SUMARIO
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Limón Padilla, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Paulino López Bernal, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen da la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Peter Wilhelm Hot von der Meden, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de primera lectura.
Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Adriana Rocío Juárez García, Julia Morris Gómez y Rosario Rosa Roig Blaky, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicha nación en México y en su Consulado General en Guadalajara Jalisco. Son de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que Ernesto Zedillo Ponce de león, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de dicho país. Es de segunda lectura. Aprobado, pasa al ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional a fin de realizar diversas visitas de Estado a varios países. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Es de segunda lectura. No habiendo quien haya reservado ningún artículo para su discusión, se aprueba. Pasa al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para hablar de problemas fiscales, entre ellos los del pugilista Julio César Chávez, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Raúl Armando Quintero Martínez
Jorge Abel López Sánchez
Marta Alvarado Castañón, para rectificar hechos.
Sobre la firma de ese acuerdo, hablan los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Saúl Alfonso Escobar Toledo
Eduardo Guzmán Ortiz
Ricardo Luis Antonio Godina Herrera
Propuesta de la Comisión de régimen Interno y Concertación Política, para adecuar la integración de las comisiones de trabajo legislativo. Aprobado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, presenta denuncia respecto a hechos ocurridos en esa entidad referente a delitos contra la salud. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y a la de Información, Gestoría y Quejas.
Sobre el proceso electoral en dicha entidad, se concede el uso de la palabra a la diputadaLeticia Burgos Ochoa.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe, presenta propuesta que se turna a la comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Rectifican hechos, los diputados:
Píndaro Urióstegui Miranda
Leticia Burgos Ochoa
El diputado Luis Sánchez Aguilar, se refiere a entrevistas concedidas por el ejecutivo Federal.
Sobre el mismo tema, el diputado Augusto Gómez Villanueva.
Luis Sánchez Aguilar, para contestar alusiones personales.
Gloria Sánchez Hernández, para rectificar hechos.
El diputado Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, da lectura a un comunicado del diputado Juan Antonio García Villa, respecto a hechos ocurridos en la sesión del 28 de octubre.
Se turna a la Comisión de Régimen interno y Concertación Política.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Carlos Humberto Aceves del Olmo
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Primo Quiroz Durán:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputados. Por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:48 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Primo Quiroz Durán:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 29 de octubre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativa de diputados
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
Minuta
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Limón Padilla, para aceptar y usar la condecoración de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere dicho gobierno.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al coronel de la Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Paulino López Bernal, para aceptar y usar la condecoración Medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Peter Wilhelm Hot von der Meden, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Adriana Rocío Juárez García, para prestar servicios como ayudante de visas en la embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Julia Morris Gómez, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosario Rosa Roig Blaky, para prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República Argentina.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 1996, a fin de que asista a la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, Chile; así como para que realice una visita de Estado a la República Argentina y del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1996, a fin de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y a la República de Corea, realice una visita oficial a la República de Singapur, así como para que participe en la IV Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a celebrarse en Manila, Filipinas.
Comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Sobre Julio César Chávez, Hacienda y Justicia, a cargo del diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la alianza para el crecimiento, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre la situación poselectoral en el Estado de Guerrero, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la desinformación presidencial a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Denuncia en contra de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comunicación del diputado Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de que se aplique el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Severiano Pérez Vázquez:
Se va a dar lectura al acta de la sesion anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Serafín Núñez Ramos
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del lunes veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior que se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Olegario Humberto Ortega Ríos, electo como diputado suplente en el décimo distrito electoral de la capital del país y designa una comisión para que lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario el diputado Ortega Ríos toma posesión de su encargo de inmediato.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo vigésimo tercer aniversario del natalicio de Francisco I. Madero González. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Una comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de la primera legislatura. De enterado.
Se da cuenta con una iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, que reforma el primer párrafo del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, quien presenta iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se ordena su publicación íntegra en el Diario de los Debates Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Paulino López Bernal, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala:
Julia Gómez Morris, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da cuenta con cinco minutas del Senado de la República, con las que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del nueve al quince de noviembre y del veinte de noviembre al dos de diciembre de mil novecientos noventa y seis, para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, Chile y realizar una visita de Estado a la República de Argentina; realizar visitas de Estado a las repúblicas Popular de China y de Corea y una visita oficial a la República de Singapur y participar en la Cuarta Reunión Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Manila, Filipinas.
Jorge Eduardo Maza Urueta, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana; Peter Wilhelm Hot von der Meden, pueda aceptar y usar la medalla que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, Adriana Rocío Juárez García, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Rosario Rosa Roig Blaky, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fue impreso y distribuido entre los diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Luis Andrés Esteva Melchor, del Partido Acción Nacional y María de la Luz Lima Malvido, del Partido Revolucionario Institucional, quienes expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios.
Debaten el dictamen, los diputados: Isidro Aguilera Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra; Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, en pro; Isidro Aguilera Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y en el mismo sentido y del mismo partido, José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza.
Continúan el debate los diputados Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, para rectificar hechos; Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en contra y, también para rectificar hechos, el diputado Pedro Rene Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiséis votos en pro y cuarenta en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere al llamado Proyecto Ave Azul y solicita que la Secretaría dé lectura al inciso e del artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones y contesta una interpelación del diputado Gutiérrez Gutiérrez; Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Enrique Dávila Juárez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones y contesta a una interpelación del diputado González Achem; Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional, quien contesta a una interpelación del diputado Del Río Navarro; Primo Quiroz Durán, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Palacios Sosa; Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Pérez Noriega; José de Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, quien contesta interpelaciones de los diputados Gómez García, Leal Angulo y Andrade Quezada; Rodolfo González Macías, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta una interpelación de la diputada Botello Treviño; Tomás López Martínez, del Partido Acción Nacional, quien contesta una interpelación del diputado Padilla Padilla; Gerardo Ordaz Moreno, del Partido Revolucionario Institucional y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintitrés horas con treinta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
REPUBLICA DE AUSTRIA
El secretario Sabino González Alba:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Limón Padilla, para aceptar y usar la condecoración de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere dicho gobierno.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de octubre de 1996.- Senadores secretarios: Eduardo Andrade Sánchez y Serafín Romero Ixtlapale.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Limón Padilla, para aceptar y usar la condecoración de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere el gobierno de Austria.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de octubre de 1996.- Senadores: Melchor de los Santos Ordóñez, presidente; Eduardo Andrade Sánchez y Serafín Romero Ixtlapale, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- El oficial mayor, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
REPUBLICA DE GUATEMALA
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el coronel de Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Paulino López Bernal, pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al coronel de Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Paulino López Bernal, para aceptar y usar la condecoración Medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfas Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, fraciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
El secretario Mario Alejandro Rosales Anaya:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Peter Wilhelm Hot von der Meden, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Peter Wilhelm Hot von der Meden, para aceptar y usarla condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 22 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Adriana Rocío Juárez García, para que pueda prestar servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 28 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como ayudante de visas:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Adriana Rocío Juárez García, para prestar servicios como ayudante de visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Míranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
La secretaria Rosa María Cabrera Lotfe:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 16 de octubre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Julia Morris Gómez, pueda prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 28 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco, serán como secretaria:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Julia Morris Gómez, para prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfas Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
El secretario Severiano Pérez Vázquez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 24 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Rosario Rosa Roig Blaky, para que pueda prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 28 de octubre, se turna a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará, serán como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Rosario Rosa Roig Blaky, para prestar servicios como telefonista en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA DE ARGENTINA
El secretario Primo Quiroz Durán:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Libertador San Martín, en grado de Gran Collar, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de octubre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 313 votos en pro y cero en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 313 votos.
El secretario Primo Quiroz Durán:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
VISITA DE ESTADO
El Presidente:
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entregó a esta Presidencia el dictamen relativo al proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta del mismo.
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
«Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada la minuta con proyecto de decreto del Senado de la República, concediendo autorización al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 1996, a fin de que asista a la Vl Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, Chile y para que realice una visita de Estado a la República de Argentina, así como para que del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1996, efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y a la República de Corea, realice una visita oficial a la República de Singapur y participe en la IV Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico a celebrarse en Manila, Filipinas.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 56 de la ley Orgánica, 87, 88 y demás relativos del Reglamento Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la referida minuta bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 28 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación hizo llegar a la Cámara de Senadores dos iniciativas con proyectos de decreto por los que el titular del Ejecutivo Federal solicitó permiso constitucional para ausentarse del país en los términos señalados en el proemio del presente dictamen.
2o. Las iniciativas de referencia fueron hechas del conocimiento del pleno del Senado de la República en su sesión del día 28 de octubre, habiendo sido consideradas de urgente y obvia resolución y aprobadas por 103 votos en pro, disponiéndose en consecuencia su envío a esta Cámara de Diputados.
3o. La minuta con proyecto de decreto fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del día 28 de los corrientes, ordenando la Presidencia de la mesa directiva el siguiente trámite: "Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
En razón de lo anterior, esta comisión se permite hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
I. En términos de lo dispuesto por la fracción X del artículo 89 constitucional, es facultad y obligación del Presidente de la República: "Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".
II. La iniciativa con proyecto de decreto por la cual el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos solicita permiso para ausentarse del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 1996, tiene como propósito que el titular del Ejecutivo Federal pueda asistir a la Vl Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, República de Chile; así como a la República de Argentina, en visita de Estado.
A este respecto, debe decirse que las cumbres iberoamericanas tuvieron como punto de partida la convocada, por primera vez, por el Gobierno mexicano en junio de 1991 y como finalidad, promover un diálogo político entre los gobiernos de la región, al más alto nivel.
Dado que las cinco reuniones que preceden a la ahora convocada por el gobierno chileno han ampliado sus objetivos iniciales y construido consensos en temas tanto regionales como internacionales, permitiendo una mejor integración de los países participantes, que han desembocado en encuentros multilaterales que fortalecen los nexos de México con quienes integran el bloque iberoamericano, se considera conveniente mantener la presencia de nuestro país en esos foros.
Asimismo, dada la invitación hecha por el Presidente de la República de Argentina, señor Carlos Saúl Menem y la cercanía geográfica de dicho país con Chile, resulta oportuno autorizar la visita de Estado del Presidente de la República Mexicana a ese país.
III. En cuanto a la segunda iniciativa con proyecto de decreto por la que el Presidente de la República solicita permiso para ausentarse del territorio nacional del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1996, para efectuar visitas de Estado a la República Popular de China y a la República de Corea; realizar una visita oficial a la República de Singapur; y para participar en la IV Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico a celebrarse en Manila, Filipinas, debe decirse que la cuenca del Pacífico constituye una zona de enorme intercambio comercial y significativo desarrollo financiero y tecnológico.
En estos términos resulta evidente la necesidad de que nuestro país estreche sus relaciones con los de esta región, tanto por su potencial económico como porque el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico, del que México forma parte, es un instrumento de colaboración que toma en cuenta los diversos niveles de desarrollo y otorga, en consecuencia, un trato comercial más equitativo.
Por otra parte, dado que en los últimos ocho años dicho mecanismo ha permitido casi duplicar el comercio de nuestro país con aquellas naciones que integran este organismo internacional, tomando en cuenta que existe un potencial no desarrollado por México, es de concluirse que la participación de nuestro país resulta fundamental para alcanzar mejores expectativas de desarrollo económico, razón pertinente para autorizar dicha solicitud.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 1996, a fin de que asista a la Vl Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, Chile; así como para que realice una visita de Estado a la República de Argentina.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1996, a fin de que efectúe visitas de Estado a la República Popular de China y a la República de Corea, realice una visita oficial a la República de Singapur, así como para que participe en la IV Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a celebrarse en Manila, Filipinas.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, D.F., 29 de octubre de 1996.- Por la comisión, diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
CODIGO PENAL*
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la discusión en lo particular del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
_______________________________________________________________________ *La discusión en lo general del presente dictamen, fue realizada conjuntamente con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en la sesión del día 28 de Octubre
«Comisión de Justicia.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia, con fecha 17 de octubre de 1996, fueron turnados para su análisis y dictamen la minuta proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.
Esta comisión, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta Cámara este dictamen, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
1o. En sesión de fecha 19 de marzo de 1996, los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, dieron cuenta al pleno de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada por el Ejecutivo Federal y legisladores federales.
2o. Según se refiere en el dictamen de la colegisladora, sus comisiones ordinarias competentes, en el análisis y estudio de la iniciativa referida, intercambiaron opiniones y puntos de vista con diversos funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lo que contribuyó al enriquecimiento del proyecto que ahora se dictamina.
3o. Los miembros de las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Senadores, encargadas del análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal, observaron que era necesario modificar otros ordenamientos jurídicos para conseguir los fines propuestos en la misma, lo que motivó la presentación ante el pleno del Senado de la República de una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
4o. En sesión de fecha 15 de octubre de 1996, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
5o. En sesión de fecha 17 de octubre de 1996, los secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dieron cuenta al pleno dela recepción de las minutas con proyectos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, enviadas ambas por la Cámara de Senadores, turnándose en la misma fecha para su análisis y dictamen a esta Comisión de Justicia.
6o. La Comisión de Justicia que dictamina se reunió en sesión el día 22 de octubre de 1996, para discutir el presente dictamen.
7o. De acuerdo con los antecedentes indicados, la Comisión de Justicia, con las atribuciones antes señaladas, presenta el dictamen bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
La capacidad de actuación de la delincuencia ha adquirido matices otrora insospechados, sirviéndose en la actualidad de los avances en la tecnología, las comunicaciones y el tráfico financiero y ha desarrollado su actividad con base en una organización, avanzada o incipiente, pero que en cualquier caso le ha permitido actuar en diversos frentes con una gran complejidad, de manera que para proscribir esas conductas lesivas es necesario para el Estado desarrollar procedimientos acordes para su eficaz persecución y sanción.
Si bien la comisión de cualquier delito daña a la sociedad, es de reconocerse que existen algunas conductas delictivas que la afectan en mayor medida, derivada esta entidad superior de la vulneración reiterada y permanente de valores jurídicos específicos por organizaciones creadas para ese propósito, atacando así no sólo un bien particularmente protegido, sino a la comunidad íntegra y por ende al Estado en su más amplio concepto; tales conductas son las que en este momento se pretende proscribir, viendo en ello no sólo una cuestión de seguridad y orden públicos, sino también el aspecto axiológico que se violenta cuando por alcanzar la impunidad logra el delincuente notoriedad social en su entorno, enviándose a los ciudadanos un mensaje equívoco respecto a los valores que es menester lograr para esa respetabilidad.
Es deber del Estado ubicarse en formas más evolucionadas para enfrentar a la creciente y ya evolucionada delincuencia, que ha encontrado en la recurrencia de ciertos delitos una fuente segura de altos ingresos, desplegando recursos que le han permitido actuar regularmente, bien por insuficiencias legales o por inoperancias prácticas, dando por resultado el afianzamiento de organizaciones delictivas con una actuación nacional, cuyo combate requiere acciones también nacionales y por supuesto coordinadas en atención al sistema federal que prevalece en nuestra República, sin soslayar evidentemente el ámbito de la cooperación internacional.
La complejidad de las relaciones que se dan en torno y como producto de la actuación organizada de la delincuencia merece un tratamiento especial en los aspectos de investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas, partiendo de que no se está frente a delincuentes comunes que actúan individualmente, sino frente a grupos de delincuentes, como una auténtica subcultura realmente sólida por las relaciones de poder que en ella se dan y por el sentimiento de pertenencia y solidaridad que nace de la complicidad, aspectos delicados y difíciles que no pueden llevarse a cabo de manera empírica, que exigen la intervención profesional y por tanto la especialización de servidores públicos en las materias involucradas.
En efecto, la estrategia para hacer frente a las organizaciones delictivas debe plantearse con una óptica integral, que llegue incluso a la principal razón de ser de estos grupos: las ganancias y su utilización. Se requiere además la actuación coordinada entre las instituciones públicas con funciones relacionadas con alguno o algunos de los aspectos que constituyen las manifestaciones de la operación de la delincuencia organizada y aun dentro de las propias instituciones; para que la actuación de sus diversas instancias o jurisdicciones sea eficaz, es requisito fundamental su completa coordinación.
El proyecto de ley y el del decreto que se dictaminan guardan congruencia con la tarea legislativa que el Congreso de la Unión ha llevado a cabo en materia de justicia y de seguridad pública, habiéndose expedido nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación; de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, resaltando como elementos sustanciales la profesionalización y especialización de sus servidores públicos, reformado el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, con el fin de modificar descripciones típicas y agravar sanciones que inhiban su recurrencia, se han reformado igualmente los códigos adjetivos penales federal y local del Distrito Federal, con el fin de actualizar los procedimientos en ellos contenidos y recientemente, en el mes de abril de 1996, han sido reformados los artículos 16, 20, 21, 22 y la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de consagrar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y permitir su intervención mediante autorización judicial a petición de la autoridad federal que faculte la ley, actualizar reglas para el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la preeminencia del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, el decomiso de bienes en delitos previstos como de delincuencia organizada y la facultad de atracción del Ministerio Público de la Federación respecto de los delitos del fuero común, cuando tengan conexidad con delitos federales.
La reforma constitucional de abril de 1996, es precisamente la que sienta las bases para la expedición de la ley de que se trata en este momento, así como de las reformas legales que se someten al conocimiento de esta Cámara de Diputados. Esta comisión que dictamina estima necesario mencionar que la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada fue presentada ante el Senado de la República al mismo tiempo que la iniciativa de reforma constitucional antes aludida, de manera que los cambios realizados a esta última se reflejan en los que a su vez han sido practicados a la iniciativa de ley ya referida.
Esta comisión reconoce la oportunidad e importancia del proyecto de ley federal y de decreto que dictamina, en tanto tienden a otorgar a las autoridades mecanismos de investigación más idóneos y eficaces para hacer frente a la delincuencia organizada, así como sanciones más graves, todo ello para impedir su actuación impune.
El punto de partida es el reconocimiento de que no se está frente a delincuentes ordinarios, sino que se trata de verdaderas organizaciones, estructuradas con base en el poderío económico alcanzado por la comisión regular de delitos determinados, de manera que para el Estado es necesario disponer de elementos para operar en distintas direcciones: investigación, sanción y ejecución de penas y cada una de ellas a su vez implica pautas específicas, planteadas legalmente, así son necesarios la agravación de las sanciones, la previsión de nuevos tipos, el fortalecimiento operativo de la autoridad persecutora, la previsión de nuevos métodos para allegarse información sobre hechos y personas y la atribución de valor a pruebas en diversos procedimientos, aunado también a reglas diferentes de cumplimiento de penas por los sentenciados en este tipo de delitos.
Atendiendo a lo anterior, este dictamen abordará en distintos rubros el contenido de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, las modificaciones sustanciales practicadas por la Cámara de Senadores, el contenido de la iniciativa de los miembros de las comisiones ordinarias del Senado de la República y la forma en que en ambos proyectos reflejan los planteamientos de la Cámara de Diputados en cuanto integrante del Constituyente Permanente expresados en abril de 1996 en su dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 20 fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Iniciativa del Ejecutivo Federal y legisladores federales de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Se reconoce como necesario el tomar normas provenientes de experiencias en otros países, en los que al igual que en el nuestro, la respuesta jurídica se deriva de la concepción de la delincuencia organizada como una cuestión con entidad propia, siendo ésta la que determina la especificidad de las normas en cuanto instrumentos para su persecución.
En efecto, ya en diversas instancias internacionales se ha reiterado la necesidad de contar con instrumentos normativos orientados a desorganizar y desmantelar estas organizaciones, a dotar de facultades suficientes a los órganos encargados de hacer cumplir la ley para que aumenten su eficiencia y al establecimiento de métodos de investigación técnicamente avanzados y acciones como la ampliación del plazo para la retención de presuntos responsables, decomiso de bienes, recompensas y beneficios por colaboración, protección a testigos, infiltración de agentes, cateos urgentes etcétera, son medidas que se han tomado en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia y Colombia, entre otros.
En el proyecto sometido al Congreso de la Unión se expresa la necesidad de una ley en que se establezca por una parte qué se entiende por "delincuencia organizada", a través del señalamiento de sus rasgos característicos, así como también de su vinculación con aquellos delitos considerados como realmente constitutivos de dicho problema, tales como terrorismo, narcotráfico, acopio y tráfico de armas, secuestro, tráfico de indocumentados, falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos y el lavado de dinero, entendiendo que en el conocimiento de estos delitos también se incluye el de aquellos que resulten conexos conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, determinándose entonces a partir de esta idea, la estructura general del documento presentado a través del desarrollo de elementos de carácter sustantivo y procesal.
Comparten el carácter de disposiciones generales las que agrupadas en el Capítulo Unico del Título Primero de la iniciativa se refieren a su naturaleza y objeto, ámbito de aplicación, descripción y punibilidad de la delincuencia organizada, agravándose ésta para los casos en que intervengan servidores públicos o se utilice a menores de edad o incapaces. Igualmente en esta parte se contiene la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales, las de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las de leyes especiales.
Se propone la creación de una unidad especializada en la Procuraduría General de la República encargada del combate y persecución de la delincuencia organizada, a integrarse por agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Judicial Federal especializados en el tema y seleccionados rigurosamente, con quienes podrán colaborar miembros de otras dependencias o entidades, señalándose que cuando dicha unidad investigue actividades de la delincuencia organizada relacionadas con el manejo de recursos financieros y procedimientos para ocultar su origen ilícito, se coordinará con la unidad correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiterando para este último tema los canales a través de los cuales se harán los requerimientos de información o documentos por el Ministerio Público, como son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la mencionada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la restricción de su utilización solamente en la investigación o proceso penal correspondiente.
Para el propio Ministerio Público se establece la posibilidad de solicitar la realización de auditorías por órgano público a personas físicas o morales en cuya contra existan indicios suficientes de que colaboran o pertenecen a alguna organización delictiva relacionada con los delitos de la ley e igualmente la de celebrar convenios de apoyo por las autoridades competentes de las entidades federativas.
Dentro de la investigación destaca el señalamiento de que ésta debe abarcar el conocimiento de las estructuras, formas y ámbitos de operación de las organizaciones delictivas, objeto para el que se contempla la infiltración de agentes en dichas organizaciones, sujeto a la salvaguarda de la integridad de las personas.
Además de la consideración de los delitos de la ley como graves, se entiende lo anterior como motivo del planteamiento de la duplicación de los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva, asi como de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad, así como también de la ampliación del plazo para el arraigo del indiciado, quedando éste en 90 días.
El sigilo que impone y el riesgo que conlleva la investigación de estas actividades delictivas, dan lógica razón tanto al restringido acceso a las actuaciones de averiguación previa, de modo que se propone lo tendrán el indiciado y su defensor sólo con relación a los hechos imputados en su contra, como a la reserva hasta el ejercicio de la acción penal, de la identidad de personas que rindan testimonio contra miembros de una organización delictiva y se presuma fundadamente que está en riesgo su integridad, si bien ya durante el procedimiento ante el juez, se les podrá interrogar o llamar a careo, tomándose las providencias que resulten necesarias; adicionalmente, en perfecta congruencia con la seguridad y certeza jurídicas y la garantía de defensa, se establece que ninguna sentencia podrá tomar en cuenta testimonio alguno cuando su emisor no haya sido identificado.
Uno de los apartados de mayor relevancia en la iniciativa que fue presentada es el relativo a las intervenciones y vigilancia electrónica, en cuyas disposiciones se establece un plazo de seis horas a partir de la recepción de la petición, para que la autoridad judicial resuelva sobre una orden de cateo. Siendo la intervención de comunicaciones privadas el tema que ocupa mayormente los dispositivos del apartado de que se trata, se establece la posibilidad de que esta intervención se realice tanto durante la investigación como una vez iniciado el proceso penal ante el juez, para lo que el Ministerio Público hará solicitud por escrito a la autoridad judicial federal.
En virtud de que la actividad estatal en la especie debe estar sujeta a estricta regulación se entiende la propuesta de contemplar legalmente los elementos que considerará la autoridad judicial para resolver sobre la intervención, así como aquéllos que a su vez ésta debe señalar al resolver sobre ello.
La realización práctica de intervenciones supuso considerar cuestiones tales como la información del Ministerio Público al juez sobre su desarrollo y resultados; el trámite para la prórroga; el levantamiento de acta al concluir cada intervención y en ella, la identificación de cintas y la constancia de delitos diversos a aquellos que motivan la intervención; el resguardo de cintas; la transcripción de grabaciones; la ampliación de la intervención; la destrucción de cintas en caso de no ejercicio y prescripción de la acción penal; el deber de colaborar con la autoridad para concesionarios y permisionarios de medios o sistemas susceptibles de intervención.
Atinadamente se establece que al iniciarse el proceso, las cintas y cualquier otro resultado de la intervención se entregarán a la autoridad judicial, misma que de oficio o a requerimiento del inculpado, las pondrá a su disposición por 10 días para que éste formule observaciones y en su caso solicite la destrucción de lo irrelevante, la transcripción de grabaciones o la fijación en impreso de imágenes que estime importantes para su defensa.
Otros capitulos de la iniciativa contienen reglas sobre el aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso; la protección y apoyo a jueces, peritos, testigos y demás personas que lo requieran por su intervención en un procedimiento penal por alguno de los delitos previstos en la ley; la colaboración con la autoridad y dentro de este tema, el tratamiento procesal que se dará a los miembros de la delincuencia organizada que colaboren eficazmente con la autoridad para la detención y procesamiento de otros, el ofrecimiento de recompensas para quienes auxilien eficientemente en la localización o aprehensión de miembros de la delincuencia organizada, la información anónima y la obligación de toda persona para exhibir objetos o documentos que puedan servirde pruebas.
Se estima que la visión integral de la actuación estatal en la persecución y sanción de la delincuencia organizada se plasmó en este proyecto, ya que además de regular la actuación de la autoridad investigadora, en los títulos finales del proyecto se contienen importantes reglas sobre las autoridades judiciales y las encargadas de la prisión preventiva y reclusión.
En lo relativo a la reclusión de los procesados o sentenciados que colaboren con la autoridad en la persecución y procesamiento de otros miembros, se señala que la autoridad los deberá mantener en establecimientos distintos de aquéllos en que se encuentren estos últimos; respecto de los sentenciados por los delitos privados en la ley, se establece que no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, condena condicional, así como el tratamiento preliberacional ni a la remisión parcial de la pena.
La seriedad y profundad de trabajo legislativo que exigió la revisión de la iniciativa referida en las líneas anteriores, motivó que varios miembros de la Cámara de Senadores formularan y presentaran una iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con objeto de armonizar las innovaciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con el marco jurídico al que se integrará, comprendiendo en ellas los aspectos de procuración, administración de justicia; así como el de ejecución de penas y medidas de seguridad y cuyo contenido por guardar relación con temas que más adelante se tratarán, será abordado en específico:
II. Modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores.
Esta Comisión de Justicia aprecia en las minutas con proyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dictamina, el resultado de una intensa labor de investigación y análisis de la colegisladora, que redunda en precisiones sustantivas y enriquecimiento de la iniciativas dictaminadas por sus comisiones ordinarias, con los que esta comisión coincide y en consecuencia hace propios, ello motiva que en este rubro se haga mención de los aspectos que, modificados por el Senado de la República, a su juicio tienen mayor relevancia.
Las comisiones ordinarias competentes del Senado de la República introdujeron significativas modificaciones a la concepción de delincuencia organizada, suprimiendo elementos subjetivos que podrían originar excesiva discrecionalidad en la aplicación de la ley y considerando otras conductas delictivas que se estiman vinculadas con la delincuencia organizada, dando a la delincuencia organizada el tratamiento de tipo delictivo cuya sanción será independiente de la que corresponda por los delitos que se cometan.
Así, la punibilidad de la delincuencia organizada radica en el mero acuerdo de tres o más personas para delinquir de manera reiterada o permanente, vinculando esta hipótesis con delitos de entidad superior a los cometidos por delincuentes comunes que carecen de una organización integrada para dichos fines, tales son: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y tráfico de órganos.
Vinculado con la descripción típica se encuentra el ámbito de aplicación de la ley, sujetando su aplicación por las autoridades federales, persecutoria y sancionadora en el caso de ciertos delitos de carácter local, a la comisión por un miembro de la delincuencia organizada y al ejercicio de la facultad de atracción por el Ministerio Público de la Federación, este último por supuesto en términos de las reglas contenidas en el ordenamiento adjetivo federal, contexto en el cual se estimó conveniente por el Senado de la República introducir un elernento de preservación de la producción legislativa local que atiende a las circunstancias propias del ámbito para el que son expedidas, de modo que se establece expresamente que bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
En la enunciación de delitos de carácter local, se estima atinada la inclusión del asalto y tráfico de menores, dado que la experiencia ha mostrado la actuación organizada de los sujetos que los cometen, característica que amerita su consideración como casos de delincuencia organizada.
Dentro de los procedimientos para la investigación de las actividades de la delincuencia organizada son de especial importancia las previsiones sobre el tema de la intervención de comunicaciones privadas, cuya inviolabilidad prevista como garantía individual obliga a la representación nacional a una regulación precisa que la salvaguarde. Una de las maneras de hacerlo es el establecimiento de normas que sancionen penal y administrativamente su vulneración; este propósito se expresa en la creación de delitos e infracciones específicas, teniendo en cuenta para los primeros el carácter del sujeto activo, es decir, si se trata o no de un servidor público, de esta manera, en el proyecto de Ley Federal se establece como delito el hecho de que servidores públicos intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial o revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención o revelen la existencia o contenido de una solicitud de autorización.
Por su parte, en el proyecto de decreto que se dictamina para el Código Penal, se propone la punibilidad para quien intervenga comunicaciones privadas sin autorización judicial, así como para quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, una sanción administrativa para los concesionarios o permisionarios que intervengan o permitan la intervención de comunicaciones sin que exista mandato de autoridad judicial competente.
La importancia que en la actualidad tienen los delitos contra la salud por la recurrencia y repercusiones sociales que representan, fueron factores tomados en cuenta por el Senado de la República para traer a esta ley las sanciones agravadas que prevé el Código Penal en el artículo 196-bis que se propone derogar, cuando en el caso intervengan miembros de la delincuencia organizada, de esta manera a quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión se les impondrá de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa, en tanto que a los miembros que carezcan de dichas funciones se les sancionará con prisión de 10 a 20 años y multa de 250 a 12 mil 500 días, penas superiores a las que se establecen para el delito de delincuencia organizada en el propio proyecto.
En congruencia con el artículo 22 constitucional y se entiende que bajo la consideración de los exorbitantes recursos que manejan estas organizaciones en su operación sobre los cuales debe el Estado ejercer también su actividad para minar lo que constituye uno de sus principales pilares, al tiempo que se da positividad al reproche para quien asume el riesgo de poseer bienes de origen ilícito, la Cámara de Senadores propone para los miembros de la delincuencia organizada, además del decomiso de los objetos, instrumentos o productos del delito, el de los bienes de su propiedad y el de aquellos respecto de los que se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de los mismos.
Uno de los temas que mayor polémica generó en la sociedad, principalmente entre los juristas, investigadores, litigantes y en los medios de comunicación, fue la punibilidad de los menores de edad que participaran en la comisión de delitos de la delincuencia organizada, que contenía la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, dictaminada en el Senado de la República, tema cuyas implicaciones se presentan de gran amplitud y variedad y no sólo en la materia del proyecto como se ha expresado en diversas oportunidades, estando latente el diseño de un tratamiento integral a la problemática que origina.
Siendo uno de los principales instrumentos para enfrentar a la delincuencia organizada el conocimiento de sus estructuras, formas y ámbitos de actuación, debe reconocerse que el grado de profesionalización que ha alcanzado ha sido tal, que recurre a estructuras de origen lícito para encubrir sus propósitos delictivos, con fines principalmente de dar tinte legal a las ganancias y en general a los recursos con que se opera. Partiendo de ese hecho resulta clara la necesidad de ampliar el espectro de las fuentes de información de las investigaciones relativas para abarcar además de personas físicas, a las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos; así se incorporó por el Senado el texto correspondiente en el proyecto.
Se ha reconocido en otro apartado de este dictamen como adecuado, el planteamiento de la iniciativa de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, acerca de la reserva sobre las actuaciones de la averiguación previa. En esta oportunidad se manifiesta nuevamente una plena coincidencia de criterio con la adición planteada por la colegisladora para negar valor probatorio a las actuaciones que conteniendo hechos imputados al indiciado, éste haya solicitado el acceso a ellas y le hubiere sido negado por el Ministerio Público.
En el tema de la intervención de comunicaciones privadas, al precisar la autoridad judicial federal encargada de resolver sobre las autorizaciones para su realización, adecuadamente se incluye que será el tribunal unitario de circuito al que corresponda resolver sobre las solicitudes de autorización o de sus prórrogas cuando no hayan sido resueltas por el juez en los plazos establecidos para ello.
Relacionada también con los plazos es la modificación propuesta a diversos preceptos de la iniciativa de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en la que se consideró ampliar los señalados en el proyecto para la resolución tanto de las solicitudes de órdenes de cateo, como de intervención de comunicaciones privadas, pasando dichos plazos de seis a 12 horas en ambos supuestos.
En materia de aseguramiento de bienes, en el seno de la colegisladora se propuso y fue aceptado que para proceder a ello en los casos en que existan indicios suficientes de vinculación con la delincuencia organizada, la autoridad facultada para calificar dichos indicios y por tanto para resolver la procedencia o no de este acto de molestia, que comprenderá los bienes respecto de los cuales el miembro de la delincuencia organizada se comporte como dueño, debe ser la autoridad judicial federal, a solicitud del Ministerio Público de la Federación, punto de vista con el que esta comisión manifiesta su total acuerdo.
Considerando además las situaciones que la práctica de estas medidas ha planteado es que se incluyó, para las propias autoridades judiciales, la atribución a ejercer en todo tiempo durante el proceso, el tomar las determinaciones correspondientes sobre supervisión y control de los bienes que se hayan asegurado, lo que redundará en responsabilidades ciertas y mejor vigilancia sobre ellos.
La congruencia del marco de actuación de las autoridades involucradas justificó plenamente que se propusiera la modificación, entre otros, de los textos relativos al destino de los bienes asegurados, contenidos en la iniciativa de ley y en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, recientemente expedida por el Congreso de la Unión, para establecer que el destino de los bienes asegurados sea determinado por el consejo técnico de bienes asegurados a cuya integración se suma un subsecretario de la Secretaría de Gobernación, atenta la vinculación procesal de esta dependencia con el delito de tráfico de indocumentados.
La conciencia de que la cooperación con las autoridades en la persecución y sanción de la delincuencia organizada tiene un peso específico alto si es proporcionada por quienes al formar parte de ella tienen el conocimiento particular sobre su estructura, forma y ámbitos de actuación, dando valiosos elementos de información que facilitan su persecución y sanción, requiere ser impulsada a través del establecimiento de beneficios procesales que la hagan atractiva, sin que se implique consagrar la impunidad.
Se trata de valorar la conveniencia de una política criminal que disponga el mismo trato a los delincuentes con la posibilidad de su impunidad frente a un tratamiento en que el reproche por sus conductas ilícitas es disminuido por la eficiencia de su aportación en la persecución, procesamiento y sanción de otros miembros, de manera que la consideración de las distintas formas o etapas del procedimiento penal en que esta colaboración puede surtir efectos, hace que atinadamente el Senado de la República distinguiera los beneficios a otorgar.
Así, en averiguación previa, durante el procedimiento ante el Juez y en la ejecución de las penas, bien para en la primera no tomar en cuenta en su contra los elementos de prueba que aporte o los que se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, en el procedimiento ante el juez para la reducción y en su caso para la remisión de la pena:
III. Planteamientos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, como parte integrante del Constituyente Permanente.
Como se mencionó en líneas anteriores, debido a que en la misma fecha se presentaron ante el Senado de la República las iniciativas de reforma constitucional a los artículos 16, 20, 21, 22 y fracción XXI del 73 y de Ley Federal Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, es natural que en esta última no se contuvieran los elementos introducidos por el Constituyente Permanente a la Constitución General y particularmente las consideraciones realizadas en su oportunidad por la Cámara de Diputados al dictaminar la minuta del Senado de la reforma constitucional de abril de 1996.
Tales consideraciones constituyen posiciones y criterios de orientación para la legislación secundaria, en un acto que aun siendo inusual, pretendió recoger las inquietudes y preocupaciones generadas por el tratamiento constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para en su oportunidad resolverlas en la ley que al efecto fuera expedida y que en general radica en la preocupación de compatibilizar y armonizar esa garantía individual con la excepción también constitucionalmente plasmada, lo que implica la regulación de la injerencia externa de las autoridades sólo en razón de proteger los intereses superiores por los que el Estado debe velar, atendiendo a acotaciones, limitaciones, controles y penalidades que hagan de esa intervención casos de verdadera excepción.
Ante ello, esta comisión que dictamina ha considerado preciso determinar la consideración de los planteamientos formulados en su oportunidad por la Cámara de Diputados en el contenido de las minutas con proyecto de Ley Federal y de Decreto que se analizan:
a) En la minuta con proyecto de Ley Federal que se dictamina fue excluida la posibilidad contenida en la iniciativa de que el particular pudiera autorizar al Ministerio Público de la Federación la intervención de sus comunicaciones privadas sin necesidad de autorización judicial, ello atiende a lo expresado por la Cámara de Diputados en el sentido de enfatizar que ninguna autoridad federal, inclusive el Ministerio Público de la Federación, aun cuando estuviera facultada por ley para realizar la intervención, podrá llevarla a cabo sin estar previamente autorizada por el Poder Judicial de la Federación, pese a que se alegue urgencia, notoria necesidad o cualquier otra razón:
b) En el contenido de la Minuta con proyecto de Ley Federal queda claro que será la autoridad judicial federal la única que podrá autorizar la intervención de comunicaciones privadas, aspecto que con mayor precisión se establece en la adición de una fracción III que se propone al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dando competencia para conocer de ello a los jueces federales penales.
En el ejercicio de esa atribución, los jueces federales deberán necesariamente verificar que la solicitud del Ministerio Público de la Federación se ajusta a las causas legales, requisitos y límites previstos principalmente en el artículo 16 del proyecto. Para resolver sobre la concesión o no de la solicitud deberá constatar la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios, asimismo, en la autorización determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites, como dispone el artículo 18 del proyecto:
c) La Cámara de Diputados estimó como elementos necesarios a considera en la regulación de la intervención de comunicaciones privadas la determinación expresa y limitativa de las causas legales que la sustentasen, de este modo se incluye en el artículo 16 del proyecto de ley que se dictamina, como contenidos de la solicitud que habrá de plantear el Ministerio Público de la Federación a la autoridad judicial federal, la expresión del objeto y necesidad de la intervención, de los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada, así como de los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar, estableciéndose en el mismo dispositivo también como requisitos de la solicitud, el señalamiento de la persona o personas investigadas, la identificación del lugar o lugares donde se realizará la intervención, el tipo de comunicación privada a ser intervenida, la duración de dicha intervención y el procedimiento y equipos para la misma:
d) La regulación de los resultados de las intervenciones fue también un aspecto de importancia destacado en el dictamen de la Cámara de Diputados a la reforma constitucional de abril de 1996. En torno a ello, la minuta con proyecto de Ley Federal que se dictamina contiene en diversos preceptos una regulación precisa respecto al tratamiento que debe dársele a los mismos, en la averiguación previa, en el procedimiento ante el juez, en el caso del no ejercicio de la acción penal, en el conocimiento de datos o hechos de personas distintas a la persona investigada o relativos a delitos distintos de los considerados como de delincuencia organizada.
Los aspectos mencionados ameritan un mayor desarrollo. En el artículo 21 del proyecto de ley que se dictamina se establecen varios supuestos a observarse por el Ministerio Público de la Federación:
1. Si durante la intervención tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de los que motivaron la misma, los hará constar en el acta correspondiente;
2. Cuando resulte el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse, podrán utilizarse como medio de prueba sólo si se reheren al mismo sujeto de la intervención y se trata de alguno de los delitos contemplados en la propia ley como de delincuencia organizada:
3. Si tales hechos y datos se refieren a una persona distinta, sólo podrán utilizarse en el procedimiento en que se autorizó la intervención:
4. Si no se trata de alguno de estos casos, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa correspondiente o lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.
Para el caso de que no se haya ejercido la acción penal, el artículo 24 del proyecto de ley que se dictamina dispone que los resultados de la intervención se pondrán a disposición del juez que autorizó la intervención, mismo que ordenará su destrucción.
Durante el procedimiento ante el juez, los resultados de la intervención de comunicaciones se pondrán a disposición del inculpado para que formule sus observaciones al respecto y, en su caso, solicite la destrucción de aquellos que no sean a su juicio relevante para el proceso, según se establece en el artículo 23.
Por cuanto al valor probatorio de los resultados de la intervención de comunicaciones privadas, en el artículo 21 se establece la carencia de todo valor para el caso de que por medio de una intervención autorizada, se llegaren a conocer la comisión de delitos en las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, excluídas para estos efectos expresamente por el artículo 16 constitucional. Por su parte, el artículo 23 establece la destrucción de los resultados de una intervención no autorizada o bien cuando no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial:
e) La necesidad del establecimiento de un sistema doble de control de la ejecución de las autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, se incluye en la ley que se dictamina, por un lado el de carácter interno, con la previsión en su artículo 8o., de un cuerpo técnico de control, dentro de la unidad especializada de la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada. Ese cuerpo técnico de control, tendrá la responsabilidad de verificar la autenticidad de los resultados de las intervenciones de comunicaciones privadas, establecer lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a utilizar, así como la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos. Igualmente de carácter interno, es la disposición en el artículo 18 del proyecto que se dictamina que establece la participación de un perito calificado en la realización de intervenciones de comunicaciones privadas.
Por su parte, el control de carácter externo se concreta en el artículo 18 que establece la obligación del Ministerio Público de la Federación de informar al juez, al concluir la intervención, sobre su desarrollo y resultados; igualmente se dispone en el mismo artículo la facultad del juez de verificar en cualquier momento que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total:
f) En relación a la duración de las intervenciones de comunicaciones privadas, de la redacción de la iniciativa podría haberse desprendido la interpretación de una duración indefinida, ante ello, atinadamente la colegisladora estimó necesario precisar en el artículo 18 que el periodo no podrá exceder de seis meses, incluyendo sus prórrogas, en cuanto a este último concepto, se establece igualmente que pro: cederán por autorización judicial a petición del Ministerio Público de la Federación, a cuyo efecto deberá informar al juez sobre el desarrollo de la intervención de cuya prórroga se trata:
g) En el dictamen de la Cámara de Diputados, se establece la necesidad de regular los tipos de intervención, concepto que se entiende referido propiamente a las formas y modos de comunicación privada que pueden ser objeto de ella, así se establece en el artículo 18; lo que podrán serio, señalando como tales a las que se realicen en forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alambricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
h) El supremo interés de la Cámara de Diputados de garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, mediante la punibilidad de las conductas que la vulneren, está contenido en los tipos penales del delito que se contienen en el proyecto de ley que se dictamina, en los artículos 27 y 28, así como en los artículos 177 y 211-bis que se propone adicionar al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, los contenidos en la Ley Federal de que se trata, dirigidos a los servidores públicos y los contemplados en el Código Penal a quien no tenga esa calidad; así será sancionado con prisión de cinco a 10 años y de 500 a mil días multa a los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas sin autorización judicial, así como a los servidores públicos que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas durante la intervención y para quienes carezcan del carácter de servidor público se establecen las penas de tres a seis años de prisión y de 300 a 600 días multa:
i. La inviolabilidad del domicilio preservada por el constituyente permanente y reconocida, desde luego, como valor supremo por la Cámara de Diputados, motivó que se expresara como punto de especial atención en el proyecto de ley que se dictamina, de manera que la colegisladora elimina la posibilidad de la colocación secreta de aparatos tecnológicos de registro de voz, sonido, imagen, datos o cualquier otro, en lugar privado, contemplado en el artículo 19 de la iniciativa:
j) El artículo 16 constitucional establece la facultad exclusiva de la autoridad judicial federal para autorizar la intervención de comunicaciones privadas, incluso cuando medie solicitud del titular del Ministerio Público de una entidad federativa, ante ello, la comisión que dictamina aprecia en la minuta con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversos ordenamientos, que en la adición propuesta de un artículo 50-ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la colegisladora consideró los planteamientos de esta Cámara de Diputados, formulados en abril de 1996, de manera que se contienen elementos relativos a fundamentación y motivación respecto de causas previstas en un ordenamiento federal, como las requeridas para el Ministerio Público de la Federación; la procedencia de la intervención de comunicaciones privadas para casos de delitos calificados como graves en la legislación local respectiva y el cumplimiento de requisitos y condiciones que determinen las leyes locales, aunado a que el juez otorgante estará facultado para darle seguimiento a la ejecución que dé la autorización que se conceda.
En plena congruencia con el texto del artículo 16 constitucional, el dispositivo de cuya propuesta de modificación se trata establece que la solicitud de intervención de comunicaciones privadas será formulada por el titular del Ministerio Público local, entendiendo como ha sido atinadamente razonado por la colegisladora, esta denominación corresponde a los procuradores de Justicia de cada una de las entidades federativas.
Esta Comisión de Justicia considera que la colegisladora tomó en consideración los planteamientos que en abril de 1996 formulará la Cámara de Diputados como parte integrante del Constituyente Permanente y, en consecuencia coincide con el tratamiento que de los mismos se hace en las minutas con proyecto de ley y de decreto que se dictaminan, haciendo propio el contenido de ambas.
Por lo anterior, esta Comisión de Justicia somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los siguientes
PROYECTOS DE LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
CAPITULO UNICO
Naturaleza, objeto y aplicación de la ley
Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.
Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fino resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal:
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83-bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:
III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población:
IV. Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462-bis de la Ley General de Salud:
V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el articulo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366-ter y robo de vehículos, previsto en el artículo 381-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales.
Artículo 3o. Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.
Los delitos señalados en la fracción V de dicho artículo lo serán únicamente sí, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o., de esta ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días multa.
II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley:
a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a 16 años de prisión y de 500 a 25 mil días multa o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de 250 a 12 mil 500 días multa.
En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
Artículo 5o. Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos o ll. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiere esta ley.
Artículo 6o.. Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o., de esta ley, cometidos por miembros de la delincuencia organizada.
Artículo 7o. Son aplicables supletoriamente a esta ley, las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de la legislación que establezca las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad, así como las comprendidas en leyes especiales.
TITULO SEGUNDO
De la investigación de la delincuencia organizada
CAPITULO I
De las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada
Artículo 8o. La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos.
El reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecerá los perfiles y requisitos que deberán satisfacer los servidores públicos que conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las atribuciones que les confiere esta ley.
Siempre que en esta ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquellos que pertenecen a la unidad especializada que este articulo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podrá solicitar la colaboración de otras dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.
Artículo 9o. Cuando el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación o de la autoridad judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 10. A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia organizada.
Articulo 11. En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes.
En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino a las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos.
CAPITULO II
De la detención y retención de indiciados
Artículo 12. El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de 90 días, con objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.
CAPITULO III
De la reserva de las actuaciones en la averiguación previa
Artículo 13. A !as actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta ley exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.
No se concederá valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Público de la Federación, se le haya negado.
Artículo 14. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada deberá, a juicio del Ministerio Público de la Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal.
CAPITULO IV
De las órdenes de cateo y de intervención
Artículo 15. Cuando el Ministerio Público de la Federación solicite al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigación de alguno de los delitos a los que se refiere la presente ley, dicha petición deberá ser resuelta en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes después de recibida por la autoridad judicial.
Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 48 horas.
Cuando el juez de distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquel que se señale como el de su posible ubicación o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 16. Cuando en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o., anterior, consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración y el procedimiento y equipos para la intervención y en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.
Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.
Artículo 17. El juez de distrito requerido deberá resolver la petición en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Artículo 18. Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatará la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervención es el medio idóneo para allegarse de elementos probatorios.
En la autorización el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
La autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, que únicamente llevará a cabo el Ministerio Público de la Federación bajo su responsabilidad, con la participación de perito calificado, señalará las comunicaciones que serán escuchadas o interceptadas, los lugares que serán vigilados, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el que podrá ser prorrogado por el juez de distrito a petición del Ministerio Público de la Federación, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Público de la Federación acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
El juez de distrito podrá en cualquier momento verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y en caso de incumplimiento podrá decretar su revocación parcial o total.
El Ministerio Público de la Federación solicitará la prórroga con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolverá dentro de las 12 horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De negarse la prórroga, concluirá la intervención autorizada, debiendo levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador.
Al concluir toda intervención, el Ministerio Público de la Federación informará al juez de distrito sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio.
Artículo 19. Si en los plazos indicados en los dos artículos anteriores, el juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de autorización o de sus prórrogas, el Ministerio Público de la Federación podrá recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente, para que éste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorización o la prórroga, es apelable por el Ministerio Público de la Federación. En estos casos la apelación deberá ser resuelta en un plazo no mayor de 48 horas..
Artículo 20. Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio Público de la Federación ordenará la transcripción de aquellas grabaciones que resulten de interés para la averiguación previa y las cotejará en presencia del personal del cuerpo técnico de control de la unidad especializada prevista en el artículo 8o., anterior, en cuyo caso serán ratificadas por quien las realizó. La transcripción contendrá los datos necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos que resulten de la intervención serán igualmente integrados a la averiguación.
Las imágenes de vídeo que se estimen convenientes podrán, en su caso, ser convertidas a imágenes fijas y ser impresas para su integración a la indagatoria. En este caso, se indicará la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que realizó la conversión.
Artículo 21. Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de delitos diversos de aquellos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepción de los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artículo 16 constitucional. Toda actuación del Ministerio Público de la Federación o de la Policía Judicial Federal, hechas en contravención a esta disposición, careserán de valor probatorio.
Cuando de la misma práctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público de la Federación presentará al juez de distrito la solicitud respectiva.
Cuando la intervención tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorización correspondiente podrá ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervención y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una persona distinta sólo podrán utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se autorizó dicha intervención. De lo contrario, el Ministerio Público de la Federación iniciará la averiguación previa o lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, según corresponda.
Artículo 22. De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el Ministerio Público de la Federación, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de audio o vídeo que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la misma; la identificación de quienes hayan participado en las diligencias, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. las cintas originales y el duplicado de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre sellado y el Ministerio Público de la Federación será responsable de su seguridad, cuidado e integridad.
Articulo 23. Al iniciarse el proceso, las cintas, así como todas las copias existentes y cualquier otro resultado de la intervención, serán entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito pondrá las cintas a disposición del inculpado, quien podrá escucharlas o verlas durante un periodo de 10 días, bajo la supervisión de la autoridad judicial federal, quien velará por la integridad de estos elementos probatorios. Al término de este período de 10 días, el inculpado o su defensor, formularán sus observaciones, si las tuvieran y podrán solicitar al juez la destrucción de aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, podrá solicitar la transcripción de aquellas grabaciones o la fijación en impreso de imágenes que considere relevantes para su defensa.
La destrucción también será procedente cuando las cintas o registros provengan de una intervención no autorizada o no se hubieran cumplido los términos de la autorización judicial respectiva.
El auto que resuelva la destrucción de cintas, la transcripción de grabaciones o la fijación de imágenes, es apelable con efecto suspensivo.
Artículo 24. En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrán a disposición del juez de distrito que autorizó la intervención, quien ordenará su destrucción en presencia del Ministerio Público de la Federación. lgual procedimiento se aplicará cuando, por reserva de la averiguación previa u otra circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal.
Artículo 25. En los casos en que el Ministerio Público de la Federación haya ordenado la detención de alguna persona conforme a lo previsto en el artículo 16 constitucional, podrá solicitar al juez de distrito la autorización para realizar la intervención de comunicaciones privadas, solicitud que deberá resolverse en los términos de ley dentro de las 12 horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la ley.
Artículo 26. Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención en los términos del presente capítulo, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial correspondiente.
Artículo 27. Los servidores públicos de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. de esta ley, así como cualquier otro servidor público que intervengan comunicaciones privadas sin la autorización judicial correspondiente o que la realicen en términos distintos de los autorizados, serán sancionados con prisión de seis a 12 años, de 500 a 1 mil días multa, así como con destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
Artículo 28. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas.
Los servidores públicos de la unidad especializada prevista en el artículo 8o. de esta ley, así como cualquier otro servidor público o los servidores públicos del Poder Judicial Federal, que participen en algún proceso de los delitos a que se refiere esta ley que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados con prisión de seis a 12 años, de 500 a 1 mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.
La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.
CAPITULO V
Del aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso
Artículo 29. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueño, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
Artículo 30. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada o de que éste se conduce como dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento.
Artículo 31. El aseguramiento de bienes a que se refiere esta ley podrá realizarse en cualquier momento de la averiguación o del proceso.
Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 33. El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta ley. La administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones de esta ley y en su caso, la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, serán determinados por el consejo técnico de bienes asegurados, previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
CAPITULO VI
De la protección de las personas
Artículo 34. La Procuraduría General de la República prestará apoyo y protección suficientes a jueces, peritos, testigos, víctimas y demás personas, cuando por su intervención en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta ley así se requiera.
CAPITULO VII
De la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada
Artículo 35. El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma, podrá recibir los beneficios siguientes:
I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona.
II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos, podrá ser reducida hasta en dos terceras partes.
III. Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga, podrá reducirse hasta en una mitad.
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.
En la imposición de las penas, así como en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere este artículo, el juez tomará en cuenta, además de lo que establecen los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador. En los casos de la fracción IV de este artículo, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que establezca la legislación sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
Artículo 36. En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpación en contra de quien colabore con el Ministerio Público de la Federación, a solicitud de éste se le podrán reducir las penas que le corresponderían hasta en tres quintas partes, siempre y cuando, a criterio del juez, la información que suministre se encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante para la detención y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarquía que el colaborador.
Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo específico, el Procurador General de la República determine.
Artículo 38. En caso de que se reciban informaciones anónimas sobre hechos relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público de la Federación deberá ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la información y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisión de estos delitos, se deberá iniciar una averiguación previa, recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta comprobación, pero en ningún caso dicha información, por sí sola, tendrá valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la acción penal se requerirá necesariamente de la denuncia, acusación o querella correspondiente.
Artículo 39. Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Público de la Federación, durante la averiguación previa o por el juzgador durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.
TITULO TERCERO
De las reglas para la valoración de la prueba y del proceso
CAPITULO UNICO
Artículo 40. Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa.
Artículo 41. Los jueces y tribunales apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada, será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento, por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización, para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
TITULO CUARTO
CAPITULO UNICO
De la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad
Artículo 42. La autoridad deberá mantener recluidos a los procesados o sentenciados que colaboren en la persecución y procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en establecimientos distintos de aquéllos en que estos últimos estén recluidos, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia.
Artículo 43. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada.
Artículo 44. La misma regla se aplicará en relación al tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre ejecución de penas y medidas de seguridad.
TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION; DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Artículo primero. Se adicionan los artículos 177 y 211-bis y se derogan la fracción IX del artículo 167 y el artículo 196-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para quedar como sigue:
Artículo 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX. Se deroga."
Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Artículo 196-bis. Se deroga.
Artículo 211-bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.
Artículo segundo. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 182 y se reforma el artículo 194-bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cualquier caso, se hará constar el inventario de todas las cosas aseguradas, el cual también formará parte del acuerdo en el que se dicte el aseguramiento. Asimismo, se colocarán en las cosas los sellos, marcas, cuños, fierros o señales que de manera indubitable permitan su identificación y eviten su alteración, destrucción o pérdida.
Además, se hará la inscripción correspondiente en los registros públicos de la Propiedad y del Comercio, del aseguramiento de bienes inmuebles y de acciones o partes sociales.
Quienes practiquen la diligencia de aseguramiento deberán hacerlo del conocimiento de sus superiores. La Procuraduría General de la República queda obligada a integrar un registro público de los bienes asegurados. La forma, el contenido y el procedimiento para su integración y manejo se especificarán en el instructivo que al efecto se expida.
En ningún caso de aseguramiento se procederá al cierre o suspensión de actividades de establecimientos productivos lícitos.
Artículo 194-bis. En los casos de delito flagrante y en casos urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, quien transcurrido dicho plazo, deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse respecto de los delitos a que se refiere la Ley Federal en materia de delincuencia organizada.
Artículo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 571 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 571. Los concesionarios o permisionarios que intervengan o permitan la intervención de comunicaciones sin que exista mandato de autoridad judicial competente o que no cumplan con la orden judicial de intervención, serán sancionados con multa de 10 mil a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción y deberán pagar la reparación del daño que resulte. En caso de reincidencia se duplicará la multa señalada.
Artículo cuarto. Se adiciona una fracción al artículo 50 y los artículos 50-bis y 50-ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.
Artículo 50-bis. En materia federal, la autorización para intervenir las comunicaciones privadas, será otorgada de conformidad con la Ley Federal en materia de delincuencia organizada.
Artículo 50-ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos, privación ilegal de la libertad o secuestro y tráfico de menores, todos ellos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.
La autorización se otorgará únicamente al titular del Ministerio Público de la entidad federativa, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de los delitos arriba señalados. El titular del Ministerio Público será responsable de que la intervención se realice en los términos de la autorización judicial.
La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.
En la autorización, el juez determinará las características de la intervención, sus modalidades y límites y en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.
En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el propio juez una nueva solicitud; también ordenará que al concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un inventario pormenorizado de las cintas de audio o vídeo que contengan los sonidos o imágenes captadas durante la intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la autorización otorgada.
El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o total.
En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, el juez que autorizó la intervención ordenará que se pongan a su disposición las cintas resultado de las intervenciones, los originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia del titular del Ministerio Público de la entidad federativa.
Artículo quinto. Se reforma el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:
Artículo quinto. En tanto se expidan las disposiciones legales a que se refiere el artículo 14 de esta ley, en el reglamento de la misma, se preverá la existencia de un consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación y de la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, presidido por el Procurador General de la República y del que formarán parte, de manera personal e indelegable, un subsecretario por cada una de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, designados por sus titulares.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los artículos 167 fracción IX y 196-bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Lo anterior sin perjuicio de aplicar, cuando proceda, lo previsto en el artículo 56 del citado Código Penal.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de octubre de 1996.- Por la Comisión de Justicia; diputados: Fernando Pérez Noriega, Eduardo Escobedo Miramontes, Leonel Godoy Rangel, Carmen Segura Rangel, Amadeo Flores Espinosa, Jorge Moreno Collado, María Cristina Días Salazar, Claudia Esqueda Llanes, Manlio Gómez Uranga, María de la Luz Lima Malvido, Marcelino Miranda Añorve, Guadalupe Morales Ledesma, Juan Manuel Cruz Acevedo, Francisco Peralta Burelo, Guillermo H. Zúniga Marfínez, Eustasquio de León Contreras, Yrene Rámos Dávila, Mario de la Torre Fernández, Patricia Garduño Morales, Francisco José Peniche y Bolio, Alejandro González Alcocer, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Alejandro Zapata Perogordo, José Mauro González Luna, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ramón Sosamontes Herreramoro, Ezequiel Flores Rodríguez y Humberto Meza Galván.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto del decreto, en un solo acto.
El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 300 votos en pro y 27 en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 300 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El secretario Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:
Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Señor Presidente:
He de solicitar respetuosamente tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de esta iniciativa de dictamen a las señoras y los señores diputados, a efecto de sólo dar a conocer un resumen, por el respeto del tiempo de todos los legisladores.
El Presidente:
En unos momentos se empieza a distribuir, ya está impresa su solicitud.
El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado mes de julio se llevó a cabo un periodo de sesiones extraordinarias, con el propósito de aprobar las reformas constitucionales que permitieran modificar nuestro sistema electoral, de tal forma que impulsara la equidad y la competencia, además de establecer una nueva relación entre, ciudadanos, partidos y Estado.
Estas modificaciones aprobadas por el honorable Congreso de la Unión, quedarían como consecuencia a la necesidad de reformar distintas leyes secundarias, entre ellas, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las reformas a estas leyes secundarias, permitirían instrumentar los cambios constitucionales en materia electoral, por lo que el proceso para consensarlas no puede ser sencillo.
Los pasos han sido duros, difíciles y lentos, diría yo, muy lentos. Sólo restan tres días para que se termine el plazo que el propio Poder Legislativo se fijó, establecido en el artículo tercero transitorio del decreto de fecha 21 de agosto de 1996 para elección de consejero presidente y el secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes que sustituirán a los actuales consejeros ciudadanos.
Por tal motivo, siendo obligación de todos los legisladores cumplir cabal y responsablemente con las tareas del Poder Legislativo, soberanamente se fija, y en virtud de que el artículo 41 establece en tomo a la elección de los consejeros electorales que la ley establecerá las reglas y procedimientos correspondientes, el Grupo de Diputados Ciudadanos pone a consideración una iniciativa que modifica los artículos 74, 75 y 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativos a los nombramientos de consejeros presidentes y consejeros electorales del consejo general del Instituto Federal Electoral.
Exhortamos aquí a los diferentes grupos parlamentarios representados en esta soberanía y a las comisiones correspondientes a que se sumen a esta propuesta.
Nosotros creemos que el Poder Legislativo debe de cumplir.
Solicito, por último, señor Presidente, que se inserte esta iniciativa de dictamen en el Diario de los Debates, tal y como la hemos presentado.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Los que suscribimos, diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo de Diputados Ciudadanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía la presente Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que sea turnada para dictamen a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su discusión y en su caso, aprobación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En julio del presente año esta soberanía, en un hecho sin precedentes en la historia política y legislativa del país, aprobó, por el voto unánime de sus miembros presentes, diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. De entre las reformas aprobadas, el párrafo tercero de la fracción III de su artículo 41 señala: "el consejero presidente y los consejeros electorales del consejo general serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme el mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes".
Por su parte, el tercero transitorio establece: "a más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero presidente y el secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales consejeros ciudadanos, quienes no podrán ser reelectos..."
Es evidente que para proceder a lo anterior, previo a ello, deberán estar debidamente aprobadas y promulgadas las reformas concernientes a los requisitos que aquéllos deberán satisfacer, así como la forma de su elección y demás disposiciones relativas que se contienen en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los acuerdos logrados para la reforma constitucional de referencia y los consensos hasta el momento construidos en torno a tales temas obligan a que la reforma propuesta sea fiel a ese espíritu y que, sin menoscabo de lo anterior, se cumpla también con los plazos que la Constitución establece para tales efectos.
La reforma electoral a que obliga las recientes modificaciones constitucionales, mientras que por un lado hace imperativa la búsqueda del mayor consenso posible, por el otro, su trascendencia y profundidad requieren de los tiempos necesarios para que los acuerdos construidos sean duraderos. Los tiempos constitucionales para el nombramiento de las autoridades electorales, más que fechas irreductibles que obliguen a acuerdos apresurados, deben ser puntos de partida que faciliten el amplio consenso requerido para emprender con éxito las demás modificaciones legales, mediante un método de aproximaciones sucesivas.
En las actuales circunstancias, el país requiere que todos los actores políticos involucrados en la negociación y los representantes populares implementen en sus procesos de toma de decisiones un esquema de juego cooperativo, en el que todos salgan ganando a partir de que se construyan reglas y procedimientos que sean de indiscutible beneficio para la nación mexicana. Los acuerdos logrados en julio pasado son un imperativo ético de conducta que a todos no obliga a no incurrir en un esquema de negociación en el que lo que pierda uno, sea lo que gane el otro. En materia de reforma electoral y de avance democrático en nuestro país, la única ganadora o perdedora no puede ser otra que la sociedad mexicana: ésa es nuestra responsabilidad.
MATERIA DE LA INICIATIVA
En congruencia con lo anterior, el Grupo de Diputados Ciudadanos de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con la presente iniciativa pretende contribuir al logro de los consensos requeridos en materia de reforma electoral. Por ello, nuestra propuesta de modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo toca los puntos relativos a la integración del consejo general del Instituto Federal Electoral; las bases para la elección del consejero presidente y los ocho consejeros electorales, los requisitos que deben satisfacer éstos para su nombramiento y los mecanismos para suplir sus licencias y faltas absolutas; temas, éstos, a los que la Constitución nos obliga a resolver en lo inmediato para que, conforme a dichos criterios procedimientos puedan ser electas las nuevas autoridades electorales; y posteriormente, re sueltas y condensadas las demás modificaciones al Cofipe.
La iniciativa que hoy sometemos a su consideración pretende conciliar e integrar las diferentes propuestas y avances que hasta el momento existen en esta materia en las negociaciones; y que, por estar negociando en el conjunto de las demás modificaciones legales, no ha sido posible hasta el momento presentar ante alguna de las cámaras del honorable Congreso de la Unión.
En materia de procedimiento de elección o nombramiento de los consejeros electorales destaca lo siguiente: los nombramientos de los consejeros electorales, cuando menos tres recaerán en personas de las entidades federativas distintas al Distrito Federal; y el que los candidatos a consejeros electorales que hayan sido sometidos a votación sin resultar elegidos, puedan volverá ser propuestos para ocuparlas plazas restantes.
En lo que corresponde a la elección de los consejeros electorales suplentes y considerando que cada uno de ellos ostentará un orden que los distinga, se propone el mismo procedimiento que el contemplado para la elección de los titulares.
En materia de reelección de los consejeros electorales, se establece la prohibición para quienes hayan fungido con el carácter de titulares. Sin embargo, los consejeros suplentes podrán ser elegidos como titulares, siempre y cuando no hayan cubierto una vacante de manera definitiva.
Se establece el que las vacantes temporales o definitivas de los consejeros titulares serán cubiertas por los suplentes en estricto orden de prelación.
En materia de requisitos a satisfacer para ser consejero electoral, la reforma agrega no haber desempeñado cargos en el comité directivo estatal de un partido político.
Por otro lado, en consonancia con los acuerdos establecidos en la mesa para la reforma electoral, agrega a la prohibición de no haber ocupado un cargo de elección popular, el no haber ocupado alguno de los cargos de mayor nivel al de director general en la administración pública federal, ni el de haber sido gobernador o secretario de Gobierno en ninguna entidad federativa, durante el año previo al del día de su nombramiento.
Por otro lado, en virtud de que por mandato constitucional el cargo de presidente del consejo no tiene suplente, se pretende cubrir las ausencias temporales del mismo por uno de los consejeros electorales propietarios, que a su vez cubriría un suplente electo por mayoría absoluta de los miembros del consejo general. La ausencia definitiva o la falta absoluta de consejero presidente se cubriría de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Artículo único. Se reforman: los artículos 74, párrafos primero y tercero; 75; 76, párrafo primero, incisos f, y g; se adicionan: ocho incisos al artículo 75; inciso j, al articulo 76; se derogan: los párrafos segundo y quinto del artículo 74; todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. El consejo general se integra por un consejero presidente y ocho consejeros electorales y concurrirán, con voz pero sin voto, los representantes del Poder Legislativo, de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.
2. Se deroga.
3. Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con representación en alguna de las cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se deroga.
6 al 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III, párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución General de la República, el consejero presidente y los consejeros electorales serán electos conforme a las bases siguientes:
a) Los nombramientos de los consejeros electorales, cuando menos tres, recaerán en personas de las entidades federativas distintas al Distrito Federal:
b) Los grupos parlamentarios tendrán derecho de presentar candidatos para cubrir cada uno de los lugares. Las propuestas serán sometidas a votación bajo el principio de mayoría calificada:
c) Los candidatos que hayan sido sometidos a votación sin resultar elegidos para ocupar la plaza que se votó, podrán volver a ser propuestos para las restantes:
d) Para elegir al consejero presidente se seguirá el mismo procedimiento contemplado en el inciso b, del presente artículo:
e) Las propuestas de los consejeros serán votadas conforme al procedimiento que se estipule en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su capítulo de votaciones:
f) Para la elección de los consejeros electorales suplentes, se seguirá el mismo procedimiento previsto en la elección de los consejeros electorales titulares:
g) El consejero presidente y los consejeros electorales titulares durarán en su cargo siete años. Quienes hayan ocupado dichos cargos, con el carácter de titulares, no podrán ser reelegidos para seguir formando parte del consejo. Los consejeros electorales suplentes podrán ser elegidos en otra ocasión por la Cámara de Diputados como titulares, siempre y cuando no hayan cubierto una vacante de manera definitiva:
h) Las vacantes temporales o definitivas serán cubiertas, cada una de ellas, en estricto orden de prelación y en relación directa al orden de sucesión con la que éstas se vayan presentando.
Artículo 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. El consejero presidente y los consejeros electorales deberán reunir los siguientes requisitos:
a) al e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Haber residido en el país durante los últimos tres años, salvo en el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor a seis meses:
g) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o comité directivo estatal (...) de un partido político:
h) a i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) No haber sido secretario de Estado, ni Procurador General de la República: subsecretario, Oficial Mayor o director general dentro de la Administración Pública Federal, ni gobernador o secretario de Gobierno en ninguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento.
2. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A más tardar el 31 de octubre de 1996, deberán estar nombrados el consejero presidente y el secretario ejecutivo del consejo general del Instituto Federal Electoral, así como los ocho consejeros electorales. En tanto la Cámara de Diputados hace los nombramientos o se reforma la ley de la materia, el consejo general del Instituto Federal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Zeferino Torreblanca Galindo, Marta Alvarado Castañón, Adolfo Aguilar Zinser, Crisóforo Salido Almada e I. Tonatiuh Bravo Padilla.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.- Presente.*
Para cumplir cabalmente con lo que manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Articulo Tercero Transitorio de la reforma constitucional promulgada en agosto del año actual y para completar la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por los integrantes del Grupo de Diputados Ciudadanos, el día 29 de octubre del año en curso, solicitamos se adjunte a la misma la siguiente propuesta de reforma al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales inciso c, para otorgarle la atribución al consejo general la de designar a su secretario ejecutivo. Se reforma: artículo 82, inciso c, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. El consejo general tiene las siguientes atribuciones:
a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_______________________________________________________________________ *Esta propuesta fue entregada a la Secretaria al termino, de la sesión y se turnó a la misma comisión para ser anexada a la iniciativa presentada.
c) Designar a su secretario ejecutivo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del consejero presidente. En caso de no obtenerse dicha mayoría, se presentará una propuesta en terna para el mismo efecto y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la mayoría requerida. Los consejeros electorales formularán una nueva terna para proceder a nombrarlo por insaculación, exclusivamente de entre los propuestos en ésta última.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Diputados: Zeferino Torreblanca Galindo, Marta Alvarado Castañón, Adolfo Aguilar Zinser, Crisóforo Salido Almada e I. Tonatiuh Bravo Padilla.»
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a Julio César Chávez, Hacienda y Justicia.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, señor Presidente:
En primer lugar, quisiera corregir que el título del tema está invertido, debe de llamarse Hacienda, Justicia y Julio César Chávez, porque el tema que yo quiero tocar, que es el tema de fondo, es la conducta de la Secretaria de Hacienda.
Pediría, señor Presidente, si le pide a los señores diputados que guarden silencio y se coloquen en sus curules.
El Presidente:
Suplico a los señores diputados ocupen sus lugares y guarden silencio para escuchar al orador.
El diputado Raúl Armando Quintero Martínez:
Gracias, compañeras y compañeros diputados:
Ya en una sesión anterior, la antepasada, se presentó en esta Cámara de Diputados una convocatoria firmada por 143 diputados de diversos partidos, que participamos en el Congreso, convocando a la Secretaría de Hacienda a concluir de manera inmediata y perentoria, su campaña terrorista en contra de todos los mexicanos que trabajamos, que producimos y que pagamos impuestos.
La respuesta que ha salido posteriormente a este pronunciamiento plural y masivo de los diputados por la Secretaría de Hacienda, fue en el sentido de que va a mantener por televisión y por radio esta campaña, que utiliza el deshojar una margarita, con la amenaza concluyente de la cárcel o bien, la de un hombre que se coloca una pantalla eléctrica y acaba electrocutado.
La amenaza y el terrorismo de poner por delante la cárcel o acabar electrocutado, que de manera intensiva se está promoviendo en la radio y en la televisión por la Secretaría de Hacienda, es profundamente arbitrario, injusta e insultante en contra de la inmensa mayoría de los mexicanos.
Lo que llama la atención, además de esta campaña terrorista fiscal de la Secretaría de Hacienda, es la hipocresía con la que se comporta y con la que se conduce para aplicar la ley a aquellos mexicanos, que en todo caso son la minoría y que buscan evadir el pago de impuestos.
El 12 de septiembre del año en curso, todo el país conoció como en el diario El Universal y en la casa particular de su propietario, de su accionista mayoritario, el señor Ealy Ortiz, llegó un operativo policiaco, grosero, grotesco, innecesario para aprehender a un ciudadano que se le acusa de no estar pagando al corriente y en la cantidad necesaria, según la ley, sus impuestos. Todos conocimos el desenlace policíaco que acabó con la retención y el encarcelamiento por unas horas del director de el diario El Universal. Esta acción intimidatoria, esta acción evidentemente grotesca que se vivió en el diario El Universal y que todos conocimos y no hago una defensa, lo quiero dejar explícito, del señor Ealy Ortiz. El tema que quiero tocar es el de la hipocresía y de la actitud parcial y facciosa para aplicar la ley y la justicia por parte de la Secretaría de Hacienda, ése es el fondo de mi comentario.
Al mismo tiempo, un mes después, en este mes que está por concluir, conocimos de otro caso muy conocido para el pueblo de México, fue la denuncia y la publicación que hizo la Secretaría de Hacienda acerca de que el boxeador sinaloense, excampeón mundial de peso ligero, hombre muy cercano al señor Salinas en el sexenio pasado, el señor Julio César Chávez, la Secretaría de Hacienda hizo público que durante todo el sexenio pasado, y lo que va del actual, nunca pagó un solo peso de impuestos.
No obstante que se hizo público que el señor Julio César Chávez no había pagado impuestos, no hubo operativo policiaco para aprehenderlo, no fue detenido, se dieron facilidades para que se trasladara a los Estados Unidos a pelear a mediados de este mes y ahora mismo lleva dos lunes, incluido el de ayer, que ha ido a firmar su libertad provisional en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Aquí vemos dos conductas claramente diferenciadas, por un lado, la aplicación rigurosa de la ley a través de un operativo policíaco con cuernos de chivo, con decenas de agentes de la Procuraduría de Justicia y por otro lado, la acusación que yo no quiero decir si es fundada o no al señor Julio César Chávez, de que no ha pagado impuestos, y si no ha pagado impuestos desde el sexenio pasado y hasta ahora, pese a que ha cobrado cantidades millonarias en dólares, no se ha procedido con la misma actitud rigurista con que se actuó con el señor Ealy Ortiz.
Entonces, de qué sirve que se promueva por un lado, una campaña terrorista que ofenden la dignidad y la sensibilidad de los mexicanos que en su mayoría trabajamos con honradez, que producimos y que pagamos impuestos, cuando se aplica de manera facciosa, como en estos dos casos que estamos comentando.
Yo no sé si el señor Julio César Chávez sí es culpable ¿Porqué está gozando de libertad? Y si es inocente, ¿por qué hay impunidad por parte de la Secretaría de Hacienda para hacer filtraciones que tratan de dejarle caer la responsabilidad de un personaje de la opinión pública.
Se dice que al señor Julio César Chávez, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda no le aceptó el depósito de un millón y medio de dólares en un cheque a nombre de la Federación y lo que le pidió que para negociar su deuda tendría que llegar a la Secretaría de Hacienda con tres millones de dólares en efectivó. Si esto es verdad, resulta inaceptable que haya este tipo de conductas por parte de estos niños que están en la Secretaría de Hacienda; es inaceptable que haya dos conductas: una para el señor Ealy Ortiz y otra para Julio César Chávez, si fuera culpable y en medio de esto la Secretaría de Hacienda persiste en mantener una campaña intolerable para un pueblo como el de México que ya se encuentra con demasiados agravios, con demasiada violencia, con demasiadas amenazas.
Cómo podemos ver, en esta Cámara de Diputados, con normalidad deshojar las margaritas en la televisión, acabando con la amenaza de la cárcel; cómo podemos ver con normalidad a un hombre que se pone una lámpara, una mampara de lámpara y acaba electrocutado; ya hay demasiada violencia en la televisión como para que la Secretaría de Hacienda como rostro y vocero del Gobierno Federal, se convierta en un amenazante más de la sociedad; ya hay demasiada violencia en la televisión como para que la Secretaria de Hacienda promueva la violencia y promueva acciones que amedrentan y generan terror en la sociedad; ya hay programas en la televisión; en las dos televisoras privadas, en Televisión Azteca y en Televisa, que ofenden y agreden a la sociedad, programas como "Ciudad Desnuda" o programas como "A Sangre Fría", que pasan ya demasiada violencia; ahora compiten con esos programas indeseables de "Ciudad Desnuda" y "A Sangre Fría", los comerciales de la Secretaría de Hacienda. Están en el mismo rango de amedrentamiento que se le presenta a la sociedad.
Se dice que hay, por parte de la Secretaría de Hacienda, listas seleccionadas, listas privilegiadas de mexicanos a los cuales se les está escogiendo para generarles algún tipo de presión y que por eso aparece por un lado el señor Ealy Ortiz, por otro lado, el señor Julio César Chávez.
Si estos señores violan la ley y merecen la cárcel, que se les aplique la ley, en eso no estamos nosotros en contra, estamos en contra de que haya listas especiales, de que haya listas para venganzas políticas o para venganzas económicas o fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda; estamos en contra de una conducta facciosa por fuera de la ley, de la Secretaría de Hacienda. No vemos con ninguna simpatía la elaboración de listas; en todo caso a cualquier mexicano que no pague sus impuestos se le debe sancionar conforme a la ley, sin las campañas que amedrentan y ofenden al conjunto de los mexicanos.
Por ello, quiero yo concluir esta intervención, insistiendo a esta Asamblea de la Cámara de Diputados, que no puede quedarse como un comentario más; que no podemos dejar que la violencia se apodere de la pantalla chica que ven millones de mexicanos; que ya la violencia que está en esos programas que he citado y que tienen enorme raiting de audiencia, de violencia, de asesinatos, de robos, de asaltos que es "Ciudad Desnuda" y "A Sangre Fría", ahora tengan un acompañante, pero del Gobierno Federal, que es la Secretaría de Hacienda, que debería promover el trabajo, que debería promover la productividad, que debería llamar a la concordia; que debería de llamar a la integración productiva de los mexicanos, pero de ninguna manera hacer estas torpes e intolerantes amenazas terroristas para el conjunto de la población.
Si hay evasores concretos y que sabe quiénes son la Secretaría de Hacienda, que los haga públicos y que actúe conforme a la ley con una sola vara, no con criterios políticos y facciosos.
Por eso señoras y señores diputados, he querido llamar la atención acerca de la campaña terrorista, acerca de la medición con varas distintas y acerca de la persecución de determinados personajes que de manera inexplicable aparecen perseguidos por la Secretaría de Hacienda y desde luego también, llamar la atención de que esos promocionales, compiten con otros programas indeseables que ya soportan millones de mexicanos.
Convoco a la seriedad, a la responsabilidad y al interés por buscar en estos momento difíciles de nuestro pueblo la concordia, a que esta cámara asuma su papel activo y se pare la campaña, se paren las anomalías que la Secretaría de Hacienda está cometiendo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jorge Abel López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jorge Abel López Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; estimadas diputadas; estimados diputados:
A raíz de la intervención de nuestro amigo, el diputado Armando Quintero y concretamente en lo que se refiere al asunto del boxeador Julio César Chávez, quiero hacer unos comentarios adicionales sin ningún afán protagónico ni mucho menos de polemizar en este asunto tan delicado.
Quiero decirles a todos ustedes, en mi calidad de diputado federal sinaloense y a nombre de los diputados federales priístas de Sinaloa y de muchos otros diputados priístas que han estado participando atentos a este asunto y quiero decirle de manera personal también al diputado Armando Quintero, que el caso de Julio César Chávez, se ha tratado en la Secretaría de Hacienda en igualdad de condiciones y circunstancias como cualquier otro contribuyente que ha evadido el fisco. No hay preferencias ni ha habido atención especial al asunto de Julio César Chávez y los diputados priístas de Sinaloa, ciertamente hemos estado abogando dentro del marco legal ante la Secretaría de Hacienda, para que se encuentren soluciones financieras en estricto apego al régimen jurídico para Julio César Chávez.
En la aplicación de la ley, y en este asunto en particular, no hay discrecionalidad por parte de la Secretaría de Hacienda.
Quiero comentar con ustedes que ciertamente la diputación priísta y en especial, la de Sinaloa, siempre hemos estado preocupados porque prevalezca el régimen de derecho y el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, entre ellas, las fiscales. Por ello, en estricto apego a este régimen de derecho, los diputados priístas hemos estado intercediendo ante las autoridades competentes a efecto de que se les otorguen las facilidades suficientes para que Julio César Chávez González pueda cumplir cabalmente con las obligaciones fiscales. En ese sentido debo señalar y reconocer la buena disposición y voluntad de la Secretaría de Hacienda para encontrar un acuerdo, partiendo también de la siempre manifiesta voluntad e interés y disposición de Julio César Chávez para regularizar su situación fiscal ante Hacienda.
Entonces, compañeros diputados, nosotros, los diputados priístas, somos los primeramente convencidos de que la ley se debe de aplicar por igual a todos.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Marta Alvarado Castañón.
La diputada Marta Alvarado Castañón:
Con su venia, señor Presidente:
Quiero referirme también al mismo hecho de esos anuncios, verdaderamente que asaltan, asaltan esto se puede decir, al ciudadano y por el cual se están quejando tanto.
En esta ocasión haré uso de la tribuna para referirme también a los anuncios intimidatorios que la Secretaría de Hacienda ha lanzado en contra de los contribuyentes.
Vengo a recordarles que es nuestro deber vigilar que los otros poderes respeten las leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión. La radio y la televisión, y por extensión cualquier otro medio de difusión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Para ello deben afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana los vínculos familiares.
La campaña de terror de la Secretaría de Hacienda en la que intimida a los ciudadanos para que paguen impuestos, va en contra de esa disposición que se encuentra en la ley que rige la radio y la televisión.
Asimismo, compete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral y no ataque los derechos de terceros. Me parece que la amenaza ya no velada, sino manifiesta, que hace la Secretaría de Hacienda atenta abiertamente contra la dignidad de las personas.
El Gobierno, ante su nula credibilidad, busca que los contribuyentes depositen su dinero ganado con mucho esfuerzo, sobre todo en los últimos tiempos en las arcas de la nación y la estrategia no es señalar que ese dinero es necesario para construir escuelas, hospitales, infraestructura y todo aquello que el Estado está obligado a brindar al ciudadano.
Finalmente, mucha de su razón de ser radica en ello. La Secretaría de Hacienda lo hace amenazando con aplicar toda la fuerza del Estado en contra de quien omita un cumplimiento de esta obligación.
Lo inaceptable aquí es que el Gobierno carece de autoridad moral para exigir el pago de impuestos, mientras se niega a dar cabal cuenta de lo que hace con ese dinero. Por ello, debemos exigirle a la Secretaría de Hacienda cambiar su estrategia publicitaria y al Gobierno entero debemos exigirle el uso transparente y honesto del dinero.
Gracias.
ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO
El Presidente:
Sobre la Alianza para el Crecimiento, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Este fin de semana el encargado del Ejecutivo Federal, según consigna la prensa, fue testigo de honor de una nueva farsa denominada Alianza para el Crecimiento, sigla APEC.
¿Cuáles son los antecedentes de este acto teatral que sella nuevamente el pacto de acero entre la oligarquía mexicana y la norteamericana y condena al hambre a la clase trabajadora del país.
El antecedente es el tripartismo, una forma de despojo al Poder Legislativo de su facultad soberana para decidir sobre las grandes cuestiones nacionales, en particular, sobre la política económica. Estamos frente a una modalidad fascista que despoja al Poder Legislativo de su majestad, para dirigir los asuntos económicos, financieros laborales y de la nación.
En 1922 en Italia, tras la marcha sobre Roma de las "Camisas Negras" y la toma del poder por Benito Mussolini, el primer acto del nuevo gobierno fascista fue la integración precisamente del Gran Consejo Fascista y el primer acto de política económica del duce fue la instalación del Gran Consejo Económico de Italia, teniendo como eje una agrupación denominada Cofindustria, la Concamín de allá en aquella época. Mussolini reunió a los gremios bajo una estructura corporativa, los líderes gremiales elegidos desde la cúpula del poder fascista formaban parte del Gran Consejo Económico. Igualmente, eran elegidos los líderes empresariales y desde luego, el duce nombraba al representante del gobierno y desde el Gran Consejo Económico que regía la industria, el comercio, las relaciones laborales mediante aquella nefasta carta llamada "Carta del Lavoro", que hoy por cierto se reedita en México con la nueva cultura laboral de Javier Bonilla, pero ésa es otra historia, se desencadenó en Italia una política de control desde el Estado, por el Estado, nada fuera del Estado de la actividad económica y de la actividad de los particulares.
Ese ejemplo lo ha seguido el Gobierno mexicano en determinadas fechas. Debemos recordar que en el sexenio 1970-1976, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se impulsó el mismo esquema bajo la denominación de Comisión Nacional Tripartita. Ahí Luis Echeverría Alvarez, conjuntamente con el Secretario del Trabajo, reunió a los representantes de la patronal de la CTM, de la CNC, con representantes del gabinete económico, para decidir por encima del Poder Legislativo el rumbo económico de la nación. Aquel tripartismo no produjo nada en beneficio de la clase popular y sí apuntaló los cimientos de la oligarquía económica que dependía cada vez más del poder de las transnacionales.
A partir de entonces, sobre todo desde el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, el pactismo fue exaltado a acción suprema del Gobierno; la intención: minimizar y aniquilar al Poder Legislativo. No es aquí compañeros legisladores donde se diseña la política económica, aquí se nos engaña, se nos toma el pelo, se nos da atole con el dedo con decisiones que ya fueron tomadas a nuestras espaldas.
Ya fueron dados a conocer los criterios de política económica para 1997. Pero no fue una presentación en esta Cámara del secretario de Hacienda, sí fue Guillermo Ortiz Martínez quien compareció, pero en Nueva York, ante el Consejo de las Américas, a ése que preside David Rockefeller, hace tres semanas, fue a recibir instrucciones y a fijar posición; ése es el primer acto.
Luego viene el segundo acto, este fin de semana, cuando fijados los límites y los márgenes de acción económica desde Nueva York se firma el nuevo pacto que supuestamente sellan las fuerzas productivas de la nación y esto también es otro engaño, porque se entendería por pacto aquella convención entre las partes, adoptada libremente y por decisión de quienes convergen, para establecer un compromiso y no hay tal. Aquí el programa fue elaborado por Guillermo Ortiz, fue instrumentado por el Ejecutivo e impuesto a la patronal e impuesto al sector obrero y no es Zedillo testigo de honor, es el autor del plan y es quien impone las reglas del juego aceptadas dócil y cobardemente por los representantes empresariales y los representantes obreros.
Pero, ¿qué podía esperarse de dichos representantes?, tan charros los de la CTM como charros los de la patronal, es un verdadero jaripeo político en donde compiten charros contra charros, puesto que es igualmente discutible la forma en que se elige a los dirigentes de la CTM, como se elige a los dirigentes del CCE, de los concamines, de los Concanacos, de los banqueros o de la Coparmex.
No representan ellos el interés ni de los campesinos, ni de los obreros, ni de los comerciantes, ni de los industriales, pero ellos van ahí a entregar el interés de su clase a la que no defienden, a la que entregan y ¿A quién entregan los intereses que dicen representar? No se necesita ser muy ducho en materia política para entender quién es el que ha ganado con este nuevo pacto.
La prensa del día de hoy nos da testimonio claro de quienes son los beneficiarios y los ganadores. Mientras por una parte afloran las críticas de trabajadores, las críticas de empresarios medianos y pequeños nacionalistas, los grandes titulares exaltan las declaraciones de tres individuos que ayer se entrevistan con el Ejecutivo y emiten sensacionales declaraciones de prensa.
Dicen ellos, que apoyan el plan económico oficial, esto dijo el trío integrado por David Rockefeller, John Henessy y Robert Mosbacher. Estos sujetos que representan a las grandes transnacionales que operan al sur del río Bravo se declaran satisfechos por la contención salarial, ellos aprueban que los salarios no suban más allá del 17%, cuando la clase trabajadora demandaba por lo menos un incremento del 100% para poder resarcirse de la pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos dos lustros.
Ellos, los extranjeros, apoyan el Programa de la Alianza para el Crecimiento, porque se incrementan los energéticos; ellos, los extranjeros, apoyan porque el Gobierno ha procedido a una desgravación literalmente del 100% al 0%, esto es la desgravación total de los impuestos a la importación de la producción chatarra que procede de los Estados Unidos, producto del Tratado de Libre Comercio.
Cómo no van a estar contentos los empresario norteamericanos cuando se les trata tan bien. En contrapartida, al productor mexicano le suben los impuestos es muy clara la protección al interés del exterior y la adhesión a quien ha decidido permanecer en el mercado mexicano. De ahí que no es de extrañar que las importaciones mexicanas en términos reales este año crezcan más allá del 25% con relación al año anterior.
No hay consistencia en el programa económico que hoy se nos presenta, porque el Gobierno reiteradamente propala su teoría del combate a la inflación y es el Gobierno zedillista el primero que la atiza, porque incrementar los precios de los energéticos en la forma en que ha sido anunciada, equivale a promover una espiral inflacionaria en virtud de que el energético es el principal insumo y tiene un efecto multiplicador en la estructura de los costos de producción de prácticamente todos los procesos económicos del país.
Que nos venga a decir el Gobierno que este programa estimula el empleo porque se crea un millón de becas de trabajo y de plazas temporales, es otra estafa, porque en la temporalidad está el anuncio de que al término habrá desempleo y porque las becas de trabajo son una forma de estafar a la clase trabajadora porque no se garantiza su antigüedad, porque no hay historial laboral, porque no hay protección a los intereses del trabajador a largo plazo; ni siquiera es paliativo, es una forma burda de estafar a la opinión pública, porque el Gobierno lo usa para decir que incrementa la población activa que está laborando y porque bajo el supuesto de que se le brinde servicio médico se propala que hay un mayor número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, ya sabemos que esos trabajadores no están realmente amparados por el esquema de la seguridad social de la nación.
El programa que nos ocupa, es desde luego de un corte neoliberal, es el anuncio de más de lo mismo; es el preludio de una nueva etapa en que la clase trabajadora cargará por otro periodo indefinido con el peso de la crisis; el Gobierno zedillista no está dispuesto a compartir los costos con la clase empresarial, mucho menos con las transnacionales yanquis que hoy han recibido nuevos premios, ya se les premió con la venta de la petroquímica, hoy se les premia con una supuesta nueva estrategia laboral que no es más que la repetición de un programa económico expoliador para los trabajadores, destructivo de la plantaindustrial propia puesto que no se le protege, se protege a los industriales del exterior por vía del Tratado de Libre Comercio y por la ya mencionada desgravación de los aranceles casi al 0%.
Este esquema debe ser combatido con un programa económico alternativo; la fracción Social Demócrata, ya ha presentado aquí el denominado "contra plan", los compañeros de otros partidos lo han hecho asimismo, es urgente que los líderes de la denominada burbuja política de esta Cámara de Diputados en actitud firme y valiente se enfrenten al Ejecutivo para reclamar: primero, que esta Cámara es la que debe resolver sobre los criterios de la política económica, no deben ser ni Rockefeller ni Henessy, ni Mosbacher y segundo que debe ser aquí en este recinto donde la representación nacional debe resolver el futuro de los mexicanos.
Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo:
Gracias, señor Presidente:
Quisiera iniciar esta intervención señalando que los acuerdos firmados recientemente son y deben ser preocupación de esta Cámara de Diputados por varias razones, la primera es que se trata de una continuidad, no de un cambio en la política económica, continuidad que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo del país, continuidad que no ha traído mayor bienestar ni mayor aliento a la producción, sino que por el contrario, ha traído inestabilidad, ha traído recesión y ha traído pobreza y deterioro de la planta productiva del país.
También debe ser una preocupación de esta Cámara, porque los acuerdos firmados recientemente no son una muestra ni un reflejo de una voluntad democrática del Gobierno para que este país evolucione políticamente. En realidad se trata, como hemos visto en otras ocasiones, de un acuerdo firmado a trasmano, de un acuerdo sin consenso ni de los trabajadores que se dicen representados ahí, ni de los empresarios ni de las demás organizaciones sociales que acudieron a la firma del pacto o del acuerdo.
Se trata entonces de la continuidad también de medidas y de formas de Gobierno signadas por la antidemocracia, de medidas y formas de Gobierno que no reconocen ni la pluralidad social ni la pluralidad política ni la pluralidad democrática de este país. Se trata de un acuerdo cupular, antidemocrático, autoritario y de un ejercicio vertical del Gobierno para imponer sus políticas.
Nosotros deberíamos reflexionarsobre la enorme disparidad que hay entre la voluntad democrática mostrada por la sociedad y la profunda antidemocracia mostrada por el Gobierno cada vez que se firman estos acuerdos.
Y en tercer lugar, esta Cámara debería estar preocupada también, porque la próxima semana, cuando discutamos los criterios generales de política económica, vamos a encontrar avalada esa política por un acuerdo en el que el Congreso de la Unión no participó en absoluto.
Legislar al margen del Congreso, hacer leyes al margen del Congreso, saltar las instancias constitucionales para fijar medidas de política económica, es un acto no sólo autoritario, sino peligroso, es un acto peligroso porque nos lleva a un estado de facto, a un Estado en donde las instituciones y el régimen de derecho no cuentan, donde cuenta la decisión autoritaria del Gobierno por encima de las leyes, de las instituciones, de la Constitución, de la representación popular existente en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Pero déjenme señalar también que este pacto obedece a un fracaso del Gobierno que trata de remediar con las medidas que se anunciaron.
¿Qué hay en el fondo de este apresuramiento por firmar el pacto o el acuerdo? Lo que hay en el fondo es un fracaso en la política económica, particularmente en el aspecto de la captación tributaria. Los ingresos tributarios del Gobierno han caído más allá de lo esperado, de lo programado y de lo previsto por el propio Gobierno.
Desde que se votó el aumento al impuesto al valor agregado, para aumentarlo del 10% al 15%, nosotros advertimos con claridad que esta medida en lugar de servir para fortalecer las finanzas públicas, iba a tener un efecto recesivo adicional sobre la economía, que a la larga iba a reflejarse en una caída de los ingresos tributarios y eso es justamente lo que ha sucedido. Los ingresos tributarios han caído porque la recesión económica causada por las mismas medidas fiscales del Gobierno fueron más allá de lo previsto, más allá de lo planeado y entonces esa caída tributaria está afectando severamente las finanzas públicas.
Lo que hay entonces es un gran fracaso del Gobierno, lo que hay es una falta de previsión, de planeación y una política que, incluso, en la propia lógica de los planes gubernamentales ha demostrado ser inconsistente.
Precisamente porque los índices de captación tributaria han caído severamente de lo que se trata ahora es de fortalecer las finanzas públicas por otra vía distinta a la captación tributaria
y esta vía distinta de la captación tributaria está en los precios de las tarifas de los bienes que produce el Estado, particularmente la gasolina y la electricidad.
Se trata entonces, compañeros diputados, de ganar, hacerse de recursos que no se pudieron conseguir por una política equivocada en materia tributaria, ahora alcanzarlos y retomarlos de la sociedad a partir del alza a la gasolina y a la electricidad.
¿Y por qué resulta tan importante desde la lógica del Gobierno fortalecer en este momento las finanzas públicas?, ¿por qué y ésa es una cosa que quisiéramos platicar con el licenciado Ortiz, por qué si Ortiz anunció originalmente un déficit del 1% del producto como medida presupuestaria para el próximo año, ahora después de la firma del acuerdo dice que va a ser del 0.5%?, ¿por qué ese cambio ya anunciado en la política del Gobierno, de prever un déficit fiscal menor, la mitad de lo que se había dicho originalmente, del 1% y ahora del 0.5% del producto? ¿Por qué esa obsesión, esa necedad, esa idea fija de fortalecer las finanzas públicas para el próximo año y ya no incurriren un déficit del 1%, sino ahora solamente del 0.5%? Y para ello, insisto, aumentarlos precios de las tarifas de los bienes producidos por el Estado, de la gasolina y la electricidad ¿Por qué?, la respuesta no puede ser otra más que ellos están convencidos, el Gobierno está convencido de que fortalecer las finanzas públicas tiene que ser otra vez una prioridad en función de los movimientos de la tasa de cambio que se observaron en las últimas semanas.
Es decir, el movimiento devaluatorio que se observó en los últimos días es, desde el punto de vista del Gobierno, una amenaza a la estabilidad que tiene que ser combatida a través de un fortalecimiento de las finanzas públicas y para ello se elevan los precios de la electricidad y de la gasolina.
Están equivocados otra vez. Ni la estabilidad del tipo de cambio depende única y necesariamente de las finanzas públicas ni tampoco es correcto decir que el equilibrio o más bien dicho la estabilidad del tipo de cambio a la fuerza, sea la garantía de un programa económico exitoso.
En realidad lo que hemos visto en los últimos años desde 1995, ha sido no un mercado libre de divisas, sino un mercado donde se puede apreciar con claridad la mano negra del Banco de México.
En 1995 el Banco de México intervino por lo menos 24 veces en el mercado cambiario, echando mano de un total de casi 5 mil millones de dólares, provenientes de las reservas internacionales.
Pero, cosa curiosa, ¿a dónde se fueron esas divisas aportadas por el Gobierno y que en última instancia son resultado del esfuerzo de todos los mexicanos? ¡Ah, qué curioso! Porque en ese mismo año las cuentas bancarias, propiedad de mexicanos en los Estados Unidos, ascendieron a 24 mil 582 millones de dólares, es decir, el doble de los depósitos existentes, con lo cual se calcula una salida de 12 mil 332 millones de dólares.
¿A dónde van entonces las reservas que pone el Banco de México para sostener el peso cuando hay una ola especulativa? Hay una fuga de capitales que finalmente va a parar en cuentas personales de mexicanos en el extranjero y, por lo tanto, se reproduce el círculo vicioso de que el Gobierno y los mexicanos alimentan o sostienen la paridad del peso, sólo para que se engorden las cuentas bancarias de mexicanos en los Estados Unidos.
Es una política equivocada, una política equivocada que no sirve para la recuperación, que no sirve para controlar la inflación, pero que sí sirve para sostener beneficios, prebendas y subsidios a los mexicanos más ricos de este país.
La política del Banco de México en términos de fijar la paridad, es entonces en realidad un subsidio disfrazado, pero un subsidio al fin multimillonario para los mexicanos más ricos de este país.
El Banxico, entonces, se ha convertido entonces en la Conasupo de los ultra súper ricos de este país.
Eso nos está demostrando entonces la política equivocada del Banco de México.
Pero la otra cosa preocupante, es que la obsesión por fijar el tipo de cambio como ancla, está ligada también a la necesidad de tener tasas de interés atractivas para el capital extranjero y esta política de tasas de interés altas que en términos reales son del 10%, descontada la inflación, una de las más grandes del mundo, una de las mayores y más escandalosas tasas reales de interés del mundo, cuando en otros países andan en el 4%, y ya no digamos en los Estados Unidos que son aproximadamente del 2%, estas tasas de interés enormemente altas que tiene que sostener la economía mexicana, finalmente se revierten también en una asfixia económica y en un obstáculo permanente para la recuperación que sobre todo tienen que sufrir las pequeñas y medianas empresas.
Se trata entonces, otra vez, de una política para premiar a los súper ricos que tienen capacidad de ahorrar y que al mismo tiempo pueden ser usuarios del crédito, pero en mucho mejores condiciones, porque también esas empresas, las súper ricas, las mejores, son también ahorradoras.
Entonces esta política de tasas de interés es otro elemento equivocado de la política económica.
Ligado a esto está efectivamente el problema en el tipo de cambio, un tipo de cambio que se requiere estable, para premiar al capital extranjero con altas tasas de interés, un tipo de cambio que se quiere estable para garantizar los flujos del capital especulativo.
Esta política entonces premia a los más ricos, a los más fuertes, a los más poderosos, pero asfixia a la economía de la mayor parte de los mexicanos, a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a los trabajadores.
Se habló en el acuerdo de un aumento del 17% a los salarios y se dice que es una ganancia porque los precios van a subir sólo 15% el año entrante. Pero, compañeros diputados, todo mundo sabe, que particularmente en materia inflacionaria, los pronósticos del Gobierno nunca se cumplen, nunca le ha atinado la Secretaría de Hacienda al índice inflacionario que va haber al siguiente año.
Por lo tanto, si Hacienda está anunciando una inflación del 15% para 1997, todo mundo sabe y sobre todo nosotros, que hemos aprobado, reprobado, pero que hemos conocido los proyectos económicos del Gobierno en los últimos dos años, sabemos que la inflación va a superar el 15%.
Se trata entonces de una política salarial, que va a castigar otra vez el salario en 1997, porque el aumento en la inflación no va a ser del 15% sino va a ser superior al 17%. Pero, incluso si hubiera un empate entre salarios y precios el próximo año, esto también sería la continuidad de una política económica equivocada, porque como todo mundo reconoce también, incluyendo el Presidente de la República, el secretario de Hacienda, el rezago en materia salarial es enorme.
Lo que necesitamos entonces no es un empate y mucho menos un deterioro adicional del salario, sino una recuperación gradual y franca del salario en este país.
Y eso, esa recuperación del salario no está prevista en el acuerdo que se firmó y por el contrario está prevista y está calculada y así fue diseñado, un nuevo castigo al salario en 1997, si se quiere un poco más matizado, pero la continuidad del castigo a los salarios en 1997.
Por estas razones, compañeras, compañeros diputados, adelantamos que los criterios de política económica, anunciados con la firma del acuerdo, traerán a este país más inestabilidad, más recesión, más castigo a los salarios y más continuidad en el rumbo equivocado de una política económica, que ha favorecido y favorecerá a los más ricos, a los más fuertes, a las empresas más grandes, a los mexicanos más poderosos, pero desde luego que seguirá lastimando dolorosamente a los mexicanos, a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos más pobres de este país, que, sin embargo, son los que más trabajan y más aportan y desde todos los puntos de vista al desarrollo nacional.
Se trata entonces, de más de lo mismo en el mismo sendero equivocado.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo.
El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como el año pasado, parece que se repite la película. Al igual que entonces en el gabinete económico, el Presidente de la República se dignó anunciarnos al Poder Legislativo los criterios de política económica, los lineamientos de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, a través de los diarios y de los medios de difusión. De nueva cuenta no se tomó la molestia de guardar las formas, siquiera eso, para hacer del conocimiento de esta Cámara de Diputados dichos criterios y dichos lineamientos.
Parece que en la búsqueda de tener razón a toda costa, de hacer válido el dicho ya reiterado aquí, de que no hay otro camino y de que de no haber hecho las cosas como las hacen, quién sabe dónde estaría este país, todo se vale. Y nos preguntamos: ¿acaso los trabajadores y la situación de este país podrían estar peor? Y alguien contestaría y seguramente quien continúe en el uso de la palabra para negar nuestras afirmaciones, seguramente dirá: sí, sí podrían estar peor.
Pero peor que un deterioro del salario, el 70% del salario mínimo en los últimos años de los trabajadores, los empleos perdidos, el deterioro de la economía nacional, de la industria, del comercio, que hoy padecemos, difícilmente alguien podría demostrarlo y decíamos ya antes que en historia y en política no hay "el hubiera", lo hecho es lo que cuenta y lo hecho hoy tienen postrado a la gran mayoría del pueblo mexicano en la miseria y en la marginación y a unos cuantos gozando de ganancias inmensas y haciéndose cada vez más y más ricos.
Esta 17 versión de las concertaciones económicas, desde la primera que se inició con Miguel de la Madrid, han dado como resultado en 10 años esta pérdida de las condiciones de vida de los trabajadores. En ese periodo el salario creció en 304% y la canasta básica, datos conservadores, en casi 700%. Los precios de las empresas públicas han crecido en 800%, curiosamente en las de las privadas en sólo 500%.
El Gobierno, congruente con su política, política que no es de ahora, sino que ya tiene tres sexenios prácticamente, ha hecho recaer sobre la mayoría de los trabajadores del país el peso de la crisis y hoy nos anuncian que de nueva cuenta este peso será a costa del conjunto de los trabajadores, del conjunto de los mexicanos que se dice defender y en nombre de lo cuales se toman todas estas medidas, porque no se nos dice que es en nombre de la gran industria de los grandes capitalistas, sino que todas estas medidas son con el fin de lograr que México salga de la crisis y que las condiciones de vida de los trabajadores se vean mejoradas. Y resulta ser que en cada edición, que en cada nueva edición de estos pactos y cada ratificación de la política económica del Gobierno los resultados son los contrarios: más pobreza, más marginación y más injusticia en el país.
No sabemos pues a qué vendrá ahora en unos días el secretario de Hacienda, vendrá a platicarnos lo que ya hizo público, vendrá a ratificarnos que no hay de otra y vendrá seguramente a volvernos a decir que el bienestar para los trabajadores, para la mayoría de los mexicanos, tendrá que esperar unos años más.
Compañeros: México requiere urgentemente de un nuevo pacto social que permita no sólo generar certidumbre, sino comprometer a los agentes productivos en un esfuerzo de trabajo conjunto.
Ciertamente la liberación de la competitividad y la calidad de la producción, pero en condiciones de equidad, de democracia y justicia social; en condiciones reales de recuperación de las condiciones de vida de los mexicanos que hoy la reclaman cada vez con mayor urgencia.
No cabe duda que nuestra sociedad se encuentra madura para ello y aún para más que eso. Pero esto requiere de un esfuerzo neto y realista de coordinación, de concertación, de involucrar efectivamente a quienes padecen esta crisis y quienes han cargado por años y años los costos de la misma que no son los grandes empresarios, que no son los líderes obreros y, por supuesto, que no son los altos funcionarios del sector público a los cuales los bonos le vienen muy bien.
Mientras ello no suceda y siga recurriéndose a fórmulas completamente desgastadas y envilecidas por la simulación, las mejores perspectivas de recuperación económica serán efímeras y sólo servirán para ahondar la brecha entre ricos y pobres.
Hoy, la semana que entra, tendremos parte de la palabra cuando nos vengan a ratificar esta política económica.
Gracias, compañeros.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
He pedido hacer uso de la palabra en este debate sobre la nueva Alianza para el Crecimiento y el Empleo, de la economía del país, con el único propósito no de señalar ni de negar afirmaciones de los compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, posiciones todas para mi grupo parlamentario respetables, sino para ofrecer mayores elementos a este debate y completar la visión a la opinión pública y a esta Cámara de Diputados sobre el importante evento que se firmó el sábado pasado y que en los próximos días habremos de analizar, revisar, debatir en este pleno y en comisiones al interior de la Cámara de Diputados.
Primero quisiera señalar cómo vamos en la economía del país, cuál es la situación actual de la economía de México, para ubicar en su verdadera dimensión la alianza recién firmada.
Primero podemos afirmar que tanto la política fiscal como la política monetaria, han conducido a una reducción en las expectativas de inflación. Las mismas expectativas del Gobierno, las estimaciones gubernamentales, las estimaciones de grupos privados al interior de México y de fuera de México, investigadores, economistas distinguidos, coinciden en que al cerrar este año, el crecimiento de la economía será superior al 3% y que la inflación se colocará poco arriba del 25%.
También tenemos que los indicadores de producción y empleo presentan mejoría. Hemos reconocido en este foro y en otros que esa mejoría es insuficiente, que no hay que echar las campanas al vuelo, pero que sí los indicadores señalan, muestran, perfilan ya una recuperación tanto de la producción como del empleo.
Asimismo esta recuperación se da en varios sectores de la actividad económica del país, aunque también tenemos que reconocer que esta recuperación es todavía desigual al interior de todos y cada uno de esos sectores.
Vemos también una recuperación moderada del mercado interno, repito, una recuperación moderada del mercado interno.
Ante este escenario el acuerdo recién firmado hace evidente una cosa: en economía no se pueden saltar etapas, no se pueden brincar etapas. Pasamos ya de la estabilidad de una política que tiende y que fomenta la estabilidad de la economía, para el año que entra pronunciarnos de manera decidida y convencida por el crecimiento de la economía, por el empleo y por la protección del poder adquisitivo de los trabajadores de este país.
En ese pacto, los que lo firmaron, esperan un crecimiento de 4% del producto interno bruto. Es una estimación, si bien es cierto conservadora, a juicio de mí grupo parlamentario es la adecuada para dar señales importantes, señales correctas, a los diferentes actores económicos de México.
El imperativo, pues, es crecer, dar empleos y sí también esperar una inflación, aunque sea moderada. Una cuestión relevante es que por primera vez el salario mínimo está estimado por arriba del crecimiento de la inflación y es viable, es factible esperar una recuperación de los salarios reales, ya que en efecto históricamente se puede observar que cuando la economía crece los salarios reales también se mueven en ese sentido. El salario mínimo es un punto de referencia obligado para señalar cual puede ser el futuro de las diferentes negociaciones salariales contractuales, ya que éstas, las negociaciones salariales contractuales, representan el 80% en el mercado de trabajo de nuestro país.
Sin duda, esta estimación del crecimiento del salario mínimo en nuestro país empujará hacia arriba las mismas negociaciones contractuales. A esto habría que agregar el crecimiento de la productividad en las principales ramas manufactureras, el cual se estima en 10% superior al que se da en las mismas ramas con nuestro principal socio comercial Estados Unidos y, sin duda, uno de los factores que determina la evolución de los salarios es el de la productividad.
Por lo que toca a los aumentos en los precios y tarifas del sector público había que señalar dos cosas: primero, que la propuesta que llegará a esta Cámara seguramente considerará un aumento importante en la inversión pública, un aumento que se estima en 10% en términos reales. Lo que implica que sectores tan importantes como el energético presenten crecimientos en promedio en torno al 60% en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad.
Por ello, es necesario alinear los precios y tarifas del sector público, ya que aun con este aumento o con los aumentos programados a lo largo de todo el año, aun con ese aumento seguramente se tendrán que canalizar con los aumentos programados a lo largo de todo el año, aún con ese aumento seguramente se tendrán que canalizar 13 mil millones de pesos al subsidio en tarifas eléctricas; para este año se estimaron 11 mil millones de pesos para esas mismas tarifas y es importante, en segundo término, alinear los precios y tarifas del sector público, para contribuir a un equilibrio adecuado a las mismas empresas y no comprometer su viabilidad y su futuro.
Otro hecho importante a mi juicio, sin duda es el que se refiere a que por primera vez se rompe el candado del déficit fiscal. Se propondrá a esta soberanía, y aquí lo habremos de analizar, un déficit fiscal en tomo al .5% del producto interno bruto, cuando países de la OCDE tienen en promedio déficit fiscales de más de 3% del producto. Con ello se fortalece el papel del estado como rector y promotor de la economía.
Con esta posibilidad de manejar un déficit fiscal totalmente financiable, que no contribuirá a un mal camino, a un mal andar en nuestra economía, con ese déficit fiscal podremos financiar varios proyectos importantes en el país. Si no contamos con la infraestructura necesaria para soportar ese crecimiento, con las carreteras, con las plantas eléctricas indispensables, con la inversión en Petróleos Mexicanos, con un importante y fundamental programa de aliento y de construcción a la vivienda, difícilmente podremos sostener el crecimiento y el empleo propuestos en esta alianza.
Esto, queremos señalar, no es una continuidad o continuismo de la política económica, sino como señalaba es una nueva etapa de la misma, una nueva etapa en la que se mantienen estímulos fiscales importantes, como es el caso de la deducción de automóviles, el mantener exentas a las pequeñas y medianas empresas hasta determinado nivel de ingresos, en el pago del impuesto al activo y sobre todo aquellos estímulos a la creación de empleos. Todo esto lo que refleja son las propuestas mismas que el grupo parlamentario de mi partido ha realizado en diferentes foros y en diferentes reuniones.
El año pasado el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en esta misma tribuna señaló que el imperativo para la economía mexicana era volverá crecer. En septiembre pasado en esa misma reunión donde el Secretario de Hacienda comentó muchos de los temas que posteriormente se han analizado en la prensa, primero que en ningún lado, aquí el Secretario de Hacienda señaló, en el Salón Verde, la posibilidad de plantear a este Congreso un probable déficit del .5% del producto interno bruto y las principales estrategias para mantener la orientación del gasto hacia la inversión, la infraestructura y la protección a los programas sociales. Ahí mismo el presidente de la Comisión de Hacienda señaló que no nos pronunciábamos a favor del aumento de ningún impuesto. En la alianza el Gobierno no ha firmado con los sectores productivos nada en este sentido.
Las iniciativas que analizaremos y, en su caso, aprobaremos en los próximos días en esta Cámara, serán fundamentales para profundizar en el debate económico de la nación.
Keynes decía que los hombres prácticos que se creen libres, libres de toda influencia intelectual, son generalmente esclavos de algunos economistas difuntos. No caigamos pues, en dogmas y veamos a la economía mexicana como la oportunidad de construir un país más viable y no permanecer atados a esquemas y discursos ya superados en México y ya superados también en el mundo.
Por su atención, muchas gracias.
COMISIONES LEGISLATIVAS
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se acaba de recibir un punto de acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Se ruega a la Secretaría dar cuenta de éste.
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
«Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la honorable Asamblea, a los siguientes diputados para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.
Comisión de Trabajo y Previsión Social, el diputado Gerardo Ordaz Moreno, sustituye al diputado Carlos Aceves del Olmo. Comisión de Asuntos Fronterizos, el diputado Carlos Aceves del Olmo, sustituye al diputado Gerardo Ordaz Moreno.
Atentamente.
México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- El presidente, Humberto Roque Villanueva; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario, del PAN; Pedro Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Juan José Osorio Palacios, María del Rosario Guerra, José Ramírez Gamero y Héctor Hugo Olivares Ventura.»
El Presidente:
Para hacer una denuncia sobre personas desaparecidas, tiene la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido..., perdón, se tiene que votar el punto de acuerdo.
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
ESTADO DE SINALOA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, para hacer una denuncia.
El Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Gracias, señor Presidente:
Vengo a denunciar, compañeras y compañeros, un secuestro que parece ser el producto de una guerra sucia que se lleva a cabo hoy día, entre el narcotráfico por un lado y el Ejército mexicano y la Procuraduría por el otro.
El 25 de septiembre un señor de Culiacán, Sinaloa, empresario hasta entonces solvente moral y económicamente, Rómulo Rico Urrea, pues llevaba una vida más o menos normal, pero Rómulo Rico Urrea tenía un problema: tiene hermanos que han sido acusados de delitos contra la salud.
El 25 de septiembre no aparece en su casa, cuando había ido a su local comercial y su familia se comunica a la Procuraduría del Estado de Sinaloa; la oficina del Procurador a través del Ministerio Público, José Antonio Reyes Gaspar se comunica a la Procuraduría General de la República y lo que responde un comandante que estaba ahí es que en efecto tenia no a Rómulo Rico Urrea, sino a Romualdo Rico Urrea para una comparecencia; de esto tomó nota el Ministerio Público del Fuero Común y las secretarías que le asisten.
Al día siguiente, aparece el vehículo de Rómulo Rico Urrea, un vehículo en el cual se encuentra dinero que había sustraído de la caja, del que había ido a su denominación comercial, se encuentra el celular; no había pues un secuestro por motivos de robo, no había un secuestro por motivos de pedir alguna cantidad por su libertad, estaba intacto ahí el dinero que llevaba, estaba intacto el teléfono celular, pero aparecía un detalle en el vehículo donde dejaron, al parecer una... se había caído, no al parecer sino se había caído una libreta que al parecer es de personal del Ejército.
En esa libreta se hablaba de operativos que se están llevando a cabo conjuntamente entre el Ejército y la Procuraduría General de la República; en esa libreta aparecen ya los nombres de los malandrines que la Procuraduría señalaría que había detenido junto con el Ejército.
Antes del 3 de octubre, cuando el Procurador General de la República, Lozano Gracia aparece con los generales Humberto López Leal y José Enrique Ortega, ya en la libreta se sabía y esto es del conocimiento de la Procuraduría del Estado de Sinaloa y también de la Procuraduría General, que existían dichos datos, dichas detenciones en esa libreta que se había encontrado.
Testigos presenciales afirman que este secuestro lo comandó el mayor Horacio Montenegro, el mismo de inteligencia militar que había contratado el gobierno panista en Jalisco y que fue despedido después de aquél secuestro tan funesto; el operativo entonces, conjunto del Ejército y la PGR, se secuestra a Rómulo Rico Urrea y no es sólo la versión de testigos presenciales, es la versión del Ministerio Público que constata del Estado de Sinaloa que estaba detenido en la Procuraduría General de la República; hoy tenemos más de un mes y nadie sabe donde se encuentra Rómulo Rico Urrea.
Se ha buscado en la Procuraduría y dicen no saber de él; se ha buscado en el Ejército y dicen no saber de él. Rómulo Rico Urrea entonces está hoy desaparecido.
Han trascendido versiones que junto a él hay más de 30 personas también en esta situación, todo indica que es parte del operativo que está llevando a cabo el Ejército escudándose en la PGR contra los Arellano Félix, todo indica que estas detenciones buscan la detención que también queremos mucho de los Arellano Félix, pero el problema, y esto es lo grave, una organización tan respetable como el Ejército mexicano no siempre sabe de todas las reglas que rigen la procuración de justicia y esto es lo que preocupa y preocupa que hoy no se sepa de Rómulo Rico Urrea.
Y preocupa que estando tan documentado este secuestro, ninguna corporación dé respuesta.
Si es un delito tener hermanos que los acusan de ilícitos contra el narcotráfico, pues hasta ahora es lo que quizá le podrían probar a Rómulo Rico Urrea. Lo que me preocupa es que este se esté llevando a cabo.
Hace unos días aparecían más detenciones y decomisos de !os Arellano Félix, pero que se está llevando no de acuerdo a las leyes, que se está llevando como una guerra sucia entre el narcotráfico, el Ejército y la Procuraduría por el otro lado, porque el riesgo de toda guerra sucia es secuestrar, desaparecer indefinidamente a inocentes, a gente que tuvieron algún parentesco, alguna relación y que una vez que caen víctimas de esta guerra sucia, es difícil dar con su paradero.
Son muchas las cosas que va a hacer la familia y que proceden; procede demandar a Horacio Montenegro por secuestro, de acuerdo a los testigos presenciales; procede demandar a agentes de la Procuraduría por secuestro y por lo que resulte, porque hay testimonios al respecto.
Pero yo lo que creo es que en la Cámara no podemos ser impasibles al hecho de que se combata al narcotráfico con guerra sucia, que da lugar a que sean víctimas inocentes . Yo creo que en esta guerra que el Estado tiene que declararle al narcotráfico, el Estado tiene que hacerlo con los instrumentos de la ley. Yo no creo que deba hacerlo con los instrumentos del Ejército mexicano y tampoco en el juego de una guerra sucia, grave realmente para nuestra legalidad y para la preservación de los derechos humanos.
Por eso quiero pedirle a esta Cámara y a la Presidencia, que esta denuncia sea turnada a las comisiones de Derechos Humanos y de Gestoría y Quejas, para que haga las gestiones correspondientes y lo quiero hacer en el espíritu eso de que no debe de haber guerras sucias aquí.
Van a negar, evidentemente las corporaciones que lo tienen, pero yo les pediría a estas comisiones que revisen las pruebas testimoniales y también las declaraciones que hay, que acusan directamente a que lo secuestraron en un operativo el Ejército y la PGR. Quiero por eso darle lectura a esta solicitud.
El 25 de septiembre próximo pasado fue secuestrado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el señor Rómulo Rico, según el dicho de la Procuraduría General de Justicia de este Estado y el de numerosos testigos, elementos de la Procuraduría General de la República y del Ejército, mexicano fueron quienes lo detuvieron.
De acuerdo a informaciones a las que hemos podido tener acceso, a la referida persona se le reportó como detenida y a cargo del Ministerio Público Federal, quien así lo manifestó a la representación social estatal en Sinaloa. Sin embargo, hace más de un mes que esta persona no aparece. Han sido vanos los intentos de sus familiares para encontrar su paradero o por lo menos sus rastros, por ello viven permanentemente preocupados.
En el presente momento las noticias a este respecto se vuelven más preocupantes, toda vez que con leyes como las que se acaban de aprobar, estos fenómenos se repetirán dada la impunidad que las mismas han consagrado.
Sin embargo, es de justicia que las autoridades informen acerca del paradero de Rómulo Rico, a quien ya en una ocasión admitieron tener detenido.
Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne la presente denuncia junta con el expediente que en este momento entrego a la Secretaría de esta Cámara, a sus comisiones unidas de Derechos Humanos y de Gestoría y Quejas, para efectos de que soliciten la información conducente a las autoridades de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional y en consecuencia le den el seguimiento seguido.
Muchas gracias. Es todo.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Para hablar sobre la situación poselectoral en el Estado de Guerrero, tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Gracias, señor Presidente:
Voy a permitirme compartir con ustedes varios elementos de la nueva situación del Estado de Guerrero. Digo nueva porque la verdad pensábamos que la situación tan delicada y sumamente peligrosa que se perfilaba antes del proceso electoral y durante el mismo, iba a tener un cauce diferente.
Quiero destacar aquí con ustedes que en este momento, después de que el Ejército Popular Revolucionario, así denominado por un grupo en la entidad, que levantó la tregua anunciada el 25 de septiembre, este domingo en Guerrero pone en atención a todo el país.
Yo quiero llamar la atención de todos ustedes, porque creo que nos compete abordar con mucha responsabilidad las problemáticas de la nación y en particular los descontentos que, así como en el Estado de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, están presentes en este momento.
Quiero decirles que Guerrero está atravesando un proceso electoral no concluido, que la etapa de desahogo de los recursos de inconformidad y de reconsideración en torno a los triunfos en la entidad para un partido y para otro sigue su curso legal y que en ese proceso la situación de levantamiento de la tregua unilateral por parte del EPR puede alterar el curso que se está llevando.
Aquí podemos señalar que la pelea que se está dando legal está llevando un curso delicado, no totalmente respetuoso de todo procedimiento legal, pero al fin y al cabo un proceso que en una evaluación posterior al mismo nos desdeñarán o nos permitirá esclarecer si efectivamente en el Estado de Guerrero hubo elecciones limpias y transparentes.
Quedan pendientes todavia por resolver conflictivas que el Partido de la Revolución Democrática y todos los partidos han interpuesto en el tribunal de primera instancia y también se interpondrán en segunda instancia, por ello es muy importante aquí destacar que debemos tomar cartas en el asunto.
Otro elemento que está en juego en la entidad, en una situación también delicada, es un diálogo endeble, un diálogo que el Gobierno y los partidos políticos hemos venido estableciendo, hemos venido enarbolando, pero que también hay riesgos de que ese diálogo se rompa.
Aquí queremos ser muy enfáticos y enfáticos como partido, de que todavía sigue persistiendo el diálogo subordinado al partido en el gobierno, un diálogo subordinado a un trato en donde no hay respeto entre los partidos y el Gobierno.
Por parte del gobierno de Angel Aguirre Rivero, se insiste en reiterar que las cosas van muy bien en la entidad e incluso el Gobierno Federal también se empeña en adornar su gestión.
Así tenemos que en este proceso poselectoral hemos tenido la visita del secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, hemos tenido la visita de Horacio Labastida Ochoa y hemos tenido la visita de Miguel Limón Rojas.
Y nosotros decimos en este momento: ¿de qué se trata? Anunciar por parte del licenciado Carlos Rojas, que el año de 1997 para la Federación va a ser el año de Guerrero y que se destinarán más recursos para el desarrollo social en la entidad.
Compañeras y compañeros diputados, Guerrero está llegando al límite de la tolerancia con los discursos que más parecen discursos de precampañas individuales rumbo a 1997, que una preocupación real porque en Guerrero las cosas vayan mejor.
Llamó la atención que desde ese discurso que se traduce en beneficios para la entidad, nosotros lo aplaudimos, pero no necesitamos en la entidad adornar una gestión cuando de lo que se trata es echar a andar los proyectos, proyectos que ahorita sabemos están en turno para que en este próximo año se echen a andar como la carretera Tlapa-Marquelia, que han sido aprobados en esta instancia por otros sexenios, por otras gestiones. Se trata, compañeros, de que nosotros intervengamos en entidades como Guerrero, en entidades como Chiapas, en entidades como Oaxaca, en entidades como Hidalgo y otros, en donde la torpeza política de no avanzar más allá de los discursos y si de muchas desviaciones de recursos, no atemperan y no distensionan las conflictivas sociales.
Necesitamos actuar aquí rumbo al presupuesto para discutir y aprobar el decreto de egresos donde efectivamente, si nos anuncia el Ejecutivo que para Guerrero va a haber recursos extraordinarios, sepamos hacia dónde van a dirigirse y con qué proyectos específicos.
Necesitamos entonces, compañeros, actuar en ese terreno, determinar criterios de asignación y mecanismos de evaluación con todos los proyectos que se aprueben a nivel federal, no sólo de asistencia, sino de desarrollo regional, de desarrollo municipal.
Otro escenario, compañeros, que no podemos soslayar ante el actual levantamiento de la tregua del EPR en Guerrero, seguramente en otras entidades también, es la actuación de la Defensa Nacional, la actuación de la Procuraduría General de la República.
Es totalmente cuestionable que en un proceso tan delicado como Guerrero, en donde han actuado fuerzas que hasta este momento ni Gobernación nos ha dado a conocer qué fuerzas son ésas que actúan en la entidad, desestabilizando por un lado la "tranquilidad" y la estabilidad que mantenemos el Gobierno y los partidos.
Necesitamos que la Procuraduría General de la República y que la comisión aquí de Derechos Humanos de esta Cámara, también pida cuentas.
No es aceptable que en este proceso haya habido más de 130 detenciones y aquí están documentadas, voy a hacer entrega a la Secretaría al respecto, en donde estamos dando cuenta de detenciones de órdenes de aprehensión, de encarcelamientos, de liberaciones, de denuncias de tortura, de hechos, de detenciones, para que al siguiente día se liberen sin más explicación.
Es decir, la impunidad en el Estado de Guerrero, es necesario allanarla, es necesario que vuelva efectivamente la procuración y la administración de justicia en los casos institucionales. Es necesario esclarecer éstos más de 109 casos, en donde la ciudadanía, casos como estudiantes, campesinos, han sido objeto de esos hechos.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática en la entidad, ha insistido en el diálogo. Ha insistido en un diálogo, en donde sea serio y responsable. La tregua que comenzó el 25 de septiembre de este grupo autodenominado EPR, pone en riesgo grandemente a la entidad, pero también pone en riesgo el que la voluntad política del gobernador se desdiga de un día para otro.
Desde aquí nosotros llamamos a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, para que dialoguemos, para que desde esta instancia también hagamos y contribuyamos con un granito de arena, para que la distensión en la entidad vuelva la tranquilidad.
El planteamiento del licenciado Angel Aguirre Rivero, que desde nuestro punto de vista fue muy acertado de llamar al diálogo a este grupo, no puede verse desatemperado porque este mismo grupo no quiera dialogar con el Gobierno.
Necesitamos ser sumamente responsables y sumamente cuidadosos, para que la voluntad política no se quebrante con discursos, para que no se quebrante con intimidaciones. El gobierno de la entidad tiene una gran responsabilidad, no solamente mantener una imagen de gobernabilidad, que creemos es muy endeble, sino sobre todo estar siempre y en cada momento dispuesto a dialogar.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática en este espacio, reitera que busquemos, busquemos intermediaciones. Si hay peticiones, bueno, que esas peticiones se pongan en una mesa, para ser consideradas por los sectores en la entidad. Si esas intermediaciones son de diversas instancias, que puede ser la Cámara de Diputados, la Cámara local o instancias como los obispos de la entidad que han sido muy respetados en otros momentos como intermediarios de conflictos, podemos buscar opciones.
Lo que queremos insistir, de aquí, es que los riesgos de nuevos enfrentamientos y la intensificación de hechos de violencia y la guerra sucia, afecta sobre todo a la sociedad civil.
Yo desde aquí quiero denunciar que esa guerra sucia no ha dejado de darse. El día de ayer nuestra compañera, además presidenta del partido en Tixtla, Sofía Rodríguez Mera, se vio involucrada en un comunicado supuesto del EPR convocando a una conferencia de prensa en el restaurante "Moctezuma", que se ubica en las intermediaciones de Chilpancingo Tixtla.
Nosotros, desde luego y desde aquí y en Guerrero, decimos: eso es una guerra sucia, eso no se vale, eso alguien lo está maquinando para querer hacer ver al Partido de la Revolución Democrática como parte de un proceso que nosotros hemos desdeñado aquí y en todos los lugares, que es el de que la violencia no es nuestra vía y que es la legalidad y la lucha que hemos venido dando de manera muy ejemplar y la muestra son los 20 municipios que gobernaremos a partir del 1o. de diciembre, lo que demuestra que la población está con las fuerzas democráticas en la entidad.
Por eso, desde aquí denunciamos que estos hechos, como el de ayer, que concitó un despliegue militar enorme, pero no solamente eso, sino un acoso a la familia y a su hijo, lo reprobamos; lo reprobamos y demandamos que la autoridad realmente de explicación de estos hechos. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática ante esta gran conflictiva, así lo podemos señalar, demandamos del Gobierno Federal y estatal que se muestre realmente esa disposición para entablar un genuino diálogo, serio y respetuoso, porque no se vale lucirse en un discurso para luego desdecirse. El diálogo es la clave para arribar a la estabilidad y a la búsqueda de caminos a la solución de conflictos que persisten en la entidad, tanto en el terreno político como en el terreno social.
También por ello, desde aquí, vamos a hacer entrega de este archivo para solicitarle a nuestros colegas y amigos de la Comisión de Derechos Humanos tomen cartas en el asunto y nos informen a la mayor brevedad posible de estos casos; algunos, todavía permanecen en cárceles, y decimos desde aquí, demandamos la libertad de todos los presos políticos recluidos en Acapulco y en Chilpancingo, miembros de organizaciones sociales que su práctica los coloca al lado de las causas justas de la entidad.
También desde aquí demandamos el castigo a los asesinos de Antonio de Jesús Hernández y desde luego, a los responsables del atentado contra Mario Valdés Lucena que, como ustedes me escucharon en una intervención anterior, yo aquí hice una exposición muy amplia de ese asunto. No se vale de nueva cuenta, aquí lo digo, detener para luego liberar; las detenciones que se hicieron fue de un ida para otro y luego ya los liberaron, seguramente, me puedo atrever a decir, que el Gobierno facilitó el pago de su liberación. Esto, compañeros, es impunidad y nosotros en Guerrero, la cuenta pendiente de justicia sigue en aumento y eso no podemos estarlo permitiendo como partido ni como Gobierno.
Finalmente, quisiéramos aquí hacer un llamado, no solamente al Gobierno de la entidad, sino a las organizaciones sociales, a los ciudadanos libres, ciudadanas libres de la entidad, para que se pronuncien por una paz con dignidad para Guerrero, para que se pronuncien y se presenten alternativas y vías de un diálogo entre quienes hoy, a pesar de las circunstancias nuevas en la entidad se niegan a él.
La exigencia de este derecho que tenemos, creo que nos asiste nuestra autoridad, la autoridad de ser un partido en la entidad respetado y respetable; de un partido que está abriendo nuevos cauces para que la ciudadanía realmente encuentre la tranquilidad y la paz que en el Estado de Guerrero todavía no podemos gozar.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, yo los invito a que dialoguemos como fracciones parlamentarias y podamos presentar alternativas de intermediación en la entidad y desde luego también, preparamos de manera muy responsable par etiquetar esos recursos extraordinarios para el Estado de Guerrero.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hablar sobre la desinformación presidencial...
Para rectificar hechos la diputada Rosa María Cabrera, hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Como es del conocimiento general, bueno parece que estamos ausentes en esta Cámara y así se ha comentado en esta tribuna por la diputada Leticia Burgos que me acaba de anteceder, las autoridades electorales en el Estado de Guerrero, no han presentado los resultados definitivos de los comicios recientemente celebrados.
Saltan a la vista los diferendos ocurridos en los municipios de Acapulco, Tlalchapa, Leonardo Bravo, Atoyac y Tlacoyuca de Benítez, entre otros, en donde los candidatos de! Partido de la Revolución Democrática y sus representantes continúan luchando por defender la voluntad popular en contra de los embates de los grupos enquistados en el poder, quienes sostienen, desde siempre, los intereses de los caciques y de los tiranos en el mismo, que tanta muerte y tanta miseria han generado a este rincón de nuestra patria.
Con cinismo, las autoridades electorales han manifestado que no pueden ceder más ante el PRD, porque ya le habían dado demasiado; lo que indica la escasa importancia que a dichas autoridades les acarrea la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Sin embargo, los hechos sucedieron y presentamos en este momento pruebas documentales de la manipulación grosera del padrón electoral y de los registros correspondientes.
Valga decir, en términos generales, como una proyección, que del padrón electoral existen 10 rasurados por sección y aproximadamente seis duplicados u homónimas por sección electoral. Con la fotografía se demuestra que es la misma persona empadronada dos veces y quienes también se presupone, votaron dos veces.
A la presente denuncia acompaño copias fotostáticas de las credenciales de electores de diversas personas que ostensiblemente se encuentran duplicadas, no se trata de homónimas sino de verdaderas duplicidades, a las cuales han prestado oídos sordos las autoridades electorales del Estado de Guerrero.
Hay que recordar en esta tribuna, que el padrón electoral y la emisión de credenciales son facultad exclusiva del Registro Federal de Electores, ni la ciudadanía ni los partidos políticos tienen acceso y facultad para emitir dichas documentales que garantizan la participación ciudadana durante los procesos comiciales.
Como sucede en todas las elecciones en el país, la conclusión es que el Registro Federal de Electores no es confiable, pero aún más preocupante es el hecho de que en los organismos electorales la ley no se aplica, sino que se vota y se vota siempre a favor del Partido Revolucionario Institucional o al menos ésa es la consigna de los burócratas en dicho Estado sureño.
Solo queda en términos legales confiar en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y al respecto esperamos de sus magistrados imparcialidad, una visión objetiva de los asuntos a su cargo y una resolución justa que a la vez sea apegada a derecho, pero sobre todo, que respalde la voluntad popular expresada en las urnas, toda vez que tal es la condición fundamental de la democracia.
Por ello, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne la presente a la Comisión de Gestoría y Quejas de esta Cámara, para efectos legales correspondientes.
Concluyo señalando dos hechos: el primero, de las fotocopias que me permito entregar a esta Secretaría, pongo un sólo caso para no agotar el escaso minuto y segundos que me quedan, en donde la ciudadana Borja Gómez Dominga, aparece en la sección 160 en la calle Barrio El Calvario 40830 de Cutzamala de Pinzón y la misma ciudadana Borja Gómez Dominga, aparece en la sección 90 en el domicilio calle sin nombre número 3, sin número, de la propia ciudad de Cutzamala, Guerrero. Como un ejemplo.
Y valdría, finalmente, recordar que en Guerrero la Ley Electoral local que se aprobó hace apenas unos meses, se puso a prueba en la reciente jornada electoral. Lo que hoy, sin embargo, actualizan nuestra demanda de contar con un nuevo ordenamiento legal, de cara a las próximas elecciones, justo y que garantice a plenitud la voluntad popular. Dicho ordenamiento tendría que contemplar al menos cuatro criterios básicos: organismos electorales que no estén solo ciudadanizados a nivel del Estado de Guerrero, sino también que baje esta ciudadanización a nivel distrital y a nivel municipal; un financiamiento justo y equitativo para las distintas fuerzas contendientes, un acceso equitativo a los medios de información y comunicación y por supuesto, como ya lo hemos señalado, se requiere de un verdadero padrón electoral confiable que garantice la voluntad popular a expresarse en las urnas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda (desde su curul):
Señor Presidente.
El Presidente:
Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda (desde sucul):
Para rectificar hechos.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Píndaro Urióstegui.
El diputado Píndaro Urióstegui Miranda:
Señor Presidente; honorable Asamblea:
De una manera muy breve quiero hacer algunos comentarios sobre las intervenciones de dos compañeras nuestras, con anterioridad. Es cierto que el Estado de Guerrero vive momentos difíciles, socialmente hablando; momentos en los que se han sumado una serie de factores económicos, sociales, culturales, etcétera, en general, que han creado un escenario en algunos contados puntos del Estado, porque debemos de precisar una vez más que no es de todo el Estado de Guerrero del que estamos hablando, sino de dos o tres municipios que desde tiempo atrás han sido el escenario básico y fundamental de esos lamentables, penosísimos incidentes que todos, guerrerenses y no guerrerenses, somos los primeros en lamentar, en reprobar y hacer votos porque no vuelvan a repetirse.
Guerrero quiere ya vivir en paz. Lo expresa de múltiples maneras. Y esa petición es tanto para ciudadanos como para organizaciones políticas, sociales, culturales en general, para los partidos políticos, para todo tipo de organizaciones.
Debemos de reconocer también, por otro lado, que frente a esta problemática local, ha habido un empeño permanente de un Gobierno local en el que se han sumado los esfuerzos de su Ejecutivo y del Poder Legislativo y también del Judicial en su respectiva área de competencia, para responder de la mejor manera posible, a reclamos sociales que nadie ignora ni nadie pretende pasar por desapercibido.
Nosotros hemos hecho un reconocimiento a esos esfuerzos, se han hecho aquí también, para reformar y perfeccionar una Ley Electoral que permitiera a nuestro Estado, dentro de sus limitados recursos, dar grandes y significativos avances, como los que ya se han señalado en otras ocasiones: un padrón electoral con fotografía, credenciales con fotografía. En fin, órganos electorales totalmente ciudadanizados. En fin, no tendría nada nuevo que agregar a estos avances que ya se han señalado en otras ocasiones, Guerrero es el tercer Estado con esto y seguramente muchos estados más seguirán avanzando en el mismo sentido.
Como aquí se ha dicho también, el proceso electoral en Guerrero, el actual proceso electoral no ha concluido. Los términos de los recursos interpuestos no está terminado, faltan algunas resoluciones del tribunal electoral por dar, debemos tener lógicamente la paciencia necesaria para que ese tribunal ciudadanizado rinda las resoluciones correspondientes. Y una vez que esto suceda, el compromiso de todos nosotros, de todos los partidos, de todos los ciudadanos, del Gobierno, sea un estatal o sean las administraciones municipales, de respetarlos y de acatarlos.
Porque si no fortalecemos un estado de derecho, si no fomentamos el respeto y el culto a la ley, nunca vamos a poder tomar el camino de civilización que todos deseamos para una convivencia social cada vez más pacífica y respetuosa.
¿Que vamos rumbo al proceso electoral de 1997? ¡Pues claro que vamos rumbo al proceso electoral de 1997! Creo que ésa es la perspectiva de todos los partidos políticos y no de uno en particular. Todos los partidos en una o en otra forma, sean partidos nacionales o sean partidos locales, tienen dentro de su mira, dentro de sus planes, dentro de sus programas de trabajo, ir diseñando sus estrategias para obtener los mejores resultados posibles dentro de un marco de legalidad en los procesos electorales de 1997.
Lo que si me parece, pero respeto los puntos de vista de los otros oradores, lo que sí me parece sería injusto para un Estado, para las comunidades diversas, que tuvieran que suspender un sinnúmero de obras públicas, como aquí se ha anunciado, por así corresponder a los intereses o a esa estrategia a que hice alusión de algunos otros partidos.
Las demandas sociales, pues hay que atenderlas con la mayor prontitud, dentro de las posibilidades presupuestarias de cada una de las dependencias y no por estrategias partidistas suspenderlas o posponerlas exclusivamente por atender a una finalidad política.
En fin, se habló aquí también de algunas detenciones que, pues, como todos sabemos no podemos inmiscuirnos dentro de las competencias de otros poderes. El Poder Legislativo. Io suyo, el Judicial lo suyo y el Ejecutivo lo suyo igualmente.
En fin, el tiempo se me ha agotado, pero creo que la exhortación que se hizo sobre la necesidad de mantener el diálogo gobiemo-partidos-ciudadanos es y puede seguir siendo ese diálogo de buena fe, bien intencionado, dentro de un marco de legalidad, la mejor solución posible para responder con justicia a todos los partidos en general.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Leticia Burgos, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Leticia Burgos Ochoa:
Con el permiso de todos los que tienen hambre. Quiero invitarlos a que me escuchen en esta intervención:
Yo quisiera, en primer lugar, decir aquí que el problema no es de un municipio, señor diputado Píndaro Urióstegui, ni de dos ni de tres donde este grupo autodenominado EPR ha actuado, el problema es mayor y qué grave que aquí no se reconozca, qué grave que quiera disminuirse el problema en la entidad cuando reconocido por la propia Bedesol hay 66 municipios, por no decir los 76 en la entidad, que son y que están clasificados de alta marginalidad, de muy alta marginalidad y que aquí se nos venga a decir que es un problema menor, cuando sabemos, usted sabe señor diputado, la división política y social en la entidad, sabe que la política en Guerrero se ha venido ejerciendo fuera de todo marco legal, que el autoritarismo, el caciquismo que representó Figueroa y sigue representando en a entidad y ahora el aguirrismo en este periodo de Gobierno, ha venido lacerando la convivencia en la entidad.
El PRD ha sido el partido junto con ciudadanos y otros partidos de oposición, los que hemos abanderado el cambio en la conducta política, cambio en la actitud ante los problemas de la misma. Aquí queremos ser muy claros, el Partido de la Revolución Democrática luchó muy fuertemente porque hubiera una reforma efectiva y la logramos convenciendo, desde el Ejecutivo Federal, hasta las buenas voluntades de algunos integrantes del Partido Revolucionario Institucional y gobernantes también para arribar hasta lo que se logró en la reforma. Pero desde aquí decimos: ¡Ojo con esas expresiones de que son casos menores, el problema es mayor y si no lo queremos ver así, el rezago ancestral curiosamente en esos municipios donde ha actuado ese grupo, puede empeorarse:
Por eso llamamos, desde aquí, a esa voluntad política para cambiar conducta y para que se vea reflejado en leyes y para que se vea reflejado en proyectos de desarrollo sustentable ¡Guerrero no requiere de migajas ni del Pronasol ni del Procampo ni de la Alianza para la Producción si no van enmarcados en una propuesta de desarrollo integral! Por eso, el problema no es menor, señor diputado Píndaro, menos aún en justicia. Hay una impunidad en la entidad que se ha venido acumulando también como la miseria y la pobreza. También hay voluntades que se han venido expresando en donde gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos se ha podido allanar camino ante la impunidad. Pero decimos: Hay muchas cosas pendientes.
En esa cruzada nosotros los invitamos, como partido, que no hagamos aquí alarde de triunfos mayores cuando los derroteros son más grandes. Por eso, nosotros insistimos en que dejemos de lucirnos como Gobierno, que en nuestras manos agarremos la responsabilidad de que en la entidad efectivamente se quiere la estabilidad, la dignidad, la paz y la tranquilidad en la entidad, pero en donde realmente haya un reconocimiento de la voluntad de todos los partidos, del Gobierno y la ciudadanía para salir adelante.
Ese es el gran reto y no venir aquí a querer minimizar los problemas, ni tampoco a magnificarlos, pero sí, a colocarlos en sus justos términos.
Muchas gracias.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hablar sobre la desinformación presidencial.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, compañero Presidente; señoras y señores legisladores:
El pasado 23 de octubre, durante 20 minutos, el encargado del Ejecutivo, Ernesto Zedillo Ponce de León, formuló afirmaciones inverosímiles a una cadena televisiva, Univisión.
Muchas de sus aseveraciones despiertan risa, pero otras causan indignación. Interrogado, Zedillo, sobre su relación con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo: "que el Presidente de México no escoge a sus sucesores, que su candidatura no se la debe a Salinas de Gortari, sino a su partido; que él no fue producto del dedazo" y el colmo, "que la relación que tuvo con Salinas, no puede caracterizarse como de amistad."
En torno al PRI, manifestó: "que mantiene la idea de guardar con ese organismo una sana distancia y que es éste, el PRI, el que debe informar a la opinión pública cómo se escoge al candidato presidencial".
Sobre su relación con Salinas y la impresionante declaración de que jamás hubo amistad entre ellos, la primera interrogante que surge es: ¿es un ingrato?, ¿es mal amigo?, ¿no honra la amistad de quien lo exaltó al poder?, ¿Es un traidor? No, compañeras y compañeros diputados, se trata de un acto hipócrita, se trata de una falsedad, ahí hay desde luego un valor entendido, porque hay un pacto de sangre con el ex-Presidente, con base en hechos de sangre que han cimbrado a la opinión nacional e internacional.
Fueron amigos, siguen siendo amigos, se cubren y encubren entre sí. Por tanto se nos desinforma, se trata de desorientar a la opinión ciudadana. De que fueron amigos, consta cuando Salinas lo nombra Secretario de Programación y Presupuesto y el nuevo titular agradece al Presidente y a su amigo la designación. Esa amistad se confirma, se ratifica, con un nuevo nombramiento y nuevo agradecimiento al asumir Zedillo la titularidad de la Secretaría de Educación Pública.
Vuelve de nueva cuenta, aunque suene redundante, a agradecer el nombramiento de coordinador de campaña, que no emanó de Luis Donaldo Colosio, sino del jefe de jefes, "del capo di tuffi capi", en la mafia, Carlos Salinas y el agradecimiento llega a excesos sublimes cuando por el gran dedo en una novedosa fórmula de destape se le llamó "el vídeo destape de Los Pinos", es exaltado como candidato presidencial.
Siempre habló uno del otro de la amistad entrañable que los unía y el doctor Zedillo dejó prueba ante la historia de su adhesión amistosa con el ex presidente el día que declaró "Salinas tendrá siempre la gratitud y el aprecio de México, pues gobernó con visión, inteligencia y patriotismo", por tanto solo un despistado intencional podría hoy creer que el ex presidente y el actual encargado del Ejecutivo no son amigos.
Hay una cercanía que va más allá de las relaciones institucionales, esto se comprueba con el tratamiento que el nuevo Gobierno ha dado al caso Colosio con la complicidad de la Procuraduría prianista en manos del colega diputado con licencia Antonio Lozano Gracia, que muy pronto habrá de retornar aquí tras su fracasada actuación al frente de la institución. Hay un entendimiento, existe un acuerdo.
Que nos venga a decir Zedillo Ponce de León que el Presidente en turno no escoge a su sucesor que él no le debe a Salinas la Presidencia y que no es producto del dedazo, es una gigantesca tomadura de pelo, es una falsedad. En esta ocasión no va a desmentir a Zedillo Ponce de León la fracción Social Demócrata, se podría pensar que hay animosidad personal, no. Por esta ocasión le concederemos a Zedillo Ponce de León la gracia, no lo desmentiremos, pero por una sola ocasión para no causar precedente.
Lo vamos a desmentir con aseveraciones de sus propios colegas, con afirmaciones de prohombres de su partido que han declarado, para la historia, cómo se escoge al sucesor presidencial. Vamos a citar entre otros, desde Luis Echeverría Alvarez hasta Santiago Oñate pasando por José López Portillo.
Primero, Luis Echeverría Alvarez en celebre entrevista publicada en el diario El Universal en 1978, conmocionó al establishment político al afirmar que él en su presidencial pecho y en la soledad de su despacho, escogió a José López Portillo y José López Portillo, más hábil para escribir que para gobernar, en sus memorias intituladas "mis tiempos", no tiene empacho en reconocer que, efectivamente, ocurrió aquella reunión en el despacho presidencial y que Luis Echeverría lo designó personal, directamente en aquella soledad sólo ocupada por ambos personajes, sucesor.
Esto mismo lo ratificó posteriormente Echeverría en declaraciones al periodista Luis Suárez, que se convirtieron en best sellers de la época y López Portillo, también en sus memorias, nos hace el favor de develar cómo fue él eliminando a los demás precandidatos para quedarse con uno solo; dramático es aquél párrafo en donde razona por qué no debe ni va a ser presidente su amigo Javier García Paniagua y porque escoge en realidad a aquél mediocre de Miguel de la Madrid.
Pero por si fuera poco, el secretario particular de don José, el ilustre doctor Roberto Casillas, afamado académico, para no dejar dudas de estas informaciones periodísticas del ámbito político, fue a la academia y en histórica sesión en la Universidad Nacional Autónoma de México, sentó las bases de la sensacional teoría que explica el Sistema Político Mexicano y llamó al Presidente "el fiel de la balanza". Ya podrán decir los priístas de base que están por chucho, juana o chana; el que decide es el Presidente en turno. Que no nos venga pues a decir que es el partido, que son las bases, que es una elección; que no nos venga a decir Zedillo que a él lo eligieron 17 millones de votos. No se requirieron tantos, bastó uno sólo.
Pero Carlos Salinas de Gortari también aportó. Excesivo como era, no sólo destapó una vez a Colosio, lo destapó dos veces y la prensa da cuenta de aquella sensacional reunión en Los Pinos, con gobernadores, vicegobernadores, virreyes; hubo legisladores federales, colados, que oyeron de labios del presidente Salinas: "señores, no se hagan bolas, el candidato es Colosio". Estaba ordenándole a su partido, estaba indicándole al pueblo de México que aquí quien decide la sucesión es el Presidente en turno.
Y aún Santiago Oñate, actual presidente del PRI, confirma en reunión reciente en Washington, que el Presidente en turno tiene injerencia decisiva en la sucesión presidencial. Por tanto, que el encargado del Ejecutivo declare semejantes cosas a un medio masivo de comunicación, equivale, y ésta es nuestra denuncia, a una ofensiva desinformadora que los ciudadanos no debemos tolerar.
Zedillo dijo además que el EZLN es un grupo de inconformes, para no caracterizarlo como una guerrilla. En cambio sí se refiere a los ataques terroristas realizados por el Ejército Popular Revolucionario, aunque todavia este Ejército Revolucionario y Popular no ataca a la población civil, no sabemos de bombazos en las cafeterías Sanborns, Denys, Lynis y todas estas trasnacionales, de ataques al metro, de coches bomba en los principales centros urbanos del país; todavía no se nos avisa de bombas en los sótanos del Palacio de San Lázaro, no han envenenado las cisternas de la ciudad, no ha habido ataques a las termoeléctricas ni a las hidroeléctricas. Claro, el EPR está en la suyo, está atacando a quien considera enemigo del pueblo.
Dice el doctor Zedillo que la sana distancia entre el PRI y el Gobierno es un hecho. Nosotros consideramos que esa es otra faramalla discursiva.
Hay analistas políticos, Manuel Rojas Fierro entre otros, que sostienen que el resucitado Esteban Moctezuma Barragán, secretario Técnico del Consejo Político Nacional del PRI, tiene una misión muy clara: no sólo preparar las elecciones del año próximo, sino acomodar a los zedillistas que han quedado al momento fuera del manejo del poder.
Dice también Zedillo que él tiene todo bajo control, sólo que le falta controlar a las guerrillas; él recibió una guerrilla en un Estado, hoy tiene guerrilla en siete estados; dice que todo está bajo control y yo veo a las trasnacionales evasoras de impuestos, vemos como las trasnacionales se enguyen la planta productiva nacional. Todo está bajo control, menos la miseria que azota a cerca de 80 millones de pobres en este país.
Dice el doctor Zedillo que en su Gobierno se ha aplicado un modelo de desarrollo que lleva al bienestar, al empleo y que preserva la soberanía.
En esta Cámara hemos sido testigos de debates en los últimos días que demuestran precisamente lo contrario. En estas condiciones, esta fracción Social Demócrata considera que hay una ofensiva desinformadora por parte de la Secretaría de Gobernación, esto a raíz del surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, a raíz del discurso del Secretario de Gobernación ante los comunicadores y que hay una desinformación muy lamentable cuando el encargado del Ejecutivo hace semejantes declaraciones a un medio masivo de la importancia de Univisión.
Zedillo Ponce de León no debe, por respeto a sí mismo, por consideración a su partido, reincidir en ese tipo de afirmaciones y los demócratas, los diputados libres no podemos aceptar que siga emitiendo tales mensajes, porque finalmente su política desinformadora ofende a todo el pueblo de México.
Muchas gracias compañeros.
El Presidente:
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Augusto Gómez Villanueva:
Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Dada la asistencia de nuestros colegas no sé si esto se volverá un diálogo entre el compañero, Sánchez Aguilar y su servidor, pero reconozco en quienes están aquí presentes, su interés por mantenerse atentos a los temas que se abordan en esta tribuna.
Créanme que yo he escuchado muchas veces con interés las intervenciones que califico de documentadas, a veces con rasgos de una gran seriedad en el compañero Sánchez Aguilar y a pesar de que en algunos compañeros nuestros provoca cierta hilaridad cuando se refiere a que representa a un partido político, consideramos que el hecho de que él pueda venir a esta tribuna y asumir con la libertad que prevalece en la misma, toda la gama de actitudes que a veces nos producen hilaridad, a veces reflexión y a veces indiferencia, pero bueno, cuando en algunos casos aborda temas tan delicados como los que acaba de referirse, como es el hablar de la llamada ofensiva desinformativa de la Secretaría de Gobernación y concretamente se refirió al presidente Zedillo, no podemos nosotros quedarnos callados y no podemos quedarnos callados no porque no busquemos el diálogo o la respuesta frente al cansancio de muchos compañeros que hastiados preferían retirarse de este recinto, sino porque realmente él se ha referido a cuestiones que si requieren respuesta. La primera es que, efectivamente, ha hecho una síntesis histórica, de la historia contemporánea, de un tema que hoy por hoy ha sido muy debatido y especulado por muchos politicólogos o politólogos, lo de politicólogos se lo digo deliberadamente, lo de politólogos por el respetó que les tenemos a quienes estudian los fenómenos políticos de nuestro país.
Pero, bueno, tratándose de la sucesión presidencial en México, pues creemos que se han escrito muchos libros, se han abordado estos temas con la mayor seriedad, para tratar de entender por qué en estos últimos tres cuartos de siglo, en este país ha sido posible que prevalezca una corriente histórica que ha tenido, hoy por hoy, una gran importancia y una gran responsabilidad en el desarrollo de las instituciones nacionales.
Cuando se refiere al Partido Revolucionario Institucional y pretende simplemente establecer en el mismo una simplificación de lo que ha sido su papel histórico en nuestro país, nos parece que hasta cierto punto se aparta esencialmente del examen y del reconocimiento a lo que este partido ha logrado contribuir al desarrollo democrático de México y no sólo porque su propia estructura, su propio origen se localiza en una de las etapas más trascendentales en la historia de la Revolución Mexicana, sino porque además, como partido que en su momento integra a las corrientes revolucionarias que participaron en el movimiento de 1910, no se distingue en gran parte de los partidos revolucionarios del mundo, en los cuales, efectivamente la sustitución del régimen anterior, por uno nuevo, implica desde luego la alianza de las fuerzas sociales que hacen posible a través de la insurgencia derrocar al régimen anterior.
Y claro que también se pretende poner un velo respecto a esa experiencia que el pueblo de México ha tenido para haber sobrevivido la etapa de la violencia, la etapa insurreccional en la cual perdimos más de 2 millones de vidas, por establecer lo que serían las instituciones que rigen el México de hoy, la etapa insurreccional que atraviesa por la fase del caudillismo y que además, como respuesta al propio caudillismo, se gesta el nacimiento de un partido que, como dije hace unos momentos, resumen en sus documentos fundamentales el compromiso de elevar a nivel de Carta Magna los principios por los cuales participaron los contingentes sociales en el derrocamiento del régimen de la dictadura.
Esto habrá que examinarlo a la luz, efectivamente, de una lucha que se da no sólo en el campo interno, sino en el campo exterior, es decir, que esta revolución que se gesta como la primera revolución en el Siglo XX, es a su vez una revolución que en paralelo va coincidiendo con otros acontecimientos de nivel universal, como son las grandes revoluciones socialistas en el mundo.
Esta revolución que poco a poco va encontrando su cauce democrático, al mismo tiempo va definiendo en sus propias experiencias su forma de consolidación y su forma de fijar sus propias metas históricas.
Como meta histórica, la revolución solamente tiene como propósito el reparto de la tierra como una revolución agraria.
No solamente tiene como objetivo el modificar las condiciones de vida de los trabajadores, que hacen posible justamente los movimientos insurreccionales que dieron origen a la propia revolución.
No solamente son los intelectuales de la época, los maestros rurales y toda una importante generación que se contamina con los propósitos libertarios convocados por Francisco 1. Madero y los fundamentales conductores de la nación. Sino que ésta va configurando como ir estableciendo las instituciones democráticas que permitan que el pueblo de México, arribe de una etapa en la cual por más de 30 años sufrió una dictadura, a una en la cual el pueblo de México habría que empezar a enseñarse a escoger a sus propios gobernantes.
Creo que justamente, de esta experiencia histórica, se va desprendiendo el hecho de que se den en torno a la misma, un proceso de agresiones simultáneas que provienen del exterior y provienen del interior. No solamente son los viejos terratenientes desplazados del poder, no solamente es la clase militarista desplazada del poder, no solamente son los inversionistas extranjeros, sino que son fundamentalmente las fuerzas que habían mantenido al país, sujetos a un régimen colonial.
Y desde luego la respuesta que se da en estos tres cuartos de siglo de que hablamos, ha sido en un proceso de descolonización del país, en circunstancias tales en las cuales influye, no solamente los fenómenos externos a los que me he referido de las grandes revoluciones mundiales, sino también la segunda guerra mundial, en la cual nuestro país ingresa en un compromiso universal en la defensa de la democracia.
Parece que nuestro compañero historiador se olvida de que efectivamente, para que sea posible que este país camine hacia el desarrollo de la democracia y hacia el mantenimiento de una revolución nacionalista en el poder, había que defenderse esencialmente de los factores externos que aún prevalecen, como los recursos de agresión que tiene los más distantes o cercanos imperios, que han, de manera sistemática, combatido a la revolución mexicana.
Todas estas razones son las que van poco a poco configurando la existencia de un régimen presidencial, que efectivamente va a tener que oscilar entre la primera etapa y en la cual el militarismo predomina frente a la segunda, en la cual el presidencialismo autocrático, por razones de carácter sociológico, histórico y económico, va, efectivamente, a configurar una corriente hegemónica, en la cual es la que va a dominar por mucho tiempo las grandes decisiones de México frente a los fenómenos externos a los que hemos mencionado y frente a la necesidad de impulsar todo un proceso de cambios, que van desde la reforma agraria, que van desde lograr establecer las bases de una nueva constitución, hasta aspectos fundamentales como el desarrollo económico del país con independencia y una educación popular.
Qué bueno que el compañero Sánchez Aguilar nos ha motivado para este tema, porque justamente cuando él pretende enjuiciar al la institución presidencial en los términos tan simplistas, me parece que está renegando de su gran capacidad y de su talento, para dotarnos de la ilustración de la que él ha hecho gala siempre, para que profundicemos en el análisis de cuestiones fundamentales que hoy por hoy tienen plena vigencia.
Por eso, creo que es importante que establezcamos, cuál es en todo caso la función histórica que cumple el Presidente de la República como jefe moral del partido, primero, de la revolución mexicana. Primero del Partido Nacional Revolucionario, después de la Revolución Mexicana.
Y aún a los más grandes hombres a los cuales nosotros hemos venido aquí para rendirles homenaje y cuyas letras de oro se encuentran en el muro de esta Cámara, como lo es el propio general Lázaro Cárdenas, tuvieron que acudir en su momento, a determinaciones que pudieran garantizar la continuidad de un proyecto histórico, de un programa que el pueblo de México había escogido para ser posible el fortalecimiento de la propia revolución, para empujar, para impulsar el desarrollo de esa revolución, para consolidarlo, para mantenerlo vigente frente a todos los intentos de destruirla que, sin duda alguna, provenían no solamente de las fuerzas reaccionarias, sino además, d las fuerzas mismas del interior que habían incursionado por el camino de las agresiones a las instituciones democráticas.
Creemos, pues, que hay que distinguir en el México que nos pretende presentar nuestro amigo Sánchez Aguilar, con el simplismo de que un presidente puede escoger simplemente por su voluntad o por su deseo a su sucesor, a el conocimiento histórico de todas las fuerzas internas que configuran el Partido de la Revolución Mexicana, un partido que nace de un pacto social en el cual tiene como compromiso fundamental defender los principios de la Revolución Mexicana, principios que van poco a poco a configurarse en sus avances en la medida que tanto el desarrollo de las fuerzas internas productivas como el desarrollo de las fuerzas externas democráticas hacen posible el avance de México a pesar de tener a su lado a uno de los países más poderosos de la tierra que han sido opuestos a la Revolución Mexicana.
Esto creo que es importante que lo examinemos porque no se trata simplemente de que el Presidente de la República haga una decisión caprichosa sin consultar a las fuerzas sociales y políticas del Partido Revolucionario Institucional. Si bien es cierto la parte anecdótica a la que se refiere, si bien es cierto es natural que las fuerzas que agraden a la revolución han querido caricaturizar las grandes decisiones que han permitido la secuencia del camino de la democracia en nuestro país, en realidad, el pueblo de México ha tenido la sabiduría de escoger, en su momento, no solamente a través del ejercicio del voto, sino a través del proceso de legitimación de sus gobernantes.
Creemos entonces que toda la parte que corresponde a las cuestiones anecdóticas que son, hasta cierto punto fenómenos expuestos, pero más con una interpretación de carácter personal, se alejan en el objetivo central de que nosotros podamos distinguir ¿Por qué en esta coyuntura que está enfrentando el país hemos podido, no solamente advertir los cambios tan profundos que han ocurrido en tomo a las estructuras políticas de México, sino esencialmente en cuanto al impacto de los fenómenos externos en relación con las grandes decisiones de la economía y las grandes decisiones de la política.
Por ello yo creo que es muy importante enmarcar en qué circunstancias se da la sucesión presidencial en México, cuáles son los factores externos y cuáles son los factores internos; cómo en su momento, el hecho de que hayan ocurrido los asesinatos que nos han enlutecido a los hombres que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, advertimos de qué se trataba, de cómo se trataba de una agresión desestabilizadora contra el país en el cual los priístas y solamente nosotros, compañero Sánchez Aguilar, somos responsables de nuestra decisión de haber propuesto al señor licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León como nuestro candidato a la Presidencia de la República, independientemente de los aspectos de carácter anecdótico a los que se refiere, independientemente de que pudiera o no prevalecer la intención o el propósito de un ex gobernante, lo esencial está en que el pueblo de México fue el que refrendó con su voto a favor de Ernesto Zedillo Ponce de León como Presidente de la República, en los términos tales que ha tenido no solamente uno de los más altos porcentajes, sino además, después de que se han llevado a cabo profundas reformas electorales que le dieron transparencia a esa elección.
Creemos, pues, que no se vale que el compañero Sánchez Aguilar nos venga aquí a tratar de recetar una serie de expresiones que nos parecen además de irreverentes que en ningún momento corresponden a la veracidad, sino que simplemente se trata de una disquisición coloquial frente a un grupo de diputados que efectivamente parecería que no íbamos a tener la capacidad de respuesta por el estado de ánimo de lo avanzado de la sesión.
Sí invitamos al compañero Sánchez Aguilar, no solamente a que venga a esta tribuna a acudir a una serie de calificativos y de simplificaciones en torno a los fenómenos económicos y políticos de nuestro país. No podemos coincidir con él de ninguna manera del fenómeno del Frente Zapatista esté totalmente desconectado de los factores externos que concurren en este proyecto de desestabilizar el país; no podemos de ninguna manera aceptar que tampoco los otros fenómenos en los que han participado grupos efectivamente con matices de terrorismo, estén distantes a los propósitos también de provocar una crisis no solamente política, sino económica en México.
Esto que bueno que se dé en el seno de esta tribuna. Pero sobre todo para que podamos reflexionar; el día de ayer hubo un debate interesante y se habló de temas tan delicados como era la participación de la iglesia en las cuestiones políticas. Hoy por hoy advertimos que muchas de las fuerzas políticas y económicas que en el pasado concurrían en agresiones contra el Estado mexicano, que agredían contra la estabilidad del país, han vuelto a aparecer y qué lástima que nosotros no encontremos los puntos de convergencia para poder presentar un frente único y vengamos aquí a establecer a priori críticas inclusive a las medidas que la sociedad requiere para enfrentar los graves problemas económicos.
Yo convoco al compañero Sánchez Aguilar, a que tenga una actitud de respeto hacia el jefe de la política de nuestro país; tenga una actitud de respeto hacia el Presidente de la República, porque consideramos nosotros que independientemente de todos los enjuiciamientos que se hagan y que son válidos desde el punto de vista de la libertad que prevalece en México, también tenemos la obligación de conservar esa libertad.
No actuemos al igual que las fuerzas de la provocación; no pretendamos hablar de ofensiva desinformadora, siendo los vehículos de la desinformación nosotros mismos. Ojalá que estas reflexiones, compañero Sánchez Aguilar, le sirvan para que podamos llevar a cabo un debate más serio y más a fondo.
El Presidente:
Con el objeto...
El diputado Luis Sánchez Aguilar (desde su curul):
Pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, compañero Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Mucho nos complace el altísimo honor con que hoy nos premia la burbuja; nos envió nada menos que a uno de los burbujos más destacados; un ejemplar dinosáurico, propio del Parque Jurásico; un dinosaurio que vino hoy a demostrar aquí lo que es la usura del tiempo, porque malversó su historia.
Este hombre ya ha sido antes diputado, fue líder de la Cámara de Diputados, ha sido embajador, fue noveno comandante, fue precandidato presidencial y vino hoy aquí a malgastar el valioso tiempo de la Cámara de Diputados, a emplear literalmente 14 minutos con 30 segundos a hablar cosas fuera de tema.
Nos invitó e hizo un recorrido sobre la Revolución, sobre las dictaduras, la revolución agraria, sobre Francisco I, Madero, sobre agresiones del exterior, sobre descolonización, sobre la guerra mundial; disquisiciones históricas fuera de tema.
Me asombra cómo la Presidencia no lo llamó al orden porque el reglamento dice que procede la moción cuando el diputado se sale del tema concreto que es objeto del debate.
Salta luego a la vista que el diputado Gómez Villanueva en su impotencia, no pudo aquí desmentir los hechos históricos, diputado Gómez Villanueva, son parte de la historia de este país, las memorias de un hombre que ocupó la Presidencia de la República.
Cuando se escriba la historia de México de la década de los setenta, ¿qué cree usted que harán los historiadores? ¿Recurrirán a las conferencias que usted haya dictado, a lo que usted haya dicho en esta tribuna y a los documentos que quienes ocuparon la jefatura del Estado dejaron para la posteridad.
Usted no vino a decir que yo haya mentido cuando Echeverría afirmó que su sucesión la resolvió él mismo. Nadie más y fue Echeverría el que fue eliminando poco a poco a los precandidatos de aquella época; eliminó a Porfirio Muñoz Ledo, que se suponía candidato del sistema; eliminó al secretario, Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia y también lo eliminó a usted, diputado Gómez Villanueva. Usted no fue eliminado, con todo respeto, ni por los latifundistas a quienes usted finalmente puso en su lugar. Me refiero a las expropiaciones de los valles del Yaqui y del Mayo. Ni los latifundistas tuvieron influencia en su eliminación. Fue Echeverría por sí y ante sí, que decidió que era José y no era Augusto ni era Mario Moya Palencia.
Usted no pudo venir aquí a demostrar que haya sido invención del de la voz las frases precisas que cité de memoria, pero entrecomilladas, del discretísimo coloquio en la soledad del despacho presidencial, que reflejan y demuestran la actitud monárquica, como se transmite el poder en México. En sus divagaciones, durante 14 minutos y 30 segundos, usted no pudo en ningún momento impugnar cuál es el método sucesorio propio del PRI-Gobierno.
Queremos decirle, diputado Gómez Villanueva, que lo que no se vale es querer combatir nuestras afirmaciones con mayor desinformación. Usted vino aquí a demostrar, es usted un ejemplo palpable también, de una labor desorientadora y desinformadora sobre un tema fundamental en el debate democrático y en la discusión republicana.
Podríamos entonces concluir que cuando usted dice que los miembros del PRI propusieron a Ernesto Zedillo como candidato presidencial, cuando usted dice que es el partido el que elige, cuando usted dice que son 17 millones de votos los que exaltan al poder al encargado actual del Ejecutivo, pues señor diputado Gómez Villanueva, concluimos que es usted el único ingenuo; uno entre 100 millones de mexicanos que aún cree en cuentos de hadas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos hasta por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada GIoria Sánchez Hernández:
Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros:
Que asistimos a este final de la sesión, que parecía que ya se estaba terminando y de momento retorna interés y lo digo muy sinceramente, el debate que en este momento se abrió me parece que es de la mayor importancia para todos los mexicanos y siento que debemos abordarlo con toda la integridad, con todo el respeto, con toda la seriedad, porque nos va a llevar de su análisis a las conclusiones que nos permitan efectivamente transitar pactadamente hacia la democratización del país.
Escuché al diputado Gómez Villanueva, que ha sido testigo presencial de muchos acontecimientos recientes de la historia del país e incluso de su proyección internacional y desde su punto de vista, de un priísta convencido, ha defendido con su verdad una razón.
También me parece que la crítica que el compañero Sánchez Aguilar hace a lo que conocemos como presidencialismo y como una sucesión elitista de grupos de poder, es algo que efectivamente prevalece en muchos de los criterios políticos de los estudiosos del sistema mexicano.
¿Qué es lo que piensa el PRD del presidencialismo? Bueno, que cumplió una etapa, pero que es necesario acotarlo. Que es necesario acotarlo por las vías legales, precisamente con un equilibrio del Poder Legislativo.
Y también es cierto que si ese presidencialismo tuvo aciertos, también ha tenido excesos y esos excesos son los que se deben corregir.
Yo quisiera recordarles que esas decisiones de cúpula llevaron precisamente a que no se respetara la voluntad popular en 1988, cuando precisamente porque el pueblo de México le da un gran valor a la decisión de un presidente, se volcó a las urnas en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
¿Por qué nos usurpan la Presidencia? Pues porque sabemos que esa posición gravita fundamentalmente en la vida nacional.
¿Y qué hicimos, qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo para que ese sistema inequitativo cambie y se transforme en un sistema democrático y estamos todos los diputados pendientes de lo que hoy ocurra en Gobernación. Porque de los acuerdos, del consenso, de la sensibilidad, de la capacidad para comprender que "el horno no está para bollos", podremos llegar tal vez por consenso a un acuerdo trascendental para la vida de nuestro país.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, qué bueno que se abrió el debate. A mí me da mucho gusto que se haya abierto. No importa que tal vez los términos no hayan sido los más comedidos, pero sí quiero reconocer aquí la honestidad del diputado Gómez Villanueva, que me parece que es un hombre de convicciones a su manera, como somos muchas personas, diputadas y diputados de convicciones desde nuestra óptica política.
¡Y cómo lamento que no se encuentren aquí ya los diputados del PAN! Porque creo que este debate nos interesa a todos y mi llamado es en el sentido de que no lo cerremos aquí, sino que lo abramos en serio, muy en serio, pero con la voluntad de que las cosas cambien para bien de nuestra patria.
Muchas gracias.
PARTIDO ACCION NACIONAL
El Presidente:
Para dar lectura a una comunicación que envía el diputado José Antonio García Villa, tiene la palabra el diputado Fernando Rivadeneira, del Partido de Acción Nacional.
El diputado Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Daré lectura a un comunicado del diputado Juan Antonio García Villa.
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Con fundamento en lo establecido por el articulo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra en lo conducente dice: "en caso de injurias o calumnias el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente, sigue el precepto - instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido-, si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaria, insertando éstas en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar".
Ahora bien, en la sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el día de ayer, 28 de octubre de 1996, el diputado Carlos Chaurard Arzate dijo refiriéndose al suscrito lo siguiente: "Viene usted a decir aquí eso por las grandes cantidades de dinero que usted cobraba al gobierno panista de Carlos Medina Plascencia". En otro pasaje y en diversas intervenciones dijo refiriéndose al mismo punto: "sigo sosteniendo, diputado García Villa, que eran percepciones millonarias".
En otra de sus intervenciones el mismo diputado Chaurard Arzate dijo: "que nos diga cuántas veces utilizó el avión de Gobierno del Estado para ir a Durango, cuántas veces usó y disfrutó de viáticos, porque ahí están las cuentas públicas que no se autorizaron porque había gastos que no estaban totalmente comprobados y se quedaron pendientes en el Congreso del Estado". En otro pasaje el diputado Chaurard dijo refiriéndose a supuestos viajes del suscrito en el avión del gobierno del Estado de Guanajuato: "y quiero hacer la precisión que el avión se utilizó en múltiples ocasiones".
En consecuencia de lo anterior, en los términos del precepto invocado al inicio y toda vez que las afirmaciones del diputado Chaurard Arzate son calumniosas, solicito a usted que se dé trámite a la presente en la forma que aquél señala.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 29 de octubre de 1996.- El diputado Juan Antonio García Villa.»
Dejo el documento a la Secretaría.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario José Jesús Durán Ruiz:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se dará lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura
Orden del día
Miércoles 30 de octubre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Limón Padilla, para aceptar y usar la condecoración de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere dicho Gobierno.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 9 al 15 de noviembre de 1996, a fin de que asista a la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en las ciudades de Santiago y de Viña del Mar, Chile; así como para que realice una visita de Estado a la República Argentina y del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 1996, a fin de que efectué visitas de Estado a la República Popular de China y a la República de Corea, realice una visita oficial a la República de Singapur, así como para que participe en la IV Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico, a celebrarse en Manila, Filipinas.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Plácido Arango Arias, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano coronel de la Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Paulino López Bernal, para aceptar y usar la condecoración Medalla Monja Blanca de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Julia Morris Gómez, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que Gonce de permiso a la ciudadana Gabriela Magdalena Castañeda Chellet, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaria dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 16:17 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 30 de octubre a las 10:00 horas.
| APEC | Consejo Económico Asia-Pacífico (por las siglas en inglés) |
| Banxico | Banco de México |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| CNC | Confederación Nacional Campesina |
| Cofipe | Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Concamin | Confederación Nacional de Cámaras Industriales |
| Concanaco | Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio |
| Coparmex | Confederación Patronal de la República Mexicana |
| CTM | Confederación de Trabajadores de México |
| D.F. | Distrito Federal |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional |
| IFE | Instituto Federal Electoral |
| OCDE | Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PGR | Procuraduría General de la República |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo | Programa de Ayuda para el Campo |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |
| PT | Partido del Trabajo |
| Sedesol | Secretaría de Desarrollo Social |