SUMARIO
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación del diputado Armando Salinas Torres, con la que anuncia el término de su licencia. Se le tiene por reincorporado.
Invitación al acto cívico conmemorativo del XVIII aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
El diputado Andrés Galván Rivas, presenta iniciativa de dicho ordenamiento. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Adrián Orta García, pueda prestar sus servicios en la Embajada de ese país en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lauro Carreón Arciniega, pueda prestar sus servicios en la Embajada de esa nación en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Oficio del Senado de la República, con el que se remite minuta proyecto de decreto que reforma los artículo 30, 32 y 37 de la Carta Magna, respecto a la no pérdida de nacionalidad. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores, así como a la Especial en Materia de Naturalización.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de dichos ordenamientos. Es de segunda lectura.
Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión, el diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles.
A discusión, se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser.
Suficientemente discutido. Aprobado. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con el que se crea la comisión especial para la conmemoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado.
El diputado Manuel Beristáin Gómez, solicita excitativa para que sea dictaminada iniciativa presentada el 6 de abril del presente año, respecto a reformas a dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Jorge Ricardo Nieto Guzmán, solicita excitativa para que sea dictaminada iniciativa que reforma el artículo 115 fracción IV, de la Carta Magna, presentada por su grupo parlamentario el día 13 de diciembre de 1995. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Apolonio Méndez Meneses, solicita excitativa para que sea dictaminada iniciativa presentada el 26 de abril de 1996, respecto a reformas al artículo 115 constitucional en su fracción III. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe, presenta declaración política, en torno a la realización de la IX Jornada Mundial contra el SIDA.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta respecto a las actividades del gobernador del Estado de Guanajuato, y sobre dicho operativo de inteligencia implementado por los Estados Unidos de América.
El diputado José Carmen Soto Correa, presenta punto de acuerdo respecto a la expulsión del país del ciudadano argentino Enrique Gorriarán Merlo. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores; de Gobernación y Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; de Justicia y a la de Información, Gestoría y Quejas.
La diputada Gloria Sánchez Hernández, comenta en referencia de una publicación en la prensa de esa entidad, con respecto a reformas a su Constitución.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presenta punto de acuerdo, para lograr el otorgamiento de mayores recursos a los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Fortalecimiento Municipal.
Rectifica hechos la diputada Martina Montenegro Espinoza.
De la próxima sesión.
Presidencia del diputado Agustín Torres Delgado
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputados, por lo tanto hay quorum.
El Presidente (a las 11:55 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Viernes 6 de diciembre de 1996.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XVIII aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, que tendrá lugar el 10 de diciembre a las 10:00 horas.
Iniciativa de diputados
De Ley Federal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Minutas
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Federal de Yugoslavia en México.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Solicitud del diputado Manuel Beristáin Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Solicitud del diputado Jorge Nieto Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicitud del diputado Apolonio Méndez Meneses, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Punto de acuerdo referente al SIDA a cargo de la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Operativo Transnacional Cóndor II, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre una publicación en la prensa del Estado de San Luis Potosí del 15 de octubre de 1996, a cargo de la diputada María Rosa Márquez Cabrera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el asunto del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la demanda interpuesta ante la Procuraduría General de la República relativa al pago a Maseca, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser.
Punto de Acuerdo para lograr el otorgamiento de mayores recursos a los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El secretario Carlos Núñez Hurtado:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y nueve minutos del jueves cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos setenta y dos, diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado Francisco Lozada Chávez, informando su intención de reincorporarse a las labores legislativas. Se le da por reincorporado.
Sube a la tribuna el diputado Matías Salvador Fernández Gavaldón, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La Secretaría da primera lectura a los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales:
Con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos:
Tres con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Vivián Angélica Barroso Soto, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México:
Luis Daniel Meza Lizárraga, pueda prestar sus servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mazatlán, Sinaloa:
Eduardo Maza Urueta, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana.
En razón de que el dictamen de las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, fue impreso y distribuido entre los diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional y propone modificaciones a los artículos sexto, séptimo, tercero transitorio y un nuevo artículo séptimo transitorio.
Fundamentan los criterios de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del Partido del Trabajo; Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular en contra; y Guillermo Alberto Luján Peña, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, solicita el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado Luis Sánchez Aguilar. El Presidente le explica que este turno de oradores es para fijar posiciones, pero el diputado insiste y en beneficio del debate, se le concede.
Termina el turno de oradores el diputado Hugo Fernando Rodríguez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
Debaten en lo general, los diputados: Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, motu proprio, en contra; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido; César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional y en pro Alfredo Valdés Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza a que la votación se recoja, al término de la discusión en lo particular, en un solo acto.
Se reservan, para la discusión en lo particular, los artículos seis, siete, nueve, diez, catorce, quince, dieciséis, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y seis y treinta y siete.
Para referirse a todos los artículos reservados en un solo acto, se concede el uso de la palabra al diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.
Para contestar alusiones personales o rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: José de Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional; Consuelo Botello Treviño, del mismo partido; José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones y Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional.
Debaten sobre el artículo treinta y cinco los diputados Luis Alberto Rico y Samaniego, del Partido Acción Nacional, quien en una segunda intervención rectifica hechos y Mónica Gabriela Leñero Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza que se recoja la votación, en lo general, en lo particular y de las propuestas hechas durante el debate.
La Secretaría recoge la votación correspondiente, misma que arroja los siguientes resultados:
En lo general y en lo particular, con las proposiciones de las comisiones, trescientos treinta y cinco votos en pro y veintiséis en contra:
Por el artículo treinta y cinco, fracciones segunda y tercera, doscientos cincuenta y dos votos en pro y ciento nueve en contra:
Por los artículos seis, doce, trece, quince y título cuarto, trescientos treinta y dos en pro y tres en contra:
Por la propuesta del Partido Acción Nacional, ochenta y tres en pro y doscientos cincuenta y dos en contra.
Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional, del ocho al diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, para realizar una visita de trabajo a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y el veintinueve del mismo mes y año, para asistir a la ceremonia del Acuerdo de Paz, firme y duradera entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
La Asamblea le dispensa todos los trámites y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y cuatro votos en pro y dos en contra.
Se turna al Poder Ejecutivo General, para los efectos constitucionales.
En razón de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, fue impresa y distribuida entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión en lo general y en lo particular, expresan sus opiniones los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Díaz, del Partido del Trabajo; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Jorge Humberto Gómez García, del Partido Acción Nacional, en contra; Heriberto Manuel Galindo Quiñones, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio, quien se refiere, en la misma intervención, al dictamen que está a discusión y al de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en pro; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional, para impugnar el artículo ciento treinta y cinco-bis, del que propone suprimir un párrafo; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza que la votación se realice en lo general y en lo particular en un solo acto, misma que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y siete votos en pro y setenta y tres en contra.
Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Por las mismas razones que el anterior, la Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que reforma la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Fundamenta el dictamen, el diputado Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
Debaten en lo general y en lo particular, los diputados: Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, del Partido Acción Nacional, en contra; Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco José Peniche y Bolio, del Partido Acción Nacional y Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen que resulta aprobatorio por doscientos cuarenta votos en pro y sesenta y ocho en contra.
Se turna al Senado de la República, para lo efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, viernes seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra. En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE YUCATAN
La secretaria María Teresa Tapia Bahena:
«Escudo Nacional.- LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en sesión de la diputación permanente celebrada en esta fecha, se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente:
Presidente: Miguel Angel Argaez Aguilar; vicepresidente: Orlando Alberto Paredes Lara; secretarios: Víctor Rafael Martín Castillo, Leopoldo Humberto Morales Hernández y secretarios suplentes: Fernando Sauri Valdez, Modesto Puc Teh.
Lo anterior para su conocimiento y efectos legales que correspondan.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, 11 de noviembre de 1996.- El secretario de la diputación permanente, Armando Manzanilla Alemán.»
De enterado.
DIPUTADO QUE SE REINCORPORA
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Con fecha 2 de diciembre de 1994 solicité licencia para separarme del cargo de diputado federal por el XXXVI distrito electoral de esta Ciudad de México, a fin de estar en posibilidades de desempeñar un cargo en la administración pública federal. Dicha licencia fue concedida por el pleno de esta Cámara el 5 de diciembre del mismo año.
En virtud de que mi función en la admistración pública federal ha concluido, con esta fecha me reintegro en el desempeño de mi cargo como diputado federal.
Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F. a 5 de diciembre de 1996.- Licenciado Armando Salinas Torres.»
Se le tiene por reincorporado.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario José Luis Martínez Alvarez:
«Ciudadana diputada Sara Esther Muza Simón, Presidenta de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XVIII aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil, ex presidente de la República; que tendrá lugar ante la tumba que guarda sus restos en el Panteón Francés de La Piedad, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 408, esquina Viaducto, el día martes 10 de diciembre a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Anastacia Guadalupe Flores Valdez, Rafael Ayala López y Rogelio Zamora Barradas.
LEY FEDERAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley Federal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.
El diputado Andrés Galván Rivas:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de Ley Federal de Integración Social para Personas con Discapacidad, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El decenio de las personas con discapacidad (1983-1992) proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, que alentó las expectativas de sus organizaciones en nuestro país, cumplió medianamente sus objetivos. En términos generales podemos decir que en materia de legislación estos años fueron el preludio para que, a partir del año de 1992, apareciera la primera iniciativa de ley que a nivel federal, propone una reforma legislativa para este sector social.
No obstante las demandas de las personas con discapacidad en nuestro país no son nuevas, la organización de la sociedad civil involucrada en la problemática del discapacitado, ha venido trabajando por una legislación más equitativa por lo menos desde hace cinco décadas. El reclamo de este sector de la sociedad ha pasado de la contemplación al activismo civil, en favor de todos aquellos que sufren alguna limitación física, intelectual o sensorial. Ahora por doquier, podemos ver al movimiento asociativo de las personas con discapacidad robustecerse y hacerse más participativo, convocando a todas las instancias a sumarse en la tarea que propicie el bienestar de las personas con requerimientos especiales.
Lo anterior ha traído consigo que las instancias de la administración pública federal, hayan tomado conciencia del grave problema social que implica no satisfacer las demandas de más de 10 millones de mexicanos, cifra que representa a quienes directamente afecta la discapacidad. En efecto, actualmente se ha reconocido que, conservadoramente, el 10% de la población de mexicanos presenta alguna limitación física, intelectual o sensorial.
La importancia de esta consideración ha sido también reconocida por el Ejecutivo de la Unión, quien en el Plan Nacional de Desarrollo ha puesto énfasis en la causa de las personas con discapacidad, al establecer que el Gobierno de la República dará atención especial a los grupos de mexicanos que se encuentran en situaciones desventajosas, a fin de garantizar su acceso en condiciones de equidad al proceso de desarrollo. En el caso de las personas con discapacidad, se reconoce que deben gozar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos, planteando como un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, el prestar particular atención a las personas con discapacidad y a sus familias, con el propósito fundamental de promover medidas eficaces para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la plena participación de dichas personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo.
En el mismo sentido, desde el mes de mayo de 1995, se ha implementado el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el cual reconoce que su causa ha sido atendida con limitaciones, sin considerar la visión integral de una política de Gobierno para incorporarlos con plenitud a la vida social y productiva del país.
La voluntad política de la que venimos hablando no es fortuita, ha sido producto de una constante insistencia de todos aquellos que presentan alguna discapacidad y de sus organizaciones, hacia las instituciones encargadas de satisfacer sus necesidades. Ha sido también una permanente demanda porque en nuestro país se apliquen las directrices internacionales en materia de personas con discapacidad.
Son de reconocerse, asimismo, los esfuerzos que en este campo han realizado instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el propio Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e incluso, agrupaciones de carácter privado como puede ser la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Todas con un sentido de solidaridad hacia este grupo vulnerable.
No obstante es necesario, en el ámbito legislativo, poner las bases generales mínimas que permitan establecer directrices en los rubros de atención hacia la población con discapacidad como son, la salud, la educación y el trabajo. Asimismo es indispensable consolidar plenamente las acciones que en torno a los discapacitados están llevando a cabo las citadas instancias. En este momento es fundamental que exista una real coordinación que aliente las acciones y los programas en favor de estas personas. Lo anterior no es una idea que surja por generación espontánea, sino porque la propia madurez de la causa de las personas con discapacidad así lo reclama. En efecto, la experiencia de los diversos países, plasmada en documentos internacionales nos orienta y son una fundamentación muy sólida para considerar que en nuestro país, sí queremos realmente apoyar a las personas con alguna limitación, el siguiente paso es que el Congreso de la Unión apruebe una ley de aplicación federal, que contenga normas relativas a los rubros antes citados, como directrices generales en cuanto a la atención que debe prestar el Estado a las personas con discapacidad, así como la creación de una instancia al más alto nivel, que implemente estrategias nacionales en todos los campos, para hacer posible la igualdad de oportunidades de quienes presentan alguna discapacidad.
El Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XXXVII periodo de sesiones, por resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982, establece: "los asuntos referentes a las personas con discapacidad deben tratarse en el contexto general apropiado y no separadamente. Cada ministerio y organismo del sector público o privado que esté encargado de un ámbito determinado o actúe dentro de él, debe asumir la responsabilidad de los asuntos referentes a personas con discapacidad comprendidos en su esfera de competencia. Los Gobiernos han de establecer un punto de observación (por ejemplo, una comisión, comité u otro órgano de ámbito nacional) para examinar y vigilar las actividades relativas al Programa de Acción Mundial de los diversos ministerios, de otros organismos públicos y de organizaciones no gubernamentales. En cualquier mecanismo que se establezca deben participar todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad. Tal órgano debe tener acceso a las instancias decisorias del más alto nivel". Por su parte, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas también en fecha reciente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su XLVIII periodo de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993, establece: "los Estados tienen la responsabilidad de establecer comités nacionales de coordinación o entidades análogas que centralicen a nivel nacional las cuestiones relacionadas con la discapacidad. El comité nacional de coordinación o la entidad análoga debe tener carácter permanente y basarse en normas jurídicas y en un reglamento administrativo apropiado. Para lograr una composición intersectorial y multidisciplinaria, es probable que lo más conveniente sea una combinación de representantes de organizaciones públicas y privadas. Esos representantes podrían provenir de los ministerios correspondientes, las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ejercer una influencia apreciable sobre el comité nacional de coordinación, a fin de asegurar que sus preocupaciones se transmitan debidamente. El comité nacional de coordinación debe contar con la autonomía y los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones en relación con la capacidad de adoptar decisiones y debe ser responsable ante la instancia superior de Gobierno."
En este sentido ha venido tomando fuerza en las organizaciones para personas con discapacidad, la idea de que en México exista un organismo que haga realidad lo establecido en los documentos citados.
Debemos aclarar también que esta idea no es nueva. Los legisladores, las organizaciones para personas con discapacidad, los profesionales de la educación especial y en algunos casos, las instancias públicas de nuestro país, se han manifestado en favor de que se conforme esta institución. Aún más, la experiencia internacional nos muestra lo que se puede hacer por las personas con discapacidad cuando existe un órgano público de esta naturaleza. Un solo ejemplo: España, con su real patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, ha tenido logros tan impresionantes, que nos causa inquietud pensar por qué en México no existe aún algo similar, adecuado, claro está, a nuestras condiciones sociales. En nuestro país los diputados panistas de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados del Congreso de la Unión, a través de los foros de consulta que se han organizado, hemos sido testigos en diversas regiones del país, de la demanda que existe por crear esta instancia.
La iniciativa que presentamos a esta Asamblea propone aprobar la ley federal de la que venimos hablando, como el documento normativo a través del cual las instancia públicas fundamenten su actuación en favor de las personas con discapacidad. En este sentido, en las disposiciones generales proponemos establecer el fundamento constitucional de la ley, así como la mención relativa a los titulares de los derechos en ella contenidos y el órgano que a nivel nacional deberá encargarse de orientar las acciones que a nivel nacional se implemeten en favor de los discapacitados.
Cabe destacar que en el título relativo a la salud y asistencia social se establece la obligación del Estado de conformar una política nacional relativa a la prevención, detección temprana, atención y rehabilitación de la discapacidad, que incluya un sistema nacional en ese sentido.
Por lo que hace al ámbito de la educación, el Título Tercero de la ley considera prioritaria la integración educativa paulatina, como base para impartir una educación a las personas con requerimientos especiales, asimismo, la promoción de la educación superior para estas personas.
El Título Cuarto de la ley que proponemos toca un tema de vital importancia para las personas con discapacidad y establece la creación de una política nacional para dar acceso a un trabajo remunerado y estable para este sector social, que tenga como ejes fundamentales esfuerzos hacia la capacitación y colocación en el empleo de los discapacitados.
Por otra parte, se establecen importantes apartados relativos a la movilidad y barreras arquitectónicas y al registro nacional de la discapacidad.
En el Título Quinto de esta iniciativa se propone crear la comisión nacional para personas con discapacidad, como una instancia de carácter público, descentralizado. Hemos considerado que el objeto de este organismo, que tendrá competencia de carácter federal, será el establecer la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Es decir, mediante sus funciones está llamado a ser el catalizador para el proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad, medio físico y cultural, vivienda y transporte, los servicios sociales y sanitarios incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, se hagan accesibles para todos.
A este respecto, es necesario puntualizar que el organismo que venimos comentando no tiene naturaleza operativa, sino la de coordinar los esfuerzos que en este campo se llevan a cabo por las instancias de carácter público dedicadas a la atención de las personas con discapacidad.
Con respecto a la integración de la comisión nacional, se plantea quede de la siguiente manera: por un consejo general, un consejo técnico y un director general, además del personal técnico y administrativo que requieran sus actividades. En este tenor se propone que sea el titular del Poder Ejecutivo Federal quien lo presida, con la colaboración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como coordinador de los trabajos del consejo general; así como las secretarías de Desarrollo Social, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Salud como partes integrantes del mismo.
Es de hacer notar que la presidencia del consejo se otorga al Presidente de la República, en virtud de que se considera que la solución a la problemática de las personas con discapacidad requiere de un impulso del más alto nivel, que atienda de manera integral las demandas de este sector social. En este mismo sentido, se consideró oportuno que la coordinación de los trabajos del consejo directivo queden a cargo del titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para garantizar que la experiencia acumulada en este campo en nuestra patria no se pierda. Una visión parcializada de la situación social que vive el discapacitado, nos llevaría a considerar dicha solución desde el punto de vista de la salud o de la educación, lo cual no nos parece adecuado, en virtud de que la problemática de la discapacidad en nuestro país, requiere de soluciones globales y de la mayor importancia que involucran a todas las instancias del sector público de nuestro país.
Por otra parte, dentro del consejo general, se ha puesto énfasis en la participación de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones, lo cual constituye un paso adelante para hacer partícipes a quienes viven la discapacidad en la toma de decisiones hacia su integración social.
En cuanto al consejo técnico, la propia naturaleza de sus trabajos, garantiza la plena participación de la población discapacitada a través de sus organizaciones.
Asimismo, consideramos que dada la naturaleza del organismo que planteamos, su estructura deberá ser de carácter nacional y en tal virtud el artículo 29 se establece que en las entidades federativas el consejo cuenten con comités estatales, presididos por el gobernador de la entidad con participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como coordinador de los trabajos y representaciones de las secretarías de Desarrollo Social, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, y de Salud, así como por representantes de organizaciones de personas con discapacidad pertenecientes a la entidad federativa, con ello se garantiza que exista coordinación y seguimiento acerca de las acciones que emprenda la comisión a nivel nacional.
Con evidente convicción, los diputados de Acción Nacional que signamos la presente iniciativa de ley, queremos hacer patente el compromiso que nuestra fracción parlamentaria tiene con los sectores sociales más desprotegidos y especialmente con los denominados grupos vulnerables.
Nuestro partido siempre ha luchado por lograr que nuestra patria otorgue a los mexicanos los satisfactores que les son indispensables para desarrollarse en forma plena; que mediante la subsidiaridad se establezca la equidad en los beneficios que todos los ciudadanos debemos compartir.
El humanismo ha sido un postulado vigente de nuestro instituto político y en esa virtud, estamos comprometidos con nuestra nación y con el pueblo de México, para lograr que todos aquellos que ahora están marginados en los diversos campos de la vida social, se vean incorporados en forma efectiva al desarrollo.
Algunos de los diputados panistas que ahora presentamos esta iniciativa, pertenecemos a la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados y hemos llevado puntualmente al seno de nuestro grupo parlamentario las demandas de este sector de la sociedad.
Ahora, que acabamos de conmemorar el día internacional de las personas con discapacidad en todo el país, resulta congruente para los diputados de Acción Nacional manifestar nuestra solidaridad, dentro del ámbito de nuestra competencia, con quienes presentan alguna limitación física, intelectual o sensorial.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente
INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, sus principios se fundamentan en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular a nivel nacional, las medidas tendientes a lograr la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en nuestro país.
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad aquella que presenta una o más restricciones o ausencias de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
Artículo 3o. Corresponde en términos de esta ley a la Comisión Nacional para Personas con Discapacidad, orientar las acciones que en esta materia se implementen en nuestro país, sin perjuicio de la obligaciones que sus respectivas competencias se imponen a las secretarías y organismos públicos, quienes deberán participar y prestar todas las facilidades para el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales de ese sector social.
TITULO SEGUNDO
Salud y asistencia social
Artículo 4o. Corresponde al Estado establecer una política nacional relativa a la prevención, detección temprana, atención y rehabilitación de la discapacidad y de la tercera edad, incluyendo el caso de los enfermos terminales, poniendo énfasis en las familias de escasos recursos y en las comunidades rurales. Dicha política dará especial relevancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, higiene y seguridad en el trabajo y atención sicológica.
Artículo 5o. La Secretaría de Salud otorgará constancias de discapacidad de acuerdo con criterios técnicos unificados.
Artículo 6o. En el marco de sus facultades el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia coadyuvará al desarrollo de las personas con discapacidad.
Artículo 7o. El Estado impulsará, en coordinación con instituciones públicas y privadas, la investigación en el campo de la discapacidad así como la producción de dispositivos necesarios para integrar socialmente a las personas con discapacidad.
TITULO TERCERO
Educación
Artículo 8o. Se considera prioritaria la integración educativa de las personas con discapacidad. A tal efecto el Estado establecerá los mecanismos para que se cuente con los apoyos necesarios a fin de que dicha educación pueda ser impartida.
Artículo 9o. De conformidad con los ordenamientos respectivos, la integración educativa se llevará a cabo en forma paulatina, atendiendo a las capacidades de los individuos con discapacidad y a su posibilidad de adaptación al entorno.
Artículo 10. El Estado promoverá la educación superior de las personas con discapacidad sin recursos, mediante un sistema de becas adecuadas a sus condiciones.
Artículo 11. La educación especial será impartida a las personas con discapacidad para quienes no sea posible su integración a la educación regular.
TITULO CUARTO
Trabajo
Artículo 12. Se creará una política nacional para el empleo de trabajadores con discapacidad, cuya finalidad será lograr la integración al trabajo regular de aquellas personas que presenten una limitación física, intelectual o sensorial.
Artículo 13. Corresponde al Estado implementar planes y programas nacionales tendientes a dar capacitación y lograr la colocación laboral de las personas con discapacidad.
Artículo 14. El Estado fomentará el empleo de las personas con discapacidad mediante incentivos fiscales a las empresas que empleen a personas con discapacidad en su planta productiva.
TITULO QUINTO
Otros aspectos de la integración social
CAPITULO I
Movilidad y barreras arquitectónicas
Artículo 15. Toda construcción cuyo uso sea público deberá contar con las adecuaciones indispensables, para que resulten accesibles a las personas con discapacidad.
Artículo 16. El Estado dictará las normas necesarias a fin de que las nuevas construcciones cuenten con accesibilidad y demás implementos que las hagan utilizables para las personas con discapacidad.
Artículo 17. Se considera de interés social, para el efecto del otorgamiento de préstamos y subvenciones, las mejoras que los discapacitados, por causa de su discapacidad, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente.
CAPITULO II
Registro nacional de la discapacidad
Artículo 18. El Estado a través de la instancia correspondiente, diseñará y elaborará el Registro Nacional de la Discapacidad cuyo objeto será reunir y mantener actualizados los datos estadísticos relativos a las personas con alguna limitación física, intelectual o sensorial.
TITULO SEXTO
Comisión Nacional para Personas con Discapacidad
Artículo 19. La Comisión Nacional para Personas con Discapacidad es un organismo público descentralizado, con domicilio en el Distrito Federal, que tiene por objeto coadyuvar al establecimiento de la equiparación de oportunidades para quienes presentan alguna discapacidad en la República Mexicana.
Artículo 20. La Comisión quedará integrada por un consejo general, un consejo técnico y un director general, además del personal técnico y administrativo que requieran sus actividades.
Artículo 21. El consejo general será el órgano superior de decisión y vigilancia. Estará integrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal quien lo presidirá, por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia quien fungirá como coordinador de sus trabajos y por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Salud. Asimismo, participarán con voz y voto seis representantes de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad, electas por el consejo técnico de la comisión.
Cuando el Consejo General lo estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los poderes legislativo o judicial, o de cualquier otra institución pública o privada.
Artículo 22. El Consejo General se reunirá bimestralmente, cuando extraordinariamente sea convocado por su presidente o a solicitud de cuando menos tres de sus miembros.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, teniendo el presidente de la Comisión el voto de calidad en su caso.
Artículo 23. El consejo general tendrá las siguientes facultades:
I. Elaborar, asignar y vigilar el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.
II. Analizar y en su caso aprobar los programas y acciones que implemente la Comisión, tomando en cuenta la opinión del Consejo Técnico.
III. Examinar y en su caso aprobar el balance anual y los informes financieros.
IV. Expedir el Reglamento Interior de la comisión.
V. Informar a los órganos competentes el ejercicio de sus presupuestos.
VI. Disponer y proveer lo necesario para el cumplimiento del objeto de la comisión.
Artículo 24. El consejo técnico es el órgano de la comisión a través del cual el consejo general recibe la opinión de la población con discapacidad, a fin de establecer las estrategias a seguir en este campo.
Artículo 25. El consejo técnico estará integrado por representantes de organismos no gubernamentales para personas con discapacidad legalmente constituidas. Será presidido por el director de la comisión. En caso de personas con discapacidad intelectual será indispensable el nombramiento de un asesor o representante.
Artículo 26. Son facultades del consejo técnico:
I. Proponer a través de sus representantes en el consejo general los acuerdos a que llegue en sus asambleas.
II. Promover ante la población con discapacidad las determinaciones del consejo general.
III. Hacer llegar ante el consejo general, a través de sus representantes, una evaluación anual de las acciones realizadas por la comisión.
IV. Todas aquellas facultades que el reglamento de la Comisión le confiera.
Artículo 27. El director general de la comisión será designado por el consejo técnico de entre aquellas personas que se hayan destacado en cualquiera de las actividades que se relacionen con su objeto. Durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelecto sólo para el periodo inmediato.
Artículo 28. El director general tendrá las siguientes facultades:
I. Representar legalmente a la comisión con las atribuciones que al efecto le sean conferidas por el consejo general.
II. Presentar ante el consejo general, el programa anual de actividades para su aprobación e implementar su ejecución.
III. Presentar ante el consejo general los presupuestos correspondientes.
IV. Presentar ante el consejo general para su aprobación los balances y estados financieros anuales.
V. Nombrar al personal técnico y administrativo de la comisión.
Artículo 29. En las entidades federativas la comisión contará con comités estatales, presididos por el gobernador de la entidad con participación del director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia quien será el coordinador de sus trabajos y de las secretarías de Desarrollo Social, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Salud, así como de representantes de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad pertenecientes a la entidad federativa. Dichos comités seguirán la misma estructura que la comisión nacional.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente Ley Federal de Integración Social para Personas con Discapacidad entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones, de la Cámara de Diputados a 5 de diciembre de 1996.- Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, diputados: Ricardo Francisco García Cervantes, Andrés Galván Rivas, María Remedios Olivera Orozco, Nohelia Linares González, Juan Manuel Pérez Corona, Alicia Céspedes Arcos, José Arturo Quiroz Presa, María Teresa Cortez Cervantes, Zenén Xochihua Valdes, Javier Ortega, Abel García Ramírez, Jorge Humberto Gómez García, Manuel Arciniega, Manuel Baeza, Javier A. Gutiérrez Vidal, Salvador Becerra Rodríguez, Fernando Garzacabello, Luis Andrés Esteva Melchor, Arnulfo Cuevas, G. Macario Rodríguez Rivera, Jorge Padilla Olvera, Claudio Coello Herrera, Carlos A. Nuño Luna, J. Antonio Tallabs, Tomás López Martínez, José de Jesús Preciado Bermejo, José de Jesús Sánchez, Rosa Margarita Guerrero A., María Teresa Gómez Mont, María Teresa Cortes, Cristian Castaño Contreras, Francisco Limón T., Alfonso Martínez Guerra, José Pedro Sánchez, Salvador Fernández, Luis Rico y Samaniego, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, José J. Durán Ruiz, Martín Hernández B., Audomaro Alba Padilla, Martha Patricia Mendoza, Rodrigo Robledo, Miguel Hernández Labastida, José Iñiguez Cervantes, J. Enrique Patiño, Miguel Acosta Ruelas, José Luis Aguilar Martínez, Jorge Nieto, Manuel Beristáin Gómez, Apolonio Méndez Meneses, Guillermo Luján Peña, Javier Viniegra Zubiria, Rafael Díaz Chávez, Luis Ruán Ruiz, Jorge Hernández Domínguez, Celina Prado, Manuel Fuentes Alcocer, Rafael Ayala López, Consuelo Botello Treviño, Jorge Antonio Catalán Sosa, Kurt A. Thomsen, José Luis Galeazzi B., Francisco Peniche y B., María Teresa Tapia y Agustín Torres Delgado.»
El diputado Andrés Galván Rivas:
Señor Presidente, solicito de la manera más atenta quede insertado en el Diario de los Debates el articulado de la iniciativa, y se pueda fotocopiar y transmitir a los diputados.
El Presidente:
Tome nota la Secretaría, y túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Aurelio Salinas Ortiz:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Laura Pavón Jaramillo, presidenta; Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
REPUBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA
La secretaria María Teresa Tapia Bahena:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Federal de Yugoslavia en México.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios como Chofer, en la Embajada de la República Federal de Yuguslavia en México.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Laura Pavón Jaramillo, presidenta; Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El secretario Carlos Núñez Hurtado:
«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforma la fracción II, la fracción III se recorre pasa a ser IV y se adiciona una nueva fracción III, del apartado A, del artículo 30; se reforma la fracción II del apartado B, del artículo 30; se reforma el artículo 32; y se reforma el apartado A, el apartado B, se recorre y pasa a ser el C, se agrega un nuevo apartado B, se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C, del artículo 37; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional:
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización:
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.
Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requerirá ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento; o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de Gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.
Artículo 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero:
II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
C) La ciudadanía mexicana se pierde:
I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros:
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un Gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente:
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
IV. Por admitir del Gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente:
V. Por ayudar, en contra de la nación, a un extranjero o a un Gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional:
VI. En los demás casos que fijan las leyes.
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez trascurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A constitucional, reformado por virtud del presente decreto, previa solicitud que hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los cinco años siguientes a la citada fecha de entrada en vigor del presente.
Tercero. Las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha en que el presente decreto entre en vigor, seguirán aplicándose, respecto a la nacionalidad mexicana, a los nacidos o concebidos durante su vigencia.
Cuarto. En tanto el Congreso de la Unión emita las disposiciones correspondientes en materia de nacionalidad, seguirá aplicándose la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente decreto.
Quinto. El último párrafo del apartado C del artículo 37, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, D.F., a 5 de diciembre de 1996.- Senadores: Laura Pavón Jaramillo, presidenta; Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna, secretarios.»
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, para su análisis y dictamen y a la Comisión Especial en Materia de Naturalización, para su conocimiento y participación.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea sí se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada la minuta proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, enviada a esta Cámara de Diputados por la colegisladora.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos de la Ley Orgánica; 55, 56, 60, 65, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedió al estudio y análisis de la minuta de referencia con base en los siguientes
ANTECEDENTES
1. Con fecha 21 de noviembre de este año, el Ejecutivo Federal envió, al Senado de la República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
2. En la sesión plenaria del día 28 de noviembre, fue aprobado por la colegisladora el decreto relativo y, con esa misma fecha, enviada la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados.
3. Durante la sesión del mismo día 28, la Presidencia de la mesa directiva de esta Cámara recibió la multicitada minuta y dictó el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales".
Con base en los antecedentes mencionados, esta comisión se permite plantear las siguientes
CONSIDERACIONES
I. En la disposición contenida en el artículo 90 constitucional, se establece que:
"La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo Federal o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos."
II. La minuta proyecto de decreto turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para el análisis y estudio correspondientes, propone reformar dos leyes reglamentarias del citado artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de entidades paraestatales y reforma, asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos.
III. La Cámara de origen ha considerado oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal de modificar la Ley Orgánica en cita, en lo que hace a la fracción XII de su artículo 37, disposición relativa a la actual facultad que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo tiene para "opinar previamente sobre el nombramiento y en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Tanto en este caso, como en los de las dos fracciones anteriores, las personas propuestas o designadas deberán reunir los requisitos que establezca la Secretaría".
De este modo, el nuevo texto de la fracción XII de este artículo 37, aprobado por el Senado, es el siguiente: "designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha Secretaría"
Con esta reforma, y en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, entre los que se encuentra el relativo a la reestructuración del sistema de control interno del Poder Ejecutivo, se busca dotar de autonomía a las contralorías internas de las dependencias y entidades de la administración pública federal, ampliando consecuentemente la facultad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en esta materia que actualmente consiste sólo en emitir opinión, para que ésta pueda nombrar y remover a los servidores públicos y titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de estos órganos de control interno, al tiempo que se les hace depender jerárquica y funcionalmente del titular de dicha Secretaría.
La comisión que suscribe considera adecuada la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, que mereció también la aprobación de la colegisladora, pues no sólo permite globalizar el ejercicio de esta función en la Secretaría del ramo, sino que además fortalece las necesarias tareas de prevención, supervisión, vigilancia y sanción que garanticen un desempeño honesto, eficiente y responsable de los servidores públicos de la administración pública federal, a la par que se otorga independencia y legalidad al funcionamiento de dichas contralorías internas.
IV. En congruencia con lo anterior, se hace necesario modificar el texto del primer párrafo y la fracción I del artículo 62 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para armonizarlo con las funciones y facultades establecidas en la nueva fracción XII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Así, en la minuta se propone la siguiente redacción del artículo 62 en cita:
"Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:
I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos tribunales federales, representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Con esta adecuación, se suprime el actual dispositivo que hace depender de los directores generales a los órganos de control interno de las entidades paraestatales. Asimismo, con el texto de la nueva fracción I de este artículo 62, se posibilita una mayor eficacia en el fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos de la entidad de que se trate, dotando a la Secretaría del ramo de los instrumentos de control que le permitan actuar oportunamente ante la eventual conducta de servidores públicos que desatiendan las disposiciones y principios que rigen el quehacer público.
V. A efecto de complementar las disposiciones legales señaladas en los considerandos anteriores, esta comisión considera acertada la previsión del Senado de la República en el sentido de modificar diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que la iniciativa original del Ejecutivo Federal proponía en los artículos transitorios del decreto respectivo, para establecer la aplicación de las sanciones correspondientes; ordenamiento reglamentario del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de dichos servidores.
Así, se propone la reforma de los artículos 48, 56 fracción VI, 57 y 60 de la ley en cita, para establecer que: para los efectos de este ordenamiento, se entenderá por Secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (artículo 48); en todos los casos de sanciones económicas, éstas serán aplicadas por la contraloría interna de la dependencia o entidad (artículo 56 fracción VI); todo servidor público deberá denunciar, por escrito, a la contraloría interna de su dependencia o entidad, "los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección", la cual determinará la existencia o no de responsabilidad administrativa y en su caso, la sanción disciplinaria aplicable, suprimiendo el actual párrafo tercero del artículo 57 que señala al coordinador sectorial como receptor de la citada denuncia y estableciendo que el superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva enviará a la Secretaría copia de las denuncias "cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados" la Secretaría deba conocer del caso (artículo 57); y finalmente, para establecer la competencia de la contraloría interna de cada dependencia o entidad de imponer sanciones disciplinarias (artículo 60).
Con base en lo anteriormente expuesto, la comisión que suscribe somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Artículo primero. Se reforma la fracción XII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
"Artículo 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha Secretaría.
XIII a XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Artículo segundo. Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 62 de la Ley Federal de las entidades paraestatales, para quedar como sigue:
"Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:
I. Recibirán quejas, investigarán y en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los diversos tribunales federales, representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo:
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Artículo tercero. Se reforman los artículos 48, 56 fracción VI, 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como siguen:
"Artículo 48. Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo."
"Artículo 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Las sanciones económicas serán aplicadas por la contraloría interna de la dependencia o entidad."
"Artículo 57. Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la contraloría interna de su dependencia o entidad los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección.
La contraloría interna de la dependencia o entidad determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes.
El superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva enviará a la Secretaría copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba, directamente, conocer el caso o participar en las investigaciones."
"Artículo 60. La contraloría interna de cada dependencia o entidad será competente para imponer sanciones disciplinarias."
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1997.
Segundo. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto.
Tercero. En tanto el Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo designa a los titulares de los órganos de control interno, así como a los de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, los actuales titulares continuarán en su cargo y ejercerán sus atribuciones en los términos de este decreto.
Cuarto. Los órganos de control interno de las entidades paraestatales resolverán los procedimientos de responsabilidades administrativas y los recursos de revocación que, a la entrada en vigor del presente decreto, se encuentren en trámite en las dependencias coordinadoras de sector, relativos a asuntos de las citadas entidades, así como los que se inicien por hechos consumados con anterioridad a la entrada en vigor antes mencionada. Dichos procedimientos y recursos continuarán resolviéndose conforme a las disposiciones legales que los rigen.
Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los actos que corresponden a efecto de que, para el ejercicio fiscal de 1997, los recursos financieros destinados al pago de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos que por virtud del presente decreto pasarán a depender de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se transfieran a esta última.
Las dependencias y entidades continuarán proporcionando los espacios físicos, los recursos humanos y materiales que requieran los referidos órganos de control interno.
La relación laboral del resto del personal de dichos órganos de control interno no se modifica por la entrada en vigor del presente decreto.
Salón de comisiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 4 de diciembre de 1996.- Por la comisión diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de segunda lectura.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado José Castelazo y de los Angeles, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Rafael Castelazo y de los Angeles:
Con su venia, señor Presidente:
Las modificaciones legales que la Cámara de Senadores tuvo a bien aprobar por unanimidad y que de conformidad con el trámite legislativo corresponde a esta soberanía discutirlas y en su caso aprobarlas, se refieren a un asunto de fondo tendiente a fortalecer el control administrativo del Poder Ejecutivo Federal.
¿Por qué es necesaria esta medida? ¿Qué es lo que se lograría con ello? Evidentemente la corrupción se ataca eficazmente si se logran entrelazar controles políticos, controles sociales y controles administrativos.
En nuestro país los controles políticos se encuentran representados institucionalmente por el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y los partidos políticos.
El Congreso y el Poder Judicial favorecen el equilibrio de poderes, no sólo debido a sus facultades intrínsecas, sino por el poder de influir objetivamente en la opinión pública.
Los partidos políticos, mediante la información que procesan y la organización que despliegan, están al pendiente del devenir gubernamental, ejerciendo la influencia y presión pertinentes en el seno del Congreso donde estan representados en fracciones parlamentarias y también mediante su involucramiento en el manejo de la opinión pública.
Los actuales medios masivos de comunicación, son privilegiados instrumentos de regulación política y social sin precedente. De hecho, tratar de fijar la agencia, todas las horas de todos los días y el Gobierno a de responder a sus demandas, opiniones e informaciones, enfrentando la conciencia social desarrollada en torno a los asuntos sobre los que la prensa insiste.
Los controles sociales están constituidos por el cúmulo de organizaciones civiles representando a obreros, campesinos, indígenas, empresarios, estudiantes, profesionales, amas de casa, ecologistas, defensores de los derechos humanos, representantes de los discapacitados, de grupos marginados, ciudadanos como tales, en fin, a toda la gama de habitantes de una nación mosaico como lo es México.
A mayor organización de este tipo de asociaciones, habrá mayor injerencia en la política pública.
Los controles administrativos se refieren a tres momentos: el de la prevención, actúa antes de que sucedan las cosas y por lo tanto está más vinculado al plan y al programa; el de la corrección, que acontece durante el desarrollo de las acciones, abocado a la coordinación, seguimiento y evaluación, justamente para aplicar correctivos por omisiones, comisiones o desviaciones y el tercer momento, el momento de la valoración final, llega cuando se verifica si se gasta de acuerdo a lo aprobado, apegados a las normas financieras y contables y si se lograron los objetivos propuestos.
En los controles, anterior y posterior, participa definitivamente el Congreso al aprobar los presupuestos y revisar la cuenta pública, en el control correctivo intervienen intensamente los controles internos de la administración pública.
La administración pública es un asunto político, configura y concreta un cuerpo de políticas públicas, generando obligaciones gubernamentales, las cuales indudablemente, despiertan ambición de poder y apetitos de riqueza.
Vista así la administración pública, representa un problema ético, referido directamente a la interpretación de las aspiraciones y valores de un pueblo, al convertirse en acciones de gobierno o autos de autoridad específicos.
En este marco de referencia cabe realizar una reflexión, sea a escala individual, familiar, grupal o social, la mejor salvaguarda de la moral pública y privada es el hombre mismo.
Por eso, la educación y formación de nuestros recursos humanos, debe tener contenidos específicos sobre nuestros más altos valores históricos y preservar nuestras mejores costumbres y tradiciones, justamente para sobrevivir con mayores posibilidades de éxito en un mundo globalizado.
Trasladado esto a la administración pública, debe realizarse un esfuerzo notable en la formación y capacitación de personal, amarrándolo a un sistema de salarios, estímulos y recompensas, garantes de un servicio público eficiente, eficaz y honesto.
A nuestro juicio, no es la amenaza sobre la pérdida del empleo, lo que va a evitar la corrupción, sino imbuir en la conciencia de cada servidor público, un análisis de costo-beneficio, implicando no sólo cuestiones de orden económico, sino sobre todo moral y social.
En otras palabras, que cada empleado público sienta esfumarse una oportunidad de servicio, un prestigio personal y familiar, así como una seguridad económica, sin incurriese en corrupción.
Una forma de apoyar a las dependencias y entidades de la administración pública federal a prevenir la corrupción y mejorar su gestión y sus resultados, consiste en depurar el control interior que compete al Poder Ejecutivo Federal.
De esta manera, las características fundamentales de la función del control son: por un lado, su autonomía; y por el otro, su capacidad para ejercerlo, tanto en la aptitud que posean los responsables de hacerlo, cuanto en la autoridad que representen.
Hasta hoy los titulares de los órganos de control de las secretarías, organismos y empresas de participación estatal, son nombrados por quienes las encabezan con la anuencia de la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo.
De aprobarse las modificaciones legales propuestas, correspondería a esa Secretaría designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los mismos.
Estos contraloreos y receptores de anomalías y denuncias dependerían jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En el sector centralizado y en el paraestatal tendrían el carácter de autoridad y realizarían la defensa jurídica de las resoluciones que emitiesen en la esfera administrativa. Ante los tribunales federales representarían al titular de la Secodam. Igualmente tendrían facultades para establecer sanciones económicas y disciplinarias. La reforma establece que todo servidor público deberá denunciar, por escrito, a la contraloría interna de su dependencia o entidad, los hechos que a su juicio sean causa de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección.
En resumen, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo tendría mayores márgenes para realizar su función, ganaría autonomía, ampliaría su visión y, desde luego, sus decisiones adquirirían mayor fuerza. Su tarea sería realmente eficaz. Como contraparte, las dependencias y entidades dejarían de ser juez y parte frente a cualquier eventualidad o situación concreta. Todos sabemos que esta circunstancia, ser juez y parte anula, en los hechos, al propio control.
La aprobación de estas modificaciones favorecería la credibilidad en nuestras instituciones y aumentaría la confianza en el quehacer público; además, las recomendaciones presentadas por los órganos de control autónomos ante las dependencias y entidades serían emitidas en un entorno de mayor libertad, toda vez que los servidores públicos a ellos adscritos estarían sujetos a una relación laboral vinculada a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Esto se traduce en un compromiso con la función del control y una lealtad más clara hacia el servicio público y no hacia la persona que eventualmente funja como secretario de despacho o responsable de alguna entidad pública. Naturalmente, estas modificaciones de manera alguna lesionan o anulan los esfuerzos de esta Cámara de Diputados para mejorar su poder de control y fiscalización; en todo caso, la complementan.
Conforme corre el tiempo se vigoriza la política administrativa estructurada y encauzada por Ernesto Zedillo. El cree en las instituciones, sabe cómo pueden transformarse, sabe que son perfectibles. El Presidente conduce con firmeza el cambio para bien de México. Con la incuestionable legitimidad que le acompaña y la fuerza del Congreso, estamos solidificando a México.
En consecuencia, respetuosamente, solicitamos a esta soberanía la aprobación de las modificaciones legales aludidas.
Muchas gracias.
El Presidente:
En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.
Para referirse al dictamen a discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Aguilar Zinser.
El diputado Adolfo Miguel Aguilar Zinser:
Muchas gracias, señor Presidente:
Aclaro que es para referirme al dictamen en lo general.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:
Según consta en este dictamen, la iniciativa de ley fue presentada por el Presidente de la República, por el Poder Ejecutivo Federal, el día 21 de noviembre, el día 28 de noviembre fue aprobada por la Cámara de Senadores y enviada a esta Cámara de Diputados, para que el día de hoy sea sometida a nuestra consideración para ser aprobada o desechada.
La iniciativa viene de la Cámara de Senadores con un voto unánime de todos los integrantes de ese cuerpo. Los ciudadanos diputados hemos examinado este documento y hemos ponderado los argumentos que se presentan en el dictamen, tanto como aquellos que acaba de compartir con nosotros el diputado Castelazo y consideramos que esta iniciativa contiene elementos muy importantes de reflexión, de crítica, que en nuestra opinión ameritan votar en contra de ella.
¿Por qué compañeras y compañeros diputados?, si bien desde el punto de vista teórico, contable y desde el punto de vista de los criterios generales de la administración pública, sería deseable que existiese un sistema de contraloría fuerte, un sistema de contraloría capaz de asumir las responsabilidades de control de las entidades públicas paraestatales, como dice teóricamente este documento.
En la práctica no sólo no cuenta el Gobierno Federal con un sistema de contraloría adecuado, sino que los mecanismos de centralización de las funciones de contraloría, han servido para quitarle a ésta todo sentido de autonomía y hacerla un mecanismo ineficaz y altamente cuestionable desde el punto de vista político y desde el punto de vista de combate a la corrupción.
Hay una discusión que está pendiente en esta Cámara de Diputados, respecto a la cual se muestra muy poco entusiasmo del Poder Ejecutivo, que es establecer una comisión, una instancia de vigilancia del gasto público, de la administración pública, fuera del control del propio Poder Ejecutivo, el órgano superior de fiscalización.
La necesidad de contar en el país con un órgano superior de fiscalización, se deriva precisamente del hecho de que está probada la ineficacia de la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría ha demostrado ser un órgano altamente ineficaz para controlar los actos de corrupción en la administración pública central y un órgano altamente eficaz para encubrir la corrupción, de tal manera, que si nosotros como diputados estamos ahora dándole más facultades a la Contraloría, lo que estamos haciendo es fortalecer el poder discrecional de un órgano que ha utilizado ese poder discrecional, no para combatir la corrupción, sino para taparla, no para perseguir a quienes hacen mal uso de los recursos públicos como funcionarios, sino para utilizar esa información como elemento de chantaje político y mantener los esquemas de lealtad al régimen.
La Contraloría es un órgano fiscalizador de las lealtades internas, no de la corrupción.
Esta ley que casi nos hacen llegar de noche, lo único que hace es fortalecer a ese órgano político, no de control de la corrupción, sino de control de la lucha en contra de la corrupción. Ese es el sentido político de la Contraloría. Sirve para controlar a quienes quieran luchar contra la corrupción; para controlar los mecanismos de información interna que centralizados y bajo la autoridad exclusiva como pretende esta ley, de la Secretaría de la Contraloría, se convierten en instrumentos políticos para el encubrimiento.
Por tanto, señores diputados, si bien en la teoría ésta tendría que ser vista como una iniciativa favorable, en la práctica tendríamos que oponernos a ella, porque en este país lo que en la práctica sucede, es que los órganos centralizadores restan toda capacidad de acción contra la corrupción y de ello da muestra el trabajo que en los últimos años ha realizado esta Secretaría de Estado.
Yo me pregunto: ¿de qué servirá ahora que la Contraloría tenga la autoridad para nombrar a los contralores internos y a los órganos de vigilancia internos de las instancias paraestatales, cuando la información que tradicionalmente recibe la Contraloría de esos órganos internos, es discrecionalmente utilizada, no para perseguir o corregir las anomalías, sino para ocultarlas, y esto está demostrado fehacientemente en las instancias de investigación a las que nosotros hemos tenido acceso.
La propia Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, ha descubierto cómo los informes de auditoría enviados a la Contraloría, son ignorados por ésta; cómo las recomendaciones emitidas por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda son ignoradas por la Contraloría; cómo las recomendaciones que cuando se anima a hacerlas la Contraloría transmite a las entidades públicas son también ignoradas.
La Secretaría de la Contraloría y la carabina de Ambrosio son lo mismo, y yo me pregunto: ¿para qué seguirle dando más municiones a la carabina de Ambrosio, que ya vimos que no dispara y no funciona.
La discusión que este dictamen, que esta ley debe hacernos reflexionar, es sobre cuál es la responsabilidad de este Congreso para legislar en torno a la creación de un verdadero órgano fiscalizador del poder público, fuera del control y de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Nos dice el diputado Castelazo que al quitarle el control a las entidades y transmitírselo esto a la Contraloría, éstas dejarían de ser juez y parte. Yo le digo al diputado Castelazo que ahora el juez y parte va a ser precisamente la Contraloría. ¿Va a haber un solo juez y parte en el Gobierno Federal? Ya ni siquiera vamos a tener la ventaja de que un funcionario honesto en una entidad paraestatal, pudiera establecer un régimen de contraloría interna honesto, porque ahora, todos los regímenes de Contraloría Interna van a estar centralizados en una Secretaría de Estado que opera con criterios políticos, no con criterios de control de la administración, porque perdónenme, la Secretaría de la Contraloría, con todos estos poderes que adquiriría al nombrar a todos los contralores de todas las entidades paraestatales, tendría el poder de incidir con esta información sobre estas entidades, no para hacer de ellas instrumentos más honestos, sino para controlar en ellas las instancias políticas.
La Contraloría utiliza la información que tiene para fines políticos, no para fines administrativos ni para control de los actos de corrupción.
Hay probadísimas, probadísimas experiencias al respecto ¿Dónde está la revisión de las declaraciones patrimoniales.
De ellas nos enteramos cuando el Gobierno quiere "ajustarle cuentas" a algún disidente o adversario, ¡entonces es cuando la Contraloría utiliza la información de las declaraciones patrimoniales!
¿Dónde están las responsabilidades administrativas por los actos de corrupción detectados en las cientos de miles de informaciones de auditoría que cotidianamente se le transmiten a la Contraloría?
Recordemos y con esto quiero terminar, recordemos que el Secretario de la Contraloría, cuando compareció ante esta Cámara de Diputados, nos explicó, con un gran sentido de su propio trabajo, que el término "secretario" procedía de la raíz "secreto". Así nos dijo el señor Secretario de la Contraloría.
¡Entonces, esta ley lo que dice es que ahora se van a centralizar todos los secretos de la corrupción del Estado mexicano en un solo órgano, que se va distinguir por ocultarlos como secretos, no por combatirlos como lacras:
Por tanto, señores, los diputados vamos a votar en contra de esta iniciativa y vamos a seguir pugnando, no porque se fortalezca la Contraloría General de la Federación, sino porque esta oficina inútil desaparezca y las funciones de contraloría pasen a control del Poder Legislativo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaría Victoria Eugenia Méndez Márquez:
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente:
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Diputados: José Luis Martínez Alvarez por la afirmativa; diputada María Teresa Tapia Bahena por la negativa.
(Votación.)
Se emitieron 277 votos en pro y nueve en contra.
El Presidente:
Aprobado en lo general y en lo particular por 277 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)
El Presidente:
Esta Presidencia informa que se ha recibido una comunicación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Se ruega a la Secretaria dar cuenta de ella.
La secretaría María Teresa Tapia Bahena:
«Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que somete a consideración del pleno de la Asamblea.
Con fecha 28 de noviembre de 1996, la Presidencia de esta Cámara, con base en el artículo 27 inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 20 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior, turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con oficio 56-II-1-492, una proposición para que se integre una comisión de diputados, a fin de elaborar un programa de actividades para celebrar el LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el resultado del esfuerzo y la lucha de grandes hombres que vislumbraron un México libre, democrático y republicano. Es la evolución de las corrientes ideológicas más sobresalientes desde 1821 hasta el Congreso Constituyente de 1917.
2. Que es el fruto de la primera Revolución Social del Siglo XX y rescata lo mejor de nuestra tradición nacional, combinando el individualismo con las ideas sociales. La Constitución de 1917 no es una reforma a la de 1857, sino una nueva ley que recoge los ideales revolucionarios del pueblo y enmarca la consolidación de un México que mira hacia el futuro. Nuestra Carta Magna es la primera en el mundo en declarar y proteger las garantías sociales.
3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico que garantiza la independencia de los ejercicios y atribuciones de nuestra nación, en donde se estampa la soberanía popular, división de poderes y derechos individuales, adecuándose a las circunstancias y los retos que la sociedad moderna reclama.
4. Que el próximo 5 de febrero de 1997 se conmemora el LXXX aniversario de nuestra Carta Magna, fecha de gran trascendencia para la vida política y económica del país.
Esta comisión, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 45 fracciones I, II, VI y VII resuelve el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se crea la Comisión Especial para la Conmemoración del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual será responsable de elaborar y dar seguimiento al programa de actividades para dichas celebraciones.
Segundo. La comisión queda integrada de la siguiente manera:
Diputados: Jorge Moreno Collado, presidente; Píndaro Urióstegui Miranda, Eugenio Ortiz Walls, Antonio Tenorio Adame, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ernesto Luque Feregrino, Francisco José Peniche y Bolio, Isidro Aguilera Ortiz, Guadalupe Morales Ledezma, José Manuel García García, Josué Valdés Mondragón, Jesús Carlos Hernández Martínez, María Teresa Gómez Mont y Urueta y Froylán Velázquez Hernández.
Tercero. La comisión se reunirá lo más posible para elaborar los programas de actividades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 1996.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Pedro Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares Ventura; José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra Díaz.»
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobada.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar que se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Manuel Beristáin Gómez:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Históricamente la franja fronteriza norte del país se ha destacado como un polo de atracción de importantes flujos migratorios de mexicanos que se desplazan hacia aquella región buscando oportunidades de trabajo, ya sea internándose a los Estados Unidos de América o estableciéndose en nuestras ciudades fronterizas, sobre todo, en las que desde 1965 se han establecido 2 mil maquiladoras aproximadamente y durante 1996 ha ido creciendo este número.
Hoy por hoy, estas maquiladoras son el principal elemento perdurable que favorece el acelerado crecimiento poblacional en las principales ciudades de la frontera, crecimiento tan acelerado que desde mediados de los años ochenta rebasó al que tuvieron las áreas metropolitanas del país en sus épocas de mayor expansión.
En la frontera viven más de 10 millones de personas y el proceso de crecimiento poblacional en la zona sigue un esquema de urbanización binacional en el que, por un lado, se desarrollan ciudades mexicanas que albergan a las empresas maquiladoras y a las precarias colonias donde viven sus obreros y, por el otro, se localizan grandes centros comerciales y complejos urbanos totalmente desarrollados.
Consecuencia directa de este peculiar comportamiento socio-económico, aunque con variaciones que definen las diversas realidades de los seis estados y sus ciudades fronterizas, son los asentamientos irregulares que crecen anárquicamente y se multiplican, provocando desajustes sociales de diferente naturaleza y alcance, que dan a nuestras ciudades en frontera, además de una fisonomía urbana atrasada y muy desequilibrada, una imagen de desorden social y hasta moral, donde contrastan las zonas residenciales, comerciales e industriales con las colonias a las que autoridades municipales y estatales no han podido otorgar satisfactores suficientes para dignificar la vida de sus habitantes, tales como: servicios públicos, seguridad social, escuelas, áreas de esparcimiento, centros de abasto y vialidades.
Gobernadores y presidentes municipales, organismos representativos de la sociedad y las mismas comunidades fronterizas en tiempos diferentes, en circunstancias diversas y en diferentes formas, justamente han demandado al Ejecutivo de la nación que los recursos que se generan en casetas de peaje de puentes y carreteras federales sean compartidos hasta en un 100% con las administraciones públicas de los estados y de los municipios donde están establecidas estas casetas, y que por lo general son recursos que se generan gracias a la dinámica social de quienes residen en aquellas comunidades.
La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios donde existen puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes.
La Federación-Estado y municipio sin que la aportación de la primera pueda exceder de un 10% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate.
El Ejecutivo Federal ofreció avanzar hacia un nuevo federalismo donde los estados y municipios sean más fuertes, donde las decisiones se den siempre con el concurso y en beneficio de las comunidades y en donde los gobiernos locales cuenten con los recursos y el poder de decisión para servir mejor al ciudadano.
Antecedentes de la iniciativa presentada. Con fecha 6 de abril de 1996, el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos presentó ante el pleno de esta Cámara la iniciativa de ley que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal; posteriormente a la presentación de esta iniciativa, se modificó este artículo, pero la modificación consideramos ha sido insuficiente y no exactamente a la dimensión como la iniciativa está presentada.
Número 2. El objeto de esta iniciativa es que los estados y municipios donde existan puentes de peaje operados por la Federación a través de la Secretaría de Hacienda, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y aplicación de obras de vialidad en aquellos municipios en donde se ubiquen dichos puentes.
Número 3. Con esa misma fecha, el Presidente de la Cámara lo turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen.
Desde la presentación de esta iniciativa al pleno y a la fecha ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 27 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el plazo que tienen las comisiones de esta Cámara para presentar un dictamen en los negocios de su competencia.
Es procedente que la Presidencia de la Cámara de Diputados dé cumplimiento con su obligación expresa en el artículo 21 fracción XVI del Reglamentó para el Gobierno Interior y excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a fin de que rinda de inmediato el dictamen correspondiente.
Señor Presidente, solicito se le dé trámite reglamentario a esta excitativa que hoy presentamos los del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Muchas gracias.
El Presidente:
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud a las comisiones correspondientes.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (III)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Nieto Guzmán, del Partido Acción Nacional, para solicitar que se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Jorge Ricardo Nieto Guzmán:
Con su permiso, señor Presidente:
El suscrito, en mi carácter de diputado federal integrante de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesto que el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, a nombre del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente.
Sobre este particular, me permito hacer la siguiente exposición de motivos: los ayuntamientos, esto es, los gobiernos de los municipios, las entidades políticas más cercanas a los ciudadanos, sufren desde hace muchísimos años de una falta aguda de recursos, lo que les impide llevar a cabo con suficiencia la atención de las responsabilidades que les asigna nuestra Constitución en su artículo 115.
No es por dificultad coyuntural de una economía como la que sufre nuestro país en estos momentos, sino más bien por una debilidad estructural ocasionada por las pocas fuentes de recaudación que tienen disponibles y por la reducida participación de los impuestos federales y locales que tienen asignadas.
A través de distintas iniciativas y propuestas, se ha intentado elevar los raquíticos ingresos de los ayuntamientos e incluso, la mayoría de ellos ha hecho rendir al máximo los escasos recursos de que disponen, pero éstos aún son insuficientes.
Conscientes de que el impuesto predial es la principal fuente de ingresos propios de un ayuntamiento, cabe aclarar que hay casos en que estos impuestos no pueden ser hechos efectivos pues mediante hábiles interpretaciones de la ley e incluso de la Constitución Política de la República, abogados de empresas paraestatales impresionan con razonamientos elaborados a los tesoreros municipales para eludir obligaciones que para con la comunidad municipal tienen las empresas que representa.
Esto sucede en especial con interpretaciones de la parte final del penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional que a la letra dice: "sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios estarán exentos de dichas contribuciones".
Evidentemente que los bienes de estricto servicio público como escuelas, hospitales y asilos no deben de ninguna manera pagar impuesto predial, pero también hay una serie de bienes que en estricto sentido no son de servicio público, ni siquiera del dominio público, sino son propiedad de empresas comerciales e industriales que realizan funciones reservadas al Estado, como son las de producción y distribución de energía eléctrica o de extracción, transporte, refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados.
Es absolutamente injusto que ayuntamientos cuyos municipios han visto invadidas sus tierras de labranza por las aguas de una presa o que tienen una mayor contaminación por los desechos de una refinería o que deben reparar los destrozos ocasionados en calles y caminos por un mayor tráfico de vehículos al servicio de una empresa paraestatal, no pueden cobrar un impuesto al que tienen derecho como es el predial.
El impuesto predial es parte de los costos de operación de una empresa y en todas ellas, paraestatales o particulares, deben cargarlo al costo de los productos extraídos, refinados o generados y trasladarlos a todos aquellos que se beneficien de estos productos.
Para precisar más claramente qué entidades deben pagar el impuesto predial, se propone modificar la parte final del párrafo en comento, añadiéndose la frase que se utilice en organismos concentrados de la administración pública, de esta manera pagarán el impuesto predial a los ayuntamientos de los municipios donde se encuentren las plantas termoeléctricas, geotérmicas e hidroeléctricas operadas por la Comisión Federal de Electricidad o por quien llegue a operarlas en el futuro o los pozos petroleros, ductos, estaciones de bomberos y refinerías operadas por Petróleos Mexicanos o cualquier otro bien inmueble de las empresas paraestatales, sin afectar a la prestación de servicios públicos no empresariales como la educación, la atención a la salud o el fomento de la agricultura.
Como único ejemplo, Pemex pagará el impuesto predial por las instalaciones de los gasoductos que opere de la misma manera que lo deberán hacer las empresas particulares concesionadas al amparo de la ley recientemente aprobada.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de diciembre de 1995, el diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte presentó ante el pleno de la Cámara, una iniciativa de reforma del artículo 115, último párrafo, de la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objeto de esta iniciativa es que las empresas comerciales e industriales que realizan funciones reservadas al Estado, como son las de producción y distribución de energía eléctrica, o de construcción, transporte, refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados, paguen el impuesto predial.
Fundamento legal. Desde la presentación de esta iniciativa ha transcurrido el término legal establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se menciona el plazo que tienen las comisiones de la Cámara para presentar el dictamen en los negocios de su competencia.
Es procedente que esta Presidencia de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a fin de que rinda de inmediato el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos del artículo 27, inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que modifica, adicionando un párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción IV.
Dejo en la Secretaría copia de esta excitativa.
Atentamente, diputado Jorge Nieto.
El Presidente:
Túrnese la solicitud a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Apolonio Méndez Meneses, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para solicitar que se excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Apolonio Méndez Meneses:
Gracias, señor Presidente:
Honorable Asamblea; señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El suscrito, en mi carácter de diputado federal integrante de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, manifiesto que a nombre del Partido Acción Nacional presenté una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la comisión correspondiente. A este respecto me permito exponer lo siguiente:
Antecedentes. Con fecha 26 de abril de 1996, presenté en el pleno de esta Cámara, la iniciativa de ley que adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a, parte de un párrafo, quedando así: "...agua potable, alcantarillado, mantenimiento y conservación de los mantos acuíferos".
El objeto de esta iniciativa es el evitar el excesivo abatimiento de los mantos acuíferos.
En el artículo 115 constitucional se establece la obligatoriedad para los ayuntamientos de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, pero no se mencionan responsables para la recarga de los mantos acuíferos y en su momento fue expresado y así consta en el Diario de los Debates, la motivación de esta iniciativa.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Aguas Nacionales, tampoco dan obligatoriedad a personas específicas o entidades específicas para la recarga de los mantos.
Con esta misma fecha, el Presidente de la Cámara turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen. También fue enviada a la Comisión de Asuntos Hidráulicos, a la que pertenezco y estamos en la fase de dictaminación, pero no tenemos información de la dictaminación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Consideraciones de derecho
Desde la presentación de esta iniciativa al pleno y a la fecha, ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el plazo que tienen las comisiones de la Cámara para presentar su dictamen en los negocios de su competencia.
Es procedente que la Presidencia de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con su obligación expresa en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a fin de que rinda de inmediato el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados, de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los artículos 27, inciso m, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso A, un último párrafo, presentada por su servidor el 26 de abril de 1996.
Atentamente. Diputado Apolonio Méndez Meneses.
Dejo en la Secretaría el oficio correspondiente para su trámite.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Túrnese la solicitud a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lotfe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo referente al SIDA.
La diputada Rosa María Cabrera Lotfe:
Con su venia, señor Presidente:
Es una declaración política en torno a la realización de la Novena Jornada Mundial contra el SlDA.
El pasado 1o. de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Novena Jornada Mundial de Lucha contra el SIDA. En diversos países del orbe los eventos organizados para sumarse a dicha jornada estuvieron marcados por diferentes expresiones de reconocimiento del llamado "mal del siglo", que van desde muestras de solidaridad con quienes están afectados por esta enfermedad pandémica, hasta demandas para la dedicación de mayores recursos, así como la creación de programas más eficaces para prevenir y reforzar las políticas nacionales e internacionales en materia de salud, encaminadas a atender a los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana.
Considerando que el SIDA es una enfermedad catalogada de pandemia, que no reconoce fronteras y afecta por igual a hombres, mujeres y niños, que en un mundo cada vez más globalizado, los gobiernos han tendido equivocadamente a hacer frente a los problemas comunes, como lo son la pobreza, el desempleo, la marginación y la reducción de presupuestos públicos para la educación y la salud de los pueblos, sin atender a las diferencias estructurales, económicas e incluso culturales de cada uno de ellos, y que esto ha conducido solamente a la agudización de los problemas, que de acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Salud, más del 90% de los enfermos y enfermas de SIDA viven en países subdesarrollados, en los cuales no hay recursos para atenderlos, condenando a estos enfermos irremediablemente a una muerte mucho más rápida y drástica por falta de atención; que las investigaciones para la elaboración de los medicamentos necesarios para contrarrestar del VIH requieren de fuertes inversiones, y en virtud de ello, resulta imperante la participación de los gobiernos en este proceso, con el propósito de frenar el avance de la enfermedad a niveles controlables, por un lado y asimismo, para que combata el SIDA no se regule única y exclusivamente por las leyes de libre mercado, sino que se fomente la distribución masiva de los medicamentos, a fin de evitar una discriminación económico-social frente a aquellas personas contagiadas por el virus que tienen acceso a los costosos medicamentos y entre quienes no lo tienen, y que por todo, lo anterior las diputadas y diputados de las cuatro fracciones parlamentarias representadas en la LVI Legislatura emitimos la siguiente declaración política.
Exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a que haga llegar a los órganos y programas permanentes del sistema de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud, la propuesta de diseñar y alentar la aplicación de políticas regionales de lucha contra el SIDA, dando prioridad a aquellas áreas como Africa y América latina, donde la falta de recursos económicos dificulta las acciones para frenar el cada vez mayor número de muertes por esta enfermedad.
Se recomienda, asimismo, se atienda en particular a las condiciones específicas de los países para articular programas efectivos de información, educación y prevención del SIDA, al igual que programas dirigidos hacia la coparticipación de los gobiernos y de industria farmacéutica, que permitan asegurar la distribución y el abasto de los medicamentos que inhiban el desarrollo de esta enfermedad.
Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 1996.Y suscriben la presente declaración política los diputados: Raúl Fuentes Cárdenas; Eduardo Guzmán Ortiz, por el PT; Augusto Gómez Villanueva, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; César Raúl Ojeda Zubieta, por el PRI; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, por el PAN; Cuauhtémoc Sandoval, por el PRD y la de la voz también.
Muchas gracias.
OPERATIVO TRANSNACIONAL CONDOR II
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al operativo trasnacional Cóndor II.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de entrar en materia, quiero formular aquí una enérgica protesta en contra del desgobernador de Guanajuato, el señor Vicente Fox, porque ha enviado aquí, esta mañana a niños de la secundaria técnica número 39, para participar en lo que él llama "taller parlamentario", fichando a estos estudiantes como miembros del PAN.
Yo me pregunto si don Vicente Fox ha adoptado con permiso de su partido la teoría maoista o castrista de los jóvenes pioneros y no es posible que con los recursos del gobierno estatal se patrocinen varios camiones para pagar a aproximadamente 100 niños el viaje a la Ciudad de México, a cambio de que acepten que se les imponga un gafete partidario.
Ustedes podrían decir que la Fracción Social Demócrata hizo un fotomontaje. Desde luego estaríamos en capacidad de hacerlo, pero no es el caso, compañeras y compañeros diputados. Esta es la fotografía de uno de estos niños, a aquí, en el pecho, al lado derecho, como corresponde a la ideología panista, le pusieron su membrete del Partido Acción Nacional.
Preguntamos entonces si a estos niños para patrocinarles el viaje se les exige llenar alguna solicitud, profesar alguna ideología y si éstos son los métodos de quien se dice el bueno para la grande del año 2000, está reciente la convención panista en donde don Diego acusa a don Vicente, don Vicente le revira. Pleito de verduleras y de comadres, porque finalmente tan malo el pinto como el colorado, tan inmoral el uno como el otro.
En esta tribuna dijimos, el 19 de septiembre, sobre don Diego Fernández: abogado del dólar, deshonesto, amoral, ladrón, abusivo, antidemocrático, príanista, miembro de un partido que aplica la ley del embudo y su compinche, don Vicente Fox, no se queda atrás. Son de la misma ralea.
Sólo lamentamos que se engaña a jovencitos, a niños, en un operativo sectario y partidario.
Nos oponemos a esa manipulación, a esa prostitución de la niñez estudiosa. Y les aseguro que yo hubiera dicho aquí lo mismo hoy en la tribuna si me encuentro con una fotografía o si los veo, porque los vi, y platiqué con ellos, portando el gafete del PRI o del PRD o del PT o de cualquier partido. Eso, compañeras y compañeros no se vale, no debemos tolerarlo.
Ahora entraremos en la materia inscrita en el orden del día. ¿Por qué operativo transnacional Cóndor II? Porque ya existió Cóndor I, éste fue un operativo de inteligencia implementado por la CIA en todo el subcontinente, de acuerdo con los dictadores del Cono Sur. Lo mismo los Videla, los Viola, los Galtieri, los Agosti, los Macera, que los Pinochet Ugarte.
El esquema de inteligencia permitía espiar, perseguir, secuestrar, detener y asesinar a militantes de oposición, a disidentes, como dicen los gobiernos represivos a los transgresores de la ley. Así un día asesinaron a Letelier, en Washington, por ordenes de Pinochet Ugarte.
Ese operativo fue para darle eficacia a la guerra sucia, así se le llamó a aquellos operativos para aniquilar a toda aquél que pensare diferente de los gorilas, de los dictadores de aquellas naciones.
Se suponía que con el advenimiento de las democracias en el subcontinente el operativo habría sido desmantelado. Pero no, compañeras y compañeros diputados.
Ernesto Zedillo Ponce de León, en su primer viaje a la Argentina en 1995 reunióse en el centro vacacional de Bariloche con su colega Carlos Saúl Menem y el único acuerdo al que llegaron, eficaz, no ha habido inversiones de cuantía, no ha habido cooperación técnica, no ha habido avance en lo que se llama el intercambi o en materia cultural, pero sí gran eficacia en el intercambio represivo, porque ahí fraguaron ambos mandatarios la detención ilegal y el secuestro de un luchador político argentino.
Debo, desde luego, por dialéctica, deslindarme, dividir. No voy a introducir aquí ningún elemento de juicio sobre la posición doctrinaria del ciudadano argentino Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Los agravios que Menem tenga en su contra, es algo que la justicia argentina debería resolver algún día.
Lo que vamos ahora a analizar es la consecuencia del pacto de Bariloche. El ciudadano Gorriarán Merlo, un día, octubre del año pasado, 28 de octubre, fue detenido por agentes de la Policía Judicial Federal al mando, finalmente del procurador príanista Antonio Lozano Gracia, por agentes del instituto de migración al mando del secretario Emilio Chuayffet Chamor y coordinados nada menos que por un comando, dijo Menem, de 50 agentes del SIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado Argentino.
No voy a discutir en este momento porqué la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara, no protestó por la vulneración de nuestra soberanía, al permitir que sheriffes argentinos hayan pisoteado nuestro suelo. Tan nefastas las invasiones yanquis como las que provienen del gobierno de Menem.
Lo que vamos a defender en el caso Gorriarán Merlo, es el derecho de asilo, porque ocurre que el ciudadano argentino aludido, al ser detenido, manifestó ante dos testigos presenciales su intención de demandar la protección de nuestras instituciones.
A mayor abundamiento, tras ser torturado e interrogado, por escrito, de puño y letra, firmó la solicitud correspondiente. Los agentes desde luego lo engañaron, dijéronle: señor, éste es un país que respeta esa noble tradición, tramitaremos su solicitud ante la autoridad correspondiente, platicamos más tarde.
Más pronto que tarde, en cuestión de minutos, lo enviaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en donde un avión con matrícula argentina, esperaba al ex guerrillero, para remitirlo directamente a una cárcel en Buenos Aires. Se encuentra actualmente preso en espera de un juicio en febrero, en donde todos los conocedores afirman, será condenado a la máxima pena que en aquel país es la cadena perpetua.
Esa extraordinaria revista que es Proceso, fundado por don Julio Scherer, en la entrega de esta semana, nos ofrece dos preciosos regalos. En política interior una portada donde dice que ya declararon Camacho, Córdoba y Salinas, sólo falta Zedillo. Desde luego esto no lo verán nuestros ojos, señor Madrazo, ya lo dijimos aquí antes, no se atreverá contra el patrón.
Y en materia de política internacional, nos regala una entrevista en el reclusorio con el señor Gorriarán. El de la voz promovió dicha entrevista, estuvimos presentes, la compañera Ximena Ortúzar la realizó, la razón de nuestra presencia era confirmar si era cierto, como lo fue, que Gorriarán pidió asilo y fue burlado.
Leeré algunos extractos de la entrevista para situarnos en el caso: "Gorriarán reitera, es uno de los encabezados, mi aprehensión por un acuerdo ilegal entre Argentina y México, léase pacto de Bariloche". La cabeza principal: "no me arrepiento de nada, al condenarme a mí, condenarán el derecho del pueblo a resistir el autoritarismo".
Dice la periodista: "el ex guerrillero que integró el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP y dirigió el Movimiento Todos por la Patria, MTP, está acusado, entre otras cosas, de planificar y dirigir el coopamiento del regimiento de infantería mecanizada número tres de La Tablada, el 23 de enero de 1989 que produjo 39 muertes. Sus 23 años de clandestinidad terminaron el 28 de octubre de 1995 en Tepoztlán, México y hoy se encuentra en celda aislada, separada no sólo de sus compañeros de La Tablada que están en el penal de Caseros, sino también del resto de los presos de Devoto, en espera del juicio que podría condenarlo a cadena perpetua. Esto dice la periodista.
Pregunta Ortúzar: ¿cuál ha sido el planteamiento jurídico? Contesta Gorriarán: La primera, mi detención ilegal en México practicada por agentes argentinos y mexicanos y mi posterior traslado en secreto a la Argentina, lo que puede caracterizarse como un secuestro.
Lo segundo, estoy siendo bombardeado por la prensa que me adjudica una serie de hechos, incluso posteriores a La Tablada, todos falsos. Han creado la imagen de una persona que permanentemente está actuando con violencia y poniendo bombas y a esa persona le pusieron mi nombre y se la entregaron a la opinión pública".
Pregunta la entrevistadora: ¿por qué lo hacen? Responde el entrevistado: "Es parte de una campaña para hacerme más trabajoso el conseguir solidaridad. Además me juzgarán los mismos jueces que ya condenaron a los compañeros que llevan ocho años de prisión. Dicho sea de paso, ninguno de los militares juzgados acá sufrió una prisión tan larga, ni Videla ni Massera, lo máximo que cumplieron fueron cinco años y en condiciones más ventajosas. El juicio a los compañeros de La Tablada ha sido cuestionado por la defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por una serie de irregularidades en el proceso. Ellos fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia y yo también lo seré. Es una ley de instancia única, en que la condena depende únicamente de la apreciación del juez, al margen de las pruebas que se presenten. Somos los únicos juzgados por esa ley, que no se le aplicó a Seineldín ni a Rico, que intentaron tomar el poder".
Pregunta por último la entrevistadora sobre su posible arrepentimiento. El señala que, desde luego no se arrepiente, como lo dice el encabezado, "porque acá, sostiene Gorriarán, hay una especie de plaga de arrepentidos y como yo no sólo no me arrepiento, sino que estoy orgulloso de lo que hicimos, al juzgarme, se va a juzgar y condenar el derecho del pueblo a resistir el autoritarismo".
En Buenos Aires entrevistamos al Premio Nobel de la Paz, nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel. Don Adolfo dice: "más allá de la ideología y los métodos de Gorriarán Merlo, en efecto, se están violando sus derechos humanos en Argentina porque será juzgado por ese tipo de tribunales". Y sostiene Pérez Esquivel, que la sentencia ya está dictada, antes de ser juzgado, la referida cadena perpetua.
El operativo transnacional Cóndor II quedó sellado en la segunda visita del señor Zedillo a Buenos Aires. El día 16 de noviembre de 1996 en el marco de la visita presidencial, se adoptó, bajo el pretexto de una comisión mixta para luchar contra el crimen organizado, el nuevo protocolo. México y Argentina se unen bajo la égida de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA, la DIA, la CIA, entre otros para combatir, dicen ellos, el lavado de dinero, los delitos de cuello blanco; de lo que se trata es perseguir disidentes enemigos del Estado.
En México, lo cita el diario Excélsior el 3 de diciembre de 1996, la compañera diputada Rosario Ibarra, denunció: "vuelven a desaparecer los ciudadanos en México, como en los años setenta." Dijo: "en México está renaciendo la desaparición de ciudadanos como en la década de los setenta, nada más que hace 20 años se llevaba al cabo contra integrantes de organizaciones armadas, ahora es contra ciudadanos sin militancia", señaló Rosario Ibarra de Piedra.
Luego anunció que un grupo de familiares de desaparecidos han decidido la recreación del frente nacional contra la represión y afirma ella que en este país existen cerca de 500 desaparecidos.
El mismo diario Excélsior, el 5 de marzo del presente año hizo pública la lista de lo que los agentes de seguridad llaman los 200 enemigos del Estado. Ahí están los líderes del Frente Popular Francisco Villa, de la OCSS de Guerrero, la de los dirigentes del FAC-MLN, la organización que fundamos en 1995 conjuntamente con otras fuerzas políticas y habemos dos diputados federales, la compañera Carlota Botey y el de la voz.
La prensa internacional denuncia el 27 de noviembrede 1996: "Estados Unidos asesora en antiguerrilla en México" a raíz del surgimiento del EPR, elementos de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos realizan labores de prevención, de inteligencia en la sierra de Oaxaca.
No es entonces casual que se aproveche una visita presidencial para ir tejiendo una red, esa red hoy es el operativo "Cóndor" de los años setenta, revivido por la decisión de los mandatarios de la Argentina y de México. Muy pronto esta red se establecerá por todo el subcontinente latinoamericano y quizá abarque incluso a España, Portugal, porque en la península ibérica, sobre todo con el gobierno de Aznar, se está volviendo a la guerra sucia. Hay denuncias en la opinión pública española, por la guerra sucia.
Leo un despacho de "Associated Press": "Crisis en el poder judicial español". El caos por la crisis por la guerra sucia contra la ETA. Si el estado español tiene agravios respecto de esa organización independentista, que lo resuelva en apego a la ley, porque no es aceptable, es contrario a la ética política que pretenda combatirse a los supuestos transgresores de la ley, violando la ley misma".
En México, tras el secuestro de Gorriarán, el de la voz a nombre del Partido Social Demócrata, presentó ante Antonio Lozano Gracia, denuncia de hechos por el secuestro, detención ilegal, terrorismo, espionaje, coalición de funcionarios, con relación al caso en comento.
Desde noviembre de 1995 le pedimos al procurador investigar si se habían violado o no los derechos del señor Gorriarán; investigar si había o no, solicitado asilo. Al momento o por lo menos al lunes pasado, cuando todavía era procurador el señor Lozano Gracia, esa indagatoria estaba congelada por órdenes superiores, y si el señor Zedillo decía que no se metía con el procurador prianista, el jefe superior ahí no era otro más que don Antonio Lozano Gracia.
Congelada quiere decir que no hizo indagatoria alguna el agente del Ministerio Público, el licenciado Miguel Angel Oseguera, porque al agente le pedimos desde luego, cosas no fáciles; le pedíamos mandar citar al señor secretario de Gobernación Chuayffet para que depusiera si en efecto el señor Gorriarán pidió o no asilo.
Mandar citar por los conductos diplomáticos conducentes a Victorio Tacceri, embajador de Argentina, para indagar si era cierto, como lo fue, que por sus auspicios vinieron aquí 50 de sus compatriotas. Y mandar citar, desde luego, a los jefes de Gobierno de la Argentina y de México, por los canales que procedan, para que declaren si tramaron o no en Bariloche, la entrega de Gorriarán.
¿Qué hizo al momento el señor Procurador? No hizo nada...
Señora Presidenta: le ruego instruir a la Secretaría que no me molesten con estos avisos. Voy a ejercer mis derechos constitucionales de agotar el plazo de 30 minutos.
El Presidente:
Señor diputado: se le pasó la tarjeta de tiempo porque se le agotó el que había usted solicitado.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
¡No! yo solicité el uso de la palabra según la ley que me permite hablar por 30 minutos. Usted me lo concedió de acuerdo a una resolución de una comisión que creo se llama: "de Concertación y Régimen Interno". Como yo no estoy ahí representado ni nadie me representa, no me acojo a sus resoluciones.
El Presidente:
Continúe, señor diputado Sánchez.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Concluiremos.
El señor procurador, nada indagó; inclusive intentó dar golpe, porque mandó publicar un día, por estrados, el no ejercicio de la acción penal respecto de nuestra demanda. Contradictorio el anuncio, porque el Código de Procedimientos señala que no se puede cancelar sin otorgarle al denunciante un plazo perentorio que en el caso es de 15 días, para alegar lo que a su derecho proceda. Afortunadamente actuamos a tiempo; la indagatoria sigue abierta, aunque congelada.
Le exigiremos al nuevo procurador Madrazo Cuéllar siga la averiguación o la inicie. Y le decimos desde esta tribuna a Chuayffet Chemor, que mandó por ahí algún oficio cuando deportaron o expulsaron a Gorriarán Merlo, que dice en su parte medular:
"El señor Gorriarán, visto que no poseía documentos en regla y porque no solicitó asilo, fue expulsado con esta fecha."
Eso es una falsedad. Y vamos a presentar testigos, desde aquí se lo decimos al nuevo procurador, al Secretario de Gobernación, dos testigos presenciales que acompañaban a Gorriarán en el momento de ser detenidos enmedio de una balacera, que afirmarán que el señor Gorriarán Merlo hizo pública, lo manifestó a varios, su intención de demandar la protección de nuestro Gobierno. Y el propio Gorriarán de puño y letra, nos ha entregado una carta para remitirla a Zedillo en donde él sostiene que lo solicitó por escrito.
¿Cuál es al momento la secuencia a seguir?
Primero. Hasta aquí, lo dicho por el de la voz, puede estar sesgado, puede ser demasiado subjetivo, porque en ocasiones la pasión política nos vence.
Hoy conozco a Gorriarán. Cuando fue detenido, sabía de él porque ejecutó a Somoza, el dictador de Nicaragua en la Asunción, Paraguay, porque participó y coadyuvó con la guerrilla de Nicaragua, porque estuvo cerca de los movimientos guerrilleros en Colombia, Venezuela, Guatemala, pero no tenía el gusto de conocerlo.
Haberlo conocido, desde luego puede, insisto, sesgar una opinión. Por tanto, yo no pido que ustedes crean o tomen en cuenta a la letra lo que aquí ha sido vertido. Nosotros proponemos un punto de acuerdo para solicitar a varias comisiones de esta Cámara que investiguen sobre un hecho concreto: derechos humanos y petición de asilo. Y que las comisiones de Gómez Villanueva, de Oscar González, de Saúl González Herrera, entre otras, informen a esta soberanía del resultado.
Respecto de la solución general del caso Gorriarán, sólo puede haber una: que el Gobierno de Menem decrete una nueva ley de punto final, que otorgue amnistía a todos los presos políticos de la Argentina. Lo mismo a los de Caseros que a los de Villa Devoto por el asalto a La Tablada, así como a los " Cara Pintada" de Seineldín, por el intento de toma del poder. Desde luego éstos son asuntos de Menem.
Y una solución particular en la cual nos proponemos intervenir. Visto que Zedillo pisoteó el derecho de asilo, según nuestra impresión y aplicando el más elemental sentido común que nos hace prever que jamás otorgaría, bajo su Gobierno protección alguna a Gorriarán Merlo y visto también que de haber indulto el señor Menem no lo toleraría un solo día en suelo argentino, pronto promoveremos una entrevista con nuestro amigo el señor Presidente Constitucional de Costa Rica, don José Figueres, para solicitar ahí asilo político eventualmente para el ciudadano argentino Enrique Haroldo Gorriarán Merlo.
Haber venido hoy a la tribuna sobre este caso, no significa que el de la voz esté asociado ni política ni doctrinariamente con el señor Gorriarán Merlo. Es un acto elemental de solidaridad y sobre todo, eso sí, es un grito desgarrador de un mexicano libre, que considera que México ha roto una muy larga y respetable tradición de asilo y protección a ciudadanos perseguidos de otra nación.
Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente:
Tiene la palabra, para rectificar hechos el diputado José Carmen Soto, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Carmen Soto Correa:
Con su permiso, señor Presidente; diputado Luis Sánchez Aguilar:
Estoy de acuerdo con usted en lo que se refiere a que la pasión y la posición de su agrupamiento político lo ciega. Puede estar sesgado, estoy de acuerdo en que desde mi personal punto de vista está sesgado y quisiera deslindar, como usted lo dijo, el caso concreto y específico que de acuerdo a nuestros principios nos llamaría a la reflexión de un conjunto de argumentos que usted dio.
Recuerdo lo que está inscrito en nuestro recinto, el lema juarista, que no me permite opinar sobre otro país.
Quiero decirle también que estoy de acuerdo con usted que puede estar sesgado, sobre todo en sus comentarios sobre el señor presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Quiero decirle que nosotros, los mexicanos, nos sentimos profundamente latinoamericanos y que la reunión a la que usted hace mención, es una reunión también que busca encontrar soluciones, compartir experiencias económicas y culturales con nuestros hermanos latinoamericanos, de la cual incluso un diputado de nuestra legislatura ocupa, incluso, la presidencia de economías emergentes con otros diputados latinoamericanos.
Pero con todo eso y en base a los principios republicanos e incluyendo con las diferencias a usted, voy a presentar un punto de acuerdo donde los diputados firmantes hacemos a un lado nuestras diferencias y nos unimos, en base al principio fundamental de la política exterior de México: el derecho de asilo y recordamos, al firmar este punto de acuerdo, como aprobamos que con letras de oro se inscribieran los nombres de Isidro Fabela y de Genaro Estrada, exponentes magníficos, excelentes exponentes, de nuestra política exterior.
Y con esa misma convicción, hoy nos mueve en este punto de acuerdo la sola posibilidad de que el derecho de asilo hubiera sido vulnerado.
Asimismo, manifestamos que existe un principio republicano de defender los derechos de quien incluso o quienes incluso no compartamos ni ideología ni métodos, como es el caso de Gorriarán Merlo, de quien no defendemos sus concepciones, ideas políticas ni mucho menos sus métodos violentos.
Pero en base a dicho principio republicano el día de hoy 57 diputadas y diputados de varios partidos llegamos a un punto de acuerdo en el cual señalamos nueve interrogantes. Del contenido de estas interrogantes la seis, la siete y la ocho no las afirmamos ni las negamos, pero sí consideramos que estas interrogantes deben de ser tema de análisis de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la de Derechos Humanos, entre otras; que estas comisiones analicen la veracidad de estos interrogantes, los cuales en su mayoría, estas interrogantes son los puntos de vista del referido Gorriarán Merlo. Y lo hacemos así, porque en nuestro México el derecho de asilo, así lo consideramos los que lo firmamos, es parte fundamental de nuestra política exterior y de nuestra identidad como mexicanos.
Voy a pedirle permiso para leer el punto de acuerdo:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a esta Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Considerando
Uno. Que el ciudadano argentino Enrique Arnoldo Gorriarán Merlo fue expulsado del país el 29 de octubre de 1995.
Dos. Que el Gobierno mexicano fundamentó la expulsión en dos hechos atribuidos al interesado a saber:
a) La carencia de documentación en regla:
b) La no petición de asilo político.
Tres. Que el ciudadano Gorriarán Merlo en su carácter de perseguido político por la policía argentina no podía aportar, por razón lógica, pasaporte expedido por las autoridades de aquel país que son las persecutorias.
Cuatro. Que durante décadas ingresaron a México, sin documentos, cientos de perseguidos políticos latinoamericanos en busca de asilo y de la protección de nuestras instituciones y de nuestra bandera.
Cinco. Que las circunstancias antes dichas y específicamente, cuando la vida del perseguido está en peligro, la falta de documentación migratoria es considerada una eximente en derecho y en convenciones internacionales.
Seis. Que existe información en el sentido, según testimonios de agentes del Servicio de Inteligencia de Estado Argentino, habrían intervenido en suelo mexicano para la captura y expulsión del citado Gorriarán Merlo.
Siete. Que el propio Gorriarán Merlo sostiene que su expulsión es violatoria de sus derechos humanos, en virtud de que:
a) Al ser detenido manifestó, ante dos testigos presenciales, su decisión de demandar asilo político:
b) Al ser recluido e interrogado solicitó por escrito ante los agentes migratorios mexicanos, de manera precisa e inequívoca, el asilo político en nuestro país.
Ocho. Que el multicitado Gorriarán Merlo sostiene que la policía migratoria ofreció dar tramite a la petición de asilo ante la autoridad correspondiente, que tal cosa no ocurrió, puesto que inmediatamente después fue introducido en una aeronave de matrícula argentina, remitido directamente a Buenos Aires y encarcelado.
Nueve. Que ante la Procuraduría General de la República múltiples diputados han presentado, desde el mes de noviembre de 1995, denuncias de hechos por la detención ilegal y secuestro del multireferido ciudadano Gorriarán, las que se encuentran al momento "congeladas".
De conformidad con los anteriores considerandos, los diputados federales que suscriben, invocan la intervención de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos, de Justicia y Gestoría y Quejas, a efecto de investigar si en el caso de Gorriarán se vulneraron garantías y derechos humanos y si los hechos supradichos significan una ruptura de la tradición mexicana respecto al derecho de asilo.
Entregamos el texto a la Secretaría, a efecto de que la Presidencia se sirva turnarlos a las comisiones referidas de esta Cámara de Diputados.
Muchas gracias.
Firman: los diputados: Luis Sánchez Aguilar, del FSD; Raúl Fuentes, del PT; María Elena Yrizar, Efraín Leyva, Carlos Flores Vizcarra, Gabino Fernández, José Carmen Soto Correa, Carlos Reta Martínez, Gaspar Avila, Rafael Ceballos, Tito Rubín Cruz, Oscar Cantón Zetina, Jaime del Río, Emilio Solórzano, Gustavo Salinas Iñiguez, Humberto Ortega Ríos, Ignacio Ovalle, César Raúl Ojeda, Oscar Levín Coppel, Alfonso Reyes Maldonado, Mario Rosales; José Castelazo, Luis Garfias, Alejandro Gutiérrez, Héctor San Román, Carlos M. de la Fuente, José Luis Flores, Rubén Calderón y Cecilio, Florentino Castro, Sebastián Lerdo de Tejada, Samuel Palma, Ismael Orozco, César González Quiroga, Miguel Rodríguez Ramírez, Jaime Rodríguez López, Rodolfo González; Martina Montenegro, del PRI; Mauro González Luna, Carlota Botey, Alfonso Solórzano, Froylán Velázquez, Francisco Patiño, Leticia Burgos, Amado J. Cruz Malpica, Rosa María Cabrera, Edgar Sánchez, Rafael Jacobo, Raúl Livas, Francisco Curi, Ramón Sosamontes, Pedro Etienne, y Manuel Coronel, del PRD y Tonatiuh Bravo, Crisóforo Salido, del Grupo de Ciudadanos.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones mencionadas por el diputado José Carmen Soto Correa.
SAN LUIS POTOSI
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a una publicación en la prensa del Estado de San Luis Potosí, del 15 de octubre de 1996.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 3 de septiembre de 1996, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, licenciado Horacio Sánchez Unzueta, así como el Presidente de la Gran Comisión de la Legislatura del Estado, diputado Amado Felipe Vega Robledo y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, licenciada María Elena Segovia Díaz de León, presentaron ante la legislatura local, la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado en la cual destaca el artículo séptimo transitorio que a la letra reza: "séptimo. Para la integración de las listas de candidatos para diputados plurinominales, en las tres siguientes elecciones que se celebren en el Estado, los partidos políticos habrán de incluir, cuando menos, el 50% de mujeres que se alternarán con varones en las fórmulas electorales".
La propuesta de integración en cuando menos el 50% de mujeres que alternativamente con los varones formasen parte de las listas de candidaturas a la diputación local, fue saludada por un conjunto de diputadas y diputados federales de distintas fracciones parlamentarias.
Acoto aquí, que el PRD sigue sosteniendo la importancia de garantizar, mediante mecanismos de acción afirmativa, como éstas de los porcentajes, los derechos de las mujeres.
El día 15 de octubre de este año, en el diario local El Sol de San Luis, apareció un desplegado en el que también figuran las firmas de respaldo para saludar a la reforma propuesta por el gobernador de San Luis Potosí de manera integral.
Queremos significar que este desplegado generó controversia y disgusto en las representaciones, tanto de nuestro partido, como de otras fuerzas locales en dicha entidad, pues como todas y todos bien sabemos, hay propuestas alternativas que las distintas expresiones políticas han presentado y por supuesto, el PRD local de ninguna manera ha avalado el conjunto de las reformas que el licenciado Sánchez Unzueta ha impulsado.
En tal virtud, y por encargo de la dirección nacional de mi partido, en un acto obligado de esclarecimiento, reiteramos desde esta tribuna nuestro apoyo a la iniciativa de referencia sólo por lo que se refiere a la garantía para la participación de las mujeres en términos de equidad y de justicia electoral.
Finalmente, hago de su conocimiento de todos ustedes, que la salutación que suscribimos, mereció el agradecimiento del propio gobernador, quien en una misiva remitiera los conceptos fundamentales de su intención "la de garantizar igualdad de oportunidades para la mujer en los órganos colegiados de autoridad señaladamente Cabildos y Congreso del Estado. Los potosinos, dice, creemos que no puede seguir aceptándose la ancestral marginación de las mujeres en la vida política, para agregar una reflexión sobre las controversias, la intolerancia, los intereses y los prejuicios a los que se enfrentan en San Luis Potosí para garantizar los derechos de las mujeres".
Por tanto, señor Presidente, ruego a usted tomar nota de que hemos hecho la aclaración que el PRD en su conjunto considera pertinente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Se toma nota de la aclaración.
Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Armando Quintero Martínez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al asunto del IMSS.
RECURSOS FINANCIEROS
El Presidente:
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo para lograr el otorgamiento de mayores recursos a los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
En los últimos años las peticiones de diversos organismos de los tres niveles de Gobierno por dotar a las entidades federativas y municipios de mayores recursos económicos a fin de que sus gobiernos puedan cumplir mejor su compromiso con sus gobernados, han sido muchas. Estas peticiones en ocasiones se han convertido en verdaderos reclamos, pues la sociedad toda está convencida de que tal petición debe tener una respuesta positiva. En unos días más habremos de discutir y aprobar en su caso el Presupuesto de Egresos de la Federación, es aquí donde se nos presenta una oportunidad más de, en una forma responsable, atender a tan insistente reclamo.
Una prueba de que dicha petición de apoyo a nuestros estados y municipios no representa un asunto de dimensiones partidistas, sino de estricta justicia distributiva, lo representa el contenido del oficio número 3232 que con fecha 29 de noviembre de 1996 despachó la XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California a un servidor.
Dicho documento es la forma de hacerme llegar y tengo entendido también se utilizó el mismo medio para hacerlo con los demás legisladores de mi Estado así como a esta legislatura federal, un acuerdo tomado por unanimidad de los diputados locales de Baja California, a propuesta de legisladores emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional mediante el cual expresan su preocupación, abro comillas, "porque se incrementen significativamente los recursos destinados a los municipios y entidades federativas en los Presupuestos de Egresos del Gobierno de la República para el próximo ejercicio fiscal", cierro comillas.
Acompaño a la presente, copia del oficio referido así como de sus anexos solicitando desde luego a la Presidencia formen parte integral de mi exposición en el Diario de los Debates.
Por todo lo anterior y atendiendo el llamado de los integrantes del Congreso de Baja California, me permito presentar el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Túrnese el presente documento a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que sea tomado en cuenta al momento de emitir el dictamen respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación relativo al año de 1997.
Segundo. Túrnese copia del mismo a la Comisión de Fortalecimiento Municipal con el objeto de que esté al pendiente de la forma como se fortalezcan las finanzas municipales en el referido presupuesto de egresos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 1996.- Firmamos diputados de diversos partidos como: Rafael Ayala López, Martina Montenegro, Rodrigo Robledo Silva, Alfonso Garzón Santibáñez, Jorge Antonio Catalán Sosa, Rosa María Cabrera Lotfe, Amado Cruz Malpica y su servidor, Javier Alberto Gutiérrez Vidal.»
El Presidente:
Tómese nota y túrnese a las comisiones manifestadas por el diputado Javier Gutiérrez Vidal.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martina Montenegro, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.
La diputada Martina Montenegro Espinoza:
Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es muy satisfactorio hacer uso de la voz en esta tribuna, en representación de la fracción priísta de Baja California, pero es doblemente satisfactorio porque se trata de sumarnos a un punto de acuerdo, hacer a un lado las diferencias, las filiaciones partidistas, en favor de una sociedad.
Es muy importante lo que acaba de leer el diputado que me antecedió. El elevado crecimiento poblacional, con la consiguiente agudización de la problemática urbana, a la par de la insuficiencia de los servicios básicos, el grave incremento de la seguridad pública, el severo deterioro ecológico, entre otros, son problemas que han sido abordados de manera fragmentaria e insuficiente.
Es por ello que somos coincidentes cuando hablamos de mayores recursos a los estados y los municipios y con mayor razón cuando se trata de nuestro Estado de Baja California. Tan es así, que el día 26 de diciembre, en voz del diputado Francisco Domínguez y en otras ocasiones en voz del diputado Martínez Veloz, hemos presentado algunos puntos de acuerdo para que se lleve a cabo la alianza democrática y el crecimiento, el bienestar social y seguridad en la frontera norte, cuyo punto único fue precisamente solicitar, canalizar los recursos adicionales a los que se contempla la propuesta del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1997, a los estados y municipios ubicados en la franja fronteriza norte de nuestro país.
Los ejes concretos de acción que solicitamos es para la promoción de pequeñas empresas, para el impulso de un programa social en beneficio de las clases más necesitadas, canalizándolo hacia la alimentación, hacia la salud, hacia la educación, hacia la seguridad, hacia la habitación sobre todo, de colonias populares.
Quiero, como último, decir que con respecto al punto de acuerdo tomado por el Congreso del Estado por unanimidad, sin importar como decíamos de partidos políticos, que nos fue enviado a los diputados de Baja California, ya fue entregado a la Comisión de Programación y Presupuesto y también comunicado al Congreso del Estado.
Agradezco mucho su atención y nuevamente hacemos una excitativa a la Comisión de Programación y Presupuesto para que sean tomadas en cuenta nuestras peticiones.
Muchas gracias.
ORDEN DEL DIA
La secretaria Victoria Eugenia Méndez Márquez:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del día
Lunes 9 de diciembre de 1996.
Sesión solemne para conmemorar el LX anivesario del Instituto Politécnico Nacional.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de diputados.
Iniciativa de diputados
Que reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Adrián Orta García, para prestar servicios como asistente comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Federal de Yugoslavia en México.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 15:05 horas):
Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne el próximo lunes 9 de diciembre a las 10:00 horas, para conmemorar el LX aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional y a sesión pública a las 12:00 horas.
| CIA | Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DEA | Agencia Federal Contra el Narcotráfico de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DIA | Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos de América (por las siglas en inglés) |
| DIF | Desarrollo Integral de la Familia |
| EPR | Ejército Popular Revolucionario |
| ERP | Ejército Revolucionario del Pueblo |
| ETA | Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad, en vasco) |
| FACMLN | Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| MTP | Movimiento Todos por la Patria |
| OCSS | Organización Campesina de la Sierra del Sur |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| PAN | Partido Acción Nacional |
| Pemex | Petróleos Mexicanos |
| PRD | Partido de la Revolución Democrática |
| PRI | Partido Revolucionario Institucional |
| PT | Partido del Trabajo |
| Secodadm | Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo |
| SIDA | Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida Sin aclaración |
| VIH | Virus de inmuno deficiencia humana |