociales y económicas para que las personas de la tercera edad puedan reintegrarse a la vida productiva, aprender nuevos oficios, capacitarse en temas de su elección e incorporarse a actividades recreativas y culturales.
Estrategias
Las estrategias que se proponen se desprenden de la necesidad de aumentar la eficiencia social de los recursos, mejorar la coordinación interistitucional, adecuar el marco jurídico y fomentar la participación social.
La Cruzada Nacional para una Vejez Digna parte, así, de cuatro grandes líneas estratégicas que se constituyen en los ejes rectores que orientarían los programas y acciones a desarrollarse.
a) Consenso inicial
Una propuesta de la magnitud de la cruzada tiene, necesariamente, que contar con amplios consensos políticos y sociales sin los cuales no sería posible su ejecución práctica. De entrada, debe quedar bien claro que no es un programa gubernamental más. Es, ante todo, la búsqueda de la justicia social para los ancianos; la forma en que los mexicanos queremos resolver aquí y ahora, los principales problemas a que se enfrentan las personas de la tercera edad y las bases que, de común acuerdo, todos queremos establecer para que los ancianos del presente y del porvenir vivan y disfruten plenamente de su vejez.
Por ello, la versión inicial de la cruzada tiene que ser conocida, analizada y enriquecida por el mayor número posible de actores institucionales y sociales: los propios ancianos interesados en primer lugar, las dependencias responsables de la atención y asistencia social a la senectud; las fracciones parlamentarias de los partidos con representación en el Congreso de la Unión; las organizaciones gremiales; los medios de comunicación; los organismos privados con fines filantrópicos; los intelectuales. En fin, por toda persona o institución que pueda y desee contribuir a través de diversos medios en esta misión.
Los mecanismos que se utilizarán para recabar opiniones serán diversos: foros regionales, buzones, reuniones de trabajo, consensos partidistas etcétera; otras acciones más emanarían de la propia sociedad en general y sus principales actores.
Con ello, al tiempo que se inician el diagnóstico, el análisis y la discusión del tema, la propuesta sería más acabada con las aportaciones de los participantes.
b) Actualización legislativa
La cruzada presenta como necesaria la modificación de la Constitución General de la República así como de otras disposiciones existentes y en su caso la creación de nuevos instrumentos legales necesarios para la operación y logro de sus objetivos. Los programas y acciones en beneficio de este sector de la sociedad deben formularse con base en un derecho permanente regulado por la ley y no tener sustento en meras actitudes voluntaristas de carácter transitorio.
La modificación del marco legal incorporaría también disposiciones que establecieran la obligatoriedad para los hijos mayores de edad y con ingresos propios, de contribuir al sostenimiento y atención de sus padres que no tuvieran los medios para subsistir por sí mismos.
No sólo sería importante la transformación de las reglas. de juego formales relativas a la atención a este sector de la población. Se requiere, sobre todo, la voluntad social, institucional y política para poner en práctica efectivamente las normas, disposiciones y acciones concretas que se acordaran.
c) Coordinación institucional
Esta línea estratégica, además del diseño y la operación de los mecanismos de coordinación que sean necesarios entre los poderes, instituciones y niveles de gobierno orientados a garantizar la óptima utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos de la cruzada, también implica el seguimiento y evaluación permanentes de los mismos; así como el fortalecimiento de los organismos e instituciones encargados de la atención a la vejez.
Será necesario avanzar, simultáneamente, en el esquema de descentralización hacia los estados y los municipios, alentando en el marco del pacto federal, el consenso y la participación activa de los tres órdenes de gobierno.
Lo anterior contribuiría a una mayor fortaleza del proceso de plantación social, al propiciar la participación en la determinación de un programa de trabajo a desarrollarse y al establecimiento del contenido de los programas específicos, de sus objetivos, metas, recursos, tiempos de ejecución, políticas operativas, responsables y mecanismos de coordinación y evaluación, entre otros aspectos.
Con ello sería posible conocer la infraestructura institucional ociosa que puede ser aprovechada para los fines del programa y se promovería la integralidad en la atención de las principales preocupaciones y demandas de la gente de edad avanzada en materia económica, de salud, social, etcétera, cubriéndose con ello todas las necesidades elementales de las personas de la tercera edad.
d) Participación social
Vinculada con la primera línea estratégica, esta vertiente parte de lograr el análisis de la propuesta cruzada para una vejez digna por parte de los ciudadanos y organizaciones interesados. Se pretende sumar a los ciudadanos y grupos sociales interesados, buscando que la fase operativa de las acciones se nutriera con una amplia participación social y de quienes serían actores-receptores de la política social a instrumentarse en pro de la gente de la tercera edad.
Se trata, inicialmente, de motivar la participación de la sociedad a fin de generar un clima favorable a la instauración del programa y su corresponsabilidad en la aplicación y vigilancia del mismo. Sumar a las personas de la tercera edad, como actores del proceso y no sólo como beneficiarios del mismo. Esto implica una actitud abierta para escuchar a los interesados, cuyas ideas y creatividad permitirán contar con aportaciones para resolver la problemática.
Inicialmente, se puede alentar la participación en un mínimo de acciones inmediatas, como por ejemplo, las de cuidado de la higiene personal y doméstica, el abastecimiento de productos alimenticios, la elaboración de comidas dentro y fuera del hogar, la compañía a consultas médicas, al cobro de la jubilación y otras gestiones, son aspectos de necesaria satisfacción que exigen la atención de, pero no el ingreso a las instituciones. Acciones que, insistimos, pueden ser apoyadas por la comunidad.
Con la apertura institucional poco a poco se lograría la incorporación gradual de los senectos en la administración de los sistemas que les brindan atención social en el sentido más amplio del término y en los cuales, podrían participar las familias tanto en lo individual como agrupadas en organizaciones con fines definidos en la materia.
Programas y acciones especificas
Los programas y acciones que se dirijan hacia los grupos de la tercera edad, habrán de:
Considerarlos como sujetos participantes en el proceso, no como una masa moldeable de personas que aceptan sin cuestionar lo que dispongan las instituciones para ellos.
Ser parte de una política social de largo aliento, aplicable a través de programas que cuenten con los medios para su seguimiento y evaluación:
Llevarse a cabo a partir de acuerdos nacionales y locales que hayan celebrado las distintas instancias y niveles de gobierno con el fin de lograr una mejor articulación de los programas:
Revisar los esquemas de salud y previsión social para hacer frente a las demandas derivadas de la dinámica previsible de crecimiento demográfico de las personas de la tercera edad:
Utilizar al máximo el potencial de los medios masivos de comunicación para destacar la importancia de que la sociedad conozca y participe en las acciones que se emprendan:
Reconocer el "ámbito social", es decir, abrir los espacios para que participen de una manera más dinámica ciudadanos, grupos y organizaciones civiles con el fin de incorporar sus demandas y transformarlas en acción pública:
Considerar la diversidad de las condiciones, características y cultura de los grupos destinatarios, lo que implica que las directrices generales deberán abarcar la posibilidad de que existan modalidades alternas.
La instrumentación de una política gubernamental dirigida hacia el sector de la tercera edad, demanda diversas tareas. Inicialmente se requiere un diagnóstico nacional del sector, en el que participen conjuntamente Gobierno y sociedad.
Este diagnóstico puede tomar como base la información del INEGI, el Conapo y el Programa Nacional de Población, e información local que permita identificar con precisión el número de habitantes de la tercera edad, su ubicación y condiciones de existencia.
El diagnóstico deberá abarcar al menos dos grandes grupos: el de personas de la tercera edad que cuentan con los beneficios de alguno de los sistemas de seguridad social y el de personas que no cuentan con ninguno.
Este diagnóstico es básico para el diseño de las estrategias que orientan la acción y la formulación de las medidas correctivas y preventivas para atender a este sector vulnerable. A partir del mismo podrían ser formuladas las grandes directrices y los programas y acciones dirigidos al sector, entre los cuales podrían encontrarse los siguientes.
a) Adecuación del marco jurídico-normativo
Creación en la Cámara de Diputados de la Comisión de Atención a la Senectud para dar seguimiento ala solución de la problemática de la población en edad avanzada.
Incorporación al texto constitucional, en lo que sea procedente, de los derechos de los ancianos propuestos por el Insen y los aprobados por la Organización de las Naciones Unidas en Viena en el año de 1978. (Véanse anexos 2 y 3.) En el nivel reglamentario, puede formularse un código de derechos de las personas de edad avanzada.
Reformas al Código Civil para que, con base en el principio de reciprocidad, los hijos mayores de edad y con ingresos propios, contribuyan a la manutención de sus padres de edad avanzada que se encuentren inválidos o que carezcan de ingresos.
Revisión del marco jurídico nacional y estatal buscando adecuarlos a los requerimientos políticos y operativos que plantea la realización de las acciones.
Revisión y actualización de las normas de regulación, fomento y control sanitario de los establecimientos públicos o privados con fines de atención a ancianos.
b) Salud integral
Realización periódica y sistemática de una campaña nacional de atención al anciano, similar a la campaña nacional de vacunación, que permita identificar y atacar las causas de morbilidad y mortalidad entre las personas de la tercera edad y se dirija a mejorar sus condiciones de vida.
Creación del centro de geriatría, gerontología y enfermedades crónico-degenerativas, en donde se formen especialistas en estas disciplinas; adicionalmente, impulsar que instituciones de educación superior del país incorporen a su currícula de especialidades de posgrado dichos estudios.
Convenir con instituciones privadas y médicos particulares la atención a personas de la tercera edad, a cambio de disminuciones o exenciones impositivas u otra clase de acciones favorables del sector público a quienes participen en la cruzada.
Ampliar el financiamiento, la cobertura y regionalizar el servicio de prótesis, fideprótesis para proporcionar y acercar sus servicios a un mayor número de beneficiarios.
Programar acciones de educación para el retiro, orientadas a disminuir el impacto sicológico que reciben quienes se pensionan o se jubilan.
c) Atención social
Instalación del consejo nacional de la edad avanzada, órgano que contribuiría a realizar investigaciones sobre la tercera edad y a diseñar y coordinar políticas y programas que existan en la materia.
Creación del centro cultural de los trabajadores en retiro y clubes de la tercera edad en donde puedan capacitarse, a través de talleres de terapia ocupacional, para nuevas actividades creativas y productivas, así como disfrutar de actividades culturales y recreativas diurnas.
Constituir fondos regionales con una mezcla de recursos fiscales y sociales, con los cuales y a iniciativa de las propias personas de la tercera edad se erijan microempresas productivas, administradas y operadas por personas de la tercera edad.
El fomento de una óptima y permanente operación y creación, donde no exista, de consejos estatales y municipales de la senectud, que cuenten con representación en el seno de los Coplade y los Coplademun.
Promover programas municipales de atención a los ancianos, basados en la supervisión de la calidad de las condiciones de vida de los senectos.
Extender los servicios de asesoría jurídica y los que brinda la Procuraduría de la Defensa del Anciano del Insen a todo el territorio nacional, creándose como figura jurídica donde no exista y con atribuciones que garanticen la defensa de este sector de la población. Para tal efecto se deberá concertar lo conducente con los gobiernos locales.
La promoción de hábitos de conducta y de valores superiores, respeto, responsabilidad, tolerancia, que contribuyan a la protección de los grupos vulnerables es un precepto contenido en el artículo 45 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. Es importante se refuerce lo que hasta ahora se viene haciendo en este sentido para lograr la aspiración a mayor equidad y justicia.
Establecer, con la colaboración de particulares, programas de arrendamiento y subsidios especiales para mayores de 60 años.
Dignificar las casas o asilos de ancianos, erradicando el concepto de centros de reclusión o desahucio social y promover la instalación de un mayor número de albergues.
Subrayar la responsabilidad social y familiar en la atención y protección de sus ancianos, para evitar que estén desamparados o que sean una carga para el estado, revalorando su papel en el seno de la familia y la comunidad. En cada comunidad puede fomentarse el funcionamiento de la casa del abuelo, que opere combinando recursos institucionales con los de la propia comunidad.
Instrumentación del programa intergeneracional "Conviva con los Abuelos", que auspiciaría la participación social en la atención y convivencia con las personas de edad avanzada.
Reestructurar y eficientar los servicios del Insen, a fin de garantizar una mayor y mejor cobertura de sus programas y fomentar una amplia participación y contraloría social en su operación.
Extender los beneficios de la tarjeta Insen a todos los senectos, incorporar a la misma un mayor número de instituciones comerciales y de servicios e incrementar el descuento que se brinda a los beneficiarios.
Establecer el fideicomiso de servicios funerarios para las personas de edad avanzada, financiado tanto con aportaciones públicas, como de los propios interesados.
Convenir con los medios de comunicación espacios para que personas de la tercera edad ofrezcan sus servicios.
d) Apoyo económico
Incremento a la pensión básica de jubilados y pensionados, igualando a la pensión básica las pensiones inferiores al salario mínimo, de las viudas y pensionados por invalidez del IMSS y del ISSSTE.
La inclusión, en los programas de desarrollo económico y social, de los distintos niveles de Gobierno, de proyectos y acciones dirigidos especialmente al sector; por ejemplo un programa especial para superar la pobreza, destinado a las personas de la tercera edad que vivan en condiciones de miseria, a quienes se otorgaría, con la participación del sector privado, despensa básica y atención médica gratuita.
Buscar la capacidad y sustentabilidad financiera de las acciones que se lleven a cabo en beneficio de las personas de la tercera edad, a través de su incorporación en los convenios de desarrollo social y otros acuerdos en que concurran diversas instancias.
Exención del impuesto predial y reducción del 50% en el pago del servicio de agua, por una sola propiedad, a los mexicanos mayores de 60 años.
Transporte urbano gratuito a las personas en edad avanzada.
Los programas y acciones anteriores son tan sólo una muestra de la diversidad de programas que en el campo poco explorado de la atención a los ancianos, pueden realizarse.
Mensaje final
El reto que tenemos es de grandes proporciones. Plantea un formidable esfuerzo tanto de las instituciones como de la sociedad para garantizar que la población senescente cuente con los sistemas de previsión de seguridad social y de servicios de apoyo que les son necesarios.
México está considerado por la ONU en el lugar 40 en materia de desarrollo humano. Esto habla del camino que nos falta por recorrer en la búsqueda de un mayor bienestar y calidad de vida para grandes sectores de la población, entre ellos los ancianos.
De no iniciarse acciones más agresivas en este momento, en algunos años será mucho mayor el rezago que las siguientes generaciones tendrán que atender. Para no heredar un gran problema es imperativo asumir ahora la responsabilidad histórica de garantizar condiciones de vida digna para quienes están y llegarán a la etapa de la vejez.
Las acciones que se determinen deben de ser congruentes con nuestras circunstancias y realistas. No es el momento de regatear o escatimar esfuerzos para ellos, que abrieron caminos de trabajo, de vida y de amor para los mexicanos del presente. Para resolver este problema nacional deben considerarse todas las opciones posibles, despertarse todas las conciencias, sumarse todas las voluntades y trabajar con decisión en todos los frentes.
Por nuestros ancianos respondamos ahora ante la historia. De no hacerlo, la conciencia social de la nación nos lo demandará con rigor EI día de mañana.
Anexos
Anexo 1
"Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados. "Eduardo Alonso Escárcega."
Al licenciado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados.- A los diputados de la LVI Legislatura.- Presentes:
Los juicios y pensionados ejerciendo nuestro derecho constitucional a manifestarnos decidimos hacer acto de presencia nuevamente frente a esta Cámara de Diputados para demandar de ésta decrete un aumento de emergencia del 100% a la pensiones de más de 1 millón 500 mil pensionados.
Señores legisladores:
Ustedes mismos en otras ocasiones en esta misma tribuna y provenientes de todas las fracciones parlamentarias de los partidos políticos que integran la presente legislatura, han reconocido frente a nosotros que es inadmisible que miles de pensionados continúen viviendo en la pobreza extrema y han ofrecido las seguridades de que pondrán todo su empeño para aliviar nuestra situación.
Sin embargo, nuestra problemática ha sido el principal argumento para que ustedes y sus deliberaciones durante más de un año, culminen con la aprobación de una nueva Ley del Seguro Social que nos aloja en un artículo transitorio, que a la letra dispone: "artículo duodécimo. Estarán a cargo del Gobierno Federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentran en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley que se deroga".
Con esta disposición práctica queda en entredicho nuestro derecho a ser pensionados; es decir, que a partir de 1997 cuando entre en vigor la nueva ley, de ser pensionados pasaremos a ser subsidiados.
Por lo anterior, que nos preocupa sobremanera y crea incertidumbre, apelamos a su consciencia para que consideren y en su caso deroguen ese nuevo esquema de seguridad social que, por lo que observamos, más que ayudar a resolver los problemas sociales de miles de mexicanos, es para apoyar con los ahorros de miles de trabajadores los desequilibrios financieros de unos cuantos banqueros que siempre han apostado a la especulación y no al progreso de la economía nacional.
Ante la situación de desastre económico que vive el país y que aún no le vemos la salida, tampoco nos queda claro para los pensionados actuales que este nuevo ordenamiento nos vaya a beneficiar, no hay garantía ni confianza de que nosotros alcancemos una vida digna con seguridad social.
Señores legisladores:
Nosotros les brindamos a ustedes nuestro voto. Ahora ustedes están en deuda con nosotros. Ustedes forman parte de un Poder Legislativo con amplias facultades para resolver que se nos otorgue un aumento de emergencia; que las pensiones actuales de cualquier carácter cuyo monto esté por debajo de la pensión básica, se igualen a ésta y todas ellas corresponden cuando menos a dos salarios mínimos vigentes del Distrito Federal; que se decreten en beneficio de nosotros rebajas en el pago de impuestos y de los servicios básicos, el transporte urbano de forma gratuita, vales de despensa mensuales por 250 pesos y ayuda para los gastos escolares de nuestros hijos y nietos.
Frente a esta Cámara de Diputados están los representantes de la mayoría de los jubilados y pensionados de esta país. Nuestros reclamos deben ser atendidos. Somos mexicanos y tenemos derecho a la vida, a la salud, a un ingreso salarial digno, a una plena seguridad social, como la planeamos hace más de 50 años.
Hoy somos 1 millón y medio de pensionados, en cuatro años seremos 5 millones, esto significa que nuestra problemática se va a acrecentar si no se atiende positivamente de inmediato. Es equivocado pensar y esperar que la muerte de los pensionados será la solución, al contrario seremos más y no claudicaremos, seguiremos hasta el final, hasta alcanzar lo que no hemos propuesto y por derecho nos corresponde en beneficio de miles de trabajadores en retiro y nuestra familias.
Respuesta ¡ya! ¡Viva la seguridad social! ¡Vivan los pensionados! ¡Muera la pobreza! ¡Viva la dignidad! ¡Viva México:
Por el Consejo Nacional del Movimiento Unificador nacional de Jubilados y Pensionados.- Antropóloga.- Blanca Irma Alonso Tejeda, presidenta."
Anexo 2
Declaración de Derechos del Anciano (Insen)
I. El anciano es un ser humano provisto, como cualquier otro, de una dignidad que debe reconocérsele y respetársele, porque es tenedor de un valor intrínseco apoyado en la consideración objetiva de que la vejez no solamente es acumulación de años, sino también de experiencias.
II. El anciano físicamente sano es una fuerza productiva experimentada, que debe ser aprovechado en actividades adecuadas a su condición.
III. Es en el seno de la familia, consciente y responsable, donde debe vivir el anciano, al lado de sus seres queridos y bienes más preciados; de ningún modo y por ninguna circunstancia, debe ser arrojado fuera de ese ámbito.
IV. Como resultante del más elemental principio de justicia social, es deber de la familia y la sociedad proporcionar el mayor bienestar al anciano.
V. El Estado debe procurar otorgar asistencia al anciano mediante una forma legal que le dé bases inconmovibles, invariables e inmutables, por ser un derecho de los más elementales del hombre, correlativo de un deber del Estado y la sociedad: atender a las limitaciones del necesitado, cuando se vive dentro de un régimen revolucionario y constitucionalista como el nuestro.
Anexo 3
Derechos de los Ancianos (ONU)
El anciano tiene derecho a:
Asistencia física La seguridad de su integridad física, tanto en tiempo de guerra como de paz, pero sobre todo, en caso de catástrofe social o natural.
El mantener la salud mediante la asistencia constante de los servicios integrales y gerontológicos desde su habitación hasta el ámbito extremo.
El derecho a una vida normal a través del contacto con la naturaleza y la ciudadanía.
Asistencia económica Una pensión superior mínima indispensable para vivir, que le dé la posibilidad de alimentarse bien, así como de participar en la vida social y cultural.
Un hogar idóneo a las exigencias de la persona anciana, ayudándolo a renovarlo de acuerdo con los lineamientos gerontológicos.
Facilitarle la posibilidad para desarrollar un trabajo productivo y una actividad útil.
Asistencia social La posibilidad de frecuentar y convivir con sus amigos y coterráneos para evitar la soledad y facilitar el amalgamamiento con las demás generaciones dentro y fuera del hogar.
Relacionarse realmente con las diferentes clases sociales y ser tomado en cuenta por las diferentes iniciativas de las autoridades sin ninguna discriminación de grupo étnico, raza, clase, religión y otra ideología, sin importar el estado físico o mental.
Una presencia política eficiente y representativa que dé la posibilidad de participar en la elaboración de las leyes.
Cultura y comunicación El libre acceso a trabajos y estudios de formación cultural con la posibilidad de investigación, perfeccionamiento, actualización o realización de estudios especializados.
Facilitar el libre acceso a todos los medios de información y a la divulgación de noticias.
La facultad de ejercer y ejecutar una actividad cultural creativa y la posibilidad de trasmitir a generaciones futuras su propia.
Dignidad y libertad El derecho de ser dispensada de trabajos que requieran un esfuerzo físico e intelectual que agraven su estado de incapacidad.
La libertad para crear continuamente su propia forma de opinión y dar facilidades para manifestarla.
La libertad de tener su propio concepto del mundo y organizar su interior espiritual, respetando su momento histórico.
Palacio Legislativo, septiembre de 1996.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA UNION
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortiz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al LX aniversario de la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Esta Presidencia aclara que la participación del diputado Ortiz Walls, es a nombre del Comité de Biblioteca. Adelante, señor diputado.
El diputado Gaspar Eugenio Ortiz Walls:
Señor Presidente, agradezco su aclaración; es oportuna.
Honorable Asamblea: solicité la palabra para referirme al LX aniversario de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión, institución a cargo de esta Cámara, que nació el 4 de septiembre de 1936 y que cumplió, el 4 de septiembre del mes en curso, 60 años de servir a México.
Quisiera yo hacer mención muy especial de la XXXVI Legislatura, que fue la legislatura que la creó y de manera muy especial, de los diputados Luis Mora Tovar, Demetrio Bolaños Espinosa, Carlos A. Calderón, Guillermo A. Esteva y José Martínez Vértiz, miembros del bloque del ala izquierda, que presentaron la iniciativa en la que se asienta que la biblioteca de la Cámara de Diputados fuera puesta al servicio del pueblo de México.
La biblioteca fue establecida, como lo dije, en 1936 en el extemplo de Santa Clara, en el que sigue funcionando, hasta la fecha, como biblioteca pública y como tal, tiene ya una larga tradición, apreciada especialmente por los estudiantes de enseñanza media y superior y por investigadores de todos los niveles.
En su tiempo y en su circunstancia, los comités homólogos de las legislaturas anteriores de esta Cámara de Diputados, han sentado las bases y las tareas y han acometido las tareas para la conservación y funcionalidad en las áreas que integran la biblioteca del honorable Congreso de la Unión.
En la LIV Legislatura, el edificio de Tacuba, del Centro Histórico, fue restaurado constituyéndolo en un espacio apropiado para la consulta de innumerables usuarios que a ella asisten y que llegan a cerca de 13 mil personas al mes.
En diciembre de 1991, el Comité de Biblioteca de la LV Legislatura, observó que la dinámica legislativa requiere día a día contar con información ágil y oportuna que pueda ser proporcionada a los diputados a fin de apoyar el mejor desarrollo de sus tareas. Siendo evidente la necesidad de un servicio informativo especializado para los legisladores, el 20 de diciembre de 1991, en la legislatura que mencioné, se crea el Sistema Integral de Infamación y Documentación, para lo cual se encarga al Comité de Biblioteca, la función de normar y vigilar dicho sistema.
Aprovecho esta oportunidad para informar a esta honorable Asamblea, que el 6 de septiembre del presente año, se logró la conexión de la Cámara de Diputados a la red Internet, mediante un enlace permanente de fibra óptica y que ya se está trabajando para que en los próximos días los grupos parlamentarios, comisiones, comités, coordinaciones estatales, direcciones generales etcétera, que ya usan los servicios de la red de la Cámara, tengan también la posibilidad de consultar el gran mundo informativo de Internet, de manera directa, sin requerir de equipos adicionales.
Hemos mostrado en la Exposición Conmemorativa de los 60 Años de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión, el sevidor de esta Cámara de Diputados, que ya está en Internet proporcionando información de nuestra integración de los debates de la Legislación Federal etcétera.
Y para finalizar, reitero, a nombre del Comité de Biblioteca e Informática: A todos ustedes, diputadas y diputados, la cordial invitación para que asistan a los actos conmemorativos del LX aniversario de la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión que tendrán verificativo los siguientes días: mañana miércoles 25 de septiembre de 1996, a las 18:00 horas en el Salón Verde del Palacio Legislativo y el siguiente jueves 26 de septiembre, a las 18:00 horas, en la biblioteca general.
Espero, señoras diputadas y diputados que nos acompañen a festejar los 60 años de servicios al pueblo de México, de nuestra biblioteca.
Muchísimas gracias.
INGENIOS AZUCAREROS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un exhorto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Ruego a la Presidencia instruya a la Secretaria para que dé lectura al exhorto que tengo en las manos.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaria leer el documento que presenta el diputado.
La secretaria Rosa Margarita Guerrero Aguilar:
Compañeras diputadas y diputados de la LVI Legislatura:
En diversas ocasiones se ha tratado de tener de manera conciliatoria un acuerdo justo que termine con el problema de los azucareros del país y su representación sindical.
En tres ocasiones se han determinado lugar y fecha para la realización de las pláticas a que hacemos referencia con el diputado Enrique Ramos Rodríguez, quien como líder sindical tiene la obligación de atender los problemas derivados de su representación sindical con sus agremiados, ha reunido a esta obligación derivada no solamente de su cargo sindical, sino de la asignación que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión depositó en los miembros de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Gestoría y Quejas y en específico del senador Mauricio Valdés Rodríguez, diputada María del Carmen Segura Rangel, diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca y diputado Francisco Javier Santos Covarrubias.
Vista la falta de disposición del Secretario General del Sindicato Azucarero para acudir al desahogo de rendición de cuentas o en su caso de una auditoría a la que el mismo diputado Ramos Rodríguez deberá no oponerse, los firmantes solicitamos se exhorte al compañero diputado Enrique Ramos Rodríguez, por medio de la presente a que cumpla con el compromiso contraído con sus representados, así como en las comisiones y diputados designados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el desahogo de cuentas referidos en el cuerpo del presente.
México, Distrito Federal, a 19 de septiembre de 1996.
Firman los diputados: María del Carmen Segura Rangel, Salvador Pablo Martínez Della Rocca y Francisco Javier Santos Covarrubias.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias compañera diputada Guerrero.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Tengo en mis manos un documento que tiene un listado de fideicomisos que fueron creados desde el año de 1982 a la fecha. Esos fideicomisos de la industria azucarera representan en su totalidad 6 mil 334 millones de pesos que están reclamando los trabajadores azucareros. No me estoy refiriendo a los viejos pesos, sino a los actuales pesos; es una cifra bastante considerable.
Esta cantidad de dinero fue entregada en efectivo a los líderes sindicales por la Cámara Nacional de la Industria Azucarera. ¡No hay nada de que se haya perdido el dinero! ¡El dinero fue entregado con pesos contantes y sonantes:
El líder sindical en una sola ocasión nos ha .permitido estar y fue precisamente en su sindicato en donde nos recibió. Quedamos que con posterioridad nos íbamos a reunir con él para que se pudiera aclarar delante de los trabajadores azucareros, que por cierto están en la parte de atrás en este mismo recinto, esto que están reclamando en forma justa. Hay trabajadores que hasta la fecha no han recibido sus casas y que aportaron el total de lo que debió haberse entregado, hace muchos años y hasta la fecha no la han recibido.
Me voy a referir exclusivamente a una partida que especifica el artículo 73 del contrato-ley de la industria azucarera y alcoholera del país y en este artículo se comprende el Fideicomiso para la Construcción de Casas y en los años de 1968 a 1995 simplemente por ese concepto se reunieron 3 mil 187 millones 305 mil 262 pesos.
De modo tal que no solamente alcanzaba para haber dotado de casa a los 45 mil trabajadores que en ese tiempo había en la industria azucarera, sino para un 10% más de casas; es decir, alcanzaba para construirle hasta a un 110% de las personas que reclamaban este servicio.
De modo tal, compañeros, que lo que están reclamando estas personas es legítimo. Lo que se está pidiendo al líder sindical, que por cierto es diputado y comparte con nosotros alguna de estas curules, es que dé la cara y que se reúna con los trabajadores y con los que hemos sido mencionados como parte de la comisión, para que se rindan esas cuentas a las que tienen derecho sus representados y además, para que en el supuesto de que no se realicen estas cuentas podamos incluir en la Ley Federal del Trabajo o en alguna otra forma que nosotros inventemos, otra seguramente sección de la Ley Federal de Trabajo, un apartado más en el que los líderes sindicales estén obligados a rendir cuentas a los trabajadores en forma ininterrumpida cada año o cada seis meses, según se establezca, pero que también se deduzca de ella el que cuando no cumplan con esta obligación se pueda desprender de ahí algún delito de tipo penal, como en el caso, si hay algún fraude, pero que ya quede comprendido como decreto-ley.
No es posible que los líderes sindicales estén medrando con el trabajo de los trabajadores de cualquier ramo y que estas personas no tengan ninguna represión, sino al contrario, se les premie con una curul.
Compañeros diputados: es tiempo de que hagamos algo por los trabajadores del país y que todos nos unamos, incluso los del Partido Revolucionario, para que puedan defender adecuadamente a estos que dicen que representan pero que más bien explotan y que jamás apoyan.
Muchas gracias
El Presidente:
Se solicita a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, analice el escrito presentado por el diputado Francisco Javier Santos Covarrubias.
Tiene la palabra el diputado Raúl Ramírez Chávez, para referirse al mismo tema.
El diputado Raúl Ramírez Chávez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
He escuchado la declaración del diputado Santos Covarrubias y es necesario que esta tribuna, que es la más alta del país, se dé cuenta de que el Sindicato Azucarero, al cual se ha referido el diputado Santos, no es un sindicato que por su historia no sea serio, por el contrario, es un sindicato serio y a los hechos que se le imputan vamos a hacer una pequeña remembranza.
A mediados de 1971 Financiera Nacional Azucarera promovió ante el Juzgado Tercero de lo Concursal de esta ciudad, la quiebra de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del ingenio Emiliano Zapata, declarándose por sentencia la quiebra solicitada en juicio número 41/91 y se designó como sindico provisional a la empresa Azúcar, S.A. de C.V. La quiebra tuvo como efecto la terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo de los obreros de la sección 72 de la sucursal uno, de la 72 y de la Sección 67, que constituían aproximadamente 3 mil 200 trabajadores.
Hago esta remembranza, compañeros, porque es necesario que ustedes se enteren y aprecien lo que es la verdad de lo que aquí se expone en esta tribuna.
El juez de quiebra autorizó que el ingenio continuara sus labores, contratando provisionalmente y en forma temporal un máximo de 600 trabajadores. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo señala como indemnización de los trabajadores en casos de quiebra, el pago de tres meses de salario y la prima de antigüedad exclusivamente, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera logró para los trabajadores afectados, el pago de 16 días por año de antigüedad a los trabajadores de planta permanente y-10 días por año laborado a los trabajadores de planta temporal, a base de un salario compactado.
Lo anterior provocó que más de 2 mil trabajadores quedaran desocupados, no siendo recontratados circunstancia que creó una disidencia iniciándose los primeros cuatro juicios de los trabajadores de la cooperativa en contra del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, de Azúcar, S.A., Banco Obrero, como fiduciario de los fideicomisos sindicales, siendo Urbano M. Torres y otros, Salvador Espin Brito y otros, Pablo Abarca y otros y José Luis Barón Cárdenas y otros, quienes promovieron esos juicios.
Así también presentaron cuatro juicios por los trabajadores del Ingenio El Potrero, S.A. y tres de los trabajadores del ingenio Plan de Ayala, uno de los trabajadores del ingenio Aarón Sáenz, un juicio de los trabajadores del ingenio Ponciano Arriaga y cuatro de los trabajadores de cooperativa ingenio El Mante.
Posteriormente estuvieron presentados otros juicios con trabajadores principalmente del ingenio Emiliano Zapata.
En todos los juicios los trabajadores o ex trabajadores demandaron el pago de la parte proporcional que consideraban les correspondía de los fondos de los fideicomisos que anteriormente existían y que eran fideicomisos de estudios superiores y de posgrado, fideicomiso del fondo desarrollos turísticos, fideicomiso para la construcción de casas de obreros del sindicato azucarero, fideicomiso del instituto de capacitación, servicios médicos, fondo de la comisión de jubilaciones de la industria azucarera, fideicomiso para el deporte y la cultura, fideicomiso del fondo solidario de protección familiar, fideicomiso de administración y operación de tiendas sindicales, fondo de ahorro para obras sociales, este fondo no constituía el fideicomiso, fideicomiso para el desarrollo rural y fideicomiso para la constitución de una empresa del sector social o subproductos.
También demandaron una casa en propiedad. Como todos los juicios reclamaban, cómo antes quedó señalada, la parte proporcional que consideraban les correspondía de los Fondos de los fideicomisos, las autoridades competentes en materia de trabajo absolvieron y exoneraron de toda responsabilidad al Sindicato Azucarero en virtud de que en todos los juicios se probó por los contratos mercantiles de fideicomisos, que los fondos de cada uno de ellos estaba constituido para la realización del fin materia de las prestaciones que se administraban a través de ellos; es decir, el fondo del fideicomiso de estudios superiores y de posgrado tenía como finalidad otorgar becas a los trabajadores o hijos de éstos para estudiar alguna licenciatura, maestría o doctorado; el fondo para desarrollos turísticos tenía como finalidad el establecimiento de centros de recreación para el descanso.
En fondo del fideicomiso de capacitación tenía como finalidad impartir capacitación a los trabajadores de la industria azucarera y así sucesivamente.
Como se ve, las prestaciones sociales contenidas en el contrato-ley de la Industria Azucarera se administran a través de fideicomisos, cuyos fondos están destinados a cumplir la prestación social para la que fueron creados, por lo que lógicamente dichos fondos no eran para distribuirse en pesos y centavos entre los trabajadores sindicalizados, sino quedaban destinados a satisfacer una prestación contractual en especie, a excepción de las becas para estudios superiores y de posgrado.
Como los reclamantes no tuvieron razón de demandar la parte proporcional que exigían de los fondos de estos fideicomisos, los tribunales laborales de trabajo emitieron laudos en contra los cuales fueron impugnados por los actores a través de juicios de amparo directos de los que conocieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito, quienes resolvieron que a los reclamantes no se les otorgó el amparo ni la protección de la justicia federal.
Estos juicios actualmente se encuentran concluidos y archivados como cosa juzgada; sin embargo, después de haber transcurrido casi dos años de que los juicios antes mencionados fueron concluidos nuevamente en el mes de septiembre de 1995, presentaron un nuevo juicio a nombre del ciudadano Angel Arellano Vargas y otros, en el que incluye a 1 mil 300 trabajadores de los diversos ingenios como: El Potrero, Emiliano Zapata, Atencingo, Plan de Ayala y La Abeja.
En este último ingenio quiero hacer una reflexión. Ahí, en ese ingenio al cual su servidor pertenece, no existe tal disidencia, no existe tal reclamación, reclamando nuevamente el otorgamiento de una casa en propiedad y el pago a cada sector, a cada actor, de la cantidad de 5 millones 524 mil 880 como parte proporcional que como prestación surge de todos los fondos fideicomitidos aclarando que esta vez no reclamaban los fondos, sino la prestación derivada de ellos en lo individual, pero traducida en dinero que como quiera que sea es lo mismo. Este juicio se tramita en el expediente 160/95 ante la junta especial número 10, de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
En el convenio de revisión de contrato del 15 de noviembre de 1992, se suprimieron los fideicomisos de desarrollos turísticos, artículo 31 de nuestro contrato-ley; deportes y cultura, artículo 92; el fondo de protección familiar, artículo 93; fondo de ahorro, artículo 139 y el desarrollo rural, artículo 140, así como el constituido para una empresa social, artículo 145. Esto es con la finalidad, compañeros, de que esas prestaciones se tradujeran en salarios, en una prestación más directa y que actualmente están gozando nuestros compañeros azucareros.
En el convenio de revisión del 16 de noviembre del 1995, se suprimieron el fideicomiso de estudios superiores y de posgrado, el Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, que estaba comprendido en los artículos 15 y 89 del contrato-ley. De igual forma, estas prestaciones se pasan en forma directa al salario, mismas que están percibiendo nuestros compañeros azucareros.
Quiero hacer la aclaración, compañeros, que por lo que respecta a la construcción de casas, el sindicato azucarero ha construido a lo largo y ancho del país donde tiene enclavados sus ingenios, más de 22 mil casas y tenemos también más de 8 mil 700 trabajadores jubilados, independientemente de las prestaciones que por seguridad social viene otorgando, como es el servicio de clínica azucarera, la prestación de becas todavía de posgrado y otras prestaciones más.
Por lo que respecta a los trabajadores de la cooperativa El Mante, que también fue declarada en quiebra, éstos nunca fueron reconocidos como trabajadores sindicalizados, por la dirección de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo, ya que se les consideró...
El Presidente:
Le recordamos que su tiempo ha concluido.
El diputado Raúl Ramírez Chávez:
Sí, señor Presidente, ahorita termino.
Los compañeros del ingenio El Mante compañeros, fue una sección fraternal que nunca, nunca aportó en producción a los fideicomisos, por lo tanto estos trabajadores no les asiste ningún derecho, ninguna razón.
El sindicato azucarero decidió manejar las principales prestaciones mediante la figura de fideicomisos, porque esto garantiza la transparencia de su administración, ya que constituyen organismos autónomos que cuentan con su propio comité, que a su vez es órgano de gobierno y en el que están representados la parte obrera, la parte empresarial y el Gobierno Federal, a través de la dependencia que tenga relación con el objetivo principal del fideicomiso.
Jamás se puede tomar una decisión relacionada con el destino del fondo fideicomitido, si no se autoriza por el pleno del comité técnico. De manera invariable, en cada consejo y congreso del sindicato azucarero, se rinde un informe de cada uno de los fideicomisos y la asamblea respectiva sanciona lo informado, nunca se llevan a cabo acciones que no estén enmarcadas en norma estatutaria.
El patrimonio azucarero, compañeros, es de naturaleza social, por los fines establecidos por su estatuto y enmarcados en el contrato-ley. Dicho patrimonio se destina permanentemente a los fines de los ordenamientos mencionados y no es un fondo acumulable, como lo han pretendido señalar aquí; por su naturaleza social, sólo podría repartirse el caso de que el sindicato se tuviera que disolver.
Compañeros, quiero, con el debido respeto que me merece este Congreso, que el problema laboral que señala el diputado Santos, debe ser atendido por las propias autoridades laborales, las que definirán si les asiste o no el derecho.
Asimismo hemos pedido a la Secretaría de Gobernación nos cite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para dirimir lo anteriormente señalado, situación que está pendiente.
La organización que represento ha sido prudente ante la intolerancia, lo absurdo, ante las injustificadas embestidas de que es objeto, recalcando que nuestra estructura es sólida, en base a la democracia y transparencia que existen en nuestras filas y prueba de ello, nuestro fortalecimiento en nuestra estructura sindical y en nuestro líder se da en cada consejo, en cada congreso y en las asambleas seccionales que respaldan al sindicato azucarero.
Compañeros, el sindicato azucarero y su dirigencia defenderá sus conquistas con la ley y con la fuerza, si es necesario, porque no permitiremos que se viole la autonomía sindical, autonomía que está consignada en las leyes laborales y en la Constitución...
El Presidente:
Señor diputado, su tiempo ha concluido, señor diputado.
El diputado Raúl Ramírez Chávez:
No permitiremos que grupúsculos que pretenden acabar con la conquista de muchos años de la industria azucarera para beneficiar a unos cuantos.
Compañeros, el sindicato azucarero no se esconde, responde de frente y responde con hechos, no a grupúsculos, sino a su base a la que es a la que le tiene que rendir cuentas y no permitiremos que se viole la autonomía sindical de nuestra organización.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el señor diputado Javier Santos Covarrubias.
El diputado :Francisco Javier Santos Covarrubias:
Compañeros diputados:
Es muy fácil llegar a esta tribuna y decir que se ha cumplido con los trabajadores y que los trabajadores no tienen nada que reclamar.
Nosotros estuvimos en un fideicomiso que se llama Fidelio, Fideicomiso de Liquidación para los Trabajadores Azucareros, esto es lo que quieren decir las siglas. En esta reunión en la que estuvimos presentes una diputada, Paty Mendoza y un servidor, habían dos grupos y se veía con toda claridad quienes eran los de un bando y los que eran del otro bando; los trabajadores están de un lado, la parte sindical del otro, pero se veía con mucha diferencia la ropa que vestían los unos y los otros. Parecía que el sindicato era la parte patronal y se había establecido un nuevo compromiso entre trabajadores, pero trabajadores de esa clase, para defenderse entre sí y acabar a la gente que trabaja.
Es lamentable que se tenga que usar esta tribuna para decir lo que se dice aquí. No se ha defendido realmente a la clase trabajadora, compañeros; ellos están reclamando no el que se venga aquí a ventilar este problema en la tribuna; aquí no lo vamos a resolver. Se nombraron dos comisiones: Gestoría y Quejas, Trabajo y Previsión Social, para que nos reunamos en forma conjunta y el diputado Ramos diga lo que tenga que decir y demostrar lo que tiene que demostrar y también los trabajadores lo hagan en forma propia. Aquí no se va a ventilar.
Yo pido que se cumpla exclusivamente con lo que se está pidiendo en el exhorto y nada más.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Enrique Romero, hasta por cinco minutos.
El diputado Enrique Romero Montaño:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Creo que las aseveraciones que ha hecho mi compañero Santos Covarrubias, carecen de conocimiento de causa.
Yo provengo de una fábrica, yo soy obrero, yo tengo los beneficios actualmente que nuestro contrato-ley estipula para todos los trabajadores, mismos que nos han sido entregados en tiempo y forma.
Hacia mención mi compañero diputado Santos Covarrubias, del artículo 73 de nuestro contrato-ley. Yo le preguntaría, ¿conoce el contrato-ley de la industria azucarera.
Yo tengo 34 años trabajando en la industria azucarera; me siento orgulloso de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana; me lastima profundamente que se venga a decir a esta tribuna que nuestro líder, Enrique Ramos Rodríguez no ha cumplido con lo que está establecido en el contrato-ley de acuerdo a los fideicomisos.
Y refiriéndome al artículo 73 en concreto, que habla de casas, ahí están las casi 30 mil casas construidas para los trabajadores activos, de planta permanente y planta temporal. El contrato no ampara disidentes ni tampoco ampara ex trabajadores. Que quede bien claro que los beneficios sociales que nuestro contrato ampara, es para los trabajadores vigentes.
Yo creo que mi compañero diputado Raúl Ramírez Chávez fue lo bastante explícito de como explicó, de cómo se administran los fideicomisos que constituyen los derechos sociales de los trabajadores azucareros.
Para concluir, yo reitero que este problema, como lo decía el compañero Santos Covarrubias, no tiene por qué debatirse en esta tribuna . Serán las leyes laborales las que den cuenta de quién tiene la razón.
Quedó claro también ya aquí de las demandas y los laudos que ya salieron en contra de los demandantes. Este asunto es cosa concluida, entonces no tiene caso desgastamos más.
Unicamente reitero que hice el uso de la palabra porque me lastimaron profundamente como trabajador azucarero, porque yo sí conozco el contrato-ley, porque yo sí conozco las prestaciones sociales que nos entrega nuestro contrato y el contrato-ley es benévolo tanto para los trabajadores como para la misma industria.
Es cuanto compañeros.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santos Covarrubias, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Comenta el diputado que me antecedió en la palabra que no tengo conocimiento del asunto que estamos planteando aquí.
Quiero, señor Presidente, tenga a bien instruir a la Secretaría para que dé lectura al artículo 73 del contrato-ley al que hice referencia.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría dé lectura al documento.
La secretaria María Flor Celina Prado Piña:
Artículo 73. Casas en propiedad para los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, sin que tengan que cubrir cantidad alguna.
Primero. Con objeto de construir casas en propiedad de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, sin que dichos trabajadores tengan que cubrir cantidad alguna. Los industriales, a través de la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. de C. V., o del organismo que sustituya, entregarán el día 18 de noviembre de cada año o el día hábil bancario inmediato anterior, a partir de la presente fecha, el importe de 0.77 centavos por kilogramo de azúcar, base estandar que se produzca en el país, tomando en consideración la segunda estimación ajustada que para la safra correspondiente haya formulado la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. de C. V., o el organismo que la sustituya al fideicomiso constituido en el Banco Obrero, S.A., para formar un fondo, el que se empleará en la construcción de casas en propiedad para los obreros de la planta permanente y de la planta temporal, miembros...
El diputado Francisco Javier Santos Covarrubias:
Como usted ve, señor compañero diputado:
Aquí está la base del dinero que se recaudó con esta finalidad, lo dice el contrato-ley, pero además el dinero fue recibido por los líderes sindicales y esto es bien claro y no se le va a dar vuelta aquí al asunto.
Estamos pidiendo con toda claridad que esto se vea ante las dos comisiones: Trabajo y Previsión Social y Gestoría y Quejas, para que ahí ventilemos este problema, porque fue algo que se determinó en la Comisión Permanente, y si vienen diputados y dicen que todo quedó concluido, ¿qué caso tiene entonces que se hayan destinado dos comisiones para que se ventile este.asunto con claridad.
Si está tan bien, ¿por qué le dan vueltas al asunto.
Señor diputado don Enrique Ramos, no le tenga miedo a lo que está viendo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Esta Presidencia reitera que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, analice el escrito presentado por el diputado Francisco Javier Santos Covarrubias.
COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para referirse al caso de la Conasupo.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Los rumores, las declaraciones conjuntas hacen prever que mañana, en una reunión de la Comisión de la Conasupo, se presente lo que para algunos es el informe final de la comisión.
La fracción parlamentaria del PRD, antes de que se presente este informe, de cuya procedencia podríamos discutir, pero no es el caso, al menos no es mi objetivo en este momento, queremos hacer algunos aportes al respecto.
En primer lugar, nosotros pensamos, queremos analizar cuál es la base de información en la que se basa el informe que se presentará mañana.
Nosotros pensamos que hay algunos casos en que la información ya está presta, pero sobre todo en el informe que emitió el despacho de contadores Bladinieres, tenemos muchas dudas.
Pensamos que muchas de sus conclusiones no proceden por falta de un fundamento objetivo, fundamento práctico, suficiente, que son incompletas; son conclusiones en un abierto tono justificatorio y no de un despacho profesional de contadores. Son conclusiones que no responden de ninguna manera a las expectativas de la comisión o al menos del grupo parlamentario del PRD en la comisión.
Un despacho que emite este tipo de conclusiones y que, sin embargo, reitera sus amenazas a los diputados que hemos osado cuestionar su trabajo.
Ahora resulta que los diputados no tenemos el derecho de poner en tela de juicio las conclusiones de un despacho al que se le pagaron un 1 millón 200 mil pesos por su trabajo, en comparación a los 400 mil que se le pagaron al despacho de la oposición. Pero, en fin, este asunto no debe detenernos más.
El presidente de la comisión se arrogó la función de decidir él mismo sobre la calidad del despacho y de ordenar o dar el visto bueno para que se le diera el estratosférico pago.
Seguramente el presidente de la comisión sabrá dar cuentas a esta representación y a todo el pueblo de México de la procedencia de ese pago al despacho Bladinieres.
Lo que queremos ahora es dar a conocer algunas de nuestras opiniones y algunas de nuestras conclusiones sobre las líneas de investigación.
Primero. El seguimiento a las investigaciones que sobre la Conasupo y sus filiales hicieron a la Secodam y a la PGR.
Al respecto, el despacho Bladinieres realiza un trabajo verdaderamente lamentable. Sólo reproduce y escribe expedientes, no hay ninguna labor de análisis y de seguimiento.
El despacho Barriguete, por su parte, descubre que muy pocas denuncias se les dio seguimiento y que hubo aún más pocos casos de recuperación patrimonial, sobre todo en Miconsa y en Liconsa.
Nosotros concluimos que aquí hubo fuertes deficiencias de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en aquél tiempo y de la PGR, que no se les dio seguimiento a las irregularidades ni mucho menos se recuperó el patrimonio como se debería de haber recuperado.
Segundo. En el caso de la segunda línea de investigación, el análisis de las auditorías externas e internas practicadas a la Conasupo y a sus filiales.
De nuevo parece que al despacho Bladinieres, contratado por sugerencia de la mayoría, se le pasó de noche que existen las auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda y no le revisó o no encontró nada.
El despacho Barriguete, que revisó las auditorías practicadas a las filiales de la Conasupo, encontró grandes cantidades faltantes en Diconsa sobre todo, 142 millones de pesos o cantidades no recuperadas, 147 millones de pesos, que hacen un total de 289 millones de nuevos pesos entre 1988 y 1990. Además encuentra un grave daño patrimonial por 15 millones de pesos en el caso de Miconsa Guerrero.
Yo creo que al respecto mañana la comisión tiene que responder a la pregunta o a la demanda hecha por los diputados de Acción Nacional, que sí revisaron las auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda y encontraron grandísimas cantidades extraviadas, no recuperadas por la Conasupo y que inexplicablemente nunca encontró el despacho Bladinieres.
Por otra parte, nosotros concluimos, que los faltantes de 289 millones de pesos en Miconsa y Diconsa, se dan precisamente en el periodo prelectoral y poselectoral de las elecciones presidenciales de 1988. ¡Qué casualidad que dos paraestatales, dirigidas una de ellas por Raúl Salinas de Gortari y otra por Salvador Giordano, del que hablaremos posteriormente, reportan, se les descubren faltantes por esta enorme cantidad! Y por otra parte el daño patrimonial de 15 millones de nuevos pesos en Miconsa Guerrero. Esta es una de las causas del rompimiento entre Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu.
Esto tiene que investigarse, aquí hubo una componenda o hubo un diferendo fuerte por este fraude entre dos personeros del régimen pasado.
Tercero. Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto.
Tenemos en nuestro poder una auditoría del departamento de agricultura de los Estados Unidos, en los que se reportan 14 operaciones de importación de maíz, sorgo y arroz en las que intervino la Conasupo.
En esas importaciones hubo una sobrevaluación promedio de 500 mil dolares por importación. Cualquier matemática elemental nos dice que la sobrevaluación de estas operaciones muestreadas,14 entre 1987 y 1989 ascendió a 7 millones de dólares y únicamente se muestrearon 14 de 1984 que hubo. Pues el despacho Bladinieres mañosamente retoma la auditoría de los 14 casos que nosotros presentamos, únicamente analiza seis de ellos de una manera incompleta, no coteja con los contratos originales, no coteja con los precios a futuro y termina diciendo que la auditoría del departamento de agricultura de los Estados Unidos no tiene fundamentos objetivos y no nos da ninguna argumentación para sostener que carece de fundamentos objetivos la auditoría norteamericana; quiere el despacho Bladinieres que hagamos un acto de fe en sus conclusiones.
El despacho Barriguete por su parte denuncia una gravísima carencia de información para emitir opiniones, sobre todo en el tiempo en que Salvador Giordano estuvo al frente de Miconsa. Nuestra conclusión es que hubo un grave daño patrimonial a la Conasupo de por lo menos 7 millones de dólares en los años cabalísticos 1987, 1988 y 1989 por concepto de sobrevaluación de importaciones de granos y que no son concluyentes ni suficientes los argumentos del despacho Bladinieres.
En lo que se refiere a la relación de la Conasupo y sus filiales con sus principales clientes y proveedores, Bladinieres prácticamente no analiza ni concluye nada. No nos da fe de contratos o de concursos para asignación de obra, no nos dice a quién le compraba la Conasupo ni a quién le vendía. Barriguete, por su parte, detecta graves irregularidades en los contratos de comercialización de harina de maíz, en Miconsa, en 1990 y 1991, asignados a compañías formadas al cuarto para las 12 sin prácticamente ningún capital social.
Nosotros concluimos que aquí hubo muy graves irregularidades, que a uno y a otro despacho se les pasaron datos muy importantes, por ejemplo, el dato de que una empresa de prestanombres y parientes de Raúl Salinas de Gortari, era la que le vendía todos los boletos de avión, también sobrevaluados, en clase yanqui, son admiradores de los yanquis los Salinas, a los empleados de la Conasupo. Esto no lo detectaron los despachos. Y tenemos otra prueba de otra empresa ligada a Raúl Salinas de Gortari, con importantes relaciones comerciales con Diconsa que tampoco fue detectada por ninguno de los dos despachos.
Sobre la leche en polvo, leche en polvo radiactiva. Para tranquilidad de los niños mexicanos el despacho Bladinieres concluye que jamás se importó ni se consumió en México leche contaminada con radiactividad procedente de Irlanda. Pero son tremendamente parcos e incompletos los análisis que hace y las fuentes a las que acude el despacho Bladinieres.
En 1986 sí se importó leche radiactiva procedente de Irlanda, cuando todavía no existía la norma internacional y se importó a sabiendas de que en abril de 1986 había habido el grave accidente en Chernobil y que la nube radiactiva pasó sobre Irlanda; se distribuyó, se encontró en los anaqueles de los supermercados mexicanos. Por ahí dicen que se devolvió, pero ni el despacho Bladinieres, ni la mayoría que avaló el informe de este despacho, nos ha demostrado que los mismos lotes que estaban y se detectaron como contaminados, fueron los lotes que fueron devueltos a Irlanda.
Nosotros concluimos que sí se importó leche radiactiva; que sí se distribuyó y que por lo tanto hay grandes probabilidades de que haya sido consumida y que las autoridades de salud no le dieron el seguimiento correspondiente.
Además de concluir esto, pensamos que es necesario investigar qué impacto tuvo la distribución y el eventual consumo de esta leche y reiteramos la demanda tantas veces desoída por la mayoría, de que invitemos a comparecer...
Señor Presidente, me acojo al artículo 103.
Que invitemos a comparecer al director general de la Conasupo, a la sazón Ernesto Costemalle y al subsecretario de Normas y Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Jaime Martuchelli.
Sobre la leche desaparecida, después de analizar la documentación, el despacho Bladinieres, parafraseando un poquito al subsecretario Farell, ellos de viejos curiosos, concluyen: "... que hubo una maniobra ingeniosa que burló los controles de la Conasupo" y atribuyen toda la responsabilidad de la desaparición de 2 mil 366 toneladas de leche, a empleados menores, a cuatro ferrocarrileros.
Nosotros creemos que efectivamente fue una maniobra muy ingeniosa, pero no de los ferrocarrileros; fue una maniobra muy ingeniosa de gente que estaba a alto nivel en Ferrocarriles Nacionales de México y en la Conasupo y que disponía la red que tantas veces se ha denunciado aquí, para comercializar 2 mil 366 toneladas de leche en polvo en el mercado negro y es muy seguro que a la cabeza de esta red, esté Raúl Salinas de Gortari.
Y también tenemos que investigar por qué Asemex, en aquel tiempo propiedad del Gobierno, pagaba estos robos sin haber llevado la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Sobre la importación de maíz aflatoxinado, de nuevo Bladinieres nos dice que no se importó maíz aflatoxinado de Estados Unidos; nosotros tenemos pruebas de análisis, en donde se muestra que maíz procedente de los Estados Unidos sí estaba contaminado con aflatoxinas, aunque no a nivel de que afecten cuando un humano las consuma. Pero no hay, aunque reconoce Bladinieres, que hubo maíz aflatoxinado y ellos dicen que se produjo la aflatoxina en Tamaulipas, no hay ninguna evidencia de que las 500 mil toneladas hayan sido destruidas y en cambio tenemos evidencias de la auditoría interna de la Conasupo.
Por cierto, auditor que fue perseguido y amenazado por Salvador Giordano, entonces subsecretario "B" de la Secogef, de que se encontró maíz con aplatoxina en Tamaulipas, que debió haberse destruido y no se destruyó.
Y tenemos denuncias que no hemos comprobado, pero existen las denuncias en el sentido de que el maíz aPlatoxinado se vendió a precio muy bajo a unas empresas harineras de cuyas siglas no quiero acordarme.
Tenemos también información y ninguno de los despachos, sobre todo el despacho Bladinieres, da cuenta de ello, del gran tráfico que se daba con el maíz subsidiado, de los famosos carruseles de maíz, del maíz que se compraba a los agricultores a precio alto y que se vendía a precio bajo a los engordadores, de presupuestos y de ganado, pero luego lo volvían a revender a la Conasupo a precio alto.
Y tenemos una denuncia que hay que investigar, por eso dudamos que mañana tengamos todos los elementos para responder a ello; tenemos una denuncia de que una empresa recientemente desincorporada: Alimentos Balanceados de México, Albamex, compraba a Conasupo maíz de primera, mismo que vendía a precio bajo a las harineras, que le cambiaban por maíz de tercera para los alimentos balanceados.
Y sobre los subsidios, aquí tenemos que decir que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el madruguete que dio la mayoría el 18 de julio, cerrando el caso presentado por el diputado Aguilar Zinser, sobre un pago improcedente a Maseca, que ascendió a 15 mil millones de pesos, viejos. No estamos de acuerdo porque hay documentos que prueban que el presidente del consejo de administración de la Conasupo, pasó por sobre las recomendaciones de un grupo intersecretarial de estudio. No estamos de acuerdo porque creemos que no se consideraron los documentos importantes, que se procedió parcialmente.
Nosotros concluimos de que sí se hizo ese pago improcedente a Maseca. Pero además pedimos y hasta el momento no se nos ha aclarado, pedimos que lo investigara, otros dos pagos improcedentes, entre 1990 y 1991. Qué años, señores, qué años: 1989, 1990 y 1991. Un pago de 33 mil millones de pesos viejos que la auditoría interna señala que no debería de haberse hecho y se hizo porque se interpretó mal una directiva de la Secofi y un deterioro financiero de 4 mil 300 millones de pesos por negligencia de la Conasupo en pagar subsidios. Esto no se ha aclarado.
El frijol chino. Aquí es donde el despacho Bladinieres se atreve a ir más lejos y ante las evidencias de que las sanciones aplicadas a Juan Manuel Pasalagua y a Agustín Vargas, que fue inhabilitarlos del servicio público, estos señores siempre estuvieron inhabilitados del servicio público. Estaban habilitados para el provecho privado, pero nunca estuvieron inhabilitados para el servicio público. Bueno, se reconoce que están inhabilitados para el servicio público y se les suspende por 10 y por ocho años. Pero nunca se procede penalmente. Pero quedan muchas más cosas oscuras en el caso del frijol chino.
¿Realmente se compró todo el que debería haberse comprado? ¿Se destruyó o no se destruyó? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad del director de finanzas, en este caso Julio César Ruiz Ferro?, en el asunto? ¿Qué tiene que explicarnos también don Julio César Ruiz Ferro? ¿Por qué en 1992 se adquirieron 1 mil camiones nuevos?, él los aprobó como director de finanzas a Camionera de Tlalnepantla, propiedad del secretario particular de la señora, hoy ex esposa de Carlos Salinas de Gortari. ¡No ha explicado eso el señor Julio César Ruiz Ferro!
¿Y las desincorporaciones? El despacho Barriguete nos dice que "hay serias dudas sobre las desincorporaciones de Miconsa y de Liconsa". Se crean en ambos casos empresas de paja, con capitales sociales de 5 mil, 50 mil nuevos pesos y a los cuantos días o a las cuantas semanas esas mismas empresas, sin ninguna experiencia en el ramo maicero o en el ramo lechero, adquieren las plantas más importantes de este país de producción de harina de maíz o de rehidratación de leche en polvo.
¿Quién fondeó a estas empresas? El despacho Barriguete nos dice: "La investigación debe ir hasta determinar quién fondeó, quién les prestó el dinero y con base en qué, para que pudieran adquirir estas plantas tan importantes".
Yo espero que mañana en el informe diga quienes fondearon. Tenemos serias sospechas sobre quienes fondearon; los daremos a conocer posteriormente, con todo y pruebas.
Pero aquí, compañeras y compañeros, de nuevo la riqueza nacional fue puesta irresponsablemente a favor de unos cuantos. Los casos de Miconsa y de Liconsa, así como el de Telmex, el de las cupríferas de Sonora, deben ser seriamente investigados por el bien de la nación.
Y la semana pasada apenas, propusimos una nueva línea de investigación. La propusimos como línea de investigación. No tenemos conclusiones, tenemos elementos, tenemos denuncias y es ésta la vinculación de algunos funcionarios o ex funcionarios de la Conasupo con el narco y con el contrabando, sobre todo en el caso del Estado de Tamaulipas.
Tenemos una denuncia muy concreta, no firmada por razones obvias, ¡quien controlaba la importación y distribución de leche en polvo, de huevo y de pollo en el mercado negro de este país era la gente de Raúl Salinas de Gortari! ¡Las importaciones eran toleradas por las aduanas e incluso custodiadas por la Policía Judicial Federal en el Estado de Tamaulipas, en tiempos en que Guillermo González Calderoni era comandante en aquel Estado!
¡Noticias de lavado de dinero, faltantes en la delegación de la Conasupo en Tamaulipas: 4 mil millones de pesos por aclararse, tan sólo en el primer trimestre de 1991!
¡Este hecho no se puede desvincular de las transferencias de fondos que hizo Raúl Salinas de Gortari de sus cuentas suizas, hasta los bancos texanos, en concreto en Laredo, Texas, de la familia Hank Rhon! ¡Esta es una línea de investigación que no puede, que no debe desdeñarse, compañeros:
En todo esto, en todo esto llama la atención tres años claves, llaman la atención tres años claves: 1988,1989 y 1990, electorales y poselectorales y además de la persona de Raúl, llama la atención porque lo sucedía, le limpiaba las huellas en la Conasupo, Salvador Giordano, hoy prófugo de la justicia.
¿Y quién era Salvador Giordano? ¿El gran amigo de Raúl? Salvador Giordano primordialmente era el gran amigo de Carlos. Para más detalles, Salvador Giordano fue el coordinador de invitados especiales en la campaña de Carlos Salinas de Gortari, de invitados especiales diurnos y nocturnos. ¡Salvador Giordano, compañeras y compañeros, fue el alcahuete de Carlos Salinas de Gortari! ¡Y el alcahuete de su campaña. Carlos Salinas de Gortari, ya lo reconoció el Secretario de la Contraloría, lo puso de subsecretario "B" en la Contraloría de la Federación!
El Presidente:
Señor diputado, le recuerdo que con base en el 103 lleva usted 30 minutos. Le ruego redondear su tema, por favor.
El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:
Concluyo, compañero:
¡Es muy gráfico, es muy gráfico que el alcahuete nocturno de Carlos haya estado de alcahuete en una secretaría que hasta ahora ha sido el alcahuete de la corrupción del sexenio salinista!
¡No son los huesos de Raúl lo que estamos buscando, compañeras y compañeros, es la raiz de la corrupción, es la impunidad de los grandes; no el castigo a los pequeños; es la impunidad de Giordano, es la impunidad de Carlos Salinas de Gortari lo que hay que poner aquí en cuestión!
¿Quieren que les diga más, compañeros.
Compañeras y compañeros: estos son únicamente algunos de los casos. Yo espero que a contrapunto de un ejecutivo alcahuete de la corrupción salinista no vayamos a tener mañana un legislativo o una mayoría alcahuete de Carlos Salinas de Gortari.
Yo espero, compañeras y compañeros, que las conclusiones de mañana, si es que se puede llegar a ellas mañana, dignifiquen al Legislativo y yo espero sobre todo que sepamos darle la cara al pueblo de México y dignificar y limpiar un instrumento de objetivo noble, que es el acopiar y el distribuir alimentos básicos, baratos, para el pueblo de México; yo espero que lo podamos limpiar de ladrones y de paso limpiar a este Legislativo.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra... Un momento, señor diputado.
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánlca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra señor diputado Alfonso Martínez Guerra.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Muchas gracias, señor Presidente; respetables diputadas y respetables diputados:
Dentro de la catástrofe mexicana llamada actividad agropecuaria, resalta el enorme déficit de producción láctea que nos ha llevado a importar grandes volúmenes de leche y que nos ha colocado como primer país importador de este producto.
Como bien se sabe, la única empresa importadora de leche es la Conasupo, quedando definitivamente en sus manos la responsabilidad en cuanto a la calidad y cantidad de tal alimento.
Así las cosas, dentro de esas importaciones tenemos el conocimiento que entre 1986 y 1987 se internaron en el país cuando menos 60 mil toneladas de leche radiactiva procedente de la República de Irlanda.
En efecto, poco después del tremendo accidente nuclear de Chernobil el 26 de abril de 1986, tan sólo a escasas 24 horas del mismo, los técnicos del reactor "Force Mark" y sólo a 100 kilómetros de Estocolmo, Suecia, detectaron sumamente alarmados concentraciones de radiactividad 14 veces mayores a las normales. Rastreando esa actividad concluyeron que provenía de algún lugar de la URSS y que se desplazaba peligrosamente hacia Escandinavia, prolongándose hacia el resto de Europa para estacionarse finalmente esa gran nube radiactiva sobre las islas británicas, especialmente sobre Irlanda, que recibió una impresionante lluvia de elementos radiactivos, principalmente yodo y cesio, lo cual fue comprobado plenamente por el ministerio de agricultura, Smith y Clark ,1986.
Uno de los productos agropecuarios que recibieron mayor atención y por consecuencia mayor control en las zonas afectadas y la deposición radiactiva, fueron los lácteos, por el proceso de alta concentración de la radiactividad que se da en la cadena tierra, pastos, vaca, leche, consumidores. Los productores afectados buscaron desesperadamente mercados alternos para la comercialización tanto de leche y sus derivados como de productos cárnicos, porque los países desarrollados tomaron oportunamente medidas restrictivas para la importación de los mismos, procedentes de países afectados por la radiactividad de Chernobil.
Llama poderosamente la atención que en enero de 1987 el embajador de México en Brasil, Antonio González de León Quintanilla, advirtió a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que la República de Irlanda pretendía colocar en el mercado de América latina grandes volúmenes de leche contaminada por radiactividad.
Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó al secretario de Comercio, Héctor Hernández y éste al director de la Conasupo, José Ernesto Costemalle. A principios de 1988 ante el escándalo de la denuncia de leche radiactiva comercializada por Conasupo, la dirección social de la empresa declaró que efectivamente en enero de 1987 contrató con la República de Irlanda la compra de 39 mil 100 toneladas de leche en polvo.
Según la dirección de servicios portuarios de Veracnuz, la Conasupo importó 80 mil toneladas de leche en polvo de Irlanda en ese año. Ante el reclamo público la Conasupo aceptó haber importado leche contaminada, pero solamente una cantidad de 42 toneladas, en total contradicción con la Secretaría de Salud que hablaba de 3 mil 700 toneladas.
El primer indicio oficial de la contaminación de la leche en México al parecer proviene de junio de 1987 cuando el jefe del Estado Mayor de la tercera zona naval, almirante Manuel Gordillo, envió a analizar la leche que estaban consumiendo los alumnos de la escuela naval Antón Lizardo, encontrando evidencias de cesio 137 y estroncio 90.
Se sabe además que en el segundo semestre de 1986 o sea inmediatamente posterior al accidente de Chernobil, se recibieron en México 28 mil 147 toneladas de leche en polvo, procedentes de la República de Irlanda, contaminada por radiactividad y que entraron por el puerto de Veracnuz, que aunque no se iniciaba el escándalo público todavía, es evidente que en el mercado mundial de leche era bien conocido el hecho de que se pretendía colocar ese producto procedente de Irlanda y que por sus características radiactivas resultaba criminal comprarlo y comercializarlo, porque para ese entonces ya había sido rechazado por otras naciones aun a bajo costo.
Por cierto, según los documentos de compra, la leche contaminada se compró en México a precios internacionales correspondientes a leche no contaminada como la procedente de Estados Unidos y Nueva Zelanda, es decir, a 790 dólares por tonelada. Así sabemos que el barco Adventure arribó al puerto de Veracruz el 3 de junio de 1987, con 5 mil 569 toneladas de leche en polvo y 138 mil 890 kilos de mantequilla.
El Tenacious, otro barco, atracó el 14 de junio de 1987 con 5 mil 500 toneladas de leche y 56 mil 550 kilos de mantequilla. El barco Rumija, el lo. de noviembre de 1987, con 5 mil 820 toneladas de leche y 56 mil kilos de mantequilla, todos ellos salieron del puerto de Cork, República de Irlanda y las empresas exportadoras, por si alguien tiene alguna duda, se llaman Irish Dairy Board, de leche y An Board Baine, de mantequilla. La dirección de ambas es Grattan House Mount, St., Lower, Dublin 2, República de Irlanda.
Para vergüenza de México, tenemos evidencias de que el lote de alimentos, fundamentalmente carne radiactiva que Irlanda ofreció en donación a Ghana, una república Centroafricana, con un nivel de pobreza, analfabetismo y desnutrición mucho mayores que en México, rechazó con toda energía y dignidad, semejante ofrecimiento; hizo además, un llamamiento de alerta a la comunidad internacional advirtiendo del peligro de esos productos, algunos de los cuales como los lácteos, México siguió importando.
En esta línea de investigación, los aspectos de corrupción como pueden ser los sobreprecios que incuestionablemente se pagaron por un producto rechazado en los mercados internacionales por las razones expresadas de contaminación o radiactividad, aunque muy importantes por su gran monto, palidecen ante la gran irresponsabilidad mostrada por funcionarios tanto de la Conasupo como de otras dependencias del Ejecutivo, cuyas consecuencias aún resulta imposible cuantificar.
Se dio el caso de que la planta nuclear de Laguna Verde realizó estudios de diversos lotes de leche en sus laboratorios, pero el director de la misma, Rafael Fernández de la Garza, asegura que no recuerda bien de ello, que nunca trabajó algo de la Conasupo y que, ésa no es su responsabilidad ni la de él ni de la nucleoeléctrica y que ellos sólo están para producir electricidad; si pasaron por sus manos asuntos tan trascendentes como un alimento para uso humano que acusó niveles de radiactividad, este santo señor asegura que eso no le compete, cuando es bien sabido que existen condiciones sanitarias que son de declaración obligatoria como en este caso.
Ni siquiera consideró el señor Fernández de la Garza que todo aquello que en sus laboratorios resulte positivo en cuanto a radiactividad, pudiese ser consecuencia de la misma planta, que por lo tanto debiera comunicarlo a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para tomar las medidas pertinentes. Tenemos evidencias de que cuando menos una empresa del sector privado, ante la sospecha de la contaminación de leche, realizó diversos análisis y desechó los lotes contaminados.
CONCLUSIONES
1o. Es un hecho que la Conasupo importó diversos lotes de leche contaminada por radiactividad de diversos rangos, procedente de la República de Irlanda:
2o. Indiscutiblemente hubo conocimiento oficial de esas condiciones antes, durante y posteriormente a los procesos de importación y comercialización:
3o. Para que un producto alimenticio se pueda importar, pasa por muy diversas dependencias oficiales antes de aceptar su internación al país y comercializarlo:
4o. Resulta imprescindible para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, la comparecencia ante la Comisión Investigadora de la Conasupo, de diversos funcionarios y todos aquellos que de alguna manera tuvieron relación con los hechos que se citan.
5o. Por ser éste un hecho de importancia y seguridad nacionales en su modalidad de salud pública, resulta incontrovertible que haya llegado a ser del conocimiento del entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, que debió detener de inmediato todas las operaciones de importación de leche contaminada y solicitar una explicación del director de la Conasupo y del jefe de operaciones.
Por lo tanto, en el aspecto, de investigación de las importaciones de leche contaminada, no debe cerrarse esta importante línea de investigación, que mucho ha afectado y mucho interesa a la nación.
Muchas gracias.
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a las listas negras en los estados de Guerrero y Oaxaca .
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Muchas gracias, señor Presidente; con su venia, compañeras y compañeros:
Hay un asunto que traemos a tribuna, que es de la mayor preocupación para la bancada del PRD, que tiene que ver con el hecho de que si lo que sostienen algunas revistas es en verdad filtraciones de la Sedena o de la Secretaría de Gobernación, debemos de reconocer que prácticamente estamos ya ante una guerra sucia que, so pretexto de combatir al EPR, enlista a luchadores sociales, a periodistas y a legisladores.
Quiero decirles que desde que el presidente Zedillo planteó aquí en esta tribuna que contra el EPR se aplicaría todo el poder del Estado, la verdad tuvimos una preocupación muy grande, porque para aplicar todo el poder del Estado, como lo dijo el Presidente, sin violar las garantías constitucionales y sin afectar los derechos humanos, pues se requieren cuerpos de inteligencia capaces, profesionales, una verdadera investigación que nuestro país no tiene.
Yo tengo una experiencia, conozco una experiencia muy ingrata de cómo estos cuerpos que maneja Tello Peón, el Cisen o el de inteligencia militar donde hay gente como Acosta Chaparro, le mienten al Presidente.
En aquello que se fraguó a través de la Procuraduría que fue el 9 de enero de 1995, se habló de que los zapatistas, y hasta se habló de una lista del PRD, estaban preparando un levantamiento nacional, una insurrección, y se habló de que en Yanga existía una fábrica de cabezas de mortero, de que en el Estado de México había un polígono de tiro, y luego las pruebas que presentó el procurador fueron los tres metros de mecha, evidentemente algunas armas, y hoy tenemos, incluso, presuntos zapatistas sentenciados, que por cierto nadie tiene positiva la prueba del rodisonato, es decir, nadie disparó, pero todo esto se configuró en base a la información de estos cuerpos de inteligencia mintiendo, porque le llegaron a decir al Presidente que hasta se fabricaban cabezas de mortero y estamos hablando ya de armas de un nivel bastante sofisticado, cuando eso si acaso llegaba a bombas de las más elementales y primarias.
Pues aplicar toda la fuerza del Estado, y les quiero pedir disculpas, estoy un poco enfermo, por eso estoy hablando lento, aplicar toda la fuerza del estado, en México, como lo dijo el presidente Zedillo, cuando no hay cuerpos de inteligencia o cuando estos persiguen otros intereses o sea, lo que nos debe de llevar en esta lógica es una guerra sucia, es decir, donde se inventan cosas con una paranoia, con un delito de persecución se relaciona, se convierte en sospechosa cualquier actividad y a partir de eso evidentemente se van preparando golpes y a la opinión pública para tratar de reducir todo movimiento de protesta.
Esto no es nuevo ni es propio sólo de México. El poema de Heberto Bresh aquel que conocemos de cuando vinieron por los judíos, no hice nada o cuando vinieron por los comunistas aduce precisamente a esa realidad.
No hace ni 15 días en Argentina se recordó la matanza de aquellos estudiantes de secundaria que protestaron por el incremento de las tarifas, se les consideró disidentes y simplemente el gobierno militar pasó a masacrarlos.
Aquí la guerra sucia que encabezó la brigada blanca, con el tenebroso Nazar Haro a la cabeza, también habla de como se mató inocentes, familiares, hermanos de gente que no ten ía ninguna relación con la guerrilla de aquellos años. Ahora parece que a través de la revista Impacto se ha filtrado, por parte de inteligencia militar y del Cisen, listas nuevamente. Involucran a una serie de destacados pensadores de la Universidad de Guerrero, que mañana nos van a visitar aquí en la Cámara, para hacer demanda y hacer las denuncias, deslindarse de estas cosas y exigir que esta situación se esclarezca.
Pero también vienen legisladores como la diputada Leticia Burgos o el senador Félix Salgado Macedonio o vienen sobrinos del exlegis-lador que falleció, el compañero Manuel Marcué, que es Persaval Marcué, que también viene, incluso, en una revista, en algún periódico, viene en el Reforma y luego en el Heraldo lo dan por desaparecido, lo dan por muerto, por inexistente. El compañero hace unos momentos estaba aquí sentado con nosotros; y seguramente anda en nuestras oficinas, porque además de que trabaja con nosotros es perredista, es maestro de la Escuela de Economía. El director de la Escuela de Economía ya mandó una carta, en el Heraldo no se la quisieron publicar a él, pero ya se mandó una carta diciendo que existe, que vive, que no lo desparezcan, pero son este tipo de cosas.
Yo la mera verdad les quiero decir, le tengo mucha desconfianza a Tello Peón y a Costa Chaparro. Los veo como la gente más truculenta y más tenebrosa. ¿A Tello Peón quién lo puso ahí? Todos sabemos, Carrillo Olea. ¿Y a Carrillo Olea quién lo puso cuando estuvo ahí? Lo puso Córdoba Montoya, Chirinos, en aquel triángulo con Carlos Salinas.
La inteligencia de este país, la que le debe de informar al presidente Zedillo y a la Procuraduría ya todo esto, sigue siendo manejada por salinistas y es una inteligencia que por demás pasa por la falta de inteligencia.
Sucede que ahora dicen que el Procup y el partido de los pobres se prepararon 25 años y nunca supieron nada, y de repente, cuando aparece, ahora ya tienen listas y todo. ¡Qué forma realmente tan llamativa de demostrarnos que en realidad no funcionan como inteligencia y que su labor puede ser muy peligrosa para el país!, porque el EPR y estas listas se están utilizando como pretexto para "justificar" la militarización de nuestro país y yo no sé si a Costa Chaparro le interese un golpe de Estado en México y yo no sé si Tello Peón siga trabajando con Salinas, si le interese inestabilizar a este país.
A mí verdaderamente me preocupa y me alarman más ellos que lo que ellos puedan filtrar a revistas como Impacto, a periódicos como El Heraldo, a periódicos donde también aparecen estos datos, como El Reforma en fin. Ha habido ya una reacción al respecto y yo espero que nosotros demandemos que cese esta guerra sucia.
Sí el Cisen tiene información, Gobernación que la dé oficialmente o la proporcione a la Procuraduría. Si inteligencia militar tiene información o tiene elementos, que los proporcione, adelante, las cosas deben de hacerse conforme a derecho, pero estar filtrando listas, estar queriendo involucrar gente, es simplemente estar preparando terrenos, ánimos, sicología y de repente golpear y desaparecer a alguien y como no se dijo nada y apareció en tal o cual revista simple y sencillamente nos quedamos callados.
Entonces yo desde esta tribuna quiero demandar un alto a esa guerra sucia, quiero demandar evidentemente que se actúe con responsabilidad de parte de la Sedena y de la Secretaría de Gobernación, como instancias de Gobierno y no como filtradoras de información que van preparando condiciones para dar golpes más definitivos en el marco de una guerra sucia y demandamos la responsabilidad del Presidente para que evidentemente no enseñen tan rápido que todo el poder del Estado en realidad no es otra cosa más que una guerra sucia.
Y quiero presentar algo que consensamos con todos los grupos parlamentarios, que es el siguiente punto de acuerdo, para que se turne a la Comisión de Concertación a efecto de su implementación .
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados les solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación esclarezcan su participación en relación a las imputaciones publicadas en medios de información donde se involucra a miembros del Poder Legislativo, de estar vinculados al EPR.
Y firman: por Acción Nacional, María Teresa Gómez Mont; por el PRI, José Castelazo y Tonatiuh Bravo Padilla; Serafín Núñez; por el PT y Pedro Etienne; por el PRD.»
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Claudio Manuel Coello Herrera, del Partido Acción Nacional, para hablar sobre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
El diputado Claudio Manuel Coello Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El área de la Semarnap presenta características y problemáticas especiales por la amplitud del temas que abarca, por la diversidad de dependencias y por la complejidad en la fijación de acciones y políticas a seguir.
La Semarnap es una dependencia que trata de salir de la mordaza, de la atadura que, por razones educacionales históricas, la misma sociedad se ha encargado de ceñir a los encargados de problemas ambientales, pues no obstante la participación creciente de organizaciones ambientalistas no gubernamentales y de otros actores sociales; la realidad es que bajo la gravedad de la crisis ambiental apenas inicia una verdadera corresponsabilidad social global.
La Secretaría trata de enfrentar un eficaz combate ante el deterioro ambiental, ante la pérdida de especies de la rica biodiversidad que contiene nuestro país y ante la tradicional complicidad de algunas autoridades con la corrupción y con la aplicación discrecional de la ley, la tarea nada es fácil ante la inercia gigantesca de tantos años.
Sin embargo, la complejidad mayor en el accionar de la Secretaría y en el análisis de ella, se presenta en el modelo, históricamente dominante y la política misma de Gobierno, donde la determinación de prioridades y de metas a seguir dejan siempre lejano el mínimo satisfactorio para la preservación del medio ambiente.
Y esto es política, esto es determinación a seguir durante el desarrollo de un ejercicio de Gobierno, es definición de lo urgente a cumplir y lo posible de posponer con la constante de fijar políticas económicas sin un soporte ambiental de sustentabilidad en su amplio sentido de aprovechamiento de recursos, de interacción con las actividades humanas y de permanencia e incremento para el futuro.
Para ilustrarles esto, bastaría mencionar la ausencia por años de planes rectores de industrialización que no fueran a costa de todo, de crecimiento urbano incontrolado, de falta de ordenamientos pesqueros, de ampliación indiscriminada de la frontera agrícola y cambio discrecional del uso de suelos, de falta de programas de reforestación, de programas de vivienda, donde se han invadido las reservas ecológicas urbanas y/o rurales, donde se ha talado y deforestado grandes extensiones de selva tropical, de carencia de infraestructura hidráulica o de falta de ejercicio o desviación presupuestal para su mantenimiento, que ha conllevado a la destrucción de la calidad y contaminación de cuencas hidráulicas, esteros y océanos y tantos otros renglones interminables.
Un alto en el camino para evaluar lo que hemos hecho en nuestro país con los recursos naturales y con la calidad de nuestro entorno natural, sin olvidar a Pemex y a la CFE que deben tener un espacio especial, porque siendo ejemplos claros de recursos prioritarios para México, casi nunca han podido llevarse compatiblemente con el medio ambiente y que por la importancia dentro de la política económica de los últimos sexenios, han pasado por encima de consideraciones elementales del orden jurídico y administrativo de tal manera que a la fecha de hoy resalta la necesidad de auditorías ambientales con costos superiores a los 5 mil millones de pesos para el caso de Pemex y resalta el costo ambiental y humano por tener un mantenimiento adecuado de las instalaciones de la empresa.
Pasando a puntos más específicos encontramos la realidad del sector pesquero en nuestro país, reflejada en las cifras macroeconómicas del II Informe de Gobierno, nos deberían de llevar a una honda reflexión de ser ciertas.
Desde 1986 existe un serio estancamiento con relación al crecimiento poblacional. Así podemos observar que mientras la producción pesquera del año de 1996, de 1 millón 367 mil toneladas, entre las que destacaban principalmente las pesquerías de atún, sardina, camarón y mojarra; en 1995 y la proyección del 1996, nos muestran que la producción fue de entre 1 millón 404 mil 384 y 1 millón 500 mil toneladas y que de ésta la mayor aportación fue hecha por la pesca de sardina y calamar.
No contamos con cifras desglosadas de otras pesquerías, que sin lugar a dudas nos enseñarían una sensible baja en la pesca de escama, en detrimento económico directo de los pescadores ribereños, en especial del Golfo de México.
Las causas de tal fenómeno pueden ser múltiples y probablemente resulten ciertas las afirmaciones hechas por los mismos, de que no existe planeación, ordenamiento y vigilancia en esas pesquerías con sentido científico y con decisión política real.
Tal es el caso de las denuncias que con relativa frecuencia mencionan las incursiones de barcos arrastreros en zonas de bajo fondo, como es la plataforma continental de Yucatán, que aunque cuentan con permisos para la pesca más allá de las 40 millas, muchas veces han sido observados a dos o tres millas de la costa.
La producción pesquera yucateca se compone principalmente de la captura de: escama, mero, guachinango, esmedregal, entre otras, y de pulpo, tales especies tienen ciclos de reproducción y desarrollo, así como cadenas alimenticias muy vinculadas con la costa y a las características de la plataforma, por lo que las actividades de estas embarcaciones, dañan y degradan el habitat de estas especies, con el consiguiente efecto sobre la población de las mismas, sin contar además de que es una competencia desleal y además de la falta de acatamiento de las vedas.
Destacamos la importancia que dentro de la estructura de la Semarnap tienen los institutos nacionales de Pesca y de Ecología, así como de las instituciones científico-educativas, que con su trabajo y dedicación en toda la costa nacional, contribuyen al cuidado de nuestros recursos naturales y de la labor que desempeña la procuraduría del medio ambiente, por lo que consideramos que no hubo la suficiente información sobre sus actividades y sobre sus necesidades, que son muchas y de vital importancia.
No se trata, desde nuestro punto de vista, que hagamos de la producción marina la panacea de todos los problemas económicos y sociales de nuestro país, pero también consideramos que este recurso no llega todavía a los niveles de desarrollo que queremos y que en otras latitudes ya existe.
Por desgracia y a pesar de las respuestas institucionales de la responsable del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el magro presupuesto asignado también desde nuestra opinión, en poco contribuye a lograren el mediano plazo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo las metas fijadas.
Si bien, este poder, el Poder Legislativo, tiene la facultad de modificar el presupuesto federal propuesto por el Presidente de la República, también es del conocimiento de todos, que hasta la fecha, nuestra decisión colegiada no ha logrado moverlo más allá de la propia voluntad presidencial y en especial del señor Secretario de Hacienda.
Prefieren continuar con las políticas asistenciales que en nada ayudan, en vez de multiplicar esfuerzos dirigidos a apoyar sectores que generan empleos, radican a la gente en sus comunidades, defienden nuestra soberanía sobre nuestra zona económica exclusiva e ingresan valiosas divisas para el crecimiento de México.
No desestimamos la voluntad expresada por las autoridades de la Semarnap, para avanzar hacia una nueva realidad de los mares mexicanos, realidad que permita con responsabilidad lograr la sustentabilidad de los recursos marinos, pero reiteramos la necesidad de que esa voluntad se vea reflejada en el convencimiento del Ejecutivo Federal, para que logremos una verdadera cohesión de esfuerzos de todos los involucrados: Federación, estados, municipios, organizaciones productivas, empresas, pescadores libres y en general el pueblo de México.
Los mares mexicanos son fuente importantísima de recursos naturales, cuya explotación necesitamos armonizar; los problemas que Pemex ha generado en los sitios de exploración y extracción marítima, hasta la fecha no han tenido solución. No permiten que los pescadores se acerquen a sus plataformas petroleras sin explicación alguna, lo que genera un clima de inconformidad en contra de las autoridades locales y federales ante tal abuso de la paraestatal. Con justa razón cuando son los pescadores los primeros afectados en los accidentes que ha sufrido esta empresa y todavía más cuando no dan explicación alguna por tales acciones no reglamentadas.
Nos preocupa sinceramente el proceso de descentralización de la Semamap, así como de las funciones de otras secretarías de Estado, dentro del marco del nuevo federalismo impulsado por el señor Presidente, en especial cuando no se toman las medidas necesarias para que los gobernadores de los estados, se vean obligados a transferir a su vez recursos y responsabilidades a los municipios. Los municipios costeros enfrentan serias dificultades para poder cumplir correctamente con sus; responsabilidades no escritas que tienen qué ver especialmente con las actividades económicas como la que nos ocupa y su fortalecimiento, desde esta óptica, es necesario, indispensable y estratégico.
Saludamos con beneplácito el proceso de renovación de flota y estamos pendientes de que éste se lleve a cabo dentro de las normas establecidas para tal efecto. Creemos que con los resultados de este programa, daremos un paso adelante en el largo camino de desarrollo que anhelamos; sin embargo, requerimos de mayores esfuerzos para que podamos trabajar con mayor eficiencia los más de 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial y nuestra zona económica exclusiva. Requerimos de una mayor inyección de recursos en la pesca de altura, recursos que si bien pueden y deben ser del sector privado, que no obste para que el Estado coopere ante los riesgos de inversión que representa, como socio solidario, en tanto se demuestre la factibilidad de la empresa.
En lo referente a la rama de acuacultura, importante y alternativa viable para producción de proteína barata y productos de exportación, el informe presidencial únicamente hace mención de la supuesta siembra de 140 millones de crías de diversas especies y de una cartera de 67 proyectos acuícolas, así como de una inversión potencial de 902.7 millones de pesos; sin embargo, desconocemos el monto de la inversión del año motivo del informe, el destino que les espera a los proyectos iniciados y detenidos por falta de financiamiento y lo más grave, en lo personal no observamos todavía la sustentabilidad de la cadena de producción, en especial en la producción de larvas en laboratorios y de alimentos camaronícolas nacionales.
La publicación y aplicación de la norma oficial mexicana para el uso obligatorio de los excluidores de tortuga confirma el esfuerzo de las autoridades y del sector para seguir contribuyendo en la conservación de tan valiosa especie, tarea en la cual mantenemos la vanguardia mundial. Con estas medidas y otras ya implantadas seguramente harán que en el futuro cercano nuestras exportaciones pesqueras estén libres de bloqueos injustos.
Muchas gracias.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Presidente:
Para comentarios, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Con esta fecha dirigimos una comunicación al diputado y licenciado Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente de esta Cámara de Diputados, que a la letra dice:
"Señor Presidente: con motivo de la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Guillermo Ortiz Martínez, para desahogar la glosa del segundo informe Presidencial, el 3 de los corrientes, el Presidente de la mesa, diputado y licenciado Antonio Sánchez Gochicoa, intentó conculcar nuestro derecho de réplica al funcionario.
De conformidad con el acuerdo parlamentario todos los oradores en dicha sesión tendrían derecho de réplica; sin embargo, en nuestro caso, el diputado y licenciado Sánchez Gochicoa pretendió acallar la voz de la fracción Social Demócrata, acto fallido desde luego, ya que logramos imponernos. En efecto, cuando el presidente de la mesa trató de negarnos dicho derecho en evidente favoritismo al funcionario del Ejecutivo, hubimos de ejercerlo antes de que él se dignara concederlo; aún así, se nos negó el micrófono.
Dicha actitud represiva consta en la versión taquigráfica y en las grabaciones de audio y de video de la sesión de referencia.
El suscrito es el único diputado independiente de la LVI legislatura en los términos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. El citado dispositivo no distingue entre los derechos parlamentarios de los diputados independientes y de los diputados dependientes. Ahí no dice que a los independientes se les negará el derecho de réplica y que sus intervenciones se limitan en el tiempo con relación a los demás diputados."
Leo el artículo 31:
"A los diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario, se les guardarán las mismas consideraciones que a todos los legisladores."
Vuelvo a la misiva:
"Dejamos constancia de nuestra enérgica protesta por la postura reprobable del licenciado Sánchez Gochicoa, su actitud servil hacia el Ejecutivo no enaltece sino demerita al Poder Legislativo. Atentamente. Rúbrica, el de la voz, diputado federal independiente, fracción Social Demócrata."
Entrego este oficio a la Presidencia por conducto de la Secretaría, para los efectos correspondientes.
Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Sánchez Gochicoa, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:
Con su venia, señor Presidente:
Quisiera solicitar a la Secretaría diera lectura a la siguiente página de la versión estenográfica del 3 de septiembre de 1996, fecha de la comparecencia del Secretario de Hacienda.
El Presidente:
K
Se ruega a la Secretaría dé lectura al documento de referencia.
El secretario Heriberto Lizárraga Zataraín:
"El Presidente: muy breve, muy breve por favor señor diputado, su intervención fue extensa, le agradeceríamos fuera muy breve en su réplica. El diputado Luis Sánchez Aguilar: no hay una cosa qué replicar"
El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:
Muchas gracias.
El diputado Luis Sánchez Aguilar solicitó su derecho de réplica, mismo que fue concedido por la presidencia de esa mesa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente.
Desde luego, aquí uno de los dos Sánchez es mentiroso.
Empezaremos por aclararle al señor diputado Sánchez Gochicoa, que su fuente no es una versión estenográfica. Se trata de una versión taquigráfica, porque aquel día, compañero diputado, tan ocupados como estaban los compañeros que llevan el proceso parlamentario, no pudieron asegurar la estenografía en todas las salas. Había varias pistas, en sentido figurado, en este circo legislativo.
El texto que usted ha leído, desde luego fue fuera de contexto. Tengo yo el mismo documento que usted y me voy a permitir leer a la audiencia, el párrafo anterior en donde tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda. El Secretario de Hacienda había dicho lo siguiente;
"Desde luego, la cantidad de recursos que se han utilizado en apoyo a los deudores, en apoyo a las instituciones, pues es una cifra muy importante; se ha hablado de 180 mil millones de pesos, incluyendo los apoyos a los programas carreteros. Estos se pagarán a lo largo de 30 años y el desglose y la normatividad y la aplicación, pues estarán desde luego actualizándose constantemente para que puedan ser analizados cuidadosamente por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República."
Esto fue lo que el Secretario contestó o trató de contestar a una imputación nuestra de que había destinado el 14% del producto interno bruto a patrocinar a sus compinches, los banqueros y había dejado todo el gasto social del pueblo de México en sólo el 9%.
Bien. Después de haber dicho esto el Secretario de Hacienda, agregó, ya encarrerado:
"Bien, si me permite, señor Presidente". ¿Quién era el Presidente de la mesa? El colega diputado Sánchez Gochicoa "pasaría entonces a", aquí vienen puntos suspensivos, interrupción. Esto es, el señor Secretario estaba encarrerado para el gran final, para despedirse de los compañeros diputados, sólo que lo interrumpieron y ahí está la clave.
¿Creen ustedes que lo interrumpió el señor Presidente de la mesa, en cumplimiento no sólo de su deber legal, sino de la educación, para decirle, además, como anfitrión, como representante del egregio, independiente Poder Legislativo que cita al Ejecutivo para que nos rinda cuentas? ¿Creen ustedes que Sánchez Gochicoa interrumpió a Guillermo Ortiz para decirle: "Perdón, señor Secretario, antes de que usted concluya, debo preguntarle al señor diputado Sánchez Aguilar -así de respetuoso Sánchez Gochicoa-, si desea él ejercer o no su derecho de réplica". Y Sánchez Gochicoa obsequio como es con los secretarios de Hacienda, hoy con Ortiz, antes con Aspe, no lo interrumpió, lo dejó irse, encarrerado el Secretario. Entonces ¿a qué se debió la interrupción que consta en esta versión taquigráfica, aquí dice, no estenográfica? Se debió a que el diputado Luis Sánchez Aguilar, expreso:
Pido la palabra. Exijo mi derecho de réplica. No puede concluir el Secretario sin escuchar mi réplica.
Y entonces si, lo anterior tomado de la grabación magnetofónica, el señor Presidente Sánchez Gochicoa dijo: "muy breve, muy breve"; todavía se atreve a pedir brevedad. Por favor, señor diputado. Ahí está la sumisión al Secretario para que se vaya, según él, incólume; pero ya estaba, como dicen los franceses tonc é ámort, "le agradeceríamos fuera muy breve en su réplica".
Y aquí sí el diputado Sánchez Gochicoa pidió a la Secretaría que se leyese lo que seguía:
"El diputado Luis Sánchez Aguilar habríamos" dicho esto: "No hay gran cosa que replicar". En efecto lo dijimos, sólo que no fue generoso con la audiencia Sánchez Gochicoa, porque para proteger a su amigo el Secretario no permitió que se leyera la continuación de la frase, que es la siguiente:
"No hay gran cosa que replicar porque, señores, queda constancia que el Secretario, falto de luces, carente de argumentos, no contestó."
Y luego, sigue la versión taquigráfica, "puntos suspensivos, ...desaparecen las palabras del diputado Sánchez Aguilar". Y dicen los compañeros de los sistemas de grabación, dicen ellos no el de la voz: "no le facilitaron el micrófono y toda su intervención fue inaudible".
Yo me pregunto: ¿quién, dentro de la "burbuja", cuál es esa mano negra que de nueva cuenta ordena que se apague el micrófono al de la voz, cuando viene aquí el Secretario de Hacienda? ¡Porque es la segunda vez, compañeros, ya pasó en diciembre!
¡Eso nos ha obligado, desde luego, a traer nuestro nuevo equipo de sonido, tamaño tarjeta de crédito, con lo que se puede sonorizar todo este sistema de altoparlantes a una distancia de 1 mil 500 metros:
Compañeras y compañeros diputados: nuestra defensa aquí no es personal ni nos anima contra Sánchez Gochicoa ningún espíritu ni revanchista ni de ajuste de cuentas. Porque al fin de cuentas somos tocayos y hasta, supongo yo, parientes lejanos. Pero eso sí, a propósito de los apellidos habremos de sacar dos enseñanzas políticas sobre los mismos:
La primera, es que aquí se confirma que hay dos tipos de Sánchez: los buenos y los malos.
Y la segunda, que nuestro tocayo en su segundo apellido lleva la fama: Gochicoa: Don Antonio resultó chico para la presidencia de la mesa. Así, tocayo, ¡no te auguramos mayor éxito en pos de la gubernatura tamaulipeca!
¡Además ya no fulgura en el firmamento político el hermano mayor, el doctor Aspe, que de la mano nos trajo al diputado hasta donde hoy llegó!
Muchas gracias, compañeros diputados.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para referirse a la Asamblea del Partido Revolucionario Institucional y la venta de la petroquímica.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:
En realidad quizá yo tenga más preguntas que respuestas en esto de la Asamblea y sobre todo en relación a como quedó la defensa de las petroquímicas, que tanto se publicitó como resolutivo de la XVII Asamblea Nacional del PRI.
Quiero decir, para sentar premisas, que yo no me imagino el tránsito a la democracia en este país si el PRI, no se convierte en un partido y empieza a tomar distancia verdaderamente del Ejecutivo. No me lo imagino. Porque no creo en la tesis de que el PRI va a morir o va a desaparecer, lo cual no solamente sería lamentable para los priístas, sino creo que para toda la vida nacional, porque una situación así del PRI, provocaría más inestabilidad, desequilibrios, incluso ingobernabilidad, que cualquier otra cosa.
Lo sano para la transición democrática en este país es la transformación del PRI en un verdadero partido y en un partido como tal, democrático. Así es que por eso mismo, incluso difiriendo tal vez de algunos compañeros, a mí si me da... yo sí me congratulo de que el PRI pueda asumir actitudes como partido.
Que haya rechazado esa ideología del liberalismo social, que era un invento salinista y haya recuperado el nacionalismo revolucionario a mí me parece positivo. Que haya existido un candado como el que propuso nuestro amigo diputado de Tabasco, en términos de cambiar esa "I" por la "O", que evidentemente pide varios requisitos para quienes ahora puedan ser candidatos a la presidencia del PRI, es de tal importancia que desde Echeverría ninguno de los que hemos tenido, pasando por el actual y por Salinas, se ajusta verdaderamente a esos requisitos. O sea, es un cambio tan trascendente que va a exigir que verdaderamente cuadros con experiencia y por lo menos con más sensibilidad, aun dentro de la ideología priísta, puedan ser candidatos del PRI y no tengamos tecnócratas gente o improvisada que viene a aprender, cuyas consecuencias, particularmente el salinato, todavía estamos viviendo.
Yo me lamento aunque entiendo que no hayan acordado la expulsión de Carlos Salinas. Creo que el temor ahí no fue de las bases priístas, sino mucho de las cúpulas priístas que si empiezan a expulsar pues quién va a cerrar la puerta ¿no?, o sea, yo creo que se tapan muchos de las cúpulas priístas con la misma cobija y bueno, descobijar a alguien puede dar motivo a que descobijen a otro; es por eso que Bartlett haya defendido a Salinas y a otros dinosaurios más y otros tecnócratas más, pues simple y sencillamente el riesgo ahí es que empiecen a descobijarse entre ellos. Lamento en esto que las bases priístas no hayan ido más allá como todo lo pronosticaba.
En relación al asunto de la petroquímica, el problema es que todos leímos la propuesta para que la Asamblea hiciera un pronunciamiento en defensa de la petroquímica; evidentemente esto implica rechazar la privatización. Y hoy tenemos que Jorge Eduardo Navarrete, subsecretario de Desarrollo de la Secretaria de Energía, está planteando que en todo caso el PRI es un partido más, dicen algunos medios y que ellos siguen adelante con lo de la venta de la petroquímica. Entonces, yo no sé aquí si el PRI qué línea va a tomar, si verdaderamente quiere cambiar como partido, quiere tomar distancia o se va a plegar a lo que diga el Gobierno.
Evidentemente con la posición que ya mantiene el PRD, el PT y la posición del PRI de ser coherente, de lo que estamos hablando es de frustrar estas intenciones que han existido en algunos círculos privatizadores del Gobierno y también en la iniciativa privada. Pero la verdad es que si el PRI se mantiene esto nos llevaría a que esa propuesta que ha promovido el gobierno de Zedillo, pues simple y sencillamente no va a fructificar. Pero yo no sé si la asamblea del PRI, la XVII valió la pena o no valió o sea, yo no sé si la asamblea se va a respetar, si los acuerdos ésos tienen importancia o si vamos a seguir en la lógica de que no dije lo que dije o quise decir otra cosa o finalmente lo que acordamos no fue así y se reinterpretan las cosas.
A mí me preocupa y dije las bases, porque a mí sí me interesa un PRI que verdaderamente se independice del Gobierno, un partido...
¿No se escuchó?.. Si alguien me quiere hacer una pregunta, con mucho gusto; están prohibídos los diálogos, pero si a la Presidencia le quiere pedir una interpelación o algo así. Bueno. Si no le rogaría a la Presidencia, porque no me fijé quién era.
Evidentemente lo que le pasa a cualquier partido, la suerte de las decisiones del PAN, del PRD o del PRI impactan la vida nacional y estamos hablando de entidades públicas. Yo sé que quizá algunos priístas no quisieran que se les molestara, pero somos entidades públicas, así lo dice la Constitución y nuestras resoluciones están sujetas a discusión de todo mundo, son parte de la vida nacional y una decisión del PRI impacta la vida nacional y el interés que tengo en esto es evidentemente el defender las petroquímicas, porque ya hemos visto que las privatizaciones en este país simplemente aquel fondo de las privatizaciones no sabemos ni dónde quedó, no sabemos qué corrupción se lo llevó, no sabemos nada de eso.
Sabemos por ejemplo que se vendieron a amigos de Salinas, el otro Carlos, el Carlos Slim, sabemos que el negocio no mejoró pero si encareció sustancialmente, sabemos de las privatizaciones que no han funcionado, sabemos que la iniciativa privada no quiere nuevas inversiones sino lo dado, comprar incluso lo que es rentable.
Nosotros no estamos de acuerdo con esa lógica que ha desangrado, que no ha ayudado a este país y nos interesa mucho la decisión del PRI y nos interesa mucho saber si se va a convertir en un partido y va a dejar de ser una paraestatal del Gobierno o va a seguir respondiendo a los intereses del Gobierno. Nos interesa saber si la asamblea va a ser respetada en sus decisiones o simple y sencillamente fue un gasto inútil.
Realmente ¿a qué nos vamos a atener de aquí para adelante con el PRI? ¿Va a ser un partido que empieza a tomar autonomía o vida propia o simplemente no tenemos por qué hacer caso a sus resoluciones porque a la base se le dio atole con el dedo, mañana los dirigentes cambian las cosas? Yo si quiero preguntarle a los priístas y más que pedirme que me afilie porque todo mundo sabe mi filiación perredista, yo sí pido que me contesten ¿a qué nos vamos a atener? ¿Se le da atole con el dedo a las bases, ¿Fue nada más para taparle el ojo al macho o va a haber coherencia verdaderamente en las definiciones al respecto?
¿Se va a defender a las petroquímicas o nos van a salir mañana con que quisieron decir otra cosa y yo no dije lo que dije, esa famosa tendencia con lo cual nos van a demostrar que se sigue en lo mismo? ¿A qué nos atenemos? ¿El Gobierno se va a frustrar en sus decisiones a pesar del intento que tiene y que se ratifica el día de hoy o de qué se trata verdaderamente.
Bueno, el priísmo tiene la palabra, como siempre la ha tenido, si quiere ser partido o seguir siendo paraestatal.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 26 de septiembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CCXXXI aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Comunicaciones del Congreso del Estado de Jalisco.
Informe de la Comisión Investigadora de la Conasupo.
Elección de la mesa directiva.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:51 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 26 de septiembre, a las 10:00 horas.
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| Cisen | Centro de Investigación y Seguridad Nacional |
| Conacyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Conapo | Consejo Nacional de Población |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Coplade | Comisión Nacional de Población |
| Coplademun | (Sin aclaración) |
| D.F. | Distrito Federal |
| Diconsa | Distribuidora de la Conasupo, S. A. |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Insen | Instituto Nacional de la Senectud |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores |
| Miconsa | Maíz Industrializado de la Conasupo, S. A. |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| S.A. | Sociedad Anónima |
| Sagar | Secretaría de Agricultura y Ganadería Rural |
| Secodadm | Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo |
| Secofi | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial |
| Secogef | Secretaría de la Contraloría General de la Federación |
| Sedena | Secretaría de la Defensa Nacional |
| Sedosol | Secretaría de Desarrollo Social |
| Semarnap | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
| SSA | Secretaría de Salubridad y Asistencia |
| Telmex | Teléfonos de México, S. A. |
| UPOV | Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales |
| URSS | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas |