SUMARIO
Comunicaión del Congreso estatal,con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Ecolagia y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, referente a delitos en contra del medio arnbiente. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyectos de dicha ley y de decreto que reforma; diversas disposiclones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condeco ración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Carlos Camarena Martínez, pueda desempeñar el cargo del cónsul honorario de ese país en Guadalajara, Jalisco. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Graciela Saldaña y Berthier, pueda prestar sus sevicios en la Embajada de ese país en México. Es de primera lectura.
Dictamende la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ricardo Franco Guzmán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa Republica. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma dicho ordenamiento, en el ramo de la petroquímica. Es de segunda lectura.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández, presidente de la Comisión de Energéticos fundamenta el dictamen.
El diputado Apolonio Méndez Meneses, presenta moción suspensiva.
En contra el diputado Oscar Cantón Zetina.
Desechada la moción suspensiva.
A discusión el proyecto de decreto, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas
Amado Jesús Cruz Malpica, quien presenta voto particular.
José Jesús Durán Ruiz
Jaime Jesús Arceo Castro
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Marta Alvarado Castañón
César Raúl Ojeda Zubieta
Alejandro Rojas Díaz-Durán
Luis Sánchez Aguilar
Tito Rubín Cruz
Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, para rectificar hechos.
Ifigenia Martha Martínez Hernández
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Oscar Guillermo Levín Coppel
Para contestar alusiones personales, los diputados:
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Oscar Guillermo Levín Coppel
Gustavo Gabriel Llamas Monjardín
Continúan el debate, los diputados:
Osbelia Arellano López
Jorge Andrés Ocejo Moreno
Aurelio Marín Huazo
José Alonso Pascual Solórzano Fraga
Alejandro González Alcocer
José Carmen Soto Correa
Jose de Jesús Sánchez Ochoa, para rectificar hechos.
Javier González Garza
Ezequiel Flores Rodríguez
Heriberto Manuel Galindo Quiñones
Adriana Maria Luna Parra y Trejo Lerdo; para rectificar hechos.
Suficientemente discutido el proyecto de decreto. Aprobado. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, se refiere a declaraciones de autoridad de la Iglesia católica.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:
José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza
Ramón Cárdenas Gudiño
César Humberto González Magallón
José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza
Sobre el tema los diputados:
Pindaro Urióstegui Miranda
Francisco José Peniche y Bolio
Luis Garfias Magaña
Jorge Abel López Sánchez
Consuelo Botello Treviño
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Jorge Abel López Sánchez
Consuelo Botello Treviño
Fransisco Antonio Tenorio Adame
José de Jesús Sánchez Ochoa
Salvador Pablo Martínez Della Roca
Serafín Núñez Ramos
Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca
Luis Sánchez Aguilar
De la próxima sesión.
Presidencia de diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 288 diputados. Por lo tanto., hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:40 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 23 de octubre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Querétaro y Quintana Roo.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Justicia y Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
De la Comisión de Justicia, con proyectos: de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Carlos Camarena Martínez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Graciela Saldaña y Berthier, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.
Sobre la intromisión del clero en la política, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos del martes veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos ochenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior que se aprueba en sus términos en votación económica.
Presidencia del diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo
Se da lectura a una comunicación del Congreso del Estado de Baja California, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría da lectura a cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que:
Informa que los ciudadanos Juan Pablo Romero y Romero, María de los Angeles Lomelí de Dávila, Gaudencio Avila Meza y María Graciela Rojas de Bravo, dejaron de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España:
Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tres minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ricardo Franco Guzmán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela:
Jesús Carlos Camarena Martínez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Uruguay en Guadalajara, Jalisco, con circunscripción en ese mismo Estado:
María Graciela Saldaña y Berthier, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Argentina.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Energéticos, con proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea dispensa la primera lectura.
Por las mismas razones se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Secretaría da lectura a un informe de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el que se expresan los motivos por los que se desecha la iniciativa del Partido Acción Nacional, para crear un fideicomiso de apoyo a deudores.
Debaten sobre los términos del informe, los diputados Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Beristain Gómez, del Partido Acción Nacional; Francisco Suárez y Dávila, del Partido Revolucionario Institucional; lfigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y Víctor Manuel Quintana Silveyra, del mismo partido.
Se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de la República Federativa del Brasil, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República del Perú y la República Italiana.
Para expresar sus opiniones al respecto, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Raúl Armando Quintero Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Jaime Mariano del Río Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Luis Sánchez Aguilar, para contestar alusiones personales.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se reserva para su votación nominal en conjunto.
Cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con sendos proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Sergio Joaquín Romero Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de la República de Haití; la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su voto en pro:
María del Carmen Serra Puche, pueda aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de la República Italiana:
Rafael Modesto Blanco Ramírez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí:
Bersaín Iván Peña Sánchez, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos dos de América en México.
La Secretaría recoge la votación nominal de éste y los anteriormente reservados, que resulta aprobatoria por doscientos veintidós votos en pro y ciento ocho en contra, para el primero y trescientos treinta votos en pro, para los últimos cuatro.
Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal, como corresponda, para los efectos constitucionales.
Para referirse a diversos conflictos que afectan a los trabajadores de la industria automotriz y la red de distribuidores, hace uso de la palabra la diputada Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna su denuncia a la Comisión de Comercio.
Sube a la tribuna el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo sobre la publicidad sobre la recaudación fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente concede el uso de la palabra a la diputada María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se exhorte a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dictamine sobre una iniciativa en materia de ecología y medio ambiente. Se turna a la comisión de referencia.
Presidencia del diputado Carlos Humberto Aceves Olmo
Para denunciar lo que calificó como represión y violación a los derechos humanos de los miembros del llamado Frente Popular Francisco Villa, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
Presidencia del diputado Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo
Rinden homenaje a la Constitución de Apatzingán en el centésimo octagésimo segundo aniversario, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Joaquín Rodríguez Lugo y María Guadalupe Morales Ledesma.
Expresan sus opiniones sobre las tarifas eléctricas en las zonas cálidas del país, los diputados: Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional y César Raúl Ojeda Zubieta, del mismo partido, quien presenta punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Energéticos.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra a los diputados José Luis Galeazzi Berra, del Partido Acción Nacional; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Núñez Pellegrín, del Partido Acción Nacional y Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone diversas ayudas para el pueblo de la República de Cuba, país asolado por un ciclón.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales al respecto, los diputados Cristian Castaño Contreras, del Partido Acción Nacional; César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional y Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente concede el uso de la palabra a la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo sobre el embargo atunero, firmado por representantes de todos los grupos parlamentarios.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal (desde su curul):
Señor Presidente: el día de ayer, efectivamente lo consigna el acta que se nos leyó, un servidor hizo uso de la palabra para hablar temas de energía eléctrica; pero globalizan mi participación en problemas generales del país.
La participación de un servidor, posteriormente apoyada por la diputada Martina Montenegro, del PRI, fue en el sentido de que en Mexicali hay represión por parte de Comisión Federal de Electricidad o intento de represión, contra quienes encabezaron movimientos sociales para exigir tarifas justas. Incluso hizo una petición para que la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara y la Comisión de Energéticos, investigaran el asunto. Yo quisiera, señor Presidente, que eso constara en el acta y, desde luego, que el acuerdo que el señor Presidente el día de ayer tuvo a mí petición, también para que se pueda realizar la investigación solicitada.
El Presidente:
Se instruye a la Secretaría para que se hagan en el acta, las aclaraciones que pide el señor diputado.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe (desde su curul):
Señor Presidente.
Dígame, diputada Cabrera.
La diputada Rosa Marla Cabrera Lotfe (desde su curul):
Gracias, señor Presidente.
Quizá por las circunstancias ayer que finalizábamos la sesión, de manera involuntaria se omitieron dos puntos:
Uno relativo al apoyo hacia el pueblo hermano de Cuba, en donde solicitamos a partir de la propuesta presentada por la diputada Gloria Sánchez Hernández, se signara un punto de acuerdo de las distintas fracciones parlamentarias y esperamos que eso se pudiera corregir remitiéndolo a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Y por cuanto hace a la intervención que una servidora tuvo el día de ayer, para presentar el punto de acuerdo sobre el embargo atunero, firmado por representantes de los cuatro grupos parlamentarios que integran esta soberanía, está suscrito de tal manera que pueda ser remitido a la cancillería de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo Federal.
Por la importancia y la trascendencia que ambos puntos tienen, solicitaría se tomara nota y se hicieran los trámites correspondientes.
Gracias.
El Presidente:
Cómo no. En el caso del atún, está documentado con lo que usted presentó. No así en el caso de Cuba que fue presentado como una opinión generalizada. Si hay algún documento que los diputados que lo presentaron quieran anexar, por favor entregarlo a esta Presidencia, para que se integre al acta del día de ayer.
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior, con las aclaraciones pertinentes.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
ESTADO DE QUERETARO
El secretario Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Se va a dar lectura a varias comunicaciones.
«Escudo.-Querétaro.-Honorable Congreso del Estado.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La LI Legislatura constitucional del Estado, hace de su conocimiento que con fecha 27 de septiembre de 1996, inauguró el primer periodo de sesiones ordinarias, del tercer año de ejercicio legal. Ha realizado elecciones de mesa directiva para los meses de septiembre y octubre, la que quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Raúl Crescencio García Martínez; vicepresidente: Mercedes de la Cruz Loustalot Laclette Villarreal; secretarios: Mario Ochoa Parra, Martha Aurora Pérez Said y secretario suplente: Rafael Montoya Becerra.
Lo que comunicamos para los fines legales procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro, 30 de septiembre de 1996.-Diputados: Raúl Crescencio García Martínez, presidente; Mercedes de la Cruz Loustalot Lacleffe Villarreal, vicepresidenta; Mario Ochoa Parra y Martha Aurora Pérez Said, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE QUINTANA ROO
El secretario Severiano Pérez Vázquez:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-Ciudad Chetumal, Quintana Roo.-México.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.
La diputación permanente de la VIII Legislatura Constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar que en junta previa celebrada el día 27 de septiembre del presente año, se procedió a la elección de la mesa directiva que fungirá en el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio, quedando integrada de la siguiente forma:
Presidente: Mario B. Ramírez Canul y vicepresidente: María Florinda Quiñónez Villanueva.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente .
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chetumal, Quintana Roo, septiembre 30 de 1996.-El secretario de la diputación permanente, Jorge Mario López Sosa.»
De enterado.
CODIGO PENAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Severiano Pérez Vázquez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisiones unidas de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente
Honorable Asamblea:
A las comisiones unidas de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados fue tumada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversos preceptos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que presentaron el 15 de octubre del año en curso, conjuntamente el Presidente de la República y un grupo de diputados y senadores integrantes de las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracciones I y II y en el artículo 73 fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los términos de los artículos 54 y 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Justicia y de Ecología y Medio Ambiente son competentes para conocer de la iniciativa en cuestión, por lo que en cumplimiento a dicho precepto y conforme a lo dispuesto por los artículos. 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscribimos sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
La iniciativa tiene como propósito reforzar la normatividad que permita prevenir o inhibir conductas que puedan ocasionar daños a nuestros recursos naturales, flora y fauna silvestres, así como a la salud humana o a los ecosistemas existentes en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; para lo cual se considera indispensable actualizar el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, mediante reformas, adiciones y derogaciones de su articulado, de acuerdo a las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se han registrado en el país.
La iniciativa se sustentó entre otros, en las propuestas, recomendaciones, inquietudes y sugerencias, que las comisiones de Ecología y Medio Ambiente del honorable Congreso de la Unión recabaron durante la consulta nacional sobre legislación ambiental, convocada el 22 de marzo de 1995. En la misma cooperó ampliamente el Poder Ejecutivo Federal y los congresos de los estados de la Federación.
Cabe destacar la amplia participación de organismos públicos y privados; dependencias del Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales, el Congreso de la Unión, legislaturas estatales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asociaciones y académicos del derecho, organizaciones no gubernamentales, civiles y sociales; universidades e institutos de investigación y enseñanza superior; medios de comunicación, intelectuales, académicos, científicos y público en general, lo que convalida la pluralidad de la sociedad mexicana en la citada consulta y por lo tanto, se puede decir que las reformas, adiciones y derogaciones que plantea la iniciativa, cuentan con el respaldo de la sociedad mexicana y además se apoyan en los siguientes
ANTECEDENTES
Aun en las legislaciones penales de finales del Siglo XIX y principios de éste, el Estado mexicano ha regulado aspectos que indirectamente han tenido vinculación con la protección de los recursos o riquezas naturales, aunque vistos desde una perspectiva patrimonial o económica. Sin embargo, a medida que el desarrollo tecnológico e industrial se ha incrementado, se ha ido legislando en consecuencia para contrarrestar los efectos negativos al ambiente.
En tal sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 hizo un gran esfuerzo por tutelar los delitos especiales de orden federal, mismo que si bien no suficiente, significó un paso trascendental en el desarrollo de la legislación ambiental en México.
Al revisar la legislación vigente en materia ambiental, se consideró de vital importancia trasladar los tipos de delitos que regula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras leyes especiales en materia ambiental, al Código Penal, con el fin de hacer más comprensible su regulación y distinguir con mayor facilidad tanto la conducta que se está prohibiendo, como el bien jurídico que cada uno de ellos tutela. Por lo que la Iniciativa planteó reformas, adiciones y derogaciones con base en las siguientes
CONSIDERACIONES
La iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, pretende, por una parte unificar y ordenar en el Título Vigesimoquinto los delitos ambientales y por lo tanto se establece la derogación de los delitos especiales previstos tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como los previstos en otras leyes especiales, como los son la Ley Forestal y la Ley Federal de Caza. Asimismo, se incluyen nuevos tipos en relación a conductas contrarias al medio ambiente, tales como el tráfico de flora y fauna silvestres e incendios de bosques, selvas y vegetación natural.
Cabe señalar que la sistematización en un solo apartado del código punitivo de todos los delitos ambientales, buscó dar mayor claridad al contenido literal de los delitos, de tal manera que se homologan las penas privativas de libertad a las establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pero se incrementa la sanción pecuniaria.
Del análisis de la iniciativa surgió la necesidad de ampliar el abanico de conductas prohibidas, a fin de establecer comportamientos que con anterioridad no se contemplaban en ninguna ley. En este rubro debe subrayarse que se consideró prohibir únicamente aquellas que configurasen un alto grado de agresión al medio ambiente. Así, de manera específica, el proyecto cubre normativamente las actividades riesgosas o altamente riesgosas que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, la fauna o los ecosistemas; se regulan las actividades con materiales o residuos peligrosos, siendo suficiente la posibilidad de ocasionar daños a esos elementos y agravando la producción de un resultado dañoso; se prohiben de igual manera las emisiones a la atmósfera que ocasionen daños a los referidos elementos, la generación de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica y la contaminación de suelos y aguas.
En este rubro y como resultado de las reflexiones, estudios y análisis de la iniciativa, los grupos parlamentarios de las comisiones unidas de Justicia y la de Ecología y Medio Ambiente, consideraron adecuado modificar y precisar diversos artículos de la propuesta original.
La iniciativa señala en su artículo 415 que "se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y por el equivalente de 1 mil a 20 mil días multa, a quien:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Con violación a lo establecido en las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas aplicables, emita, despida, descargue en la atmósfera o lo autorice u ordene, gases, humos o polvos que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas o
III. En contravención a las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas."
El texto final deberá decir:
Artículo 415. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"II. Con violación a lo establecido en las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas aplicables, emita, despida, descargue en la atmósfera o lo autorice u ordene, gases, humos o polvos que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de jurisdicción federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o
III. En contravención a las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de jurisdicción federal I, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas."
Asimismo, se consideró necesario modificar el texto del artículo 417 que señala:
"Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y multa por el equivalente de 100 a 20 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de cometer el delito, al que introduzca al territorio nacional o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva, sus productos o derivados o sus cadáveres, que padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su difusión o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales, a los ecosistemas o daños a la salud pública."
Se propone que se incluya el siguiente texto:
"Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y de 100 a 20 mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva, sus productos o derivados o sus cadáveres que padezcan o hayan padecido, según corresponda, alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales y a los ecosistemas, o daños a la salud pública."
Por otro lado las comisiones unidas consideraron necesario incorporar en los diferentes preceptos de la iniciativa, la referencia a "días multa" en sustitución de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometer el delito.
Con ello se da trascendencia a la regulación de esos ilícitos, delimitando al mismo tiempo la competencia federal en el conocimiento de esos casos.
Igualmente se consideró importante adicionar al artículo 414, en el segundo párrafo la palabra "...hasta en tres años"
Uno de los aspectos más importantes de la discusión fue la necesidad de proteger los recursos naturales, en particular a los recursos forestales, la flora y la fauna silvestres. Se establecieron en los tipos correspondientes las conductas con mayor grado de antisocialidad, como la difusión de enfermedades, los incendios dolosos, el tráfico de especies amenazadas, raras, endémicas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. Asimismo, se protege a dichas especies de los daños intencionales que se les ocasione.
Ante la particularidad que reviste el derecho penal ambiental, fue necesario discutir y decidir sobre la importancia de establecer penas acordes a la naturaleza de esta rama jurídica. Así, se amplía el catálogo de las ya establecidas en el artículo 421 en los casos de delincuencia ambiental.
Si por una parte la función preventiva general del derecho penal constituye evitar que se incremente el número de delitos a través de la sanción de los particulares que incurren en uno de ellos, debe admitirse que las disposiciones penales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente han sido insuficientes para cumplir con esa función. Por ello, además de un criterio de orden y unificación, la concentración de los delitos ambientales en el Código Penal pretende dar un sentido de coercibilidad a los mismos, lo que significa por una parte, dar mayor importancia a su regulación tanto para los particulares, como por la autoridad; y por otro lado que las normas penales ambientales tengan realmente mayor eficacia.
La iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal, además de contribuir al desarrollo de la normatividad ambiental pretende proteger a la población y coadyuvar para garantizarle su derecho a un medio ambiente sano. Al mismo tiempo México cumple con los compromisos asumidos en los tratados internacionales en que ha participado, procurando el cuidado de sus recursos y el medio ambiente.
Se desea resaltar que la iniciativa parte de la convicción de que la preservación del medio ambiente no se enfrenta al progreso industrial y que al normar adecuadamente las conductas para hacerlas compatibles con la naturaleza en busca del desarrollo sustentable, se avanza en ello. Lo que es incompatible es la irresponsabilidad en la explotación de los recursos y la impunidad en los casos en que las acciones del hombre generen daños irreversibles al medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Justicia y la de Ecología y Medio Ambiente, someten a la consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL.
Artículo único. Se reforma el artículo 254, se deroga el articulo 254-bis y se adiciona el Título Vigesimoquinto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Por destrucción indebida de materias primas, productos agrícolas o industriales o medios de producción, que se haga con perjuicio del consumo nacional:
II. Cuando se ocasione la difusión de una enfermedad de las plantas o de los animales con peligro de la economía rural;
III a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 254-bis. Se deroga.
TITULO VIGESIMOQUINTO
CAPITULO ÚNICO
Delitos ambientales
Artículo 414. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de 1 mil a 20 mil días multa, al que sin contar con las autorizaciones respectivas o violando las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, realice, autorice u ordene la realización de actividades que conforme a ese mismo ordenamiento se consideren como altamente riesgosas y que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas.
En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo en un centro de población, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años.
Artículo 415. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de 1 mil a 20 mil días multa, a quien:
I. Sin autorización de la autoridad federal competente o contraviniendo los términos en que haya sido concedida, realice cualquier actividad con materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, a los recursos naturales, la fauna, la flora o a los ecosistemas:
II. Con violación a lo establecido en las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas aplicables, emita, despida, descargue en la atmósfera o lo autorice u ordene, gases, humos o polvos que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de jurisdicción federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o
III. En contravención a las disposiciones legales o normas oficiales mexicanas, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes de fuentes emisoras de jurisdicción federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, que ocasionen daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas.
Artículo 416. Se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de 1 mil a 20 mil días multa, al que sin la autorización que en su caso se requiera o en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales mexicanas:
I. Descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua de las cuencas o a los ecosistemas.
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de población, la pena se podrá elevar hasta tres años más o
II. Destruya, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
Artículo 417. Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y de 100 a 20 mil días multa, al que introduzca al territorio nacional o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva, sus productos o derivados o sus cadáveres que padezcan o hayan padecido, según corresponda, alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales y a los ecosistemas o daños a la salud pública.
Artículo 418. Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles, realice aprovechamientos de recursos forestales o cambios de uso del suelo, se le impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y por el equivalente de 100 a 20 mil días multa.
La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione incendios en bosques, selvas o vegetación natural que dañen recursos naturales, la flora o la fauna silvestres o los ecosistemas.
Articulo 419. A quien transporte, comercie, acopie o transforme troncos de árboles derriba dos o cortados con un diámetro mayor de 20 centímetros en sus extremos, sin incluir corteza o de 10 centímetros si se encuentra seccionado en su longitud y con longitud superior a 180 centímetros, procedentes de aprovechamiento para los cuales no se haya autorizado, conforme a la Ley Forestal, un programa de manejo, se impondrá pena de tres meses a seis años de prisión y de 100 a 20 mil días multa.
Articulo 420. Se impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y por el equivalente de 1 mil a 20 mil días multa, a quien:
I. De manera dolosa capture, dañe o prive de la vida a algún mamífero o quelonio marino o recolecte o comercialice en cualquier forma sus productos o subproductos, sin contar con la autorización que, en su caso, corresponda:
II. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con especies acuáticas declaradas en veda, sin contar con la autorización que, en su caso, corresponda:
III. Realice la caza, pesca o captura de especies de fauna silvestre utilizando medios prohibidos por la normatividad aplicable o amenace la extinción de las mismas:
IV. Realice cualquier actividad con fines comerciales con especies de flora o fauna silvestres consideradas endémicas, amenazadas en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial, así como sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, sin contar con la autorización o permiso correspondiente o que, en su caso, estén declaradas en veda o V. Dolosamente dañe a las especies de flora o fauna silvestres señaladas en la fracción anterior.
Artículo 421. Además de lo establecido en el presente título, el juez podrá imponer alguna o algunas de las siguientes penas:
I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito:
II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo:
III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna silvestres, a los hábitat de que fueron sustraídos:
IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna silvestres amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea parte.
Para los efectos a que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia federal competente, la expedición del dictamen técnico correspondiente.
Artículo 422. Las dependencias de la administración pública competentes, deberán proporcionar al juez los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el presente título.
Artículo 423. Tratándose de los delitos ambientales, los trabajos en favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los recursos naturales."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan los artículos del 183 al 187 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el artículo 58 de la Ley Forestal y los artículos 30 y 31 de la Ley Federal de Caza.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F. el día 22 de octubre de 1996.-Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados: Fernando Pérez Noriega, presidente; Felipe Amadeo Flores Espinosa, Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, José E. Escobedo Miramontes, María Cristina Díaz Salazar, Jorge Moreno Collado, Claudia Esqueda Llanes, Manlio F. Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Humberto Meza Galván, Marcelino Miranda Añorve, Ramiro J. Calvillo Ramos, José Francisco Lozada Chávez, Ezequiel Flores Rodríguez, Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo H. Zúniga Martínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Ramos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro; integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente: Oscar Cantón Zetina, presidente; Jorge Humberto Gómez García, Franciscana Krauss Velarde, José Carmen Soto Correa, María Leticia Calzada Gómez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Héctor San Román Arreaga, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Lorenzo Miguel Lucero Palma, Ana María Adelina Licona Spínola, Ricardo Padilla Martín, Alejandro Torres Aguilar, Mario Alberto Viomery Mendoza, Luis Alberto Contreras Salazar, Juan Manuel Tovar Estrada, Joaquín Juárez del Angel, Sara Esther Muza Simón, Joaquín Cisneros Fernández, Femando Flores Gómez González, Carlos Servando Ponce de León Coluby, Gladys Merlín Castro, Régulo Pastor Fernández Rivera, Gonzalo Alarcón Bárcena, Salvador Fernández Gavaldón, Rodrigo Robledo Silva, Giuseppe Macías Beilis, Alfonso Martínez Guerra, Jesús Ortega Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo y Taide Aburto Torres.»
Es de primera lectura.
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA; CODIGO PENAL (IL)
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo a los proyectos: de Ley Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Sabino González Alba:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia, con fecha 17 de octubre de 1996, fueron tumados para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Esta comisión, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 42, 43 fracción ll, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Cámara este dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1o. En sesión de fecha 19 de marzo de 1996, los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, dieron cuenta al pleno de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo Federal y legisladores federales.
2o. Según se refiere en el dictamen de la colegisladora, sus comisiones ordinarias competentes, en el análisis y estudio de la iniciativa referida, intercambiaron opiniones y puntos de vista con diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lo que contribuyó al enriquecimiento del proyecto que ahora se dictamina.
3o. Los miembros de las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Senadores, en cargadas del análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal, observaron que era necesario modificar otros ordenamientos jurídicos para conseguir los fines propuestos en la misma, lo que motivó la presentación ante el pleno del Senado de la República de una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
4o. En sesión de fecha 15 de octubre de 1996, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
5o. En sesión de fecha 17 de octubre de 1996, los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dieron cuenta al pleno de la recepción de las minutas con proyectos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, enviadas ambas por la Cámara de Senadores, turnándose en la misma fecha para su análisis y dictamen a esta Comisión de Justicia.
6o. La Comisión de Justicia que dictamina se reunió en sesión el día 22 de octubre de 1996, para discutir el presente dictamen.
7o. De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Justicia, con las atribuciones antes señaladas, presenta el dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La capacidad de actuación de la delincuencia ha adquirido matices otrora insospechados, sirviéndose en la actualidad de los avances en la tecnología, las comunicaciones y el tráfico financiero y ha desarrollado su actividad con base en una organización, avanzada o incipiente, pero que en cualquier caso le ha permitido actuar en diversos frentes con una gran complejidad, de manera que para proscribir esas conductas lesivas es necesario para el Estado desarrollar procedimientos acordes para su eficaz persecución y sanción.
Si bien la comisión de cualquier delito daña a la sociedad, es de reconocerse que existen algunas conductas delictivas que la afectan en mayor medida, derivada esta entidad superior de la vulneración reiterada y permanente de valores jurídicos específicos por organizaciones creadas para ese propósito, atacando así no sólo un bien particularmente protegido, sino a la comunidad íntegra y por ende al Estado en su más amplio concepto; tales conductas son las que en este momento se pretende proscribir, viendo en ello no sólo una cuestión de seguridad y orden públicos, sino también el aspecto axiológico que se violenta cuando por alcanzar la impunidad logra el delincuente notoriedad social en su entorno, enviándose a los ciudadanos un mensaje equívoco respecto a los valores que es menester lograr para esa respetabilidad.
Es deber del Estado ubicarse en formas más evolucionaras para enfrentar a la creciente y ya evolucionada delincuencia, que ha encontrado en la recurrencia de ciertos delitos una fuente segura de altos ingresos, desplegando recursos que le han permitido actuar regularmente, bien por insuficiencias legales o por inoperancias prácticas, dando por resultado el afianzamiento de organizaciones delictivas con una actuación nacional, cuyo combate requiere acciones también nacionales y por supuesto coordinadas en atención al sistema federal que prevalece en nuestra República, sin soslayar evidentemente el ámbito de la cooperación in ternacional.
La complejidad de las relaciones que se dan en torno y como producto de la actuación organizada de la delincuencia merece un tratamiento especial en los aspectos de investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas, partiendo de que no se está frente a delincuentes comunes que actúan individualmente, sino frente a grupos de delincuentes, como una auténtica subcultura realmente sólida por las relaciones de poder que en ella se dan y por el sentimiento de pertenencia y solidaridad que nace de la complicidad, aspectos delicados y difíciles que no pueden llevarse a cabo de manera empírica, que exigen la intervención profesional y por tanto la especialización de servidores públicos en las materias involucradas.
En efecto, la estrategia para hacer frente a las organizaciones delictivas debe plantearse con una óptica integral, que llegue incluso a la principal razón de ser de estos grupos: las ganancias y su utilización. Se requiere además la actuación coordinada entre las instituciones públicas con funciones relacionadas con alguno o algunos de los aspectos que constituyen las manifestaciones de la operación de la delincuencia organizada y aun dentro de las propias instituciones; para que la actuación de sus diversas instancias o jurisdicciones sea eficaz, es requisito fundamental su completa coordinación.
El proyecto de ley y el del decreto que se dictaminan guardan congruencia con la tarea legislativa que el Congreso de la Unión ha llevado a cabo en materia de justicia y de seguridad pública, habiéndose expedido nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación; de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, resaltando como elementos sustanciales la profesionalización y especialización de sus servidores públicos, reformado el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con el fin de modificar descripciones típicas y agravar sanciones que inhiban su recurrencia, se han reformado igualmente los códigos adjetivos penales federal y local del Distrito Federal, con el fin de actualizar los procedimientos en ellos contenidos y recientemente, en el mes de abril de 1996, han sido reformados los artículos 16, 20, 21, 22 y la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de consagrar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y permitir su intervención mediante autorización judicial a petición de la autoridad federal que faculte la ley, actualizar reglas para el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la preeminencia del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, el decomiso de bienes en delitos previstos como de delincuencia organizada y la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación respecto de los delitos del fuero común, cuando tengan conexidad con delitos federales.
La reforma constitucional de abril de 1996, es precisamente la que sienta las bases para la expedición de la ley de que se trata en este momento, así como de las reformas legales que se someten al conocimiento de esta Cámara de Diputados. Esta comisión que dictamina estima necesario mencionar que la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada fue presentada ante el Senado de la República al mismo tiempo que la iniciativa de reforma constitucional antes aludida, de manera que los cambios realizados a esta última se reflejan en los que a su vez han sido practicados a la iniciativa de ley ya referida.
Esta comisión reconoce la oportunidad e importancia del proyecto de ley federal y de decreto que dictamina, en tanto tienden a otorgar a las autoridades mecanismos de investigación más idóneos y eficaces para hacer frente a la delincuencia organizada, así como sanciones más graves, todo ello para impedir su actuación impune.
El punto de partida es el reconocimiento de que no se está frente a delincuentes ordinarios, sino que se trata de verdaderas organizaciones, estructuradas con base en el poderío económico alcanzado por la comisión regular de delitos determinados, de manera que para el Estado es necesario disponer de elementos para operar en distintas direcciones: investigación, sanción y ejecución de penas y cada una de ellas a su vez implica pautas específicas, planteadas legalmente, así son necesarios la agravación de las sanciones, la previsión de nuevos tipos, el fortalecimiento operativo de la autoridad persecutora, la previsión de nuevos métodos para allegarse información sobre hechos y personas y la atribución de valor a pruebas en diversos procedimientos, aunado también a reglas.diferentes de cumplimiento de penas por los sentenciados en este tipo de delitos.
Atendiendo a lo anterior, este dictamen abordará en distintos rubros el contenido de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, las modificaciones sustanciales practicadas por la Cámara de Senadores, el contenido de la iniciativa de los miembros de las comisiones ordinarias del Senado de la República y la forma en que en ambos proyectos reflejan los planteamientos de la Cámara de Diputados en cuanto integrante del Constituyente Permanente expresados en abril de 1996 en su dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Iniciativa del Ejecutivo Federal y legisladores federales de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Se reconoce como necesario el tomar normas provenientes de experiencias en otros países, en los que al igual que en el nuestro, la respuesta jurídica se deriva de la concepción de la delincuencia organizada como una cuestión con entidad propia, siendo ésta la que determina la especificidad de las normas en cuanto instrumentos para su persecución.
En efecto, ya en diversas instancias internacionales se ha reiterado la necesidad de contar con instrumentos normativos orientados a desorganizar y desmantelar estas organizaciones, a dotar de facultades suficientes a los órganos encargados de hacer cumplir la ley para que aumenten su eficiencia y al establecimiento de métodos de investigación técnicamente avanzados y acciones como la ampliación del plazo para la retención de presuntos responsables, decomiso de bienes, recompensas y beneficios por colaboración, protección a testigos, infiltración de agentes, cateos urgentes etcétera, son medidas que se han tomado en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia y Colombia, entre otros.
En el proyecto sometido al Congreso de la Unión se expresa la necesidad de una ley en que se establezca por una parte qué se entiende por "delincuencia organizada", a través del señalamiento de sus rasgos característicos, así como también de su vinculación con aquellos delitos considerados como realmente constitutivos de dicho problema, tales como terrorismo, narcotráfico, acopio y tráfico de armas, secuestro, tráfico de indocumentados, falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos y el lavado de dinero, entendiendo que en el conocimiento de estos delitos también se incluye el de aquellos que resulten conexos conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, determinándose entonces 3 partir de esta idea, la estructura general del documento presentado a través del desarrollo de elementos de carácter sustantivo y procesal.
Comparten el carácter de disposiciones generales las que agrupadas en el Capítulo Unico del Título Primero de la iniciativa se refieren a su naturaleza y objeto, ámbito de aplicación, descripción y punibilidad de la delincuencia organizada, agravándose ésta para los casos en que intervengan servidores públicos o se utilice a menores de edad o incapaces. Igualmente en esta parte se contiene la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales, las de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las de leyes especiales.
Se propone la creación de una unidad especializada en la Procuraduría General de la República encargada del combate y persecución de la delincuencia organizada, a integrarse por agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal especializados en el tema y seleccionados rigurosamente, con quienes podrán colaborar miembros de otras dependencias o entidades, señalándose que cuando dicha unidad investigue actividades de la delincuencia organizada relacionadas con el manejo de recursos financieros y procedimientos para ocultar su origen ilícito, se coordinará con la unidad correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiterando para este último tema los canales a través de los cuales se harán los requerimientos de información o documentos por el Ministerio Público, como son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la mencionada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la restricción de su utilización solamente en la investigación o proceso penal correspondiente.
Para el propio Ministerio Público se establece la posibilidad de solicitar la realización de auditorías por órgano público a personas físicas o morales en cuya contra existan indicios suficientes de que colaboran o pertenecen a alguna organización delictiva relacionada con los delitos de la ley e igualmente la de celebrar convenios de apoyo por las autoridades competentes de las entidades federativas.
Dentro de la investigación destaca el señalamiento de que ésta debe abarcar el conocimiento de las estructuras, formas y ámbitos de operación de las organizaciones delictivas, objeto para el que se contempla la infiltración de agentes en dichas organizaciones, sujeto a la salvaguarda de la integridad de las personas.
Además de la consideración de los delitos de la ley como graves, se entiende lo anterior como motivo del planteamiento de la duplicación de los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva, así como de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, así como también de la ampliación del plazo para el arraigo del indicado, quedando éste en 90 días.
El sigilo que impone y el riesgo que conlleva la investigación de estas actividades delictivas, dan lógica razón tanto al restringido acceso a las actuaciones de averiguación previa, de modo que se propone lo tendrán el indiciado y su defensor sólo con relación a los hechos imputados en su contra, como a la reserva hasta el ejercicio de la acción penal, de la identidad de personas que rindan testimonio contra miembros de una organización delictiva y se presuma fundadamente que está en riesgo su integridad, si bien ya durante el procedimiento ante el juez, se les podrá interrogar o llamar a careo, tomándose las providencias que resulten necesarias; adicionalmente, en perfecta congruencia con la seguridad y certeza jurídicas y la garantía de defensa, se establece que ninguna sentencia podrá tomar en cuenta testimonio alguno cuando su emisor no haya sido identificado.
Uno de los apartados de mayor relevancia en la iniciativa que fue presentada es el relativo a las intervenciones y vigilancia electrónica, en cuyas disposiciones se establece un plazo de seis horas a partir de la recepción de la petición, para que la autoridad judicial resuelva sobre una orden de cateo. Siendo la intervención de comunicaciones privadas el tema que ocupa mayormente los dispositivos del apartado de que se trata, se establece la posibilidad de que esta intervención se realice tanto durante la investigación como una vez iniciado el proceso penal ante el juez, para lo que el Ministerio Público hará solicitud por escrito a la autoridad judicial federal.
En virtud de que la actividad estatal en la especie debe estar sujeta a estricta regulación se entiende la propuesta de contemplar legalmente los elementos que considerará la autoridad judicial para resolver sobre la intervención, así como aquéllos que a su vez ésta debe señalar al resolver sobre ello.
La realización práctica de intervenciones supuso considerar cuestiones tales como la información del Ministerio Público al juez sobre su desarrollo y resultados; el trámite para la prórroga; el levantamiento de acta al concluir cada intervención y en ella, la identificación de cintas y la constancia de delitos diversos a aquellos que motivan la intervención; el resguardo de cintas; la transcripción de grabaciones; la ampliación de la intervención; la destrucción de cintas en caso de no ejercicio y prescripción de la acción penal; el deber de colaborar con la autoridad para concesionarios y permisionarios de medios o sistemas susceptibles de in tervención.
Atinadamente se establece que al iniciarse el proceso, las cintas y cualquier otro resultado de la intervención se entregarán a la autoridad judicial, misma que de oficio o a requerimiento del inculpado, las pondrá a su disposición por 10 días para que éste formule observaciones y en su caso solicite la destrucción de lo irrelevante, la transcripción de grabaciones o la fijación en impreso de imágenes que estime importantes para su defensa.
Otros capítulos de la iniciativa contienen reglas sobre el aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso; la protección y apoyo a jueces, peritos, testigos y demás personas que lo requieran por su intervención en un procedimiento penal por alguno de los delitos previstos en la ley; la colaboración con la autoridad y dentro de este tema, el tratamiento procesal que se dará a los miembros de la delincuencia organizada que colaboren eficazmente con la autoridad para la detención y procesamiento de otros, el ofrecimiento de recompensas para quienes auxilien eficientemente en la localización o aprehensión de miembros de la delincuencia organizada, la información anónima y la obligación de toda persona para exhibir objetos o documentos que puedan servir de pruebas.
Se estima que la visión integral de la actuación estatal en la persecución y sanción de la delincuencia organizada se plasmó en este proyecto, ya que además de regular la actuación de la autoridad investigadora, en los títulos finales del proyecto se contienen importantes reglas sobre las autoridades judiciales y las encargadas de la prisión preventiva y reclusión.
En lo relativo a la reclusión de los procesados o sentenciados que colaboren con la autoridad en la persecución y procesamiento de otros miembros, se señala que la autoridad los deberá mantener en establecimientos distintos de aquéllos en que se encuentren estos últimos; respecto de los sentenciados por los delitos privados en la ley, se establece que no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, condena condicional, así como el tratamiento preliberacional ni a la remisión parcial de la pena.
La seriedad y profundad de trabajo legislativo que exigió la revisión de la iniciativa referida en las líneas anteriores, motivó que varios miembros de la Cámara de Senadores formularan y presentaran una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con objeto de armonizar las innovaciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con el marco jurídico al que se integrará, comprendiendo en ellas los aspectos de procuración, administración de justicia; así como el de ejecución de penas y medidas de seguridad y cuyo contenido por guardar relación con temas que más adelante se tratarán, será abordado en específico:
II. Modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores.
Esta Comisión de Justicia aprecia en las minutas con proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dictamina, el resultado de una intensa labor de investigación y análisis de la colegisladora, que redunda en precisiones sustantivas y enriquecimiento de la iniciativas dictaminadas por sus comisiones ordinarias, con los que esta comisión coincide y en consecuencia hace propios, ello motiva que en este rubro se haga mención de los aspectos que, modificados por el Senado de la República, a su juicio tienen mayor relevancia.
Las comisiones ordinarias competentes del Senado de la República introdujeron significativas modificaciones a la concepción de delincuencia organizada, suprimiendo elementos subjetivos que podrían originar excesiva discrecionalidad en la aplicación de la ley y considerando otras conductas delictivas que se estiman vinculadas con la delincuencia organizada, dando a la delincuencia organizada el tratamiento de tipo delictivo cuya sanción será independiente de la que corresponda por los delitos que se cometan.
Así, la punibilidad de la delincuencia organizada radica en el mero acuerdo de tres o más personas para delinquir de manera reiterada o permanente, vinculando esta hipótesis con delitos de entidad superior a los cometidos por delincuentes comunes que carecen de una organización integrada para dichos fines, tales son: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y tráfico de órganos.
Vinculado con la descripción típica se encuentra el ámbito de aplicación de la ley, sujetando su aplicación por las autoridades federales, persecutoria y sancionadora en el caso de ciertos delitos de carácter local, a la comisión por un miembro de la delincuencia organizada y al ejercicio de la facultad de atracción por el Mi nisterio Público de la Federación, este último por supuesto en términos de las reglas contenidas en el ordenamiento adjetivo federal, con texto en el cual se estimó conveniente por el Senado de la República introducir un elemento de preservación de la producción legislativa local que atiende a las circunstancias propias del ámbito para el que son expedidas, de modo que se establece expresamente que bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
En la enunciación de delitos de carácter local, se estima atinada la inclusión del asalto y tráfico de menores, dado que la experiencia ha mostrado la actuación organizada de los sujetos que los cometen, característica que amerita su consideración como casos de delincuencia organizada.
Dentro de los procedimientos para la investigación de las actividades de la delincuencia organizada son de especial importancia las previsiones sobre el tema de la intervención de comunicaciones privadas, cuya inviolabilidad prevista como garantía individual obliga a la representación nacional a una regulación precisa que la salvaguarde. Una de las maneras de hacerlo es el establecimiento de normas que sancionen penal y administrativamente su vulneración; este propósito se expresa en la creación de delitos e infracciones específicas, teniendo en cuenta para los primeros el carácter del sujeto activo, es decir, si se trata o no de un servidor público, de esta manera, en el proyecto de Ley Federal se establece como delito el hecho de que servidores públicos intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial o revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención o revelen la existencia o contenido de una solicitud de autorización.
Por su parte, en el proyecto de decreto que se dictamina para el Código Penal, se propone la punibilidad para quien intervenga comunicaciones privadas sin autorización judicial, así como para quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, una sanción administrativa para los concesionarios o permisionarios que intervengan o permitan la intervención de comunicaciones sin que exista mandato de autoridad judicial competente.
La importancia que en la actualidad tienen los delitos contra la salud por la recurrencia y repercusiones sociales que representan, fueron factores tomados en cuenta por el Senado de la República para traer a esta ley las sanciones agravadas que prevé el Código Penal en el artículo 196 bis que se propone derogar, cuando en el caso intervengan miembros de la delincuencia organizada, de esta manera a quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión se les impondrá de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa, en tanto que a los miembros que carezcan de dichas funciones se les sancionará con prisión de 10 a 20 años y multa de 250 a 12 mil 500 días, penas superiores a las que se establecen para el delito de delincuencia organizada en el propio proyecto.
En congruencia con el artículo 22 constitucional y se entiende que bajo la consideración de los exorbitantes recursos que manejan estas organizaciones en su operación sobre los cuales debe el Estado ejercer también su actividad para minar lo que constituye uno de sus principales pilares, al tiempo que se da positividad al reproche para quien asume el riesgo de poseer bienes de origen ilícito, la Cámara de Senado res propone para los miembros de la delincuencia organizada, además del decomiso de los objetos, instrumentos o productos del delito, el de los bienes de su propiedad y el de aquellos respecto de los que se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de los mismos.
Uno de los temas que mayor polémica generó en la sociedad, principalmente entre los juristas, investigadores, litigantes y en los medios de comunicación, fue la punibilidad de los menores de edad que participaran en la comisión de delitos de la delincuencia organizada, que contenía la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, dictaminada en el Senado de la República, tema cuyas implicaciones se presentan de gran amplitud y variedad y no sólo en la materia del proyecto como se ha expresado en diversas oportunidades, estando latente el diseño de un tratamiento integral a la problemática que origina.
Siendo uno de los principales instrumentos para enfrentar a la delincuencia organizada el conocimiento de sus estructuras, formas y ámbitos de actuación, debe reconocerse que el grado de profesionalización que ha alcanzado ha sido tal, que recurre a estructuras de origen lícito para encubrir sus propósitos delictivos, con fines principalmente de dar tinte legal a las ganancias y en general a los recursos con que se opera. Partiendo de ese hecho resulta clara la necesidad de ampliar el espectro de las fuentes de información de las investigaciones relativas para abarcar además de personas físicas, a las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delicti vos; así se incorporó por el Senado el texto correspondiente en el proyecto.
Se ha reconocido en otro apartado de este dictamen como adecuado, el planteamiento de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delinquencia Organizada, acerca de la reserva sobre las actuaciones de la averiguación previa. En esta oportunidad se manifiesta nuevamente una plena coincidencia de criterio con la adición planteada por la colegisladora para negar valor probatorio a las actuaciones que conteniendo hechos imputados al indiciado, éste haya solicitado el acceso a ellas y le hubiere sido negado por el Ministerio Público.
En el tema de la intervención de comunicaciones privadas, al precisar la autoridad judicial federal encargada de resolver sobre las autorizaciones para su realización, adecuadamente se incluye que será el tribunal unitario de circuito al que corresponda resolver sobre las solicitudes de autorización o de sus prórrogas cuan do no hayan sido resueltas por el juez en los plazos establecidos para ello.
Relacionada también con los plazos es la modificación propuesta a diversos preceptos de la iniciativa de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en la que se consideró ampliar los señalados en el proyecto para la resolución tanto de las solicitudes de órdenes de cateo, como de intervención de comunicaciones privadas, pasando dichos plazos de seis a 12 horas en ambos supuestos.
En materia de aseguramiento de bienes, en el seno de la colegisladora se propuso y fue aceptado que para proceder a ello en los casos en que existan indicios suficientes de vinculación con la delincuencia organizada, la autoridad facultada para calificar dichos indicios y por tanto para resolver la procedencia o no de este acto de molestia, que comprenderá los bienes respecto de los cuales el miembro de la delincuencia organizada se comporte como dueño, debe ser la autoridad judicial federal, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, punto de vista con el que esta comisión manifiesta su total acuerdo.
Considerando además las situaciones que la práctica de estas medidas ha planteado es que se incluyó, para las propias autoridades judiciales, la atribución a ejercer en todo tiempo durante el proceso, el tomar las determinaciones correspondientes sobre supervisión y control de los bienes que se hayan asegurado, lo que redundará en responsabilidades ciertas y mejor vigilancia sobre ellos.
La congruencia del marco de actuación de las autoridades involucradas justificó plenamente que se propusiera la modificación, entre otros, de los textos relativos al destino de los bienes asegurados, contenidos en la iniciativa de ley y en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, recientemente expedida por el Congreso de la Unión, para establecer que el destino de los bienes asegurados sea determinado por el consejo técnico de bienes asegurados a cuya integración se suma un subsecretario de la Secretaría de Gobernación, atenta la vinculación procesal de esta dependencia con el delito de tráfico de indocumentados.
La conciencia de que la cooperación con las autoridades en la persecución y sanción de la delincuencia organizada tiene un peso específico alto si es proporcionada por quienes al formar parte de ella tienen el conocimiento particular sobre su estructura, forma y ámbitos de actuación, dando valiosos elementos de información que facilitan su persecución y sanción, requiere ser impulsada a través del establecimiento de beneficios procesales que la hagan atractiva, sin que se implique consagrar la impunidad.
Se trata de valorar la conveniencia de una política criminal que disponga el mismo trato a los delincuentes con la posibilidad de su impunidad frente a un tratamiento en que el reproche por sus conductas ilícitas es disminuido por la eficiencia de su aportación en la persecución, procesamiento y sanción de otros miembros, de manera que la consideración de las distintas formas o etapas del procedimiento penal en que esta colaboración puede surtir efectos, hace que atinadamente el Senado de la República distinguiera los beneficios a otorgar.
Así, en averiguación previa, durante el procedimiento ante el Juez y en la ejecución de las penas, bien para en la primera no tomar en cuenta en su contra los elementos de prueba que aporte o los que se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, en el procedimiento ante el juez para la reducción y en su caso para la remisión de la pena:
III. Planteamientos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como parte integrante del Constituyente Permanente.
Como se mencionó en líneas anteriores, debido a que en la misma fecha se presentaron ante el Senado de la República las iniciativas de reforma constitucional a los artículos 16, 20, 21, 22 y fracción XXI del 73 y de Ley Federal Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, es natural que en esta última no se contuvieran los elementos introducidos por el Constituyente Permanente a la Constitución General y particularmente las consideraciones realizadas en su oportunidad por la Cámara de Diputados al dictaminar la minuta del Senado de la reforma constitucional de abril de 1996.
Tales consideraciones constituyen posiciones y criterios de orientación para la legislación secundaria, en un acto que aun siendo inusual, pretendió recoger las inquietudes y preocupaciones generadas por el tratamiento constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para en su oportunidad resolverlas en la ley que al efecto fuera expedida y que en general radica en la preocupación de compatibilizar y armonizar esa garantía individual con la excepción también constitucionalmente plasmada, lo que implica la regulación de la injerencia externa de las autoridades sólo en razón de proteger los intereses superiores por los que el Estado debe velar, atendiendo a acotaciones, limitaciones, controles y penalidades que hagan de esa intervención casos de verdadera excepción.
Ante ello, esta comisión que dictamina ha considerado preciso determinar la consideración de los planteamientos formulados en su oportunidad por la Cámara de Diputados en el contenido de las minutas con proyecto de Ley Federal y de Decreto que se analizan:
a) En la minuta con proyecto de Ley Federal que se dictamina fue excluida la posibilidad contenida en la iniciativa de que el particular pudiera autorizar al Ministerio Público de la Federación la intervención de sus comunicaciones privadas sin necesidad de autorización judicial, ello atiende a lo expresado por la Cámara de Diputados en el sentido de enfatizar que ninguna autoridad federal, inclusive el Ministerio Público de la Federación, aun cuando estuviera facultada por ley para realizar la intervención, podrá llevarla a cabo sin estar previamente autorizada por el Poder Judicial de la Federación, pese a que se alegue urgencia, notoria necesidad o cualquier otra razón:
b) En el contenido de la Minuta con proyecto de Ley Federal queda claro que será la autoridad judicial federal la única que podrá autorizar la intervención de comunicaciones privadas, aspecto que con mayor precisión se establece en la adición de una fracción III que se propone al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dando competencia para conocer de ello a los jueces federales penales.
En el ejercicio de esa atribución, los jueces federales deberán necesariamente verificar que la solicitud del Ministerio Público de la Federación se ajusta a las causas legales, requisitos y límites previstos principalmente en el artículo 16 del proyecto. Para resolver sobre la concesión o no de la solicitud deberá constatar la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios, asimismo, en la autorización determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites, como dispone el artículo 18 del proyecto:
c) La Cámara de Diputados estimó como elementos necesarios a considera en la regulación de la intervención de comunicaciones privadas la determinación expresa y limitativa de las causas legales que la sustentasen, de este modo se incluye en el artículo 16 del proyecto de ley que se dictamina, como contenidos de la solicitud que habrá de plantear el Ministerio Público de la Federación a la autoridad judicial federal, la expresión del objeto y necesidad de la intervención, de los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada, así como de los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar, estableciéndose en el mismo dispositivo también como requisitos de la solicitud, el señalamiento de la persona o personas investigadas, la identificación del lugar o lugares donde se realizará la intervención, el tipo de comunicación privada a ser intervenida, la duración de dicha intervención y el procedimiento y equipos para la misma:
d) La regulación de los resultados de las intervenciones fue también un aspecto de importancia destacado en el dictamen de la Cámara de Diputados a la reforma constitucional de abril de 1996. En torno a ello, la minuta con proyecto de Ley Federal que se dictamina contiene en diversos preceptos una regulación precisa respecto al tratamiento que debe dársele a los mismos, en la averiguación previa, en el procedimiento ante el juez, en el caso del no ejercicio de la acción penal, en el conocimiento de datos o hechos de personas distintas a la persona investigada o relativos a delitos distintos de los considerados como de delincuencia organizada.
Los aspectos mencionados ameritan un mayor desarrollo. En el artículo 21 del proyecto de ley que se dictamina se establecen varios supuestos a observarse por el Ministerio Público de la Federación:
1. Si durante la intervención tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de los que motivaron la misma, los hará constar en el acta correspondiente:
2. Cuando resulte el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse, podrán utilizarse como medio de prueba sólo si se refieren al mismo sujeto de la intervención y se trata de alguno de los delitos contemplados en la propia ley como de delincuencia organizada:
3. Si tales hechos y datos se refieren a una persona distinta, sólo podrán utilizarse en el procedimiento en que se autorizó la intervención:
4. Si no se trata de alguno de estos casos, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa correspondiente o lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
Para el caso de que no se haya ejercido la acción penal, el artículo 24 del proyecto de ley que se dictamina dispone que los resultados de la intervención se pondrán a disposición del juez que autorizó la intervención, mismo que ordenará su destrucción.
Durante el procedimiento ante el juez, los resultados de la intervención de comunicaciones se pondrán a disposición del inculpado para que formule sus observaciones al respecto y, en su caso, solicite la destrucción de aquellos que no sean a su juicio relevante para el proceso, según se establece en el artículo 23.
Por cuanto al valor probatorio de los resultados de la intervención de comunicaciones privadas, en el artículo 21 se establece la carencia de todo valor para el caso de que por medio de una intervención autorizada, se llegaren a conocer la comisión de delitos en las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, excluídas para estos efectos expresamente por el artículo 16 constitucional. Por su parte, el artículo 23 establece la destrucción de los resultados de una intervención no autorizada o bien cuando no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial:
e) La necesidad del establecimiento de un sistema doble de control de la ejecución de las autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, se incluye en la ley que se dictamina, por un lado el de carácter interno, con la previsión en su artículo 8o., de un cuerpo técnico de control, dentro de la unidad especializada de la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Ese cuerpo técnico de control, tendrá la responsabilidad de verificar la autenticidad de los resultados de las intervenciones de comunicaciones privadas, establecer lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a utilizar, así como la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos. Igualmente de carácter interno, es la disposición en el artículo 18 del proyecto que se dictamina que establece la participación de un perito calificado en la realización de intervenciones de comunicaciones privadas.
Por su parte, el control de carácter externo se concreta en el artículo 18 que establece la obligación del Ministerio Público de la Federación de informar al juez, al concluir la intervención, sobre su desarrollo y resultados; igualmente se dispone en el mismo artículo la facultad del juez de verificar en cualquier momento que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total:
f) En relación a la duración de las intervenciones de comunicaciones privadas, de la redacción de la iniciativa podría haberse desprendido la interpretación de una duración indefinida, ante ello, atinadamente la colegisladora estimó necesario precisar en el artículo 18 que el periodo no podrá exceder de seis meses, incluyendo sus prórrogas, en cuanto a este último concepto, se establece igualmente que procederán por autorización judicial a petición del Ministerio Público de la Federación, a cuyo efecto deberá informar al juez sobre el desarrollo de la intervención de cuya prórroga se trata:
g) En el dictamen de la Cámara de Diputados, se establece la necesidad de regular los tipos de intervención, concepto que se entiende referido propiamente a las formas y modos de comunicación privada que pueden ser objeto de ella, así se establece en el artículo 18; lo que podrán serlo, señalando como tales a las que se realicen en forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alambricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
h) El supremo interés de la Cámara de Diputados de garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, mediante la punibilidad de las conductas que la vulneren, está contenido en los tipos penales del delito que se contienen en el proyecto de ley que se dictamina, en los artículos 27 y 28, así como en los artículos 177 y 211-bis que se propone adicionar al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, los contenidos en la Ley Federal de que se trata, dirigidos a los servidores públicos y los contemplados en el Código Penal a quien no tenga esa calidad; así será sancionado con prisión de cinco a 10 años y de 500 a mil días multa a los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial, así como a los servidores públicos que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención y para quienes carezcan del carácter de servidor público se establecen las penas de tres a seis años de prisión y de 300 a 600 días multa:
i. La inviolabilidad del domicilio preservada por el constituyente permanente y reconocida, desde luego, como valor supremo por la Cámara de Diputados, motivó que se expresara como punto de especial atención en el proyecto de ley que se dictamina, de manera que la colegisladora elimina la posibilidad de la colocación secreta de aparatos tecnológicos de registro de voz, sonido, imagen, datos o cualquier otro, en lugar privado, contemplado en el artículo 19 de la iniciativa:
j) El artículo 16 constitucional establece la facultad exclusiva de la autoridad judicial federal para autorizar la intervención de comunicaciones privadas, incluso cuando medie solicitud del titular del Ministerio Público de una entidad federativa, ante ello, la comisión que dictamina aprecia en la minuta con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversos ordenamientos, que en la adición propuesta de un artículo 50-ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la colegisladora consideró los planteamientos de esta Cámara de Diputados, formulados en abril de 1996, de manera que se contienen elementos relativos a fundamentación y motivación respecto de causas previstas en un ordenamiento federal, como las requeridas para el Ministerio Público de la Federación; la procedencia de la intervención de comunicaciones privadas para casos de delitos calificados como graves en la legislación local respectiva y el cumplimiento de requisitos y condiciones que determinen las leyes locales, aunado a que el juez otorgante estará facultado para darle seguimiento a la ejecución que dé la autorización que se conceda.
En plena congruencia con el texto del artículo 16 constitucional, el dispositivo de cuya propuesta de modificación se trata establece que la solicitud de intervención de comunicaciones privadas será formulada por el titular del Ministerio Público local, entendiendo como ha sido atinadamente razonado por la colegisladora, esta denominación corresponde a los procuradores de Justicia de cada una de las entidades federativas.
Esta Comisión de Justicia considera que la colegisladora tomó en consideración los planteamientos que en abril de 1996 formulará la Cámara de Diputados como parte integrante del Constituyente Permanente y, en consecuencia coincide con el tratamiento que de los mismos se hace en las minutas con proyecto de ley y de decreto que se dictaminan, haciendo propio el contenido de ambas.
Por lo anterior, esta Comisión de Justicia somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los siguientes
PROYECTOS DE LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Naturaleza, objeto y aplicación de la ley
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.
Artículo 2o.. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal:
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83-bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población:
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462- bis de la Ley General de Salud:
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366-ter y robo de vehículos, previsto en el artículo 381-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.
Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones l, ll, lll y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente sí, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2O., de esta ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días multa.
II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2O. de esta ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a 16 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días multa.
En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
Artículo 5o. Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos o
II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley.
Artículo 6o. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o., de esta ley, cometidos por miembros de la delincuencia organizada.
Artículo 7o. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.
TITULO SEGUNDO
De la investigación de la delincuencia organizada
CAPITULO I
De las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada
Artículo 8o. La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.
El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta ley.
Siempre que en esta ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquellos que pertenecen a la unidad especializada que este articulo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.
Artículo 9o. Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación o de la autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 10. A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas fisicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.
Artículo 11. En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes .
En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino a las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.
CAPITULO II
De la detención y retención de indiciados
Artículo 12. El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de 90 días, con objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.
CAPITULO III
De la reserva de las actuaciones en la averiguación previa
Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta ley exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.
No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la Federación, se le haya negado.
Artículo 14. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.
CAPITULO IV
De las órdenes de cateo y de intervención
Artículo 15. Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los que se refiere la presente ley, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes después de recibida por la autoridad judicial.
Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 48 horas.
Cuando el juez de distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquel que se señale como el de su posible ubicación o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 16. Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8O., anterior, consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración y el procedimiento y equipos para la intervención y en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, seriales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
Artículo 17. El juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Artículo 18. Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios.
En la autorización el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el juez de distrito a petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público de la Federación acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
El juez de distrito podrá en cualquier momento verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y en caso de incumplimiento podrá decretar su revocación parcial o total.
El Ministerio Público de la Federación solicitará la prórroga con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolverá dentro de las 12 horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prórroga, concluirá la intervención autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador.
Al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informará al juez de distrito sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio.
Artículo 19. Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 48 horas.
Artículo 20. Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Público de la Federación ordenará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten de interés para la averiguación previa y las cotejará en presencia del personal del cuerpo técnico de control de la unidad especializada prevista en el artículo 8O., anterior, en cuyo caso serán ratificadas por quien las realizó. La transcripción contendrá los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán igualmente integrados a la averiguación.
Las imágenes de video que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas a imágenes fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, se indicará la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó la conversión.
Artículo 21. Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquellos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepción de los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del Ministerio Público de la Federación o de la Policía Judicial Federal, hechas en contravención a esta disposición, carecerán de valor probatorio.
Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público de la Federación presentará al juez de distrito la solicitud respectiva.
Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa o lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda.
Artículo 22. De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público de la Federación, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público de la Federación será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.
Artículo 23. Al iniciarse el proceso, las cintas, así como todas las copias existentes y cualquier otro resultado de la intervención, serán entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito pondrá las cintas a disposición del inculpado, quien podrá escucharlas o verlas durante un periodo de 10 días, bajo la supervisión de la autoridad judicial federal, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de este período de 10 días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las tuvieran y podrán solicitar al juez la destrucción de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, podrá solicitar la transcripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de imágenes que considere relevantes para su defensa.
La destrucción también será procedente cuando las cintas o registros provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial respectiva .
El auto que resuelva la destrucción de cintas, la transcripción de grabaciones o la fijación de imágenes, es apelable con efecto suspensivo.
Artículo 24. En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del juez de distrito que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público de la Federación. igual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la averiguación previa u otra circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal.
Artículo 25. En los casos en que el Ministerio Público de la Federación haya ordenado la detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, podrá solicitar al juez de distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas, solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.
Artículo 26. Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente.
Artículo 27. Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el artículo 80. de esta ley, así como cualquier otro servidor público que intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente o que la realicen en términos distintos de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis a 12 años, de 500 a 1 mil días multa, así como con destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
Artículo 28. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas.
Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 80. de esta ley, así como cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder Judicial Federal, que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta ley que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a 12 años, de 500 a 1 mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.
La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.
CAPITULO V
Del aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso
Artículo 29. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
Artículo 30. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada o de que éste se conduce como dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
Artículo 31. El aseguramiento de bienes a que se refiere esta ley podrá realizarse en cualquier momento de la averiguación o del proceso.
Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40,41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 33. El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta ley. La administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones de esta ley y en su caso, la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, serán determinados por el consejo técnico de bienes asegurados, previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
CAPITULO VI
De la protección de las personas
Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley así se requiera.
CAPITULO VII
De la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada
Artículo 35. El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:
I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona.
II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes.
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad.
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta, además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
Artículo 36. En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.
Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.
Artículo 38. En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público de la Federación deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la información y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisión de estos delitos, se deberá iniciar una averiguación previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación, pero en ningún caso dicha información, por sí sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la acción penal se requerirá necesariamente de la denuncia, acusación o querella correspondiente.
Artículo 39. Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público de la Federación, durante la averiguación previa o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.
TITULO TERCERO
De las reglas para la valoración de la prueba y del proceso
CAPITULO UNICO
Artículo 40. Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa.
Artículo 41. Los jueces y tribunales apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento, por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
>De la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad
Artículo 42. La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.
Artículo 43. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada.
Artículo 44. La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo primero. Se adicionan los artículos 177 y 211-bis y se derogan la fracción IX del artículo 167 y el artículo 196-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Se deroga.
Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Artículo 196-bis. Se deroga.
Articulo 211-bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Artículo segundo. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 182 y se reforma el artículo 194-bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cualquier caso, se hará constar el inventario de todas las cosas aseguradas, el cual también formará parte del acuerdo en el que se dicte el aseguramiento. Asimismo, se colocarán en las cosas los sellos, marcas, cuños, fierros o señales que de manera indubitable permitan su identificación y eviten su alteración, destrucción o pérdida.
Además, se hará la inscripción correspondiente en los registros públicos de la Propiedad y del Comercio, del aseguramiento de bienes inmuebles y de acciones o partes sociales.
Quienes practiquen la diligencia de aseguramiento deberán hacerlo del conocimiento de sus superiores. La Procuraduría General de la República queda obligada a integrar un registro público de los bienes asegurados. La forma, el contenido y el procedimiento para su integración y manejo se especificarán en el instructivo que al efecto se expida.
En ningún caso de aseguramiento se procederá al cierre o suspensión de actividades de establecimientos productivos lícitos.
Artículo 194 bis. En los casos de delito flagrante y en casos urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, quien transcurrido dicho plazo, deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse respecto de los delitos a que se refiere la Ley Federal en materia de delincuencia organizada.
Articulo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 571 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 571. Los concesionarios o permisionarios que intervengan o permitan la intervención de comunicaciones sin que exista mandato de autoridad judicial competente o que no cumplan con la orden judicial de intervención, serán sancionados con multa de 10 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción y deberán pagar la reparación del daño que resulte. En caso de reincidencia se duplicará la multa señalada.
Artículo cuarto. Se adiciona una fracción al artículo 50 y los artículos 50-bis y 50-ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.
Articulo 50-bis. En materia federal, la autorización para intervenir las comunicaciones privadas, será otorgada de conformidad con la Ley Federal en materia de delincuencia organizada.
Artículo 50-ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad o secuestro y tráfico de menores, todos ellos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.
La autorización se otorgará únicamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de los delitos arriba señalados. El titular del Ministerio Público será responsable de que la intervención se realice en los términos de la autorización judicial.
La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el propio juez una nueva solicitud; también ordenará que al concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un inventario pormenorizado de las cintas de audio o video que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la autorización otorgada.
El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total.
En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, el juez que autorizó la intervención ordenará que se pongan a su disposición las cintas resultado de las intervenciones, los originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia del titular del Ministerio Público de la entidad federativa.
Artículo quinto. Se reforma el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Articulo quinto. En tanto se expidan las disposiciones legales a que se refiere el artículo 14 de esta ley, en el reglamento de la misma, se preverá la existencia de un consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación y de la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, presidido por el Procurador General de la República y del que formarán parte, de manera personal e indelegable, un subsecretario por cada una de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, designados por sus titulares.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los artículos 167 fracción IX y 196-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código Penal.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de octubre de 1996.- Por la Comisión de Justicia; diputados: Fernando Pérez Noriega, Eduardo Escobedo Miramontes, Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, Amadeo Flores Espinosa, Jorge Moreno Collado, María Cristina Días Salazar, Claudia Esqueda Llanes, Manlio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Marcelino Miranda Añorve, Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo H. Zúñiga Martínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Rámos Dávila, Mario de la Torre Hernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro, Ezequiel Flores Rodríguez y Humberto Meza Galván.»
Es de primera lectura.
REINO DE ESPAÑA
La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Plácido Arango Arias, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 22 de octubre de 1996.-Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REINO DE DINAMARCA
El secretario Mario Alejandro Rosales Anaya:
«Escudo Nacional.--Poder Legislativo Federal.--Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, pueda prestar servicios como asistente comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 17 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México, serán como asistente comercial:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Articulo único. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 23 de octubre de 1996.-Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfas Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:
«Escudo Nacional.--Poder Legislativo Federal.--Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Carlos Camarena Martínez, para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 22 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado del Uruguay, en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco, serán de carácter estrictamente consular:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B del articulo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jésus Carlos Camarena Martínez. para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Uruguay en Guadalajara, con circunscripción consular en el Estado de Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 23 de octubre de 1996.-Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo Federal.-Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Graciela Saldaña y Berthier, para que pueda prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 22 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Graciela Saldaña y Berthier, para prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 23 de octubre de 1996.-Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfas Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción lll del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F., a 23 de octubre de 1996.-Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Alfonso Primitivo Ríos:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Energéticos correspondiente a la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de "decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo".
Con fundamento en los artículos 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 55, 56,60, 87, 88, 93 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Energéticos se abocó al estudio y análisis de la iniciativa, labor de la que se da cuenta en el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes y consideraciones
Desde hace más de un año la Comisión de Energéticos se ha ocupado, con particular intensidad, por así ameritarlo la trascendencia del tema del desarrollo de la industria petroquímica en México, del estudio de diversos aspectos de los antecedentes, la situación actual y las medidas necesarias para impulsar esa rama industrial. A ello atiende el contenido de la iniciativa que se analiza y dictamina.
El primer aspecto a destacar de la iniciativa es que, por sus antecedentes, refleja un proceso de colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Cabe recordar que el 19 de octubre de 1995 se presentó al pleno de esta Cámara la solicitud para que se integrara una subcomisión plural de diputados a fin de examinar, en forma inmediata y directa, la situación de la petroquímica no básica a cargo de Pemex Petroquímica, organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos.
Es así que, por acuerdo del pleno de esta Comisión de Energéticos de 26 de octubre de 1995 y atendiendo a la resolución del pleno de ésta Cámara, se constituyó dicha subcomisión, integrada por los señores diputados Jaime Jesús Arceo Castro, quien la presidió; Jorge Cortés Vences, Amado Cruz Malpica, Carlos Nuño Luna, Jesús Olvera Méndez y Jorge Wade González.
Como resultado de sus estudios y visitas a los complejos y plantas industriales, dicha subcomisión formuló en su oportunidad diversas consideraciones que hizo suyas esta comisión. Por ser relevantes al contenido de la iniciativa de decreto de reformas, expresamos brevemente a continuación algunas de esas consideraciones:
1. Si bien como industria de proceso, la petroquímica no forma parte de la industria petrolera, ésta proporciona las materias primas para ser transformadas en las plantas petroquímicas. De ahí que la riqueza petrolera nacional constituye, por sí misma, un potencial extraordinario para el desarrollo de esas actividades de transformación, lo que para México ha representado un privilegio del cual la mayoría de los países del orbe no gozan. Por ello, ese potencial debe explotarse en la mayor medida y de la mejor manera posible.
2. La industria petroquímica es un ramo de actividad caracterizado por una creciente complejidad, que resulta principalmente de las aceleradas transformaciones tecnológicas que permiten eficientar y multiplicar procesos, al mismo tiempo que reclama de cuantiosas inversiones de largo plazo, a fin de que los costos resulten en productos competitivos a nivel mundial. Por tanto, las cadenas productivas se eslabonan en forma cada vez más compleja.
En la industria petroquímica nacional se presenta una falta de eslabonamientos que permitan el impulso sucesivo de estas cadenas, en beneficio no sólo de una mayor integración económica nacional, sino que se traduzcan en un factor que aliente otras actividades económicas. Además, la industria petroquímica tiene una situación deficitaria en México, lo que ha inducido a recurrir a la importación de muy diversos productos petroquímicos tanto intermedios como de uso final.
3. El inicio de la petroquímica en México es relativamente reciente, puesto que fue en 1949 cuando se instalaron pequeñas plantas abocadas a la producción, en pequeña escala, de unos cuantos productos. Es así que, como una medida de fomento, en 1958 se expidió y promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que incorporó en forma exclusiva a la actividad de Petróleos Mexicanos lo que ahora se conoce como petroquímica básica.
En consecuencia, desde entonces los procesos petroquímicos sucesivos podrían quedar a cargo de los particulares. De esta forma, se inició la determinación tanto de la exclusividad de Petróleos Mexicanos en petroquímica básica, como la concurrencia de los sectores público, social y privado, en los procesos subsecuentes de la industria petroquímica.
4. La falta de conformación de las cadenas petroquímicas y un crónico déficit de la balanza comercial de esta industria, propiciaron sucesivas clasificaciones de productos petroquímicos básicos y secundarios, que en la realidad no lograron que se realizaran todas las inversiones necesarias.
5. En 1983 se reformó el artículo 28 constitucional, introduciéndose el concepto de actividades estratégicas a cargo del Estado, entre ellas la petroquímica básica. Consecuentemente también quedó reconocido un amplio ámbito, que es el de la petroquímica no básica, en el cual pueden concurrir los particulares.
6. En suma, la petroquímica es una industria de proceso de gran complejidad en sus operaciones y diversidad en sus productos, estratégicamente vinculada, pero diferente de la petrolera. Su vinculación a la industria petrolera es histórica y por ello ha dado lugar a la identificación de un ámbito exclusivo, que es el de la petroquímica básica. Sin embargo, las clasificaciones no obedecieron en estricto sentido 3 criterios técnicos o científicos de la química, puesto que en la química orgánica no se distinguen petroquímicos básicos o secundarios. En el resto del mundo no existe tal diferenciación, por lo cual en México ésta ha obedecido a criterios estratégicos, en el marco de una política de reestructuración e impulso de la industria petroquímica.
La delimitación precisa en la ley de los productos que conforman el ámbito de la petroquímica básica será un factor determinante para remover obstáculos presentes en esta industria, como son la falta de eslabonamientos, elevadas importaciones, limitado desarrollo tecnológico, insuficiencia de las economías de escala y falta de agilidad en la adecuación de la infraestructura y en la organización industrial.
De las consideraciones anteriores, la subcomisión derivó algunas conclusiones relevantes para la iniciativa que nos ocupa, que fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión de Energéticos y que a continuación se mencionan:
El peor escenario para la industria petroquímica y para nuestro país, es que las cosas permanezcan tal y como están ahora, ya que estaríamos condenando a la industria al estancamiento; continuaríamos con las carencias de recursos para promover la modernización y desarrollo de esta rama industrial, con el consiguiente déficit de insumos fundamentales.
Los principales obstáculos para el desarrollo de la industria petroquímica son, por un lado, la carencia de recursos de inversión y, por el otro, la falta de eslabonamientos tanto de la petroquímica del Estado como de la privada frente a otros sectores de la cadena petroquímica, lo que ha originado déficit comerciales, un desarrollo tecnológico limitado, economías de escala insuficientes, infraestructura inadecuada y problemas de organización industrial.
La carencia de recursos para inversión ha limitado, entre otras, las acciones para el cuidado y preservación del medio ambiente, afectando el desarrollo de las zonas donde operan los complejos petroquímicos.
La determinación de buscar alternativas de inversión, que complementen y modernicen la actual infraestructura operada por Petróleos Mexicanos, es fundamental si consideramos que la petroquímica es una de las industrias más dinámicas, que exige altas inversiones en capital y tecnología, una gran flexibilidad operativa para responder a un mercado sumamente activo y a la competencia internacional.
Estas y las demás conclusiones de la Comisión de Energéticos fueron transmitidas en su momento al Ejecutivo Federal. Como resulta evidente del contenido básico de la nueva estrategia para el desarrollo de la industria petroquímica, anunciada el 13 de octubre último, algunas de esas conclusiones encontraron eco en elementos importantes de la estrategia planteada, uno de los cuales se expresa, precisamente, en la iniciativa que se dictamina.
Esta Comisión de Energéticos ha examinado con atención e interés los elementos de la nueva estrategia para la industria petroquímica, de los que destacan los siguientes:
El objetivo básico, impulsar la petroquímica en México, implica aumentar sustancialmente el número y monto de las inversiones en esta industria. En las condiciones actuales, la mejor alternativa para expandir la capacidad de producción es orientar la inversión privada hacia la construcción de nuevas plantas, más que hacia la adquisición de plantas públicas existentes.
A su vez, la expansión de la capacidad reclama certidumbre jurídica para los inversionistas; reglas claras que faciliten la integración de cadenas productivas, la actualización tecnológica y la competitividad así como un marco institucional y de regulación conocido y estable.
La constitución de filiales de Pemex Petroquímica, de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, como empresas de participación estatal mayoritaria, en las que 51% corresponderá al Gobierno Federal y hasta 49% podrá ser suscrito por particulares.
La comisión coincide en que el propósito central de la nueva estrategia en materia de la industria petroquímica debe ser, dar a ésta un fuerte impulso, en el contexto general de la política de cambio estructural que busca aumentar la competitividad del aparato productivo nacional, lo que implica elevar sustancialmente el número y monto de las inversiones en esa industria.
Igualmente relevante es que una de las condiciones indispensables para hacer realidad dichos propósitos es contar con certidumbre jurídica para los inversionistas, que favorezca una concurrencia armónica de inversiones del sector público y de los particulares, tanto de mexicanos como de extranjeros.
En lo que se refiere a las filiales de Pemex Petroquímica, la comisión considera que la participación pública en las mismas debe corresponder a dicha subsidiaria de Petróleos Mexicanos, en los términos de su Ley Orgánica. De esta manera, el Estado conservará el control y mantendrá competitivas sus actuales plantas de petroquímica no básica.
Lo hasta aquí señalado pone de relieve que este asunto ha merecido una atenta y continua dedicación por parte de esta Comisión de Energéticos, lo que ha permitido examinar y ponderar el contenido de la propuesta con la preparación, la información y el conocimiento profundo y suficiente por parte de sus integrantes.
Los aspectos esenciales del contenido y alcances de la iniciativa son los siguientes:
1. En primer término, se reafirman los preceptos y principios de la Constitución sobre la propiedad originaria y el dominio directo de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, así como la exclusividad de la nación en su explotación.
2. Con el claro soporte del articulo 28 constitucional, la iniciativa propone delimitar, mediante la enumeración de productos, el ámbito exclusivo del Estado en materia de petroquímica, es decir, precisa lo que corresponde a la petroquímica básica. Con ello se supera una definición que no ofreció la claridad necesaria para delimitar el campo de la petroquímica básica, como área estratégica del Estado y para otorgar certidumbre jurídica a todos los inversionistas, alentando la participación privada en la petroquímica no básica.
Igualmente hacemos explícita la coincidencia de los puntos de vista de esta comisión con la propuesta del Ejecutivo Federal, para que la definición de los productos petroquímicos básicos quede establecida en ley. De esta manera, de aprobarse esta iniciativa, corresponderá únicamente al Congreso de la Unión delimitar el ámbito de la petroquímica básica exclusiva del Estado.
Los nuevos productos propuestos para constituir la petroquímica básica son los carburos de hidrógeno que dan inicio a todas las cadenas petroquímicas; resultan de un primer proceso industrial de transformación y son elaborados en grandes volúmenes por Pemex. Por tanto, se trata de materias primas estratégicas para la industria petroquímica.
Su identificación actualiza, en esta materia, los principios constitucionales de rectoría del Estado, de exclusividad de la nación en áreas estratégicas, de planeación del desarrollo nacional y del compromiso del Estado de fomentar y dar protección jurídica a los particulares para lograr una participación más activa del sector privado en el desarrollo de la petroquímica no básica.
3. La propuesta de incorporación del metano al ámbito de la petroquímica básica es una decisión relevante. Dicho producto no había sido incluido como básico en clasificaciones anteriores. Por ello su adición ha merecido en la iniciativa diversas precisiones, de entre las cuales es de subrayarse que el metano será considerado petroquímico básico, para efectos de la fracción III del artículo 3O. de la ley, siempre y cuando ese gas provenga de carburos de hidrógeno obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y que se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos.
Es consecuente subrayar, para evitar cualquier interpretación errónea, que la inclusión del metano como petroquímico básico no afecta el contenido y alcances del decreto de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, expedido por el Congreso de la Unión, promulgado por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995.
Dicho decreto, relativo al gas natural, no se ve modificado en forma alguna por el contenido de la iniciativa que ahora se analiza y considera. En este sentido, la iniciativa propone una adición al artículo 4O. que asegura que el metano, como petroquímico básico, tendrá el mismo régimen que el gas natural cuando se trate de su transporte, almacenamiento y distribución.
En efecto, en 1995 se estableció claramente que el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural, que como se sabe está constituido preponderantemente por metano, podrán ser realizados, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.
En congruencia con lo anterior, el artículo segundo transitorio de la iniciativa en estudio reitera que, como se definió para el gas natural, Petróleos Mexicanos conservará en propiedad y mantendrá en condiciones de operación los ductos y sus equipos e instalaciones accesorios para el transporte del metano, que actualmente forman parte de su patrimonio.
En conclusión, es pertinente reiterar que el decreto de reformas a la ley en lo relativo a la petroquímica no modifica en forma alguna el régimen decretado por el Congreso de la Unión en materia de gas natural, así como tampoco las disposiciones reglamentarias respectivas.
4. La iniciativa plantea disposiciones tendientes a evitar un problema de interpretación jurídica, que podría obstruir el establecimiento y desarrollo de proyectos petroquímicos no básicos por particulares. La complejidad de la tecnología y de los procesos que ocurren a lo largo de las cadenas productivas, en ocasiones da lugar a que se obtengan inevitablemente como subproductos algunos petrolíferos y petroquímicos básicos.
Por consiguiente, para respetar el ámbito de exclusividad del Estado en la materia, de aprobarse la iniciativa quedaría establecido que no podrán entrar al comercio dichos subproductos, puesto que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias serán los únicos posibles adquirentes de los mismos, siempre y cuando los subproductos sean excedentes no aprovechables en las mismas plantas o complejos.
Esta disposición, que se propone para formar parte del artículo 4o. de la ley, no sólo es una solución jurídica a una situación de orden práctico, sino que reafirma los principios de exclusividad del Estado en materia de petroquímica básica, con apego a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución.
5. Para dar eficacia a la prohibición de comercializar petroquímicos básicos, obtenidos por particulares, como excedentes no aprovechables en sus propias plantas o complejos, la iniciativa además de establecer la obligación de venderlos a Petróleos Mexicanos o a sus filiales, señala también que debe darse aviso a la Secretaría de Energía cuando dicha situación pudiera ocurrir. En la iniciativa se proponen las sanciones por incumplimiento de dichas disposiciones, las que se aplicarán conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
6. De las modificaciones a la iniciativa. En el afán de enriquecer el contenido de la iniciativa presidencial, esta comisión consideró pertinente modificar el texto legal en los siguientes términos:
a) Con objeto de dar mayor claridad al destino de los petrolíferos que se obtengan como subproductos en los procesos petroquímicos no básicos en empresas de particulares, se propone modificar la redacción de uno de los párrafos del artículo 4O. para quedar como sigue:
Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluido en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 3O. de esta ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el articulo 15 de esta ley.
Como se observa, el contenido de la iniciativa es puntual y preciso, por lo que de manera alguna altera el propósito de la ley reglamentaria, sino que más bien lo reafirma, ya que se trata de precisar la actividad exclusiva del Estado en materia de petroquímica.
Las modificaciones y adiciones son muy concretas y precisas, así como especialmente trascendentes a la responsabilidad del Estado, al que corresponde establecer normas claras en su contenido y en sus alcances y de esa manera propiciar con eficacia el desarrollo de este sector industrial.
La Comisión de Energéticos, después de un largo proceso de información, estudio, análisis y debate dentro de un marco de comunicación y colaboración respetuosas y efectivas entre los poderes de la Unión, ha revisado escrupulosamente el contenido de la iniciativa, para lo cual ha sesionado con el ánimo de escuchar, de nueva cuenta, tanto a representantes del Ejecutivo Federal, como a especialistas en la materia, a destacados miembros de la comunidad académica y a grupos e individuos interesados en este asunto.
Uno de los elementos adicionales a la presente iniciativa, contenida en la nueva estrategia para el desarrollo de la industria petroquímica, es la constitución de las filiales del organismo descentralizado Pemex Petroquímica, como empresas de participación estatal mayoritaria, en las que el 5 l % de las acciones corresponderá al Gobierno Federal y hasta el 49% podrá ser suscrito por particulares. Si bien la instrumentación de esta medida no es objeto de la presente iniciativa, la comisión recomienda al Poder Ejecutivo Federal se atiendan los siguientes aspectos:
Que de acuerdo con la fracción IV del articulo 3o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, establece que Pemex Petroquímica tiene como objeto los procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización. Por tanto, esta disposición de ley implica que Pemex Petroquímica no pierde su objeto cuando el Ejecutivo Federal abrogue el reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo en Materia de Petroquímica.
Que la participación pública de las filiales de Pemex Petroquímica corresponda a dicha subsidiaria de Petróleos Mexicanos en los términos de su Ley Orgánica.
Que el Estado, además de conservar el control mayoritario en las nuevas filiales de Pemex Petroquímica, realice las acciones necesarias para mantener competitivas sus actuales plantas de petroquímica no básica.
Que en la constitución de las nuevas empresas de participación estatal mayoritaria se respeten íntegramente los derechos adquiridos por los trabajadores y que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) siga siendo el titular del contrato colectivo de trabajo.
Que los recursos que se obtengan de la colocación de hasta el 49% de las acciones de las nuevas empresas se canalicen a la reactivación productiva y a la actualización tecnológica de los complejos y plantas actuales de Pemexpetroquímica.
Finalmente, la comisión reconoce que el Poder Ejecutivo Federal, en la nueva estrategia para la industria petroquímica recogió, entre otros planteamientos, aspectos medulares de las recomendaciones formuladas por ella, por lo que se ha llegado a la conclusión de que la iniciativa de decreto y la estrategia en la que se inscribe sirven al interés de la nación y en consecuencia, proponemos se apruebe el siguiente
DECRETO
Artículo único. Se reforma la fracción lll del artículo 3O. y se adicionan tres párrafos al artículo 4O. y dos últimos párrafos al artículo 15, todos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran:
1. Etano:
2. Propano:
3. Butanos:
4. Pentanos:
5. Hexano:
6. Heptano:
7. Materia prima para negro de humo:
8. Naftas:
9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos.
Artículo 4o... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas metano, queda incluida en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando en la elaboración de productos petroquímicos distintos a los básicos enumerados en la fracción III del artículo 30. de esta ley se obtengan, como subproductos, petrolíferos o petroquímicos básicos, éstos podrán ser aprovechados en el proceso productivo dentro de las plantas de una misma unidad o complejo o bien ser entregados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, bajo contrato y en los términos de las disposiciones administrativas que la Secretaría de Energía expida.
Las empresas que se encuentren en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Energía, la cual tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las citadas disposiciones administrativas y, en su caso, imponer las sanciones a que se refiere el artículo 15 de esta ley.
Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En caso de infracción a lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto del artículo 40. de esta ley, sin perjuicio de las sanciones previstas en el párrafo anterior, el infractor perderá en favor de Petróleos Mexicanos los subproductos petrolíferos o petroquímicos básicos obtenidos.
Para aplicar este artículo, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Petróleos Mexicanos conservará en propiedad y mantendrá en condiciones de operación los ductos y sus equipos e instalaciones accesorios para el transporte del metano, en los términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995.
Salón de comisiones de la Cámara de Diputados, a 21 de octubre de 1996.-Por la Comisión de Energéticos, diputados: Francisco Curi Pérez Fernández, presidente; Servando Andrés Díaz Suárez, Carlos Nuño Luna, Fernando Pacheco Martinez, Raúl Castellanos Hernández, secretarios; Pablo Pedro Aceves Hernández, Jaime Jesús Arceo Castro, Oscar Cantón Zetina, Jorge Cortés Vences, Amado Cruz Malpica, Carlos Mario de la Fuente Lazo, Jesús Durán Ruiz, Gabriel Escalante Castillo, Heriberto Galindo Quiñones, Javier González Garza, José Luis Galeazzi Berra, Aurelio Marín Huazo, If genia Martínez Hernández, José Noé M. Moreno Carbajal, César Raúl Ojeda Zubieta, Jesús Olvera Méndez, Manuel Jesús Pacheco Arjona, Carlos Pérez Rico, Luis Priego Ortiz, Luis Rico y Samaniego, Calixto Javier Rivera Díaz, Tito Rubín Cruz, Sergio Vázquez Olivas, Raúl A. Fuentes Cárdenas y Jorge Wade González.»
Es de segunda lectura.
Tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Curi Pérez:
Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados:
El día de hoy discutimos el dictamen elaborado por la Comisión de Energéticos, que es la consecuencia de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional.
Sin lugar a dudas que independientemente del contenido de la iniciativa y del contenido de este dictamen, uno de los aspectos en los que se estableció con mucha precisión el debate sobre la petroquímica a lo largo ya de un año y medio, tuvo que ver sobre la capacidad que debiera tener el Legislativo para legislar sobre esa materia, es, sin lugar a dudas, la recuperación de la facultad del Poder Legislativo sobre la decisión de definir cuáles son los petroquímicos básicos y cuáles son los petroquímicos secundarios...
El Presidente:
Permítame, señor orador.
Se invita a quienes no sean legisladores, personal de apoyo y a los representantes de los medios de comunicación, a pasar a los sitios destinados para su uso al fondo de esta sala, solicitando guardar orden y respeto para proseguir el desarrollo de la sesión.
Continúe, señor orador.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:
Decía que esta iniciativa represente la conclusión de un largo debate respecto al cual estuvimos inmersos a lo largo de un año y medio. La pregunta que hacíamos en aquel tiempo es y era si el Legislativo era la instancia que debía definir el campo de acción de la iniciativa privada, nacional y extranjera y el campo de competencia del Estado en materia de petroquímica.
El Ejecutivo Federal al enviar esta iniciativa a la Cámara de Diputados recoge, sin lugar a dudas, lo más importante de este debate e implica este hecho el reconocimiento a la facultad de la Cámara de Diputados de definir precisamente y con toda claridad cuáles son aquellos petroquímicos que deben ser reservados y cuáles no. En sí misma esta iniciativa, por el hecho mismo de haberse presentado a la Cámara de Diputados, debe tener el reconocimiento del Poder Legislativo a la decisión que tome el Ejecutivo Federal en regresar al campo del Legislativo una toma de decisiones que era fundamental para la República.
En la sustancia misma de la iniciativa se maneja la clasificación como el punto toral respecto al cual debe definirse este Legislativo. En este sentido...
Señor Presidente, yo le pediría a usted que pudiera exhortar a que hubiese orden en la sala.
El Presidente:
Con mucho gusto, señor orador.
Esta Presidencia es muy respetuosa de las manifestaciones pacíficas y que con orden se hagan durante la sesión, con una sola aclaración. Todos los diputados podrían llegar a hacerlas en los términos reglamentarios, pero de ninguna manera los que no lo son, por lo que suplico que las personas que están en el pasillo, que no son diputados, pasen a las galerías.
Reitero la invitación a quienes no son legisladores, hagan favor de retirarse de !os pasillos, para que se permita continuar al señor orador.
Por favor señor orador, continúe.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández:
Gracias, señor Presidente:
Decía que el contenido central de esta iniciativa es la propuesta de una clasificación de petroquímicos considerados como básicos. Hay que recordar que hasta el día de hoy y hasta este momento, regidos aún por otra legislación, los petroquímicos básicos considerados así y los petroquímicos secundarios tenían un origen derivado de la decisión presidencial, es decir, el Presidente de la República definía cuáles eran unos y cuáles eran los otros y en razón de esa decisión se había tomado también una decisión de mayor talado: la venta de empresas propiedad del Estado en materia de petroquímica.
Sin lugar a dudas que lo que aquí en la Cámara se ventiló durante mucho tiempo tuvo un efecto concreto en una rectificación del Poder Ejecutivo en días pasados. Es indispensable, con el propósito de marcar esta iniciativa en el contexto general, que también hagamos un reconocimiento a la sensibilidad que el Poder Ejecutivo tuvo para reformar, para rectificar la iniciativa que originalmente había planteado de una privatización total de la petroquímica en manos de Pemex.
Aquí en la Cámara nosotros fuimos actores como legisladores dentro de la Comisión de Energéticos para participar de manera importante e influir de manera importante en que hubiese un campo en la medida tomada originalmente. Aquí creamos, el Poder Legislativo, una subcomisión de petroquímica que se responsabilizó de hacer un estudio y un trabajo detallado, preciso, sobre cuáles eran las condiciones de esta importante rama económica y dictaminar en su momento, emitir sus puntos de vista con mucha precisión, dentro de los cuales uno de ellos era una recomendación para el Ejecutivo en el sentido de que había una irregularidad legal en la convocatoria para la legislación de uno de los complejos petroquímicos ubicado en el Estado de Veracruz, el complejo petroquímico de Cosoleacaque.
Esta posición que tomó la Comisión de Energéticos, aunada sin duda a una gran cantidad de opiniones de actores, de partidos políticos, de organizaciones públicas diversas que se manifestaron en tomo a este problema, vinieron a dar como consecuencia un estado de cosas en el que el Ejecutivo Federal debió tomar una decisión diferente a la que originalmente había planteado, decisión que fue anunciada por el señor Secretario de Energía, en fechas pasadas y en el cual se plantea un esquema en el que estas plantas petroquímicas tendrán el 51% de participación estatal y el 49% de participación privada.
Este también es un reconocimiento al Poder Legislativo y debe serlo así porque contribuimos a señalar con precisión los errores que se tenían en el esquema anterior y fuimos actores fundamentales en la redefinición de la estrategia para el desarrollo de la petroquímica.
Dentro de las medidas planteadas para el desarrollo de la petroquímica nacional también se encuentra la iniciativa que hoy tenemos a la vista, independientemente de si estemos de acuerdo o no con la clasificación de los productos que en ella se manejan, es un hecho que debemos reconocer y que debemos de plantearnos como un éxito político del Poder Legislativo, que sin duda contribuyó con esto no solamente a señalar los errores que el Ejecutivo había cometido, sino también a darle presencia política, a darle presencia a un Poder Legislativo que cada vez más estamos empeñados en que crezca en un mejor equilibrio de poderes en la República.
La iniciativa que tenemos a la vista contiene básicamente, en lo sustantivo, dos aspectos; uno, que es la clasificación concretamente y el otro, que se refiere a las facultades de la Secretaría de Energía para participar en los diferendos existentes en la producción de petroquímicos en algunas de las plantas que vayan a ser manejadas por la iniciativa privada y que pudiesen eventualmente producir como subproductos de la producción de petroquímicos, productos reservados para el Estado.
Es importante señalar que la clasificación actual en estos momentos aún sin legislarse sobre este tema, es una clasificación que se fundamenta en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. En este reglamento se definen cuáles son por una parte el criterio y por otra parte con precisión cuáles son aquellos petroquímicos considerados como básicos.
El criterio que se utiliza palabras más, palabras menos, en este reglamento de la ley reglamentaria, es el de que petroquímico básico es aquel que resulta de la primera reacción química de un carburo de hidrógeno y que con esta situación, palabras más, palabras menos, aquellos primeros petroquímicos, aquellos petroquímicos que son ese resultado de la primera reacción son los que deben ser considerados como petroquímicos básicos.
Tenemos en esta iniciativa un cambio en el manejo de la razón fundamental de considerar petroquímicos básicos y secundarios; hay una diferencia importante no señalada en el texto, pero implícita en él si nos acogemos al derecho positivo de la facultad que tiene en este caso el Legislativo de definir en este piso cuáles son los petroquímicos básicos independientemente de que este criterio se fundamente en un aspecto químico o no.
En otras palabras, los petroquímicos que aquí se proponen no necesariamente son o están fundamentados en un principio como el que regía en el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional, es decir, el criterio químico.
Esta facultad del Estado de definir cuáles son los petroquímicos básicos a través del Legislativo, sin embargo, no tiene en el contenido de la iniciativa y del dictamen un sustento de criterio sobre el cual puedan definirse los petroquímicos básicos aquí planteados. En rigor, no sería ya el aspecto químico el que los definiría en esa primera reacción de los carburos de hidrógeno, pero tampoco se señala en el cuerpo de la iniciativa si éstos están considerados como petroquímicos básicos por un concepto estratégico de la iniciativa.
En rigor, esta iniciativa determina los dos campos de acción que debe tenerse en este campo, que es el campo de participación privada y de participación estatal sobre el criterio de una clasificación que no se corresponde con un criterio químico, independientemente de que esto sea válido, el criterio cualquiera que sea no está implícito dentro de la iniciativa; esto, evidentemente hay que reconocerlo, es una de las faltantes importantes de este dictamen que tenemos a la vista.
Creo en lo personal que esta iniciativa se corresponde con una estrategia general para el desarrollo de la industria, sostengo que esta iniciativa en medio de una incertidumbre financiera por la que atraviesa el país, es indispensable para dar certidumbre y para dar seguridad a la participación privada en un ramo tan importante; creo que esta iniciativa aun adoleciendo de los puntos de vista de que los petroquímicos planteados aquí no necesariamente son petroquímicos, es decir, son el resultado de esta primera reacción química a la que me refiero, es menester reconocer que es parte de la facultad que el Legislativo tiene el definirlos y el definirlos en función de otros criterios que no necesariamente reposen en el criterio químico.
Independientemente de los votos que se vayan a emitir de las fracciones parlamentarias sobre este importante dictamen que hoy discutimos, creo que es importante reconocer, por último, que éste es el fin de una larga discusión y esperemos que sea el inicio también del desarrollo que todos queremos para México, de una rama económica tan importante como es la petroquímica nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
El diputado Apolonio Méndez Meneses : (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Apolonio Méndez Meneses (desde su curul):
Para hacer una moción suspensiva.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez.
Antes pediría yo a la Secretaría se sirva dar lectura a los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El secretario Primo Quiroz Durán:
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Artículo 109. Ninguna discusión se podrá suspender sino por estas causas:
Primera, por ser la hora en que el reglamento fija para hacerlo, a no ser que se prorrogue por acuerdo de la Cámara.
Segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a otro negocio de mayor urgencia o gravedad.
Tercera, por graves desordenes en la misma Cámara.
Cuarta, por falta de quorum la cual si es dudosa, se comprobará pasando lista y si es verdaderamente notoria, bastará la simple declaración del Presidente.
Quinta, por proposición, por proposición suspensiva que presente alguno o algunos de los miembros de la Cámara y que ésta aprueba.
Articulo 110. En el caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y a algún impugnador si lo hubiera, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.
El Presidente:
Tiene la palabra el señor diputado Apolonio Méndez.
El diputado Apolonio Méndez Meneses:
Gracias, señor Presidente:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos moción suspensiva al dictamen que hoy se pone a consideración del pleno de esta Cámara, por las siguientes razones y argumentos:
Desde la fundación misma del Partido Acción Nacional en 1929, hemos sostenido que toda actividad productiva y en sí la actividad económica, debe tener como centro y como fin una sustentación humana.
Aun cuando la actividad económica tiene por objeto bienes materiales, por ser una actividad al servicio del hombre debe estar sometida a la ley moral y a los fines y valores permanentes de la vida humana.
La economía no cumple con sus fines por el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, sino es condición necesaria la libertad de competencia en la actividad de los particulares, limitada de acuerdo con el bien común.
La justicia en el orden económico exige la recta actuación de los particulares, de las organizaciones ocupacionales, del Estado y de la comunidad internacional.
En cumplimiento de su misión subsidiaria y supletoria, el Estado debe fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, estimular y coordinar todas las actividades adecuadas para la estabilidad y prosperidad de la economía.
La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esta iniciativa, pues en esos casos la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora.
El Estado tiene el deber de velar porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté constantemente subordinada al bien común.
Desde el punto de vista económico, la planeación debe concertar la libertad y la iniciativa individual, con una orientación común del desarrollo, por eso la planeación no debe ser un disfraz económico del poder político, sino un esfuerzo nacional, fijación realista de metas y de medios económicos y sociales y expresión de la voluntad común de desarrollo mediante una acción concertada de todos los sectores, de actividad económica y no solamente del Gobierno.
De la misma manera, el grupo parlamentario de Acción Nacional en este Poder Legislativo, en diferentes momentos de su vida como institución ha presentado iniciativas que promueven la actividad productiva de la iniciativa privada, en el estricto sentido del principio de subsidiaridad que menciona: tanta sociedad como sea posible, tanto Gobierno como sea necesario.
En la reforma que se pretende a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y concretamente en la reforma de la fracción lll del articulo 3O. de la referida ley secundaria, se determinan los renglones que constituyen petroquímicos básicos, cuyo dominio es exclusivo del Estado, enumerando los siguientes: etano, propano, butano, pentanos, exanos, heptano, materia prima para negro de humo, naftas y metano.
La consideración que hace el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVI Legislatura, que para darle mayor seguridad jurídica a la definición de petroquímica básica, es fundamental llevar dicha definición al texto del artículo 28 en el párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no dejarlo únicamente en la ley secundaria, que con una mayoría simple en el Congreso puede cambiar esta definición por ciertos intereses políticos y evitar consensarlo con una mayoría calificada que por su pluralidad dé mayor seguridad a cualquier cambio constitucional.
En la adición de tres párrafos al artículo 4O., sobre todo en el contenido del párrafo cuarto propuesto, queda abierta una amplia discrecionalidad de la Secretaría de Energía y esto de ninguna manera equivale a darle seguridad jurídica a los inversionistas.
Es necesario que el Ejecutivo tenga el tiempo necesario para clarificar esta parte de la reforma e informar a este Poder Legislativo con mayor certidumbre, para evitar un rango ilimitado de discrecionalidad en la ley.
Es necesario que se defina explícitamente el proceso de colocación del 49% de acciones en el mercado de inversionistas, es fundamental la transparencia en la colocación de esas acciones para evitar que pueda existir tráfico de influencias y manejo de información privilegiada, como ha venido sucediendo desde el sexenio pasado.
Es hoy necesario que el Poder Legislativo conozca con amplitud dicho procedimiento, así como los márgenes y porcentajes de venta, los cuales únicamente se incluyen en el discurso oficial, sin existir información formal suficiente para valorar la viabilidad de la intención semiprivatizadora del Ejecutivo.
Es también fundamental que se transparente a qué personas o a qué inversionistas se podrán vender las acciones de la petroquímica y que se establezcan los requisitos mínimos necesarios.
Esta moción suspensiva corresponde a la necesidad de no legislar al vapor, desconociendo los procesos del Ejecutivo, quien ha demostrado en el ejercicio de su hegemonía en las privatizaciones poco diáfanas y en ocasiones turbias y que quede la posibilidad de modificar su discurso y cambiarlos en los hechos, según sus intereses o de grupos políticos y económicos.
El pueblo de México quiere saber cuál va a ser el destino de los fondos de las petroquímicas, y ya no quiere errores o manipulaciones en la información sobre uso de esos recursos, como sucedió con el fondo de contingencia, por lo tanto se requiere más información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta moción suspensiva para que el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se regrese a la Comisión de Energía de esta Cámara y se transparenten los puntos que hoy señalamos, nos resultan confusos y oscuros.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sala de sesiones, 23 de octubre de 1996.
Gracias, Presidente.
El diputado Oscar Cantón Zetina (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Oscar Cantón Zetina (desde su curul):
Para hablar en contra de la moción suspensiva.
El Presidente:
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Oscar Cantón Zetina, del Partido Revolucionario Institucional.
EL diputado Oscar Cantón Zetina:
Con su permiso, señor Presidente:
Honorable Asamblea: quiero, a nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, comentar acerca de esta propuesta de la moción suspensiva, presentada por el Partido Acción Nacional, de que por supuesto no estamos de acuerdo en su propuesta porque hay muchos argumentos que nos indican que en esta Cámara de Diputados se ha debatido largamente los temas de la petroquímica, los temas de la delimitación entre lo básico y lo secundario, los temas constitucionales que le atañen y muchas otras cuestiones sobre lo que tanto nos preocupa que es la industria petrolera, la industria de la petroquímica nacional.
Debo decir también, y lo decimos con un profundo reconocimiento al trabajo de los miembros de la Comisión de Energéticos de esta Cámara, a su directiva, que se ha consolidado el espíritu democrático de un Poder Legislativo que fortalece a la democracia, seguramente estamos debatiendo aquí una reacción del Poder Ejecutivo, consecuencia de un informe, de un trabajo que hizo la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados, en la que participaron todos los partidos políticos.
No podemos negar la fuerza política de ese dictamen, cuando se nos argumentaba que no había fuerza legal, para impedir el proceso de des incorporación de activos de la petroquímica, se hiciera como todos los mexicanos exigimos y queremos, en forma transparente, en forma clara, en forma que no deje duda, de que se está haciendo lo correcto, con los recursos, con los dineros del pueblo mexicano.
Y también debo felicitar aquí los trabajos que se han hecho en el seno de toda la Cámara, de toda la Asamblea, porque este tema rebasó a la Comisión de Energéticos en su espacio y se ha discutido en toda la Cámara.
La Comisión de Energéticos trabajó prácticamente desde el principio de la legislatura sobre este tema. Le consta a todos los partidos políticos, y fue el 19 de octubre de 1995, hace más de un año, cuando se determinó por parte del Poder Ejecutivo, días antes lo había determinado que este pleno autorizó, ordenó a la Comisión de Energéticos, que se creara una subcomisión, para que estudiara todo lo relativo con lo de la petroquímica.
Se trabajó a fondo. Se trabajó con toda seriedad y aquí le queda constancia a todos los partidos y el Partido Acción Nacional también trabajó y muy bien, con el diputado Carlos Nuño como miembro de esta subcomisión.
Se hicieron muchos trabajos que yo no quiero abundar aquí, para no agotar su tiempo, resumiré, pero se hicieron visitas de campo a las zonas petroleras, se habló con los actores directamente involucrados, se visitó por parte de esta comisión las zonas donde se sentiría con mayor fuerza esa desincorporación de los activos.
Se hicieron audiencias públicas, aquí la Cámara fue sede de ellas, y las otras se hicieron en el sur de Veracruz.
Se consultó a abogados, especialistas en derecho constitucional, especialistas expertos, técnicos, para que nos ayudaran a delimitar desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de lo cientifico, cuáles son los argumentos que nos podían dar, para que se clarificara este gran debate nacional.
A consecuencia de ello, hubo un informe sobre el proceso de desincorporación de activos de la petroquímica secundaria de Pemex, en donde se concluía cosas trascendentales para la vida nacional, para la vida futura de los hidrocarburos de la nación.
Aquí, aquí se dijo, que el proceso era netamente constitucional y fue producto de este informe, pero no fue la última palabra, se siguió estudiando y hubo después uno de la propia Contraloría General de la Federación, se determinó en este informe, que los instrumentos legales del proceso de desincorporación, no requerían, no requieren dice el dictamen, fundamentarse en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Limita este informe lo que fue la posición de la Comisión de Energéticos y algo muy importante que fue avalado por todos los partidos ahí presentes en esa comisión. Nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, pensamos que se ha hecho un gran trabajo, un intenso trabajo sobre este tema. Pensamos que no estamos en tiempo de posponer este gran debate nacional. Pensamos que hay indicadores económicos, que hay indicadores políticos, que hay indicadores sociales que exigen la pronta definición de esta Cámara de Diputados acerca del contenido de la iniciativa presidencial enviada en días pasados por el presidente Ernesto Zedillo.
Pensamos que tenemos la información, los argumentos suficientes para dar el debate y que la nación, en su mayoría, sus representantes populares, puedan definir qué es lo que se pretende en esta ley reglamentaria.
Hay que recordar también que la propia Comisión de Energéticos urgió en dos ocasiones, en reiteradas ocasiones, al propio Poder Ejecutivo para que tomara una decisión, una posicióndefinitiva acerca de este tema. Entonces pensamos que se han hecho las comparecencias de diferentes servidores públicos, incluyendo al propio Secretario de Energía, aquí y en la colegisladora, en el Senado de la República. Pensamos que ya es tiempo entonces que entremos de lleno al debate. Hay muchos casos que no quiero ir en detalle, que abordó el diputado Apolonio Méndez, en cuanto a su argumentación para que pudiera darse esta moción suspensiva. Se habló desde la reforma al artículo 28 constitucional.
Seguramente si se reformara el artículo 28 constitucional en una hipótesis, sí sería para precisar en ese artículo el ámbito de la petroquímica básica; si fuera así, se tendrían que definir también en la propia Constitución los términos en que la nación llevará a cabo la explotación del petróleo y los demás hidrocarburos, así como todas las demás actividades estratégicas. Para ello, nosotros creemos que están las leyes reglamentarias de la Constitución y si se pretendiera, que es para eliminar el concepto de petroquímica básica, pues desde luego que se elimina este concepto, se eliminaría una actividad industrial reservada en exclusiva al Estado y, por lo tanto, cualquier particular podría procesar el gas natural y generar petroquímicos básicos que ahora precisamente se quiere proteger.
Hay otros temas que abordó el diputado Méndez. Por supuesto, yo creo que ésos son temas de la discusión del propio dictamen, del 49% y de otros puntos que son los que veremos a continuación cuando entremos de lleno a la discusión del dictamen.
Es por eso, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, señor Presidente, que ya solicitaría entonces que se llevara a cabo a continuación el procedimiento que indica el artículo 110 de nuestro reglamento y que se consultara a la Asamblea sobre la decisión de esta moción suspensiva. Por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional votará en contra de esta moción suspensiva.
Muchas gracias.
El Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):
Para hablar en pro de la proposición.
El Presidente:
El artículo 110 es perfectamente claro, señor diputado, únicamente puede hablar una persona para proponer la moción suspensiva y otra en contra. Por lo tanto, se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El secretario Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto, los siguientes oradores: por el Partido del Trabajo, Raúl Fuentes; por el Partido de la Revolución Democrática, Amado Cruz Malpica; por el Partido Acción Nacional, José de Jesús Durán Ruiz; por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Jesús Arceo Castro. Asimismo, ha solicitado el uso de la palabra la diputada Marta Alvarado Castañón.
Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Fuentes, del Partido del Trabajo.
El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:
Gracias, señor Presidente:
Posición del Partido del Trabajo, ante la privatización de la industria petroquímica.
Después de recorrer un largo camino lleno de múltiples irregularidades, llegamos al paso culminante que irremediablemente como resultado de la composición de esta Cámara de Diputados, terminará por privatizar lo que nosotros llamamos la industria petroquímica básica.
Lo decimos así, porque debido a una política deliberada...
El Presidente:
Señor orador, permítame por favor.
Se suplica a las señoras y señores diputados se sirvan tomar sus asientos y a quienes no lo son, favor de desalojar los pasillos.
Continúe, señor orador.
El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:
Debido a una política deliberada implementada desde hace varios años, por distintos gobiernos del PRI, ha terminado por incluir los productos de la petroquímica básica con los que se obtienen de la petroquímica secundaria.
A ciencia cierta, no sabemos cuál sea el origen de esta decisión; si se encuentra entre los acuerdos secretos del Tratado de Libre Comercio asumidos por el Gobierno salinista o de los compromisos adquiridos por el presidente Ernesto Zedillo, al firmar el rescate financiero de 50 mil millones de dólares el año pasado.
Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo al respecto, sobre estas que parecen ser las razones para realizar una privatización sumamente cuestionada y descuidada.
En el mundo actual las necesidades de modernización económica y social, están exigiendo la redefinición del papel del Estado; hecho que se refleja tanto en el desmantelamiento del llamado estado de bienestar, como en la conformación de una ola mundial de privatizaciones. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo, participantes de este proceso, se han reservado para sí las áreas que consideran estratégicas para el desarrollo nacional.
Por eso, el Partido del Trabajo señala nuestra negativa a esta iniciativa, no es una negativa a una privatización en abstracto, sino a la serie de irregularidades que han permeado este proceso y que pasamos a señalar:
El Partido del Trabajo considera a la industria petroquímica tanto básica como secundaria, como estratégica para el desarrollo nacional. En esta industria se producen diversos insumos productivos que pueden dotar de competitividad en sus aspectos de precios y calidad, a diversas ramas de la estructura industrial del país.
Sus efectos no sólo se verían reflejados en un creciente dinamismo exportador de estos productos, sino también en el fortalecimiento de los encadenamientos productivos de la estructura industrial. Esta valoración nos llevó, en su momento, a demandar la articulación de un Programa Nacional para el Desarrollo de la Industria Petroquímica que tuviera como ejes el fortalecimiento de las inversiones productivas en ese sector, así como una clara política de producción y precios en función de las necesidades de la estructura industrial nacional.
Contrario a esta demanda, el Gobierno de la República instrumentó una política devastadora en la industria petroquímica, hecho que se corrobora con la descapitalización ejecutada en ese sector durante los últimos años.
La Cuenta Pública de 1993,1994 y 1995, demuestra fehacientemente este hecho. Lo presupuestado en gasto de capital, nunca se ejerció completo a pesar de que los recursos asignados para el crecimiento de las plantas productivas resultaban insuficientes.
El presupuesto para 1996, no es distinto. El Ejecutivo dio como un hecho la privatización de la industria petroquímica secundaria, tal y como la había concebido inicialmente y por eso es que los objetivos para este sector, se establecieron de la siguiente forma:
"Por motivo de la desincorporación del sector público de Pemex Petroquímica, el programa de inversiones del organismo se orienta únicamente a mantener y mejorar la operación de la planta productiva, considerando el mantenimiento mínimo a instalaciones, así como la continuación de los proyectos que se tienen en ejecución."
¿Qué hará ahora el Estado Mexicano? ¿Mantendrá la política descapitalizadora para apostar en el largo plazo a que todo quede en manos privadas o invertirá recursos suficientes sin gastos de capital para ahora sí promover una política de fortalecimiento de las 61 plantas que se mantienen en su control mayoritario.
Otro de los objetivos de la iniciativa de ley que hoy discutimos, es definir aquellos productos que forman la petroquímica básica. La intención es delimitar explícitamente las áreas de control estatal, para dar certidumbre jurídica a los capitales privados que decidan participar en la industria petroquímica, conforme a lo dispuesto en esta misma iniciativa. El antecedente se remite a agosto de 1992 cuando la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal publicó la clasificación de productos petroquímicos básicos y secundarios. Esta clasificación carece de fundamento técnico y científico, pues en ella se considera como petroquímicos básicos a productos que son extraídos de los pozos en su estado natural, mezclados con otros elementos y obtenidos para su uso mediante procesos físicos.
La petroquímica es la industria que transforma mediante procesos químicos, los hidrocarburos naturales.
Sin embargo, considerando que en 1983 se realizaron modificaciones al artículo 28 constitucional, introduciendo la petroquímica básica como una de las áreas estratégicas bajo control estatal y que en ningún país más que en el nuestro, existe la diferenciación entre petroquímica básica y petroquímica secundaria, nos podemos atener a los criterios aceptados por la ciencia y la industria petrolera a nivel mundial, para concluir que la petroquímica básica es la primera transformación química de los hidrocarburos naturales.
En este sentido, la petroquímica secundaria es aquella que obtiene productos por medio de dos o más procesos químicos. Por tanto la clasificación de petroquímica clásica que presenta la iniciativa presidencial, es equivocada, de manera deliberada.
La Secretaría de Energía argumenta que en la clasificación de hidrocarburos naturales, como productos petroquímicos, no se atendió únicamente al criterio técnico, sino que esta clasificación es resultado de una combinación de criterios jurídicos, técnicos y de política económica.
La justificación de la Secretaría de Energía es, en el mejor de los casos, incorrecta.
En primer lugar, esta clasificación y la estrategia en su conjunto, no obedecen a un programa de mediano y largo plazo para el desarrollo industrial y agrícola. Si así fuera, la estrategia petroquímica debería de estar contemplada en el Programa de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior, del 8 de marzo de 1996, cosa que no sucede.
Por otra parte, no se puede entender que una política industrial de mediano y largo plazo deje fuera de control productos como el amoniaco, producto químico básico para la elaboración de fertilizantes y que por ende su producción resulta crucial para el desarrollo agrícola e industrial de nuestro país.
El Partido del Trabajo considera que no han existido simples imprecisiones técnicas. En los hechos es la forma en que el Estado se retira de la industria petroquímica, privatizándola, sin realizar las reformas constitucionales que legalmente requiere esta medida. Es claro que el Ejecutivo de la nación y el Partido Revolucionario Institucional se niegan a asumir el costo político de una medida que forma parte central de la propuesta económica que tiene el grupo en el poder.
El artículo 27 constitucional, en su primer párrafo, atribuye a la nación la propiedad de tierras y aguas comprendidas en los límites de su territorio. De igual forma el párrafo cuarto del mismo artículo otorga a la nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
De lo anterior se desprende, en forma clara e indubitable, el dominio de la nación sobre los recursos que se encuentran en el subsuelo. La nación, como concepto sociológico, se constituye jurídica, políticamente en Estado y éste por medio de uno de sus órganos, que es el Gobierno, realiza las funciones de dominio directo que a la nación corresponde.
"Es así que en las discusiones en el Congreso Constituyente de 1917, retomando la teoría patrimonialista del derecho medieval español, se reputa como propietario originario de todo lo existente en atmósfera, suelo y subsuelo a la nación.
"Es por ello que en la doctrina mexicana el licenciado Oscar Morinó, en su libro Los Derechos Reales y el Subsuelo en México, establece claramente lo que debe entenderse por dominio directo, identificando éste plenamente con propiedad entre cuyas características está la de ser inalienable y que, por tanto, no se pueden constituir derechos reales en favor de los particulares sobre los recursos del subsuelo.
En marzo de 1938, cuando se expropia a las compañías petroleras, se ejerce plenamente un acto de soberanía sobre los recursos de nuestro subsuelo. De entonces a la fecha, la extracción, refinamiento y distribución de los recursos petroleros corresponde al Estado mexicano por medio del organismo descentralizado creado para tal efecto.
El párrafo quinto del artículo 28 constitucional incluye entre las áreas estratégicas de la economía, cuyo manejo corresponde al Estado, al petróleo y los demás hidrocarburos y la petroquímica básica.
De la vinculación de lo dispuesto en el artículo 27, en relación con este artículo 28 en la parte que nos ocupa, se desprende claramente que el manejo de la petroquímica básica corresponde al Estado y en cuya explotación sólo él participa, dejando a los particulares intervención en la petroquímica secundaria.
La iniciativa que reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, turnada por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, pretende establecer un catálogo de nueve productos a los cuales limitativamente considera como integrantes de la petroquímica básica. Establecer una clasificación de tal naturaleza es limitar la soberanía de la nación sobre los recursos del subsuelo y soberanía que se limita se pierde.
Relacionado con la fracción ll del artículo 3O. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en el que se otorga a dicho organismo la elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, se pueden además traer aparejadas dos graves consecuencias:
a) Que con la reclasificación propuesta en la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27, se deje de ejercer el dominio directo sobre los recursos del subsuelo por considerarlos no básicos:
b) Que el organismo subsidiario Pemex-Refinación pierda control sobre la refinación de los derivados del petróleo, que constituyen la petroquímica básica y que por tanto la capacidad del Estado mexicano sobre el control de la refinación de dichos productos se pierda.
El argumento de que Pemex y sus organismos subsidiarios son ineficientes e ineficaces, es aceptar la responsabilidad del propio Gobierno, si se toma en cuenta que conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, el organismo es severamente castigado en materia fiscal, impidiéndole con ello destinar algún porcentaje de sus utilidades a la inversión en el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones.
El Estado mexicano ha renunciado a respetar el artículo 7 constitucional, sacrificando el patrimonio de la nación, entregando los beneficios de la renta petrolera a los inversionistas privados, renta petrolera que se encuentra asociada a las actividades de extracción, separación y primeros procesos químicos de los hidrocarburos. Ahora será la Shell, Exxon, Texaco, Esso, Standar Oil, quienes definirán parte sustancial de la política industrial de este país, al establecer su política de producción y precios para estos productos, favorecidos por una estructura oligopólica que facilitará la imposición de sus condiciones.
En la fórmula propuesta por el Gobierno también existen otros riesgos. Para el Partido del Trabajo la creación de las nuevas empresas debe de tener una doble finalidad: de un lado debe garantizar la preservación de un patrimonio fundamental que pertenece a la nación y por otro lado, contribuir a fortalecer la acumulación de capital, generando insumos estratégicos a precios competitivos.
La necesidad de una política industrial se ha venido debatiendo por largo tiempo en nuestro país. El programa de política industrial y comercio exterior del 8 de marzo, no cumplió con las expectativas despertadas. La industria petroquímica básica quedó marginada de este diseño estratégico, por eso proponemos que debe integrarse orgánicamente al mismo, siendo sus ejes los siguientes: que los insumos básicos de la petroquímica elevaran la estabilidad de las exportaciones directas e indirectas; coadyuvar a la sustitución eficiente de las importaciones para establecer cadenas productivas y contribuir al desarrollo de agrupamientos industriales, regionales o sectoriales con participación de micro, pequeña y medianas empresas.
Lo anterior no será posible de prevalecer la idea de inspiración neoliberal ortodoxa que las nuevas empresas deben ser autofinanciables, sujetas a criterios de rentabilidad y dependientes de los mercados de capitales. Ello implica que estas empresas pueden quebrar y perder su patrimonio. De ser así existirán medios materiales muy limitados para darle sustento a la política industrial y el país correrá el peligro de sufrir una fractura irreversible.
Todo lo expuesto conduce al Partido del Trabajo a votar en contra de la privatización que hoy propone el Gobierno de la República, en defensa del patrimonio de la nación, de nuestra soberanía y del bienestar de todos los mexicanos." Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
"Voto particular del Partido de la Revolución Democrática, sobre el proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
El proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, ha estado precedido por una intensa discusión social sobre la historia, el presente y el futuro de la industria petroquímica propiedad de la nación. La importancia del tema generó desde su inicio un gran interés en la opinión pública nacional e internacional, pues se trata de un sector industrial desarrollado en el marco de la empresa pública y considerado área estratégica de la economía.
No podemos ignorar que las razones por las cuales este sector constitucional constituye un área estratégica continúan vigentes y son, entre otras, las siguientes:
Primero. Porque tiene un efecto multiplicador en la riqueza de los hidrocarburos.
Segundo. Porque está vinculado a cadenas productivas nacionales y al impulso y preservación de éstas.
Tercero. Porque representa la posibilidad de incorporarnos, previa atención del consumo interno, en el mercado internacional como oferentes de productos con valor agregado y no sólo como aportadores de materia prima.
Lo anterior motivó que en 1983 se realizara una reforma constitucional para incluir la petroquímica básica en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Carta Magna, como una de las áreas estratégicas que maneja el Estado.
La reforma al llamado Capítulo Económico de la Constitución, esto es, los artículos 25, 26, 27 y 28 está precedida por la exigencia de importantes actores sociales y políticos de estructurar con claridad las áreas de propiedad estatal, social y privada limitando a esta última a las actividades complementarias del desarrollo, peritándola a sus objetivos y reservando a la nación el derecho de imponerle las modalidades que dicte el interés público.
Esta fue una propuesta emanada de la Reunión Nacional para la Reforma Económica celebrada del 25 al 27 de junio de 1978 por la CTM, y fue precisamente Fidel Velázquez, quien se encargó de hacer público el documento respectivo, fue glosado en su momento en el periódico de la CTM, por el ciudadano Arturo Romo Gutiérrez. Esto es, señores legisladores, en sus rasgos más generales el marco social en que nace a la vida constitucional la llamada petroquímica básica.
Como todos sabemos, el artículo 27 constitucional, párrafo cuarto, dispone que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible entre otros, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos.
Por su parte, el artículo 28 párrafo cuarto, establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: petróleo y todos los demás hidrocarburos, petroquímica básica. Esto es, la Constitución tutela como dos bienes jurídicos diferentes a los carburos de hidrógeno o hidrocarburos y a la petroquímica básica. Por ello resulta inconstitucional y absurdo considerar que bajo el concepto de petroquímica básica, el Constituyente quisiera tutelar carburos, carburos de hidrógeno, que ya estaban tutelados bajo el dominio directo de la nación. Esto no tiene ninguna lógica jurídica ni formal.
Ahora bien, desde el nacimiento constitucional del concepto petroquímica básica, el Poder Ejecutivo Federal secuestró, al margen del derecho, la facultad de establecer per se cuáles productos deberían ser considerados como básicos y cuáles no, a pesar de que ello corresponde, como la iniciativa lo reconoce implícitamente, a la competencia del Poder Legislativo.
El uso y abuso al margen de la Constitución durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por vía administrativa, que el Ejecutivo Federal dejó como petroquímicos básicos a los carburos de hidrógeno y la lista original de petroquímicos básicos fue confinada a petroquímicos secundarios a fin de camuflar la enajenación de activos nacionales.
El proyecto que ahora se discute, el Ejecutivo Federal pretende legalizar la clasificación administrativa del sexenio salinista y para ello llama petroquímicos a los hidrocarburos naturales que tienen, como se ha dicho, una tutela específica y un campo conceptual diferente. Se pretende fundar esta clasificación en el argumento de que corresponde a la ley reglamentaria establecer el alcance de la petroquímica básica y, aunque esto es cierto, dicha facultad del legislador ordinario no puede discordar del texto constitucional considerando como petroquímico un producto que no tiene ninguna reacción química, sino sólo un tratamiento físico que no altera su naturaleza molecular.
Lamentamos decirlo, el Ejecutivo Federal no pasa un examen ni de química industrial ni de derecho constitucional; en consecuencia, aprobar esta iniciativa significa expedir al margen de la institución, el acta de defunción de la industria química del petróleo como actividad estratégica del Estado mexicano.
El legislador ordinario no puede transformar un petrofísico en un petroquímico sin vulnerar la Constitución y eso es precisamente lo que la iniciativa propone. Lo anterior lejos de dar certeza y seguridad jurídica que son propósitos implícitos de la iniciativa, propicia incertidumbre y falta de claridad necesaria; la bancada de la mayoría podrá aprobar la iniciativa, pero con ello no le conferirá congruencia respecto a la Constitución porque esto, compañeras y compañeros legisladores, no depende de los números, tampoco podrá invocar un mandato político del que carece.
Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis para significar a ustedes que anoche la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación estableció una posición institucional respecto a la iniciativa que el día de hoy se discute: entre otros puntos, la Canacintra, que es el sector organizado de los empresarios nacionales en la industria de la transformación y que atiende directamente ese sector, demanda del Congreso de la Unión lo siguiente: "solicitar al Congreso de la Unión que se vaya a fondo en las modificaciones que se realicen, para dejar clarificada la petroquímica de manera que en el futuro, esta importante industria se pueda establecer sin ningún tipo de laguna jurídica o técnica; en este entendido será necesario partir desde la precisión del artículo 27 constitucional en el renglón que establece: y a continuación establece el párrafo correspondiente del artículo 27 constitucional".
Agrega la Canacintra: cualquier división de la petroquímica que se establezca en la nueva ley reglamentaria, estará viciada de origen si no se toma en cuenta desde el punto de vista técnico, económico y jurídico la implicación del término carburo de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos.
La Canacintra nos está exigiendo un debate de altura y de cara a la nación, para que esclarezcamos y demos certeza jurídica a este marco de inversión.
Por su parte, el señor secretario del ramo, Jesús Reyes Heroles, al comparecer ante las comisiones el 18 de octubre del presente año, textualmente dijo: "...yo pienso que usted compartirá conmigo la idea de que en los términos en los cuales está planteado el artículo 27 constitucional, pues el número de productos que quedarían reservados al Estado en su producción sería infinito o sea hay una serie de productos muy grandes cuya producción quedaría reservada al Estado, si la interpretación se diera sólo en función del artículo 27 constitucional, del texto del artículo 27 constitucional .
Como podemos ver, señores legisladores, tanto la iniciativa privada, organizada en la Cámara respectiva en este país, como el Secretario de Energía, como el PRD y como el PT hasta donde se sabe por el momento, estamos de acuerdo en que el asunto vá más allá de la ley reglamentaria del artículo 27 y tiene que ver con el propio texto del artículo 27 constitucional, y eso es precisamente lo que la iniciativa deja de lado, eso es precisamente lo que no se quiere asumir como necesario.
Nosotros, en el Partido de la Revolución Democrática estamos dispuestos a entrarle a una discusión de fondo para que de una vez por todas se salven las incertidumbres jurídicas; estamos dispuestos a entrar a discutir si como lo sostiene la mayoría priísta ya no es necesaria la industria petroquímica para el país, pero queremos hacerlo de cara a la nación, queremos hacerlo con franqueza, queremos hacerlo sin subterfugios reglamentarios que no le dan certidumbre jurídica de largo plazo a este asunto, esto es, la discusión que no se quiere dar, éste es, el asunto que no se quiere tocar y prefieren condenar un sector tan importante de la economía del país a la incertidumbre y a la falta de certeza jurídica en vez de ponernos todos a discutirlo como lo propuso en su momento el titular del Ejecutivo Federal y el secretario del ramo, este importante asunto de la industria petroquímica nacional.
En el Partido de la Revolución Democrática, tenemos plena conciencia de la necesidad de que la inversión privada cuente con un marco jurídico y social que inspire confianza. Por ello hemos propuesto elementos de política industrial que permitan un acuerdo de largo plazo en este sector. Al no darse la interlocución deseada, sino imponerse la mecánica del voto de mayoría, nos vemos obligados a denunciar la inseguridad jurídica que, a nuestro juicio se mantendrá en esta actividad.
Por otra parte, resulta obligado referirse al contexto social y político donde esta iniciativa de ley se ha desarrollado. La intención original del Gobierno Federal de vender íntegramente al mejor postor nacional o extranjero, los activos de Pemex Petroquímica, consistente en 61 plantas agrupadas en 10 complejos, se enfrentó desde su anuncio, a una vasta y razonada oposición de importantes segmentos de la sociedad mexicana, donde destacan los trabajadores sindicalizados y de confianza de Petróleos Mexicanos, organismos empresariales, así como las poblaciones en donde se encuentran asentados dichos complejos, quienes mediante movilización social y denuncia permanente, lograron convencer de lo adverso de la medida a un número importante de organizaciones y ciudadanos que hicieron, a la postre, imposible el proyecto inicial de privatización.
La oposición de la sociedad mexicana revela un rechazo a la política desnacionalizadora que bajo el pretexto de la globalidad se ha reducido, en los hechos, a la subasta del patrimonio público y ha fortalecido estructuras monopólicas.
Esa transferencia de la propiedad y riqueza pública y social al sector privado durante los últimos 12 años, de ninguna manera ha contribuido a evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población, aumentar el empleo o eficientar actividades; al contrario, han sido la corrupción y el tráfico de influencias factores determinantes en los procesos privatizadores y ha sido permanente el rescate de negocios privados con finanzas públicas. Basten los ejemplos terribles del sector bancario y carretero para ilustrar el punto.
Esta iniciativa no refleja la voluntad popular de evitar la venta de activos nacionales sino que pretende dotar de fuerza legal a posteriores enajenaciones.
Compañeras y compañeros legisladores, una ley reglamentaria de la Constitución no puede restringir el alcance del precepto constitucional, por ello, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática establece que no avala el atropello a la Constitución en las leyes ordinarias y estrechará la vigilancia del sector paraestatal para evitar, en lo posible, mediante acciones legales, políticas y de carácter social, que avance la privatización de la industria petrolera y petroquímica. Por ello el voto de nuestra bancada será en contra del dictamen a discusión.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado José Jesús Durán Ruiz, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Jesús Durán Ruiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos abiertos a que invierta la iniciativa privada, ya sea nacional o extranjera, para que los productos y subproductos de hidrocarburos tengan valor agregado aquí en el país, que se inviertan en nuevas plantas, para que éstas sean competitivas y con nuevas tecnologías.
No podemos tener complejos petroquímicos con tecnología obsoleta, por eso es necesario invertir en esos complejos para modernizarlos y mantenerlos con tecnologías de punta.
Adicionalmente tenemos que entender que con nuevas inversiones creamos más empleos permanentes y mejor remunerados. Pemex sólo no podrá desarrollarse en los complejos petroquímicos y a la larga tendríamos que importar grandes volúmenes en detrimento de la economía nacional.
Por otra parte, al entrar la iniciativa privada tendremos un punto de referencia para saber si son competitivos los complejos que ahora tiene Pemex.
Hay que recordar, el Gobierno debe ser rector de la economía y durante todos estos años ha demostrado ser un mal administrador, de esto hay múltiples ejemplos. Prueba de ello son los muchos años que tenemos en crisis y los muchos años que todavía nos faltan para salir de ella. Preferimos que se creen empleos dentro del territorio nacional; sin embargo, debemos estar muy pendientes en qué forma se realizan los manejos de inversión y asociación, evitar que un monopolio del Gobierno se convierta en un monopolio de particulares que beneficie a unos cuantos amigos y compadres.
Queremos las reglas claras, transparentes y que en todo momento sea apegada a nuestra Constitución.
Hay que tener mucho cuidado, porque no queremos que suceda lo que ha sucedido con privatizaciones anteriores. Consideramos que es un tema trascendental y de gran envergadura para el futuro del país y las generaciones siguientes.
En lo que no estamos de acuerdo es en lo siguiente. Para darle mayor seguridad jurídica a la definición de petroquímica básica, que sólo existe en este país, es fundamental llevar dicha definición al texto del artículo 28 en el párrafo cuarto de la Constitución Política, no dejarlo únicamente en la ley secundaria, que con una mayoría simple en el Congreso pueden cambiar esa definición por ciertos intereses políticos y evitar de esa forma una mayoría calificada que por su pluralidad dé mayor seguridad a cualquier cambio constitucional.
En la adición de los tres párrafos al artículo 4O., sobre todo en el contenido del 4O. propuesto, queda abierta una amplia discrecionalidad de la Secretaría de Energía. Esto de ninguna manera equivale a darle seguridad jurídica a los inversionistas.
Es necesario que se defina explícitamente el proceso de colocación del 49% de las acciones en el mercado. Es fundamental la transparencia en la colocación de acciones para evitar tráfico de influencias y manejo de información privilegiada. También es fundamental que se transparente a qué inversionistas se podrán vender las acciones de las petroquímicas y que se establezcan los requisitos necesarios. Les falta toda la estrategia de ventas.
De las 61 plantas actuales, se nos ha dicho que son muy heterogéneas y no saben cómo hacerlo.
No estamos de acuerdo con la política económica del Gobierno y menos dejarle las manos libres a la Secretaría de Energía, sin decir cómo va a verificar el cumplimiento de disposiciones administrativas .
Queremos claridad y certidumbre, no entreguismo.
Durante muchos años el Gobierno ha demostrado ser mal administrador y hace aproximadamente 20 años nos dijeron que deberíamos acostumbramos a administrar la riqueza petrolera.
Hoy nos dice que se tiene que vender, porque se necesita cerca de 500 millones de dólares para inyectarlos a los complejos y hacerlos competitivos.
Hace 20 años también aproximadamente se hipotecó el país. Se piensa que este dinero sirvió para los complejos, ahora no producen ni para pagar los intereses de la abrumadora deuda externa.
No le podemos tener confianza a un Gobierno que durante décadas ha engañado al pueblo; no nos van a convencer que esta vez sí quieren hacer las cosas bien, no tienen credibilidad.
Que lo entienda todo el pueblo de México, que lo analice a profundidad. No podemos darle un cheque en blanco al Gobierno que nos tiene postrados en la miseria a varios millones de mexicanos.
Por eso nuestro voto es en contra de los procedimientos que se están utilizando y no observamos las reglas claras y transparentes que se necesitan.
Para terminar, quiero decirles que como mexicanos defenderemos los yacimientos y la extracción del petróleo, donde el Estado tiene la soberanía y está plasmado en la Constitución en el artículo 27.
No cederemos por presiones del exterior.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votaremos en contra.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime Jesús Arceo Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Jesús Arceo Castro:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Resulta para mí muy satisfactorio fijar la posición de mi partido en este importante tema por el alto interés que la opinión pública ha dado a este debate y por su importancia en el desarrollo económico de México.
La posición que a continuación leeré, es el resultado de un año de intensos debates y reuniones de trabajo.
Tuve el honor de presidir la subcomisión de petroquímica, integrada en octubre de 1995, cuyo mandato fue analizar el estado de la industria petroquímica nacional y elaborar recomendaciones para mejorar el funcionamiento de Pemex Petroquímica.
En esa subcomisión, así como en la Comisión de Energéticos, participan diputados de todos los partidos políticos que representan los intereses más variados.
Para iniciar quisiera resaltar las coincidencias que existen sobre el debate que hoy nos ocupa. Eso es importante porque con frecuencia los disensos generan más visibilidad, opacando de esa manera la comunidad de intereses que nos une como legisladores.
Creo y es importante resaltarlo, que nos reúne el interés superior de fortalecer a la industria petroquímica nacional. Eso no debemos olvidarlo, porque al enfocarnos demasiado en los instrumentos, perdemos de vista este objetivo superior, que hasta ahora nadie ha cuestionado pero con frecuencia algunos olvidan.
En este ámbito de coincidencias destacan las conclusiones y recomendaciones que hizo la subcomisión de petroquímica, aprobada por unanimidad por la Comisión de Energéticos y que por su importancia mencionaremos.
"El peor escenario para la industria petroquímica y para nuestro país, es que las cosas permanezcan tal y como están ahora, ya que estaríamos condenando a la industria al estancamiento. Continuaríamos con las carencias de recursos para promover la modernización y desarrollo de esta rama industrial, con el consiguiente déficit de insumos fundamentales.
Los principales obstáculos para el desarrollo de la industria petroquímica son: por un lado, la carencia de recursos de inversión y por el otro, la falta de eslabonamientos, tanto de la petroquímica del Estado como de la privada frente a otros sectores de la cadena petroquímica, lo que ha originado déficit comerciales, un desarrollo tecnológico limitado, economías de escala insuficientes, infraestructura inadecuada y problemas de organización industrial.
La carencia de recursos de inversión ha limitado, entre otras, las acciones para el cuidado del medio ambiente, afectando el desarrollo de las zonas donde operan los complejos petroquímicos.
La determinación de buscar alternativas de inversión que complementen y modernicen la actual infraestructura operada por Petróleos Mexicanos es fundamental, si consideramos que la petroquímica es una de las industrias más dinámicas, que exige altas inversiones en capital y tecnología, una gran flexibilidad operativa para responder a un mercado sumamente activo y a la competencia internacional."
Compañeras y compañeros, ¿cuáles son los retos de la industria petroquímica mexicana? En el terreno de las coincidencias, que a todos los legisladores nos unen, independientemente de los instrumentos para alcanzarlo, están los retos que la industria petroquímica nacional, y Pemex Petroquímica en particular, deberán afrontar en los próximos años.
¿Cuáles son los retos que habremos de superar? El reto tecnológico, como la industria petroquímica se caracteriza por la presencia de economías de escala, derivadas principalmente de avances en tecnologías de proceso, en nuestro país no se han podido adoptar las mejores rutas tecnológicas para el procesamiento de familias de productos, entendidas como cadenas productivas derivadas de petroquímicos básicos y de su impacto en la eficiencia y competividad a nivel internacional de la rama industrial en México.
La normatividad que ha regido la actividad petroquímica en México, y que deriva en límites y fronteras, ha impedido la integración vertical de procesos petroquímicos, a diferencia de lo ocurrido en otras economías.
Desde una perspectiva tecnológica está demostrada la ineficiencia generada por tales fronteras y las áreas de oportunidad técnicas, que ofrecerían procesos con mayor integración vertical.
El reto ambiental y de seguridad, los aspectos relativos a protección ambiental y seguridad industrial, tienen características particulares en la industria petroquímica. El manejo de materias primas altamente inflamables y tóxicas requiere de atención continúa a los problemas de seguridad ambientales.
El objetivo deberá ser mejorar la protección al ambiente a través de la prevención, control y mitigación de emisiones contaminantes y de los impactos asociados a la construcción y operación de instalaciones y, en materia de seguridad, se deben contemplar los instrumentos que hagan posible la implantación de mecanismos de autocontrol y promuevan la innovación y la creatividad de las empresas.
El reto de escalas de producción. Será importante superar las ineficiencias que existen atribuidas a las escalas de producción insuficientes. En el caso de Pemex, atender aquellas plantas de escala reducida a las que ya no se han canalizado recursos de inversión para su ampliación, distinguiéndolas de la última generación de plantas con escalas equiparables a los nuevos desarrollos en otros puntos del hemisferio.
En lo que se refiere a la petroquímica privada, contrastar las inversiones modernas y de escala competitiva a nivel internacional con las existentes en el mercado mexicano. Habría que señalar que si bien las economías de escala resultan determinantes para definir la rentabilidad de nuevos proyectos, su efecto sobre las instalaciones existentes influye en mayores costos relativos de mantenimiento y por concepto de operación, por lo que las estrategias de mantenimiento preventivo y sistemas de automatización de operaciones resultan clave para sostener los niveles de competitividad.
El reto para vincular las cadenas productivas y déficit comerciales. Una característica de la industria petroquímica mexicana es la desarticulación de cadenas productivas y por lo tanto, la existencia de importantes déficit comerciales. En la década pasada, por ejemplo, se estimaba que la producción de derivados de metanol era suficiente para abastecer el 86% de la demanda total de petroquímica y el 14% restante tenía que importarse para fabricar otros productos. La producción de olefinas, por su parte, sólo satisfizo alrededor de dos tercios de la demanda interna de estos petroquímicos. En el caso de aromáticos la demanda se cubrió en un 70% con producción interna y el resto con importaciones.
Ello ha originado efectos negativos sobre la balanza de pagos, por la importación de materias primas en volúmenes considerables para elaboración, entre otros, de los glicoles, propilénicos, el sulfato de amonio y los derivados de isopropanol.
Compañeras y compañeros diputados: hasta aquí he enfatizado las coincidencias. ¿Cuáles son las controversias? A lo largo del proceso se presentaron también algunas dudas de carácter instrumental con respecto a la eventual desincorporación de activos. Se cuestionaba si el proceso beneficiaba al país. Si se inscribía en el marco de un programa de desarrollo industrial. Si en el proceso de desincorporación se garantizaba el interés público. Si habría garantías de un proceso transparente y cuál sería el destino de los recursos.
Por otra parte, se expresaban reservas en cuanto al marco jurídico, no sólo para desincorporar activos nacionales, sino también para dar certidumbre a la participación de los particulares en la industria petroquímica. Para algunos, la venta de los activos petroquímicos representaba un proceso más en la racionalización del tamaño del Estado; para otros, esta acción tocaba las fibras más sensibles, tenía qué ver con algo de capital importancia para los mexicanos, como es el tema del petróleo y la principal industria nacional. Había quienes sostenían que la privatización resolvería las ineficiencias crónicas de la empresa pública; otros, por el contrario, salían a la defensa de la gran empresa de todos los mexicanos y pilar del desarrollo nacional.
Estas diversas posturas enriquecieron el debate y motivaron que muchos mexicanos interesados profundizaran en el análisis; diversas organizaciones, sindicatos, asociaciones gremiales, académicos y partidos políticos, presentaron propuestas y opiniones. Destaca por supuesto la postura manifestada por los delegados a la XVII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Frente a estas controversias legítimas y saludables, el Poder Ejecutivo ha manifestado que la modernización de la industria petroquímica se llevará a cabo sobre tres principios fundamentales:
Primero: apego a la legalidad y transparencia.
Segundo: Impulso al cambio estructural.
Tercero: Recurrir al diálogo para encontrar solución a los problemas.
Los legisladores de esta Cámara, debemos reconocer que como nunca antes, el Gobierno Federal ha sido receptivo frente a los planteamientos hechos desde esta tribuna y desde otros espacios de discusión pública; sólo así se explica la nueva estrategia para la industria petroquímica, pr,esentada por el Secretario de Energía, el 13 de octubre pasado, que es sustancialmente diferente al proceso inicialmente planteado y que busca satisfacer muchas de las dudas planteadas por los partidos políticos.
Por ello, nuestro más amplio reconocimiento al doctor Ernesto Zedillo, Presidente de la República.
Para responder a algunas de las controversias planteadas, haré las siguientes precisiones:
Petroquímica básica. En México, la petroquímica básica hay que distinguirla del resto de la industria petroquímica debido a que la Constitución la determina como actividad exclusiva del Estado. Se trata de una diferenciación que responde a la necesidad de delimitar el ámbito de acción exclusiva del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 28.
Sobre esta base se procura una concurrencia efectiva de los sectores público y privado en la industria petroquímica en su conjunto.
Segundo: el Estado mexicano y el Gobierno del presidente Zedillo han refrendado y garantizado la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y las aguas, así como su dominio directo sobre los recursos naturales.
El concepto de propiedad originaria, entre comillas, no debe interpretarse como equivalente al de la propiedad en su connotación común, pues el Estado o la nación, no usan, disfrutan o disponen de las tierras o aguas existentes dentro de su territorio, como lo hace un propietario corriente.
En un correcto sentido conceptual, la propiedad originaria implica lo que suele llamarse el dominio eminente que tiene el Estado sobre su propio territorio, dominio que siendo distinto de la propiedad bajo este calificativo, equivale al poder público de imperio.
Por lo tanto, la propiedad originaria a que se refiere la Constitución, significa la pertenencia del territorio nacional a la entidad estatal, como elemento consustancial e inseparable de la naturaleza de ésta.
Asimismo, el Gobierno ha ratificado que el dominio de la nación en el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, es inalienable e imprescriptible. Esta disposición se refiere a recursos del subsuelo en su estado natural o primario, en mantos o yacimientos, no así a las actividades industriales, es decir, que su explotación está reservada a la nación hasta inclusive la primera mano, pero que tales productos entran al comercio, una vez que se ha producido su aprovechamiento por parte del Estado. Tan es así, que el propio párrafo sexto del artículo 27 constitucional, establece:
"Que la explotación de los productos se realizará en términos de la ley reglamentaria respectiva."
De entenderse lo anterior en forma contraria, no podrían venderse ni los crudos ni las gasolinas ni los productos petroquímicos, porque seguirían siendo inalienables, lo cual derivarían al absurdo de que esa riqueza quedaría inmovilizada sin reportar beneficio alguno a la nación.
"Criterios de clasificación. Se ha mencionado con insistencia, que la clasificación de los productos petroquímicos básicos es arbitraria, induciendo a pensar que el arbitrio clasificador no obedece a ningún criterio. Para responder a esas dudas, es necesario decir que la clasificación de los petroquímicos básicos se sustenta en los siguientes criterios:
1o. La rectoría del Estado confiere exclusividad a la nación en la planeación del desarrollo nacional, particularmente el Estado mantiene su responsabilidad exclusiva en materia de petroquímica básica y su obligación fundamental de alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares.
2o. Congruencia Industrial. Los productos clasificados como petroquímicos básicos, constituyen materias primas estratégicas para el desarrollo de la industria petroquímica en su conjunto. Son los que dan inicio a todas las cadenas petroquímicas y resultan de un primer proceso industrial de transformación.
El tercer criterio es fortalecer a Petróleos Mexicanos.
Todos los productos que se proponen como básicos, son: carburos de hidrógeno elaborados por Pemex y sus organismos subsidiarios, en grandes volúmenes, como resultado de la actividad petrolera que le es inherente y exclusiva.
Conclusiones
La nueva estrategia para el desarrollo de la industria petroquímica está, a nuestro juicio, enfocada a la atención de los importante retos mencionados. Por ello es que a pesar de que la instrumentación de las medidas anunciadas no es objeto de la presente iniciativa, en el dictamen se hacen una serie de recomendaciones que estimamos necesario tomar en cuenta como son:
Garantizar la permanencia y viabilidad del organismo Pemex Petroquímica, que el Estado conserve el control mayoritario en las nuevas filiales, que se respete íntegramente el derecho de los trabajadores y la titularidad del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y que los recursos que se obtengan de la colocación de las acciones de las nuevas empresas, se canalicen a la reactivación productiva y a la actualización tecnológica de los complejos y plantas actuales de Pemex Petroquímica.
A lo largo de este proceso se han generado confusiones y hasta falacias en torno a este tema.
Compañeras y compañeros diputados: es nuestra responsabilidad clarificar las siguientes cuestiones esenciales que sustentan nuestro voto a favor de la iniciativa y ayuden a orientar adecuadamente la opinión pública. La iniciativa ratifica los principios constitucionales del artículo 27. La petroquímica básica no es algo que se encuentre en estado natural, como algunos expresan, sino que es el primer proceso de transformación de los hidrocarburos y es lo que establece como actividad estratégica exclusiva del Estado, el artículo 28 de la Constitución. Esta actividad industrial, exclusiva del Estado, no fue objeto de la expropiación petrolera de 1938, sino una actividad que se adicionó posteriormente. Desde su inicio, la industria petroquímica en su conjunto reconoce la participación de los particulares.
El propósito fundamental de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, es delimitar la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
La iniciativa de reformas a la ley reivindica para el Poder Legislativo la facultad de delimitar el ámbito exclusivo del Estado en materia de petroquímica básica y por tanto el Congreso de la Unión será el único facultado para aumentar o disminuir productos para ese efecto.
Esta iniciativa de decreto y la estrategia en la que se inscribe sirven al interés de la nación y en consecuencia, a nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, invito a todos a votar a favor. ¡Para que gane México! ¡ Para contribuir a la construcción de una nación moderna y dueña de sus recursos, reconciliada con su historia y decidida a enfrentarse a su futuro!"
Muchas gracias.
El Presidente:
Han solicitado el uso de la palabra, para referirse a este dictamen, los siguientes oradores, diputados: Marta Alvarado Castañón, César Raúl Ojeda Zubieta, Alejandro Rojas Díaz- Durán, Luis Sánchez Aguilar, Tito Rubín Cruz, lfigenia Martínez Hernández, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Oscar Levín Coppel, Osbelia Arellano López, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Aurelio Marín Huazo, José Alfonso Solórzano Fraga, Alejandro González Alcocer, José Carmen Soto Correa, Javier González Garza y Heriberto Galindo Quiñones.
Tiene la palabra la diputada Marta Alvarado Castañón .
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Por mi conducto, el grupo de Diputados Ciudadanos desea fijar su posición con respecto al proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo.
En primer lugar, los diputados queremos dejar sentado que no vamos a discutir si es buena o no la privatización de la petroquímica. Hemos escuchado diversas posiciones de los partidos, algunas ideológicas, otras técnicas, otras prácticas. Todas son válidas. Sin embargo, el problema va más allá de esta industria; el problema radica en que no existen marcos regulatorios ni los mecanismos de exigibilidad necesarios para confiar en que no solo ésta, sino cualquier privatización, se va a realizar de manera transparente.
Creemos que la importancia del asunto y la intensidad del debate que de él se deriva, sólo pueden darse cuando el Congreso tenga facultades reales para dejar sentadas las bases de estas privatizaciones. Cuando se pueda exigir el cumplimiento puntual de lo convenido. Cuando haya la certeza que dentro de seis meses no tendremos que estar en esta tribuna exigiendo las investigaciones de la venta de la petroquímica, como ha sucedido con Telmex y con Televisión Azteca, entre otras empresas privatizadas.
Seamos honestos, compañeras y compañeros legisladores: los partidos políticos no han cumplido con su responsabilidad dentro de la reforma del Estado. En este momento y con este marco legal y politico es imposible garantizar la confiable y transparente privatización, ni siquiera de la más pequeña empresa, con mayor razón es imposible asegurarlo respecto de una industria tan importante como la petroquímica.
En este recinto hay diputados que están en contra y otros que apoyan la privatización, ya sea de toda la petroquímica o sólo de una parte. Los diputados estaremos dispuestos a escuchar las posiciones al respecto del PAN, del PRD y de las otras fracciones legislativas, estaremos dispuestos a debatir sobre esas ideas y a convencer y dejarnos convencer con argumentos. Y sólo entonces, cuando se haya establecido claramente el marco regulatorio de esas privatizaciones, cuando exista la real división de poderes y el Congreso cuente con mecanismos reales de exibilidad frente al Ejecutivo.
Sólo después de ese ejercicio legislativo profundo y serio y en esas condiciones, podremos decidir si las privatizaciones son buenas o malas, si la petroquímica debe estar en manos del Estado o en manos privadas. Esa deberá ser una discusión posterior.
En tanto, los diputados no le concedemos permiso al Gobierno de privatizar, siquiera el estanquillo de la esquina, si éste le perteneciera. ¿Podemos confiar en un Ejecutivo que enajena los bienes públicos y no rinde cuenta de ello? ¡No, compañeros; no podemos confiar! ¡La situación actual del Gobierno lo hace incompetente moral y jurídicamente para privatizar nada!
Por lo tanto, los Diputados Ciudadanos votaremos en contra del dictamen.
Gracias .
El Presidente:
Esta Presidencia informa a las señoras y señores diputados, que se ha hecho una consulta por los coordinadores de las diversas fracciones y se sugiere a los señores oradores que de ser posible se ajusten a 10 minutos, en sus intervenciones.
Tiene la palabra el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:
Con su permiso, compañero Presidente:
Aun cuando las corrientes mundiales de libre comercio y globalización extrema parecieran ser líneas inmutables del cambio económico, su expansión no implica que un país no pueda optar por la apertura sin la debida protección de su desarrollo.
Gracias a la experiencia acumulada, hoy vemos que la reestructuración de algunos sectores económicos en favor del mercado no siempre se han traducido en abatimiento de costos, eficiencia y competitividad. simultáneamente podemos observar que aún en los países más desarrollados la economía de mercado se vincula con un cierto grado de regulación gubernamental, con el propósito de garantizar la armonía entre el interés privado y el social.
Los mexicanos podemos hoy estar tranquilos, porque el Gobierno, partidos políticos, empresarios y organismos académicos y asociaciones civiles hemos aprendido de estas experiencias y en función de ellas la autoridad ha tomado una decisión digna de reconocimiento con motivo de la desincorporación parcial de la petroquímica secundaria.
Durante la intensa discusión que se generó tanto en el interior como en el extranjero, el país afrontó riesgos y fue visto bajo la óptica de una vulnerabilidad extrema; a esa visión contribuyeron la ocurrencia de conflictos políticos, la espiral de reclamos sociales y la inestabilidad de factores macroeconómicos que nunca fueron ni serán pretexto para la falta de gobernabilidad, el endurecimiento y mucho menos para la indefensión de nuestro patrimonio.
Aquellos intereses olvidaron que como consecuencia de la transición democrática que vivimos, México está inmerso en un proceso de fortalecimiento de sus instituciones políticas, las cuales a su vez se han abierto a una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones públicas. En este sentido, el país tiene un tejido social e institucional firme, consciente del proyecto nacional que conviene a todos los mexicanos.
Durante varios meses el debate se vinculó fuertemente con la posibilidad de desincorporación de la petroquímica secundaria. Sin lugar a dudas el sector está ligado a una gran epopeya histórica, la de 1938, así como también a experiencias muy valiosas de la industria mexicana. Por ello, el sector es doblemente apreciado por nosotros, por su enorme significado histórico y por su estratégica operación económica.
Ejemplo de su importancia es el hecho de que a pesar de que sólo representa el 8% de los activos totales de Pemex, la petroquímica del Estado está ubicada en el lugar número nueve entre las 11 empresas más grandes del mundo en dicho ramo, compitiendo con corporaciones como Dupont, Dao, Exxo, Monsanto, Amoco, Texaco y Rexol. En el orden interno, de su presencia económica depende la actividad de 145 ramos del sector manufacturero e influye directamente en la elaboración de por lo menos 245 productos.
Es decir, al discutir la petroquímica no sólo estamos hablando de una gran variedad de procesos industriales sino, sobre todo, de una diversidad de impactos en el patrón de consumo de los ciudadanos en la continuidad del aprovisionamiento de insumos para las empresas mexicanas y en la operatividad de una importante forma de regulación sobre la acción del mercado.
En semejante multiplicidad de efectos económicos recibe también la justa expectativa de algunos sectores empresariales por participar en la liberación de esa rama, de ahí también la amplia utilidad del esquema mixto de inversión que hoy ha propuesto el Ejecutivo Federal.
¿Cómo fue que México llegó a esta resolución de claro sentido conciliatorio entre los imperativos del mercado y las demandas de equilibrio social? Recordemos brevemente las características del que fue un asunto de viva polémica nacional.
En el debate sobre la desincorporación se discutió fundamentalmente en dos vertientes: la primera que privilegiaba el aspecto ideológico constitucional y la segunda, que centró las argumentaciones en los aspectos técnicos-financieros. En la primera vertiente las opiniones manifestadas discutieron, discuten hasta ahora conceptos y facultades del actual marco legal y en la segunda lo hicieron sobre razones y resultados.
El Poder Legislativo clarificó las controversias al decir en marzo pasado, a través de la Comisión de Energéticos, que la anunciada privatización tendría que ajustarse al mandato de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República.
Es claro que no todas las corrientes políticas estuvieron de acuerdo acerca de la justificación constitucional que diera paso a la desincorporación. Por ello, hay quienes argumentaron con razón que la problemática estaba en que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, Ramo de la Petroquímica, no establecía la distinción entre las áreas básica y secundaria de dicha rama. La dificultad en este sentido era que mediante disposiciones administrativas, ejecutivos de otros tiempos habían suplido la potestad del Congreso de la Unión, para regir en esa materia.
Hubo otra discusión de índole técnico-financiera que se condujo en base a cifras sobre ventas, utilidades, costos de inversión y productividad. Sobre este punto vale la pena mencionar el trabajo de investigación que realizó la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, a través de su subcomisión de petroquímica que tiene el mérito de la objetividad.
En dicho estudio resalto que la contribución de la petroquímica a la producción nacional tiene diferencias muy marcadas, ya que hay centros que aportan mucho y otros que su participación es muy inferior. Por ejemplo, entre los 10 complejos petroquímicos, las plantas que operan en el Estado de Veracruz aportan 11 y medio millones de toneladas en productos equivalentes al 88% del volumen nacional de la producción.
Otro debate que también se realizó, fue el relativo a la calidad de la administración acerca de si el propietario más eficiente sería el Estado o los particulares.
Creo que ha quedado claro que más allá de la carga ideológica, la eficiencia no la condiciona a la vestimenta del propietario, porque depende de otros factores macroeconómicos de técnicas de administración y supervisión, así como el entorno internacional de competencia.
La evaluación de la Comisión de Energéticos a la que hice mención, advirtió sobre los grandes retos inmediatos que enfrenta esta rama como la escasez de inversión, el atraso tecnológico y la deficiente integración vertical de la petroquímica. Frente a aquellas circunstancias, el escenario menos responsable era continuar en una etapa de inercia e incertidumbre; por ello es meritoria la decisión anunciada el domingo 13 de octubre por el Ejecutivo Federal, porque ha significado una determinación equilibrada, eficaz y conciliatoria de manera que a la vez que salvaguarda el interés nacional, alienta las legítimas expectativas del capital privado.
El presidente Ernesto Zedillo fue claro al señalar que había insuficiencias legales que impedían una desincorporación exitosa y reconoció que promover los cambios en un marco de transición no era fácil, pero que siempre es mejor ajustarse a la ley. En función de ello decidió promover una reforma a la ley reglamentaria que hoy discutimos para cuidar la seguridad jurídica de los inversionistas interesados en esa rama, así como para propiciar un entorno económico que redunde en beneficio para los mexicanos, porque bajo el nuevo modelo se garantizará la concurrencia del sector privado nacional y foráneo en una actividad que requiere, para su franco desarrollo, de frecuentes ciclos de recapitalización, de actualización tecnológica e innovadores métodos de comercialización.
El funcionamiento de este esquema propiciará, a su vez una interesante competencia interna entre las futuras filiales de Pemex y los nuevos complejos petroquímicos que operará el sector privado. Gracias a esa hiperactividad podrá beneficiarse con equidad tanto el consumidor final, las empresas del ramo, el libre mercado y el interés colectivo del Estado.
En este sentido, la incorporación a nivel constitucional de los productos básicos confirma la disposición gubernamental de dar certidumbre al desarrollo del sector de la petroquímica que es esencial para la actividad de todas las ramas.
Por tanto, es factible decir que en esta resolución, el Gobierno de la República no cayó en la trampa de los extremos ni se acogió a un afán de liberalismo a ultranza ni a un propósito de estatismo desmedido. La decisión tomada prueba que siempre existen alternativas viables cuando se privilegia el consenso y se pulsan todas las opiniones en relación con un problema.
Se ha escogido un camino prudente y de efectos equilibrados, la exacción de recursos que significará la desincorporación parcial, atiende las prioridades que se resaltaron desde la posición de privatización total con la significativa diferencia de que el Estado conserva un instrumento valioso para regular e incentivar el desarrollo. Desde luego que será necesario complementar este régimen mixto con otras medidas y con ello me refiero a decisiones de política económica a largo plazo, tendientes a alentar la modernización tecnológica y mantenimiento preventivo de los complejos que se conservarán bajo administración de Gobierno en los particulares.
Sobre todo, en este último punto, debemos hacer énfasis en el fortalecimiento de la política de mantenimiento para evitar la repetición de accidentes y explosiones en las plantas; debemos reducir al mínimo los percances, porque la petroquímica es doblemente vital tanto para la economía del país como para la vida de los 18 mil trabajadores que la sostienen; esto es, no debemos caer en la tentación de usar los recursos de la privatización para hacer frente a necesidades diferentes a las de esta rama como las de saneamiento del déficit público o el pago de deudas contraídas por el Estado.
De igual manera coincido aquí con las recomendaciones que hizo la subcomisión de petroquímica, será importante plasmar en la normatividad del sistema de coordinación fiscal nuevas atribuciones que deberán tener los estados y los municipios para recaudar los impuestos locales a que se sujete la actividad petrolera y petroquímica o en todo caso para que la Federación integre estos montos en el fondo general participable con especial destino a las entidades productoras de hidrocarburos.
Aprovecha para señalar ante esta Asamblea, que también es indispensable obligar a los nuevos propietarios a que contribuyan a la protección del medio ambiente; habrá que discutir un impuesto de índole ambiental con el objetivo de obtener recursos para reparar los daños ecológicos y sociales que ocasiona esa actividad en los estados.
Compañeros diputados. El anuncio de la desincorporación parcial de la industria petroquímica representa una decisión congruente con el interés de garantizar un desarrollo nacional soberano, aunque pareció ser sólo un asunto de discusión financiera, muy pronto el debate sobre el tema rebasó el ámbito económico. Gracias a la discusión pública, el Gobierno Federal definió una propuesta que conjuga con eficacia el interés público y el privado, éste es un ejemplo a seguir, frente a la multiplicidad de voces que se manifestaron no siempre armóinicas e inclusive al interior del gabinete, el presidente Ernesto Zedillo refrendó que el ejercicio del poder es una tarea de conciliación de intereses y de acato al régimen de derecho.
Esta fue una solución política en el sentido más legítimo, a los partidos políticos nos enseñó que hay que estar estrechamente vinculados con el reclamo ciudadano de lo cual dio pruebas nuestro instituto en su XVII asamblea nacional; a los organismos empresariales mostró la ventaja de someter a escrutinio sus propuestas con el fin de acrecentar el beneficio que genera su actividad; una decisión así debe reflejarse en el sector privado como un mayor compromiso con el crecimiento económico sustentable.
Hacia el sector externo esta resolución ratificó que México es un país con confianza en su futuro, que hay un sistema político firme y que el régimen del presidente Zedillo sabe conciliar las prioridades de la inserción al mercado mundial, con el cuidado de las necesidades soberanas, es inaceptable que presiones foráneas quieran condicionar nuestro desarrollo autónomo.
Los inversionistas extranjeros pueden estar seguros de que en el país hay un marco de derecho flexible a los intereses de todos y que por tanto garantice el franco desarrollo de la legítima iniciativa empresarial.
No puedo dejar pasar la ocasión para expresar mi reconocimiento al Poder Legislativo, en especial a la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, que supo mantener sus puntos de vista e impulsar con su actuación hacia una decisión del mayor consenso posible.
En nuestra agenda de la reforma política, este comportamiento del Legislativo demuestra cuán fructífera es la división de poderes y el ejercicio auténtico de la representación ciudadana. La recuperación para el Congreso de la facultad de determinar el ámbito de definición de los petroquímicos básicos es un beneficio más de la discusión seguida, me sumo a la esperanza de todos para que en el marco del nuevo régimen mixto de la petroquímica secundaria la nación obtenga el mayor provecho y los convoco en consecuencia a votar en favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alejandro Rojas Díaz-Durán:
Con su venia, señor Presidente:
Yo les quiero preguntar a mis colegas, diputados del PRI, si efectivamente la línea, es que no había línea, porque el resolutivo de la asamblea nacional de I PRI concluyó y resolvió que no se privatizara la petroquímica, el petróleo o cualquier hidrocarburo en nuestro país. Ese es el resolutivo de las bases del partido en la asamblea nacional. Esa es la primera argumentación para estar en contra de pretender privatizar en pedazos y desmantelar, no solamente una empresa paraestatal, que significa, sin duda, ingresos y que es la columna vertebral del desarrollo de nuestro país, sino que es fundamentalmente un símbolo de unidad nacional y es también el baluarte de nuestra soberanía y es sin duda un instrumento estratégico en defensa de los intereses nacionales.
Por tanto, venir a trastocar el espíritu de la Constitución a través de una reforma a la ley reglamentaria, es a todas luces inconstitucional, porque el propio precepto de la Carta Magna señala que todos, absolutamente todos los hidrocarburos y más específicamente los carbonos de hidrógeno, deben estar bajo el dominio de la nación, con el carácter de inalienables e imprescriptibles, es decir, no se pueden transferir, no se pueden permutar, no se pueden concesionar y lo que es más si es imprescriptible no tiene término; por tanto la Carta Magna no nos autoriza a los legisladores desmantelar la riqueza petrolera y aparentar que estamos modernizando la industria, cuando deliberadamente sobre todo los dos últimos sexenios, la industria y Pemex como empresa fue erosionada para dejarla en una situación endeble y frágil.
De hecho Pemex ha servido para ir financiando el pago del servicio de nuestra deuda que aun sigue creciendo y que no hemos terminado de pagar.
En dos sexenios exportamos más de 6 mil millones de barriles de petróleo e ingresaron 131 mil millones de dólares por ese concepto y pagamos en ese mismo lapso más de 140 mil millones de dólares para el pago del servicio de deuda externa, es decir, a Pemex lo hemos utilizado para que pague una deuda onerosa a costa del pueblo de México, porque también deliberadamente no se le han fluido los recursos para invertir dentro de la propia industria y que ésta esté en condiciones de competencia nacional e internacional.
De hecho cayó la inversión, del 44% que se dio en el sexenio de 1976-1982 a sólo el 5% de la industria petroquímica en el sexenio anterior. Esto revela, si lo sumamos a la carga fiscal tan monstruosa que le ha impuesto el Gobierno, a que han deprimido las finanzas de Pemex con el único propósito de ceder nuestros recursos y ceder nuestra soberanía.
No nos engañemos, hay toda una estrategia para que se apoderen los Estados Unidos, sobre todo de este importante recurso energético. No pensemos ingenuamente que sólo abriendo una parte de la petroquímica secundaria, que no lo es, vamos a conservar el dominio del petróleo y los hidrocarburos. Es falaz decir que esta clasificación de petroquímicos básicos lo es, ¡no!, son hidrocarburos, como lo demuestra la química, no son petroquímicos básicos y además, la propia Constitución establece la diferenciación que hay entre los hidrocarburos y la petroquímica básica. Si no existiera esa clasificación, entonces no tendría razón de ser efectivamente su diferencia pero precisamente por los criterios técnicos y socioeconómicos, estos productos petroquímicos son indispensables y estratégicos para el desarrollo nacional.
De ahí que no crean, diputados, sobre todo de mi partido, que esta decisión que supuestamente es salomónica, porque supuestamente le damos y concedemos a la exigencia internacional y, por otro lado, concedemos de que no se privatice, es una mentira absurda, porque se deja abierto que los inversionistas puedan hacer inversiones al 100% en la propia petroquímica secundaria.
¿Qué ingenuo va a creer que inversionistas extranjeros van a venir a apostar al 49%, cuando van a poderlo hacer al 100% en plantas nuevas?, ¿porqué entonces el Secretario de Energía señala que este año tendremos un excedente de 3 mil millones de dólares por la venta del petróleo y, por otro lado señala que para revitalizar esta industria se requieren cerca de 2 mil 500 millones de dólares urgentes.
Si ya los tenemos seguros por el ingreso, porqué no los invertimos al ya poseerlos.
Igualmente, hay una falacia del Gobierno cuando dice y cuando espera que se inviertan 6 mil 500 millones de dólares en esta rama y el propio Gobierno declara que los activos de la industria petroquímica ascienden a un total de 18 mil millones de dólares. Es decir, se va a malbaratar la industria petroquímica secundaria y básica en nuestro país y además, no queda claro cuáles son las reglas de asignación para que se dé este proceso de privatización.
Así que yo creo, compañeros diputados, que hay que seguir el mismo espíritu que decía, quien fue director de Pemex, el señor Jesús Reyes Heroles, padre, cuando fue director de Pemex, el señor Reyes Heroles, dijo textualmente en su informe que: la Constitución que nos rige es un pacto para adelantar y un valladar para retroceder. Este es su sentido esencial que se desprende de lo que establece y de lo que no dice. Es decir, es una Constitución que es para avanzar y para defender lo nuestro.
¿Por qué entonces los priístas le estamos dando la espalda a quienes votaron en la asamblea del PRI, a quienes conmovidos por el llamado de los trabajadores petroleros, de los líderes, exigieron que no se privatizara esta industria?, ¿por qué vamos entonces a privatizarla en pedazos, porqué razón vamos a darle la espalda a ese priísmo y al pueblo de México que espera que defendamos su patrimonio? Porque el petróleo, los hidrocarburos y lo que de ellos se desprende es de las generaciones de este país, no nos pertenece a los legisladores, por eso la Constitución le da el alcance de inalienable e imprescriptible.
No dice la Constitución que nosotros los diputados podamos transformarla para poder ceder nuestra soberanía, para poder ceder la empresa estratégica que nos da razón de ser como nación en este momento. ¿Por qué razón vamos a permitir los diputados priístas destrozar un símbolo como Pemex, que es valuarte de la unidad nacional.
No tenemos tantos símbolos, señores diputados. Este, el de Pemex, es de los pocos que
nos quedan y si ustedes votan a favor de esta iniciativa, estarán erosionando las propias bases de nuestro partido, estarán dándole una puñalada definitiva a los principios históricos de la Revolución y estarán cediendo la soberanía de nuestro país.
No podemos reformar, bajo ninguna circunstancia ni motivo, una ley reglamentaria que está en contra de la propia Constitución General de la República.
Ni ustedes, ninguno de los militantes de ningún partido, puede estar por encima de la voluntad de la Constitución. El espíritu de la Constitución es por la defensa de lo que tenemos los mexicanos, por la defensa de lo que hemos conseguido por años, por la defensa de muchas generaciones y de mucha sangre que costó al pueblo de México. Cederlo por pretensiones privatizadoras, por ingreso de dólares, es precisamente ir en contra de la historia y de los principios que nosotros enarbolamos en el partido y ustedes con esta decisión estarán sepultando al Partido Revolucionario Institucional.
Los priístas, la base del partido, el pueblo de México, no están a favor ni de que se privatice la petroquímica secundaria, ni que con falacias se clasifique como básica ni mucho menos que se toquen los hidrocarburos y el petróleo, que son de la nación.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para el mismo tema.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras compañeros diputados:
La fracción Social Demócrata viene a esta tribuna a combatir esa soberana tontería del trío de vendepatrias integrado por Adrián Lajous, Jesús Reyes Heroles junior, quien no honra por cierto el apellido de su ilustre padre, y de Guillermo Ortíz Martínez, que se han convertido en vendedores de la riqueza nacional a intereses extranjeros.
Lo que debería hacer un dirigente patriota de Pemex, un patriota Secretario de Energía y un patriota Secretario de Hacienda, no es vender, sino, aunque parezca audaz decirlo, todo lo contrario: comprar. No es una idea utópica, es factible. Lo probaremos. Hay recursos financieros suficientes.
El argumento zedillista de la falta de recursos es un engaño al pueblo de México. Sobran recursos para este fin. Lo probaremos.
El diputado Arceo, del PRI, trata también de engañar a esta representación nacional. Según él la nueva estrategia preserva el interés de la nación. Lo único que vino él a ratificar aquí con la nueva estrategia es vender y vender a ultranza y no vale decir que se vende "sólo" la minoría a nacionales cuando el proceso de globalización mundial hace inoperantes cualesquier instrumentos de protección. Se le va a vender el control, digámoslo claro, a las transnacionales.
Dice Arceo que se ratifica el control; no, se ratifica la entrega; dice Arceo que gana México; no, pierde México.
Lo que hace el Gobierno al reducir al 49%, por sorprendente que parezca, lo único que hace, es facilitar y abaratar la compra que el extranjero hará de nuestro país. No necesitarán pagar el 100%, con el 49% será suficiente y yo apuesto que, listos como son, tampoco se irán a esa cifra, se situarán más abajo. Porque hoy por hoy los grandes negocios transnacionales se hacen con mayorías relativas que fluctúan, atención con la cifra, desde el 10% mínimo para poder mantener el control de grandes corporaciones.
Lo primero que debemos decirle al trío citado de vendepatrias, más bien preguntarles es, ¿qué diablos están haciendo o van a hacer con los 12 mil 500 millones de dólares que este país va a recibir por exportación petrolera? Que no nos quieran impresionar acá que es por su talento, me adelanto a decir, es por el alza del crudo, por una situación imponderable, vamos a decir que se debe a la Virgen de Guadalupe, que queda demostrado existe, aunque el Abad Schulemberg opine lo contrario.
Pero es por esa gracia de los mercados, que este país va a tener un excedente, y preciso la cifra, de 5 mil 300 millones de dólares, ¿por qué? Porque el señor Ortiz Martínez, el señor Lajous y el señor Secretario de Energía, nos presentaron aquí un presupuesto por ese rubro de sólo 7 mil 200 millones de dólares, ergo sobran 5 mil 500 y como dice el propio Secretario de Energía, que faltaría una cantidad de 500 pues, ya está cubierto el déficit para la modernización del sector petroquímico.
Se pretende engañar al pueblo de México, cuando el encargado del Ejecutivo, Zedillo Ponce de León, que todo este operativo es para que México dice triunfe en la competencia internacional. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario, México-Pemex no va a triunfar, va a ser absorbido por las transaccionales petroleras.
Dice que se va a modernizar. Se van a modernizar en todo caso las plantas de las transnacionales petrolera y cuando dice que no se altera la estructura jurídica, pues esto ya es cosa de locos, porque se está pisoteando la Constitución, las leyes, pero ésa es otra historia. Prefiero, por limitación de tiempo, circunscribir nuestro alegato a este aspecto de los pesos y centavos, porque es el meollo del asunto.
Se engaña al pueblo cuando se dice que se preservó el interés nacional por el mentado 49%.
Compañeras y compañeros diputados: en los umbrales del Siglo XXI, en las universidades más prestigiadas de administración de negocios, como son las de la famosa Yvy league, la Liga Yvy de los Estados Unidos, entre otras Princeton, Yale, Columbia, Harvard, se enseña a los aventajados alumnos que no hay que adquirir propiedades absolutas.
Que hay que adquirir mayorías relativas, como ya hemos señalado, la mínima necesaria para asumir control.
¿Cómo se logra el control con mayorías relativas? Primero, por la tecnología; segundo, por el factor gerencial; tercero, por las licencias; cuarto, por las franquicias y quinto, muy importante en el caso monopólico, por el poder de ser el único vendedor, que se combate con el poder del único comprador en lo que se denomina el mercado monopsnico.
Ocurre que este negocio, el petroquímico, se sitúa en esas estructuras, en donde el poder transnacional puede asumir el control de cualquier petroquímica en este país, me río del 49%, con el 15%, el 30%, sin necesidad de hacer alharaca ni demandar el 100%.
Pero no crean ustedes que estas habilidades sólo son de los que fueron a Harvard. Hay algunos que no fueron y sí saben cómo hacerlo. No se trata del encargado del Ejecutivo, porque ese señor nos dijo en campaña que sabía cómo hacerlo, pero luego resultó pudo que no es como el caso de los eunucos que saben cómo, mas no pueden.
Quiero que sepan que Telmex, una empresa dirigida por alguien que no fue a Harvard, el señor Carlos Slim, que es el nombre en árabe de Carlos Salinas, sólo posee el 14% de la estructura total accionaria de Teléfonos de México. Slim tendría que ser un verdadero orate, señoras y señores, para querer comprar algún día el 86% restante, porque eso le impondría abandonar otros negocios, ya no tendría casa de bolsa, no tendría aseguradora y ahora quiere apostarle a los casinos. Le pasamos la información a Elizondo.
El hecho es, pues, que tenemos ya ejemplos mediante los cuales no se necesita el 100%. Miguel de la Madrid, que era un mediocre, inventó el mecanismo preliminar para privatizar la banca entregándosela a los ineptos neobanqueros privados con sólo el 30% y nadie quería tener más.
Pero aparte de Telmex voy a poner otro ejemplo: Inverlat. Una vez quebrado ese consorcio por el inepto banquero Legorreta, un banco extranjero, el banco de Nueva Escocia, Canadá, adquirió, compañeras y compañeros diputados, el control de ese banco con sólo el 10%. Nuestro Gobierno, en realidad es el verdadero propietario, lo somos nosotros los diputados, lo es el pueblo, nosotros tenemos el 81%; el 9% restante lo tiene Autrey y sus amigos, la parte mexicana. Pues aquí un banco extranjero con el 10% decide, ¿por qué?, porque tiene el control, Compañeros, no le interesa la propiedad.
¿Cómo se logra?, modificando leyes, adaptando reglamentos, estableciendo contratos de administración y contratos tecnológicos. Un último ejemplo: Serfín. El banquero Adrián Sada se da el lujo, con el 15%, de manejar un banco que es del pueblo, es de nosotros, también incluidos los diputados; nosotros somos los dueños del 85% del banco de Adrián Sada. Sí, pero Sada tiene el control. El dispone de los créditos para sus empresas, para sus amigos, dispone de los aviones, me consta, de los automóviles, me consta, de las casas del banco, me consta y disfruta de los viáticos y gastos de representación, también me consta. Además, gracias a su compadre Guillermo Ortiz Martínez, quien le acaba de avalar un crédito por 2 mil millones de dólares del Chase Manhattan Bank y de la Casa Morgan, este señor dentro de, siete años, si le va bien, va a decir que el banco es suyo y, si le va mal, va a decir que el que perdió fue el pueblo y, ojo, el banco extranjero le prestó al pueblo de México, porque quedó hipotecado el país.
Bajo esta perspectiva, venir aquí a decir que se salvó a la patria porque se reserva el 49% a la inversión particular y el 51% al Gobierno, es una auténtica estafa y tomadura de pelo. Yo lamento que a muchos compañeros diputados priístas, que considero inteligentes, se les esté engañando de esa manera.
Pero vamos a los recursos excedentes: hay más de 5 mil millones de dólares que los señores Reyes Heroles, Lajous y Ortiz deberían explicar y pedimos permiso para su uso. ¿Qué harán con ellos? Nosotros propondremos qué hacer con esos recursos y vamos a establecer las razones por las cuales no debería aprobarse este dictamen. Vamos a dar 10 razones; lo lamento por el tiempo, compañeros.
Primero. Los supuestos productos petroquímicos básicos no son petroquímicos básicos, no son petroquímicos básicos, son solamente productos petrolíferos, puesto que no han sufrido ninguna conversión química.
Segundo. No es necesario vender el 49% de los complejos petroquímicos de Pemex porque esta empresa está "nadando" literalmente en miles de millones de dólares adicionales a lo aprobado en el ejercicio.
Tercero. Es indebido vender ese 49% supuestamente para que Pemex adquiera recursos frescos para la modernización etcétera, puesto que ya dijo Reyes Heroles, que sólo se necesitan 500 millones de dólares y se tienen 5000.
Cuarto. No es necesario permitir en nuevas plantas inversiones al 100% al capital privado nacional y extranjero, ya que Pemex podría, después de modernizar las 61 plantas de los 10 complejos petroquímicos, manejar un sobrante de 4 mil 500 millones de dólares, porque ya abonamos los primeros 500 para invertir en complejos petroquímicos secundarios.
Dicen los que fueron a las escuelas de administración, los que manejan ese concepto en inglés, de "financiamiento de proyectos", que se pueden construir nuevas plantas, nuevos complejos, con aportación de capital del 20% y con financiamiento en los mercados de capitales del 80% restante.
Hay un ejemplo, por cierto mexicano, una planta eléctrica en Zamalayuca, en Chihuahua, frontera con Estados Unidos: bajo ese esquema, la nueva inversión podría ser 10 veces más grande que el valor actual de las citadas 61 plantas de los mencionados 10 complejos petroquímicos, cuyo valor al día de hoy es de 2 mil 200 millones de dólares.
Quinto. Es indebido permitir en nuevas plantas petroquímicas inversiones al 100% del capital privado nacional y extranjero, ya que Pemex puede y debe invertir ese diferencial de los 4 mil 500 millones de dólares, para establecer precisamente nuevos complejos petroquímicos.
Sexto. No es necesario permitir en nuevas plantas petroquímicas secundarias, inversiones al 100% de capital nacional y extranjero, ya que estas nuevas inversiones del sector privado, deberán canalizarse solamente a nuevas plantas de petroquímica terciaria, para aprovechar los ríos de nuevos productos petroquímicos secundarios que produciría Pemex con los nuevos compuestos petroquímicos con valor de 22 mil 500 millones de dólares.
Séptimo. Es indebido derogar el reglamento de la ley del artículo 27 constitucional, al contar Pemex con los recursos citados, 5 mil millones de dólares que nosotros proponemos se depositen en el Banco de México en un fondo especial de desarrollo petroquímico mexicano, con un comité de vigilancia integrado por la Comisión de Energéticos de esta Cámara y por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, aunque esté en manos del PAN, para evitar que los fondos desaparezcan o sean mal empleados. No debe repetirse la magia negra salinista de aquel fondo de contingencia que desapareció por arte de magia.
Octavo. No es necesario permitir en nuevas plantas petroquímicas secundarias inversiones del 100% de capital nacional e internacional, ya que debido a la nueva crisis del Medio Oriente, el precio del crudo ha pasado de 7 dólares por barril, a 21 dólares por barril. Esto es lo que ha permitido generar 5 mil millones de dólares adicionales.
Noveno. Es indebido permitir en nuevas plantas petroquímicas secundarias inversiones al 100%, ya que Pemex con esos recursos adicionales, se convertiría en una empresa altamente integrada, como lo son las transnacionales Exxon, Amoco, Shell, Chevron, Texaco. Estas cuentas con sus divisiones primero de exploración, dos de refinación, tres de petroquímica básica, cuatro de petroquímica secundaria y quinto también de petroquímica terciaria.
Décimo. No es necesario permitir inversiones en nuevas plantas petroquímicas secundarias con capital 100% nacional o extranjero, ya que Pemex garantizará el su ministro de todo tipo de petroquímica secundaria a los mejores proyectos de inversión, a los que ofrezcan mayor creación de empleos.
Con estas consideraciones concluimos que venir a decirle a esta Cámara que debido a la crisis que abate al país, debido a la insuficiencia de recursos en el sector energético, hay que vender, es un engaño insistimos en nuestro concepto: hay que comprar; porque aun el argumento zedillista de que debemos vender para adquirir tecnología, carece de imaginación, porque la mejor forma, compañeras y compañeros diputados, de adquirir tecnología, es ir a Wall Street y empezar a comprar paquetes accionarios de las transnacionales petroleras. Es, además, la forma más barata de comprar la tecnología.
Por las razones antes dichas, esta fracción Social Demócrata se pronuncia enérgicamente en contra de este dictamen y exhorta a los diputados libres a combatir las acciones desnacionalizadoras de ese trío de vendepatrias integrado por Lajous, Reyes Heroles y Ortiz Martínez.
Gracias, compañeros.
El Presidente:
En turno el diputado Tito Rubín Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Tito Rubín Cruz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La defensa de la soberanía es consustancial con los momentos más relevantes de nuestra historia. Cuando en esta tribuna se discuten aspectos tan importantes que comprometen el porvenir de nuestra nación en una economía globalizadora que por momentos parece avasallar las posturas legítimamente nacionalistas, no podemos dejar de evocar la figura de un gran mexicano, de un ilustre ex presidente del Partido Nacional Revolucionario y uno de los más destacados estadistas latinoamericanos de las últimas décadas. Me refiero al ex presidente de México: Lázaro Cárdenas.
Al evocar la gesta de 1938, no podemos dejar de mencionar la firmeza del Gobierno de la República cuando a través del Presidente demanda de la nación entera el apoyo moral y material necesario para afrontar las consecuencias de una determinación que concluirá irreversiblemente con el decreto de la expropiación petrolera.
Hoy, ese mismo espíritu está presente en el texto de esta iniciativa. Como en aquellos días, hoy también existen las amenazas y las asechanzas, los discursos endurecidos de los que pretendían el control de la petroquímica nacional. Pero también como ayer, hoy hay voces democráticas de todos los partidos, de la sociedad civil que defiende el nacionalismo, que se manifestaron en diferentes foros, en los medios impresos y electrónicos, que no se vendiera la industria petroquímica. Fue un clamor que duró más de un año.
Desde esta tribuna queremos decirles a esas fuerzas democráticas que ningún esfuerzo fue en vano, que el propósito se está cumpliendo, que el nacionalismo se está consolidando, que el Gobierno detentará la propiedad hasta el 51% y el 49 % se abre a la inversión privada tanto nacional como extranjera; que no lesiona el espíritu del Constituyente de 1917 ni vulnera de ninguna manera el histórico decreto de la expropiación petrolera de 1938.
No le temamos a los retos en los que estamos inmersos, en medio de una economía globalizada. ¡Con el agotamiento de las ideologías entremos con unidad y fortaleza a los retos del Siglo XXI:
Compañeras y compañeros diputados:
¡Ante todos estos hechos tenemos que reconocer su sensibilidad, su amor a la patria, su responsabilidad nacionalista y sobre todo la obediencia a su pueblo, de Ernesto Zedillo!
¡Como patriota entendió que lo que le señalaba el pueblo era el camino correcto! ¡Por eso, ni capitalismo salvaje ni estatismo totalitario, sino una economía mixta que fortalezca a la nación!
El Presidente:
Señor orador: ¿Si me permite un momento? La diputada Luna Parra desea hacerle una pregunta, ¿acepta usted.
El diputado Tito Rubín Cruz:
No.
El Presidente:
No acepta, diputada.
El diputado Tito Rubín Cruz:
¡A pesar de las presiones de dentro y de fuera se tomó esta histórica decisión, que debemos de celebrar como aquellos días de la expropiación petrolera: con unidad y dignidad en torno al Presidente de México!
¡Pido a este pleno que con emoción patriótica dentro de la pluralidad y a pesar de nuestra divergencias, aprobemos el dictamen en beneficio de México!
¡Por el bien de la patria, aprobado!
Gracias .
El Presidente:
Para rectificar hechos tiene la palabra la diputada Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Quiero felicitar al diputado Tito Rubín por su buena lectura que le hace a lo que le escriben...
Lo único que quería preguntarle, que no me permitió hacerlo desde abajo y recordarle, es que con ese mismo espíritu patriótico, de orador de sexto de primaria, alababan ustedes a Carlos Salinas de Gortari.
Eso es todo.
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada lfigenia Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Dos aspectos merecen destacarse en este importante debate. Uno, que se frustró, así sea parcialmente, la pretendida venta de las 61 plantas que constituían la subsidiaria Pemex Petroquímica, una de las cuatro que integran la principal empresa pública de la nación.
Segundo, las modificaciones a la ley reglamentaria con objeto de precisar aquellos hidrocarburos calificados como básicos por procesos químicos y por su importancia como materias primas industriales de carácter estratégico para la industria nacional.
Tenemos muchas opiniones bien basadas de que los nueve productos que contiene el decreto son, a todas luces, insuficientes para cumplir con el objetivo. Por eso es que vamos a votar en contra.
Pero no deja de ser muy importante referirme al primer aspecto, al intento monstruoso de vender una de las cuatro subsidiarias. Era dejar a la industria de hidrocarburos y a Pemex coja, mutilada. ¿Hasta dónde llega la herencia del salinato en contra de la economía pública?
¡La economía pública que en México es una de las bases de la economía mixta, una base constitucional que rindió muchos beneficios y que ha sido disminuida de 1 mil 200 empresas a 250! ¡Pero no conforme con eso, continúan mutilándola!
¿Y cuál es el objeto de esta reducción! Creo que 14 años después de esta política ya podemos admitir lo que al principio no admitíamos, es la manera como el Gobierno va a hacer ricos a un puñado de gente que está escogida para formar una clase empresarial transnacional que pueda incurrir en la globalización y que deje en alto el nombre de México. Esta razón, que no la creímos cuando se nos dijo al principio de la privatización, creo que ahora seria difícil negarla, porque cuando se anunció la pretendida venta analizamos el caso con todo cuidado y llegamos a la conclusión de que no había razón técnica, económica o financiera para hacerlo.
Técnica no la hay, porque ya se dijo que la producción petroquímica es base importante de la producción industrial. No hay base económica, porque gracias a la política de inversiones y de precios que puede seguir una empresa pública, que de ninguna manera estaba o está desfinanciada porque tenga pérdidas, sino todo lo contrario, tiene utilidades, puede rendir un gran beneficio a toda la industria nacional. Razón financiera tampoco la hay, porque basta con decir que Pemex es una de las principales fuentes de recaudación del Gobierno Federal.
Pero no sólo eso, sino que además fue un error político, un error politico muy grave, porque puedo decir que ofendió a todo el Poder Legislativo y por eso es que casi todo el Poder Legislativo estuvo en contra de esta venta monstruosa y en eso yo quiero decir y reconocer a los compañeros de este poder, a todos aquellos que con nosotros compartieron esta lucha por evitar que se cometiera este grave error.
Pero también no podemos dejar de referirnos en este caso a los peligros de esta corriente privatizadora, que continúan presentes en una forma obstinada y en una forma ciega y a insistir que el desmantelamiento de la economía pública no tiene razón de ser. Porque ¿de qué se trata? ¿De hacer más eficientes a las ramas que se privatizan? ¡Ya hemos visto que no, que al revés!, son más ineficientes en manos privadas que en manos del Gobierno, en donde existen los mecanismos, aun cuando sean imperfectos y aun cuando no se lleven cabalmente para supervisarlas y que es mejor que las supervise y les tome cuentas el Congreso y no los accionistas y su representación, que son unos cuantos y que también tienden a estar monopolizadas.
Entonces, ¿cuál era la razón, la razón financiera? ¿En el caso de Pemex Petroquímica iban a obtener una cantidad significativa de dólares por su venta? ¡Pero si el director ni siquiera sabia cuánto vale! Su valor en libros es 18 mil 029 millones de pesos, o sea, unos 2 mil 200 millones de dólares, una bicoca si reflexionamos que Pemex tan sólo por impuestos pagó en 1995,103 mil 478 millones de pesos y que Pemex-Petroquímica tuvo 14 mil 603 millones de pesos de ingresos en 1995, es decir, casi el 80% de su valor en libros en un solo año y produjo utilidades por 2 mil 082 millones de pesos, es decir, el 11.55% del valor de su capital y el 14.25% del valor de sus ingresos.
Entonces yo estoy de acuerdo en que venderlas seria una enorme tontería porque esa no es la razón. ¿Cuál es la verdadera razón?, hacer más eficiente y en esto el corporativo, pues no parece, lo fracturaron, ¿o es que entonces de verdad no se maneja bien Pemex? ¿Los directores de Pemex no manejan bien la empresa?, y entonces aquí no sólo nos atenemos a lo que dice el dictamen, que el dictamen ya fue leído en la parte en donde dice que "el peor escenario es que las cosas permanezcan tal y como están", ¿por qué?, porque están muy mal, porque Pemex Petroquímica está pésimamente mal manejada a pesar y con todo y eso es tan noble, que todavía rinde utilidades, pero todos alegan con que está descapitalizada, con que el mantenimiento no es suficiente.
Aquí, el propio Secretario de Energía dice aquí, "que las plantas de petroquímica secundaria se encuentran atrasadas tecnológicamente debido a que desde 1992 el Estado no ha inyectada los grupos de inversión necesarios".
Bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? La actual administración de Pemex entonces tiene un director salido de las filas del salinato y del sector público neoliberal que no está cumpliendo con su tarea.
Entonces vemos que no será posible la política futura de la que hemos estado hablando en la comisión, de reducir paulatinamente la exportación de petróleo crudo y de convertir a Pemex, en un exportador de productos elaborados para que todos ganen, la nación y los trabajadores.
La industria petroquímica requiere aprovechar las ventajas comparativas dinámicas que proporcionan los hidrocarburos de nuestro suelo por ventaja comparativa dinámica quiero decir que no sólo ahorita es uno de los sectores estratégicos en donde el país está dotado de una ventaja, sino que en el futuro y para el siglo entrante la petroquímica nos proporciona Io que puede ser un caudal de ingresos para de verdad, hacer de esta industria un sector clave de la economía.
Pero tenemos que concluir que para esto necesitamos otra administración y entonces con base en el artículo 134 de la Constitución, que dice: "que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal y el gobierno de D.F., así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, los recursos deben administrarse con eficiencia, eficacia y honra dez, para satisfacer los objetivos a los que están designados".
Claramente Pemex-Petroquímica no está satisfaciendo los objetivos para los que fue designado y en este caso los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del titulo IV de esta Constitución .
Por tanto, como conclusión, yo invito a todo mis compañeros legisladores a que establezcamos una demanda de juicio político para el director de Pemex Adrián Lajous, por el mal manejo en que ha tenido a esta empresa y por los gastos exagerados que ha hecho con un fin político que no aprobamos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, para el mismo tema.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Mojardín:
Señoras y señores diputados:
La prudencia exige congruencia entre lo que se piensa y se dice, pero también exige coincidencia entre lo que se dice y se hace. ¿Cómo es posible que apenas hace 10 días un representante del Ejecutivo dé un viraje de 180 grados? Por lo tanto se observa incongruencia entre lo que se dice y se hace.
Hoy también, 23 de octubre, otros, pocos días después de ese gran viraje de 180 grados, va a haber una inconsistencia entre lo que se dice, se piensa y se hace.
El Presidente de la República, en un momento expresó la intención de privatizar la petroquímica, con una clasificación técnica poco ortodoxa, sin restricción y sin comentario adicional alguno. Sin embargo, el secretario de Energía, el señor Jesús Reyes Heroles, establece a través de un discurso provocado, accidentado y promocionado por las presiones internas de un partido politico que tuvo mucho poder y que cada día lo pierde, establece la necesidad de privatizar sólo un 49% de una petroquímica con ciertas plantas propiedad del Estado, evidentemente incorporando sociedades mercantiles que sean subsidiarias de Pemex donde ésta mantenga el 51%.
Peor aún, la iniciativa presentada ante esta soberanía para modificar la ley reglamentaria del articulo 27 constitucional tan sólo se atreve a aclarar los componentes de petroquímica básica; todo el discurso para tan sólo hacer aclaraciones de una definición evidentemente estableciendo que la petroquímica básica es dominio del Estado. Sin embargo estamos aquí porque cuestionamos el procedimiento de la privatización. ¿Cómo va a ser la privatización? ¿A través de una capitalización, a través de la emisión de obligaciones convertibles, a través de la venta de acciones?
Pregunta también: ¿qué se hará con los recursos que se obtengan de esta privatización? ¿Se llevarán a un fondo de contingencia, se volverán a equivocar en la contabilización como pasó en Teléfonos de México, que en lugar de pagar deuda interna van a pagar deuda externa? O peor tantito, espero que nunca se equivoquen de depositarlo, en lugar de la cuenta del Gobierno, en algún funcionario que esté debidamente interesado.
Hoy, por presiones políticas de ciertas fracciones del partido en el Gobierno, se dice que se va a privatizar el 49% de las plantas petroquímicas existentes y ¿por qué no el 60%? ¿Por qué no el 80%?.. si cambian de opinión cada vez que les conviene; primero iban a privatizar todo, después una parte, ahora el 49%, en ningún lado dice el 49% más que en el discurso del Secretario de Energía y si como cambia de opinión cambia los discursos, probablemente no vendan nada o probablemente vendan todo.
Lo que pasa es que estamos legislando por los intereses políticos de un grupo que lo único que se ha dedicado a hacer es a desestabilizar al país. La petroquímica no debe ser botín de políticos en decadencia; la petroquímica tiene que servir para dar valor agregado a la nación para generar recursos, empleo y bienestar.
La privatización se empantanó, se empantanó' por un problema de definición probablemente pero en ocasiones los accidentes resultan por la falta de pensar en el momento y resulta que se empantanó la privatización por un hecho trascendental: por no definir qué es petroquímica básica, único país en el que tenemos que caer en situaciones de accidentes legislativos cuando queremos inventar lo que la química no permite y adicionalmente estamos aquí en un buen momento de reflexión: si las privatizaciones que se dieron en este país fueron inaceptadas por la sociedad, no fueron diáfanas fueron sucias, fueron oscuras, fueron turbias ¿por qué caer en el mismo error.
Hoy la sociedad reclama el sistema de privatizaciones, es más, si nos vamos a incorporar a un nuevo concepto de privatización, que la reglas sean claras, que la forma en que se van a administrar los recursos esté bien definida pero no podemos seguir viviendo con procedimientos turbios ni tampoco con leyes turbias.
¿Cuál es la intención de querer legislar al vapor? En tan sólo cinco dias después de recibir una iniciativa sale un dictamen, convocan a una sesión que no es ordinaria en miércoles, para poder sacar tan sólo algo que les interesa por intereses políticos.
Tenemos que actuar responsablemente. No podemos votar a favor de una iniciativa con información insuficiente e incompetente, que impide formarse una opinión razonable. ¿Cómo es posible que en la opinión de los mismos representantes del Ejecutivo no sepan el procedimiento de privatización, no sepan cuál va a ser el destino de los recursos que se obtengan, no se sabe quiénes quieren participar? La intención es porque hay grupúsculos políticos interesados en este paso rápido, porque hay pocas definiciones y que por desgracia no se quiere legislar en bien del país.
Señores, el Partido Acción Nacional no está en condiciones de legislar al vapor. Esa es responsabilidad de ustedes, más bien dicho, irresponsabilidad por la cual pierden el poder.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Guillermo Ievín-Coopel:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Uno de los atributos más importante de la política y de los políticos, es la oportunidad para poner las ideas al servicio de los intereses nacionales.
La reciente iniciativa presidencial para enfilar una nueva estrategia hacia la industria petroquímica, es un ejemplo de enorme valor que tiene la oportunidad del cambio de política aún entendida como parcial, dentro de la línea de nuestra política económica. Una visión que apunta hacia el consenso ubica la decisión del presidente Zedillo como una respuesta a las inquietudes surgidas de las más variadas expresiones sociales, de la opinión de las asociaciones gremiales vinculadas a esa rama de la industria, de los intereses clasistas del sindicalismo y por supuesto de los partidos políticos, especialmente del partido en el que milita el Presidente, el PRI.
Esto no debe interpretarse en las condiciones actuales más que como una clara decisión del Ejecutivo de hacer suyas las preocupaciones críticas de la sociedad. Significa atender ante todo el interés nacional, ofreciendo salidas razonables y atractivas a los inversionistas; es decir, poner en funcionamiento un cambio de política que tome en cuenta con sensibilidad el cuestionamiento social, evitando caer en errores antieconómicos o peor aún, dando vuelta atrás, cediendo ante los grupos beneficiarios del viejo estatismo.
En palabras de uno de los teóricos más leídos en medio de estos avatares democratizadores que se viven por todas partes, Norberto Bovio, la lógica del Presidente para efectuar ese cambio coincide con, cito: "la prudencia, la tolerancia, la calculadora razón, la paciente búsqueda de la mediación, virtudes necesarias en las relaciones de mercado y en el más amplio mercado de las opiniones, de las ideas, de los intereses en conflicto que constituyen la esencia de la democracia, en la que es imprescindible la práctica del compromiso".
La razón del Presidente deja de ser unilateral para convertirse en un esfuerzo colectivo de consenso que nos acerca a una vía propia y agraudalista distinta a la de la privatización, como medida unívoca destinada a lograr la reactivación y el impulso a la inversión y la modernización tecnológica de las áreas estratégicas de la producción industrial y en este caso muy especial de la petroquímica.
Si vemos con cuidado este asunto, la verdadera lucha es la que existe entre extremismo y responsabilidad. Dicho de otro modo, en la valoración de este cambio, en la parte de la política económica del Gobierno que flexibiliza los alcances de los procesos de desarrollo, de asociación productiva necesarios para fomentar la inversión, el empleo, el crecimiento económico y en este marco nuestro principal enemigo son los extremos.
Desde la derecha, ese extremo está representado por el joven líder panista que desde la capital norteamericana, metido allá en el ambiente electoral local y acá en las ofertas preelectorales, asevera que una salida con el PAN es seguir con el proceso de privatización sin limitaciones, para evitar de una vez por todas las incertidumbres, dice, de los inversionistas, principalmente foráneos y la inestabilidad del mercado cambiario.
El resultado de sus declaraciones causó recelo allá y aplausos acá de Fox, Fernández de Cevallos y compañía, en contra, según ellos, de los falsos nacionalistas y hoy, hace escasos minutos muy contados, el diputado Llamas Monjardin los corrige e intenta inventar otra posición panista.
Algo similar ocurre entre las versiones que pretenden colocarse en un polo extremo de la izquierda, atorándose en la ideologización superficial en el gastado parlamentarismo de la denuncia, llaman a luchar sin ninguna imaginación y sin muchas ganas, por el todo o la nada. Su entusiasmo y estatismo a ultranza no aporta absolutamente nada nuevo a la solución de los problemas actuales de la economía mexicana.
Creo que la razón del Presidente va a ganar el apoyo de los responsables, de los más sensatos, de los inversionistas realmente comprometidos con México, de la sociedad y pone de relieve de nueva cuenta el daño que originan los extremos, su enemistad con las opciones constructivas. Es más, mostrará su poco interés por la democracia. A ellos sólo les importa asaltar algún día el poder.
Contrasta esa inconfundible desconfianza por la democracia que muestran los extremos, frente a la flexibilidad contenida en la nueva propuesta del Ejecutivo. Corregir, conciliar, verificar consensos son obligaciones democráticas.
La moderación y la sensatez son, por naturaleza, democráticos; los excesos del ala extrema, de los duros, de izquierda y de derecha, tienen en común la antidemocracia. Los extremos se tocan, dirían los clásicos; yo diría que siempre andan juntos.
Por nuestra parte, insistimos en la importancia política de la modificación en la estrategia que se presenta a esta soberanía.
El titular del Poder Ejecutivo, en esta ocasión un voto favorable a la propuesta presidencial, es un voto de respaldo a una nueva relación entre el Presidente y la sociedad, un voto a favor del equilibrio y el efectivo contrapeso del Poder Legislativo. Es un voto a favor del acuerdo razonable entre los distintos intereses en juego.
La vía del acuerdo mediador, la que se recorre cuando las partes se escuchan y hacen una política razonable, esa que tanta incomodidad le provoca a los extremos porque afecta sus intereses de grupo. Esa es la que más concuerda con la tendencia general del nuevo orden democrático que está en la aspiración social.
Es parte de una tarea inmediata, no de una guerra de frases donde se promete la instauración de una imaginaria democrática quién sabe para cuándo.
La actitud política del Presidente es en los hechos la demostración de que la sociedad participativa de nuestros días tiene en el poder público un interlocutor constructivo. Se fueron los tiempos en el que el interés económico arrasa con la política.
La muy difícil tarea de la modernidad encuentra en nuestro país condiciones hoy mucho más favorables, gracias a que hemos podido poner nuevamente la política al mando.
Para avanzar en esa ruta, cobra una importancia central la puesta en práctica de los contrapesos con efectos reales y prácticos para evitar que el país se embarque en empresas ruinosas, que la sociedad se escinda y las autoridades pierdan legitimidad.
El pacto de intereses, el arreglo, donde cada quien cede en favor del interés nacional, reservándose la crítica como un instrumento constructivo de las instituciones y un elemento de competencia electoral, es precisamente la clase de modernidad que queremos.
Cuando pienso en la necesidad de rectificación del Estado, en momentos cruciales para la consolidación nacional, acudo al pensamiento clásico, al de los fundadores de la democracia moderna.
Vale recordar al respecto de la idea original de los contrapesos entre los poderes republicanos las tesis de Mirabeau, que le dan sustento a esa visión, cuya particular importancia radica en la flexibilidad de los recursos para aplicar en términos de la práctica constructiva los principios constitucionales.
En la materia que nos ocupa, de acuerdo con el notable parlamentario francés, cito "la manera de vincular el interés de los negocios con la riqueza de una nación; la moderación democrática que reclama un voto de respaldo para un estado... Me acogo al 103, por favor ... Fuerte; una sociedad viva y actuante y un sistema de partidos representativo y plural, hace formidable el paralelismo histórico".
Cuando el diputado Mirabeau, en momentos de aguda crisis de la naciente democracia constitucional, expresa y define: "yo quiero aquí alejarme igualmente de un proyecto temerario por su extensión y de un proyecto insuficiente por su timidez. Desconfío de una concepción demasiado extraordinaria que pueda deslumbrar por su osadía y no ofrecer al final más que azares. Propongo, satisfaciendo amplias necesidades, limitarnos sin embargo a lo necesario y conservar mesura al mismo tiempo que esforzarnos en una valiente determinación."
Se debatía en aquel momento de la Revolución Francesa nada menos que la necesidad del nuevo estado de decretar la venta de bienes nacionales para estimular la actividad productiva. El voto, por supuesto, fue a favor de la confianza en la república y en contra del miedo pregonado por los adversarios de la medida en contra de los dos extremos: el extremo más radical de la izquierda y el de la derecha plena.
Las condiciones que establece el impulso crítico de la sociedad, se recogen en la iniciativa presidencial, representando no solamente un cambio politico de primer orden, sino la forma de llenar un vacío jurídico, que termina con las indefiniciones y el manejo discrecional de una parte tan importante de las riquezas nacionales de carácter estratégico.
Señoras y señores diputados: la nueva política se define y acompaña el interés general por establecer reglas claras a los inversionistas, resguardar la inversión directa del Estado en la industria con un carácter de accionista mayoritario, con citar la inversión privada en la adquisición y en la formación de nuevas empresas de los capitales realmente comprometidos con el desarrollo económico nacional. Favorecer la prosperidad de los municipios donde opera la industria y conservar y mejorar el entorno ecológico.
Pero ante todo debe importarnos el precedente democrático de la actitud presidencial, de recoger los sentimientos democráticos, de responder con cambios que afiancen el consenso nacional.
Contar los votos al final de este debate, será contar los votos que existen para respaldar la voluntad política de cambiar la práctica de las negociaciones oscuras, por la mediación racional del contrapeso de poderes.
Será la votación de una nueva política, en beneficio de la industria petroquímica nacional, pero además, en favor de los métodos democráticos. Vamos a votar por la confianza en la República.
Muchas gracias, señores legisladores.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente:
Si, señor diputado, ¿con qué objeto.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín (desde su curul):
Para alusiones personales.
El Presidente:
Hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Llamas Monjardín, para contestar alusiones personales.
El Diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Señor Presidente; señores diputados:
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra, habla de la actitud responsable del Ejecutivo ante cuestionamientos sociales para cambiar una opinión. ¿De cuándo acá el grupúsculo político que ha gobernado este país durante 75 años, es un cuestionamiento social? Cuando han levantado la mano a todas las iniciativas del Ejecutivo, en contra de la voluntad popular y a favor del hambre del pueblo de México y ahora dicen que es un cuestionamiento social. ¿De dónde?
Adicionalmente se habla teóricamente con la bella expresión de la palabra conspicua y ostentosa de "reactivación y modernización", palabras que ni siquiera conocen y me atrevería a sacar una copia del diccionario y de la enciclopedia, para que algunos la puedan digerir y en el futuro reflexionar cuando la utilicen.
¿Cómo es posible que se pretenda hacer esto, cuando existen tibios que son abominables? Cuando ni siquiera son agua caliente ni tampoco son agua fría, son tibios, porque muchas veces no saben lo que piden ni qué es lo que quieren.
¿Qué es lo que puede pasar a través de la aridez, de la falta de definición, de la tibies del carácter y de la indefinición mental intelectual? A tener evidentemente a un burócrata desprestigiado, como ya nos acostumbran, en la petroquímica de Pemex, con un 51 % mayoritario, un burócrata que llegue a las 12:00 del día a trabajar, se vaya a las 2:00 a comer, regrese a las 18:00 horas y en adelante, tengan por lo seguro que va a recibir muy buenos bonos, pero muy poca productividad. Pero lo peor de todo, es que en el discurso tibio, no entiende el señor diputado que puede haber participación, no nada más mexicana, sino también extranjera y si no sabe el señor de la petroquímica, le quiero decir que la petroquímica no es como dirigir la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Diputados, en donde no convoca para no trabajar; ahí sí se requiere trabajar.
Y adicionalmente, señor diputado, se requiere de asistencia técnica, de transferencia de tecnología, de conocimiento gerencial, señor, no es nada más producir gomitas, ni dulces, ni chocolates, es realmente una empresa que deja valor agregado, que deja riqueza y que requiere gente capacitada para su dirección, por lo tanto, si quiere competir injustamente, compita con sus recursos no con los recursos del Estado.
Piden cínicamente un voto favorable y de confianza, un voto de confianza al Ejecutivo cuando lo único que han hecho es con desconfianza golpear al pueblo de México, un pueblo que está muerto de hambre, con impuestos excesivos y con economías y políticas mal manejadas.
¿Cómo es posible que se puede pedir un voto moderado a quien ha sido inmoderado con sus actuaciones y ha sido cómplice de un mal Gobierno? ¿Cómo se puede pedir un voto a favor cuando más que nada se habla de la inocencia y de la conveniencia personal? Señores, no es posible que se pida un voto a favor cuando se desconoce de la información, no es nada más ser inmaduro, es también ser incongruente cuando se quiere votar una iniciativa definitivamente que es tibia, incolora, insípida y que está indefinida.
Señores: votarán los priístas porque son, probablemente, de convicción insípida, incolora.
Gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Oscar Levin Coppel.
El diputado Oscar Guillermo Levin Coppel:
Con su venia, señor Presidente:
Hoy viene flora disfrazada de signo del zodiaco, de Géminis y la doble cara. La frecuencia con la que los panistas se nos presentan con una política de dos caras ya los ha marcado para siempre. El partido de la derecha mexicana es el partido de las dos caras, cada vez más visibles, tienen una para presionar, otra para negociar; una para engañar, otra para firmar; su juego, de confusiones parlamentarias de que sí, pero siempre no, lo usaron a la hora de discutir las Afore y la política de seguridad social. Lo mismo sucedió cuando se levantaban y sentaban a la mesa de las negociaciones de la reforma electoral: ahora si, siempre no, pretendiendo con eso, ganar posiciones que las urnas no les daban y no les van a dar más.
Ayer mismo sugerían la irresponsable medida de una quita indiscriminada del 30% a los deudores de la banca, según dijeron, aquí, ayer mismo, para atender a las demandas ¡Oh!, sorpresa, de los barzonistas.
Ahora, en el debate respecto de la industria de la petroquímica pueden Fox, Calderón, Fernández de Cevallos, tratar de tronar la propuesta de privatizar Pemex. Completo, quizá, queriendo negociar otras cosas. Este último, alertando a la opinión, fíjense bien, lo cito, respecto de que el 49% que el Gobierno pondrá a la venta, es la chatarra que representan unas plantas viejas, contaminantes y no competitivas. Ese es el pensamiento que tiene Fernández de Cevallos, sobre nuestra industria petroquímica.
Voy a leer textualmente la posición de la plataforma de Acción Nacional sobre inversión extranjera:
Se le dará seguridad jurídica a la inversión extranjera. Por ello, promoverá una reforma constitucional que limite, defina y reduzca las áreas estratégicas que se mantienen reservadas en forma exclusiva al Estado y a la inversión nacional.
La Ley de Inversiones Extranjeras, debe ajustarse al nuevo marco constitucional.
Esa es la posición y hoy nos trae una, 180 grados diferente.
En la naturaleza de la derecha panista, como en el símbolo que hoy se disfrazó flora, géminis, coinciden la indecisión y la dualidad que hacen dudar seriamente de su sinceridad; siempre dan la impresión de que mienten o exageran y en realidad ellos juegan sólo con su verdad para ver qué provecho sacan.
¡Defínanse!, todo mundo sabe que ustedes son partidarios entusiastas y a ultranza, de las privatizaciones. Así los presentó en el extranjero el joven presidente de su partido.
¡Dejen de jugar con la verdad o su verdad! ¡Defínanse!, digan si aún dentro de su condición de partido de derecha y conservador, pueden en razón del interés nacional, apoyar al presidente Zedillo, en la crucial decisión de establecer limitaciones en el caso de la industria petroquímica para el bien de toda la nación, ¿o le darán la espalda de nuevo, señores panistas? ¡Decídanse!
En caso de que sólo se decidan a venir para alusiones personales, digan a cuál de sus dos caras sintieron aludida, para que por lo menos saber con quién seguiremos debatiendo, aunque sea en eso, ¡decídanse!, señores de la derecha.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, el diputado Llamas Monjardín, hasta por cinco minutos.
El diputado Gustavo Gabriel Llamas Monjardín:
Señoras y señores diputados:
Es mejor venir a esta tribuna de flora y no venir de fauna.
El discurso histórico y mal redactado, con errores de sintaxis y con errores de pronunciación. Un hombre que ha agotado otros temas, porque no sabe de petroquímica; que no entiende de inversión y que menos entiende de desarrollo; un hombre que no entiende que los barzonistas carecen de recursos económicos. Pero el señor es un barzonista ideológico pero carece de identidad y de pensamiento político.
¡Señor!, pro si no sabe, señor diputado, cuando hablamos de inversión extranjera no queremos preferencias para ellos, queremos que se les dé el mismo trato que a los nacionales y lo que usted pretende con esta ley, porque si en su oscuridad mental no le permite pensar, es darle facilidades a los extranjeros que pueden venir a abrir empresas 100% internacionales con capital externo, a competir con el 51%, 49% hipotético, que ni siquiera está escrito, que está en el discurso que cambian todos los días.
Adicionalmente, señor diputado, las privatizaciones que hemos dicho, son las que están bien hechas, no las privatizaciones en las cuales usted cree y vota, que son donde sus amigos, los funcionarios públicos se enriquecen a costa del hambre del pueblo de México.
Señor diputado: que no lo corroa el nefasto germen de la envidia y de los celos, porque lo único que le provoca es deshacerse el hígado; vote con conciencia; la iniciativa que hemos recibido es incongruente, insuficiente e inmaterial. No hay opinión para gente razonable, pero para los irracionales hay un voto a favor.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Osbelia Arellano López, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Osbelia Arellano López:
Con su venia, señor Presidente:
La iniciativa de ley que se ha puesto a consideración de esta soberanía, atenta en contra de los principios fundamentales establecidos en el articulo 27. No puede esto decirse en un tono más suave, es anticonstitucional; como cuando en el caso que nos ocupa se pretende limitar el dominio de nuestra nación para la realización de negocios en forma evidente, sin que al respecto medie interés público alguno.
De acuerdo a lo ya expresado, el párrafo segundo del citado artículo de nuestra Carta Magna, establece la facultad de imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte este interés público. Pero aún más, debe regularse el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, lo cual sólo puede hacerse para distribuir equitativamente la riqueza pública, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo del país. Es decir, en una modificación legal como la que se pretende, debieron haberse tomado en cuenta las consideraciones constitucionales a las que ahora he hecho mención, sin lo cual dicho acto resulta evidentemente contrario al texto de nuestra Carta Magna.
Es evidente que el interés público no puede estar por encima, más bien por abajo del interés de un grupo de políticos para hacer negocio y mucho menos, de uno con las características negativas como éste en el que se pretende embarcar al país.
Si bien no existe materia legal alguna para argumentar a favor de las razones técnicas que impliquen la venta de la petroquímica que se han argumentado, tampoco existe razón alguna a favor de la mutilación de nuestro patrimonio. Si bien no existe en el proyecto de ley que examina, sino vagas referencias a la producción y a la extracción de productos que hacen temer por el abuso de los encargados de la comercialización de nuestros activos. Podemos válidamente concluir que la venta de los productos de referencia, se hará a las empresas ya famosas, compuestas por capital mixto, preponderantemente estatal y minoritariamente privado. Es decir, se está hablando de sociedades mercantiles que dentro de su constitución y dentro de su objeto, no existe razón alguna de interés público.
¿Qué capital será ése que invierta en estas sociedades? Pregunto a los señores diputados que están empeñados en votar a favor. Pues evidentemente, uno que genere utilidades, según el pensamiento de quienes gastan su dinero al efecto. Siempre buscarán controlar a dicha negociación para manejarla conforme a sus intereses, los cuales seguramente nunca coincidirán con los estipulados en el articulo 27 constitucional.
Es necesario en este punto hacer recordatorio de la situación financiera de la industria petrolera. Pemex se encuentra estrangulado por un fisco ávido de ingresos, de la misma manera que nos estrangula a la mayoría de los mexicanos y es evidente que no pretende hacer lo mismo con el capital privado que se invierte en las plantas. Por el simple hecho de que no es remota la posibilidad de la bursatilización, además de que ha hecho suficientes muestras de ceder en todo para lograr este capricho del capital extranjero.
No faltará quien en este momento atribuya a una imaginación exagerada los anteriores planteamientos; pero baste recordar que en los últimos días nuestra moneda se ha devaluado por presiones económicas, aunque otros dicen que por el smog.
¡Esto se debe a la política vacilante a la que tanto hemos visto y a la que me he referido!
Por eso es innegable que el tratamiento fiscal que recibirá la pretendida inversión en estos conceptos, será mucho más ventajoso que el que recibe cualquier mexicano y muy en especial Pemex. De aquí que no se pueda dudar acerca de quienes serán quienes paguen ese financiamiento con fondos públicos y, sin duda alguna, otra vez seremos todos los mexicanos, con fundamento en la Ley del impuesto Sobre la Renta, en las leyes de impuestos especiales, en los derechos que se pagan por la extracción de petróleo y por la producción de sus derivados.
Nosotros producimos la materia prima y la regalamos y ahora la vamos a pagar a precio de oro ¡Nadie debe de vender su cabeza para comprarse un sombrero, señores diputados! ¡Si bien una participación minoritaria no da el control inmediato de todos los asuntos de una empresa, si puede generar que con el derecho de veto y la administración del quorum para las decisiones importantes, el control lo tenga de hecho la parte que supuestamente no es mayoritaria!
Es menester insistir en la pregunta: ¿por qué hay que privatizar las petroquímicas? ¿Por qué la urgencia de entregar lo poco que nos queda? Y la respuesta es muy sencilla: ¡porque así lo piden los gringos! ¡Porque así lo solicita el Ejecutivo y porque así obedecerá la mayoría oficialista de esta Cámara!
¡Situación insultante para quienes eligieron a sus representantes en este Congreso!
¡Todo acto cuyo objeto ataca las leyes prohibitivas del orden público, es nulo de pleno derecho! ¿Qué podrá decirse de un acto que ataca a nuestra ley fundamental.
Por ello, señores diputados, es necesario votar en contra. Esto es lo mejor que puede hacerse en la defensa del interés nacional. La petroquímica es de lo poco que queda a los mexicanos. No puede seguir esta política de entrega, directa, inmediata y menos la petroquímica convertirse en botín de un esquema que por todos lados está destruyéndose.
¡No más privatizaciones! ¡Señores, no sigan defendiendo a ultranza lo indefendible! ¡Una invitación sincera a que reflexionen! ¡Por esta única vez en toda la legislatura voten a favor del pueblo! ¡Señores, en sus manos está que esta Cámara de Diputados deje de ser la oficialía de partes del Ejecutivo: "túrnese esto", "hágase lo otro", "váyase allá", "apruébese lo otro"!
¡Señores, reflexionen, va a ser vergonzoso que otra vez vuelvan a dar la cara de defensores del pueblo, como sucedió cuando el IVA! Por ahora yo les invito a que reflexionen y votemos en contra: ¡No más privatizaciones!
¡Hasta este momento privatizar significa pobreza, significa miseria, significa además un crecimiento increíble, increíble, de prostitución, de vicios! ¡Yo los invito a que visiten lo que era el próspero cordón industrial de la zona Coatzacoalcos-Minatitlán, ahí están los cascos de las azufreras, ahí están las evidencias del atraso! ¿Quieren más?
Señores: ¡tenemos un precio que no tiene precio y ésa es: dignidad! ¡Votemos en contra! ¡No a la privatización:
El Presidente:
En turno el diputado Jorge Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputadas y diputados:
Yo primero diría que no podemos enmarcar una discusión solamente así, estamos discutiendo aquí reformas a varios artículos de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional y se viene aquí a hablar por algunos diputados de muchas otras cosas, y como ayer también yo acudía en las argumentaciones que traje a tribuna, se requiere de objetividad, la objetividad de lo que estamos discutiendo; otro día nos podemos dedicar a debatir nuestras plataformas políticas, si es que queremos debatirlas o a poderlas condicionar o a poder abrir el debate en otros términos, pero por lo pronto aquí de lo que se trata es de ver si es viable o no es viable el hacer una reforma que hoy se propone.
Lo primero es que hay que ver precisamente esa objetividad, no buscar, como no tienen fuerza y argumentos, no buscar precisamente desviar la discusión para que finalmente pudiéramos caer en esa desviación de la discusión y se empezase a discutir otra cosa que ya ha pasado aquí y para ello se pinta solo el diputado Levín. Entonces, ni modo, no podemos entrar en ese juego.
Lo bueno es que está abierto un debate y en la máxima tribuna de la nación. Pero para tomar decisiones sobre una legislación, lo primero que hay que hacer es estar debidamente informados y hoy, por lo pronto, simplemente para querer definir en el articulo 3O. qué es petroquímica básica, hoy mismo hay confusiones, sólo me refiero al Capitulo Vl del Tratado de Libre Comercio, en su articulo 602, que nos remite a que tenemos que ver en las fracciones arancelarias del sistema armonizado y resulta que son otros adicionales a éstos los petroquímicos básicos Entonces ¿cuáles son? Porque tenemos un tratado firmado y aquí, entre otras cosas, llega a poner como petroquímica básica los aceites, minerales puros del petróleo, sin aditivos, es decir, aceites lubricantes en carro-tanques, en buques, aceites para engrase, para preparaciones, qué se yo; es una de las no informaciones con las que deberíamos de contar. ¿Por qué se nos están poniendo aquí unas definiciones de nueve productos si no sabemos exactamente si ya en otros instrumentos jurídicos hemos definido otros?
Entonces, ¿cuál de los dos instrumentos jurídicos? y no estoy diciendo que me parezcan o no me parezcan, simplemente no hay información suficiente, clara, precisa, que nos permita tomar una decisión para aprobar estas reformas del articulo 3O. de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional.
Por esa razón, el Partido Acción Nacional al inicio de esta sesión pidió una moción suspensiva. Hace falta analizar eso y otras cosas más para poder tomar responsablemente una determinación en la aprobación, en su caso, de una reforma como la que se propone. Surgen muchas dudas, algunas a la mejor repiten un poco, pero vale la pena continuar sobre de ellas, porque son las dudas que hoy tenemos.
Una pregunta que aún no tiene respuesta y no hay ninguna decisión ni disposición que pudiera llevarnos a que pudiéramos condicionar, porque no lo hemos hecho, que todos los recursos que se obtengan de cualquier operación de desincorporación, venta, derechos de concesión o lo que sea, qué destino van a tener.
Por qué no discutimos primero que los destinos de esos recursos, en el supuesto de que se puede dar y que pueda darse, por qué no establecemos que deberían de ser única y exclusivamente, por ejemplo, en el caso del petróleo, todos los recursos que se obtengan única y exclusivamente se podrán destinar para que la misma paraestatal, Pemex, que va a seguir operando en el petróleo forzosamente, pudiera renovar sus plantas, quitar la obsolescencia de unas, volverse más competitivas y poder precisamente lograr y tener posibilidades de desarrollo, pero no está definido, entonces como ya pasó en otras privatizaciones no sabemos a dónde irían esos recursos. Hay que definir eso antes que decidir lo otro.
Después, alguien ya lo expresó aquí, la diputada, me parece Marta Alvarado, no hay ningún marco normativo y claro que nos pueda decir, cómo se deben de llevar adelante los procesos de desincorporación, privatización, venta, como le quieran llamar, de concesión, ¿porqué no legislamos al respecto para que sepamos en qué términos se va a entregar o se va a poder hacer cualquier proceso que valga la pena hacer por el bien de México como pudiera ser la apertura del capital, la venta de la petroquímica etcétera?, yo no estoy ahorita poniendo a la discusión ese asunto sino, ¿por qué no tenemos esa información, cómo se desincorpora, si se va a desincorporar y se está definiendo la petroquímica básica para poder desincorporar, cómo se desincorpora, cuáles son las bases, las reglas, están claras, las hemos legislado o no las hemos legislado.
Otro cuestionamiento sería ¿por qué no está estableciéndose o por qué tampoco establecemos previo a que suceda, como se estableció, como se establece en el Tratado de Libre Comercio para muchos sectores?, se establece que las desgravaciones serán en una cierta medida, unos sectores más lentos, otros sectores más rápidos, en menos años, ¿por qué?, porque había que tener un acuerdo concreto que permitiera la posibilidad de la competitividad de nuestras empresas en esos sectores y no que de inmediato se ingresara en el mercado y se pudiese dar al traste con la propia industria establecida a nivel nacional, como se dio en el año de 1986 cuando estábamos en el mecanismo del GATT y no hicimos ninguna acción de pedir una reciprocidad a quienes estábamos negociando.
¿Por qué en ese sector no decidimos antes de procederá cualquier reforma? ¿Porqué no procedemos a decir que la inversión extranjera en este sector debe de tener un paripasos?, vamos a ver qué es lo que tiene que hacerse, ¿para qué? Para que los inversionistas nacionales, y conste no estoy contra la inversión extranjera, pero para que los inversionistas nacionales puedan tomar sus niveles de competitividad ante la probabilidad de entrar en competencia .
Esto sería un mecanismo similar a lo que pasó con el TLC. Yo creo que tenemos que definir e informarnos de todos estos asuntos para pode tomar una decisión que nos lleve a la posibilidad ya real de dejar establecida la posibilidad de inversión en muy diversos porcentajes, ah vamos a tener diferentes puntos de vista, no es el día de la discusión y me concreto a la discusión, pero por lo pronto no están definidos los básicos y en consecuencia siento que estamos irresponsablemente tomando una determinación.
Y desde luego, también para concretar, desde luego que el PAN está para que los ciudadanos, los particulares, las empresas, tengan y hagan y decidan todo lo que esté en su mano y en sus posibilidades de hacer y sólo subsidiariamente el Gobierno sea quien tenga que hacer lo que no está en la mano de las personas, de los particulares y de las empresas hacer; entonces no estoy hablando de privatizaciones, sino estoy hablando de un principio que fundamenta ¿por qué?, la economía; las empresas y todos los sectores de carácter industrial deben de estar operados ¿por quiénes?, por los ciudadanos organizados en el marco que les marca una legislación de carácter mercantil y que son las empresas. Esa es la fundamentación, ya que si se tiene que privatizar, es que nunca se debió tener, simple y sencillamente.
Es que todo lo que pueda hacer el ciudadano y la empresa no tiene por qué hacerlo el Gobierno.
Esas son algunas de las reflexiones con las que quisiera concretar los términos de este debate.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Aurelio Marín Guaso, del PRI.
El diputado Aurelio Marín Huazo:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hago uso de la tribuna para presentar mi voto en favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que se presenta a la Asamblea, fundado en las siguientes consideraciones:
A más de un año de que la Comisión de Energéticos se ocupó del desarrollo de la industria petroquímica en México, con una intensidad reconocible en el estudio de sus orígenes, estado actual y perspectivas, hoy día analizamos y discutimos de cara a la nación diversos aspectos que permitan el progreso de una de las ramas estratégicas de la actividad económica nacional.
A mis compañeros del PRI los invito a votar a favor de esta iniciativa que reúne y toma en cuenta opiniones que primero se dieron al interior de nuestro partido al exigir a nuestros dirigentes que se definieran en torno a la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos y petroquímica. Dentro de la Comisión de Energéticos, algunos diputados de la fracción parlamentaria del PRI, externamos ante el propio Secretario de Energía que los complejos petroquímicos se mantuvieran bajo la rectoría del Estado y eventualmente vía venta accionaria las nuevas inversiones sirvieran para modernizarlos.
Alguien preguntó que quién podría comprar este 49%, es de esperarse que se interesen en asociarse con Pemex Petroquímica en las nuevas empresas filiales cuya constitución propone la estrategia, diversos tipos de inversionistas y empresarios privados. En primer término, los empresarios establecidos en México que adquieren materias primas a Pemex Petroquímica y que a veces han enfrentado insuficiencias en el suministro, por ejemplo, es de esperarse que los productores mexicanos de etilenglicol deseen convertir con Pemex Petroquímica en la producción de óxido de etileno o detileno.
En segundo lugar, empresarios ya establecidos o nuevos inversionistas que deseen ampliar capacidades de producción e integrar cadenas productivas en lugar de partir de cero les resultaría preferible coinvertir en ampliación de capacidad por el menor tiempo para concluir el proyecto y la menor inversión necesaria.
Empresarios nacionales y extranjeros interesados en ampliar la capacidad de producción de Pemex Petroquímica, en líneas de producción en las que México tiene amplia disponibilidad de básicos, como el etano.
He repasado con toda atención los debates que sobre el tema se han suscitado con relación al tema en esta Cámara, las opiniones de mis compañeros aunque provengan de diferentes partidos tienen grandes coincidencias en lo fundamental, así a los legisladores de Acción Nacional los invito a replantear sus tesis y a confrontarlas con los textos de la iniciativa y del dictamen, con la seguridad de que encontrarán grandes coincidencias que los llevarán a un honesto y razonado voto a favor.
De igual manera, a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, cuya clara postura marcó en gran medida el rumbo y el ritmo del debate, los invito a valorar los logros que su trabajo plasmó en la propia iniciativa que hoy se somete a votación.
Compañeros legisladores: ante los momentos críticos que enfrenta la economía mexicana en el concierto internacional, es hora de buscar fuerza en la unidad; es tiempo de demostrar nuestro compromiso con México y con los mexicanos. Votemos a favor del dictamen.
Gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Alfonso Solórzano Fraga:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En materia de reservas petroleras México se encuentra en una situación de privilegio. Estos recursos han sido un importante soporte económico en las últimas seis décadas y con una administración nacionalista, pueden asegurar una dimensión de progreso para el Siglo XXI.
Desde 1992, cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio, los norteamericanos situaron en la mira de sus intereses a Pemex, con el planteamiento de fraccionarla primero en cuatro y posteriormente estar en la posibilidad de comprarla a pedazos, ante la perspectiva de que las reservas mundiales de petróleo lleguen a ser insuficientes para satisfacer la demanda planetaria. Ello junto a la consideración de que se avecina una gran transición energética en el mundo.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado su intención de vender la industria petroquímica, pero se ha encontrado con una fuerte oposición de amplios sectores sociales y en su mismo partido.
Finalmente ha anunciado su decisión de vender únicamente el 49% de las acciones de las plantas petroquímicas del país, pero si bien ha dado un paso atrás en su determinación, su posición en general encuadra en una orientación para ir privatizando poco a poco.
Ante esta decisión de vender la industria petroquímica cabe tener la siguiente reflexión: en un futuro próximo el proceso de industrialización del mundo cambiará al igual que la producción, ya que las próximas décadas serán las de la industria de la petroquímica como productora de los productos básicos de la industria en general.
Por eso es tan importante la definición de qué es petroquímica, qué es la materia de la iniciativa que propone modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
El propio dictamen reconoce que no hay un criterio claro acerca de qué es la petroquímica básica. Los productos que están definidos como petroquímicos básicos en esta iniciativa, en realidad son el resultado de una transformación primaria que proviene del gas y no encontramos algún producto que sea resultado de una transformación química, como serían el amoniaco, el etileno o el propileno, entre otros. Esos productos son materias primas básicas que dan lugar a cadenas productivas que desembocan en una multitud de productos finales.
Tal es el caso del amoniaco, que se produce a partir del nitrógeno obtenido del aire y del hidrógeno procedente del metano, que es a su vez el componente principal del gas natural. Este producto es el punto de partida de la producción de los fertilizantes agrícolas, indispensables para aumentar la producción agrícola, dado que los espacios cultivables ya no pueden ser aumentados y la única forma de tener mayor producción es que la misma superficie nos dé más.
En momentos como el actual esto se hace más necesario, ya que tenemos un gran déficit en producción de básicos, lo que nos coloca en una situación de gran vulnerabilidad y riesgo de la soberanía y que además al adquirirse en el exterior granos y alimentos, se contribuye al desequilibrio de la balanza comercial.
Hay que atender que la venta de la industria petroquímica no es la venta de una industria más; tiene un significado más profundo, es cuestión de soberanía nacional, ya que pone en peligro, por mencionar uno de los puntos importantes para el país, la producción de alimentos que se logra a través de la utilización de compuestos nitrogenados, los cuales se obtienen a partir del amoniaco. La planta que los produce es la primera que entra en licitación, según la proyección del Ejecutivo Federal.
Esta planta produce el 85% del amoniaco que se utiliza en el país. El 83% de esta producción se destina a la elaboración de fertilizantes, esto lo hace ser un punto estratégico para la producción agrícola en todos sus órdenes.
Nuestro país, en los últimos años ha resentido el estancamiento de la producción de alimentos agrícolas de consumo básico, el rezago histórico que padecemos en la materia y la creciente demanda producto del crecimiento de la población nos obliga a reflexionar y a analizar con gran responsabilidad las medidas de carácter legislativo que afectan directa o indirectamente en relación a la producción de alimentos.
Por ello el tema que nos ocupa hoy, ante la imposibilidad de incrementar la superficie cultivada para elevar la productividad en el campo, es que se requiere de un uso más intensivo de los suelos agrícolas, equilibrado con la rotación de tierras. En ello la tecnificación del campo y el uso racional de los fertilizantes tienen un papel fundamental y estratégico para satisfacer la demanda de alimentos que se requiere nacionalmente, por lo que dejar la producción del amoniaco a expensas de un interés contrario al nacional constriñe aún más la soberanía alimentaria, no sólo del presente, sino inclusive para las futuras generaciones de mexicanos.
Por otro lado, en el dictamen se insiste que se carece de recursos financieros necesarios para conservar e incrementar las plantas petroquímicas del país. Al respecto recordemos que primero se descuidó presupuestalmente a la industria petrolera, particularmente a la petroquímica. No es real que sea la falta de recursos lo que lleva a abrir a la inversión privada; hay una intención que primero debilita a esa área estratégica y luego la pone a la venta.
Ante esto revisemos las experiencias de la. privatizaciones de los últimos sexenios. No ha sido cierto que lo que se ha privatizado produzca más recursos ahora en manos privadas. El Gobierno se ve forzado a subsidiar las nuevas autopistas de cuota con más de 6 mil millone de pesos; a los bancos con más de 110 mil millones de pesos.
Cuando se concesionaron o privatizaron manejó el mismo argumento, que el Estado ni tenía para sostenerlas y que habría una mayo eficiencia. Ahora se dice lo mismo para la plantas petroquímicas. El debate de hoy soben lo que es la petroquímica, no tiene la importan cia de una ley más o de una definición técnica sino el futuro que van a tener o cómo se van, manejar los productos derivados del petróleo Para el Siglo XXI el petróleo se seguirá utilizando cada vez menos como combustible par dedicarse cada vez más como fuente de creación de materias primas en la gran mayoría de las industrias. Ahí radica la importancia de que el Estado mexicano tenga pleno control sobre la petroquímica.
Si ésta queda en manos ajenas a los interese nacionales, las próximas generaciones de mexicanos no tendrán el nuevo motor de la economía, como lo hemos tenido nosotros desde que el general Lázaro Cárdenas tomó la patriótica decisión de nacionalizar la industria petrolera en todos sus aspectos en esa época.
Pero aún más, la expropiación petrolera y Pemex mismo han sido un símbolo, no sólo de Ia soberanía mexicana y como lo dijimos, motor de la economía, sino que además es el símbolo de la confianza en los mexicanos.
Cuando el general Lázaro Cárdenas decidió Ia expropiación petrolera, se orientó por confiar en los mexicanos.
En ésos años las voces conservadoras y del exterior aseguraban que nuestro país no tenía la capacidad para la explotación de los hidrocarburos. Lázaro Cárdenas tuvo plena confianza en las capacidades de los nacionales, de su firmeza para obtener de los recursos de nuestro territorio un crecimiento sólido para nuestro desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados: apostamos a nuestros esfuerzos, a la nación y no caigamos en el espejismo de que la solución de nuestros problemas está allende la frontera.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Pensaba yo hacer una argumentación en este tema desde el punto de vista juridico, pero dadas las condiciones del debate, de los argumentos esgrimidos por el PRI, realmente creo que no vale la pena. Lo que sí vengo a esta tribuna es a dar la cara, la única cara, señor diputado Levín, que tiene Acción Nacional desde su fundación, a dar la cara porque no hay ninguna incongruencia, ninguna inconsistencia en la postura que hemos sostenido desde un principio en este tema.
Ya es una postura, no es nada nuevo la postura que asume el PRI al tratar de arrogarse el centro de todos los centros en la discusión, fijada ya desde la posición del primer priísta que habló aquí y llevada al exceso por el diputado Levín Coppel, en donde se arrogan el centro y eliminan a la izquierda, a la derecha, que ellos llaman de esta manera como extremos irreconciliables, retrógrados y además antidemocráticos. Qué fácil. No es nada nuevo, porque es el mismo mensaje de siempre cuando se carece de argumentos sólidos, técnicos, jurídicos y de otra índole en una discusión.
Dicen desde el posicionamiento que no están ni a favor de la privatización a ultranza ni en contra de la no privatización; que es una postura media y es muy fácil adoptar esta posición. Pero la verdad es que sólo es una manera de tratar de estar bien con Dios y con el Diablo; es decir, tratar de quedar bien con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y de nuestro principal acreedor: Estados Unidos y por otro, tratar de calmar a las mismas bases de su partido, que les están reclamando congruencia en estos momentos y ya lo dijo aquí el diputado Alejandro Rojas.
Este posicionamiento del PRI, no quiere decir más que la amorfa postura, cambiante postura y no de cara, sino de máscaras, que han tenido constantemente, de sexenio en sexenio y a veces en un mismo sexenio se la cambian.
El hecho es de que aquí habría que preguntar ¿quién llevó a la estatización de toda la economía a ultranza, si no fue Luis Echeverría, emanado de su partido? y ¿quiénes llevaron a la privatización a ultranza, si no fueron los tecnócratas, también de su partido, que son los únicos que han gobernado durante 65 años.
Se dijo aquí, tratando de ensalzar al señor Presidente de la República, que había tres puntos, uno en el apego a la legalidad, otro en el impulso a la infraestructura de la petroquímica y otro al diálogo. Y yo le digo, ¿cuál apego a la legalidad cuando se ha dicho aquí ya hasta el cansancio, lo ilegal que tiene esta reforma.
Precisamente porque ni siquiera está ubicada correctamente en una ley que reglamenta el artículo 27 y aquí se trata de una definición que corresponde al artículo 28 constitucional, no al artículo 27.
Se ha dicho hasta el cansancio que no hay definición, porque técnicamente no es posible dar la de una petroquímica básica. El hecho es que se están haciendo parches en leyes secundarias, por no corregir en el origen, en la importancia que tiene, un precepto constitucional que esta falacia que está afirmando.
¿Cuál impulso a la infraestructura? ¿De quién? ¿Pemex ha mostrado su ineficiencia? Y aquí se preguntaba: ¿qué acaso Pemex ha sido ineficiente y deshonesto? Pues si ha sido y lo sigue siendo, porque es una empresa manejada por políticas que no corresponden ni van a lo que se merece la sociedad mexicana.
Petroquímica básica, decía aquí algún priísta, que había que diferenciarla, distinguirla del resto. Y yo pregunto: ¿de cuál resto?, si la petroquímica sólo es una y en todo mundo se ha coincidido con esta definición.
Propiedad originaria de la nación, ahí es precisamente donde no se rompe ese espíritu, porque el Constituyente de 1917 sí supo lo que estaba haciendo. En el artículo 27 se establece la propiedad originaria de la nación y no es a través de la ley secundaria, ahí se define claramente lo que son los hidrocarburos y los hidrocarburos no son lo que aquí se llama petroquímica básica.
Criterios de clasificación, decían también del PRI. Rectoría del Estado, congruencia industrial y fortalecimiento de Pemex con los hidrocarburos. Aquí lo que hay que preguntarse si vale la pena fortalecer a Pemex en este renglón, cuando ha mostrado su ineficiencia, sus políticas de corrupción interna y en donde fácilmente se demuestra con ver los costos de producción de un barril de petróleo. En cualquier país del mundo cuesta la décima parte de lo que nos cuesta a nosotros producir un barril de petróleo.
Aquí lo que hay que preguntarse: nosotros estamos, sostenemos y siempre hemos sostenido, como lo dijo el presidente del partido en Estados Unidos, que lo mejor para el país sería la privatización de esta industria, porque no le ha dejado nada nuevo, sólo ha llenado bolsillos de corruptos.
Después, y aquí ya paso a rebatir algunas de las cuestiones que se han asegurado, congruencia con esa posición, en donde dice el señor diputado Levin Coppel, que sólo nos importa asaltar el poder. A nosotros nos importa, como partido político, acceder al poder por la vía legal y del voto, no por ninguna negociación, porque nosotros cuando nos sentamos a negociar, tenemos la misma cara que cuando estamos aquí en la oposición.
Los que han asaltado el poder y que desde él se han mantenido por 65 años, son ustedes, los priístas, ése sí es asalto al poder, no lo de nosotros.
Dice el diputado Levín Coppel que lo que hay que privilegiar, desde el centro y no desde la extrema izquierda y la derecha, es el consenso y el diálogo. Y yo pregunto: en esta iniciativa para reformar la ley reglamentaria del artículo 27, ¿cuándo se nos buscó para consensar? ¿Cuándo se nos buscó para dialogar? Es otra ley más, como ya se ha sostenido aquí, creada al vapor y hecha al vapor por la voluntad de ustedes...
Tiempo es el que necesita el país, sí señor. Nueva política dice de reglas...
El Presidente:
Permítame, señor orador, le suplico a los señores diputados le permitan al orador que continúe con su exposición.
El diputado Alejandro González Alcocer:
Digo, se defiende solo, diputados yo no necesito interceder por él. No es la primera vez que nos acusan de dos caras y yo le digo la misma cara damos cuando negociamos por el bien del país que cuando somos oposición, cuando exigimos congruencia en el Gobierno, no 1 mil máscaras como ustedes.
Muchas gracias.
El Presidente:
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Carmen Soto Correa:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputadas y diputados:
En esta iniciativa se equivocaron y confundieron quienes asumían el problema de la petroquímica a partir de posiciones que oscilaban de un todo a un nada. Los unos plantean un capitalismo a ultranza y aprovechándose del supuesto que la correlación de las fuerzas privatizadoras les favorecía, nos plantean un capitalismo desfoliador, olvidando y haciendo tabla rasa de que las unidades de capital se mueven, en esencia, por los imperativos de las ganancias. Traicionan y olvidan, incluso sus tradiciones como la encíclica "Rerum Novarum" que se proponía frenar y limar las aristas voraces del capital.
Les molesta que el Estado mexicano, sorteando las presiones de fuerza, de dentro y de fuera, en un mundo donde muy pocos gobiernos son propietarios de la industria petroquímica, el Estado mexicano mantenga el 51% de su propiedad, conservando la rectoría de dicho sector.
Hemos escuchado a varios oradores. Es importante señalar que nuestra posición es hablar de una industria altamente competitiva. Se afirma que de forma deliberada se ha descapitalizado a Pemex. Aceptando sin conceder, por nuestra parte apreciamos que la industria petroquímica mexicana es altamente rentable, las cifras así lo demuestran.
La iniciativa que hoy se nos presenta no oscila entre los extremos, sino que es una posición revolucionaria que sale de ellos. Toda vez que cuando pensaban nuestros adversarios políticos que no encontraríamos salida, la hemos encontrado, la industria petroquímica demanda a inversiones crecientes y procesos tecnológicos, y solamente en el contexto actual es dable privatizando solamente el 49% de ella.
Hay voces que parecen ser totalmente pesimistas; tampoco nosotros somos optimistas, somos realistas, nuestra realidad histórica y nuestra acción así lo han demostrado.
El 49% de las acciones de la petroquímica es altamente demandado en el mundo. Hay quienes hablan, por un lado, de una mala industria y de una inamovible industria. No, compañeros diputados, la industria petroquímica, como todos los procesos de la naturaleza, en donde el hombre puede incidir, demanda cambio con orientación, dirección y velocidad. La iniciativa lo dice con claridad, no condenemos a nuestra industria petroquímica a la inmovilidad.
Aquí lo han dicho de forma parcial, que representa el soporte de la nación mexicana. Sí es cierto, pero el soporte debe ser actualizado con visión, no negamos nuestra historia, la reafirmamos. Con este hecho nuestra industria petroquímica en el nuevo marco jurídico que se propone, estará en las condiciones de sobrevivencia y expansión.
Hoy, reitero en esta tribuna, que esta iniciativa representa la oportunidad histórica del Congreso, de actuar revolucionariamente, el no hacerlo hoy después de bastante tiempo que este Congreso ha analizado en la comisión respectiva el problema, las generaciones futuras lo reclamarían, toda vez que nos aproximamos a una solución y quisimos darle vuelta.
Los priístas de cara a la nación y en respeto a sus propias decisiones de asamblea, no los traicionamos, reafirmamos la dinámica inscrita en nuestros propios principios, los cambios que hemos tenido en el Partido Revolucionario Institucional, por mandato de su soberanía nacional, nos permite considerar que esta iniciativa histórica no atenta contra la soberanía nacional; no renuncia el Estado a la rectoría, por el contrario, la reafirma.
Los diputados de la mayoría de este Congreso, estamos conscientes que no podemos condenar a la inmovilidad a nuestra industria; las decisiones de los priístas en esta tribuna, son corresponsabilidad hacia la nación, no son decisiones y unanimidades contra ella.
Los que hoy señalan que por qué no se vende más del 49% de la subsidiaria de Pemex, son los mismos que no contribuyeron para cuando el gran michoacano, el general Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo a la nación. De repente pretenden detentar la verdad de una industria que desde su nacimiento fue atacada por ellos. Hoy no podemos como en 1938, dejar de luchar contra los que soterradamente hablan de transparencia y altas administraciones y que en su discurso subyace la entrega de la nación con voceros y prestándose como emisarios mercachifles no solamente de la petroquímica, sino de nuestro petróleo, en el imperio.
Que no pretendan en esta tribuna encubrir más sus intenciones, la iniciativa presidencial se ajusta al tiempo y espacio histórico de la nación mexicana y no soslaya ni el presente ni el pasado. Por eso afirmamos con esta iniciativa: el petróleo sigue siendo de la nación mexicana. Su control y su utilización corresponde a ella; el Partido Revolucionario Institucional asume esta responsabilidad, como asumió el único partido que apoyó al Sindicato de Petroleros; el 51%, le recordamos, tenemos un poderoso sindicato petrolero y no nos espanta si viene capital de dentro, porque ustedes son los únicos que se han beneficiado del paternalismo, ¡atacan el paternalismo, pero están pegados de la, chiche del paternalismo, cuando se trata de apoyar a los banqueros! ¡A ustedes no les interesa el sindicato de la petroquímica!, tenemos el sindicato de la petroquímica y tenemos...
Les digo a mis compañeros priístas que cuando los perros ladran es señal de que vamos avanzando. En respuesta a los géminis mandaron a la tribuna varias de sus "cartas".
Ahora resulta, por ejemplo, que en la improvisada versión del diputado Llamas Monjardín, deberíamos distinguir entre la privatización de ellos y las otras.
Si la promesa resulta igual que su forma de gobernar en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, ¡pobre industria petroquímica:
La cara con la que prometen y la cara con la que gobiernan y desgobiernan, más concretamente. Claro, hablamos de géminis y con el panismo de Ocejo Moreno, nos iría peor; él dice que el problema no es que se deba privatizar, sino que Pemex nunca debería de existir.
La cara de la derecha sin escrúpulos; y qué decir del último orador que nos venía a hablar de Dios y del Diablo. Queremos decirle que está confundido. Si piensa que habla con la Virgen, está confundido. Usted no habla con la Virgen, usted ya le vendió su alma al diablo del imperio. Ya fueron a proponer la venta de la petroquímica a Estados Unidos.
Miren compañeros del partido del campanario; compañeros que critican a mis amigos del Bronx, ustedes llegan a una caricatura de Beberly Hills; que bien que están gritando, ante la falta de argumentos, se vale, se vale que se desahoguen. Compañeros: los hemos derrotado; no vamos a vender Pemex. Vayan y díganselo a Fox, vayan y díganselo a todos sus manda más. Compañeros: Pemex no se vende. Siguen siendo los traidores de siempre.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En diversas ocasiones he sostenido en esta tribuna, que el único camino que tenemos los mexicanos para resolver los graves problemas del país, es el sostener un auténtico diálogo, un auténtico diálogo que se expresa en argumentación sólida, seria; no en insultos ni en descalificaciones, por supuesto.
He estado escuchando con mucha atención algunos argumentos, haciendo lo posible por comprenderlos plenamente, para entender sus razones y teniéndolas en cuenta, tomar decisiones que nos corresponden a cada uno de los diputados aquí en la Cámara. Pero sí me preocupa que vengan a hacerse afirmaciones sobre Acción Nacional, completamente falsas.
Afirmó el orador que Acción Nacional se ha echado en brazos del capitalismo. Acción Nacional ha criticado desde siempre, desde sus orígenes, al capitalismo que tiene dos expresiones: el capitalismo estatal y el capitalismo privado. Tan injustos el uno como el otro; tan opresores el uno como el otro y lo que Acción Nacional ha propuesto, es la alternativa de democratizar la propiedad, de dar oportunidad a todos, si fuera posible, pero a la mayoría de los mexicanos de participar en serio, en la posesión, en la transformación de las empresas y de las propiedades de la nación. Acción Nacional no está ni con el capitalismo estatal, ni con el capitalismo particular, porque los dos son la cara del economicismo depredador, inhumano.
Acción Nacional ha centrado su posición humanista al servicio del hombre y ha propugnado por una economía cuya centralidad es el hombre, el servicio a la humanidad. No queremos empresas al servicio de unos cuantos, como ya se ha dado en los periodos anteriores en este país; como algunos regímenes con sus decisiones privatizadoras favorecieron a unos cuantos; y en cambio la pobreza del país aumentó en millones de mexicanos. Y ésa es una muestra evidente de que el camino que ha seguido el régimen, no es el camino de la justicia y del servicio a la humanidad, a los mexicanos concretos de carne y hueso, sino el favorecimiento a unos cuantos para aumentar el poder de las plutocracias, para fortalecer las oligarquías y para cerrar el camino a la verdadera realización del pueblo mexicano. ¡Y a eso es a lo que nos oponemos en Acción Nacional, en concreto, al votar en contra de esta iniciativa; porque esta iniciativa, tal como ha sido concebida, viene a favorecer a ese capitalismo depredador, ya sea estatal con su 51% o ya sea el 49%!
¡En otros países, que quieren verdaderamente transformaciones democráticas, se han dado aperturas en situaciones económicas de esta naturaleza para favorecer la democratización del capital, para crear mecanismos nuevos que posibiliten la participación del pueblo en la posesión de esa propiedad, en la posesión de ese capital y en generar una riqueza que esté al servicio de todos, de la mayoría de los mexicanos y no de unos cuantos, como hasta ahora se ha demostrado en el régimen que ha gobernado y que no lo puede negar!
¡Esa es situación histórica! ¡Esa es verdad histórica! ¡Eso no es aquí atribución sentimental de unos en contra de otros! ¡Ojalá, compañeros diputados, pudiésemos argumentar sobre la razón, pudiésemos argumentar sobre situaciones dadas, sobre situaciones reales, que son las que nos deben llevar a discutir, a dialogar con seriedad y en profundidad para que podamos encontrar las soluciones que nuestro país reclama, que nuestra economía necesita!
¡No vamos a resolver los graves problemas de nuestra economía con el insulto, con la descalificación! ¡Vamos a resolver nuestra economía, los problemas que la afectan, sólo si somos capaces de dialogar en serio, respetuosamente; pero sobre argumentos, sobre razonamientos, poniendo nuestra racionalidad por encima del insulto y de la incapacidad de diálogo!
Gracias.
El Presidente:
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Gonzalez Garza:
Muchas gracias, señor Presidente:
En el transcurso de esta discusión se han abordado dos temas que son esencialmente diferentes. Por un lado, se ha discutido la propuesta que más bien es una declaración de que el Gobierno mexicano no venda los complejos petroquímicos que hoy se encuentran en poder de Pemex, sino en un 49% y por otro lado, el asunto referido estrictamente al dictamen que es, en esencia, una nueva clasificación de productos de petroquímica básica. Son dos problemas distintos.
Efectivamente, en reuniones con el director de Pemex, el licenciado Adrián Lajous, nos fue presentada la propuesta. Esta se basaba en establecer que el corazón de Pemex era la exploración, explotación y venta de crudo. Se nos daban datos como si esto fuera necesario para demostrar que por cada peso invertido en esa actividad, su productividad era superior a invertirlo en otras ramas.
Efectivamente, la venta de crudo le deja más dinero al país que cualquier otra cosa y por lo tanto hizo pública la propuesta en la que Pemex pretendía vender las 61 plantas de sus complejos petroquímicos, para destinar los recursos que se obtuvieran al corazón de Pemex. Esto es, a la extracción y venta del crudo.
A mí la decisión concreta de que no se venden los complejos petroquímicos en su totalidad, que no es la posición del Partido de la Revolución Democrática, nosotros estábamos en contra de cualquier venta en ese sector. Sin embargo, esa decisión que echa para atrás esta política nos da gusto; esa decisión nos da gusto.
Quiere decir que este asunto tiene que ver no sólo con lo que dice la Constitución y nuestro pasado histórico, tiene que ver con nuestro futuro. Vamos a vivir una reconversión tecnológica que a principios de próximo siglo cambiará el petróleo para pasar a otras energías, de tal manera que se dejará de quemar. Ya en los Estados Unidos aparece legalmente en qué años van a dejar de circular automóviles con combustión interna y entonces, esa riqueza nacional estará dedicada, se va a dedicar a otras cuestiones.
Desde hace mucho tiempo el gobierno norteamericano tiene esta definición y se ha venido introduciendo en el tema. No en balde las declaraciones del embajador norteamericano amenazando de retirar inversiones en México si no se cumplía con lo que presuntamente estaba acordado.
Hemos venido diciendo que éste es un país entregado económicamente, intervenido económicamente por los Estados Unidos de América. Vamos a hacer un recuento de algunos hechos que fueron informados públicamente desde hace más de cuatro años, en agosto de 1992. Empecemos con algunos. El 4 de agosto de 1992, 12 días antes de la publicación de la disminuida lista de petroquímicos básicos, por la entonces Semip. Los puntos acordados en principio son: compromiso de elevar el intercambio comercial en materia energética y petroquímica mediante la liberación gradual del sector; este compromiso se firmó en 1992. En otros puntos se encuentra el relativo a la reclasificación de la petroquímica respecto al cual negociaban directamente el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche y su contraparte, Carla Hills y el señor Willson; se prevé que de una lista inicial de 19 productos básicos podrían quedar entre dos y seis, dependiendo de los beneficios que México obtenga en otros rubros como compras de gobierno y aranceles.
El 9 de agosto, el texto preliminar del Tratado de Libre Comercio que se entregó a los cuerpos legislativos mexicanos y que en ese momento fue puesto a consideración del senado estadounidense, se dio a conocer, constaba de 22 capítulos y en él se informa del trato de los productos refinados y a varios de los considerados como petroquímicos: pentano, materia prima para negro de humo, exanos, eptanos, naftas, etano y butanos; no se incluye en la mención ninguno de los productos hasta esta fecha considerados como petroquímicos básicos, pero que serían oficialmente reclasificados unos días después.
El 13 de agosto, el texto, proyecto del Tratado de Libre Comercio negociado por México, Estados Unidos y Canadá, fue dado a conocer. En el documento, México se compromete a liberalizar más rápidamente sus sectores de autopartes petroquímica básica.
El 16 de agosto, el Gobierno Federal amplía el campo de inversión privada en la rama petroquímica, al dejar bajo control del Estado sólo 8 productos, de los 19 que anteriormente estaban reservados para elaboración exclusiva de Petróleos Mexicanos y empresas subsidiarias.
Por lo que respecta a la petroquímica, todos los productos que no estén incluidos en esas listas van a ser desregulados, un compromiso de aquella época.
Diecisiete de agosto. La reclasificación de la petroquímica básica mexicana será permanente, a fin de que ese sector sea competitivo, advirtió el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Puche y negó que la decisión de reducir de 19 a ocho el número de esos productos hubiera sido pactada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Esto demuestra que los compromisos adquiridos por el Gobierno mexicano vienen desde hace mucho tiempo; efectivamente, esos compromisos no permitieron ni siquiera la discusión de propuestas que se hicieron por parte de mí partido para incluir algunos productos en esa lista, productos como el amoniaco y el etileno, el benceno y los silenos, productos que son, y los carburos, o que son la primera transformación, el amoniaco que se ha dicho, en el amoniaco depende la subsistencia alimentaria de un país, ni siquiera eso se logró; son éstos los compromisos que valen, son éstos los compromisos con el Gobierno de los Estados Unidos, lo que no permitió discutir más allá de la propuesta que venía redactada desde los Estados Unidos.
Hoy y aquí, se completa el ciclo iniciado en agosto de 1992 y que en todo caso debió haberse dado en el sentido contrario; en vez de negociar primero a cambio de ventajas en otras áreas el cumplimiento o no de las leyes mexicanas existentes, de haber luego dictado una disposición administrativa para poner en práctica lo pactado en la ciudad de Washington y de traer prácticamente la misma lista de productos al Congreso, cuatro años y dos meses después para convertirlos en ley, debió primero discutirse y, en su caso, aprobarse el cambio en las leyes, pero si vamos más a fondo, el primer paso debió haber sido el cambio en la Constitución Mexicana, derogando abiertamente los planteamientos en defensa del petróleo, contenidos en los artículos 27 y 28 constitucionales.
¿Qué entiende el Legislativo por los conceptos de dominio directo inalienable, imprescriptible con los que la Constitución Mexicana delimita a los hidrocarburos? ¿Qué entiende el Poder Legislativo con respecto a estas frases, no dijo una, no dijo que el Gobierno se va a encargar de ese negocio, no, el legislador lo dijo con todas sus letras y quiso precisión, dijo: "corresponde a la nación el dominio directo, inalienable, imprescriptible, de todos los carburos de hidrógeno", de todos, eso aparece en la Constitución hoy, señores.
En otras palabras, cualquier clasificación que deje de un lado hidrocarburos, tiene que pasar primero por una reforma constitucional, no es posible nos oponemos a modificar la ley para tratar de justificar su violación durante estos cuatro años y nos opondremos a cualquier futuro intento para cambiar la Constitución, con la intención de justificar la violación a la misma que ahora se está queriendo cometer.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para hablar sobre le mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Ezequiel Flores, del Partido del Trabajo.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores:
Como resultado de la lucha histórica del pueblo de México, los artículos 27 y 28 constitucionales, recogen la potestad de la nación para proteger los intereses fundamentales de la misma. El artículo 27 en su párrafo tercero manifiesta de manera muy clara que corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles, minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Si nos remitimos al artículo 28 constitucional, encontramos que en su párrafo cuarto, también de manera muy nítida y muy clara se establece que no construirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas como: correos, telégrafos y radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica.
Si esta propuesta, compañeras y compañeros diputados, de privatizar la petroquímica mal llamada secundaria y decimos mal llamada secundaria porque a través de una serie de mecanismos y de manera arbitraria se ha quitado, se han sacado productos que anteriormente eran considerados como parte de la petroquímica básica y ubicados ahora en la petroquímica secundaria. Si esta propuesta efectivamente respondiera a un plan nacional de desarrollo industrial o bien por otro lado se nos demostrara que como resultado de esta privatización el país obtendrá una captación de recursos suficiente como para resolver los enormes cuellos de botella que no permiten el despegue sustancial de la industria nacional del país.
Mal haríamos entonces, compañeras y compañeros, en no apoyar esta iniciativa que el Presidente de la República hace llegar al Congreso de la Unión para su aprobación. Entendemos, compañeras y compañeros, que esta nueva propuesta que seguramente hoy será aprobada por razones de sobra conocidas, es el resultado subsecuente de una serie de decisiones que se han venido tomando en forma escalonada a lo largo de estos dos últimos sexenios por privatizar y poner en manos del capital, fundamentalmente del capital extranjero, ramas estratégicas de nuestra economía nacional.
Decimos esto sobre todo porque hasta antes de 1992, la petroquímica básica esta ahora constituida por 21 productos, pero la reclasificación administrativa que realizó la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en 1992, estableció sólo ocho productos para la petroquímica básica. Entre esos productos está el etano, propano, butanos, pentanos, exano, ectano, materia prima para negro de humo y las naftas, trasladándose a la petroquímica secundaria los siguientes productos: el atileno, amoniaco, benzeno, butabieno, butileno, etileno, metanol, las parafinas, el ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno y xileno.
No es posible, compañeras y compañeros, que los intereses fundamentales del país, hoy siguiendo intereses particularmente del Presidente de la República e intereses de partidos políticos, tengamos que comprometerlos en perjuicio de todos los mexicanos.
Quiero mostrar ante todos ustedes un cuadro que seguramente varios de ustedes, para sus intervenciones, que todos ya hemos presenciado, tienen en su poder. En este cuadro observamos de manera muy clara que aunque sea desde el punto de vista técnico, aquí hay una serie de productos que ahora se consideran secundarios, pero que sirven de materia prima, sirven de base y de sustento para la producción de otros productos que claudican en la petroquímica secundaria y sirven de base también para la producción, valga la redundancia, de productos secundarios.
Luego entonces, esta serie de mecanismos que a lo largo de estos dos sexenios hemos venido observando para quitar de la petroquímica básica productos que son fundamentales para la producción a su vez de productos como el amoniaco, fundamental para el desarrollo agrícola de nuestro país, hoy sean controlados y regidos por los intereses del gran capital.
Hacemos un llamado a todos ustedes, compañeras y compañeros, fundamentalmente a los compañeros legisladores del Partido Revolucionario Institucional, para que modifiquemos nuestra decisión, para que replanteemos nuestro voto y no comprometamos los intereses de nuestro país.
Pudiera ser, compañeras y compañeros, que desde el punto de vista técnico algunos productos se ubiquen en la petroquímica secundaria, pero desde el punto de vista económico el Gobierno no debiera darle tal ubicación, toda vez que tales productos continúan siendo fundamentales para el desarrollo de nuestro país, como lo es el amoniaco, para sacar adelante y producir una serie de productos indispensables para la agricultura de nuestro país.
Por eso nosotros, y para terminar, compañeras y compañeros, consideramos que el propósito de esta privatización responde más a intereses de los grandes organismos financieros internacionales que a un plan nacional de desarrollo industrial.
Los llamamos a todos ustedes a la reflexión.
El Presidente:
Como último orador en la lista de diputados inscritos, tiene la palabra el diputado Heriberto Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Después de varias horas de debate sobre este importantísimo asunto que nos ocupa y que tanto interesa a los mexicanos, deseo, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario institucional, hacer algunas consideraciones, algunos reconocimientos y una sola convocatoria.
Por esta tribuna han pasado brillantes compañeros diputados que han sustentado tesis muy lúcidas en materia de la industria petroquímica nacional. Se ha hablado sobre hidrocarburos y sobre la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que nos ocupa. Coincidimos en que la industria petroquímica nacional no puede continuar en la situación en la que se encuentra, coincidimos en que se requiere fortalecer la industria petroquímica mediante una modernización a fondo, con tecnología de punta y con nuevos y grandes flujos financieros para ampliar la capacidad instalada, para impulsar la producción, para elevar la productividad y para hacer a México más competitivo en este campo, a fin de sustituir importaciones para fomentar las exportaciones, para generar empleos mejor remunerados y en síntesis para reactivar la economía nacional y para coadyuvar al cambio estructural.
Sin embargo, todo esto que es tan importante es casi imposible si no contamos con recursos financieros disponibles suficientes para una expansión que es urgente y vital para la industria y para el país.
Por estas razones el Poder Ejecutivo dio a conocer la nueva estrategia para impulsar la industria petroquímica, para replantear metas, para afinar propósitos, para buscar el engrandecimiento de esta rama tan importante y para alentar la presencia de nuevos actores, pero reafirmando la propiedad de la nación mediante el control de los activos de Petróleos Mexicanos, como lo pedimos los priístas en nuestra XVII asamblea nacional de nuestro partido.
Todos somos testigos del gran debate nacional que sobre la petroquímica nacional se ha dado durante más de un año en nuestro país.
Reconocemos los planteamientos de los diputados de la Comisión de Energéticos, así como las tesis que ciudadanos y partidos políticos hicieron sobre este asunto, en todos hubo buena fe.
A ellos se debe en gran medida la riqueza de este debate y también ellos pudieron articular una resultante que fue atendida por el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien supo escuchar razones y argumentos de peso; al tiempo que estudió y ponderó distintas propuestas, supo el Presidente instruir la puesta en marcha de la nueva estrategia, incluida la iniciativa de reformas que hoy nos ocupa.
Por lo pronto, el proceso privatizador original y la convocatoria de licitación del complejo de Cosoleacaque, quedaron sin efecto y a cambio se buscó depurar las disposiciones legales, transparentar los aspectos jurídicos, dar certidumbre y dar estabilidad tanto a Pemex como a los inversionistas particulares y sobre todo reafirmar la rectoría del Estado y el control accionario de los activos de Pemex Petroquímica, pero alentando la inversión privada, nacional y extranjera, en petroquímica no básica, es decir, en la que no queda reservada para el Estado.
La iniciativa que estamos analizando reserva nueve productos petroquímicos al Estado, y a partir de la aprobación que hoy votemos, únicamente el Congreso de la Unión podrá clasificar la petroquímica reservada al Estado. Esta ya no será más una facultad administrativa del Ejecutivo y éste es un avance indiscutible, compañeros diputados.
Tenemos la esperanza de que con la nueva estrategia para impulsar a la industria petroquímica y con la iniciativa de reformas que les pedimos aprobar esta tarde, el capital privado concurrirá a fortalecer y a modernizar esta industria, al tiempo que el sector público preserve la mayoría de las acciones en sus plantas ya existentes.
El sector privado podrá participar hasta con un 49% en las plantas propiedad de Pemex-Petroquímica, una vez que se establezcan las empresas filiales, que seguramente estarán en operación a principios de 1997 y podrá participar el sector privado hasta con un 100% en nuevas plantas de la petroquímica no básica.
Esta situación permitirá, junto a la inversión de Pemex, garantizar el engrandecimiento, el fortalecimiento y la modernización de la industria petroquímica. Ya lo veremos, compañeros diputados.
Es claro que se requiere de grandes flujos financieros privados, pero con el control del Estado: se requiere de más certidumbre y de más garantías de seguridad para todos los participantes y ello se logrará al aprobar esta iniciativa.
Compañeros diputados: sepamos reconocer el respeto a la pluralidad, mostrado por el presidente Zedillo y sepamos reconocer la visión de la nueva estrategia para impulsar la industria petroquímica nacional.
Convoquemos al capital privado a participar y pugnemos por hacer más eficientes nuestras empresas públicas para impulsar el desarrollo nacional.
Cuidemos los derechos de los trabajadores, pero estemos prestos para impulsar la expansión de la industria petroquímica, para que tengamos el día de mañana una gran industria petroquímica, como hoy tenemos una gran industria petrolera.
Como dijimos anteriormente, las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que nos ocupa, es sólo uno de los elementos de la nueva estrategia para la industria petroquímica anunciada por el Gobierno Federal. Por tanto, consideraciones respecto a otros elementos, sólo son complementarios al tema central de una definición precisa de petroquímica básica.
En el dictamen se hacen ciertas recomendaciones acerca de las nuevas empresas de participación pública mayoritaria, que serán filiales de Pemex Petroquímica. Sobre ello es importante señalar lo siguiente:
México requiere que sus nuevas empresas petroquímicas públicas amplíen su capacidad, mantengan su tecnología actualizada y operen en términos que les permita ser competitivas.
Para garantizar esa competitividad de las nuevas filiales, éstas deben de tener flexibilidad operativa, lo que implica aspectos fiscales, presupuestales, de vigilancia, de relaciones laborales y de autonomía de gestión, entre otras.
Para el éxito de la nueva estrategia, dichas empresas de participación estatal mayoritaria deben tener un marco administrativo presupuestal flexible que les permita tomar decisiones con oportunidad.
Asimismo, las nuevas empresas petroquímicas públicas deberán tener la flexibilidad suficiente para que sus prácticas laborales les permitan responder con productividad a cambios en el entorno económico, en el marco del contrato colectivo que cada una suscriba con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y respetando escrupulosamente los derechos de los trabajadores.
La autonomía de gestión también debe ser un objetivo central de estas nuevas filiales. Se requiere flexibilidad para adecuarse a las cambiantes condiciones de la tecnología y de los mercados.
El Congreso de la Unión deberá mantenerse vigilante y existir para mantener su competividad y su eficiencia. Las empresas filiales deberán contar con los elementos y apoyos fundamentales que se requieren, para que haya mayor combatividad y mayor eficiencia.
Finalmente, compañeros, porque estamos seguros que la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional enviada por el Ejecutivo, cuando sea aprobada por nosotros, será un detonante importantísimo para el fortalecimiento y la modernización de la industria petroquímica y para la reactivación económica nacional, lo mismo que para el cambio estructural que México requiere, convoco a los compañeros diputados a razonar su voto y a votar en favor del dictamen por el bien de todos los mexicanos.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En estos que parece ser son los últimos cinco minutos de debate, quisiera hacer un homenaje, no con palabras mias, sino con palabras de otros, que han tenido mucho qué ver en la historia, al general Lázaro Cárdenas.
Voy a leer una frase que dijo un gran maestro de Heriberto Galindo, don Jesús Reyes Heroles. Dijo: "a 30 años de la expropiación petrolera, tenemos el raro privilegio de que esté entre nosotros su autor y ejecutor, el general Lázaro Cárdenas, para quien formulo un deseo: que su vida sea tan larga como fecunda lo ha sido y es para el país.
Preside nuestro acto el primer mandatario de la nación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, quien en poco más de tres años ha rescatado para Petróleos Mexicanos la petroquímica básica y ha impulsado en grado máximo el crecimiento equilibrado de la industria petrolera.
Formulo una sola petición: que sigan ayudando a Petróleos Mexicanos con su orientación, decisión y apoyo, como hasta hoy lo han hecho". Que no se les olvide las enseñanzas de sus maestros patriotas, señores diputados priístas.
Y qué mejor homenaje al general Lázaro Cárdenas, que una carta que el día 18 de marzo de 1995 le escribió la señora Amalia Solórzano de Cárdenas y que dice así, les pido la escuchen para su reflexión: "Al general. Desde que te fuiste, hace justamente un cuarto de siglo, han pasado cuántas, muchísimas, incontables cosas; te las enumeraré poco a poco. Sólo las lluvias y los soles te recuerdan, han sido fieles a sus promesas de ciclos y fechas. Sólo quedaron aquéllos, por los que un día dijiste: no más descalzos, desnudos o analfabetas, ellos sí, aún están.
Lo que tuvieron se los quitaron: sus tierras, sus aguas, sus animales, aquellas casas humildes que se llamaron escuelas, sus azadones, mulas para labrar la tierra, todo desapareció. Cuando vieron, ya no les quedaba nada, nada más que algo de vida. Se fueron, ni siquiera se despidieron de sus seres más cercanos, sólo pensaron en dónde podían comer. Muchas cosas han pasado. Así, te seguiré contando.
¿Te acuerdas del Banco Ejidal que se creó para ayudar justamente a los que no podían cultivar el pedazo de tierra que un día les entregaste? Pues ahí también todo cambió. Se pensó que no valía la pena gastar cifras y papel y que el vecino, que todo lo tenía, lo aprovecharía mejor. Así se conocieron sus intenciones y por ello se quedaron las parcelas y las tablas de las chozas sólo con los pedazos de periódicos donde aparecían Zapata y tú en algún acto agrario. ¡Qué de cosas han pasado, mi general!
¿Recuerdas que se luchó porque Las Truchas fuera de México, porque la explotación de sus montañas fuera nuestra?, pues ya no es nuestra. Se pensó que en manos ajenas estaría mejor, que los nuestros no lo sabrían aprovechar. Así es como se había venido sangrando lo que nos quedaba. A tu partida quedaron estas obras en manos de los que no sabían más que recibir dádivas, nunca defendieron nuestra herencia. También se hipotecó. ¡Cuánta falta de patriotismo hemos sufrido desde que ya no estás tú! Otra cosa más seguiré relatando.
Tenemos carreteras de tres y cuatro carriles, pero aquellos caminos de acceso a las rancherías que tú llamabas de los de a 50 y los de a 100, ahí quedaron. Siguen los olvidados cuidando sus burros para transitar por lo que ustedes les trazaron.
¿Te acuerdas de que cuando en aquel pueblecito de Oaxaca te pidieron lumbre de la que ya no quema? Me parece, no estoy muy segura, pero creo que esa energía ya tampoco será nuestra. Así es que esas lejanías como San Jerónimo, no verán esa lumbre, pues no la podrán pagar.
Dicen que esta riqueza nuestra entra en un paquete para pagar los intereses de los malos manejos que hicieron estos últimos gobernantes. ¿Qué más te podré contar de este país que ahora es un desastre.
De lo que no quisiera tener que hablarte es del petróleo, porque si te ha dolido todo lo que te he contado, esto es lo más doloroso de lo que está aconteciendo. En el Tratado de Libre Comercio se ha mencionado la venta de petróleo mexicano, ya le habían quitado, comprometido, enajenado, cada uno de sus brazos. Se decía de la petroquímica etcétera, pero a los que les ofrecieron la empresa no la quieren fracturada, la quieren toda.
Así es que como verás ya nada le quedó al país. Dicen que sin estas ventas no pueden pagar a los empleados, no pueden hacer las escuelas, los hospitales que necesita la nación; pero nosotros, los incrédulos, no lo vemos así, son otras las intenciones, otras las miras. Han vendido todo lo que encontraron a su paso, todo se lo llevaron, al país no le dejaron nada, se hicieron millonarios. A la gente que tú tanto quisiste la dejaron en la miseria. Es un país que llorarías nuevamente al ver la realidad.
Tú dijiste el 1o. de septiembre de 1939, al salir de nuestro país las compañías expropiadas que no dejaron tras de sí, durante varios lustros de explotación, un solo recuerdo que pudiera mover la gratitud mexicana; sin embargo, ésta es la triste realidad. ¿Qué más te puedo comentar.
La resistencia del pueblo a permitir la entrega o venta total de Pemex les incomoda. No les basta con toda las venas que le han secado. Siguen pidiendo la cabeza y un Gobierno dócil para complacerlos. Nos sentimos huérfanos, sin el tronco que daba su sabia y su sabiduría. Así ha quedado México, con sus heridas y sin que las conciencias que lo asesinan den la cara y respondan con dignidad a tanta amargura ¡Esta es nuestra desgracia!
Siento mucho que se les haga largo el tiempo para oír reflexiones patrióticas, porque a muchos priístas les urge levantar el dedo para la subordinación a países extranjeros.
Señores, por la dignidad, muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
El secretario Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto:
El secretario Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 277 votos en pro y 144 en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 277 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.
El secretario Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
CLEROPOLITICO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse a un tema sobre el clero.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El domingo anterior, el arzobispo primado de México, don Norberto Rivera Carrera, hizo pública una nueva postura de la Iglesia católica Sostuvo que esa corporación "puede y debe meterse en política como lo hizo Jesús". Agregó que cuando la autoridad se sale del marco legal, no hay obligación de tributarle obediencia y fue más allá al asegurar que "si el Gobierno se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle obediencia".
Lo novedoso de esta postura no estriba en que la jerarquía eclesiástica participe en política, pues siempre lo ha hecho. Lo nuevo radica en que uno de los altas jerarcas eclesiásticos lo manifieste abiertamente. Ante semejante desplante, ¿cuál ha sido la reacción del régimen? Sorprendentemente tibia. Llama la atención la ausencia de respuesta de secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, en un asunto que es de su directa competencia.
Esa Secretaría inventó un registro, desde luego anticonstitucional, para las iglesias, como si estas para existir necesitaran del reconocimiento de Chuayffet Chemor. Es un dislate querer someter a un registro a una institución tan venerable, con muchos siglos por detrás, ante una dependencia oficial. Pero es un hecho. La dependencia estableció registros; esta Iglesia se sometió al registro y hay un marco legal oficial.
Llama también la atención que ni asimismo el subsecretario de asuntos religiosos, Rafael Rodríguez Barrera, haya estado ausente de este debate; ni siquiera el director general de asuntos religiosos, sólo por ahí un oscuro director de normas, perdido en esa gran burocracia se atrevió a llamar la atención tímidamente al dignatario. Dijo: "si reincide, hasta lo multaremos".
Respuesta presidencial ¡ninguna! Respuesta del partido oficial, ¡tampoco! Y de las mayorías legislativas, ¡silencio!
¿Será acaso tolerancia, civilidad? ¿Es que de repente se volvieron democráticos? ¡Desde luego que no! Más bien son inmorales.
Debemos precisar que al de la voz no le preocupa que los ministros del culto voten. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Deben poseer derechos electorales.
Mi partido, el partido Social Demócrata así lo postuló desde su constitución. Es un punto de su programa político. Incluye también el derecho a ser votado tras la renuncia previa al ministerio.
Tampoco pensamos que el señor arzobispo haya cometido en rigor violación legal alguna, puesto que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se dio el lujo de reformar el artículo 130 de la Constitución, para permitir lo que hoy ocurre.
Que los ministros puedan externar sus particulares puntos de vista, es correcto. Nadie tendría razón para oponerse. Pero cuando se hace desde el púlpito, cuando se hace desde la majestad de una representación religiosa, entonces tendríamos que aceptar que el asunto se complica. Porque, compañeras y compañeros diputados, como las religiones se basan en dogmas, esto es en verdades indiscutibles, algunas, como es el caso de la católica, admiten la infabilidad del Papa. Y su Santidad es un personaje que nunca se equivoca, ello nos lleva a plantear que su verdad está por encima de los seres humanos ordinarios, que por definición estamos sujetos a error.
En tales condiciones, cuando un jerarca eclesiástico, como es el caso de don Norberto, emite una directriz de orden político, desde el púlpito, de hecho manda algo incontrovertible para él, desde el punto de vista de su religión. Su orden está apoyada por Dios, puesto que él es solamente un ministro.
Por respetable que sea esta concepción, sobre todo en nuestro país, esas reglas no operan en el ámbito político, en particular en éste, el Legislativo, donde todo es discutible, ni siquiera se puede hablar de situaciones irreversibles, pues todo puede ser modificado. Por eso es tan difícil pensar que las concepciones religiosas puedan regir en el ámbito de lo político.
Por otro lado, sería impensable que todas las autoridades existentes en todas partes del planeta provienen de Dios. Eso equivaldría a renunciar al derecho de pensar y actuar con libertad y esa libertad no existe para quien se basa en preceptos religiosos.
Por eso el Estado no debe adoptar una religión oficial ni el estamento clerical como estructura de poder debe participaren la política cotidiana y si quiere hacerlo debe renunciar a los privilegios que da la condición sacerdotal.
La salud de la sociedad reclama que no permitamos que las estructuras religiosas dominen la práctica política. Los ministros, en efecto, debieran aprender del evangelio: "Lo del César al César y a Dios lo que es de Dios".
En este país la unión, la pretensión del poder social y político, unido al poder religioso, ha generado en el pasado luchas fraticidas. Desde esta tribuna exhortamos al arzobispo Rivera Carrera, a medir el alcance de sus pronunciamientos. No porque se enmarquen dentro o fuera de la reforma constitucional que él ahora disfruta, sino porque es evidente que detrás de ello se evidencia un apetito politico que puede conducir nuevamente a enfrentamiento y a luchas que en este país se consideraban superadas.
Formulamos votos porque el exceso arzobispal no cunda en mal ejemplo en otras instancias de la jerarquía. Que la cordura se imponga sobre ocultos apetitos de poder y si para conjurar el riesgo de otro enfrentamiento entre hermanos es preciso llegar a la reversión de la contrarreforma salinista al artículo 130 constitucional, compañeras y compañeros diputados, debería haber un Gobierno patriótico que se atreva a dar ese nuevo paso.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado González Luna.
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
Señor Presidente; legisladores:
Hablo a nombre personal, no de la fracción parlamentaria a la que honrosamente pertenezco.
Quiero ser breve y, con todo respeto, porque siempre había coincidido con las tesis expuestas por mi amigo el diputado Luis Sánchez Aguilar. Quiero hoy afirmar mi convicción de que ya era tiempo de que la jerarquía católica extremara opiniones como la que se ha comentado hace unos minutos.
Quiero recordar que uno de los motivos que dieron origen a la guerra cristera fue precisamente la imposición frustrada de querer obtener de las iglesias o de la Iglesia el registro constitutivo. Como decían, no se puede reducir la existencia de una institución de más de 2 mil años a un registro como el que arbitrariamente exige el 130. El problema radica fundamentalmente en que la jerarquía no sólo puede sino debe hacer política, no política partidista, pero sí política entendida como gestión del bien general.
Quiero recordarles a todos aquí que la conducta religiosa más importante a la luz de la doctrina social católica es la conducta social, es decir, aquella que se traduce en una exigencia permanente de justicia. México vive uno de los dramas más lacerantes de injusticia social, unos cuantos individuos atesoran el patrimonio que debiera ser de todos los mexicanos, incluyendo el petróleo. Entonces, doy la bienvenida a esa labor orientadora de la jerarquía.
Ojalá que no sea un gesto aislado, porque desde hace ya mucho tiempo y lo tengo que decir, ha habido una coparticipación en la tragedia por parte de la jerarquía y del régimen.
¡Es obligación de la jerarquía, insisto, orientar al pueblo y alertarlo para que se resista a la opresión que todos los días vivimos los mexicanos!
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Ramón Cárdenas Gudiño.
El diputado Ramón Cárdenas Gudiño:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Lo que se dio en el caso que nos ocupa fue una indebida intromisión de la Secretaría de Gobernación en los asuntos eclesiásticos; al presentar como integrantes de esta LVI Legislatura nos comprometimos a respetar y hacer respetar tanto la Constitución como de las leyes que de ella emanen.
En consecuencia debemos velar por la auténtica separación entre la Iglesia y el Estado, separación que nos señala el artículo 130 constitucional, separación que no significa contraposición y mucho menos mutua negación.
Por lo tanto, idéntico deber tenemos de reprobar la intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado cuando ésta se diera, como lo tenemos ahora para reprobar la indebida intromisión de la Secretaría de Gobernación en asuntos eclesiásticos, que viola no solamente el artículo 130 constitucional, sino el artículo 6O. de la misma que consagra la libertad de expresión.
Hemos hecho un análisis de lo expresado por el señor arzobispo Norberto Rivera Carrera, en su homilía del domingo 20 del presente y en ninguna de sus partes se inmiscuye en asuntos de Estado, sino al contrario, hace un reconocimiento expreso de la obediencia debida a las leyes y a las autoridades legalmente constituidas, y cito: "la primera afirmación de Jesús, es una rotunda defensa del respeto y la obediencia que debemos a la autoridad civil legalmente constituida o aceptada por el pueblo.
El alcance del poder temporal tiene un horizonte muy amplio, tiene su legítima autonomía, como lo declaró el Concilio Vaticano Segundo; abarca todo aquello que está destinado al bien de la comunidad, al marco jurídico legal aprobado por la mayoría del pueblo o de sus legítimos representantes.
Hay que obedecer al Gobierno en todas las leyes y normas que tienen como meta los Derechos Humanos y deberes correspondientes" termina la cita.
Ante tan rotundas afirmaciones, son inconcebibles las descalificaciones y amenazas que la Secretaría de Gobernación ha expresado en contra del señor arzobispo Norberto Rivera Carrera. Solamente quien ha hecho de la incongruencia su estilo de vida se puede molestar por la afirmación de que hay que obedecer al Gobierno en todas las leyes y normas que tienen como meta los derechos humanos y los deberes correspondientes.
Carece de sentido critico quien sólo movido por afán protagónico aborda esta tribuna con consideraciones fuera de contexto y totalmente alejadas tanto de la letra como del espíritu del mensaje del señor arzobispo. Por supuesto el señor arzobispo en el mensaje en comento, señaló claramente cuáles son los fines del poder gubernamental y cuáles son los límites que dicho poder deberá sujetarse y esos fines y esos límites no sólo están especificados en nuestra legislación doméstica, sino también en los convenios internacionales que México ha signado y que por lo mismo constituyen ley suprema para el país.
El Presidente:
Señor diputado, ¿me permite por favor? Su tiempo ha terminado, por favor redondee su intervención.
El diputado Ramón Cárdenas Gudiño:
Termino, señor Presidente:
Cito de nuevo al señor arzobispo: "en contrapartida, la autoridad civil tiene como límites todo aquello que va contra los ciudadanos, porque el poder del gobernante no tiene más función que el servicio efectivo al pueblo que lo eligió o afectó.
Cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar no hay obligación de tributar la obediencia y si se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia.
Más claro que esto, señoras y señores legisladores, ni el agua que aquí tomamos, pero lo grave de todo este asunto es que el apercibimiento enviado al señor arzobispo en el oficio AR 03/14375 por la dirección de normatividad de asuntos religiosos, haya contado con el aval de Armando López Campa..
El Presidente:
Señor diputado, le reitero que su tiempo ha terminado, señor diputado.
El diputado Ramón Cárdenas Gudiño:
Director general de asuntos religiosos, mismo que fue hecho, según su dicho, luego de que un grupo de abogados analizó detenidamente la homilía que el señor arzobispo Rivera Carrera pronunció el pasado domingo en la Catedral Metropolitana.
Esto realmente si sienta un nefasto precedente que esperamos sea el único y que no se repita nunca más en el país, más lo gravisimo es que la Secretaría de Gobernación tienda sus cíclicas cortinas de humo como tradicionalmente lo hace para distraer a la opinión pública rehuyendo con ello de la gravísima responsabilidad que hoy por hoy tiene en múltiples problemas que afectan al país y en especial me refiero a la reforma electoral que en estos momentos ya apremia.
El Partido Acción Nacional...
El Presidente:
Señor diputado, permitame por favor, nuevamente le recuerdo que su tiempo ha terminado, de acuerdo con el artículo 102 solamente tiene usted derecho a cinco minutos, pues no estaba inscrito en la lista previa de oradores.
El diputado Ramón Cárdenas Gudiño:
Señor Presidente, cuando pasé a tribuna le especifiqué que era para asunto del mismo tema. Termino.
El Partido Acción Nacional por mí conducto hace un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que asuma su responsabilidad constitucional.
Muchas gracias.
El Presidente:
Hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado César Humberto González Magallón, del Partido del Trabajo.
El diputado César Humberto González Magallón:
Gracias con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Lo que en este momento se está debatiendo o se está analizando, es un tema sumamente delicado que creo que se debe insertar en la condición personal de todos y cada uno de los que aquí estamos cumpliendo una responsabilidad como legisladores, sin embargo, me parece que los excesos en contra de los principios juaristas deben ser debidamente ubicados en una situación política nacional que requiere de un gobierno constitucional que haga valer, valga la redundancia, la legalidad y los derechos fundamentales del pueblo mexicano.
A mi no me extraña lo que dijo y lo que dirá el clérigo Norberto Rivera, porque siempre se ha metido en política. No es extraño que ande de metiche en los asuntos políticos que competen a los hombres que no estamos ni en los conventos ni en las iglesias. Pero lo que sí me extraña es la intervención del señor diputado Mauro González.
Francamente desde la posición de un partido de izquierda como el PRD, su intervención francamente no solamente me desconcierta, sino que me decepciona.
Miren ustedes. ¿Qué pensaría la opinión pública si los señores diputados se ponen sotana y empiezan a echar bendiciones? No es nuestro papel, como tampoco es el papel de ese clérigo de meterse en política, compañeros.
El Presidente:
Para alusiones personales, hasta por cinco minutos, el diputado González Luna, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:
En primer lugar diputado, debo pedirle que escuche con atención lo que se dice en la tribuna. Hablé a título personal. Con eso inicié mí intervención.
Que sigan a ver como responden al siguiente argumento.
¿Así se habrían comportado ustedes con Miguel Hidalgo y Costilla que levantó una bandera que independizó a México de la tiranía? Fue Hidalgo y después Morelos y hoy curas en Chiapas, los que siguen levantando la bandera que salva a México ¿Por qué se oponen a esa lucha auténtica de una jerarquía que debiera volver a levantar la bandera de Hidalgo y de Morelos?
Y hoy lo que se exige no es una actitud violenta, porque son otros los tiempos, pero son las circunstancias de humillación muy parecidas a las que dieron origen a la independencia, muy parecidas y ustedes están votando, por ejemplo, hoy, a favor de iniciativas que le ponen más grilletes a la larga cadena de semiesclavitud que carga el pueblo de México.
Levantemos la bandera de Hidalgo a través precisamente de la resistencia civil, pacifica, para liberar de nuevo al pueblo de México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui Miranda.
El diputado Pindaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente, honorable Asamblea:
Los diputados priístas hemos escuchado con bastante atención a los oradores de los diversos partidos aquí representados en sus diversas intervenciones. Lo digo con un profundo respeto a cada uno de ellos y pensamos que México, al igual que muchos países, ha sufrido en carne propia dolorosas experiencias de carácter religioso, político y social en general. Los saldos, independientemente de sus logros institucionales, han dejado herencias ya cicatrizadas, que sólo el paso de los años y grandes esfuerzos de conciliación nacional han permitido retomar el camino de la paz social.
La historia nos da la razón. México desea vivir en paz, fortalecer sus instituciones siempre perfectibles y asegurar un estado de derecho que nunca más padezca el enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Sólo respetando la ley y haciendo de la Constitución una observancia suprema alcanzaremos estos propósitos de convivencia con libertad y respeto a cada familia, a cada mexicano.
Todos aspiramos, sin distinción, a una sociedad más justa.
El Estado mexicano es el principal interesado en respetar la separación de la Iglesia y el Estado, así como de garantizar la libertad de conciencia y de cultos. Esto es, la libertad que cada hombre tiene para profesar la creencia religiosa que más le agrade, pero también es el primero en exigir respeto a su potestad de ejercicio del poder público, sin sujetarlo a interpretaciones secundarias de organizaciones religiosas.
El grupo parlamentario del PRI hace la más sana exhortación a la unidad nacional y ratifica su criterio de preservar y fortalecer el orden jurídico vigente. Sólo dentro de la Constitución es posible encontrar soluciones a nuestros problemas sociales, no existe otro camino. Tampoco caigamos irresponsablemente en actitudes provocadoras que pudieran afectar a nuestro país deformando su imagen o entorpeciendo su desarrollo.
Los problemas sociales se resuelven en la tierra y aquí es donde debemos trabajar, creer, crecer y engrandecer a nuestro país.
Pensemos y aceptemos que México es primero y está por encima de cualquier contienda ideológica.
Muchísimas gracias.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos, para el mismo tema.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Francisco José Peniche y Bolio, para rectificación de hechos, para el mismo tema.
El diputado Francisco José Peniche y Bolio (desde su curul):
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Después de los tamborazos libertarios que hemos escuchado desde esta tribuna y que nos hacen recordar y añorar hasta La Antorcha Encendida, que está tan en boga actualmente por los pasajes históricos que en ella se narran, comprendí que era necesario hacer algunas precisiones que llevan in vivito reflexiones sobre el tema que nos ocupa.
Yo pregunto: ¿de qué se acusa a monseñor Rivera, arzobispo de México, para que hubiera la intervención que dio origen a este debate y que no pronuncio el nombre del autor por respeto a la concurrencia? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cómo actuó monseñor Rivera para que tuviera como reacción la infortunada carta que le dirige un empleado de segunda de la Secretaría de Gobernación.
Tengo en las manos la versión exacta de la homilía pronunciada por el digno prelado. Sin embargo, no voy a tomar del texto de la homilía que poseo, sino me voy a basar respecto al dicho del citado arzobispo de lo que la propia Secretaría de Gobernación, a través de su subsecretario, expresó como términos calificativos de falta cometida por dicho clérigo.
Le dice, recordando los artículos 24 y 130 constitucionales, que no pueden los ministros de culto oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y por consiguiente tampoco podrán celebrar en los templos reuniones de carácter político. Correcto.
Esto no es más que una transcripción del 130 constitucional. Son las prohibiciones que tienen los ministros de culto al derecho subjetivo que también tienen ellos del ejercicio de su ministerio .
Y yo pregunto: ¿a qué ley se refirió el señor obispo en su homilía? A ninguna. ¿A qué institución se opuso o criticó el señor obispo? Ninguna. ¿En qué o porqué o cómo faltó a algunas de las instituciones del Estado? A ninguna.
¿Ustedes creen, los jacobinos que todavía existe, pueden todavía pensar que si hubiera cometido alguna infracción el señor obispo se hubiera limitado la Secretaría de Gobernación a hacerle una simple sugerencia para que reflexionaría, en vez de imponerle una sanción de las previstas por la Ley de Cultos? Seguramente que no.
En la conclusión de la declaración formula por el licenciado Angel Andrade Rodríguez, que es el acusador, publicada en el diario Reforma, le dice a monseñor Rivera Cabrera: "por lo anterior y con el ánimo de refrendar nuestro deseo de seguir construyendo una relación sana entre la Iglesia católica y el Estado, lo exhortamos a que reflexione sobre la obligación que todos tenemos, autoridades civiles, ministros de culto e incluso organizaciones poIíticas y sociales, a sumar esfuerzos en la transformación de nuestro país, pero dentro de los cauces de la civilidad y el derecho". Es todo, absolutamente todo, lo que recomienda la autoridad de la Secretaría de Gobernación.
De haberse cometido por monseñor Rivera alguna infracción, seguramente se le hubiera aplicado alguna de las penas a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que trae como sanciones, cuando se cometen infracciones a esa ley, el apercibimiento que no hay, multa que no hay, clausura temporal o definitiva que tampoco hay, suspensión temporal de derechos que tampoco existe o cancelación de registro de la asociación religiosa.
Señores, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. No hubo ninguna infracción cometida por monseñor Rivera, porque de lo contrario le hubieran impuesto alguna de las sanciones que he mencionado y que en el caso no las hubo. Si no hay la infracción no hay el delito. Nullun crimen sine penae. Nullun crimen sine lege. No hay ni crimen ni pena.
El 130, que es el que trae a colación el tratado, establece en su inciso c, lo siguiente: "los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto". Esta es la regla general que da la facultad a los ministros de culto de poder ejercer ministerio.
¿Qué se entiende por ejercer el ministerio de sacerdote o de obispo en el caso concreto de una iglesia denominada católica y apostólica? Lisa y sencillamente la posibilidad de llegar al pueblo con la verdad, que a través de los evangelios heredamos desde hace 20 siglos del fundador de esta iglesia corporativa, que fue nuestro señor Jesucristo y que se ha continuado ininterrumpidamente a través del Vaticano.
Ese es el derecho subjetivo público del que pueden gozar todos los mexicanos y tiene restricciones obviamente. Veamos cuáles son esas restricciones y si entre ellas se encuentra lo que haya dicho el monseñor Rivera que nos ocupa.
Las restricciones son en concreto, como me gusta resumir, las partes conducentes de una cita: "no desempeñar cargos públicos", no es el caso. "No poder ser votados", que tampoco es el caso, aunque sí pueden votar. "No asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna". Monseñor Rivera no hizo apología ni propaganda a favor de nadie, de ningún partido político, tampoco es el caso. Y por último, "formar agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa", que tampoco es el caso.
¿Qué fue en realidad lo que sucedió?, que un mexicano, porque no por el hecho de ser obispo deja de ser mexicano, que un mexicano hizo, elevó una plegaria, podemos darle esa denominación, precisamente para esa vida en común que deben tener autoridades y particulares, como expresó el diputado Píndaro Urióstegui, en un clima de paz y de tranquilidad. Eso, tan no es infracción que no fue sancionado.
Eso, además, se encuentra comprendido en la garantía individual de la libertad de expresión. Yo soy un apasionado de la libertad de expresión. Por serlo, por ser un apasionado de la libertad de expresión es quizá porque a los 70 años de edad puedo venir a esta tribuna como abogado a expresar lo que como mexicano tengo derecho, merced a mi título y he aquí una confesión que voy a hacer, que va a ilustrar a quienes no lo saben o que les va a recordar a quienes ya lo conocen.
Merced a un amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Yucatán, que pidieron amparo contra la negativa de esa universidad a que pudiéramos continuar nuestros estudios profesionales porque nos negaron por la Universidad de Yucatán, el reconocimiento de nuestros títulos de bachilleres y esa negativa provino de haber ejercido, desde aquel entonces, el derecho de la libertad de expresión. Por eso me cala muy hondo la posibilidad de decir en tribuna a estas alturas, a más de 50 años de distancia de que ocurrieron estos hechos, lo grandioso que es para el mexicano tener el derecho de la libertad de expresión que otorga, según la Constitución actual de 1917 y que reconocen las constituciones anteriores como en efecto debía de ser.
Fuimos amparados y entramos amparados a desarrollar nuestros estudios en las distintas facultades y fuimos amparados por la sala administrativa de la Suprema Corte, abriéndose las puertas con ese amparo la posibilidad de que sean autoridades responsables, órganos descentralizados, que gozan de la facultad del imperio. Y formaban parte de esa sala administrativa ministros como Teófilo Olea y Leyva, como Emilio Par Duaste, como Alfonso Francisco Ramírez y el ponente Manuel Bartlett.
Gómez Morín, en aquel entonces, auspició desde la capital de la República al grupo de estudiantes expulsados de la Universidad de Yucatán que constituimos una escuela preparatoria libre para en ella tener la facultad de ejercer el derecho de la libertad de expresión. Y Brito Foucher, rector de la Universidad Nacional de México" en aquel entonces acogió en su seno a esa escuela y fue él quien nos otorgó nuestros títulos de bachilleres.
Esa facultad de expresión es de la que ha gozado el cardenal Rivera en esta ocasión para decir en el púlpito, como puede decirse en la tribuna, que es el púlpito del civismo, lo que el mexicano tiene en sus entrañas como una de las garantías individuales más queridas, ¿cuál es? La de la libertad de expresión.
Libertad en la que los jacobinos trasnochados ven "moros con tranchetes", para ellos la intolerancia inquisitorial aún sigue vigente. Para ellos es grave pecado poder expresar lo que monseñor Rivera expresó en su homilía tan criticada y que hemos visto y vale la pena resumirlo, tomado de la propia manifestación de la Secretaría de Gobernación, que consistió en que, transcribo, sin embargo, termino con la transcripción, les ruego cuando mucho un minuto:
"La propia ley también dispone bajo el principio de la separación Estado-iglesias, que los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo. Esto en lenguaje común, es lo que se entiende por meterse en política. Para la sociedad está claro que la función de las asociaciones religiosas es la existencia espiritual al individuo y no la política.
Por eso, cuando señala que no hay obligación de tributarle obediencia y aun negársela a la autoridad, es preciso recordar el texto del artículo 3O. de la ley que señala que el Estado ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes y conservación del orden."
Monseñor Rivera se limitó a reproducir en su homilía, las palabras de Jesús: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
Y los jacobinos de este siglo y de este lugar, quieren que sea no solamente al César lo que es del César, sino que también quieren que sea para el César lo que es de Dios y eso, el mexicano consciente, conspicuo, reverente, cristiano en su esencia, tradicionalmente apasionado con sus ideas, jamás lo ha de permitir dará al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Luis Garfias, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Señoras y señores diputados:
Yo no vengo a hablar aquí en contra de la Iglesia; vengo a hablar aquí en contra de la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia que en 1810 llevó al patíbulo a los fundadores y a los padres que hicieron la independencia de esta patria: a Hidalgo, a Morelos y a Matamoros, fue la jerarquía eclesiástica que los mandó fusilar.
La jerarquía eclesiástica ha estado unida, aliada, a las causas más negras de este país; en el siglo pasado durante las guerras terribles de conservadores y liberales, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia estuvo aliada a esos grupos nefastos de nuestra patria. Ellos dieron cobijo y llevaron bajo palio e hicieron tedeums, a gente como Santa Anna, que entregó la mitad de este país a los norteamericanos; años después, monseñor Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos, fue uno de los regentes que entregó el país al emperador Maximiliano.
Entonces no podemos estar con ese grupo de gente retrógrada que se une a las causas más negativas de este país, que ha hecho su independencia a costa de la sangre de sus hijos.
En este siglo, en la Guerra Cristera, guerra profundamente popular, la alta jerarquía de la Iglesia abandonó a ese pueblo en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en muchos lugares abandonó a ese pueblo.
Y después, siendo presidente Portes Gil, monseñor Pascual Díaz, obispo de Campeche o Tabasco y posteriormente de México, hizo los tratados para terminar con esta guerra fratricida.
También en esa década sangrienta para este país, recordemos la muerte de Obregón, cuya pistola, la pistola asesina, fue bendecida por un sacerdote: el padre Jiménez.
Y recordemos a la figura nefasta de una abadesa, Concepción Acevedo y de la Yata, que llevó a un hombre valiente en lo personal, pero débil de espíritu, que fue León Toral, a matar a un hombre muy brillante; no vamos a discutir en este momento pros y contras, un hombre muy brillante que hizo, que trabajó muchísimo por este país, el general Alvaro Obregón.
No más, señores, no más ese México. Creemos nosotros que ese México ha pasado a la historia. Hoy tenemos un compromiso y creemos que la Iglesia, la Iglesia respetable debe de estar ahí en sus iglesias, no en la política.
Creo yo, que con todo respeto, la Iglesia debe respetar la política, la historia de este país y recordemos a un país vecino que nos es muy caro por muchas razones: España. España en el siglo pasado tuvo las guerras carlistas y en este siglo, se alió con Franco e hizo la famosa Cruzada Nacional que produjo ríos de sangre, profundos sufrimientos al pueblo español, aliado con los grupos más negros y más nefastos de aquella España.
Por eso, señoras y señores, por mi convicción, creo que la Iglesia es respetable, pero que las jerarquías deben de comprender el momento crítico en que nos enfrentamos, que deben de respetar que en México se debate y que no queremos volver a esas páginas difíciles, sangrientas, duras y negras que hemos ya superado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Abel López Sánchez, para el mismo tema.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Gracias, señor Presidente:
Venir a esta tribuna para polemizar sobre un asunto de trascendental importancia en la vida política tanto de la historia de México como actualmente, es realmente difícil. Sin embargo, en virtud de las diferentes confusiones que se han dado por diferentes diputados que aquí han acudido a esta tribuna para exponer su opinión en torno al discurso politico que se emitió el pasado domingo por el arzobispo Rivera y ante alguna participación de algunos diputados en su opinión de que si es positiva o es negativa, que si la Iglesia, puede, debe o no participar en política.
Hoy me encontré un artículo escrito por la diputada Ofelia Casillas, en un periódico de circulación nacional y sólo quiero leer algunos párrafos del mismo, que estipulan de parte nuestra, como fracción priísta, lo que pensamos de la intromisión o no en los asuntos públicos y políticos, de la jerarquía católica. "Hace muchos años-escribió la diputada Casillas-los mexicanos decidieron y solucionaron, definitiva y respetuosamente, la diferencia entre un púlpito religioso y una tribuna o estrado político.
En ese sentido, cual fuese el problema, tiene solución. Quien posea inquietudes o aspiraciones políticas puede afiliarse a la tribuna del partido político de su preferencia. Los púlpitos religiosos en México, por comprensibles y razonables experiencias históricas, no pueden ni deben ser plataformas de expresión política. La pluralidad política y religiosa, propia de nuestra nación, es una clara característica de nuestra libertad, libertad que puede caminar junta pero no revuelta.
La madurez, la seriedad, la prudencia, la reflexión, el apoyo a la ley, son perfiles de una personalidad como la del arzobispo Norberto Rivera Carrera, quien es el primero en saber la importancia de respetar la decisión de los mexicanos, a los que no asiste la duda de confundir los escenarios propios de la política y de la religión.
En términos de nuestro estado constitucional, ambos escenarios son partes que se complementa pero que no se sustituyen entre sí."
Hasta aquí termino la cita y las palabras escritas por la diputada Casillas.
Desde mí punto de vista no se vale, no se puede, no se debe utilizar y como aquí llaman ciertos diputados, no se debe utilizar la tribuna divina de Dios para hacerlo en contra de un partido político. Mucho menos utilizarla para la rebelión en un país y mucho menos para utilizar esa tribuna en contra de un Gobierno civil como el que tenemos en México.
Y para concluir, aquí algunos diputados, como el diputado Sánchez Aguilar, de la fracción Social Demócrata, vino y criticó precisamente la intromisión de la Iglesia en los asuntos del Estado y en los asuntos políticos.
El diputado Mauro González Luna habló de que la Iglesia no sólo puede, sino que debe participar en los asuntos públicos y políticos del país.
Un diputado de Acción Nacional, el diputado Cárdenas, establece que se debe fincar los limites de uno y otro, del Estado y la Iglesia, dé que se de la auténtica separación del Estado con la Iglesia.
Nuestra fracción ha sido muy clara de manera reiterada y durante muchos años, la historia de este país lo registra, de que nosotros no aceptamos la intromisión de la Iglesia en los asuntos políticos y en los asuntos públicos del Estado.
Por lo tanto, compañeros, en virtud de que cada fracción, cada uno de nosotros tiene diferentes opiniones sobre la participación o no de la Iglesia y sobre todo de los límites que debe tener la Iglesia en su participación en los asuntos del Estado, yo considero que están sentadas las bases entonces para que abramos una discusión nacional, una reflexión nacional y analizar, poner en la mesa de las discusiones la participación de la Iglesia en los asuntos públicos.
Aunque la Constitución no establece claramente cuales son los limites, pero cada fracción ha emitido aquí su opinión, volvamos, pues, discutámoslo, pongamos el 130 en la mesa de la discusión y caminemos hacia allá. ¡Y establezcamos con claridad cuales son los límites de la participación de la Iglesia y cuales son las facultades que el Estado tiene para actuar cuando se violan los derechos constitucionales y en este caso se violan los artículos que la propia Constitución establece: los derechos y obligaciones de los ciudadanos, que eso no está a discusión, diputado Peniche!
¡Los derechos de cada ciudadano no están a discusión. Aquí está a discusión la intromisión de la Iglesia en los asuntos públicos del Estado!
Muchas gracias.
El Presidente:
La diputada Consuelo Botello, para el mismo tema.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Señor Presidente; señores diputados:
Me parece que una de las características fundamentales de un legislador y de los legisladores que venimos aquí a este Congreso a tratar de hacer las mejores leyes para los mexicanos, debe ser la congruencia, debemos ser congruentes señores.
Me parece que aquí ha faltado congruencia y oigo al compañero que acaba de hablar. Pero quiero empezar diciendo que me parece que aquí se ha hecho mucho ruido por conveniencia, ruido para tender una cortina de humo frente a problemas más serios que estamos viviendo y que nos están exigiendo la sociedad y los tiempos a esta legislatura y al Ejecutivo de la nación y que no se han cumplido y es bueno usar distractores para borrar del pueblo la memoria de las cosas más importantes, pero no se olvida.
Entonces, yo quiero decir aquí acerca de esa congruencia, que ese ruido lo hace la Secretaria de Gobernación y los diputados del partido oficial cuando quieren, cuando les conviene; cuando no les conviene, ni siquiera se oye un suspiro ni un espasmo ni un movimiento en contra de ciertos hechos y voy a relatar concretamente lo siguiente.
Y le voy a decir al compañero que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, que estaría muy bien que asesorara al jefe nacional de su partido para que le explicara muy bien que no debe haber una interferencia tan marcada entre los políticos y los religiosos, que no debe tratar de confundirse la vida política con la vida religiosa. Porque fíjense aquí, en Monterrey, en septiembre, en la celebración oficial de los 25 años de episcopado del cardenal de Monterrey, precisamente en esa celebración oficial del presidente del episcopado mexicano, los invitados eminentes a esa reunión fueron precisamente el presidente nacional del PRI, el señor Oñate, el presidente estatal en el Estado de Nuevo León, el subsecretario de Gobernación y no el de asuntos religiosos, el licenciado José Natividad González Parás; el gobernador de Nuevo León y en fin, los más altos dignatarios del partido oficial eran los más distinguidos invitados a ese evento y claro, no tiene nada de malo, tenía ciertas inclinaciones partidistas, pero eso es secundario.
Lo que quiero decir es que ahí, ante el extrañamiento de algunos organismos de la sociedad civil y de algunas críticas de católicos, ciudadanos católicos del Estado, pues nadie se hizo eco ni en Gobernación ni en ninguna parte, les pareció perfectamente conveniente y jamás nadie pensó en que ahí había una intervención partidista, muy partidista, en la política de mi Estado, que está en vísperas de elecciones generales el año que viene.
Esto es lo grave del asunto, que nada más a conveniencia de los miembros de algún partido y de la Secretaria de Gobernación y de algunas otras autoridades civiles, hacen ruido cuando les conviene y cuando no se quedan totalmente callados.
En ese evento fue invitado el presidente municipal de la ciudad de Monterrey, el alcalde de ahí fue invitado no por ser panista sino por ser presidente de Monterrey y cuando llegó casi se retira, porque creía que ese evento no era la celebración episcopal del señor cardenal, sino creía que era un evento del partido oficial.
¡Señores, yo no me asusto de esto y creo que los políticos que de veras entendemos las relaciones que se dan en la sociedad no nos asustamos, pero que no vengan aquí a querernos decir que en una homilía donde el señor arzobispo solamente denuncia lo que debe denunciar una autoridad moral como la de la Iglesia, en persona y en voz de su arzobispo, eso que dijo no es para que todo mundo se rasgue las vestiduras y vengan a decir aquí los del partido oficial que ellos entienden muy bien la separación de lo político y religioso, que le den una repasadita a su historia y verán lo que pasa.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Jorge Abel López Sánchez, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Gracias, señor Presidente; señores diputados:
Con el debido respeto que usted me merece, creo que usted confunde lo que son los púlpitos, los púlpitos religiosos y lo que es un evento social; el hecho de que un clérigo o que un sacerdote o un cardenal vaya a una reunión social, con presidentes de partidos políticos de cualquier partido político, eso no quiere decir que esté violando la ley, lo único que nosotros estamos remarcando aquí, es que la ley establece con toda claridad las limitaciones que tiene cada uno, que tiene el Estado y que tiene la Iglesia; lo que nosotros no estamos de acuerdo es que la Iglesia se entrometa en los asuntos políticos del país, porque tenemos en nuestra historia ejemplos claros de lo que ha sucedido cuando la Iglesia se ha entrometido en los asuntos políticos de nuestro país.
Por lo tanto yo sólo le pido a usted que no confunda, no confunda usted asuntos religiosos con asuntos sociales, son cosas muy diferentes o no sé si usted ha ido a la iglesia y ha ido a una fiesta popular, yo creo que son cosas muy diferentes.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, la diputada Consuelo Botello, hasta por cinco minutos.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
No, yo no confundo eso, los púlpitos o los púlpitos, no, yo no los confundo absolutamente, sé muy bien de qué se trata en una cosa y de qué se trata en otra, pero yo creo que ustedes tampoco deben confundir cuando de veras se da una intromisión en función de lo que dictamina la Constitución y las leyes secundarias que reglamentan este 130, no deben confundir una cosa con otra y tan no lo confundió la Secretaría de Gobernación, que no se atrevió a presentar una demanda y una sanción porque si de veras, como lo dicen ustedes, se está violando la Constitución, pues hombre, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobernación que tiene toda la autoridad para sancionar.
No lo hace, se concretó únicamente a querer reprender, lo que no debe hacer un funcionario de esa altura, debe hacer valer la autoridad, si cree que está cometiéndose un delito o una falta a la Constitución, que es la ley soberana nuestra.
Así que no hay confusión y además tampoco confundo, yo sé muy bien lo que son las reuniones sociales, pero habría que ver quién las organiza. Fueron organizadas por un señor que está aquí en México y que en cierta forma, pues es enviado del gobernador de Nuevo León y él fue el que estuvo haciendo las invitaciones por teléfono, personalmente a los que estaban lejos y personalmente a los que vivían cerca; estuvo haciendo las invitaciones, no fue el cardenal el que hizo la invitación de tales dignatarios políticos, no, fue un político que organizó ese evento.
Entonces, he ahí que no era una cuestión social tan inofensiva, era una celebración oficial donde lo que menos debía haberse visto, porque el pueblo de Nuevo León no le pareció suficientemente explicable que se reunieran en víspera de elecciones tan importantes para el Estado, la autoridad religiosa y los principales políticos del partido oficial, eso fue lo grave.
Así que no hay confusión diputado, hay una claridad extrema en lo que se hace y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que acusamos, aquí no hubo violación constitucional, aquí no hubo delito como lo acaba de demostrar muy claramente el maestro Peniche, aquí lo único que hay es ganas de molestar, cosa que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, con la Iglesia o con la autoridad, la jerarquía eclesiástica y por algo será, me gustaría que nos explicaran sus motivos, aunque los políticos que tenemos cierta suspicacia empezamos a comprender por dónde van las cosas.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros del PRI; compañeros del Bronx del PRI; compañeros del PAN, del PT, mis compañeros:
Estamos abordando un problema que es fácilmente desbordable y cuyas consecuencias son poco previsibles y posiblemente muy costosas para el pueblo de México.
Hago un llamado a la serenidad, a la tolerancia y a la capacidad política de todos ustedes que son profesionales y que han dado muestra de esa responsabilidad.
Pocos diputados han tenido la oportunidad de vivir la experiencia directa de la evolución política de monseñor Rivera. Yo me precio de conocerlo, de haberlo vivido y de haber tenido, en su momento, en la elección por el VI Distrito de Tehuacán, Puebla pues, la oportunidad de tratarlo y consecuentemente de ver cómo se inclinaba a favor del candidato del PRI. Vine a esta tribuna a hacer las denuncias pertinentes y ciertamente el diputado de esa legislatura fue Antonio Haddad y no me correspondió a mí el privilegio de representar a mi pueblo.
Digo que he visto su evolución y la respeto y me congratulo, porque de las posiciones que asumía en el arzobispado de Tehuacán a las que hoy representa, siento que ha asumido una responsabilidad social que le corresponde.
El compañero del PT ha hecho una alusión impropia creyendo que nos va a retar y nos va a provocar si nosotros no asumimos su posición. Está equivocado, aquí hay compañeros en el Partido de la Revolución Democrática que tienen una larga vida en la oposición, como el compañero Pino, cuya actividad política es bien clara.
No digo que desafiamos al compañero del PT, pero sí lo convocamos a que sea más cauto con sus generalizaciones. Convocamos a los compañeros del PRI a ser más cautos para que su experiencia personal y su descripción de hechos no las conviertan en leyes universales. Creo que todos podemos dar mucho para solucionar un mal momento en que ha caído la relación Iglesia-Estado por falta de comprensión, de tolerancia, por falta de incongruencia, de incapacidad para ser coherente y aplicar la ley de manera consistente y permanente y no permitir que en determinado momento se quiera aplicar y prender la hoguera para encender al país.
Creo que somos un pueblo religioso, profundamente religioso; sabemos distinguir lo sagrado y lo profano, como dice el filósofo Ersia de Millea, y que ese respeto al pueblo mexicano nos obliga a ser sensatos, nos obliga a ser sensatos para que no se aproveche con fines electorales ni con propósitos partidarios lo que pudiera ser una sangría para el pueblo de México.
Monseñor Rivera, ciertamente, y nuestro compañero del PAN, Peniche y Bolio ha ilustrado a esta soberanía lo que era necesario. No hubo intromisión, hubo difusión de una doctrina.
La Ley Electoral prohibe a los sacerdotes, señor Presidente, se me agotó mi tiempo, pido si me autoriza la asamblea continuar, no sé que diga el Bronx.
El Presidente:
Continúe, señor diputado.
El diputado Franclsco Antonio Tenorio Adame:
La Ley Electoral solamente prohibe a los cléricos hacer proselitismo en el área, en la circunscripción de su parroquia, es lo único que dice la Ley Electoral y claro, esto es un tanto limitado y es un tanto evasivo, porque los sacerdotes también pueden hacer política fuera de sus parroquias y de esa manera eludir la responsabilidad del Cofipe.
Es el problema que enfrentamos, ciertamente tiene aristas históricas, tiene aristas legales, pero sobre todo tiene el problema que representa los valores éticos de un Gobierno.
El llamado que hizo monseñor Rivera fue el acatamiento a la legalidad, el acatamiento a la ley, el respeto a los valores supremos, a los valores fundamentales del hombre e invocó, a su vez, al obispo de Hipona, a Santo Tomás de Aquino ciertamente, pero no se confunda esto con un llamado directo a la rebelión como aquí se ha dicho; no se confunda porque si bien el planteamiento de Santo Tomás de Aquino es en torno a la justicia que debe de existir en torno entre gobernados y gobernantes y si no el derecho del pueblo a deponer al gobernante, esto también existe en nuestra Constitución y si esto se llama derecho a la rebelión, esto está consagrado en la Constitución, y un pueblo ofendido y un pueblo dolido y un pueblo con hambre y un pueblo sin trabajo y un pueblo que paga una deuda exterior indebida, es un pueblo que tiene sus derechos consagrados en la Constitución y en todos los pueblos existen estos derechos.
El artículo 39 de la Constitución nos dice que el pueblo tiene todo el derecho de transformar y darse la forma de Gobierno que le corresponde y el artículo 135, 133, dice que la Constitución no pierde su vigor a pesar de que en algún momento no pueda ser aplicada. Y en la Constitución de Alemania, en el artículo 20 existe claramente definido el derecho que el pueblo tiene de no obedecer a las autoridades.
¿Porqué existen estos derechos?, la experiencia de Alemania es clara, porque una Constitución depuesta por el fascismo llevó a más de un centenar de millones de vidas en el mundo a que fueran privadas de esa existencia en el peor de los holocaustos, solamente superable por el holocausto que ha vivido nuestra América india.
Por eso es necesario que frente a esta crisis que se está enfrentando, que se está viviendo, que la están viviendo los mexicanos, sean católicos o no, sean religiosos o no, sean parte del Gobierno o sean mandantes, requerimos, demandamos un estado ético, un estado de valores. No se trata de adelgazar el estado o de minimizar al estado, no se trata de la economía paraestatal o de la intervención del Estado en la economía, se trata del valor supremo, el estado ético, el estado de los valores, el de la verdad, no el del doble discurso, el de la legalidad, el de la legitimidad, el de la tolerancia y el de la congruencia.
Es en esa razón que agotado mi tiempo solamente término, señor Presidente, le ruego que me permita leer las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, que hoy, se lo solicito vehementemente al Bronx, de manera muy breve.
Dice: le preguntan a Cárdenas. "La Secretaría de Gobernación advirtió ayer que si el señor Rivera reincide le aplicarán sanciones. ¿Qué opina.
Yo no veo a nadie con los pantalones para ir a cerrar la Catedral. Dijeron que iban a clausurar donde trabaja el señor Arzobispo de México.
Pregunta. ¿Por qué el Gobierno actuó de esa manera contra Norberto Rivera? Considero que por torpeza, porque debieran existir posibilidades para quien quiera que sea, ministro o no, de cualquier culto, pueda expresar cualesquier idea y esto no debiera significarle a nadie un problema. Si tenemos hoy limitaciones en la ley para ciertos mexicanos, considero que esto debería de revisarse, que debería quitarse todo tipo de limitaciones. Yo considero que debería revisarse y quitarse este tipo de limitaciones.
Los ministros de culto deberían tener la posibilidad de ejercitar todo tipo de derechos como los tenemos los mexicanos que nos dedicamos a otra cosa.
Pregunta. ¿La sotana no debe ser un impedimento? Yo considero que en esta época no debería haber impedimentos de ningún tipo por una creencia religiosa o por pertenecer al ministerio de cualquier culto, para que se limiten los derechos políticos de nadie.
Eso pertenece al siglo pasado, le dicen, contesta, hay razones históricas para entender por qué en México la legislación se dio como se dio, pero también hay tiempo en que las cosas deben cambiar y yo no veo porqué los temores a quienes han participado en la política, como son los ministros de culto religioso, sobre todo que han sido activos en la vida política. No debiéramos quitar toda restricción legal para que pudieran participar plenamente y asumir por lo tanto plenamente también sus responsabilidades.
Pregunta. Si las iglesias no caminan al lado de la sociedad, ¿qué pasará con ella? Pues se quedarán rezagadas como cualquier otra. Yo diría que mientras más diversificada la vida política y más amplia esa vida política, es más sano para el país en lo general".
No acostumbro a dar las gracias, pero si a dar reconocimientos al Bronx que me permitió concluir de manera serena esta intervención y por lo tanto reconozco esta razón de afecto.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa (desde su curul):
Señor presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Quiero referirme, así como lo anunció el Presidente, como rectificación de hechos, a la intervención histórica que aquí hizo el señor diputado, cuyo texto sobre la historia militar tengo en mi casa, estaba leyendo los dos últimos capítulos que él realizó, pues me parecía un hombre capaz de relatar los hechos tal y como sucedieron. Pero vengo a encontrar aquí en su interpretación histórica que sucede lo que le sucede a muchos historiadores, interpretan los hechos desde su punto de vista, y por esa interpretación categóricamente afirman que así fueron y la interpretación histórica ciertamente no siempre coincide con los hechos como fueron yY en este caso creo que el señor diputado no hace coincidir su interpretación con el acontecer histórico.
No fue la Iglesia la que mató al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla; no fue la Iglesia la que en Ecatepec asesinó o fusiló a don José María Morelos y Pavón; no fue la Iglesia la que fusiló a don Mariano Matamoros, los tres miembros de la jerarquía eclesiástica, porque la jerarquía eclesiástica, señor diputado, inicia con los diáconos y ellos eran párrocos y párrocos muy respetados los tres, miembros de la jerarquía eclesiástica, por lo tanto, pero quien los fusiló fue el poder, el poder que, como ese poder que ustedes ostentan, en ocasiones intolerante, no sabe escuchar las voces del pueblo que claman y exigen cambios.
Y así como el poder español, el poder colonial fue incapaz de entender la historia que exigía un cambio, así el poder del que forma parte el señor general, hoy parece no entender que la historia exige un cambio, que la historia exige cambios.
Pero además, la jerarquía eclesiástica en este país la formaron los ilustres don fray Juan de Zumárraga, el licenciado y obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, el señor Ayala, en Guadalajara, don Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, cuya monumental obra, el Hospicio Cabañas, es testigo y testimonio de la caridad cristiana que este obispo encamaba y al que impulsó su pueblo durante su gestión como obispo.
Y podría aquí ser larguísima la lista de miembros de la jerarquía eclesiástica que han servido con generosidad y denuedo a esta nación, a este país y a este pueblo.
En la actualidad los hay, en la actualidad existen, sus nombres ahí están, sus hechos los conocemos.
Ciertamente no es la jerarquía eclesiástica la que ha dañado la historia del país; la jerarquía eclesiástica puede tener dos o tres miembros de la misma que hayan fallado a su misión, pero en general la jerarquía eclesiástica ha servido a México, a servido a su país y ha contribuido a la realización de nuestra historia.
No fue la jerarquía eclesiástica la que asesinó a Obregón. Eso ustedes lo saben, y un diputado en la Cámara de Diputados le grito "bribón" a Plutarco Elías Calles, porque León Toral sólo, dicen, pudo dar dos tiros y los 30 y tantos tiros que tenía el cuerpo de Alvaro Obregón, ¿quién se los dio? Los enemigos políticos, los que enseñaron a eliminar a sus adversarios políticos con las balas, porque no fueron capaces de tolerar su pensamiento o sus propósitos políticos.
Esos son los que eliminaron a Obregón y lo saben ustedes y lo sabe el señor diputado, porque es militar. No pudo León Toral asestarle la decena de tiros que le dieron en el cuerpo de Obregón. Falsedad en la interpretación de que fue la jerarquía eclesiástica.
Y la madre Conchita. Bueno, pues la madre Conchita no es de la jerarquía eclesiástica, dice usted, es una religiosa. Una religiosa sobre la que se han tejido una serie de mitos, porque así es, no está bien investigada realmente su función. Pero lo más que hizo ella fue ser una mujer, como muchas bravías mujeres de Jalisco, de Michoacán y de Guanajuato, que al no poder ir a combatir en el campo para la defensa de la libertad religiosa, alimentaron a aquellos bravos soldados que defendieron y demostraron lo que somos capaces, quienes tenemos una fe profunda y arraigada, cuando se nos ataque en nuestra libertad religiosa.
Somos capaces y seremos capaces de dar nuestra vida por nuestras creencias religiosas, como lo hicieron nuestros antecesores, entre ellos, mi abuelo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Compañeros diputados:
Me hago una pregunta de fondo, el tema es extraordinario, la discusión filosóficamente, políticamente, educativamente, pero tenemos que diferenciar cosas.
Decía Giordano Bruno a finales del Siglo XVI: "sólo Dios conoce el mundo porque el lo construyó". Aquí, compañeros, puede haber muchos compañeros, muchos ciudadanos que crean que Dios conoce el mundo, por el hecho de que es Dios y por lo tanto omni sapientey y yo respondo, que haya compañeros que crean que Dios conoce el mundo, porque es Dios, pero también habemos otro tipo de ciudadanos, que haciendo uso de Giordano Bruno, diríamos que Dios conoce al mundo porque lo construyó y el secreto del saber no está en que es Dios, sino el secreto del saber está en porque lo construyó, está en las condiciones históricas, sociales, económicas, que condicionan los procesos del construir y ahí está el problema, ahí está el problema.
Tenemos que ser tolerantes en que alguien crea que el saber está depositado en una figura extraterrenal que es Dios, pero también hay que ser tolerantes con los que consideramos que el saber está en otro ámbito del quehacer humano.
Aquí escucho compañeros que vienen y dicen que el espacio de la divinidad debe ser respetado, y yo respeto al compañero que dice eso. Sólo que yo soy de los que pienso que el espacio de la divinidad se construye en la terrenalidad y también pido que se me respete.
Pero, miren ustedes, si nos vamos a la historia, todos estarán de acuerdo que la inquisición marcó durante siglos procedimientos y actitudes ante el saber y ante las actitudes de los seres humanos que serian intolerables actualmente permitir que esas cosas sucedieran. Podría decirles a todos los compañeros y particularmente a mi amigo Peniche y Bolio, que no fue muy afortunado mencionar el nombre de Brito Foucher aquí, porque Brito Foucher como rector de la UNAM, encabezó una cuadrilla de ganster y Brito Foucher era una de las personas que decía que Alemania y México estaban destinados a grandes hazañas en la historia y Brito Foucher ocasionó un movimiento estudiantil civilizatorio en contra de las formas y de las conductas de actuar como rector de la Universidad, que ocasionó la construcción de la Ley Orgánica de 1944, que por cierto ya es hora de que se actualice.
El oscurantismo no puede ser permitido en ningún espacio de la vida política. Yo no puedo, bajo ningún concepto estar de acuerdo con ningún gobernante que prohiba la minifalda y no es el problema del tamaño de la falda, es el problema de lo que está atrás en alguien que le da por estar prohibiendo cosas, porque tenemos derecho a ser tolerantes y porque no podemos permitir, como decían los estudiantes franceses de 1968, con justa razón "está prohibido prohibir" y filosóficamente es muy interesante el juicio.
Por ejemplo, compañeros, cosas graves se han cometido en nombre de Dios y cosas graves se han cometido también en nombre de la nación. El 2 de octubre de 1968 se intentó justificar en nombre de los intereses de la nación y los acontecimientos de Canoa, en Puebla, se cometieron en nombre de Dios y no podemos permitir ninguna de las dos cosas.
La religión postula la verdad, la ciencia busca la verdad. Yo respeto al que cree en que la verdad se postule, pero en un sistema educativo público no podemos permitir que las cosas se postulen y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo no puedo permitir, como diputado, que a los niños en las escuelas se les diga que nosotros venimos de Adán y Eva y me gustaría a mí, y voy a luchar por eso, para que científicamente se explique la teoría de la evolución de Carlos Darwin, y no estaría de acuerdo en que suceda lo que narra una hermosa película que se llama "Heredarás el viento", en donde a un profesor por dar la teoría de Darwin le abrieron un juicio y lo metieron a la cárcel en el sur de Estados Unidos.
Creo que no estamos a estas alturas del desarrollo científico para permitir ni una cosa ni la otra; en nombre de la nación no se asesina a nadie en este país y en nombre de Dios no quiero ver acontecimientos como los que sucedieron en Canoa, Puebla. Quien no conozca los acontecimientos puede rentar la película, se llama "Canoa".
Ahora bien, Hidalgo y Morelos, decía mi compañero Mauro González Luna, Hidalgo y Morelos fueron individuos, ciudadanos que se rebelaron contra una opresión y conquistaron nuestra independencia y esa discusión es fantástica; a otros ciudadanos que se han rebelado por la independencia y que no han sido curas, también los han fusilado en este país y ésas son las cosas que no debemos permitir en un país civilizado y menos como diputados.
Yo personalmente no puedo permitir, y quiero que respeten mi opinión, que el Papa haga campaña contra el uso del condón, cuando estamos viendo que miles de jóvenes se mueren por SIDA. No lo puedo permitir y quiero que me respeten y quiero que lo discutamos científicamente y que veamos lo que le está pasando a los jóvenes y pido que me respeten.
Si el arzobispo incurrió en delito, corresponde a la Procuraduría General de la República tipificarlo y actuar y que Lozano Gracia actúe, con la gracia o sin la gracia, pero que actúe y si Lozano Gracia se equivoca, voy a venir a esta tribuna a defender al arzobispo, como he venido a defender a los presuntos zapatistas que Lozano Gracia tiene en la cárcel y no le estoy imputando a Lozano Gracia ninguna militancia, es el procurador, una cosa es el clero como institución y otra cosa es los hombres como Samuel Ruiz, que lucha por la defensa de los pueblos indios y que el clero como institución, ustedes lo saben mejor que yo, una parte del clero, trata de golpear a Samuel Ruiz.
Ni el clero es monolítico ni el PRD es monolítico ni el PRI es monolítico ni Acción Nacional es monolítico. Aquí no podemos tener mentalidades monolíticas.
El Presidente:
Por favor, redondee su intervención señor diputado.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Roca:
Concluyo.
Está bastante redondeada por cierto, señor Presidente .
Debemos hacer valer los valores de la República; aquí en esta tribuna han venido diputados a acusar a Acción Nacional, de ser grupo clerical que ha propiciado en la universidad o que propició en la universidad el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el MURO. Pero nadie ha venido, de los mismos que acusaron a Acción Nacional de promover al MURO en los años sesenta, nadie ha venido de los diputados del PRI a acusar a la Secretaría de Gobernación, de que en aquellas épocas y hasta los años setenta promovían y financiaban a los grupos de porros universitarios como el "Pancho Villa".
Por lo tanto el problema es, venga de donde venga, no se pueden legitimar esas cosas ni en nombre de Dios ni en nombre de la nación ni en nombre de la Secretaría de Gobernación.
El movimiento cristero, lástima que mi amigo y compañero González Luna se fue, empezó al grito de ¡Viva Cristo Rey! pero cualquier estudioso sabe que terminó gritando ¡tierra y libertad! Por lo tanto, hay mucho que estudiar sobre el movimiento cristero.
Concluyo, señor Presidente.
Si Juárez no hubiera muerto, sin lugar a duda compañeros del Bronx, Salinas no hubiera sido presidente; si Juárez no hubiera muerto, Prigione no dictaría algunas directrices sobre lo que los mexicanos debemos hacer o no hacer; si Juárez no hubiera muerto, habría una política firme en educación que privilegiara una educación científica, una explicación racional del universo y del hombre y de la sociedad y en eso todos debemos estar de acuerdo y que cada quien crea lo que quiera, lo que quiera.
Si alguien actualmente cree que la tierra es cuadrada, pues que lo crea, pues ¿cuál es el problema? Pero eso no se lo podemos enseñar a nuestros hijos; no se lo podemos enseñar; eso no puede ser política pública. Pero como Juárez murió, nadie parece que pueda defender el carácter laico de nuestro Estado. Sigamos siendo juaristas y al mismo tiempo tolerantes.
A Juan Pablo II, hay que imponerle una política de salud pública y al Estado mexicano que respete los postulados fundamentales de nuestra laicidad revolucionaria.
Concluyo: el problema es una posición de instituciones y no de personas, aquí se trata de que la Iglesia como institución respete a la institución de la República, así como la República respete la función de la Iglesia. Pero nuestras funciones como diputados son distintas y si las seguimos confundiendo, la confusión no contribuye a pacificar al pais; la tolerancia mutua entre todos pero también pertinencia mutua, compañeros.
Y que actúe Lozano y si se equivoca, sigamos defendiendo a los presos políticos, compañeros, vengan de donde vengan.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Serafín Núñez, del Partido del Trabajo.
El diputado Serafín Nuñez Ramos:
Quiero advertir de antemano, señoras y señores diputados, señor Presidente: que no esto capacitado para un debate teológico; en parte hay tintes de éste tipo de debate y porque además entiendo que este no es el ámbito para un debate de esa naturaleza.
Las generalidades en el terreno de la historia , de las ciencias sociales son peligrosas siempre y hay muchos dados a hacer afirmaciones genéricas.
Si nos referimos, por ejemplo a la práctica histórica de la institución llamada Iglesia católica, tenemos mucho que decir. En nuestro país hay una constante, ya no hablemos de la historia mundial; la asociación de la Iglesia católica con el poder político, primero con la dominación colonial y después, de la Independencia en adelante, asociada con grupos y políticos en la lucha por el propio poder político.
Pero hablar del pasado y de la historia ahora, en este debate, es desviar el sentido de este debate, es enturbiar el sentido de este debate e impedir la comprensión de lo que está ocurriendo.
Seguramente se podrán encontrar momentos adecuados para debatir en relación a concesiones históricas y a la historia misma. Por eso a mí me parece que para volver a centrar este debate, hay que analizar la homilía. Aquí algún diputado vino a analizar la respuesta de Gobernación al arzobispo y yo pretendo hacer un análisis de la homilía en detalle, para ver si el arzobispo de marras atropelló la ley con lo que dijo. Entonces se necesita estudiar el caso en su concreción.
Y esta homilia, se plantea un problema central, es un problema teórico, es el problema que se concreta en la siguiente pregunta que el arzobispo se hace: ¿puede la Iglesia meterse en la política? El señor arzobispo no ha definido en toda la homilía, qué entiende por "meterse en la política" ni lo que sería para un alto prelado de la Iglesia católica, la política misma, como concepto. No estoy diciendo que en la doctrina social de la Iglesia no existe esta definición; pero el señor arzobispo aquí, no habla de esto.
Entonces ¿qué estará entendiendo él cuando se plantea si la Iglesia puede meterse en política? Probablemente se pueda deducir a continuación y también se plantea si la Iglesia debe hacerlo. Es una duda en relación a esto.
Para responder a esta pregunta crucial, el religioso no recurre al principio, no apela a las teorías de la doctrina social cristiana, católica, sino al evangelio puro, a la palabra directa de Cristo, y después de interpretar esa metáfora de Cristo, es cuando hace planteamientos de doctrina social posterior a Cristo. Es decir, él se responde con la famosa metáfora aquélla de Jesucristo, que de acuerdo con el evangelio dijo:
"Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Según el arzobispo, estas frases encierran la respuesta que la Iglesia católica da al problema de la relación entre la política y la religión, por una parte o como dice él: "De la fe con la vida", en otro momento.
Pero claro, que el señor arzobispo, como en todo texto religioso, él hace su interpretación de lo que Cristo dijo cuando dice:
"No es necesaria la separación entre religión y política, entre la Iglesia y el Estado". No quiere decir contraposición y menos mutua negación. Según muchos otros intérpretes, Cristo quiso decir exactamente lo que dijo, es decir, dad al estado romano lo que es del estado romano y dad a Dios lo que es de Dios.
Esto tiene que ver también con otra afirmación: "mi reino no es de este mundo". Es decir, aquí está claramente delimitada esta relación y separada ciertamente. De tal manera que la interpretación que el obispo le da es una interpretación que se basará en el desarrollo ulterior de la doctrina social del cristianismo católico y esto lo dice en los siguientes tres puntos que voy a señalar muy rápidamente:
1. La primera afirmación rotunda de Jesús es una rotunda defensa del respeto y la obediencia que debemos a la autoridad civil legítimamente constituida o aceptada por el pueblo. Esta segunda parte de la frase ya es parte, es una conclusión a posteriori de la época originaria en que según el evangelio Cristo hablo en relación a "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".
Porque en aquel contexto histórico, si es que esto puede ser histórico, muchos dicen que no lo es. Yo no voy a discutir eso en este momento, cuando Cristo dijo esto los judíos vivían la más terrible de las opresiones romanas, de un imperio que se imponía a punta de espadas y Cristo a pesar de eso les dijo y les ordenó: "obedeced al poder temporal: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". Entendiendo que esto era una esfera de otra naturaleza y se trataba de un mundo distinto.
Por último, entonces ya la segunda parte es resultado de la evolución de la doctrina cristiana, digamos más allá de la doctrina originaria y que tiene qué ver ciertamente, como lo dijera aquí el diputado que es muy amigo del Bronx... ¡Tenorio Adame! Aqui ya el señor arzobispo está remitiéndose a una nueva interpretación de esta frase, basada precisamente en santo Tomás de Aquino.
Aquí dice: "el poder del gobernante no tiene más función que el servicio efectivo al pueblo que lo eligió o aceptó, cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar..." etcétera; etcétera.
Bueno, yo nunca hago esto, puede ser arbitrario. Señores diputados, señor Presidente, quiero que me permitan terminar y para esto pues, voy a apelar al recurso supremo, al que todos ustedes siempre recurren: ¡al 103! Espero no utilizar todo ese tiempo.
Bien. Pero más adelante hay otros matices. Es decir, era necesario hacer un análisis del propio documento del señor obispo. Dice aquí: "aunque tiene como causa de su autonomía-se refiere al Estado-, la autoridad civil, el bienestar social...". Dice: "Este mismo bien exige que respete la ley natural el proyecto de Dios sobre el hombre y no se oponga a él con leyes inhumanas o injustas".
Yo aquí tengo algunas observaciones sobre el texto. En primer lugar, el señor obispo otorga a su Iglesia el uso exclusivo de la doctrina cristiana y se olvida de que existen muchas iglesias y todas ellas cristianas y claro, es comprensible por qué lo hace.
En segundo lugar, el Estado laico, el Estado mexicano, no se plantea respetar a Dios. Eso es asunto de la teología, está fuera de los planteamientos que el Estado se hace. El Estado se plantea respetar y hacer respetar el derecho y la libertad de los ciudadanos para creer en la religión que elijan o no creer en ninguna y para garantizar que los ministros de los cultos religiosos ejerzan su ministerio con plena libertad. Ese es el terreno en el cual el Estado sí tiene que decir algo, mas no en el respeto a Dios ni en los proyectos de Dios, que son conceptos puramente eclesiásticos.
Porque ¿cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre? ¿Por qué el Estado deberá respetar ese proyecto? ¿Es un proyecto de Dios o un proyecto de la alta jerarquía católica o de una institución corporativa llamada Iglesia.
Entonces, señoras y señores diputados, quiero referirme a tres puntos que aquí se han tocado. Alguien habló de que debemos..., de que la jerarquía eclesiástica, la alta jerarquía eclesiástica, para ser más preciso, señor diputado del PAN, podría volver a levantar las banderas de Hidalgo. Yo tengo mis dudas que como tal pudiera hacerlo porque, como decía Martínez Della Rocca, ciertamente la institución Iglesia no es monolítica, está fragmentada en diferentes visiones del mundo y del propio ejercicio del ministerio religioso.
Probablemente algunos estuvieron dispuestos a hacerlo y de hecho han estado dispuestos a hacerlo y no hay que olvidar que Hidalgo y todos los que aquí se han nombrado, fue precisamente la alta jerarquía eclesiástica la que los enjuició, los excomulgó y contribuyó a que fueran ejecutados, porque en aquella época la alta jerarquía eclesiástica era parte del poder colonial.
Ahora, quiero decir a ustedes, señoras y señores diputados, que hay un aspecto que aquí no se ha señalado y que es cuando dice en la homilía que debemos poner la obediencia de dios por encima del respeto al César. Esta frase nadie ha hablado de ella y esta frase tiene su significado. La circunstancia en que se hace esta declaración y los posibles efectos políticos que puedan tener nos hacen preguntarnos que quizá pudiéramos pedir cautela también al señor obispo cuando habla de política.
Y por otra parte, también que, efectivamente, amigo Martínez Della Rocca, cierto es que se han cometido muchos crímenes en el nombre de Dios, pero también se han cometido en nombre de la libertad y en nombre de la Revolución.
Y por último... sí, sí, calma, ya estoy terminando, compañero diputado Higuera, ya estoy terminando. Bien. Termino con esto, pues en resumen es deseable, justo y sano no dar, como dice el obispo, al César lo que es de Dios, pero también lo es no dar a Dios lo que es del César.
Gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Tarcisio Navarrete, del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:
Señoras legisladoras; señores diputados:
Las cosas deben irse colocando en su lugar. Si hay elementos para la denuncia, Gobernación debe proceder.
La alarma que han causado las declaraciones es en alusión a la desobediencia, pero quisiera decirle a los diputados que aún se encuentran aquí, que ésta es filosofía universal, la consagran el derecho a la rebelión y no solamente las normas constitucionales, sino dice la declaración universal de derechos humanos: "Que se respeten los derechos por los gobiernos, si no el pueblo se verá compelido a usar el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
Y el prelado sólo ha presentado una hipótesis, una hipótesis del Gobierno que abandona la legalidad y viola sistemáticamente los derechos humanos, porque asume su papel de promover la justicia, que es su vocación irrenunciable.
Y quiero decirles, amigos legisladores, que la obediencia a la ley no es ciega, está el derecho natural, existe la objeción de conciencia como una figura jurídica y por eso yo le digo a quien ha protestado por esta declaración del prelado: siéntanse aludidos, no descritos; siéntanse advertidos pero no acusados y es que tenemos que juzgar esto sin prejuicios, es un foco rojo para todos, de manera que fortalezcamos nuestros caminos de la legalidad.
Y principalmente queremos también hacer un llamado a Gobernación, que atienda los verdaderos conflictos del país, que asuma su responsabilidad, que busque dónde están los verdaderos retos de nuestra nación: migración, reforma electoral, seguridad nacional, justicia; en una palabra, que no invente conflictos. ¿Por qué? Porque su reacción sinceramente es desproporcionada.
El arzobispo, lejos de inducir a la violencia, está llamando a la cordura y es una advertencia, no es una segunda versión de la declaración de la selva Lacandona y por eso invitamos a Gobernación no a desgobernar, no a inflar los problemas; a poner los reflectores donde están verdaderamente los conflictos nacionales.
Y a todos nosotros un llamado para entender el signo de los tiempos. No debemos mirar hacia atrás, estamos cerrando el siglo y hoy son otros tiempos que debe vivir el país.
Y finalmente, monseñor Rivera no tiene en las manos más que la Biblia y él estará muy contento de que su homilía haya tenido este efecto multiplicador. Que a todos nos agarre confesados.
Gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Vino aquí el diputado Peniche y Bolio y en su decadente imaginación alucinada, dice haber visto a algunos trasnochados jacobinos, no veo ninguno y sí veo a 100 nietos de Maximiliano bien cebados, hay también algunas nietas, no se vayan a ofender.
Dice Tarsicio Navarrete, que nos precedió, que está contento por la homilía de monseñor porque abrió el debate. Yo también, diputado, estoy muy contento, me declaro satisfecho esta tarde porque acertamos, éste es el tema, hay que volver a plantear el debate del 130 para su posible reversión, así como ustedes presionaron a Salinas para revertir la nacionalización de la banca y se la regresó, quizá el pueblo presionando sobre este asunto vuelva a poner las cosas en su lugar.
Compañeras y compañeros diputados: el señor Peniche y Bolio, por algún fenómeno de dislexia auditiva no escuchó bien lo que dijimos en tribuna. Qué bueno que está por escrito, anunciamos nuestro tema bajo la denominación, está subrayado, intromisión del clero en la política. Nosotros no dijimos ni prejuzgamos si monseñor está violando o no el 130, que las violaciones se las averigüe el señor Procurador General de Injusticia de su Partido; más aún, diputado Peniche y Bolio, nosotros dijimos y le recomiendo el Diario de los Debates, que a nuestro entender en todo rigor no hay mayor violación, ¿por qué?, porque Carlos Salinas de espaldas al pueblo viola los principios originarios de los Constituyentes del 1917 y emite el nuevo ordenamiento.
Modificada la Constitución, hechas las nuevas leyes, ¿cuál violación?, el señor Norberto puede hacer y deshacer a su gusto. No, diputado Peniche y Bolio, nosotros dijimos que nos preocupaba, sí, la intromisión del clero en la política, porque confeso está don Norberto que se entromete. Además el diccionario, de la Real Academia que aquí representamos, diputado, establece con precisión de qué se trata la intromisión.
Dijo don Norberto que su corporación "puede y debe meterse en política", por tanto es metiche en términos comunes y corrientes y por decisión propia, nadie lo empujó.
Si esto constituye o no una violación, no fue el tema de nuestra intervención, nosotros alegamos otra cosa, compañeros panistas, a quienes les agradezco la deferencia de haber mandado a sus mejores parlamentarios, sólo faltó el jefe Diego, pero también si quieren, invítenlo, como el 1o. de septiembre y si el jefe Roque no autoriza aquí su participación, podríamos reunimos en el Salón Legisladores de la República para que también aporte sus ideas.
Nosotros señalamos y advertimos sobre los riesgos de la unión nefasta del poder religioso con el poder social y con el poder político. Hoy aquí se demuestra que por lo menos en este debate se presenta de nueva cuenta la unión del interés religioso con el interés de la política de la derecha. Como en el siglo pasado, se unen a esa causa y como en el siglo pasado irresponsablemente pueden ustedes llevar a este país, otra vez, a la guerra fratricida.
Sobre eso versó nuestra intervención y sobre eso advertíamos los riesgos, por tanto sostenemos: como primera conclusión, a reserva de las que vengan, que sí está madura la condición para la reapertura del debate sobre el artículo 130 constitucional y su posible reversión; nada es absoluto, nada es definitivo.
No se nos podría acusar por otra parte, diputado Peniche y Bolio, de alentar contra el señor Aguirre ni contra los ministros de los cultos, intenciones restrictivas. Esto que ve aquí, diputado Peniche y Bolio, son los documentos constitutivos de mi partido en 1982.
Quiero decirles, compañeros del PAN, que este partido ganó el amparo de la justicia federal contra una decisión indebida del Gobierno avalada por ustedes, porque son cómplices, este partido ganó la suspensión definitiva pero aunque no tuviera el registro seguiría siendo partido y aunque no tuviera diputados sería partido, ustedes muchos años no tuvieron diputados ni sacaron el 1.5%.
Pues bien, diputado Peniche y Bolio, en la página 105 proponemos: "voto a los ministros de los cultos". En esa época ni los partidos más agresivos de la izquierda se atrevían a ponerlo por escrito. No era pues nuestra intención querer negarle al clero la participación política en el sentido del derecho al voto, señalamos que lo grave es el contubernio de las fuerzas clericales con las fuerzas del partido históricamente reaccionario, enemigo de las causas populares.
Ha ocupado esta tribuna el diputado Sánchez Ochoa, del PAN; también otro, López Sánchez, del PRI; esto demuestra que hay tres tipos de Sánchez: los buenos, los malos y los peores y me voy a referir a los peores: el pomposo y grandilocuente Sánchez Ochoa viene aquí a simular que su partido es democrático, que su partido es centrista porque no está ni con la derecha ni con la izquierda ni con limón ni con sandía ni con el capitalismo ni con el comunismo; trata de engañar nuevamente al pueblo como Felipe Calderón, presentando al Partido Acción Nacional como un partido de centro; ésta es una nueva impostura, no están en el centro, están a la derecha, están con el imperialismo norteamericano; están desde luego con el clero reaccionario, se opusieron a la legislación del trabajo en la época de Lázaro Cárdenas, por eso nació Acción Nacional en Monterrey, fundado por Antonio L. Rodríguez, para combatir el futuro del derecho de huelga.
Combatieron la expropiación petrolera, se han opuesto al reparto agrario. Y ahora creen que nos van a tomar el pelo con que son un partido de centro. El único centro que ocupan, compañeros panistas, es el centro de la antipatria, o lo que es lo mismo el centro profundo del anti-México.
Muchas gracias.
El Presidente:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.-Tercer Año.-LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 24 de octubre de 1996.
Sesión solemne para develar en el muro de honor de esta Cámara de Diputados los nombres de Isidro Fabela y Genaro Estrada.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Puebla.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De las comisiones unidas de Justicia y Ecología y Medio Ambiente, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 20:12 horas):
Se levanta la sesión y se cita para mañana jueves 24 de octubre a las 10:00 horas a sesión solemne para develar en el muro de honor de esta Cámara de Diputados los nombres de Isidro Fabela y Genaro Estrada y a las 12:00 horas a sesión ordinaria.
| Afore | Administradora de Fondos para el Retiro |
| Canacintra | Cámara Nacional de la Industria de Transformación |
| Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| D. F. | Distrito Federal |
| GATT | Acuerdo General de Aranceles y Comercio (por las siglas en inglés) |
| Inverlat | Inversiones Latinoamericanas (Banamex) |
| IVA | Impuesto al valor agregado |
| MURO | Movimiento Universitario de Renovadora Orientación |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| Semip | Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal |
| Serfin | Servicios Financieros Integrados |
| Telmex | Teléfonos de México, Sociedad Anónima |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |