Presidencia del diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados, por lo tanto, hay quorum.

EL Presidente (a las 11:35 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVI Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de octubre de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputados.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXII aniversario de la jura de la Constitución de 1824, tendrá lugar el 10 de octubre a las 10:00 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Oaxaca y Yucatán.

Iniciativas de diputados

De reformas y adiciones a los artículos 4o., 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, por los que se solicita el permiso Constitucional necesario para que el ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de: República Federativa del Brasil, Gran Ducado de Luxemburgo, República del Perú y República Italiana.

Solicitud de particular

Del Ciudadano Rafael Modesto del Blanco Garrido, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España, en San Luis Potosí.

Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Comunicación de la Comisión de Participación Ciudadana.

Sobre las elecciones en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento sobre la autorización de instalación de casas de juegos, en el país, a cargo del diputado César Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el salvoconducto que otorga la Secretaría de Gobernación al libre tránsito de los zapatistas, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Declaración del Grupo Exhorto en relación a la interrupción del diálogo de paz en Chiapas, a cargo del diputado José Carmen Soto Correa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para cambio de turno de la iniciativa para la creación de la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos.

Sobre el Código Penal del Estado de Coahuila, a cargo del diputado Luis Alberto Rico y Samaniego, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Aniversario de la muerte del Che Guevara, a cargo de la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sesión secreta.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La secretaria Rosa María Cabrera Lofte:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Efrén Nicolas Leyva Acevedo

En la Ciudad de México, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos, del jueves tres de octubre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos noventa diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del octogésimo sexto aniversario de la proclamación del Plan de San Luis. Se designa comisión.

Se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Morelos, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

La Secretaría pone a consideración de la Asamblea las solicitudes de licencia de los diputados José Francisco Lozada Chávez, Ramiro Javier Calvillo Ramos y Roberto Modesto Flores González y se aprueban los puntos de acuerdo respectivos. Llámese a los suplentes.

Se da primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Edmundo Flores, pueda aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República de Bolivia:

Juan Miguel Hilsaca Morales, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Honduras en Tijuana, con circunscripción en el Estado de Baja California; Carmen Patricia Barrientos Luna de Carrera, Hilda Edith Antillón Jiménez y Mónica Alejandra Grijalva Ramírez, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua:

Elias Pineda Mleléndez y Jaime Alan Picazo Gómez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, así como Silvia Martha Gabriela Moreno Valdovinos, pueda prestar sus servicios en el Consulado General del mismo país en Guadalajara, Jalisco.

Son de primera lectura.

Se concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Abel Eloy Velasco Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, quienes se refieren al proceso electoral en el Estado de Guerrero.

Para expresar sus opiniones sobre las propuestas sobre el fortalecimiento del Poder legislativo, hacen uso de la palabra los diputados Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una excitativa para iniciar los trabajos relativos a la reforma política; Salvador Beltrán del Río Madrid. del Partido Acción Nacional; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión Plural de Reforma del Estado y a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta lo que calificó pruebas de corrupción en el caso de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

El Presidente turna los documentos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y desde sus respectivas curules, expresan diversos comentarios y aclaraciones los diputados Javier González Garza, en dos ocasiones; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Jorge Efraín Moreno Collado, en dos ocasiones.

El Presidente confirma el turno de los documentos a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y sube a la tribuna el diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para presentar una moción de procedimiento. Desde su curul, el diputado Moreno Collado hace diversas aclaraciones.

Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática y, desde sus respectivas curules, proponen mociones de orden los diputados Rosario Guerra Díaz y Moreno Collado .

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Ezequiel Flores Rodríguez, quien se opone al trámite y el Presidente recibe la confirmación del mismo por el voto de la Asamblea en votación económica.

Se produce desorden en la sala y a las trece horas con treinta y seis minutos, el Presidente ordena un

RECESO

A las catorce horas con ocho minutos, se reanuda la sesión y el Presidente informa que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, sostuvo una reunión y acordó que el trámite a la propuesta del diputado Quintana Silveyra, se turne a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y a la Comisión Investigadora de la Conasupo, para actuar de conformidad a lo que resuelva la propia Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para expresar su opinión sobre el reparto agrario en La Laguna, hace uso de la palabra el diputado Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática.

Recuerdan los acontecimientos del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, los diputados Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del Partido del Trabajo; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se guarde un minuto de silencio, a lo que el Presidente accede; María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción Nacional, y José Antonio Martínez Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que calificó como los nuevos Sentimientos de la Nación.

Rinde homenaje a los maestros, en el Día Internacional del Maestro, el diputado Vito Lucas Gómez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Se refieren al estado en el que se encuentra el diálogo por la paz en Chiapas, los diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática y Edgard Sánchez Ramírez, del mismo partido, para rectificar hechos.

Denuncian hechos ocurridos durante la gira del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en Yucatán, los diputados Claudio Manuel Coello Herrera, del Partido Acción Nacional y Eric Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con dos minutos, citando para la que tendrá lugar el martes ocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente:

Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Martín Vélez Valdez, Román Díaz Coronado y Enrique Gasca Miranda, diputados suplentes electos por los distritos electorales XII, XIII y XX del Estado de México, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados:

Joaquín Rodríguez Lugo, Irene Maricela Cerón Nequiz, Francisco Javier Santos Covarrubias y Rosa María Cabrera Lotfe.

El secretario Mario Alejandro Rosales Anaya:

Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:

Ciudadanos Martín Vélez Valdez, Román Díaz Coronado y Enrique Gasca Miranda:

¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

Los ciudadanos Martín Vélez Valdez, Román Díaz Coronado y Enrique Gasca Miranda:

¡Sí, protesto!

El Presidente:

Si así no lo hiciereis, que la nación os lo demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

El secretario Primo Quiroz Durán:

«Diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXII aniversario de la jura de la Constitución de 1824, que tendrá lugar frente al monumento ecuestre al general Guadalupe Victoria, ubicado en avenida Congreso de la Unión frente al Palacio Legislativo, delegación Venustiano Carranza, el día jueves 10 de octubre a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración .

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El director general de Acción Social, Cívica y Cultural.- Licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»

El Presidente:

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni; Ignacio Contreras Flores; Irma Eugenia Cedillo y Amador; Jorge Antonio Catalán Sosa y Gloria Sánchez Hernández.

ESTADO DE GUANAJUATO

El secretario Sabino González Alba:

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.- México, D.F.

El LVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión solemne celebrada el día de hoy, quedó legalmente instalado, inaugurando su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, eligiendo la mesa directiva que fungirá durante el primer mes, la cual quedó integrada como sigue:

Presidente: Arturo Guerrero Orozco; vicepresidente: Antonio Chávez Mena; primer secretario: Humberto Barrera Paniagua; segundo secretario: Consuelo Camarena Gómez y prosecretario: Martín Santos Gómez.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 25 de septiembre de 1996.- Diputados secretarios: Humberto Barrera Paniagua y Consuelo Camarena Gómez.»

De enterado.

ESTADO DE OAXACA

El secretario Severiano Pérez Vázquez:

«Escudo Nacional.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.

Diputados secretarios del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

En sesión celebrada el día de hoy, la LVI Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, inauguro su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio legal; asimismo con apego a la ley procedió a la elección de la mesa directiva para la segunda quincena del mes de septiembre, quedando integrada como sigue:

Presidente: Cristóbal Carmona Morales; vicepresidente: Pedro Miguel Pastor.

Secretarios que fungirán durante el segundo año legislativo:

Primero. Gloria G. Altamirano Portillo; segundo: Delfino Santiago Pérez; tercero: Mariano S. López Santiago y cuarto Cuauhtémoc Fuentes Villanueva.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz" Oaxaca de Juárez, a 16 de septiembre de 1996.- Diputados secretarios: Mariano Santana López Santiago y Cuauhtémoc Fuentes Villanueva.»

De enterado.

ESTADO DE YUCATAN

El secretario Fernando de Jesús Rivadeneira y Rivas:

«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, tuvo a bien aprobar el día 15 de mayo del año en curso, la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 16 de mayo próximo pasado.

En mérito de lo anterior, me permito enviarle un ejemplar del citado ordenamiento jurídico para su estudio, análisis y comentarios al respecto.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mérida, Yucatán, a 11 de septiembre de 1996.-El oficial mayor del Congreso del Estado de Yucatán, Luis E. López Martin.

LEY PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE YUCATAN

Presentación

La publicación de las normas resulta un elemento esencial para su cumplimiento, a ello obedece que esta LIV Legislatura del honorable Congreso del Estado de Yucatán, haya elaborado a través de la Comisión Permanente de Trabajos Editoriales un programa de difusión de leyes aprobadas por el Poder Legislativo .

Esta colección de textos jurídicos se inicia con la impresión de la Ley para la Integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán que representa para el Congreso de nuestra entidad, la cúspide de un proceso legislativo realizado por las comisiones permanentes de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales y de Salud Pública, Ecología, Vivienda, Protección y Mejoramiento del Ambiente que comprendió una amplia participación de organismos no gubernamentales y entidades dei sector público que enriquecieron con sus criterios la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado y que finalmente fuera aprobada por el pleno del Poder Legislativo, el día 15 de mayo dei año en curso.

En la elaboración de la Ley para la integración de Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán se registraron 32 ponencias, que en sus partes más relevantes, incluyendo una nueva denominación a este conjunto normativo fueron incorporados al texto original.

Ante la nutrida participación, la seriedad de las ponencias y especialmente el interés manifestado por la sociedad yucateca, la LIV Legislatura hace un merecido reconocimiento a quienes con sus aportaciones, inquietudes y desinteresado esfuerzo hicieron posible estudiar, analizar y mejorar en su conjunto esta ley en beneficio de la comunidad.

Diputado abogado Orlando A. Paredes Lara, presidente de la Gran, Comisión del Congreso del Estado de Yucatán.

TITULO PRIMERO

De las personas con discapacidad

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Estado, y tienen como finalidad establecer normas y acciones para promover el desarrollo de las facultades físicas y mentales de las personas que presentan algún grado de discapacidad, a efecto de contribuir al ejercicio de sus capacidades, mejorando su nivel de vida y facilitando de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho para hacer posible su incorporación óptima a la vida social en la entidad.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Persona con discapacidad: es aquélla con capacidad disminuida o limitada para realizar, por sí misma, las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental. social, ocupacional y económico, como consecuencia de una insuficiencia somática, sicologica o social:

II. Rehabilitación: es el conjunto de programas y acciones médicas, sicológicas, sociales, educativas y ocupacionales que el Estado fomentará y establecerá con otras instituciones o servicios gubernamentales o privados que tengan por objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su máximo grado de recuperación funcional, a fin de realizar actividades que les permitan ser útiles a sí mismo, a su familia e integrarse a la vida social:

III. Ley: el presente ordenamiento:

IV. Legislación Vial: reglamento de vialidad del Estado de Yucatán:

V. Legislación Sanitaria: la Ley de Salud del Estado de Yucatán y su reglamento:

VI. Legislación Asistencial: la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, así como la Ley Orgánica de Asistencia Social y su reglamento, ambas del Estado de Yucatán:

VII. Legislación sobre Desarrollo Urbano: los reglamentos de construcciones y demás disposiciones análogas, expedidas por los ayuntamientos de los municipios del Estado:

VIII. Vía Pública: los espacios terrestres, de uso común, destinados al tránsito de peatones y vehículos de fuerza motriz, propulsión humana o tracción animal:

IX. Lugares con Acceso al Público: los inmuebles del dominio publico o privado, en razón de la naturaleza de las tres actividades que en ellos se realizan, permiten el libre tránsito de las personas y, en su caso, de vehículos:

X. Barreras arquitectónicas: son todos aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento en espacios exteriores o interiores del sector público, social o privado a personas con discapacidad o que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones:

XI. Deficiencia: es una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, de carácter sicológico, fisiológico o anatómico de alguna estructura o función:

XII. Incapacidad: cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano:

XIII. Minusvalidez: es una incapacidad que constituye una desventaja para una persona, en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según la edad, el sexo, los factores sociales y culturales:

XIV. Persona con discapacidad intelectual o cognoscitiva: toda persona que por una lesión cerebral causada durante el desarrollo prenatal o en los primeros años de su vida queda impedida en forma permanente para establecer niveles de aprendizaje acordes a su edad cronológica:

XV. Prevención: la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales o sensoriales.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por discapacidad cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una facultad, ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal del ser humano.

Se considerará persona con discapacidad fisica o intelectual a toda persona que padezca alguna insuficiencia derivada de:

a) Deformaciones congénitas, amputaciones, artropatías y secuela de lesiones, trastornos musculares y distrofias:

b) Parálisis y daño neurológico:

c) Ceguera total o parcial o debilidad visual:

d) Debilidad auditiva, así como pérdida total de la audición:

e) Insuficiencia miocárdica o coronaria:

f) Insuficiencia respiratoria crónica:

g) Insuficiencia renal crónica:

h) Discapacidad intelectual o mental:

i) Autismo:

j) Problemas de aprendizaje:

k) Problemas de lenguaje.

Artículo 4o. Son acciones prioritarias para el desarrollo de las personas con discapacidad, las siguientes:

a) Los procesos de rehabilitación:

b) La educación dentro del marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado y la Ley General de Educación:

c) El trabajo y programas de capacitación de acuerdo a su capacidad física y mental:

d) El disfrute y participación de las actividades culturales, recreativas y deportivas:

e) La movilidad en diferentes espacios.

Artículo 5o. El tránsito en las vías públicas y lugares con acceso al público de las personas con discapacidad, se sujetará a lo previsto por esta ley y a los demás ordenamientos legales conducentes, así como por las normas y medidas siguientes:

a) La organización, operación, supervisión y evaluación de las acciones urbanísticas que en materia de asistencia social se lleven a cabo para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden a la persona con discapacidad su desarrollo integral:

b) La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad:

c) El establecimiento de las normas técnicas correspondientes y

d) Las campañas de difusión y medidas en materia de educación vial y cortesía urbana.

Artículo 6o. Corresponde al Ejecutivo del Estado, establecer las normas técnicas en la materia de prevención y rehabilitación de las personas con discapacidad y la coordinación, supervisión y evaluación del cumplimiento de las mismas de parte de las instituciones públicas, sociales y privadas que persigan estos fines.

Se elaborará un programa de prevención de discapacidades y orientación a las personas con discapacidad que tenderá a la orientación, planeación familiar, consejo genético, atención prenatal, perinatal, detección y diagnóstico precoz, asistencia pediátrica en etapa de lactante, preescolar y escolar; asimismo, en la higiene y la seguridad en el trabajo, el tráfico vial, así como acciones para evitar barreras arquitectónicas y todo aquello que en su momento se considere necesario para realizar esta labor.

Artículo 7o. Corresponderá al Ejecutivo del Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, la creación de un Consejo Estatal Promotor para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que deberá estar integrado por: un presidente, que será en todo caso el titular del Poder Ejecutivo del Estado o la persona que éste designe, un secretario y vocales que incluya a profesionales de la medicina, educación, sicología, trabajo social, así como a representantes de los sectores de salud y de educación, asimismo de organismos no gubernamentales, incluyendo en éstos los de personas con discapacidad.

TITULO SEGUNDO

De la rehabilitación

CAPITULO I

Concepto y procesos de rehabilitación

Artículo 8o. Se entiende por rehabilitación el conjunto de programas y acciones médicas, sicológicas, sociales, educativas y ocupacionales que tengan por objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su máximo grado de recuperación funcional a fin de realizar actividades que les permitan ser útiles a sí mismas, a su familia e integrarse a la vida social.

Artículo 9o. Los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad estarán a cargo de equipos interdisciplinarios y podrán comprender las siguientes medidas:

I. Rehabilitación médico-funcional:

II. Orientación, tratamiento sicológico y sociológico.

Artículo 10. El Estado deberá impulsar, fomentar y desarrollar con otras instituciones o servicios gubernamentales o privados las acciones y programas que comprenden el proceso rehabilitatorio hasta las comunidades más apartadas.

CAPITULO II

Rehabilitación médico-funcional

Artículo 11. La rehabilitación médico-funcional estará dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten una disminución de capacidad física, sicológica o de relación social en los términos de esta ley; deberá comenzar con la detección y diagnóstico de cualquier anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad posible, así como el mantenimiento de ésta.

Artículo 12. Los procesos de rehabilitación se complementarán con la prescripción de prótesis, órtesis y otros elementos auxiliares para las personas con discapacidad, cuya condición lo amerite.

CAPITULO III

Orientación y tratamiento sicológico

Artículo 13. La orientación y tratamiento sicológico se emplearán durante las distintas fases del proceso rehabilitador, se procurará su inicio en el seno familiar e irán encaminadas a lograr por parte de la persona con discapacidad la superación de su situación y el desarrollo de su personalidad e integración social.

Seleccionar adecuadamente los métodos de enseñanza y de rehabilitación para aplicar los que estadísticamente han sido eficientes, con el apoyo de una unidad de rehabilitación para llegar a todas las personas que lo requieran.

Artículo 14. El apoyo y orientación sicológicos tendrán en cuenta las características individuales de la persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses, así corno los factores familiares y sociales que puedan condicionarle y estarán dirigidos a optimizar al máximo el uso de sus potencialidades.

CAPITULO IV

Unidades de rehabilitación

Artículo 15. Corresponde al Ejecutivo del Estado, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Yucatán, impulsar y promover entre las instituciones públicas y privadas, así como entre la propia comunidad la creación de unidades de rehabilitación con equipo interdisciplinario que actuando en un ámbito sectorial del Estado presten la atención a cada persona que lo requiera para garantizar la integración a su entorno social. El personal que componga los equipos deberá contar con la formación profesional y la capacidad necesaria para cumplir con la función encomendada.

Artículo 16. Serán funciones de los equipos interdisciplinarios:

I. Emitir un informe diagnóstico sobre los diversos aspectos de las limitaciones de la persona con discapacidad, su personalidad y su entorno familiar:

II. La orientación terapéutica, tratamiento necesario de acuerdo a las posibilidades de recuperación, así como seguimiento y revisión del mismo:

III. La canalización hacia organismos especializados, en los casos específicos que por circunstancias concretas no pueden ser tratados por estos equipos.

Artículo 17. Para cumplir su objetivo las unidades de rehabilitación implementarán un sistema de prestación de servicios para las personas con discapacidad, basado en la valoración y calificación que de la discapacidad se haga, cuyos servicios se otorgarán en beneficio de quienes carezcan de medios para recibirlos de otras instituciones.

TITULO TERCERO

De la educación

CAPITULO I

Educación general y especial

Artículo 18. De acuerdo con el resultado del diagnóstico respectivo, la persona con discapacidad se integrará al sistema educativo general ordinario, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo que la ley le otorgue.

Se impulsará y estimulará la investigación en los campos sicopedagógico, social y laborales para adecuar permanentemente los requerimientos metodológicos e instrumentos adecuados para las personas con discapacidad.

Artículo 19. La educación especial sera impartida a aquéllos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Educación.

Artículo 20. La educación especial de los alumnos con posibilidades de integración se impartirá en las instituciones ordinarias, públicas o privadas del sistema educativo mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se iniciarán tan pronto como requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo sicológico de cada persona y no a criterios estrictamente cronológicos.

Artículo 21. La educación especial tenderá a la consecución de los siguientes objetivos:

I. La superación de las deficiencias y de las consecuencias y secuelas derivadas de aquélla:

II. El desarrollo de habilidades y actitudes en la adquisición de conocimientos que le permitan a la persona con discapacidad la mayor autonomía posible:

III. El fomento y la promoción de todas las capacidades de la persona con discapacidad para el desarrollo armónico de su personalidad:

IV. Desarrollar al máximo su capacidad de aprendizaje:

V. La incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a la persona con discapacidad integrarse a la sociedad y autorealizarse.

Artículo 22. Cuando la severidad de la discapacidad lo haga imprescindible, la educación se llevará cabo en centros especiales, que funcionarán en coordinación con los centros ordinarios.

Artículos 23. La educación especial deberá contar con el personal técnicamente capacitado y calificado que, en actuación interdisciplinaria, provea las diversas atenciones que cada persona con discapacidad requiera.

Artículo 24. Todo personal que intervenga en la educación especial deberá poseer la especialización, experiencia y aptitudes necesarias; se procurará que en el área de elaboración de los programas correspondientes se cuente además con título profesional debidamente registrado.

Artículo 25. Todos los hospitales, albergues, guarderías y establecimientos similares que funcionen con cargo a recursos públicos y privados deberán contar con un área o sección de educación especial para prevenir la marginación del proceso educativo de los internos en esos lugares.

Artículo 26. Dentro de la educación especial se considerará la formación profesional de la persona con discapacidad de acuerdo con lo establecido en los diferentes niveles de enseñanza general.

CAPITULO II

Servicios sociales educativos

Artículo 27. Los servicios sociales educativos para las personas con discapacidad, tienen como objetivo garantizar el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de su integración a la comunidad.

Artículo 28. La actuación en materia de servicios sociales educativos para personas con discapacidad se regirá por los criterios siguientes:

I. Todas las personas con discapacidad en los términos de esta ley, tienen derecho a las prestaciones sociales educativas establecidas en este ordenamiento:

II. Los servicios sociales educativos podrán ser prestados tanto por las instituciones públicas como por instituciones o personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro:

III. La prestación de los servicios sociales educativos respetarán al máximo la permanencia de las personas con discapacidad en su medio familiar y en su entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos:

IV. Se procurará hasta el límite que impongan los distintos tipos de discapacidad, la participación de los interesados, especialmente en el caso de adultos en las actividades comunes de convivencia, de dirección y control de los servicios sociales educativos.

Artículo 29. El servicio social educativo de la orientación familiar tendrá como propósito la información a las familias, su capacitación y adiestramiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos con discapacidad y a la adecuación del entorno familiar para satisfacer las necesidades rehabilitatorias.

Artículo 30. Los servicios sociales educativos de informaciones oficiales deberán facilitar a la persona con discapacidad el conocimiento de las prestaciones a su alcance así como las condiciones de acceso a las mismas.

TITULO CUARTO

Del trabajo y de los programas de capacitación

CAPITULO I

Trabajo y programas de capacitación

Artículo 31. La finalidad primordial de la política de trabajo y capacitación de personas con discapacidad, será su integración en el sistema ordinario de empleo o, en su caso, su incorporación al sistema productivo mediante una forma adecuada de prestación de servicios.

Artículo 32. La política de trabajo y capacitación a personas con discapacidad, comprenderá entre otras cosas, el impulso y la promoción de:

I. La orientación ocupacional y vocacional;

III. La promoción de programas del empleo de personas con discapacidad, fomentando para ello medidas o propuestas para su contratación, según su potencialidad real, en el sector público y privado:

IV. La canalización del tiempo libre en actividades culturales y deportivas en los centros de trabajo con una amplia coordinación de apoyo y asesoría por las instituciones siguientes: Instituto de Cultura de Yucatán, Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán, Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salubridad y la Dirección del Servicio Estatal del Empleo del Gobierno del Estado.

Artículo 33. La orientación ocupacional tendrá en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad, determinadas con base en los informes de los equipos interdisciplinarios. Se tomará en cuenta la educación escolar recibida, la capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en cada caso; asimismo, la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales.

Artículo 34. El consejo estatal promotor en coordinación con las autoridades competentes, coadyuvará al fomento y desarrollo de programas de trabajo y capacitación de las personas con discapacidad, mediante el establecimiento de sistemas que faciliten su integración laboral; éstos podrán consistir en la vigilancia del cumplimiento de la presente ley para la adaptación de los centros de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su movilidad en centros de producción y la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos.

Artículo 35. El Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán establecerá programas de promoción del trabajo de las personas con discapacidad creando al efecto una bolsa de trabajo en la que se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidad.

Artículo 36. El trabajo que realice la persona con discapacidad deberá ser productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del trabajador, a fin de favorecer su adaptación personal y social y facilitar en su caso su posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

TITULO QUINTO

De las actividades culturales, recreativas y deportivas

CAPITULO I

Actividades culturales, recreativas y deportivas

Artículo 37. Sin perjuicio de lo dispuesto por esta ley, se fomentarán las actividades culturales, recreativas, deportivas y ocupación del tiempo libre, para personas con discapacidad.

Artículo 38. Se fomentarán servicios de albergues y centros comunitarios con objeto de atender las necesidades básicas de aquellas personas con discapacidad carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar.

Artículo 39. Los albergues y centros comunitarios podrán ser promovidos por la administración pública, organizaciones privadas o por las propias personas con discapacidad y sus familias. Las actividades deportivas, culturales, recreativas y del uso del tiempo libre de la persona con discapacidad, se desarrollarán, siempre que sea posible, en las instalaciones y con recursos de la comunidad.

TITULO SEXTO

De la movilidad en diferentes espacios y de las sanciones

CAPITULO I

Del servicio público de transporte

Artículo 40. Cuando en las poblaciones o localidades del Estado no existan transportes especializados para las personas con discapacidad o existiendo no cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, en cada una de las unidades que utilicen, deberán reservar, por lo menos, un asiento por cada 10 de los que tenga el vehículo, a efecto de que en su caso, sean utilizados por pasajeros con discapacidad, debiendo colocar un letrero con el logotipo adoptado a efecto de que se respete dicho espacio. Estos asientos deberán estar situados cerca de la puerta de acceso del vehículo de que se trate y podrán ser utilizados por cualquier usuario, siempre y cuando no sea requerido por alguna persona con discapacidad.

Se promoverá que los servicios públicos de transporte cuenten con las instalaciones propias para personas con discapacidad.

CAPITULO II

De los programas de educación vial, cortesía urbana y respeto a las personas con discapacidad

Artículo 41. El Ejecutivo del Estado, a través de sus diferentes direcciones administrativas, las autoridades de vialidad, de educación pública en el Estado, del Instituto de Cultura de Yucatán y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, diseñará e instrumentará programas y campañas permanentes de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público, con la pretensión primordial de que la población en general acepte a los mismos en las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad. Estos programas de campañas se difundirán ampliamente por los medios masivos de comunicación existentes en la entidad.

CAPITULO III

Barreras arquitectónicas

Artículo 42. El derecho al libre tránsito en los espacios públicos abiertos o cerrados, comerciales, laborales, oficiales y recreativos, de las personas con algún grado de discapacidad tiene las finalidades siguientes:

I. Contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades:

II. Mejorar su calidad de vida:

III. Proteger y facilitar de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios al que todo ciudadano tiene derecho.

Artículo 43. Se consideran barreras arquitectónicas todos aquellos elementos de construcción que dificulten, entorpezcan o impidan el libre desplazamiento en espacios exteriores o interiores, del sector público, social o privado, a personas con discapacidad o que dificulten, entorpezcan o impidan el uso de los servicios e instalaciones, debiendo consecuentemente regularse el diseño de los elementos arquitectónicos y urbanísticos.

Las autoridades competentes para ello, se abstendrán de extender licencias de construcción o de autorizar la realización de obras en las vías públicas o de otorgar permisos o concesiones para el aprovechamiento de dichas vías o cualesquiera otros bienes de uso común, destinados a un servicio público, si en los planos o proyectos que a su consideración se sometan no se observaren la infraestructura necesaria para el libre y fácil tránsito de las personas con discapacidad, que les permita salvar cualquier posible barrera arquitectónica.

Artículo 44. Para efecto de los artículos anteriores, las autoridades competentes establecerán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que deben sujetarse los proyectos públicos y privados de urbanización, fraccionamiento y construcción que se sometan a su aprobación, así como las ampliaciones, reparaciones y reformas de edificios existentes.

CAPITULO IV

Obstáculos viales en general

Artículo 45. Para efectos de la presente ley, se consideran obstáculos viales todas aquellas barreras arquitectónicas que en primer término arriesgan la integridad física de las personas con discapacidad y que dificultan, entorpecen o impiden su libre desplazamiento en lugares públicos, interiores o exteriores o el uso de las instalaciones y servicios comunitarios.

Artículo 46. Los elementos viales que en la vía pública deberán en su caso ser adecuados con facilidades para personas con discapacidad y que constituyan obstáculos, son:

a) Las aceras, banquetas o escarpas:

b) Las intersecciones de aceras o calles:

c) Las coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas:

d) Los estacionamientos o aparcaderos:

e) Las escaleras y puentes peatonales;

f) Las rampas:

g) Los teléfonos públicos:

h) Los tensores para postes:

i) Los buzones postales:

j) Los contenedores para depósito de basura y puestos ambulantes:

k) Los semáforos y toda clase de disposiciones de tránsito y vialidad, tales como banderolas, postes, cadenas y en general anuncios que limitan el tránsito vehicular:

I) El uso de banquetas y postes como estacionamientos de bicicletas, motocicletas, diablitos, carretillas y la expansión de comercios establecidos sobre las aceras:

m) Cualesquiera otros objetos que dificulten, entorpezcan o impidan el libre tránsito, principalmente a las personas con discapacidad.

Artículo 47. Los lugares con acceso al público que deberán ser adecuados en su caso con facilidades para personas con discapacidad son los siguientes:

a) Clínicas, sanatorios y hospitales:

b) Centros educativos y/o de capacitación, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y cualquier otro espacio del centro escolar:

c) Terminales aéreas, terrestres, ferroviarias y marítimas:

d) Comedores de autoservicio, de restaurantes y cafeterías:

e) Los auditorios, cinematógrafos, teatros y en general cualquier sala de espectáculos:

f) Las instalaciones del sector turístico, marítimo y hotelero:

g) Los parques y jardines:

h) Los sanitarios, los elevadores, los teléfonos públicos y cualquiera otra estructura de servicio público en que se dificulte el libre tránsito de las personas con discapacidad.

Artículo 48. Los ayuntamientos de los municipios de la entidad, deberán observar y prever facilidades urbanísticas y arquitectónicas, adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes en la materia, de la planificación y urbanización de las vías de transporte y señalamiento urbanísticos y arquitectónicos, parques y jardines públicos a fin de facilitar a aquéllas el tránsito, desplazamiento y uso de dichos espacios.

CAPITULO V

Obstáculos en la vía pública

Artículo 49. Las aceras deben permitir las esquinas o sitios propios para el cruce de personas, las facilidades para que las personas con discapacidad en sillas de ruedas puedan, en forma independiente y con un máximo de seguridad, descender o ascender de las mismas.

Artículo 50. En las intersecciones o cruces de aceras o de calles que se encuentren construidas a distintos niveles, las superficies de ambas deberán llevarse al mismo nivel mediante el uso de rampas, con la finalidad de hacer factible el tránsito a personas en silla de ruedas, con aparatos ortopédicos o con locomoción dificultosa por algún padecimiento somático.

Artículo 51. En las aceras e intersecciones en que se construyan rampas para sillas de ruedas, el pavimento, además de antiderrapante deberá ser rugoso y éstas contener una línea guía, de tal manera que permita servir de señalamiento para la circulación de invidentes o débiles visuales. Asimismo, las propiedades particulares que tengan en la banqueta pendientes para el acceso de vehículos, deberá disminuirse el borde o guarnición hacia el interior de la edificación para no impedir la libre circulación de personas que se transporten en sillas de ruedas o accesorios de apoyo para la locomoción.

Artículo 52. Los estacionamientos de vehículos en la vía pública deberán de contar, en las zonas comerciales, por lo menos con dos espacios por manzana para el ascenso y descenso de las personas con discapacidad. Dichos espacios deberán diseñarse de acuerdo a los requerimientos específicos y encontrarse claramente señalados como reservados para uso exclusivo. Fuera del area comercial a que se refiere el presente artículo, pero en sitios en que se establezcan oficinas, escuelas, centros recreativos o culturales o cualesquiera otros lugares con acceso al público, deberán contar por igual con espacios para el ascenso y descenso exclusivo para las personas con discapacidad. Para efectos de lo anterior, deberá contarse, previamente, con la autorización de construcción correspondiente de las autoridades del ramo, con la finalidad de que éstas indiquen el área más apropiada para ello.

Artículo 53. Las personas con discapacidad tendrán derecho exclusivo a ocupar los espacios de estacionamiento que sean destinados para ellos; para su identificación, deberá figurar en su vehículo los logotipos internacionales, consistentes en: la silueta de una silla de ruedas, un individuo con bastón, un perfil con señalamiento auditivo o un perfil con una imagen cerebral.

Las autoridades de vialidad podrán proporcionar a estas personas con discapacidad que utilicen vehículos de motor, una tarjeta o placa con cualesquiera de los cuatro logotipos que permitan conocer que fue expedido por la autoridad competente para los que tengan vehículo propio o un tarjetón con las mismas características para aquellas personas con discapacidad que ocupen vehículos de alquiler o prestados.

Artículo 54. A efecto de facilitar el estacionamiento de vehículos, de los cuales tengan que descender o ascender las personas con discapacidad, la autoridad vial dispondrá las medidas necesarias, las que inclusive podrán aplicarse en zonas de aparcamiento restringido, siempre y cuando no se afecte gravemente el libre tránsito de vehículos y peatones.

Artículo 55. Los tensores que en las vías públicas se instalen, como apoyo de los postes de los servicios públicos, deberán contar con un protector metálico, el cual deberá ser recubierto con pintura de color vivo a fin de que los transeúntes, principalmente los débiles visuales, los identifiquen con facilidad para evitar tropezarse. Asimismo la colocación de semáforos u otros instrumentos de señalización viales se efectuará de manera estratégica a efecto de que no se impida el desplazamiento de una silla de ruedas o el de un instrumento de apoyo para invidentes.

CAPITULO VI

Obstáculos viales en lugares con acceso al público

Artículo 56. Los edificios que tengan escaleras en su acceso desde la vía pública, deberán contar con una rampa para dar servicio a personas que se transporten en sillas de ruedas, o que usen muletas, bastones o aparatos ortopédicos o que por cualesquiera otras circunstancias tengan disminuidas o afectadas sus facultades de locomoción. Esta área especial de acceso deberá tener una pendiente suave, no mayor de 8%, deberá ser antiderrapante, de cuando menos 95 centímetros de ancho y contará con una plataforma horizontal de descanso, de 150 centimetros de longitud, por lo menos, por cada cinco metros de extensión de la rampa y con un pasamanos o barandal continuo, colocado a una altura de 80 centímetros del piso. Asimismo estará dotada, por ambos lados, de un bordo o guarnición longitudinal, de 10 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho, contra el cual pueda detenerse la bajada precipitada de una silla de ruedas. Bajo ninguna circunstancia la rampa de servicios de carga ni de descarga de un edificio podrá destinarse a la función precisada en este artículo.

Artículo 57. Las escaleras exteriores de los edificios deberán contar con una pendiente suave, así como un acabado antiderrapante y estar dotadas de pasamanos o barandales a efecto de facilitar el acceso a personas invidentes o débiles visuales, con prótesis o afectadas de cualquier estado de invalidez somática o de avanzada edad.

Artículo 58. Las puertas de acceso de un edificio, a efecto que puedan ser utilizadas por personas que tengan que utilizar sillas de ruedas, deberán tener un claro totalmente libre de 95 centimetros de ancho, cuando menos.

Artículo 59. Todos aquellos edificios que cuenten con escaleras en su interior también deberán contar con una rampa para el servicio de personas con discapacidad. La rampa se construirá siguiendo las especificaciones precisadas en esta ley. La autoridad podrá dispensar el cumplimiento de la obligación anterior en caso de que exista impedimento debidamente acreditado, a través de dictamen pericial.

Artículo 60. Tratándose de edifcios de más de tres niveles o plantas, deberán contar con un elevador, por lo menos, para el uso de personas con discapacidad, con dimensiones no menores de 155 centímetros de largo por 170 centimetros de ancho, a fin de que permita el fácil acceso y manejo de sillas de ruedas en su interior; por igual deberá observarse que el área de entrada a dicho elevador, en cada una de las plantas del edificio, sea una superficie plana de 150 centímetros de largo por similar medida de ancho.

Artículo 61. Las escaleras interiores de los edificios deberán permanecer iluminadas de manera artificial o natural, así como tener descansos o mesetas, a intervalos adecuados para brindar a la persona con discapacidad un área segura en caso de sufrir mareos, agotamiento, falta de aire o cualquiera otra contingencia que afecte su condición fisica y lo ponga en estado de riesgo.

Artículo 62. Los descansos de las escaleras interiores deberán pintarse con colores vivos que contrasten con el resto de los escalones y tener una superficie de textura rugosa con la finalidad de que puedan ser de fácil identificación tanto por quienes tengan visión normal como por invidentes o débiles visuales.

Artículo 63. En todo caso las escaleras tendrán pasamanos en ambos lados, con secciones no mayores de dos pulgadas de diámetro o de ancho, así como en forma continua, a fin de favorecer, entre otras, a personas con padecimientos artríticos o similares.

Artículo 64. Los pasamanos de las escaleras deberán contar con una prolongación razonable más allá del primero y del último escalón, para brindar a las personas con discapacidad una mayor seguridad al circular. Por igual deberán contar, en ambos extremos, con una protuberancia que sirva como indicador, a los invidentes y débiles visuales, de lugar de inicio y fin de la escalera.

Artículo 65. Con objeto de evitar accidentes a personas con discapacidad, deberán evitarse, en lo posible, las puertas de doble abatimiento. En caso de que no resulte posible dar cumplimiento a esta disposición, los interiores de los edificios deberán contar, en ambos lados de las puertas, con ventanas de vidrio inastillable que permitan la vista al exterior y al interior del inmueble.

Artículo 66. Todo edificio de uso público deberá contar, por lo menos, con un cubículo de servicios sanitarios para hombres y otro para mujeres, destinados a personas con problemas de incapacidad somática. Estos cubículos se ubicarán, preferentemente, lo más cerca posible al vestíbulo de entrada del propio edificio. Tratándose de edificios de más de tres plantas o niveles, los cubículos señalados deberán instalarse en cada piso non o impar del mismo.

Artículo 67. Los sanitarios mencionados en el artículo anterior, deberán ser, cuando menos, de 95 centímetros de ancho por 165 centímetros de largo; su puerta de acceso tendrá no menos de 100 centímetros de ancho completamente libre, debiendo abatirse hacia afuera; el inodoro deberá ser de una altura no mayor de 47 centímetros contados a partir del nivel del piso y deberá ser, preferentemente, un mueble empotrado a la pared o de base remetida a fin de facilitar el acercamiento de una silla de ruedas .

El sanitario estará equipado con barras horizontales sólidamente fijadas en cada una de sus paredes laterales, a una altura de 82 centímetros del piso, con longitud mínima de un metro y diámetro no mayor de dos centimetros. Las barras se instalarán de modo que entre ellas y la pared a la que se fijen quede un claro de cuatro centímetros de separación.

Artículo 68. En los sanitarios de uso público deberá instalarse, cuando menos, un lavamanos que permita su fácil acceso desde una silla de ruedas. Este lavamanos deberá tener, en caso, aislados sus tubos inferiores de agua caliente, para evitar quemaduras a personas carentes de sensibilidad en las piernas y no deberá equiparse con llave de resorte o cierre automático.

Artículo 69. Los comedores de autoservicio, restaurantes y cafeterías, deberán contar con, cuando menos, dos mesas de forma rectangular, estratégicamente colocadas, que tengan una altura de 75 centímetros libres del piso a la parte inferior de la mesa, con la finalidad de brindar comodidad a comensales en sillas de ruedas.

Artículo 70. En los auditorios, salas de cine, teatros, salas de conciertos y de conferencias, centros recreativos y en general cualquier recinto en que se presenten espectáculos públicos, deberán establecerse estratégicamente espacios reservados a las personas con discapacidad imposibilitadas para hacer uso de los asientos o butacas con que cuente el recinto; asimismo se procurará que en esos inmuebles se eliminen los obstáculos viales de que trata este capítulo. Los empresarios o administradores de los recintos señalados en el párrafo anterior serán responsables de que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 71. Las bibliotecas de estantería abierta, deberán contar con una separación mínima de 120 centimetros entre los anaqueles, a fin de facilitar su uso a las personas con discapacidad, principalmente aquellas que requieran movilizarse en silla de ruedas o muletas. Las bibliotecas deberán contar, en la medida de sus posibilidades, con un área determinada específicamente para invidentes o débiles visuales, en donde se instalen casetas que permitan hacer uso de grabadoras o que otras personas les hagan lectura en voz alta sin causar perjuicio alguno a los demás usuarios y en su caso, con libros impresos bajo el sistema Braille y audiolibros para invidentes o débiles visuales.

Artículo 72. Los espacios escolares deberán construirse libres de barreras de las aulas y áreas administrativas, debiéndose considerar, para alumnos en sillas de ruedas o con muletas, dimensiones especiales para el acceso y uso de laboratorios.

Artículo 73. La señalización para la identificación de espacios, en edificios escolares u otras dependencias deberá hacerse mediante el empleo de placas que deberán contener números, leyendas o símbolos, realzados o rehundidos en colores contratantes, con la finalidad de facilitar su localización y lectura.

Los señalamientos deberán colocarse en muros o lugares fijos no abatibles, a una altura que no excederá de 180 centímetros contados desde el nivel del piso. Las señales y los muros o lugares en que éstas se coloquen deberán estar fabricados de materiales que eviten al tacto lesiones de cualquier especie.

CAPITULO VII

De las sanciones

Artículo 74. La inobservancia de la presente ley será sancionada en los términos que dispongan las leyes o reglamentos estatales y municipales que resulten aplicables en el cumplimiento de esta ley, y su imposición estará a cargo de las autoridades de cuya jurisdicción y competencia se trate.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 60 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán.

Segundo. Las leyes y reglamentos estatales, así como los reglamentos municipales que se relacionen con la presente ley deberán de adecuarse en un término que no exceda de 90 días, a partir de la publicación de esta ley, en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.

Cuarto. El consejo estatal promotor a que se refiere esta propia ley se instalará en un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de esta ley y sus normas de organización y funcionamiento se establecerán en un reglamento que dicho consejo elaborará en un plazo no mayor de 90 días a partir de su integración.

Quinto. El Ejecutivo del Estado, en la esfera de su observancia administrativa, reglamentará la presente ley.

Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de mayo de 1996.-Diputados: presidente, Miguel Jesús Sarabia Pérez; secretarios, Emilio Gutiérrez Méndez y Laet Modesto Puc Teh.-Rúbricas.

(Decreto número 53 publicado en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán, de fecha 16 de mayo de 1996).

Integrantes de la Comisión Permanente de Trabajos Editoriales del honorable Congreso del Estado de Yucatán, diputados: presidente, Victor Rafael Martín Castillo; secretario, José Dafne López Rodríguez y vocal, Fernando Peón Molina.»

Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 4o., 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Leticia Calzada Gómez:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara un proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 4o., 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El medio fundamental para lograr las metas ambientales es contar con una legislación efectiva. La ley, en el campo del medio ambiente, se ha interpretado y aplicado con discrecionalidad. Muchas de estas reacciones, es debido a que en nuestra base constitucional aún no existe el que las personas cuenten con un derecho ambiental expresamente e inequívocamente reconocida por la Ley Suprema, ya que esto es crucial para que puedan hacerlo exigible a través de la administración de la justicia, de manera que no queda como mera retórica legislativa.

Evidentemente, hay quienes aseveran que tal derecho está ya dispuesto en la vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Ley GEEPA), pero este derecho no siempre se respeta por parte de las autoridades, lo cual es común en nuestro sistema político y sobre todo, en nuestra administración de justicia, lamentablemente.

Si bien en las propuestas de modificación a la Ley GEEPA presentadas en el proyecto sometido a consideración de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de abril próximo pasado, establecen:

a) El derecho a la "participación corresponsable de la sociedad en las materias de ese ordenamiento".

b) El derecho a que la autoridad ambiental concierte; "acciones con los actores social y privado":

c) El derecho a que la autoridad ambiental promueva y fomente "la participación ciudadana en las distintas acciones y programas para preservar y restaurar los ecosistemas y para proteger el ambiente":

d) Que los ecosistemas "son patrimonio común de la sociedad":

e) Que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico":

f) Que la "concertación con la sociedad" es indispensable "para la eficacia de las acciones ecológicas:

g) Que "el sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales", siendo el "propósito de la concertación de acciones ecológicas" el de "reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza":

h) Que el Gobierno tiene la obligación de promover la "participación de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente":

i) Que "corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo":

j) Que el Gobierno está obligado a promover "la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos en acciones de información y vigilancia y en general, en las acciones ecológicas que emprenda".

Para la sociedad, todas estas disposiciones son convertidas en letra muerta, ya que ninguna de ellas es suficiente para acreditar, en los términos de la fracción I del artículo 107 constitucional y de los artículos 4o. y 73 fracción V de la Ley de Amparo, que cualquier persona puede considerarse directamente perjudicada y agraviada por un daño ilegalmente ocasionado al ambiente por la autoridad, como para poder exitosamente alegar un interés jurídico que deba ser protegido, vía el juicio de amparo, por la justicia federal y por aquéllas de las entidades federativas.

La reforma que se propone para el artículo 4o. constitucional, da respuesta a la exigencia social, para que los individuos y los grupos puedan exigir el respeto a la legislación ambiental, sin tener que ceñirse a los esquemas de "concertación" que, en nuestro sistema político, adolece de malsanas limitaciones.

Es evidente, entonces, que la Constitución y las leyes en materia ambiental deben permitir que toda persona pueda hacer exigible, ante los tribunales judiciales, su derecho a que se cumpla y se haga cumplir la legislación ambiental, es decir, la que protege tanto al medio ambiente, así como el bienestar y la salud humana por interferencias ambientales dañinas y que puede comprometer el futuro desarrollo de esa persona y aún de generaciones futuras.

Al respecto, la Constitución Política establece, en la fracción I de su artículo 107:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.

A su vez, la Ley de Amparo dispone:

Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por si, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso:

De acuerdo a las tesis judiciales y las jurisprudencias sobre la cuestión del interés jurídico, permiten entender qué es lo que significan las arriba aludidas disposiciones legales:

"El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de "derecho subjetivo", es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho.

En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado).

Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga capacidad, Otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto; es decir, cuando no hayan un "poder de exigencia imperativa", tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que se consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener definitivamente su respeto.

Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohiben o regulan una actividad genérica o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad.

La reforma del primer párrafo y tercero del artículo 25 constitucional responde a que todos los sectores económicos, incluyendo el público, tienen el deber de usar y aprovechar de modo sustentable y en beneficio general los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

En cuanto al sexto párrafo del mismo artículo, responde a la exigencia de que en el apoyo e impulso a las empresas de los sectores social y privado se tomen en consideración criterios ecológicos, lo que obligaría al Estado a apoyar únicamente a las unidades económicas que cumplieran con dichos criterios derivados de la Constitución, las leyes, los planes y los programas respectivos.

En relación al primer párrafo del proyecto de modificación del artículo 26, consideramos que lo sustentable debe calificar al desarrollo nacional y no al sistema de planeación, en consecuencia el concepto jurídico constitucional que aquí se recoge sería el de "desarrollo nacional sustentable".

La modificación al tercer párrafo del articulo 27 constitucional, contempla la necesidad de mantener las posibilidades de la diversidad biológica de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras y en consecuencia preservar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas; así como el derecho de todo individuo a exigir al Estado la adopción de medidas tendientes a proteger los ecosistemas y garantizar la utilización sustentable de la biodiversidad .

Finalmente, la adecuación del texto de la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 115 constitucional, le otorga facultades al municipio para poder intervenir en el ordenamiento ecológico del territorio nacional y hacerlo consecuente con los artículos 19, 20 y 20-bis del proyecto de reformas a la Ley Federal en Materia Ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 55 fracción ll del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA LOS ARTICULOS 4o., 25, 26, 27 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA MATERIA DE ECOLOGIA, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TERMINOS

Artículo único. Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 4o. constitucional, entre el cuarto y quinto párrafos, para quedar como sigue:

Articulo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Toda persona tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. La ley y la justicia federal y de las entidades federativas protegerán este derecho, asegurando su efectiva exigibilidad, frente a cualquier acto u omisión ilegal de autoridad que se traduzca en daños a la salud, al medio ambiente o a los recursos naturales."

Toda la familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Es deber de los padres. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

Se reforman los artículos 25 párrafos primero, tercero y sexto; 26; 27, tercer párrafo; y 115 primer párrafo, fracción V, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen: "Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico: procurando la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad y el empleo y una más Justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación, mediante el uso y aprovechamiento sustentable en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bajo criterios de equidad social, productividad y ecológicos se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional sustentable que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para mantener las posibilidades de la diversidad biológica de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras y en consecuencia preservar la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas evitar la destrucción de los recursos y elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad; para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para ordenar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural y para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, de manera sustentable. Todo individuo tiene derecho a exigir al Estado la adopción de medidas tendientes a proteger los ecosistemas y garantizar la utilización sustentable de la biodiversidad.

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Artículo 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; intervenir en el ordenamiento ecológico del territorio nacional y la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios.

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a los 8 días del mes de octubre de 1996.- Rúbricas.»

El presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El secretario José Jesús Durán Ruiz:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes .

Con oficio número PRO 08675 de fecha 27 de septiembre último la Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a ésta de Gobernación, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción lll apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes .

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 2 de octubre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO

El secretario José Jesús Durán Ruiz:

«Escudo Nacional- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes .

Con oficio número PRO 08674 de fecha 30 de septiembre próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:

"El ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción lll apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Mérito", en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."

Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 2 de octubre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REPUBLICA DEL PERU Y REPUBLICA ITALIANA

El secretario Jose Jesús Durán Ruiz:

«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria de Gobernación.-Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-Presentes .

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 1o. del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.

"El ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado B del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Mérito por Servicios Distinguidos", en grado de Gran Cruz y la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Cruz, que le confieren los gobiernos de la República del Perú y la República Italiana respectivamente.

Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted cartas del interesado dirigidas al honorable Congreso de la Unión, solicitando los permisos respectivos, copia de su acta de nacimiento certificada, curriculum vitae y notificaciones en las que le comunican que le otorgarán las condecoraciones relativas."

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., 2 de octubre de 1996.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

REINO DE ESPAÑA

La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Rafael Modesto del Blanco Garrido, mexicano por nacimiento, según certificado de nacionalidad 3547 expediente l/521.1(46)/462779, se adjunta copia cotejada ante notario público, e hijo de padre español, casado, empresario de 49 años de edad, al corriente en el pago del impuesto sobre la renta, con habitación en la casa número 235 de !a calle de Miguel de Cervantes de la colonia Polanco en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, ante vuestra honorable, respetuosamente comparezco y expongo:

En copia de la carta patente que se sirvió dirigirme con fecha 15 de Julio de 1996 el señor Gerardo Zaldívar Miquelarena, cónsul general de España en México, me hizo saber que el Ministro de Relaciones Exteriores de España, ha tenido a bien nombrarme cónsul honorario de dicho país en esta ciudad de San Luis Potosí. Acreditando dicha circunstancia con la copia fotostática de la carta patente, a la que me he referido.

El original de la misma será remitido por el señor Gerardo Zaldívar Miquelarena a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidiendo para mi el exequatur de estilo.

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 37 constitucional fracción ll inciso B a contrario sensu aplicable, para que pueda prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero o admitir de otro país títulos o funciones de carácter oficial, se requiere previa licencia o permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, durante los recesos de aquél.

En esa virtud, con fundamento además, en las disposiciones de los artículos 78 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esa Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ruego se sirva: me tenga por presentado con la copia autorizada del nombramiento expedido en mi favor por el Ministro de Relaciones Exteriores de España, solicitando permiso y autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de dicho país en esta ciudad de San Luis Potosí, en esa virtud, otorgándome dicho permiso y autorización para que pueda ejercer este cargo, sin pérdida de mi ciudadanía mexicana.

Protesto lo necesario en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el 13 de septiembre de 1996.-- Rafael Modesto del Blanco Garrido.»

Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES

El secretario Primo Quiroz Durán:

«Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Honorable Asamblea: a esta Comisión de Régimen Interno y Concertación Política le fue encomendado por el pleno de la Asamblea, el resolver si la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y de sus empresas filiales, constituida en la sesión del 30 de noviembre de 1995, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 46 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ha concluido o no sus trabajos.

A este respecto con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y VII del artículo 45 de la ley general referida, formula este acuerdo de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera. En términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de investigación, como la prevista en el párrafo tercero del citado artículo 93 constitucional se constituyen con carácter transitorio.

Segunda. Del estudio de la iniciativa de reformas al artículo 93 constitucional, que dio origen a su vigente párrafo tercero, de los dictámenes suscritos por las comisiones competentes del Congreso de la Unión, así como del texto mismo aprobado por el Constituyente Permanente, se desprende que no existe el supuesto derecho de las minorías parlamentarias para crear comisiones de investigación, aunque sí el de solicitar dicha creación y que es, en cambio facultad exclusiva del pleno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, el crearlas.

Tercera. El informe final aprobado por la Comisión Investigadora de Conasupo y sus filiales agotó el objetivo para el que fue creada, al abarcar y pronunciarse en todas y cada una de sus líneas de investigación.

Cuarta. En virtud del informe final ahora corresponde a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ejercer hasta sus últimas consecuencias las acciones legales que resulten aplicables con motivo de las graves irregularidades e incluso conductas constitutivas de probables delitos, en los términos del informe final de la comisión.

Por las razones antes citadas, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, emite los siguientes

PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero. El artículo 93 constitucional es contundente, establece la integración de comisiones de investigación por una petición que es resuelta por el pleno de la Cámara respectiva.

Segundo. En relación con las irregularidades y actos de corrupción planteados en el informe final:

1o. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica y las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Diputados, darán seguimiento a los resultados del informe final en las responsabilidades civiles, administrativas y desde luego penales aplicables a cualquier funcionario o ex funcionario, que deriven de los resultados de la investigación de esta Cámara y que determinen las autoridades competentes.

2o. En congruencia con la excitativa hecha por el Partido de la Revolución Democrática, se deberán agilizar los trabajos de la reforma del Poder Legislativo, que deberá contener la constitución de un organismo superior de fiscalización, tal y como lo ha venido sosteniendo el Partido Acción Nacional, cuyas funciones sean investigar actos u omisiones que impliquen irregularidad o conductas ilícitas con respecto del ingreso, gasto, manejo y aplicación de fondos y recursos federales.

3o. Las denuncias que pudieran surgir en el futuro, relacionadas con la Conasupo y sus empresas filiales, serán atendidas por las comisiones ordinarias que resulten competentes en los términos del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La denuncia formulada el día 3 de octubre del presente año ante el pleno de la Cámara de Diputados se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la República.

4o. Los miembros de la Cámara de Diputados tenemos la obligación de luchar en contra de la corrupción, donde quiera que ésta se dé y sean quienes sean los culpables de realizarla y debe combatirse mediante leyes más estrictas.

Tercero. Por lo expuesto anteriormente y en virtud de la presentación del informe final, concluye la vigencia de la Comisión para la Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus empresas filiales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 1996.- Diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, Humberto Roque Villanueva, presidente; por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes; por el Partido de la Revolución Democrática, Pedro René Etienne Llano; por el Partido del Trabajo, Alfonso P. Ríos Vázquez; Juan José Osorio Palacios; Héctor Hugo Olivares Ventura; José Ramírez Gamero y Rosario Guerra Díaz.»

El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul):

Señor Presidente, pido la palabra para una moción de procedimiento.

El presidente:

Tiene usted la palabra, diputado Pedro Etienne Llano.

El diputado Pedro René Etienne Llano:

Con su venia, diputado Presidente:

He pedido la palabra para presentar una moción de procedimiento porque considero que en un asunto de la importancia, como el que se está abordando del funcionamiento de una comisión constitucional, de una comisión investigadora, que tiene su base en disposiciones de la propia Constitución General de la República, no puede pretender que concluya sus funciones con un simple comunicado de una comisión de la Cámara de Diputados.

Porque hemos estado atentos y a lo que acaba de dar lectura el Secretario de la Cámara, es simplemente una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Ni siquiera es una propuesta que se someta a la consideración de esta soberanía, sino simplemente un trámite para comunicarnos lo que parte de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política ha decidido sobre el futuro de esta importante comisión.

Compañeros, creo que la materia obliga a no atropellar las formas y a no tratar incluso de excederse en las facultades que tiene esta comisión, para tratar de acallar una investigación que se ha dado por una comisión de la Cámara, pero que ha tenido también un evidente interés en la opinión pública nacional y un interés que está exigiendo ante el Poder Legislativo, cuál es finalmente la conclusión que rinde esta comisión, cuál es el curso de todas las denuncias, de todos los resultados y a mí me parece que en este sentido no sólo hay razones jurídicas, sino también razones y consideraciones políticas que atender.

Trataré brevemente de hacer referencia a ambas cuestiones. En primer lugar en cuanto a las consideraciones jurídicas, esta comunicación de la Comisión de Régimen Interno, no le encuentro yo ninguna base ni fundamento en el trámite legislativo, incluso al conocer de las facultades que tiene esta comisión, en ningún momento se establece que puede asumir facultades del pleno y dar por concluida la investigación de una comisión de carácter constitucional.

Si quisiéramos incluso, en las mismas consideraciones que plantea esta comunicación, se puede evidenciar la contradicción a la que nos referimos. Ellos y por razones que después veremos, argumentan mucho que la creación de la comisión es una facultad del pleno, pero luego no siguen la misma lógica y ahora la facultad de disolverla o de decir que ha terminado la vigencia, corresponde a una simple comisión y dentro de esta comisión a una parte que la integra.

Y compañeros, sería absurdo decir, que el pleno tiene facultad para crearlas y que una simple comisión la tiene para disolverla. Más aún cuando el informe que ha presentado la comisión, queda muy lejos de los mismos resultados producto de la investigación. Nos da la impresión que se trata más bien de actuar en forma apresurada, de tratar de tapar lo que empieza a ser evidente, que es la descomunal corrupción que se dio no sólo en la Conasupo sino en todas las empresas paraestatales a lo largo del gobierno de Salinas de Gortari.

Por eso no podemos avalar que con un simple comunicado se trate de terminar los trabajos de una comision de carácter constitucional. Nos parece, más aún, que el asunto que le fue turnado por este pleno a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, debe de concluir con una propuesta de punto de acuerdo que se someta a la consideración de esta soberanía. Ese es el trámite parlamentario y ésa es la forma en que deberíamos de proceder, si no estamos tratando simplemente de darle un carpetazo administrativo, de darle un trámite burocrático para que se mantenga la serie de complicidades que nos llevan a que aparejada a esta corrupción que ha sido descubierta por la comisión de la Conasupo, se dé también una gran impunidad, porque, compañeros, no se puede tapar la evidencia de la corrupción en la Conasupo con un dedo y menos con un comunicado.

Han sido detectadas graves irregularidades, han sido detectados enriquecimientos que van más allá de lo inexplicable y que hablan de una rapiña y una voracidad que no puede ser convalidada con un simple comunicado de una comisión, porque en este mismo comunicado no hay materia política para proceder a fincar las responsabilidades en que se hubiere ocurrido por estos ilícitos.

Y compañeros, hay, sobre todo, otra consideración política. Los resultados que ha arrojado hasta ahora la investigación realizada por algunos miembros de esta comisión, ha puesto en evidencia que en la Conasupo se dio una corrupción familiar al más alto nivel. No es cierto que se haya tratado sólo de los asuntos y negocios del hermano mayor de Salinas de Gortari. Es público y notorio que en la Conasupo se dio una corrupción de toda la familia y de todos los allegados del primer círculo alrededor de Carlos Salinas de Gortari y esto que es evidencia que no se puede tapar con un dedo, es lo que ahora pretende un simple comunicado desechar.

Compañeros: hagámonos cargo, que del resultado de esta investigación proceden no sólo responsabilidades administrativas, proceden también responsabilidades penales y lo más importante, que es materia también de la Cámara y que no se toca en este comunicado, proceden responsabilidades políticas contra quienes todavía siguen siendo funcionarios y participaron en esta escandalosa corrupción.

Por todas estas razones de carácter jurídico, de carácter procesal legislativo y sobre todo, por la trascendencia que tiene esta comisión y los resultados que de ella se derivan, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática no está de acuerdo que se cierre con un comunicado de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Exigimos que el procedimiento se ajuste a la práctica parlamentaria y que en última instancia sea un punto de acuerdo o un proyecto de resolución que la mayoría de esta comisión traiga a discusión y debate de esta soberanía. Discusión y debate que nos permita no sólo abordar la forma, sino ir al fondo del problema y el fondo del problema es evidente que es la corrupción desenfrenada que se ha dado en el sexenio de Salinas de Gortari.

Esa es la evidencia que no se puede tapar con un comunicado; ésa es la evidencia a la cual hay que responder políticamente y más aún, no podemos pensar que el Ejecutivo va a aplicar la ley para sancionar a los responsables, porque tenemos la experiencia de denuncias concretas que se han planteado por nuestro partido en la privatización de Telmex y que han recibido también un sonoro carpetazo en la Procuraduría General de la República.

No queremos que también lo que ha sido descubierto sea turnado para un simple trámite de carpetazo. Hay por eso responsabilidad en que se mantenga la instancia de la Cámara, para que pueda vigilar que este informe, que lo que ha sido descubierto en las comisiones investigadoras, pase a las instancias correspondientes que, vuelvo a repetir, no sólo son las que conforman el Poder Ejecutivo y la autoridad responsable de la procuración de justicia; hay también responsabilidades administrativas. Pero ya sabemos que en esa instancia va a ser todavía más difícil que se proceda cuando hemos conocido cuál es la actitud del titular de la Secretaría de la Contraloría, frente a la corrupción denunciada y evidenciada en varias ocasiones.

Y finalmente hay también facultades y deben ejercerse por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Hay finalmente, responsabilidades políticas que en su momento esta soberanía debe ejercer para poder responder a los legítimos reclamos que en el seno de la sociedad se da para combatir la corrupción en los hechos y sobre todo, para terminar con la impunidad sexenal que se ha dado como muestra de que no hay disposición ni voluntad realmente para cambiar.

Por estas razones, estamos en contra de que un simple comunicado cierre esta investigación que tiene todavía mucha materia por sacar a flote y tiene sobre todo, una gran responsabilidad en los miembros de esta legislatura.

Gracias.

El diputado Marta Alvarado Castañón (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto diputada.

El diputado Marta Alvarado Castañon (desde su curul):

Una petición a la Presidencia, señor Presidente: quisiera que fuera tan amable de instruir a la Oficialía Mayor de que se nos reparta a todos los diputados en este momento, una copia de ese comunicado. Es muy importante para fijar posiciones.

El Presidente:

Tiene razón diputada.

Se instruye a la Oficialía Mayor para que reparta a toda la asamblea el comunicado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):

Para el mismo asunto.

El Presidente:

Pase a tribuna diputado Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Quiero recordar a ustedes que de acuerdo con la versión estenográfica de la sesión del 26 de septiembre, se hizo un turno respecto del asunto que está en este momento a discusión, a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los siguientes términos:

"Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que decida lo procedente."

De tal manera que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, está habilitada debidamente por la decisión que se adoptó en una sesión a todas luces válida en días anteriores.

Sin embargo, quiero en este momento hacer notar que es procedente lo que ha propuesto el diputado Pedro Etienne, en relación con que este asunto quede a la determinación de la soberanía de esta asamblea. En tal virtud, nosotros no objetamos el que se ponga a discusión el tema y que finalmente se resuelva por el voto de la Asamblea lo que tenga que corresponder.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Raúl Fuentes.

El Diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:

Gracias, señor Presidente:

Para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en torno al comunicado que se ha leído.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, firma en contra este comunicado por las siguientes consideraciones:

Le pido al Presidente que por favor pida orden en la Asamblea.

El Presidente:

Por tercera ocasión, ruego a ustedes, señores diputados, escuchen con atención al diputado en turno.

El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:

Hace 10 meses, con fundamento en el artículo 93 constitucional y a propuesta de la oposición, se integró la comisión especial para investigar las denuncias existentes sobre las irregularidades cometidas en el manejo administrativo de la Conasupo. La conformación de esta comisión significó en su momento, la posibilidad de que esta Cámara de Diputados contribuyera a enfrentar y desterrar la corrupción que prevalece en el ejercicio de la función pública.

La corrupción hoy en día, es uno de los grandes problemas de la nación. Su combate es fundamental para garantizar un régimen democrático, además de que con ello también se fortalece al Poder Legislativo y la división de poderes.

Sin embargo, los resultados de la investigación no ha dejado satisfecho al pueblo de México ni a los miembros de la oposición en esta Cámara. La mayoría representada por el PRI, es responsable de esta situación.

El informe presentado unilateralmente ante este pleno por la fracción priísta integrante de la comisión de la Conasupo, lejos de presentar resultados satisfactorios, confirmó las dudas y sospechas en torno a la voluntad política para continuar con las investigaciones, aun cuando todavía existen líneas de investigación por desarrollar o concluir.

En los hechos, el informe presentado significó un intento por dar un carpetazo al caso de la Conasupo y desaparecer la comisión.

La oposición manifestó su más enérgico rechazo, logrando que esta comisión legislativa potencialmente siguiera realizando los trabajos de investigación encomendados. La mejor muestra de que las líneas de investigación no han sido agotadas, es la presentación en la sesión anterior, de nuevas denuncias. El estado latente de la comisión se derrumbaba ante los ojos de la mayoría priísta. La comisión debe seguir en funciones e investigar los nuevos hechos sin limitación alguna y hasta donde sus facultades lo permitan, no existiendo ningún argumento político válido para decretar su desaparición.

Respecto al acuerdo que hoy se pone a discusión, el Partido del Trabajo realiza las siguientes consideraciones:

En el artículo 93 constitucional, en su tercer párrafo, se establece que las cámaras del Congreso podrán crear comisiones investigadoras, en particular, en lo que a la Cámara de Diputados se refiere se establece que este tipo de comisiones de investigación se crearán a pedido de una cuarta parte de sus miembros. Esto es, se garantiza el que las minorías puedan conformar este tipo de comisiones.

No se establece en el precepto constitucional el que la mayoría deba aprobar la voluntad de las minorías, sino que se establece un requisito de procedibilidad que es el que la minoría apruebe la creación de esas comisiones, cuando menos con una cuarta parte de los miembros del Congreso.

Por su parte la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 42 numeral cuatro establece a las comisiones de investigación entre aquellas que la Cámara de Diputados pueda tener, siendo este tipo de comisiones de carácter transitorio. Esto es, que cumplido el objetivo de su creación dichas comisiones dejen de existir.

El artículo 52 de la Ley Orgánica establece que son comisiones de investigación las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 46 del mismo ordenamiento, que establece el carácter transitorio de este tipo de comisiones.

Por otra parte, la comisión para investigar las irregularidades en la Conasupo se creó en la presente legislatura, no puede desaparecer, ya que el objeto de su creación no ha concluido. Si bien es cierto que en un principio se aprobó por la mayoría el informe de la Presidencia, es también cierto que han surgido pruebas supervinientes de presuntas irregularidades surgidas en el periodo que se investiga.

Por tanto, la comisión debe abocarse a investigar irregularidades que no pudo conocer en la fase inicial de su investigación, sino que se conocen con posterioridad a la primera fase de la investigación.

En el artículo 45 de la Ley Orgánica, se prevé la integración y funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados. Pero sólo en la fracción I se le faculta para suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahogan en el pleno de la Cámara. Esto en relación con la fracción VI del mismo artículo, en el cual se establece el contribuir con la mesa directiva a organizar y conducir los trabajos camarales.

De los antes transcritos se desprende que es en el seno de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en donde se establecen los acuerdos relativos a los asuntos que se desahogan en el pleno de la Cámara, pero que esta facultad de concertación no puede vulnerar el derecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga en el tercer párrafo de su artículo 93 a las minorías de la Cámara de Diputados, cuando contando por lo menos una cuarta parte de sus integrantes constituyen este tipo de comisiones de investigación.

Por otra parte, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece en sus artículos 65 y 71, el que se pueden crear comisiones especiales. Facultando en el artículo 73 a la Gran Comisión para proponer el personal en las comisiones especiales y en el artículo 78 se establece que serán comisiones especiales las que acuerden en cada Cámara para el despacho de los negocios.

Sin embargo, es de destacarse que las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General que se transcribieron no resultan aplicables, puesto que se oponen a las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General en lo que a creación de comisiones de investigación se refiere.

Por lo anterior, el Partido del Trabajo manifiesta su desacuerdo con la interpretación de la Constitución contenida en el comunicado que hoy se pone a discusión y señala que jurídicamente es válido por las razones expuestas el que la comisión de investigación de las irregularidades cometidas en la Conasupo siga funcionando, ya que ahora existen irregularidades supervinientes que en un principio no pudo conocer.

Además, el fundamento de creación de este tipo de comisiones garantiza a la minoría de la Cámara de Diputados el que se puedan crear y sólo es válido el que desaparezcan dichas comisiones por cualquiera de estas dos razones: que hayan cumplido con objeto de su creación y que desaparezcan por acuerdo los integrantes de la misma.

Al no existir ninguno de esos casos demandamos que contrario a la desaparición de la Comisión Conasupo ésta se aboque en lo inmediato a continuar con las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y permanezca en funciones hasta que los responsables máximos del daño patrimonial evidentemente causado a esta paraestatal, sean castigados con todo el peso de la ley.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Han solicitado el uso de la palabra para este mismo tema y con este orden, los siguientes diputados: por el PAN, Alejandro González Alcocer; por el PRI, José Eduardo Escobedo Miramontes, Adolfo Aguilar Zinser, Marta Alvarado y Mauro González Luna.

El diputado Alejandro González Alcocer, tiene la palabra.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Estamos ante un caso inédito, tal vez en la vida parlamentaria en el que se ha metido a una investigación a fondo sobre casos concretos de la corrupción. Nosotros creemos en el mensaje presidencial cuando habla de que ya estuvo bueno que debe acabarse con la impunidad y con la corrupción y por eso participamos en esta comisión.

Yo creo que no podemos dejar un precedente de este tipo en el que, interpretándose contrariamente y mal interpretándose en la Constitución, se pretenda cancelar un derecho que tenemos los grupos parlamentarios de minoría en esta Cámara.

Y para empezar con la interpretación constitucional, diría yo que se tienen que tomar en cuenta, antes que nada los factores políticos, históricos, sociales y económicos que se incrustan en la vida de un país y de esta manera tendríamos que analizar el contexto constitucional y los precedentes de cuando se dio la reforma en 1977. El autor Carmelo Carbone, expone que para comprender el significado de un precepto de derecho comercial hay que hacer referencia al lenguaje, a las costumbres y a las prácticas establecidas en el ambiente comercial e industrial.

Pero cuando se trata de una norma constitucional, hay que tener en cuenta factores diversos de los enunciados para la materia mercantil y que son de tipo histórico, político, el derecho comparado y los programas de los partidos etcétera.

Este autor es citado por Jorge Carpizo en su obra Estudios Constitucionales, página 293 de Editorial Porrúa.

Creo que la discusión debe centrarse en dos puntos fundamentales, por la interpretación que se ha tratado de dar aquí por la mayoría; en primer término, es si el tercer párrafo del artículo 93 constitucional otorga un derecho a las minorías integrantes de la Cámara de Diputados, como es este caso.

Y segundo, si la formación de las comisiones investigadoras se conforman inmediatamente que lo solicite la cuarta parte de los integrantes de la Cámara o se requiere agotar un trámite.

Yo diría que para empezar carecería de objeto totalmente la, reforma del artículo 93, hecha en 1977, porque si se otorga con el carácter que lo considera la mayoría de un simple derecho de petición ante el pleno, esto cancelarla el avance que se supone tuvo la reforma en 1977; bastaría con que un solo diputado pidiera la integración de una comisión de investigación y no la cuarta parte como se hizo ver aquí.

Entonces, regresando al tema de la situación histórica y política que prevalecía en 1977, el resultado de esta reforma como es bien conocido se dio por los precedentes de problemas sociales económicos de la devaluación de 1976, del movimiento estudiantil y de todo lo que pretendía el Gobierno a través de sus, incluso sus pensadores como Reyes Heroles, era de meter a la oposición en las vías institucionales, de cancelar la violencia o la clandestinidad y en ese sentido se dijo claramente que el avance era de apertura democrática.

Basta ubicarnos en el contexto del Congreso de aquella época para constatar claramente que se trata de un derecho de minorías y para empezar el debate se dio, quien lo formuló, quien lo empezó, fue un diputado de Acción Nacional en ése entonces, Jorge Garavito Martínez, en donde se dio la primera discusión a este respecto y él decía y voy a citar algunos, espero que tengan paciencia, algunos de los diputados de ése entonces, de todas las fracciones de los grupos parlamentarios que existían.

Decía Jorge Garavito: "la misma reforma política está constituyendo en una cuarta parte a la minoría disidente como un mínimo, como mínimo van a ser 100 diputados de minoría, de tal manera que para poder acceder a este derecho las minorías tienen que esforzarse por crecer en una cuarta parte a una tercera parte, es decir, las minorías tienen que tener cuando menos 34 diputados de mayoría para que junto con los 100 diputados de representación proporcional puedan constituir la tercera parte y tomar este tipo de determinaciones lo cual es lógico y comprensible".

Debe aclararse como una nota adicional que originalmente venía la propuesta por la tercera parte del Congreso y después a propuesta de un diputado del PRI, Armando Labra Manjarrez, se cambió a que fuera la cuarta parte, es decir, el 25% de los integrantes.

Y cito concretamente al diputado Armando Labra Manjarrez en ese tiempo diputado del PRI.

"Siento-dice él-, que si en efecto queremos ejercer plenamente este sentido de representación proporcional que estamos discutiendo, pienso que una tercera parte de la representación es insuficiente para pedir la investigación del funcionamiento de alguna empresa estatal, pienso que tenemos que rebajar esa proporción, pienso que tenemos que rebajarla a algo que tenga alguna congruencia con las estructuras del futuro Congreso de nuestro país. Si estamos configurando un Congreso en el que el 25% de los diputados provienen de partidos minoritarios, porque no consideramos que es 25%, no una tercera parte, sino una cuarta parte, esté habilitado dentro del Congreso-aquí subrayo-, para pedir la investigación de las empresas del Estado, del funcionamiento de las empresas del Estado."

Esto decía Armando Labra Manjarrez en 1977 cuando se discutió la reforma constitucional. Esta propuesta fue finalmente aprobada y por eso quedó en la Constitución como actualmente se encuentra. Después me voy a permitir citar a otra distinguida diputada que hoy vuelve a ser diputada, la diputada lfigenia Martínez, que en ese tiempo y primero le debo pedir una disculpa porque la maestra evidentemente era cuando vivía en el error de pertenecer al PRI.

Decía doña Ifigenia Martínez: "por lo tanto, rechazo que tanto-a la tribuna si hay interpelación, diputada-... por lo tanto rechazo-decía la diputada lfigenia Martínez-, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo deban-estoy hablando de la norma-, deban tener otra autoridad y otro objetivo que no sea como base el bienestar del pueblo y del interés nacional. Cuando el Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial se apartan de esta norma, están violando, están desviando, deformando y traicionando el sentido histórico de nuestra lucha social que ha sido precisamente la de hacer que asciendan a la categoría de seres con posibilidades de satisfacer sus necesidades materiales, su derecho de participación y su acceso a la cultura de toda nuestra población, especialmente recordando las duras batallas que ha tenido que pasar el pueblo sojuzgado, sojuzgado por los conquistadores, sojuzgado después durante la época de independencia por criollos y mestizos, sojuzgado después durante el porfiriato y ahora todavía nos encontramos con una gran proporción del pueblo mexicano que sigue viviendo en condiciones insatisfactorias".

Y hago un paréntesis en la cita, y espero también que me disculpe la diputada lfigenia Martínez, pero creo no malinterpretarla al decir que a ella le hubiera gustado terminar ese párrafo diciendo: "y ahora todavía nos encontramos con un pueblo sojuzgado por el sistema PRI-Gobierno, que se ha mantenido en el poder por tantos años".

Claro que en aquel entonces no podía decirlo. Sigue la cita: "precisamente el sentido de esta reforma,-ojo-, son reformas que permiten, que amplían, que dan una mayor apertura política y que le dan una mayor participación al Congreso". Eso dijo la diputada lfigenia Navarrete.

Como puede verse, con la citas anteriores queda palmariamente, fehacientemente demostrado cuál era la intención de la reforma al artículo 93 constitucional, precisamente por los legisladores que en ese tiempo discutieron y aprobaron estas reformas.

Pero aún más, otro destacado legislador del PRI, abundó sobre el particular y su cita no tiene desperdicio; el diputado Miguel Montes García, del PRI, página 35 del Diario de los Debates. "Lo que pasa-decía el diputado Montes-es que esta reforma constitucional -subrayo-, se concede a un grupo de diputados que se quiere que siempre sean representantes auténticos de una también auténtica corriente popular, de una opinión no generalizada, pero sí que se pueda tomar en consideración. Ya por la cantidad que representa, se les concede a este grupo de diputados una facultad nueva, la facultad de pedir que se investiguen las empresas de participación estatal".

Posteriormente a esto ya hubo otra discusión que quedó inconclusa en 1989, en la LIV Legislatura y también del Diario de los Debates saco algunas notas. Debe aclararse que este debate se dio por otras razones, pues en esa fecha lo que la mayoría priísta pretendía era turnar a una comisión de dictamen la propuesta de la oposición, para que en términos del articulo 93 constitucional se formara una comisión investigadora que revisara el funcionamiento del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, propuesta formulada por el entonces y hoy también diputado de Acción Nacional, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.

Se quería dar trámite a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, sin embargo en la discusión se dieron argumentos que sostienen, aún más, el derecho de minoría contenido en el artículo 93 constitucional.

Ya he citado a legisladores del PAN y del PRI, y ahora cito a uno del PRD, en ese entonces del Frente Democrático, Pablo Gómez Alvarez. "El asunto planteado en esta tribuna-decía el diputado Gómez-, por el señor diputado Montes, es de importancia especialmente política y es de importancia también dentro del derecho parlamentario. En las reformas constitucionales a las que se les denominó reforma política, la idea era dar, otorgar una serie de derechos adicionales a las minorías". Esta era una de las columnas vertebrales de la reforma política de aquel entonces. Ampliar la participación plural y la representación política en el Congreso y dar a las minorías mayores derechos, prerrogativas y capacidad para influir en la vida política nacional.

Dentro de la reforma política figuraba entonces este párrafo del artículo 93 de la Constitución, en el cual se otorgaba una minoría de la Cámara de Diputados, no así el de la Cámara de Senadores, que fue en ese entonces considerada que iba a seguir siendo una Cámara unipartidista.

En este debate también participaron los diputados Leonel Godoy y Dionisio Pérez Jácome, que están en esta legislatura.

El trámite que se le dio después de esta discusión, es que se constituyó la comisión pero se dejó en suspenso el debate. Tal vez sea hoy el momento de continuar ese debate, para dejar en claro que es, porque no hay otra salida, un derecho de minorías que evidentemente no puede cancelar la mayoría.

Estaríamos en el supuesto, como una analogía, de las sociedades mercantiles, en donde la minoría tiene el derecho de nombrar a un comisario y ese derecho no puede ser cancelado por las mayorías. Equiparando esto en la Constitución, el derecho constitucional, un derecho que tiene la minoría a crear una comisión de este tipo, no puede ser cancelado por la mayoría, porque se haría nugatorio el derecho contenido en el artículo 93.

La interpretación del artículo 93, como lo dije al principio, debe ser integral con los factores históricos, económicos, sociales y políticos que existían en ese momento. Todos los legisladores de 1977 hablaron del derecho de las minorías, nadie refutó que existiera este derecho íntegro y completo ciertamente, con algunos defectos en la redacción ya señalados por el entonces diputado Jorge Garavito, en donde evidentemente como propósito se dejó la redacción del articulo 93, del tercer párrafo, un tanto cuanto oscuro.

Para terminar diría yo que la interpretación correcta del artículo 93 nos lleva a que el derecho de minorías para instrumentar una comisión investigadora sólo debe llenar el trámite de reunir la cuarta parte, los 125 diputados, y la Asamblea debe sancionar este hecho.

No está a discusión, no se va a poner a consideración de la mayoría si tenemos o no el derecho contenido en la Constitución. La Constitución no se vota jamás y éste es un derecho concedido desde 1977 precisamente a las minorías. ¿Cómo es posible que la mayoría venga a tratar de cancelar este derecho con una interpretación torcida de la ley? No es posible.

Del comunicado de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, debo destacar lo siguiente. De acuerdo a las facultades de esta comisión, para empezar es una comisión que en su nombre lleva su destino, es de concertación y aquí no hubo concertación, es un comunicado unilateral del PRI, que yo creo que no cumple con los requisitos mínimos contenidos en la Ley Orgánica.

El artículo 45 de la Ley Orgánica establece las facultades que tiene precisamente la Comisión de Concertación y Régimen Interno y en ninguna de ellas se establece que pueda emitir puntos resolutivos. Aquí lo que debe poner a consideración es un acuerdo, acuerdo que no se dio en el seno de la comisión, que no es posible que pensando en esta Comisión de Concertación no se haya logrado en el seno una concertación, un paso adelante en esta materia.

Por todo lo anterior y empezando apenas el debate, diremos que no es posible interpretar así la Constitución, que todo el marco histórico,

económico y social de ese tiempo indica claramente lo que la intención de esa reforma era.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para contestar alusiones personales, la diputada Ifigenia Martínez.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:

En primer lugar quisiera decir que los puntos de vista que sostuve en aquel entonces los sigo sosteniendo. No soy yo la que cambié en mi ideología de defensa de intereses populares, desgraciadamente fue el partido que en aquel entonces representaba.

Lo segundo es que leyendo los puntos resolutivos, francamente yo no le veo sentido a estos puntos resolutivos de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, porque en el punto segundo de los puntos resolutivos se habla de un informe final.

Yo estoy enterada de que muchos de los integrantes de esa comisión, de la comisión especial, no lo consideran final, sino es un informe que se trajo aquí para darnos cuenta de lo que se ha estado haciendo en una cuestión que interesa vivamente a las mayorías de la opinión pública y del pueblo mexicano.

¿A dónde fueron a dar los dineros destinados a la Conasupo, destinados a la satisfacción de demandas populares de primer orden y de primera necesidad?

Y en este sentido, a mí me parece, yo no soy jurista, pero sí me parece que el primer punto, el primer apartado, el primer párrafo del punto segundo, del punto resolutivo segundo, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Diputados, no están facultadas ni se puede interpretar el artículo 93 ni los artículos del reglamento y del régimen interno del Congreso para dar seguimiento a los resultados del informe en las responsabilidades civiles y, administrativas y penales.

Yo creo que ésta es una labor que le corresponde claramente a la comisión especial, es decir, la comisión especial no ha terminado su labor porque tiene todavía que darle seguimiento a sus propios resultados.

Yo creo que ésta es una interpretación que así se debe hacer y no estarle encargando a una Comisión de Régimen Interno lo que claramente aquí le fue encomendado a esta comisión especial.

Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Escobedo Miramontes.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Nadie ha pretendido, ni creo que en el transcurso del debate, que apenas empieza, pretenda cancelar esos señalamientos que ha hecho el diputado González Alcocer. Sólo que vamos a ubicarlos en los términos estrictamente que señala el párrafo tercero de la Constitución. Es un derecho de petición y no es un derecho de resolución de las minorías, porque en términos de la Constitución, en términos del reglamento, en términos de la Ley Orgánica, no hay minorías calificadas resolutivas.

Coincidimos aquí con el señalamiento que sé ha hecho sobre el combate a la corrupción y yo señalo también que interesa que si hay actos ilícitos, actos ilegales, fenómenos de corrupción en el organismo descentralizado, se sancionen, se corrijan y se lleve hasta sus últimas consecuencias.

De ahí el informe final que fue presentado en la sesión del pasado 26 de septiembre de este año y que fue turnado al Ejecutivo Federal.

Yo quisiera entrar ahora a referirme, me perece que a los puntos de fondo que se han tocado en las intervenciones anteriores.

Primero quisiera colocarme para el efecto de poder dilucidar cuáles son los objetivos de este debate en lo relativo al texto del artículo 93 de la Constitución.

Dice ese artículo, en su párrafo tercero, introducido en la reforma de 1977, que: "..las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, de la de Diputados y la mitad del Senado de la República, tienen la facultad de integrar comisiones de investigación para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados del informe son remitidos al Ejecutivo Federal".

Este señalamiento, me parece que tenemos nosotros que ubicarlo, no sólo en el contexto de lo que han sido los debates posteriores a la reforma constitucional, específicamente en el caso que aquí ya se mencionó, de Banpesca, en el año de 1989.

Me parece que como aquí se ha dicho, tiene que vincularse necesariamente con el contexto de la reforma constitucional de la llamada reforma política de 1977 y aquí me parece que los términos de la iniciativa son contundentes, en primer término, recordemos que esa reforma política era de tal amplitud que lo mismo abarcaba el llamado derecho de la información en el artículo 60., que la constitucionalización de los partidos en el artículo 41; que la composición de la Cámara con el sistema dominante mayoritario con participación de representación proporcional de los artículos 51 al 55; que el Colegio Electoral en el artículo 60; que lo relativo al recurso de reclamación famoso que se podía interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que lo relativo al referendum que la iniciativa popular en el caso del Distrito Federal; que lo relativo a las facultades de exclusividad de la Cámara de Diputados para revisar Cuenta Pública y que lo relativo al 115 en relación a los ayuntamientos de elección de representación proporcional.

Y el tema es precisamente que la iniciativa en la exposición de motivos, hay varios señalamientos expresos en donde ubicar el señalamiento de las minorías en el contexto de la reforma Politica.

Si ustedes ven la exposición de motivos, podrán observar que en los párrafos fundamentalmente octavo y noveno de esa exposición y en el decimocuarto, hay una clara correspondencia del derecho de minorías, vinculado fundamentalmente con las decisiones que se toman por mayoría. Dice el párrafo séptimo de esa exposición de motivos que: el gobierno es de la mayoría; el párrafo octavo señala que el gobierno de mayoría se da con el concurso de las minorías; y lo que me parece contundente es que señala el párrafo decimocuarto de esa exposición de motivos que precisamente las ideas que se puedan proponer por las minorías, puedan ser consideradas cuando las mayorías adopten sus resoluciones. Esos son los términos, exactos compañeros. que figuran en la iniciativa de reformas constitucionales de 1977.

No hay en toda la exposición de motivos, como aquí torcidamente se ha venido a tratar de señalar, ningún señalamiento que haga alusión, repito, a una minoría calificada con efectos de resolución y de aplicación para toda la Cámara de Diputados.

Me parece también que así como estamos aludiendo a la exposición de motivos, evidentemente tenemos que aludir a una de las partes componentes fundamentales de esa iniciativa de López Portillo, que era precisamente la visión de un párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.

Y en ese párrafo tercero en la exposición de motivos, hay un señalamiento expreso de palabras y de frases que me parecen claves:

1o. Se señala expresamente que esta nueva facultad de las cámaras, tiene por objeto la supervisión y el control como coadyuvancia del Congreso de la Unión a la tarea de supervisión y control que realiza el Ejecutivo respecto de las entidades paraestatales del sector público.

Es una supervisión y control del Congreso, es una supervisión y control de las cámaras, no es una supervisión y control del 25%.

2o. Hay un señalamiento expreso también en la exposición de motivos, de que con base en esa nueva facultad que se otorga, puedan las cámaras decidir la integración y, por lo tanto, el pleno sea el que lleve a cabo la decisión en el sentido de si se integra o no se integra lo relativo a una comisión de investigación.

Dice también el señalamiento expreso relativo a la solicitud de la cuarta parte, que efectivamente en la exposición de motivos era de la tercera parte y después se llevó ya en el dictamen y en la discusión al 25%.

Y finalmente, dice la exposición de motivos que: siempre y cuando lo pida el 25%. Es decir, es un piso mínimo de minoría calificada para petición y no para resolución, la que está expuesta con claridad en la exposición de motivos en la reforma de 1977.

¿Cuáles son entonces los puntos del debate histórico que por 20 años se han venido dando en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, tanto cuando se creó la comisión de Banpesca en el año de 1989, como la que se dio recientemente en noviembre del año pasado? Fundamentalmente son dos. Uno, que se refiere a que la constitución de estas comisiones son automáticas porque así lo resuelve el 25% de la Cámara de Diputados y, la otra, que es la que se ha adoptado y simplemente permítanme recordar lo que aquí ya se dijo que en el caso de Banpesca, el segundo punto resolutivo precisamente del pleno de la Cámara que acordó la comisión de Banpesca, es un punto resolutivo que señala que es decisión conjunta de la Asamblea el constituir esa comisión. En ningún momento señala que, en virtud del 25%, automáticamente se tiene resuelta la constitución misma de la comisión de Banpesca en el año de 1989.

Se mencionó igualmente aquí lo relativo al derecho comercial y al derecho constitucional. No me extraña, de ninguna manera, que se haya sacado este argumento, es un argumento que viene reflejado en la posición de los partidos, concretamente el Partido Acción Nacional, en el año de 1977 a través de Jorge Garavito y el año de 1989 a través de Alcántara Soria o a través del diputado Rojo, en relación con venir aquí a equiparar al Congreso de la Unión, a la Cámara, a una sociedad por acciones. Aquí las curules, compañeros, no son patrimonio de nadie, ni son títulos de propiedad de nadie ni de partidos políticos ni de ciudadanos.

Usando las mismas palabras de Alcántara Soria en el debate de 1989, yo diría que así como hay que hablar de facultad de materia constitucional y no puede usarse en el mismo sentido del derecho privado, pues igualmente en este caso no es aplicable ni por mucho esta similitud de derecho comercial y menos de sociedad por acciones referidas a un órgano colegiado como es esta Cámara de Diputados.

Los puntos medulares del debate de 1977, que me parece que dan mucha luz en la discusión que estamos teniendo, por el contrario, me parece que ponen toda la carga de las decisiones que se han tomado en estos casos como es la constitución de la Comisión Investigadora de Telmex en el año de 1979, como la constitución de la comisión de Banpesca en el año de 1989, los dos únicos antecedentes, más esta Comisión de Investigación de la Conasupo, ponen precisamente del lado de la balanza la total interpretación y aplicación del artículo 93 en el sentido al que nos hemos referido.

Y pudiéramos referirnos rápidamente al señalamiento de ese debate. Decía el diputado Jorge Garavito, en aquel entonces miembro de Acción Nacional, pidió la palabra para ese punto que, trataba él de hacer un señalamiento de carácter gramatical. Decía él: "Esta discusión va a ser muy breve, es un punto gramatical, no es un punto de vista político ni jurídico". Bueno, pues tan resultó de punto de vista jurídico y político que él mismo propuso que se cambiaran los términos en que se estaba dando la discusión y, por lo tanto, en lugar de que el párrafo tercero del artículo 93 señalara que es facultad de la Cámara, a pedido de una tercera parte que después se cambió por el 25%, pidió, y así dice en el Diario de los Debates, que se cambiara "pedido" por: "a resolución del 25% de la Cámara correspondiente".

Y esto, compañeros, está claro que no se votó, que se hubiera querido que se votara, que ése era el deseo del grupo partidista que lo propuso que así fuera, pero lo que está en el texto constitucional es una cosa totalmente diferente.

Hay, igualmente, el señalamiento relativo en el debate correspondiente a lo que aquí se ha señalado respecto a que no tendría ninguna lógica el que se pusiera el 25% si ya un diputado podría hacer la solicitud correspondiente y, bueno, me parece que esto es sacar totalmente de contexto la discusión constitucional, sencillamente por la razón de que esas comisiones de investigación evidentemente no existían plasmadas en el texto constitucional y lo que se quería es que precisamente existieran.

Tan precisamente se quería que no fuera un solo individuo el que pudiera motivar una comisión de investigación o llámese como antes existían las comisiones especiales que siguen previéndose hoy en la Ley Orgánica y en el reglamento, pero que eran el antecedente de estas comisiones de investigación que precisamente se puso un 25% como piso mínimo para que el curso mismo de la petición se le diera para el efecto de constituir la comisión de investigación correspondiente.

Nos parece igualmente que no sería lógico en esa línea de argumentación, que el Constituyente hubiera puesto en el tercer párrafo del artículo 93, el señalamiento de que es a pedido de la cuarta parte de la Cámara de Diputados o de la mitad del Senado de la República, para que entonces resultara que el mismo peticionario es el que resuelve. O sea, nos parece verdaderamente que no es ésa la aplicación que se debe dar al artículo 93 y que por lo tanto l estos señalamientos que se han hecho del debate de 1977, vienen por el contrario a corroborar que estamos en presencia de ese señalamiento de petición al cual debe de recaerle una resolución del pleno de la Cámara de Diputados, como recayó en 1989, como recayó también el año pasado, el 30 de noviembre de 1995 y que son precedentes que perfectamente dejan clara cuál es la aplicación del precepto que nos ocupa.

Yo concluiría señalando que en ningún punto de la iniciativa se habla de derecho de la minoría; en ningún punto del dictamen en ese momento, en 1977, se habla de derechos de minoría y en ningún punto de los antecedentes en cuanto a las resoluciones que ha tomado el pleno de la Cámara, se habla de ese derecho de minoría.

Hay un señalamiento expreso de petición y por lo tanto, compañeros, me parece que el texto mismo gramatical y de antecedentes, de interpretación que aquí se está haciendo, es contundente para afirmar que en los términos que se ha dado el documento de la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política, se debe proceder.

Finalmente, hago el señalamiento de que si se pidió o está planteado en los términos del documento de la Comisión de Régimen y Concertación Política la decisión, es en los términos de la fracción Vll del artículo 45, porque los dos turnos que se dieron por parte del pleno de la Cámara el 26 de septiembre y el 3 de octubre, fue expresamente del Presidente, para que resolviera y para que decidiera, son los dos términos que utiliza el Presidente en el turno correspondiente y por lo tanto, como aquí se ha mencionado por parte del diputado Moreno Collado, me parece que no hay ningún inconveniente y además es obligación de la Presidencia, de la directiva de este pleno, el que de acuerdo con el artículo 27 se le dé el trámite que mejor estime que le corresponde.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

No cabe duda que el espíritu del creador, del cerebro de la reforma de 1977 está campeando también en esta discusión y creo que se lo aprendió bien el diputado Escobedo. Fue él mismo el que creó la reforma, el que dijo que todo cambie para que todo siga igual y ésa es la intención del PRI en este momento: cambió el artículo 93 para que no pasara nada.

¿Cómo es posible pensar constitucionalmente, y por eso yo digo que ahí está lo torcido, diputado Escobedo, en el sentido que le quiere dar la mayoría, la interpretación que le quiere dar la mayoría? ¿Cómo es posible pensar que una facultad constitucional que está otorgando el artículo 93, no tenga su correlativa obligación?

Por supuesto que el 25% de los diputados podemos conformar una comisión de este tipo y no tiene el pleno más que hacer que convalidar y sancionar la aprobación de esto, porque no es derecho de mayorías, es derecho de minorías. Así, aunque se ría el diputado Moreno Collado.

Dice el diputado Escobedo: "nadie ha pretendido cancelar los derechos de las minorías", ¡qué bueno que esto diga y que sostenga!, porque es una de las discusiones que se ha dado a lo largo de todo el tiempo que está vigente la reforma, en donde la mayoría priísta ha pretendido cancelar este derecho. ¡Qué bueno que lo reconozca porque siendo un derecho de minoría, es con toda la palabra un derecho de minoría que no puede ser cancelado por la mayoría!, si no ¿Para qué existe el derecho? ¿Cuál derecho tendríamos si la mayoría al día siguiente de formar una comisión, la pudiera borrar del mapa, como está sucediendo ahora en el caso de la Conasupo.

Se ve también que estudió los debates y qué bueno que así sea, yo esperaba una contestación más contundente, más jurídica y constitucional, del diputado Escobedo.

Por supuesto que el 25% la piden, pero, ¿en dónde dice que la pueda cancelar la mayoría?, ¿en dónde está la facultad constitucional o legal para cancelarla.

Y por último, usted hace referencia a la fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica, en donde dice: "las demás que le confieran las leyes"; tiene como facultad la Comisión de Régimen Interno. En cuál otra ley y en dónde le faculta a la Comisión de Régimen Interno para hacer un comunicado de este tipo. Aquí no estamos diciendo o hablando al aire. De cualquier otra, dónde está y fundaméntela cuando se trata de hablar de un derecho de este tipo.

Yo creo que no podemos dejar pasar este precedente, aquí, no podemos dejar un precedente de este tipo cuando pretende hacer nugatorio el derecho que nos concede a las minorías el artículo 93. ¿Qué caso o qué objeto tendría entonces la reforma?: sólo que sea, que esté pensando en el hacedor de la reforma, Reyes Heroles.

Gracias .

El Presidente:

Para alusiones personales y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Eduardo Escobedo.

El diputado José Eduardo Escobedo Miramontes:

Señor Presidente, gracias:

Es mi oportunidad, compañeros, de contestar ¿no?, gracias.

Miren compañeras y compañeros diputados; rápidamente trataría de dividir mi intervención en dos partes:

La primera tiene que ver con el señalamiento de la, con la competencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para formular el documento en los términos que está realizándose. Me parece ya un poco ociosa la discusión, porque ya hay un señalamiento o hay un acuerdo por lo menos, del grupo mayoritario en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, de evidentemente allanarse al trámite que le dé la Presidencia en los términos del 27 de la Ley Orgánica. Pero si la comisión lo hizo, fue porque en los dos turnos expresos del 26 de septiembre y del 3 de octubre, la asamblea lo autorizó para que tomara la decisión y la resolución correspondiente. Dice la del 26 de septiembre: "Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica, para que decida lo procedente."

Y dice la del 3 de octubre:

"Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para actuar de conformidad a lo que resuelva la propia Comisión de Régimen Interno y Concertación Política".

Y la fracción VII del artículo 45 de la Ley Orgánica, señala que:

"Es competencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica, el resolver todos los demás asuntos que le faculte la Ley o el reglamento y los demás que le autorice expresamente la asamblea". Así es de que está claro, compañeros, que el turno fue que decidiera la comisión. Evidentemente se allana para estos efectos y me parece entonces que el Presidente dará el trámite correspondiente.

Por lo que hace a los otros puntos, estamos haciendo una aplicación del artículo 93. Aquí no hay vuelta de hoja. Ese derecho de minorías, al que se está señalando, es un señalamiento que está acotado a una petición del 25%. Me parece verdaderamente contradictorio que por un lado un propio diputado del PAN, en 1977, haya señalado que ése no debería ser el sentido, haya propuesto un texto y lleguemos entonces a la conclusión, con el texto que quedó, que no fue el que se deseaba en el sentido contrario. La propuesta del PAN fue muy clara en 1977. No debería, decir "a pedido", debería decir "a resolución" y el texto del artículo 93 no dice "a resolución", dice "a pedido".

Finalmente me parece también que habría solamente dos cuestiones más que comentar. Una que se refiere a que tomemos el señalamiento de las decisiones anteriores que ha tomado la Cámara de Diputados en relación con este asunto.

Las comisiones de investigación no se han constituido o conformado, compuesto, por la decisión del 25%. Lo pidió el 25%, así viene expreso, incluso en el último documento que firman varios diputados el 25 de noviembre de 1995, encabezados por Pérez Noriega y dice:

"Que la Cámara acuerde a solicitud de ese 25%". Y tanto en el antecedente de Banpesca, como el antecedente de 1995, es una decisión del pleno en su conjunto que toma la decisión de si o si no.

Y finalmente, en relación a que no se tuviera el señalamiento de la desaparición de la comisión de investigación en los términos que está planteado en el documento de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, bueno hay un señalamiento también expreso de que precisamente los turnos que se dieron el 26 de septiembre y el 3 de octubre, era en el sentido de que se tomara esa decisión y esos turnos obedecieron a dos peticiones que hicieron dos diputados en las sesiones correspondientes: el diputado González Alcocer y el diputado Quintana, del PRD.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Compañeras y compañeros diputados:

Asistimos a un capítulo más de la historia de "una muerte anunciada". Esta muerte no ha acabado de consumarse porque no se han encontrado los instrumentos legales y procedimentales para matar a la comisión de la Conasupo.

Es como si estuviéramos en una corrida de toros y después de la primera estocada el torero se pusiera a perseguir al toro, que según dijo aquí un diputado integrante de la fracción mayoritaria ya el toro estaba en vida latente.

Bueno, pues ahora le quieren dar al toro en vida latente "una puñalada trapera" para acabar de asesinarlo.

La intención es matar a la comisión de la Conasupo, cerrarla, liquidarla. Yo me pregunto y quisiera pensarlo, quisiera creerlo, de que fuera posible convencer a los diputados del PRI que han tomado esta decisión o que acatan esta decisión tomada por otros, quisiera pensar que fuera posible convencerlos de que jurídica y políticamente, lo mismo que procedimentalmente, no hay fundamento ni justificación para cerrar la Comisión Investigadora de la Conasupo.

Quisiera pensar que en esta Asamblea algunos diputados podemos convencer a otros en el debate y que ése es el carácter de la vida parlamentaria.

En muchas ocasiones ustedes, diputados del PRI, nos han logrado convencer a nosotros los diputados de la oposición de las bondades de algunas de sus iniciativas. Pero en !a mayoría de los casos ustedes no convencen, ustedes imponen su voluntad.

En este caso ustedes no intentan convencernos a nosotros de que lo más conveniente para el Congreso, para el país y para las investigaciones sobre corrupción es cerrar una comisión. Es una decisión política que ustedes han tomado. ¡Ustedes no están abiertos tampoco a ningún argumento que nosotros podamos esgrimir! ¡Pero yo quisiera pensar que allá hay conciencias abiertas y que si nosotros somos lo suficientemente convincentes pudiéramos a ustedes llamarlos a esta secularidad, alejarlos de su fundamentalismo parlamentario y llamarlos a la secularidad del debate y del diálogo!

Si la intención es matar a la comisión de la Conasupo, ¿cuáles son las razones y las justificaciones legales? Las justificaciones legales que nos esgrimen aquí no existen; es decir, este documento configura, primero, un acto ilegal, ilegitimo. Es un acto ilegal de la Comisión de Concertación y Régimen Interno, en primer lugar por el procedimiento del que se vale para imponerlo. En segundo lugar por las facultades que se abroga tener para imponerlo. Pero en tercer lugar y de manera muy destacada por los motivos conforme a los cuales justifica la decisión de cerrar la comisión de la Conasupo.

¡No está justificado en este documento el supuesto legal de que esta comisión deba cerrar! Y me referiré en primer lugar a las consideraciones que hace. Dice en la segunda consideración, que del estudio de las iniciativas a las reformas al artículo 93 constitucional que dio origen a su vigente párrafo tercero de los dictámenes suscritos por las comisiones competentes del Congreso de la Unión, así como del texto mismo aprobado por el Constituyente Permanente, se desprende que no existe el supuesto derecho de las minorías parlamentarias para crear comisiones de investigación.

Es decir, ustedes llegan a la conclusión de que las minorías no tienen derecho; suponiendo sin conceder que no exista este derecho, indiscutiblemente la lectura del párrafo tercero del articulo 93 es literalmente inexcusable, este párrafo hace dos cosas; establece, crea una facultad y esta facultad en efecto es una facultad de las cámaras, pero también crea y establece un derecho, un derecho de la minoría.

¿Cuál es el sentido estricto literal de un derecho en relación a una facultad?, el sentido estricto literal es que este derecho constituye una taxativa, una taxativa constitucional al ejercicio de la facultad; es decir, la facultad no puede ser interpretada de manera absolutamente discrecional por las cámaras, las cámaras tienen que interpretar el ejercicio de esta facultad bajo el supuesto que establece la Constitución y el supuesto es el derecho de petición de la minoría que debe ser necesariamente atendido.

La Constitución tiene muchos ejemplos de facultades discrecionales, pero también tiene muchos ejemplos de facultades en donde no se deja a la autoridad a la que se faculta, las discrecionalidades o aplicación y éste es uno de los casos, señores diputados, ustedes no pueden aplicar el artículo 93 de manera discrecional, lo tienen que aplicar coincidente con el mandato expreso de la Constitución; la minoría no crea las comisiones de investigación, las crea la Cámara de Diputados por mandato constitucional restringido a una interpretación precisa y exacta que se desprende de la petición de la minoría.

Señores diputados, no tienen ustedes la facultad de cerrarla, no tienen ustedes la facultad de cancelarla si no concurre en la voluntad de cancelar; la voluntad de la minoría, la minoría no crea comisiones, las crea la Constitución, mandata la Constitución a la Cámara para que la cree a petición de la minoría, es expresa la Constitución y toda ley debe de leerse primero literalmente, entonces yo invito a los señores diputados del PRI a que lean la Constitución literalmente.

Por desgracia las interpretaciones que hemos escuchado aquí no son de una interpretación literal de la Constitución respecto a las facultades no discrecionales de la Cámara, hay muchas facultades no discrecionales, por ejemplo, el Ministerio Público que está facultado para ejercer la acción penal, en determinados casos muy precisos, no puede de manera discrecional decidir si ejerce o no la facultad, el Ministerio Público, cumplidos los supuestos de ley tiene la obligación de ejercer la facultad, como la tiene la Cámara de Diputados, la obligación de ejercer la facultad cumplido el supuesto jurídico de la petición de la minoría.

Ahora, señores diputados, ustedes pueden torcer la Constitución, la pueden contorsionar, la pueden exprimir. ¿Por qué? Porque lo hacen a partir del poder, no de la facultad, del poder que les da ser mayoría.

Durante la mayor parte de los trabajos legislativos nos hemos encontrado con decisiones que ha tomado la mayoría, decisiones en contra de las minorías y cuando salimos a la calle nos pregunta el ciudadano: ¿por qué permitieron ustedes que la mayoría aprobara esa ley, por qué no se opusieron a ello, por qué no lo impidieron? No lo impedimos porque no tenemos facultades legales para impedir decisiones de mayoría cuando éstas se desprenden de facultades discrecionales, es una facultad discrecional si la mayoría aprobara una ley en determinadas condiciones y cumplidos los requisitos del procedimiento de la ley.

Pero en este caso, en este caso estamos frente a un hecho muy singular y de una gran gravedad para la Cámara de Diputados, porque estamos frente a un hecho ilegal, en este caso la mayoría no puede esgrimir de manera automática su número porque existe una taxativa constitucional que condiciona la interpretación de la facultad a la solicitud de la minoría. Por eso, señores diputados, en este caso sí tenemos la razón y el recurso legal, en este caso señores no solamente están aplicando la mayoría mecánica, sino que están violando la ley y están rompiendo con la estructura legal mínima que aún prevalece en esta Cámara.

La legalidad de esta Cámara favorece en todo caso siempre a la mayoría, pero hay un articulo en la Constitución, el 93, en donde expresamente, en donde expresamente le resta facultades discrecionales para concederle un derecho a la minoría, por eso ustedes diputados están violando la ley cuando intentan aniquilar a una comisión sólo, y únicamente con el argumento de la mayoría y estamos entrando ya en una vida ajena a la legalidad formal mínima de la Cámara de Diputados.

Esto es un hecho muy grave, hasta ahora nosotros no hemos podido alegar que cuando ustedes nos imponen la mayoría están violando la ley de la Cámara, en este caso, al imponernos ustedes la mayoría están violando la Constitución General de la República, además de que están violentando los procedimientos internos legislativos.

¿En qué están violentando los procedimientos internos legislativos? Pues miren, señores diputados, cuando ustedes dicen que en la cláusula tercera de estos considerandos se agotó el objetivo, ustedes están expresamente mintiendo, porque jurídica, procedimental y parlamentariamente no se agotó el objetivo para el cual fue creada la comisión de la Conasupo y de ello da cuenta el debate sostenido en el propio pleno de la comisión hasta el día 26 y 27 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados el 27 de septiembre y en el propio pleno de la Cámara de Diputados el día 3 de octubre. Aquí se presentaron pruebas fehacientes de que las investigaciones quedaban inconclusas y que los procedimientos utilizados por la Cámara de Diputados apenas comenzaban.

La Cámara de Diputados no agotó en el ejercicio pleno de sus facultades de investigación, las tareas de investigación que tiene la facultad de ejercer, no cumplió con ellas, de ello hay pruebas fehacientes y evidentes, pero además hay líneas de investigación propuestas por los diputados que suscribieron el documento de la creación de la comisión, el documento de las 138 firmas, hay diputados que han solicitado, por los procedimientos parlamentarios correspondientes, la apertura de nuevas líneas de investigación y la ampliación de las líneas de investigación existentes.

Quiere decir, señores diputados, que de ninguna manera se agotó la investigación ni se agotaron los procedimientos legislativos que corresponde a esta Cámara cumplir, por tanto, el supuesto formal bajo el cual se basa y se fundamenta este documento, es falso, inexistente jurídicamente; no está agotada la investigación.

La investigación tiene que agotarse. Ese es el objetivo para el cual fue creada. Si ustedes no agotan la investigación, entonces están abortándola.

¿Dónde se consume la ilegalidad de este hecho? Primero, en el carácter anticonstitucional de la decisión de la mayoría; segundo, en el procedimiento y los fundamentos que se utilizan para justificar esa decisión de la mayoría y tercero en una violación fundamental a todo nuestro orden jurídico, en el hecho de que cerrar una comisión en pleno ejercicio de sus labores y de sus tareas, en contra de la voluntad de quienes propusieron su creación en ejercicio de un derecho constitucional, es un acto abierto de encubrimiento a la corrupción en la Conasupo.

Entonces, señores diputados, la mayoría está incurriendo en el ilícito de encubrimiento de actos ilegales cometidos en la Conasupo; están violando nuestro orden jurídico y están cometiendo un ilícito grave, que es el delito de encubrimiento.

Señor Presidente, para terminar unos breves minutos, me acojo al artículo 103.

Señores diputados, estamos frente a un hecho ilegitimo, ilegal y previsible, posiblemente violatorio de disposiciones legales que configuran ilícitos. Estamos, señores diputados, también frente a una violación de garantías, porque nosotros como diputados integrantes de la oposición, que suscribimos el documento de petición para crear la comisión de la Conasupo, lo hicimos ejerciendo un derecho que ahora nos conculcan y la violación a ese derecho se hace mediante la violación de una garantía constitucional de legalidad.

Ustedes están violando la garantía constitucional de legalidad al conculcarnos, en un acto de autoridad arbitrario e injustificado, un derecho, y están encubriendo los actos ilícitos cometidos en la Conasupo, están encubriendo a los presuntos responsables de la corrupción en desmero del patrimonio de nuestro país.

En función de estos argumentos, yo llamaría a los diputados del PRI a que recapaciten sobre su actitud. No rompamos la precaria legalidad de esta Cámara de Diputados; no consumemos un hecho ilícito, absolutamente injustificado y no cometamos un acto político que va a ser reclamado por la ciudadanía.

Cuando la ciudadanía nos reclamó la aprobación de leyes abiertamente impopulares, no tuvimos argumento para decirle a la ciudadanía que en los procedimientos legislativos había mecanismos para impedir que estas leyes fueran aprobadas; hoy le tenemos que decir a la ciudadanía que nuestros derechos de ciudadanos y nuestros derechos de diputados han sido violados al interior de la Cámara de Diputados, y que hay absoluta falta de justificación legal y que hay un acto de inconstitucionalidad cuando la mayoría se abroga así, ahora sí de manera discrecional, una facultad que no tiene, que es la de interpretar de manera absolutamente libre y arbitraria, lo que marca el artículo 93 de la Constitución como una interpretación, como una interpretación vinculada a un derecho que no puede ser, insisto, conculcado.

Hago pues, un llamado a los diputados del Partido Revolucionario Institucional para que recapaciten. A los diputados de la oposición simplemente la reflexión de que estamos frente, ahora sí, a una violación fundamental, a un derecho de minoría, a un derecho que tiene que ver con nuestro carácter de ciudadanos y con nuestro carácter de representantes. Este atropello de autoridad, este atropello dictatorial lesiona nuestra condición de diputados federales, lesiona nuestra representación política, lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que representamos y a cuyo cuerpo pertenecemos.

Debemos darle una respuesta política y jurídica, consecuente y proporcional a las violaciones a los derechos de que somos víctimas. Si nosotros vamos a salir a la calle a pedirles a los ciudadanos que se defiendan, que se defiendan exigiendo el cumplimiento de sus derechos, no podremos nosotros pasar por alto la violación a un derecho fundamental que se consume al interior del cuerpo Legislativo al que pertenecemos por mandato popular.

No lo debemos hacer, compañeros diputados de oposición, tenemos recursos legales y tenemos que recurrir a ellos. Tenemos recursos políticos y tenemos que recurrir a ellos para impedir que este atropello se consume.

Muchas gracias.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):

Señor Presidente, solicito la palabra para aclaración de hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos, el diputado Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Honorable Asamblea:

El diputado que me antecedió hizo algunas afirmaciones y presentó algunos postulados que es necesario aclarar de manera contundente.

Señaló que cuando la Comisión de Investigación de la Conasupo expresó haber agotado su trabajo, mintió, y decir que una comisión ha mentido es una grave acusación, es su criterio del diputado, es su opinión, pero obviamente no es el momento aquí para dirimir cuestiones de orden sicológico. No puede someterse el trabajo de una comisión ahora a un detector de mentiras o al sicoanálisis de quienes están afectados de algo de paranoia.

¿En qué se funda la afirmación de que no hay agotamiento. . .

El Presidente:

Permítame, diputado.

Diputado Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser (desde su curul):

Señor Presidente, por respeto a esta Cámara de Diputados y a la altura que debe corresponder al debate, ¿le solicita al señor diputado que retire las expresiones injuriosas en mi contra.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

¿Me permite, señor Presidente.

El Presidente:

Tiene la palabra, diputado Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

No he hecho ninguna alusión injuriosa a nadie, pero lo que quisiera yo recalcar en este momento es que debemos de ponernos parejos y en dado caso si usted se sintió aludido cuando hablo yo de actitudes paranoicas, persecutorias, que se pueden probar también científicamente que se derivan de ese sentimiento de persecución yo le pediría a usted que retire la ofensa de mentirosos que le asignó a los miembros de la comisión.

El diputado, ahora sí lo aludo de manera directa, recordó que por ahí en los corrillos se hablaba de que la comisión tenía algo así, la comisión de la Conasupo, como un estado latente, como producto de una corrida de toros. Quiero decirle al señor diputado que para nosotros los priístas no nos encontramos en la suprema suerte del descabello, estamos discutiendo con altura y estamos tratando de convencer con los argumentos.

Y quiero decirle que jurídica y políticamente nos asiste la razón; que no es cierto que estemos violando ninguna determinación ni constitucional ni de la Ley Orgánica ni del reglamento, y que políticamente es tan clara nuestra razón que puedo decirlo sin ningún ambage: ¿Dónde, en qué parte de nuestro universo se puede justificar ni filosóficamente ni éticamente que la razón de las mayorías deba estar sometida a la sinrazón o al capricho de las minorías? ¿Quién dijo que eso era la democracia? ¿Cuándo se ha oído que se diga que la democracia es la imposición de las minorías? Esa sí sería una respuesta Politica desde el punto de vista filosófico.

Pero jurídicamente le quiero decir también que el debate respecto del llamado derecho de las minorías en esta materia, fue resuelto desde 1977 y fue resuelto de una manera definitiva porque hubo la propuesta de un diputado del PAN que pidió que se cambiara el texto y que en lugar de decir que fuera un derecho de petición se dijera que a resolución de las minorías se podrían o se deberían de crear comisiones y esto no pasó y cuando algo no pasa en esta Cámara, quiere decir que por mayoría, que no hubo resolución favorable y por lo tanto no fue aprobado. Ese debate, señores, está ganado históricamente, no existe el derecho de las minorías para crear comisiones de investigación.

Ese derecho se agregó como un nuevo derecho y una nueva facultad que no existía, porque el reglamento en 1977 no comprendía comisiones de investigación ni la función investigadora estaba contemplada en la Constitución, de manera que al introducirse esta nueva facultad, se dejó como una facultad que debía estar sostenida, como dijo en aquel entonces Montes, por una importante corriente política que así lo sostuviera y que así lo pidiera y por eso se pidió que fuera por una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores.

Pero por si esto fuera poco, y para concluir, quiero decir que jurídicamente nos asiste también la razón.

Podemos discutir en las comisiones que van a trabajar sobre la reforma para el fortalecimiento del Poder Legislativo, la conveniencia de crear comisiones a peticiones de minorías. Podemos crear ese derecho; pero en el contexto actual, de acuerdo con los términos del articulo 93 constitucional, lo único que tiene en esta materia las minorías es un derecho de petición y así lo habremos de sostener para preservar el orden constitucional y digo, finalmente, ya que me están pidiendo que me ajuste al tiempo, que el único derecho de minoría que acabamos de crear a favor de las minorías en esta Cámara y en el Congreso y en el Constituyente Permanente, está en la fracción ll del artículo 105 de la Constitución.

En esta fracción II se le da derecho a las minorías, para poder reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de leyes y ahí sí está textualmente señalado. No es una interpretación torcida, como la que se quiere dar al artículo 93, porque la interpretación gramatical es absolutamente clara: a petición de un porcentaje de miembros, es como puede la Cámara, o sea el pleno...

El Presidente:

Señor diputado, le ruego concluya su intervención.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

...Crear comiciones de investigación. Repito, jurídica y políticamente, tenemos la razón y la vamos a seguir sosteniendo a lo largo de este debate.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos el diputado Adolfo Aguilar Zinser:

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

No tienen la razón, señores diputados, porque ahí está la corrupción escondida para darle la razón a la ciudadanía que exige que se esclarezca; no tienen la razón. Allá afuera, allá afuera, ante la ciudadanía, no tienen la razón y muy pronto ni siquiera ya tendrán la mayoría.

Señores diputados: es muy curioso de la mentalidad que nos gobierna decir, que cuando las minorías aquí adentro en la Cámara, que ya no somos tan minoría allá afuera, como las elecciones del domingo pasado en el Estado de Guerrero lo demuestran, que las mayorías, que cuando hablan las mayorías aquí en la Cámara, entonces es la razón y el derecho y cuando hablamos las minorías entonces es la sinrazón, la paranoia y el espíritu de persecución. Señores diputados, esto es una mentalidad de ustedes, no de nosotros.

La razón no está computada en mayorías o en minorías; la razón está en el derecho, está en la justicia. La razón está en los altos valores que motivan nuestras acciones: las acciones de quienes estamos representando a la minoría las motiva la representación que tenemos de los ciudadanos que están allá afuera. Las razones que motivan las decisiones de la mayoría, son las órdenes que reciben de las cabezas políticas a quienes ustedes obedecen. Por eso, por eso, dicen ustedes, tener la razón.

Eso, señores, es fundamentalismo político. El fundamentalismo político, casi religioso, de ustedes que acatan decisiones que vienen de afuera, veneran con reverencia la imagen de quien toma por ustedes la decisión que corresponde a su representación.

Ustedes saben, señores diputados del PRI, que no pueden desobedecer una directriz, por eso no venimos a razonar aquí. Si pudiéramos razonar nos convenceríamos, porque entre ustedes hay ciudadanos con conciencia, simplemente pertenecen a una religión fundamentalista, llamada priísmo, que les impide, les impide ejercer su libre albedrío como representantes populares. Ya lo dijo su representante aquí: las curules, no son patrimonio de nadie. Las de ustedes, las tiene embargadas la Presidencia de la República; las nuestras no.

Por eso nosotros argumentamos, por eso nosotros damos razones y motivos y por eso nosotros creemos posible, en última instancia, tratar de convencerlos, tratar de hablarles a su conciencia.

Señores diputados: en efecto, el artículo 93 de la Constitución es clarísimo, por eso no dice que la minoría resuelva, dice la minoría pide, pero la petición de la minoría es constitucionalmente una restricción en la interpretación de una facultad por la Cámara.

Señores: en nuestro orden jurídico hay y debe haber muchas más facultades que estén restringidas, que no se ejerzan de manera absolutamente discrecional, lo que más les falta a nuestra vida política, es que la autoridad sujete sus decisiones, cuando ejerce facultades, no hace absoluta discrecionalidad, como lo hacen ustedes ahora aquí, sino a los términos precisos en los que lo marca la ley y la ley marca que la Cámara de Diputados está condicionada a un derecho, que es un derecho que ejerce la minoría. Y tan es una técnica jurídica clara y precisa que no se utilizó el término resolución, porque entonces sería una resolución tomada por una minoría. No. Se le dijo a la mayoría: tienes la facultad cuando te lo pida la minoría y tienes que acatar la restricción limitativa a tu discreción para poder ejercer esa facultad.

Señores: no nos hagamos bolas. La Constitución es muy clara, el artículo es muy preciso. Crea una facultad y establece un derecho. Ustedes lo que quieren es que la facultad anule el derecho; pero eso no es lo que le pide la Constitución. Les insisto, cuando los diputados de minoría solicitamos y conforme a la Constitución se acató nuestra solicitud y fue creada la comisión de la Conasupo, estábamos ejerciendo un derecho constitucional. Ese derecho constitucional está vigente, ustedes no lo pueden anular con interpretaciones torcidas, con alusiones personales o con descalificaciones. El hecho es muy simple y sencillo: el trabajo de la comisión de la Conasupo no ha concluido.

Y pido nada más un minuto para responder la alusión relativa a la mentira.

Yo no llamé mentirosos expresamente a los diputados, yo dije que este documento contenía una falsedad y una mentira. Dice que las investigaciones están agotadas. Señores: yo les pregunto a todos aquellos que hemos estado involucrados en las investigaciones, a todos aquellos que hemos hecho investigaciones y la respuesta es: las investigaciones no están concluidas; pero además de ello, el documento que sirvió como dictamen dice que las investigaciones no están concluidas y dice que no las va a continuar la comisión sino que le pide al Ejecutivo que las continúe.

Entonces el propio documento de la comisión de la Conasupo que se quiso hacer pasar por dictamen, ese documento expresamente reconoce que lo que está aquí es una mentira. Que las investigaciones no están concluidas y tan no están concluidas que se le está pidiendo al Ejecutivo que las continúe. Por tanto, las investigaciones no están concluidas. Este documento carece de fundamento. El acto, es ilegal.

El Presidente:

Para rectificar hechos, han solicitado el uso de la palabra los diputados: Manuel Beristáin Eduardo Guzmán y Tonatiuh Bravo Padilla.

Tiene la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Me voy a referir a las consideraciones y, sobre todo, a la tercera consideración que hace la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política referente a la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo. En esta tercera consideración menciona el informe final aprobado por la Comisión Investigadora de la Conasupo y sus filiales, "agotó el objetivo para la que fue creada al abarcar y pronunciarse en todas y cada una de las líneas de investigación".

Quiero aclarar y precisar con documentos que base de este informe final de la Comisión Especial de Investigación de la Conasupo, fueron los dos informes finales de los despachos contratados, por un lado, Bladinieres y Compañía y por otro, Barriguete, Alonso López y Compañía, SC.

Voy a referirme, señores legisladores, al contenido del informe final de Barriguete, Alonso López y Compañía, donde se demuestra que aun las líneas de investigación encomendadas a este despacho ni siquiera el propio despacho emite un criterio concluyente.

En la página dos menciona en la introducción de presentación del informe final del despacho de Barriguete, Alonso López y Compañía, que la obtención de información y documentación requerida para el trabajo que se les encomendó no la obtuvieron en la oportunidad deseada y otra ni siquiera llegó a sus manos; por eso menciona aquí que tuvieron limitaciones para reunir elementos suficientes que permitieron opinar sobre algunas de las líneas de investigación encomendadas.

Y recorriendo esas limitaciones encontradas, menciona claramente en la página cuatro, que en ciertos casos no fue posible localizar la documentación por diferentes razones que esgrime, inclusive en el caso de Diconsa en forma concreta menciona: "que jamás fue ordenado, clasificado y custodiado adecuadamente el expediente y el archivo de Diconsa, que tuvo hasta 19 empresas subsidiarias".

Por lo tanto, él hace una serie de aclaraciones a este informe final y continúa desarrollando su informe final y en la página seis específicamente se refiere a Diconsa y menciona de igual forma: "no encontramos información que demuestre la recuperación de los montos que integraban el daño. Por lo tanto encontramos procedimientos suspendidos o en estado de reserva".

Yo pregunto señores legisladores: ¿en esta línea de investigación se concluyó, si el propio despacho encuentra limitaciones de información, suspendido el procedimiento o en estado de reserva? ¿Esto es un trabajo concluyente que sirve de base al informe final de la propia comisión, cuando el propio informe del despacho no es concluyente en sus aseveraciones.

Y continuando dentro del mismo texto: en la línea dos de investigación encomendada a este despacho, que habla de los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a las entidades públicas, menciona refiriéndose nuevamente a Diconsa, dice: "en el texto de la opinión de los auditores se incluye una mención de que no se tienen las bases específicas sobre los servicios técnicos recibidos por parte de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; falta documentación a pesar de que los pagos que hizo la Conasupo en los años de 1989 y 1990, ascendieron a 70 mil millones de viejos pesos".

Asimismo, menciona en la transferencia de Miconsa Guerrero, que no fue posible verificar si existe documentación a través de la cual se hizo la transmisión legal de las acciones de referencia; tampoco localizaron evidencias de que se haya cumplido con algunas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esta es otra línea de investigación y que el informe final de la comisión toma como base este informe final de Barriguete, un informe que no es concluyente y que el informe final de la comisión a pesar de las observaciones de los despachos de auditores contratados por la misma, él señala que es un informe concluyente. El informe debe de ser parcial porque las mismas líneas aprobadas al interior de la comisión, no se agotó todo el procedimiento de investigación, además de las que llegaron por fuera en forma lateral, a las ocho aprobadas al interior de la propia comisión.

El informe final de esta comisión de la Conasupo no tiene el carácter de final porque está sustentado en dos informes que no son concluyentes, de los despachos, que señalan ellos mismos que las líneas encomendadas no han sido concluidas y que dejan abiertas investigaciones laterales, investigaciones en el mismo sentido de las líneas que se les dieron bajo su responsabilidad a investigar.

Señores: la comisión de la Conasupo no ha cumplido, por lo tanto, su objetivo para lo cual fue creada por este pleno de la Cámara.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra por cinco minutos y para rectificación de hechos, el diputado Eduardo Guzmán.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Esta discusión que hoy de nueva cuenta damos en este pleno, rebasa los marcos en que venía siendo abordada. Hoy de hablar de si a la comisión de la Conasupo se le da carpetazo o no, el PRI pretende darle carpetazo al derecho de la minoría de proponer y de intervenir en la vigilancia del quehacer del Ejecutivo. Hoy estamos nada más y nada menos, que interpretando la Constitución, cuestión que le compete no a esta Cámara, sino a otro poder y la estamos interpretando para modificar algo que desde nuestro punto de vista sí está claro, porque consideramos que también el sentido común debiera privar en el ámbito jurídico.

¿Qué objeto tiene el párrafo tercero del artículo 93, si éste está sujeto a la decisión de la mayoría? ¡Ninguno! ¡Que se derogue! Porque lo mismo da la minoría del 25%, que un solo diputado haciendo la petición. La mayoría siempre estará en la posibilidad de rechazar dicha disposición. Entonces si existe esta disposición, es porque tiene una razón de ser y la razón de ser es la posibilidad de que la minoría pueda intervenir en esa vigilancia. No de sustituir a la mayoría. La comisión, como así fue, está conformada mayoritariamente por compañeros del PRI y la comisión, una vez concluidos sus trabajos de investigación, lo cual a todas luces no ha hecho, podrá definir efectivamente un dictamen. Pero hoy, no se ha concluido la investigación. Eso está debidamente comprobado.

Y dos: no se puede coartar esa constitución de la comisión, ya que incluso su constitución no fue sujeta de votación por este pleno. Se asumió ante la petición de 145 diputados, que esa comisión estaba constituida y sólo la Comisión de Régimen Interno, comunicó los integrantes de esa comisión. Aquí, compañeros priístas, no se votó, se asumió ante la petición de 145 compañeros diputados y si se asumió, fue porque se asumió una interpretación sobre la pertinencia de la petición de la minoría.

Y compañeros, si son tan atingentes en esto y ya no hay objeto, ¿por qué no tienen tanta preocupación por la comisión Ruiz Massieu? Esa ni se ha tocado y sigue vigente. No hace nada pero sigue vigente y no les ha preocupado emitir un dictamen definitivo. Esa comisión sigue ahí y creo yo que tiene objeto en tanto no haya la prueba de culpabilidad de los actores intelectuales de este asesinato.

Igualmente esta comisión tendría suficiente motivo para dar seguimiento de existencia, para dar seguimiento a esas cuestiones que se turnen al Ejecutivo, hasta que haya castigo a los culpables.

Y, compañeros, no es cierto que la mayoría siempre tiene la razón. ¡Eso es falso! Eso es lo que no se sostiene en ninguna teoría ¡No la ha tenido la mayoría priísta cuando apoyó a Díaz Ordaz! ¡No la tuvo cuando apoyó todo el sexenio a Carlos Salinas de Gortari! ¡Y los hechos históricos y concretos demuestran que no tiene la razón!

¡Y guardando las proporciones y con todo respeto, tampoco tuvieron las mayorías en la Alemania nazi ni en la Italia fascista!

¡Entonces, compañeros, seamos claros. Hay que respetar este derecho de la minoría, que es la razón del ser del artículo 93. Si no, les propongo que tomen la iniciativa de derogar ese tercer párrafo, porque no tiene objeto de estar en la Constitución! ¡Y obviamente nos reservaremos el derecho ante esta interpretación de seguir los cauces conducentes para protestar en la instancia judicial si esto priva:

Gracias por su atención.

El presidente:

Para rectificación de hechos, también por cinco minutos, el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán.

El diputado Alejandro Rojas Diaz-Duran:

Con su venia, señor Presidente:

Sólo para dejar constancia de que no estoy de acuerdo de que la comisión de la Conasupo sea cancelada en esta Cámara de Diputados.

Primero, porque puede haber razones jurídicas y políticas para cerrar la comisión, pero no hay razones morales para hacerlo. Nos reclama el pueblo de México que nosotros como Poder Legislativo y como mandantes, precisamente de ese voto, demos un seguimiento puntual al ejercicio de las políticas públicas en este país.

Yo creo que al cercenar la facultad que tenemos nosotros diputados porque exista en México un verdadero equilibrio de poderes, porque efectivamente el Poder Legislativo pueda ser un fiscalizador de la acción pública y también pueda contener los excesos del poder público, del Ejecutivo, creo que al perder esta oportunidad nosotros mismos estamos amputándonos una facultad que nos ha conferido el pueblo de México.

También porque en el PRI habemos muchos que coincidimos en que acabemos con la corrupción ¡y que no somos tapaderas, sí, efectivamente, no somos tapaderas de nadie! ¡Aún en el propio Partido Revolucionario Institucional hay quienes pensamos que efectivamente en el caso de la comisión de la Conasupo hay mucho que investigar, hay bastante fondo y sería una gran oportunidad para todos que llegáramos hasta el final y a la verdad!

¡No hacerlo sería ser cómplices de la corrupción, ser cómplices de grupos e intereses que I quieren que en México sobreviva un régimen de corrupción y de alianzas de intereses que no permiten ni que llegue la democracia ni la justicia en este país:

Se dice también que esta comisión ahora pasará a que el Ejecutivo emita y persiga y sancione a quien deba tener. Yo pregunto: ¿qué prisa tenemos los priístas por cerrar la investigación de la Conasupo? ¿Qué prisa tenemos si nos falta un año en nuestras funciones? Esta comisión de la Conasupo no es producto del capricho de las minorías, no; yo creo que es la exigencia del pueblo de México en general. ¡Y el hecho de que sea una comisión, quiere decir que tiene el mandato de toda la Cámara, no sólo de las minorías!

Por lo tanto, es un sofisma venir a decir aquí que no hay derecho de minoría, no; si no es un derecho democrático, es el ejercicio de la justicia, precisamente el que está en el fondo de la constitución de la comisión de la Conasupo. Porque si fuera un asunto de sumas no tendría sentido entonces tener ninguna comisión en la Cámara de Diputados, porque todas supondrían que la mayoría es la que decide.

Entonces la pregunta final es: ¿de qué sirve la representación popular de las minorías en las cámaras, si finalmente la mayoría es la que impone las supuestas razones jurídicas?

¡Es un problema entonces no jurídico, sino es un problema moral y es un problema de justicia!

¡Por tanto, yo sí Me deslindo de la decisión que ha adoptado la fracción de mi partido! ¡No creo que la comisión de la Conasupo deba ser cancelada! ¡No creo que debamos renunciar a ese derecho, porque es darle la espalda al pueblo de México y además porque ésta será una señal perniciosa para todos porque querrá decir que el PRI no quiere cambiar y que nosotros sí efectivamente somos tapadera de los corruptos que aún nos gobiernan:

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos por cinco minutos, la diputada Sara Esther Muza.

La diputada Sara Esther Muza Simon:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.

Al encaminarme para esta tribuna recibí el reconocimiento de algunos de mis compañeros diputados de que soy golpeadora. Soy diputada y por lo mismo tengo derecho de venir a hacer las reflexiones que mi conciencia y mi partido me indican.

He solicitado hacer uso de la palabra para referirme a algunos conceptos expresados en esta tribuna por nuestro compañero el diputado Aguilar Zinser.

En primer lugar quiero decirle al diputado, que merece mi respeto como ciudadano y como integrante de esta honorable legislatura, si, escucharon bien, de esta honorable legislatura.

En segundo término, deseo dejar claro que integramos un cuerpo colegiado donde la diversidad de opiniones es un hecho cotidiano y saludable en el marco de la responsabilidad histórica de perfeccionar nuestra democracia, compromiso al que ciertamente está ligado el diputado Aguilar Zinser; sin embargo, creo que en ocasiones su actitud protagónica lo lleva a posiciones maniqueas, a lo irreductible de los extremos, al todo o nada.

Compañero Zinser, créame que lo entiendo, de verdad que lo entiendo, ha de ser terrible cabalgar solo, sin partido, sin fracción, sin tener por lo menos un Sancho que pudiera ayudarlo a ser calificado como Quijote.

Me voy a referir de manera breve al tan socorrido tema de la corrupción como sistema. La fracción priista rechaza el uso de esta tribuna para quienes han cambiado la razón por la injuria, no es posible presumir sin sustentar ni sustentar sin probar. Qué fácil resulta echarle la culpa a la corrupción como sistema, también qué cómodo es venir a hablar de posibles ilícitos y supuestas complicidades.

Queremos enfatizar los priistas, como seguramente la mayoría de los mexicanos, que estamos dispuestos a combatir el cáncer de la corrupción que por cierto ni es patrimonio histórico ni es privativo de México. Aceptar que la corrupción ha sido y es un mal endémico en nuestro país, es negar nuestra historia y escupir discrecionalmente sobre la memoria de quienes nos antecedieron. Ello, tampoco significa dejar de reconocer la existencia de personas y grupos que han incursionado por el negro túnel de las corruptelas.

Preciso pues, que los primeros interesados en que se sancione a quienes infringieron la ley, somos los priístas, los priístas hemos sido prudentes y tolerantes pero todo tiene un límite, ya basta de utilizar como pretexto a la Comisión Transitoria de Investigación Conasupo para tener vigencia electoral en 1997. Señalo de manera puntual, que las elecciones se ganan como se ha demostrado, con votos y éstos se ejercen por el convencimiento ideológico y el proyecto político de los partidos.

No olvidemos que nuestra responsabilidad concluyó en esta comisión; toca ahora al Ejecutivo cumplir lo propio; repito, los priístas estamos interesados en ello. No hay carpetazo, no confundamos, hay turno a nuevas instancias que son las que hoy por hoy les corresponde verificar y sancionar a quienes les competa.

Por eso, compañeros, yo creo que el reto es perfeccionar, crear y construir los andamiajes jurídicos capaces de prevenir y sancionar con mayor vigor tales desviaciones. Repito, para eso y en eso estamos los priistas.

En esto coincidimos, compañero diputado Aguilar Zinser, cuando usted afirma sólo hay una manera eficaz de combatir y tratar de erradicar la corrupción: encarar la impunidad. Ello, dice usted y coincidimos, supone certeza en los motivos, precisión respecto de los instrumentos que han de utilizarse, claridad acerca de hasta donde ha de llegarse, sobre todo conciencia, conciencia de los riesgos y voluntad para asumirlos.

Hay que saber hasta dónde el saneamiento del país hace necesario afectar los intereses políticos, los económicos y las fortunas amasadas en la corrupción.

Compañeros diputados; señor diputado Aguilar Zinser. El presidente Zedillo ha demostrado voluntad para asumir este riesgo del cambio, por eso me extraña que en esta tribuna se diga que nadie está haciendo nada. Aun lo ha hecho el presidente Zedillo, aun a costa del escándalo de quienes en lugar de barrer la casa, prefieren por comodidad incendiarla. Esto sí sería como usted también lo señala, "intentar el borrón y cuenta nueva".

No podemos construir la nueva democracia que reclama el país plural como el nuestro, en la descalificación permanente entre los actores políticos. La autorización democrática tampoco infiere dogmas de fe, de que la alternancia en el poder conllevará al paraíso, aún desconocido en nuestra civilización. Luchemos juntos si, construyamos una sociedad más justa sí, pero seamos propositivos y actores responsables de nuestro tiempo, vale la pena señalar...

El Presidente:

Diputada, le suplico redondee su intervención.

La diputada Sara Esther Muza Simón:

Concluyo, compañero Presidente.

Que la congruencia debe existir entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que escribo.

Para que la regla sea confirmada, requerimos de una excepción, compañero diputado, de mi partido y con usted la tenemos. El protagonismo una vez más se manifiesta y las razones jurídicas y políticas seguramente tendrá usted parte de razón. En la tercera, que es la moral, lo dudo mucho.

Esperamos que alguna minoría lo acoja en su seno ahora que de nuevo se deslinda de las responsabilidades de su partido.

Hace unos días en esta misma tribuna Aguilar Zinser...

El Presidente:

Le suplico termine su intervención, compañera diputada.

La diputada Sara Esther Muza Simón:

Sí señor.

Expresó usted que hay muchos del PRI que somos mexicanos honorables y sin tacha, espero que después de mi intervención no me vaya a poner tacha.

Por su atención, muchisimas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales y por cinco minutos, el diputado Adolfo Aguilar Zinser.

El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:

Muchas gracias.

Quiero en primer lugar, decirle a la diputada que comparto la actitud respetuosa y que le agradezco además la generosidad que ha tenido al leer algunos textos que yo he escrito sobre la corrupción y hacer referencia a ellos en esta tribuna.

Los priistas dicen y dice la diputada, tienen paciencia, pero ya se les está agotando. A los mexicanos que por 70 años hemos visto pasar frente a nosotros actos de corrupción incalificables, también se nos agotó la paciencia; la paciencia ciudadana respecto a abusos de poder, respecto a la impunidad y respecto a discrecionalidad en el uso de facultades públicas, es la principal expresión del reclamo ciudadano. Ya estamos hartos, ya se nos acabó la paciencia, queremos un cambio y queremos que acabe la impunidad y este ejercicio de la minoría en la Cámara de Diputados obedece precisamente a esa voluntad y a ese mandato de cambio. Queremos vivir en un régimen de responsabilidades públicas, en un régimen de leyes y no en un régimen de las sinrazones de una mayoría mecánica que siempre, siempre quiere imponerse por ese expediente.

Diputada: ¿pruebas? Las pruebas fueron conocidas abundantemente por la comisión de la Conasupo, fueron presentadas ante el pleno de esta Cámara de Diputados con documentos que tienen fe pública, con documentos oficiales de la comisión de la Conasupo, en donde se establecen claramente la manera como se cometieron abusos, se hicieron pagos indebidos, se formaron empresas para beneficiarse de los contratos de la Conasupo.

Tan sólo el jueves pasado ante esta tribuna volvieron a presentarse y esgrimirse pruebas. Las pruebas están. Los procedimientos legislativos no están agotados respecto a la investigación de todas estas pruebas. Esa es la razón, no la frustración, diputada, no una actitud del todo o nada, diputada. Las actitudes del todo o nada, los fundamentalismos fanáticos son los que obedecen a decisiones de una mayoría que no quiere escuchar.

Y compañera diputada, yo quisiera y quiero todavía como diputado federal, pensar que usted y yo nos podemos convencer el uno al otro, que usted y yo podemos sentarnos a discutir si es o no conveniente continuar con las investigaciones de la Conasupo, pero que en medio de nosotros no esté una decisión ajena tomada fuera de este cuerpo y que yo como legislador tenga la capacidad de argumentarle a usted que en conciencia como diputada, integrante de un grupo parlamentario, pero ante todo como ciudadana representante, usted en conciencia pueda entender las razones que yo le esgrimo, las razones morales, las razones jurídicas.

Hay un diputado del Partido Revolucionario Institucional que está convencido de que esta comisión debe continuar y así lo expresó honrosa y valientemente en esta tribuna, pero hay muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional que piensan en este momento, sentados en sus curules, que esta investigación debe continuar y que la decisión adoptada por la mayoría es un despropósito que desprestigia a su partido, que lo encara contra la ciudadanía, que lo pone a la defensiva frente a esta voluntad de los mexicanos de sanear la vida política del país.

A esa conciencia apelo, mis compañeros del PRI Lamento muchísimo, diputada, que este debate se personalice.

A la hora de pasar a la tribuna algunos diputados me dijeron: "¿por qué no se abre ya el debate para que participen otros con otros argumentos?" En efecto, no es un capricho de un diputado que esta comisión permanezca; no es la voluntad solitaria de un individuo sin partido, diputada, diputados del PRI, no es la voluntad individualizada y sola de una persona; fue la voluntad expresada por 140 diputados, muchos de ellos integrantes de partido, algunos de ellos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que conformaron esa cuarta parte. La cuarta parte no la integraron únicamente miembros de los partidos de oposición; la cuarta parte la integraron miembros también del partido que hoy esgrime la mayoría.

Civilizadamente podemos concederle al Congreso las facultades que tiene por la Constitución de investigar la corrupción. No cerremos la comisión de la Conasupo, no cerremos nuestras conciencias y sigamos dialogando. Eso, eso seria parlamentar. Obedecer órdenes de afuera, obedecer directrices de quien manda a la mayoría extramuros, no es parlamentar, es imponer mayorías.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos han solicitado la palabra el diputado Raúl Fuentes y el diputado Victor Manuel Silveyra hasta por cinco minutos, pero debo referirles a ustedes, compañeros diputados, que están pendientes y hasta por 15 minutos, los diputados: Mauro González Luna, Ignacio González Rebolledo, Carlos Navarrete Ruiz, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y Jesús Rodríguez y Rodríguez.

Tiene la palabra el diputado Raúl Fuentes, del Partido del Trabajo.

El diputado Raúl Alejandro FuentesCárdenas:

Gracias, señor Presidente:

Con el ánimo de que ésta se convierta en una tribuna de debate parlamentario y no en una arena de gladiadoras y gladiadores, el Partido del Trabajo reitera su posición con respecto a la existencia o no de la comisión de la Conasupo.

Tal y como lo planteáramos en su inicio, el coordinador de nuestra fracción firmó en contra del comunicado de la comisión que hoy leímos. El Partido del Trabajo considera que existen elementos para que esta comisión continúe en funciones, pero nos parece que esta discusión, siendo importante la existencia de la comisión de la Conasupo, ha ido más allá y hoy estamos discutiendo el derecho para poder crear comisiones que demande la minoría calificada de la Cámara de Diputados para investigar actos de corrupción .

Reconocemos el derecho de la mayoría a definir la conclusión de las investigaciones que se desarrollan, eso no está a discusión, pero no es posible que nosotros aceptemos que queriendo matar la comisión de la Conasupo, de paso se conculque el derecho de crear cualquier otra comisión a demanda de la minoría calificada de la Cámara de Diputados.

El Partido del Trabajo no puede aceptar que con este método se pretenda dar carpetazo no solamente a la comisión de la Conasupo, sino de aquí en adelante a cualquier otra comisión que se demande para realizar investigaciones.

Cuando se habla del articulo 93 constitucional estamos hablando de la facultad del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo de crear comisiones para que investiguen con respecto a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos. A eso se refiere la facultad de las cámaras, es un articulo en donde el Poder Legislativo hace valer su preeminencia con respecto al Poder Ejecutivo y eso es lo que hoy tenemos que hacer valer.

No se trata de hacer un debate personalizado, el Partido del Trabajo demanda a la mayoría de esta Cámara a que reconsidere el método para discutir la vigencia, la continuidad o la cancelación de la comisión de la Conasupo.

Reiteramos que es necesario que la Comisión de Concertación sea eso, Comisión de Concertación, que escuchen que así sea la minoría de este Congreso, de uno, de 10, de 50 o de 100, estamos planteando, ése no es el mecanismo, cancelar una comisión, cancelando un derecho constitucional; seria un grave error.

Llamamos como Partido del Trabajo a que la Comisión de Concertación tome en sus manos esa función y busque los mecanismos para que lo que haya que investigar se traslade a otras instancias, no nos negamos a eso; a lo que nos negamos es a que se cancele la posibilidad de que funcione esta comisión y que vea concluidos sus trabajos y lo que decimos, lo más grave, a que se conculque un derecho constitucional. Ese no es el mecanismo y llamamos a la rectificación.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Por cinco minutos y para rectificación de hechos, el diputado Víctor Quintana Silveyra.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: ¿Por qué llevan muy largos minutos los diputados de la fracción parlamentaria que reporta, no en Los Pinos, sino en Irlanda, porqué llevan muy largos minutos señalando puros elementos secundarios? ¿Por qué vienen y hablan de paranoias, de inexistentes quijotes y eluden el meollo de la cuestión? No se trata aquí de paranoias; no estamos hablando aquí de molinos de viento.

Aquí habemos, en la comisión de la Conasupo, siete diputados que hemos denunciado hechos contundentes; no hemos hablado de molinos de viento; no hemos hablado de ínsulas baratarias, por más que para algunos, como para Raúl Salinas de Gortari, este país haya resultado tal.

Estamos hablando de investigaciones llevadas a cabo, realizadas con toda minuciosidad y a las que en todo momento el PRI se ha negado a entrar en discusión.

No hay aquí quijotes, compañera; si hay molinos. Los molinos de Maseca y los molinos de Miconsa vendidos a precio irrisorio por los que traicionaron a este país vendiendo su patrimonio.

Aquí hay una investigación a la que nos dedicamos cumpliendo un compromiso ético e histórico siete diputados de la oposición, Para quien dice que la razón de la mayoría se impone, esa razón nunca ha podido destruir la razón que hemos sustentado en hechos y en documentos. No ha habido ningún diputado del PRI que venga con discursos hechos por otros o hechos por sí mismos y contradiga el hecho palmario del fraude en Vertex.

No ha habido ningún diputado o diputada del PRI que nos venga y nos demuestre con contundencia de que no se le distribuyó al pueblo mexicano leche contaminada con radiactividad.

La verdad del PRI, la verdad, la razón del PRI a la que se refirió un diputado ahorita, iba a decir que es una razón de tres centavos, pero no, estaría yo muy equivocado; es una razón de 1 millón 200 mil nuevos pesos. Eso es el soborno que se le pagó a un despacho de contadores para que fabricara un informe exoneratorio. El informe final que presentó el PRI aquí en la tribuna el día 27 de septiembre, no fue elaborado por los diputados del PRI, fue elaborado por dos empleados de la comisión, y le corrigió el estilo una sencilla muchacha a la que prometieron 10 mil nuevos pesos y nada más le pagaron 5 mil pesos al final. Por eso nunca entraron al debate en concreto.

Si su razón vale tanto, si su informe tiene tanto peso y tanto sustento, ¿por qué, señor presidente de la comisión, no viene aquí a defenderlo? ¿Por qué no aceptan ningún cuestionamiento aquellos que vinieron a exponerlo aquí? Entremos a ese debate, no nos vayamos con la finta de que un diputado es el villano o El Quijote. No, señores, aquí lo que valen son los hechos, no las calificaciones o las descalificaciones de las personas. O dígannos de plano, compañeros diputados del PRI y no perdamos el tiempo.

¿Qué tal? ¿Qué les parece si en lugar de discutir el informe final de la comisión de la Conasupo, discutimos mejor si se les da amnistía o no se les da amnistía a Raúl y a Carlos Salinas de Gortari.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos por cinco minutos tiene la palabra el diputado Rafael Núñez Pellegrín.

El diputado Rafael Núnez Pellegrín:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Estamos ante un debate donde no se quiere reconocer la realidad y lo que es peor todavía, se nos tacha de calumniosos, de que no damos razones y que simplemente pretendemos dañar al partido de las mayorías.

Yo creo que eso no está a discusión, ya lo dije el 26 de septiembre. Tampoco está a discusión la técnica con que fueron elaborados los estados financieros, a que se refiere mucho precisamente el dictamen que elaboró el grupo del PRI.

En todo caso yo quiero dar algunos elementos para justificar las razones que existen y que no se han querido entender y dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver ni peor sordo que aquel que no quiere oir.

En el comunicado que nos entregan hoy, en su consideración tercera, nos indican que la Comisión Investigadora de la Conasupo y sus filiales, agotó el objetivo para el cual fue creada, al abarcar y pronunciarse en todas y cada una de las lineas de investigación. Discúlpenme, pero eso no es cierto, jamás podemos aceptar este tipo de falsedades.

Y nada más voy a citar dos presuntos, porque Bladinieres no hizo caso de las auditorias que ahí están de la Contaduría Mayor de Hacienda, también no hizo caso de los pronunciamientos que hizo ésta, en relación a las auditorías internas practicadas por la Conasupo y que sostiene la Contaduría Mayor de Hacienda que para nada servían y que tampoco la Conasupo le hacia caso.

Pues bien, voy a expresar tres puntos.

Primero. En 1983 los estados financieros dictaminados por despachos externos reflejaron en la cuenta de inventarios, de cuentas por cobrar, en ambas, diferencias muy notorias, reflejan 534 mil 526 toneladas que desaparecieron y para Bladinieres esto no significa ningún hecho grave. En cuentas por cobrar, de acuerdo también con la comparación del estado financiero dictaminado y el elaborado por el área comercial de la Conasupo, hay un faltante de 5 mil 889 millones y tampoco Bladinieres dijo algo al respecto.

En 1986, los dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda reflejan faltantes en inventarios que no indica el volumen, pero que indica el monto, 34 mil 225 millones de pesos; tampoco Bladinieres ni el mismo grupo del PRI dicen nada al respecto, les parece correcto o simplemente son detalles que no merecen la mayor importancia.

Todo esto podemos asociarlo también en el año de 1991 cuando desaparecen, por un lado, 142 mil 361 toneladas de diferentes productos y 416 mil. Yo creo que son demasiados los faltantes como para que tanto Bladinieres como los compañeros diputados del PRI pongan un poquito de atención y éstos son argumentos, son razones, no son simplemente calumnias. Ahí está la Contaduría Mayor de Hacienda, tiene los dictámenes y que pueden analizarlos, en su momento, y que no nos vengan a decir aquí que simplemente se trata de calumniar. Aquí el diputado Collado, la diputada Muza han hecho alusión de que somos calumniadores y eso jamás se los podemos aceptar. Aquí vengan a dar las razones de peso, como éstas y podemos entrar a discusión financieramente en lo referente a la Conasupo.

El presidente:

Por 15 minutos, para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Mauro González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; legisladoras y legisladores:

Intentaré no reiterar los argumentos que se han esgrimido, sino centrarme en uno fundamental, pero antes, quiero exhortar con respeto a los legisladores del PRI que no sigan insistiendo en su torpe propósito, porque lo único que consiguen con ello es ahondar la tumba que han estado excavando desde hace tiempo a través de la aprobación del IVA y hoy, de su intento fallido de desintegrar esta comisión.

Y que no se hable amigos, que no se hable amigos de todos los sectores de esta honorable Asamblea, todavía honorable; que no se hable de protagonismos de individuos en lo particular. Pero que sí se hable y ¡escúchese bien! ¡que si se hable del protagonismo del pueblo que quiere poner término al hartazgo de mentiras, de desfiguraciones, de violaciones a la Constitución! El pueblo de México tiene derecho a ser protagonista, porque quiere salir al encuentro de la verdad.

Quiero dar lectura al último párrafo del articulo 93; es un argumento estrictamente de lógica, ni siquiera de lógica jurídica, sino esencialmente de sentido común y el derecho es sentido común llevado a una dimensión técnica. ¡Lástima, señores priistas! ¡Lástima que el discernimiento en alguno de ustedes se haya ido a ubicar en la cabeza de los animales inferiores! Pero es tiempo de rectificar.

El argumento, hay quienes han afirmado y coincido con ellos, que aquellos que no quieren escuchar son dignos de ser temidos y decía un enorme filósofo alemán que lo peor que le puede pasara un hombre es odiar o ser temido.

¡Escuchen por lo menos. Hiere pero escucha -decía el pensador- hieran al pueblo de México pero escuchen los argumentos de ese pueblo de México!

Voy a apelar a la estricta lógica jurídica, a la estricta lógica del pensamiento racional que distingue a las personas: "Artículo 93, último párrafo, escúchese, las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados, y póngase mucha atención a lo siguiente, y de la mitad, y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados etcétera."

Quiero afirmar aquí haciendo un análisis, insisto, racional del contenido de ese artículo, que no se trata de los derechos de las minorías; no se trata de los derechos de las minorías, es más que eso, se trata y el antecedente o uno de los antecedentes más importantes lo encontramos en el derecho constitucional inglés. Se trata del derecho de un número significativo, de un número representativo de legisladores que consideran en un momento dado, ante el crecimiento desmesurado de la administración pública, como exigencia de bien general que ha lugar precisamente a investigar, a fiscalizar, a seguirle los pasos a este tipo de organismos.

Y la prueba de ello, no se trata de argumentos históricos, políticos y morales. Se trata de razonamientos trabados sólidamente. Y la prueba de esa afirmación es transparente. ¿Porqué en el caso del Senado se habla de la mitad de los senadores? Yo les pregunto a los matemáticos del PRI: ¿cuál es la minoría en el caso del Senado?, y ¿cuál es la mayoría? Si ustedes leen con detenimiento el articulo en su fracción III, "de la mitad de los senadores".

No estamos frente a derechos de las minorías, insisto, estamos frente a un derecho de sentido común; es el derecho de un pueblo representado en sus parlamentos y reitero el antecedente o uno de los antecedentes del parlamento inglés; el derecho de ese pueblo para vigilar, para investigar la conducta de la administración pública en México hipertrofiada.

Otra pregunta que hago, apelando al sentido común de muchos priístas que todavía lo tienen: ¿qué diferencia habría, diputado Moreno Collado, ya que se ha hablado del derecho de petición, entre la solicitud que hiciera un solo diputado que tuviera la razón, uno y la solicitud que haga la mitad de los senadores en el Senado o un cuarto de los diputados de todas las fracciones en esta Cámara de Diputados? Se revela el sentido común contra los torpes argumentos semiesgrimidos por usted.

Es una triste comedia de equivocaciones. Equivocaciones desde el turno que se ha dado a los documentos, que ni eran dictámenes ni eran resoluciones. Por eso es comedia de equivocaciones. Pero lo lacerante, lo triste, lo que si hiere la conciencia del pueblo, es que esa comedia de equivocaciones encubre una tragedia: la que estamos viviendo aquí en México todos los días y que se quiere trivializar en este recinto. La tragedia que prevalece es la que se quiere imponer una seudo cultura de la impunidad y lo vemos en todos los niveles.

Es una oportunidad valiosísima, amigos del PRI, para que ustedes rectifiquen. Pero yo he intentado en algunas ocasiones, como modesto legislador, apelar a su conciencia y ha sido inútil, ha sido infructuoso. Hoy no apelo a su conciencia. Hoy apelo a su supervivencia porque, insisto, la tumba que están cavando anuncia su fin. Abran los ojos.

Alguien dice que mejor que no se salven. Entonces continúen con los mismos sofismas para desintegrar lo que no es desintegrable...

No puedes callar, amigo mío, a ningún legislador. Repasa el reglamento y después vuélvete a sentar en tu curul.

Se ha hablado aquí con lenguaje taurino. Se habla de la muerte de la comisión, como si fuera y así lo es, una especie de Miura que embiste con fortaleza inaudita a esos molinos que mencionaba atinadamente el diputado Quintana. Pero afortunadamente para los defensores de esta comisión, quieren matar al Miura a banderillazos, a banderillazos.

¡No, no amigos míos del PRI, a los miuras se les mata con el estoque... y desgraciadamente aquí y desgraciadamente... ¡Pueden seguir gritando, es un ambiente taurino el que prevalece:

El Presidente:

Permítame, señor diputado.

Les suplico por favor a los señores diputados guarden el orden y la compostura que ustedes requieren también en sus intervenciones. No se permiten los diálogos en el reglamento.

Continúe, señor diputado.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Otro dato singular de inconsistencia lógica. Ya lo había también, con brillo, expuesto el diputado Pedro Etienne.

En este aborto de documento que se le llama comunicación de la Comisión de Régimen Interno, se dice en su resolutivo primero y ojalá y que lo puedan leer los compañeros del PRI que no lo han leído y que han debatido, "el artículo 93 constitucional es contundente, ¡que afirmación!, establece la integración de comisiones de investigación para una petición que es resuelta por el pleno de la Cámara".

Y después, en un brinco dialéctico que ni Hegel podría asimilar, en su resolutivo tercero se dice: "por lo expuesto anteriormente y en virtud de la presentación del informe final, concluye la vigencia de la comisión".

Por un lado reconocen en este primer resolutivo que es facultad del pleno y en el tercero trasladan la facultad a la comisión. ¿Dónde está la lógica, señores del PRI? Pero ni siquiera y es equivocado esto, porque a la luz del primer argumento esgrimido ni siquiera es el pleno el que tiene facultades para desintegrar la comisión.

Y aquí para redondear el argumento inicial quiero referirme y prácticamente con ello termino, a la interpretación lógica que debe tener la palabra "tienen la facultad de integrar comisiones". Cuando una cuarta parte de los diputados o la mitad de los senadores así lo decide, queda obligada la Cámara correspondiente para instrumentar, para hacer operativa la decisión de este número significativo de diputados o senadores.

Y la palabra "facultad" debe interpretarse porque de otra manera es irracional el articulo, como competencia de la Cámara; es decir, en el caso del Senado si la mitad de los senadores determinan que se integre una comisión investigadora, queda compelida, obligada, la Cámara de Senadores para instrumentar, para darle actualidad a la decisión de los senadores. La mitad. No se podría hablar de mayorías o minorías. ¿Cuál sería la minoría, repito y cuál sería la mayoría si se habla de la mitad de los senadores?

¡Y otro argumento que no se ha matizado en este singular y memorable debate! En el proyecto inicial de reformas en el 1977 no se hablaba de una cuarta parte, se hablaba de un tercio de los diputados. ¿Por qué? Porque se consideraba que era la significación representada en la petición, en núcleo de la reforma.

Los argumentos lógicos sólo pueden ser rebatidos con gritos por parte de ustedes. ¡Estoy esperando la réplica, pero no hay réplica:

El Presidente:

Ya, señor diputado. Ha terminado su intervención.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

¡Tengo el derecho a hablar por más de 15 minutos! ¡Ya voy a terminar, para complacer a los sordos! ¡Qué lástima que la voz de los diputados que defienden al pueblo, sea entendida de una manera incorrecta por muchos de los priístas! ¡Abran los ojos, señores del PRI. No les faciliten el trabajo a otros en la consecución del poder! ¡Por una vez súmense al sentido común, a la razón, a la verdad!, la verdad es clarísima, va a ser una determinación si así sucede, inconstitucional el que este pleno a través de los del PRI, disuelva una comisión que sólo puede ser desintegrada por la minoría, ni siquiera por el pleno, por la minoría.

¿De qué te ríes, de qué te ríes, amigo? Ríete de los que están en otro lado en países del norte, de ésos sí hay que reírse y hay que combatirlos. La jauría alborotada continúa sus ladridos.

Voy a terminar leyendo unos cuantos párrafos de un discurso pronunciado por un orador griego, el más grande de todos los tiempos. Con esto termino, ojalá que lo escuchen señores del PRI y de todos los partidos. Transcribo unos párrafos de un discurso pronunciado hace 2 mil años.

"Parece ser que la historia recorre su rumbo en espiral, parece ser que la historia recorre su rumbo en espiral, porque sin duda existe un motivo por el cual los griegos en otro tiempo estaban tan preparados para ser libres y lo están ahora para ser esclavos.

Había entonces varones atenienses, había algo en el pensamiento de los pueblos que ya no hay ahora, algo que superó las riquezas de los persas y condujo a los helenos a la libertad, y que no fue vencido ni en las batallas por mar ni en los combates por tierra, algo sin lo cual, porque está destruido, todos los negocios se corrompen y se han invertido los valores helenos.

¿Qué era pues esto, qué era ése algo? Ninguna cosa complicada y que sólo los sabios alcanzaran, solamente, solamente que todos aborrecían a quienes recibían dineros de aquellos que deseaban convertirse en tiranos y destruir a Grecia de modo que era perretilísimo para quien lo recibiera el quedar convicto y se les castigaba severísimamente y no se admitía excusa alguna ni se concedía perdón.

No era entonces posible comprar, enajenar de los oradores y de los estrategas la oportunidad de hacer a tiempo, están a tiempo, de hacer a tiempo cada una de las empresas oportunidad que muchas veces la fortuna prepara aun a los perezosos en contra de los que aplican la mente y ponen esfuerzos ni era posible traficar con la mutua concordia y con la desconfianza para con los tiranos y los bárbaros, en una palabra, con ninguna de semejantes cosas.

Ahora en cambio, ahora en cambio todas ellas se adquieren con la facilidad con que hacemos las compras en el mercado.

Está hablando hace 2 mil años."

Termino diciendo, en los régimenes democráticos aún las mayorías tienen la convicción de que su voluntad, de que su inteligencia no está enajenada a nadie, sino al pueblo. Demuéstrenlo, señores priístas.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Moreno Collado para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con su venia, señor Presidente:

Pedí la palabra por alusiones personales, obviamente no por la referencia a ese discurso de hace 2 mil años, sino porque al principio de su intervención Mauro hizo mención de mi nombre haciendo una pregunta que quiero contestarle, espero que este estoconazo sea suficientemente certero.

Preguntaba Mauro que, ¿qué diferencia podría haber en la petición?, entre la petición de un solo legislador y la petición de un número calificado en los términos en que lo señala la Constitución, que por eso no podría quedar reducida la interpretación a que es un simple derecho de petición y yo le voy a responder cómo jurídicamente es clarísimo el precepto, porque gramaticalmente como debe de hacerse la primera interpretación no tiene duda.

A lo que tienen derecho la mitad de los senadores y la cuarta parte de los diputados en sus respectivas cámaras, es a pedir a la Cámara o sea a su Asamblea, la constitución de una comisión investigadora, comisión investigadora cuyo objeto, cuyo propósito es el de investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

¿Qué ocurriría si un diputado o un senador en su Cámara, hiciera la petición correspondiente? Obviamente tendría que ser desechada por improcedente y aquí tenemos que distinguir entre el derecho a pedir y el derecho a lo pedido, entre el derecho de acción y el derecho a la resolución de lo que se pide; son dos cosas distintas que las teorías jurídicas han resuelto desde hace mucho tiempo...

El Presidente:

Si permite una pregunta de parte del diputado Mauro González Luna.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Si me descuentan mi tiempo, con mucho gusto, Mauro.

El Presidente:

Adelante, diputado Mauro González Luna.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

¿Cuál es el fundamento para decir que seria improcedente la petición de un solo diputado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Porque es obvio lo que dice el texto de la Constitución. El texto de la Constitución dice que estas comisiones y si me permiten lo leeré, aunque gaste yo un poquito de mi tiempo, porque no hay la menor duda de lo que dice el texto de la Constitución.

Dice: "las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria".

Este es un derecho de petición que está condicionado al número de legisladores que lo soliciten, de manera que menos de 125 legisladores en la Cámara de Diputados o menos de 64 senadores en la Cámara alta, no tendrían derecho a que se les resolviera favorablemente. Tienen derecho a pedir, pero no tienen derecho a lo pedido y desde el punto de vista jurídico, la teoría jurídica en todos los sentidos, distingue entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, de tal manera que no hay la menor duda de que sin restarle derecho a la petición, no tienen derecho a lo pedido. Esa es una parte.

En segundo lugar..

El Presidente:

Permítame diputado; compañeros diputados:

Les suplico guarden el orden y la compostura que requiere esta legislatura. Adelante diputado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

En segundo lugar, compañero diputado Mauro González Luna, sin ampulosidad, sin citar a los grandes oradores de hace 2 mil años, yo quiero modestamente referirme sólo a lo que dice el texto de nuestra legislación. El texto de nuestra legislación señala en el articulo 158 lo siguiente: "todas las votaciones se verificarán por mayoría absoluta a no ser en aquellos casos en que la Constitución y este reglamento exigen las dos terceras partes de los votos", lo cual significa que para formar una comisión se tiene que lograr la aprobación de la mayoría absoluta de una Cámara, que sería en el caso de los diputados 251 y en el caso de los senadores 65 y su pregunta está ahí respondida.

¿Cuál es el caso que se haya pedido la mitad de los senadores para que proceda la petición? Pues el caso está en que ése es el número mínimo para pedir, pero el número mínimo para aprobar es de 65 y por lo tanto 64 seguirá siendo siempre, aunque sea la mitad, una minoría en relación con el voto que se requiere para formar una comisión.

Esto debe entenderse a la luz de la razón. Este es el razonamiento jurídico; éste es el verdadero debate, el jurídico y no el debate que entraña exclusivamente emocional.

Tenemos que señalar lo siguiente, para concluir mi respuesta a su pregunta: no hay en la interpretación que estamos haciendo del texto del articulo 93 constitucional ninguna actitud aviesa, ningún afán de complicidad. Queremos y exigimos que con base en esas y todas las investigaciones que procedan, se pueda de inmediato actuar para que los culpables paguen sus deudas, paguen sus culpas y lo hagan en los términos que la ley lo determina.

No somos los priístas cómplices de nadie; no solapamos a nadie, pero lo que no podemos es convertirnos aquí en cómplices de una actitud que lo que quiere hacer es conculcar el derecho democrático de las mayorías en el Congreso, porque nosotros también respondemos al pueblo. Detrás de la mayoría del PRI está la mayoría de los votos populares, están la mayoría de los ciudadanos de este país y ellos nos han respaldado y si no, nos remitimos a la prueba.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza (desde su curul):

Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado.

Para contestar alusiones personales el diputado Mauro González Luna.

Señores diputados, favor de guardar silencio para escuchar al orador.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Muchas gracias.

Decían que el fin... Señor Presidente, por favor consulte a los que están gritando si quieren hacer una pregunta o pasar a hablar.

El Presidente:

Señor orador, por favor, usted pidió la palabra para contestar alusiones personales, haga favor de hacer uso de su derecho.

El diputado Jose Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Lo que está en juego, mexicanas y mexicanos, no es la comisión de la Conasupo; lo que está en juego es el decoro, la vergüenza, la dignidad de un pueblo humillado, eso es lo que está en juego y ustedes por desgracia, priístas, se obstinan en burlarse de ese decoro, de esa dignidad del pueblo de México.

Lo que está en juego es la definición hoy, no mañana, de si están ustedes con el pueblo o contra el pueblo. Si ustedes, a través de toda esa serie de falacias que le llaman argumentos, insisten en violentar la Constitución, pronto pagarán al precio: el repudio del pueblo, de la historia, de sus hijos, de sus hijas.

Es el tema, por eso digo que es lo que está en juego y voy a argumentar a favor de la lógica y no de la sofistica aquí hábilmente representada hace unos instantes.

Se dice que sólo es un derecho de petición y que la aprobación, la reforma al artículo 93 impide, obsérvese la aberración del argumento, impide que un solo diputado, haciendo uso de su derecho constitucional, pueda solicitar al pleno de la Cámara, aquí o en el Senado, la integración de cualquier comisión especial o de investigación, como se hacia previamente a la reforma de 1977.

Esta interpretación nos lleva al absurdo de que en lugar de ser un avance fue un retroceso la reforma del último párrafo o la adición del último párrafo del 93 constitucional. ¿En qué cabeza cabe esa interpretación.

La diferencia, diputado Moreno Collado, la diferencia es que cuando solicitan la mitad de los senadores, por ejemplo en el Senado, la integración, el pleno del Senado, la otra mitad, porque aquí no se puede hablar de mayoría o minoría, la otra mitad se ve vinculada, se ve obligada a instrumentar la decisión de la mitad del Senado, por ejemplo. ¿Dónde puede, desde el punto de vista lógico, aritmético, obtenerse mayoría en el Senado, si es la mitad la que lo solicita.

Luego, a mayoría de razón el sentido de la reforma es que vincula a la Cámara, tanto de Senadores como de Diputados, según corresponda. La diferencia cuando un solo diputado lo hace, es que si se requiere de mayoría del pleno, aquí o en el Senado, para resolver al respecto.

Diputado Moreno Collado, no es posible recurrir a ningún argumento de tipo lógico para desvirtuar esta verdad constitucional. De otra manera seria aberrante, absurda, la reforma constitucional de 1977.

Se había alegado en aquella ocasión para mejorar la redacción de la fracción lll, que seria mejor hablar de resolución y no de solicitud, pero la finalidad era sólo mejorar la redacción, nunca desnaturalizar el sentido lógico de esta visión que no puede ser interpretada como un retroceso que sería la conclusión a la que nos llevaría la aprobación por el pleno de la disolución de esta comisión.

Apelo de una vez por todas a su sentido común, a su lógica, a su vergüenza. Pero considerando que es inútil hacer esta apelación, muy pronto pagarán el precio, ya lo están pagando. ¡Déjennos progresar al pueblo de México! ¡Váyanse a otro lado:

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del PT.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señor Presidente.

Espero no usar ni siquiera los cinco minutos. Yo no voy a hacer referencia a mucho tiempo atrás, porque creo que es válido reclamar a los... Si, hace 2 mil años, compañero, usted algún día pasará a la tribuna, espero, porque sólo se la ha pasado gritando toda la legislatura, pero modestamente me voy a referir a sólo hace 10 meses y 10 días en esta misma tribuna.

En esta tribuna, al respecto de la petición para la creación de la comisión, se señaló lo siguiente, Diario de los Debates del 28 de noviembre de 1995, la petición de la comisión, rectificando la petición original hecha por el diputado Aguilar Zinser, o sea, para que ésta fuera correcta, se señaló: "...tiene que formularse por escrito, tiene que precisarse el motivo de la petición y objeto de la comisión; debe ir acompañado el escrito de las firmas de la cuarta parte de los integrantes, no de los asistentes, por lo tanto de 125 diputados y luego ajustarse a nuestra Ley Orgánica, cuyo articulo 45 dice: Una vez que se apruebe que se integre la comisión, hay que aplicar el artículo 45, que se refiere a la Comisión de Régimen Interno, en cuya parte respectiva dice, en su inciso dos: Proponer a los integrantes de las comisiones y comités".

Por lo tanto, el trámite que se deba dar al escrito, acompañando las 125 firmas de diputados, es de envío a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica, para que ésta proponga la integración de la comisión correspondiente. Si no se aplica de esta manera la ley, se estará violando el procedimiento que le corresponde a estos asuntos.

Tenemos que hacerlo conforme lo determina nuestra Ley Orgánica, que esta en vigor.

La Ley Orgánica lo dice con toda precisión: "...que corresponde a la Comisión de Régimen Interno proponer a los integrantes de las comisiones y comités". No dice que con excepción de la comisión a la que se refiere el tercer párrafo .

De tal manera que el procedimiento, señor Presidente, tiene que ser el que determina nuestra Ley Orgánica.

Esto se señaló en función de que el diputado Leonel Godoy propuso que se votara la integración de la comisión.

La comisión, compañeros, nunca se votó en este pleno, se le dio el trámite de mandarla a la Comisión de Concertación para que la integrara, nunca fue decisión de este pleno en mayoría votar la comisión, porque según esta apreciación era un derecho que no podía negarse y así se constituyó. Revisen el Diario de los Debates, no hubo votación.

¿Quién argumentó esto? El diputado Moreno Collado. Yo respeto su derecho a rectificar, pero me parece que cuando se rectifica, en el fondo del asunto es una interpretación legal, una vez para decir que ése es el procedimiento y que no hay lugar a discusión, si así se lleva a cabo, porque el final de esa sesión fue ésta: Túrnese a la Comisión de Régimen Interno. Hoy se pretende que el trámite a futuro es el de la votación en este pleno.

Compañeros: ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en una ocasión: túrnese; o el PRI sustituyó la voluntad de 108 diputados para hacer la mayoría ex oficio; los 143 más 108 para hacer la mayoría, eso lo sustituyó el PRI? No, creo que se interpretó como lo demuestra el acta respectiva, que era un derecho de petición que no podía ser negada. Es el trámite que se le dio, es el trámite que corresponde y ya está suficientemente argumentado, que no hay razón jurídica, Politica ni moral, para actuar de otra manera.

¿Quieren rectificar, compañeros del PRI, en sentido contrario, en retroceso?, háganlo. Pero no digan que es otro el procedimiento, porque fue avalado y nunca fue votado sino aceptado por este pleno, tácitamente aceptando el procedimiento.

Gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente:

Vengo a refrescar la memoria del procedimiento que se siguió en la sesión aquella de hace 10 meses 10 días, como señaló Eduardo. La petición que se hizo en aquella ocasión fue, que se tramitara la petición de la integración de la comisión con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento, artículos que ordenan que en caso de aceptarse la propuesta, tiene que enviarse a la comisión correspondiente, que sea la facultada para resolver.

Y en esa virtud, antes de resolver lo que se contenía en esa propuesta, se envió a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y ésta en respuesta de esa solicitud y de ese envío, de ese turno, fundó su resolución, dividiendo en dos conceptos la misma: primero, aceptando y proponiendo la integración de la Comisión de Investigación y por ello...

El Presidente:

Señor orador, señor diputado: la diputada Luna Parra pide hacerle una pregunta, ¿acepta usted.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Voy a concluir este argumento y en seguida con mucho gusto.

...Y se leyó en estos términos el encabezado, para no tardamos demasiado, dice así: "honorable Asamblea. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la Asamblea a los siguientes diputados para la integración de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus Empresas Filiales".

En esta virtud, junto con la integración por nombres de esta comisión, está incorporada la propuesta de que proceda la integración de la comisión, obviamente, porque ése fue el trámite que dio origen a la intervención de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica. Por eso no hubo una discusión previa aquí, en el entendido de que cuando la comisión resolviera sobre la integración, está resolviendo, obviamente, sobre la procedencia de la existencia, de la composición, de la existencia de una comisión en ese sentido, investigadora que tiene un carácter estrictamente transitorio.

Por esta virtud, no es válida esa discusión, no es válido que se señale que fue la determinación de una minoría. La determinación fue, determinación de la Asamblea y lo que la Asamblea determinó para constituir es también el derecho que tiene la propia Asamblea para determinar si ha acabado la función correspondiente de la comisión de la Conasupo.

El Presidente:

La diputada Luna Parra le va a formular su pregunta, señor diputado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Con mucho gusto, diputada.

La diputada Adriana: María: Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):

Señor diputado Moreno Collado: usted argumenta que representan la mayoría, con el argumento o el compromiso ante sus representados. ¿Usted ha preguntado a sus representados si están de acuerdo en que se eche tierra a la comisión de la Conasupo.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señora diputada: los diputados priístas y en lo personal yo, porque a mí me está usted preguntando, somos sumamente respetuosos de nuestros electores y atendemos lo que los electores nos han instruido desde el dia de las elecciones, durante nuestras campañas y lo que la opinión pública determina cotidianamente. Nosotros no hemos hecho esas preguntas de la misma manera que estoy seguro que ustedes no han hecho una pregunta en sentido contrario. Somos representantes y como representantes, yo como representante asumo la responsabilidad de mi representación.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):

En la asamblea de su partido se habló en contra de la corrupción...

El Presidente:

Señora diputada: era una pregunta, no era un diálogo.

Tiene la palabra, para contestar alusiones, el diputado Eduardo Guzmán, del Partido del Trabajo.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Compañero diputado:

Efectivamente dice para la integración, los miembros de la comisión, no para constituir la comisión y nada más quiero señalar, a mayor abundamiento, en esa sesión del 28 de noviembre el diputado Leonel Godoy, al final de esa discusión, antes de que se presentara el escrito, señaló claramente. Hemos constituido una comisión y está en el Diario de los Debates. No hubo objeción en ese momento de ningún legislador a esta afirmación; afirmación que obviamente se hizo en función de lo previamente expuesto por el diputado Moreno Collado. Eso es lo que dice el Diario de los Debates y la determinación de la Comisión de Régimen Interno es para los integrantes de una comisión que estaba fuera de discusión, ya había sido constituida al cubrir el requisito.

Entonces si no era procedente, en el momento que un compañero legislador hiciera esa afirmación tendría que haberse objetado; no se objetó y desde mi punto de vista queda muy claro que fue porque la argumentación que se dio fue en el sentido que se había cubierto el requisito y que sólo faltaba nombrar a sus integrantes, porque el debate también era, si aquí junto con la propuesta se nombraban aquí los integrantes y a eso fue a lo que se dijo que no. Ciertamente fundamentar en lugar de los artículos 50 y tantos al 93. Pero también desechar que aquí se nombraran los integrantes de la comisión.

Y esto consta y nadie lo objetó. Insisto, si hoy se opina de otra manera para dejar el precedente hacia el futuro, es su responsabilidad y tendrán que asimilar.

Gracias.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Jorge Efraín :Moreno Collado (desde su curul):

Para contestar alusiones personales.

El presidente:

Para contestar alusiones personales hasta por cinco minutos, el diputado Moreno Collado.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señores diputados:

Tengo en mi poder el documento, copia del documento que dio origen a la solicitud y a todo el trámite para la creación de la comisión.

Voy a darle lectura. Este fue el documento que presentaron, voy a dejarlo nuevamente en la Secretaría si es necesario, para que cotejen lo correspondiente. Dice:

"Señor Presidente de la Cámara de Diputados. Presente.

Los abajo firmantes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 93 párrafo III constitucional y 58 y 59 y relativos del Reglamento Interior para el Congreso General, atentamente solicitamos: se integre una comisión para investigar el funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, tomando en cuenta la diversa información sobre presuntas irregularidades.

Por lo expuesto, atentamente solicitamos se sirva:

Unico. Dar trámite a esta petición.

Salón de Sesiones.-México, D.F., a 28 de noviembre de 1995.- Prueba documental, firmas que están aquí al calce; firmas que están acá y trámite al canto que dice: túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política--Noviembre 28 de 1995.

Una prueba irrefutable como ésta, no puede ser contravenida por la mala memoria de algunos diputados.

El Presidente:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interno, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del dia.

Para contestar alusiones personales el diputado Leonel Godoy, hasta por cinco minutos.

El diputado Leonel Godoy Rangel:

Señor Presidente, muchas gracias.

Quisiera aclarar, porque es necesario, por respeto a la Asamblea y a nuestra normatividad, que yo pedí la palabra para alusiones personales, no porque me haya aludido el diputado Moreno Collado, que él a su vez la había pedido por alusiones personales, que le hizo el diputado Eduardo Guzmán. Entonces yo hice el mismo uso de ese derecho en virtud de que yo tenía también esa posibilidad, nada más que en el orden, de acuerdo al Reglamento, le correspondía primero al diputado Moreno Collado, que fue el que pidió primero la palabra para alusiones personales. Entonces le suplico al diputado Alejandro Zapata, me disculpe pero se respetó el Reglamento en este sentido y solicito a la mesa que me descuente el tiempo utilizado. Voy a ser breve de todas maneras.

Miren, yo hago uso de la palabra, compañeras diputadas y compañeros diputados, por dos razones motivadas de la intervención del diputado Moreno Collado.

La primera es para que quede asentada la expresión del mismo, de que una vez hecha una petición de un grupo de diputados en términos del artículo 93 constitucional, él aquí afirmó y es lo que quiero que quede asentado en el Diario de los Debates, subrayado en el Diario de los Debates, él aceptó que una vez hecha esta petición, la Cámara de Diputados simplemente procedió a turnarla a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en virtud de que dio por cierto, entonces, los argumentos que aquí aludieron desde el inicio de este debate, el diputado González Alcocer y el diputado Adolfo Aguilar Zinser, de que a la petición de una cuarta parte de los diputados, en los términos del 93, simplemente se le tiene que dar trámite.

Así es como lo afirmó el diputado Moreno Collado y entonces significa, por lo tanto, que tienen razón lo que dijeron en un principio, en las palabras del diputado Moreno Collado, que esa cuarta parte simplemente solicita y a la Cámara se le restringe su facultad de nombrar y tiene la obligación de aceptar, dado de que efectivamente no se votó esa propuesta que se dio aquí y se turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Y luego, la segunda parte que me parece que debe de corregirse también, es en la que él se refiere, primero diciendo una cosa y después contradiciéndose con la segunda. Dice:

"La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política recibió el turno que le dio el pleno de la Cámara, para que la Cámara, nombrara los integrantes de esta comisión en los términos del artículo respectivo de la Ley Orgánica en su fracción 1~. Que faculta a la Comisión de Régimen Interno a normar los integrantes de las comisiones respectivas. Y a renglón seguido señala de inmediato el diputado:

"Y esta integración que hizo la Comisión de Régimen Interno, lo trajo al pleno, lo dio a conocer en virtud de que una vez que esta comisión nombró los integrantes, se dio por hecho que ya estaba por lo tanto integrada la comisión investigadora que dispone el artículo 931'. ¡Esto no es cierto! Es el pleno que acepta, en todo caso, una petición de la minoría o es el pleno el que aprueba la petición que hace una cuarta parte en los términos del artículo 93.

Pero nunca será facultad de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, aprobar las comisiones, sustituir al pleno y por lo tanto, lo que hizo la Comisión de Régimen Interno, simplemente fue aceptar la interpretación que en un principio han estado dando aquí los diputados de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Adolfo Aguilar Zinser y eso es lo que debe de quedar subrayado. No es una posición que ese día, por cierto, asumiera yo al exigir que se votara en el pleno la aprobación de esta comisión especial en los términos del artículo 93 constitucional. Pero vino a decirlo el diputado Moreno Collado y a confesión de parte, relevo de pruebas y por lo tanto no puede el pleno en esa interpretación disolver una comisión por los argumentos que ya dieron en su momento el diputado González Alcocer, Aguilar Zinser y Mauro González Luna.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

El diputado Alejando Zapata Perogordo, tiene la palabra.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Honorable Asamblea; compañeros:

Se ha estado hablando mucho sobre la interpretación y alcance del artículo 93 constitucional en su tercer párrafo. Y dentro de los debatesse han ido estableciendo dos posiciones: la que hemos sostenido nosotros en Acción Nacional, que ése es uno de los derechos de una parte de la Cámara, que si se habla del 25% obviamente es una minoría del total y por eso le hemos llamado o denominado un derecho de minoría.

Si bien se ha argumentado de que el articulo 93 habla de un derecho de petición y adicionalmente que también tenemos que sujetarnos a los principios constitucionales, bueno pues yo quiero también afirmar que si sobre este particular hablamos efectivamente podemos establecer un derecho de petición, pero que también la propia Cámara tiene que sujetarse a los principios constitucionales; es decir, no puede ser una decisión discrecional, sino que forzosamente tendrá que verificar, si así se hubiera hecho El procedimiento, los requisitos de procedibilidad.

Simple y sencillamente nada más de que se cumpliera con la firma de los 125 diputados, el objeto que fuera una investigación a una paraestatal o a una empresa descentralizada y con ello conformar la comisión.

Sin embargo, existe la otra posición de la situación de intervenir la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Como adecuadamente creo que lo documentó el compañero diputado Jorge Moreno Collado y sobre de ese particular exhibe un testimonio que por supuesto no objetamos, sino que por el contrario lo avalamos, de que se le dio un trámite diverso al que establece la Constitución y del cual nosotros consideramos que ése era el espíritu y licencia del trámite que se le debía dar, excepto que si se va desde un punto de vista, una interpretación, netamente gramatical se va a perder la esencia del espíritu del legislador cuando la hizo.

Pero en el caso de que esté sosteniendo, quien argumenta aquí, la interpretación gramatical del artículo 93, en el sentido de que es facultad de la Cámara de integrar la comisión y se le dio un trámite diverso, entonces nos encontramos que existe una nulidad, porque no se integró originariamente, a como ellos han sostenido, la comisión por el pleno de la Cámara. Y al no integrarse la comisión por el pleno de la Cámara entonces es una comisión que constitucionalmente no existe y si constitucionalmente no existe, difícilmente podemos hablar de los trabajos que han realizado.

Estaríamos hablando de que fue la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política quien creó, a petición de un grupo minoritario esa comisión y dio aviso al pleno.

Si vamos sobre ese particular entonces sí coincide la posición de Acción Nacional, en que se refiere a un derecho de minoría y por lo tanto ése es el espíritu que nosotros hemos estado sosteniendo; que es un derecho de minoría y que un derecho de minoría que no puede quitarlo la voluntad de una mayoría, sino se puede quitar a través de una razón que implique que ha concluido realmente un trabajo sujeto en un acuerdo de esa propia minoría.

Así pues, si se sostiene lo que dice el Partido Revolucionario Institucional, pues entonces subsiste el derecho de minoría.

Por otro lado, si se sostiene la interpretación gramatical que se le pretende dar al artículo 93, estaríamos hablando de que no existe la comisión más, sin embargo, si la petición y eso tendría que subsanarse.

Gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

A las 14:00 horas solicité al Presidente de la Cámara me permitiera hacer uso de la palabra en la lista de oradores, 2 horas y 12 minutos después todavía no hay posibilidades de que los oradores anotados en el orden del día para el tema, podamos intervenir, porque de pronto el tema saltado por el debate parlamentario y las alusiones personales y los hechos, sin que los miembros de la comisión podamos tener oportunidad de aportar al debate algunos elementos, por eso pido, señor Presidente, con todo respeto, si me permite hacer uso de la palabra en los términos iniciales para poder hacer uso de mi derecho a intervenir y no para hechos.

El Presidente:

Unicamente está anotado antes, para rectificación de hechos el diputado Tonatiuh Bravo, no sé si esté de acuerdo en ceder el turno.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Sí, se lo cedo.

El Presidente:

Bien, adelante señor diputado.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Bien, compañeras y compañeros, yo debo felicitar a los estrategas del grupo parlamentario del PRI, que brillantemente han logrado que este pleno de la Cámara de Diputados lleve más de cuatro horas discutiendo un asunto que es la tercera edición de un debate que como aquí se ha recordado, se dio desde 1977, continuó en 1989 y ahora se da en 1996.

No digo que no sea importante que se haya debatido aquí hasta el cansancio la interpretación del artículo 93 constitucional y los siguientes procedimientos reglamentarios de esta Cámara; digo que intencionalmente se ha desviado el fondo de la discusión sobre la comisión de la Conasupo para llevar a los grupos parlamentarios a discutir asuntos de procedimiento o de interpretación constitucional.

Esta Cámara no está debatiendo de cero, aunque algunos compañeros, quizá, porque son por primera vez diputados crean que es el debate fundamental. El artículo 93 viene de una larga discusión que consta, incluso en el Diarios de los Debates con resoluciones que todo mundo conocemos porque ésta es la tercera comisión de Investigación que se forma, antes hubo la de Banpesca y la de la Comisión Federal de Electricidad.

Por eso yo lamento mucho tener que intervenir hasta ahora después de tantos oradores, porque me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por localizar cuál es el fondo del problema que tiene la Cámara de Diputados, no el PRI sino la Cámara, sus cuatro grupos parlamentarios respecto a esta comisión.

Y voy a decir algunas cosas compañeros que me parece que estoy obligado a decir aquí porque las he dicho en las sesiones de la comisión y me parece que pecaría de cobardía si digo en privado algo que no esté dispuesto a sostener públicamente ante esta tribuna.

La comisión de la Conasupo, compañeras y compañeros, la invención de esta Cámara por propuesta de más de 125 diputados y por aceptación de la mayoría, la invención de investigar a la empresa Conasupo y sus filiales, particularmente durante el periodo que Raúl Salinas fue funcionario de esta empresa, quedó atrapada lamentablemente en una disyuntiva muy grave y aquí creo que todos tenemos responsabilidades, unos menos y otros más.

Cuál fue esta disyuntiva en la que nos quedamos atrapados, porque la comisión no pudo llevar a la práctica una investigación sería, profesional, profunda que localizara desviaciones, irregularidades, corruptelas, robos, en esa empresa. Tengo la impresión, compañeros, que quedó atrapada esta comisión en una disyuntiva de la siguiente manera: o la comisión derivaba en un instrumento de golpeteo político contra el PRI y contra el Gobierno Federal solamente o derivada en un instrumento de encubrimiento hacia funcionarios que tienen responsabilidades y que se tuvieron cerca de Raúl Salinas y algunos otros ni siquiera estuvieron cerca pero participaron de estas irregularidades.

Es dramático cómo una Comisión de tal importancia se fue encajonando en estas dos alternativas por la vía de la dinámica, pero también por la vía de hechos políticos que ocurrieron al interior de la comisión y que ocurrieron en esta Cámara. ¿Cuáles son estos?

Primero, desde la primera sesión de la comisión hubo la preocupación, el temor de que las investigaciones llegaran hasta a personajes que hace muy pocos años eran funcionarios de primer nivel en el gabinete y que podían ser llamados para responder por sus hechos y por sus actos como funcionarios. Tengo la convicción y lo dije en la comisión, de que varios de estos funcionarios lograron a través de diputados del PRI en la comisión investigadora, ser representados, es decir, nos cubrió una red de intereses, una red en donde algunos diputados lamentablemente se prestaron a ello para que las comisiones, la comisión de investigación no llegara hasta esos nombres, no llegara hasta ciertos hechos.

Sí compañeros, sí, hay nombres aunque no les guste. Hay nombres que podemos repetir aquí porque lo dijimos hasta la saciedad en la comisión, que con su comportamiento, con sus argumentos, con sus maniobras parlamentarias en la comisión impidieron que pudiéramos empezar responsable y profesionalmente a investigar lo que el pleno nos encomendó. Aquí está un diputado, que no es un ataque personal diputado, no sería capaz de hacerlo, es un hecho político, tengo la impresión y puedo sostenerlo aquí, que con su actitud, su comportamiento, sus argumentos, diputados como el diputado Rodríguez y Rodríguez se convirtieron prácticamente en encubridores de funcionarios que pudieron haber sido citados para responder por sus acciones.

Pero hubo otros hechos también y debo decirlo con franqueza, porque se los dije a los compañeros de Acción Nacional en la comisión. Cuando hubo posibilidad de que algunas de las líneas de investigación pudieran tener algunos elementos de prueba suficiente como para que se incluyeran en un resolutivo en un informe general y se turnaran a la Procuraduría General de la República, hubo opiniones en contra de diputados de Acción Nacional.

Hubo opiniones de que no era conveniente, que había que mantener aquí, en la Cámara, las investigaciones y no turnar previamente o al final hacia otra parte, yo me lo explico, me lo explico claramente compañeros. Políticamente, desde el punto de vista de la opinión pública, una opinión pública agraviada, molesta, con rencor por lo que ha ocurrido y el saqueo que ha ocurrido en este país, tendría que tener también exigencias en el caso de que esta Cámara trasladara líneas de investigación hacia la Procuraduría.

¿Y cuáles son los resultados que hemos obtenido de la Procuraduría hasta ahora? Yo les pregunto a los compañeros de Acción Nacional, con franqueza, están orgullosos, pueden salir a la calle a decir "el Procurador es de nuestro partido", porque cosas que han llegado ahí, denuncias que se han presentado se han fincado responsabilidades, se ha llegado hasta las últimas consecuencias, se ha hecho un trabajo infinitamente superior al que han hecho procuradores del PRI. Yo digo que no, yo digo que no compañeros y obviamente es más fácil, es políticamente más conveniente mantener la investigación en la Cámara, porque significa un instrumento de golpeteo político contra el Gobierno y contra el PRI, que llevarlo a quien sí tiene facultades de investigación, sí puede llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones y sí puede fincar responsabilidades, cosa que no ha hecho hasta ahora. Eso es cierto.

Hay un elemento entonces que se nos atravesó también, un tercer elemento compañeros y no creo decir nada nuevo si lo recuerdo. A los problemas en la comisión, que tuvimos muchos, a los obstáculos, a la franca actitud de encubrimiento de varios diputados, a la terquedad por impedir que los diputados pudiéramos entrar a investigar directamente, llegaron al extremo, incluso de prohibir expresamente que los diputados pudiéramos tener acceso a la documentación, derecho que si se les dio a los despachos que se contrataron, hubo un asunto de todos conocido que tensó las relaciones en la comisión y que llevó a un debate muy áspero en los medios nacionales e internacionales. ¿Cuál fue?

Un diputado de la comisión, un diputado independiente, el diputado Adolfo Aguilar, localizó una línea de investigación, un pago que era necesario esclarecer perfectamente, pero que tenía un problema: mencionaba al actual Presidente de la República, lo mencionaba.

Tal vez y es un asunto de conciencia de Adolfo Aguilar, nuestro compañero va a tardar tiempo en tener que analizar cuáles fueron las consecuencias políticas de haber planteado el tema del pago indebido a Maseca como lo planteó, porque lo hizo ante la prensa extranjera, porque lo hizo como una decisión valiente, pero individual, porque lo hizo porque consideró que tenia algo tan importante que podía llevarlo a cabo solo, con su carácter de diputado y su valentía personal hasta las últimas consecuencias, y cuando lo hizo así, la reacción no se dejó esperar, una reacción lamentable compañeros. Se convirtió a Adolfo Aguilar por ese simple hecho de haber presentado esta línea, prácticamente en el enemigo político principal del Presidente de la República.

El hombre que había que acosar, que amenazar, que señalar, que decirle, incluso aquí lo dijo un Secretario de Estado, que llegaba a ser traidor a la patria por haber mencionado este tema en un periódico de los Estados Unidos.

Lo dijimos una vez en la comisión a la una de la mañana; Adolfo lo ha de recordar perfectamente, porque no fue sencillo escuchar, de mi parte o con palabras mías lo que le dije No le convino a la comisión, nunca, que el asunto del pago indebido a Maseca se personalizara con un pleito del Presidente con un diputado de esta Cámara. No le convino, no fue favorable, porque esto llevó a que muchos funcionarios del Gobierno y muchos diputados de aquí, queriendo quedar bien con el Presidente y colgarse esa medalla de ser defensores del Presidente, pecaron de excesos en el trato con un diputado de esta Cámara, de excesos.

El propio vocero de la Secretaría de Gobernación, el propio Secretario de Gobernación y llevaron este asunto a un problema casi, casi de seguridad nacional. Al Presidente no se le puede involucrar en un pago indebido que ocurrió durante el salinismo.

Compañeros, en ese momento todo el aparato del Estado, todo el aparato del Gobierno, con o sin conocimiento del presidente Zedillo, se volcó contra un diputado al que convirtieron en el enemigo principal al que había que acabar, pero junto con ello fueron procesando inmediatamente la otra decisión. ¿Cuál fue ésta? Cerremos a como dé lugar y con el costo político que sea necesario, la comisión de la Conasupo, cerrémoslo, porque es una decisión política de alto nivel.

¿Dónde quedó, compañeros, el compromiso de muchos diputados que nos decían en la comisión: Raúl Salinas tuvo responsabilidades, fue excesivo lo que hizo, todo mundo sabíamos de sus negocios, hay que señalarlo y fincarle responsabilidades a él y a sus cómplices? ¿Dónde quedó? Esas personas han terminado siendo beneficiarias de este asunto, porque habiendo estado en la mira de la comisión para ser investigados, aún con aceptación de muchos diputados del PRI, hoy son beneficiarios del encubrimiento al dar por terminada esta comisión y ése es el problema de fondo, ése es el problema de fondo de la comisión de la Conasupo, compañeros.

Discúlpenme, me parece que el asunto de procedimiento es un asunto en donde el PRI nos metió con mucha habilidad a discutir asuntos de interpretación que no son nuevos, tienen mucho tiempo discutiéndose, desde 1977.

Hoy en esta Cámara nadie gana, compañeros, con la conclusión de las actividades de la comisión investigadora, nadie gana. No gana el PRI, porque está pagando un costo enorme ante la opinión pública, que se pregunta, ¿por qué la comisión va a cerrarse sin haber llegado a conclusiones importantes? No gana la oposición, compañeros, porque lo que podamos decir hoy aquí puede ser asunto de prensa de mañana o pasado, pero lo que estamos haciendo aquí, a lo que estamos acudiendo es al cercenamiento de una facultad de la Cámara para poder investigar empresas de participación estatal.

En lo que todos podemos estar de acuerdo, pero que la forma como se condujo la investigación de la Conasupo puede llevar a que se cercene esta facultad, lo cual sería muy grave y lo cual sí tendríamos que discutir.

No gana la gente que desde el Gobierno nos dijo, desde un principio, no queremos encubrir a nadie. El asunto de los negocios de Raúl huele y huele muy mal, aquí están los archivos. Investiguen y finquen responsabilidades.

Ellos no ganan, compañeros, tampoco, porque esos funcionarios, Mosconi en la Conasupo y otros más, hoy aparecen ante la opinión pública como encubridores del salinismo, como encubridores de Raúl, como encubridores de Jordano, como copartícipes del saqueo que hicieron en esta empresa durante varios años, durante el sexenio De la Madrid y durante el sexenio de Carlos Salinas.

¿Quién gana entonces?, ganan los pillos, ganan los corruptos, ganan quienes en esta discusión que tenemos se acomodan a la conveniencia política y se escudan en la protección que se le pretende dar al presidente Ernesto Zedillo.

Casi casi dicen: si no se investiga al Presidente, entonces a nadie y borrón y cuenta nueva. Eso es lo que está haciendo esta comisión, eso es lo grave, compañeros, eso es lo grave y nosotros lo digo con franqueza obviamente que estamos tratando de hacerles pagar un costo político a los priístas por haber cerrado la comisión, obviamente.

Creo que es explicable desde el punto de vista político, porque la opinión pública es una opinión pública que nos exige, que está atenta, que requiere explicaciones.

El Presidente:

Señor diputado, su tiempo ha concluido, redondeé por favor.

El diputado Carlos Navarrete Ruiz:

Gracias, compañero Presidente:

Como es costumbre ya, en virtud de que los acuerdos parlamentarios no sustituyen las disposiciones reglamentarias, me acojo al 103 de reglamento para continuar hasta por 30 minutos.

Que la comisión es un excelente instrumento para denunciar desviaciones, si lo es, que la comisión sirve para poder justificarse como oposición ante la opinión pública en nuestra lucha en esta Cámara, si lo es. Tan lo es y no digo algo que sea mentira que aquí hay compañeros de un grupo parlamentario que hoy han pasado no menos de cinco o seis veces a discutir vehementemente el asunto del reglamento y del artículo 93, pero que tenemos meses que no los vemos en la comisión la de la Consupo trabajando, meses, quizá más de seis, pero viste, es muy atractivo para la opinión pública decir: allá está la corrupción, y lo más grave es que sí está, lo más grave es que sí hay irregularidades, lo más grave es que sí hay elementos como para haber podido llegar y todavía podemos llegar en un acuerdo parlamentario, a localizar los puntos más dramáticos de la corrupción en la Conasupo y fincar responsabilidades, solamente que para que esto ocurra habría necesidad de un hecho que no ha ocurrido; que como decisión política del presidente Zedillo, hubiera un ajuste de cuentas con el salinismo hasta sus últimas consecuencias; que este régimen se deslindara de lo que ocurrió en el sexenio de Carlos Salinas y que así como tienen a Raúl Salinas en la cárcel acusado de homicidio, de ser autor intelectual, pudieran también fincarle responsabilidades a directores, a subsecretarios, a funcionarios de otro nivel que tuvieron intervención en la desviación de todo esto.

Por eso, compañeros, es muy lamentable que esta decisión del PRI haya llegado hasta los límites de tener que cerrar la investigación con todo lo que hay adentro; han terminado por tirar el agua sucia con el niño dentro; han terminado por defender al Presidente pero, junto con esa defensa, proteger la impunidad de muchos funcionarios que ustedes saben, compañeros del PRI, más que nosotros, ustedes saben perfectamente qué fue lo que hicieron en Liconsa, en Diconsa, en la Conasupo, con la leche, con el grano, con muchas cosas, ustedes lo saben más que nosotros, porque era conocido de muchos de ustedes los excesos del saqueo, del robo y de las irregularidades que cometía Raúl y un grupo de asociados con él.

Por eso, qué lástima, qué lástima que ustedes tengan que llevar a la práctica esta decisión política y qué lástima que con ello contribuyan al cercenamiento de una facultad fundamental de la Cámara.

Ya entraremos a este tema cuando discutamos el asunto del fortalecimiento del Poder Legislativo; ya veremos cómo discutimos el asunto de las comisiones investigadoras dentro de un mes cuando debatamos cómo fortalecemos a la Cámara de Diputados y a la de Senadores.

Ojalá que esta decisión política tan grave que ustedes han venido aquí a imponer, ojalá no sea de un costo mayor que el que pretenden evitar.

Por nuestra parte, creo que tienen que entendernos. Es explicable que nuestra posición sea de un gran vigor, de un gran coraje, de una gran denuncia publica aquí y en los medios, es explicable, porque de lo contrario terminaremos siendo también cómplices de esta decisión política.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

No es mi deseo evidentemente involucrarme en una discusión con el PRD, pero hay alusiones directas al partido que represento, por el diputado Navarrete, que no podemos pasar por alto.

Yo creo que es finalmente el desvío de una discusión en ese sentido lo que en todo caso favorecería a los diputados del PRI y es lo que no queremos.

Nosotros estamos centrados en una discusión constitucional, que yo creo que es muy importante, no sólo por la Comisión Conasupo, que hoy se debate, lo importante de este asunto son los precedentes que puedan sentarse para la formación de cualquier comisión de investigación.

Acción Nacional sostuvo y ha sostenido siempre el de que esta comisión tiene una naturaleza específica y especial que, incluso, en el momento cuando se propuso se corrigió porque venía planteada de otra manera, en donde daba evidencia de que no se entendía cabalmente lo que eran estas comisiones.

Corregimos en ese sentido, con intervención nuestra, la propuesta que se había hecho por el diputado Aguilar Zinser, porque nosotros no podemos sustituir al Ministerio Público, porque nosotros tenemos como comisión investigadora funciones específicas de armar un expediente con los mayores elementos de prueba posibles, porque no es lo mismo en donde terminan estas comisiones, que su fin natural es dar el informe al Ejecutivo Federal, no necesariamente el Ejecutivo Federal tendrá que turnarle a la Procuraduría o a otras autoridades competentes.

El chiste de esta comisión es armar los expedientes y obtener las pruebas suficientes para que se den los elementos constitutivos o presuntos de un delito, de la comisión de un delito, y entregarle así al Ministerio Público, armado algo, no empezar de cero, para eso son estas comisiones de investigación y yo creo que la mala interpretación que se ha dado a la postura de los miembros del Partido Acción Nacional en esta comisión, es por esa razón de que no se ha entendido cabalmente la función de la comisión.

Evidentemente aquí se pide y se dice y se prueba que no han terminado las líneas de investigación, porque no se han hecho así, porque no hay todavía los elementos suficientes como para presentarle al Ministerio Público con pedimento del ejercicio de la acción penal estas circunstancias.

El hecho es de que Acción Nacional siempre apoyará y apoya, la formulación de denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por estos conceptos y lo haremos en su oportunidad.

Es denuncia penal ante la Procuraduría independientemente de lo que haga o deje de hacer el Ejecutivo Federal.

Creo yo que es importante señalar esto y no desviar la atención de la discusión fundamental o central, que creo debemos dar en este recinto.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos el diputado Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional.

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:

Muchas gracias, señor Presidente:

Me parece importante que asumamos en este momento la palabra, pues si el diputado Carlos Navarrete ha expresado una opinión, una apreciación equívoca de cual ha sido el posicionamiento del Partido Acción Nacional, en torno a los verdaderos delitos y faltas que hemos encontrado en la Comisión Conasupo.

Quiero dejar bien claro que la posición del Partido Acción Nacional, ha sido que se rinda un informe completo y así lo mencionamos el día 26 de septiembre durante el debate. Que se rinda un informe que contenga todas y cada una de las irregularidades y los datos encontrados por la comisión, y expusimos que como el informe emitido por el PRI mas no por la comisión, contenía serias omisiones, no dejaría el Ejecutivo de la nación otra más que mandarlo a la Secodadm, en el cual nosotros no creemos que sean donde deban ir estos asuntos y dijimos, necesita ser tan completo el informe de la comisión, para que envíen los expedientes a la Procuraduría General de la República.

Creemos que no se vale que a la Procuraduría solamente lleguen empleados menores. No creemos que se valga, como en el asunto de la leche robada sean personas que ni siquiera tienen domicilio fijo en nuestro país los que se encuentran en la cárcel.

Las investigaciones, señores, apuntan concretamente a gente que el PRI pretende proteger. Apuntan a Raúl Salinas de Gortari, apuntan a Carlos Salinas de Gortari y a Carlos Hank González, entre otros.

Creemos que esas investigaciones deben ser llevadas a su término, para que el informe que emita ahora si la comisión y no solamente en forma unilateral el PRI, proceda inequívocamente el turno a la Procuraduría General de la República.

Diputado Navarrete, muy respetuosamente lo invitamos, a que si en este día impera la irracionalidad, impera la imposición de una mayoría, hagamos los diputados de todos los grupos parlamentarios de oposición, conjuntamente, las denuncias relativas a este asunto a la Procuraduría General de la República, aportando cada uno de los elementos con que contamos. Eso es lo que se merece el pueblo de México.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por quince minutos, tiene la palabra el diputado Ignacio González Rebolledo, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Señor Presidente: me permito hacerle saber que no admito interpelaciones.

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Como el debate sobre el informe final de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus filiales se dio en la sesión del día 26 del mes próximo pasado, habré de referirme exclusivamente al tema a debate el día de hoy y que es, si existe el supuesto derecho de las minorías de crear comisiones investigadoras en términos del tercer párrafo del artículo 93 constitucional.

Si interpretar una norma jurídica es encontrar el sentido y el alcance de la misma, siguiendo el principio universalmente aceptado, de que en primer término hemos de acudir al texto de la norma en cuestión, esto es, a la denominada interpretación literal o gramatical, resulta tan claro el tercer párrafo del artículo 93 de la Carta Magna, que no se requiere ser perito en derecho, sino que, lo único que se necesita es saber leerlo y en este punto me sumo a lo expuesto por el diputado González Luna.

El párrafo tercero dice (artículo 93):

"La Cámara" inmediatamente después va una coma, y ello significa que está dando la clara connotación de que la "Cámara" es el sujeto principal de la oración. Inmediatamente después dice: "... a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de senadores (coma)". Y esto lo podemos, gramaticalmente, encerrar en un paréntesis, porque constituye otra frase aparte. Aquí también habla de sujetos y de verbo. ¿Quiénes son los sujetos?, el número que determina la propia Constitución en un caso de diputados y otro caso de senadores. ¿Y cuál es el verbo?, el pedir, "si a "pedido" de una cuarta parte de sus miembros", en la Cámara de Diputados.

Inmediatamente después de la coma, viene:"... tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento...", etcétera. ¿Quienes tienen la facultad?, evidentemente la tiene las cámaras, por eso le doy la razón al diputado González Luna, es cuestión de sentido común; pero el sentido común que por cierto no es sentido ni es común, tal parece que está brillando ahora por su ausencia.

Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la doctrina. ¿Qué entiende la doctrina por facultad? Ya García Máynez, en la página número 17 de su obra Introducción al Estudio del Derecho, cuando se refiere al derecho subjetivo dice: "no pocos autores definen el derecho subjetivo como la facultad de hacer o de omitir algo. "Esta definición tiene el inconveniente de que el término "facultad" además de su acepción normativa que equivale a: "derecho o posibilidad de obrar lícitamente", puede ser empleado en un sentido enteramente distinto. ¿Y qué dice el diccionario enciclopédico de derecho usual de Cabanellas? "Facultad. En significados más puramente jurídicos, derecho, subjetivo, poder, potestad. Atribuciones. Opción. Licencia o permiso".

La doctrina nos da la razón, es una facultad de las cámaras y si hablamos de facultad, es que puede optar por crear o por no crear dichas comisiones.

El día de hoy no se ha dado un argumento, pero fue dado en otros debates y quiero referirme a él. Se ha dicho que el vocablo "facultad" puede ser utilizado o sustituido por la palabra "atribución". Esto evidentemente no se ha dado en este debate.

El Presidente:

Señor diputado, si acepta una pregunta de la diputada Luna Parra.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Me parece que los diputados están sordos, señor Presidente, porque dije muy claramente al principio de mi intervención, que no aceptaba interpelaciones.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo (desde su curul):

Soy diputada, no diputado.

El diputado Ignacio González Rebolledo:

Diputada o diputado, no acepto interpelaciones.

Facultad pues, es el poder decisorio de actuar en uno o en otro sentido. Dije hace unos momentos que en otros debates se había dicho que el vocablo "facultad" podría ser sustituido por el de atribuciones y pusieron algunos ejemplos en aquella ocasión, invocaron el artículo 73 constitucional que dice:

"El Congreso tiene facultad..." inmediatamente después citaban algunas fracciones y decían, y decían con toda razón, que el Congreso en esos casos tenía la obligación de legislar. Y esto nos tiene que llevar necesariamente a un campo también doctrinario.

Con motivo de la división de poderes es evidente que el Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo, legisla; y el Poder jurisdiccional decide controversias. Pero ésa es la propia naturaleza del órgano creado por la Constitución. Sin embargo, se observó que si bien desde el punto de vista formal algunos actos eran, por ser ejecutados o llevados a cabo por un poder, por ejemplo tendrían que ser actos legislativos, si los llevaba a cabo el Poder Legislativo; se observó el fondo mismo de la cuestión y se llegó a determinar que algunos actos por más que formalmente hubieren sido expedidos por una autoridad, materialmente correspondían a otra autoridad. Y se hizo la división de actos formalmente legislativos y actos materialmente legislativos.

El ejemplo más claro lo tenemos en el poder o facultad que tiene el Ejecutivo, de proveer en la esfera administrativa, a la exacta observancia de las leyes y que lo lleva a cabo a través de los reglamentos.

Un reglamento es formalmente un acto administrativo, pero materialmente es un acto legislativo, porque tanto en el reglamento como en la ley, se crean situaciones generales, abstractas, impersonales y además dotadas de imperio.

El artículo 73 invocado en aquella ocasión, dice, entre otras cosas: "El Congreso tiene facultad:

Fracción I: Para admitir nuevos estados a la Unión Federal".

Primera pregunta: ¿Esta facultad es una obligación?, la respuesta es: no.

Fracción III: Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto...

¿Es esta facultad una obligación?, la respuesta es: no.

Fracción V: Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación.

¿Esta atribución es obligatoria?, la respuesta es: no.

Aquí ya empezamos a bosquejar la solución: aquellas atribuciones que sean materialmente legislativas, nosotros como poder tenemos la obligación de llevarlos a cabo, pero en tratándose de materias, de asuntos que, aunque formalmente son legislativos, materialmente corresponden a otro ámbito, entonces aquí no hay obligación, hay facultad.

Tenemos que preguntarnos si existe o no un instrumento de revisión o control de los actos del Ejecutivo por parte del Legislativo. La respuesta es: sí y está reservada precisamente a la Cámara de Diputados a través de la revisión de la Cuenta Pública y de su órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda.

Consecuentemente, actualizar la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional, requiere no de un acto ordinario y común, ya que éste habrá de ser materia de la citada revisión de la Cuenta Pública, sino de un acontecimiento que debemos calificar de extraordinario. De aquí que el propio texto constitucional exija que la solicitud la presente un número importante de legisladores. He aquí la razón de que la propia Constitución exige la presentación de la solicitud de un número importante de legisladores.

Pero, ¿es obligación o no de la Cámara? La respuesta es: no. Y la respuesta es no, no solamente porque la interpretación así nos lo dice, sino porque tal acto de investigación no es un acto materialmente legislativo, aunque lo sea de manera formal. ¿Cuál fue el espíritu que animó a la iniciativa de reforma? El asunto es totalmente claro. En aquella ocasión la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo hacía referencia a que la intervención de las minorías no podía ser nunca en el sentido de conculcar el derecho de las mayorías.

El propio diputado Garabito, en la sesión de octubre 24 de 1977, dado el término "oscuro" para él de "a pedido" debería de sustituirse por otro y dijo literalmente lo siguiente: "Si es así como pienso que es éste el espíritu de la disposición, entonces está mal empleada la palabra "a pedido de una tercera parte" y debe sustituirse esta palabra por la correcta que sería:

"La Cámara por resolución de una tercera parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dicho organismo."

Esta propuesta dio lugar a que el entonces diputado priísta Armando Labra Manjarrez, que es un estupendo economista, dijera textualmente lo siguiente:

"Volviendo al punto concreto de la propuesta del diputado Garabito, nos sugiere que en vez de usar la palabra "pedir", se hable de "resolución". Las cámaras a resolución de una tercera parte de sus miembros... Esta propuesta yo creo que no tiene vía, porque va en contra de los artículos 158 y 159 de este reglamento y deteriora el sistema de votación mayoritaria que rige este Congreso."

¿Qué fue lo que pasó con la propuesta del diputado Garabito, un estupendo hombre, un gran jurista? Que fue rechazada y que consecuentemente se adoptó la petición en los términos que lo había expuesto el dictamen con la aclaración de que no sería una tercera parte, sino una cuarta parte, pero dejando a salvo el derecho decisorio de la mayoría.

El párrafo en cuestión, que es el tercero, del artículo 93, tomó en cuenta lo que establecían otras legislaciones de rica tradición parlamentaria. De aquí la necesidad de un breve estudio comparado.

El derecho del parlamento italiano para crear comisiones de investigación o de encuesta, se encuentra establecido en el artículo 82 de su Constitución. Cada Cámara puede disponer encuestas sobre materia de interés público y para ello se ciñen a lo establecido por sus correspondientes reglamentos, que es el mismo que se aplica a los proyectos de ley. En efecto, todo aquel que tenga derecho para proponer un proyecto de ley, lo tiene también para solicitar que la Cámara practique una investigación, turnándose la petición a la comisión competente, la que formula un dictamen para ser sometido al pleno, en donde se debate y se vota. Nótese vota y decide el pleno.

En España se establece el poder de investigación a cargo de las Cortes. y el artículo 76 de la Constitución aprobada en 1978 dispone, en su fracción ll: "el Congreso y el Senado y en su caso ambas cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público".

A este respecto el artículo 52 del reglamento del Congreso de los diputados establece...:

Señor Presidente: siguiendo la práctica, me acojo al artículo 103 del reglamento.

"1. El pleno del Congreso, a propuesta del gobierno, de la mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados, podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público."

Este precepto incrementó los requisitos de petición previstos en el reglamento anterior, el que exigía la solicitud de un solo grupo parlamentario. Pero mantuvo el principio de que es el pleno el que resuelve sobre la creación de tales comisiones investigadoras.

Por cuanto hace al Senado italiano, el artículo 60 de su reglamento establece:

"1. El Senado, a propuesta del gobierno o de 25 senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario, podrá establecer comisiones de investigación para realizar encuestas o estudios sobre cualquier asunto de interés público."

Hay que resaltar que en ambas cámaras se exige que la petición para formar tales comisiones, la formule un número importante de sus miembros y que, tal como lo exige nuestra Constitución, ha de ser el pleno el que se pronuncie sobre su creación.

La Constitución francesa de 1958 no contiene ningún precepto que se refiera a las comisiones de investigación o de encuesta; sin embargo, en el artículo 140 del reglamento de la Asamblea Nacional establece en su apartado uno lo siguiente:

"1. La creación de una comisión de encuesta o de control por la Asamblea resulta de la votación de una proposición de resolución depositada, enviada a la Comisión Permanente competente, examinada y discutida en las condiciones fijadas por el presente reglamento."

¿Cuáles son las condiciones fijadas por su reglamento?

Respuesta: no otras que la de ser aprobada por la mayoría.

En Inglaterra son los Comités Selectos los que llevan a cabo las investigaciones, pero igual que en los países anteriores, se requiere que a la moción que se presente recaiga acuerdo aprobatorio por parte de la mayoría de la Cámara de los Comunes.

Merece mención especial lo que establece el derecho alemán. Ya que el artículo 44 de su Constitución establece textualmente lo siguiente:

"1. La Dieta Federal tendrá derecho, y si lo pide una cuarta parte de sus componentes la obligación de designar una comisión de investigación, que reunirá en sesión pública las pruebas necesarias, si bien podrá prescindir de la publicidad."

Aquí estamos frente a un auténtico derecho de las minorías; sin embargo, contrástese la expresión empleada en la Constitución alemana que instituye como obligación de la Dieta Federal y la nuestra, que no sólo no emplea tal vocablo que es vinculatorio. En otras palabras, mientras la Constitución alemana establece como obligación de la Dieta y por lo mismo establece un lazo de vinculación de obligatoriedad, este párrafo no lo vamos a encontrar en nuestra Constitución.

Es más, nuestra Constitución emplea un término diametralmente opuesto. Nuestra Constitución dice, señoras y señores, que es facultad de las cámaras el integrar comisiones investigadoras. No hay en consecuencia tal derecho de las minorías. Y fuera de la Constitución alemana que lo contempla, en los demás países, y México entre ellos, el pleno y sólo el pleno es el que decide.

Intentar tergiversar las palabras me parece un esfuerzo totalmente inútil. La Constitución es clara: es facultad de las cámaras el crear comisiones investigadoras.

Tratar mediante subterfugios de dar una interpretación torcida, es simplemente no continuar en el esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros de acatamos a la Constitución como marco normativo supremo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, hasta por 15 minutos.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Con su permiso, señor Presidente:

A fin de que no caigamos en un diálogo de sordos como al parecer está ocurriendo desde hace un rato en este recinto, quisiera volver a traer a colación aquí el texto del articulo 93 constitucional en su tercer párrafo, que tanto problema de interpretación simplemente gramatical, les trae a los diputados de la mayoría en sus argumentaciones.

Dice y se lo constato a quien me antecedió en el uso de la palabra: "las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas".

Queda claro, señores legisladores, que la facultad corresponde a las cámaras, la facultad corresponde al Poder Legislativo. Ahora de lo que se trata es ver cómo se ejerce esa facultad y la manera de ejercer esa facultad es precisamente a partir de la petición de la solicitud de una cuarta parte en el caso de la Cámara de Diputados y de la mitad en el caso de la Cámara de Senadores.

Aquí se ha hecho la alusión al debate parlamentario que en 1977 bajo una iniciativa del presidente López Portillo generó la incorporación de este tercer párrafo al artículo 93.

Le pido, señor Presidente, solicite usted orden a la Asamblea si es tan amable.

El Presidente:

Cómo no, compañero diputado.

Honorable Asamblea, les suplico se guarde el orden y la atención que requiere el legislador para hacer su intervención. Continúe el orador.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:

Gracias, señor Presidente:

La reforma a la que aquí se ha aludido se refiere a una reforma política que involucró muchísimo más que la reforma del artículo 93; reformó los artículos 60., 41, 51, 52, 53, 54, 55,60, 61, 65, 70,73,74,76,97 y 115 además del artículo 93.

Voy a citar textualmente dos de sus párrafos en donde la exposición de motivos de esa iniciativa habla precisamente de las razones de la misma, dice textualmente: hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben gobernar, pero debe evitarse el abuso de éstas que surge cuando se impide, para todo, la participación política de las minorías; el gobierno que excluye a las minorías, así se funden en el principio de la mitad más uno, únicamente en apariencia es popular.

Los mexicanos lo han reiterado, gobierno de mayorías con el concurso de las minorías, libertad, seguridad y justicia en un régimen de leyes que a todos una y a todos obligue. De manera particular en lo que se refiere a este debate, en la página número 14 del Diarios de los Debates de octubre 6 de 1977 dice muy claramente, señores legisladores: en cuanto al control financiero de la administración pública toca ejercerlo a la Cámara más directamente vinculada a la representación popular.

Y como argumento para la reforma del artículo 93 dice: "con el fin de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal, se agrega al artículo 93 de la Constitución un nuevo párrafo que en caso de ser aprobado abre la posibilidad de que cualquiera de las dos cámaras pueda integrar comisiones que investiguen su funcionamiento", después dice lo siguiente, "siempre y cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores".

"Esta facultad se traducirá en nuevos puntos de equilibrio entre la administración pública y el Poder Legislativo, los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal, éste será el que determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resulten, de esta manera se conservan intactas las facultades del propio Ejecutivo relativas a la dirección del sector paraestatal de la administración pública sin que resulte quebrantado el principio de separación de poderes".

Por eso no hay confusión, señores legisladores del PRI, una cosa es la facultad de las cámaras para integrar las comisiones y otra cosa son las condiciones obligadas por la propia Constitución para ejercer este derecho. No estamos discutiendo aquí que sea una minoría de la Cámara la que suplante el quorum legal que debe existir para que la Cámara tome acuerdos; lo que aquí estamos discutiendo y lo que es la litis del asunto es que la Constitución mandata a la mayoría a aceptar la conformación de esas comisiones cuando lo peticione una cuarta parte en el caso de la Cámara de Diputados y la mitad en el caso de la Cámara de Senadores.

Aquí se ha señalado por los diputados priístas que me antecedieron en el uso de la palabra, que esta comisión fue integrada y fue votada por el pleno, ya aquí el diputado Guzmán ha leído las partes que se refieren al Diarios de los Debates en donde en noviembre 28 de 1995 solamente se le da trámite a la Comisión de Régimen Interno no para su conformación ni para su constitución, sino para su integración. Quedó claro y queda claro en el Diarios de los Debates que nunca estuvo a discusión, señores legisladores, la Constitución, sino simple y llanamente se turnó a la Comisión de Régimen Interno para la integración y los nombres de los diputados que formarían parte de la misma.

Me parece que aludir a los propios Diarios de los Debates cuando aquí no queda consignada ni una sola votación, no solamente ratifica que tenemos la razón. Si en este caso aún les quedara duda, yo le pediría a la Presidencia de la mesa directiva, solicitara el acta de la sesión de noviembre 28 y que se leyera aquí la parte alusiva a este tópico, para comprobar perfectamente que nunca hubo una votación del pleno para que esta comisión se conformara.

Por si eso fuera poco, compañeras y compañeros diputados, hay dos caminos muy claramente establecidos para conformar comisiones en esta Cámara: el camino ordinario, que es la propuesta de cualquier legislador y turnar esa petición a la Comisión de Régimen Interno y una vez que esta Comisión de Régimen Interno tiene una propuesta, la ha votado el pleno para crear esas comisiones de carácter extraordinario.

Esa votación ha representado el camino ordinario y esa votación se ha llevado a efecto cuando aquí se ha integrado por lo menos tres o cuatro comisiones extraordinarias como la comisión de producción, como la comisión que tiene qué ver con las economías emergentes y como algunas otras que precisamente han sido votadas aquí su constitución por el pleno.

El otro camino para conformar comisiones, es el constitucional y por lo menos hay tres casos ahí que tenemos que tomar en consideración; el primero es el de la Comisión Permanente, el segundo es el de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y el tercero es precisamente el que está consignado en el artículo 93 constitucional y que por tal motivo no está sujeto a ningún debate ni a ninguna discusión.

Me parece, compañeros diputados del PRI, que éste es un pésimo precedente y desconozco la razón por la cual ustedes quieren sentar este precedente con respecto de las cámaras locales, en las cuales precisamente el PRI es minoría.

Me parece que es un pésimo precedente que aquí se ponga el antecedente de que la minoría no puede tener funciones de fiscalización respecto de la mayoría. No se les olvide, compañeros diputados del PRI, que hay congresos en algunos estados en los cuales ustedes son minoría y que la función de fiscalización, la función de fiscalización es una función estatal y que no es ni nadie tiene garantizado ni en esta Cámara ni en ninguna, el atributo automático de la mayoría.

Me parece, en torno a la pregunta que hace el diputado Moreno Collado: ¿quién facultó a la minoría para decidir sobre la mayoría? Nadie, diputado, la Constitución es la que señala y mandata a la mayoría aceptar la tramitación de comisiones cuando son solicitadas precisamente por la cuarta parte de la Cámara de Diputados y la mitad en el caso del Senado.

Varios diputados priístas han argumentado y han dicho aquí estar contra la corrupción. Yo les pregunto: ¿entonces por qué cerrar a la comisión si no ha terminado de investigar.

Haciendo a un lado la argumentación jurídica, compañeras y compañeros diputados, yo les pregunto ¿cuál es la razón por la que quieren cerrar la Comisión Conasupo, si ha quedado claro aquí que no ha terminado de investigar, que no ha terminado de agotar sus líneas de investigación? Expongan una razón específica, ciara, contundente, al margen pues de que aun no teniendo la razón en el debate jurídico, pero haciendo por el momento a un lado este debate, una sola razón de contenido para cerrar la Comisión Conasupo.

Es momento y es hora que no he escuchado ninguna razón, ninguna razón de fondo para ello.

Quisiera aquí, por último, hacer dos o tres comentarios a expresiones que se han vertido en esta tribuna o a expresiones que se han vertido a medios de comunicación, porque tienen que ver con el debate.

Hace algunos días leí en un diario de circulación nacional algunas alusiones que hizo un coordinador parlamentario, relativas al hecho de que sólo había dos coordinadores. Yo deseo discrepar respetuosamente de lo que ahí se declaró a la prensa, porque los cinco Diputados Ciudadanos siempre hemos mantenido una relación de respeto y de reconocimiento a todos los coordinadores parlamentarios de los grupos que están representados en esta Cámara.

Deseo reiterar que los cinco Diputados Ciudadanos respetamos al coordinador del PRD, al coordinador parlamentario del PAN, al coordinador parlamentario del PT y que intentar llevar el debate hacia el protagonismo de alguno de los compañeros diputados en esos términos, es una descalificación de fondo al argumento fundamental de que no existen razones para cerrar la Comisión Conasupo.

Creo Pues simple y llanamente, que a los cinco Diputados Ciudadanos nos merecen respeto todos los coordinadores parlamentarios y de ninguna manera nosotros podemos aceptar un comentario de esa naturaleza.

En segundo lugar, deseo referirme a los comentarios que aquí en tribuna vertió el diputado Moreno Collado, respecto de cierta paranoia.

Lamento mucho que el diputado emule aquí en esta tribuna al Secretario de Gobernación, con una serie de observaciones que solamente desvían el curso del auténtico debate, de la litis de contenido que este debate ha dado.

Yo simplemente recuerdo aquí que el grado de estridencia en los discursos muchas veces es inversamente proporcional al peso de sus argumentos y de sus razones. Sí es injuria referirse a la intervención de un diputado aduciendo razones de paranoia o razones de carácter sicológico; quizá aquí se quiso ser irónico, pero para ello se requiere en primer lugar ser talentoso, si no se quiere caer en el vulgar sarcasmo.

Por eso, termino mi intervención señalando que haciendo un balance inteligente de todos los argumentos en esta sesión vertidos, yo creo, compañeras y compañeros diputados, que la desaparición de la Comisión Conasupo no beneficia al Poder Legislativo, no beneficia ni a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados. Es un costo extremo el que se paga por el intento y por la resolución de cerrar la Comisión Conasupo.

Yo espero que de cualquier manera podamos todos los diputados darnos la oportunidad de convencemos de que la tarea y la labor de fiscalización sí corresponde al Poder Legislativo, que la tarea de fiscalización de las acciones del Ejecutivo es una parte sustancial del debate sobre la transición democrática y sobre el nuevo equilibrio de poderes y que este debate una vez más, de acuerdo a este informe que nos pretende dar la Comisión de Régimen Interno, hace simple y llanamente fracasar ante la opinión pública el intento de que el Poder Legislativo cumpla cabalmente con sus atribuciones.

Ojalá lo mediten, diputados del Partido Revolucionario Institucional, ojalá que desistan de su intento por cerrar la Comisión Conasupo simplemente porque es una consigna y porque aquí no ha habido razones que expliquen fundadamente y de manera lógica esta pretensión.

Muchas gracias por escucharme.

El Presidente:

Para el mismo tema y por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez.

El diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez:

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

Para continuar con los símiles taurinos diré que a estas horas de la tarde ya vendrían los, no diré toros, sino oradores de obsequio, pero creo que ya más que de obsequio serán de castigo o seremos de castigo, pues el debate ha sido largo y cansado, por eso seré breve. Seré breve también porque queda muy poco que decir.

Parece inútil este debate después de que hemos escuchado desde temprana hora, en primer lugar cómo demolió brillantemente nuestro compañero, Jorge Moreno Collado, el recurso frágil, muy frágil, dilatorio, de procedimiento. Después de esto siguieron los compañeros Eduardo Escobedo y ahora Ignacio González Rebolledo, con exposiciones realmente ilustrativas para quien quiera escucharlas y quien tenga interés realmente en conocer la verdad de esto.

Desde luego se ha citado derecho positivo y se ha citado con toda precisión. Se han hecho ejercicios exegéticos de primer orden, se ha llamado a la doctrina internacional, en fin, hemos tenido una serie de argumentos que serían incontestables si es que no hay un deseo preconcebido de no aceptarlos y de no entenderlos.

De modo que ya poco, mejor dicho, nada agregaré a estos comentarios, sería repetir inútilmente mucho, insisto, brillantes conceptos y argumentaciones.

¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si bien las discusiones se dice llevan a la luz, lo cierto es que cuando estas discusiones se convierten en obstinación, pero aun, en terquedad, devienen en contumacia y recuerden ustedes que la contumacia y también haré aquí un símil que se ha hablado de cosas religiosas, fundamentalistas, pues la contumacia es un pecado grave en religión y es hasta un delito en derecho penal. A eso hemos llegado. Estamos llegando a un momento en que no se quieren escuchar argumentos. Se han dado por todos motivos y sin embargo pues no se han escuchado. No voy a repetirlos.

Sólo voy a comentar del mismo acuerdo al que se llegó en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, pues a desprender conclusiones que siento que son irrefutables y que tienen que ser aceptadas por una razón y por una lógica elemental.

De acuerdo con lo que se dice en las consideraciones y en los puntos resolutivos, pues entendemos o estamos seguros de que la comisión con su informe ha terminado sus trabajos; que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica, que dice que las comisiones investigadoras se constituyen con carácter transitorio, en consecuencia de los términos de ese punto primero, la comisión queda extinguida; que a las solicitudes de investigaciones nuevas por parte de los diputados de la oposición, se les da el trámite de agregarlas al informe, que ya fue enviado al Ejecutivo y las que en el futuro se puedan presentar se turnen a las comisiones que corresponda.

Con todo estamos cumpliendo y como se ha citado aquí varias veces y se ha leído textualmente el debate, es decir, la iniciativa, el dictamen y el debate de octubre de 1977, estamos llegando al postulado de la iniciativa misma. En eso no hay duda porque está el texto igual.

Lo que se desea con estos informes es que el Poder Legislativo, dice el dictamen, mejor dicho, la iniciativa: "...no invada funciones administrativas o judiciales; se propone que los resultados de la investigación se hagan del conocimiento del Ejecutivo Federal, para que éste determine las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que corresponda, de otra manera resultaría quebrantado el principio de la división de poderes".

Pienso que ya a estas alturas no hay otro argumento, no hay otro camino que seguir, sino ya aceptar, aceptar, después de un debate larguísimo, muy fundado, que los puntos resolutivos son la consecuencia definitiva del acuerdo tomado por la Asamblea el 3 de octubre.

Sólo voy a terminar con algo pues que más que tema de esta noche, es un tema recurrente. Constantemente se nos quiere o se pretende por la oposición irritar al partido mayoritario de que efectivamente ganamos las votaciones por mayoría.

¿Qué más quisiera la oposición que un dia la critiquen por eso? ¿Qué más desearía que la critiquen por llegar a ser mayoría y porque gane así las votaciones.

Y sí terminaré para recordar a un gran teórico del pensamiento internacional o mundial, universal, que sería el gran teórico John Locke. John Locke, al terminar el Siglo XVII, expuso un verdadero axioma: "decidir por mayoría es un derecho natural de toda sociedad humana".

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, por cinco minutos.

El diputado Alfonso Martínez Guerra:

Respetables diputadas y diputados:

Impulsados por un genuino deseo de servir al pueblo de México, los diputados de oposición simpatizamos desde el principio con la idea de integrar una comisión especial para la investigación de las actividades de la empresa Conasupo y sus filiales, vinculadas los últimos 10 años previos a 1992, al señor Raúl Salinas de Gortari.

Las formas operativas de estas empresas, siempre fue del conocimiento común, que no reunían los requisitos éticos de funcionamiento y no sólo ello, sino que fueron señaladas como representativas de la alta corrupción oficial, conocida por propios y extraños.

Su comportamiento como tal ha dejado mucho que desear, porque fueron usadas las empresas no para regular precios y evitar abusos contra los consumidores que son el pueblo de México, sino por lo contrario, abusando de él, porque a nombre de él se han cometido los fraudes más escandalosos de que se tenga memoria, enriqueciendo con ese tráfico brutal de mercancías, componendas y recursos económicos, a millares de personajes de toda índole, generalmente ligados al Gobierno en todos sus niveles.

Por eso cuando se nos convocó a los diputados para integrar esta comisión, lo hicimos con el mejor de los ánimos y los más nobles propósitos, a fin de darle una respuesta sensata a la sociedad mexicana, cuyos reclamos justos por mejores condiciones de trabajo, de vida y bienestar, van aparejados por el de cerrarle el paso a la impunidad oficial.

La impunidad en términos generales, conlleva una frustración social y el aliento a los servidores públicos para cometer actos de corrupción, sabedores de que nunca serán perseguidos ni mucho menos castigados.

Ahora que hemos hecho uso de la más alta tribuna de México para denunciar muchos actos atentatorios contra los intereses de los mexicanos y que hemos presentado infinidad de pruebas que involucran precisamente a aquellos funcionarios de quienes siempre se sospechó y que asimismo comprometen a empresarios relacionados con la Conasupo, es cuando se dan las órdenes terminantes del Ejecutivo, de que ya estuvo bien con andarles haciendo el juego a los de la oposición y hacerla de investigadores.

Que ya fueron demasiado lejos, levantando las faldas aquí, allá y acullá y que hasta, ¡horror!, han mencionado los nombres de muchos funcionarios del pasado y del presente, incluyendo al mismísimo Presidente y que por eso, precisamente por eso no se vale, porque a él no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

Así que todo se vale en México, ya lo saben señores legisladores, que pueden, podemos andar cacareando de costa a costa y de frontera a frontera, cualquier cosa, menos señalar por su nombre a la familia dorada, sobre todo a su jefe máximo, que es y ha sido pecado capital, desde la época virreinal hasta nuestros días tocarlo, sin pasar por la democracia, puesto que todavía no sabemos con qué se come.

Así los legisladores mayoritarios, que dicen acatar solamente el mandato de las mayorías, para estar acordes con su status, obedecen calladamente, sumisamente, con la docilidad que el caso amerita, las órdenes venidas de allá arriba, del que manda, del que todo lo puede, al fin que ya saben qué es lo que le gusta y dónde están los límites de nuestros compañeros mayoritarios.

Algo así como lo que solia decirles don Gustavo Díaz Ordaz a los representantes de la prensa: "ustedes saben lo que nos gusta que se publique".

De esta manera y para no romper la tradición de que las costumbres son leyes, se pretende dar carpetazo a esta incipiente, casi casi salida del cascarón, Comisión Investigadora de la Conasupo, que pretendió al menos, por parte de la oposición, llegar al fondo de las cosas.

¿Será esta legislatura, como todas las tristemente recordadas, comparsas del Ejecutivo? ¿Será acaso la excepción para orgullo de nosotros y esperanza del pueblo de México.

La moneda aún está en el aire. El proceso electoral de 1997 está ansioso por emitir su veredicto.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y por cinco minutos tiene la palabra el diputado Javier Gutiérrez Vidal.

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:

Muchas gracias, señor Presidente:

Decía el diputado Rodríguez y Rodríguez que ya estaba muy discutido, que no había nada más que agregar, pero creo que una vez más se ha equivocado el diputado. Verán ustedes, en la discusión jurídica del contenido del artículo 93 y las atribuciones y facultades que le concede a esta Cámara, diputados del PRI han argumentado que como es facultad la constitución de la comisión investigadora, puede decir: sí, o puede decir: no. Se equivocan los señores diputados del PRI, pues desde la ubicación del propio artículo 93, debe entenderse que no es un artículo que regule la actividad normal de la Cámara de Diputados, por llamarle de esa manera, como lo argumentó el señor diputado González Rebolledo.

El sentido del artículo 93 está dentro de lo que se llama equilibrio de poderes, señores. El artículo 93 no está contenido, y vean su Constitución, señores, que creo que la traen, en el capítulo referente al Poder Legislativo. El artículo 93 está en el capítulo correspondiente al Poder Ejecutivo y faculta a las cámaras para revisar, para investigar el comportamiento de paraestatales. Entonces no es, señores, lo que se ha discutido, siquiera, todavía, la forma, el fondo.

No podemos entonces, si este artículo 93 nos faculta en la Constitución para buscar el equilibrio entre los poderes de la nación, no podemos renunciar a ese poder; luego entonces sin que haya concluido la investigación que dio origen a la comisión, no puede ésta desaparecer.

Yo quisiera, finalmente, en vista de que se agota el tiempo, solamente recordar algunos casos por los cuales decimos que no se ha concluido la investigación. Bastaría remontarse al debate del dia 26 de septiembre y a la versión estenográfica de las participaciones de mis compañeros diputados el dia de hoy. Pero hay que recordar que este pleno formó la comisión y nos dio un mandato que era investigar a la Conasupo y sus filiales y como quedó demostrado el dia 26, hubo siete filiales de la Conasupo de las cuales no se tocó un solo documento.

Entonces ¿por qué dice el acuerdo del dia de hoy, que se nos presenta el dia de hoy por la Comisión de Régimen Interno, que la comisión ya cumplió con sus atribuciones, que la comisión cumplió con su trabajo? Creo yo que ésta es una verdadera omisión grave que debe y, de hecho, desmiente el contenido de la resolución de la Comisión de Régimen Interno, que por cierto habría que recordar también, solamente firmada por el PRI.

Dice en los puntos resolutivos, el punto primero resolutivo de este acuerdo, califica el contenido del artículo 93 constitucional como contundente. Yo tengo aquí el pequeño Larousse en color, pequeño, que establece y nos da la definición del término "contundente" y dice: "que produce contusión; que produce gran impresión".

Señores, efectivamente se está produciendo una contusión, no con el articulo 93 de la Constitución, sino con el acuerdo de los diputados del PRI. Efectivamente, se está haciendo una lesión, ¿a quién? A la nación; una lesión a los mexicanos que confían en sus autoridades.

Escenas como las que hoy se viven en esta Cámara, negaciones como las que hoy se dan por los diputados del PRI, es lo que desprestigia muchas veces las instituciones. Si creemos que México debe ser un país de leyes y de instituciones para con ello evitar la violencia, señores priístas, hay que empezar por cumplir nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan.

El dia de hoy, todos recordamos desde luego, estoy seguro, el momento en que también nosotros protestamos hacer cumplir la Constitución, cuando tres compañeros diputados, por cierto del PRI, protestaron así hacerlo, que eran diputados suplentes y ahora en funciones.

Yo solamente he de recordarles que al concluir su protesta, el señor Presidente nos señala: "...y si no lo hiciereis, que la nación os lo demande". El día 26 de septiembre 16 priístas, miembros de la comisión, estuvieron señalando con su aprobación, un documento contrario a la nación; ellos fueron cómplices entonces, de todos los asuntos de la Conasupo que no se han querido revisar.

El dia de ayer, cinco diputados también del PRI, miembros de la Comisión de Régimen Interno, también firmaron su confesión en la cual se constituyen como socios de este atraco a la nación. Hoy, señores diputados, vamos a recibir una votación y quiero ver cuántos diputados del PRI también quieren ser cómplices de este atraco y quiénes quieren deslindarse de ello. Recuerden: la nación se los va a reclamar si no cumplen con sus atribuciones.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos y por cinco minutos tiene la palabra la diputada Marta Alvarado Castañon.

La diputada Marta Alvarado Castañón:

Gracias, señor Presidente:

Unicamente, señor Presidente, después de un largo debate, un grupo de diputados queremos leer el siguiente comunicado para hacer una petición. Dice así:

«Señor Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.

Los diputados federales abajo firmantes, solicitamos en conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que la comunicación propuesta por la Comisión de Concertación y Régimen Interno, sea sometida a votación nominal del pleno de esta Cámara.

México, D.F., a 8 de octubre de 1996.- Diputados: Tonatiuh Bravo Padilla, Alejandro Zapata Perogordo, Cuauhtémoc Sandoval, Ramón Sosamontes, Eduardo Guzmán Ortiz, Raúl Fuentes y Marta Alvarado.»

El Presidente:

Se toma en cuenta, diputada.

Para rectificar hechos y por cinco minutos tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Honorable asamblea:

El Partido Acción Nacional, no comparte la propuesta sometida por el grupo del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y que lo somete a la consideración del pleno, ya que convalida un ilegal procedimiento seguido; por una parte, atenta contra los intereses de la nación y por la otra alienta la corrupción y prohija la impunidad. Sobre todo, por estar sometiendo a votación un precepto de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, razón fundamental, por lo que preferimos no convalidar la lesión y por ello, no emitiremos voto alguno en un acto que, consideramos atenta y agravia a la nación.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Compañeras y compañeros diputados:

La intención de la fracción parlamentaria del PRD, al iniciar su trabajo, al continuarlo en la Comisión Conasupo, óigase bien, no fue golpear al PRI, fue golpear a los corruptos, que creo que no es lo mismo. Sin embargo yo sigo viendo que los compañeros del PRI eluden el debate. Todo el tiempo han estado toreando avestruces. Al verdadero toro no le han entrado, compañeros del PRI. Ningún integrante de la Comisión Conasupo ha subido aquí a defender alguna postura. De la Comisión Conasupo por parte del PRI. Hemos escuchado únicamente desplantes, pero ningún planteamiento.

Yo quiero decirles y preguntarles lo siguiente, compañeros del PRI, sobre el asunto de la leche radiactiva:

¿Por qué, compañeros del PRI, por qué no quieren citar ustedes a Jaime Matucelli, responsable en la Secretaría de Salud, hoy Secretario General de la UNAM? ¿Por qué no quieren citar a declarar a Jaime Matucelli? ¿Qué le cuidan? ¿Qué le tapan? ¿Qué le encubren a Jaime Matucelli o a Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio, comerciante del hambre del pueblo? ¿Por qué no los citan a declarar?

¿Por qué no quieren que se cite a declarar a la gente de Laguna Verde, que tiene mucho que informar sobre la leche radiactiva? ¿Será porque la planta de Laguna Verde está llena de fallas y de irregularidades? ¿Será porque no quieren que se sepa que la planta de Laguna Verde es una bomba atómica de tiempo en contra del pueblo de México? ¿A quién están encubriendo, compañeros? ¿A quién están tapando?

¿Por qué no quieren que se cite al vicealmirante Rodríguez Gordillo? ¿Porque no quieren que se vea la complicidad de la Secretaría de Marina en encubrir este monstruoso envenenamiento de los niños mexicanos? ¿Por qué no quieren llegar más allá en investigación de la leche radiactiva, sobre todo en su origen de Irlanda? ¿Será porque Irlanda se ha vuelto la segunda patria de ustedes? ¿Será porque no quieren que se sepan todos los hilos de la conexión irlandesa?

¿Por qué no quieren investigar hasta sus últimas consecuencias lo de la leche desaparecida? Acuérdense, el director de Ferrocarriles Nacionales, al que nunca se han propuesto ustedes expulsarlo de su partido: Jorge Tamayo, y para más señas y López Portillo, Jorge Tamayo y López Portillo. ¡Jorge Tamayo y López Portillo era el responsable de Ferrocarriles! ¡Y él fabricó en dos humildes trabajadores a los "chivos expiatorios", les formó juicio penal y juicio laboral! ¡A ellos los acusó de haberse robado la leche, que él cuando menos toleró!

¿No quieren que interroguemos a Jorge Tamayo y López Portillo? ¿Será porque les da urticaria, compañeros, que escudriñe, que investigue a uno a los anteriores presidentes de su partido?

¿Por qué, compañeros y compañeras del PRI, no quieren que se investigue hasta sus últimas consecuencias por parte del Legislativo el asunto del frijol chino? ¿Temen que se le mueva el piso, tan frágil por cierto, al gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, secretario de finanzas, cuya firma debería aparecer en el contrato y por razones misteriosas no aparece?

¿Por qué no quieren que se investigue lo del maíz cancerígeno? Al que ustedes le dieron "carpetazo" y dijeron que nunca se importó. Tenemos datos de que sí se importó y tenemos los certificados de origen de los Estados Unidos. ¿Será porque ese maíz cancerígeno lo distribuyeron entre la población, así como distribuyeron la leche contaminada?

¿Será porque algunos funcionarios que ustedes no han querido, ni siquiera se han planteado expulsar de su partido, vendieron ese maíz cancerígeno a las harineras para que lo convirtieran en tortillas para el pueblo de México?

¿A quién encubren? ¿A quién solapan cuando quieren jugarnos el dedo en la boca e investigar únicamente cuatro de 14 operaciones de importación que nosotros señalamos? ¿Quién se quedó con 500 mil dólares de cada una de estas operaciones de importación? ¿Quién obtuvo los cupos para importar? ¿Quién, compañeros y compañeras del PRI, que no los convidó ni los hizo participar de esos 7 millones de dólares. ¡Y a pesar de eso ustedes van a votar para encubrirlo, van a votar para solaparlo!

¿Por qué, compañeras y compañeros del PRI, se acepta el remedo de informe del despacho Bladinieres y no se investiga hasta las últimas consecuencias, ni siquiera las primeras consecuencias a los clientes y proveedores de la Conasupo? ¡Ningún proveedor de la Conasupo fue cuestionado! ¡Ningún proveedor de la Conasupo fue analizado por el despacho Bladinieres y muy pocos por el despacho Barriguete! ¿Y sin embargo, en los primeros dos botones de muestra de proveedores qué obtuvimos? ¡La suciedad salta a la vista: la agencia de viajes Papillón y la agencia de seguros Vertex!

¿Qué, tienen miedo de que se vea en Vertex? ¡Que se vea que Vertex no solamente surtía a la Conasupo y Diconsa! ¡Que se vea que Vertex, con todo el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, le vendía seguros a la mayoría de organismos descentralizados y empresas paraestatales! ¡De que se vea que Vertex estaba mezclado en negocios de telecomunicaciones que luego podemos documentar!

¿A qué le temen? ¿A quién encubren? ¿A quién solapan, cuando quieren pararle un alto a la investigación sobre las privatizaciones? ¿Quieren tapar el sol con el dedo presidencial y evitar que se conozca que las empresas del pueblo de México fueron vendidas, si ésa es la expresión, fueron malbaratadas a los amigos de Salinas? ¿Temen y les dijeron que temieran que se atore el proceso de privatizaciones, temen que se descubra que los fondos que se utilizaron para comprar las empresas del Gobierno fueron los mismos fondos del Gobierno, es decir, del pueblo de México? ¿Temen que todo el proceso privatimaniaco del régimen actual se ponga entre signos de interrogación? ¿Temen que se obstaculice todavía más el proceso de venta de las petroquímicas?

¡Qué temor! ¡Qué pánico los invade a ustedes cuando no pueden ¡r más allá en los pagos indebidos a Maseca! ¿Por qué no quieren que se le mueva al asunto? ¿Porqué no se animan a que se investigue no únicamente el pago de 1989, sino los pagos improcedentes de 1990 y de 1991 ? ¿Roberto González Barrera es miembro del PRI? ¿Es socio, es consuegro, es padrino de ilustres miembros del PRI? Solamente así se explicaría su afán en echarle tierra al asunto.

¿Por qué, compañeras y compañeros del PRI, por qué ustedes se obstinan a que esta comisión no investigue los datos que hay sobre la vinculación de algunos funcionarios de la Conasupo pero también de la PGR y también de la Secretaría de Hacienda con el narcotráfico y con el contrabando? ¿Por qué le temen? ¿Que ustedes están siendo amenazados por los narcos? ¿Qué los han amenazado de secuestro los narcos presentes en este país.

Compañeros, no únicamente a los Salinas, a la familia o más bien dicho a la familia Salinas de Gortari estarían ustedes encubriendo, también estarían protegiendo y sirviendo de tapaderas a los González Calderoni, a los García Abrego, a la gente que ha conducido a este país a este estado de postración y violencia en que se encuentra.

El tema, compañeras y compañeros, no son las largas parrafadas leguleyas que se nos vinieron a recetar ahorita, a la mejor como una tortura y una represalia por haber osado nosotros cuestionar la honestidad de las investigaciones de la mayoría priísta. El tema no es ése, el tema no es el voto o el no voto, compañeras y compañeros del PRI; el tema es la explicación que esta nación demanda de sus saqueadores, de los que estuvieron expoliando sus recursos y envenenando a su gente; el tema, compañeros es la verdad, la comisión de la Conasupo es la comisión de la verdad y le han tenido miedo llegar a la verdad, han temido venir a esta tribuna a defender la verdad porque sus argumentos están hechos de mentiras y vengan a demostrármelo aquí en la tribuna...

Compañeras y compañeros, lo que estamos buscando aquí es la dignidad del pueblo de México y con las armas de la investigación y con las armas de la denuncia la seguiremos buscando, sus mayoriteos no nos van a detener, sus gritos no nos van a detener, compañeras y compañeros.

Tiempo, tiempo, muy poco tiempo les queda a ustedes, compañeras y compañeros.

Ya están apareciendo muchos ilícitos que van mucho más allá de la Conasupo, ya el pueblo mexicano tomó más valor civil y empezó a denunciarlos, ya sabemos que no fue nada más la Conasupo, ya sabemos el origen perverso de muchas ex paraestatales ahora empresas de unos cuantos, a eso le temen, a eso le temen, a revelar la corrupción que se ha cebado sobre este país...

El Presidente:

Señor diputado, le ruego redondee su intervención.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Me acojo al 103, señor Presidente.

Ustedes podrán seguir debatiendo por los siglos de los siglos. Ustedes podrán seguir acudiendo a argumentos esquizofrénicos que no tienen nada qué ver con la realidad del pueblo de México. Ustedes podrán seguir gritando, pero la realidad terca, la realidad de un pueblo que no quiere más corrupción, que no quiere más impunidad, terminará revelándose terca otra vez y no será el poder de un partido o de otro partido; será el poder del pueblo de México el que se consolide con la verdad. No es el poder del PRD o del PAN o de los independientes lo que buscamos, es el poder de un pueblo que se ha apropiado de la verdad y que se niega a que le sigan mintiendo por más que las mentiras vengan de la boca presidencial.

Si hoy, si hoy se consuma la sinrazón, si hoy se consuma la imposición, aceptamos la propuesta de los compañeros del PAN que de hecho ya lo habíamos hecho, de que vayamos conjuntamente, de que vayamos conjuntamente y presentemos ante la Procuraduría General de la República las denuncias correspondientes por los fraudes y atracos al pueblo de México que se han consumado.

Compañeros, dije cuando vine a la tribuna que nuestro interés no era golpear al PRI sino era golpear a los corruptos, a aquéllos a los que les venga el saco, me puede que hayan gastado su saliva gritando. Nosotros quedamos ante el pueblo de México como una fracción parlamentaria que en todo momento ha cumplido y seguirá cumpliendo el mandato ético, el mandato histórico de erradicar de este vulnerado país la corrupción y la impunidad.

Muchas gracias.

El Presidente:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El secretario Primo Quiroz Durán:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el asunto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

El Presidente:

De acuerdo a la petición hecha por algunos diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal de los puntos resolutivos de la comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

El secretario Primo Quiroz Durán:

Como lo solicita la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de los puntos resolutivos de la comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 288 votos en pro, seis en contra y 119 diputados no votaron.

El Presidente:

Están aprobados los puntos resolutivos de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Aprobados los puntos resolutivos por 288 votos en sus términos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Presidente:

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política entregó a esta Presidencia una proposición. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de la misma.

El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:

«Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la honorable Asamblea, a los siguientes diputados para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo:

Comisión de Energéticos: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas sustituye a Joaquín H. Vela González.

Comisión de Comercio: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas sustituye a Joaquín H. Vela González.

Comisión de Hacienda y Crédito Público: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas sustituye a Joaquín H. Vela González.

Comisión del Comercio: Marco Antonio Falcón Quijano sustituye a Manuel Jiménez Lemus.

Atentamente .

México, D.F., a 4 de septiembre de 1996.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pedro Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Juan José Osorio Palacios, José Ramírez Gamero, Rosario Guerra Díaz y Héctor Hugo Olivares Ventura.»

En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

El Presidente:

Se informa a esta Asamblea que quedan pendientes los siguientes asuntos:

Comunicación de la Comisión de Participación Ciudadana. Elecciones en el Estado de Guerrero

Aniversario de los sismos en la costa de Jalisco.

Pronunciamiento sobre la autorización de instalación de casas de juego en el país.

Sobre salvoconducto que otorga la Secretaría de Gobernación para el libre tránsito de zapatistas.

Sobre el Código Penal en el Estado de Coahuila:

Sobre el aniversario de la muerte del Che Guevara.

Al final tendremos sesión secreta.

COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lofte, para dar lectura a la comunicación de la Comisión de Participación Ciudadana.

La diputada Rosa María Cabrera Lofte:

«Comisión de Participación Ciudadana.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados:

La crisis que vive la nación mexicana desde hace ya varios años, evidenció la necesidad de revisar y reformar los ordenamientos que rigen la vida política del país y establecer mecanismos para involucrar a la sociedad, tanto en su carácter individual como partidista.

La aspiración era una reforma definitiva en la que el ejercicio del poder estuviese plenamente respaldado por los ciudadanos y ciudadanas, merced a que se sintieran legítimamente representados en los actos de Gobierno.

La propuesta legislativa significó un avance sustancial. Sin embargo, la definitividad a la que se aspiraba no se alcanzó, pues quedaron a la vera algunos elementos que no fueron incorporados en la redacción final. Se pensó quizá que si los individuos no mostraban interés por participar en la construcción de la democracia, no habría motivo para conceder, graciosamente, un derecho que no se preocupaban por tener.

Por tal razón, la Comisión de Participación Ciudadana de esta Cámara de Diputados realizó en meses pasados varios foros en los que la individualidad reclama su participación y es clara su intención de participar en la democracia en forma plural, pero también de manera singular. La necesidad de que el plebiscito y el referendum se plasmen en nuestra Constitución, son algunas de las conclusiones que se obtienen de esto, así como recobrar para la ciudadanía la iniciativa popular. Ello en el marco de la discusión para la reforma política del Estado.

Es imperioso entonces para el Poder Legislativo, recoger dichos reclamos populares. De ello depende la legitimidad de su representación y la fuerza de sus obras.

Así, en días pasados, la Comisión de Participación Ciudadana realizó un taller nacional que integrará las propuestas que resultaron de los foros y remite con esta fecha el primero de tres tomos denominado Los Mecanismos de Democracia Directa.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana someten a la consideración de esta honorable soberanía las propuestas que en torno a los mecanismos de democracia directa, las organizaciones de la sociedad civil presentaron durante la Consulta Nacional sobre Participación Ciudadana y el taller nacional que sobre el mismo tema convocó esta comisión, solicitando sean turnadas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, a la Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales y a la mesa de nueva relación del Gobierno con la sociedad civil, a efecto de que sean incorporadas oportunamente a la discusión que al efecto se desarrolla.

México, D.F., a 8 de octubre de 1996.- Suscriben con sus rúbricas la presente comunicación, diputados: María de la Luz Lima Malvido, presidenta; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Armando Octavio Ballinas Mayes, Víctor Manuel Quintana Silveyra y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, secretarios."»

«Cámara de Diputados.- LVI Legislatura.-Comisión de Participación Ciudadana.- Consulta Nacional Sobre Participación Ciudadana.- Mecanismos de Democracia Directa.- Concentrado de propuestas

Presentación

La LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, como foro plenario de interlocución, con el afán de robustecer y facilitar la colaboración de la sociedad civil con el Gobierno en sus diversos niveles y ámbitos de acción, creó la Comisión de Participación Ciudadana, misma que fue aprobada por la honorable Asamblea el día 29 de noviembre de 1994, quedando integrada por 30 diputados de las diversas fracciones parlamentarias. La comisión quedó solemnemente instalada el 15 de diciembre del mismo año, con la presencia de 78 organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de la Comisión de Participación Ciudadana es desarrollar todas aquellas acciones que, desde el ámbito del Poder Legislativo, contribuyan a fortalecer a las organizaciones ciudadanas de la sociedad civil que trabajan por el bienestar de la comunidad, así como impulsar reformas, adiciones y adecuaciones legislativas que favorezcan el trabajo y vigoricen los mecanismos y vías constitucionales de coordinación y colaboración entre el Estado y la propia sociedad civil.

La mesa sobre la nueva relación del Gobierno con la sociedad de la reforma democrática del Estado adquiere particular relevancia para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, pues es la propia sociedad civil, a través de sus organizaciones, la que debe contribuir al desarrollo de la reforma aportando sus propuestas. Con la finalidad de conocer y canalizar dichas propuestas, se organizaron foros estatales en las ciudades de Toluca, Jalapa, Chihuahua y Monterrey, en los que se presentaron 262 ponencias, de las cuales emergieron 781 propuestas.

Los temas a tratar en los foros fueron los siguientes: estructura de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil; mecanismos de participación ciudadana; articulación de los organismos de la sociedad civil con autoridades y entidades públicas y Participación Ciudadana en relación con otros temas.

Todo el material recabado en los cuatro foros se sometió a discusión en el taller nacional de Participación Ciudadana que tuvo lugar en la ciudad de Zacatecas, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1996. Acudieron a este taller los diputados federales miembros de la comisión, diputados locales, representantes de organizaciones ciudadanas miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Participación Ciudadana y representantes de las secretarías de Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores.

Introducción

El presente documento contiene un resumen temático de las propuestas presentadas en los cuatro foros regionales. De este resumen temático se tomaron las propuestas relativas a los mecanismos de democracia directa y se concentraron en una tabla que incluye los nombres de las organizaciones que los proponen, su diagnóstico y propuestas. En seguida se presenta una gráfica que muestra el porcentaje que ocupa el tema de democracia directa entre las otras preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Al final, como documentos de apoyo, se incluyen una lista de conceptos básicos sobre democracia participativa y un concentrado de los artículos constitucionales que contemplan los mecanismos de democracia directa en varios países de América latina.

Resumen temático de la consulta

Las propuestas fundamentales

La consulta nacional

La Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión organizó la consulta nacional sobre participación ciudadana, como parte de sus actividades para impulsar las reformas, adiciones y adecuaciones legislativas que favorezcan el trabajo de las organizaciones civiles y su coordinación y colaboración con el Gobierno. Así, se convocó a las organizaciones civiles en general, a académicos, organismos oficiales, instituciones educativas y ciudadanía en general a presentar sus propuestas en los cuatro foros regionales organizados para este propósito en las ciudades de Toluca, Xalapa, Chihuahua y Monterrey. En dichos foros se presentaron 262 ponencias de las cuales emergieron 781 propuestas.

Resumen temático

En seguida se presenta un resumen de las propuestas e ideas principales referentes a cada uno de los temas de la agenda de los foros regionales.

Tema A. Estructuras de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil

Subtema A.a.: Situación Fiscal

1. La preocupación más generalizada dentro de los foros regionales se refiere a los aspectos fiscales de las organizaciones civiles. Así, existen propuestas que van desde la creación de un código fiscal exclusivo para el tercer sector hasta adecuaciones específicas al existente. Dentro de estas últimas, sobresalen las que tocan el tema de la deducibilidad. Debido a que una de las principales fuentes de financiamiento de dichas organizaciones es la donación de recursos de particulares, se propone simplificar al máximo los requisitos exigidos para otorgar recibos deducibles de impuestos, aunque se reconoce la necesidad de vigilancia por parte de las autoridades hacendarías.

Estos cambios legales (y, en su momento, administrativos) tendrían la ventaja de estimular la obtención de donativos en México, con lo cual la posible dependencia de estas organizaciones respecto del erario público se reduciría. Dentro de la misma línea, las organizaciones civiles están interesadas en que el Gobierno reduzca las condiciones necesarias para aceptar donativos provenientes de instituciones y/o personas físicas residentes en el extranjero y otorgue mayores facilidades para celebrar rifas, sorteos y actividades de recaudación de fondos.

2. Otro número importante de ponencias hizo hincapié en que se allanen las condiciones necesarias para obtener exención en el pago de impuestos, como el ISR y el predial, así como la devolución total del IVA. Propuestas similares se recibieron respecto a las contribuciones al fisco estatal y al municipal.

3. Vale la pena consignar las propuestas más puntuales sobre otros incentivos fiscales: modificación de los artículos 7-E, fracción Xll del artículo 22 del Impuesto sobre la Renta y los artículos 14-B, C y E del Reglamento del ISR y la derogación del artículo 70-bis del Código Fiscal de la Federación.

4. Por último, se habla de la necesidad de una simplificación administrativa en materia fiscal, como por ejemplo, el establecimiento de un registro único e, inclusive, de una sola figura jurídica que cobije a todas las organizaciones civiles. También se propone una mayor coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio, mediante la creación de una ventanilla única de trámites.

Subtema A.b.: Financiamiento público a las organizaciones

1. La propuesta más generalizada dentro de este apartado se refiere, específicamente, al financiamiento en forma de precios subsidiados o exenciones en el pago de servicios públicos tales como agua, energía eléctrica, gas, correo y teléfono siempre y cuando se demuestre a cabalidad que las organizaciones beneficiadas por esta medida están efectivamente proporcionando el servicio social para el que fueron destinadas.

2. Otras propuestas requieren de esquemas de financiamiento similares para el pago de algunos derechos, como tenencias y placas, así como suministro gratuito o subsidiado de medicamentos y equipo médico para las instituciones que así lo requieran. Incluso se sugiere modificaciones legales para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público done a las organizaciones civiles que lo requieran vehículos incautados.

3. Finalmente, se propuso que el Gobierno establezca partidas presupuestales destinadas a apoyar la gestión de las organizaciones civiles. Sin embargo, cabe hacer notar que este tipo de ideas iba aparejado siempre con el temor de que la recepción de recursos públicos implique limitaciones programáticas o cualquier otro tipo de compromiso que restrinja su autonomía.

Subtema A.b.: El papel de las organizaciones civiles como consultoras en los asuntos de su especialidad

1. Bajo este rubro se pide el reconocimiento de los organismos civiles como entes de interés público, a fin de que puedan ser tanto órganos de consulta como de participación en el diseño e implantación de políticas públicas, definiendo en la ley cuáles son los conductos y modalidades que deberán aplicarse para que las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles atiendan de manera obligatoria y regular a dichas organizaciones e integren proyectos de coparticipación en el ámbito local, estatal y federal.

Subtema A.c.: Otros

1. Las organizaciones de la sociedad civil propusieron la creación de diversos organismos de carácter gubernamental, cuyo objetivo general sería fomentar, apoyar y asesorarles. Así, se habla de un organismo público descentralizado para fomentar el desarrollo e interrelación de las organizaciones de la sociedad civil; se invita a las entidades federativas a instalar comisiones de participación ciudadana y de gestoría y quejas en sus congresos locales. Finalmente, se propuso hacer ordinaria a la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados.

2. Existe un grupo de demandas que solicitan apoyos varios por parte del Gobierno. Dichos apoyos van desde la formulación de un directorio de todas las instituciones de beneficencia y de aquellas fundaciones que puedan otorgar donativos, tanto nacionales como extranjeros, pasando por la apertura gratuita de espacios permanentes en radio, televisión y prensa para que las instituciones den a conocer su labor, hasta la exención en el pago de trámites ante notario público.

Tema B. Mecanismos de participación ciudadana.

Subtema B.a.: Representación ciudadana y cultura cívica

1. En este subtema quedó asentada la fuerte preocupación que existe en las organizaciones civiles por la falta de una definición legal clara y eficaz de su personalidad jurídica. Se argumentó que debe existir una nueva figura que englobe a todas las formas de organización que la sociedad ha creado para representar, satisfacer y defender sus intereses. Así, se propusieron dos términos: organizaciones no gubernamentales (el cual surgió en la ONU) con el ánimo de remarcar aún más su autonomía, y organizaciones civiles, más de acuerdo a una perspectiva de carácter teórico. El registro bajo cualquiera de ellas debería ser inmediato, aunque condicionado, a aquellas organizaciones de reciente creación.

Para las que posean como mínimo cinco años de antigüedad, que tengan representatividad en más de la mitad de los estados de la República, que puedan acreditar su actuación efectiva y su trabajo de manera documentada en el ámbito de acción de su interés, el registro sería permanente y garantizaría todos los privilegios existentes en materia fiscal y de fomento.

Subtema B b.: Derechos humanos, administración de justicia y participación ciudadana

1. Respecto a derechos humanos, el interés se centró en exigir que se garantice el derecho a la información, de manera que todos los documentos relativos a la tarea gubernamental puedan ser consultados por cualquier ciudadano.

2. Otras líneas de acción en este campo se refieren a la creación de consejos, de carácter independiente y plural, que propongan, vigilen y apoyen todos los programas, iniciativas y políticas del sector público tendientes a mejorar el nivel de vida de cada uno de los sectores de la población, como podrían ser las mujeres, los ancianos, los jóvenes y los niños.

3. Algunas organizaciones postularon que, en el campo de la administración de justicia, su misión es principalmente de concientización, por lo que propusieron realizar actividades de divulgación entre la ciudadanía, como foros públicos, cursos, conferencias, entre otras.

4. La participación ciudadana debería estar regida por una ley específica que coordine y fomente esta actividad, pero que discrimine entre organizaciones políticas y de beneficencia, para evitar en lo posible la sobrepolitización de sus agendas.

Subtema B c.: Mecanismos de democracia directa

1. Tal vez el verdadero aporte de las propuestas en este rubro sea la exigencia de una ley de consulta pública, que reconozca y dé validez a figuras como el referendum, el plebiscito y la iniciativa popular legislativa. Respecto a los gobiernos locales, se propuso instaurar cabildos abiertos y parlamentos municipales, los cuales son organismos ciudadanos autónomos que buscan solucionar problemas de la comunidad en conjunto con las autoridades y están constituidos por mesas directivas de las colonias y congregaciones étnicas de los municipios.

Subtema B.d.: Mecanismos de participación ciudadana para la planeación del desarrollo

1. Este es un tema que atañe a un pequeño grupo de organizaciones civiles, las cuales propusieron la creación de una coordinación de organizaciones civiles y sociales, para atender los problemas económicos, políticos y sociales de nuestro país, para lo cual apuntan la necesidad de modificar el artículo 26 constitucional para que los organismos civiles puedan plantear procedimientos de participación en el sistema nacional de planeación democrática e incluir sus propuestas en el plan nacional de desarrollo. Lo anterior les facultaría para establecer esquemas de cogestión de los programas de carácter social.

2. Otra herramienta que solicitaron estas organizaciones es una Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, con carácter federal y reglamentaria del artículo 25 de la Constitución, cuyo objetivo sería promover en la sociedad conductas fundadas en la responsabilidad social, la solidaridad y la filantropía.

Tema C. Articulación de los organismos de la sociedad civil con las autoridades y entidades públicas.

Subtema C.a: Consejos consultivos ciudadanos en instancias públicas

1. Esta es una figura propuesta por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 para servir de foro de la sociedad civil. Siguiendo esta idea, las organizaciones civiles plantean que dichos consejos sean electos por la ciudadanía y que tengan por función ofrecer información especializada sobre la ejecución de determinadas políticas públicas y sus resultados para normar la opinión pública al respecto. Estas son algunas de las áreas donde podrían participar los consejos: justicia y seguridad, empleo, salud, medio ambiente, cultura y artes, deporte, instrucción y capacitación, comunicaciones y obras públicas, industria y comercio, turismo, agricultura y ganadería, energía y minas y recursos marinos.

Subtema C.b.: comités de supervisión y evaluación

1. Del resultado de los foros regionales se concluye, sin lugar a dudas, que las organizaciones civiles ven en este tema un enorme potencial, pues el control sobre la gestión gubernamental recae cada vez más en ellas, de manera que el establecimiento formal de comités de supervisión y evaluación daría mayor peso específico a su actuación, máxime si se reforma el artículo 25 constitucional para otorgarles personalidad constitucional como órganos de contraloría y evaluación, amén de la promulgación de una Ley Federal de Contraloría Social.

Tema D. Otros temas propuestos.

Subtema D.a.: Promoción cívica

1. Son escasas y de carácter muy puntual las propuestas en este subtema. De ellas, vale la pena destacar las que piden modificaciones al artículo 26 y 39 constitucionales para dar origen a la formación de procuradurías de derechos cívicos y la instalación de centros de orientación ciudadana donde se lleven a cabo talleres con temas cívicos e información social.

Subtema D.b.: Medio ambiente y ecología

1. Las organizaciones ambientalistas proponen al Gobierno incluir en la política ecológica el concepto de educación y cultura ambiental, que servirá como mecanismo vinculatorio entre las entidades públicas y los grupos sociales, así como reglamentar la obligación de emitir constantemente programas, videos y mensajes ambientalistas.

Subtema D.c.: Discapacitados

1. Este rubro recibió muchas propuestas, especialmente diseñadas para discapacitados por sordera o ceguera, aunque son fácilmente generalizables al resto de discapacitados. Así se exige una Ley Federal en materia de discapacitados, además de la abolición de leyes discriminatorias.

2. Además, se pide reglamentar para que los medios de comunicación e información atiendan a las necesidades de los discapacitados con servicios especiales, como la subtitulación de programas de televisión (close caption), el acceso a aparatos especiales para sordos (TDD). La creación, por parte de la Secretaría del Trabajo, de una bolsa de trabajo especializada; la adecuación de edificios públicos y el servicio de intérpretes en juzgados, hospitales etcétera, así como incluir en los censos nacionales preguntas sobre los discapacitados.

3. Finalmente, se propone que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como las comisiones estatales cuenten con personal capacitado para atender a personas con problemas de discapacidad.

CONCENTRADO DE PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

CONSULTA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

Conceptos básicos sobre democracia participativa.

Participación política y participación ciudadana

La democracia, por su connotación etimológica (demos-pueblo y kratos-gobierno) ha sido entendida sólo como una forma de gobierno, no como un estilo de vida. Sin embargo, existe una relación indisoluble entre la democracia y la participación ciudadana, porque la construcción y consolidación de la democracia es una labor que incluye no sólo a las instituciones de Gobierno y a los partidos políticos, sino también y de manera sobresaliente, a los ciudadanos.

Desde que Aristóteles señaló que el hombre es un animal político o animal social (zoon politicón), ha quedado claro que los seres humanos viven para desenvolverse en sociedad, en comunidad. Por el contrario, el hombre "no político" era un ser defectuoso, un idion (este término es la etimología originaria de idiota), un ser carente, cuya insuficiencia consistía precisamente en haber perdido o en no haber adquirido conciencia de su dimensión y de la plenitud de su simbiosis con el Estado. Un hombre "no político", un ciudadano sin participación política, era simplemente un ser inferior, un menos que hombre.

Sin embargo, el "ciudadano total", ése que toma parte en todos y cada uno de los asuntos que atañen a su existencia, es una utopía. Ya que participar significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una persona, la participación es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada o para sí mismo. Por tal razón, los ciudadanos se agrupan en organizaciones que intentan hacer converger voluntades dispersas en una sola acción compartida para resolver problemas comunes y encontrar soluciones consensadas. En estos términos, la participación ciudadana es ejercida a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Así podemos decir que la participación responsable y voluntaria de las OSC en la toma de decisiones políticas es condición indispensable en los más estructurados regímenes democráticos.

No obstante, comúnmente se ha creído que el pueblo puede participar en la política sólo a través del voto. En algunos regímenes que gozan de gran estabilidad democrática además de las vías permanentes que aseguran al menos la opinión de sus ciudadanos sobre las decisiones de su gobierno, existen múltiples mecanismos institucionales de participación ciudadana como los siguientes:

1. El referendum,

2. El plebiscito,

3. La consulta popular,

4. El derecho de revocación del mandato o de reclamación,

5. Los cabildos abiertos,

6. La iniciativa popular,

7. El derecho de petición,

8. El derecho a la información:

9. El derecho de audiencia pública.

Debido a la naturaleza de este trabajo, describiremos los primeros siete tipos de mecanismos.

El referendum es comúnmente considerado como una votación popular. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Esto significa que el referendum tiene como objetivo preguntar sobre ciertas decisiones que podrían modificar la dinámica del gobierno o las relaciones del régimen con la sociedad.

El referendum es considerado el principal instrumento de democracia directa, puesto que mediante tal institución el pueblo, o más exactamente el cuerpo electoral, participa, por vía consultiva o deliberativa, en el proceso decisional. No obstante, en los regímenes con este mecanismo se discuten propuestas tanto para hacer más fácil y más frecuente el recurso al dictamen popular, como para limitar drásticamente el uso del instrumento referendario.

La tipología del referendum es diversa: se habla de referendum constituyente cuando se refiere a la aprobación de una constitución; referendum constitucional cuando se atiende a la revisión de la Constitución; referendum Legislativo o administrativo, si concierne a leyes o actos administrativos o bien relativas al territorio, según lo cual existe el referendum nacional, regional, municipal o local. Según la mayor o menor necesidad de la intervención popular; el referendum puede ser facultativo, si dicha intervención puede faltar sin que tal falta tenga consecuencias sobre el acto o bien referendum obligatorio, si la pronunciación del pueblo es necesaria para la validez del acto. Es necesario aclarar que el referendum no supone una elección de representantes, sino de decisiones.

En cuanto al plebiscito, este mecanismo es un pronunciamiento y una votación popular sobre temas de relevancia constitucional y es, en consecuencia, un instrumento de democracia directa. Propone a la sociedad la elección entre dos posibles alternativas. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Algunos consideran que se tiene plebiscito cuando el pueblo delibera sobre un tema sin ningún acto previo de los órganos estatales y sobre todo, sobre hechos o sucesos (no actos normativos) que debido a su excepcionalidad no encuentra una disciplina constitucional.

Ni el referendum ni el plebiscito suponen una elección de representantes sino de decisiones, pero ambos funcionan con la misma amplitud que los procesos electorales en tanto que pretenden abarcar a todas las personas que se verán afectadas por la alternativa en cuestión.

La consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana instaurado en algunos regímenes para mantener los conductos de comunicación entre Gobierno y sociedad permanentemente abiertos. Es una institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, municipal, distrital o local es sometida por el Presidente de la República, gobernador, alcalde o presidente municipal, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República. El procedimiento es así: el Presidente, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República; podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política.

El derecho de revocación del mandato o de reclamación es ante todo un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. Este mecanismo asegura la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado a un determinado representante político, aunque haya ganado su puesto en elecciones legítimas o bien modificar el curso de una decisión previamente tomada por el Gobierno.

El cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad; este mecanismo de participación ciudadana sólo se aplica a nivel municipal. Es un método instaurado para mantener los conductos de comunicación entre Gobierno y sociedad, permanentemente abiertos. En países como Colombia, cada periodo de sesiones ordinarias de los consejos municipales o distritales o de las juntas administradoras locales, va acompañado de por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes del municipio, distrito, localidad o comuna soliciten, para que sean estudiados si son competencia de la corporación respectiva.

Lo importante de la legislación colombiana es que las organizaciones civiles (las que conocemos en nuestro país como OSC) pueden participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos. Además, por solicitud de los promotores del cabildo o por iniciativa de los voceros, previa proposición aprobada por la corporación, podrá citarse a funcionarios municipales o distritales, con cinco días de anticipación, para que concurran al cabildo y para que respondan oralmente o por escrito sobre hechos relacionados con el tema del cabildo. La desatención a la citación sin justa causa es causal de mala conducta.

Sobre los mecanismos de iniciativa popular y el derecho de petición podemos decir que ambos abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes ejecutivos. Estos dos mecanismos constituyen una especie de seguro en contra de la tendencia a la exclusión partidista y parten, en consecuencia, de un supuesto básico: si los representantes políticos no desempeñan su labor con suficiente amplitud, los ciudadanos pueden participar en las tareas legislativas de manera directa.

Debemos decir que ninguno de los mecanismos institucionales de participación ciudadana antes mencionados garantiza en sí mismo que la sociedad participará en los asuntos públicos ni que lo hará siempre de la misma manera. No es necesario insistir en que la clave de la participación ciudadana no reside en los mecanismos institucionales que la hacen propicia, sino en el encuentro entre un ambiente político que empuje a tomar parte en acciones comunes y una serie de voluntades individuales. Conviene mencionar que la combinación de mecanismos de participación es impredecible: tan amplia como los problemas, las necesidades, las aspiraciones y las expectativas de quienes dan vida a la democracia.

Articulación de las OSC con las entidades gubernamentales

Los consejos consultivos de participación ciudadana .

Partiendo de la idea que un consejo consultivo es un órgano de colaboración de los ciudadanos con el Gobierno para atender las tareas de la administración pública y en gran medida de la estructuración de las políticas públicas, es necesario que las OSC formen consejos consultivos en los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal, construyendo así la vía por la cual se hagan llegar las demandas ciudadanas al Gobierno. Dichos consejos deberán ser dirigidos por auténticos líderes sociales integrantes de las OSC y además deberán ser destacados órganos de conexión entre las OSC y las diferentes autoridades.

Los consejos consultivos de las OSC pueden ser consultores calificados en la elaboración de programas y políticas gubernamentales y en la instrumentación de diversas políticas públicas. Asimismo pueden proporcionar referencias útiles para la evaluación de los resultados de las acciones del Gobierno. En este sentido, estos consejos consultivos podrían conocer oportuna e íntegramente los planes y programas de obras y servicios del Gobierno y proponer adiciones y modificaciones a los mismos. Además, podrían recibir contestación escrita y explicación suficiente sobre las resoluciones de la autoridad competente en relación con sus opiniones y proposiciones.

La necesaria relación entre los consejos consultivos de las OSC con los gobiernos se puede dar a través de las diferentes secretarías de Estado, en planes y proyectos que los consejos consultivos presenten al Gobierno. Así ambos actores deberán tener un contacto directo para tener una visión en conjunto de las necesidades ciudadanas más urgentes con la finalidad de que se elaboren propuestas eficaces y legítimas para el beneficio de la sociedad civil. Dicha labor supone una estrecha interacción, que sólo se logra con una democracia plenamente participativa.

Mecanismos de democracia directa contemplados en las constituciones de América latina

Argentina

Artículo 39. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría de la totalidad. de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

Artículo 40. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

Brasil

Artículo 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto con valor igual para todos y en los términos de la ley mediante:

I. Plebiscito:

II. Referendum:

III. Iniciativa popular.

Artículo 27. El número a la asamblea legislativa será el triple de la representación del estado en la Cámara de los Diputados y alcanzando el número de 36, será aumentado en tantos cuantos fueran los diputados federales por encima de 12.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. La ley regulará la iniciativa popular en el proceso legislativo estatal.

Artículo 29. El municipio se regirá por una Ley Orgánica votada dos veces, con un intervalo mínimo de 10 días y aprobada por dos tercios de los miembros de la cámara municipal, que la promulgará, atendiendo los principios establecidos en esta Constitución, en la Constitución del respectivo estado y los siguientes preceptos:

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XI. Iniciativa popular de proyectos de ley de interés especifico del municipio, de la ciudad o de los barrios, a través de la manifestación de, por lo menos, 5% del electorado.

Artículo 49. Es de competencia exclusiva del Congreso Nacional:

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XV. Autorizar referendos y convocar plebiscitos.

Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cabe a las comisiones, en razón de su competencia:

II. Realizar audiencias públicas con entidades de la sociedad civil.

Artículo 61. La iniciativa para las leyes complementarias y ordinarias corresponde a cualquier miembro o comisión de la Cámara de los Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al Presidente de la República, al Supremo Tribunal Federal, a los tribunales superiores, al Procurador General de la República y a los ciudadanos, en la forma y en los casos previstos en esta Constitución.

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La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a la Cámara de los Diputados de un proyecto de ley, suscrito, al menos, por el 1% del electorado nacional, distribuido al menos en cinco estados con no menos de .3% de los electores de cada uno de ellos.

Chile

Artículo 5o. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

Artículo 18. Habrá un sistema electoral público. Una Ley Orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos.

Colombia Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.

Artículo 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.

Artículo 105. Según el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes, según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.

Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite.

Artículo 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendum.

Artículo 377. Deberán someterse a referendum las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capitulo I del Titulo Segundo y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.

Artículo 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendum un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendum será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendum requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo electoral.

Artículo 379. Los actos legislativos, la convocatoria a referendum, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en este titulo (Título Trece. De la reforma de la Constitución).

El Salvador

Artículo 73. Los deberes políticos del ciudadano son:

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III. Servir al Estado de conformidad con la ley. El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa, contemplada en esta Constitución.

México

Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

Nicaragua

Artículo 168. Al poder electoral corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendums.

Panamá

Artículo 224. La representación se perderá por las siguientes causas:

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III. La revocatoria del mandato, conforme lo reglamente la Ley.

Artículo 236. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referendum en los asuntos atribuidos a los concejos.

Paraguay

Artículo 122. No podrán ser objeto de referendum:

1. Las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales:

2. Las expropiaciones:

3. La defensa nacional:

4. La limitación de la propiedad inmobiliaria:

5. Las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos, el presupuesto general de la de la nación:

6. Las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.

Artículo 123 Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores que deban suscribirlas, serán establecidos en la ley.

Artículo 290. Transcurridos tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, del Presidente de la República o de 30 mil electores, en petición firmada.

Aprobada la enmienda constitucional por ambas cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de 180 días, se convoque a un referendum Si el resultado de éste es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional .

Perú

Artículo 2o. Toda persona tiene derecho:

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XVII. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referendum.

Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referendum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas.

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación.

Artículo 32. Pueden ser sometidas a referendum:

I. La reforma total o parcial de la Constitución:

II. La aprobación de normas con rango de ley:

III. Las ordenanzas municipales:

IV. Las materias relativas al proceso de descentralización

Uruguay

Artículo 82. La nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección, iniciativa y referendum e indirectamente por los poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.

Artículo 304. La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referendum como recurso contra los decretos de las juntas departamentales.

También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de gobierno departamental.

Artículo 331. La presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos:

A) Por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, presentando un proyecto articulado que se elevará al presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido a la decisión popular, en la elección inmediata.

La Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos sustitutos que someterá a la decisión plebiscitaría, juntamente con la iniciativa popular.

B) Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de componentes de la Asamblea General, presentados al presidente de la misma, los que serán sometidos al plebiscito en la primera elección que se realice.

Para que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A y B, se requerirá que vote por "si" la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar cuando menos, el 35%del total de inscritos en el Registro Cívico Nacional.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y a las que resulten competentes.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a las elecciones en el Estado de Guerrero.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El pasado domingo 6 de octubre se realizaron elecciones en el Estado de Guerrero para renovar los 76 ayuntamientos y los 46 escaños en la Cámara de Diputados local.

Un primer balance de los resultados de la elección del domingo pasado demuestra que el Partido de la Revolución Democrática se consolidó como una importantísima fuerza electoral en ese Estado y que logramos desterrar la imagen que se nos trató de inculcar de que éramos un partido de la violencia.

Los guerrerenses que fueron a votar por el Partido de la Revolución Democrática dieron su confianza a sus candidatos, a su programa y a su propuesta para una gobernabilidad democrática en el Estado de Guerrero.

De acuerdo a las primera cifras, el PRD obtuvo el 36% de los votos, tuvo un incremento del 8% en relación a las elecciones de octubre de 1993. De seis municipios que gobernábamos pasamos a gobernar en 22 municipios y en siete más la tendencia nos es favorable.

En la Cámara local pasaremos de ocho a 15 diputados en la legislatura local.

Estos avances del PRD en el Estado de Guerrero se dieron pese a un clima poco propicio para que hubiera elecciones limpias y transparentes. Sólo logramos la promesa de que el día 6 de octubre cesará el patrullaje de los 28 mil 500 elementos del Ejército mexicano. Si este patrullaje hubiera cesado por lo menos una semana antes, hubieran dado muestras de confianza a la ciudadanía guerrerense.

Tuvimos el día 6 de octubre un lamentable acontecimiento: fue asesinado nuestro compañero, el licenciado Fortino Avila, en Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero. Hemos exigido al gobierno del Estado y a la Procuraduría General de Justicia que haya una investigación profunda sobre este caso y desde ya rechazamos la versión que a unas horas de ocurrido este asesinato dio la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en el sentido de que eran motivos personales.

También hemos demandado, que aunque no es militante del PRD, pero es un ciudadano guerrerense, sea presentado de inmediato el profesor Gregorio López, desaparecido desde el 26 de septiembre.

El gobernador nos manifestó que ha estado gestionando ante las autoridades federales y en concreto ante la PGR, para que sea presentado con vida el profesor Gregorio López.

Ahora toca a los órganos electorales dar cauce a las protestas y a los recursos que en tiempo y forma interpusieron nuestros representantes tanto ante las casillas, como ante los distintos comités electorales.

Hay una agenda pendiente para lograr que en el Estado de Guerrero haya elecciones libres y transparentes, nos referimos a la Ley Electoral que aún carece de un conjunto de elementos que nos permitan llegar a la conclusión de que es una ley democrática.

En particular hubo un elemento que no logramos superar, que nos preocupa mucho y que vamos a presentar propuestas en la próxima redacción, tanto del Cofipe como de las leyes electorales en el Estado, que se refiere a la compra de los votos, que se refiere a la canalización de recursos gubernamentales a los candidatos priístas, que se dio incluso durante la misma jornada electoral, donde se entregaban despensas y se entregaba dinero en efectivo a cambio de los votos.

Necesitamos que tanto en las leyes electorales, en la Federal como en las estatales, como en los códigos penales, metamos mayores sanciones a este tipo de mapaches que compran votos con dinero del erario público, pero también necesitamos que haya una forma de castigo a los partidos que usen esta forma de comprar votos que implique también la anulación de sus candidatos, porque hasta ahora si bien hay sanciones leves en los códigos penales, no hay una traducción en hechos concretos para quienes usen esta forma de compra de votos.

Tuvimos un poderoso ejército de mapaches electorales, sobre todo en el municipio de Acapulco, encabezados por el señor Enrique Jackson, quien tiene fama probada de ser un gran mapache electoral.

En Acapulco, en concreto, está pendiente la resolución de un conjunto de impugnaciones que en tiempo y forma nuestros representantes interpusieron ante los organismos electorales.

Del total de casillas que hay en Acapulco, en la cual compitió nuestro compañero diputado Ceferino Torreblanca Galindo, de las 644 casillas, están impugnadas 196, que es un 30.4% de las casillas.

Y los motivos se refieren a la ausencia de los funcionarios designados de la casilla y la imposición de sustitutos sin apego al código electoral estatal.

Hubo un rasuramiento del padrón aproximadamente del 3%; se llevó la votación sin funcionarios en muchas casillas; se permitió votar sin la credencial respectiva y hubo un número muy grande de anulados, de votos anulados: hay 3 mil 411 anulados. Es un porcentaje, es una cantidad alta y por causas como que la marca no está sobre el emblema del partido, aunque si en el mismo recuadro.

Asimismo hubo actos de proselitismo, como la compra de votos y la entrega de despensas, por ejemplo, en ciudad renacimiento, en Acapulco.

Estamos ahí demandando que las sesiones, tanto en Acapulco como en los otros comités distritales el día de mañana que habrá sesión de los consejos municipales electorales, que haya estricto apego a la ley.

Inmediatamente, después de los resultados electorales que fueron catastróficos para el partido gubernamental, inmediatamente empezaron los cambios y las remociones en búsqueda de culpables al interior del partido y del gobierno estatal.

El día de ayer el gobernador del Estado hizo tres cambios, tanto en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Finanzas y sin guardar la sana distancia, removió también al Secretario General del PRI y al presidente del comité municipal de Acapulco, el señor Amin Sarur.

Estos son reflejos de las pugnas internas que se dan al interior del bloque gobernante y que son reflejo de la estrepitosa derrota que tuvo el partido oficial en 25 municipios, 22 a cargo del PRD, dos a costa del PRT y uno del Partido Acción Nacional, destacadamente la ciudad de Taxco.

En la ciudad de Taxco logramos tener, el PRD, el 100% de las actas electorales, incluso proporcionamos siete de estas actas electorales al candidato del Partido Acción Nacional, a fin de que demostrara su triunfo legítimo.

Así sea por una cantidad irrisoria de votos, nosotros estamos por el absoluto respeto al voto popular. El voto popular no se negocia y en estos días nosotros vamos a exigir que haya un estricto respeto al voto popular, no queremos ni concertacesiones ni nada por el estilo, queremos que los organismos electorales se dé curso a nuestras protestas.

En particular nos preocupan casos como el sucedido en Tlalchapa, Guerrero municipio de Tierra Caliente, donde hubo de las 21 casillas instaladas, hay tres casillas que están seriamente impugnadas: la casilla 2550 ubicada en Cuaulotitlán, en virtud de que la señora Evelia Barrera Sánchez, candidata a regidora por el PRI, se apostó cerca de la mesa directiva de casilla y estuvo induciendo el voto.

Tenemos pruebas en este municipio de irregularidades en el resto de las casillas electorales, lo cual fue señalado en su oportunidad al presidente del consejo municipal electoral, Baltazar Leyva.

Nosotros, en estos municipios donde la votación es muy cerrada, donde con una casilla gana un partido u otro, vamos a exigir plena y absoluta transparencia. Si hay necesidad de que se abran los paquetes electorales, vamos a demandar que se abran.

Por nuestra parte, manifestamos nuestra plena satisfacción por los resultados electorales del PRD. Manifestamos que hay un conjunto de fenómenos que incidieron negativamente en la jornada electoral, que es necesario modificar esa antidemocrática ley electoral en el Estado de Guerrero; que es necesario desmilitarizar el Estado de Guerrero y que haya una negociación con los grupos armados; la necesidad de que se respeten íntegramente los resultados electorales; que libremente el pueblo de Guerrero emitió el pasado 6 de octubre, que fue un no a la violencia y un si a cambios pacíficos; con la Constitución en la mano, con la legalidad en la mano y contra los chanchullos, la compra de votos y las irregularidades que cometió el partido oficial.

Por nuestra parte, manifestamos nuestro deseo, nuestra convicción, de que las próximas elecciones estatales, estos métodos usados sean erradicados a fin de lograr elecciones limpias y transparentes en nuestro país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda por 15 minutos.

El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

Me voy a permitir únicamente leer un informe de la comisión plural que participó como observadora en los procesos electorales del Estado de Guerrero. Este informe está suscrito por los cuatro partidos, los diputados: Max Tejeda Martinez, del PAN; Javier Gutiérrez Robles, del PAN; Ramón Sosamontes, del PRD; Cuauhtémoc Sandoval, del PRD; Alfonso Primitivo Ríos, por el PT; Augusto Gómez Villanueva y su servidor por el PRI.

Como es de su conocimiento, en la sesión celebrada el pasado 1o. de octubre del presente año, a propuesta de las diversas fracciones parlamentarias con representación en esta soberanía, y considerando como práctica parlamentaria la creación de comisiones especiales, se acordó la integración de una comisión pluripartidista, en la que participaran diputadas y diputados federales, cuya finalidad fuera el observar el proceso electoral, que se realizó el pasado domingo 6 de octubre del presente año e informara al pleno de esta Cámara de Diputados sobre el desarrollo de dicha jornada electoral.

En base a este mandato, las diputadas y los diputados que participamos en esta jornada electoral, representando a nuestras fracciones parlamentarias, nos permitimos poner a su consideración el siguiente informe.

Los integrantes de esta comisión, nos trasladamos a la entidad el día 4 de octubre para verificar, previamente, el proceso electoral, todos los aspectos relacionacionados con la preparación de dicha jornada, entrevistándonos con el gobernador constitucional del Estado, licenciado Angel Heladio Aguirre Rivera y con el presidente del consejo estatal electoral de dicho Estado, licenciado Miguel García Maldonado, así como con los presidentes municipales y autoridades electorales de los diversos municipios que integran este Estado para evaluar, conjuntamente, los mecanismos que se instrumentarían para salvaguardar el respeto irrestricto al sufragio.

En la entrevista con el ciudadano gobernador del Estado y dada la inquietud de los comités directivos estatales, de los partidos nacionales que participaron en esta elección, así como de los partidos con registro en ese Estado, se solicitó al Ejecutivo gestionara ante el Secretario de Gobernación y el Secretario de la Defensa Nacional, el acuartelamiento del Ejército para propiciar un clima que permitiera asegurar la tranquilidad en la entidad y la libre manifestación de las fuerzas políticas, para emitir su sufragio, pudiendo constatar posteriormente el resguardo de las tropas.

Pudimos constatar que el dia 5 de octubre, de conformidad con los lineamientos de la Ley Electoral vigente en el Estado, a través del secretario general de gobierno, se pusieron a disposición del consejo estatal electoral, el mando de todas las fuerzas policiacas del Estado y de los municipios para que única y exclusivamente el presidente del consejo estatal electoral pudiese disponer de las mismas en caso de ser necesario.

Se nos informó que las elecciones en el Estado de Guerrero tendrían un nuevo marco normativo que había sido recientemente actualizado y que fue resultado del proceso de diálogo y participación plural de todos los partidos con registro en el Estado quienes, entre otros puntos de consenso, lograron lo siguiente: órganos electorales autónomos e independientes; órganos electorales integrados por nueve consejeros ciudadanos y representantes de partido en manera paritaria; establecimiento en el Código Electoral y Penal de los delitos electorales; fijación de topes de gastos de campaña; doble insaculación para el nombramiento de los funcionarios de casilla; establecimiento y reglamentación de la figura de los observadores electorales; establecimiento y funcionamiento de mecanismos de encuestas de opinión y conteo rápido; perfeccionamiento de los métodos para la verificación del padrón electoral en forma mensual; autonomía financiera de los órganos electorales; igualdad en los usos de medios masivos de comunicación propiedad del Estado.

El carácter autónomo de los organismos electorales, que se advirtió en la integración del consejo estatal electoral, así como en los respectivos consejos municipales. El funcionamiento del tribunal electoral del Estado como máxima autoridad jurisdiccional electoral, cuenta con una estructura que tiene como objetivo esencial dar legalidad absoluta al proceso de elección y vigilar que los resultados estén completamente apegados a la ley para tener un carácter legítimo e incuestionable.

Otro aspecto innovador fue el perfeccionamiento del padrón electoral, al cual se le anexó la fotografía de los electores, lo que le permite al Estado de Guerrero ser el tercer Estado en contar con este importante avance a nivel nacional.

Estas acciones son principio y fin para la realización y validación de los comicios, con absoluta independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresó su reserva sobre los artículos 12, 13 y 14 del Código Electoral del Estado de Guerrero, sobre el reparto de las diputaciones de representación proporcional y las regidurías.

Cabe destacar que el proceso se desarrolló con la responsabilidad y confiabilidad por la excelencia que se dio en el debate y en la discusión previa a los asuntos propios de la organización y la preparación de los comicios, que permitieron concretar acuerdos sustanciales para lograr las elecciones que verdaderamente calificamos como tranquilas.

Los integrantes de esta comisión ratificamos como mexicanos conscientes de nuestra realidad, que el único ganador en el proceso electoral del Estado de Guerrero, fue el pueblo y que así lo constatan los resultados obtenidos por los diversos partidos en los 28 distritos electorales locales y en los 76 municipios con que cuenta el Estado de Guerrero.

Manifestamos que los únicos perdedores; los únicos derrotados en Guerrero fueron las expresiones de violencia. La participación activa de las organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como de los medios de comunicación con que se cubrió el 100% del territorio del Estado de Guerrero, con que con más de 1 mil 500 observadores registrados y 450 medios nacionales y extranjeros y la participación de los diputados federales, de las diversas fracciones parlamentarias, dan testimonio del esfuerzo por lograr limpieza y la transparencia en las elecciones del Estado de Guerrero, permitiendo una vez más, mandar a la República y el mundo un mensaje de civilidad política, ya que en el Estado de Guerrero y en México, es factible transitar por los caminos del diálogo, la concertación, el Estado de derecho y la democracia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de octubre de 1996. Con las firmas de los diputados de los cuatro partidos antes mencionados.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos, están anotados previamente los diputados Javier Gutiérrez Robles y Leticia Burgos.

El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):

Pido la palabra en relación con lo expresado por el diputado Píndaro Urióstegui.

El Presidente:

Para rectificación de hechos, primero tiene la palabra el diputado Gutiérrez Robles. Permítame, señor diputado.

El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):

La pedí para rectificación de hechos. No estoy como orador, Presidente, es para referirme a rectificación de hechos.

El Presidente:

Si es para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Gutiérrez Robles.

El diputado Javier de Jesús Gutiérrez Robles:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El pasado domingo 6 de octubre se realizaron en Guerrero elecciones locales para integrar ayuntamientos y Congreso local.

La regla no escrita, según la cual la oposición no podía ganar elecciones en los escaños legislativos y en los poderes ejecutivos locales, desapareció; ello sin que esto quiera decir que las elecciones hayan sido unos comicios química y absolutamente puros, sino que el nivel de confianza que alcanzaron fue significativamente superior.

La democracia y la justicia en Guerrero, son asuntos vitales, ya que en nuestro Estado ha habido ausencia de una democracia que corresponda a ese nombre.

La democracia electoral es impostergable pero no será suficiente. El sistema se defiende a sí mismo con recursos económicos del pueblo, con una eficacia que ya quisiéramos para otra causa.

Cheques del Procampo otorgados a los campesinos, despensas de la Conasupo, becas de Solidaridad, reparto de material de construcción y la presión e intimidación ejercida sobre los electores han sido el proceder de campaña electoral del partido del Estado.

En un ambiente en el que privó el abstencionismo, con algunos casos reportados de inducción al voto, acarreo de ciudadanos, compra de votos, entrega de boletas con todo y el folio, lo que anula el secreto del sufragio, se desarrolló el proceso electoral en nuestro Estado.

Es particularmente significativo el abstencionismo registrado que según los cálculos numéricos que nos reporta nuestro centro de cómputo estatal, es aproximadamente de 60%. Ello permite advertir y declarar que en Guerrero el consejo estatal electoral no publicó ni difundió adecuadamente la ubicación de cada una de las mesas de casilla, provocando que los ciudadanos no localizaran el domicilio en el que debían de votar. Ello constituye una de las causas por las que se registró el abstencionismo.

Por otro lado, el temor ciudadano injustificado en momentos de paz, encuentra razón y tristemente echa raíces en donde unos pocos violentan al ciudadano, oscurecen el ambiente social y además ocultan el domicilio de las casillas con el fin de que los guerrerenses no puedan ejercer sus derechos.

Desde el Gobierno o con las armas, se creó un panorama apto para que, sin necesidad de desacuartelar al Ejército, la sociedad no ejerciera su derecho de sufragar.

En Guerrero se ha pasado de la época de robar votos, al tiempo de robar el derecho al voto. Como el régimen ya no puede robar una voluntad ciudadana expresada, ahora decide robarla antes de su expresión. Un triunfo en estas condiciones, es ilegítimo y así lo hicimos en nuestra campaña.

Ocultando información, escondiendo casillas, no es como se establecen las condiciones para construir en una jornada electoral los cimientos de la paz social y duradera que requiere el Estado de Guerrero.

Acción Nacional seguirá la ruta de la ley, la ruta del diálogo, el camino del derecho para subsanar todas estas irregularidades. Interpusimos en las mesas de casillas, nuestras protestas. Tenemos derecho a proponerlas en los siguientes días y así lo haremos. Protestaremos por la vía legal y pacífica, donde consideramos que nos asiste la razón.

Finalmente Acción Nacional exige que haya voluntad política por parte del gobierno estatal para el respeto irrestricto a la ley electoral vigente.

Asimismo pugnaremos con todos los recursos a nuestro alcance para que la limpieza y el respeto a los comicios, sea una realidad en los hechos y no una hermosa teoría. Nuestra fuerza reside en la insurgencia ciudadana, pero sobre todo, en la conciencia cívica, plena y definida de un pueblo. Ya lo afirmaba don Efraín González Luna, en el humanismo político:

"La democracia no es fruto maduro que se cae del árbol, es la corona de un esfuerzo, de una lucha que no se agota, que se reafirma y vigoriza."

Por ello ejercemos nuestro que hacer político en Acción Nacional y seguiremos neciamente, tercamente, hasta consolidar y hacer vida en la cotidianidad de la democracia, sea una forma de vida y un sistema de gobierno.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Leticia Burgos.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Quisiera llamar su atención para comentar con ustedes también, dado que se tocó el punto, a reserva de que terminada la calificación podamos extendernos más respecto a nuestra opinión al proceso electoral de Guerrero.

En primer lugar, yo quisiera, por respeto a todos los que fuimos como observadores electorales, que el informe que leyó el diputado Píndaro se nos reparta y que ahí se incluyan todas nuestras opiniones, también, respecto al proceso y a los puntos que se tocaron en el articulado.

De entrada, es muy rebatible el informe que se menciona, aún elaborado con pinzas y con mucho cuidado para que firmaran todos los partidos políticos, las representaciones de algunos diputados de los partidos es muy rebatible en algunos puntos, que no voy a entrar en este momento, porque creo que están sumamente rebasados.

Pero sí voy a señalar que efectivamente la contienda electoral no fue como hubiéramos querido: plenamente ejemplar. Que hubo irregularidades y aquí hay que decirlo, aquí hay que decirlo porque estamos en un proceso nacional de reforma federal y los procesos estatales nos deben de enseñar para no seguir repitiendo errores y simplemente voy a señalar uno que fue una irregularidad sistemática y que tiene que ver con lo que posteriormente nosotros vamos a comprobar desde el punto de vista legal, que tiene qué ver con el "rasuramiento del padrón".

Compañeras y compañeros: un problema en 1994, totalmente fraudulento a la elección, fue el "rasuramiento del padrón" y lo dijimos y lo dijo el Partido de la Revolución Democrática en su momento, en tiempo y forma.

Hoy en Guerrero se dio esa situación. A mí me consta porque estuve en varios municipios como observadora electoral y en las diferentes casillas que estuve, más de cinco, algunos hasta 15 "rasurados del padrón". Esto, compañeros, si es sistemático algo pasa, algo está sucediendo en la elección.

Simplemente lo toco porque considero que es fundamental para que no resulte que en la reforma electoral federal vayamos a revisar el padrón después de 1997 o después del 2000. Creo que es urgentísimo que eso se atienda en el proceso de discusión que estamos dando.

En segundo lugar, en segundo lugar compañeras y compañeros también se dio, a pesar de tantos observadores y de la voluntad de los partidos políticos y desde luego de nuestro partido de que la gente fuera a votar libremente. Pero también se dio y a mi me consta, en Chilapa y algunos que conocen la región de Chilapa sabrán que ahí los indígenas votan en conjunto. A cambio de una comisaría de 300 mil pesos vendieron su voto. Esto, compañeros, tenemos que erradicarlo, tenemos que garantizar que los ciudadanos vayan libremente a votar por la opción que consideren.

Luego entonces, compañeros, este proceso no fue como hubiéramos querido que fuera. Si garantizamos, garantizamos los miles de guerrerenses que demandamos que el Ejército dejara de estar monitoreando y de estar intimidando y hostigando el Estado de Guerrero, que por lo menos ese día dejara de circular ¡Pero fue gracias a la demanda de los guerrerenses que los partidos nos hicimos eco y que los diputados un día antes de la elección lo ratificaron ante el gobernador!

¡Pero creo que hay que ser muy justos con el pueblo de Guerrero! ¡Hubo mucha abstención. es cierto! Pero aquí hay que ser muy justos: la gente salió a votar. No nos espantemos, la abstención es el principal oponente a la libertad de elegir a nuestros gobernantes. La abstención se dio por muchas razones, una de ellas fue la presencia del Ejército desde el 28 de junio de manera sistemática, hasta un dia antes a la elección; la presencia también del FR, hasta que dijo que ya no iba a actuar, la actitud del Gobierno para dejar de hacer campaña por su partido 20 días antes y todavía una semana más antes de la elección que seguía siendo campaña en Iguala; es decir, compañeros, tenemos mucho que hacer por la reforma, ya aquí me pusieron tiempo, yo simplemente digo, hay pendientes, nosotros vamos mañana a seguir peleando, a seguir peleando legalmente, vamos a demandar limpieza en Atlamajatzingo, vamos a pedir limpieza en las elecciones en Tecpan, vamos a pedir limpieza en Atoyac, en Acapulco, en Chichihualco, en Tlachapa, en Tlacuapa, en Cuautepec y en Talcotepec, porque nosotros estamos seguros que ahí la voluntad popular nos favorece, que ahí hubo irregularidades, que limitando la elección la voluntad popular puede ejercerse a favor del PRD.

Yo los invito a que todos nosotros estemos muy atentos, la legalidad es muy frágil en el Estado de Guerrero, mucho más la gobernabilidad, no cantemos victoria.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El compañero diputado Píndaro Urióstegui dio lectura aquí a un documento cuasi ideal, nos habla él de la absoluta independencia del Ejecutivo, de órganos electorales ciudadanos,de reglamentación de observadores, de perfeccionamiento del padrón. Desde luego fue generoso al decir que el autor es el pueblo.

La fracción Social Demócrata tiene otra lectura, aquí en esta elección no quedó demostrada la ciudadanización de los órganos electorales. Yo le pregunto al diputado Urióstegui si acaso los ciudadanos por sección eligieron a sus representantes electorales distritales y los distritales eligieron ellos por votación directa a los jefes de los órganos electorales. No fue así, en ese sentido no son consejeros ciudadanos, son consejeros del poder, porque es el poder quien los eligió.

Nos habla como gran avance, de la reglamentación, nada menos que de la actividad de los observadores y de la realización de encuestas y de los conteos, ¿Qué diablos tiene que hacer el órgano electoral y la Ley Electoral reglamentando la actividad libre de los observadores y sometiendo a restricciones a la ciencia como es la investigación de opinión pública, el conteo rápido, el pronóstico y la previsión de resultados electorales.

No es, pues, la ley guerrerense un instrumento que pretenda facilitar la actividad del observador, sino obstaculizarla, equivale prácticamente a decirle, puedes observar todo lo que quieras pero te lo guardas o lo que publicas o lo que expones es bajo las condiciones que la autoridad impone.

Nos habla del perfeccionamiento del padrón porque tiene fotografías, pero no nos habla del fraude previo que con el padrón se realiza por medios computarizados, por medios cibernéticos, que afectó prácticamente al 18% del electorado de la entidad.

No nos habla del fraude previo jurídico que se realiza con modificaciones legales que favorecen al partido de Estado, omite el fraude previo financiero que le permite al partido de Estado ventaja frente a los competidores; se soslaya el fraude previo informativo que hace que los candidatos del partido de Estado en conjunto dispongan prácticamente del 80% de los tiempos de televisión, del 75% de los espacios de la radio y del 60% de las líneas ágata en los medios impresos.

No nos habla, pues, del incumplimiento de lo que el artículo 41 de la Constitución Federal señala y tiene imperio en toda la nación, los procesos electorales ante todo deben ser equitativos, amén de otras condicionantes. No es desde luego al pueblo al que hay que exaltar como ganador, al pueblo hay que exaltarlo como autor sí y esto es lo que yo vengo aquí a puntualizar, de una hazaña que debe servir de ejemplo a los ciudadanos de otras entidades porque ha sido verdaderamente notable la participación de los guerrerenses para elegir los ayuntamientos y diputados locales, porque se impuso a la desinformación del régimen, se impuso a la militarización del Estado, fue más allá del intento del gobierno por inducir el abstencionismo.

Si bien un 30% de participación no es elevado, recordemos que ha habido otras entidades con índices del 20% y del 10% y que aquí, en la capital de la República, en las últimas elecciones de consejeros ciudadanos, la participación sólo llegó al 5%.

El hecho electoral ocurrido en Guerrero, desde luego demuestra que aún existe escepticismo en torno a la efectividad de los comicios, que la mayoría piensa que sólo se trata de una parte o de una forma de lucha política; y que quizá no valga la pena transitarla, pero los pocos que salieron a votar demostraron que no se atemorizan ante la intimidación, la represión y la militarización que practica el Estado. Por tanto consideramos que es fundamental evaluar correctamente esta jornada sin echar las campanas a vuelo, como se desprende del informe que leyó aquí el diputado Urióstegui, para no hacernos las ilusiones de que ahí ya se gestó el Estado democrático inducido por las cúpulas que parlamentaron una nueva legislación electoral.

Pero así como no debemos pecar de optimistas, tampoco debemos menospreciar el valor enorme de quienes salieron a sufragar y ganar ayuntamientos para la oposición, porque dieron la lucha en un espacio político controlado desde el poder y aún así obtuvieron éxitos resonantes.

Esta fracción Social Demócrata expresa su convicción de que el fin del partido de Estado está cerca no como consecuencia de la voluntad política del régimen, sino como decisión de un electorado que por encima de un panorama ominoso, toma la decisión de enfrentar las condiciones adversas, sale a votar y saca adelante a sus candidatos, que esperamos lleven en el cumplimiento de sus proyectos, programas democráticos que deban servir de ejemplo a otros compañeros del país.

Gracias, compañeros.

El Presidente:

Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Serafín Núñez Ramos.

El diputado Serafín Núñez: Ramos:

Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:

Quiero referirme brevemente al informe que presenta la comisión plural que esta soberanía envió al Estado de Guerrero en las elecciones pasadas.

Tengo entendido que esa comisión fue creada para desarrollar actividades de vigilancia en relación a la limpieza del proceso electoral y para dar testimonio de la jornada electoral.

Aquí nos presentan un informe cuyo contenido básico ha sido la enumeración de las acciones preventivas del gobierno de Guerrero para garantizar la limpieza del proceso y la paz durante la jornada electoral, pero el informe nada dice de cómo esa comisión, por qué medios y acciones concretas esa comisión cumplió el cometido que el pleno le impuso.

Yo quiero pedir a los miembros de esa comisión plural que se expliquen en este punto, ya que todos firmaron ese informe. De otra manera el pleno seguirá tomando puntos de acuerdo, nombrando comisiones que no informan satisfactoriamente acerca de los procedimientos que utilizan para cumplir el cometido que el pleno les impone.

¿Por medio de qué procedimientos cumplen esas comisiones? Y luego nos presentan informes al pleno, que son de muy dudosa calidad y que la mayoría de las veces el pleno acepta sin chistar.

Yo no quiero referirme en esta ocasión, porque el tiempo no me lo permitirá, a las lecciones que debemos sacar de este proceso electoral. Creo que todavía no estamos en tiempo de hacerlo y ya habrá tiempo para ello. Todavía hace falta sacar las lecciones por parte de las fuerzas políticas actuantes en ellas; todavía hace falta explicar de manera más compleja el fenómeno del ausentismo de los electores. No es un problema tan simple como parece. La abstención también tendría que ver con nuestra capacidad de poner en tela de juicio lo que hacemos y pensamos en política, la confrontación de nuestra práctica con la vida, con la necesidad que nos imponen los hechos y con nuestra capacidad de hacer modificaciones, es nuestra táctica y nuestra estrategia que nos acerquen a la verdad, a la realidad.

La abstención tendría que ver también con las limitaciones de nuestro incipiente sistema democrático y de nuestro muy inmaturo sistema de partidos en el Estado de Guerrero, con la supervivencia de una estructura social que ya no se corresponde con la necesidad de los cambios que nos impone nuestro tiempo etcétera.

Yo creo entonces que para todo esto habrá tiempo y en esa ocasión creo que todos los partidos políticos participantes en esta elección tendrán posibilidades de contribuir a sacar las mejores lecciones para el futuro democrático de Guerrero.

Quiero decir, por último, que a los que hemos seguido con cuidado la evolución de los procesos electorales en los últimos años, no nos parecen despreciables los porcentajes e participación en esta elección. Desde el régimen de Ruiz Massieu el PRI gana con un 25% y los gobernadores gobiernan con la voluntad del 25% del electorado. En el régimen anterior a éste, también, de tal manera que si hoy recibimos el 40%, 50% de participación, estamos en la tendencia que ligeramente se coloca a la alza.

Por último quiero pues entonces volver a mi petición inicial: quisiera saber, quisiera que aquí nos dijeran los miembros de la comisión cómo fue que cumplieron con el cometido que este pleno les impuso, a través de qué programa de acciones y de actividades, de qué manera se convirtieron en testigos de este proceso electoral. Si se da respuesta a esto, esto permitirá que en el futuro toda comisión que se nombre tenga que cumplir rigurosamente con las obligaciones que este pleno le imponga.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Antonio Piza Soberanis.

El diputado Antonio Piza Soberanis:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hemos escuchado versiones muy particulares referentes al proceso electoral que se llevó en el Estado de Guerrero. En el Estado de Guerrero se llevó un proceso electoral con limpieza,se llevó un proceso con toda la participación de los guerrerenses a lo largo y a lo ancho de nuestro Estado.

La mayor parte de nuestra gente asistió a pesar de las inclemencias del tiempo que se presentaban, porque fueron días con bastante lluvia y a pesar de eso salió la gente a votar.

En el puerto de Acapulco hubo una participación bastante importante, que eso demuestra que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, se apegó por completo a lo legislado. El padrón con fotografía, donde incluso hasta una de las autoridades eclesiásticas del municipio de Acapulco, un obispo, no se le dejó votar a pesar de que aparecía en el padrón, mas no llevó su credencial de elector.

Esto, como se ratificó anteriormente por el compañero Píndaro, fue un triunfo de los guerrerenses, fue un triunfo porque nada pudo manchar, a pesar de que había bastantes augurios de que en Guerrero se iba a engendrar la violencia.

Nosotros sabemos lo que es la violencia y por eso buscamos vivir en paz y en tranquilidad. Muchos llegaron con el placer morboso de que los guerrerenses nos íbamos a enfrentar.

Quiero comentarles y decirles que en Guerrero se vive con tranquilidad a pesar de las condiciones en que se está, en Guerrero tenemos un partido que ganó en forma limpia y que reconoce los lugares donde los perdió.

Incremento como lo tuvieron los compañeros de la Revolución Democrática en sus votaciones, sin embargo bajas tan fuertes como las tuvo Acción Nacional, pero todo fue dentro de un trabajo completamente legal y para ello, de las 3 mil 500 casillas hubo únicamente 300 incidencias que fueron resueltas y aquí dejo a esta Secretaría.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, nuevamente la diputada Leticia Burgos tiene la palabra.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Con su permiso, señor Presidente:

Me permití volver a tomar el uso de la palabra para señalar que estamos precisamente en un proceso de evaluación, que aquí podemos decir todo lo que queramos decir en relación a Guerrero y su proceso electoral, pero hay una autoridad, una autoridad, mal que bien hay una autoridad que tendrá que revisar muy minuciosamente municipio por municipio y como hemos convenido públicamente, tal vez abriendo urnas, una por una, para ratificar triunfos o rectificar.

Lo que yo quisiera agregar al respecto de lo que se ha señalado hasta este momento, es que hay que ser muy francos. Todavía falta bastante por hacer; que no ha sido tan limpio, porque si fuera tan limpio no hubiera necesidad de que el partido oficial tuviera que usar los medios para desacreditar a nuestro partido, para utilizar a los niños que induzcan a sus padres a no votar por el sol porque el sol es violencia, tal vez porque les da mucho calor cuando triunfamos en los municipios.

También hay que ser muy francos, falta bastante por hacer.

Si la reforma fuera profunda o hubiera sido profunda, no se hubiera dado el dispendio en las campañas que fue tan evidente. Simplemente Acapulco, Acapulco ya nada más faltaba que el avión que salía de Acapulco llevara en la cola el anuncio del candidato del PRI, porque hasta los lugares más recónditos, el dispendio en la propaganda fue estrepitosa, fue ofensiva para los guerrerenses. Si eso quienes saben les parece muy limpio, yo creo que no es honesto aquí venir a decirlo.

El financiamiento y la vigilancia en el financiamiento de las campañas, todavía no está regulado en Guerrero y esto nos tiene que llamar la atención para arribar a una reforma efectivamente que garantice transparencia y equidad, pero sobre todo que garantice respeto a la voluntad popular.

Por eso el que hacer nuestro, compañeras y compañeros, es muy importante y yo aquí quiero recordarle a la Comisión de Concertación Política, porque queremos que nos informen de sus responsabilidades.

El 17 de septiembre aquí tocamos el tema de Guerrero y aquí las tres fracciones parlamentarias signamos un punto de acuerdo donde tenía que ver con que comisiones de esta Cámara dieran cuenta sobre la situación de la entidad, tanto en materia de derechos humanos como en el manejo de los recursos de los programas de gobierno y queremos estar a la altura.

Yo solicito, lo haré por escrito, para que estas comisiones, si se turnó la responsabilidad por parte de la Comisión de Concertación Política y Régimen Interno, nos informen a esta soberanía sobre la situación que guarda el Estado de Guerrero sobre derecho humanos, que ahí hay muchos pendientes.

El PRD está de manera muy cautelosa moviéndose al respecto. En su momento aquí en esta tribuna vamos a dar a conocer, uno por uno, las violaciones a los derechos humanos que han venido prevaleciendo en estos últimos dos meses, ha aparecido el Ejército mexicano con mucha mayor permanencia y el EPR. Aquí vamos a informar sobre esa situación.

Pero queremos que la Comisión de Derechos Humanos aquí nos responda. Pedimos entonces que en el marco de la discusión que vamos a seguir dando seguramente sobre reforma electoral y en particular sobre la elección de Guerrero, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la de Presupuesto, Programación y Desarrollo Social...

El Presidente:

Compañera diputada, le suplico redondee su intervención .

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Así es:

Finalmente, para concluir, que aquí nos informe sobre el particular. Creo que de esa manera es como vamos a estar cumpliendo los puntos de acuerdo y no sólo formalidades que de manera muy curiosa, de un día para otro, ya se presenta un informe, verdad, muy cuidadoso, signado por algunos diputados. Creo que eso no debe de permitirse; que las comisiones efectivamente plurales, integradas por todos los que somos de esta legislatura, sea la que valide un informe. De la otra manera, nosotros no podemos respaldar ningún informe que tenga qué ver con la inclusión de los partidos en general.

Gracias.

LEY FEDERAL DE DONACION ALTRUISTA DE ALIMENTOS

El Presidente:

Esta Presidencia informa que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, ha recibido una comunicación remitida por el diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del Partido Acción Nacional, con la cual solicita un cambio de turno a la iniciativa relacionada con la creación de la Ley Federal de Donación Altruista de Alimentos por él presentada el 11 de septiembre del año en curso.

Esta Presidencia determina túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.

CASINOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado César Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un pronunciamiento sobre la autorización de instalación de casas de juego en el país.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:

Con su permiso, compañero Presidente; compañeros diputados:

Me da mucho gusto tener la oportunidad de reflexionar junto a ustedes, algún asunto que se ha estado tratando en forma recurrente en el ámbito de la prensa nacional y que tiene qué ver precisamente con la instalación de casas de juegos o casinos en nuestro país.

Esta discusión no es nueva, hace ya algún tiempo que inclusive la Comisión de Turismo, en aras de escuchar los pronunciamientos de quienes estaban a favor de esta idea, celebró en Huatulco un foro, en donde se convocó particularmente al sector turístico y en donde se fijaron las posiciones de este sector sobre el particular.

Nosotros en aquel entonces precisamos que si bien el sector turístico, particularmente el hotelero, era una parte importante y que necesariamente tendríamos que oír su opinión, no era la opinión de la sociedad mexicana, que no es un asunto trivial, que no es asunto secundario, que es un asunto que corresponde a todos los mexicanos fijar una posición sobre el particular, porque en ello va más que una simple instalación de un negocio.

Nosotros pensamos que las virtudes que tenemos como país, nuestro gran acervo cultural, nuestras innumerables bellezas naturales, son elementos suficientes, herramientas suficientes para detentar un lugar de primer nivel en el ámbito turístico internacional. Que este tipo de giros podrían ser aceptados en zonas y regiones, donde no tienen otras expectativas de crecimiento económico y se pretenda alentar con todo el cuidado que esta decisión debería merecer, algún crecimiento para sacar de la marginación alguna zona en particular. Pero no es el caso de nuestro pais, hay elementos suficientes, hay como comentábamos infinidad de recursos naturales, una infraestructura hotelera de primer nivel, que parece innecesario plantear este tipo de giros.

Yo creo, en contrario a esto, que lo que tenemos que hacer es el alentar el crecimiento de los programas institucionales que la Secretaría de Turismo ha amparado tradicionalmente, como son los conocidos de ustedes, de Mundo Maya, Ciudades Coloniales, Barranca del Muerto, Bienvenido Paisano, pero que definitivamente, para que esto se complemente y se cumpla, tenemos que alentar el crecimiento de los recursos que la Secretaría reciba para los efectos promocionales. Curiosamente hemos tenido un crecimiento importante en el flujo de turistas, particularmente de los que provienen de los Estados Unidos de América.

Pero lo digo con todo respeto, no derivado de una mayor promoción, de una mayor presencia en la publicidad hacia nuestros destinos, se da por una lógica devaluatoria, porque si revisamos el presupuesto de la Secretaría ha bajado considerablemente estos recursos y por darles un simple ejemplo, históricamente nuestro país era el principal anunciante en los Estados Unidos de América y hoy ocupamos el lugar número 20, de donde se originan los mayores flujos de turistas, nuestra presencia ya no está en los primeros lugares de competencia y no obstante esto, tenemos un flujo importante de turistas.

Por otro lado, creo que se están creando falsas expectativas con respecto a lo que puede generar la instalación de las casas de juego. Podríamos poner un ejemplo que es ilustrativo. En el caso específico de el Caribe que, como ustedes saben, está conformado por diversos destinos de distintos países, donde Bahamas, Nassau, San Martín, en fin, muchos otros destinos turísticos están en la competencia con el destino por excelencia turístico del país en el Caribe, que es Cancún y sin embargo, no obstante ser Cancún el único destino de esta región que no tiene casinos, es el primero en ocupación hotelera anualizada, curiosamente.

Así que este argumento nos parece insuficiente, por cierto Cancún tiene probablemente el mayor número de cuartos hoteleros de todos los destinos que hay en el Caribe con aproximadamente 22 mil cuartos hoteleros. La otra falsa expectativa, alguna que se ha comentado de que probablemente si nosotros instalamos casas de juegos podríamos evitar que los nacionales, los que tienen billete, por supuesto, podríamos evitar que se fueran a Las Vegas o a Lake Taho, si me equivoco le ruego a Marcos Rascón me corrija en la pronunciación Atlantic City, en donde van nuestros connacionales y juegan, según dicen las estadísticas y los argumentos que utilizan quienes están en pro de esta propuesta, juegan aproximadamente de 5 a 6 mil millones de dólares anuales.

¡Por favor, ¿en qué cabeza cabe, en qué cabeza cabe que los nacionales que van a jugar en el exterior, van con las revisiones y exigencias que tiene la Secretaría de Hacienda a jugar en su país?! Si ahora estamos revisando quiénes salen en las agencias de viajes y cuánto se gasan. Esta es una apreciación errónea porque inclusive los que van a jugar, primero puentean, van a San Diego o van a Los Angeles y ya utilizan como un vuelo interno trasladarse a Las Vegas o a Lake Taho no hay tal posibilidad.

En fin, nosotros pensamos que no es ésta la vía en la que podremos alentar el crecimiento del sector turístico y consideramos que los riesgos son superiores a los que en un momento dado y en las condiciones que estamos como país, debemos poner en riesgo.

Por tal virtud un grupo de compañeros diputados queremos hacer un pronunciamiento para decir no a los casinos y por supuesto este documento queda abierto para la suma de quien así lo crea pertinente.

PRONUNCIAMIENTO

No pongamos en juego nuestro futuro.

Frente a las opiniones que se manifiestan a favor de la legalización de las casas de juego en México es indispensable afirmar que dicha autorización atentaría contra el estado de derecho y limitaría nuestra capacidad para generar riqueza legítima ligada a un desarrollo sustentable.

Hay quienes insisten en subrayar que los casinos generarían una derrama adicional ante una mayor afluencia de turistas; por el contrario, la experiencia en las naciones donde se permite el juego, demuestra que el gasto de los paseantes así atraídos se concentra más en las casas de apuestas que en compras recreación y consumo de alimentos en las ciudades.

Los países que han desarrollado inversiones de esta naturaleza lo han hecho obligados como la única alternativa posible para aquellas regiones carentes de atractivos naturales y culturales. De la misma manera se ha probado que su presencia aumenta la ocurrencia de delitos y alienta una degradación moral vinculada a la lógica de ganancias y al cobro permanente de deudas. Bajo este modelo la legalización de los casinos en México propiciaría la penetración de capitales ilícitos y la instalación de una infraestructura a la que se asociarían variadas formas de delincuencia sin excluir el narcotráfico conduciendo a un mayor crecimiento del poder del crimen organizado. Esta posibilidad entraña un serio riesgo para la consolidación de un estado democrático.

La creación de artificiales zonas de progreso así como la salida de las utilidades obtenidas hacia el exterior son también consecuencias negativas relacionadas con este negocio.

En el presente periodo de consolidación de las finanzas y de recuperación de la economía, es a todas luces inoportuno introducir elementos que no coadyuven a un desarrollo estable.

Estos son factores esenciales que deben tomarse en cuenta en cualquier decisión en esta materia. La sociedad observa que las desventajas son mayores que los beneficios; llamamos por ello a que se preserve la prohibición de abrir casinos, para ser congruentes a nuestra cultura jurídica, cuidar el ahorro de los connacionales y proteger la vía del crecimiento económico legítimo.

No pongamos en juego nuestro futuro; saquemos provecho de la enorme riqueza que nos dio la naturaleza y del gran legado cultural de un país que por tener un profundo pasado tiene un futuro que no se puede dejar al azar. Más allá de buscar alternativas que son contrarias a nuestras amplias ventajas comparativas y competitivas, busquemos juntos, autoridades y sociedad, los mecanismos para fortalecer a la industria turística.

Muchas gracias,compañeros.

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

El Presidente:

Sobre el salvoconducto que otorga la Secretaría de Gobernación para el libre tránsito de zapatistas, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En los últimos días se ha desatado un gran debate sobre la posibilidad del libre tránsito de los compañeros zapatistas a esta ciudad para participar en el Congreso Nacional Indigenista.

El negociador Bernal alega: "No pasarán". Sostiene que no pueden salir del territorio donde el Ejército Federal los tiene confinados. El Secretario de Gobernación amenaza conjuntamente con el Procurador General de la República, con reactivar antiguas órdenes de aprehensión.

Nosotros consideramos que no hay ningún obstáculo para que los compañeros zapatistas se trasladen a cualquier punto del territorio nacional sin necesidad de acuerdo previo alguno del Gobierno de la República. Sin embargo, no obstante lo anterior, queremos dejar aquí constancia de que el gerente de la política interior, el propio Chuayffet Chemor, ya extendió por escrito salvoconducto, por decirlo de alguna manera, aunque insisto, no es ello necesario, para que los compañeros zapatistas vengan esta semana a la Ciudad de México. Extendió ese permiso a respuesta específica a un comunicado que nos vamos a permitir leer en esta tribuna. Es una solicitud concreta dirigida al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Los Pinos. Presente.

Que dice así: "México, D.F. 8 de noviembre de 1995, señor doctor Zedillo: con fecha 22 de octubre próximo pasado, el subcomandante insurgente Marcos, tuvo a bien dirigir un comunicado a esta comisión provisional promotora por la unidad y el diálogo nacional, que en su parte medular dice lo siguiente:

La ceguera gubernamental y la actitud soberbia y prepotente de los partidos políticos con registro, nos quieren mantener encerrados en las montañas hasta que la muerte o la desesperación nos hagan salir.

Con todo respeto les pedimos que nos permitan un lugar entre ustedes y que nos acompañen en la lucha por la formación de una nueva fuerza política. Esperemos que ustedes hagan un esfuerzo por entendernos y nos tiendan la mano, así como nosotros les hemos tendido el corazón. (Ver anexo 1).

En virtud de lo anterior, rogamos a usted que en el ámbito de su competencia se sirva dictar las órdenes pertinentes para que se garantice a los representantes zapatistas, el libre tránsito por todo el territorio nacional, a fin de que puedan promover su propia fuerza política.

Esta petición se fundamenta en los artículos: 10., 60., 9o., 11/ 14, 16 y 35 constitucionales y en los artículos: 10. y 20. de la Ley Para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. (Ver anexo 2).

Sustentamos la firme convicción de que la inscripción de los dirigentes zapatistas en este nuevo proceso institucional contribuirá grandemente al imperativo de estabilización política y socioeconómica que el país hoy reclama con urgencia.

Atentamente, por la Comisión Provisional Promotora Por la Unidad y el Diálogo Nacional y rubrican, entre otros, el de la voz, por la alianza democrática nacional; Jorge García Ramírez, por el SUTAUR-100; José Santos por la CUT-CND; Roxana Ojeda, por la UCEZ-CND; Jorge Glason, por la CND; Benito Mirón Lince, por la CNOSI; Cecilia Corona, por la Asamblea Nacional de Mujeres (ANAM); Carlos Ramos, por la CNPA; y Yolanda Igareda, por la Adese".

Con esa misma fecha, la Presidencia de la República acusa recibo en los siguientes términos: "Diputado Luis Sánchez Aguilar y firmantes, Comisión Provisional Promotora por la Unidad y el Diálogo Nacional. Estimados señores:

En relación con su carta dirigida al Presidente de la República sobre el libre tránsito de los representantes zapatistas por todo el territorio nacional, me permito informarles que el Presidente ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que dé el trámite procedente a su petición.

Firma la Coordinación de Atención Ciudadana con copia a Chuayffet Chemor y Núñez Jiménez."

Es el caso, compañeras y compañeros diputados, que el 12 de diciembre del año próximo pasado, la Secretaría de Gobernación emitió el resolutivo DGG250/95, que a la letra dice:

"Ciudadanos integrantes de la Comisión Provisional Promotora por la Unidad y el Diálogo Nacional. Presentes.

En los términos del artículo 80. constitucional y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me refiero a la misiva de fecha 8 del actual que se sirvieron dirigir al Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y a los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como al Procurador General de la República con relación a la determinación de esa comisión provisional para considerar al EZLN como parte integrante de la misma y el desplazamiento de los representantes de dicha organización por el territorio nacional. Al respecto me permito señalar lo siguiente:

Por mandato constitucional y escrupulosa convicción del Gobierno de la República, los actos de sus autoridades deben conducirse irrestrictamente sustentados en los señalamientos del orden jurídico. Con base en esa consideración y atentos al interés nacional de buscar una solución política al conflicto armado planteado por el EZLN al Gobierno Federal, se han desplegado distintas iniciativas y acciones para hacer del diálogo y la negociación, los métodos para la reconstrucción de la paz y la conciliación en el territorio del Estado de Chiapas, afectado por las hostilidades desatadas el 1o. de enero de 1994.

A partir de la determinación del Ejecutivo de la Unión y de los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso Federal, el 11 de marzo del año en curso se expidió la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, como un instrumento jurídico específico para normar la relación entre el poder público y el EZLN, en aras al propósito nacional de alcanzar una solución justa a través de la negociación y la adopción de un acuerdo de concordia y pacificación.

Con base en dicho ordenamiento, el Gobierno de la República integró y designó una delegación para establecer las bases del diálogo y la negociación con el EZLN, y llevar a cabo la negociación misma, la cual se desarrolla conforme a las previsiones y disposiciones de las partes y con el objetivo de llegar al referido acuerdo de concordia y pacificación.

Sin demérito de la promoción que realizan para considerar la participación de los representantes del EZLN en la comisión provisional que han constituido, el Gobierno de la República sostiene su relación con dicha organización a través de la delegación que designó para las negociaciones de paz y en los términos de la referida ley.

El alcance de dicho ordenamiento es de particular importancia para hacer factible la construcción de la paz, tanto en su aspecto de cese de acciones jurisdiccionales e incluso bélicas, como en lo concerniente a una solución digna que involucre la conclusión definitiva del alzamiento y la posibilidad de una plena incorporación de los inconformes a los cauces legales de participación en los asuntos políticos y sociales de la República.

Si bien la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas señala la obligación del Gobierno Federal de garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del EZLN que acudan al lugar convenido para celebrar dichas negociaciones en tanto se desarrolla el diálogo, también prescribe la participación de esa organización en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, como un resultado de la negociación en marcha y contenido concreto del acuerdo de concordia y pacificación.

En atención a lo expuesto expreso a ustedes que el Gobierno de la República no sólo mantiene abierta su voluntad de diálogo para la solución pacifica del conflicto chiapaneco y la incorporación del EZLN a los cauces legales de participación política nacional, sino que ha acreditado con hechos su capacidad de entendimiento y negociación constructiva.

Por ello, a través de su delegación para el diálogo con el EZLN se mantiene atento a las expresiones de esa organización, para avanzar en la negociación y lograr su plena participación en el ejercicio político conforme a los principios de paz y legalidad.

Muy atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Rúbrica el director general de Gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.

Con copia al secretario de Gobernación, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, con copia al subsecretario de Gobernación, licenciado Arturo Núñez Jiménez"

Compañeras y compañeros diputados: a una solicitud expresa de libre tránsito, Chuayffet Chemor por órdenes del presidente Zedillo, por conducto del director de gobierno, no denegó la dicha solicitud. No amenazó con reactivar órdenes de aprehensión. No demandó la rendición ni la entrega de armas. No exigió la firma de la paz. Tampoco puso como condición para circular que los demandantes vistan con tal o cual indumentaria.

Y no podría ser de otra manera porque el artículo 11 de la Constitución es muy claro: "Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes".

El párrafo tercero de la hoja número dos del oficio al que hemos dado lectura, no sólo se refiere a las facilidades que otorga la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, repito la frase otra vez, sino que, dice el oficio, "también prescribe la participación de esa organización en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho".

Y esos cauces pacíficos son los que tutela la Carta Magna en sus garantías individuales: los derechos de asociación, los derechos de expresión, los derechos de tránsito.

Con base en el resolutivo del 12 de diciembre de 1995, que seguramente el señor Bernal no ha leído, exigimos al gobierno de Ernesto Zedillo, en particular al gerente de la política interior, Chuayffet Chemor; al secretario de la Defensa, Cervantes Aguirre; al procurador de Justicia, Antonio Lozano Gracia, que brinden a los compañeros zapatistas todas las garantías necesarias para trasladarse a esta capital y participar en el congreso de las etnias.

Esta fracción Social Demócrata considera que los zapatistas están en su derecho a transitar libremente por todo el territorio en lo general y asistir al congreso citado en lo particular, no debe haber obstáculo alguno para ello.

Sustentamos que pueden transitar libremente y transitarán, que pueden venir a México y vendrán y que pueden tomar el Zócalo y lo tomarán.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos, la diputada Adriana Luna Parra hasta por cinco minutos.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia señor Presidente; sobre el mismo tema compañeros diputadas y diputados, quisiéramos decir lo siguiente:

Hoy nace en esta ciudad la antigua Tenochtitlan, hoy Distrito Federal. El Congreso Nacional Indígena donde se encontrarán las voces nunca escuchadas de quienes desde diferentes rincones del pais traen su verdad de siglos de abandono y pobreza, a pesar de ser la raíz de nuestra identidad como mexicanos.

La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en este encuentro, es indispensable, ya que desde los rincones de la selva Lacandona surgió el grito que permitió después de más de 500 años de abandono, que el reclamo de los pueblos indios ocupara el lugar que le corresponde en la vida política nacional.

Ante esta posibilidad, el Gobierno reacciona contradiciendo el artículo 60. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas que dice; "En tanto se desarrolle el diálogo y la negociación, el Gobierno Federal adoptará las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los dirigentes y negociadores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y asegurará que no serán molestados en su persona o posesiones por autoridad federal alguna".

Los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, saludamos la presencia de los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al Congreso Nacional Indígena y demandamos al Gobierno garantice la seguridad y el libre tránsito de los delegados tanto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como de los demás pueblos indios que asisten a este histórico encuentro de nuestro México profundo.

Diputados: Pedro René Etienne, Isidro Aguilera Ortiz, Adriana Luna Parra, Leticia Burgos, Elíseo Moyao, Andrés Bolaños, Edgar Sánchez, Salvador Martínez Della Rocca, Antonio Tenorio, Ysabel Molina, Rafael Jacobo, Víctor Quintana, Manuel Chable, Saúl Escobar, Marcos Rascón, Carlos Núñez, Leticia Calzada, Desiderio Camacho, Javier González, Anselmo García Cruz, Everardo Martínez y otros más diputadas y diputados de nuestra fracción.

El día de hoy es un día histórico que se marcará con palabras de verdad, de dolor y de sentimiento profundo, de los más profundos rincones de este país.

Todos nosotros tenemos sangre india en nuestras venas y todos nosotros tenemos dentro de nuestras raíces fundamentales de mexicanidad, la sangre india aunque haya estado tan olvidada y tan marginada.

Hoy inicia este histórico diálogo y encuentro de palabras y verdad. En este diálogo estarán nuestros hermanas y hermanos zapatistas y les garantizaremos la seguridad que se requiere para este caso. En el diálogo, dice "libre tránsito" y el libre tránsito ya ha sido muy bien descrito por el compañero diputado que me antecedió en la palabra, no tengo más que decir, el libre tránsito es el libre tránsito y así se los debemos de garantizar.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Sobre el mismo tema, el diputado José Carmen Soto Correa.

El diputado José Carmen Soto Correa:

Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:

Voy a dar lectura a una declaración del Grupo Exhorto en relación a la interrupción del Diálogo de Paz en Chiapas.

"Los legisladores que participamos en el esfuerzo plural que dio origen al grupo Exhorto, llamamos a insistir en el camino del diálogo como única posibilidad de lograr una paz digna y duradera, una paz que favorezca a la causa y democracia en el país, una paz que abra las mejores vías de solución a las demandas de nuestros hermanos indígenas chiapanecos representados por el EZLN.

En el camino del diálogo político, deben dejar de estorbar los intereses sobrepuestos al conflicto, dedicados a polarizar y obtener beneficios particulares. La mediación debe ser entendida precisamente como una labor de acercamiento y de ninguna manera como una fuerza de presión que tira más leña a la hoguera.

La negociación debe tener como principio la búsqueda de soluciones y de ninguna manera hacer de la dilación el peligroso juego que cierre espacios en lugar de abrirlos. El compromiso de avanzar en un diálogo sincero entre el Gobierno y el EZLN está tomado ante la sociedad y debe de cumplirse.

Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la gente está por un sí al diálogo y un no a la violencia. ¿Quién quiere la guerra entonces? Sólo los obcecados en no recorrer las vías de la democracia. El costo humano y político que tendríamos que pagar los mexicanos como tributo involuntario a los dogmáticos, a los autoritarios y los violentos, seria demasiado alto como para dejarles el campo abierto.

Por lo anterior, proponemos:

1. Ampliar el apoyo social y político a los esfuerzos que desde el Poder Legislativo hace la representación popular a través de la Cocopa para que de acuerdo con la ley, por su probada imparcialidad y su composición plural que reúne la participación de todos los partidos representados en el Congreso, establezca las condiciones necesarias para retomar el camino de la distensión y el diálogo entre el Gobierno y el EZLN.

2. Instalar una comisión autónoma de seguimiento y verificación de los acuerdos.

3. Revisar de inmediato los casos de los 18 zapatistas presos con miras a lograr la amnistía y su liberación.

4. Acelerar los trabajos parlamentarios para concretar las reformas legislativas respecto a los derechos de los pueblos indígenas.

5. Definir las modalidades especiales que garanticen la plena incorporación del EZLN a la lucha política abierta y legal.

6. Otorgar garantías para que los representantes del EZLN participen en cualquier foro social o político, para expresar sus posiciones y propuestas.

7. Establecer los criterios, condiciones y plazos para que el EZLN deponga las armas.

La estabilidad del pais y la suerte de la nueva democracia que todos queremos, no debe pender más tiempo del hilo delgado de una negociación enfrascada en círculos viciosos.

Demandamos distensión, sinceridad, reconciliación, apertura y soluciones. Convocamos a una campaña nacional por el sí al diálogo, no a la violencia.

Firman diputados Oscar Levín Coppel, Roberto Campa, César Raúl Ojeda, José Carmen Soto Correa, José de la Cruz Martínez, Ramón Sosamontes, Cuauhtémoc Sandoval, Graco Ramírez, Salvador Martínez Della Rocca, Crisóforo Salido, Eduardo Guzmán, Gabino Fernández, y diputadas Maricela Cerón y María Elena Guizar."

Lo dejo a la Secretaría para su trámite correspondiente.

CASINOS (II)

El presidente:

Para complementar su pronunciamiento con respecto a la instalación de casas de juego en el país, el diputado César Raúl Ojeda Zubieta.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:

Gracias Presidente, compañeros, les ruego su comprensión:

Por estar pensando en cómo plantearle a nuestro compañero y amigo Víctor Quintana, que es mejor su participación como la ha dado, con inteligencia, que verlo disminuir en su condición física, perdí de vista un hecho fundamental, que era el dar lectura a quienes están incorporados en este propósito.

Si me lo permiten, simplemente los menciono, son: Rodolfo González Macías, Carlos Reta Martínez, Roberto Campa Cifrián, José Carmen Soto Correa, Virginia Betanzos, Jacinto Gómez Pasillas, Francisco Peralta Burelo, José de la Cruz Martínez López, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Sandoval, Ofelia Casillas, Javier González Garza, Antonio Sánchez Gochicoa, Miguel Angel García, Gabino Fernández, Pascual Juárez y Ana Lilia Cepeda.

Muchas gracias, por su comprensión.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente:

Sobre el Código Penal en el Estado de Coahuila, el diputado Luis Rico y Samaniego, hasta por 15 minutos.

El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En Coahuila, igual que en el Estado de México, el próximo dia 10 de noviembre se elegirán alcaldes y Congreso local. Para eso el Congreso hizo algunas modificaciones al Código Estatal Electoral y al Código Penal hace escasamente 90 y tantos días. Fue el 28 de junio de este año.

Y entre las modificaciones al código estatal electoral y entre las modificaciones al Código Penal para sancionar a los infractores, se establecía que los candidatos, voy a leer mejor el articulo 377 del Código Penal de Coahuila. Este articulo que se modificó, repito, el 28 de junio, especifica hasta el dia de hoy que se impondrá prisión de uno a cinco años al candidato que rebase el tope de gastos de campaña establecido, de la contienda que se trate.

"El partido político que lo hubiese postulado será sancionado con la afectación de las partidas que por concepto de financiamiento público corresponda y sea equivalente al monto excedido."

El articulo dice también que todos los ilícitos referidos en este capitulo serán perseguidos de oficio.

Parece ser que esta modificación...

El Presidente:

Permítame, diputado.

Ruego a los diputados que se encuentran aquí ocupen sus lugares.

Continúe diputado.

El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:

Parece ser que esta modificación en el Código Penal, que establecía un sano precedente para dejar a los mapaches con candidatura o sin candidatura, con un muy buen articulo que los dejara fuera o que les quitara un poco las ganas de pasarse de los topes de campaña, repito, este articulo parece ser que no tenia la autorización del gobernador, porque hace unos días, hace algunos días el propio gobernador Rogelio Montemayor envía una iniciativa al Congreso para modificar el artículo que tiene 90 y tantos días de modificado. De tal suerte que se le quitan las sanciones para que los candidatos puedan pasarse libremente del tope de campañas.

Hay que aclarar que el tope de campañas es tres veces mayor que el federal en Coahuila y en plena contienda electoral se pretende para pasado mañana confeccionar algo inaudito, que precisamente los topes de campaña los señores candidatos puedan pasarse sin que no pase nada. Algo para Ripley, en plena campaña, la iniciativa del gobernador. Increíble señores legisladores.

Vamos con 30 días, se iniciaron el 10 de septiembre, para el 10 de octubre cumpliremos 30 días, escasos 30 antes de celebrar las elecciones y para pasado mañana la Comisión Permanente del Congreso de Coahuila quiere aprobar la modificación que el gobernador le ordenó aprobar.

Esta modificación tiene una vertiente importantísima. El dia de hoy muchas de las campañas, entre ellas las de Torreón y Saltillo, están excediendo el tope de gastos de campaña. ¡Qué oportuno que el gobernador les quite el tope de gastos para que no se persiga de oficio a nadie!, porque no habrá sanción. De uno a cinco años de cárcel establece el día de hoy este documento, este artículo 377, que pasado mañana, si esta infamia se comete, tendrá nulidad, vigencia cero.

Los mapaches, la impunidad campeará de oriente a poniente y de norte a sur en el Estado. Todo mundo podrá pasarse del gasto. No pasa nada, no importa, la ley es letra muerta, la impunidad campeará. Eso señores, es absolutamente inadmisible que a escasos 30 días se pretenda, por el propio gobernador, por la iniciativa del gobernador, dar marcha atrás lo que era un leve intento de mejorar las condiciones de la contienda.

Repito, es tres veces más alto el gasto en Coahuila que el gasto federal para las campañas y se pretende, mis amigos, dar marcha atrás a media carrera, algo inaudito, increíble.

Yo hago responsable al gobernador del Estado, porque no pasa nada en el Congreso de Coahuila ni en ninguno otro, no se mueve la hoja de un árbol si el gobernador no ordena que se mueva y si esta infamia se comete pasado mañana en Coahuila, hago responsable al gobernador Rogelio Montemayor.

ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA

El Presidente:

En relación al aniversario de la muerte del doctor Ernesto Guevara, tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Gracias, diputado Presidente:

En este 8 de octubre, un recuerdo para el Che:

"Quijote de nuestro tiempo que cabalgas con rumbo preciso; fuente inagotable de estudio y autocrítica; paradigma de fe en los valores humanos; ejemplo de integridad y convicciones; símbolo de libertad para las juventudes; galeno sensible y generoso que te entregas a remediar los males de la injusta sociedad; adalid de ética revolucionaria; ciudadano del mundo. Un aciago dia como éste te asesinaron para matar su razón; te quitaron las manos que brillante obra escribieran; te desaparecieron para borrar tu huella indeleble, para oscurecer la escena de la América que es inconcebible sin ti; Ernesto Guevara de la Serna, prevaleces en millones de corazones que, conmovidos y renovados, laten al evocar tu ejemplo. Junto a quienes conocen y valoran tu figura, aquí reiteramos.. ¡Hasta siempre, comandante!"

ORDEN DEL DIA

El secretario Severiano Pérez Vázquez:

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión pública.

De la próxima sesión.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVI Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de octubre de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Michoacán y San Luis Potosí.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a las solicitudes de permiso del ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, para que pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República Federativa del Brasil, Gran Ducado de Luxemburgo, la República del Perú y la República Italiana.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Rafael Modesto del Blanco Garrido, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España en San Luis Potosí.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al doctor Edmundo Flores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el Grado de Oficial, que le otorga el gobierno de Bolivia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Miguel Hilsaca Morales, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Honduras en Tijuana, con circunscripción consular en el Estado de Baja California.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Carmen Patricia Barrientos Luna de Carrera, Hilda Edith Antillón Jiménez y Mónica Alejandra Grijalva Ramírez, para prestar servicios como empleadas de oficina en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Elías Pineda Meléndez, Jaime Alan Picazo Gómez, para prestar servicios como mensajeros en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México y a la ciudadana Silvia Martha Gabriela Moreno Valdovinos, como secretaria en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Rivera Zamora, José de Jesús de la Torre Franco, Laura Lilia Reyes Aguilar, María Rosa Loreto Zetter Zermeño, Claudia Benavente Arellano de Vázquez, Dora Adriana Alvarez, Caria Judith Cuéllar Martínez, Mercedes Contreras Méndez, Alvaro Quintanilla Moreno y Luis Enrique Villalobos Herrera, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados generales, en Guadalajara, Jalisco y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Leticia Martínez Alvarez, para prestar servicios como recepcionista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a las 20:20 horas):

Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 10 de octubre a las 10:00 horas.

Se pasa a sesión secreta.