SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, presenta iniciativa de reformas a dicha ley. Se turna a la comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Seade Kuri, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de ese país. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la ciudadana María Félix Guereña, con el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de esa nación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995. Es de primera lectura.
Se refieren al LXXIV aniversario luctuoso de ese personaje de nuestra historia, los diputados:
Francisco Antonio Tenorio Adame
Virginia Hernández Hernández y solicita la inscripción con letras de oro.
Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputadoJaime Cleofas Martínez Veloz, se refiere a la implementación de dicho programa en la Frontera norte de nuestro país.
Sobre problemas de corrupción en dicha asociación, se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo.
Se turna la denuncia a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Cultura y del Distrito Federal.
El diputado José Luis Aguilar Martínez, presenta denuncia respecto a problemas de salarios y prestaciones a maestros en el municipio de Chilón, Chiapas. Se turna a las comisiones de Educación y de Información, Gestoría y Quejas.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, para rectificar hechos.
La solicitud del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Francisco Patiño Cardona, comenta respecto al derecho de afiliación política.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Rafael Ayala López
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Josué Valdés Mondragón:
Se informa a la Presidencia que existen registrado previamente 257 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
El presidente (a las 12:00 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Josué Valdés Mondragón:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Jueves 21 de noviembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Tabasco.
Iniciativas de diputados
De reformas a la Ley del Infonavit, a cargo del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
Proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995.
Sobre el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, a cargo de la diputada Virginia Hernández Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre Alianza para el Crecimiento en la Frontera, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En torno a la corrupción, a cargo de la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre salarios y prestaciones a maestros comunitarios en el municipio de Chilón, Chiapas, a cargo del diputado José Luis Aguilar Martínez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre los Nuevos Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los problemas de la producción agraria, a cargo del diputado Eric Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Genaro Alfonzo del Angel Amador:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado José Manuel García García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con veintisiete minutos del martes diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo cuarto aniversario luctuoso del ciudadano Ricardo Flores Magón. Se designa comisión.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche y Colima, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes de la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, correspondientes al tercer trimestre del presente año. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Deuda Pública de la Cámara de Diputados y se corre traslado a la Cámara de Senadores.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presenta a nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo, informe de actividades. De enterado.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da primera lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
José Jorge Rodríguez Carbajo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil:
Angel Navarrete Contreras, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Miriam Guadalupe Manzo Valenzuela, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora:
Blanca Luz Valdespino, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se someten a discusión seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto con los que se otorgan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Corea:
Javier Lozano Barragán, pueda prestar sus servicios y utilizar pasaporte extranjero, en las funciones propias de su encomienda en la Santa Sede:
Ernesto Arcos Oropeza, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala:
Juan Francisco Dieguez Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Cuba:
Edgar Hiram León Nájera, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Guatemala:
Antoine Georges Gresati, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Líbano en Guadalajara con circunscripción en el Estado de Jalisco.
No habiendo quien haga uso de la palabra en ninguno de los casos, la Secretaria recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y ocho votos. Se turnan al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.
Rinden homenaje a la Revolución Mexicana, en el octagésimo sexto aniversario de su inicio, los diputados Héctor Armando González Moken, del Partido Revolucionario Institucional; Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional y Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita se exhorte a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social, para que dictaminen una iniciativa de su grupo parlamentario presentada el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Se turna a las comisiones mencionadas.
Sube a la tribuna el diputado Gustavo Salinas Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta propuesta para una sesión solemne para celebrar el sexagésimo aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para referirse a diversos aspectos del proceso electoral en el Estado de México, hacen uso de la palabra los diputados: Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; Sergio Inocencio Ramírez Vargas, del Partido Revolucionario Institucional y para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática y Luis Alejandro Contreras Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que calificó como Hidalgo, los límites del partido de Estado y sobre el mismo tema, el diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos al respecto, los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; Roberto Pedraza Martínez, el Partido Revolucionario Institucional y Gloria Sánchez Hernández, del Partido dela Revolución Democrática.
Recuerdan el décimo segundo aniversario de la explosión en San Juan Ixhuatepec, los diputados: Anselmo García Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional; Mario Alberto Viornery Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional; Anselmo García Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Joaquín Rodríguez Lugo, del Partido Revolucionario Institucional y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Para comentar las palabras que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pronunció el dieciocho del presente mes y año, en materia electoral, se concede el uso de la palabra a los diputados: Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Efraín Moreno Collado, del Partido Revolucionario Institucional; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Francisco García Cervantes, del Partido Acción Nacional y José Rafael Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática; Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional y Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada señor Presidente.
ESTADO DE GUANAJUATO
El secretario Agustín Martínez Maldonado:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
El honorable LVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir presidente y vicepresidente de la mesa directiva a fungir durante el segundo mes del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al tercer año de su ejercicio legal; la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado José Luis Barbosa Hernández y vicepresidente: diputado Alberto Fabián Carrillo Flores.
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 23 de octubre de 1996.- Diputados secretarios: Humberto Barrera Paniagua y Consuelo Camarena Gómez.»
De enterado.
ESTADO DE TABASCO
El secretario Ramón Cárdenas Gudiño:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 párrafo V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tenemos el honor de comunicar a usted, que con esta fecha se llevó a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos de este honorable Congreso en el mes de noviembre, resultando electos los diputados:
Presidente: Ignacio Aysa Bernat y vicepresidente: Ramón Gómez Alvarez.
Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, 31 de octubre de 1996.- Diputados: Luis A. de la Fuente Sánchez, presidente y Alvaro Castro Marín, secretario.»
De enterado.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Infonavit.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Señoras y señores diputados al Congreso de la Unión:
Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa de ley que modifica la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
México ha sufrido fuertes colapsos financieros durante 20 años debido a la falta de ahorro interno, lo que ya obligó a modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero como lo dijimos cuando se discutió aquella ley, se requiere un mayor porcentaje de ahorro de los trabajadores a lo largo de su vida si se desea que las pensiones sean suficientes y no escasas como lo son ahora. Como el único ahorro que puede añadirse a las modificaciones ya aprobadas sin incrementar las cargas sociales que pagan trabajadores y/o empresarios, es incorporar las cuotas pagadas al Infonavit, siempre y cuando se mantengan en términos reales, lo que obliga a cambiar la regulación actual, puesto que no ha podido contribuir eficientemente a las pensiones de los trabajadores, aunque sí haya contribuido a resolver el problema habitacional.
Los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de que se requiere una modificación a la actual legislación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para garantizar que se proteja, tanto el interés de quienes pagan su vivienda recibida al amparo de los beneficios del Infonavit, como el de los trabajadores a cuyo nombre se han depositado las cuotas pagadas por los empleadores y que los requerirán para cuando llegue el momento de su retiro.
De acuerdo con la redacción actual de la ley, los trabajadores que no hayan disfrutado de una vivienda proporcionada por el Infonavit recibirán en el momento de su jubilación solamente las cantidades nominales que aportaron sus patrones más un pequeño interés, por lo que para cuando se jubilen los trabajadores, éstos habrán perdido el porcentaje de sus ahorros correspondiente al aumento inflacionario. A manera de ejemplo, recordemos que desde 1972 las aportaciones nunca han sido re expresadas para reconocer la inflación de 2 mil veces desde entonces. Si hubieran tenido un interés anual compuesto mínimo, de digamos el 3% real (o sea, por encima de la inflación), el ahorro correspondiente a ese año se habría duplicado en términos reales, mientras que lo que sucedió es que se esfumó, pues 1 mil pesos en 1972 (alrededor de un salario mínimo mensual de entonces) se han convertido en apenas 10 centavos. El Infonavit debería de reconocer muchas veces más de lo que reconoce actualmente, o sea; que para reconocer los 1 mil pesos de 1972 debería aceptar que equivalen al menos a 200 pesos actuales y eso sin considerar intereses puesto que según el artículo 39 de la actual Ley del Infonavit, este Instituto pagará lo que pueda, lo que quiere decir muy poco más de los 10 centavos en este ejemplo.
Para remediar este problema, la Ley del Infonavit debe estipular la existencia de un fondo en donde rindan los ahorros y no en donde éstos desaparezcan; un fondo que conserve el ahorro y ofrezca intereses positivos, es decir, un fondo cuyos rendimientos estén por arriba de la inflación. Es importante destacar que ante todo el interés devengado debe de ser siempre mayor a la tasa inflacionaria, porque si se hace de manera distinta, los rendimientos que se puedan obtener nunca alcanzarán un nivel real, por lo que se podría decir que sería una carrera perdida contra los precios y la inflación crecientes. Además, si se tomara en cuenta para aumentar este porcentaje de rendimiento, el incremento al salario mínimo, tampoco se obtendrían remuneraciones aceptables para el trabajador jubilado, cuando más se estaría actuando demagógicamente en beneficio de unos pocos miles de beneficiarios de vivienda y en perjuicio de millones de trabajadores.
Por otro lado, es importante señalar que existen muchos trabajadores que a lo largo de 24 años han recibido una vivienda del Infonavit por la cual pagan una renta prácticamente congelada y que solamente estarían en capacidad de pagos pequeños aumentos anuales.
En base a lo antes mencionado, nos permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Artículo único. Se reforman los artículos 39 y 44 para quedar como sigue:
Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda pagará intereses reales.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(último párrafo)
El consejo deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores, produzcan intereses positivos y conserven el valor real del ahorro.
Artículo 44. El saldo de los creditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42, se revisarán anualmente en un porcentaje igual al de la inflación del año anterior en el aniversario del primer aumento a los pagos bimestrales para la vivienda o en caso de contrataciones posteriores a la publicación de la ley, en el aniversario de la asignación de la vivienda.
Asimismo, los creditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa deberá ser entre el 2% y el 4% obre el indice Nacional de Precios al Consumidor de los 12 meses anteriores sobre saldos insolutos.
TRANSITORIOS
Artículo primero. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Los talones y recibos de amortización de crédito que pagan quienes han recibido un credito o una vivienda del Infonavit, a más tardar a los tres meses de la publicación de la presente ley, deberán de ser incrementadas en el mismo porcentaje de aumento del Indice Nacional de Precios al Consumidor de los últimos 12 meses más el interés mencionado en el segundo párrafo del artículo 44.
Artículo tercero. Las subcuentas de vivienda deben mantener sus valores en términos reales y producir al mismo tiempo intereses reales a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Palacio Legislativo a 21 de noviembre de 1996.- Diputados: Gonzalo Alarcón Bárcena, Hugo Meneses Carrasco, Alejandro Zapata Perogordo, Jorge Urdapilleta, Manuel Arciniega P., María Elena Alvarez Bernal, Apolonio Méndez Meneses, Cecilia Romero Castillo, J Enrique Patiño T., Jesús Sánchez Ochoa, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Nohelia Linares González y Patricia Garduño Morales.»
El Presidente:
Túrnese la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, a las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
El secretario José Enrique Patiño Terán:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F. a 19 de noviembre de 1996.- Senadores secretarios: Jorge Guadalupe López Tijerina y Raúl Durán Reveles.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D. F. a 19 de noviembre de 1996.- Senadores: Angel Sergio Guerrero Mier, presidente; Jorge Guadalupe López Tijerina y Raúl Durán Reveles, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA DE ARGENTINA
El secretario Francisco Andrés Bolaños Bolaños:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F. a 19 de noviembre de 1996.- Senadores secretarios: Jorge Guadalupe López Tijerina y Raúl Durán Reveles.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 19 de noviembre de 1996.- Senadores: Angel Sergio Guerrero Mier, presidente; Jorge Guadalupe López Tijerina y Raúl Durán Reveles, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario Agustín Martínez Maldonado:
«Honorable Congreso de la Unión.-Avenida Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza.- C.P. 15960, México, D.F.
Con fecha 12 de noviembre de 1996, el gobierno de la República Francesa, a través del excelentísimo señor embajador Bruno Delaye, me honró al otorgarme la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Comendador, distinción que conlleva el reconocimiento al pueblo de México y a la trayectoria que he mantenido en una de las expresiones de las Bellas Artes, como es el cine.
El día de hoy, a través de los medios de información me enteré que debería de haber obtenido el permiso previo correspondiente de ese honorable Congreso de la Unión, para aceptar, usar y portar dicha condecoración, a efecto de no incurrir en las sanciones que se mencionan en el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es por ello que me dirijo a ustedes, a efecto de invocar el mismo artículo, que en su fracción B inciso IV, a la letra dice: "IV. Por admitir del Gobierno de otro país títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente".
Cabe destacar que esta misma condecoración me fue otorgada hace aproximadamente 20 años en el grado de Caballero, al realizar en ese entonces las consultas correspondientes, se me indicó que no se requería dicha autorización por estar dentro de la excepción que marca los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente. No obstante lo anterior y como promotora que he sido para que se cumplan y observen cabalmente las leyes que emanan de esa institución, me permito solicitar atentamente, en caso de ser necesario, el permiso de ese honorable Congreso para aceptar, usar y portar las condecoraciones de la Orden de las Artes y las Letras en Grado de Comendador y en Grado de Caballero, que me otorgó el gobierno de la República Francesa.
Al manifestar mi total disposición para el cumplimiento del orden constitucional, ruego a ustedes si lo consideran procedente, otorgarme el permiso que menciona la Constitución General de la República.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad, para reiterarles la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., noviembre 19 de 1996.- Ciudadana María Félix.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CUENTA DE LA HACIENDA REPUBLICA FEDERAL
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo ya entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Ramón Cárdenas Gudiño:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995.
Honorable Asamblea: en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo Federal presentó, en tiempo y forma, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995. En dicho documento, se incluyen los resultados anuales de la gestión financiera, programático-presupuestal y contable de la Administración Pública Federal, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos, en los diversos ordenamientos de la legislación fiscal aplicable, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en la información relacionada, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, a que se refiere el artículo 60. de la Ley de Planeación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados recibió para su estudio, análisis, revisión y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1995.
Esta comisión dictaminadora convocó a ocho sesiones de trabajo para ampliar la información sobre los resultados financieros y presupuestales del ejercicio fiscal y el cumplimiento de los objetivos y metas, contenidos en los principales programas autorizados, contando con la participación plural de los miembros de las cuatro fracciones parlamentarias que integran a 25 comisiones legislativas de esta soberanía. En dichas reuniones los legisladores intercambiaron opiniones e información con los servidores públicos de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, en relación al desarrollo de actividades y los resultados alcanzados en los sectores económicos y ramos presupuestales.
Por conducto de la Comisión de Vigilancia, la Cuenta Pública se turnó a la Contaduría Mayor de Hacienda para con fundamento en sus atribuciones realizar una revisión previa que permita conocer y evaluar con mejores elementos los resultados de la gestión gubernamental, en los términos establecidos por los artículos 1o., 3o., 10, fracciones I, II y IV; 20 de su Ley Orgánica.
Por su parte, el órgano técnico de esta legisladora elaboró y entregó, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública Federal de 1995 a esta dictaminadora, el 11 de noviembre de 1996.
Con base en el informe previo, en la información diversa obtenida de las dependencias y entidades públicas, en las observaciones emanadas de las reuniones de análisis sostenidas con diversas comisiones legislativas y servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal y con fundamento en la legislación aplicable, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedió a elaborar el dictamen respectivo, con el propósito de sustentar el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1995, cuyas conclusiones más importantes son las siguientes:
I. Observancia de los preceptos jurídicos-normativos
Con objeto de verificar el grado de cumplimiento de los preceptos legales que rigen la gestión publica, la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico, en acatamiento al mandato constitucional así como a lo previsto en la legislación aplicable, practicó un análisis y revisión de la información y documentación que proporcionaron las dependencias y entidades de la administración pública federal para determinar la observancia a los siguientes ordenamientos:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995; decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1995; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles; Reglamento de la Ley de Obras Públicas; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Planeación; Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; Ley General de Deuda Pública, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley General de Bienes Nacionales; Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Pública Federal; acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos conforme a los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas; acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles y de las comisiones consultivas mixtas de abastecimiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal; acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los comités para la desincorporación de bienes muebles e inmuebles de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En el informe previo rendido por la Contaduría Mayor de Hacienda, se advierten discrepancias susceptibles de corroboración en el cumplimiento de las disposiciones legales, las cuales requerirán una revisión más detallada en materia de adjudicación y contratación de obra pública; adquisiciones y suministro de información a las dependencias globalizadoras. Al respecto, el órgano técnico de esta Cámara de Diputados llevará a cabo las revisiones necesarias, en el marco de sus atribuciones e informará a la misma sobre los resultados.
II. Observancia de los principios básicos de contabilidad gubernamental
Para evaluar el grado en que las dependencias y entidades del Gobierno Federal aplicaron los principios básicos de contabilidad gubernamental en el registro de sus operaciones financieras y presupuestales y en la presentación de los estados financieros correspondientes a 1995, la Contaduría Mayor de Hacienda evaluó los sistemas de contabilidad y su aplicación en el registro de las operaciones contables realizadas por la administración pública federal.
De esa evaluación preliminar efectuada, la Contaduría Mayor concluye que, en términos generales, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presentó de acuerdo con los principios básicos de la contabilidad gubernamental. Existen, sin embargo, algunos señalamientos a diversas dependencias respecto a la depuración de cuentas, regularidad de los recuentos de bienes inventariables, registros inadecuados de las erogaciones realizadas e incumplimientos menores a principios contables, que al corregirse permitirán contar con información más exacta, oportuna y actualizada.
Respecto del sector paraestatal, el análisis de los estados financieros y de los dictámenes de los auditores externos establece que se aplicaron razonablemente los principios contables, excepto en aquellos casos en que se emitieron salvedades como en el IMSS, ASA, CFE, Ferronales, LFC e ISSSTE. En el caso de Lotenal, el auditor externo expresó estar imposibilitado para cerciorarse de la corrección de los saldos de pasivos por diversas contribuciones y del registro y entero del impuesto sobre rifas y sorteos, que la entidad no retuvo ni enteró a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal.
En atención a lo anterior, la Contaduría Mayor de Hacienda procederá a llevar a cabo revisiones específicas, realizará el seguimiento y evaluará las acciones correctivas para subsanarlas e informará de ello a esta Cámara de Diputados.
III. Análisis de los resultados Financiero-presupuestales del sector público
III.1 Resultados generales de las finanzas públicas
Durante 1995, la estrategia fiscal se ajustó al nuevo escenario macroeconómico. En este contexto, las finanzas públicas se orientaron para contribuir a la estabilización de la economía nacional.
Los ingresos ordinarios del sector público presupuestario ascendieron a 418 mil 882.6 millones de pesos, lo que representó el 26.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho resultado superó en un punto porcentual la meta revisada en el programa emergente, debido fundamentalmente a los incrementos registrados por los ingresos no tributarios, el aumento en el precío promedio del barril de crudo de exportación y el efecto que tuvo el cambio de la paridad cambiaría en este concepto. De acuerdo a la estructura de los ingresos ordinarios, los del Gobierno Federal representaron el 66.9% y los de organismos y empresas de control directo el 33.1 %.
El gasto neto devengado fue de 423 mil 191.1 millones de pesos, cifra que constituye el 26.8% del PIB, como resultado de la resignación selectiva de las erogaciones para hacer frente a la depreciación del tipo de cambio, el alza de las tasas de interés internas y externas, los recursos fiscales canalizados al Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE) y el reforzamiento de los programas sociales. De esta forma, la estructura del gasto neto devengado se modificó, correspondiendo el 68.6% al gasto programable y el 31.4% al no programable.
El saldo de la deuda del sector público presupuestario representó el 53.3% como porcentaje del PIB, cifra que superó en 8.1 puntos porcentuales la registrada en 1994. Dicha variación se explica por el incremento real de 31.6% en el saldo de la deuda externa debido al efecto de la devaluación en los pasivos contratados en moneda extranjera y al endeudamiento neto por valor de 25 mil 811.7 millones de pesos en que se incurrió para sustituir la deuda interna constituida por los bonos de la Tesorería (Tesobonos) que vencían en 1995. Dicho endeudamiento neto fue fundamentalmente de carácter externo e inferior en 21.1% al autorizado por el Congreso de la Unión.
El balance presupuestal registra un déficit de 7 mil 044.5 millones de pesos, lo que representa el 0.4% del PIB. El balance primario fue superavitario en 76 mil 576.7 millones de pesos, cifra que como proporción del PIB asciende a 4.8%. Por niveles institucionales, el déficit presupuestal fue resultado del saldo deficitario del Gobierno Federal (18 mil 651.4 millones de pesos) y el superávit del sector paraestatal por 11 mil 606.9 millones de pesos.
III.2 Ingresos públicos
Las metas originales, el esquema tributario y la política de precios y tarifas tuvieron que modificarse a consecuencia de la emergencia económica. Las principales medidas consistieron en aumentar la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA); ajustar los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el sector público; ampliar la desgravación fiscal de los trabajadores; incrementar la depreciación aplicable a nuevas inversiones en activos intangibles; autorizar hasta el 100% la tasa de deducción en la adquisición de equipo nuevo para convertir o sustituir emisiones de contaminantes; autorizar una mayor deducibilidad de las aportaciones que se realicen para programas de investigación y desarrollo tecnológico y capacitación de trabajadores; reducir a 1.8% la tasa aplicable del impuesto al activo neto de las empresas y autorizar el diferimiento hasta por cuatro años en el pago de este impuesto en el caso de nuevas inversiones, así como su exención durante tres años durante el periodo preoperativo de las nuevas empresas.
La estructura de los ingresos en cada uno de los niveles institucionales se modificó de manera importante con relación a la prevista, debido principalmente a la reducción de los ingresos tributarios del Gobierno Federal, el aumento de sus ingresos no tributarios y los ingresos adicionales por 22.9% que obtuvieron los organismos y entidades del sector paraestatal.
Los ingresos ordinarios del Gobierno Federal ascendieron a 280 mil 144.4 millones de pesos, de los cuales el 99.5% fueron ingresos corrientes y el 0.5% restante de capital. Dicho monto superó en 21.9% la estimación original prevista en la Ley de Ingresos, pero significó una disminución de 6.2% real respecto al ejercicio de 1994. Como porcentaje del PIB, su relación se situó en 17.7%, mayor en 1.0 y 0.1 puntos porcentuales a lo presupuestado y captado en el año anterior, respectivamente.
En términos de su estructura porcentual, la participación de los no tributarios en el total de los ingresos ordinarios fue superior a la estimada en 17.0 puntos porcentuales, mientras que la de los tributarios disminuyó, de 74.8% al 60.8% debido a que, con excepción del IVA, la recaudación de los gravámenes más importantes se redujo.
La participación conjunta del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del impuesto a la importación en el total de los ingresos tributarios descendió 8.0 puntos porcentuales con relación a la estimación original, mientras que la del IVA aumentó 7.1 puntos. La recaudación del ISR fue menor en 8.0% a la prevista en la Ley de Ingresos.
La captación del IEPS fue inferior en 18.4% a la prevista y su participación en los ingresos tributarios descendió 3.1 puntos porcentuales, variaciones que se explican por la reducción de las tasas aplicables a los productos petrolíferos y al consumo de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos labrados.
Los ingresos por concepto del impuesto a la importación fueron menores en 22.7% que los estimados y su participación en los ingresos tributarios disminuyó 1.9 puntos porcentuales respecto a la previsión original, en virtud de que las compras al exterior disminuyeron un 8.7% y la tasa arancelaria de importación ponderada se redujo 0.6 puntos porcentuales.
La recaudación del IVA registro un incremento de 29.5% respecto a la meta inicial debido a que la tasa general impositiva se elevó del 10% al 15%. Este incremento, combinado con la menor recaudación de los demás impuestos como consecuencia de la reducción en el volumen de transacciones en la economía nacional, provocó que la participación de este impuesto en los ingresos tributarios se incrementó hasta representar el 30.4% del total.
Por su parte, los ingresos no tributarios superaron en 118.1% la estimación de la Ley de Ingresos y aumentaron 3.3 puntos porcentuales como proporción del PIB, en virtud de que todos sus rubros registraron incrementos: derechos 82.4%; aprovechamientos 256.5% y productos 181.3%.
Con el propósito de fortalecer los ingresos del sector paraestatal, la política de precios y tarifas se redefinió para evitar que se rezagaran respecto al nivel general de precios internos y ajustarlos a sus referencias internacionales.
Los ingresos propios de las empresas públicas de control directo presupuestal (excluyendo transferencias y aportaciones al ISSSTE) ascendieron a 138 mil 738.2 millones de pesos y superaron en 22.9% a los estimados. Este grupo de entidades financió la totalidad de su gasto neto y obtuvo disponibilidades por 2 mil 887.8 millones de pesos, que representan el 4.4% de los ingresos ordinarios. Por otra parte, la variación respecto de la meta se explica en 82.5% por los ingresos adicionales que generaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que representaron incrementos de 47.7% y 23.5%.
III.3 Gasto público
Durante 1995, la política de gasto público se adecuó a la situación de emergencia económica, de forma que el gasto neto fuera congruente con el programa económico de corto plazo. Se acordó la reasignación selectiva de las erogaciones, a través de las disminuciones al gasto corriente, la redefinición de prioridades en materia de inversión pública, la revisión de las transferencias y subsidios, a fin de estar en condiciones de sustentar los programas sociales prioritarios y de crear otros con carácter emergente ante la crisis económica, según lo informado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 26 de enero de 1995.
El gasto neto devengado del sector público presupuestario tuvo una variación del 21.4% respecto de la previsión original, como resultado de la reasignación del gasto y el aumento que tuvieron las erogaciones no programables para hacer frente al costo financiero de la deuda pública, los apoyos fiscales al ADE y el incremento de las participaciones a gobiernos locales y estímulos a sectores productivos. De acuerdo a su estructura interna, el gasto programable representó el 68.6% del total y el gasto no programable el 31.4%.
El gasto programable del sector público ascendió a 290 mil 423.6 millones de pesos, lo que representa una variación del 6.2% respecto de la meta original y un decremento en términos reales de 14.2% en relación con 1994. Dentro del gasto programable, las erogaciones corrientes fueron de 229 mil 773.3 millones de pesos, lo que representa una contracción real del 12.3% respecto a 1994, como resultado del reducido crecimiento de las adquisiciones de bienes y servicios, la suspensión de nuevas contrataciones de personal, la cancelación de plazas vacantes y la compactación de unidades administrativas.
El gasto de capital ascendió a 60 mil 650.3 millones de pesos, superior en 0.5% a la meta original y con una participación de 14.3% en el total del gasto neto devengado, debido a que se acordó diferir los proyectos nuevos de inversión inicialmente contemplados en el presupuesto para concentrar los recursos primordialmente en la conclusión de proyectos ya iniciados y vinculados con programas sociales y de infraestructura estratégica.
Adicionalmente, se dio prioridad a los programas emergentes de empleo temporal, de becas para la capacitación de trabajadores desempleados, de combate a la pobreza y de abasto social. De esta manera, los sectores a los cuales se canalizaron los mayores montos fueron: desarrollo social (53.2%), energético (23.5%), desarrollo rural (5.9%) y comunicaciones y transportes (5.3%).
El gasto no programable ascendió a 132 mil 770.5 millones de pesos, con una variación del 77.0% respecto de la cifra original e incrementando en 9.9 puntos porcentuales su participación en el total del gasto neto devengado. Dicho resultado se explica por el incremento registrado en el costo financiero de la deuda pública, así como por el pago anticipado de 15 mil millones de pesos del ADE. Las participaciones a estados y municipios, así como los estímulos fiscales y otros fueron superiores en 9.9% a lo previsto, principalmente por la mayor captación de derechos sobre extracción de petróleo y el aumento de la tasa general del IVA, que contribuyeron al incremento de la recaudación participable.
Las transferencias representaron el 20.9% del gasto neto, 1.8 puntos porcentuales menos que lo previsto, y en términos reales fueron inferiores en 14.9% a las otorgadas en 1994, lo cual se explica por la mayor selectividad con que se asignaron, con el propósito de beneficiar preferentemente a los estratos de la población en condiciones de marginación y pobreza. El 83.9% de las transferencias se canalizó a las entidades de los sectores desarrollo social y rural, sobre todo a las que prestan servicios educativos y de salud, desarrollo urbano y abasto de bienes básicos.
El gasto adicional se cubrió con los ingresos excedentes, en los términos establecidos por el artículo 22 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
III.4 Sector paraestatal
Los ingresos de los organismos y empresas ascendieron a 164 mil 275.5 millones de pesos, correspondiendo 87.7% a ingresos propios y 12.3% a transferencias. Con estos ingresos, se financió el gasto neto y se tuvo un superávit financiero de 11 mil 606.9 millones de pesos.
Los ingresos captados fueron superiores en 25% a los estimados inicialmente y los incrementos se generaron en Pemex y sus organismos subsidiarios, la CFE, el ISSSTE y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Lo anterior, debido a que se otorgaron mayores transferencias a la CFE, para cubrir el aumento de precios en los combustibles; al ISSSTE, por los incrementos en pensiones y a Capufe, para apoyar la construcción de proyectos prioritarios.
El gasto neto de organismos y empresas, ascendió a 152 mil 668.6 millones de pesos, presentando un incremento del 18.6% contra el presupuesto original.
El gasto programable del conjunto de organismos y empresas fue mayor en 12.3%, por los aumentos registrados en el gasto corriente (13%) y en los de capital (9%). El incremento del gasto se originó principalmente en Pemex, en la CFE y en el IMSS.
El gasto no programable de los organismos y empresas se destinó al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda. El costo financiero del sector paraestatal fue mayor al presupuestado por los pagos adicionales realizados por Pemex y la CFE.
III.5 Deuda pública
Al sobrevenir la crisis económica que provocó la devaluación de diciembre de 1994, la política de deuda pública se reorientó en torno a dos objetivos: en primer lugar, a cubrir los pagos de amortización de la deuda interna del Gobierno Federal, sobre todo de los Tesobonos que vencían durante el año y ampliar los plazos promedio de vencimiento de los pasivos en moneda nacional; en segundo lugar, a restablecer el acceso de México a los mercados internacionales de capital.
Por lo anterior, el honorable Congreso de la Unión, si bien no modificó el límite de 5 mil millones de dólares de endeudamiento neto, adicionalmente aprobó que se utilizarán recursos del paquete de ayuda financiera internacional por 50 mil 537.4 millones de dólares en líneas de crédito y garantías, a condición de que fueran empleados para el canje o refinanciamiento de los Tesobonos y el endeudamiento por estas operaciones no rebasará un monto de 26 mil 500 millones de dólares.
En cuanto a la deuda interna, se autorizó la emisión de valores gubernamentales en moneda nacional y la contratación de empréstitos para canjear o refinanciar las obligaciones del erario Federal, sin que ello representara un endeudamiento neto adicional; y se aprobaron nuevas emisiones de Tesobonos, cuyo monto en circulación no debía exceder del 15.0% de la deuda del sector público presupuestario.
Durante el ejercicio sólo se utilizaron 26 mil 797.0 millones de dólares de dicho paquete financiero, de los cuales el Gobierno Federal destinó el 43.9% al canje o refinanciamiento de los pasivos de corto plazo y al fortalecimiento del sistema financiero; el 56.1% restante se empleó para restituir las reservas internacionales del Banco de México y en esa forma, apoyar la estabilidad cambiaria. En la medida en que México reingresó de manera gradual a los mercados financieros internacionales, a partir del segundo trimestre de 1995, fue posible seguir sustituyendo deuda de corta maduración por pasivos de mayor plazo.
En 1995 el sector público presupuestario registró un endeudamiento externo neto a nivel devengado de 14 mil 445.5 millones de dólares, como resultado de una colocación bruta de 39 mil 770.8 millones de dólares, constituida principalmente por los recursos del fondo de estabilización y la colocación de valores públicos en los mercados internacionales y una amortización de 25 mil 325.3 millones de dólares.
El endeudamiento externo neto, sin considerar los recursos provenientes del paquete financiero, fue inferior en 1 mil 054.5 millones de dólares al autorizado y los recursos se emplearon preferentemente al Banco de Comercio Exterior (Bancomext); para promover las exportaciones; a Nacional Financiera (Nafinsa), para fomentar la pequeña y mediana industrias y fortalecer el sistema financiero.
El saldo de la deuda externa bruta del sector público presupuestario al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 100 mil 933.7 millones de dólares. Si del saldo bruto se deducen los activos financieros que tiene depositados el Gobierno Federal en el exterior, el saldo de la deuda pública externa neta es de 90 mil 316.1 millones de dólares.
En 1995 se amortizó deuda interna por 258 mil 083.2 millones de pesos, principalmente por la cancelación de Tesobonos (131 mil 671.2 millones de pesos) y Cetes (112 mil 677.3 millones de pesos).
Así, el sector público presupuestario obtuvo un desendeudamiento neto interno a nivel devengado de 52 mil 251.9 millones de pesos. Con dicho desendeudamiento neto, aunado a los ajustes por revaluación, la deuda interna bruta registró un saldo en términos nominales inferior en 7.8% al de 1994. Si de este saldo se deducen los saldos acreedores del Gobierno Federal en el Banco de México por los recursos del fondo de contingencia y la cuenta corriente de esta última institución (24 mil 953.5 millones de pesos), se obtiene un saldo de 155 mil 261.0 millones de pesos.
La estructura de la deuda interna se modificó respecto a la del año anterior, ya que la participación de los Tesobonos se redujo de 46.9% a 1.1% mientras que la de los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes) aumentó de 4.2% a 25.0% y la del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR) de 5.7% a 12.0%. Con ello mejoró el perfil de vencimientos al aumentar en promedio el plazo de amortización de 202 días en 1994 a 230 días en 1995.
El saldo de la deuda del sector Departamento del Distrito Federal al 31 de diciembre de 1995 ascendió a 2 mil 465.3 millones de pesos y superó en 67.3% al del año anterior. Del total, el 73.6% correspondió al sector central y el 26.4% a los organismos y empresas; por su origen, el 99.3% fue interno y el 0.7% externo.
V. Análisis de las transferencias, de la inversión pública y las acciones de modernización pública
V.1 Transferencias
Durante 1995 las transferencias disminuyeron en términos reales 10.5% con relación al año anterior, como resultado al esfuerzo de selectividad realizado para reorientarlas a apoyar programas sociales y sectores estratégicos y prioritarios. Se ejercieron 108 mil 543.3 millones de pesos, correspondiendo el 81.5% de las mismas a las entidades de control indirecto y el 18.5% a las entidades de control directo. Las primeras disminuyeron 14.9% en términos reales, mientras que las segundas crecieron un 14.7% real debido al incremento del precio de insumos, materiales y suministros y servicios.
Su distribución sectorial fue la siguiente: al sector de desarrollo social se destinaron el 70.6%, en apoyo a los programas orientados al consumo y abasto de bienes básicos, a los servicios de educación y de salud a grandes sectores de la población; al sector de desarrollo rural se canalizaron el 13.2% para apoyar a los productores del sector, la comercialización de diversos productos agrícolas y la ejecución de diversas obras para la distribución de agua potable; al sector energético se transfirieron el 6.7% para hacer frente al rezago de las tarifas al servicio de energía eléctrica, especialmente las aplicadas para el riego agrícola y al consumo doméstico mensual inferiores a 100 kws; al sector comunicaciones y transportes el 4.2% y al de comercio el 2.9%, entre las más importantes.
Las transferencias a las entidades de control indirecto ascendieron a 88 mil 406. 3 millones de pesos y se destinaron principalmente a los ramos administrativos aportaciones para educación básica en los estados (37.8%); educación pública (26.5%); agricultura, ganadería y desarrollo rural (9.8%); hacienda y crédito público (4.7%); desarrollo social (3.7%) y medio ambiente, recursos naturales y pesca (3.8%), que en conjunto recibieron el 86.3% del total.
El propósito de las transferencias que efectuó el ramo aportaciones para educación básica en los estados fue cubrir necesidades presupuestarias de las entidades federativas para sufragar sueldos y prestaciones del personal docente; fortalecer el programa de carrera magisterial y pagar a instructores en las nuevas comunidades.
El ramo educación pública transfirió recursos principalmente a las instituciones de educación media superior y superior de la UNAM, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y el Conacyt.
El ramo agricultura, ganadería y desarrollo rural otorgó transferencias principalmente a Aserca, al Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (Inifap). Los recursos transferidos se destinaron básicamente al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), a la comercialización de granos básicos y oleaginosas (excepto maíz y frijol) y a la compra de fertilizantes.
El ramo hacienda y crédito público otorgó transferencias principalmente al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGl), al Banco Nacional de Crédito Rural, SNC (Banrural) y a financiar proyectos del sector agropecuario.
El ramo desarrollo social canalizó el 90.7% de sus transferencias al fortalecimiento de los programas de tortilla solidaridad y de abasto social de leche en beneficio de 2 millones 301 mil familias; a la adquisición y comercialización de leche importada y a la atención de niños en albergues escolares.
El ramo medio ambiente, recursos naturales y pesca destinó transferencias principalmente a la Comisión Nacional de Agua (CNA), que representó el 94.6% del monto total para la construcción de obras de infraestructura para el suministro, tratamiento y distribución de agua potable.
V.2 Inversión pública
Durante 1995, la inversión pública presupuestaria ascendió a 53 mil 091.6 millones de pesos, inferior en 6.9% a la previsión original como resultado del ajuste en el gasto público establecido en el programa emergente. De ese total, el 94.8% se ejerció en los sectores de desarrollo social, energético, desarrollo rural y comunicaciones y transportes.
Dentro del sector de desarrollo social, la inversión física ascendió a 19 mil 353.0 millones de pesos para ampliar la cobertura de los servicios básicos y mejorar su calidad, sobre todo en las regiones habitadas por los grupos sociales marginados. De ese total, el 39.8% fue ejercido por Solidaridad; el 24.9% para desarrollo urbano, ecología y agua potable; el 22.2% en educación y el 11.7% en salud y seguridad social.
La inversión pública en el sector energético representó el 41.8% del total para impulsar las actividades de exploración y exportación de hidrocarburos, generación de energía eléctrica y atender la demanda de insumos estratégicos.
El 11.6% de los recursos de inversion física se ejercieron en el sector de comunicaciones y transportes para continuar con la modernización, ampliación y conservación de su infraestructura. En el sectordesarrollo rural, se ejerció un gasto de inversión que representó el 4.9% del total para la ejecución de obras de irrigación y de fomento agropecuario para incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad del sector.
V.3 Acciones de modernización del sector público
Al inicio de la actual administración se reformó y adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Al efecto, se redistribuyeron diversas funciones en las dependencias y se resectorizaron 26 entidades.
Durante 1995 se concluyó la desincorporación de 13 entidades paraestatales: ocho se liquidaron o extinguieron; dos se transfirieron a gobiernos estatales; dos dejaron de considerarse como empresas del sector público conforme a las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y se enajenaron las acciones de una empresa. Como resultado, al 31 de diciembre de 1995 había 204 entidades paraestatales vigentes y adicionalmente 35 entidades estaban en proceso de desincorporación.
En 1995, los apoyos directos al campo se canalizaron a través del órgano desconcentrado de la Sagar, denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) para apoyar el ciclo agrícola primavera-verano con un gasto de 5 mil 864.0 millones de pesos, monto que fue inferior en 1.5% al presupuestado. La variación se explica básicamente por la sequía que afectó a diversos estados y a una aplicación más estricta de la normatividad.
Como un programa complementario a Procampo y en el marco del Programa Nacional Agropecuario Alianza para el Campo, en 1995 se instrumentó un nuevo esquema de apoyos directos denominado Produce.
Con base en la política de superación de la pobreza, en 1995 se erogaron 10 mil 2.7 millones de pesos, de los cuales el 90.6% lo ejerció directamente el ramo 26 "solidaridad y desarrollo regional" y el 9.4% las dependencias y entidades que ejecutaron obras de infraestructura económica y social en el marco del Pronasol.
VI. Principales resultados sectoriales
En 1995, el gasto programable sectorial fue superior en 6.3% al presupuestado inicialmente, el cual fue financiado con los ingresos ordinarios excedentes del ejercicio. Del total del gasto programable sectorial, el 53.2% correspondió al sector desarrollo social, el 23.5% al sector energético, el 6.0% al sector desarrollo rural, y el 5.3% al sector comunicaciones y transportes.
En el sector desarrollo social se ejercieron 152 mil 340.3 millones de pesos, 2.4% más que lo presupuestado. Esta variación se explica fundamentalmente por los incrementos registrados en los subsectores educación, salud y seguridad social, y programa social de abasto, y el gasto menor en los subsectores laboral, solidaridad y desarrollo urbano, ecología y agua potable.
En educación se erogaron 68 mil 156 millones de pesos, gasto superior en 4.1% al previsto, principalmente por los incrementos salariales autorizados al magisterio, los estímulos de productividad y eficiencia al personal académico y el mayor número y monto de las becas otorgadas en los diferentes niveles educativos.
En el ciclo escolar 1995-1996 las acciones permitieron incrementar el grado de escolaridad a 6.7 años, reducir a 9.3% el índice de analfabetismo y proporcionar servicios educativos a 30 millones 404 mil 250 alumnos, de los cuales el 86.9% correspondió a la educación escolarizada y el 13.1% a la extraescolar.
Se incrementó la matrícula de alumnos atendidos en la educación media superior y superior, con excepción de la universitaria. Se alcanzaron resultados superiores a los previstos en el nivel de posgrado y en las modalidades de alfabetización y primaria para adultos no se lograron las metas originales.
Se establecieron tres institutos descentralizados para el trabajo en Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca, superándose las metas en la educación secundaria para adultos y capacitación para el trabajo.
En salud y seguridad social se ejercieron 63 mil 410.9 millones de pesos, 5.0% más que lo presupuestado, por los incrementos salariales del personal operativo y de la rama médica y paramédica; el incremento de los pagos de pensiones y el mayor costo del instrumental y de los servicios médicos subrogados de especialización.
Las instituciones del sector proporcionaron servicios médicos a 70 mil 638 de personas, 1.6% menos que en 1994, por disminución de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hubo atención a la población rural e indígena y de comunidad abierta con el paquete básico de los servicios de salud y el programa emergente para grupos vulnerables. Se amplió a seis meses la cobertura de servicios médicos del IMSS para trabajadores desempleados.
En materia de prevención y control de enfermedades transmisibles, los índices de morbilidad descendieron respecto al año anterior. Respecto a los servicios médicos curativos y rehabilitatorios, se amplió la infraestructura médica.
En el programa social de abasto se ejerció un presupuesto de 4 mil 492.9 millones de pesos, monto superior en 28.6% al previsto. Mediante los programas de subsidio al consumo de tortilla y de abasto social de leche, se canalizaron subsidios a familias de bajos ingresos y se comercializaron productos básicos en beneficio de 29.6 millones de personas.
En el laboral se gastaron 656.0 millones de pesos, cantidad inferior en 32.3% a la presupuestada, fundamentalmente por las transferencias que se canalizaron mediante el ramo 26 a los Gobiernos estatales y al Distrito Federal para otorgar becas de capacitación a personas desempleadas.
En desarrollo urbano, ecología y agua potable se ejercieron 6 mil 566.3 millones de pesos. En coordinación con los gobiernos municipales, se dio vigencia legal a 11 planes de desarrollo urbano comprendidos en el Programa de Cien Ciudades, con lo cual se incrementó a 99 el número de planes legalizados. Se constituyeron 5 mil hectáreas de reservas territoriales y se transfirieron a los Gobiernos locales cerca de 2 mil 600 hectáreas previamente constituidas; se continuó con el Programa Nacional de Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales y se brindó asesoría y apoyo técnico para el saneamiento de 17 ciudades en el marco del Programa Ambiental de la Frontera Norte.
En el área de vivienda se integró un inventario de reservas territoriales; se logró un avance de 88.5% en los procesos de modernización catastral y se redujeron en 5.7% los gravámenes estatales y municipales a que están sujetas la producción y titulación de vivienda popular y de interés social, con lo cual se superó la meta establecida para el año (55%).
En el sector energético se ejercieron 67 mil 359.2 millones de pesos, recursos superiores en 25.5% a los presupuestados. Se cumplieron parcialmente las metas de producción de petróleo crudo (96.5%), gas natural (98.2%), refinados (91.6%) y petroquímicos (97.9%).
Las ventas de productos refinados y petroquímicos en el mercado interno fueron inferiores, teniendo un crecimiento la comercialización de petróleo crudo y refinados en el mercado internacional. Se tuvieron avances en el desarrollo tecnológico con la creación de los fondos de apoyo a proyectos estratégicos para Pemex y de colaboración con instituciones de educación superior.
Se alcanzaron resultados superiores en la generación de electricidad, ventas internas y externas de energía eléctrica. Se tuvo un cumplimiento del 75.4% en la meta de ampliar la capacidad instalada y en las relativas a la instalación de líneas de transmisión y distribución (61.3%) y subestaciones y redes de transformación de electricidad (71.6%).
En el sector desarrollo rural se ejercieron 17 mil 56.6 millones de pesos, 2.9% menos que lo presupuestado, principalmente porque se hicieron ajustes al programa de inversiones de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el marco del PARAUSEE; se redujeron los subsidios a la industria harinera y el gasto de la Sagar disminuyó por la transferencia de funciones de la Semarnap.
La producción de los 10 cultivos básicos fue inferior en 6.8% a la obtenida en 1994, como resultado de las reducciones registradas en las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz y soya a consecuencia de la sequía. Por su parte, aumentaron su producción el algodón, cártamo, ajonjolí, sorgo y cebada, por la exportación de varios productos, concertación de mayores precios y sustitución de cultivos.
La producción nacional de carne aumentó en 8.5% por mayor demanda interna de carne de aves, sus ventas a la cuenca del Pacífico y las exportaciones de carne de bovino en canal. La producción de leche se incrementó en 4.9% por aumento en el precio interno y contracción de las importaciones de la leche en polvo.
Se cumplió en 78.8% la meta de servicios de extensión agrícola a productores; fue mayor en 4.6% la meta de combate y erradicación de plagas; se alcanzó el 76.9% de la meta de dotar de tierra a familias campesinas mediante la ejecución de resoluciones presidenciales y se rebasaron las metas de emisión de certificados sobre derechos parcelarios y tierras de uso común (16%) y títulos de propiedad parcelarios, de solares urbanos y colonias agrícolas y ganaderas (8.7%).
En el sector comunicaciones y transportes se erogó un presupuesto de 15 mil 237.9 millones de pesos, menor en 4.2% que la asignación original. Se alcanzaron metas parciales en varios de los programas desarrollados por el sector. El movimiento de carga por carretera fue inferior por 3.2%, aumentando el resultado en el transporte de pasajeros. Se acordó reducir las cuotas de peaje en 28 autopistas para reactivar el autotransporte federal y el de pasajeros y turismo.
En el transporte ferroviario aumentó en 1.0% el relativo al de carga, disminuyendo en 6.9% el traslado de pasajeros. El transporte de carga por vía aérea, aumentó en 3.8% y el relativo al de pasajeros disminuyó en 83.3%.
El traslado de carga por vía marítima descendió en 0.7% y el de pasajeros aumentó en 26.5%; se revisaron y autorizaron 11 programas maestros de desarrollo portuario; se autorizaron las reglas de operación de cinco administraciones portuarias integrales y se formalizaron los contratos de concesión de cinco terminales de usos múltiples y dos de contenedores.
En el sector comercio se ejercieron 7 mil 325.4 millones de pesos, gasto inferior en 17.6%. Entre los resultados sectoriales para la modernización industrial se creó un formato único de trámites federales, se aplicó el Programa Nacional de Normalización de 1995 para la emisión de normas oficiales mexicanas y se emitieron títulos y dictámenes de patentes y marcas.
Se aprobaron programas de promoción para integración a cadenas productivas se protegió por cinco años a la industria del calzado y manufacturas de piel; se integraron proyectos del Sistema Mexicano de Promoción Externa y entró en operación el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y Subcontratación, así como los tratados de Libre Comercio con Bolivia, Venezuela, Colombia y Costa Rica.
En el sector industrial y minería se erogaron 103.1 millones de pesos, inferior en 7.2% al presupuestado. Se inscribieron 106 sociedades mineras en el registro correspondiente y se otorgaron 1 mil 510 títulos mineros.
El gasto programable del sector pesca fue de 554.1 millones de pesos, superior en 26.6% al previsto debido a la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semamap). Se aplazaron las obras de 18 nuevos proyectos de infraestructura y se alcanzaron resultados superiores respecto al año anterior en la producción pesquera, el saldo de la balanza comercial y el consumo humano directo de productos.
En el subsector medio ambiente los resultados logrados en 1995 fueron superiores a los programados. Se operó, conservó y aprovechó 4 mil 607.6 hectáreas de áreas naturales protegidas, adicionales a las 61 mil 600 de hectáreas que se programaron merced a los recursos financieros provenientes de la donación del fondo global ambiental.
En el subsector hidráulico los resultados en materia de construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura para captar y conducir agua potable a centros de población e incorporar áreas de riego y temporal a la producción fueron, en términos generales, menores que los programados, debido a que se dio prioridad a las acciones y obras que se realizaron para reparar los daños ocasionados por el sismo en Colima y atender las contingencias que se presentaron en el año por los huracanes y las sequías.
En el sector turismo se erogó un gasto de 498.2 millones de pesos, menor en 13.4% que el presupuestado como resultado de las medidas del PARAUSEE. El turismo receptivo fue superior en 1.3% a la meta original. La meta de captación de divisas se cumplió en 81.9%, y la salida por concepto de turismo egresivo fue menor a la prevista; la balanza turística registró un saldo positivo mayor en 3.9%.
La oferta hotelera se superó al mantenerse la inversión extranjera directa en la construcción de infraestructura. La demanda se contrajo por la situación económica general, alcanzando una meta del 78.2% respecto a lo previsto.
El Fonatur otorgó créditos para la construcción de cuartos nuevos y destinó recursos al programa de apoyo a la reestructuración crediticia para el sector turismo.
VI. Estados financieros
De acuerdo con los estados financieros consolidados de los organismos y empresas de control presupuestal directo, con relación a 1994 se registraron los incrementos siguientes: 39.5% en el activo total, 37.3% en el pasivo total y 40.4% en el patrimonio.
En el activo destacaron los aumentos en las cuentas y documentos por cobrar, los inventarios, las inversiones en valores temporales y los activos fijos. En el pasivo, los incrementos se presentaron en los rubros de deuda pública, impuestos y cuentas por pagar, como resultado de la pérdida cambiaria en compromisos pactados en moneda extranjera y el aumento de los pasivos a favor de los proveedores por compras de bienes y servicios.
En 1995 se tuvo un superávit después de transferencias de 11 mil 235.7 millones de pesos, y obedeció principalmente al aumento de los ingresos por venta de los bienes y servicios y a las transferencias para gasto corriente.
Considerando lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995
CONSIDERANDO
Que conforme lo dispuesto en el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995, para su revisión.
Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en términos de las disposiciones legales aplicables, procedió al análisis y dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Para tal efecto, se consideraron diversas fuentes como son los informes de Gobierno de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los informes trimestrales que rinde el Ejecutivo, entre otros; asimismo, se realizaron ocho reuniones de trabajo con servidores públicos de las diversas dependencias y entidades de administración pública federal involucradas, en las que se expusieron los planteamientos y requerimientos de los diputados.
Que se consideró el informe previo que rindió nuestro órgano de fiscalización, en los términos del artículo 3O., fracción ll inciso a de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, correspondiente a la Cuenta Pública de 1995, el cual fue recibido en los términos de ley por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Vigilancia, la cual a su vez lo turnó a esta dictaminadora.
Que del análisis efectuado por los legisladores integrantes de esta comisión y del contenido del informe previo presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda, se advierten discrepancias susceptibles de corroboración por parte de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal y ciertas imprecisiones de información, motivo por el cual se hace necesario que la Contaduría Mayor de Hacienda en términos de su Ley Orgánica continúe la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1995, considerando el contenido del presente decreto.
Que por lo antes expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43 fracción III, 049 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3O. fracción II inciso a; 14, 15, 19 y 20 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente
DECRETO
Artículo 1o. La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1995, fue recibida oportunamente, iniciándose el proceso de revisión por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción IV párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Artículo 2o. Se ha obtenido un panorama general sobre el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en los programas elaborados por las dependencias y entidades y su concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y los resultados de la gestión financiera dentro del marco de las disposiciones del presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos de la Federación.
Artículo 3o. De igual manera se ha tenido conocimiento sobre el grado de cumplimiento que las dependencias y entidades comprendidas en el presupuesto de egresos de la Federación, dieron a los preceptos legales y los principios de contabilidad gubernamental aplicables en el ejercicio presupuestal de 1995.
Artículo 4o. Del análisis efectuado se desprenden algunas inobservancias por parte de dependencias y entidades en los procesos de programación-presupuestación y en los sistemas de registro e información de los recursos y metas incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación.
En consecuencia, se instruye a la Contaduría Mayor de Hacienda para que realice las siguientes
ACCIONES
1. Que las dependencias y entidades del Gobierno Federal cumplan con el desahogo de las recomendaciones que se detallan en el anexo 2 del informe previo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1995.
2. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclare la situación del uso de los recursos pagados por adelantado al Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE) y que entregue información desagregada de los montos y forma en que se han canalizado los recursos al saneamiento financiero, provenientes tanto de la deuda interna como externa. Asimismo, que la Contaduría Mayor de Hacienda siga muy de cerca la forma como se están ejerciendo los recursos canalizados al rescate financiero.
3. Que la Secretaría de Salud en coordinación con el IMSS y el ISSSTE, defina e instrumente indicadores de eficiencia y productividad para la prestación de sus servicios.
4. Que se lleven a cabo auditorías de boca pública en el Instituto Nacional de Higiene; Laboratorio de Procesos Finales y Equipo; Hospital General de México; Centro Médico de Rehabilitación (en construcción); Hospital General de Zamora, Michoacán.
5. Que la Contaduría Mayor de Hacienda realice una auditoría para evaluar el control, la eficiencia y el cumplimiento de las metas de los centros de integración juvenil.
6. Que el sector salud evalúe el cumplimiento de metas y eficacia del gasto en los centros de integración juvenil; Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Neurología.
7. Que el sector agropecuario mantenga el control, seguimiento y depuración de sus programas, en especial los relativos a los padrones del Procampo y del Procede.
8. Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca revise los compromisos y acciones emprendidas con recursos del fondo global ambiental destinados a las áreas naturales protegidas.
9. Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca informe puntualmente sobre el cumplimiento de metas y el ejercicio de recursos asignados a sus distintos programas, subprogramas y órganos desconcentrados y lleve a cabo una revisión general a los proyectos de infraestructura acuícola y pesquera.
10. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantenga el seguimiento y suficiencia de recursos en los programas de mantenimiento y conservación en la red carretera federal y rural y en los aeropuertos.
11. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evalúe el proyecto de la obra, su recepción, mantenimiento y operación del tramo carretero Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca.
12. Que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Contaduría Mayor de Hacienda, perfeccione el diseño y aplicación de mecanismos de coordinación con los estados para el control, supervisión y fiscalización de los recursos del ramo 25.
13. Que la Secretaría de Energía y Pemex Corporativo y sus organismos filiales evalúen exhaustivamente los programas y la suficiencia de recursos relativos al mantenimiento y conservación de plantas e infraestructura petrolera.
14. Que la Secretaría de Desarrollo Social aplique mecanismos especiales para que los programas de beneficio social destinados a grupos vulnerables y regiones rurales y marginales, cumplan con sus objetivos y se apliquen estrictamente a su población objetivo.
Artículo 5o. La Contaduría Mayor de Hacienda en acatamiento a lo establecido en el artículo 3o. de su Ley Orgánica deberá ejercer las funciones de contraloría y practicar las auditorías correspondientes, destacando las irregularidades por el incumplimiento de la normatividad vigente y en su caso, promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, que conforme a derecho procedan.
Artículo 6o. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para todos los efectos a que hubiese lugar, instruyéndola para que, dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondiente.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 21 de noviembre de 1996.- Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Manuel Beristáin Gómez, Jaime del Río Navarro, José Manuel García García, Raúl Livas Vera, Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, José Rafael Castelazo y de los Angeles, César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro Etienne Llano, Marco Antonio Falcón Quijano, Guadalupe Flores Valdez, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Antonio Godina Herrera, Maria Cecilia Hernández Rios, Miguel Angel Islas Chio, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Diaz, Jorge Padilla Olvera, Cándido Pérez Verduzco, Filemón Ramirez Pérez, Luis Rico y Samaniego, Francisco Suárez y Dávila, Maria Teresa Tapia Bahena, Kurt Thomsen D'Abbadie, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Homar Zamorano Ayala.»
Es de primera lectura.
RICARDO FLORES MAGON
El Presidente:
Para referirse al aniversario luctuoso del ciudadano Ricardo Flores Magón, tiene la palabra la diputada Virginia Hernández Hernández, del Partido Revolucionario Institucional...
No estando presente la diputada aquí en la sala, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo tema.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Señor Presidente; compañeros:
La costumbre parlamentaria de recoger en esta tribuna la expresión de los diputados y de las fracciones legislativas en torno a la memoria histórica del país, no es tarea vana; es, en efecto, un principio sustancial para vincularnos con los compromisos primordiales de la nación. Por ello resulta fundamental recordar la existencia fecunda de un gran patriota: de Ricardo Flores Magón, quien como todos sabemos, nació en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, en 1873 y murió en la prisión norteamericana de Living Work, del estado de Kansas, el 20 de noviembre de 1922.
Pareciera que se cierra un circulo de grandeza entre el inicio de nuestra gesta revolucionaria y la agonía y muerte de Flores Magón.
Para quienes sentimos y profesamos el sentimiento de la Revolución Mexicana, Flores Magón es un paradigma. El desde sus años juveniles enfrentó la dictadura, rechazó la reelección de Porfirio Díaz y encabezó grupos de manifestantes que de San Ildefonso en años de estudios de bachillerato, salieron a manifestar la impugnación contra el tirano.
Era el inicio de la lucha de los hermanos Flores Magón, de Jesús y Ricardo, hijos de un sargento del Ejército mexicano y de una madre de origen indígena que procuró su acuciosa y bien atendida educación.
Por ello, Flores Magón llegó a desarrollarse en las tareas periodísticas, en la fundación del periódico oposicionista El Demócrata, que fue suprimido antes de haber cumplido tres meses de vida. Así con la fundación, junto con su hermano en 1910, del periódico Regeneracíón, cuya lectura y revisión constituye fuente bibliográfica de la idea y del pensamiento de la Revolución.
Para que en 1902, después de haber asistido al primer Congreso de Clubs Liberales, en San Luis Potosí, llevara una de sus magníficas tareas editorialistas al desarrollar la impresión y divulgación de "El Hijo del Ahuizote" junto con Daniel Cabrera.
Es en esta lucha donde Flores Magón se constituye en un acucioso y profundo critico de las condiciones que privaban en el México que vivía bajo la dictadura de Porfirio Diaz. Pero es también no solamente su tarea como oposicionista, sino su tarea como pensador, al vincularse al Partido Liberal y al suscribir también, en principio, las tesis fundamentales del partido que encabezaba Camilo Arriaga, en San Luis Potosí.
A partir de entonces, Flores Magón sería un pensador de la Revolución que iba a venir y sigue siendo un pensador de las luchas democráticas obreras y campesinas de nuestro pueblo.
Conmovido por la rebelión de Viesca, Coahuila, él también decide tomar las armas y participa en acciones directas que habrán de contribuir al derrocamiento de la dictadura.
Con Flores Magón está el levantamiento del 25 de junio de 1908, junto con Librado Rivera. Es donde él encuentra una rendija entre la reja y la pared, por donde apenas podía caber una carta y desde entonces ése fue el medio de comunicación con sus compañeros de afuera.
No obstante, los esbirros de la dictadura cancelarían toda comunicación que Flores Magón tenia con el exterior. De todas suertes el 26 de junio las guerrillas mandadas por Benjamín Canales, Encarnación Díaz Guerra y Jesús Rangel atacaron el pueblo de Las Vacas, Chihuahua, en cuya acción murieron nueve rebeldes. La vispera se levantó el grupo de Viesca, Coahuila, que derrotó a la policía y proclamó el programa del Partido Liberal.
El significado del programa del Partido Liberal está considerado como la concepción previa, racional y fundada de un programa de la Revolución Mexicana.
Cuánto se ha dicho que nuestra Revolución fue improvisada, que no se sabía a dónde quería llegar, a dónde quería ir y que el espontaneísmo privó en la acción de nuestro pueblo.
Si nosotros tomamos en consideración el Plan de San Luis y el programa liberal, tenemos ahí el fundamento de una idea preconcebida de la lucha libertaria que nuestro pueblo estaba desarrollando.
Por ello, hoy que rendimos testimonio de la vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón, tenemos que reconocer la valía del hombre visionario, del hombre que miraba al futuro y caminaba en el encuentro hacia él. No menos podemos también, la fracción del PRD, exigir que su nombre sea inscrito en estos muros.
A nadie como a Ricardo Flores Magón se le ha negado rendírsele el tributo que merece; 21 veces ha sido sometido a la consideración del pleno y 21 veces ha sido relegado a comisiones y enviado a la congeladora.
Ricardo Flores Magón no necesita ser resucitado, él es de los héroes que viven permanentemente en la memoria y en el corazón de nuestro pueblo. Pero hoy exigimos una vez más de manera definitiva que Ricardo Flores Magón, antes de que concluya esta legislatura, sea llevado su nombre a los muros de nuestro recinto Legislativo; es nuestra tarea, es nuestra obligación y así lo exigimos.
Muchas gracias:
El Presidente:
Vamos a rogar a los señores diputados tengan la bondad de ocupar sus curules y escuchar con atención a los señores oradores en la tribuna.
Tiene la palabra, para el mismo tema, la diputada Virginia Hernández Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Virginia Hernández Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
Hoy, 21 de noviembre, conmemoramos el LXXIV aniversario de la muerte de uno de los más grandes pensadores y destacados protagonistas de la Revolución Mexicana, me refiero al oaxaqueño Ricardo Flores Magón, quien con un profundo sentido humanista y una apasionada lealtad a la causa de los oprimidos propuso medidas transformadoras que incidieron en la vida social, económica y política de nuestra nación.
Por su obra, por su clara conciencia social, los oaxaqueños reconocemos su admirable capacidad y decisión para percibir y denunciar las iniquidades de la sociedad de su época, para crear conciencia sobre la necesidad de un cambio social, adelantándose así a los de su generación. Muchas de las ideas por él expresadas hoy son principios que dan sustento a las normas que nos rigen.
Como precursor de la Revolución, fue un incansable luchador en contra de la opresión y de la injusticia. Poseedor de una voluntad inquebrantable, estuvo convencido siempre que era posible construir un mundo nuevo al margen de la opresión autoritaria.
Por muchas contribuciones al desarrollo de México, este día rendimos homenaje al pensamiento y a la obra de Ricardo Flores Magón, un hombre de pensamiento revolucionario que pugnó por cambiar y transformar las instituciones políticas, económicas y sociales que ya no respondían a los intereses de la población mexicana; que se apoyó en corrientes modernas e innovadoras para concebir un régimen constitucional que caracterizara una mayor libertad y un mayor bienestar.
Ricardo Flores Magón pensaba que no debe estorbarse nunca al presente con costumbres anticuadas, que ninguna sociedad puede darse una Constitución perpetua ni dictarse leyes eternas, puesto que el mundo pertenece a las generaciones vivientes Este ilustre mexicano a través de la difusión de sus ideas contribuyó a despertar las conciencias, las conciencias del pueblo trabajador, de los campesinos, del profesionista y del pueblo en general; a través de sus escritos convocó a la formación de una gran alianza popular en defensa de los intereses legítimos del pueblo de México.
Ante la dificultad para difundir sus ideas, Ricardo Flores Magón insistió para que se insertara en la Constitución la garantía de libertad de prensa y la garantía de libertad de palabra. La difusión de las ideas era para él un instnumento básico para la liberación de la sociedad y una arma de lucha en contra de opresión por eso, con verticalidad y sentido revolucionario difundió sus ideas y propuestas a través del periódico Regeneración, órgano de trascendencia histórica y de importancia fundamental en la fase precursora del movimiento revolucionario Dejó a todos sus compatriotas un gran legado de iniciativas que ahora son principios fundamentales de la democracia. Sus aportaciones en materia agraria, educativa y de seguridad social contribuyeron a darle sustancia a nuestra Constitución Política y a sus leyes reglamentarias.
Para Flores Magón, la educación es una demanda social básica, pues consideraba que sólo un pueblo instruido podría ser libre, ya que la libertad es condición y es una condición para la verdadera dignidad humana, convencido de que un pueblo debe decidir por sí mismo a partir de los conocimientos de los hechos, por ello debe estar cada hombre informado y no entregarse a la opinión ajena.
El movimiento liberal encabezado por Ricardo Flores Magón, desde su nacimiento fue organizado para llevar a cabo una revuelta armada en contra del régimen del general Díaz, con la finalidad de que el poder económico, así como el social, las tierras fueran restituidas al pueblo. En franca lucha revolucionaria no fue posible apreciar las diferencias ideológicas que existan entre las diferentes corrientes que en ese momento combatían al enemigo común, no se distinguían unos de otros en virtud de que la lucha armada de los revolucionarios fue en guerrillas; sin embargo, había divergencias.
Los magonistas se organizaron con metas revolucionarias, los maderistas también tenían objetivos políticos; los magonistas tenían como objetivo la liberación social y económica en contraposición a los que peleaban los ministerios y las gubernaturas en poder de Díaz; los magonistas se organizaron con la finalidad de llevar a cabo una revuelta armada para liberar de la dictadura al pueblo de México.
Una vez que la Revolución triunfo, Madero entre otras decisiones determinó que los cambios debían operarse lentamente, a su debido tiempo y dentro de la ley; mantener en sus puestos a elementos del gobierno de Díaz que para las tropas federales debían mantenerse todavía activas por algún tiempo. En consecuencia, a estas decisiones tomadas por Madero y visto que los liberales insistían que las tierras fueran restituidas al pueblo, así como el poder económico se opuso a la autoridad de Madero y continuaron la lucha armada. A partir de esos acontecimientos el distanciamiento entre el Gobierno de Madero y los liberales se acrecentó, dando pie a la lucha armada entre ambas facciones.
Los liberales fueron perseguidos, iniciándose toda clase de acciones para desacreditarlos y para desacreditar a este movimiento nuevamente se les acusó de filibusteros.
En relación a estas imputaciones que inicialmente fueron hechas durante el gobierno de Díaz, es oportuno señalar en defensa de los liberales que para el éxito y progreso de la lucha armada en contra del régimen de Díaz, los liberales desde el año de 1906 como estrategia de combate consideraban a la Baja California como punto esencial de refugio y abastecimiento para avanzar sobre los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y finalmente a todo el territorio nacional.
A consecuencia de la acción militar de los liberales, en Baja California, se fomentó con toda intención, por los detractores de Ricardo Flores Magón, el mito de filibusteros.
En relación a este hecho aclaramos, para mejor juzgar, que en las filas de los magonistas, como en las filas de los maderistas, participaban numerosos extranjeros que provenían de la Organización Industrial del Obrero Mundial, formados todos ellos en el pensamiento radical, atraidos por el movimiento y la difusión de la gran unión, se sumaron a la revuelta, porque muchos de ellos simpatizaban por el establecimiento de una República socialista, pero esta intención jamás fue inspirada por el Partido Liberal.
Iniciada la lucha armada para defender sus propiedades en manos de los liberales, Harrison Gray Otis solicitó la ayuda del Ejército federal y la intervención del gobierno de los Estados Unidos, a la vez, se dio a la tarea de difundir, por todos los medios posibles, ideas y noticias falsas, creadas para desacreditarnos y crear la confusión en la población. Dijo que Ricardo Flores Magón estaba ligado a los capitalistas yanquis y que proyectaba arrebatar la Baja California para ellos o para el gobierno de los Estados Unidos, lo cual fue totalmente falso.
Por sus aportaciones, podemos armar que Ricardo Flores Magón no temia al futuro ni al debate de ideas; en su manifiesto señalaba que en un país libre siempre habrá lucha de ideas y que ello constituye una fuente de energía, porque la crítica constructiva y no la conformidad mantiene la libertad.
Compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto, solicitamos nuevamente a nombre de la diputación oaxaqueña, la inscripción del nombre de Ricardo Flores Magón en los muros de este recinto legislativo.
Todos los que hoy gozamos de mayor libertad y de mayor justicia, estamos endeudados con este oaxaqueño. Por ello, señor Presidente, solicito se turne esta propuesta, ya que lo ha dicho el compañero que me antecedió, que ha sido en 21 ocasiones que esta solicitud ha quedado congelada; por ello solicitamos que se nos dé respuesta a esta solicitud tantas veces planteada y que se haga justicia a este oaxaqueño.
Muchas gracias.
El Presidente:
Como lo solicita la oradora, túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO
El Presidente:
Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la Alianza para el Crecimiento Económico y Social en la Frontera.
El diputado Jaime CIeofas Martinez Veloz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para algunos la frontera norte es una cicatriz que nos separa irremediablemente de nuestros vecinos; para otros más optimistas, es un punto de encuentro con la posibilidad de acceder a un mejor desarrollo.
Para los que vivimos en esta región, lo mismo que para muchos miles de mexicanos más que cada año se asientan en la zona, es una convivencia cotidiana en donde se mezclan las posibilidades de empleo, de educación, de vivienda, de mejores niveles de vida, pero también de enfrentamiento, una realidad social compleja, inédita y preocupante.
La importancia de la frontera norte está más allá de toda duda, desde hace décadas registra un notable crecimiento poblacional, lo que ha ocasionado un desarrollo urbano desmedido y una enorme demanda de servicios de toda índole. Es fundamental también por su valor estratégico y comercial, así como con su potencial productivo.
La frontera norte, como un todo productivo y social, debe convertirse en una de las prioridades de la estrategia de crecimiento económico y en especifico, del instnumento por excelencia de ésta, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Gobierno Federal y representantes de los sectores económicos firmaron, a mediados del pasado mes de octubre, una Alianza para el Crecimiento Económico.
Después de dos años de programas, que si bien ayudaron a estabilizar la grave situación económica surgida en diciembre de 1994, afectaron de manera importante proyectos sociales y productivos. Dicha alianza se plantea pasar al fomento de la economía mexicana a través de una amplia gama de medidas.
Prácticamente todos estamos de acuerdo en que la búsqueda del crecimiento económico y social debe ser una de las prioridades de nuestro pograma económico, habida cuenta de los fuertes deterioros en las condiciones de vida de los mexicanos.
Sin embargo, en la ampliación de esta estrategia nacional es necesario reflexionar sobre dos aspectos en particular: en primer lugar es necesario no desatender que a la par del crecimiento, es urgente pasar a la aplicación de mecanismos que permitan una justa distribución de la riqueza nacional.
La experiencia de las dos últimas décadas nos muestra que no basta el crecimiento para disminuir las carencias sociales ni para atenuar la tensión causada por la crisis. Si al objetivo del crecimiento no se le acompaña con esfuerzos por reducir la pobreza y las causas de la desigualdad, lo más probable es que se reproduzcan las tendencias negativas de nuestro desarrollo.
En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta las características regionales. En este caso concreto se trata de atender las particularidades económicas y sociales de la frontera norte. La estrategia de crecimiento económico y la discusión y aprobación del presupuesto, deben en este sentido mostrar el equilibrio que el país está demandando entre objetivos económicos y sociales.
El dogmatismo economicista que apuesta sólo al crecimiento o al beneficio de unos cuantos sectores como fórmulas mágicas, debe dar paso a la búsqueda de soluciones creativas con un alto grado de sensibilidad social.
Concebir el diseño y aplicación de la política económica, sólo como un ejercicio de técnica, de variables y de tasas, es no entender que la economía no solamente es un asunto administrativo, sino un asunto de carácter político, es decir, de gobernabilidad.
La sociedad mexicana ha enfrentado enormes sacrificios en los últimos años, sin embargo no se puede encarar la crisis que a lo largo de 14 años se ha escuchado una y otra vez que ya está cerca el fin de la misma y éste no parece llegar nunca.
Adicionalmente, los costos de la crisis no se han repartido de manera equitativa. El paternalismo se acabó y la libre competencia llegó para quedarse, pero no para todos. Mientras que los consumidores, en especial los de más bajos ingresos, se enfrentan a un mercado de precios reales, mientras que la gran masa de empresarios y comerciantes trata de superar el peligro de quiebras, créditos caros y lentitud en los trámites, hay otros sectores que reciben tratos preferenciales y montos presupuestales sustanciales. Para ellos el paternalismo no se ha ido, la libre competencia no ha llegado.
No estamos diciendo que los problemas que presentan el sistema financiero o los concesionarios de las carreteras no deban ser atendidos; no hacerlo, creemos sería arriesgarse a que sus efectos negativos se transminaran al conjunto de la economía y la sociedad. Sin embargo resulta difícil asumir la magnitud de la brecha que separa la dimensión de los apoyos canalizados a la banca y a los concesionarios de las carreteras, en relación con los que reciben los grupos sociales más desprotegidos.
En este ámbito, es necesario arribar a puntos de acuerdo básicos sobre los principales objetivos de la estrategia económica en las actuales condiciones del país, lo que significa procurar un mayor equilibrio entre las metas sociales y las metas económicas.
La experiencia internacional indica que estos dos planos no se contraponen; un desarrollo social amplio favorece la competitividad internacional y el crecimiento económico y éste a su vez genera efectos positivos en las condiciones de vida de la sociedad.
Las estrategias económicas deben negociarse y construirse con el consenso de todos los sectores sociales. Los técnicos de la economía deben percibir las consecuencias económicas sociales y políticas de las decisiones que han adoptado. Las políticas económicas y sociales deben hacerse cargo de esta diversidad de perspectivas e intereses sociales. No se trata de arribar a la solución técnicamente adecuada, sino a aquella fórmula que permita además dar cabida a todos los grupos, sectores y regiones que constituyen la nación.
Algunos de los compromisos sociales básicos que deben ser refrendados especialmente en épocas de crisis son la justicia social, el desarrollo regional y el federalismo.
La frontera norte ha sido, desde hace décadas, un polo de atracción y de crecimiento económico, sin embargo, este desarrollo ha traído consigo tasas de crecimiento de la población por encima de la media nacional; agudización de la problemática urbana, gravísima inseguridad pública, severo deterioro ecológico e insuficiencia de servicios básicos, entre otros aspectos sobresalientes de este fenómeno social fronterizo .
Es por ello que en lo inmediato se debe impulsar una política integral y específica hacia esta región, con la perspectiva de consolidar una zona en la que el crecimiento, la distribución y el desarrollo pudieran ayudar a alcanzar las metas nacionales, y de esta manera impulsar a otros estados del centro y del sur del país.
Por estas mismas particularidades de la frontera hace falta un pacto social y económico que se adecúe a las características propias de esta región. La política económica debe tener una buena dosis de flexibilidad y sensibilidad política y social para que no devengue en autoritarismo económico centralista o en fuente de errores económicos.
En el caso específico de esta región hace falta una alianza democrática para el crecimiento, el bienestar social y la seguridad pública en la frontera norte, que tome en cuenta nuestras principales preocupaciones y carencias; alianza, sí, pero no sólo de dirigencias y cúpulas, sino de toda la sociedad fronteriza, que involucre a las autoridades municipales, estatales y federales, representaciones populares y de organizaciones ciudadanas y sociales, productores, pequeños y medianos empresarios, cámaras de la iniciativa privada e instituciones educativas, entre otras.
Alianza con programas y acciones construidos y elaborados por el consenso de todos los actores económicos, políticos y sociales que habitamos esta región; alianza que permita construir los tejidos municipales, regionales y estatales para estar en condiciones de establecer relaciones firmes, duraderas y productivas, recíprocamente con los circuitos comerciales nacionales e internacionales, teniendo como meta propiciar el desarrollo municipal y regional y en consecuencia el nacional tanto en el aspecto de la producción como en el crecimiento de los índices orientados al bienestar social.
Alianza construida con un modelo de planeación, en donde uno de sus aspectos centrales sea el de involucrar la participación democrática de la sociedad como eje central del desarrollo social, productivo y cultural de los estados y municipios de la frontera norte.
Como elementos básicos de esta alianza regional, proponemos considerar los siguientes.
Uno. Recursos adicionales a los contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos, mismos que podrían ser canalizados a través de un programa específico, administrado y operado por los estados y municipios.
Dos. Una estrategia que involucre legal e institucionalmente a las comunidades en la toma de decisiones sobre programas, proyectos y presupuesto.
Tres. Medidas concretas para lograr una mayor coordinación interinstitucional y en los tres niveles de Gobierno.
La propuesta de una alianza democrática para la zona de la frontera norte que ahora se presenta a esta soberanía, tendría además de los objetivos referentes a las tasas de crecimiento e inflación contempladas en la alianza para el crecimiento, los siguientes ejes de acción.
a) Promover la instalación de pequeñas y medianas empresas:
b) Estímulos fiscales y recursos financieros accesibles para las empresas que se instalen en la zona, y que además sean creadoras de empleo:
c) Apoyos financieros y fiscales para las empresas exportadoras:
d) Creación de un programa social específico que atienda las necesidades de alimentación, salud y educación, para las colonias populares y comunidades rurales de esta región, en especial que brinde la atención que reclaman las miles de mujeres que trabajan en las empresas maquiladoras de la frontera norte:
Es hora de hacer justicia a los reclamos de las mujeres fronterizas que con su esfuerzo y trabajo son pilares fundamentales en la economía regional. Es impulso a una política urbana que atienda las necesidades de servicios básicos, de infraestructura y de equipamiento urbano, así como de construcción de viviendas nuevas y de mejoramiento de las existentes, que permita atender los déficit de unidades nuevas y el problema de hacinamiento:
f) Un intenso programa fronterizo de rescate y preservación del medio ambiente:
g) Establecimiento de una estrategia por la seguridad pública de la frontera norte, asolada por el crimen organizado y la violencia social.
En particular, esta medida tiene relación directa con las necesidades que reclama la política de seguridad nacional.
Parte fundamental del federalismo es que las regiones, los estados y los municipios, tengan la capacidad en los hechos de adecuar a sus particulares condiciones los lineamientos económicos nacionales.
Esto fortalecerá al pacto federal y mostrará que la elaboración de las políticas atiende efectivamente a los intereses de la sociedad mexicana.
Por lo anterior, solicito a esta soberanía que los puntos de vista aquí expuestos, sean tomados en cuenta e incluidos en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1997, que se presentará en fecha próxima ante este pleno.
Muchas gracias.
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE TEATRO
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios en torno a la corrupción.
La diputada Adriana Maria Luna Parra:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Otra vez en esta tribuna vamos a abordar un caso de corrupción. Era de llamar la atención, como todo mundo me preguntaba, cuál era el caso de corrupción que íbamos a tratar porque hay tantos que nadie sabe a cuál me voy a referir Y precisamente no quise poner cuál era el caso que iba a tratar, porque sí quiero que se escuche y se conozca que la impunidad, el fraude, la corrupción y la complicidad con el ámbito de la justicia, no sólo lo encontramos en la Conasupo, en la venta de las paraestatales y en las instituciones a las que generalmente hemos aludido.
Desgraciadamente, en un ámbito sagrado para muchos de nosotros, como es el de la cultura, en el mundo del teatro no sólo hay comedias, literaturas y fantasías, sino también se escenifica ahí en el escenario la realidad de la corrupción del sistema: atrás de los telones y de las bambalinas hay impunidad y complicidad. Pero los telones no sólo cubren las obras teatrales, sino se van hasta la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, especialmente cuando cierra el telón el licenciado José Antonio González Fernández.
Se trata ahora de la Protea, la Asociación Nacional de Productores de Teatro, que es formada por los más importantes productores teatrales a nivel nacional y que es generador de un gran movimiento teatral de nuestro país.
Esta asociación conocida como la Protea, fue legalmente constituida el 14 de noviembre de 1970. Durante los primeros años la Protea da los primeros pasos de la organización definiendo sus normas y estatutos, y el 11 de diciembre de 1989, en una asamblea con un acta protocolizada por el notario público 54 del Distrito Federal, se acepta la no reelección inmediata, todo esto buscando impulsar la organización que es tan importante en la expresión de la cultura de este país.
Ese fue el primer acto de la obra, todo bonito, se daban los primeros pasos con optimismo y con fuerza, pero viene el segundo acto. En este segundo acto vemos como la realidad mezquina del sistema invade el argumento y el 13 de enero de 1992 en una asamblea ilegal, sin el quorum estatutario, la señora Silvia Pinal, en su calidad de presidenta del consejo de la asociación, se reelige en abierta violación a los estatutos de la Protea.
Seguramente la señora Pinal, a quienes todos nosotros la hemos conocido como una gran y extraordinaria mujer de teatro, ya había incursionado en el otro camino por el que había optado y había conocido y aprendido ya lo que son las marrullerias y el estilo de corrupción.
Porque esta mujer maravillosa del escenario, manipula el poder, manipula a la asamblea para reelegirse y así poder, al perpetuarse, disponer de los más de 1 mil millones de pesos que había dejado la administración anterior y de los ingresos que iba a tener la asociación en lo futuro.
Durante cuatro años se dejó de informar a los asociados de cuál era la realidad económica de la Protea. Ante esta irregularidad y ante esta incertidumbre del estado financiero de la asociación, en múltiples ocasiones y en forma extrajudicial, tratando de hacerlo armónicamente, los fundadores de la Protea le requirieron explicaciones e información y le pidieron que convocara otra vez a una asamblea. Esto nunca ocurrió.
Por esto, el conocido por todos, Armando Fustinera, que es vicepresidente de la Protea y que ha sido empresario de teatro durante toda la vida, que fue director de Canal 11 y que tiene una importante historia en la vida teatral de nuestro país, inicia el campo jurídico, promoviendo los medios preparatorios y el juicio ordinario civil, para conocer la situación económica de la Protea.
Los telones se empezaron a correr y se pudieron obtener pruebas contundentes de los ilícitos cometidos y del fraude cometido en Protea.
El 16 de febrero de 1994, el prestigiado abogado, doctor Alejandro Guertz Manero y Armando Cruspinera, iniciaron la averiguación previa SC/2544/9403, radicándose en la mesa de trámite número tres de la fiscalía especial de delitos cometidos por servidores públicos y con posterioridad interpusieron la averiguación previa SC7846/9407 que se acumuló a la anterior.
Se exhibieron las pruebas, se incluyeron los medios preparatorios de juicio y las actas levantadas por el actuario del juzgado trigésimo de lo civil y las solicitudes hechas por el notario 62 del Distrito Federal en cuatro ocasiones consecutivas, sin haber logrado respuesta.
Durante nueve meses, el tiempo que se tarda en gestar un bebé, estuvieron aportando más y más pruebas documentales, testimoniales y periciales, del daño que asciende a más de 2 millones de pesos. Y este fraude y este ilícito quedó plenamente demostrado por los dictámenes emitidos por los peritos propuestos por los agraviados y por los de la Procuraduría General de Justicia.
Ya en diciembre de 1994, el agente del Ministerio Público, titular de la mesa citada número tres de trámite, les hizo saber que la averiguación previa estaba plenamente integrada y que estaba elaborado el pliego de conciliación del ejercicio de acción penal.
Pero viene el tercer acto. Tercero, aparece un congelador en escena, aparece José Antonio González Fernández, procurador de Justicia del Distrito Federal metiendo en la "congeladora" lo de la averiguación previa que se había llevado por más de dos años. En todo momento intentó archivarla supuestamente por falta de elementos a pesar que estaban las pruebas contundentes en donde deberían de estar.
La señora Pinal, por otro lado, seguía avanzando en su carrera política, el poder político y la impunidad la seguían cubriendo y por supuesto, sabia más cómo hacerlo.
Los fundadores de la Protea acudían una y otra vez a la mesa de trámite donde estaba radicada la averiguación de mérito y el funcionario les contestaba que por órdenes superiores ya estaba en una "congeladora" de una oficina superior de la Procuraduría. Cansados de tanta "congelación" y hartos de tanta corrupción, como la mayor parte de los mexicanos estamos, fueron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ¡oh! sorpresa, esta comisión funcionó. Y esta comisión el 9 de octubre de este año, dos años después de que esto estaba adentro de la "congeladora" a través de la licenciada Esperanza Hidalgo Martínez, notificó el dictamen, que pido a la Presidencia instruya a la Secretaría para que le dé lectura.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a dar lectura.
El secretario Agustín Martinez Maldonado:
«Dirección General de la Segunda Visitaduria. Oficio 24-174. Asunto: se notifica acuerdo de conclusión. México, D.F., 9 de octubre de 1996. Licenciado Guillermo Moreno Sánchez, Sacramento 121, colonia del Valle. delegación Benito Juárez. México, D.F.
Respetable licenciado Moreno Sánchez.
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le notifico que en el expediente CDH-DF/122/95, ........................ CUAUHD2406000, tramitado por la queja que usted hizo ante esta Comisión de Derechos Humanos en agravio de los socios fundadores de la Asociación Nacional de Productores de Teatro, A.C., Protea, se dictó el siguiente acuerdo:
Dar por concluido el expediente en cita con fundamento en el artículo 112 fracción VII del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, considerándose como concluido por haber solucionado mediante el trámite respectivo, en virtud de que, usted manifestó en su escrito de queja que el 16 de febrero de 1994, se inició la averiguación previa SC/2544/94-03 radicándose en la tercera mesa de trámite de la fiscalía especial de delitos cometidos por servidores públicos, misma que quedó totalmente integrada desde el mes de enero de 1995.
Que estaba pendiente de consignación y desde entonces se encontraba "congelada" en una oficina superior de la propia Procuraduría. Asimismo, expresó que existe tráfico de influencia por parte de la señora Silvia Pinal Hidalgo, en virtud de que durante la tramitación del asunto ha sido diputada por el Distrito Federal y ahora asambleísta.
Posteriormente, el 11 de agosto de 1995, se le notificó la propuesta de no ejercicio de la acción penal en las averiguaciones previas......... SC/2544/94-03 y SC/7864/94-07 que se encuentran acumuladas. Sin embargo, de la misma se advirtió que la autoridad aplicó indebidamente el artículo 164 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por ello esta comisión, el 26 de septiembre de 1995, mediante oficios 22-117, 22-906, envió a la supervisión general de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una propuesta de conciliación a fin de que las indagatorias se resolvieran con estricto apego a derecho, misma que fue aceptada el 6 de octubre de 1995 por oficio SGDH/7426/95, suscrito por el supervisor general de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
El 24 de noviembre de 1995, usted nos informó que la propuesta de conciliación formulada a la autoridad el 26 de septiembre, no había sido cumplimentada, pese a haber sido aceptada por el supervisor general de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Por lo anterior, esta comisión realizó diversas gestiones a fin de que se cumplimentara la conciliación referida. Así, el 18 de septiembre de 1996 mediante oficio 21881, se solicitó al licenciado Eduardo Ibarrola Nicolín, subprocurador jurídico de derechos humanos de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, fuese regresada a la mesa de trámite, la averiguación previa SC/2544/94-03, a fin de que se realicen las diligencias adecuadas y suficientes para su debida integración y perfeccionamiento legal.
Finalmente, el 2 de octubre de 1996, mediante oficio SJDH/413.083/96-09, el licenciado Eduardo Ibarrola Nicolín, subprocurador juridico de derechos humanos de la Procuraduría, informó a esta comisión que, por orden del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado José A. González Fernández, con esta fecha se ha procedido a girar las instrucciones a fin de que se retire del archivo, concentrando la averiguación previa............... SC/2544/94-03, para turnarla a la mesa correspondiente a efecto de que sean practicadas las diligencias sugeridas por esa comisión.
En consecuencia, se considera el presente asunto como concluido por haberse solucionado durante el trámite respectivo.
No obstante lo anterior, esta comisión queda a sus órdenes para brindarle la atención que usted merece y así requerirlo en el futuro.
Le envío un cordial saludo. Atentamente la directora general, licenciada Esperanza Hidalgo Martínez.»
El Presidente:
Ruego a la Oficialía Mayor considere el tiempo en favor de la diputada, que se utilizó en la lectura del documento en cuestión.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Muchas gracias señor Presidente; muchas gracias, señor Secretario:
Como ustedes ven, la Comisión de Derechos Humanos habla y ratifica, que hay tráfico de influencias. A pesar de todo esto, a pesar de que aquí se habla ya de una instrucción, de que se saque del congelador el caso del que estamos hablando, nada ha pasado y en realidad el congelador sigue cumpliendo su función.
¿De qué sirven los discursos del Presidente que el 7 de junio de 1994 dijo que no queremos vivir atemorizados por la inseguridad pública, ni desconfiados de los órganos encargados de procurar, de impartir justicia, ni con la suspicacia sobre la actuación de la autoridad, ni con la indignación que causa la impunidad?
¿De qué sirven todos los acuerdos que tomaron en el Sindicato del Revolucionario Institucional si Silvia Pinal sigue haciendo tráfico de influencias y se siguen congelando las situaciones de justicia en la Protea?
Yo quisiera pedirles y yo quisiera reflexionar: ¿es que acaso también los impartidores de justicia se le rebelan al Presidente de la República, o es que también estaban de acuerdo en toda esta situación de impunidad?
La realidad es otra, el tráfico de influencias, la impunidad y la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia, se han apoderado del país. En este caso que baña de corrupción y de la podredumbre al sistema, al patrimonio cultural de nuestro país, no puede seguir este caso en la congeladora del licenciado José Antonio González Fernández; no pueden seguir en la congeladora del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Se debe de actuar de inmediato y acatar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de que se descongele esto y se regrese a la mesa de trámite para la impartición de justicia .
Con fundamento señor Presidente en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, le pido: que el expediente que entrego a esta Presidencia, y la presente denuncia, sea turnada a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Cultura y del Distrito Federal, con el fin de que se implementen las gestiones que correspondan a efecto de que las averiguaciones previas mencionadas, sean regresadas de inmediato a la mesa de trámite para su debida integración y perfeccionamiento legal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Como lo ha solicitado la diputada, túrnese a las comisiones correspondientes.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilar Martinez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a salarios y prestaciones a maestros comunitarios en el municipio de Chilón, Chiapas.
El diputado José Luis Aguilar Martinez:
Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
"La educación debe de tender a elevar la capacidad de análisis del ser humano. Asimismo, a perfeccionaría. Y todo ello en un proceso amplio y constante buscando el desarrollo de cualidades que hagan al hombre específicamente humano.
La educación es el camino y al mismo tiempo es oportunidad de socialización, de asociación, de comunicación solidaria entre las personas, es transmisión, investigación y creación; no sólo de información y técnica, sino de valores sociales y personales. Es formación de personas y apertura ante la realidad y como tal, necesita de márgenes y atmósfera de libertad para la búsqueda de conocimientos.
Estamos convencidos de que la transformación educativa debe activar fuerzas regionales y que debe organizarse en función de las necesidades locales.
Los maestros habrán de acercar la educación a los problemas y realidades de su entorno. Por ello estamos totalmente de acuerdo que a la comunidad local debe de participar en todo proceso educativo. Es indispensable que en aquellas regiones donde no se habla español, surjan maestros que se preocupan por transmitirle conocimientos a sus compañeros y con esto se abrirá un camino de esperanza para muchos niños y niñas que han permanecido marginados y olvidados en su carácter de seres humanos.
Con esa actitud solidaria podrá cimentarse el desarrollo de su propia comunidad y así formar a hombres y mujeres con capacidad para juzgar por sí mismos y decidir de manera independiente para estar preparados y dispuestos también a asumir responsabilidades, pues la educación y la instrucción juegan un papel determinante en ello.
En el Estado de Chiapas hay un grupo de hombres y mujeres que creen en esto y quieren hacerlo realidad. En Chiapas, a pesar de la miseria y marginación en que vienen desenvolviéndose grupos de seres humanos y concretamente, en el municipio de Chilón, aún existe la esperanza y se cree que educando a los niños y niñas de esta comunidad, habrán de superar sus carencias y mejorar su condición económica.
Fue así como un grupo de educadores 100% indígenas, aceptaron el Programa Proyecto Educador Comunitario Indígena. Este conjunto de hombres y mujeres preocupados en el aspecto educativo, se echaron a cuesta este compromiso y atienden a 2 mil 360 niños indigenas, con un total de 118 educadores. Recalcamos que esto es solamente en el municipio de Chilón, Chiapas, ya que en total existen repartidos en otros municipios, cerca de 1 mil 860 maestros comunitarios, todos ellos adscritos a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas.
Las comunidades o regiones atendidas son: choles, tzotziles, tzeltales, mames, cakchiqueles y tojolobales.
Compañeros legisladores: el problema que están viviendo los maestros comunitarios de Chiapas es el siguiente:
Desempeñan un horario normal al igual que cualquier maestro de nivel primaria; utilizan los mismos materiales educativos y didácticos; el mismo calendario escolar. Pero lo insólito es que no perciben un salario justo y remunerador. Es más, a ellos sólo se les gratifica a través de simples recibos y que mediante engaños les dicen que es una beca, la cual asciende a 720 pesos mensuales y se les paga cada dos o tres meses, si bien les va.
Considero que esto es un insulto y una injusticia, ya que como todos comprenderán, dicha cantidad no cubre las necesidades básicas ni de ellos, mucho menos de sus familias.
Por otro lado, la SEP hizo el compromiso desde hace tres años con estos educadores comunitarios que se les apoyaría con un telebachillerato semiescolarizado; ofrecimiento aún no cumplido.
Este asunto debe de analizarse a fondo, ya que no puede permitirse que a un maestro se le asignen 720 pesos mensuales y se les pague cuando se acuerdan de que existen. La SEP no puede permitir que estos maestros vivan en la miseria más espantosa, para vergüenza del Estado de Chiapas, mientras se anuncia con bombo y platillo que están combatiendo el rezago educativo.
Por otro lado, nos manifiestan dichos maestros que viven bajo la bota poderosa de funcionarios de la SEP, ya que están amenazados de que quien denuncie la situación prevaleciente en el aspecto educativo en el municipio de Chilón, Chiapas, será despedido del trabajo. Esta es la razón por la que se habían mantenido callados.
¡Pero qué bueno que hoy se rompe este silencio! Esperamos que las autoridades educativas chiapanecas se aboquen a la resolución de este problema, sin ningún tipo de revanchismo o venganza, que en vez de solucionar los problemas vengan a poner más tirante la ya de por si tambaleante situación de nuestro Estado chiapaneco.
Es por esto que desde esta tribuna el grupo parlamentario de Acción Nacional exige la pronta solución a esta petición de los maestros comunitarios del municipio de Chilón, Chiapas, y que en concreto se refiere:
a) Aumento de ese salario mínimo y pago puntual del mismo:
b) Prestaciones de ley:
c) Servicios médicos."
Pido se turne esta denuncia a las comisiones de Educación y de Información, Gestoría y Quejas.
Salón de sesiones, a 21 de noviembre de 1996.
Gracias.
El Presidente:
Como lo solicita el diputado, túrnese el asunto a las comisiones correspondientes.
Para rectificar hechos, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:
Con su venia, señor Presidente:
Aprovecho y he pedido la palabra para hechos después de la intervención del compañero del PAN, porque anteayer acudimos a Chilón, con el ingeniero Cárdenas y con Andrés Manuel López Obrador, a ver a nuestro presidente municipal de ahí, de ese municipio.
Y quisiera, por supuesto que iniciar apoyando todas las demandas de educación que hace el compañero del PAN, aprovechar este momento para denunciar que en el municipio de Chilón, que fue ganado por el Partido de la Revolución Democrática, no se le ha dado ningún apoyo administrativo. ¡El gobierno del Estado lo tiene "castigado" por no ser de las filas del Revolucionario Institucional:
Este castigo administrativo, esta imposibilidad de gobernar, además del uso de las guardias blancas, que hemos denunciado aquí tantas veces, hace que la situación en el municipio de Chilón sea muchísimo más complicada.
Yo quisiera pedir aquí que se revise y que se respete el derecho constitucional de los municipios a recibir todos los recursos que le conresponden y a gestionar los apoyos que les competen.
Por otro lado, quisiera recordar ahora, que el compañero habla de los maestros de Chiapas, que en aquélla ocasión que acudimos en esa comisión pluripartidista, vimos y constatamos, con diputados de todos los partidos, que hay maestros bilingües y así consta en el informe que hicimos como comisión, comisionados por la SEP para formar parte de Socama y de paz y justicia.
Quisiera reiterar estas denuncias que consten en el acta y que se haga algo al respecto y reiterar que estamos esperando la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
ALIANZA PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO (II)
El Presidente:
Esta Presidencia instruye a la Secretaria que con relación a la intervención del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, túrnese la solicitud planteada a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
NUEVOS SENTIMIENTOS DE LA NACION
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los nuevos Sentimientos de la Nación.
El diputado Francisco Patiño Cardona:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La democratización de nuestro país exige una revisión de los principios constitucionales sobre los que se fundaron el Estado mexicano contemporáneo y sus instituciones.
Transitar hacia un régimen plenamente democrático en el que se ejerzan sin restricción los derechos ciudadanos y el sufragio libre, en donde exista una real división de poderes y se fijen las condiciones adecuadas para la alternancia en el Gobierno, es un requerimiento político de fin de siglo. En ello debemos empeñar toda nuestra voluntad política y capacidad intelectual, sin desconocer la complejidad de la sociedad mexicana y la fuerza de sus raíces históricas.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto a la nación un conjunto de sentimientos que pretenden convertirse en notas para una nueva carta fundamental que rescate y amplíe principios de nuestra Constitución, que sea la base de un nuevo arreglo político en el que se reconozcan, sin cortapisas, los derechos sociales de los mexicanos y se ensanchen sus libertades democráticas.
Un tema crucial en este debate es el relativo a la libertad que los ciudadanos tienen para asociarse libremente, en forma pacífica y con cualquier finalidad lícita, como lo consagra el artículo 9o. de nuestra Carta Magna. Así, el derecho de asociación es una garantía individual que los ciudadanos mexicanos ejercen cuando se afilian a un partido político, a un organismo empresarial, a un sindicato o a una agrupación civil, cultural o religiosa. Sin embargo, esta garantía constitucional ha sido coartada por diversos instrumentos jurídicos y, sobre todo, a través de prácticas políticas inveteradas que no pocas ocasiones han anulado ese derecho.
Una de sus manifestaciones pervive hasta nuestros días y pervierte la acción independiente y libre de millones de obreros, campesinos y empleados: es el corporativismo sindical. En sus orígenes el corporativismo fue un fenómeno alentado desde las esferas del Gobierno bajo un esquema de alianzas en donde los intereses de los trabajadores y sus organizaciones se subordinaron a las metas económicas y políticas del Estado.
La integración del movimiento obrero al sistema durante la década de los años treinta condujo a su aceptación y a la legitimación del orden político. Sobre esas premisas se construyó un régimen jurídico y político que con el tiempo ha impedido el pleno ejercicio de la libertad sindical, a pesar de los conceptos plasmados en la Constitución de 1917 y de los acuerdos internacionales en la materia, ratificado por México como el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo artículo 20., establece que los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
El corporativismo sindical es cierto, hizo realidad la conquista de los grandes contratos colectivos de trabajo y de las instituciones de seguridad social, sí como de otros organismos tripartitas en beneficio de sus agremiados, pero a cambio de proporcionar estabilidad política al régimen y de la sumisión proverbial a los líderes frente a los gobiernos en turno.
El asunto es que hoy, frente a la pérdida de derechos y conquistas históricas de los trabajadores, ese corporativismo se ha convertido en un pesado fardo que impide la mejoría obrera y el pluralismo sindical. Por ello, el corporativismo sindical tal y como hoy existe es un obstáculo para el avance democrático del país.
El caso es que los trabajadores no pueden constituir libremente organizaciones sindicales y elegir a sus directivas con facultades jurídicas plenas, sin la autorización de las autoridades del trabajo, además de que el registro sindical es obligatorio. El asunto es que en múltiples ocasiones, por no perder el empleo, el trabajador se tiene que mantener en las filas de un sindicato que no lo representa y en cambio sí lo utiliza como clientela electoral a riesgo de que se le aplique la cláusula de exclusión inconstitucionalmente prevista en el artículo 359, de la Ley Federal del Trabajo.
Lo cierto es que existen organizaciones como la CTM que mantienen en sus estatutos la afiliación corporativa e individual al PRI, a pesar de la más reciente reforma al artículo 35 constitucional, que dispone como una prerrógativa del ciudadano asociarse individual y libremente, para tomar parte en forma pacífica, en los asuntos políticos del país.
Lo verdadero, es que ese corporativismo ha firmado a nombre de millones de trabajadores, pactos y alianzas que han provocado, según reconoció hace unas semanas el Congreso del Trabajo, la disminución de casi el 50% del poder adquisitivo del salario desde 1987 y el casi nulo crecimiento del empleo. Lo real, es que el Estado, por diversas vías se inmiscuye en la vida de los sindicatos anulando su autonomía e independencia, pero también dentro del sector empresarial se ha presentado ese fenómeno; el estímulo desde la esfera estatal a la actividad de los empresarios por medio de políticas proteccionistas y de fomento alentadas por los gobiernos posrevolucionarios, llevaron a la creación de los organismos empresariales más corporativos: la Concanaco en 1917; la Concamin en 1918 y la Canacintra en 1941.
Desde los primeros años del México posrevolucionario quedó de manifiesto un acuerdo básico entre el Estado y los grandes empresarios, en donde con el cambio de orientación en la esfera estatal de un modelo populista a otro neoliberal, éstos han ido adquiriendo una mayor centralidad y peso político. Así, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria aprobada en 1941 llevó inevitablemente a un esquema en donde el gran empresario fue partícipe de la formulación de estratégias económicas y de la negociación de sus orientaciones.
De esa forma se ha hecho corresponsable de un modelo de relaciones políticas altamente excluyente, que ha dejado fuera de las decisiones a los pequeños y medianos empresarios; ese esquema no reconoce, sino hasta hace poco, que el empresario mexicano es un grupo heterogéneo en lo económico, ideológico y político, con densidades políticas distintas y prácticas diversas frente al poder.
Los grandes empresarios han sacado un enorme provecho del registro obligatorio a las Cámaras de Comercio y de Industria usufructuando una representación altamente cuestionada y puesta en duda por las innumerables manifestaciones de inconformidad politica.
Lo anterior ha llevado incluso al propio Poder Judicial a expresarse sobre la ilegitimidad de la Ley de las Cámaras, a través de la tesis de jurisprudencia emitida en octubre de 1995, en la que el máximo tribunal judicial resolvió que el artículo 5o. de esta ley, viola la libertad de asociación establecida en el articulo 9o. constitucional.
Es evidente que la tesis de jurisprudencia citada ha puesto en jaque al corporativismo empresarial.
La tesis de jurisprudencia se sustenta en que la libertad de asociación es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de sus asociados.
Asimismo, la Suprema Corte consideró que si la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucionales un derecho de los gobernados en la esfera de protección derivada de esa garantía, puede operar en tres posibles direcciones: primero, derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; segundo, derecho de permanecer en la asociación o renunciar a ella; tercero, derecho a no asociarse.
La Corte concluye, en consecuencia, que la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie, no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o renunciar a ella, ni tampoco podrá obligarlo a asociarse a ella.
La tesis de jurisprudencia, sin embargo, deja en pie el cuerpo de la ley, en virtud del principio de relatividad de las resoluciones de amparo, también conocida como "Fórmula Otero"; no obstante, es un precedente que apunta con fuerza y autoridad jurídica, a revisar, modificar las leyes que han impropiciado un régimen popular poco representativo y clientelar, en la organización de las agrupaciones empresariales.
Para el PRD se trata entonces de reconstruir todo el sistema de representación social pervertido, resultado de la subordinación de diferentes sectores a los agrupamientos populares y de éstos al Estado, como ha venido ocurriendo en los últimos 60 años. Se trata de remover las bases jurídicas y políticas del corporativismo dominante en el país e insistir en que la democratización del régimen sólo será posible si se respeta irrestrictamente el derecho de asociación.
Para ello el PRD propone lo siguiente:
1. La promoción de un nuevo diseño institucional, donde la libertad sindical ocupe un lugar privilegiado, de tal forma que se garantice la autonomía del proceso organizativo frente al Estado, los empresarios y los partidos políticos.
2. En ese rediseño institucional, reconocer la pluralidad ideológica, política y económica de los grupos empresariales, apuntando hacia nuevas formas de representación más democráticas, menos clientelares, cupulares y menos corporativas, acorde a los requerimientos económicos y políticos del país, rescatando la opinión de los distintos actores.
3. Avanzar hacia una reforma democrática de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que elimine todas las trabas a la organización sindical y al pluralismo, erradique la unicidad sindical impuesta y no construida desde abajo.
4. Crear una nueva Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, en la que se deseche la afiliación forzosa y la cotización obligatoria, en la que se contemple la libre asociación, se profundice en las funciones de las propias cámaras para ampliar sus facultades, se les considere organismos permanentes de consulta con el Gobierno Federal, se respeten sus estatutos y se construya una nueva representatividad, a la luz de los requerimientos democráticos del país.
Frente a ello, son bienvenidas las iniciativas con los foros empresariales que en distintas ciudades se han realizado con el objeto de discutir el tema de la libre asociación y el marco legal al que deben sujetarse las cámaras.
Ante ello, no podemos más que aplaudir la consulta nacional sobre trabajo y libertad sindical que la coordinadora intersindical 1o. de Mayo lleva a cabo en toda la República desde el pasado domingo 20 de octubre.
Ambas iniciativas son una constatación de los nuevos sentimientos que albergan los mexicanos que desean ver una patria libre, democrática y soberana.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Erick Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los problemas de la producción agraria.
No está. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario Genaro Alfonso del Angel Amador:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 26 de noviembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Veracruz.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 1997.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de Ley que Establece y Modifica Diversas Leyes Fiscales. (Miscelánea)
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1995.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 13:55 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 26 de noviembre, a las 10:00 horas.
| ADE | Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca |
| ASA | Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| Aserca | Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria |
| Canacintra | Cámara Nacional de la Industria de Transformación |
| Capufe | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos |
| Cetes | Certificados de la Tesorería de la Federación |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| Conacyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| Conasupo | Compañía Nacional de Subsistencias Populares |
| Concamin | Confederación Nacional de Cámaras Industriales |
| Concanaco | Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio |
| CTM | Confederación de Trabajadores de Méxic |
| D.F. | Distrito Federal Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México |
| Fonatur | Fondo Nacional de Fomento al Turismo |
| IEPS | Impuesto especial sobre producción y servicios |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Infonavit | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadore |
| ISR | Impuesto sobre la renta |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado |
| LFC | Luz y Fuerza del Centro |
| Lotenal | Lotería Nacional |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| PARAUSEE | Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto interno bruto |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| Procampo | Programa de Apoyos Directos al Campo |
| Procede | Programa para la Certificación de Parcelas y Titulación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos en Ejidos |
| Produce | (Sin aclaración) |
| Pronasol | Programa Nacional de Solidaridad |
| Protea | Asociación Nacional de Productores de Teatro, AC |
| Sagar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural |
| Semarnap | Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca |
| SEP | Secretaría de Educación Pública Socama Solidaridad Campesina Magisterial |
| Tesobonos | Bonos de la Tesorería de la Federación |
| UNAM | Universidad Nacional Autónoma de México |