SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de la colegisladora, con la que informa de la elección de mesa directiva que fungirá durante el mes de diciembre. De enterado.
El diputado Salvador Becerra Beltrán, presenta iniciativa de reformas a dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Ganadería.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, presenta iniciativa de ley que crea a dicho instituto. Se turna a la Comisión de Comercio.
Comunicación del diputado con licenciaJoaquín Humberto Vela González, con la que informa de su decisión de separarse definitivamente de su cargo. De enterado.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite igual número de minutas proyecto de decreto que conceden los permisos constitucionaIes necesarios, para que los ciudadanos Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado y José Francisco López Ibarra, puedan prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Dictamen de las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, con el que remiten proyecto reforma diversas disposiciones de dicho ordenamiento. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la cuidadana María de los Angeles Félix Güereña, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Mayra Concepción Esparza Baylón, pueda prestar sus servicios en el consulado de esa nación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Jorge Rodríguez Carbajo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura. Sin discusión. se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de ese país. Es de segunda lectura. Sin discusión, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Seade Kuri, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de esa República. Es de segunda lectura. Sin discusión, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Miriam Guadalupe Manzo Valenzuela, pueda prestar sus servicios en el Consulado de ese país en Hermosillo, Sonora. Es de segunda lectura. Sin discusión, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Blanca Luz Valdespino, pueda prestar sus servicios en el consulado de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de segunda lectura. Sin discusión, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Navarrete Contreras, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Es de segunda lectura. Sin discusión, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Aprobados los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo y a la Cámara de Senadores, como corresponde, para los efectos constitucionales.
Sobre la acta de nacimiento del gobernador de esa entidad, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Gloria Sánchez Hernández
Salvador Mikel Rivera
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados:
Amado Jesús Cruz Malpica
Salvador Mikel Rivera
Rosa María Cabrera Lotfe
Elías Miguel Moreno Brizuela
El diputado Francisco Domínguez García, presenta punto de acuerdo, referente a la Alianza Democrática para el Crecimiento, el Bienestar Social y la Seguridad Pública en la frontera norte del país.
Para rectificar hechos, los diputados:
Jorge Antonio Catalán Sosa
Javier Alberto Gutiérrez Vidal
Martina Montenegro Espinoza
La diputada Franciscana Krauss Velarde, se refiere al homenaje rendido a la primera diputada federal.
Para comentar el trabajo realizado durante los dos primeros años de labores del Ejecutivo Federal los titulares en la Procuraduría General de la República, hacen uso de la palabra los diputados:
Ramón Sosamontes Herreramoro
Adolfo Miguel Aguilar Zinser, para rectificar hechos.
José Rafael Castelazo y de los Angeles
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Rectifican hechos, los diputados:
Adolfo Miguel Aguilar Zinser
Raúl Armando Quintero Martínez
Consuelo Botello Treviño
Respecto a la conformación del Congreso de dicha entidad, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Salvador Othón Avila Zúñiga
Joaquín Rodríguez Lugo
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, comenta respecto a la situación de la educación en el municipio de Tijuana. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; de Educación; de Desarrollo Social y a la de Información, Gestoría y Quejas.
La diputada Gloria Sánchez Hernández, solicita excitativa a las comisiones de Educación; de Salud; de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para ser dictaminadas iniciativas presentadas el día 27 de abril y el 8 de junio de 1994.
El diputado Anselmo García Cruz, presenta propuesta que se turna a la Comisión del Deporte.
El diputadoJosé Pedro Sánchez Ascencio, da lectura a comunicación de presidentes municipales, respecto a los recursos con que se cuenta.
De la próxima sesión.
Presidencia de la diputada Sara Esther Muza Simón
ASISTENCIA
La Presidenta:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario José Luis Martínez Alvarez:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputados. Por lo tanto, hay quorum.
La Presidenta (a las 12:01 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario José Luis Martínez Alvarez:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 3 de diciembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 10. al 15 de diciembre en que culmina el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LVI Legislatura.
Iniciativa de diputados
De reformas a la Ley de Asociaciones Ganaderas, a cargo del diputado Salvador Becerra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Ángeles Félix Güereña, para aceptar y usar la condecoración del Orden de las Artes y las Letras, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Mayra Concepción Esparza Baylón, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor José Jorge Rodríguez Carbajo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de Gran Oficial que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Nava!, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Argentina.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Miriam Guadalupe Manzo Valenzuela, para prestar servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Blanca Luz Valdespino, para prestar servicios como empleada de oficina en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ángel Navarrete Contreras, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sobre las actas de nacimiento del gobernador de Veracruz, a cargo de la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre mayores apoyos al Estado de Baja California, a cargo del diputado Francisco Domínguez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Aniversario del Plan de Ayala, a cargo de los diputados Juan Salgado Brito y Carlota Bote, y Estape, de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Sobre distinguidas mujeres de Baja California a cargo de la diputada Franciscana Krauss Ve larde, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre la integración del Congreso local del Estado de México, a cargo del diputado Salvador Othón Avila Zúñiga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Operativo transnacional Cóndor 11, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre el LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los dos años de Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la situación de las escuelas en el municipio de Tijuana, a cargo del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Juan Manuel Pérez Corona:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con cincuenta y siete minutos del jueves veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos sesenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado Roberto Modesto Flores González, quien se reincorpora a sus funciones legislativas.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del vigésimo tercer aniversario luctuoso de quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos e Hidalgo, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada María Teresa Cortés Cervantes, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Turismo. Se turna a la comisión correspondiente.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Cultura, con proyecto de Ley Federal del Derecho de Autor, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión dictaminadora, fundamenta el dictamen.
A discusión en lo general, expresan los criterios de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, del Partido de la Revolución Democrática; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional y Liberato Montenegro Villa, del Partido Revolucionario Institucional, todos en pro.
También se otorga el uso de la palabra al diputado Crisóforo Lauro Salido Almada, quien mofu proprio, se pronuncia en pro del dictamen en lo general.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y se reservan los artículos primero, once, doce, trece, dieciocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco, sesenta y ocho, ciento dos, ciento treinta, ciento treinta y tres, ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta, ciento cincuenta y dos, ciento noventa y dos, doscientos, doscientos tres, doscientos cinco, doscientos dieciocho y doscientos treinta y siete.
La Asamblea autoriza que la votación en lo general se reserve para realizarla al termino de la discusión en lo particular, en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, quien en dos intervenciones, presenta modificaciones a los artículos: primero, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticuatro veinticinco, ciento treinta y ciento treinta y tres.
Solicita y se concede el uso de la palabra, a la diputada Margarita Villanueva Ramírez, del Partido Acción Nacional, quien presenta modificaciones al artículo trece.
Presenta modificaciones a los artículos sesenta y ocho, ciento cincuenta y dos, ciento noventa y dos, doscientos tres y doscientos cinco, la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.
Hace uso de la palabra para presentar reformas al artículo ciento dos, el diputado Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, así como el diputado Gustavo Salinas Iñiguez.
Comenta y hace diversas propuestas a los artículos ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta, ciento noventa y dos, doscientos, doscientos tres, doscientos dieciocho y doscientos treinta y siete, el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional.
Para referirse a los artículos que fueron reservados y aceptar, a nombre de la comisión dictaminadora, las modificaciones propuestas a los artículos sesenta y ocho, noventa y nueve, ciento uno, ciento dos, ciento treinta y tres, ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y ocho, ciento sesenta y ciento noventa y dos, el diputado Florentino Castro López, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y autoriza a que la votación en lo general, en lo particular y de los artículos reservados, se lleve a cabo en un solo acto que arroja los siguientes resultados: En lo general y lo particular, así como por los artículos consensados: trescientos cincuenta y ocho votos en pro;
Por los artículos ciento cincuenta y doscientos dieciocho: trescientos cincuenta y siete votos en pro y uno en contra:
Por las propuestas del Partido Acción Nacional: setenta y cinco votos en pro y trescientos veintitrés en contra:
Por las propuestas del diputado Ojeda Zubieta: doce votos en pro y trescientos cuarenta y seis en contra.
Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría da lectura a un oficio del Senado de la República, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Para fundamentarlo, hace uso de la palabra el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
A fin de expresar los criterios de sus respectivos grupos parlamentarios, con las propuestas del diputado Flores Espinosa, a nombre de la comisión, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados: Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática; Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional; y Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen, que resulta aprobatorio por doscientos noventa y nueve votos. Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Se realiza la elección por cédula de los integrantes de la mesa directiva para el mes de diciembre y después del escrutinio y cómputo correspondientes, resulta triunfadora la planilla integrada por los diputados: Sara Esther Muza Simón, como presidenta; Felipe Amadeo Flores Espinosa, Agustín Torres Delgado, José de Jesús Zambrano Grijalva y José Narro Céspedes, como vicepresidentes; José Luis Martínez Alvarez, Juan Manuel Pérez Corona, Aurelio Salinas Ortiz y Carlos Núñez Hurtado, como secretarios; y Victoria Eugenia Méndez Márquez, María Teresa Tapia Bahena, Cecilio Lepe Bautista y Oscar González Yáñez, como prosecretarios, por doscientos treinta y un votos.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Burgos Ochoa, quien se refiere a lo que calificó como violación de los derechos humanos en el Estado de Guerrero.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Morales Ledezma y para contestar alusiones personales, la diputada Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
Para el mismo tema, habla el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
Sube a la tribuna el diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta un punto de acuerdo para la integración de una comisión especial para organizar la conmemoración del octagésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El Presidente agradece el apoyo recibido durante su gestión y agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el martes tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
ESTADO DE PUEBLA
El secretario Aurelio salinas Ortiz:
«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadanos secretario de la Cámara de Diputados dei honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 de la Ley Orgánica y 26 del Reglamento Interior, ambos del Poder Legislativo, nos permitimos comunicar que el Llll Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, tuvo a bien elegir como presidente y vicepresidente de la mesa directiva que actuará durante el segundo mes del tercer periodo de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal, comprendido del 16 de noviembre al 15 de diciembre del año en curso, a los diputados siguientes:
Javier Rubén Ramírez Carranza, presidente y Bernabé Félix F. Marmolejo Orea, vicepresidente.
Lo que hacemos del conocimiento por disposición de esta legislatura para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, noviembre 14 de 1996.- Secretarios diputados: Guadalupe Hinojosa Rivero y Javier Cruz Gutiérrez.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El secretario Carlos Núñez Hurtado:
«Escudo Nacional.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso del Estado, nos permitimos comunicarles que en sesión de junta previa convocada para esta fecha, fueron electos los diputados Guadalupe González Galván y Reynaldo García Martínez, como presidente y suplente, respectivamente, para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos del pleno legislativo, durante el mes de noviembre del actual, dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de noviembre de 1996.- Secretarios diputados: Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez y José Leocadio Mendoza Reyes.»
De enterado.
CAMARA DE SENADORES
La secretaria María Teresa Tapia Bahena:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de esa honorable Colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes que, en sesión pública celebrada en esta fecha, se eligió la mesa directiva que funcionará durante el lapso comprendido del 10. al 15 de diciembre en que culmina el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer ano de ejercicio de la LVI Legislatura.
Senadores Laura Pavón Jaramillo, presidente; Ricardo González Cruz y Guillermo del Río Ortegón, vicepresidentes; Ángel Ventura Valle, Emilio Goicoechea Luna, Auldarico Hernández Gerónimo y Ricardo Naumann Escobar, secretarios; Alicia López de la Torre, Francisco Xavier Salazar Sáenz, José Godoy Hernández y Crescenciano España Morales, prosecretarios.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Senadores secretarios: Jorge Omar Polanco Zapata y Raúl Durán Reveles.»
De enterado.
LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Salvador Becerra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Asociación Ganadera.
El diputado Salvador Becerra Rodríguez:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVI Legislatura, presentamos esta iniciativa de Ley de Asociaciones Ganaderas, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El extenso territorio nacional cuenta con una amplia gama de ambientes ecológicos, adecuados para la crianza y explotación de variadas especies animales, en cantidades suficientes para proveer la demanda nacional de distintos tipos de carne, leche y huevo, para la alimentación humana u otros productos para la industria. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Desde hace 15 años, aproximadamente, la ganadería mexicana fue perdiendo competitividad con el extranjero y con otras áreas económicas del país, cayendo en una severa crisis de rentabilidad que provocó el estancamiento o aún la reducción de la producción de muchos Productos de la ganadería.
Por la gravedad que revisten es del conocimiento público que en varios año ha ocurrido una sensible disminución de hatos de ganado bovino mayor y menor, de ganado porcino y caprino así como el número de aves y cajones de abejas. Todo ello ha derivado en la pobreza de miles de ganaderos, en una menor producción ganadera y el aumento de las importaciones de leche y sus derivados, así como de carne de distintas especies.
La crisis de la ganadería nacional responde a numerosos factores, muchos de los cuales persisten o se agravan por la deficiente organización de los ganaderos. La reactivación de la ganadería ciertamente requerirá un fuerte apoyo de las instancias gubernamentales, pero siempre será insuficiente sin una organización eficaz de los ganaderos, que les permita llevar a cabo proyectos para mejorar sus técnicas de producción, reducir costos, obtener créditos justos, así como influir en el precio de venta de los productos ganaderos y ser copartícipes en el diseño de los programas de Gobierno para el fomento de la actividad pecuaria.
El sistema político posrevolucionario ha fundamentado su estabilidad y continuidad en el control del Gobierno de todo tipo de organizaciones sindicales, obreras y patronales, del campo y la ciudad, productivas y cívicas, cuyo objetivo fundamental no es el beneficio de los agremiados, sino apoyar la política gubernamental y el triunfo electoral del partido en el poder. Las organizaciones ganaderas no han sido la excepción a la regla.
La Confederación Nacional Ganadera, las uniones y asociaciones ganaderas que la componen, han sido un instrumento eficaz para respaldar los programas de Gobierno, para sumar votos al partido oficial y para que sus dirigentes accedan a elevados puestos políticos, pero dejan mucho que desear en cuanto a sus acciones para la promoción de la ganadería.
La actividad ganadera necesita una nueva organización de los productores que encauce los esfuerzos individuales en colectivos, que promueva acciones coordinadas a través de asociaciones autónomas, independientes del Gobierno para que los ganaderos puedan defender sus intereses legítimos, afrontar eficazmente sus tareas y elevar así sus condiciones de vida.
La desviación funcional de las organizaciones ganaderas tiene su origen en la legislación vigente sobre la materia, la Ley de Asociaciones Ganaderas que data desde 1936 y su reglamento publicado en el Diario Oficial el 23 de agosto de 1 993. Estos ordenamientos consideran a las organizaciones ganaderas como organismos de cooperación del Gobierno y permiten a éste ejercer un estricto control de las actividades de las asociaciones ganaderas.
La legislación actual concede al Gobierno la facultad de autorizar la constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones ganaderas, así como revocar dicha autorización. Por ello, las asociaciones están obligadas a proporcionar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, toda la información que les sea requerida sobre sus actividades y financionamiento interno. Por otra parte, el reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas permite la reelección ilimitada de los miembros de los órganos directivos y no establece requisitos especiales para ocupar dichos cargos.
Las normas vigentes han propiciado que se establezcan cacicazgos en las organizaciones ganaderas, interesados más en servir de apoyo a las políticas gubernamentales que a los intereses de los agremiados; de esta manera, los puestos directivos son utilizados para ascender en la escalera política del partido oficial.
En la iniciativa de Ley de Asociaciones Ganaderas que hoy se propone, se desea propiciar una nueva relación entre ganaderos y Gobierno, en la cual el Gobierno proporcione un apoyo subsidiario y respetuoso de la dignidad de los ganaderos, reconociendo a éstos la capacidad de diagnosticar sus necesidades más apremiantes y proponer los correctivos adecuados. Por ello, se propone que uno de los objetivos de las asociaciones ganaderas sea participar en la determinación de las políticas ganaderas y en la supervisión de los programas gubernamentales.
Con el fin de que los organismos ganaderos respondan fundamentalmente a los intereses de sus agremiados, la iniciativa propuesta establece que las asociaciones ganaderas serán autónomas en su funcionamiento, independientes del Gobierno, para eliminar presiones y tutelajes dañinos que les impidan asumir plenamente sus propias responsabilidades. En consecuencia proponernos que las asociaciones ganaderas rijan su vida interna sin ninguna injerencia del Gobierno, desde su Constitución hasta su posible disolución.
Congruente con la tesis del Partido Acción Nacional, de que toda organización ciudadana debe estar basada en principios fundamentales como la democracia, la libertad y el respeto a la dignidad de las personas, la iniciativa establece un procedimiento democrático para la toma de decisiones en cada asociación ganadera, así como la libertad individual de sus miembros para pertenecer a cualquier agrupación política o social., también, con la finalidad de promover la amplia participación de los asociados en los cargos directivos, los miembros de los consejos directivo y de vigilancia, así como !os delegados ante el organismo inmediato suponer, podrán ser reelectos por un solo periodo.
Para estrechar el vinculo de intereses entre los directivos y los asociados, la Iniciativa propone, como requisitos para formar parte del consejo directivo de los organismos ganaderos, no ser servidor público ni ocupar un puesto de elección popular al momento de la designación o durante el desempeño del cargo. También establece que su ingreso económico principal derive de la actividad pecuaria.
La iniciativa señala que las asociaciones ganaderas podrán recibir aportaciones económicas por asesoría o prestación de servicios en la actividad pecuaria productiva, que mejoren o promuevan la producción ganadera. Esta disposición permitirá que los asociados disfruten de beneficios por la prestación de servicios de su asociación, a la vez que las asociaciones podrán obtener recursos económicos para cumplir más eficazmente con sus fines.
Esta iniciativa de ley abroga la Ley de Asociaciones Ganaderas publicada en el diario Oficial del 12 de mayo de 1936 y deroga las disposiciones que se opongan a la misma.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente
INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS
CAPITULO I
Disposiciones generales
Articulo 1o. La presente ley se expide para fijar las bases de la organización y del funcionamiento de las asociaciones ganaderas.
Artículo 2o. Las asociaciones ganaderas son organizaciones de interés público, autónomas y con personalidad jurídica propia, que agrupan voluntaria y libremente a ganaderos en forma permanente, constituidas para los fines que esta ley establece.
Artículo 3o. Las asociaciones ganaderas se regirán por sus estatutos y conforme a las disposiciones de esta ley.
Articulo 4o. Para el efecto de esta ley se denomina como ganadero a toda persona física o moral que dedique predominantemente su actividad a la explotación de especies animales mediante su reproducción, cría, postura, engorda, trasquila, ordeña y otras.
Artículo 5o. La denominación de "Asociación Ganadera" sólo podrá ser utilizada por aquellas agrupaciones de productores organizados de acuerdo con esta ley.
Artículo 6o. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apoyará a las asociaciones ganaderas y a los productores que las integran para la realización de sus fines.
CAPITULO II
Objeto de las asociaciones ganaderas
Artículo 7o. Las asociaciones ganaderas constituidas en los términos de esta ley tienen por objeto:
I. Representar los intereses generales de sus agremiados:
II. Promover acciones para la obtención y adopción de la tecnología más adecuada y de los métodos científicos más prácticos y económicos que permitan organizar y orientar la producción ganadera, contribuyendo a incrementar la rentabilidad de sus actividades:
III. Gestionar y promover acciones que permitan reducir los costos de producción y mejorar la ganadería:
IV. Promover la creación de la infraestructura necesaria para la industrialización, conservación y comercialización de los productos ganaderos:
V. Gestionar créditos favorables para sus agremiados:
VI. Procurar el mejoramiento de los niveles de vida y de trabajo de sus asociados:
VII. Fomentar, cuando sea necesario la organización cooperativa de sus agremiados:
VIII. Colaborar en el proceso de comercialización de los productos ganaderos en beneficio de sus asociados:
IX. Participar con las autoridades competentes en la determinación de las políticas ganaderas y en la supervisión de los programas.
CAPITULO III
Constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones ganaderas
Artículo 8o. Los ganaderos del país podrán constituirse y organizarse en asociaciones de carácter local, regional y nacional, ya sean de tipo general o especializado.
Serán de tipo general las organizaciones que agrupen a ganaderos dedicados a la explotación de distintas especies animales y de tipo especializado, aquellas que agrupen a ganaderos dedicados a la explotación de una especie animal determinada.
Artículo 9o. Las asociaciones locales se denominarán "asociaciones ganaderas", las regionales "uniones ganaderas", y la nacional "confederación ganadera".
Artículo 10. Las asociaciones ganaderas generales o especializadas estarán integradas, por un mínimo de 10 ganaderos en un pueblo o municipio.
Artículo 11. Las uniones ganaderas generales o especializadas se constituirán por lo menos con tres asociaciones ganaderas generales o especializadas según corresponda dentro de una entidad federativa o aquella región que por sus características geográficas o económicas determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Artículo 12. En una misma localidad o región, no podrán constituirse más de una asociación o unión general o especializada en la explotación de la misma especie animal.
Artículo 13. La confederación ganadera se constituirá con tres o más uniones ganaderas generales o especializadas.
En ningún caso las organizaciones ganaderas se ocuparán de asuntos políticos partidistas, ni podrán exigir a sus asociados determinada militancia política partidista.
Artículo 14. Para la constitución de las asociaciones y uniones ganaderas generales o especializadas, se debe celebrar una asamblea constitutiva ante notario público, en donde se establezcan los estatutos de la asociación y se elijan los consejos directivo y de vigilancia y delegados ante la unión o confederación, según corresponda.
Satisfechos los requisitos anteriores, las asociaciones y uniones ganaderas, tendrán personalidad jurídica propia.
Artículo 15. Los estatutos de las organizaciones ganaderas deberán contener:
I. Nombre y domicilio de la organización:
II. Objeto de la organización:
III. Nombre y domicilio de los asociados fundadores:
IV. Localidad o región ganadera a la que corresponda:
V. Duración:
VI. Haber patrimonial:
VII. Derechos y obligaciones de los asociados:
VIII. La expresión de lo que cada asociado aporte en dinero o en otros bienes:
IX. Nombramiento y facultades de los administradores designando a los que han de llevar la firma social:
X. Requisitos para la admisión y exclusión de sus asociados:
XI. Plazos y condiciones para la celebración de las asambleas:
XII. Régimen de responsabilidad:
XIII. Casos de disolución y bases para practicar la liquidación:
XIV. Los demás que establezcan sus asociados.
Articulo 16. Las organizaciones ganaderas inscribirán sus estatutos en el registro público que la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural establezca para tal efecto.
La Secretaría deberá reconocer a las organizaciones constituidas conforme a esta ley.
Artículo 17. La modificación de los estatutos de una asociación ganadera deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes en la asamblea, conforme al procedimiento que fijen sus estatutos; dicha modificación deberá inscribirse en los mismos términos que para su constitución.
CAPITULO IV
De la asamblea general
Artículo 18. El órgano supremo de las asociaciones ganaderas reside en la asamblea general.
Las asambleas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán cuando menos una vez al año en 12 fecha que fijen sus propios estatutos y las segundas cada vez que sea necesario.
Las convocatorias serán expedidas por el consejo directivo. Si éste no convocara, podrán hacerlo cuando menos el 20% de los asociados.
Para la asamblea extraordinaria también tendrán derecho a convocar el consejo de vigilancia o el 20% de los asociados.
Artículo 19. Las convocatorias para las asambleas contendrán el orden del día y se comunicarán por el medio más eficaz, cuando menos con 30 días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea ordinaria. Para asambleas extraordinarias, dicho plazo será de 10 días.
Si por falta de quorum no tuviere verificativo la asamblea, ésta se realizará en la fecha que se haya señalado en la propia convocatoria, misma que deberá estar comprendida entre cinco y 10 días posteriores a la fecha inicial y se llevará a cabo con el número de miembros que se presenten.
Artículo 20. Las asambleas ordinarias tratarán de los siguientes asuntos:
I. Discutir, aprobar o modificar el plan de actividades y el informe de trabajo que rinda el consejo directivo, respecto de la situación general que guarda la asociación:
II. Discutir, aprobar o modificar el informe del consejo de vigilancia y de las comisiones que integre la asociación y tomar las medidas que juzgue oportunas:
III. Nombrar y en su caso ratificar o remover a los miembros de los consejos directivo, de vigilancia o de las comisiones, así como a los delegados ante el organismo inmediato superior.
IV. Los demás que determine esta ley y los estatutos de la asociación.
Artículo 21. El quorum para celebrar las asambleas ordinarias y extraordinarias deberá ser cuando menos del 50% más uno de sus asociados.
Para que sus decisiones sean válidas deberán ser aprobadas por la mayoría de los asociados presentes, salvo aquellas que requieran una mayoría calificada de las dos terceras partes, conforme a sus estatutos. Las votaciones podrán realizarse en forma nominal o por cédula.
Artículo 22. Las decisiones de las asambleas obligan a todos los miembros de la asociación y serán ejecutadas por el consejo directivo.
Artículo 23. Las asambleas extraordinarias conocerán de los siguientes asuntos: I. Modificación de los estatutos de la asociación:
II. Exclusión de asociados, cuando existan violaciones graves a esta ley y a los estatuto debiendo oír previamente la defensa del interesado:
III. Fusión con otra asociación ganadera:
IV. Ingreso a una unión ganadera regional:
V. Disolución de la asociación y nombramiento de los liquidadores:
VI. Los demás para los que sean convocadas
Las decisiones de la asamblea extraordinaria deberán ser tomadas por mayoría calificada para los asuntos considerados en las fracciones I a V de este artículo.
CAPITULO V
De la administración de las organizaciones ganaderas
Artículo 24. La administración de los organismos estará a cargo de:
I. Un consejo directivo:
II. Un consejo de vigilancia:
III. Delegados, en su caso.
Artículo 25. El consejo directivo se integra por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales que la asamblea designe reunir los siguientes requisitos:
I. No ser servidor público al momento de la designación ni durante el desempeño del cargo:
II. No desempeñar ningún puesto de elección popular al momento de la designación ni durante el desempeño del cargo:
III. Que su ingreso principal derive de la actividad ganadera.
Las funciones de cada cargo se establecerán en los estatutos de la asociación.
Artículo 26. El representante legal de la asociación ganadera será el presidente del consejo directivo.
Artículo 27. El consejo directivo tendrá las siguientes facultades:
I. Ejecutar por medio de su presidente o por quien el designe, las resoluciones tomadas en las asambleas:
II. Reunirse por lo menos cada tres meses:
III. Convocar a las asambleas ordinarias y, en su caso, extraordinarias:
IV. Rendir un informe anual respecto de la situación general de la asociación:
V. Rendir trimestralmente al consejo de vigilancia informes sobre el estado financiero que guarda la asociación:
VI. Solicitar a la asamblea la exclusión de un asociado, cuando considere que existan por parte de éste, violaciones a las normas que rigen a la asociación:
VII. Las demás que se establezcan en sus estatutos.
Artículo 28. El consejo de vigilancia se integra por un presidente, un secretario y un vocal.
Artículo 29. El consejo de vigilancia tendrá las siguientes facultades:
I. Revisar los informes financieros que el consejo directivo presente:
II. Rendir a la asamblea opinión respecto al informe financiero del consejo directivo:
III. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo considere necesario:
IV. Las demás que se establezcan en sus estatutos.
Artículo 30. Los miembros de los consejos directivo y de vigilancia de las asociaciones ganaderas serán electos por la asamblea de entre sus miembros y durarán en su cargo dos años. Los de las uniones y confederación ganadera durarán en su cargo tres años.
Para todos los casos, los miembros de los consejos podrán ser reelectos por un solo periodo, mediante el voto de las dos terceras partes de los presentes.
Artículo 31. Ningún miembro de la asociación podrá integrar al mismo tiempo los consejos directivo y de vigilancia.
Artículo 32. Los delegados son los representantes del organismo ante la asamblea general del organismo inmediato superior. En el caso de asociaciones se nombrará un propietario y un suplente y dos propietarios y dos suplentes tratándose de las uniones. Durarán en su cargo dos y tres años, respectivamente y podrán ser reelectos por una sola vez, mediante el voto de las dos terceras partes de los presentes.
CAPITULO VI
De los asociados
Artículo 33. Para ser asociado se requiere:
I. Tener la calidad de ganadero:
II. Realizarla actividad ganadera en la localidad a que corresponda la asociación.
Artículo 34. Son derechos de Ir asociados:
I. Participar con voz y voto en las asambleas:
II. Convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria en los casos que señala el artículo 18 de esta ley:
III. Formar parte de los órganos directivos de la asociación:
IV. Separarse de la asociación:
V. Pertenecer en lo individual a cualquier agrupación política o social:
VI. Los demás que les confieran los estatutos y la ley.
Artículo 35. Son obligaciones de los asociados:
I. Cubrir las cuotas establecidas por la asamblea:
II. Cumplir los acuerdos tomados en las asambleas:
III. Desempeñar las comisiones y cargos que les encomiende la asamblea;
IV. Abstenerse de realizar actos que impidan la consecución de los objetivos de la asociación:
V. Las demás que les impongan los estatutos y la ley.
Artículo 36. Los miembros que se separen o sean expulsados de la asociación no tendrán derecho a ningún bien de la misma ni a que se les devuelva ninguna cantidad que hubieran aportado en su calidad de asociados.
Artículo 37. Ningún asociado podrá representar a más de un miembro en las asambleas para votar en su nombre. Un asociado podrá ser representado por cualquier otra persona siempre y cuando medie carta poder en la que delegue su derecho de voto.
CAPITULO VII
Del patrimonio de las asociaciones ganaderas
Artículo 38. El patrimonio de las asociaciones ganaderas se conforma por:
I. Las cuotas de sus miembros, que serán fijadas por acuerdo de la asamblea en relación a las posibilidades económicas de sus miembros:
II. Los subsidios y subvenciones de los municipios, de los gobiernos de los estados, de la Federación y de las instituciones particulares:
III. Las donaciones y los legados:
IV. Las aportaciones que reciban con motivo de asesorías o prestación de servicios en la actividad productiva ganadera, por parte de sus asociados o de cualquier otra persona.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará exclusivamente para el desarrollo de sus actividades y para el cumplimiento de sus finalidades.
Artículo 39. El total de las cuotas de los asociados formarán parte del fondo de las asociaciones ganaderas; en caso de afiliarse en unión regional o en la confederación ganadera, contribuirán y colaborarán con éstas en los términos que acuerden sus asociados.
Artículo 40. Las asociaciones ganaderas no tienen un carácter predominante lucrativo; sin embargo, pueden realizar actividades relativas al proceso económico de la producción ganadera en favor del sostenimiento de la asociación.
CAPITULO VIII
De la disolución y liquidación de las asociaciones ganaderas
Artículo 41. Las asociaciones ganaderas, además de lo previsto en sus estatutos, podrán disolverse por las siguientes causas:
I. Por imposibilidad de seguir realizando los objetivos que señala esta ley y los estatutos:
II. Porque el número de asociados llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece:
III. Por el acuerdo de las dos terceras partes de los asociados.
Artículo 42. El patrimonio de la asociación se aplicará conforme a lo establecido en sus estatutos y a falta de disposición se destinará a la unión ganadera que pertenezcan o, en su defecto, a otra asociación con objeto similar.
Artículo 43. Disuelta la asociación se procederá a su liquidación.
Artículo 44. Los liquidadores serán los representantes legales de la asociación en el tiempo que dure la liquidación.
Artículo 45. Los liquidadores tendrán las siguientes facultades:
I. Concluir las operaciones que hubieren quedado pendientes al momento de la disolución:
II. Cobrar lo que se deba a la asociación y pagar lo que ella deba:
III. En su caso, liquidar a cada asociado:
IV. Inscribir ante el registro en el que se constituyó la liquidación de la asociación:
V. Las demás que por sus funciones deban realizar.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Se abroga la Ley de Asociaciones Ganaderas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 1936 y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente.
Artículo segundo. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Artículo tercero. Se concede un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se publique esta ley, para que las asociaciones ganaderas que actualmente existen en la República, ajusten su organización y funcionamiento a lo previsto por esta ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 28 de noviembre de 1996.- Diputados: Salvador Becerra Rodríguez, Apolonio Méndez Meneses, Jorge Nieto Guzmán, José A. Castañeda Pérez, Jorge Urdapilleta Núñez, Jorge Antonio Catalán Sosa, Miguel Hernández Labastida, Cecilia Romero Castillo, David Vargas Santos, Consuelo Botello Treviño, María Teresa Tapia Bahena, Celina Prado Piña, José Luis Aguilar Martínez, Raúl Ríos Magaña, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Sergio T. Meza López, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Martha Patricia Mendoza Peña, Régulo Pastor Fernández Rivera, Carlos A. Nuño Luna, María Remedios Olivera Orozco, Nohelia Linares González, Alfonso Martínez Guerra, José Luis Torres Ortega, Salvador Fernández Gavaldón, José Pedro Sánchez Ascencio, Eduardo Cárdenas Lebrija, Francisco Santos Covarrubias, Guillermo Luján Peña, Francisco Peniche y Bolio, Hugo Meneses, Rafael Núñez Pellegrín, Tomás López Martínez, Manuel Arciniega Portillo, Luz de Jesús Salazar Pérez, Max Tejeda Martínez, José Jesús Durán Ruiz, Luis Rico y Samaniego, Abel García Ramírez, Francisco Ledezma Durán, Fernando Rivadeneyra, Eusebio Moreno Muñoz, Javier Gutiérrez Robles, Fernando Garzacabello García, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Claudio Manuel Coello Herrera, Víctor Manuel Palacios Sosa, Jorge González González, Francisco Limón Tapia, Alejandro Higuera Osuna, Luis Mena Salas, Rodolfo Elizondo Torres, Jorge Padilla Olvera, Jorge Gómez García, Pedro Flores Olvera, Miguel Alberto Segura Dorantes, Enrique Patiño Terán, José Iñiguez Cervantes, Luis Andrés Esteva Melchor, Ramón Cárdenas Gudiño, Rosa Margarita Guerrero Aguilar, Eduardo Arias Aparicio, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Rodrigo Robledo Silva, Zenen Xochihua Valdez, Alicia Céspedes Arcos y Javier Ortega Espinoza.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Ganadería.
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Alejandro Díaz y Pérez-Duarte, del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de Ley para crear el Instituto de Promoción de Exportaciones.
El diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados al Congreso de la Unión:
«Los suscritos diputados a la LVI Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa de Ley que crea el Instituto de Promoción de Exportaciones, de conformidad con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El comercio exterior es uno de los caminos que México debe reforzar para sacar adelante la agobiante situación económica que sufre el país, pues al final de la década de los noventa existe un mercado global al que apenas hemos atisbado a pesar de la apertura comercial realizada desde 1986.
Las actividades económicas ocupan un papel cada vez más importante en las relaciones entre los distintos países, por eso existe la urgencia de crear un organismo de fomento y promoción de las exportaciones, autónomo y técnico, que estando dedicado exclusivamente al logro de estos objetivos, proporcione el necesario complemento a las políticas impulsoras del Gobierno y canalice debidamente la iniciativa de los particulares.
Producir para el mercado nacional y al mismo tiempo ofrecer nuestros productos al exterior no es cosa sencilla, pero no debemos tenerle miedo, ya que si se contara con los mecanismos suficientes de promoción al comercio interior como al exterior del país, la acción comercial se facilitaría enormemente, lo que a su vez traería beneficio a los productores y al país mismo. Precisamente, el instituto que se propone deberá desempeñar sus funciones para promover el comercio exterior.
Cuando los productores mexicanos tienen un excedente en su producción y piensan en exportar, siempre piensan en el mercado norteamericano, debido tanto al tamaño de dicha economía como a nuestra cultura exportadora, la que hasta estos días manifiesta una tendencia aparentemente natural hacia el norte.
A nuestro juicio, es importante que exista una institución que verdaderamente apoye y diversifique los destinos de las exportaciones mexicanas, especialmente la de pequeños y medianos, productores, que los ayude a promover en el mundo los productos del campo y de la industria mexicanos, ya que actualmente sólo el 2.5% de las pequeñas y medianas empresas vende al exterior, mientras 300 grandes empresas actualmente surten el 80% de las ventas totales del país al exterior.
También existe la necesidad imperiosa de aumentar y diversificar las exportaciones no tradicionales, especialmente las de productos manufacturados que incorporen tecnología Propia, mano de obra y materiales nacionales. Tanto la mayor participación de más empresas en las exportaciones como la apertura de nuevos mercados deberá contribuir a una menor vulnerabilidad de nuestra economía y a tener una plataforma de crecimiento sano y sostenido a largo plazo.
Para apoyar la diversificación de nuestro comercio internacional, se propone que el instituto, con ayuda de las representaciones diplomáticas en los países con los que México sostiene relaciones actualmente, organice distintos eventos tanto a nivel internacional como nacional para mostrar los diversos productos y servicios que los pequeños y medianos empresarios mexicanos ofrecen al comprador internacional, así como concentrar la demanda de productos que podrían satisfacer los productores mexicanos.
Actualmente hay dos entidades gubernamentales, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), que están orientadas a la promoción del comercio exterior, aunque a pesar de que están dedicada a esta actividad ambas instituciones, éstas no están suficientemente coordinadas y carecen de los recursos necesarios para ser un verdadero soporte a las exportaciones. El apoyo que actualmente proporcionan consiste en facilitar créditos, suministrar garantías en forma muy limitada y realizar el esfuerzo promocional en forma insuficiente, apoyos que muchas veces no llegan a los empresarios que los requirieren, ya sea por desinformación de ellos o de los eventos que se realicen para este fin, lo que definitivamente se ve reflejado en la balanza de pagos de nuestro país.
El esfuerzo de los particulares, sumado al establecimiento de adecuados régimenes cambiario, tributario, crediticio y arancelario, no obstante ser muy importante, es insuficiente para alcanzar plenamente el objetivo exportador, por lo que se requiere contar con un instituto que con una adecuada planeación y organización, tanto en el interior del país como en el exterior, logre sacar avante este ramo tan importante de la economía.
Como se calcula que para 1997 las ventas de mercancías al exterior representarán el 35% ó36% del producto interno bruto, deberán instrumentarse medidas como la que se propone para garantizar que el comercio exterior sea realizado en apoyo a la política exterior de México y del beneficio del empleo de cada vez más mexicanos.
Por otro lado, es importante anotar que el instituto que se propone no será un banco de comercio exterior que reporte a la Secretaría de Hacienda ni solamente un regulador del comercio exterior, sino se propone que su consejo de administración sea encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en su papel de entidad encargada de dirigir la política exterior de México, pues el rol que juega el comercio exterior en las relaciones internacionales contemporáneas es cada día más grande. El consejo de administración del instituto se propone se integre con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial, así como con los presidentes de los organismos empresariales la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), él Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), y el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), para garantizar la orientación promotora que deberá tener el instituto.
Finalmente, es importante señalar la intención de que el instituto maneje recursos de un fondo provenientes del 0.05% de las exportaciones anuales (recursos que equivalen aproximadamente a 50 millones de dólares para 1997) y el 2% de los ingresos que tenga el Gobierno Federal por concepto los actuales de impuestos al comercio exterior (recursos que equivalen aproximadamente a 40 millones de dólares para 1997).
Se propone que el instituto administre este fondo de unos 90 millones de dólares para fortalecer el volumen de exportaciones, diversificar los destinos de éstas, así como el promover que participe un número mayor de exportadores, en especial pequeñas y medianas empresas, dedicando no más del 1% del fondo para solventar sus gastos administrativos para garantizar que el 99% restante sea dedicado efectivamente a la promoción de exportaciones.
Con base en estas consideraciones, nos permitimos presentar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DE LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
CAPITULO I
Del instituto y sus atribuciones
Artículo 1o. Se crea una institución de tipo privado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de México, que se denominará instituto de promoción de exportaciones con el fin de fomentar y coordinar los esfuerzos tendientes a estimular las transacciones comerciales de los productores nacionales.
El instituto también fungirá como órgano asesor en materia comercial y estará en capacidad de establecer las agencias o sucursales que considere conveniente en otras ciudades del país o en el extranjero.
Artículo 2o. El instituto de promoción de exportaciones tendrá por objeto fomentar, diversificar y, en general, estimular las exportaciones mexicanas, especialmente aquellas que tengan el carácter de no tradicionales, que están destinadas a nuevos mercados o que provengan de nuevos exportadores nacionales.
Se considerará exportación no tradicional aquélla cuyo volumen de exportación no hubiere superado el 15% del volumen total de las exportaciones consignado en la balanza de pagos correspondientes al año anterior y aquella que el instituto declare como tal por su potencial de exportación.
Se considerarán nuevos mercados aquéllos en los que las exportaciones mexicanas alcancen menos del 5% de las exportaciones del año anterior.
Se considerará como nuevo exportador a aquél que no haya hecho transacciones comerciales internacionales en más de dos años en los últimos cinco.
CAPITULO II
De las funciones
Artículo 3o. Corresponderá al instituto ejercer las siguientes funciones:
I. Promover políticas sobre el otorgamiento de créditos y garantías para apoyar el comercio exterior del país:
II. Recomendar los riesgos máximos de responsabilidad crediticia por país en operaciones de exportación:
III. Recomendar los riesgos máximos por país de responsabilidad por seguros y garantías de crédito:
IV. Apoyar las operaciones de exportación que considere de interés nacional:
V. Fomentar las actividades inherentes a la promoción del comercio exterior, tales como difusión, estudio de productos y servicios exportables, sistemas de ventas, apoyo a la comercialización y organización de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores:
VI. Crear comités consultivos regionales con la participación de los exportadores organizados:
VII. Estudiar en todos sus aspectos los mercados externos;
VIII. Informar y divulgar todas las oportunidades y características que presenten los mercados externos:
IX. Asesorar en todas las materias que estén relacionados con los procedimientos, trámites y regulaciones aplicables a las exportaciones:
X. Formular proposiciones a los sectores públicos y privados:
XI. Participar en las negociaciones de tratados comerciales internacionales.
Las demás que el consejo directivo le encomiende.
Artículo 4o. Para estimular y diversificar las exportaciones, el instituto ejercerá las siguientes funciones promocionales:
I. Entrenar y utilizar equipos de promotores especializados:
II. Actuar a través de todo el país y en el extranjero, en labores de fomento, divulgación, contacto y asesoría, para lo cual utilizará preferentemente los edificios donde se encuentren las oficinas de los servicios o empresas del Estado o en que éste tenga aportes mayoritarios:
III. Evaluar la aplicación y aprovechamiento de los estímulos a las exportaciones sin perjuicio de las atribuciones del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda:
IV. Promover la creación y cooperar en el funcionamiento de las organizaciones de exportadores.
Artículo 5o. Con objeto de orientar la política de fijación y control cualitativo de créditos destinados al fomento de las exportaciones, el instituto podrá ejercer las siguientes funciones:
I. Recomendar el otorgamiento de créditos, sea al exportador o a los importadores en el exterior para sus compras en el país, en cualquier forma: líneas de crédito, préstamos o descuentos:
II. Recomendar a los entes o servicios públicos autorizados el otorgamiento de avales, fianzas o cauciones para otorgar garantías solidarias en las operaciones de exportación.
III. Recomendar la publicación y aplicación de normas para el otorgamiento de seguros de crédito a las exportaciones a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
IV. Informar respecto de la conveniencia de contratar créditos en el país con los bancos de fomento, con las empresas u organismos financieros públicos o privados destinados al fomento de las exportaciones:
V. Informar respecto de la conveniencia de contratar créditos en el exterior, destinados al fomento de las exportaciones:
VI. Recomendar, cuando así proceda, la emisión de bonos, en moneda nacional, destinados al fomento de las exportaciones:
VII. Servir de intermediario, en la colocación de créditos externos para la promoción de exportaciones en México:
VIII. Servir de intermediario, en la colocación de bonos nacionales o extranjeros destinados a promover las exportaciones.
CAPITULO III
De la administración
Artículo 6o. El instituto seguirá las directrices de un consejo compuesto por las siguientes personas:
I. El Secretario de Relaciones Exteriores, quien lo encabezará:
II. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial:
III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público:
IV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación:
V. El presidente de la Confederación de cámaras Nacionales de Comercio:
VI. El presidente del consejo coordinador empresarial:
VII. El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y
VIII. El presidente del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI).
El quorum para sesionar será de seis miembros mínimo y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo en caso de empate el voto del presidente.
Artículo 7o. Corresponderá al presidente presidir las sesiones del consejo, velar por que éste cumpla con las obligaciones y ejerza las atribuciones que esta ley le impone, así como ejecutar las demás funciones que le encomien. de el consejo dentro de la esfera de sus atribuciones.
Artículo 8o. Corresponderá al consejo el llevar a cabo los preceptos del Capítulo ll de este cuerpo legal y además:
I. Fijar la política general del instituto y sus programas de acción:
II. Aprobar los presupuestos y balances anuales que someta a su consideración el director general del instituto:
III. Nombrar y remover a los directores a propuesta del director general del instituto:
IV. Aprobar anualmente la planta del servicio civil:
V. Fiscalizar el correcto cumplimiento de las funciones que se encomiendan al instituto:
VI. Aprobar la memoria anual a propuesta del director general.
Artículo 9o. El director general será nombrado por el consejo; será el representante legal del instituto y deberá cumplir con los siguientes cometidos:
I. Ejecutar la política general y los programas de acción, de acuerdo a las directivas impartidas por el consejo:
II. Someter al consejo la aprobación de los presupuestos, balances, plantas, nombramientos o remociones de personal:
III. Ejercer las demás atribuciones que le encomiende el consejo, el reglamento o que le sean delegadas:
IV. Delegar la representación que tiene del instituto, así como las facultades que le hayan sido delegadas a su vez por el consejo, en funcionarios superiores del servicio.
CAPITULO IV
Del patrimonio y recursos
Artículo 10. Para el cumplimiento de sus fines el instituto dispondrá de los siguientes recursos:
I. Los aranceles provenientes del 0.05% de las exportaciones; mismo que será entregado mensualmente en base a las exportaciones registradas el mes anterior.
II. El 2% de los ingresos que hubiera recibido el Gobierno Federal por concepto de impuestos al comercio exterior el año inmediato anterior y que será ministrado en 12 partidas mensuales.
Artículo 11. El instituto deberá depositar sus fondos en las cuentas bancarias que determine el consejo, previa autorización de la Secretaría de la Contraloría y contra las cuales podrá girar y operar libremente para el cumplimiento de sus fines, en la forma que determine el Reglamento.
CAPITULO V
Disposiciones generales
Artículo 12. El instituto no podrá destinar a los gastos administrativos más del 1.0% de los recursos puestos a su disposición.
Artículo 13. El instituto, con arreglo a lo dispuesto en este texto y a las disposiciones vigentes, podrá realizar sus operaciones en el país o en el exterior, en moneda nacional o extranjera, directamente o por conducto de entidades públicas o privadas.
Artículo 14. El personal del instituto tendrá carácter de empleado u obrero particular y, en consecuencia, tanto para su nombramiento o remoción, como para todos los actos comprendidos en su relación con el servicio, estará afecto, exclusivamente, a las normas y procedimientos aplicables a tales trabajadores.
El personal estará afecto al régimen provisional del IMSS.
Artículo 15. El instituto de promoción a las exportaciones estará facultado para coordinar las funciones, atribuciones y facultades que otros servicios de la administración centralizada o descentralizada del Estado tengan en materia de fomento, diversificación y estímulo de las exportaciones mexicanas.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Esta ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro del plazo de 180 días contados desde la publicación del presente decreto el personal que actualmente presta sus servicios en las entidades gubernamentales para la promoción de exportaciones (Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), podrán pedir su transferencia en forma permanente al instituto, previa solicitud y satisfacción de los requisitos necesarios para el ingreso a la institución.
Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 1996.- Diputados: Jorge Enrique Dávila y Juárez, Agustín Torres Delgado, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Francisco Javier Santos Covarrubias, Cecilia Romero Castillo, Miguel Hernández Labastida, Jorge Urdapilleta Núñez, Miguel Acosta Ruelas y Consuelo Botello Treviño.»
La Presidenta:
Túrnese a la Comisión de Comercio.
DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
«Diputada Sara Esther Muza Simón, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
En virtud de que con esta fecha he sido declarado diputado electo a la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de México, con fundamento en los artículos 62 y 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a esta LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que opto por la representación popular para la cual fui declarado electo en esta fecha.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
México, D.F., a 2 de diciembre de 1996.- Diputado Joaquín Humberto Vela González.»
De enterado.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El secretario Cecilio Lepe Bautista:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Barbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Senadores: Jorge Omar Polanco Zapata y Raúl Durán Reveles, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Barbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Senadores: Angel Sergio Guerrero Mier, presidente; Jorge Omar Polanco Zapata y Raúl Durán Reveles, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El secretario José Luís Martínez Alvarez:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Senadores: Jorge Omar Polanco Zapata y Raúl Durán Reveles, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Senadores: Ángel Sergio Guerrero Mier, presidente; Jorge Omar Polanco Zapata, Raúl Durán Reveles, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales, licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
La Presidenta:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaria consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura del dictamen.
«Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados fueron turnadas, para su estudio, análisis y elaboración del presente dictamen, tres iniciativas.
La primera, recibida el 7 de noviembre de 1995, en donde los miembros de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, propone reformar los artículos 29 fracción ll; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42 fracciones lll y V; 43; 43-bis; 45; 47; 51-bis-4 fracción l,59; 67; adicionar los artículos 45-bis; 60; 61; 65 y 67 y derogar la fracción Xl del artículo 16; el último párrafo de la fracción lll del artículo 29; el segundo párrafo de la fracción ll del artículo 30; el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción ll del artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La segunda, recibida el 21 de noviembre de 1996, por medio de la cual los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propone reformar los artículos 39 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La tercera iniciativa, recibida el 15 de noviembre de 1996, presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de las facultades que le confiere el artículo 71 fracción I y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reformar los artículos 50.16 fracciones VII y X; 17 párrafo tercero; 25 párrafo primero; 29 fracciones II y III; 30 fracciones II y IV; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41 párrafos segundo y tercero; 42 fracciones I, II y IV; 43; 43-bis; 44 párrafo primero; 45; 47 párrafo primero; 49 párrafo primero; 51 párrafo tercero; 51-bis párrafo segundo; 56 y 59; adicionar los artículos 16 con una nueva fracción X pasando la actual fracción X que se reforma y las actuales fracciones XI, XII y XIII, a ser las XI, XII, XIII y XIV respectivamente; 29 fracción I con un segundo y tercer párrafos, con las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX, así como con dos últimos párrafos; 30 con las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI; 41 con un cuarto párrafo; 51 con un nuevo cuarto párrafo pasando los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto a ser el quinto, sexto y séptimo párrafos respectivamente; 69 y 70 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En los términos de los artículos 54,56 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social son competentes para conocer de la iniciativa en cuestión; por lo que, en cumplimiento de dichos preceptos y conforme a lo dispuesto en los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscribimos sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente
DICTAMEN
Las iniciativas proponen reforzar y perfeccionar el cumplimiento del compromiso del Estado Mexicano por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores; en especial por lo que hace a la acción del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya creación se sustenta en la fracción Xll del apartado A del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene como principal objetivo administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer esquemas para otorgar crédito barato y suficiente al alcance de los trabajadores para, que puedan adquirir en propiedad su vivienda, acorde con la aspiración de avanzar hacia la plena materialización de los derechos sociales consagrados en nuestra Carta Magna.
ANTECEDENTES
Debido a que las tres iniciativas atienden propuestas de reformas a la misma ley, se consideró por estas comisiones unidas analizarlas al mismo tiempo para emitir el dictamen correspondiente.
Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 43 fracción II, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55,56,60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de las iniciativas referidas.
Estas comisiones unidas consideran que toda reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe estar orientada a fortalecer la capacidad del instituto para cumplir cabalmente con su responsabilidad de otorgar créditos al alcance de los trabajadores para que puedan adquirir en propiedad su casa-habitación, como lo establece el articulo 123 apartado A fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo último de la política social y económica, que es el de crear condiciones materiales que sustenten un mejoramiento continuo en el nivel de vida de la población, particularmente el de los sectores más desprotegidos, se apoya, de manera importante, en la existencia de instituciones capaces de atender las necesidades básicas de la sociedad. En este ámbito, la evolución durante los últimos años de factores importantes como son el perfil demográfico de la población, la creación de nuevos instrumentos financieros, la integración de los mercados de vivienda y el surgimiento de nuevas instituciones, como lo es el sistema de pensiones, hacen necesaria la modernización en ese sentido del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En este orden de ideas, se debe buscar el fortalecimiento del instituto en tres ámbitos principales.
Primero, elevando el volumen de recursos que habrán de destinarse al financiamiento de la compra de vivienda; estos recursos provendrán, tanto del propio Fondo Nacional de la Vivienda, como de otras instituciones financieras.
Segundo, estableciendo mecanismos que aumenten la eficiencia en la administración de los recursos y simplifiquen la operación del mismo en beneficio, tanto de los trabajadores, como de los patrones.
Tercero, asegurando un rendimiento a los depósitos de los trabajadores, superior al incremento del salario mínimo en el Distrito Federal, lo cual habrá de traducirse en una pensión más digna al momento en que los trabajadores adquieran el derecho a recibir dicha pensión.
Las comisiones unidas consideran que cualquier reforma a ;a Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe avanzar significativamente hacia un sistema más equitativo y transparente. La presencia de estos elementos brindará mayor certidumbre al trabajador respecto del ejercicio de sus derechos para recibir un crédito para la adquisición de su vivienda y, por esta razón, constituirá un estímulo para elevar su ahorro.
La vacación social del instituto se debe reafirmar con las reformas propuestas. En este sentido se debe ampliar la protección del patrimonio de los trabajadores, incrementar la capacidad para atender a un mayor número de trabajadores y otorgarles financiamiento para obtener su vivienda y establecer los mecanismos que simplifiquen el acceso a la información sobre los saldos depositados en la subcuenta de vivienda.
Con el anterior propósito, las comisiones unidas, partieron del reconocimiento constitucional de que el derecho a la vivienda para los trabajadores es una garantía social que abre los caminos del bienestar para la familia obrera y concreta los términos de la justicia para la gran mayoría de los trabajadores mexicanos.
Se consideró que las recientes reformas a las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro han hecho imperativa la adecuación del cuadro normativo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para articularse apropiadamente con los sistemas de ahorro para el retiro y simplificar los procesos administrativos inherentes a la captación de recursos en beneficio de los trabajadores derechohabientes. De esta forma, se concluirá con una etapa de adecuaciones dirigidas a aumentar el ahorro nacional y consolidar el sistema de seguridad social de los mexicanos.
Con base en lo anterior, una vez revisados y discutidos los contenidos de cada iniciativa, estas comisiones unidas resuelven al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
A. La propuesta de iniciativa planteada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incluye, además de las reformas de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, modificaciones a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Por lo que se refiere al conjunto de modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, éstas conducirían a separar al fondo de la vivienda del nuevo sistema de pensiones ya aprobado en las leyes respectivas, planteando además el regreso a esquemas de subsidio ya superados que estaban produciendo la descapitalización de los ahorros de los trabajadores y del propio instituto.
Dicha separación no permitiría que el trabajador obtenga una pensión decorosa al momento del retiro ni favorecería la constitución de capitales prestables a largo plazo.
B. En cuanto al Proyecto de Reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional se observa que:
1o. Los proponentes de la iniciativa manifiestan que México ha sufrido fuertes colapsos financieros durante 20 años debido a la falta de ahorro interno, que se requiere un mayor porcentaje de ahorro a lo largo de la vida de los trabajadores, que el único ahorro que puede añadirse a las modificaciones ya aprobadas sin incrementar las cargas sociales que pagan trabajadores y/o empresarios es incorporar las cuotas pagadas al Infonavit, siempre y cuando se mantengan en términos reales, lo que obliga a cambiar la regulación actual para garantizar que se proteja, tanto el interés de quienes pagan su vivienda, como el de los trabajadores a cuyo nombre se han depositados las cuotas y que los requerirán para cuando llegue su retiro.
Los proponentes manifiestan que la Ley del Infonavit debe estipular la existencia de un fondo en donde inviertan los ahorros y no desaparezcan; un fondo que conserve el ahorro y ofrezca intereses positivos y cuyos rendimientos estén por arriba de la inflación.
Agregan que si se tomara en cuenta para aumentar este porcentaje de rendimiento, el incremento al salario mínimo, tampoco se obtendrían remuneraciones aceptables para el trabajador jubilado, cuando más se estaría actuando demagógicamente en beneficio de unos pocos miles de beneficiarios de vivienda, y en perjuicio de millones de trabajadores.
2o. Aún cuando en la iniciativa se persigue el legítimo propósito de otorgar rendimientos reales para conservar el ahorro y consecuentemente para asegurar a los trabajadores una pensión digna y decorosa al momento de su retiro, la propuesta omite considerar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene como objetivo establecer mecanismos que permitan cumplir con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 123 constitucional de otorgar crédito barato y suficiente a los trabajadores. Tampoco considera el espíritu de solidaridad que priva entre todos los derechohabientes del propio instituto. Finalmente, la propuesta de incrementar la tasa de interés entre 2% y 4% sobre el índice nacional de precios al consumidor de los 12 meses anteriores sobre saldos insolutos, afectaría severamente la capacidad de pago, y por ende, el monto de crédito que podrían recibir. Los problemas que han vivido los deudores de las instituciones bancarias son muestra de ello, toda vez que los ingresos de los trabajadores no se ajustan en los mismos términos que la inflación o en última instancia, las aportaciones patronales tampoco se fijan como un porcentaje en términos reales, sino sobre el propio salario del trabajador, por lo que de modificarse, como se propone en la iniciativa también, éste debería ser un elemento a considerar.
30. Del análisis de la propuesta se desprende que se generaría un efecto positivo en cuanto al rendimiento de las pensiones, pero sería negativo para la mayoría de los trabajadores que por ser de bajos ingresos quedarían marginados para tener acceso a un crédito.
C. La iniciativa del Ejecutivo para reformar y adicionar a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pretende, por una parte, elevar la eficiencia del funcionamiento del instituto y por otra parte, dar al trabajador una mayor certidumbre en cuanto a su patrimonio y más amplias bases en cuanto a la disposición que de él haga.
Se precisan los alcances de los procesos de afiliación, emisión-notificación de cédulas de determinación de pagos y recaudación. Así, el marco normativo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores complementa las medidas que en materia de previsión para el retiro de los trabajadores ha formulado el Ejecutivo Federal, estableciendo una canalización ágil y adecuada de las aportaciones de los patrones hacia las subcuentas de vivienda. En forma adicional, se simplifican y fortalecen los procesos administrativos institucionales y se coordinan los esfuerzos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que a través de acciones únicas se obtenga un mayor control sobre las obligaciones patronales.
Se prevé que el instituto podrá registrar patrones e incluir trabajadores con su respectivo salario de aportación aún sin previa gestión de los mismos, lo cual será de importancia capital para mantener actualizados sus registros.
Actualmente, los procesos de afiliación de patrones y trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social son distintos. Con el establecimiento de mecanismos para la unificación del proceso de afiliación se permitirá contar con una base única de información sobre los movimientos de patrones y trabajadores.
Para la emisión-notificación de cédulas para la determinación de pagos, el instituto actualmente sólo considera los descuentos que el patrón debe de efectuar para las amortizaciones de créditos. Con la iniciativa se integra un proceso único Infonavit-lMSS para la emisión-notificación de cédulas de determinación de pagos en el que se incluyen la recuperación de aportaciones y la amortización de créditos junto con los seguros de retiro, vejez y cesantía.
De igual modo, se establece que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrón, respecto de las obligaciones que le correspondan, hasta por dos años después del cambio de patrón; con lo que se brindará mayor protección al trabajador en cuanto hace al cumplimiento del pago de las aportaciones patronales.
Queda establecido el derecho del trabajador para solicitar información, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de su patrón, a las Administradoras de Fondos para el Retiro y para obtener, en el caso de los acreditados, información directa del instituto sobre el estado de cuenta de su crédito.
Se amplían los derechos de reclamo del trabajador, sus beneficiarios o representante sindical en los casos de incumplimiento de las Administradoras de Fondos para el Retiro y se establece que la información que éstas y las empresas operadoras manejen será confidencial.
Otra medida de protección al trabajador es la que comprende los casos en que el trabajador pierda su empleo, para lo cual se amplía una prórroga al pago de su crédito sin causa de intereses moratorios. Complementariamente, para los casos en los que el trabajador pierda su relación laboral y tuviere una obligación crediticia para la construcción o adquisición de su habitación con alguna entidad financiera, se prevé que el trabajador podrá dar en garantía el saldo de su subcuenta de vivienda; que además se verá incrementado con las aportaciones patronales subsecuentes.
Se establecen mecanismos para ampliar la atención a los trabajadores en cuyas empresas existan planes de previsión social, a través de esquemas de cofinanciamiento entre el instituto y las instituciones financieras donde los ahorros se canalicen para la constitución de enganches y las aportaciones subsecuentes sean para la amortización del saldo insoluto del crédito otorgado por el instituto.
Se amplían las facultades del acreditado para que pueda enajenar o gravar su vivienda, al eliminar la limitante de que ello fuera sólo a otro derechohabiente. De esta forma, los acreditados podrán integrarse libremente a un mercado abierto de vivienda, ampliando y mejorando sus opciones.
Otro mecanismo de protección al patrimonio de los trabajadores es que el instituto podrá participar en la promoción, desarrollo y abaratamiento de esquemas de aseguramiento, a cargo de los acreditados, que permitan ampliar la cobertura contra siniestros.
La homologación de la integración de la base y límite superior salarial y del periodo de pago del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con los del Instituto Mexicano del Seguro Social es otra de las propuestas contenidas en la iniciativa que proporcionará una mejor supervisión de las obligaciones patronales y en consecuencia una mejor captación de recursos en favor de los trabajadores derechohabientes; especialmente cuando, en concordancia con las facultades del instituto como organismo fiscal autónomo, se establece la realización de inspecciones domiciliarias y la obligación patronal de atender los requerimientos de pago e información que se les formule; así como la obligación de las empresas que están sujetas a dictaminar sus estados financieros, a presentar al instituto copia de los mismos con firmas autógrafas.
Los integrantes de las comisiones unidas estiman que esta propuesta para dotar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de mayores facultades para ejercer sus funciones como organismo fiscal, permitirá obtener con oportunidad y en forma integral las aportaciones patronales, las cuales son la base del otorgamiento de créditos de vivienda para los trabajadores.
Como resultado de la articulación con el sistema de pensiones se propone establecer la facultad de los trabajadores para realizar aportaciones voluntarias, que, previo consentimiento del trabajador, podrán ser transferidas a la subcuenta de vivienda, a fin de ser utilizadas para el financiamiento de un crédito a su favor.
Adicionalmente, los trabajadores podrán hacer depósitos extraordinarios destinados específicamente a los programas de financiamiento de vivienda que apruebe el consejo de administración del instituto.
Con la disminución del tope máximo del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, se aplicará una mayor racionalización y eficacia administrativa, lo que beneficiará directamente a los derechohabientes al incrementar el remanente anual de operación.
Se propone también la separación entre el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y se fortalece éste último con la disposición de que los recursos de la subcuenta de vivienda que prescriban a los 10 años de ser exigibles por su titular o sus beneficiarios pasen a formar parte del Fondo Nacional de la Vivienda.
Dentro de la iniciativa adquiere especial relevancia la norma que dispone que en lo sucesivo la subcuenta de vivienda devengará y pagará un interés superior al incremento del salario mínimo en el Distrito Federal. El interés anual que se acredite a las subcuentas de vivienda se integrará con una cantidad básica igual al incremento de los salarios mínimos aprobados para ese año y acreditada en la subcuenta cada mes, más una cantidad de ajuste anual determinada por el consejo de administración al cierre de cada ejercicio. En este sentido, la responsabilidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de otorgar crédito barato y suficiente, condiciona los rendimientos que se pueden otorgar a las subcuentas de vivienda, ya que la amortización de los créditos otorgados por el instituto se fija con base en el incremento de los salarios mínimos.
Estas comisiones unidas después de múltiples reuniones de carácter plural, con la asistencia de las fracciones parlamentarias, representantes de los trabajadores, especialistas en la materia, representantes de organismos empresariales, servidores públicos de las instituciones de seguridad social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en uso de las facultades anteriormente referidas y como resultado de dichos encuentros y de las consideraciones arriba expresadas, han determinado desechar las propuestas de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
En cuanto a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, estiman que la misma responde a las necesidades de modernización del instituto. Asimismo juzgan que ella puede ser enriquecida con las consideraciones y modificaciones que se señalan a continuación.
Con la determinación de reducir los gastos de administración, operación y vigilancia en el artículo 16 fracción VII, hasta llegar a un 0.55%, resulta innecesario lo señalado en el párrafo cuarto de ese artículo. Por tanto se propone no incluirlo en el texto de la ley.
Con objeto de dar cumplimiento al acuerdo Presidencial que crea la clave única de registro de población (CURP), se modifica el artículo 29 fracción I párrafo segundo, en el sentido de sustituir la referencia al número de seguridad social por la clave única de registro de población. Lo anterior permitirá asegurar la correcta identificación de los recursos de cada trabajador depositados en la subcuenta de vivienda.
Con el propósito de lograr una mayor precisión en el artículo 29 fracción II párrafo quinto, línea 2, se eliminan las palabras "en tanto no" y se agrega "hasta que".
Adicionalmente, las comisiones unidas han considerado conveniente formular una reforma a través de la cual se elimina el descuento del 1% al salario integrado de los acreditados, que los patrones efectúan a los trabajadores por concepto de administración, operación y mantenimiento de los conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por ello se modifican los artículos 29 fracción III y 64.
Las causas principales que llevaron a esta conclusión son: los trabajadores deben resolver autónoma e independientemente los mecanismos, montos y formas de organización para la recaudación de sus cuotas de mantenimiento; el descuento se instrumentó básicamente para los conjuntos de línea I que fueron suspendidos a partir de 1992, por tanto los créditos pendientes de liquidar van disminuyendo y, en consecuencia, también los recursos para ese fin; el 1% es insuficiente para los requerimientos de administración, mantenimiento y operación; el descuento es inequitativo pues su bases el salario integrado vigente del acreditado, independientemente del tipo de vivienda del trabajador y porque los acreditados que se encuentran al corriente en la amortización de su crédito subsidian a los que han caído en cartera vencida; en un número importante de conjuntos habitacionales no se retiran los re cursos debido a los bajos montos que representan o bien porque sus representaciones vecinales no se han constituido o no han renovado la vigencia de sus mesas directivas; asimismo, el instituto incurre en gastos administrativos generados por todo el proceso del 1%. En consecuencia, también se deroga la parte correspondiente al artículo 64.
A efecto de brindar mayor seguridad al patrimonio de los trabajadores, en el artículo 29 fracción VII, se establece que el monto de las aportaciones a la subcuenta de vivienda que no haya sido posible individualizar, se depositen en una cuenta específica que se administrará en los mismos términos de los recursos individualizados del Fondo Nacional de la Vivienda. Asimismo, se adiciona un último párrafo a fin de señalar la obligación de las administradoras de fondos para el retiro de individualizar las aportaciones de los patrones que se dediquen a la actividad de la construcción. Por considerarse que presenta una mayor precisión, se sustituye una "y" por una coma en el artículo 29 fracción IX, párrafo segundo.
Por otra parte, el instituto está facultado a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones patronales de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refieren los artículos 29 y 30, así como asegurar la oportuna inscripción de los patrones y de los trabajadores en el instituto, según lo marca el artículo 31. Lo anterior, con el propósito de dar plena vigencia a los derechos de los trabajadores en esta materia.
Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales, evitar duplicidad de acciones y abatir los costos administrativos asociados a estas acciones, el instituto estará facultado para suscribir convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para llevar a cabo acciones conjuntas de fiscalización y crear esquemas que simplifiquen la inscripción de los patrones y trabajadores en el propio instituto.
Con el propósito de precisar expresamente los artículos más relevantes que corresponden a la aplicación del artículo 40 párrafo primero, de la iniciativa, en lo que toca a las leyes del Seguro Social y del SAR respectivamente, se hace la adición correspondiente. Asimismo, para establecer una clara vinculación entre lo previsto entre el párrafo primero y el segundo del artículo 40, se agregan al inicio del párrafo segundo las palabras "a efecto de lo anterior...".
Asimismo, para facilitar la tramitación a través de diversas formas, se eliminan de la solicitud prevista en ese párrafo las palabras "por escrito".
Con objeto de brindar una mayor protección al trabajador en su patrimonio, se amplía la hipótesis a partir de la cual se otorgan las prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios por el hecho de haber dejado de percibir ingresos salariales, cualquiera que sea la causa que lo motive. Con el deseo de precisar el plazo en que se debe ejercer la solicitud de prórroga y su efecto en caso de no hacerlo en tales términos, se señala al final del párrafo primero que en caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días, ésta no se le autorizará. Para ofrecer una mayor precisión a lo establecido en el artículo 41 párrafo tercero, se modifica su redacción.
A fin de precisar los alcances de lo establecido en el párrafo cuarto del articulo 43, se adopta una modificación a su redacción.
En virtud de condiciones económicas coyunturales que han afectado a la clase trabajadora, se recomienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la continuación de los programas de facilidades, así como la difusión de los mismos, incluyendo medidas específicas de atención a sus derechohabientes acreditados que hubiesen perdido su relación laboral. Se suprime en el párrafo segundo del artículo 56, la posibilidad de que se otorguen prórrogas a los patrones que hubiesen efectuado descuentos por amortizaciones de crédito, para evitar que esta facilidad se utilice en perjuicio del patrimonio del trabajador.
En el periodo de transición hacia el nuevo sistema de pensiones, los trabajadores que hayan adquirido derechos conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, al momento de adquirir el derecho a una pensión podrán optar por recibir los beneficios que define dicha ley o los que define la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el lo. de julio de 1997, los que resulten más convenientes para el trabajador. Debido a que en el primer caso será el Gobierno Federal el que asuma la obligación de brindar los beneficios, en la ley que habrá de entrar en vigor el 10. de julio de 1997 se establece que las aportaciones acumuladas en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregadas al Gobierno. Para hacer congruente a la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el proceso de transición antes mencionado, se establece un tratamiento a los fondos de la subcuenta de la vivienda acumulados a partir del cuarto bimestre de 1997 similar al definido en la nueva Ley del Seguro Social.
Por último, se incorporan tres artículos transitorios dirigidos a establecer la forma en que se regirá el procedimiento para la devolución de las cuotas del 1% para la administración, mantenimiento y operación de conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; para la entrada en forma gradual del cobro de intereses ordinarios en el pago de las prórrogas y para la aplicación del número de seguridad social hasta que el trabajador obtiene su clave única de registro de población.
Nuestra Carta Magna contiene en su capítulo de garantías individuales lo correspondiente al derecho de toda familia a tener una vivienda digna y decorosa y reitera en su apartado de garantías sociales, el derecho de los trabajadores a contar con habitación propia y suficiente.
La iniciativa se examinó frente a la compleja problemática que plantea la vivienda y bajo el marco del nuevo sistema de pensiones. Como resultado, se concluye que la adecuación del régimen jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una exigencia. No hacerlo así sería renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores.
Durante su existencia, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha venido cumpliendo con su trascendental función, pero es necesario fortalecerlo de tal suerte que pueda estar en condiciones de cumplir cabal y eficientemente con su responsabilidad.
Con ese espíritu social consecuente con el estado de derecho que regula la convivencia nacional y por lo anteriormente expuesto, las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social someten a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Artículo único. Se reforman los artículos 50.; 16 fracciones VII y X; 17 párrafo tercero; 25 párrafo primero; 29 fracciones II y III; 30 fracciones II y IV; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41 párrafos segundo y tercero; 42 fracciones I, II y IV; 43; 43-bis; 44 párrafo primero; 45; 47 párrafo primero; 49 párrafo primero; 51 párrafo tercero; 51-bis párrafo segundo; 56,59 y 64; se adicionan los artículos 16 con una nueva fracción X pasando la actual fracción X que se reforma y las actuales fracciones XI, XII y XIII, a ser las XI, XII, XIII y XIV respectivamente; 29 fracción I con un segundo y tercer párrafos, con las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX, así como con dos últimos párrafos; 30 con las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y Xl; 41 con un párrafo cuarto; 51 con un nuevo párrafo cuarto, pasando los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto a ser el quinto, sexto y séptimo párrafos respectivamente; 69 y 70 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:
"Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integra:
I. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Gobierno Federal:
II. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, los cuales se determinarán en los términos de los reglamentos respectivos:
III. Con los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas:
IV. Con los bienes y derechos que adquiera por cualquier título:
V. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo.
Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores.
"Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, los que no deberán exceder del 0.55% de los recursos totales que maneje.
Los gastos de administración, operación y vigilancia serán las erogaciones derivadas del manejo y control del Fondo Nacional de la Vivienda, así como las de recuperación de los créditos que otorgue el instituto.
El consejo de administración deberá someter a dictamen de auditores externos el ejercicio de presupuesto de gastos, previamente a que lo presente a la Asamblea general para su aprobación:
VIII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Determinar la tasa de interés que generará el saldo de la subcuenta de vivienda en los términos del artículo 39.
XI. Determinar las reservas que deban constituirse para asegurar la operación del Fondo Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del instituto. Dichas reservas deberán invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la banca de desarrollo.
XII a XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Comisión de Vigilancia será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el artículo 70.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 25. La Comisión de Inconformidades y de Valuación se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados conforme a lo dispuesto por el artículo 16. Por cada miembro propietario se designará un suplente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los patrones estarán obligados, siempre que contraten un nuevo trabajador, a solicitarle su número de clave única de registro de población.
Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de su inscripción:
II. Determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal de Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.
Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.
Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente ley y en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. Lo anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el instituto.
Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta:
III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, en la forma y términos que establece esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida en la fracción II del presente artículo.
A fin de que el instituto pueda individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarle !a información relativa a cada trabajador en la forma y periodicidad que al efecto establezcan esta Ley y sus disposiciones reglamentarias:
IV. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo, establecidas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias:
V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código Fiscal de la Federación y sus disposiciones reglamentarias. A efecto de evitar duplicidad de acciones, el instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la coordinación de estas acciones fiscales:
VI. Atender los requerimientos de pago e información que les formule el instituto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes:
VII. Expedir y entregar, semanal o quincenalmente a cada trabajador, constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, conforme a los periodos de pago establecidos, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción. Asimismo, deberán cubrir las aportaciones aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, en cuyo caso su monto se depositará en una cuenta específica que se manejará en los mismos términos que los recursos individualizados del Fondo Nacional de la Vivienda, hasta en tanto se esté en posibilidad de individualizar los pagos a favor de sus titulares, en los términos de esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les abonen a sus cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, los importes que les correspondan.
La administradora de fondos para el retiro en la que el trabajador se encuentre registrado tendrá a petición del mismo, la obligación de individualizar las aportaciones a que se refiere esta fracción contra la presentación de las constancias mencionadas:
VIII. Presentar al instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la situación fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las contribuciones por concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, cuando en los términos de dicho Código, estén obligados a dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros:
Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar por contador público autorizado el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto en los términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes:
IX. Las demás previstas en la ley y sus reglamentos.
La obligación de efectuar las aportaciones y hacer los descuentos a que se refieren las fracciones II y III anteriores, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias en los términos de la Ley del Seguro Social, siempre que se dé aviso oportuno al instituto, en conformidad al artículo 31. Tratándose de incapacidades expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, subsistirá la obligación del pago de aportaciones.
En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de dos años, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón.
Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los pagos que deban efectuarse conforme a lo previsto por este artículo.
Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social, de aportaciones y descuentos de vivienda al Fondo Nacional de la Vivienda y de aportaciones voluntarias.
El instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe de las aportaciones recibidas conforme a este artículo, así como los intereses determinados de conformidad a lo previsto en el articulo 39, que correspondan al periodo de omisión del patrón. En caso de que no se realice el abono dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularán hasta la fecha en que éste se acredite en la subcuenta de vivienda del trabajador:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Resolver en los casos en que así proceda, los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los patrones:
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley y demás disposiciones relativas, para lo cual podrá aplicar los datos con los que cuente, en función del último mes cubierto o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales:
VII. Ordenar y practicar, en los casos de sustitución patronal, las investigaciones correspondientes, así como emitir los dictámenes respectivos:
VIII. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias respectivas:
IX. Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor del instituto, incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscal de la Federación:
X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias:
XI. Las demás previstas en la ley.
Artículo 31. Para la inscripción de los patrones y de los trabajadores se deberá proporcionar la información que se determine en esta ley y sus disposiciones reglamentarias correspondientes.
Los patrones deberán dar aviso al instituto de los cambios de domicilio y de denominación o razón social, aumento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión o reanudación de actividades, clausura, fusión, escisión, enajenación y declaración de quiebra y suspensión de pagos. Asimismo harán del conocimiento del instituto las altas, bajas, modificaciones de salarios, ausencias e incapacidades y demás datos de los trabajadores, necesarios al instituto para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en este artículo. El instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos antes descritos.
El registro de los patrones y la inscripción de los trabajadores, así como los demás avisos a que se refieren los párrafos anteriores, deberán presentarse al instituto dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de que se den los supuestos a que se refiere el párrafo anterior.
Los cambios en el salario base de aportación y de descuentos, surtirán efectos a partir de la fecha en que éstos ocurran.
La información a que se refiere este artículo, podrá proporcionarse en dispositivos magnéticos o de telecomunicación, en los términos que señale el instituto.
Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al instituto en cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en que el instituto fuere parte y en los casos previstos por ley.
Artículo 32. En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscribir al trabajador o de enterar al instituto las aportaciones y descuentos a los salarios, los trabajadores tienen derecho de acudir al instituto y proporcionarle los informes correspondientes, sin que ello releve al patrón del cumplimiento de su obligación y lo exima de las sanciones en que hubiere incurrido.
Artículo 33. El instituto podrá registrar a los patrones e inscribir a los trabajadores y precisar su salario base de aportación, aun sin previa gestión de los interesados y sin que ello releve al patrón de su obligación y de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hubiere incurrido.
Artículo 34. El trabajador tendrá derecho, en todo momento, a solicitar información a las administradoras de fondos para el retiro sobre el monto de las aportaciones registradas a su favor. La información anterior, también podrá solicitarla el trabajador a través del instituto o del patrón al que preste sus servicios.
Tratándose de los trabajadores que reciban crédito de vivienda por parte del instituto, tendrán derecho a solicitar y obtener información directa de éste o a través del patrón al que preste sus servicios sobre el monto de los descuentos, incluyendo las aportaciones aplicadas a cubrir su crédito y el saldo del mismo.
Al terminarse la relación laboral, el patrón deberá entregar al trabajador una constancia de la clave de su registro.
Artículo 35. El pago de las aportaciones y descuentos señalados en el artículo 29 será por mensualidades vencidas, a más tardar los días 17 del mes inmediato siguiente.
El instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas liquidaciones podrán ser emitidas y notificadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social conjuntamente con las liquidaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previo convenio de coordinación entre ambas instituciones.
Artículo 37. El derecho del trabajador y en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40, prescribe a favor del Fondo Nacional de la Vivienda a los 10 años de que sean exigibles.
Artículo 38. Las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR proporcionarán al instituto la información correspondiente a las aportaciones y descuentos realizados en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento, así como toa aquella necesaria para el cumplimiento de sus fines.
El instituto proporcionará directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, la información relativa a patrones y trabajadores, así como las actualizaciones periódicas de dicha información.
Las administradoras de fondos para el retiro deberán informar a cada trabajador el estado de su subcuenta de vivienda dentro del estado de la cuenta individual en los términos, periodicidad y forma que al efecto establezca la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información relacionada con la subcuenta de vivienda a la propia administradora.
Los trabajadores titulares de las cuentas individuales y sus beneficiarios, directamente o a través de sus apoderados o representantes sindicales, así como sus patrones, podrán presentar sus reclamaciones en contra de las administradoras de fondos para el retiro o entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ante esta misma comisión, en los términos dispuestos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
La información que manejen las administradoras de fondos para el retiro, así como las empresas operadoras estará sujeta, en materia de confidencialidad, a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en términos de la ley correspondiente.
La documentación y demás características de estas cuentas no previstas en esta ley y en la Ley del Seguro Social se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el consejo de administración del instituto, la cual deberá ser superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal.
El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda, se integrará con una cantidad básica que se abonará en 12 exhibiciones al final de cada uno de los meses de enero a diciembre, más una cantidad de ajuste al cierre del ejercicio.
Para obtener la cantidad básica, se aplicará al saldo de las subcuentas de vivienda, la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal que resulte de la revisión que para ese año haya aprobado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El consejo de administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del instituto de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta ley.
Una vez determinado por el consejo de administración el remanente de operación del instituto en los términos del párrafo anterior, se le disminuirá la cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste resultante. Dicha cantidad de ajuste se acreditará en las subcuentas de vivienda a más tardar en el mes de marzo de cada año.
"Artículo 40. Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43-bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119,120, 127,154,159,170,190,193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos o.,18, 80, 82 y 83.
A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, el trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos salariales. Durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días, ésta no se le autorizará.
Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de 12 meses cada una ni exceder en su conjunto más de 24 meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.
En caso de que hayan transcurrido 30 años contados a partir de la fecha de otorgamiento del crédito, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas."
"Artículo 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. En línea uno al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el instituto. Estos financiamientos sólo se concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.
Asimismo, el instituto podrá descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los financiamientos que hayan otorgado para aplicarse a la construcción de conjuntos habitacionales. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras.
El instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad, precio y oportunidad de suministro a los que ofrezcan otros proveedores:
II. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el instituto:
a) En línea dos a la adquisición en propiedad de habitaciones:
b) En línea tres a la construcción de vivienda:
c) En línea cuatro a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones:
d) En línea cinco al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.
Asimismo, el instituto podrá descontar a las entidades financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que haya otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores. Estos descuentos serán con la responsabilidad de esas entidades financieras:
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del instituto:
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Artículo 43. En los términos de la fracción Xll del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del instituto.
Las aportaciones, así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto que reciban las entidades receptoras autorizadas conforme a esta ley, deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo anterior, en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la banca de desarrollo.
Sin perjuicio de lo anterior, el instituto con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias.
Por los servicios de recepción de pagos que las entidades receptoras le brinden al instituto, éste podrá, por acuerdo de su consejo de administración, establecer el mecanismo de remuneración correspondiente, de conformidad con las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro."
"Artículo 43-bis. Al momento en que el trabajador reciba crédito del instituto, el saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual se aplicará como pago inicial de alguno de los conceptos a que se refieren los incisos de la fracción ll del artículo 42.
Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, las aportaciones patronales a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador.
El trabajador derechohabiente que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la construcción o adquisición de su habitación, podrá dar en garantía de tal crédito, el saldo de su subcuenta de vivienda. Dicha garantía únicamente cubrirá la falta de pago en que pueda incurrir el acreditado al perder su relación laboral. Esta garantía se incrementará con las aportaciones patronales subsecuentes, que se abonen a la subcuenta de vivienda del trabajador. En el evento de que dicha garantía se haga efectiva, se efectuarán los retiros anticipados del saldo de la subcuenta de vivienda que corresponda para cubrir el monto de los incumplimientos de que se trate.
El instituto podrá otorgar créditos a los trabajadores derechohabientes en cofinanciamiento con entidades financieras, en cuyo caso, el trabajador también podrá otorgar la garantía a que se refiere el párrafo inmediato anterior. Dicha garantía se constituirá sobre el saldo que la subcuenta de vivienda registre al momento del otorgamiento del crédito. Las aportaciones que se efectúen a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el instituto.
En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el instituto deberá otorgar crédito al trabajador derechohabiente cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes.
En el caso de que el trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera y el instituto no pueda otorgar crédito en términos de lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes aportaciones patronales a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que se trate.
Previo convenio con la entidad financiera participante, el instituto podrá incluir en el porcentaje de descuento que el patrón efectúe al salario del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos otorgados en los términos del presente artículo."
"Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción ll del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 45. Las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por el consejo de administración conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas. Antes de formular las convocatorias se analizarán, para tomarse en cuenta, las promociones del sector obrero, de los trabajadores en lo individual y del sector patronal."
"Artículo 47. El consejo de administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgarán en forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas, los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42. Dichas reglas deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
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"Artículo 49. Los créditos que otorgue el instituto, se rescindirán y por lo tanto se darán por vencidos anticipadamente, cuando sin su autorización los deudores enajenen, incluida la permuta o graven su vivienda, así como cuando incurran en cualesquiera de las causales de violación consignadas en los contratos respectivos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El costo del seguro a que se refieren los párrafos anteriores quedará a cargo del instituto.
A fin de proteger el patrimonio de los trabajadores, el instituto podrá participar con empresas públicas y privadas para promover el desarrollo, así como el abaratamiento de esquemas de aseguramiento a cargo de los acreditados, que permitan ampliar la cobertura de siniestros.
"Artículo 51-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El saldo insoluto de los financiamientos para la construcción de conjuntos de habitaciones que otorgue el instituto, no podrá exceder de un vigésimo del saldo insoluto de los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42."
"Artículo 56. El incumplimiento de los patrones para enterar puntualmente las aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 29 causarán actualización, recargos y en su caso, gastos de ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
El instituto, a solicitud de los patrones, podrá conceder prórroga para el pago de los adeudos derivados de aportaciones no cubiertas, en los términos del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Instituto y sus reglamentos. Para tales efectos, el instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador, el importe equivalente a los intereses que correspondan al periodo de omisión del patrón, así como los que se generen durante el tiempo que comprenda la prórroga, de conformidad a lo previsto en el artículo 39. En estos casos, el término de 10 días a que se refiere el artículo 30, correrá a partir de la fecha de cumplimiento de la última parcialidad.
El instituto deberá informar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de las prórrogas otorgadas.
Sin perjuicio de lo anterior, los patrones deberán proporcionar copias de las prórrogas a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como a las entidades financieras que mediante reglas generales determine la misma comisión." "Artículo 59. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea por conducto de su patrón al efectuarse el entero de las aportaciones o por sí mismos. En estos casos las aportaciones se depositarán a la subcuenta de aportaciones voluntarias.
Previo consentimiento del trabajador, el importe de las aportaciones voluntarias a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser transferido a la subcuenta de vivienda, a fin de que sea aplicado para el otorgamiento de un crédito a su favor, en los términos de la presente ley.
Por otra parte, los trabajadores por sí mismos o por conducto de sus patrones, podrán realizar depósitos extraordinarios destinados específicamente a los programas de vivienda que apruebe el consejo de administración."
"Artículo 64. El instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos."
"Artículo 69. El instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, según corresponda, para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las dependencias y entidades públicas y privadas proporcionarán al instituto la información estadística, censal y fiscal necesaria, para el mejor desarrollo de sus objetivos."
"Artículo 70. El instituto no será sujeto de contribuciones federales, salvo los derechos de carácter federal correspondientes a la prestación de servicios públicos. El instituto cubrirá el pago de los impuestos y derechos de carácter municipal, en las mismas condiciones en que deben pagar los demás causantes."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de julio de 1997.
En tanto se expidan las disposiciones reglamentarías correspondientes, continuarán aplicándose los reglamentos vigentes de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que no se opongan al presente ordenamiento.
Segundo. Las aportaciones y amortizaciones de crédito correspondientes al tercer bimestre de 1997 y anteriores, deberán seguir enterándose en las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes hasta el 30 de junio de 1997.
Tercero. Tanto a los depósitos constituidos como a los créditos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, les seguirán siendo aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se hicieron les depósitos o se otorgaron los créditos.
Cuarto. Los trámites y procedimientos pendientes de resolver al momento de la entrada en vigor de esta ley, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes hasta el 30 de junio de 1997.
Quinto. El límite superior salarial a que se refiere el artículo 29 fracciones II y III, será de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro Social que entrará en vigor el 10. de julio de 1997, en la parte correspondiente a los seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez.
Sexto. La periodicidad del pago de las aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 35, continuará siendo de forma bimestral hasta que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establezca que la periodicidad de pagos se realizará mensualmente.
Séptimo. El presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto a que se refiere la fracción Vll del artículo 16, correspondiente a los años de 1997, 1998 y 1999, representará cuando más el 0.65%, 0.60% y 0.575%, respectivamente, de los recursos totales que maneje el instituto.
A partir del año 2000, el presupuesto de gastos citado, deberá ajustarse a lo dispuesto en la fracción Vll del artículo 16 mencionado.
Octavo. Los sujetos que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado.
En caso de optar por el supuesto previsto en el párrafo anterior, el trabajador autorizará que los fondos acumulados a partir del cuarto bimestre de 1997 en su subcuenta de vivienda, se entreguen por la administradora de fondos para el retiro correspondiente al Gobierno Federal.
Noveno. Las instituciones de crédito que estuvieran operando subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán de abstenerse de seguir captando nuevas subcuentas, a partir de la entrada en vigor de este decreto.
Las instituciones de crédito quedarán sujetas a la normatividad anterior a la vigencia de la presente ley en todas y cada una de las obligaciones a su cargo relacionadas con las subcuentas de vivienda de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro. Asimismo quedarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en tanto manejen las subcuentas del mencionado sistema.
Décimo. La información sobre los saldos de las subcuentas de vivienda, se proporcionará a las administradoras de fondos para el retiro, las que los mantendrán registrados en estas subcuentas.
Decimoprimero. En relación a lo dispuesto en el artículo 39, durante el primer semestre de 1997 los rendimientos de la subcuenta de vivienda se cubrirán conforme a las disposiciones legales vigentes para dicho semestre.
Decimosegundo. Los artículos de la Ley del Seguro Social que se citan en este decreto, se refieren a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
Decimotercero. Para la identificación del trabajador se utilizará su número de seguridad social en tanto no se le asigne su clave única de registro de población (CURP) en los términos previstos por el Acuerdo para la Adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1996.
Decimocuarto. A los descuentos efectuados a los acreditados por concepto de cuotas de administración, operación y mantenimiento de conjuntos habitacionales y que no hayan sido retirados por las representaciones vecinales a la fecha de entrada en vigor de esta ley, se les aplicarán los siguientes criterios:
I. En el caso de los depósitos correspondientes a representaciones vecinales acreditadas ante las instituciones bancarias en los que se depositan estos recursos, se establece como plazo hasta el final del sexto bimestre de 1997 para que retiren la totalidad de su saldo. Las representaciones vecinales que antes del 30 de septiembre de 1997 acrediten su constitución o integración de mesas directivas ante las instituciones de crédito, recibirán el tratamiento antes descrito.
II. Para los recursos depositados en bancos, correspondientes a representaciones vecinales cuyas mesas directivas no estén integradas o no acrediten la vigencia de su representación ante las instituciones de crédito, se procederá de la siguiente manera:
a) A los acreditados que no han concluido la amortización de su crédito se les abonará la cantidad correspondiente a la individualización de sus descuentos. Por lo que se refiere a los intereses generados en la cuenta bancaria abierta a nombre de la representación vecinal, éstos se distribuirán en forma proporcional a los montos descontados a los integrantes de la misma. Cualquier remanente a favor del acreditado se abonará en su subcuenta de vivienda.
b) En el caso de trabajadores que han concluido los pagos para la amortización de su crédito, los recursos se acreditarán a su subcuenta de vivienda.
III. En el caso de depósitos que no se han transferido a bancos, debido a que no se han constituido las representaciones vecinales, se aplicará lo previsto en los incisos a y b, de la fracción II, a aquellos acreditados que aún no han amortizado la totalidad de su crédito y para aquellos que ya lo hicieron.
Decimoquinto. Las prórrogas a que se refiere el artículo 41 aplicables cuando el acreditado haya dejado de prestar sus servicios a un patrón, estarán exentas del pago de intereses ordinarios por tres meses en 1997, por dos meses en 1998 y por un mes en 1999.
México, D.F., sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 22 de diciembre de 1996.- Diputados integrantes de las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo Social de la Cámara de Diputados: Abelardo Carrillo Zavala, presidente de la Comisión de Vivienda; José Ramírez Gamero, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Guillermo Luján Peña, Alejandro González Alcocer, José Luis Flores Méndez, Javier Pineda y Serino, Gerardo Ordaz Moreno, Armando Quintero Martínez, Marco A. Rascón Córdoba, Julio García Castañeda, secretarios; integrantes: Daniel Quintero Peña, Eduardo Guzmán Ortiz, Sergio Vázquez Olivas, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Martínez Rivera, Antelmo Alvarado García, Florentino Castro López, René Arce Islas, Horacio Pereznegrón P., Consuelo Botello Treviño, Armando Gamboa Enríquez, Alicia Céspedes Arcos, Marco Antonio Michel Díaz, Armando J. Cruz Malpica, Lorenzo Chávez Zavala, José I. Cuauhtémoc Paleta, Fernando Pacheco Martínez, Servando Díaz Suárez, Raúl Lara Chanes, M. Claudia Esqueda Llanes, Mario E. Vázquez Hernández, Pedro Flores Olvera, Netzahualcóyotl de la Vega, Armando Gamboa Enríquez, Néstor Molina Martínez, Juan Leyva Mendivil, Héctor González Reyes, Miguel H. Manzo Godinez, Primo Rivera Torres, Francisco Martínez Rivera, Carlos Pérez Rico, Martín Montaño Arteaga, Arturo Quiroz Presa, Hildiberto Ochoa Samayoa, Apolonio Méndez Meneses, Carlos Pérez Rico, Alberto Castañeda Pérez, Enrique Ramos Rodríguez, Javier Viniegra Zubiria, Macario Rodríguez Rivera, Juan Manuel Pérez Corona, Manuel E. Russek Valles, José Sánchez Ascencio, Rafael Ruvalcaba León, María Rosa Márquez Cabrera, Pedro Sánchez Ascencio, Marta Alvarado Castañón, Jorge Urdapilleta Núñez, Alberto Anaya Gutiérrez, María Elena Yrizar Arias, Héctor M. Bautista López y Gerardo Ordaz Moreno.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FRANCESA
El secretario Juan Manuel Pérez Corona:
Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de los Ángeles Félix Güereña, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y Letras, que en grado de Comendador le confiere el gobierno de la República Francesa.
De conformidad con lo dispuesto por la fracción III apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión que suscribe, considerando satisfechos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María de los Ángeles Félix Güereña, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México. D.F., 28 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (II)
La secretaria María Teresa Tapia Bahena:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 26 de noviembre del año en curso la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Mayra Concepción Esparza Baylón, para que pueda prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 27 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Mayra Concepción Baylón, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México., D.F., a 28 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, Presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
El secretario Carlos Nuñez Hurtado:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor José Jorge Rodríguez Carbajo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Río Branco", en grado de gran oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al general brigadier Diplomado de Estado Mayor José Jorge Rodríguez Carbajo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco, en grado de gran oficial que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, Presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DE ARGENTINA
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al vicealmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de gran oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción lll del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Carlos Arturo Carranza y Castillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito Naval, en grado de gran oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 22 de noviembre de 1996.- Diputados:
Saúl González Herrera, Presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Ton es, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA DEL PARAGUAY
El secretario Cecilio Lepe Bautista:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Seade Kuri, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Cruz que le confiere el gobierno de la República del Paraguay.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de noviembre de 1996.- Diputados Saúl González Herrera, Presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (III)
El secretario José Luis Martínez Alvarez:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 12 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Miriam Guadalupe Manzo Valenzuela, para prestar servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, serán como secretaria:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Guadalupe Manzo Valenzuela, para prestar servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario Juan Manuel Pérez Corona:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 12 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Blanca Luz Valdespino, para que pueda prestar servicios como empleada de oficina en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que la propia interesada prestará serán como empleada de oficina en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua,:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Luz Valdespino, para prestar servicios como empleada de oficina en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Honorable Asamblea: en oficio fechado el 7 de noviembre de 1996, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Angel Navarrete Contreras, pueda prestar servicios como almacenista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento:
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como almacenista:
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción ll del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Angel Navarrete Contreras, para prestar servicios como almacenista, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de noviembre de 1996.- Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río M., José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto.. No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El secretario José Luis Martínez Alvarez, por la afirmativa; el secretario Juan Manuel Pérez Corona, por la negativa.
(Votación.)
Se emitieron 285 votos en pro y ninguno en contra.
La Presidenta:
Aprobados los proyectos de decreto por 285 votos.
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
Pasan al Ejecutivo y al Senado para los efectos constitucionales.
ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a las actas de nacimiento del gobernador de Veracruz.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias señora Presidenta, con su permiso; compañeras y compañeros diputados; distinguidos visitantes; trabajadores de esta Cámara:
Los cinco diputados federales del Partido de la Revolución Democrática procedentes del Estado de Veracruz, hemos reservado este tema en el orden del día de hoy, en virtud de que a dos meses de iniciado un debate público sobre el verdadero lugar de nacimiento del actual gobernador de Veracruz, el personaje directamente involucrado no ha tenido a bien ofrecer una explicación documentada a la ciudadanía a la que gobierna sobre su verdadero origen, actitud por demás irresponsable que merece algunas reflexiones y críticas dado que no se trata en modo alguno de un detalle menor en la vida de un ciudadano común.
Se trata nada menos que de la presunción de un delito de falsificación de documentos cometido por un hombre consciente, miembro relevante del gabinete del defraudador Carlos Salinas de Gortari; ese presidente usurpador no sólo de un cargo otorgado por el pueblo a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, sino también de la riqueza nacional saqueada...
Compañera Presidenta, yo le rogaría que le pida a mis compañeros diputados respeto para que escuchen los argumentos de esta intervención.
La Presidenta:
Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención de la diputada en turno.
Continúe la oradora.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
El día 7 de octubre del presente año aparece en la primera plana del periódico Sur del Puerto de Veracruz, una acta fotocopiada del libro del Registro Civil del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, correspondiente al nacimiento del niño Patricio Chirinos Calero, el día 27 de julio de 1937, documento cuya fotocopia aquí entregaremos.
Al día siguiente, 8 de octubre, ante el cuestionamiento de los reporteros al gobernador del Estado, indica que quien dará respuesta será el secretario de gobierno, licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Este declara: "El gobernador no necesita disfrazarse de jaranero para demostrar que es veracruzano". Habla de que se trata de un documento falso publicado por un delincuente fiscal, refiriéndose al propietario del periódico.
En esa misma fecha aparece en los medios periodísticos fotostática certificada por notario en San Luis Potosí de la copia certificada que expide el oficial del Registro Civil de la propia entidad potosina. También tenemos aquí fotocopia.
Los diputados locales en Veracruz...
Compañera diputada, cuando se tiene un debate perdido se trata de impedir la argumentación. Yo le ruego a usted que aplique el reglamento y que le pida a los compañeros diputados que escuchen, para que puedan contraargumentar si así lo desean.
La Presidenta:
Esta Presidencia invita de manera muy respetuosa a todos los diputados a escuchar con atención la intervención de la diputada.
Continúe el orador con su intervención.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
La oradora, compañera.
Los diputados locales de Veracruz, tanto del Partido de la Revolución Democrática como del Partido Acción Nacional, expresaron la conveniencia de que el gobernador del Estado compareciera ante la legislatura respectiva para aclarar la controversia, ante lo cual los diputados priístas desahogaron su importancia descalificando a los periódicos Sur, Diario del Istmo y Política, por sus "intereses amarillistas" al servicio del grupo político de Fernando Gutiérrez Barrios.
Entre la documentación publicada existe también una fotocopia del acta de nacimiento expedida en 1972, firmada por el oficial del Registro Civil de la municipalidad de Tamuín, San Luis Potosí. Los tres documentos hasta aquí aludidos coinciden plenamente en los nombres, edades de los padres, de los testigos y de Patricio Chirinos, 27 de julio de 1937.
Sin embargo, en la página 96 del diccionario del Poder Ejecutivo, aparece la ficha número 249 a donde se asienta que el entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, nació en Pánico, Veracruz, el 27 de julio de 1939, es decir, dos años después.
En un libro editado por el comité directivo estatal del PRI que forma parte de la colección "Por la Grandeza de Veracruz", se afirma en la solapa que Patricio Chirinos nació en Pánuco el 27 de julio de 1937. Tenemos ahí diferencias de fechas.
Compañera diputada, yo quisiera que por favor usted asumiera su autoridad y le pidiera a los señores que están denigrando a este recinto que guarden la compostura.
La Presidenta:
Rogamos a los diputados, guardar orden y prestar atención a la diputada que está en el uso de la palabra.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, señora Presidenta:
Aportamos aquí los innumerables artículos de análisis y crítica que han aparecido de entonces para acá, en periódicos locales de Veracruz, de San Luis Potosí y en los de circulación nacional como Reforma y La Jornada, entre otros.
Todos los análisis de las presuntas violaciones al derecho que la actitud presumible de duplicidad de actas de nacimiento del gobernador de Veracruz, no han hecho mella en su sensibilidad pues él continúa callado. ¿Qué sucede? ¿Porqué no se presenta el acta de nacimiento supuestamente de Pánuco? ¿No será que presentarla implicará reconocer realmente la comisión de un delito? Existe además, en el mismo diccionario del Poder Ejecutivo la referencia a que Patricio Chirinos Calero fue diputado de la XLVIII Legislatura; sin embargo en el directorio de la Cámara de Diputados no aparece tampoco.
El Código Penal de Veracruz habla que el falseario, es decir, el que promueve o tolera que pretende obtener algún provecho causando un perjuicio a la sociedad o al Estado, merece un castigo, merece una sanción.
Como éste es un asunto que está en el ánimo de la ciudadanía veracruzana y que es preciso desde el punto de vista del PRD, no de la diputada Gloria Sánchez, no de los cinco diputados del PRD en esta Cámara, sino de todos los legisladores veracruzanos, por conveniencia, por el derecho a la información que tenemos, pido a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tenga la bondad de analizar estos documentos y dar seguimiento, a fin de que se informe a la nación si efectivamente se están cometiendo faltas a la legalidad por parte de un alto funcionario de un gobierno que en Veracruz está, como ya lo hemos señalado, muy cuestionado no sólo por su falta de respuesta a este requerimiento, sino por todos los problemas que hay que atender en aquella entidad, como los campesinos, como los económicos, como la violación de derechos humanos, como la educación, como la privatización del instituto de pensiones y demás agravantes que están padeciendo todos aquellos con ciudadanos de la entidad veracruzana.
Por su atención ruego a usted, Presidenta, turne este caso a la comisión referida.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra para el mismo tema, el diputado Salvador Mikel Rivera.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Indudablemente que la compañera diputada, que acaba de hacer uso de la palabra, se equivocó de lugar y de materia y no solamente se equivocó de lugar y de materia porque además quiere que este Congreso, que esta Cámara de Diputados violente el estado de derecho y el principio que norma la convivencia democrática y que es el respeto a la legalidad.
En la propia Constitución General de la República, está establecido en el artículo 40, que somos una República Federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y el artículo 41 dice también que existe para ejercer el poder, una división de poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y obviamente que quienes apuestan a la usurpación, quienes están apostando no a la democracia sino a la ruptura de la legalidad son quienes vienen a pedir aquí ante esta legislatura, ante esta Cámara, vienen a pedir que realicemos funciones que no solamente no nos competen sino que significarían violentar ahí sí, la Constitución.
Cualquier persona con medianos conocimientos jurídicos sabe que existe por lo menos dos ámbitos competenciales uno territorial, que significa lo que es la Federación, es decir un Gobierno Federal y entidades federativas cada uno de ellos con ámbitos competenciales perfectamente establecidos. En el caso de la Federación, del Gobierno Federal, queda claro en términos del artículo 124 que solamente pueden... la Federación solamente puede ejercer aquellas funciones que le están expresamente otorgadas por la Constitución y que los estados de la Federación solamente en sentido contrario son los que pueden ejercer todas aquellas atribuciones que no están reservadas a la Federación y que no le estén expresamente prohibidas.
En este caso, como lo señalara....
La Presidenta:
Esta Presidencia ruega a los señores diputados escuchar con atención la intervención del orador en turno.
Continúe el orador con su intervención...
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Y no cabe duda que aquí se está acreditando en los hechos que ante la falta de razones, de inteligencia y de argumentos, se está recurriendo al insulto, se está recurriendo a tratar de... de sustituir la falta de imaginación, el desconocimiento del derecho, lo tratan de sustituir mediante una democracia entre comillas que llamaríamos....
La Presidenta:
Compañeros diputados:
Esta Presidencia pide a todos los diputados escuchar con atención la intervención del orador en turno.
Continúe el orador con su intervención.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Y como aquí hemos venido señalando a lo largo de la argumentación, no se han venido a dar ningún tipo de razones ni jurídicas ni de ningún tipo que nos permitan sustentar a ustedes sus afirmaciones.
Queda claro que se trata, si fuese el caso, de un asunto de competencia totalmente local, que es un asunto totalmente civil en el cual que yo sepa este Congreso y si no que me digan donde está el sustento legal, tiene jurisdicción o competencia para poder intervenir en asuntos del estado civil o en asuntos registrales, que cualquier persona con mediana inteligencia sabe que es un asunto de competencia local, que existe un Código Civil que es en todos los estados de jurisdicción local, y que en este casi, si alguien tiene algo que alegar, si tiene razones, si tiene argumentos, si tiene inteligencia, tendrá que usar los mecanismos que le concede la ley para alegar lo que a sus derechos convenga, pero no venir aquí a pedir que esta legislatura violente el estado de derecho, que esta soberanía trate de vulnerar la Federación, el respeto que debe de haber a la competencia y autonomía de los estados y tratar efectivamente sin razones, sin argumentos, sin ningún tipo de calidad moral, venir aquí a tratar de sustituir, repito, el desconocimiento de la ley y tratar de que esta Cámara de Diputados trate de asumir funciones que no le corresponden y que repito, son de estricta competencia del Código Civil, son asuntos de estricta competencia local y que no tiene nada que ver esta soberanía popular.
Yo los invito, si tienen argumentos, si conocen la ley y tienen algo que alegar, háganlo ante los tribunales; no conviertan esto por favor en un patio de vecindad, donde la inteligencia trata de ser anulada con insultos, con diatribas. Eso creo que no es lo que se merece esta soberanía popular, no es lo que se merece el pueblo de México, que por eso no ha votado por ustedes y por eso solamente llegan por una vía que no es el voto directo.
Entones, si tienen cosas que alegar, argumentos jurídicos, aléguenlos donde corresponde, que es en la entidad federativa, ante los juzgados civiles.
Tómense la molestia de leer la Constitución, de leer el Código Civil; aprendan a escribir, a redactar una denuncia, una demanda y ahí aleguen lo que a su derecho convenga, pero no confundan esto ni con oficialía de partes, ni tampoco con una Agencia del Ministerio Público. Esta no es la función de la soberanía popular.
Entonces yo les ruego, por favor, por respeto a ustedes mismos, por respeto a la representación que dicen ustedes detentar, que por favor usen la ley y vayan a las instancias que corresponden, de acuerdo al marco de la Constitución y al marco de la legislación civil.
Muchas gracias.
El Presidente:
Ha solicitado hacer uso de la palabra, para rectificación de hechos, el diputado Amado Cruz Malpica.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Hay quienes quisieran ver en este debate falta absoluta de argumentos. El señor diputado Mikel lo ha hecho bien, ha venido a decir aquí absolutamente nada; ha venido a decir aquí que esta acta de nacimiento no existe; ha venido a decir aquí que una compañera se equivocó de lugar y de estado. Me parece que son otros los que se equivocan de estado para gobernar.
Hay un problema que aquí nadie se ha atrevido a negar, que es el que tiene que ver con la autenticidad de las actas de nacimiento y hay un problema que se quiere soslayar, es el problema que tiene que ver con la moral pública de quienes ejercen cualquier cargo de gobierno. Ese es el centro del debate, ése es el punto medular de la cuestión y aquí, que yo sepa, ningún diputado veracruzano del PRI ha venido a negar la autenticidad y la validez jurídica de esta acta. Pretenden irse por argumentos que no son el centro del debate. El centro del debate es si hay moral pública de la primera responsabilidad ejecutiva del Estado de Veracruz.
El centro del debate es si toleramos el engaño sin protesta.
El centro del debate es que quien representa la legalidad debe ser el primero en cumplirla. Es el centro del debate, a no ser que ustedes quieran que la política y la ética sigan caminos diferentes. En lo personal no tengo ninguna duda de que ustedes así lo prefieren, pero no eludan el centro del debate. El centro del debate es si se ha dicho a los veracruzanos y a la opinión pública nacional una mentira.
Vengan y sosténganlo en esta tribuna y no con los gritos de la gayola.
La presidenta:
Tiene la palabra para contestar alusiones personales el diputado Mikel.
El diputado Salvador Mikel Rivera:
Con todo respeto compañero diputado, creo que aquí se dieron razones jurídicas, sólidas, que no han sido rebatidas y yo le quiero decir a usted que no es función, y si no dígame en qué artículo del Reglamento Interior del Congreso, de la Ley Orgánica o de la Constitución, está que una de las funciones de esta Cámara sea autentificar o declarar la validez de documentos.
Creo que francamente y usted es abogado, lo sabe que eso no lo puede hacer esta Cámara. Es más, si usted se tomara la molestia de leer el Reglamento del Registro Civil del Estado de Veracruz, ahí queda claro que cualquier impugnación por no estar de acuerdo en algún documento público emitido por un oficial del registro tendrá que ser impugnado precisamente ante la autoridad judicial, quien será la única que podrá declarar la validez o invalidez de ese documento.
Creo que ya más claro y más argumentos ya serían prácticamente contra natura.
Servido, compañero diputado.
La presidenta:
Tiene la palabra la compañera diputada Rosa María Cabrera Lotfe, para rectificación de hechos.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Con su venia, compañera Presidenta:
Evidentemente el tribunal al que le temen es la propia opinión pública. El que está equivocado de lugar y de época es el diputado Salvador Mikel. No estando en la Asamblea de su partido ni en la época en que los gobernantes priístas podrían decir y hacer lo que quisieran sin repercusión alguna. La consecuencia estriba, diputado Mikel, en que siendo éste el recinto de la nación, la más alta tribuna de la nación, estamos las diputadas y diputados obligados más que nunca a hablar con la verdad. No legislamos para un partido político exclusivamente ni legislamos para una entidad particular, legislamos para toda la nación.
Lo planteado aquí por la diputada Gloria Sánchez es fundamental, dado que en Veracruz se está trabajando, entre otras cosas, sobre la idea de fortalecer un estado de derecho y de garantizar a plenitud la democracia en la entidad.
Señora Presidenta, le pido solicitarle indique a la Secretaría a efecto de que dé lectura a algunos de los apartados de un texto que traigo a la mano, en los que está subrayado con amarillo, los puntos que yo le indique.
La Presidenta:
Se instruye a la Secretaría dar cumplimiento a la solicitud de la diputada Rosa María Cabrera.
Se les recuerda a los diputados que están prohibidos los diálogos.
La secretaria María Teresa Tapia Bahena:
"Patricio Chirinos nació en Pánuco, Veracruz, el 27 de julio de 1937.
Presentación. Desde el 2 de mayo de 1992 en que dio inicio la campaña político-electoral en Pánuco, su tierra natal.
Arriba y el norte y llegó el 2 de mayo. Habían girado las manecillas y los números se acomodaban en el cuarzo de todos los relojes hasta las 10:45, cuando Patricio Chirinos ya estaba formalmente registrado como candidato a la gubernatura en la comisión estatal electoral.
Se empezaba a echar lo que se dice, toda la carne al asador. Se trataba de no dormirse en sus laureles, de comenzar a sembrar para cosechar votos. Se reconocía que al que madruga Dios lo ayuda, que no por mucho madrugar amanece más temprano, porque al fin de cuentas se vería de cuál cuero saldrían más correas el 2 de agosto.
Ya se imaginarán la alegría que provoca regresar triunfante a la tierra que lo vio a uno nacer, donde uno vio la luz primera; donde se quedó enterrado el ombligo debajo de algún frondoso árbol, donde se fueron desportillando las descoloridas canicas de barro bajo la cueva de sombra de la selva que eran los patios, ahora convertidos en jardines; donde se conocieron los amigos que el nudo de la infancia jamás desata, los verdaderos; donde se realizaron las primeras pintas al caudaloso río de aguas límpidas, donde la pubertad asomó sus primeras espinillas, donde se comenzó a padecer la aventura y la desventura del amor y sus mil desmemoriados cupidos, donde se iba temprano al cine Tropical para mirar a Tarzán desenredarse de las lianas para salvar a Yeni; donde se probó la textura del palmito y del gigantesco zacahuil, La Petenera, el Toro Requesón, la Guacamaya y el Sacamundú, donde se estudió en la Desiderio, donde se atardeció cascareando basket y fútbol; donde todas las noches se reunían uno en el parque para dejar transcurrir la ingobernable liviandad del tiempo del tiempo, y del ser.
Esta misma alegría provocó la llegada en el caluroso atardecer de Patricio Chirinos a Pánuco. Ahí estaban los compañeros de banca, los que jugaron a las canicas, los compadres, los amigos de los amigos, toda la paisanada, todos Los Chirinos, todos Los Calero, todos los Gea, los Valdez, los Maza, los de León.
La gente estaba orgullosa, se presumía el terruño. Grupos de jaraneros amenizaban el acato, y de pronto irrumpió el canto: Patricio es hombre de bien en mi Pánuco querido. Lo apoya nuestro partido y el que no vote por él, mejor no hubiera nacido.
Los jaraneros comenzaban a darle duro, tupiéndole con las uñas y con las yemas a las tensas cuerdas de las que nace la alegría.
Chirinos no podía ocultar su emoción ante las muestras de júbilo con que lo recibía su pueblo.
Los altoparlantes esparcían las notas de los sones huastecos; asomaba en los rostros la felicidad. Las flores y confetis confundían la tarde soleada para recibir al candidato. La Huasteca estaba de fiesta."
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Gracias, compañera diputada:
Que sepamos, hasta este momento el licenciado Patricio Chirinos Calero no ha desmentido la infamación vertida en este libro denominado Por la Grandeza de Veracruz. Crónica de Campaña. Patricio Chirinos Calero, y editado por el Partido Revolucionario Institucional en e! Estado de Veracruz.
Como decía, compañeras y compañeros diputados, lo planteado por la diputada Sánchez tiene fundamento en la lógica de que cuando los partidos que participan en la política local veracruzana acometen en estos momentos la tarea de reformar las instituciones electorales del Estado, cumplen, aunque sea de modo renuente e incompleto, en el caso del partido oficial, un mandato del pueblo de Veracruz.
No están concediendo nada a nadie, tan sólo debieran cumplir con su deber, puesto que se trata de instaurar un Estado democrático de derecho, la primera obligación de todas y todos, los que tienen que ver con una reforma electoral, es el irrestricto respeto a la ética republicana y al marco jurídico vigente.
Compañeros, tiempo les va a faltar, aunque Chirinos concluya su mandato dentro de unos años o unos meses, para poder darle al pueblo veracruzano y al pueblo de México la claridad de la verdad que se requiere.
Entre las obligaciones que exige un ejercicio ético y legal del poder público, está la de hablar a la sociedad siempre con la verdad. La transparencia, la oportunidad, la suficiencia y desde luego la veracidad y la confiabilidad de información que proporcionan los gobernantes a la sociedad ciudadanas, es esencial para la participación del pueblo en la vida democrática.
Por ello, la conducta de Patricio Chirinos Calero, de producir, propiciar o al menos tolerar la divulgación de datos poco claros, a los que hizo referencia la diputada Gloria Sánchez, resulta especialmente contradictoria con el reconocimiento que él mismo hace en su última comparecencia ante la legislatura del Estado de Veracruz, de la conciencia cívico y política que distingue al propio pueblo de Veracruz...
La Presidenta:
Diputada Cabrera, ruego redondear su intervención, ya que ha concluido su tiempo.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Ya voy a concluir.
La Presidenta:
Compañeros, a los compañeros diputados les ruego por favor guardar orden, mientras concluye la oradora su intervención.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Gracias, señora Presidenta:
Poco respeto, decía, le merece la calidad ciudadana de sus gobernadas y gobernados.
Nuestro partido, precisamente, por ser protagonista e impulsor de la reforma electoral en el Estado de Veracruz, denuncia en esta tribuna, la más alta de la nación, las inconsecuencias de Patricio Chirinos Calero y exige su más inmediata aclaración.
La reforma electoral no atenúa, sino fortalece el compromiso del PRD con los valores y las normas de un Estado democrático de derecho. Por ello, las y los perredistas en esta Cámara, como representantes, insisto, de la nación, estamos obligadas y obligados a velar por los intereses cívicos de toda la ciudadanía mexicana y a criticar a sus gobernantes cuando sus actos y sus palabras no están a la altura de su responsabilidad.
Como decía al principio Salvador Mikel, los estados no son feudos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Diputada Cabrera, la diputada Zaida Lladó, me solicita hacer una pregunta, ¿acepta usted.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Sí Zaida. Sí, señora Presidenta.
La diputada Zaida Alicia Lladó Castillo (desde su curul):
Sabes qué, Rosa María, con todo respeto, compañera diputada, desbordas de antiveracruzanismo ¿En qué artículo de la Constitución sustentas que ésta es la instancia que tiene competencia para venirse a aclarar este tipo de cosas?, y ya dijimos, nosotros dimos argumentos jurídicos muy claros, para que esto se maneje directamente en las cámaras locales. Si ustedes tienen algo que decir, háganlo allá, allá son escuchados por todos los diputados.
Tus únicas referencias, y con todo respeto, no son más que recortes periodísticos, qué poca seriedad. Definitivamente éste no es el lugar para venir a sustentar argumentos con recortes periodísticos. La verdad decepcionas.
Gracias.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Gracias diputada Lladó, con mucho gusto le contesto. Aprovecho que lo que está sucediendo, por alguien que gritó ahí vanidades, que me recuerda el título de una película "La Feria de Vanidades", quiero informarles oficialmente antes de ir a su primera pregunta, que el libro no es un reporte periodístico, es un libro editado por el Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo presidente en ese momento, en 1992, es Miguel Ángel Yunes Linares, por cierto actual secretario general de gobierno: Crónica de Campaña. Por la Grandeza de Veracruz. Trae el logotipo del PRI. Eso por un lado.
Por el otro, yo no he dicho si es o no la instancia, estoy diciendo que estamos obligados como soberanía máxima de la nación, a resolver lo que pasa en cada entidad y nosotros tenemos pruebas y estamos acudiendo no sólo a la legislatura local del Estado de Veracruz, también a las instituciones de procuración y administración de justicia.
Las y los veracruzanos, las y los ciudadanos mexicanos, necesitamos que se hable con verdad.
La Presidenta:
Diputada Cabrera. Ruego a los señores diputados, invitarlos cordial y respetuosamente a mantener el orden y la calma que se requiere, para continuar y terminar el desahogo de esta sesión.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
No sé si tenga alguna otra duda la diputada Lladó, pero quiero insistir en que estamos yendo a las instancias competentes de administración y procuración de justicia, a efectivo de que investiguen local, lugar de ser investigado.
Gracias Presidenta.
La Presidenta:
Para rectificación de hechos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Elías Moreno Brizuela.
El diputado Elías Miguel Moreno Brizuela:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros veracruzanos del Bronx:
Miren, en primer lugar, tenemos que aclarar, el centro del debate en este momento es un asunto de moral pública. Chirinos en ningún momento ha explicado el porqué tiene tres actas, en ningún momento ha explicado porqué en dos actas nace en San Luis Potosí y en una en Pánuco, Veracruz. En ningún momento ha dicho por qué en un mohín de coquetería se quita dos años en una de esas actas.
Compañeras y compañeros diputados: en Veracruz, los perredistas nos estamos preparando para hacer gobierno. No sólo debido a que en nuestro Estado es un Estado cardenista puro y el Estado cardenista más importante, sino gracias al mal gobierno de Patricio Chirinos Calero.
En Veracruz, compañeras y compañeros diputados, hay ingobernabilidad. En Veracruz, Patricio Chirinos Calero transita y cumplirá en breve los cuatro años de gobierno, con el estigma político de pertenecer al bloque de los gobernadores leales al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Para los veracruzanos, compañeras y compañeros, estos años han significado mayores índices de pobreza, insalubridad, desempleo, falta de oportunidades de educación y trabajo, depredación y destrucción de las riquezas naturales del Estado y violencia, mucha violencia.
Nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, deberíamos agradecerle a Patricio Chirinos Calero su mal gobierno, porque eso. nos va a permitir muy pronto ser gobierno en Veracruz; pero no, el PRD responsablemente, el PRD de hoy, un partido analítico, un partido reflexivo, un partido maduro viene a esta alta tribuna de la nación a pedir, a exigir que el gobernador Patricio Chirinos Calero aclare esta terrible duda que tiene la sociedad veracruzana. Patricio Chirinos Calero en persona y no con personeros debe de aclarar en dónde nació. Eso es lo mínimo que podemos exigirle al gobernador del Estado de Veracruz.
Y, por último, compañeras y compañeros diputados, ya el rincón del Bronx va a tener que ser rebautizado, ahora va a ser el rincón del "potocinismo".
Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Francisco Domínguez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a mayores apoyos al Estado de Baja California.
El diputado Francisco Domínguez García:
Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: «Punto de acuerdo. Alianza Democrática para el Crecimiento, el Bienestar Social y la Seguridad Pública en la Frontera Norte.
El grupo de diputados pertenecientes a la LVI Legislatura, abajo firmantes, estimamos que el desarrollo y la cada vez más relevante importancia que adquiere la franja fronteriza norte del país, han constituido a la región en un conjunto productivo y social específico que demanda respuestas puntuales y concretas a los principales problemas que ahí se generan. El elevado crecimiento poblacional, con la consiguiente agudización de la problemática urbana, a la par de la insuficiencia de servicios básicos, el grave incremento de la inseguridad pública, el severo deterioro ecológico, entre otros, son problemas que han sido abordados de manera fragmentaria e insuficiente.
En razón de superar la situación antes descrita y por estimar que es necesario elevar el nivel de la respuesta institucional a la problemática ahí presente, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Canalizar recursos adicionales a los que contempla la propuesta del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año de 1997, a los estados y municipios ubicados en la franja fronteriza norte del país.
Los ejes de acción en tomo a los que deberá girar la Alianza Democrática para el crecimiento, el Bienestar Social y la Seguridad Pública en la Frontera Norte, habrá de comprender la promoción de pequeñas y medianas empresas con estímulos fiscales y recursos financieros accesibles para las mismas.
Lo anterior, acompañado del impulso de un programa social específico que atienda las necesidades de alimentación, salud, educación y seguridad de los habitantes de las colonias populares y de las comunidades rurales de esta región.
El monto de los recursos asignados deberá proporcionar el piso básico para sustentar la alianza democrática para el crecimiento, el bienestar social y la seguridad pública en la frontera norte y que las autoridades de los tres niveles de gobierno, cuenten con los medios imprescindibles para impulsar proyectos específicos.
Palacio Legislativo, 3 de diciembre de 1996.- Para tal efecto firman los siguientes diputados este presente punto de acuerdo: Jaime Martínez Veloz, Manuel Russek Valles, Julio Felipe García Castañeda, Francisco Domínguez García, María Elena Yrizar, Héctor González Mocken, Daniel Trelles, Cuauhtémoc Sandoval, César Chávez, Raúl Castellanos, Daniel Quintero Peña, Crisóforo Salido, Tonatiuh Bravo, Humberto López Barraza, Mario de la Torre, Alfredo Amaya, Sergio Prieto, Raúl Ojeda, Sergio Vázquez Olivas, Amado Cruz Malpica, Franciscana Krauss, Martina Montenegro, Jorge Catalán y Rafael Ayala.»
Muchas gracias.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa (desde su curul):
Pido la palabra.
La Presidenta:
¿Con qué objeto, señor diputado.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa (desde su curul):
Para rectificación de hechos.
La Presidenta:
Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Jorge Catalán, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados:
Los diputados fronterizos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y en particular los bajacalifornianos, nos adherimos y apoyamos el punto de acuerdo que ha denominado nuestro compañero diputado Francisco Domínguez García como Alianza Democrática para el Crecimiento, el Bienestar Social y Seguridad Pública en la Frontera Norte.
En principio felicitamos a los diputados priístas de Baja California, por esta iniciativa. Es indudable que la frontera norte de nuestro país, vive circunstancias especiales por su situación geográfica y la propia dinámica de crecimiento; comercio y necesidades en servicios y seguridad del lugar, sin que exista un trato especial, si bien es cierto que los estados norteños producen más empleos y su nivel de vida es mayor al resto del país, también lo es que a través del tiempo aumentan las necesidades de servicios y seguridad, disminuyendo en consecuencia esta calidad de vida, pues no aumentan sus ingresos vía Federación de la misma proporción.
¡Ojalá exista la voluntad política por el Ejecutivo de la Federación, para canalizar los recursos adicionales vía presupuesto de egresos! ¡Ojalá constituya esto uno de los primeros pasos para que el auténtico federalismo se dé y sean los estados y municipios quienes manejen los recursos de acuerdo a su propias necesidades y urgencias! ¡Ojalá y exista congruencia en mis compañeros diputados priístas, entre lo que se da en el punto de acuerdo y la posición que observen como fracción en las comisiones que dictaminan los apoyos presupuestales.
Ojalá y no únicamente se diga que este Presupuesto de Egresos es insuficiente y que se justifiquen diciendo que: "acrecentarlo demanda ser menos dependientes del exterior y ampliar nuestra base fiscal, que tomará tiempo, disciplina, austeridad y sacrificios adicionales y certidumbre".
Los diputados fronterizos emanados del Partido Acción Nacional, estaremos muy pendientes del seguimiento y al mismo tiempo estamos en la mejor disposición para participar de lo que emana en este punto de acuerdo.
En teoría sostengo, es bueno. Ojalá no sea sólo una pose política, lo deseamos por el bienestar de los diputados fronterizos y del propio país.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Javier Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Coa su permiso, señora Presidenta:
Indudablemente, la necesidad de recursos para los estados y municipios, no solamente para Baja California o los de la frontera, es algo importante. Es por ello que yo quisiera hoy recordar que desde diciembre de 1994, a través del diputado Juan Antonio García Villa, el Partido Acción Nacional hizo una propuesta para modificar el esquema de reparto. No podemos dejar a un lado este punto cuando se solicitan mayores apoyos para un estado.
Y también la excitativa que a través del diputado Beristáin hizo el Partido Acción Nacional la semana pasada, para que se resolviera la iniciativa de 1994, cuando se discutían los dictámenes en materia fiscal en esta propia Cámara y que no hubo apoyo para que ello se realizara.
Desde luego, estamos de acuerdo con que haya un ingreso mayor proveniente de los impuestos de los mexicanos, para nuestro estado natal. Pero no solamente es la única manera como pudiera la economía de nuestra región verse fortalecida.
Todo esto me trae a la mente el problema de las tarifas eléctricas en el área de Mexicali y su valle, que es uno de los elementos más importantes en la inquietud de los mexicanos. Es un problema que hemos tratado varios diputados en esta tribuna, al cual no se ha encontrado aún una solución adecuada.
El día de hoy el señor presidente municipal de Mexicali, el licenciado Eugenio Lordy Walter quien se encuentra en las instalaciones de esta Cámara, ha visitado a los coordinadores de los grupos parlamentarios y les ha entregado en sus propias manos, un documento. Un documento que es importante en materia de apoyo al área de Mexicali, porque presenta una propuesta viable para resolver el problema de tarifas eléctricas. Esta propuesta consiste en una nueva tabulación dentro de la tarifa 1-E, con lo cual sencillamente se verían beneficiados los mexicalenses, el 80% de los mexicalenses, que son, desde luego, los que menos tienen.
Creemos que es importante mencionar este punto, porque al acompañar al señor presidente municipal a su entrevista con los coordinadores de los grupos parlamentarios, recibimos de parte de ellos, desde luego el apoyo y su simpatía para resolver el problema de tarifas eléctricas en Mexicali. Esperamos, desde luego, que a este asunto de tarifas se le esté dando un seguimiento adecuado y que al documento que fue entregado el día de hoy, que tengo una copia en mi poder, podamos ir todos los diputados, independientemente de la fracción parlamentaria a la que pertenezcamos, apoyando con el ánimo de buscar una solución a este grave problema.
Así, pues, entonces estamos de acuerdo en que sí haya un apoyo a la economía del Estado de Baja California.
Asimismo pensaríamos que vale la pena mencionar en esta tribuna, que este mismo documento será entregado, si no es que ya lo fue a esta altura del día, a la Presidencia de la Comisión de Energéticos de esta Cámara, para efecto de que lo analice y lo apoye en su momento, pues es quien tiene esta responsabilidad.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Martina Montenegro, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Distinguidos bajacalifornianos que nos visitan este día:
Es trascendente el tema que acaba de tocar mi antecesor en esta tribuna, refiriéndome además del punto de acuerdo a lo que corresponde a las tarifas eléctricas.
Me da mucho gusto que haya venido a esta ciudad el presidente municipal, pero lamento que desafortunadamente entre nosotros los bajacalifornianos, los diputados que hemos estado luchando por estas tarifas a nivel nacional, no tan sólo con acuerdos aquí mismo en la Cámara de Diputados, sino también hemos cabildeado con distintas autoridades tanto de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y las distintas secretarías que tienen en sus manos esta responsabilidad de las tarifas eléctricas. Lamento, pues, que la propuesta que ha dado a algunos coordinadores no haya negociado previamente con nosotros, ya que él sabe y conoce que hemos sido puntal en esta lucha que afecta tanto a los bajacalifornianos.
Como es conocimiento de ustedes, el señor Presidente de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, ha dado algún avance en estos apoyos.
Se creó precisamente la tarifa 1-E, se diversifico a distintos meses, pero sin embargo reconozco que aún no es suficiente para la solución definitiva. Aprovecho la oportunidad de estar en esta tribuna y de solicitar a las autoridades competentes y especialmente a la Comisión de Programación y Presupuesto la solución definitiva de esta lucha que tiene ya bastantes años.
Muchas gracias.
AURORA JIMÉNEZ DE PALACIOS
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Franciscana Krauss Velarde, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a distinguidas mujeres de Baja California.
La diputada Franciscana Krauss Velarde:
Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:
Hace unos minutos, en el museo legislativo de esta Cámara de Diputados, se rindió un justo y sentido homenaje a la licenciada Aurora Jiménez de Palacios. La primera mujer, la primera mujer diputada federal de México, representante del Estado de Baja California.
El 7 de septiembre de 1954 Aurora Jiménez de Palacios llega al antiguo Teatro Iturbide, en aquel entonces recinto de la Cámara de Diputados. Fue histórico, emotivo, el momento en que rendía protesta como diputada federal de la XLII legislatura, en medio de aplausos, de demostraciones de apoyo, de los grupos de trabajadores a los que pertenecía, pero sobre todo de mujeres, de mujeres que fueron sus compañeras de lucha. Formó parte de las distinguidas mujeres que exigían el voto para la mujer.
Su presencia en la campaña del entonces Candidato a la Presidencia de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, fue siempre de lucha
resuelta por este pleno derecho femenino. Fue una incansable luchadora social.
Licenciada en derecho. Desde muy joven participó en la actividad política. Ella siempre decía, con orgullo, "que su formación la debía a las escuelas para hijos de trabajadores que formó el general Lázaro Cárdenas".
Tenía un gran compromiso con todo lo que fuera causa social. Cuando tomó protesta, ofreció emocionada: "trabajar por la mujer, por la niñez y convertirse en paladín de las causas justas, dentro y fuera de la Cámara, para responder con una labor de actividad constante a quienes tuvieron fe en ella".
La prensa, al día siguiente de su protesta, reproducía sus palabras, que leo a continuación: "mi responsabilidad es tan grande como mí deseo de servir a México y a la mujer mexicana".
Aurora Jiménez de Palacios luchó también por la autonomía de nuestro Estado, para que Baja California, entonces territorio, llegara a ser Estado.
En el Diario de los Debates se plasman sus palabras como siguen: "me ha correspondido un honor inmerecido, un privilegio de tan gran magnitud que no tiene cabida en mí corazón. Privilegio que será el legado más honroso que dejaré a mis hijos: ser la primera mujer en la historia de México que dirija la voz emocionada al país con el carácter honroso y magnífico de diputada al Congreso de la Unión. Comparto desde luego esta distinción memorable con todas las mujeres de mi patria y con ellas también comparto la, gran responsabilidad que pesa sobre nuestra conducta.
Al habérseme otorgado la plenitud de los derechos políticos, así me siento identificada con el pensamiento de todas las mujeres de México". Aquí termina la cita.
Han pasado 42 años y aún hoy se siguen rompiendo reticencias para el avance de la mujer en todos los campos, pero mujeres como Aurora Jiménez de Palacios supieron tomar de la vida sólo lo importante, haciendo a un lado lo instrascendente, fue también ejemplar esposa y madre.
El accidente en el que perdió la vida cuando se desplomó el avión en el que viajaba ella, ella en plena juventud y en plena lucha social y política; aquel accidente que causó su muerte tan temprana conmocionó a todo el país, pero especialmente a los bajacalifornianos. Entre sus restos y en sus manos fueron encontrados, y esto lo refiero como anécdota última, Ias fotografías de su esposo y de sus hijos.
El duelo por su muerte fue impresionante. El pueblo se volcó rindiéndole un respetuoso homenaje, nos cuenta el distinguido periodista don José Merino Millán. Aurora Jiménez y su pensamiento viven y son actuales. Yo quiero que la saquemos de los museos al igual que su pensamiento y sus luchas sociales, que de sus recuerdos tengamos en su figura recia y sea un ejemplo actual para todas y para todos; un orgullo de los bajacalifornianos, un gran orgullo para las mujeres priístas, partido en el que siempre militó orgullosamente. Que nuestra conducta la honre todos los días como ella honró siempre su deber de mexicana actuante y luchadora por las mejores causas de México.
Por su atención, muchas gracias compañeros.
Señora Presidenta, le ruego quede incluido en el Diario de los Debates el texto íntegro de las palabras que pronunciara en el evento que mencioné, la diputada Martina Montenegro Espinoza, por favor.
La Presidenta:
Se instruye a la Secretaria tomar cuenta de la propuesta.*
____ *El documento se encuentra al final de esta edición, como Apéndice
Tiene la palabra la diputada Martina Montenegro...
Tiene la palabra el diputado Salvador Othón Avila Zúñiga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la integración del Congreso local del Estado de México.
No estando en el salón de sesiones el compañero diputado, tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Pospongo mi intervención para otra sesión, para que participen las otras fracciones.
La Presidenta:
El diputado Antonio Tenorio Adame pospone su intervención para otra sesión.
PODER EJECUTIVO FEDERAL
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los dos años de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Con su permiso, señora Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El 1o. de diciembre se cumplieron dos años de la toma de protesta del titular del Ejecutivo, lo que nos puede permitir comparar sus planteamientos públicos con la realidad actual de nuestro país.
Los gobernantes y nosotros como representantes populares, debemos asumir la existencia ahora de una sociedad despierta y crítica en la que la indiferencia por fortuna está quedando atrás. Así, debemos examinar la actuación de los gobernantes y en particular del Presidente de la República, pues es obvio que en estos dos años han pasado muchas cosas y lamentablemente muy pocas positivas para los mexicanos.
Hoy podemos decir que los compromisos de Ernesto Zedillo han quedado muchos de ellos en su mayoría, archivados. El actual titular del Poder Ejecutivo ha faltado a muchos de los compromisos que estableció en su toma de posesión y en sus dos primeros informes de gobierno. Lo más triste para el país es que el presidente Zedillo no ha podido imponerse frente a los grupos de poder de éste y del anterior sexenio. Nadie duda de su nombramiento constitucional, pero tal parece que el Gobierno actúa alrededor de simples circunstancias y siendo un objeto de éstas, en vez de ser sujeto del acontecer de nuestros días. Pensamos que esto ha causado numerosos problemas y crisis políticas a la mayor parte de los mexicanos y a sus instituciones republicanas.
Hoy el Presidente, con todo y todo, incluyendo el cese del Procurador General de la República, parece acotado, pero no por su voluntad democrática, sino por los factores del poder que están actuando lamentablemente con mucha fuerza, al viejo estilo, al viejo del caciquismo. El viejo estilo del PRI, los intereses financieros nacionales e internacionales, además de los cacicazgos locales parecen más fuertes que el poder de la Presidencia.
Ernesto Zedillo es el Presidente de la República pero ¿Dónde quedó la voluntad de establecer la legalidad de forma permanente? ¿Dónde el federalismo si persiste la centralización de los ingresos por parte de la Federación? ¿Dónde está la intención política de mantener una sana distancia con el partido oficial si él respalda el voto de la fracción priísta? ¿Dónde la justicia prometida? ¿Dónde la división de poderes? ¿ Dónde el castigo a los autores intelectuales de los homicidios políticos que se cometieron durante el salinato.
Lo que hoy tenemos no puede considerarse como una vida republicana íntegra, hoy tenemos un presidencialismo de viejo cuño y claramente impedido para permitir que el valor de la democracia dé a luz una auténtica vida federalista y democrática; el Poder Ejecutivo es aún el centro desproporcionado de la vida del país, domina entidades como si fueran feudos, distribuye ingresos como si fueran derechos de pernada, el Ejecutivo es convertido en el amo de los otros dos poderes.
Recordemos la anécdota de cuando dejó al Poder Judicial sin cabeza y en el mismo poder, 15 días sin que el Poder Judicial existiera en el país, algo nunca visto en la historia de nuestra patria. En distintas ocasiones el Ejecutivo ha ofrecido respeto a la división de poderes; en momentos diversos ha anunciado que la siguiente reforma es el equilibrio de poderes, pero ha dejado de usar lo que él denomina su mayoría con esa declaración dicha para avalar la reforma nada definitiva, canceló la posibilidad de que existiera ese equilibrio de poderes
y se vio que no hay voluntad para ello, simplemente el Poder Legislativo como instrumento legalizador de sus propuestas, en su bolsa trae al Poder Legislativo para usarla por mayoría cuando a él le convenga.
Compañeros diputados, todos podemos verificar, porque fuimos testigos de ello, que el 6 de diciembre de 1994 Ernesto Zedillo afirmó su convicción a favor -dijo él- , de establecer una relación nueva, distinta entre el Ejecutivo y el Legislativo, al igual que su dicho, para contribuir a que esta relación -dijo él- , esté fincada en el respeto, nunca en la subordinación; en la tolerancia, nunca en la intransigencia; en el diálogo, nunca en el aislamiento; tal como afirmó entonces, nada de eso ha sucedido, todo lo contrario hemos sufrido.
Pero estas declaraciones coinciden con la realidad, ¿dónde quedó, insisto, esa vida republicana integra? ¿No es evidente que entre el discurso de la sana distancia y el del derecho a usar la mayoría existe una contradicción diametral? La verdad es que el Ejecutivo ofreció un proyecto demócrata y consolidó la preeminencia del PRI en el Gobierno, ese proyecto desde su inicio quedó cancelado.
El control de las cámaras se ha visto durante estos dos años más fuerte que nunca y se ha consolidado la dependencia del Legislativo al Ejecutivo.
Ernesto Zedillo permitió que se avanzara la negociación de Bucareli, pero impidió que los diputados de su partido la desconocieran, impidió una rebelión, dizque rebelión o más bien asumió el costo de una decisión ajena, ¿no será qué el Presidente de todos los mexicanos termina por darse un oportuno baño de priísmo justo en el momento en que se cumplen dos años de gestión que es el plazo constitucional para poder sustituir al Presidente de la República sin necesidad de nuevos comicios? ¿Qué poder lo doblega? ¿Acaso el de Dublín? ¿Qué o quien lo obligó a desdecirse? ¿Dónde quedó el anuncio de la reforma en la que todos debemos de estar dispuestos -dijo él- , a tratar todos los temas, incluyendo desde luego el financiamiento de los partidos, lo subrayó entonces, los topes a gastos de campañas y el acceso a medios de comunicación?
¿No es cierto que estos temas fueron en los que el consenso se rompió, precisamente éstos a los que él se comprometió a que hubiera una unidad en tomo a estas propuestas? ¿No fue en estos aspectos donde se ignoró la coincidencia de los partidos políticos?..
Señora Presidenta, creo que pediría orden, si fuera tan amable...
La Presidenta:
Sí. Esta Presidencia invita a las personas que se encuentran ubicadas en el pasillo central, pasen a ocupar sus lugares y se sirvan guardar orden para permitir se escuche con atención al orador en turno.
El diputado Ramón Sosamontes Herreramoro:
Gracias, Presidenta:
Un saludo a los presidentes municipales que están entregando algo a Humberto Roque. Esta bien aprovechar esas circunstancias.
El PRD y la sociedad entera, desea una transición pacífica pero para ello es indispensable un interlocutor responsable y capaz de sostener sus compromisos; se requiere una voluntad negociadora que hoy desapareció como posibilidad para llegar a consensos.
El presidente nacional del PRI no la mantuvo, tampoco la encontramos tras 18 meses de pláticas en Bucareli. El presidente Zedillo la anunció, pero al asumir los costos por evitar reformas profundas al sistema electoral, se contradijo y perdió credibilidad; no sólo se equivocó el Presidente al decir en una gira por Europa que México no necesita una transición democrática, sino se equivoca más cuando en vez de conducirla y propiciaría terminó por obstaculizarla. Ahora nos preguntamos, ¿cuál será la reacción de los mexicanos? ¿Seguirán dando el respaldo a su partido y al Gobierno que menospreciaron la reforma política definitiva? ¿Votarán otra vez por la misma política económica.
En 1997 tendremos la respuesta, pero todo indica que al endurecer su posición el titular del Ejecutivo termina por hacerse un flaco favor y por aumentar la distancia entre la ciudadanía y el partido que lo llevó a la Presidencia. Si ése es su gusto, está bien; si ésa es su convicción, es incorrecta porque lastima no solamente la vida republicana, sino también a todos los mexicanos.
En la política los vacíos también juegan y son llenados por quienes buscan mantenerse en e! poder o acceder a él. Los reiterados mensajes del Ejecutivo anunciando su rechazo a la aplicación de los recursos presidenciales no pueden verse de una manera tan simple, tan inocente, como se pretende. Nos preocupa que estos espacios sean asumidos por caciques del sistema mexicano y por los grandes intereses transnacionales y no por la sociedad mexicana.
El Presidente lleva a cabo una política económica antipopular y regresiva, tuvo la audacia de ponerla a discusión según esto para después retirar su ofrecimiento y beneficiar así la ortodoxia neoliberal. Primero se manifestó a favor de este debate económico y después la canceló en los hechos.
Es cierto o no que según las encuestas los mexicanos desean un cambio económico, deberíamos preguntarnos; pero la obstinación en ortodoxia es para fundamentalmente apegarse a los criterios del Fondo Monetario Internacional. La actual política económica puede dar beneficios a corto plazo pero a un costo muy grande, de un déficit en a cuenta corriente con el ingreso de capitales extranjeros y por lo tanto puede ser el origen de una nueva crisis del sistema económico.
Nosotros, los diputados del PRD, queremos saber por qué no se ha escuchado a voces que proponen cambios para modificar el impuesto sobre la renta o el IVA, para tener ingresos fiscales progresivos en vez de cargar el peso de la crisis por igual entre los que ganan el salario mínimo y los que especulan en la Bolsa Mexicana de Valores.
¿Qué no basta el error de diciembre de 1994 para rectificar la política económica? ¿Habremos de esperar nuevas fallas para entonces cambiar el rumbo? ¿Más errores de diciembre? ¿Nuestros impuestos seguirán sirviendo para subsidiar a los banqueros o a los que usufructúan la ganancia de los mexicanos.
La justicia es otro de los temas pendientes en estos dos años, mientras los grandes homicidios como el de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu siguen sin solución, la inseguridad se apodera de las calles y de las carreteras.
En su discurso de toma de posesión afirmó: los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública, han lastimado hondamente a la ciudadanía, han sembrado la inquietud y duda sobre algunas instituciones y han dividido a los mexicanos. Hasta ahora las investigaciones no han satisfecho plenamente a la sociedad -dijo él entonces- , y ahora podríamos repetirle a él mismo que no ha satisfecho plenamente a la sociedad ninguna de las investigaciones que he señalado.
Y más adelante todavía anunció, recordemos nosotros ese momento porque tiene que ver con el cese de ayer de Antonio Lozano. Dijo, señalándolo incluso a él: doy instrucciones precisas al Procurador General de la República, para que intensifique con todo rigor las investigaciones y punto y seguido, se congratuló de tener un procurador salido de esta Cámara de Diputados, que podría garantizarle -decía él- , la independencia del Procurador y no tomarlo como a otro de los secretarios del gabinete.
Incluso estuvo presumiendo durante muchos meses esta propuesta y este nombramiento que tuvo entonces Antonio Lozano.
Por cierto que nosotros queremos señalar que el Presidente de la República nos debe una explicación, tiene que decirnos aquí porqué fue cesado Antonio Lozano, cuál es la verdadera razón para que esto haya sucedido el día de ayer, qué pasó entre esa relación de un Procurador que entonces presumió de él y ayer lo despidió como a los peores de los empleados en cualquier fábrica o comercio o industria.
Ese rigor que contrastó con el nombramiento del procurador Lozano Gracia, ahora no se notó en la sustitución, simplemente quiso revivir una comedia más, otra comedia más, cuando se nombró a Jorge Carpizo, el entonces ombudsman, y ahora traerlo, igual como sucedió antes, al otro ombudsman para que ocupara la Procuraduría General de la República.
Insisto, nos debe el señor Presidente de la República una explicación, aquí a la Cámara de Diputados, en vista de que aquí fue, delante de todos nosotros, del Congreso de la Unión primero y después en la comida que hubo en el vestíbulo, donde presumió de él y donde nos dijo que era la garantía para que hubiera independencia en la Procuraduría General de la República. De esto obviamente nada se ha dicho y tiene que decir y explicárnoslo.
Compañeras diputadas y diputados, estos dos años lamentablemente no han sido de compromisos cumplidos, incluso en el acuerdo que se tuvo el 28 de noviembre de 1994 con el grupo parlamentario del PRD y él, entonces en una reunión que tuvimos y que suscribimos en un comunicado conjunto muchas de estas cosas, lo se cumplieron ninguna ni la reforma de carácter social y económica que dijo él que iba a haber ni la reforma definitiva que lograra elecciones creíbles, limpias y confiables ni siquiera en la recuperación y fortalecimiento del equilibrio republicano y una verdadera independencia entre los poderes de la Federación.
Quiero decirles, compañeros diputados, que es lamentable que no haya sucedido así, porque en lugar de haber fortalecido a las instituciones republicanas, las ha debilitado, las ha mantenido como instrumentos serviles a un interés político ajeno a la mayoría de los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias; compañeras y compañeros diputados:
Hace unos instantes el diputado Sosamontes señaló a nombre de su partido, el de la Revolución Democrática, que el Presidente de la República debe una explicación por la remoción del procurador general Antonio Lozano Gracia, a esta representación.
El día de ayer, los dirigentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática hicieron ese reclamo al Presidente de la República de una explicación por la remoción del Procurador General de la República.
Yo me pregunto, a la luz de esta discusión, ¿a quién corresponde pedir esta explicación, además de que obviamente les corresponda a los dirigentes de los partidos? Pues está claro, como lo señala el diputado Sosamontes, que nos corresponde a nosotros los legisladores pedirle al Presidente de la República esta explicación y que lo debiéramos de hacer de manera formal, respetando la división de poderes y los procedimientos para ello.
No podemos esperar a que el Presidente de la República nos dé la explicación en su próximo informe de gobierno; no hay en este momento un Procurador General de la República que tenga la representación para hacerlo. Quien fue designado ayer en sustitución, tiene pendiente la ratificación del Congreso, por tanto no podríamos citar al Procurador General de la República a comparecer en tanto, en primer lugar no hay Procurador General de la República designado y en segundo lugar es el Presidente de la República el que tiene la representación y la función de Ministerio Público y por lo tanto es a él a quien le corresponde explicarle al Congreso.
¿Por qué razones tendría el Presidente de la República que darle esa explicación a la Cámara de Diputados y al Congreso en su conjunto? En primer lugar, porque en las reformas constitucionales que nosotros aprobamos en esta Cámara se contempla la disposición por la cual el Procurador General de la República es ratificado por el Senado, es decir, por una instancia del Poder Legislativo.
Si el Procurador General de la República va a ser designado por el Senado, dos, el Poder Legislativo tiene que saber antes porqué fue removido el procurador Lozano Gracia.
Además de las razones que ya ha dado relativas a los compromisos asumidos por el Presidente de la República, que ya ha dado el diputado del PRD que me precedió, es evidente que el Presidente de la República hizo expreso su compromiso de independencia del Procurador General de la República en esta tribuna y que tal independencia queda en entredicho con la remoción del ex procurador Lozano Gracia. ¿A qué independencia se refería el Presidente de la República? ¿De qué manera la remoción de Lozano Gracia afecta o no ese compromiso de independencia?
Pero además hay otros elementos que yo quisiera brevemente exponer ante ustedes, señores diputados. La remoción del procurador Lozano Gracia entraña un conflicto político, una crisis política en el Gobierno de Ernesto Zedillo y serios riesgos para su Gobierno, serios riesgos que Ernesto Zedillo siempre se ha cuidado de no correr, los que tienen que ver con los vínculos con el exterior.
Hay indicios de que el Gobierno de México informó con anterioridad al gobierno de los Estados Unidos sobre la remoción del procurador Lozano Gracia. También hay indicios que el gobierno de los Estados Unidos no está plenamente satisfecho con esta remoción. Los comentarios que de manera extraoficial hasta el día de hoy por la mañana habían hecho los funcionarios del Departamento de Estado de la Casa Blanca, era en el sentido de una profunda extrañeza, sobre esta decisión del Gobierno, que se veía afectaría los compromisos de México en el combate al narcotráfico.
¿Qué razón superior tiene Ernesto Zedillo para poner en riesgo o en tensión sus vínculos, que hemos visto son tan obsecuentes, con el gobierno de los Estados Unidos al remover a su Procurador? Bueno, evidentemente debe de haber algún motivo y este motivo tiene que ser conocido, aquilatado por esta representación.
El motivo que trasluce por las informaciones públicas que hay, es que el Presidente estuvo sujeto a una presión extraordinaria. Quién tiene el interés o quién pudo haber tenido el interés, y en esto no vamos a juzgar el desempeño del procurador Lozano Gracia, sino simplemente las circunstancias políticas, el único que pudo haber tenido un interés y una capacidad suficiente de intimidación al Gobierno actual para moverlo a tomar una decisión sumaria, intempestiva, de esta naturaleza, es el señor Carlos Salinas de Gortari. Intimidó, amenazó el señor ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, al actual Gobierno con tomar sus propias represalias si el Procurador General de la República no era removido de su puesto.
Esta es una hipótesis que debemos contemplar necesariamente y la debe de contemplar este Congreso y yo quisiera pedirle un minuto simplemente para concluir con esta reflexión.
El Presidente de la República en su reciente visita en Asia dijo, textualmente, que en referencia a la Ley Electoral había recurrido a su mayoría. ¿Quiere decir que ésta es la percepción que el Presidente tiene de este Congreso, es su mayoría en este Congreso.
Si es una decisión arbitraria como la que entraña hablar de su mayoría, nosotros estamos obligados en este Congreso a pedirle, a solicitarle en la división de poderes esta explicación y los diputados del Partido Revolucionario Institucional que no quieren ser simple y sencillamente usados, como dijo el Presidente, usados como su mayoría, deben pedir esta explicación y secundar la iniciativa que se tome por parte de las fracciones de la oposición para pedirla.
Por tanto, creo que es necesario reflexionar en esta tribuna y en este día sobre la necesidad de pedirle al Presidente de la República que se dirija de manera oficial al Congreso, para darle una explicación sobre las condiciones, circunstancias y razones que lo movieron a la remoción del señor Procurador General de la República o incluso, que tenga el gesto de venir a este Congreso como lo hizo en una ocasión, cuando habló precisamente del procurador Lozano Gracia, en una comida celebrada aquí en el vestíbulo de la Cámara de Diputados.
¿Por qué no viene el Presidente a darnos una explicación, por qué nosotros, los diputados de oposición no le pedimos de manera formal al Presidente que nos venga a dar una explicación de la remoción de Lozano Gracia? ¿Por qué los diputados del PRI que no son usados simplemente como mayoría, no le piden al Presidente de la República que nos dé una explicación de esta decisión, que ciertamente afecta la vida de la República.
Yo dejo la pregunta para que sea respondida por ustedes, señores diputados.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado José Castelazo y de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema y hasta por cinco minutos.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Ángeles:
Con su venia. señora Presidenta:
La política se juzga por los resultados. Es muy importante reconocer en el Presidente Ernesto Zedillo la responsabilidad de gobernar. Veamos cómo la ha asumido en cuatro de los rubros que a todos nosotros nos preocupan: economía, sociedad, justicia y política.
En economía enfrentamos una crisis de magnitudes enormes que en un tiempo razonable logramos superar con el apoyo heroico del pueblo de México. Se ha logrado una recuperación macroeconómica que es evidente y para que llegue a los bolsillos del pueblo, debe haber todavía una reestructuración, tanto sectorial como regional para corregir los graves desequilibrios. Se está trabajando seriamente en el renglón de la economía.
En la sociedad se han diagnosticado, quizá, con una acuciosidad nunca antes conocida todos los rezagos, todas la injusticias y pendientes que tenemos con millones de mexicanos. Esto permite hacer una estrategia focalizada y en el mediano plazo esperar resultados que vayan atenuando la pobreza y que vayan equilibrando la distribución de la riqueza.
Ha habido la promoción de una organización autónoma de la sociedad, que es evidente y también una libertad de expresión sin restricciones. El papel de los medios ha sido relevante y ha sido decisivo para conducir al país. No es verdad que haya habido ninguna restricción a la libertad de expresión.
En la justicia se hizo desde el inicio del Gobierno una reforma, quizá insuficiente pero muy amplia, del Poder Judicial Federal, tan amplia que removió muchos de los cimientos de ese poder y lo reencauzó hacia la justicia expédita y hacia la justicia ciega.
En política, evidentemente el tema más debatible, ha habido mucho trabajo, mucho trabajo del Presidente de la República, de este Congreso, de los congresos locales, de los gobiernos estatales y de los municipales, mucho trabajo político de la sociedad.
La reforma electoral que logramos fue por la cantidad de acuerdos posibles y nadie estuvo dispuesto a sujetarla a sometimiento alguno, proviniera de quien proviniera, esa decisión de tratar de someter a un poder, un poder político real.
Se han roto mitos y ritos. Estamos trabajando el federalismo, cada fuerza política está exponiendo sus argumentos para actualizarlo y para llegar juntos a una redistribución del poder más equilibrado en toda la República.
En el presupuesto de 1997, se prevé la descentralización en el gasto social de la quinta parte, de la quinta parte del gasto total programable, es decir, 100 mil millones de pesos, eso nunca había sucedido en este país.
En el equilibrio de poderes, ha habido respeto a los poderes y solidaridad del Presidente de la República con su partido y desde luego, apoyo y solidaridad, del Partido Revolucionario Institucional, para el Presidente que condujo al poder.
Ha habido pues, equilibrios y madurez, apego a la ley en el ejercicio del poder político y administrativo y en el quehacer político. Ha habido firmeza, realismo y convicción en el futuro de México, fortaleza en una visión compartida, en pocas palabras, se inauguró un presidencialismo democrático.
Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta:
Ha solicitado hacer uso de la palabra el compañero diputado Cuauhtémoc Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Compañeras y compañeros, el diputado Sosamontes inició su intervención sobre el balance de los dos años de Gobierno del doctor Zedillo, haciendo un conjunto de reflexiones sobre los zigzagueos, los titubeos, retrocesos y ahora más recientemente, los autoritarismos que hemos estado viendo desde la Presidencia de la República.
El cese del día de ayer del procurador Lozano Gracia, independientemente del juicio que hemos hecho y que hemos venido sostenido sobre la actuación de Lozano Gracia. El cese en sí mismo representa una medida autoritaria que necesita ser explicada ampliamente a este Congreso de la Unión, a este Poder Legislativo.
Ya el diputado Aguilar Zinser, ha hecho una propuesta muy concreta, en el sentido de que el Presidente de la República dé una amplia explicación al Congreso de la Unión sobre los motivos por los cuales removió a Lozano Gracia como Procurador General de la República, puesto se ha solicitado que el Senado de la República ratifique el nombramiento del nuevo Procurador General de Justicia.
El PRD en distintas ocasiones y momentos, ha planteado la necesidad de que el Procurador General de la República no sea designado por el Presidente de la República, sino por esta Cámara de Diputados con las dos terceras partes de sus votos, porque pensamos que es necesario que la PGR vaya adquiriendo independencia, vaya adquiriendo autonomía, de tal forma que esté en posibilidades de convertirse en un instrumento de impartición de la justicia que hasta ahora, desafortunadamente, no ha cumplido ese papel.
Dice el diputado Castelazo que ha habido respeto a los poderes durante estos dos años del presidente Zedillo. Yo quiero simplemente recordarles que pocos días después de que aquí, el PRI, con su mayoría, como dijo el Presidente en Seúl, Corea: "utilizó su mayoría. El PRI aprobó sólo la reforma electoral". Días después el presidente Zedillo se reunió con un grupo de periodistas de la revista inglesa The Economist y declaró que ésta, la que había pasado, era la última reforma electoral de su Gobierno. Y yo digo: ¿y nosotros qué? ¿Estamos pintados aquí o que este Poder Legislativo no puede hacer su propia reforma electoral? ¿Por qué nos tiene que ordenar el Presidente de la República? ¿Por qué la orden tiene que venir de Los Pinos sobre si hacemos o no hacemos una nueva reforma electoral.
Yo creo que eso no se llama respeto a los poderes si no más bien esta tendencia que se advierte en los últimos días, de mayor autoritarismo, que se refleja también en el discurso que pronunció en Monterrey, recién arribó de su larga gira por el Asia-Pacífico. En Monterrey, al hacer un balance de sus dos años de Gobierno criticó duramente a los que hemos estado en la oposición diciendo claramente que ha incumplido sus promesas de campaña y las promesas que vino a hacer aquí cuando tomó posesión el 10. de diciembre de 1994.
Creo, compañeras y compañeros, que necesitamos retomar esta propuesta que ha hecho el diputado Aguilar Zinser, en el sentido de que el Presidente de la República explique al Congreso de la Unión las razones de la remoción de Lozano Gracia y también que el ex procurador Lozano Gracia informe a este Congreso también de las razones por las cuales él considera que fue despedido el día de ayer.
Creo, compañeras y compañeros, que ésta es una sana explicación para la vida de la República ¡Ya basta!, de que solamente se argumente que en ejercicio de sus atribuciones como Presidente de la República se le remueve a un funcionario, esa explicación no basta. La salud de la República exige que en eso haya transparencia.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Adolfo Aguilar Zinser, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, compañeras y compañeros:
El Presidente de la República tiene, conforme al artículo 102 de la Constitución la facultad de nombrar y remover a los integrantes del Poder Ejecutivo que sirven en su administración. En el caso específico del Procurador General de la República es el único caso en el que la Constitución señala también que este nombramiento deberá hacerse con la ratificación del Senado de la República. No se trata, por tanto, de cuestionar las facultades legales que tenga el Presidente de la República para remover al procurador Lozano Gracia, sino hacer uso de nuestra potestad política para pedirle al Presidente la rendición de cuentas por sus acciones. El Presidente puede remover al Procurador General de la República, de hecho lo hizo. Lo que nosotros vamos a plantearle al Presidente de la República no es que se retracte de la decisión o que tome otra decisión distinta, sino que nos dé una explicación de la decisión que tomó y la cual tiene ya plenos poderes jurídicos.
Pero es evidente que el Presidente de la República usa a su mayoría en el Congreso no sólo para hablar, sino que usa a su mayoría también para callar.
Esta mañana hemos tenido un debate acaloradísimo sobre las actas de nacimiento de un gobernador y sin embargo, este Congreso permanece silencioso, tanto el Partido Acción Nacional como el Revolucionario Institucional, sobre un hecho que afecta de manera decisiva las funciones de este Congreso, las responsabilidades de este Congreso, que son aquellas vinculadas a la administración de justicia.
El Presidente de la República ha hecho pronunciamientos relativos a sus compromisos con la administración de justicia como uno de los temas centrales de su actuación aquí en esta tribuna en diversas ocasiones y ante diputados y senadores de esta legislatura.
¿No es éste un asunto que afecte de manera importante la administración de justicia y el ejercicio del Gobierno? ¿Por qué nosotros debemos de permanecer pasivos ante ello? ¿Por qué no es éste un motivo de preocupación expresa de nuestro Congreso? ¿Porqué nosotros no le solicitamos de manera respetuosa al Presidente de la República que atendiendo a la división de poderes, él simple y sencillamente nos haga una explicación de las razones que llevaron a tomar esta decisión que tiene ya plena validez jurídica.
Creo que es también plenamente justificado, como lo señala el diputado Cuauhtémoc Sandoval, que el ex procurador Lozano Gracia, también por interés y por motu proprio, recurra a nosotros, sus compañeros diputados, para darnos su punto de vista sobre los motivos que en su opinión llevaron a su remoción como procurador y también sobre las condiciones bajo las cuales se desempeñó en el cargo, las presiones a las cuales estuvo o pudo haber estado sujeto, las restricciones, las dificultades que encaró y que evidentemente encaró el procurador.
Entonces, yo hago un llamado también a los integrantes del Partido Acción Nacional para que de manera igualmente respetuosa le hagamos una solicitud al diputado con licencia, Antonio Lozano Gracia, para que venga a esta Cámara de Diputados, venga ante la Comisión de Justicia y dé su propia versión de lo ocurrido. ¿A quién si no, se le van a dar estas versiones? ¿a quién se refería? ¿A qué ámbito, en qué foro pensaban los dirigentes de los partidos políticos ayer, cuando le pidieron al Presidente de la República una explicación, si no es ante el foro de esta representación.
Creo y reitero: tanto el Presidente de la República como el ex procurador Lozano Gracia, tienen la obligación moral y la obligación política de dar una explicación a este Congreso y a esta Cámara de Diputados, sin menoscabo de los derechos y de la autoridad jurídica que el Presidente tenga para haber removido al procurador.
Yo me pregunto si Lozano Gracia va a regresar a la Cámara de Diputados. En estricto derecho tendrá que hacerlo porque su licencia le fue otorgada para desempeñarse en el cargo de Procurador General de la República; habiendo extinguido ese cargo me pregunto si el procurador Lozano Gracia, va a pedir que se le extienda la licencia por cualquier otro motivo o se regresará a ocupar la representación a la que tiene derecho.
Entonces, en uso de estas consideraciones, creo que sería muy sano para este Congreso, que nos pusiéramos de acuerdo sobre las condiciones bajo las cuales el Presidente de la República pudiera recibir esta solicitud de parte nuestra, lo mismo que el ex procurador Lozano Gracia y que sea aquí, donde se ventile este asunto que evidentemente no puede quedar en el silencio.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Armando Quintero Martínez, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
El diputado Raúl Armando Quintero:
Bueno, en primer lugar veo que los compañeros diputadas y diputados del PRI y del PAN, están tristes como cuando acaba un romance. Parece ser que ése es el motivo por el cual al haber concluido el concubinato, no hay más que tristeza, silencio y dolor que no quiere presentarse a debatir el fondo de la situación.
Yo creo que el problema de fondo es que efectivamente el señor Presidente de la República ha hecho uso y abuso de su mayoría en la Cámara; pero sin lugar a dudas, compañeras y compañeros diputados, es claro que el cese, el despido del señor Procurador General de la República, está en el documento que ha conocido el país.
La primera razón es por la incapacidad mostrada por la Procuraduría General de la República, para indagar a fondo los crímenes en contra del señor licenciado Luis Donaldo Colosio, en contra del crimen del cardenal Posadas y de José Francisco Ruiz Massieu. La incapacidad para explicar a dos años estos asesinatos, sin lugar a dudas son la razón fundamental.
El segundo delito es que el señor procurador daba muestras crecientes de activismo político en favor de su causa partidaria y que sin lugar a dudas descuidaba por esa preocupación de favorecer su causa partidaria, las razones para que fuera el abogado de la nación, el abogado de todos los mexicanos.
Y es que es obvio que el procurador no estuviera concentrado en sus tareas cuando se había convertido en el "procurador viajero". Un procurador que llevaba más de 40 viajes al exterior del país, solamente rebasado por la Secretaría de Turismo de nuestro país. El señor Procurador General de la República no puede ser un viajero interminable; el señor Procurador General de la República, debe de estar atento, sobre todo si tiene a su cuenta, tres crímenes que han lastimado, que han lesionado la moral pública, que han agraviado la política y a las instituciones de la República.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que efectivamente hoy, más allá de que se ha concluido con un cese largamente anunciado, como premio a la incapacidad para ir al fondo de los asuntos que les preocupan a los mexicanos, hoy debe recomponerse el rumbo.
Tenemos que, la Cámara de Diputados, levantar la voz para que sea esta instancia quien elija, no por dedazo, no por designación aun incondicional del Presidente de la República, al próximo Procurador General de la República. Tenemos que discutir el fondo y a fondo, los problemas que han agraviado a los mexicanos y que han lesionado la moral pública. Tiene que irse a fondo para que se acabe con esta ignominia, porque los mexicanos nos sentimos indignados, irritados, cuando el señor procurador mandó al licenciado Luis Raúl González Pérez, de rodillas a dizque entrevistarse con el señor Carlos Salinas de Gortari.
El pueblo de México no quiere que el procurador se arrodille ante el señor Carlos Salinas de Gortari, sino demanda que traigan a Salinas de Gortari a México, a investigar y no que el procurador se ponga de rodillas, como lo hizo el señor Lozano Gracia.
Creo, compañeras y compañeros diputados, que hoy es la oportunidad de que este Congreso diga al señor Presidente, que es el momento de que el procurador sea consensado en esta Cámara de Diputados, para evitar compadrazgos, para evitar agachamientos que lesionan la vida republicana, para evitar complicidades políticas, derivadas de la misma militancia de partido o para evitar procuradores de partidos distintos que tratan de hacer también uso y abuso en su favor y de su partido, como es el caso reciente.
Por ello yo creo que esta decisión, que este despido da la oportunidad para que la Cámara de Diputados enmiende, de una vez y para siempre, esta práctica que hace que no tengamos los mexicanos a un verdadero procurador que sea el abogado de la nación que tanta falta le hace al país y que tanto están reclamando los mexicanos.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello Treviño, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
La diputada Consuelo Botello Treviño:
Señores diputados:
Ni tristeza ni rencor. Serenidad es lo que nos toca a los diputados conservar en momentos. críticos de todo tipo que se dan en nuestro país.
Ante la mirada objetiva y desinteresada de la sociedad, estoy segura que se configura la opinión de que durante dos años el licenciado Antonio Lozano Gracia actuó con absoluto desinterés, es decir, anteponiendo, anteponiendo el interés de los mexicanos y de la nación a cualquier otro interés personal y partidista.
Por eso considero que seria irresponsable de parte nuestra prestarnos a especulaciones sin fundamento o rumores sin sentido, porque con eso no haríamos ningún favor a la labor desempeñada por el procurador ni a nuestra propia categoría de legisladores que tenemos que examinar objetivamente las causas de la nación.
Por esa razón yo ratifico, en esta tribuna, lo que planteó ayer el presidente de mi partido, licenciado Felipe Calderón y el coordinador de nuestro grupo parlamentario, licenciado Ricardo García Cervantes, respecto a una exigencia: ¡la exigencia de que los mexicanos, todos, tienen derecho a conocer las razones precisas que motivaron dicha remoción!
¡A esa exigencia nos unimos los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, con nuestro jefe nacional y nuestro coordinador y esperamos la respuesta a este cuestionamiento!
Gracias.
ESTADO DE MÉXICO
La Presidenta:
Por encontrarse ya en el salón de sesiones, hará uso de la palabra el diputado Salvador Othón Ávila Zúñiga, del grupo parlamentario del Partido acción Nacional, para referirse a la integración del Congreso local del Estado de México.
El diputado Salvador Othón Ávila Zúñiga:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
El día de hoy los diarios nacionales y los del Estado de México informan sobre la decisión del tribunal estatal del Estado de México, en el sentido de revocar el absurdo y monstruoso acuerdo número 65, que el pasado lunes 25 de noviembre tomó el consejo estatal electoral.
Es bueno que prevalezca el estado de derecho sobre los intereses retorcidos e inconfesables de algunas personas y no digo de partidos porque es posible que estas personas hayan tomado en sus manos la representación de algún partido para tratar de retorcer la ley y regresar a tiempos que espero que ya no vuelvan en su propio beneficio.
Bien. Las aguas han tomado otra vez su cauce y prevalece el estado de derecho. Sin embargo, no debemos sentirnos satisfechos porque en el Estado de México un gran experimento, en el que todos los ciudadanos y todos los partidos políticos habíamos puesto tantas esperanzas, que es la ciudadanización y por lo mismo la equidad de los órganos electorales, ha fracasado.
Efectivamente, el diputado local Jaime Vázquez Castillo tomó el control de la junta celebrada el pasado 25 de noviembre, en el consejo electoral del Estado de México, hizo a un lado al licenciado Samuel Espejel Díaz González, presidente del consejo general y al secretario de dicho consejo, licenciado José Bernardo García Cisneros, para que sin fundamento legal alguno y pisoteando la ley de manera inaudita se le otorgara al PRI una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que de ninguna manera los ciudadanos le dieron en las urnas.
Los consejeros ciudadanos que se prestaron a este intento de atraco, afortunadamente abortado, son los siguientes: señor Alejandro Maldonado Sánchez, señor Rogelio Tinoco Gracia, licenciado Santos Mesa Garcés, ingeniero Lorenzo Vera Corona, ingeniero Jesús Barrera Legorreta, así como los diputados locales licenciado Luis Cuauhtémoc e ingeniero Guillermo González Hernández; desde luego el diputado Jaime Vázquez Castillo.
La señora María Luisa Farrera, directora general del instituto electoral, quien cuando tomó el cargo protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado de México y las leyes que de ella emanan, desde luego que acompaña al licenciado Samuel Espejel Díaz González y al licenciado Bernardo García Cisneros, así como a los consejeros y diputados arriba mencionados, en este viaje por la ignominia de los órganos electorales del Estado de México.
En la exposición de motivos del nuevo Código Electoral del Estado de México, que la suscribe el gobernador sustituto, licenciado César Camacho Quiroz, hay un párrafo que dice así: "los candidatos a consejero electoral deberán reunir requisitos que aseguren su imparcialidad, objetividad y conocimiento de la materia electoral.
Por su número tendrán asegurada la mayoría de votos en el consejo electoral, actuarán conforme al mandato legal y a su recto criterio, sin nexo, subordinación o atadura alguna con los poderes públicos ni con los partidos políticos".
¡Cuanta ingenuidad! Seguramente quien redactó este párrafo no conoce la capacidad de captación que tiene el diputado local Jaime Vázquez Castillo o las debilidades o flaquezas de los funcionarios que ya mencionamos o ambas. ¡Pobres ciudadanos! ¡Pobres consejeros! ¡Pobres consejeros ciudadanos! ¡Qué lástima que la sociedad haya puesto tanta esperanza en ustedes:
Continuando con la exposición de motivos que suscribió el señor gobernador, en otro de sus párrafos dice: "el gobierno garantiza, porque para ello está obligado y el titular del Ejecutivo convencido, su total imparcialidad, que no es desentendimiento de lo que la propia ley le asigna como responsabilidad. A todos corresponde tener claridad de objetivos, mesura, aceptación de que la democracia no se subordina a intereses personales de partido". El subrayado es mío, pero lo voy a repetir porque lo dijo el gobernador actual del Estado de México, "que la democracia no se subordina a intereses personales de partido". Una vez más se demuestra que la limpieza electoral no es tan sólo materia de leyes, sino que también es de conciencia y de voluntad de quienes intervienen en el proceso.
Mi pregunta a todos ustedes, señores diputados, representantes de ciudadanos de toda la República Mexicana es: ¿podemos ir los ciudadanos del Estado de México a las próximas elecciones del Estado con organismos electorales como éste? ¿Podemos tener confianza en que estos organismos aplicarán en situaciones más sutiles o menos claras, los principios rectores de la ley de imparcialidad y objetividad que se pretende deben tener cuando en situaciones tan claras como la que comentamos, la pisotean y la retuercen en una lealtad no sabemos a qué intereses pero que definitivamente no son a su patria ni a su Estado.
Yo creo que los partidos políticos, todos, en congruencia con el sentir de la ciudadanía, toda también, debemos de pedir la destitución de quienes integran este instituto y este consejo, i no es que su castigo por traicionar su protesta expresada al tomar posesión.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Tiene la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Todo proceso electoral significa una prueba fundamental para una sociedad democrática, cada proceso refleja nuestro avance cívico y político. Mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, desea que todos los partidos enfrentemos con serenidad las elecciones del 10 de noviembre, de esas elecciones, debemos hacer de ellas no un pretexto de división o de discordia, sino un motivo más de respeto y de unidad en favor del desarrollo democrático de nuestro Estado, del Estado de México, al que seguramente todos los mexicanos queremos y amamos.
Por eso pienso que en el inminente proceso de renovación política en nuestro Estado, debe inspirarse no sólo en nuestros legítimos intereses regionales sino, además, en la limpia intención de contribuir a la unidad de toda la nación y al fortalecimiento de las instituciones de la República, de paz activa y del mejoramiento de cada una de las partes, que son las entidades federativas de quien depende la validez de todos, que es nuestra patria, que es México.
Los priístas no tememos a la actividad política, no la consideramos un estorbo o una calamidad, por el contrario, la entendemos como un signo de vitalidad social y como un instrumento insustituible para la elevación general de todo pueblo; hablo desde luego, de la política en, el alto sentido de la palabra, de aquella que tiene como motor fundamental el interés de servir a la colectividad, de la que se funda en principios ideológicos, diáfanos y en programas viables de acción.
Hablo de aquella que no desciende al rango de la politiquería, que no es más que un catálogo de incidentes y anécdotas, de egoísmos y de apetitos mezquinos, que conduce generalmente a combates verbales de carácter personal y enfrentamientos vacíos y estériles.
Jugamos una política verdadera, esa política la entendemos como la que incluye, la que toma en cuenta no sólo a los que comulgan con ustedes y con nosotros, sino también a los que al diferir ensanchan el panorama. Ofrecemos, los priístas: respeto para quienes pensando distinto tratan honradamente de ganarse la confianza del pueblo desde otros partidos; respeto también para aquellos que en forma aislada desde los espacios de la pluralidad, pluralidad social, no comparten nuestras creencias e incluso las combaten en ejercicio legítimo de su derecho de disentir.
Aprendamos juntos de la confrontación que templa, que obliga a ser cada vez mejores, aceptemos el riesgo de que haya alternativas y reconozcamos que finalmente será la sociedad la que decide o la que decida. Creemos los priístas, creemos en la diversidad que no divide sino la que multiplica las posibilidades, pues estamos ciertos también que en un régimen republicano, la resistencia de las minorías confirma la fuerza de las mayorías que somos nosotros.
Somos positivos y propositivos; si tenemos la razón cuantas veces haya necesidad la haremos valer, pero también queremos dar ejemplo de madurez política sometiéndonos siempre a la inexorable decisión del pueblo. El desafío de nuestros tiempos es apertura hacia los demás, voluntad de conciliar las diferencias, capacidad siempre para concertar en el marco de la ley; hablar, señoras y señores diputados, de lo que ha pasado en una contienda en donde los ciudadanos intervinieron en forma directa y definitiva, creo es lo más positivo y que es lo que está a discusión.
La última instancia, el Tribunal Electoral del Estado de México, ha fallado el día de ayer, los priístas nos sometemos a esa decisión y queremos que todos los partidos se sometan como se está sometiendo a la voluntad mayoritaria del pueblo y de los organismos electorales, los demás partidos.
Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime Cleofas Martínez, del grupo parlamentario del PRI para referirse a la situación de las escuelas en el municipio de Tijuana.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Originalmente me iba a referir a la situación de la educación en el Vl Distrito de Tijuana, sin embargo la similitud de la problemática que enfrenta este rubro en todo el país merece que se haga una reflexión en torno a las posibles opciones de solución a las graves carencias de este sector clave en nuestro desarrollo.
Resulta complejo ubicar en su real magnitud la dimensión del desafío que el país enfrenta en materia educativa. México cuenta en términos absolutos con uno de los sistemas escolares más grandes del continente; sin embargo, cuando se procede a su análisis es posible advertir la falta de una adecuada correspondencia entre la demanda y la oferta educativa nacional no sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos.
En los últimos años, el renglón educativo ha experimentado problemas de diversa índole. Algunos producto natural de su crecimiento, otros derivado de la insuficiencia de recursos canalizados. Igualmente nos enfrentarnos a nuevas realidades educativas relacionadas estrechamente con el papel que juegan los medios masivos de comunicación electrónica y las influencias que en este ámbito tiene el fenómeno de la globalización.
En este sentido no es exagerado afirmar que la actual legislatura tiene en materia educativa una situación similar a la que por su magnitud enfrentaron los legisladores de la segunda década de nuestro siglo, esto es, apoyar a la educación para que ésta sea, que ésta se convierta en el motor y soporte de los demás cambios que el país requiere.
Se requiere de respuestas de altura capaces de despejar los horizontes educativos nacionales de cara al Siglo XXI, fortalecer a un sistema educacional que debe proporcionar la cobertura que la sociedad demanda, además de la calidad indispensable que dé sustento a la virilidad de nuestra nación.
Ahora que los indicadores macroeconómicos nacionales comienzan a mostrarse estables y registran una mejoría, es indispensable buscar la elevación de los indicadores educativos con el mismo espíritu y compromiso que animó a los legisladores de 1917 considerando la educación como una inversión antes que como un gasto.
Los especialistas en la investigación de temas educativos coinciden en señalar como aspectos nodales a los que hay que prestar atención la cobertura del sistema educativo, la calidad de la enseñanza que se imparte y por último pero no por ello menos importante, los recursos que se le destinan.
Por lo que respecta a la cobertura del sistema educativo, es preciso reconocer el serio problema que plantea proporcionar servicios adecuados a una población en constante crecimiento; por diversas razones se ha rebasado la capacidad de las instituciones, inclusive hay quienes apoyados en la dificultad inherente de asegurar el acceso a la educación a todos los niños y jóvenes mexicanos, sugieren que se abandone este compromiso. Por fortuna, en las instituciones educativas y en el seno de toda la sociedad, existe la firmeza de que el acceso a la educación en la forma en que fue plasmada por el Constituyente de 1917 es un principio de justicia social y negociable.
Hay, sin embargo, de acuerdo a los datos disponibles, más de 2 millones y medio de niñas y niños mexicanos entre los seis y 14 años que no asisten a la escuela. En su mayoría, estos menores habitan en pequeñas comunidades rurales, siendo más afectadas las niñas que los niños.
En lo que corresponde a la educación secundaria, la concurrencia es menor. En 1990 la proporción de asistentes a ese nivel, correspondió a 40% de la población en edad de cursarla. En el nivel medio superior que comprende al bachillerato y sus equivalentes, únicamente 28 de cada 100 jóvenes cursa los estudios respectivos. A los estudios universitarios sólo acude el 14% de los jóvenes entre 19 y 24 años de edad. En conjunto, los datos de la Secretaría de Educación Pública revelan un crecimiento sostenido en la eficiencia terminal a nivel de educación primaria, sin embargo, dejan ver un estancamiento relativo en los demás niveles escolares.
En cuanto a la calidad, existe un consenso entre numerosos especialistas, alrededor de que ésta es fundamental para asegurar la permanencia en la escuela, así como para disminuir la reprobación y los fracasos escolares.
Otro indicador usado frecuentemente, es el relativo al promedio de alumnos por profesor, mientras que en los Estados Unidos de América un profesor de primaria se hace cargo de 19 alumnos y en Canadá de 15, en nuestro país el mismo nivel un docente se ocupa de 31 alumnos.
Es necesario puntualizar que el acceso universal a la educación es sólo el primer paso. Un segundo paso tan importante como el primero, es de la calidad de la misma, la educación de calidad es soporte de un desarrollo justo y sostenido, es base para la democracia y es puntal del crecimiento económico.
Aquellos países que hoy nos sorprenden por su nivel de desarrollo y la elevación de sus niveles de vida, logrados a la vuelta de unos pocos años, tienen un común denominador: todos ellos han destinado fuertes apoyos a la educación, con objeto de alcanzar los niveles de calidad y suficiencia que requiere el desarrollo de una nación.
Entre los apoyos más importantes que se canalizan a la educación, debe destacarse la cantidad de recursos que una sociedad invierte en este rubro. En lo relativo a este punto, es menester reconocer que para convertir en realidad el postulado constitucional, los presupuestos destinados han sido insuficientes para asumir con éxito la tarea educativa emprendida por el Estado.
Un elemento a considerar es el gasto por alumno, que en nuestro país es sumamente reducido. Hasta 1994 se gastaba anualmente en el país menos de 300 dólares anualmente para alumno de primaria y secundaria, mientras que en los países de la Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico, invertían alrededor de 4 mil dólares al año.
En lo que corresponde al nivel de licenciatura, se gasta cerca de 960 dólares por estudiante en México, en tanto que en los países desarrollados, se erogan en promedio 6 mil dólares por alumno. Las cifras anteriores son previas a la devaluación de finales de 1994.
Hoy por hoy, la educación constituye simultáneamente un reto y una fuente de oportunidades para el desarrollo de los mexicanos y del país en su conjunto.
Las difíciles condiciones que han generado la crisis económicas, no han alcanzado a minar la esperanza de mejoría en millones de nuestros conciudadanos, esperanza cifrada principalmente en el acceso de ellos o de sus hijos a los servicios educativos.
Sumado a lo anterior, se observa que los retos que la globalización plantea a nivel de la competencia económica, sólo podrán ser enfrentados eficientemente mejorando la cobertura de los servicios educativos en todos los niveles y simultáneamente elevando la calidad de la educación impartida.
La competitividad del país no es algo abstracto, es un hecho que se materializa en ciudadanos bien preparados, que pueden desenvolverse individualmente. La suma de desarrollos individuales da la medida real y concreta del bienestar alcanzado por la nación.
En momentos como el presente, en que la sociedad demanda un manejo escrupuloso de los recursos públicos, un espacio en que confluyen necesidades apremiantes y la posibilidad real y concreta de enfocalizar el uso del presupuesto gubernamental, se presenta en el renglón educativo.
Los diputados federales, independientemente al partido que representemos, en los recorridos por nuestros distritos, nos damos cuenta de que un reclamo permanente de la población es la construcción, la rehabilitación y el mejoramiento a las escuelas. Nada más lacerante que ver a niñas y niños sentados en huacales de madera, en salones que no lo son, a la intemperie o en aulas sin puertas y sin ventanas.
La necesidad de hacer frente a los requerimientos más apremiantes en el ámbito educativo, ha llevado muchas veces a relegar a un segundo término el cuidado material de las instalaciones o se ha hecho recaer tal cuidado sobre las espaldas de los padres de familia, agobiados ya por múltiples presiones económicas y pocas posibilidades reales para encararlas.
El tamaño de los problemas que en materia educativa se enfrentan, hace necesario un compromiso claro en la asignación de recursos, tanto los que se canalizan a través de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, como aquellos que se ejercen por los gobiernos de los estados y los ayuntamientos. Adicionalmente debemos reconocer que las necesidades no cubiertas son enormes y que en su atención hace falta dar mayores recursos y funciones a los municipios y estados, que finalmente son el nivel de gobierno más directo al que acuden los ciudadanos.
Por lo antes expuesto, me permito solicitarle, señora Presidenta, que se turne a las comisiones de Programación y Presupuesto, de Educación, de Desarrollo Social y de Información, Gestoría y Quejas, las siguientes propuestas, con el fin de que sean incluidas en el Presupuesto de Egresos de 1997.
1. Durante la discusión y aprobación del dictamen del proyecto de egresos para 1997, debemos pugnar porque sean adecuada y suficientemente atendidas las necesidades del ramo educativo, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de las instalaciones físicas.
2. El convenio CAPFCE Cámara de Diputados nos ha permitido a los legisladores canalizar algunas de las demandas más apremiantes de nuestros distritos, por esta razón se propone que sea ratificado para 1997, incrementándose el volumen de recursos que se le destinen.
El tamaño de los problemas que en materia educativa se enfrentan, hace necesaria la asignación de un volumen mayor de recursos, tanto los que se canalicen a través de los diferentes niveles de gobierno, como los que se otorguen al propio convenio. En el caso del distrito en el que fui electo, la demanda de recursos para el mejoramiento o ampliación de las escuelas existentes, asciende a más de 26 millones de pesos a precios de 1995, lo que habla de la magnitud del problema que enfrentamos.
Dejo una copia de la demanda a esta Secretaria.
3. De acuerdo a las normas que se establezcan en el convenio, los recursos serian ejercidos por los diferentes niveles de gobierno, con la participación de las comunidades y la gestión de los diputados federales.
Compañeras y compañeros, la educación puede volver a ser fuente de oportunidades para los ciudadanos. El entramado de relaciones e instituciones vinculadas con ella, pueden y deben recuperar su capacidad de respuesta a las necesidades de una sociedad urgida de soluciones. Es necesario hacer explícito que de atenderse estas propuestas, se daría una respuesta adecuada a una preocupación que han planteado diversos sectores sociales. La confianza en las instituciones no es un bien que exista al margen de su desempeño, es algo que se gana cotidianamente.
El país necesita estudiantes con adecuadas condiciones de estudio, con servicios de apoyo efectivos a la altura de los avances que proporciona la ciencia en este fin de siglo. Nuestra inserción a la globalidad exige estudiantes a los que no les sean ajenos los problemas del mundo en el que viven, capaces de acercarse científicamente al desarrollo de propuestas de solución a los problemas concretos de una realidad que cambia vertiginosamente y comprometidos con el desarrollo del país y con sus habitantes.
La participación ciudadana en todo aquello que incumbe a la educación, es esencial para lograr transformaciones sólidas. Cambios generados al margen de los educadores o de aquellos que estén en íntima relación con sus beneficios en el roll de educandos, serán cambios frágiles, que en vez de constituirse en elementos para la resolución de los problemas, se conviertan en fuentes de dificultades adicionales.
La forma más adecuada de entrar a la resolución de los problemas estructurales conlleva el desarrollo de nuevos consensos entre todos los actores involucrados en el proceso educativo, consensos que surgen a partir de las nuevas realidades que vive la nación y sustituyan a los que están demostrando ser insuficientes.
México puede optar por entrar al Siglo XXI como una nación que arrastra grandes problemas estructurales, complicándose su situación a cada paso o decidir, de una vez por todas, enfrentarse desde ahora a esas dificultades, involucrando en su resolución y superación a quienes las padecen.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta:
Túrnese a las comisiones solicitadas por el diputado Martínez Veloz.
DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Presidenta:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el Día Mundial de las Personas con Discapacidad.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En sesión ordinaria el pasado 28 de febrero, en la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión, solicité que las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril de 1994 y el 8 de junio de ese mismo año, en materia de personas con discapacidad, fuesen objeto del trámite correspondiente, a lo que el ciudadano Presidente de la mesa directiva turnó mi petición a las comisiones respectivas.
A 10 meses de esa precisa instrucción, las comisiones de Educación, Salud, Gobernación y Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público, no ha realizado trabajo alguno para desahogar las iniciativas que en su seno están y que son materia de discapacitados, mismas que podrían, de ser aprobadas, beneficiar a 10 millones de mexicanos que presentan algún tipo de discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto, hoy, en este día mundial dedicado a las personas con discapacidad, reitero mi solicitud y pido que la señora Presidenta de esta Cámara realice una excitativa a las comisiones aquí citadas, a fin de obtener una respuesta que a dos años de presentadas las iniciativas no se ha dado.
Esta respuesta, más que a los legisladores que presentaron las iniciativas, se la debemos a la población con discapacidad, la cual está en espera de un pleno estado de derecho en el que no sean más objeto de discriminación, marginación y exclusión social.
El trabajo que corresponde al Legislativo está aún pendiente, pero aquí cabe señalar que la reforma legislativa integral en materia de discapacidad que propusimos tuvo resultados legislativos que hasta el momento no se han traducido en cambio de la situación en el nivel de vida de este tipo de mexicanos.
Señalo lo anterior en virtud de la falta de una política en las dependencias de la administración pública a las que les correspondió realizarla, en concreto, a las autoridades hacendarias, de comercio, deportivas, de desarrollo urbano y de transporte público.
Nos manifestamos porque en este recinto parlamentario no sólo se aprueben reformas en favor de estas personas, sino que también se acondicionen las instalaciones para que estas personas tengan acceso pleno con seguridad y libre desplazamiento, lo que implica que en todo el edificio hubiera rampas, baños adaptados, puertas amplias, diferentes tipos de pisos, señalizaciones en Braille, capacitación al personal que recibe visitas guiadas en la materia y un sinnúmero de medidas más que coadyuvarían a lo aquí expuesto.
Anticipo, por último, que en breve presentaremos otras propuestas en materia de discapacidad, como una respuesta necesaria, la respuesta que este importante sector de la sociedad está esperando y que está siendo como siempre presente su demanda de justicia, respeto, dignidad e igualdad.
Muchas gracias.
La Presidenta:
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a las comisiones correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Anselmo García Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el mismo tema.
El diputado Anselmo García Cruz:
Compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna para hacer, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, un merecido reconocimiento a los atletas con discapacidad en general, y muy en especial a aquellos que participaron en la pasada edición de los juegos paraolímpicos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Deportistas que representan un ejemplo de dignidad nacional al momento de afrontar la vida y el deporte con tenacidad, decisión, coraje y una enorme voluntad de triunfo, son ellos los que el pueblo de México reconoce como auténticos representantes de sus anhelos, aspiraciones y deseos de triunfar en el concierto mundial.
Desafortunadamente en el medio deportivo y específicamente en las instituciones, existen individuos que consideran que el deporte adaptado debe ser una clasificación especial para poder hacerse acreedor al premio nacional del deporte, el que fue otorgado ya a dos atletas del deporte adaptado, Saúl Mendoza y Alejandro Guerrero.
¿Dónde se origina esta propuesta discriminante? ¿No es el mismo esfuerzo acaso el que tienen que realizar estos atletas para obtener preseas para la nación? ¿Acaso no son objeto de presiones deportivas y extradeportivas que pudiesen afectar su rendimiento deportivo a la hora de competir? ¿No necesitan de entrenamiento constante, tecnología de punta, fogueo internacional, apoyos institucionales y privados para poder sobresalir? Entonces, ¿por qué ser una categoría aparte? ¿Será tal vez que las autoridades deportivas se averguenzan de los pobres resultados, una medalla de bronce, obtenidos en los pasados juegos olímpicos? ¿O verán en el deporte adaptado la tablita de salvación del naufragio deportivo y que les permita a los altos funcionarios o directivos conservar su puesto?, ¿O bien cubrir la falta de atención y apoyo a tan valiosos mexicanos y, sobre todo, justificar el presupuesto federal para todo el deporte nacional?
Como si lo anterior no fuese suficiente, este 3 de diciembre se inaugurará el Centro Paraolímpico. Eso es plausible. Lo que consideramos indigno e injusto para estos mexicanos, es que este centro sea administrado por la burocracia de la Comisión Nacional del Deporte, lo que a todas luces representa una apropiación de los futuros logros del deporte adaptado sin realizar grandes esfuerzos.
Esto nos explica también, ¿por que las autoridades deportivas se horrorizan ante la solicitud de diversas federaciones nacionales y organismos internacionales de constituir Comité Paraolímpico Mexicano, como ente y rector del deporte paraolímpico nacional, lo que significaría una independencia de las actuales autoridades deportivas y en consecuencia la desprotección política al ya no poder ser acreedores de los triunfos del deporte adaptado en justas internacionales.
Por ello, alertamos sobre la posibilidad de que se origine un grave conflicto, producto de la indefinición de las autoridades deportivas nacionales, ya que a pesar de la promesa presidencial, de brindar a los atletas con discapacidad un espacio para desarrollarse, ahora resulta que ese espacio será compartido con los estudiantes de la Escuela Nacional de Entrenadores.
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados federales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión del Deporte de esta Cámara la siguiente
«PROPUESTA
Única. La Comisión del Deporte procederá a analizar la situación que actualmente guarda el deporte paraolímpico, especialmente en lo que se refiere a los casos del Centro Paraolímpico y del Premio Nacional del Deporte Discapacitado.
Firman. Diputados: Manuel Coronel Zenteno, Marco Rascón, Gloria Sánchez y Anselmo García.»
Muchas gracias.
La Presidenta:
Se instruye a la Secretaría, turne a la Comisión del Deporte la propuesta del diputado Anselmo García.
PRESIDENTES MUNICIPALES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Pedro Sánchez Ascencio, del Partido Acción Nacional sobre una comunicación de presidentes municipales.
El diputado José Pedro Sánchez Ascencio:
Con su permiso, señora Presidenta; señoras y señores diputados:
En relación a la presencia de los señores presidentes municipales hace unos momentos en esta sala de sesiones, me permito leer el documento que entregaron a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara y que a la letra dice:
"A los diputados federales: el municipio es el espacio donde de manera natural y cotidiana, se relacionan la comunidad y el Gobierno. Es a través del gobierno municipal, donde los ciudadanos pueden participar en las decisiones de aquellos asuntos que directamente le atañen, para lograr mejores condiciones de vida en lo relacionado con el desarrollo urbano: construcción de caminos, mantenimiento de vialidades, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, recolección y tratamiento de basura, plazas, parques, jardines, mercados, cementerios, higiene y asistencia social, ecología y medio ambiente, seguridad pública, impulso a la producción rural, fomento de la industria y el comercio.
En este sentido, el primer compromiso de los ayuntamientos y de los presidentes municipales de México, es procurar el bienestar de nuestros conciudadanos. Deseamos comunidades prósperas y productivas que disfruten de una vida digna.
A pesar de que en los municipios se generan casi todos los impuestos, por ser éstos el asiento de la infraestructura económica del país, la capacidad de los gobiernos municipales para dar respuesta a las demandas ciudadanas, se ve limitada por la escasez de recursos económicos, producto de una distribución desigual de éstos, ya que de cada peso pagado por los ciudadanos en impuestos federales, del IVA, del ISR etcétera, sólo cuatro centavos son distribuidos entre los 2 mil 412 municipios; 16 centavos que se reparten entre los 31 estados y el poder federal concentra el 80% del total.
En el momento actual, donde algunos de los temas importantes son la autonomía de las entidades locales, la modernización, la profesionalización del servicio público, la globalización y el federalismo, debemos observar aquellas experiencias internacionales donde se han fortalecido realmente los poderes locales gracias a que gozan de mayores recursos.
En este sentido, comparemos el porcentaje del total de gasto público que destina nuestro país a los gobiernos municipales en relación con otros estados nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, el 20%, en Francia, el 19%, en Brasil, el 18%, en Canadá, el 16%, en Guatemala, el 14%, en Nicaragua, el 13%, en Chile, el 12%, en Bolivia, el 8% y en México, el 4%.
La sociedad, cada vez más consciente y organizada, demanda una mayor transparencia en las decisiones para la aplicación de los recursos públicos y esto sólo será posible acercándolos a los ciudadanos, es decir, llevar al municipio el manejo y control de éstos.
El doctor Ernesto Zedillo, Presidente de México, durante su campaña suscribió públicamente ante un grupo de distinguidos ciudadanos, el documento: "20 compromisos de democracia", donde el punto 11 a la letra dice:
Elaborar una nueva legislación tributaria que redistribuya las atribuciones fiscales entre los tres niveles de gobierno y que permita duplicar, en términos relativos, los ingresos de los estados y triplicar la de los municipios.
Por su parte el Gobierno Federal afirma constantemente que nos encontramos en un proceso de descentralización y avance del federalismo que pretende fortalecer a los estados y municipios. Los alcaldes demandamos la concretización inmediata de dichas afirmaciones.
Las autoridades constitucionales municipales, abajo firmantes, con el respaldo de la ciudadanía que habita nuestros municipios, demandamos a la Cámara de Diputados lo siguiente:
Primero. Incremento de las participaciones federales para los municipios, ramo 28. Consideramos que la distribución final a mediano plazo de la recaudación federal participable deberá ser de 60% para la federación, 20% para los estados y 20% para los municipios. Proponemos que para avanzar en esa dirección se incremente en 1997 el Fondo General de Participaciones en un 5%, quedando para el próximo ejercicio fiscal una distribución del 75% para la Federación, 18.75% para estados y 6.25% para los municipios, modificando, para este efecto, los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que el primero consigne en lugar del 20% el 25%, el segundo, para que el mínimo distribuible entre los municipios de los estados no sea el 20% sino el 25%.
Segundo. Que los municipios manejen directamente el Programa de Superación de Pobreza, del ramo 26. Proponemos que el Fondo de Desarrollo Social Municipal, cuya erogación está prevista en el ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 y que importa la cantidad de 8 mil 222 millones 500 mil pesos, pasen al ramo 28. Para este efecto se propone la modificación de los artículos 16 y 17 de la iniciativa de Presupuesto de Egresos para 1997, presentada por el Ejecutivo Federal.
Así, el Fondo de Desarrollo Social Municipal, dentro del ramo 28, se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a una fórmula basada en indicadores de pobreza aprobada por el Congreso de la Unión. Sugerimos la fórmula actual que contiene el índice de rezagos y la fórmula Foster Grier Torber únicamente rectificando el error de la publicación actual a la cual le falta una sumatoria para que pueda operar correctamente. Operando el fondo desde el ramo 28, cada estado a su vez determinaría una fórmula basada en los indicadores de pobreza establecidos por el INEGI.
El congreso local fijará la distribución para los municipios del 100% del Fondo de Desarrollo Social Municipal.
Consideramos que es desde los gobiernos locales donde la pobreza puede ser superada, nuestro accionar en cercanía y constante comunicación con los ciudadanos, multiplica los recursos, el manejo directo de estos fondos por los municipios, acarreará el descongestionamiento de las burocracias tanto estatales como federales, encargadas del farragoso trámite que se requiere hasta ahora.
También propiciará el uso oportuno de los recursos y el equilibrio entre la responsabilidad asumida por los funcionarios municipales y el poder de decisión que tal responsabilidad debe llevar consigo.
Tercero, transparencia fiscal. Los municipios deseamos conocer con claridad, cuánto generan nuestras comunidades en contribuciones federales y cuánto reciben en aportaciones y transferencias de la Federación. Por ello es necesario plantear en el ordenamiento correspondiente, la obligación de las autoridades hacendarias, para proporcionar estos datos a los municipios que lo soliciten.
Los municipios de México deseamos confiar en nuestros representantes ante la Federación, a fin de que los requerimientos aquí planteados sean satisfactoriamente requisitados.
Esperamos su respuesta.
México, D.F., a 2 de diciembre de 1996.- Asociación Mexicana de Municipios de Jalisco, Asociación de Municipios de México, Asociación de Presidentes Municipales Democráticos.
Hasta aquí el documento, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta:
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DIA
El secretario José Luis Martínez Alvarez:
Compañera Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 4 de diciembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicaciones de los congresos de los estados de Morelos y Yucatán.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
De las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley de cámaras y Confederaciones Empresariales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Bárbara María Guadalupe Martínez Jurado, para prestar servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Francisco López Ibarra, para prestar servicios como técnico en refrigeración en la Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María de los Ángeles Félix Güereña, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de comendador, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Mayra Concepción Esparza Baylón, para prestar servidos como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé Cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta (a las 6:13 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 4 de diciembre, a las 10:00 horas.
APENDICE«Palabras de la diputada Martina Montenegro Espinoza, en el homenaje a la primera diputada federal, licenciada Aurora Jiménez de Palacios.
Con su venia señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
En este día tan especial, que coincide con el aniversario luctuoso del ex presidente de México, licenciado Adolfo Ruiz Cortines, quien impulsó los derechos plenos para la mujer mexicana, hacemos un reconocimiento a la primera diputada federal, cuyos ideales fueron, han sido y seguirán siendo, la meta de quienes anhelamos poner nuestro esfuerzo, para lograr la realización de un México mejor, de un México con mujeres y hombres comprometidos con su país, con su gente y con sus tradiciones.
Nos referimos a la licenciada Aurora Jiménez de Palacios, quien fuera una mujer vanguardista en su época, una mujer a quien a pesar de la cerrada estructura social de su tiempo, con inteligencia y perseverancia, logró abrir los espacios que la condujeron a ser la primera diputada federal en nuestro país.
El 7 de septiembre de 1954, en sesión de colegio electoral, presidida por el jefe de control político, doctor Norberto Treviño Zapata, se aprobaron las elecciones extraordinarias en el único distrito de Baja California y el 9 de septiembre en un acto de gran valor histórico que rubricó la historia política de México, rindió protesta como integrante de la XLII Legislatura la licenciada Aurora Jiménez de Palacios.
Fue el Estado de Baja California el que tuvo ese honor de enviar al Congreso a la primera mujer por decisión de la ciudadanía analítica que con gran sentido de justicia, animada de verdadero patriotismo, consideraron que sin el concurso de la mujer, no puede intentarse nada que sea grande, noble, fecundo y perdurable y en Aurora Jiménez de Palacios se unieron todas las condiciones para tan alta representación.
Han pasado 42 años en donde por primera vez se hizo posible la dignificación de la tarea política de la mujer y se hace un justo homenaje a quien abrió un espacio en esta Cámara de Diputados.
Hoy necesitamos seguir generando medidas y acciones afirmativas y concretas que permitan la igualdad de oportunidades.
No podemos renunciar a la diferencia ni renunciar a la igualdad, es necesario se reconozca la igualdad en la diferencia.
Aurora Jiménez de Palacios, pertenece a esa tradición de mujeres nacidas para responder con vocación, esfuerzo y exigencia, que con su ejemplar participación mostró una faceta con espíritu inquebrantable y apasionado, defensora de la libertad y la justicia. Hoy la recordamos con orgullo, su ejemplo de valor civil, su alto sentido del deber y su trabajo político, son ejemplo para la mujer actual y futura de nuestra nación.
Desde muy temprana edad fue política, poeta, abogada, comunicadora, pero sobre todo mujer y madre. Al colaborar con Lombardo Toledano y Alejandro Carrillo, le permitió reconocer el principio de la diversidad y tolerancia, para la solución de la problemática.
Sus convicciones y espíritu democrático la hicieron una mujer ejemplar.
Siempre existió en ella la defensa de los verdaderos intereses de quien representaba, en sus intervenciones luchó por un salario justo para el obrero, por mejores condiciones para el campesino, por la protección de la familia, por la educación de la niñez y por los más desprotegidos; su voz se dejó escuchar para expresar los anhelos y convicciones de las mujeres mexicanas.
Por ello este reconocimiento a su memoria, inscribiendo con letras imborrables su nombre en este museo "Los Sentimientos de la Nación".
La licenciada Aurora Jiménez de Palacios, fue el parteaguas de la participación de la mujer en' la historia contemporánea, representando a las mujeres de empuje y de trabajo, de aquellas que no deseamos ser simples espectadoras del acontecer nacional, sino que pugnamos por ser parte activa e integral del mismo, contribuyendo al equilibrio de las ideas políticas, al plasmar nuestro propósito de un país unificado y progresista.
Muchas mujeres mexicanas han sido vanguardistas y revolucionarias y hoy le toca ingresar a la memoria de México, a la licenciada Aurora Jiménez de Palacios, a la mujer que hizo suyos los ideales de aquellas que hicieron historia en nuestro país por haber luchado por la libertad e igualdad de los mexicanos.
La lucha de las mujeres es y ha sido la revolución más larga del mundo.
Cuatro décadas después, las mujeres que tenemos el privilegio de estar en este recinto legislativo, nos debemos sentir orgullosas de este homenaje a quien logró penetrar en la conciencia social ubicándose como un importante elemento del destino de México. Su sombra sigue proyectándose en el acontecer nacional, su voz sigue escuchándose y sus ideas siguen reflejándose en las ideas de las mujeres mexicanas.
Compañeras legisladoras, mujeres de México sin importar ideologías políticas y partidistas, sigamos el ejemplo de estas mujeres que han logrado permanecer en la memoria de nuestro país, por la pureza de sus ideales; unamos nuestras voces y nuestro esfuerzo para formar parte del devenir histórico, persiguiendo como único objetivo la consecución de un México unificado, en pleno desarrollo, buscando el bienestar social.
En los nuevos tiempos de México, la participación de la mujer en la construcción del país adquirió nuevas dimensiones.
Mujeres como Aurora Jiménez de Palacios abrieron caminos asumiendo las responsabilidades que el momento demandaba.
Símbolo de nuestras mujeres que con tenacidad ejemplar, en la familia, en el trabajo y en la sociedad, cumplen la tarea inagotable de preservar y profundizar las raíces de la convivencia.
Señoras y señores: las grandes mujeres y hombres de la historia de nuestro país, nos han mostrado el camino, conocemos la ruta; vayamos todos por la senda de la concordia y la honestidad y lograremos el propósito conjunto del progreso, la paz y la justicia social, unidos todos por México.
Muchas gracias.»
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| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
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