Presidencia de la diputada Sara Esther Muza Simón

ASISTENCIA

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Carlos Núñez Hurtado:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 285 diputados, más el diputado Tenorio Adame que siempre pasa lista aquí.

Por lo tanto, hay quorum.

La Presidenta (a las 12:03 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Carlos Núñez Hurtado:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.- Tercer Año.- LVI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 11 de diciembre de 1996.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputado.

Iniciativas de diputados

De reformas y adiciones a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Remedios Olivera Orozco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas a la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997.

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Comisiones protocolarias.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica a los integrantes de la Comisión Permanente, del primer receso del tercer año del ejercicio de la LVI Legislatura.

Proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Sobre las conversaciones entre el Gobierno de la República, el EZLN y la Cocopa, en torno a la iniciativa de la Ley de Cultura y Derechos Indígenas, a cargo del diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la Cumbre Mundial de la Alimentación, a cargo del diputado José Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la intervención del general McCaffrey, en los asuntos internos de México, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

Punto de acuerdo, presentado por diputados integrantes de la Comisión Especial de Comunicación Social.

Sobre la cacería del Borrego Cimarrón, a cargo de la diputada Franciscana Krauss Velarde, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario de la UNICEF, a cargo de la diputada Martina Montenegro Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Aurelio Salinas Ortiz:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del martes diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos setenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Colima y Guanajuato, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Gonzalo Alarcón Bárcena y la Asamblea aprueba el punto de vista respectivo en votación económica. Llámese al suplente.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Becerra Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Forestal. Se turna a la Comisión de Bosques y Selvas.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Othón Avila Zúñiga, del Partido Acción Nacional.

Sube a la tribuna el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional, quien pone a la consideración de la Asamblea, iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión correspondiente.

En razón de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y siete, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la primera lectura.

Por las mismas razones se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma los artículos treinta, treinta y dos y treinta y siete, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

A discusión en lo general y en lo particular, expresan los criterios de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Felipe Mena Salas, del Partido Acción Nacional y Emilio Solórzano Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

También para expresar sus puntos de vista respecto del dictamen, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Adolfo Miguel Aguilar Zinser, motu proprio y Francisco Antonio Tenorio Adame, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

Para rectificar hechos, hace uso de la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos cinco votos en pro y uno en contra.

Se turna a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales.

Se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión, un dictamen de las comisiones unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; de la Ley Minera; de la Ley de Inversión Extranjera; de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Ricardo Menéndez y Haces, del Partido Revolucionario Institucional.

A discusión en lo general expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del Partido del Trabajo; Ysabel Molina Warner, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Alejandro Díaz y Pérez Duarte, del Partido Acción Nacional, en pro y Emma Muños Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.

También expresan sus opiniones, los diputados: Carlos Zeferino Torreblanca Galindo y Luis Sánchez Aguilar, ambos motu proprio.

La Asamblea considera que el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Desde su curul, el diputado Quintana Silveyra, solicita que se verifique el quorum y el Presidente ordena que se de lectura al artículo cincuenta y ocho dé la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea autoriza que se reserve para la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, al término de la discusión en lo particular.

El Presidente informa que para la discusión en lo particular se reservó el artículo cuarto del proyecto de decreto que reforma la Ley de Inversión Extranjera.

Para referirse a ello, hace uso de la palabra el diputado Audomaro Alba Padilla, del Partido Acción Nacional, en contra y hace una proposición de reforma y Carlota Vargas Garza, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de las comisiones.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y autoriza que la votación se recoja en lo general, en lo particular y por la proposición del Partido Acción Nacional en un solo acto.

Realizado el cómputo correspondiente, la Secretaría informa de los siguientes resultados:

En lo general y en lo particular: trescientos sesenta y cinco votos en pro y veintisiete en contra:

Por el artículo cuarto del proyecto de decreto: doscientos cincuenta y nueve en pro y ciento seis en contra:

Por los artículos cuarto-A y diecisiete: trescientos sesenta y uno en pro y cuatro en contra:

Por la propuesta de Acción Nacional: ciento dos votos en pro y doscientos sesenta y tres en contra.

Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Se da lectura a una declaración política en torno a la entrega del Premio Nobel de la Paz, formado por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Eugenio Ortiz Walls, del Partido Acción Nacional, quien se refiere al aniversario luctuoso del ciudadano Adolfo Christlieb Ibarrola.

Hace uso de la palabra la diputada María de la Luz Luna Malvido, quien presenta la memoria de la consulta nacional sobre participación ciudadana y un punto de acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Se turna en la forma solicitada.

Hablan sobre la comercialización y precios de frijol para productores, los diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, quien hace diversas proposiciones; José Santos Ramos Damián, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Sergio Inocencio Ramírez Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo a nombre de la Comisión de Agricultura.

Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados Javier Ortega Espinoza, del Partido Acción Nacional y Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática.

Expresan su opinión sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, los diputados: Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, hace diversas proposiciones; Martín Gerardo Longoria Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del mismo partido y José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional.

Sube a la tribuna la diputada María Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política sobre la paz en la República de Guatemala, firmada por miembros de los cuatro grupos parlamentarios de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Para referirse a lo que calificó de derechos de los pueblos indios, hace uso de la palabra el diputado Martín Equihua Equihua, del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, expone el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. La segunda para rectificar hechos y, para referirse al mismo tema, el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Lauro Norzagaray Norzagaray del Partido Acción Nacional, quien solicita que se exhorte a la Comisión de Agricultura, para que dictamine una iniciativa presentada por su partido, el veintiséis de abril del año en curso, sobre asociaciones de productores agrícolas.

El diputado Anselmo García Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a una solicitud de la familia Vergara Domínguez, para que sus hijos sean inscritos en una escuela en Atizapán de Zaragoza, México, en la que según su dicho, el director no entregó cuentas sobre el manejo de fondos de la Asociación de Padres de Familia. Se turna a la Comisión de Educación y a la de Derechos Humanos.

El Presidente otorga el uso de la palabra al diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional, quien se refiere a la política social.

Agotados los asuntos en cartera. La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez horas.»

Está a discusión el acta...

La diputada Consuelo Botello Treviño (desde su curul):

Una pequeña corrección. Creo que dijeron que el diputado Martínez Veloz era del Partido de la Revolución Mexicana y creo que es del Revolucionario Institucional.

El secretario Aurelio Salinas Ortiz:

Se toma nota de la aclaración.

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

La Presidenta:

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Darío Adolfo Rubén Martínez Got, diputado suplente electo por la quinta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Raúl Lara Chanes, Rosa Margarita Guerrero Aguilar, Régulo Pastor Fernández Rivera y Marco Rascón Córdova.

El secretario Aurelio Salinas Ortiz:

Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta:

Ciudadano Darío Adolfo Rubén Martínez Got: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.

El ciudadano Darío Adolfo Rubén Martínez Got:

¡Sí, protesto!.

La Presidenta:

Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María Remedios Olivera Orozco, del grupo parlamentario del Partido Acción, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación.

La diputada María Remedios Olivera Orozco:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General de Educación, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los problemas que enfrenta nuestro país, por ser de muy diversa índole, convocan a todos los mexicanos a sumar esfuerzos tendientes a superar la situación apremiante que vivimos. Pero sería erróneo pensar que la crisis se circunscribe a aliviar el problema económico, dejando de lado aspectos importantes para el ser humano, que permitan su desarrollo pleno y su formación en los valores nacionales y morales, cuya vital importancia nadie puede negar.

En el Partido Acción Nacional consideramos que la fortaleza de una nación se mide, entre otras cosas, por la integridad moral de sus habitantes, por la congruencia de las acciones y valores y por una conducta que procure el bienestar a sus semejantes. Los principios de doctrina de nuestro partido postulan el humanismo como uno de los valores que es necesario puntualizar a fin de lograr la sociedad que nos merecemos.

En este sentido, es evidente que uno de los aspectos que no debemos soslayar en la construcción del México que queremos a futuro, es aquel que tiene que ver con la educación. Para tal efecto es necesario proporcionar a todos los mexicanos los medios que el Estado tenga a su alcance, a fin de orientar el esfuerzo a formar cada vez mejores hombres, comprometidos con la nación.

Por ello, la plataforma política del Partido Acción Nacional 1997-2000 establece: "el PAN sostiene que el objetivo básico de la educación debe ser el guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el ser humano se forma a sí mismo, con la ayuda de padres y maestros para llegar a ser plenamente hombre. La educación nacional, por tanto, debe estar fundamentada en los valores universales del hombre".

Esta aseveración evidentemente vale para todo mexicano y decimos esto porque creemos firmemente que no deben existir en nuestro país ciudadanos de primera y de segunda. Cualquier mexicano, por el hecho de serlo, debe ser respetado en sus derechos fundamentales y deberían serle proporcionados los medios necesarios para su desarrollo.

En el caso de las personas con discapacidad, los intentos por lograr su pleno desarrollo, nos obligan a tocar el tema de la educación para quienes tienen requerimientos especiales en ese campo. No podemos desconocer que se han llevado a cabo esfuerzos por fomentar este tipo de educación. Las reformas que llevó a cabo la LV Legislatura por el Congreso de Unión a la ley de la materia, fueron fundamentales para puntualizar aspectos de suma importancia para la educación de quienes presentan alguna limitación.

En efecto, en el campo de la discapacidad, la educación ha sido motivo de estudio y de planteamientos a veces encontrados. Ha sido ya tradicional el rumor acerca de la desaparición de la educación especial y se ha mostrado como un tema recurrente el de la integración del discapacitado a la educación regular. En este sentido, el Capítulo IV de la Ley General de Educación vigente nos habla del proceso educativo, y refiere, en su Sección Primera, a los tipos y modalidades de la educación.

Resulta de gran importancia que dentro del sistema educativo, se reconozca a la educación especial como parte del sistema educativo nacional, porque ello garantiza que exista una infraestructura que atiende, en cuanto a educación, a las personas con discapacidad. Como modalidad educativa, la educación especial está destinada, de acuerdo con el texto de la ley, a individuos con discapacidades transitoria o definitivas. Ello nos parece sumamente relevante por cuanto se permite que el vocablo "discapacidad", pase a formar parte del lenguaje utilizado en ese texto legal.

Por otra parte, la Ley General de Educación establece que tratándose de menores de edad con discapacidades, se propiciará su integración a los planteles de educación básica regular y para aquellos que no logren dicha integración, se procurará atenderlos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social. Nos parece que el sentido de esta disposición, es que la integración educativa del discapacitado se lleve a cabo en forma paulatina y siempre tomando en cuenta que deberá existir la educación especializada para aquellos discapacitados, cuya integración educativa no resulte posible. Dicha integración educativa para la persona con discapacidad, deberá incluir la orientación a los padres y tutores, así como a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular, que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.

Lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley General de Educación, pone las bases generales sobre las que se deberá reglamentar en detalle el aspecto educativo de las personas con discapacidad. El hecho de que nuestra ley reconozca que es necesaria la educación especial, constituye, sin duda, una postura adecuada a las necesidades educativas de este importante sector de nuestra sociedad.

Consideramos importante puntualizar que la educación especial se integra jurídicamente en el país desde el siglo pasado, sustentada en el decreto del 15 de abril de 1861, firmado por el señor Presidente de la República, licenciado Benito Juárez García, donde se promovió la fundación de la Escuela Nacional para Sordos y la Escuela Nacional para Ciegos; sin embargo, la profesionalización de los docentes en educación especial se establece hasta mediados de este siglo, gracias a las gestiones que el doctor Roberto Solís Quiroga realizó ante las instancias correspondientes, logrando que el 23 de enero de 1942, en el Diario Oficial fuera decretada la apertura de la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, cuyo objetivo fue: "especializar a maestros de preescolar y primaria en servicio, en la educación de aquellos alumnos que por ser deficientes mentales o haber cometido una infracción no eran atendidos en las escuelas regulares". El perfil de egreso para tales estudios fue respetado por muchos años, ya que es necesario que el especialista conozca, primero, la enseñanza con niños normales.

La Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal a través de diversas gestiones, logra la acreditación del nivel licenciatura de los egresados a través del artículo 18 fracción III de la Ley Federal de Educación (1973), en busca de la superación profesional.

La educación especial desarrollada a través de programas diferenciales, desde su nacimiento cambia sus estrategias de aplicación a partir de la década de los años ochenta, debido a la imposibilidad económica de los diversos países del mundo, para subsidiar la educación básica a todos sus niños y jóvenes.

Así pues, la educación especial ha jugado un papel importante, siendo el instrumento que posibilita dar educación a las personas que presentan alguna discapacidad. Dotar a este instrumento de lo necesario para lograr sus fines es una necesidad que no podemos soslayar.

En cuanto a la integración educativa reconocemos los esfuerzos que el Ejecutivo Federal ha llevado a cabo, al amparo del artículo 41 de la Ley General de Educación vigente. En este tenor, es importante recalcar que como uno de los objetivos que contiene el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se refiere a la promoción de la integración de los menores con discapacidad a la escuela regular, observando asimismo, que el Estado no se sustrae a la responsabilidad para con aquellos que por diversas circunstancias no logren su educación de manera integrada.

En este contexto, la Secretaría de Educación Pública se ha comprometido a incrementar la integración de los niños con discapacidad y fortalecer la atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad que ingresen a las escuelas regulares. A partir de las inscripciones de septiembre de 1995 se ha fortalecido el proceso de integración escolar de los menores con discapacidad, lo cual redunda en beneficio de esta población de educandos.

Así, en la instrumentación del citado Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se han identificado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática datos que nos muestran la importancia que reviste integrar educativamente a los menores con discapacidad en nuestro país. En efecto, de acuerdo con el registro nacional de menores con discapacidad llevado a cabo en todas las escuelas de educación básica del país, existen más de 2 millones 700 mil niñas y niños con algún signo de discapacidad. De ellos 2 millones 121 mil ya reciben algún tipo de servicio educativo, ya sea en escuelas de educación especial o en escuelas regulares, mientras que 606 mil 062 menores de los registrados no reciben ningún tipo de servicio educativo. Lo anterior contrasta con los datos acerca de la cobertura de los servicios de educación especial en el ciclo 1994-1995, que reportaron tan sólo 303 mil 509 niños atendidos en escuelas de educación especial y a 11 mil niños con discapacidad integrados en las escuelas regulares. Por otra parte, se ha identificado que el mayor número de niños, un 29% del total, fue registrado con debilidad visual, mientras que un 11.6% fue registrado con más de una discapacidad, asimismo un 11.3% fue registrado bajo la categoría de problemas de dicción.

La reflexión de los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con base en estos datos, es que el reto para la integración educativa del discapacitado es urgente y prioritaria. Lo fundamental en este rubro es proporcionar al niño, a sus padres y profesores los elementos necesarios para facilitar la integración educativa. Por ello, los suscritos diputados consideramos necesario reformar diversos artículos de la Ley General de Educación vigente, a fin de adecuarla a los requerimientos actuales en este campo.

En este sentido, la iniciativa que ahora presentamos, parte del análisis cuidadoso de las iniciativas de ley que fueron presentadas en pasadas legislaturas por diputados integrantes del Congreso de la Unión. En especial se tomaron en cuenta las siguientes:

Iniciativa que propone crear el Instituto Nacional para la Educación y Rehabilitación del Invidente, presentada el 22 de diciembre de 1979.

Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Educación, presentada el 26 de noviembre de 1986, por el grupo parlamentario de Acción Nacional, en voz de la diputada Cecilia Romero Castillo.

Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Educación, presentada el 2 de julio de 1991.

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación del 27 de abril de 1994.

La iniciativa de ley que ponemos a consideración de esta Asamblea plantea diversos aspectos que es necesario subrayar. En primer término se establece la consideración acerca de que uno de los fines de la educación pública en nuestro país será desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad y de aquellas que han llegado a la tercera edad. Esta adición se hace necesaria para puntualizar en la ley el respeto absoluto a la dignidad humana y la conciencia que se debe crear en los individuos, de que habla el artículo 7o. en su fracción X. Se consideró necesario incluir a las personas de la tercera edad, porque constituyen un grupo de la sociedad al cual es necesario tomar en cuenta para efecto de la adición planteada, pero además, porque la vejez y la discapacidad se identifican comúnmente en muy variados aspectos.

A fin de sensibilizar a los mexicanos acerca de las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad y terminar con los prejuicios y la falta de información que muchas veces se tiene con relación a este sector social, se propone adicionar el artículo 12 en su fracción III, para considerar que en la elaboración y actualización de los libros de texto se incluyan contenidos relativos a la discapacidad y a su prevención, ello es de vital importancia, ya que de aprobarse, contaríamos con el mejor instrumento para desarrollar una cultura respecto a la discapacidad en nuestro país.

En la integración educativa de las personas con discapacidad se debe contar con los recursos materiales y humanos que la hagan posible. En este sentido, es indispensable considerar dentro de los lineamientos generales para el uso de material educativo, aquellos que tienen que ver con los dispositivos didácticos para la educación especial. En este tenor se considera, que para contar con el elemento humano idóneo que haga posible la citada integración educativa, deberá existir un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación especial. Por otra parte, en cuanto al establecimiento de los requisitos pedagógicos que en su caso formulen los particulares que impartan educación, es necesario, asimismo, puntualizar que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal el fijar sus lineamientos. Con estas reformas al artículo 12 de la Ley General de Educación en sus fracciones V, VI y VII, se apuntala indudablemente dicha integración.

Para los diputados integrantes del Partido Acción Nacional, resultó de particular relevancia incidir en una reforma que pusiera las bases jurídicas, que sean el instrumento para hacer posible la equidad en la educación para quienes presentan alguna limitación física, intelectual o sensorial. En tal virtud, se propone adicionar cuatro nuevas fracciones al artículo 33 de la ley que nos ocupa.

Esta adición contiene diversos aspectos, que como demanda de la población discapacitada, se han recogido en diversos foros de consulta en donde se ha abordado el tema. Se trata así de incluir en los planes y programas del sistema educativo nacional temas relativos a las personas con discapacidad, promover a través de los libros de texto de educación básica, condiciones de igualdad para esta población, otorgar apoyos pedagógicos de educación especial a los servicios educativos regulares que integren alumnos discapacitados y establecer centros de investigación para la creación de dispositivos didácticos destinados a la población educativa con discapacidad. Lo anterior, de aprobarse, posibilitaría que se contara con normas, cuya observancia harían realidad la equidad educativa, en un clima de igualdad de oportunidades para el amplio sector de personas con discapacidad.

Por último, se hace indispensable reformar el actual artículo 41 de la multicitada Ley General de Educación, en virtud de que tal y como está redactado, a nuestro modo de ver, al preceptuar que la educación especial procurará atender a los educandos de una manera adecuada a sus condiciones, no establece en forma explícita, la alta misión de ese tipo de educación, que es precisamente atender en forma plena a dichos educandos conforme a su discapacidad, en este caso proponemos variar el vocablo "procurará", por "atenderá", lo cual redunda en una mejor interpretación del dispositivo aludido.

En la actualidad, ningún ciudadano de nuestro país debería carecer de los medios para una educación plena. Reiteramos que los esfuerzos que en este sentido se han llevado a cabo en favor de las personas con discapacidad son relevantes, no obstante, consideramos que la iniciativa que ahora pone a la consideración de esta Asamblea, Acción Nacional, constituye un paso adelante en la tarea legislativa por dar acceso pleno a la educación regular a las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Artículo único: Se reforma la fracción X del artículo 7o.; las fracciones III, V, VI y VII del artículo 12; se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI y XVII al artículo 33 y se modifica el primer párrafo del artículo 41, para quedar como sigue:

"Artículo 7o. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar, la paternidad responsable y las potencialidades de las personas con discapacidad y de aquellas que han llegado a la tercera edad, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios.

XI y XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos incluyendo contenidos y temática relacionada con la discapacidad y su prevención, con objeto de desarrollar una cultura al respecto, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria, especial y secundaria:

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica y establecer uno similar referido a la educación especial.

VII. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial, preescolar y especial, que en su caso formulen los particulares.

VIII a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV. Incluir en los planes y programas del sistema educativo nacional, temas relativos a las personas con discapacidad.

XV. Los libros de texto de educación básica deberán promover a través de sus contenidos e imágenes condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.

XVI. Otorgar apoyos pedagógicos de educación especial a los servicios educativos regulares que integren a personas con discapacidad.

XVII. Establecer centros de investigación para la creación de dispositivos didácticos destinados a la población educativa con discapacidad.

Artículo 41. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación."

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones, Cámara de Diputados a 11 de diciembre de 1996.- Diputados: Ricardo Francisco García Cervantes, Andrés Galván Rivas, María Remedios Olivera Orozco, Nohelia Linares González, Juan Manuel Pérez Corona, Alicia Céspedes Arcos, José Arturo Quiroz Presa, María Teresa Cortez Cervantes, Zenen Xochihua Valdez, Abel García Ramírez, Agustín Torres Delgado, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Alejandro González Alcocer, Alejandro Higuera Osuna, Javier Ortega Espinoza, Alejandro Villaseñor Tatay, Alfonso Martínez Guerra, Apolonio Méndez Meneses, Arnulfo Cueva Aguirre, Audomaro Alba Padilla, Augusto César Leal Angulo, Carlos Alfonso Nuño Luna, Claudio Manuel Coello Herrera, Consuelo Botello Treviño, Cristian Castaño Contreras, Cruz Pérez Cuéllar, David Vargas Santos, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Eduardo Arias Aparicio, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Garza Martínez, Fernando Garzacabello García, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Armando Salinas Torre, Fernando Pérez Noriega, Florencio Martín Hernández Balderas, Francisco Javier Santos Covarrubias, Francisco José Peniche y Bolio, Francisco Ledezma Durán, Gaspar Eugenio Ortiz Walls, Gerardo Macario Rodríguez Rivera, Giuseppe Macías Beilis, Gonzalo Alarcón Bárcena, Guillermo Alberto Luján Peña, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Hugo Meneses Carrasco, Humberto Andrade Quezada, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Jesús Carlos Hernández Martínez, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Jorge Antonio Catalán Sosa, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Jorge González González, Jorge Hernández Domínguez, Jorge Humberto Gómez García, Jorge Humberto Padilla Olvera, Jorge Ocejo Moreno, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Jorge Urdapilleta Núñez, José Alberto Castañeda Pérez, Jose Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Preciado Bermejo, José de Jesús Sánchez Ochoa, José Enrique Patiño Terán, José Francisco Limón Tapia, José Iñiguez Cervantes, José Jesús Durán Ruiz, José Luis Aguilar Martínez, José Luis Galeazzi Berra, José Luis Torres Ortega, José Pedro Sánchez Ascencio, Juan Antonio García Villa, Kurt Antonio Thomsen D'Abbadie, Lauro Norzagaray Norzagaray, Lorenzo Duarte Zapata, Luis Alberto Rico y Samaniego, Luis Andrés Esteva Melchor, Luis Felipe Mena Salas, Luis Ruán Ruiz, Luz de Jesús Salazar Pérez, María Flor Celina Prado Piña, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Manuel Arciniega Portillo, Manuel Baeza González, Manuel Beristáin Gómez, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Manuel de Jesús Fuentes Alcocer, Margarita Villanueva Ramírez, María del Carmen Segura Rangel, María Elena Alvarez Bernal, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Martha Patricia Mendoza Peña, Max Tejeda Martínez, Miguel Acosta Ruelas, Miguel Alberto Segura Dorantes, Patricia Garduño Morales, Pedro Flores Olvera, María Teresa Tapia B., Rafael Ayala López, Rafael Díaz Chávez, Rafael Núñez Pellegrin, Ramón Cárdenas Gudiño, Ramón Miguel Hernández Labastida, Raúl Ríos Magaña, Régulo Pastor Fernández Rivera, Ricardo T. Navarrete Montes de Oca, Rodolfo Elizondo Torres, Rodrigo Robledo Silva, Rosa Margarita Guerrero Aguilar, Salvador Becerra Rodríguez, Salvador Beltrán del Río Madrid, Salvador Fernández Gavaldón, Salvador Othón Avila Zúñiga, Sergio Teodoro Meza López, Tomás López Martínez, Víctor Cruz Ramírez y Víctor Manuel Palacios Sosa.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Educación Pública.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señora Presidenta; señoras diputadas, señores diputados:

Los suscritos diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La simplificación administrativa que se deberá seguir realizando en todas las instancias del Gobierno, tiene que incorporar desde la reducción de trámites, es decir, una reestructura interna en las dependencias públicas para dar un mejor servicio a los ciudadanos, cambios sustanciales en los requisitos que deben cumplirse, así como los tiempos de respuesta, hasta cambios en la legislación que da validez jurídica a los trámites que requieren las dependencias y entidades públicas.

La desrregulación económica que también debe atenderse, tiene que hacer las cosas más simples y por consecuencia lograr un ahorro en tiempo y dinero (lo cual se verá reflejado en los bolsillos de los mexicanos) y que es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto como nación.

La simplificación de las actividades de las empresas, no sólo se pueden medir por que se estén reduciendo trámites en la relación sociedad-Gobierno, sino que, objeto de estos beneficios, también debe de ser la sociedad misma en sus relaciones económicas obrero-patronal, persona-empresa y persona-persona, para que los costos de toda transacción económica entre los diversos actores de la sociedad sea menor.

Uno de los trámites más complicados por los que pasamos todos los mexicanos que estamos dentro de la población económicamente activa, es el de cumplir con la obligación del impuesto sobre la renta.

Para calcular el impuesto sobre la renta de salarios y de personas físicas en lo general se utilizan dos tipos de tarifas básicas: mensuales y anuales. La suma de impuestos mensuales aplicados durante el año se resta del impuesto anual y se determinan las diferencias de impuesto anual.

Cada mes y cada año, para cada trabajador o persona física en lo general, se determina el impuesto, después se determinan el subsidio y su respectivo crédito al salario y estos dos últimos se restan del impuesto para llegar al impuesto neto definitivo mensual o anual, el cual se compara contra los impuestos aplicados durante el mes o el año, a fin de ajustar las diferencias mensuales o anuales. Lo anterior implica utilizar tres tarifas o tablas en cada ocasión.

En el caso particular de salarios, para aplicar el subsidio, de manera previa, debe calcularse una proporción, cuya interpretación es compleja y en ocasiones laboriosa, de acuerdo con lo que señala el artículo 80-A de la ley. Posteriormente dicha proporción debe someterse a la aplicación de otro procedimiento que permite llegar a la proporción real de subsidio a aplicar. Estos procedimientos se aplican por igual a todos los trabajadores.

La resolución miscelánea fiscal cada año establece que se pueden calcular los impuestos aplicando las tarifas y procedimientos vigentes en 1991, para comparar dichos impuestos con los determinados utilizando tarifas y procedimientos vigentes en el año actual de 1996. El impuesto que resulte más bajo es el que puede aplicarse.

En consecuencia, para determinar el impuesto que realmente debe aplicarse, siempre debe hacerse la comparación de impuestos bajo procedimientos 1991 y 1996, a fin de seleccionar el impuesto menor. Esto significa hacer cálculos con seis tarifas o tablas para cada trabajador, tanto mensual como anualmente y además, deben calcularse las proporciones de subsidio conforme a sus diferentes procedimientos para 1991 y 1996.

Considerando los procedimientos 1991 y 1996, actualmente existen cinco diferentes tarifas y tablas necesarias para calcular el impuesto: dos para impuesto 1991 y 1996, dos para subsidio 1991 y 1996 y una para crédito al salario que se aplica tanto para 1991 como para 1996.

Las autoridades hacendarias con la intención de aglutinar en una sola tarifa tanto el impuesto como el subsidio y el crédito, han elaborado diferentes versiones de tarifas integradas, incluso, tarifas especiales para proporciones redondeadas a dos decimales, las cuales van de centésima en centésima, desde 0.51 hasta 1.00.

Bajo la misma intención se preparan tarifas para impuestos de uno, siete, 10 y 15 días, además de las tarifas mensuales.

Estas tarifas se publican semestralmente, con cierto retraso que produce la necesidad de hacer dobles cálculos y ajustes por parte de los patrones, y están contenidas en los anexos 27 y 32 de la resolución miscelánea fiscal para 1996.

El total de tarifas diferentes que se publican para hacer retenciones durante el mes, solamente para el procedimiento de 1996, es de 266. Además, para efectos anuales, se publican otras 54, lo cual da un total de 320.

En lo que se refiere al procedimiento de 1991, la Secretaría solamente publica cuatro tarifas, dos mensuales y dos anuales, para impuesto y subsidio cada una. En este caso no hay tarifas integradas que aglutinen impuesto, subsidio y crédito al salario, lo cual conduce a que el contribuyente debe hacer sus propios cálculos en forma especial, trayendo consigo pérdida de tiempo y dinero. Si se preparasen las mismas tarifas que existen para el procedimiento 1996, se tendrían 320 tarifas también para el procedimiento 1991, lo que da un total de 640 tablas.

Para determinar el crédito al salario con base en 1991 no hay tabla especial y, por tanto, se utiliza la "tabla de crédito al salario" vigente.

Es importante mencionar que las tarifas de impuesto, las tablas de subsidio y las tablas de crédito al salario que se utilizan, se actualizan aplicando el factor de "actualización inflacionaria" semestral que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El factor de actualización se multiplica por los límites y las cuotas respectivas, que se encuentran expresados en pesos, conservándose los mismos por cientos relativos a cada nivel de las tarifas o tablas.

Este procedimiento es el que se les aplica a las tarifas, ya sean las de base 1996 o las de base 1991.

Tarifas anuales

Las tarifas anuales, aplicables tanto a trabajadores como a personas físicas en general, resultan de sumar los límites y cuotas aplicables en cada uno de los doce meses del año, conservando los por cientos correspondientes a cada renglón de la tarifa. Así se elaboran las tarifas anuales normales.

Esto es aplicable, tanto a las tarifas de impuesto como a las tablas de subsidio y de crédito al salario, ya sea con base 1996 ó 1991.

Generalmente en los niveles de ingresos más bajos resultan más favorables las tarifas base 1991, en tanto que en ingresos más altos son más favorables las tarifas base 1996.

Esto significa impuestos más bajos o, en su caso, pagos de crédito al salario más elevados.

Como se puede observar, la complejidad que existe para que tanto las empresas como las personas y el gobierno, puedan calcular el impuesto que les corresponde, a unos retener, a otros pagar y a los últimos cobrar, es tal, que se pierde tiempo y dinero en hacer la cantidad de cálculos necesarios para poder conocer finalmente cuál es el impuesto que deberá de recibir el erario público.

Por tal motivo y siendo congruentes con la simplificación administrativa y desrregulación económica que debemos de seguir impulsando, se han realizado los estudios y consultas necesarias con especialistas en la materia, abogados fiscalistas, contadores, economistas y actuarios, así como investigadores y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la división de investigaciones de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Dichos análisis han concluido que generalmente en los niveles de ingresos más bajos resultan más favorables las tarifas base 1991, en tanto que en ingresos más altos son más favorables las tarifas base 1996.

Con base en todo ello se elaboró un estudio económico y contable, que combina los niveles de ingresos con impuestos más bajos, tanto de 1991 como de 1996. Así, con las debidas adecuaciones y variaciones de ingresos se tomaron los niveles de las tarifas 1991 y después de los niveles de las tarifas 1996 para elaborar una tabla que comprendiera a ambas, pero que además arrojara el impuesto más bajo.

En este estudio se respetaron rigurosamente los niveles de ingreso que actualmente están involucrados en las tarifas oficiales con la finalidad de evitar alteraciones en las tasas y montos de impuestos, todo ello con el objetivo de encontrar una tabla única que se pueda utilizar por cualquier persona para calcular o verificar su propio impuesto. Esta tarifa siempre deberá arrojar el impuesto más bajo a pagar.

Los estudios realizados y los resultados arrojados por éstos, han llevado a proponer ante esta soberanía, la presente iniciativa de decreto que modifica los métodos de cálculo del impuesto sobre la renta para las personas físicas mediante el uso de una sola tabla.

Por todo lo anterior, se propone una tarifa única, que contempla una sola proporción de subsidio, desapareciendo la tabla relativa a éste y sus diferentes proporciones y la tabla de crédito al salario. Esta se ha integrado en base a una tarifa mixta que incorpora las tablas de 1991 y 1996 con proporción de subsidio 1.00.

Tarifa mixta con proporción de subsidio 1.00 para reformar a la Ley del Impuesto Sobre la Renta La tarifa mixta 1991-1996 proporción 1.00, que en lo sucesivo se le denominará "tarifa", es más sencilla de utilizar que las tarifas tradicionales de ley, pues resulta suficiente con tomar el ingreso bruto, restarle los ingresos exentos y luego, a los ingresos gravados que quedan, directamente aplicarles el porcentaje de impuesto que les corresponda, disminuyendo al resultado la cuota fija relativa al nivel de ingresos correspondiente.

La nueva tarifa que se propone elevar a nivel de ley, contempla una sola proporción de subsidio, éste es de 1.00. Así pues, se tendría una tarifa única.

De esta forma se logra el máximo de simplificación administrativa para patrones, dándoles la posibilidad de verificar sus impuestos a los propios trabajadores y da, además, la posibilidad de fiscalización, por parte de las autoridades, en el rubro de salarios, debiendo tomarse en cuenta que en la actualidad ninguna de estas ventajas existe.

La tarifa provocará una disminución en forma generalizada, aunque en diferentes montos, de los impuestos de todos los trabajadores del país, pues éstos, nunca bajo los actuales cálculos, alcanzan la proporción de subsidio 1.00, en tanto que los impuestos para las personas físicas que obtienen otros tipos de ingresos permanecerían prácticamente iguales, dado que a éstas siempre se les aplica la proporción de 1.00.

Los ingresos fiscales por este impuesto, aunque en principio origina que los contribuyentes causen menor impuesto, la simplificación que se da propiciará un mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes y facilitará a las autoridades una fiscalización más efectiva, lo cual redundará en una mayor captación.

Cabe mencionar que, desde un punto de vista de equidad, exigido por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aplicar una tarifa proporción 1.00 sería lo correcto, pues así no se producen diferencias de impuestos entre trabajadores que gozan de exenciones fiscales con respecto a personas físicas que obtienen otros tipos de ingresos y con diferente régimen de exenciones tributarias.

La ventaja de esta tarifa radica en la enorme simplificación que se daría, pues de 320 tarifas base 1996 y otras teóricas 320 tarifas base 1991, se tendría solamente una tarifa.

Otra ventaja consistiría en lo muy simple del uso de las tarifas simplificadas, pues cualquier persona podrá calcular o verificar su propio impuesto.

Con base en estas consideraciones, nos permitimos presentar el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único: Se reforma; El artículo 80 en lo relativo a la tarifa; artículo 81 segundo párrafo; artículo 82 fracción IV; artículo 83 fracción I; artículo 86 párrafo primero; artículo 92 párrafo primero y quinto; artículo 119-E fracción XIII; artículo 119-K párrafo tercero; y artículo 141 en lo relativo a la tarifa; Se derogan los párrafos cuarto y sexto del artículo 80 pasando el quinto a ser cuarto y el séptimo a ser sexto; los artículos 80-A; y 80-B; el párrafo tercero y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 81; la fracción VI del artículo 82; el segundo párrafo de la fracción IV y fracción V del artículo 83; el artículo 83-A; el tercer párrafo del artículo 86; los párrafos tercero y sexto del artículo 92; el párrafo cuarto del artículo 119-K; el párrafo tercero del artículo 141; los artículos 141-A y 141-B; se adicionan un undécimo y duodécimo párrafos al artículo 80; un tercero y cuarto párrafos al artículo 141 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Párrafo cuarto. Se deroga.

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Párrafo sexto. Se deroga.

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En los casos en que la cuota fija a restar según la tarifa anterior, resulte superior al impuesto a pagar determinado al multiplicar los ingresos nominales por el porcentaje correspondiente en dicha tarifa, el retenedor deberá de entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga conjuntamente con el pago por salarios por el que se ha deteminado dicha diferencia. El retenedor podrá disminuir de las contribuciones federales a su cargo o de los retenidos a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados de lo que establece este párrafo no serán acumulables, ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución, por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 83 de esta ley y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por otros conceptos, aplicarán la tabla y el procedimiento previsto en este artículo para la determinación del impuesto correspondiente. En los casos que la cuota fija a restar, según la tarifa de este artículo resulte superior al impuesto a pagar, determinado al multiplicar los ingresos nominales por el porcentaje correspondiente en dicha tarifa, el contribuyente podrá solicitar la devolución de dicho monto o compensarlo contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo posteriormente.

Artículo 80 A. Se deroga.

Artículo 80 B. Se deroga

Artículo 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El impuesto anual se determinará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este capítulo, la tarifa de esta ley.

Párrafo tercero. Se deroga

I a VI. Se derogan.

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Artículo 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Se deroga.

Artículo 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Párrafo segundo. Se deroga.

V. Se deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 83-A. Se deroga

Artículo 86. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme al siguiente párrafo, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del trimestre por los que se efectúa el pago, el monto a que se refiere el artículo 85, correspondiente al mismo periodo.

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Párrafo tercero. Se deroga.

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Artículo 92. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo efectuarán pagos provisionales trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 de los meses de abril, julio, octubre y enero del siguiente año, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 86, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 90, correspondiente al mismo periodo.

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Párrafo tercero. Se deroga.

Cuando los ingresos a que se refiere este capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el 10% sobre el monto de los mismos sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán de enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 80 de esta ley.

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Párrafo sexto. Se deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 119-E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII. Se deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 119-K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El impuesto que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo no podrá exceder del monto que resulte de aplicar a la cantidad a la que se le aplicó la tarifa antes mencionada, la tasa del 34%.

Párrafo cuarto. Se deroga.

Artículo 141. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Párrafo tercero. Se deroga.

En los casos en que la cuota fija a restar según la tarifa anterior, resulte superior al impuesto a pagar determinado al multiplicar los ingresos nominales por el porcentaje correspondiente en dicha tarifa, el retenedor deberá de entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga conjuntamente con el pago por salarios por el que se ha determinado dicha diferencia. El retenedor podrá disminuir de las contribuciones federales a su cargo o de los retenidos a terceros, las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo, Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados de lo que establece este párrafo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución, por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado.

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 83 de esta ley y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por otros conceptos, aplicarán la tabla y el procedimiento previsto en este artículo para la determinación del impuesto correspondiente. En los casos que la cuota fija a restar según la tarifa de este artículo resulte superior al impuesto a pagar, determinado al multiplicar los ingresos nominales por el porcentaje correspondiente en dicha tarifa, el contribuyente podrá solicitar la devolución de dicho monto o compensarlo contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo posteriormente.

Artículo 141-A. Se deroga.

Artículo 141-B. Se deroga.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En virtud de lo que establece el artículo primero transitorio del presente decreto y que las tarifas de los artículos 80 y 141 de esta iniciativa están calculados a pesos de 1996, deberá de hacerse a éstas las actualizaciones que correspondan a la entrada en vigor de este decreto, según lo que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. Las tarifas actualizadas, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día de su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Diciembre de 1996.- Diputados: Jorge A. Ocejo Moreno, Ricardo García Cervantes, Eugenio Ortíz Walls, José A. Castañeda, Rodrigo Robles Silva, Luis Rico y Samaniego, Alejandro González Alcocer, Kurt Antonio Thomsen, José Luis Galeazzi Berra, Jorge Guzmán Nieto, Apolonio Méndez Meneses, Guillermo Luján Peña, Tomás López Martínez, Francisco Peniche y Bolio, Javier Gutiérrez Robles, Audomaro Alba Padilla, José Pedro Sánchez, José de Jesús Sánchez, José de Jesús Preciado, Cecilia Romero C., Margarita Villanueva, Salvador Fernández, Cristian Castaño, Javier Ortega Espinoza, Abel García Ramírez, María Teresa Gómez Mont, Jorge H. Gómez García, Martha Patricia Mendoza Peña, Manuel Arciniega, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Rafael Ayala, Patricia Garduño, Miguel Alberto Segura, Carmen Segura, Consuelo Botello, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Claudio Coello Herrera, Humberto Andrade Quezada, Max Tejeda Martínez, María Teresa Cortez C. y Celina Prado Piña.»

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a las Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:

Mi muy honorable señora diputada Presidenta; compañeros diputados:

He llegado a estos últimos momentos de un periodo agónico para presentar esta iniciativa deseando haberlo hecho antes y en coordinación con la Comisión Especial de Fortalecimiento del Poder Legislativo, en espera también de la iniciativa que trabajara el partido mayoritario, el PRI, a través del diputado Jorge Moreno Collado y de mi presidente de comisión de reglamento Píndaro Urióstegui. No obstante de que no acudieron a la cita, va este reto, porque corro el riesgo de que ni siquiera se anote en el Diario de los Debates lo que ha sido mi reflexión, mi meditación, mi estudio, mi esfuerzo por tratar de hacer una propuesta que nos lleve a estadios superiores de trabajo legislativo.

Por otra parte, me hubiera gustado hacer la presentación a nombre del grupo parlamentario al que pertenezco, orgullosamente, pero solamente he recibido la adición del diputado Mauro González, a quien lo estimo y a nombre de los dos hago esta presentación.

Para comenzar, si ustedes me lo permiten, haciendo una reflexión ya que esta iniciativa toca fibras muy sensibles, en particular busca transformar la Gran Comisión y la Comisión de Régimen Interno, éste es el enfoque especial que tiene la iniciativa, consta de dos decretos: uno, a la Ley Orgánica, otro al Reglamento y por lo que cabe a mi grupo parlamentario al que pertenezco, al que me debo, pero que no obstante por las circunstancias dadas ayer y en la que no siento dónde me situó, quiero decir que el desmentido que se me hiciera fue indebido, porque nosotros teníamos voto liberado para tratar el asunto de la doble nacionalidad.

No obstante que no se hizo la aclaración y de que por tratarse de una dama no abordé la tribuna, hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de este trabajo parlamentario que nos envuelve, que a veces no sabemos ni dónde nos sitúa y es que el hombre vive conscientemente para sí mismo, pero participa inconscientemente en la persecución de las metas históricas de la humanidad entera, diría Tolstoi; y en ese sentido al desconocer el sentido de la historia y su futuro discurrir, al desconocer, incluso, el sentido objetivo de sus propios actos, avanzan por su vida como se avanza en la niebla, digo niebla no oscuridad. En la oscuridad no se ve nada, diría Kundera, se es ciego, se depende de otro, no se es libre, en la niebla se es libre, pero es la libertad de quien está en la niebla, el hombre es el que avanza en la niebla y así pareciera este trabajo en el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero cuando mira hacia atrás para juzgar a la gente del pasado, no ve niebla alguna en su camino, desde su presente que fue su lejano porvenir, el camino le parece del todo despejado, visible en toda su extensión.

Mirando hacia atrás, el hombre ve el camino, ve la gente que avanza, ve sus errores, pero la niebla ya no está. No ver la niebla en el camino es olvidar lo que es el hombre, olvidar lo que somos nosotros mismos.

La presente reflexión es un largo estudio de más de 50 cuartillas y voy a abreviar su consideración por respeto al parlamento mexicano. Pido a la Presidenta que se inserte en el Diario de los Debates íntegra mi participación.

En primer término, parto del propósito de la reforma política. La reforma política estuvo destinada a ser definitiva en cuanto a concluir los conflictos electorales y en cuanto a asegurar los resultados terminales, en particular, los fallos del tribunal electoral, en un sentido que afirmara el partido de Estado.

Esto nos lleva a la sobrerrepresentación, de la cual también hago un análisis que en 1994 le dio al PRI, el supuesto partido mayoritario, un 60% de la representación, más del 10% de lo que había obtenido en las urnas.

Se parte de esta primera consideración de la sobre representación, porque la erguida ley de oro de la democracia de que las mayorías deciden, es falaz, es falaz porque el PRI no tiene las mayorías y no tiene derecho a decidir.

En ese sentido también presento a ustedes, a su consideración, lo que es la legitimidad e ilegitimidad de esa mayoría supuesta.

En segundo término, el estudio se enfoca a estudiar la supuesta dualidad legal entre el Reglamento y la Ley Orgánica. Hago este análisis para concluir que ley y reglamento son equivalentes y que se complementan y que esa dualidad legal muchas veces nos ha llevado a nosotros al conflicto legislativo, que es parte del conflicto político.

La reforma electoral podrá manipular los resultados a través de las elecciones previamente preparadas y a través de resultados electorales que sean también retocados en el tribunal electoral, pero lo que no prevé la reforma electoral, es el conflicto legislativo, el conflicto que vivimos nosotros, ese conflicto que luego la mayoría aplaude cuando ocurre, pero que no es capaz de intervenir para disolverlo y que muchas veces nosotros nos arriesgamos en nuestra integridad personal para tratar de restablecer el orden.

Es en ese sentido en el que debemos nosotros revalorar el papel de la oposición.

¿Qué es la oposición? ¿Qué es la minoría? ¿Qué son las fuerzas de alternancia dentro del Congreso.

Finalmente somos un cuerpo colegido; todos juntos somos Congreso; nadie por sí mismo sabe todo, pero entre todos sabemos todo. Es en esa razón que la individualidad del diputado es la mayoría; es en esa razón que la minoría del diputado es la representativa también de la razón mayoritaria. No son las mayorías las que predominan históricamente en el Congreso, es la razón, es la congruencia histórica, es la vigencia de la ley, es la naturaleza entre la realidad y la norma, es por ello que en este trabajo nosotros queremos graduar la fuerza de la Gran Comisión, actualizarla para transformarla.

El trabajo a más de lo que he señalado, comprende un análisis histórico de todos los reglamentos, de todos los reglamentos que han tenido los diputados de mi patria, desde las normas establecidas en las cortes españolas en Cádiz, a las normas del bando insurgente, a las normas de la junta provisional gubernativa de 1821, a las normas del I Congreso Constituyente Mexicano, a las normas del II Congreso Constituyente Mexicano, a los reglamentos de 1837-1842-1877-1897, al de 1934 y las sucesivas reformas que posteriormente se dieron para llegar al momento actual.

Sobre la dualidad legal, quiero señalar que la legalidad originaria del Congreso se encuentra en duda a partir de la incertidumbre reglamentaria. Tanto la ley como el reglamento se complementan, son compatibles en cuanto abordan aspectos organizativos de distinta índole. Además, ambos son equivalentes, ambos son ley o ambos son reglamento formalmente hablando.

En consecuencia, se desea promover el cambio reglamentario en razón de su actualización ante los cambios dinámicos constitucionales y la prevención de las transformaciones que trae ya la reforma electoral.

Es en esa razón que reglamento y ley no pueden estar opuestos ni pueden ser uno mayor que el otro. Las reformas a la Ley Orgánica han seguido los propósitos de fortalecer a la Gran Comisión primero y a la de Régimen Interno posteriormente, para menguar el poder directo de la mesa directiva. En consecuencia, para sostener el control partidario, que no es el control de la Cámara, de la sobre participación con la cual se impide el libre ejercicio del Poder Legislativo.

En conclusión, los reglamentos del Congreso son en realidad leyes en estricto sentido y que tienen antecedentes en las cortes españolas de Cádiz, así como los primeros congresos mexicanos, que expidieron los reglamentos antes mencionados, de manera que, además de emplear los reglamentos y otros más de que habla la misma Constitución.

En seguida el análisis va a la doctrina y la interpretación de los reglamentos parlamentarios.

Las principales corrientes formadoras de la doctrina del reglamento son: la doctrina italiana, que lo define como decisión de carácter interno, propia del derecho parlamentario. La Cámara está dotada de poder para darse la norma necesaria para su propio gobierno interno.

La doctrina francesa, que concibe al reglamento como un conjunto de acuerdos parlamentarios, un estatuto interno de cada Cámara, formal y materialmente se trata de una resolución propia de cada Cámara, según autores como Duverger Duigüit.

Hay otras consideraciones, como la alemana, la española y así, en el contexto de la Constitución la ley y el reglamento son sinónimos cuya aprobación la realiza la mayoría de los legisladores de ambas cámaras y cuya publicación para entrar en vigor no requiere efectuarla el Poder Ejecutivo.

No obstante, en la realidad cotidiana del Congreso mexicano existe una suplantación de los órganos de Gobierno.

Una propuesta de reforma auténtica para el fortalecimiento del Poder Legislativo consistiría en reconocerle al Presidente de la mesa directiva de la Cámara las facultades necesarias que le permitan conducir convenientemente el debate, así como establecer el orden del día de la Asamblea e imponer el orden en el debate, y que junto con estas funciones se le convierta en un líder real, que aplique y se responsabilice del control interno del gobierno camaral.

El Presidente de la Cámara ha de garantizar los derechos a la oposición. No obstante históricamente la Gran Comisión ha suplantado, de forma creciente, a la mesa directiva y a su Presidente, es importante un análisis comparativo.

Surgido desde 1824 como órgano paritario, igualitario de las legislaturas federales de los estados, esta Gran Comisión fue transformándose de un órgano representativo de control interno, a un mecanismo de control y supeditación al Ejecutivo por medio del nombramiento del líder representante de la mayoría.

En el Reglamento de 1897 y en el de 1934 se agudizó notablemente la dependencia al Ejecutivo, terminando por desvanecer cualquier voluntad independiente. En la actualidad la figura del Presidente de la Cámara es casi decorativa, en cambio, los presidentes de la Gran Comisión son presidentes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y líderes reales de la Cámara, porque son también los líderes de la fracción mayoritaria priísta. Es el espejo fiel del presidencialismo.

En seguida, un comparativo con los congresos y los parlamentos de Italia, Portugal, España, Inglaterra, de cuál es la situación que prevalece entre los órganos de Gobierno y la mesa directiva.

Como una reflexión en este entorno, el Reglamento de 1934 primero y después la Ley Orgánica en 1979 y sus sucesivas reformas de 1992 y 1994, han deslavado al presidente de la mesa directiva bajo la meliflua sombra de un pluralismo carente de rigor y huidizo de la responsabilidad. De tal suerte que se nombra como Presidente, pero no se le otorga el poder, ya que los distintos vicepresidentes se alternan sesión tras sesión la Presidencia, que gira sin pies ni cabeza.

Hay que reconocer que en las últimas tres décadas se han operado cambios en la relación de poderes, desde el anacrónico sistema corporativo presidencialista de partido único, se ha llegado a un presidencialismo de participación plural o gradual o también llamado autoritarismo flexible con predominancia del Ejecutivo.

No obstante estos cambios, persiste un Poder Legislativo monista.

Esto permite mantener el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo en la formación de leyes.

Compañeros diputados: hemos visto de manera reiterada y crónica cómo el Poder Ejecutivo y los partidos legislan y mandan iniciativas que nosotros no discutimos ni analizamos ni nos oponemos.

Estamos en el umbral de recibir iniciativas, posiblemente un periodo extraordinario para analizar las iniciativas del EZLN.

Esto podría ser un buen principio en cuanto el derecho a la iniciativa popular, en cuanto al derecho al plebiscito o al referendum, pero todos estos mecanismos utilizados se sobreponen y nos desplazan de nuestra función y se sobreponen y desplazan el carácter de la democracia representativa en que está organizada la República.

Por ello, es necesario que nosotros recuperemos nuestra capacidad de legislar. Es por eso que a pesar de que Ernesto Zedillo ha llamado a la corresponsabilidad de poderes desde una posición en la que él no es responsable, sólo deja la responsabilidad a los otros poderes. Por eso, esa corresponsabilidad es ficticia y por ello creemos que para rescatar el sistema democrático de un estado de derecho social, se requieren los pesos, los contrapesos, en los poderes y entre los poderes y para ello es necesario que nosotros recuperemos nuestra capacidad de legislar.

Nada menos que la manifestación del monopolio de la iniciativa aprobada que envía el Poder Ejecutivo, quedó de manifiesto en la homologación legislativa de la apertura comercial.

En esa tesitura la firma del TLC requirió la modificación de 38 leyes; en Canadá reformó 27 leyes para adaptar su acuerdo con Estados Unidos a su derecho interno.

El presidencialismo cesarista, con un congreso monista, son símbolos del autoritarismo neoliberal actual.

Y en esa razón la exposición de motivos que anima esta iniciativa, se dirige a plantear la falta de representatividad del Congreso mexicano.

La reforma del régimen interno del gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, resulta una prioridad.

La exorbitante concentración del poder en el Ejecutivo Federal así lo manifiesta.

Como resultado de dichas condiciones, el Congreso, lejos de cumplir con el papel que le confiere la Constitución, como contrapeso del otro poder político y como formador de leyes, se circunscribe a legalizar las iniciativas del Ejecutivo.

Los números son contundentes: más del 95% de las más de 500 reformas que han sufrido los artículos de la Constitución de 1917 a la fecha, se hicieron por iniciativa del Ejecutivo en turno.

En las modernas democracias occidentales, el papel de los congresos y parlamentos retoma sus funciones tradicionales, conjuntándolas con un nuevo papel de la oposición, que sustituye el antiguo ideal de obstrucción del proyecto político gubernamental, por la capacidad de proponer un mensaje alternativo, viable y cuestionado ante la opinión pública.

Es claro que los tiempos cambian y que las sociedades evolucionan. Sin embargo, las naciones deben reflexionar sobre su pasado y su presente, para emprender con éxito el camino futuro.

De esta forma no debemos perder de vista, los actuales diputados y senadores mexicanos, tienen antecedentes a los antiguos procuradores de las cortes de Castilla o a los delegados de Aragón y que el origen de su poder es el mismo: la representación del pueblo mediante diversas figuras jurídicas.

Formalmente México es una democracia representativa, según la Constitución vigente. Eso significa que tanto el Ejecutivo, como el Legislativo son mandatarios del pueblo, que en ningún momento este pueblo dejar de ser el mandante.

El estado actual de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento hacen imposible la aspiración constitucional de alcanzar una democracia representativa.

De lo expuesto, se deriva la exigencia de fortalecer al Poder Legislativo, con el fin de que cumpla su papel histórico y evitar que se convierta en cómplice de algunos malos funcionarios, al rechazar las comisiones las solicitudes de juicio político y congelar, en la misma instancia, el trámite de las iniciativas que el partido dominante considera no gratas.

De lo expresado se derivan cuatro grandes vertientes: la necesidad de fortalecer el Congreso; la vigencia de revertir las fórmulas tradicionales de obstrucción de las funciones del Congreso, como contrapeso político del Ejecutivo o la capacidad de la oposición de proponer proyectos alternativos viables ante la opinión nacional; la necesidad de que el Congreso asuma su papel histórico y legisle; que el Congreso se adecúe al mandato constitucional y se erija como representante de los legítimos intereses del pueblo de México.

Nuestra propuesta no pretende vulnerar en ningún aspecto el equilibrio de fuerzas al interior del Congreso, simplemente intenta terminar con una larga etapa de simulaciones jurídicas que en la actual no tienen ninguna razón de ser.

Proponemos que las funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y la de la Gran Comisión pasen a la mesa directiva de la Cámara para fortalecerla, ampliando los plazos de dirección, a fin de que el líder de la mayoría sea el líder de la Cámara y fortalecer su posición política ante el Poder Ejecutivo.

El derecho como disciplina humana se encuentra sujeto a una dinámica de constantes cambios, entre éstos, el primero la necesidad de readecuar el marco jurídico del Congreso de la Unión en conjunto. El segundo es el reto de encontrar la fórmula que fortalezca al Congreso en un momento histórico que nuestro país requiera, por un lado, retomar las tradiciones clásicas de equilibrio de poderes, y por otro, las concepciones modernas de la representación democrática, lo cual, consideramos se logra al fortalecer la mesa directiva; establecer las posibilidades de periodos ordinarios de sesiones más flexibles; privilegiar la intervención del pleno en los asuntos de interés nacional; difundir las sesiones entre la población, entre otras cuestiones que proponemos en esta iniciativa que vamos a entregar a la Secretaría. Es así como nosotros estamos en la aptitud de proponer que las funciones de la Gran Comisión y la Comisión de Régimen Interno pasen a la mesa directiva.

Se forme una comisión de entidades federativas y se forme también una junta de voceros. Es, entre otras propuestas, la necesidad de llevar a cabo nuestras votaciones por medios electrónicos. Que nuestras sesiones se transmitan por radio y televisión o ambos medios masivos de difusión. Incluso, por lo menos esta propuesta no puede ser ignorada por la Gran Comisión o por el grupo mayoritario. Estamos proponiendo que en el reglamento se amplíen los gastos funerarios, que por lo menos aprueben esta consideración para que en lugar de la menguada cantidad que le dan a un diputado en el momento de fallecer se le otorguen seis meses para gastos funerarios.

Compañeros: pongo a la consideración del pleno de las comisiones respectivas y de la necesidad histórica de transformar nuestro Congreso y en esa razón, damos un transitorio único. "Este decreto entrará en vigor el mismo día que se apruebe en las cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con su fundamento constitucional basado en el artículo 70 y los reglamentarios. Esta ley no podrá ser vetada ni necesita la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, por lo tanto, no requiere su publicación en el Diario Oficial."

Dejo pendiente un debate que hemos de dar en la transformación del tradicional Congreso mexicano basado en un sistema presidencialista y lo que tiene que ser el futuro de la nación que marcha hacia un sistema parlamentario. En ese debate habremos de cuestionar los sistemas obsoletos, anacrónicos que apoyan y desarrollan el autoritarismo y vislumbrar el futuro más claro, más preciso, con más legitimidad y aspiraciones de justicia para nuestra patria a través de un sistema parlamentario. Este debate y esta propuesta serán posteriores.

Señora Presidenta: he concluido, le agradezco su atención y a todos los compañeros que me la brindaron porque en ella van nuestros esfuerzos.

Gracias, compañero Peniche.

LA REFORMA DEL PODER LEGISLATIVO ESTRUCTURA Y LEGALIDAD

I. El propósito de la reforma política

De nueva cuenta se ha puesto en marcha una reforma electoral con el propósito de impedir conflictos poselectorales, en tal virtud, se le adjetiva como una reforma "definitiva". Sin embargo, el régimen político de México solo se puede legitimar en toda su dimensión, si se atienden y transforman con racionalidad y legalidad sus contradicciones básicas en lo electoral y en su expresión de poderes.

El propósito de esta reforma no sería otro sino la realización de elecciones independientes del control oficial, para alcanzar la representación auténtica y no artificial, para lograr una verdadera representación del Poder Legislativo, no condicionada al Ejecutivo y sin distinciones hacia su interior, como son las que analizaremos en seguida.

1. La sobrerrepresentación

La tarea fundamental consiste en evitar la sobrerrepresentación de un partido que, habiendo tenido una votación minoritaria en términos absolutos, se le permita llegar a obtener una mayoría en la representación real del poder en el Congreso, como ocurre actualmente con el PRI, quien obtuvo el 40% de la votación nacional para diputados federales y detenta el 60% de las curules en la Cámara de Diputados y una proporción mayor en la de Senadores, asegurándose por este hecho, el poder del mayoriteo, es decir, el poder aprobar las leyes aún teniendo en contra el voto de todos los demás diputados de la oposición.

Es cierto que el sistema electoral uninominal puro arroja un efecto de sobrerrepresentación, la inclusión de listas plurinominales atempera ese fenómeno, pero no lo impide del todo, ya que favorece a la mayoría absoluta de los asientos.1

________ 1. Woldenberg, José. La integración del honorable Congreso de la Unión. Ponencia presentada en el Foro de la Comisión del Senado para la División de Poderes.

En 1994 eso llevó a que el PRI ocupara 60% de los escaños, llegando a una sobrerrepresentación de casi 10 puntos porcentuales. Lo peor del caso es que una fórmula segmentada, como la que contiene la ley vigente, puede hacer que la primera fuerza electoral, con una votación de 40% ó 60%, tenga siempre al final 50% ó 70% de los escaños. Por tanto, es una fórmula incapaz de hacerse cargo de las oscilaciones de la propia votación. La consecuencia de la sobrerrepresentación es naturalmente el asegurarse el control completo de las cámaras legisladoras, aprovechando, por otro lado, las mismas estructuras de organización que están pensadas para los mismos propósitos: así, la mesa directiva ni refleja fielmente la composición real del poder y se encuentra en contraposición respecto de la Gran Comisión, en cuya presidencia se coloca al líder real de la Cámara.

En la reforma electoral de este año, uno de los puntos más defendidos por la oposición fue la modificación de la fórmula de integración de la Cámara Baja, para que la proporción de votos igualara a la proporción de escaños. Sólo el PRI deseaba que se mantuviera la fórmula adoptada en 1993, por obvias razones. Finalmente, todos los partidos cedieron en sus posturas y se mantuvo la actual fórmula, pero con un tope máximo del 8% de sobrerrepresentación del partido mayoritario. También, el límite del 63% de curules permitido para un mismo partido disminuyó a 60%.

Bajo la nueva fórmula, el umbral de la votación global para obtener la mayoría absoluta de escaños será del 43%, aunque ello depende del número de distritos de mayoría obtenidos (no debe ser menor a 165). En esta combinación, sí se obtiene un porcentaje menor o menos diputaciones de mayoría, ya no se alcanza la mayoría absoluta.

Como puede apreciarse, si mantenemos constante el número de senadores de mayoría, conforme la votación global disminuye el número total de curules a que tendría derecho el partido mayoritario se reduce, pero menos que proporcionalmente a la caída de la votación, lo cual se traduce en una sobrerrepresentación creciente conforme baja la votación global.

De cualquier manera, los márgenes de sobrerrepresentación tienden a ser menores que los que prevalecían con las fórmulas precedentes; pero como la ley no establece un tope (como sí o hace en el caso de la Cámara Baja), la sobrerrepresentación senatorial del partido mayoritario podría ser todavía considerable. También la mayoría calificada de dos terceras partes, que antes no estaba en mayor riesgo, ahora será muy difícil de obtener para el partido oficial. Exigiría no sólo triunfar en todos los estados, sino además obtener una votación global del 65%, una proporción francamente complicada de conseguir hoy día.

Por otro lado, para que el partido mayoritario perdiera la mayoría absoluta en la Cámara Alta, tendría que, por ejemplo, ser derrotado en 10 entidades, manteniendo el senador de primera minoría, pero con 34% de la votación global, lo que brindaría 11 senadores de representación. Esto da una suma de 64 senadores, es decir, 50% de la cámara alta. Este u otros escenarios similares son sumamente improbables. Por lo cual, la reforma se traducirá casi por seguro en situación en la que el PRI perderá la mayoría calificada en el Senado, pero mantendrá probablemente la mayoría absoluta del mismo.2

________ 2. Crespo, José Antonio, Reforma. Enfoque. México, 11 de agosto 1996.

En 1994 eso llevó a que el PRI ocupara 60% de los escaños, llegando a una sobrerrepresentación de casi 10 puntos porcentuales. Lo peor del caso es que una fórmula segmentada, como la que contiene la ley vigente, puede hacer que la primera fuerza electoral, con una votación de 40% ó 60%, tenga siempre al final 50% ó 70% de los escaños. Por tanto, es una formula incapaz de hacerse cargo de las oscilaciones de la propia votación. La consecuencia de la sobrerrepresentación es naturalmente el asegurarse el control completo de las cámaras legisladoras, aprovechando, por otro lado, las mismas estructuras de organización que están pensadas para los mismos propósitos: así la mesa directiva ni refleja fielmente la composición real del poder y se encuentra en contraposición respecto de la Gran Comisión, en cuya presidencia se coloca al líder real de la Cámara.

2. La dualidad legal

La legalidad originaria en el Congreso se encuentra en duda a partir de la incertidumbre reglamentaria. No existe apego a su aplicación debido a una escasa cultura y a su evasión, propiciada por la dualidad paralela entre la aplicación del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de 1934 y la Ley Orgánica de 1979.

A esta última se le atribuye supremacía por ser posterior y considerar que sólo será aplicable el reglamento en ambas cámaras, en lo que no se oponga a la ley, mientras cada Cámara expide su propio reglamento, tal como lo concibe la Constitución en su artículo 77 fracción III y la ley en vigor para los diputados en su artículo 66 y para los senadores en el 106. Nosotros no aceptamos esta opinión.

Tanto la ley como el reglamento se complementan, son compatibles, en cuanto abordan aspectos organizativos de distinta índole. Además, ambos son equivalentes, ambos son ley o ambos son reglamentos, formalmente hablando.

La ley regula atribuciones generales, para organizar ambas cámaras, como son: la instalación, la mesa directiva, los grupos parlamentarios, las comisiones y comités, la Comisión Permanente, el Colegio Electoral en la Cámara de Diputados.

En tanto, al reglamento le compete la organización del trabajo en las sesiones, como es el debate, las discusiones, las comparecencias y el proceso legislativo de las revisiones de proyectos de ley, las votaciones, la fórmula para la expedición de leyes. Además, regula la materia del Diario de los Debates, de la Tesorería, de las galerías, así como la del gran jurado.

Se dice, finalmente, que el régimen interior del Congreso de la Unión debe reformarse, porque las prácticas parlamentarias son obsoletas, carecen de agilidad y eficiencia. El reglamento es muy antiguo, por lo que debe modernizarse.

En consecuencia, se desea promover el cambio reglamentario en razón de su actualización ante los cambios dinámicos constitucionales y la prevención de las transformaciones que traerá la reforma del Estado.

3. El papel de la oposición

Existe insuficiencia en la función legislativa junto con la manificación de una imagen distorsionada de la oposición, como responsable de bloquear y obstruir dichas tareas.3

_________ 3. Ernesto Zedillo declaró: "yo no he tenido una oposición constructiva como Presidente; incluso ha habido momentos en que los compromisos orientados a lograr las mejores decisiones en favor del país han sido, no quiero usar una palabra fuerte, desconocidos". La Jornada, 24 de diciembre de 1995.

En efecto, la realidad es que el interno de las cámaras federales hay desgaste innecesario y apartamiento de sus tareas sustanciales de legislar y ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo. Pero estos males no son ocasionados por el marco reglamentario. Sin adelantar conclusiones se notan problemas del sistema de gobierno, la estructura, la sobrerrepresentación y la cultura política en los niveles de formación y especialización de los legisladores.

Más aun, con motivo de la reforma del Estado, debiéramos ir más al fondo y preguntarnos: ¿cuál es su contribución a la elaboración a la reforma del Estado y la transición democrática?; ¿cómo deben ser las relaciones con los otros dos poderes?; ¿las transformaciones del presidencialismo absoluto significaran un semiparlamentarismo?

Es un problema de complicadas aristas entre su pasado histórico y su presente admonitorio en transformación.

Por lo que al planteamiento que aquí se hace, corresponde a una necesidad de conocer el principio de legalidad más remoto, lo viejo, para tratar de apreciarlo con una continuidad de base y principios valorativo. En este sentido, el enfoque principal se hace en el reglamento, para procurar plantear lo emergente necesario, en la antología de un "vino joven en odres nuevos".

II. Trazos históricos

El Régimen Interno del Congreso de la Unión ha sido regulado desde antiguo. Por lo menos debemos mencionar los primeros reglamentos españoles de 1810 y 1813.4

_______ 4. Barragán Barragán, Jose. "Consideraciones históricas sobre el Régimen Interno del Congreso de la Unión", en Estudios Parlamentarios, Número 2, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados. 5. Trinidad Lanz Cárdenas: el gran jurado nacional, 29 de Octubre 1840 y ocho reformas al reglamento de 1934 hasta 1981, así como siete proyectos sólo estudiados en comisiones: 1917, 1918, 1919, 1949, 1955, 1980 y 1981.

En la elaboración de la legislación interna, casi nunca se cita la fuente del Diario de los Debates; por lo común se desconocen los fundamentos de las disposiciones normativas. Por otro lado, es también común escuchar que el reglamento es antiguo e inapropiado, por lo que la oposición abusa de la tribuna y el reclamo; la interpelación amenaza el orden en las sesiones plenarias.

Los reglamentos internos del Congreso de la Unión5 que se registran como antecedentes del vigente fueron:

1. Las normas expedidas por las cortes españolas de 1810-1813.

Normas para su régimen interno, como su primer decreto del 24 de septiembre de 1810 o su Reglamento Interior del 27 de noviembre de ese mismo año. La Constitución de 1812. La materia relativa al régimen de las cortes se encuentra regulada a partir del artículo 27 hasta el 162, además del artículo 15 que consagra la facultad de hacer las leyes por las cortes con el rey.

Estas normas fueron tomadas como propias, como normas reguladoras de su actividad tanto por la soberana junta gubernativa cuanto por el primero y segundo congreso constituyente mexicano, que van de 1821 a 1824. Todo ello sin olvidar que a estas cortes asistieron 21 diputados mexicanos, por así decirlo.

2. Las normas del bando insurgente

El reglamento dado en Chilpancingo el día 11 de septiembre de 1811, con la parte de la Constitución de Apatzingán dedicada a regular el régimen interior del supremo congreso, el Capítulo IV del artículo 18 al 23, el Capítulo II, segunda parte, artículos 44 al 47 y de los capítulos III al IX, regula la organización y funcionamiento con la sanción y promulgación de leyes del artículo 48 al 131, son también documentos muy importantes a tomarse en cuenta.

3. Las normas por las que se rigió la soberana Junta provisional gubernativa de 1821

La cual hace suyo el reglamento interior de las propias cortes españolas de 1810, al que le hacen ligeras modificaciones. Esto puede verificarse mediante la lectura de su Diario de Actas, publicado en 1822.

4. Las normas correspondientes al primer congreso constituyente mexicano

El primer congreso constituyente mexicano se reunió desde el día 24 de febrero de 1822. Se rigió en todo, según lo previsto en la Constitución de 1812 y expidió un extenso reglamento interior el día 25 de abril para su gobierno interior influenciado por el reglamento de 1813, originado en Cádiz. Este Congreso de disolvió el 30 de octubre de 1822 y de nuevo fue reinstalado el día 7 de marzo de 1823 y volvió a sesionar hasta finales de octubre de ese mismo año. Se pueden consultar algunos de sus libros de actas en la colección de actas constitucionales mexicanas 1821-1824, publicadas por la UNAM, México, 1980.

5. Las normas correspondientes al segundo congreso constituyente mexicano

Este congreso, además de aceptar como propias las normas reglamentarias de 1813, expidió el día 23 de diciembre de 1824 un magnifico reglamento para los futuros congresos ordinarios, cuya aplicación se prolongó hasta el 20 de diciembre de 1897.

6. El reglamento de 1897

Este reglamento es muy extenso, de 199 artículo. Estuvo en vigor hasta el 20 de marzo de 1934, fecha del reglamento actualmente vigente con la Ley Orgánica de 1979. Sería éste el primer reglamento del Congreso de la Unión. Conservo la misma estructura, los mismos principios, actualizados a la realidad política del México de finales de siglo. Fue muy útil, tanto que aún después de la revolución y de la promulgación de la Constitución de 1917, siguió vigente.

7. Otras normas reglamentarias

Hubo proyectos de reformas en 1837, 1842 y 1877. También algunos decretos donde las asambleas constituyentes se declaran legítimamente constituidas o hacen una declaración especial de principios como la relativa a que en ellas se encuentra depositada, en toda su plenitud, la soberanía nacional etcétera, son normas complementarias que nos ayudan a entender mejor el referido Poder Legislativo.

III. La Ley Orgánica del Congreso General: ¿reglamento o ley.

En 1979 se aprobó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, la cual fue reformada el 14 de julio de 1994. En sus títulos Primero y Cuarto, la ley mencionada regula la composición, integración y funcionamiento del Congreso General, así como lo relativo a la Comisión Permanente, mientras en los títulos Segundo y Tercero regula, respectivamente, la composición y funcionamiento interno de las cámaras de Diputados y de Senadores.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se originó como una medida adicional para evitar la reforma del reglamento, por falta de convergencia de las cámaras este proceso data de 1966, cuando se presenta la primera iniciativa y perdura hasta 1994, fecha de su reforma.

El lapso comprende tres primeras iniciativas, 1966, 1978 y 1979, de cuyos antecedentes emergerá la ley. Otras tres iniciativas, relativas a la regulación de los comités de "información legislativa", de la administración y "presupuesto" y otro más sólo de presupuesto, para la Cámara de Diputados.

Las otras iniciativas de reformas se refieren a las transmisiones de las sesiones por televisión y la supresión de la facultad de iniciar leyes al Presidente de la República.

Tenemos también los proyectos de reforma del diputado Trinidad Lanz Cárdenas, del 19 de diciembre de 1989, del 24 de abril de 1990 y otro más de 1994. La intención de estas reformas ha sido la de reforzar el control sobre la oposición, para evitar desbordamiento con motivo de la calificación de las elecciones de 1998, así como durante las sesiones plenarias en que se realiza la ceremonia del informe presidencial, es decir, para impedir la llamada interpelación.

Las reformas de la Ley Orgánica han seguido los propósitos de fortalecer a la Gran Comisión, primero y a la de Régimen Interno posteriormente, para menguar el poder directo del Presidente de la mesa directiva. En consecuencia, para sostener el control partidario de la sobre participación, con la cual se impide el libre ejercicio del Poder Legislativo.

Ante esta tesitura es posible plantearse la pregunta de si ¿Existe una duplicación de instrumentos jurídicos normativos con la vigencia del reglamento y Ley Orgánica? Una opinión al respecto se plantea en seguida.

El destacado investigador Manuel González Oropeza6 ha analizado las características generales de los reglamentos. Al respecto dice el término "reglamento" desborda en mucho al derecho administrativo y es usado con generosidad en otras ramas del derecho, sea éste público, social o privado. Asimismo, el vocablo "reglamentar" se refiere al concepto de regular normativamente una materia, sea a través de una ley o de un reglamento propiamente dicho.

________ 6. Manuel González Oropeza, características generales de los reglamentos, revista jurídica jaliciense; Año 1, número 1; 1991.

El reglamento es el ordenamiento promulgado por el titular de la facultad reglamentaria que coincide, por interpretación de los artículos 80 y 89 constitucionales, con el titular del Poder Ejecutivo, así como en su entidad en los gobernadores, no es así con las facultades de las secretarías de Estado.

No obstante, en la historia parlamentaria del país, se ha contemplado la posibilidad de que además del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también pueda expedir reglamentos. Bajo el texto original del artículo 79 constitucional, se habría dispuesto que el Congreso de la Unión estaría facultado para "dar reglamentos, con objeto de organizar, armar y disciplinar la guardia Nacional" (fracción XV), así como para "formar su reglamento interior".

La segunda facultad para promulgar reglamentos fue la conferida en la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, por medio de la cual la organización del Poder Legislativo se efectuaría mediante la expedición de un reglamento interior. La intención política para utilizar la vía heterodoxa de un reglamento del legislador fue la de evitar que el Poder Ejecutivo tuviera intervención en su elaboración, como la hubiera tenido a través de una Ley Orgánica expedida conforme al procedimiento legislativo, (artículo 72 de la Constitución). La derogación de esta disposición el 6 de diciembre de 1977, junto con la reforma del artículo 70 dio la facultad al Congreso para expedir la ley que regulara su estructura y funcionamiento interno.

En conclusión, los reglamentos del Congreso son, en realidad, leyes en estricto sentido y que tienen unos antecedentes como las cortes españolas de Cádiz de 1810-1813, así como los primeros congresos constituyentes mexicanos de 1821-1824, que expidieron los reglamentos que antes hemos mencionado de manera que, además de emplear el de reglamento y otro más de que habla la misma Constitución.

IV. La doctrina y la interpretación

Los reglamentos, dice el tratadista García de Iturrospe7 no son materia de atención excesiva de por parte de los tratadistas para desentrañar su posible naturaleza.

__________ 7. Coro Cillán García de Iturrospe; teoria general sobre la naturaleza de los reglamentos parlamentarios. Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios número 2, Mayo-Agosto de 1991, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados LVI Legislatura.

El reglamento contiene por su naturaleza diversas interpretaciones. Es una ley en sentido material, pero también se emite como acuerdo y como un acto normativo.

Las principales corrientes formadoras de la doctrina del reglamento son: la doctrina italiana que lo define como decisión de carácter interno propia del derecho parlamentario. La Cámara está dotada de poder para darse la norma necesaria para su propio gobierno interno, la doctrina francesa que concibe al reglamento como un conjunto de acuerdos parlamentarios, un estatuto interno, de cada Cámara, formal y materialmente se trata de una resolución propia de cada Cámara, según expresiones de varios autores como Duverger y Dugüit.

Duguit un tratadista ya clásico8 considera que el reglamento es un conjunto de disposiciones que por vía general determina el orden y el método de trabajo de cada Cámara; viene a ser una ley interna de cada Asamblea. Conserva vigor aún después de haberse extinguido la diputación, los cuerpos colegisladores se reservan siempre el derecho de modificar su reglamento. No siendo éste una verdadera ley, sino una serie de resoluciones, adquiere vigencia en cuanto es aprobado por la Cámara, sin necesidad de que medien promulgación ni publicación.

________ 8. Dugüit, León, manual de derecho constitucional; "su rango inferior a la lay constituyente y aun a las meras leyes ordinarias impide (en pura doctrina) que sus proyectos vayan en contra lo dispuesto en tales normas. Pero de hecho no habría manera de combatir la extralimitación en forma eficaz". p.

La doctrina alemana habla de una norma estatutoria autónoma, a la manera de un Rechtsverordnung. Por tanto es la facultad del Poder Legislativo, pero consensando como un convenio sui generis.

La doctrina española usa tanto la forma de ley como la del reglamento con el valor de ley en sentido formal, toda vez que se siguen los trámites previstos para las leyes ordinarias, salvo que estas, normas internas no están sujetas a sanción o veto.

Algunos reglamentos históricos fueron emitidos por las asambleas constituyentes, tal como sucedió con el reglamento de 1824, que prolongó su vigencia hasta 1897.

Para el especialista Pérez Serrano, 9 la naturaleza jurídica del reglamento se distingue por su importancia:

a) Sin ser una ley formal, sirve para tramitarlas y para la aprobación de éstas:

b) De su perfección o deficiencia depende la eficiencia del parlamento:

273. 9. Pérez Serrano, N. Naturaleza jurídica del reglamento parlamentario.

c) Influye en la deliberación de las corporaciones públicas:

d) Crea o aclimata instituciones.

En el ordenamiento jurídico español se concibe a la Constitución como fuente de fuentes, 10 es decir, la que determina las instituciones y órganos que tienen la facultad o potestad de generar derecho, como la ley o reglamento o de interpretarlo y aplicarlo. Ella misma es la norma fundamental, le siguen las leyes orgánicas; los estatutos; los tratados internacionales; los principios generales de derecho y las sentencias del tribunal constitucional.

________ 10. Sánchez Agesta Luis, Sistema de la Constitución española de 1978, ensayo de un sistema. Quinta edición, editorial Revista de Derecho Privado.

El principio jerárquico del sistema jurídico mexicano parte del contenido de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, previsto en el artículo 133, que favorece a los tratados internacionales como parte de la legislación interna.

Por tanto, todos los actos emanados de la Asamblea legislativa aprobados por la mayoría parlamentaria, todos tienen el valor formal de las leyes o decretos.

En el contexto de la Constitución, la ley y el reglamento son sinónimos, cuya aprobación la realiza la mayoría de los legisladores de ambas cámaras y cuya publicación para entrar en vigor la efectúa el Poder Ejecutivo.

V. La suplantación de los órganos de Gobierno

Una propuesta de reforma auténtica para el fortalecimiento del Poder Legislativo, consistiría en reconocerle al presidente de la mesa directiva de la Cámara las facultades necesarias, que le permitan conducir convenientemente el debate, así como establecer el orden del día de la Asamblea e imponer el orden en el debate y que, junto con estas funciones, se le convierta en un "líder" real que aplique y se responsabilice del control interno del gobierno camaral.

El Presidente de la Cámara ha de garantizar los derechos a la oposición, en especial al referente a la expresión en todas las circunstancias, dando el toque de pluralismo parlamentario, reflejo de la opinión pública. De igual manera debe aplicar fórmulas de equidad en la composición y distribución de las comisiones, muy en especial, las de fiscalización, control y de quién se encuentra en mejores condiciones para ejercerlas y legitimar la acción transparente del Gobierno.

No obstante, que históricamente la Gran Comisión ha suplantado de forma creciente a la mesa directiva y a su presidente, es importante su análisis comparativo. Surgida en 1824, como órgano paritario e igualitario de las legislaturas federales de los estados, esta Gran Comisión fue transformándose, de un órgano representativo de control interno a un mecanismo de control y supeditación al Ejecutivo por medio del nombramiento del líder representante de la mayoría. En el reglamento de 1897 y en el de 1934, se agudizó notablemente la dependencia al Ejecutivo, terminando por desvanecer cualquier voluntad independiente partidaria o individual, hasta llegar a los desastres legislativos del presente.

En la actualidad la figura del Presidente de la Cámara es casi decorativa. Se reemplaza en cada sesión en un afán inocuo de democratización, donde desfilan representantes de todos y cada uno de los partidos.

En cambio, los presidentes de la Gran Comisión son presidentes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y líderes reales de la Cámara, porque son también los líderes de la fracción mayoritaria priísta. El espejo del presidencialismo.

Uno de los objetivos centrales que el grupo parlamentario priísta ha manejado con recurrencia ha sido fortalecer la presidencia como responsable de la conducción de debates.

Este tema es el que se regula del artículo 15 al 22 del reglamento.

Los reglamentos anteriores de 1824, 1897 y el de 1934 en su comparación numeral11 registran cambios en el trato protocolario, cuando se suprimió el tratamiento de excelencia en la correspondencia oficial (artículo 24 del reglamento de 1824). De igual forma se procedió con el protocolo relativo al presidente y secretarios de la mesa directiva.

________ 11 Chena, Ramón. Comparación numeral y recopilación de reglamento de 1824 a 1993, mimeo, Cámara de Diputados LV Legislatura, México 1994.

La orden del día tiene un trato diferencial en el reglamento de 1934, ya que le obliga a darla a conocer al principio de la sesión y al final de la misma dar a conocer la respectiva orden del día de la siguiente sesión.

En los parlamentos de Italia, Portugal y España se percibe correlativamente el comportamiento de la mesa directiva con respecto a los grupos parlamentarios presentes para facilitar la participación de todos, de (casi) todos, casi partidario; y en el Congreso de dos a cuatro grupos parlamentarios y en el Senado de dos a tres grupos parlamentarios (no partidario) en el caso de las cortes.

Por lo que se refiere a sus competencias se tiene en el mismo orden anterior con competencias administrativas para los tres parlamentos, pero siendo un órgano débil en Italia y un órgano fuerte en España, porque se le añaden competencias políticas.

Las decisiones de la mesa directiva se toman por mayoría (un miembro un voto) en los tres parlamentos pero con variantes, con prima a mayorías sólo en España y prima a minorías en los otros dos. Asimismo, existe recurso al pleno en Portugal y recurso de reposición en España.

En los parlamentos de Gran Bretaña e Italia, el presidente de la mesa directiva tiene un origen por consenso, mientras en España y Portugal deriva de la mayoría absoluta.

En el caso de la Gran Bretaña, el presidente puede proceder indistintamente de la mayoría o de la oposición, en tanto que en Italia se divide para la oposición en la Cámara y de mayoría, no siempre, en el Senado.

La mayoría absoluta de Portugal intenta forzar el consenso, pero en España pasa de absoluta en la primera votación a mayoría simple en la segunda votación.

Las competencias de la presidencia son cuasijudiciales, representativas, con especial atención al orden del día, en los cuatro parlamentos, pero con respecto a Gran Bretaña estas competencias cuasijudiciales, según precedentes, tienden a otorgar protección a las minorías.

Por el carácter del presidente en cuanto al voto y a los debates se advierte: para la Gran Bretaña e Italia que es neutral, mientras que para Portugal y España, no es neutral. Por tanto, en los primeros el presidente "no vota" y en los otros dos "si vota"; de igual modo, llegado el momento del debate, "no interviene" en los primeros parlamentos, en tanto que si "interviene" en Portugal y España. Se trata, pues, de un "hombre de la Cámara" en una situación y de un "hombre de mayoría" en otra situación.

La junta de portavoces es partidaria con la participación de todos los grupos parlamentarios en los parlamentos de Italia, Portugal y España.

Las competencias son políticas, sobre todo respecto del orden del día en todos los casos, en cuanto a las decisiones, son orientadas por el voto ponderado, excepto en Italia donde cada grupo parlamentario tiene un solo voto.

VI. La interpretación del reglamento

Para los fines de este estudio, es conveniente un análisis comparativo de la interpretación reglamentaria con referencia a Europa, España y la Iberoamérica.12

________ 12. Ruiz, Navarro Pinar, José Luis. Revista Parlamentaria Iberoamericana.

En Europa se atribuye la facultad de interpretar el reglamento a la Presidencia, de la que se espera, que, en caso de duda, someta la cuestión a la Cámara. Como el presidente es el único que puede juzgar sobre la correcta interpretación de la norma, es también el único que puede someter estas cuestiones a la Cámara, siendo, en consecuencia, inadmisible cualquier moción o resolución que pretenda impónersele sobre esta cuestión por la propia Asamblea.

En el derecho parlamentario español se realiza por los presidentes de las cámaras (con aprobación de la Comisión de Reglamento), como una auténtica norma general que viene dada, no sólo por las propias disposiciones reglamentarias, sino también por el carácter imparcial y objetivo que debe tener en cada momento la propia Presidencia. Un antecedente al respecto sucedió durante el proceso constituyente, cuando el diputado presidente intentó someter a decisión del plenario al conceder la palabra a la oposición, a lo cual se opuso el diputado Marcelino Camacho, ya que rompía el principio fundamental del parlamentarismo de proteger el derecho de la minoría para establecer el intercambio de opiniones de condiciones de equidad y de igualdad.

El tribunal constitucional de España, el 21 de marzo de 1994, señaló que "los actos internos de la Cámara, dictados por la Presidencia, tienen por finalidad la regulación de las relaciones que existen entre la Cámara y sus propios miembros. Característica propia de este tipo de normas es la independencia y el aseguramiento de que dichas normas están sujetas a la Constitución y a las leyes".

En el ámbito del derecho parlamentario iberoamericano la facultad de "interpretar" el reglamento y de "aplicarlo" se atribuye a los órganos de dirección de la Cámara, entre estos: a) la Presidencia de la Cámara; b) A la Cámara y c) al órgano de la mesa o el directorio.

En el caso de México, corresponde a la mesa directiva, según lo previene la Ley Orgánica en su artículo 33, bajo la autoridad de su presidente: "... aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley, los reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara". Aunque estas facultades son peculiares, ya que en el artículo 34 de la misma ley, se dice que son funciones del Presidente, entre otras: "conducir los debates y dar curso reglamentario a los negocios de la Cámara, lo que implica su independencia evidente con facultades propias. Sin embargo, el Presidente puede ser reemplazado, artículo 22.

A la facultad de interpretar se le añade la de dictar normas sobre la organización y el funcionamiento, autorizándose a: a) la Presidencia de la Cámara, b) las mesas directivas y c) la propia Cámara.

Lo que priva en el Poder Legislativo mexicano es lo que Lauvaux llama al parlamentarismo monista, sistema dentro del cual el Gobierno no requiere de la confianza del parlamento, el jefe de Estado no reivindica la orientación política ni se conserva el poder neutro y de arbitraje del Legislativo.

En las sociedades modernas de democracia tradicional, es conocido que el Presidente no dispone de la facultad de reformar la Constitución, tal como ocurre en los Estados Unidos.

Más bien son partidos políticos y sus fracciones en el Congreso los que promueven e inician los cambios legislativos en todo orden.

Entre nosotros, no sería necesario establecer lobbies para propiciar una nueva cultura de participación legislativa, sería sólo conveniente que el Congreso recuperara sus facultades y los partidos asumieran sus responsabilidades para disponer el principio constitucional de plena soberanía, en el cual los legisladores elaboran las leyes. Es muy recomendable que México sea un país de leyes, pero que también los legisladores sean quienes las elaboren.

La facultad para imponer el orden fue suprimida en el reglamento de 1934, supuesto que en los dos anteriores reglamentos se señalaba que:

Faltando esta circunstancia, el presidente podrá ordenar que salga del salón el individuo o individuos que se resistan a obedecer sus resoluciones, quienes sólo permanecerán excluidos durante el tiempo de la discusión de ese negocio.

Las obligaciones del Presidente (artículo 21) se encuentran correspondidas en los tres reglamentos, salvo a partir del inciso XI párrafo Tercero, que la letra expresa:

"Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión sin antes haberse hecho conocer a la Asamblea la orden del día para la siguiente sesión, salvo los casos que se refiere el artículo 109 (suspensión de una sesión).

El reglamento de 1934 contiene como obligaciones adicionales a las obligaciones previstas en sus otros antecedentes: 1) firmar nombramientos y remociones de los empleados tanto de la Cámara como de la Contaduria Mayor de Hacienda; 2) declarar la inexistencia de quórum; 3) excitar a las comisiones para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de presentado el asunto y 4) obligar a los ausentes a concurrir a las sesiones.

Si bien, el Presidente perdió la facultad de someter al orden a los miembros de la Cámara, por otro lado, se estableció la responsabilidad de ser removido si no observa el reglamento y ser reemplazado por el vicepresidente.

Aunque la intención de la reforma del reglamento se orienta al Presidente, deben advertirse, respecto de sus antecedentes, dos razones de su debilitamiento: una es que en base a la Ley Orgánica, los vicepresidentes se alternan con el Presidente en el afán de un falso pluralismo que da lugar a que otros miembros de partidos distintos al mayoriteo se encuentren en la disposición de presidir y la segunda que se afecta el seguimiento y orden del trabajo legislativo.

Por lo que se refiere a los secretarios, una de sus funciones es cuidar el turno de las iniciativas, por lo que en los tres reglamentos se presenta la necesidad de que su nombramiento sea por un año. Sin embargo, la Ley Orgánica les permite ser nombrados cada mes. Es en ellos donde descansa la buena marcha de la Cámara, sobre todo en función del orden y excitativas para dar turno a las iniciativas que deben ser dictaminadas. Este desorden provoca que se genere la conocida congeladora o negación del trámite a iniciativas no gratas.

Al respecto, en el artículo 25 fracción VI se establece la obligación para el día 1o. de cada mes presentar una relación del número y asunto de los expedientes que están en comisiones, en asuntos despechados y los que se conservan en comisiones.

En otras partes, le obliga a dar trámites a todos los expedientes, llevar un libro de leyes expedidas, de suma importancia, dar turno a expedientes enviados a comisiones, recoger las votaciones, dar cuenta de los asuntos de cartera, inspeccionar a la Oficialía Mayor y oficinas de la Secretaría, cuidar del Diario de los Debates.

Este aspecto es fundamental debido a que de la Secretaría depende el buen funcionamiento del pleno y la labor legislativa.

VII. La Gran Comisión y la Comisión de Régimen Interno

Otros de los objetivos que mayor recurrencia opera en el discurso del partido oficial es otorgar una creciente personalidad a las comisiones, para fortalecer su organización y trabajo.

Esta pretensión oculta una de las intenciones deformadoras más peligrosas para el Congreso, ya que éste ha sido concebido para funcionar en pleno, como en el caso inglés y no en comisiones con facultadas derivadas, como sería en el parlamento italiano. Luego esta propuesta encubierta de eficiencia y funcionalidad para el ahorro de tiempos y supresión de debates innecesarios cancelaría otros derechos del pleno, quien conoce y resuelve de todos los casos sin excepción de los que debe de conocer la Cámara.

La aplicación de facultades derivadas a las comisiones daría legitimidad a las decisiones indebidamente tomadas en la subcomisión de examen previo, la cual realiza una labor de sustracción de facultades del pleno, como, por ejemplo, cuando rechaza las solicitudes de juicio político a funcionarios del Poder Ejecutivo a la Presidente de la República.

Por otra parte, la contradicción de la organización interna del Poder Legislativo se sitúa en la conformación y funcionamiento entre la presidencia de la Gran Comisión, artículo 73 del Reglamento y 38-IV de la Ley Orgánica, el verdadero Gobierno interno y la presidencia de la mesa directiva, artículo 15 del Reglamento y 21 de la Ley Orgánica, a más del añadido que significa la Comisión del Régimen Interno y Concertación Política, artículo 45 de la Ley Orgánica, de tal forma se diluye el poder del Presidente de la cámara y se anula la capacidad legislativa de la oposición.

El presidente de la Gran Comisión es el líder de la fracción mayoritaria, a quien se "nombra para poder funcionar" desde el reglamento de 1934, es decir, desde esta fecha, se mantiene su creciente hegemonía, la cual se extiende a la Comisión de Régimen Interno, ya que maneja y dispone de amplios recursos, como se advierte en seguida:

En la Cámara de Diputados, por el artículo 39 se le encomiendan a la Gran Comisión los asuntos concernientes a las entidades federativas y regiones, así como proponer a los integrantes de las comisiones, incluida la de Régimen Interno, nombramiento de consejeros al Instituto Federal Electoral.

En la Cámara de Senadores, según el artículo 93 se le asignan las de proponer el personal de las comisiones ordinarias y especiales, la designación de los comisionados en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, proponer el nombramiento del Oficial Mayor y el tesorero, someter las altas y bajas de los empleados, cooperar con la mesa directiva y su presidente; proponer programa Legislativo, vigilar labores del Oficial Mayor, dirigir y vigilar los servicios internos.

Por su parte, la Comisión de Régimen Interno tiene facultades:

a) De carácter político; suscribir acuerdos de asuntos que se desahogan en el pleno:

b) De carácter financiero; propone el presupuesto, para designar al tesorero, Ley Orgánica:

c) De carácter administrativo; propone al oficial mayor, Ley Orgánica:

d) De carácter en el pleno; contribuir con la mesa directiva en los trabajos camarales, coadyuvar funciones de comisiones y comités.

En la Cámara de Senadores no existe esta comisión ya que la Gran Comisión incluye a los coordinadores de los grupos parlamentarios, artículo 91, así como también considera al coordinador del grupo parlamentario de la primera minoría como segundo vicepresidente.

La Gran Comisión propone a su cámara: el personal de las comisiones permanentes y especiales, así como las altas y bajas de los empleados y sus licencias, la lista de las comisiones permanentes y los insaculados del gran jurado, 74, 75 y 76 del Reglamento.

Las comisiones de administración, de la Contaduría Mayor de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta se nombrarán anualmente con responsabilidades específicas, artículos 68, 69, 80 y 81.

El articulado del reglamento vigente corresponde en gran parte, incluso textual, a la redacción del reglamento de 1897.

Este título va del artículo 65, relativo a las comisiones permanentes y especiales, al artículo 94, que se enfoca al trabajo en el receso, en que se continua el estudio y elaboración de dictámenes de las iniciativas turnadas por la Comisión Permanente.

La Gran Comisión, es un tema de gran importancia, tema de examen especial para la oposición, porque en sus manos está el gobierno de las cámaras. Se propone incorporar a la Gran Comisión a los grupos partidistas, con una representación plural y democrática de la cámara.

El gobierno de la cámara descansa en la Gran Comisión, cuya composición queda establecida en el artículo 72.

Es importante realizar un examen más particular del control político que ejerce la Gran Comisión. En los tres reglamentos existe desde siempre la clasificación de las comisiones como permanentes y especiales, pero la Gran Comisión se origina en 1879, como una comisión permanente más, pero define su composición y funcionamiento ampliándosele sus requisitos en los reglamentos de 1897 y 1934 (artículos 72, 73, 74 y 76) ya que el primero (artes, 57, 58 y 59) su naturales es más sencilla. Al principio, la Gran Comisión era del Congreso, compuesta del diputado o senador de más edad por cada uno de los estados o territorios que tengan representantes presentes.

VIII. El pleno

Una división tradicional de los parlamentos del mundo es aquella que se hace tomada en cuenta su funcionamiento, es decir, según que realicen sus trabajos mediante los plenos o bien que las realicen mediante comisiones de tal modo se les reconoce por el trabajo que realizan en el plenario.

Entre los primeros, se ubica el parlamento inglés, donde todo asunto que le concierna debe ser conocido en la sesión plenaria, así como también, toda comunicación que se origine en su seno hacia el exterior deberá ser acordado por el pleno.

En tanto que un parlamento, organizado en base al funcionamiento por comisiones, sería el italiano. Dichas comisiones son favorecidas con facultades derivadas. No obstante, esta división de responsabilidades, también existe el "principio de unanimidad"13 y funciones que se desempeñan por el "parlamento de sesión plenaria".14 En este esquema de trabajo una de las facultades de los presidentes de las cámaras consiste en modificar el calendario legislativo.15

_________ 13. Manzanell, Andrea. El parlamento. Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados 1987, México, D.F. p.104.
14. Ibidem. p. 67.
15. Ibidem. pp. 108-109, el reglamento de la Cámara de Senadores. artículo 55.3 y en la Cámara de Diputados es constante.

El nuevo equilibrio de facto entre los diversos poderes se establece alrededor de la confrontación mayoría-oposición.

La integración de la minoría adquiere así una nueva dimensión con respecto a la que apunta la teoría política (esto es, la de dar contenido al principio pluralista, a la posibilidad de la libre disidencia, que permitiría transmitir la alterativa legítima); esta nueva dimensión se materializa en la sunción, por parte de la minoría, de las funciones de control de la mayoría-gobierno, en equilibrio y contrapeso de las opciones vencedoras.

La oposición parlamentaria efectúa su control a través del conjunto de instrumentos y de técnicas jurídico-parlamentarias que el ordamiento ofrece y en conformidad al conjunto de referencias ideológicas y valores compartidos en la lealtad del sistema. La trayectoria histórica básicamente compartida por las democracias pluralistas del entorno europeo comparado, incluye también un flexible arco de convenciones, usos, prácticas y experiencias más o menos informales, sólo algunas de las cuales adquieren cierta plasmación y/o cotización en la configuración de cada régimen concreto. En todo caso, su eficacia reside hoy mucho más en su capacidad de trasladar un mensaje altemativo viable y cohesionado ante la opinión pública que en su probabilidad de desestabilizar el proyecto político de la mayoría gubernamental.

Las propuestas de las minorías tienden a modificar o ejercer algún tipo de influencia en la dirección política que apoya la mayoría, la cual depende de su acogida, por la necesidad (o conveniencia) de incorporar a su proyecto un mayor número de voluntades (algún consenso), así como de la influencia que la minoría consignan en la opinión pública, sea con los movimientos ciudadanos (resortes extraparlamentarios) o a través de los medios de comunicación.

IX. Una reflexión final

La tendencia histórica del ejercicio del poder en el interior del congreso ha favorecido al presidente de la Gran Comisión y no al presidente de la mesa directiva. Esto ha contribuido a la concentración del poder personal en un parlamentarismo tipo monista, efecto derivado del presidencialismo vigente.

El reglamento de 1934 primero y después la Ley Orgánica de 1979 y sus sucesivas reformas de 1922 y 1994 han deslavado al presidente de la mesa directiva bajo la meliflua sombra de un pluralismo carente de rigor y huidizo de la responsabilidad, de tal suerte que se le nombra como presidente. Pero no se le otorga el poder, ya que los distintos vicepresidentes se alternan sesión tras sesión la presidencia que gira sin pies ni cabeza.

Hay que reconocer que en las últimas tres décadas se han operado cambios en la relación de poderes. Desde el anacrónico sistema corporativo presidencialista de partido único se ha llegado a un presidencialismo de participación plural o gradual o también llamado autoritarismo flexible con predominancia del Ejecutivo. No obstante estos cambios, persiste un Poder Legislativo monista.

Esto permite mantener el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo en la función de elaboración de leyes. A pesar de que la postura declarada del presidente Ernesto Zedillo ha sido en favor de la corresponsabilidad de poderes, el gran legislador sigue siendo y es el Ejecutivo, esto frecuentemente propicia desastres legislativos como el ocurrido en relación con el TLC.

El predominio del Poder Ejecutivo quedó de manifiesto en la homologación legislativa de apertura comercial. En esa tesitura La firma del TLC requirió de la modificación de 38 leyes. El Canadá reformó 27 leyes para adaptar su acuerdo con Estados Unidos a su derecho interno.16

Un presidencialismo cesarista con un congreso monista son símbolos del autoritarismo neoliberal actual, ambas instancias abdicaron de su representación y soberanía ante los Estados Unidos y Canadá.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma del régimen interno del gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, resulta una prioridad sine quanon para dar paso a la reforma política del Estado mexicano.

________ 16. Witker Iorge y Garardo Jaramillo. El régimen jurídico del comercio de México, UNAM 1991 p. 169.

La exorbitante concentración de poder en el Ejecutivo Federal como resultado de un sistema político con predominio de un partido y una estructura corporativista, generaron un congreso calificado por los académicos como monista, por su clara tendencia a la subordinación del Presidente de la República y el predominio de su fracción parlamentaria.

Como resultado de dichas condiciones, el Congreso Genera, lejos de cumplir con el papel que le confiere la Constitución como contrapeso del otro poder político y como formador de leyes, se circunscribe a legalizar las iniciativas del Ejecutivo, los números son contundentes, más del 95% de las más de 500 reformas que han sufrido los artículos de la Constitución de 1917 a la fecha, se hicieron por iniciativa del Ejecutivo en turno.

En las modernas democracias occidentales, el papel de los congresos y parlamentos retoma sus funciones tradicionales conjuntándolas con un nuevo papel de la oposición, que sustituye el antiguo ideal de obstrucción del proyecto político gubernamental, por la capacidad de proponer un mensaje alternativo viable y cohesionado ante la opinión pública.

Es claro que los tiempos cambian y que las sociedades evolucionan, sin embargo, las naciones deben reflexionar sobre su pasado y su presente para emprender con éxito el camino futuro. De esta forma, no debemos perder de vista los actuales diputados y senadores mexicanos tienen como antecedentes a los antiguos procuradores de las cortés de Castilla, o a los delegados de Aragón y que el origen de su poder es el mismo, la representación del pueblo mediante diversas figuras jurídicas.

Formalmente, México es una democracia representativa según la Constitución vigente, ello significa que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son mandatarios del pueblo, que en ningún momento deja de ser mandante.

El Estado actual de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento Interior del Congreso hacen imposible la aspiración constitucional de alcanzar una democracia representativa legítima.

Es común que algunos representantes, olvidando su mandato, se apeguen por conveniencia a los principios dictados por "disciplina de partido", aún cuando con ello contravengan el mandato de sus comitentes.

Resulta imprescindible sobreponer los intereses y voluntad de la nación a los de cualquier partido, lo mismo que hacer efectiva la Constitución General de la República para quien el soberano es el pueblo y los poderes federales sus mandatarios.

Hoy en día resulta insostenible pensar que la democracia se agota el día de las elecciones, de esta forma resulta imperativo adecuar el marco jurídico que regula la vida del congreso a los tiempos que vive la República, todo ello, sin olvidar el principio básico de que los diputados y senadores representan al pueblo.

De lo expuesto se deriva la exigencia de fortalecer al Poder Legislativo con el fin de que cumpla su papel histórico y evitar que se convierta en cómplice de algunos malos funcionarios al rechazar en comisiones, las solicitudes de juicio político o congelar en la misma instancia el trámite de las iniciativas que el partido dominante considera no gratas.

Resulta inconsecuente pretender retomar figuras de la tradición jurídica de países con sistema parlamentario y/o monárquico para intentar trasladarlas, sin mayor reflexión, a nuestro sistema congresional, pues el papel de las comisiones en uno y otro, debe vincularse indisolublemente del sistema de Gobierno, de esta forma, cuando en México se pretende alterar el sistema diseñado para funcionar en pleno para dar paso a un sistema de comisiones con facultades derivadas fundándose en diversos y espaciosos, motivos, básicamente de economía procedimental, en realidad se está intentando deformar el Congreso y el sistema democrático mexicano.

Resulta incontestable que el Congreso de la Unión es el representante del pueblo de México a la luz del artículo 39 constitucional en relación con el 40 y 41, en una tradición que data de 1824 y que no obedece, sino a los principios básicos que regulan la vida democrática en las sociedades occidentales contemporáneas, en consecuencia, no es lógico pensar en un sistema donde los representantes o mandatarios designen a su vez nuevos representantes o mandatarios para ventilar los destinos de la nación, puesto que con ello se cancelaría el derecho de los mandantes a ser representados en todos los asuntos del país y de los mandatarios para cumplir su mandato, el sistema expuesto, tan benéfico en países de tradición parlamentaria, en México, sólo serviría para continuar una etapa de concentración de facultades en unos cuantos y dar aún más la espalda a los mandatos del pueblo, es decir, sería una nueva fórmula para convalidar el autoritarismo. De lo expresado se derivan cuatro grandes vertientes.

La necesidad de fortalecer el Congreso.

La vigencia de revertir las fórmulas tradicionales de obstrucción de las funciones del Congreso, como contrapeso político del Ejecutivo por la capacidad de la oposición de proponer proyectos alternativos viables ante la opinión nacional.

La necesidad de que el Congreso asuma su papel histórico y legisle, en vez de ser una instancia legisladora de las leyes que le envía el Ejecutivo.

Que el Congreso se adecúe al mandato Constitucional y se erija como representante de los legítimos intereses del pueblo de México.

En relación al primer supuesto, proponemos se fortalezca la mesa directiva de cada Cámara como instancia rectora del quehacer legislativo.

En cuanto a las siguientes premisas, proponemos que se fortalezca el trabajo del pleno y se modifiquen las atribuciones de todas aquellas comisiones que sólo sirven para distorsionar las funciones de las cámaras debilitando su accionar u obstruccionando el conocimiento de asuntos de interés nacional.

Nuestra propuesta no pretende vulnerar en ningún aspecto el equilibrio de fuerzas al interior del Congreso, simplemente intenta terminar con una larga etapa de simulaciones jurídicas que en la actualidad no tienen ninguna razón de ser. Proponemos que las funciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados y la de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores pasen a la mesa directiva de la cámara para fortalecerla, ampliando los plazos de dirección a fin de que el líder de la mayoría sea el líder de la cámara y fortalecer su posición política ante el Poder Ejecutivo.

El derecho como disciplina humana se encuentra sujeto a una dinámica de constantes cambios, de esta forma, las instituciones deben adecuarse a las nuevas condiciones sociales o correr el riesgo de contraponerse al cambio y exponerse a la ilegitimidad, lo expuesto nos lleva a dos caminos.

El primero, la necesidad de readecuar el marco jurídico del Congreso de la Unión en su conjunto, en la inteligencia de que solamente los dogmáticos de un positivismo jurídico en extinción no podrán observar, desde su piramidal perspectiva metodológica, que el Reglamento Interior del Congreso, es y ha sido siempre, formal y materialmente una ley, muchos años antes del nacimiento del positivismo y desde nuestros antecedentes de Cádiz o Apatzingán. Luego entonces, la reforma debe armonizar Ley Orgánica y Reglamento Interior.

Un segundo aspecto es el reto de encontrar la fórmula que fortalezca al Congreso en un momento histórico que nuestro país requiere, por un lado, retomar las tradiciones clásicas del equilibrio de poderes y por otro, las concepciones modernas de la representación democrática, lo cual consideremos se logra al fortalecer la mesa directiva, establecer las posibilidades de periodos ordinarios de sesiones más flexibles, privilegiar la intervención del pleno en los asuntos de interés nacional, difundir las sesiones entre la población entre otras cuestiones que proponemos en la iniciativa de reforma y adiciones

DECRETO EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero y único. Se reforman los artículos: 2o. párrafo segundo; 8o. tercer párrafo; 19; 22 primer párrafo; 23; 24; 35 párrafo segundo y tercero; 38 párrafo primero y fracción VI; 39 párrafos primero y segundo; 40; 41; 42; 44; párrafos primero y tercero; 45 párrafo primero y fracción V; 47; 53; 61 párrafo tercero; 65 párrafo primero y segundo; 68 párrafo segundo; 69; 71 inciso d; 72 inciso m; 73; 82 párrafo segundo; 89; 92; 93 fracción VI; 98 párrafo segundo y se adicionan; 26 párrafos primero, segundo y tercero; 28 párrafo primero; 31 párrafo tercero; 37 adiciona párrafo segundo; 48 párrafo cuarto; 66 párrafo segundo y 93 fracción III, VII, VIII, IX y X:

Se derogan artículo 4o. párrafo segundo; artículo 16 fracción I; 19 párrafos primero, segundo y tercero; 20 párrafo cuarto; 22 párrafo primero y segundo; 38 fracciones II, III, IV, y V; 39 fracciones IV y V; 45 fracciones III y IV y 65 párrafo tercero.

Transitorio único. Este decreto entrará en vigor el mismo día que se apruebe en las cámaras de Diputados y Senadores, de acuerdo con su fundamento constitucional, artículo 70 y reglamentario, no podrá ser vetada ni necesita la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, por lo tanto, no requiere de su publicación en el Diario Oficial.

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos

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Artículo 2o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Habrá 32 senadores elegidos mediante el principio de representación proporcional en una sola circunscripción plurinominal nacional.

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Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse, sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Se Deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 8o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores, en virtud de lo cual, los líderes de las fracciones parlamentarias establecerán la posición de su partido en una exposición de cinco minutos. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo partidista.

Las cámaras analizarán en comisiones el informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias; en política interior, política económica, política social y política exterior.

Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Recibir, de la Oficialía Mayor de la propia Cámara, los expedientes provenientes de los consejos distritales relativo a cada cómputo distrital y en los que se contengan las actas originales y cualquier otra documentación de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ... Se deroga.

II a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SECCION SEGUNDA

De la declaración del Presidente electo

De la calificación de la elección presidencial

Artículo 19. La Cámara de Diputados del Congreso de la... Se deroga.

La declaración relativa a la calificación de la elección... Se deroga.

La resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión... Se deroga.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expedirá el bando solemne en que se dé a conocer a la República la declaración de presidente electo, hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes del 3 de septiembre del año de la elección.

Artículo 22. El Presidente conducirá las sesiones y en sus ausencias y faltas temporales lo harán los vicepresidentes.

La Secretaría y la prosecretaría se integrarán de manera plural, limitándose su gestión a un año, al igual que la de Presidente y los vicepresidentes.

En caso de falta absoluta de presidente o vicepresidentes de la Cámara elegirá substituto en la misma sesión, para que ocupe inmediatamente el cargo.

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Artículo 23. En la última sesión de cada año de ejercicio, la Cámara elegirá, para el siguiente año, a la mesa directiva cuyos miembros asumirán sus cargos en la sesión siguiente a aquélla en que hubieren sido designados.

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Artículo 24. Cuando se hubiere convocado a periodo extraordinario fungirá la mesa directiva electa para el año.

Artículo 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Así mismo, corresponde a la mesa directiva la administración, organización y gobierno interior de la Cámara:

II. Proponer el proyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados:

III. Proponer a la Cámara la designación de Oficial Mayor y del Tesoro.

SECCION SEGUNDA

De la Presidencia

Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corresponde a los vicepresidentes coordinar las labores que realice el comité de administración.

CAPITULO III

De los grupos parlamentarios

Artículo 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los diputados independientes podrán constituirse en grupos parlamentario si cumplen con los requisitos de esta ley. En ningún caso podrán los diputados, que pertenezcan a un partido, constituir un grupo parlamentario por separado.

Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los líderes de los grupos parlamentarios se reunirán para considerar, conjuntamente, las acciones específicas que propicien el mejor desarrollo de las labores camarales.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios, con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición, formarán parte de una comisión denominada comisión de portavoces.

Artículo 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los grupos parlamentarios deberán llevar la contabilidad de las subvenciones que reciban y rendir un informe financiero anual a la mesa directiva de la Cámara.

CAPITULO IV

De la comisión de voceros y de las comisiones de las entidades federativas

Artículo 38. La Cámara de Diputados contará con una comisión de voceros que se integrará por los coordinadores de cada fracción parlamentaria y un número proporcional de diputados que representen a cada grupo parlamentario, según el total de sus integrantes. El partido mayoritario, tendrá derecho a un máximo de 10 representantes, el resto tendrán el número de representantes, que resulte de la proporción de sus diputados, en relación al grupo mayoritario.

El grupo parlamentario que ostente la mayoría de diputados por cada entidad federativa deberá, además de cumplir con lo que dispongan sus normas estatutarias conforme lo prevé el artículo 34 de esta ley, organizarse de acuerdo con las siguientes normas:

I a V. Se derogan.

VI. El líder del grupo parlamentario mayoritario de cada entidad federativa será el presidente de la misma.

Artículo 39. La comisión de las entidades federales tendrán a su cargo las siguientes funciones:

I. Dictaminar, formular las disposiciones y presentar iniciativas sobre los asuntos concernientes a las entidades federales que representen.

II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV y V. Se derogan.

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 40. La comisión de voceros deberá quedar instalada al iniciarse cada legislatura, dentro de los primeros quince días del mes de septiembre en términos del artículo 38 de esta ley.

Artículo 41. La comisión de voceros dispondrá de un local adecuado en las instalaciones de la Cámara de Diputados y contará con el personal y los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, con arreglo a lo que determine el presupuesto.

CAPITULO V

De las comisiones y comités

Artículo 42. La Cámara de Diputados contará con el número y tipo de comisiones que requerirá para el cumplimiento de sus atribuciones.

Las comisiones serán:

1. Voceros

2. Entidades federativas

3. De dictamen legislativo

4. De vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

5. De investigación

6. De jurisdiccionales:

7. Especiales

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Artículo 44. Las comisiones de voceros, de dictamen legislativo, de Vigilancia de la Contaduría a Mayor de Hacienda y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se constituyen con carácter definitivo y funcionan para toda una legislatura; sus integrantes durarán en el cargo tres años. Para los efectos de esta ley se denominarán "ordinarias".

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Al iniciarse cada legislatura, la comisión de voceros deberá quedar integrada en la primera sesión ordinaria de la Cámara.

Artículo 45. En la comisión de voceros participarán los diputados coordinadores de cada uno de los diversos grupos partidistas. La comisión de voceros fungirá como órgano asesor de la mesa directiva a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas que tiene la propia cámara. A este efecto se reunirá cuando menos una vez al mes.

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I y II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III y IV. Se derogan.

V. Presentar al pleno de la cámara los nombramientos de consejeros propietarios y suplentes que formarán parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, propuesto por las fracciones parlamentarias de ambas cámaras.

VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 47. Las comisiones se integran por no más de 30 diputados electos por el pleno de la cámara a propuesta de la comisión de voceros, cuidando que en ellas se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios, tanto en las presidencias, como en las secretarías correspondientes. A este efecto se tomará en cuenta la importancia cuantitativa de cada grupo parlamentario.

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Artículo 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La legislatura tiene obligación de dictaminar todas las iniciativas que se presenten al pleno.

Artículo 53. Son comisiones jurisdiccionales las que se integran en los términos de la ley para los efectos de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Dichas comisiones deberán informar al pleno de la cámara sobre sus actuaciones.

TITULO TERCERO

De la Cámara de Senadores

CAPITULO I

De la instalación de la legislatura

Artículo 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si existe quorum, se eligirá en escrutinio secreto y con mayoría de votos la mesa directiva de la nueva legislatura, misma que se compondrá de Presidente, un vicepresidente por cada fracción parlamentaria, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios.

CAPITULO III

De la mesa directiva

Artículo 65. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, un vicepresidente por cada fracción parlamentaria, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios electos por mayoría y en votación por cédula.

La mesa directiva durará en su ejercicio un año y sus integrantes no podrán ser reelectos para esos cargos en el periodo inmediato.

Los secretarios y prosecretarios durarán un año en el ejercicio.

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Artículo 66. La mesa directiva del Senado presidirá los debates y determinará el trámite de los asuntos, conforme a esta ley y al reglamento correspondiente.

Corresponde a la mesa directiva:

a) Proponer el programa legislativo:

b) Vigilar las labores de la Oficialía Mayor y la Tesorería:

c) La administración de la Cámara:

d) Las demás que deriven de la ley y disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La mesa directiva contará con la asistencia de un cuerpo técnico profesional de apoyo, cuyas funciones determinará el Reglamento. Propondrá el nombramiento de oficial mayor y tesorero de la Cámara.

Artículo 69. Cuando se hubiere convocado a periodo de sesiones extraordinarias fungirá la mesa directiva electa para ese año.

Artículo 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:

a) a c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la comisión de voceros.

e) a k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 72. Son obligaciones de los secretarios y de los prosecretarios cuando suplan a aquéllos:

a) a l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m) Coordinar las labores que realice la Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores.

n) y o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 73. La Oficialía Mayor, la Tesorería, el Cuerpo Técnico Profesional de Apoyo y demás dependencias de la Cámara de Senadores tendrán las facultades y obligaciones que señalen las normas reglamentarias o que se les asigne la mesa directiva.

CAPITULO IV

De las comisiones

Artículo 82.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A la sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los demás funcionarios y personalidades que la mesa directiva determine.

Artículo 89. Las comisiones podrán pedir, por conducto de su presidente, a los archivos y oficinas de la nación, las informaciones y copias de documentos que requieran para el despacho de sus negocios, los que deberán ser proporcionados en términos de ley. La negativa a entregarlos en los plazos pertinentes, autorizará a la comisión para dirigirse en queja al titular de la dependencia o al Presidente de la República y fincar las responsabilidades correspondientes.

CAPITULO V

De la comisión de voceros

Artículo 92. La directiva de la comisión de voceros estará integrada por un Presidente, dos vicepresidentes y un secretario. El presidente, el primer vicepresidente y el secretario serán designados por mayoría de votos de los miembros de la comisión. El segundo vicepresidente será el coordinador del grupo parlamentario de la primera minoría.

Artículo 93. Son facultades de la comisión de voceros:

1 y 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Se deroga.

4 y 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Proponer a la Cámara el programa legislativo.

7 a 10. Se derogan.

CAPITULO VI

De los grupos parlamentarios

Artículo 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El líder del grupo parlamentario mayoritario se reunirá con los demás coordinadores para considerar, conjuntamente, las acciones que propicien el mejor desarrollo de las labores de la cámara.

Los senadores y los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas ocuparán un lugar preferencial dentro del recinto parlamentario, igual consideración se guardará a los legisladores extranjeros que visiten la cámara.

DECRETO, EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero y único. Se reforman los artículos: 1o. párrafo segundo; 2o.; 5o. fracción I y II; párrafos sexto, séptimo y octavo; 6o. párrafo segundo; 10; 12; 13; 14; 15; 33 fracción V; 46; 47; 53; 66; 72 párrafos primero y segundo y las fracciones I, II, III y IV; 73; 76; 82; 89; 92; 101; 135; 136; 147 primer párrafo; 150; 156; 170; 198; 199; 200; 201; 202 y 204.

Y se adicionan los artículos: 5o. párrafo noveno; 28 párrafo cuarto; 33 fracción VI; 73 párrafo segundo; 190 párrafo segundo y 206 párrafo segundo.

Se derogan los artículos: 33 fracciones I, II, IV; 74 y 75.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor el mismo día que se apruebe en las cámaras de Diputados y Senadores. De acuerdo con su fundamento constitucional, artículo 70, y reglamentario, no podrá ser vetada ni necesita la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, por lo tanto, no requiere de su publicación en el Diario Oficial.

Rubricas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la instalación de las cámaras

Artículo 1o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia.

Artículo 2o. Cada cámara, antes de cerrar su último periodo constitucional de sesiones ordinarias, nombrará, de entre sus miembros, una comisión denominada instaladora, que estará integrada por cinco representantes que fungirán: el primero, como presidente; el segundo y el tercero como secretarios y los dos últimos como suplentes primero y segundo, quienes sólo entrarán en funciones en caso de falta absoluta de cualesquiera de los tres propietarios. Las facultades de esta comisión serán: firmar las tarjetas de admisión de los presuntos diputados a las juntas preparatorias y sesiones de colegio electoral (Se deroga), instalar la junta preparatoria o integrar la mesa directiva de la previa, en su caso, sujetándose a los preceptos que establecen las leyes sobre la materia.

Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. En la Cámara de Diputados se nombrarán por, mayoría de votos, tres comisiones dictaminadoras. La primera estará compuesta por 15 miembros divididos en cinco secciones, la que dictaminará sobre la legitimidad de la elección del resto de los miembros de la cámara electos por mayoría y la segunda formada por tres miembros, dictaminará sobre la elección de los presuntos diputados de la primera comisión y la tercera, integrada también por tres miembros, dictaminará sobre la votación total en el país y la elección de los diputados plurinominales.

II. En la Cámara de Senadores, también por mayoría absoluta de votos, se nombrarán tres comisiones dictaminadoras. La primera se integrará con cinco presupuestos senadores y la segunda con tres, que tendrán iguales funciones, respectivamente, que las de la Cámara de Diputados y la primera además, dictaminará sobre la legitimidad de los senadores de primera minoría, la tercera dictaminará sobre la elección de senadores plurinominales.

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La intervención de la tercera comisión se iniciará tan pronto como vayan siendo calificados los dictámenes de las dos primeras y una vez terminados todos los casos y conocido el resultado de la votación total en el país, formulará los dictámenes correspondientes a los diputados plurinominales.

En la de Senadores, se seguirá el mismo procedimiento que en la de Diputados se entregarán a la primera comisión los expendientes conforme al orden en que fueron recibidos y a la segunda le serán entregados los relativos a los integrantes de la primera. (Se deroga).

La tercera comisión actuará una vez que se conozca el resultado de la votación nacional.

El presidente de cada comisión firmará por su recibo en el libro de control.

Artículo 6o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tratándose de los diputados y senadores de mayoría, así como de los senadores de la primera minoría, los dictámenes serán elaborados unitariamente. En el caso de los diputados y senadores plurinominales, la tercera comisión formulará dictamen por cada partido político nacional que hubiese adquirido el derecho relativo.

Artículo 10. Enseguida de la protesta de los diputados y senadores se procederá, en cada cámara, a nombrar las respectivas mesas directivas, con lo que se tendrá por constituida y formada y así lo expresará el Presidente en alta voz, diciendo: "La Cámara de Senadores (o la Cámara de Diputados) de los Estados Unidos Mexicanos se declara legítimamente constituida".

Artículo 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 12. El día 1o. de septiembre, a las 11.00 horas, se reunirán las dos cámaras en el salón de sesiones de la de Diputados, para el solo efecto de la apertura del Congreso. Antes de que se presente el Presidente de la República, el Presidente de la Cámara de Diputados, que en ese acto lo es también del Congreso, hará, en alta voz, la siguiente declaración "El Congreso (aquí el número que corresponda) de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy (aquí la fecha), el periodo de las sesiones ordinarias del primero (segundo o tercero) año de su ejercicio".

Artículo 13. En los periodos siguientes al de la instalación del Congreso, la primera junta se verificará 10 días antes de la apertura de las sesiones y en ésta en aquéllas de las juntas posteriores en que hubiere quorum, se elegirá Presidente, vicepresidentes, secretarios y prosecretarios para el mes primero del periodo ordinario (Se deroga) las sesiones de un año, y después de declarar que la cámara queda legítimamente constituida para funcionar durante el periodo que corresponda se nombrarán las comisiones de que habla el artículo 11.

Artículo 14. La Cámara de Diputados, si aún no han sido resueltos los casos de los diputados plurinominales, podrá abrir sus sesiones y desarrollar sus trabajos con asistencia de más de la mitad de los diputados de mayoría. Clasificados Calificados que sean aquéllos, el quorum se formará con la mitad más uno de todos los diputados en ejercicio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De la Presidencia y vicepresidencia

Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El último día de cada mes, durante los periodos de sesiones, elegirá cada cámara un Presidente y dos vicepresidentes. El Presidente y los vicepresidentes de cada cámara tomarán posesión de sus respectivos cargos en la sesión siguiente a aquélla en que hubieren sido designados y durarán en ellos hasta un año. Dichos individuos no podrán ser reelectos para los mismos oficios en las sesiones de un año la misma legislatura.

El día anterior al de la apertura de los periodos ordinarios de sesiones de cada legislatura, con excepción del primero, que estará a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elegirá cada cámara un Presidente, los cuales durarán en su encargo un año, de igual forma, se designará un vicepresidente por cada fracción parlamentaria. El Presidente y los vicepresidentes de cada cámara tomarán posesión de sus cargos, en la siguiente sesión en la que fueron designados.

De las sesiones

Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las sesiones deberán transmitirse por radio y televisión.

Artículo 33. Se presentarán en sesión secreta:

I y II. Se derogan.

III. Los asuntos puramente económicos de la Cámara:

IV. Se deroga

V. Los asuntos relativos a las partidas secretas de los otros poderes.

VI. En general todos los demás que el pleno considere que deben tratarse en reserva.

Artículo 46. En las sesiones de apertura de los periodos constitucionales y en la protesta del Presidente de la República, los senadores y diputados asistirán en traje de calle, de preferencia obscuro.

Artículo 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sólo se concederán licencias por causas graves y cuando más a la cuarta parte de la totalidad de los miembros que deben componer la cámara, lo aprueben.

Artículos 53. Los secretarios del despacho, los jefes de los departamentos administrativos, los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, asistirán a las sesiones siempre que fueren enviados por el Presidente de la República o llamados por acuerdo de la cámara, en los términos que dispone la segunda parte del artículo 93 de la Constitución, sin perjuicio de la libertad que tienen de asistir, cuando quisieren, a las sesiones y si se discute un asunto de su dependencia tomar parte en el debate. (Se deroga).

De la iniciativa de las leyes de las comisiones

Artículo 66. Las comisiones permanentes serán: Agricultura y Fomento; Asistencia Pública; Aranceles y Comercio Exterior; Asuntos Agrarios; Asuntos Indígenas; Bienes y Recursos Nacionales; Colonización; Comercio Exterior e Interior; Corrección de Estilo; Correos y Telégrafos; Crédito Moneda e instituciones de Crédito; Defensa Nacional; Departamento del Distrito Federal; Economía y Estadística; Educación Pública; Ejidal; Ferrocarriles; Fomento Agrícola; Fomento Cooperativo; Gobernación; Comisión de Voceros: Gran Comisión; Hacienda; Impuestos; Industria Eléctrica; Industrias; Primera de Insaculación de Jurados; Segunda de Insaculación de Jurados; Justicia; Justicia Militar; Marina; Materiales de Guerra; Migración; Minas; Obras Públicas; Pesca; Petróleo; Planeación del Desarrollo Económico y Social; Previsión Social; Puntos Constitucionales; Reglamentos; Recursos Hidráulicos; Relaciones Exteriores; salubridad; Sanidad Militar; Seguros; Servicio Consular y Diplomático; Tierras Nacionales; Trabajo; Turismo y Vías Generales de Comunicación.

Artículo 72. Habrá una comisión de voceros en la Cámara de Diputados compuesta por los coordinadores de cada fracción parlamentaria y un número de diputados que los integren en los términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Los diputados y senadores de una misma entidad federativa formarán, en cada cámara, una comisión que estudiará las cuestiones relativas a su entidad de conformidad con las siguientes reglas.

I. Cada diputación nombrará entre sus miembros, en escrutinio y a mayoría de votos, a quien deba presidirla. La elección se efectuará en la sesión siguiente a la apertura del primer periodo de sesiones de cada legislatura.

II. Cuando una diputación conste solamente de dos diputados o cuando siendo más, sólo dos de los que deban componerla concurran a la sesión en que haya que nombrarse presidente, la presidirá aquél de los dos que designe la suerte.

III. En caso de que sólo se presente un diputado, éste será quien represente a su entidad.

IV. En el Senado se efectuará el mismo procedimiento entre los senadores de cada entidad federativa.

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 73. Para poder funcionar, nombrará la comisión de voceros entre sus miembros, un presidente que será designado por la fracción mayoritaria, el número de vicepresidentes será equivalente al número de fracciones partidistas representadas en la cámara y un secretario electo a mayoría de votos.

La primera vicepresidencia corresponderá a la primera minoría y así sucesivamente se otorgarán las demás en razón directa del número de representantes que cada partido tenga en la cámara.

Artículo 74. Se deroga, (pasa como facultad de la mesa directiva).

Artículo 75. Se deroga, (pasa como facultad de la mesa directiva).

Artículo 76. En el día siguiente al de la apertura de las sesiones del primer año, la comisión de voceros presentará a la cámara, para su aprobación, la lista de las comisiones permanente y la de los insaculados para el gran jurado, que se pondrán inmediatamente a discusión.

Artículo 82. Cuando uno o más individuos de una comisión tuvieran interés personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar y firmar el dictamen, y lo avisarán por escrito al Presidente de la cámara a fin de que sean sustituidos para el sólo efecto del despacho de aquel asunto.

Los diputados y senadores deben informar al Presidente de la Cámara, al inicio de la legislatura, sobre su participación en cualquier asociación o sociedad de carácter mercantil o civil.

Artículo 89. Las comisiones, por medio de su presidente, podrán pedir a cualesquiera archivos y oficinas de la nación, todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios y esas constancias les serán proporcionadas. No debe haber secretos para el Congreso, en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al Presidente de la República.

Artículo 92. Cualquier miembro de la cámara puede asistir sin voto a las conferencias de las comisiones, con excepción de las sesiones del gran jurado (se deroga) y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio.

De las discusiones

Artículo 101. La misma facultad que los individuos de comisiones y autores de proposiciones, tendrán los diputados que sean únicos por su entidad, en los asuntos en los que éstos estén especialmente interesados.De la revisión de proyectos de ley Artículo 135. Las cámaras procederán en la revisión de los proyectos de ley, de conformidad con lo que preceptúa sobre la materia el artículo 72 de la Constitución. Toda iniciativa será dictaminada por dos o más comisiones.

Artículo 136. Las observaciones o modificaciones hechas a un proyecto de ley por la cámara revisora o por el Ejecutivo, al volver a la de su origen, pasarán a las comisiones que dictaminaron y el nuevo dictamen de éstas, sufrirá todos los trámites que prescribe este Reglamento.

De las votaciones

Artículo 147. La votación nominal se hará por medio del dispositivo electrónico que para el efecto se instale en cada cámara, en caso de falla, se seguirá el siguiente procedimiento:

I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 150. La votación económica se practicará con el sistema electrónico instalado para el efecto en la cámara, en caso de falla se hará poniéndose en pie los individuos que aprueben y permaneciendo sentados los que reprueben.

Artículo 156. El Congreso de la Unión expedirá el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración de presidente electo al día siguiente de que reciba la comunicación correspondiente del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación de acuerdo con la ley electoral respectiva.

De las fórmulas para la expedición de las leyes

Artículo 170. Cuando el decreto se refiera al bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo, de que habla la fracción I del artículo 74.

Falta fórmula

Artículo 190. Los diputados y senadores tomarán asiento sin preferencia alguna.

Se deroga el segundo párrafo.

De la Oficialía Mayor y de la Tesorería

Artículo 198. Para la administración de los fondos del presupuesto del Congreso, tendrá cada una de las cámaras un oficial mayor y un tesorero que serán nombrados a propuesta de la comisión de voceros.

Artículo 199. El oficial mayor y el tesorero entrarán a ejercer su cargo otorgando la fianza correspondiente, con los requisitos y bajo la responsabilidad que para los de igual clase previenen las leyes, la vigilancia del manejo de la Oficialía Mayor y la Tesorería quedarán a cargo de la mesa directiva.

Artículo 200. Corresponde al oficial mayor:

I. Coordinar la aplicación del presupuesto anual de la cámara y llevar el registro de las operaciones inherentes.

II. Acordar con el Presidente de la Cámara, la expedición de los nombramientos de los empleados y funcionarios de la cámara, así como los movimientos de personal y la aplicación de estímulos, recompensas y sanciones procedentes.

III. Colaborar con la directiva para la administración de los recursos de la cámara y la prestación de los servicios generales.

IV. Coordinar las relaciones laborales de la cámara con sus empleados:

V. Las demás que le señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 201. Compete al tesorero de la cámara:

I. Aplicar el presupuesto anual aprobado de la cámara y llevar el registro contable a su ejercicio, informando mensualmente al comité de administración de la cámara sobre el mismo:

II. Efectuar el pago de las percepciones de los Diputados y del personal de la Cámara.

Artículo 202. Los tesoreros cobrarán y recibirán de la Tesorería de la Federación los caudales correspondientes al presupuesto de los gastos que los secretarios de cada cámara o los de la Comisión Permanente en su caso, le pasarán mensualmente. El tesorero hará los pagos de dietas, gastos y sueldos de los individuos y empleados de su respectiva cámara, los días designados para ese efecto. La comisión de administración formará mensualmente el presupuesto de sueldos y gastos de la Tesorería. Los tesoreros de ambas cámaras sólo están obligados bajo su más estricta responsabilidad a rendir cuentas del manejo de fondos de su respectiva Tesorería a la mesa directiva, a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la comisión de administración de la cámara correspondiente.

La remoción del oficial mayor y del tesorero se hará por la cámara, a moción de cualquier miembro de ella con plena justificación o por dictamen de la comisión de voceros.

Artículo 204. En caso de fallecimiento de un diputado o senador en ejercicio, la comisión de administración tendrá la obligación de dar orden a la tesorería para que se ministre inmediatamente a la familia del finado la suma correspondiente a seis meses de la dieta que percibía, para gastos mortuorios. Cuando el que fallezca sea un empleado, la ministración será la cantidad equivalente a seis meses del sueldo que percibía.

De las galerías

Artículo 206. Habrá en las galerías un lugar especialmente destinado al cuerpo diplomático y otro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los gobernadores de los estados y demás funcionarios públicos.

Los senadores y los integrantes de las legislaturas de las entidades federativas ocuparán un lugar preferencial dentro del recinto parlamentario, igual consideración se guardará a los legisladores extranjeros que visiten la cámara.

DECRETO EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo primero y único. Se reforman los artículos: 1o. párrafos segundo; 2o., 5o., fracción I y II; párrafos sexto, séptimo y octavo; 6o. párrafo segundo; 10, 12, 13, 14, 15, 33 fracción V; 46, 47, 53, 66, 72, parrafos Primero y Segundo las fracciones I, II, III y IV; 73; 76, 82 89 92, 101, 135, 136, 147, párrafo primero, 150, 156, 170, 198, 199, 200, 201, 202 y 204.

Y se adicionan los artículos: 5o. párrafo noveno; 28 párrafo cuarto; 33 fracción VI; 73 párrafo segundo; 190 párrafo segundo y 206 párrafo segundo.

Se derogan los artículos: 33 fracciones I, II, IV; 74 y 75.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. Este decreto entrará en vigor el mismo día que se apruebe en las cámaras de Diputados y Senadores de acuerdo con su fundamento constitucional, artículo 70, y el reglamentario, no podrá ser vetada ni necesita la promulgación del Ejecutivo para tener vigencia, por lo tanto, no requiere de su publicación en el Diario Oficial.

Diputados: Antonio Tenorio Adame y José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza.

La Presidenta:

Tiene la palabra, para rectificar hechos, el compañero diputado Rascón, hasta por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova:

Compañeros diputados, muy brevemente.

Sólo vengo a esta tribuna a expresar mi dolor y luto que comparten seguramente millones de mexicanos, por la muerte del liberalismo y la laicicidad de este Congreso.

Transitoriamente la visión más conservadora, la de peor tradición en el país, se ha impuesto. Con respeto verdadero a las creencias religiosas de ustedes, mi familia, de todos los mexicanos, protesto enérgicamente por los acuerdos del Gobierno Federal, la Secretaría de Gobernación con la alta jerarquía de la iglesia para abrir los medios de comunicación masiva a esta institución, pues establece más allá del contenido de sus mensajes, el precedente en contra de las responsabilidades que le corresponden al Estado y al conjunto de la sociedad mexicana en materia educativa, el siglo pasado nos ha alcanzado y las implicaciones serán desastrosas para la unidad del país.

Protesto enérgicamente en contra de la decisión que impuso que no se reuniera el Congreso el día de mañana por motivos religiosos. Protesto por la muerte del liberalismo mexicano. Invito a todos los diputados defensores de la laicicidad del Congreso, a que el día de mañana a las 11:00 horas, nos presentemos en nuestro recinto, en este recinto a trabajar normalmente, no atendiendo la suspensión de los trabajos porque este Congreso está para unir y no para dividir ¡Viva Juárez:

La Presidenta:

Ruego a la Secretaría tomar nota de la iniciativa del diputado Tenorio Adame, para turnarlo a las comisiones de Reglamento y Práctica Parlamentaria.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta:

El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 1997.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1997

Honorable Asamblea: de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó, el pasado 7 de noviembre del año en curso, en tiempo y forma a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997.

Este contiene las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, que envió el propio Ejecutivo, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 7o. y 27 de la Ley de Planeación.

En atención a lo previsto en los artículos 48, 49, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta comisión dictaminadora procedió a analizar la documentación referida, así como la información obtenida en la comparecencia ante esta soberanía del Secretario de Hacienda y Crédito Público y en las reuniones celebradas con funcionarios de las distintas dependencias del Ejecutivo Federal, en donde se discutió la política general de gasto, su orientación y las políticas sectoriales que se contemplan para el ejercicio fiscal de 1997.

Con estos antecedentes y a partir de los argumentos, opiniones y propuestas de las diversas fracciones parlamentarias que integran esta Comisión Dictaminadora, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DICTAMEN

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 contempla una serie de acciones en materia de fomento productivo, impulso al bienestar social y fortalecimiento del estado de derecho, encaminadas a dar sustento a la estrategia de crecimiento económico en el próximo ejercicio fiscal.

El propósito de este conjunto de acciones es ampliar la capacidad productiva de la economía mexicana, a partir de la elevación del ahorro interno, el impulso a la inversión en infraestructura y la mejor utilización del gasto público. Se busca con ello, expandir la demanda interna para elevar el empleo y mejorar el nivel de vida de la población.

I. Lineamientos de política fiscal para 1997.

Los objetivos centrales de la política fiscal para 1997 son los siguientes:

1. Impulsar el crecimiento económico, a través de aumentar la inversión en infraestructura y de otorgar estímulos a la misma y al empleo.

2. Elevar y mejorar la asignación de recursos para el desarrollo social y la prestación eficiente y oportuna de los servicios que son responsabilidad del Estado.

3. Limitar las erogaciones corrientes que no estén relacionadas con los programas sociales ni con la producción de bienes y servicios básicos.

II. La política general de gasto público.

La política de gasto público que el Ejecutivo Federal propone para el ejercicio fiscal de 1997, se orienta a la consecución de los siguientes objetivos:

a) Promover el crecimiento económico:

b) Elevar las condiciones de vida y de bienestar de la población:

c) Aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos.

Dada la naturaleza del gasto público como el instrumento redistributivo por excelencia de la política económica, la propuesta del Ejecutivo Federal busca adecuar el nivel y composición de las erogaciones públicas con una disponibilidad no inflacionaria que permita su financiamiento perdurable en el tiempo.

Así, los recursos presupuestarios se orientarán de manera predominante a aumentar la inversión pública en aquellas actividades en las que el sector público es directamente responsable; a fomentar las actividades productivas y la generación de empleo en los sectores económicos con mayor impacto social y a fortalecer los sistemas de seguridad pública y de impartición de justicia.

Con el propósito fundamental de promover un crecimiento económico estable y duradero, fomentar el desarrollo social en regiones y sectores marginados, impulsar el desarrollo rural, la producción y productividad del sector agropecuario y avanzar en la modernización de la estructura productiva del país, las acciones estratégicas de la política de gasto que propone el Ejecutivo Federal se dirigirán a:

Preservar en la disciplina presupuestal para lograr los resultados fiscales que promuevan el ahorro interno, el financiamiento de las reformas a la seguridad social y de salud, y el control de las erogaciones corrientes prescindibles:

Impulsar proyectos de infraestructura básica en sectores clave como el energético, en comunicaciones y transportes e infraestructura hidroagrícola:

Promover condiciones que permitan impulsar el desarrollo rural y acrecentar la producción y elevar la productividad del sector agropecuario, a fin de propiciar mejores condiciones de vida de sus habitantes:

Reasignar recursos hacia los proyectos estratégicos y destinar una mayor proporción del gasto programable a los programas de desarrollo social, particularmente los relacionados con la elevación permanente de las capacidades de los individuos para así tener más y mejores oportunidades de superación personal:

Canalizar recursos crecientes para la atención integral de las necesidades de alimentación, salud y educación de los grupos más desprotegidos, que se traduzcan en la elevación de sus niveles de ingreso y de acceso a la infraestructura social:

Destinar mayores recursos a la modernización del sistema nacional de seguridad pública, al fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones políticas que participen en los procesos electorales:

Continuar con el diseño e implantación de indicadores de desempeño de los diversos programas gubernamentales, con el objeto de mejorar la evaluación objetiva de la eficiencia y eficacia con que se ejercen los fondos del erario público:

Avanzar y consolidar el proceso de descentralización presupuestal hacia las órdenes de gobierno locales, a efecto de elevar la eficiencia del gasto público y acercar las soluciones al ámbito donde surgen las demandas sociales.

III. Estructura general del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El gasto neto total del sector público que se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 1997, asciende a 725 mil 790 millones de pesos, cifra superior en 5.2% en términos reales a la estimada para el cierre de 1996. Como proporción del producto interno bruto (PIB), esta magnitud representa el 23.4%.

De este monto, el 83.5 % se destinará al gasto primario y el 16.5% restante a sufragar el costo financiero de la deuda pública presupuestaria.

El gasto primario que el Ejecutivo Federal propone es de 606 mil 096 millones, mayor en 3.9% real con relación al cierre esperado para 1996 y un 19.6 % como proporción del PIB.

El gasto programable del sector público bajo control directo presupuestario ascenderá a 506 mil 693 millones de pesos, proporción que representará el 16.1% del PIB (si se excluye la reforma a la seguridad social) y de 16.4% del producto (si se incluye el costo de dicha reforma).

Las participaciones a entidades federativas y municipios que se estiman serán de 87 mil 548 millones de pesos, lo que representará un incremento real del 4.3% con respecto al cierre estimado para 1996 y un 14.4% en el total del gasto primario.

El pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores se estima que alcanzarán los 11 mil 855 millones de pesos, cantidad menor en 6.2% real a la del cierre previsto en 1996 y equivalente al 0.4% del PIB.

Deuda Pública

En 1997, la política de deuda pública se adecuará al cumplimiento de los siguientes objetivos: disminuir el costo del financiamiento del sector público; extender la estructura de vencimientos de las obligaciones públicas y reducir la vulnerabilidad frente a fluctuaciones en tasas de interés, paridades cambiarias y variaciones repentinas en la composición de la tenencia de los títulos de deuda.

El costo financiero de la deuda pública presupuestaria se estima en 119 mil 694 millones de pesos por concepto de pago de intereses y comisiones, monto que representará el 3.9% del PIB. De ese total, el costo del financiamiento interno significará el 49.9%, mientras que el externo el 50.1% restante.

Al Gobierno Federal le corresponderán 101 mil 624 millones de pesos y al sector paraestatal bajo control directo presupuestario 18 mil 070 millones de pesos, montos que experimentan una variación real del 18.0% y un decremento del 12.9% en términos reales, respectivamente, con relación al cierre previsto en 1996.

Presupuesto de Egresos de los poderes del Estado y órganos autónomos

Dentro del gasto primario, el gasto programable de los poderes Legislativo y Judicial y el de los órganos autónomos del Estado, sin incluir al Poder Ejecutivo Federal, asciende a 9 mil 314 millones de pesos, lo que representará una variación en términos reales del 21.2% con respecto al cierre estimado en 1996.

El proyecto de presupuesto que presenta el Poder Legislativo en 1997, asciende a 1 mil 919 millones de pesos y supondrá un incremento real del 3.7% respecto al cierre esperado en 1996. El gasto directo de administración asciende a 1 mil 867.6 millones de pesos para atender la operación de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como las actividades de fiscalización de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El proyecto de presupuesto que envía el Poder Judicial contempla un gasto programable total por 3 mil 720 millones de pesos, importe mayor en 22.4% en términos reales al cierre estimado de 1996, para impulsar la modernización de la función jurisdiccional.

En el marco de las nuevas responsabilidades que la legislación les confiere a los órganos electorales, el Instituto Federal Electoral propone un presupuesto de 3 mil 065 millones de pesos para la organización del proceso electoral de 1997 y el Tribunal Federal Electoral una propuesta de gasto por 231 millones de pesos para instaurar cinco salas regionales y hacerse cargo de sus nuevas competencias tras su incorporación al Poder Judicial. Dichos montos representan una variación real de 35.4% y de 12.5%, respectivamente, con relación a la estimación del presupuesto ejercido en 1996.

La propuesta presupuestal de los tribunales agrarios es de 217 millones de pesos, superior en 13.5% a la previsión de cierre estimado del presente año, en apoyo al sistema de impartición de justicia en materia agraria y a la continuación del proceso de regularización de la propiedad de la tierra.

El Tribunal Fiscal de la Federación propone un presupuesto de 161 millones de pesos para 1997, lo que representa un incremento del 23.3% en términos reales, para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y la creación de cuatro nuevas salas regionales que permitan agilizar el desahogo de los asuntos de su competencia en materia de justicia fiscal.

El proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo Federal asciende a 497 mil 379 millones de pesos, monto superior en 3.9% en términos reales al del cierre estimado para 1996. De ese total, se propone que el Gobierno Federal ejerza 266 mil 785 millones de pesos, superior en 8.0% real y los organismos y empresas paraestatales bajo control presupuestal directo un gasto de 230 mil 594 millones de pesos, lo que constituye un decremento real de 0.5%, en relación con el presupuesto de cierre previsto para el año en curso.

Para 1997, el gasto corriente de los poderes del Estado y órganos autónomos ascenderá a 403.0 mil millones de pesos. Dicho monto representará un incremento real de 8.2% con respecto al ejercicio fiscal del año anterior y como proporción del PIB significará un 13.0%, porcentaje superior en 0.5 puntos porcentuales respecto de 1996.

Los servicios personales representarán el 49.7% del gasto corriente. Para 1997 ascenderán a 200 mil 216 millones de pesos, cifra superior en 4.1% en términos reales con respecto al cierre esperado para este año.

Las erogaciones por materiales y suministros serán de 32 mil 625 millones de pesos, lo que constituye un incremento real de 8.0% como resultado de la ampliación prevista en la cobertura de los programas gubernamentales y en los requerimientos de materias primas e insumos que requiere el sector paraestatal para expandir su producción.

En materia de servicios generales, se prevé una erogación de 91 mil 206 millones de pesos, monto superior en 10.0% real y que representa el 18.0% respecto del total del gasto programable. Esta variación se debe a que el pago de pensiones aumentará a una tasa real anual del 27.4%. Cabe señalar que en este capítulo de gasto, se incluye el costo de la reforma a la seguridad social, la cual se estima ascenderá a 0.6% del PIB.

Respecto del gasto de capital del sector público, se propone para 1997 un monto de 99 mil 300 millones de pesos con recursos presupuestarios, superior en un 2.3% real a la del cierre estimado para 1996. Así, la inversión física del sector público representará el 3.2% del PIB.

Subsidios y transferencias presupuestarias

Los subsidios y transferencias estatutarias a organismos y empresas de control directo que se proponen para 1997, ascenderán a 35 mil 371 millones de pesos. De ese total, el 51.6% se destinará a cubrir el costo de la reforma de la seguridad social, por lo que se transferirán 18 mil 238 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El restante 48.4% se transferirá para apoyar la operación y cubrir los subsidios que otorgan a consumidores los organismos y empresas sujetos a control presupuestal. Dicho monto ascenderá a 17 mil 138 millones de pesos, lo que representa un decremento real de 1.9% con respecto al ejercicio de 1996.

Los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, a los productores de maíz y al consumo de la tortilla, se estima que ascenderán a 11 mil 865 millones de pesos, lo que representará un incremento real del 5.9% en relación al cierre previsto del año en curso.

Debe advertirse que los subsidios al consumo de la tortilla se otorgan actualmente de manera generalizada a toda la población, independientemente de su capacidad económica, requiriendo imprimirles el direccionamiento necesario para que sólo beneficien a la población que realmente los requiere. El Ejecutivo Federal deberá procurar que se apliquen en el transcurso de 1997 las disposiciones normativas establecidas en el artículo 63 de este decreto.

Se propone que el Gobierno Federal transfiera a Ferrocarriles Nacionales de México un total de 5 mil 754 millones de pesos para apoyar la operación del organismo, cubrir la nómina de pensiones, ejecutar proyectos de inversión física en mantenimiento y atender el servicio de su deuda.

Las transferencias a caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos ascenderán a 137.9 millones de pesos en apoyo a la inversión financiera que el organismo habrá de realizar en 1997, monto que representará un decremento del 91.4% respecto al cierre del presente año.

IV. Análisis de la distribución del gasto programable.

A) Nivel de gasto

El proyecto de presupuesto para la administración pública centralizada considera un nivel de gasto programable por 310 mil 514 millones de pesos, monto superior en 11.5% en términos reales con respecto al cierre estimado para 1996. De ese total, el 83.5% corresponderá a gasto corriente, en el cual están incluidos 25 mil 067 millones de pesos por las cuotas derivadas de la reforma a la seguridad social y el restante 16.5% será gasto de capital. Respecto de la inversión física, se tiene proyectado un incremento real del 6.4% respecto al ejercicio anterior.

La propuesta de gasto de los organismos y las empresas del sector paraestatal sujetas a control presupuestario directo asciende a 230 mil 594 millones de pesos. De esa cantidad, el 76.7% se destinará a gasto corriente y el restante 23.3% a gasto de capital. La inversión física que se propone que erogarán, será de 50 mil 788 millones de pesos, superior en 3.5% en términos reales a la ejercida en 1996.

B) Asignación sectorial del gasto programable

De acuerdo a la clasificación sectorial del gasto programable, la propuesta del Ejecutivo Federal contempla un ejercicio por valor de 497 mil 379 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 3.9% frente al cierre de 1996. Como porcentaje del PIB, representará el 16.1%.

El proyecto de presupuesto en desarrollo social ascenderá a 277 mil 420 millones de pesos, superior en 9.3% en términos reales al del cierre estimado en 1996. Este nivel de gasto representará el 55.8% del gasto programable presupuestal. Con este monto se pretende mejorar los programas de salud e higiene, educación y vivienda, así como promover el desarrollo de las regiones.

Para el subsector educación, se propone un monto de 118 mil 099 millones de pesos, lo que significará un crecimiento real de 7.2% y un 23.7% de participación en el total del gasto programable para 1997. La política de gasto se orientará a lograr una educación de calidad y con cobertura en todos los niveles, dando especial atención a los programas compensatorios dirigidos a los grupos y regiones con mayor rezago. Asimismo, se habrá de continuar con la reforma integral de contenidos y materiales educativos y el reforzamiento de las acciones para la actualización y capacitación del magisterio.

El proyecto contempla destinar a la educación básica el 60.0%; a la educación media superior el 13.2% y a la educación superior y posgrado el 15.0%, del total asignado al subsector.

Por su parte, las aportaciones para educación básica en los estados, que a partir del próximo ejercicio comprenden, además, los servicios en el Distrito Federal, sumarán los 58 mil 433 millones de pesos.

El presupuesto conjunto que se propone para los subsectores salud y seguridad social ascenderá a 121 mil 645 millones de pesos, lo que representará el 24.5% del gasto programable sectorial y un aumento de 14.5% en términos reales respecto al gasto previsto en 1996.

El gasto en salud se incrementará un 7.1% real para extender y mejorar la calidad de los servicios. En relación al Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), se propone aumentar en 51.7% su presupuesto para atender a 2.2 millones más de personas y extender su ámbito de aplicación de 11 a 18 entidades federativas. Continuarán las acciones para consolidar la descentralización de los servicios de salud a los gobiernos locales, con lo cual, la asignación de recursos que habrán de descentralizarse ascenderá a 10 mil 756 millones de pesos.

Por otra parte, el gasto en seguridad social experimentará un aumento real de 25.4%. El 41.4% del gasto total asignado al subsector se destinará a cubrir las prestaciones económicas del IMSS y del ISSSTE. El nuevo esquema de financiamiento del sistema de seguridad social, que eleva las aportaciones del Gobierno Federal y el pago de prestaciones previstas por la nueva Ley del Seguro Social, requerirá de una asignación presupuestal de 54 mil 123 millones de pesos, con lo cual aumentará su participación a 10.9% dentro del gasto programable del Gobierno Federal.

En relación al subsector laboral, se propone un presupuesto de 2 mil 323 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 3.0% en términos reales respecto a 1996. La mayor parte de estos recursos se destinarán al otorgamiento de 1 millón de becas. Asimismo, se contempla reforzar las acciones para mejorar los sistemas de justicia laboral, seguridad e higiene en los centros de trabajo, así como los servicios de atención del Servicio Nacional de Empleo.

Se propone que el subsector abasto y asistencia social ejerza un presupuesto total de 13 mil 025 millones de pesos, lo que representará un crecimiento real de 1.9% con respecto a 1996. Se espera así continuar ampliando la cobertura de los programas alimentarios y de bienestar social para familias de bajos ingresos.

La propuesta contempla integrar las acciones en materia de alimentación, salud y educación para que sus beneficios tengan mayor impacto en el medio rural. A este propósito, se contempla destinar 1 mil 350.0 millones de pesos, que permitirán atender a 400 mil familias, otorgar 5 millones de consultas médicas y ofrecer 600 mil becas educativas. Se sugiere un monto de 6 mil 260 millones de pesos para continuar canalizando los subsidios alimentarios a familias de escasos recursos.

En el subsector de desarrollo regional y urbano se contempla una asignación de 22 mil 329 millones de pesos para promover la vinculación de las regiones de acuerdo a su potencial y vocación productiva, así como la reordenación urbana de las ciudades medias. Dentro de esta estrategia, el Ejecutivo Federal propone fortalecer las acciones de coordinación para superar la pobreza. Dentro del ramo presupuestal respectivo, se contempla un presupuesto de 12 mil 650 millones de pesos para impulsar los programas sociales de dotación de servicios básicos con los apoyos productivos y acciones de empleo en las regiones de mayor rezago. Por otra parte, se somete a la consideración de esta soberanía una inversión de 568 millones de pesos para la realización de 217 obras de infraestructura y equipamiento urbano en el Programa de Cien Ciudades.

En materia de vivienda se propone una reorientación de los programas para promover la desgravación y desregulación de la construcción de espacios habitacionales, así como apoyar la adquisición de vivienda de interés social. Se sugiere una asignación de 600.0 millones de pesos para iniciar estas acciones, a través del Fondo Bancario de Operación de Vivienda (Fovi), con independencia de otros programas a cargo de organismos y entidades del sector paraestatal.

Para la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se propone un gasto de 2 mil 732 millones de pesos, superior en 31.7% en términos reales al del cierre previsto en 1996.

La política en materia de desarrollo agropecuario se orientará a hacer más eficiente la estructura productiva, elevar la producción y la rentabilidad del sector. La propuesta de gasto contempla erogaciones por 31 mil 129 millones de pesos para el fomento productivo y la ejecución de acciones de amplia cobertura para la agricultura y ganadería, la modificación de esquemas de comercialización y el desarrollo tecnológico.

Dentro de los principales programas productivos, destacan la Alianza para el Campo con una estimación de gasto de 1 mil 559 millones de pesos para 22 proyectos de inversión; las obras de infraestructura hidroagrícola por un monto estimado de 2 mil 419 millones de pesos y la construcción de caminos rurales con un gasto estimado en 760.0 millones de pesos. Asimismo, en el próximo ejercicio, se propone destinar 300.0 millones al Programa de Empleo Temporal en Actividades Agrícolas para generar 17.6 millones de jornales, así como 223.0 millones de pesos para impulsar nuevos esquemas de apoyo al sector forestal.

Para 1997, el Programa de Apoyo Directo al Campo (Procampo) planea como meta atender 13.9 millones de hectáreas, de las cuales, 2.6 millones corresponden al ciclo otoño-invierno de 1996-1997 10.8 millones al ciclo primavera-verano 1997, y 0.5 millones de hectáreas al ciclo otoño-invierno 1997-1998. Por otra parte, se asignará 792 millones de pesos a las acciones de regularización de propiedades, a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).

Debe señalarse, que si bien, este monto de recursos implica un gran esfuerzo presupuestal, el sector rural requiere de un mayor apoyo de recursos a causa del rezago acumulado que manifiesta su estructura productiva y a la drástica caída de rentabilidad y nivel de capitalización que ha venido padeciendo. En base a este reconocimiento, se le deberán canalizar los recursos adicionales que se obtengan de los ingresos federales y del ahorro que resulte del ejercicio presupuestario de 1997, de conformidad con los artículos 37, 63 y sexto transitorio del presente decreto. Estos montos se orientarán a proyectos productivos de desarrollo rural y a programas de fomento productivo, como Alianza para el Campo, obras de irrigación menor, etcétera.

La propuesta de presupuesto para el sector medio ambiente y pesca ascenderá a 8 mil 549.4 millones de pesos, lo que representará un crecimiento real de 4.2% y una participación de 1.7% en el gasto programable total. La inversión física se elevará en un 14.0% real respecto de 1996. Así, la política de medio ambiente y ecología se orientará a mejorar los mecanismos de conservación y uso racional de los recursos naturales y promover la infraestructura ambiental. De manera especial, esta dictaminadora considera necesario fortalecer las asignaciones presupuestarias para programas y proyectos en materia de investigación y uso de la biodiversidad. En relación a la actividad pesquera y acuícola, se impulsarán acciones para el desarrollo ordenado de las actividades económicas y de investigación científica, y se canalizarán financiamientos por 650.0 millones de pesos en favor de los productores del sector.

En el sector comunicaciones y transportes, se propone un presupuesto de gasto programable que ascenderá a 19 mil 876 millones de pesos para fortalecer la infraestructura aeroportuaria, carretera y ferroviaria del país, así como para promover un servicio moderno de telecomunicaciones.

Del total de la inversión física presupuestaria del sector, el 60% se destinará para el avance y conclusión de proyectos de infraestructura carretera. Se tiene previsto un presupuesto de 2 mil 491 millones de pesos para reconstruir 1 mil 600 kilómetros de carreteras y 176 puentes, así como para trabajos de conservación de la red federal y de los caminos rurales en apoyo de la estrategia de generación de empleo en el ámbito regional. En materia ferroviaria, se continuará con los proyectos de mantenimiento en 6 mil 500 kilómetros de la red para satisfacer la demanda de transporte en el servicio de pasajeros y de carga. En el subsector de telecomunicaciones, se seguirá impulsando la introducción de nuevas líneas de tecnología digital, así como la promoción de esquemas de apoyo fiscal para ampliar los servicios en el medio rural.

En el proyecto de presupuesto para 1997, el sector energético tiene previsto ejercer recursos por 112 mil 540 millones de pesos, un 22.6% del total del gasto programable. Más de la mitad de la inversión del Gobierno Federal, se concentrará en este sector para apoyar el abasto de insumos básicos como combustibles y electricidad para la planta productiva y los hogares, así como para mantener al sector como uno de los principales generadores de divisas en el país.

El subsector petrolero tiene proyectado ejercer un gasto programable de 65 mil 474 millones de pesos para incrementar un 7.9% la plataforma de producción y un 9.5% la de exportación de crudo. En el subsector eléctrico, se propone un nivel de gasto de 65 mil 537 millones de pesos para ampliar la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía.

En el sector Gobierno, fuerzas armadas y procuración de justicia, se tiene estimado un presupuesto de 31 mil 036 millones de pesos, superior en un 2.4% real, en apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mejoramiento del sistema penitenciario, la modernización del sistema de procuración de justicia y los programas de protección a la ciudadanía ante la eventualidad de desastres naturales.

En materia de descentralización del gasto federal, el proyecto contempla la transferencia de recursos presupuestarios a los estados y municipios por un monto de 96 mil 733 millones de pesos, a fin de que su ejercicio en el ámbito local se concentre en cinco sectores específicos relacionados con el combate a la pobreza y el desarrollo de la infraestructura social; el desarrollo agropecuario; la salud y seguridad social; la educación y en comunicaciones y transportes.

Dicho monto será un 12.4% mayor en términos reales al ejercido en 1996. Esta cantidad, sumada a las participaciones a estados y municipios que ascenderán a 87 mil 548 millones de pesos, significa que los gobiernos locales ejercerán 184 mil 281 millones de pesos. El Gobierno Federal, por su parte, y una vez deducidos los recursos descentralizados, ejercerá un total de 170 mil 019 millones de pesos.

V. Aspectos generales de la política de aliento a la inversión productiva.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 se contemplan una serie de previsiones y una nueva modalidad de registro presupuestal para impulsar la inversión y el fomento de las actividades productivas, de conformidad con las reformas aprobadas por el honorable Congreso de la Unión a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Se espera que la inversión alentada por el sector público ascienda en total a 123 mil 178 millones de pesos, de los cuales, 99 mil 230 millones de pesos será presupuestaria (80.6% del total). Los restantes 23 mil 878 millones de pesos (19.4% del total) serán financiados por el sector privado y se dirigirán a proyectos de infraestructura en actividades prioritarias y estratégicas, de conformidad con el nuevo marco legal para el financiamiento de proyectos de inversión de esta naturaleza. La propuesta considera que este agregado de la inversión total para el fomento de actividades productivas crecerá un 26.7% en términos reales con respecto al del año anterior.

En relación con la inversión presupuestaria, se prevé que el 60.0% la realicen los organismos y empresas paraestatales y el 40.0% restante el Gobierno Federal y entidades de control indirecto. En términos de su participación en el producto nacional, la inversión presupuestaria representará el 3.2% y la financiada un 0.8% adicional.

Se contempla que la inversión impulsada por el sector público se concentrará fundamentalmente en los rubros de hidrocarburos, electricidad, comunicaciones y transportes e infraestructura hidráulica. El total de la inversión física en estas actividades ascenderá a 84 mil 329.1 millones de pesos, lo que representará un 68.5% del monto global, equivalente al 2.7% del PIB esperado para el próximo año.

VI. Resultado presupuestario del Ejercicio Fiscal.

Durante 1997, las finanzas públicas deberán enfrentar el doble reto de fortalecer sus fuentes de ingreso y racionalizar el ejercicio del gasto público, a fin de ampliar el nivel de ahorro interno y alentar la inversión productiva en favor de una estrategia de crecimiento económico sustentable.

Asimismo, en el próximo año, las finanzas públicas absorberán los costos de la reforma a la seguridad social, los programas de apoyo a deudores y de saneamiento financiero, en una magnitud que se estima que será equivalente a 1.32 puntos porcentuales del PIB.

En este sentido, el balance primario del sector público consolidado ascenderá a 104 mil 403.6 millones de pesos, equivalente a 3.4% del PIB, como resultado del superávit primario que registrarán la administración pública centralizada (incluyendo a los poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos), así como las entidades paraestatales sujetas a control directo.

Al contrastar el superávit primario con el costo financiero de la deuda pública (3.9% del PIB), se estima que se registrará un déficit en el balance económico del sector público consolidado por 15 mil 890 millones de pesos, equivalente al 0.5% del PIB en 1997.

VII. Modificaciones y adiciones que se proponen al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1997.

En el seno de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al efectuar el examen y discusión del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, enviado por el Ejecutivo Federal a la consideración y, en su caso, aprobación de esta Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en la fracción IV, párrafos primero y segundo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surgieron diversas observaciones y propuestas como resultado de la discusión plural y respetuosa sostenida por los legisladores de las cuatro fracciones parlamentarias con los representantes del Poder Ejecutivo.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora analizaron con detenimiento cada una de las propuestas formuladas, y como resultado del trabajo conjunto efectuado, estiman conveniente proponer al pleno de esta Asamblea la modificación a 13 artículos del proyecto de decreto y la adición de cinco artículos transitorios al mismo, de conformidad con lo siguiente:

1. Reformar el artículo 3o. de este proyecto, en virtud de que el Plan Nacional de Desarrollo establece prioridades, objetivos y metas de carácter vinculante para el Poder Ejecutivo Federal, por lo cual se realiza la adecuación correspondiente a efecto de precisar su aplicación y observancia, en los términos de la legislación aplicable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. En la ejecución del Gasto Público Federal, las dependencias y entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

2. Reformar el artículo 15, párrafo cuarto de este proyecto, para establecer la obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reporte de la asignación y distribución de los recursos destinados como apoyo federal a estados y municipios, provenientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de informar de ellos a la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El apoyo federal a estados y municipios será asignado y canalizado por la Secretaría, por conducto de las dependencias ejecutoras, a partir de los criterios de asignación y distribución que proponga el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con las fórmulas de cobertura que recomiende su secretariado ejecutivo, el cual propondrá los criterios de seguimiento y evaluación que se incorporarán a los convenios de coordinación que celebre la Secretaría y las dependencias ejecutoras con los gobiernos de las entidades federativas. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del secretariado ejecutivo, deberá entregar a la Secretaría un reporte de la asignación y distribución de los recursos, para los efectos del informe trimestral a la Cámara de Diputados a que se refiere el artículo 75 de este decreto.

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3. Reformar el artículo 16, párrafo cuarto de este proyecto, para omitir la referencia de la vigilancia e inspección por parte de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo al ramo 00028, participaciones a entidades federativas y municipios, con el objeto de hacer congruente el sistema de control entre los órdenes de Gobierno, para quedar como sigue:

Artículo 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones, realizará la inspección y vigilancia del ejercicio del ramo 00025, aportaciones para educación básica en los estados y para los servicios en el Distrito Federal.

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4. Reformar el artículo 17, párrafos tercero, décimo y decimoprimero de este proyecto, para especificar que la Secretaría de Desarrollo Social, deberá dar cuenta a la comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la fórmula y metodología utilizada para la distribución de los recursos a que se refiere dicho artículo, para quedar como sigue:

Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El fondo de desarrollo social municipal se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a una fórmula basada en indicadores de pobreza. Antes del 31 de enero de 1997, la Secretaría de Desarrollo Social dará cuenta a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, de la fórmula y metodología utilizada. Asimismo, antes de dicha fecha, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación la fórmula y metodología respectiva, así como la asignación presupuestaria que corresponda a los estados para 1997.

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Asimismo, se define el mecanismo para que, a través de convenios entre los estados y la Secretaría de Desarrollo Social, se reasignen los recursos cuyo ejercicio no haya sido aprobado al 30 de septiembre de 1997, dándole la participación que corresponda a los estados.

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Cuando al 30 de septiembre de 1997, no se hayan aprobado la totalidad de las obras y acciones a desarrollar con dichos recursos o cuando se determine que éstas no serán ejercidas por causas imputables a las instancias ejecutoras del gasto o al comprobar incumplimiento o desviaciones en la utilización de los recursos, la Secretaría de Desarrollo Social convendrá con los estados, en el marco de los convenios de desarrollo social, la reasignación de los recursos del fondo de desarrollo social municipal hacia otras prioridades dentro de los municipios del mismo Estado.

Para el control de los recursos del ramo 00026, superación de la pobreza asignados a las entidades federativas, la Contraloría convendrá con los gobiernos estatales o sus dependencias facultadas en la materia, las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como del programa acordado en el marco del convenio de desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Social, la Contraloría y los gobiernos estatales y municipales promoverán la participación ciudadana en el destino, aplicación y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.

5. Adicionar un Capítulo III "De la reasignación del gasto público federal", que agrupe a los artículos 21 a 23 de este proyecto, a efecto de lograr mayor congruencia en la regulación de esta materia, así como invertir el orden de los artículos 22 y 23 para hacer estos principios acordes con las etapas presupuestarias, para quedar como sigue

CAPITULO III

De la reasignación del gasto público federal

6. Reformar el artículo 21 de este proyecto, modificando en el párrafo primero el artículo de referencia, para pasar de 23 a 22; incorporando en el párrafo segundo la referencia al artículo 23; e incorporando, en el párrafo cuarto, el concepto de indicadores de desempeño, para asegurar un ejercicio del gasto público federal más eficiente y eficaz, para quedar como sigue:

Artículo 21. Para la reasignación del gasto público federal a las entidades federativas y de las funciones y responsabilidades inherentes a dicha reasignación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, la Contraloría y las dependencias encargadas de programas y gastos que se reasignen, celebrará convenios con los gobiernos estatales conforme a lo que establece el artículo 22 de este decreto, para determinar los recursos a reasignar, procurando que su distribución se efectúe con base en una fórmula y criterios que aseguren transparencia en su aplicación.

En los convenios a que se refiere este artículo se señalarán las funciones específicas que competa realizar a los estados y a la Federación, así como la reasignación del personal y de los recursos financieros y materiales; y se establecerá la responsabilidad de las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes en la administración de estos recursos. Asimismo, el control, vigilancia y evaluación de los mismos, corresponderá al órgano de contraloría estatal, sin perjuicio de las atribuciones de control y evaluación que en el ámbito federal correspondan, a la Secretaría y a la Contraloría, en los términos del artículo 23 de este decreto.

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Los recursos que se reasignen a las entidades federativas, se registrarán conforme a la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente; asimismo, dichos recursos se deberán ejercer a través de programas, subprogramas y proyectos, conteniendo objetivos, metas e indicadores de desempeño, así como unidades responsables de su ejecución.

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7. Reformar el artículo 22 de este proyecto, que pasa a ser 23, para ampliar su alcance a la celebración de convenios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con las dependencias que participen en la reasignación de recursos federales y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para el control, evaluación, inspección y vigilancia de los recursos federales que se reasignen a las entidades federativas, estableciéndose que éstos deberán incluir indicadores de desempeño. Asimismo, se prevé la celebración de convenios por parte de la Cámara de Diputados y las legislaturas locales, a través de sus respectivos órganos técnicos, para el seguimiento del ejercicio de dichos recursos y su incorporación en las cuentas públicas estatales, sujetándose a resultados e indicadores de desempeño, a fin de quedar como sigue:

Artículo 23. Para el control, evaluación, inspección y vigilancia de los recursos federales que se reasignen a las Entidades Federativas, la Secretaría en coordinación con las dependencias que participen en dicha reasignación y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con lo que establece el artículo 22, podrán celebrar convenios en la materia con los gobiernos estatales, los cuales deberán incluir indicadores de desempeño para elevar la calidad del gasto, así como lograr un ejercicio más eficiente y eficaz, a través de un seguimiento transparente de los recursos públicos.

Asimismo, la Cámara de Diputados y las legislaturas locales podrán celebrar los convenios procedentes, a través de sus respectivos órganos técnicos, para llevar el seguimiento de los recursos a que se refiere el párrafo anterior e incorporar, en las cuentas públicas respectivas, los resultados alcanzados, de acuerdo a la estructura programática estatal y a los indicadores de desempeño convenidos.

8. Reformar el artículo 37, párrafo primero de este proyecto, para establecer que se podrán autorizar erogaciones adicionales para programas de fomento a la producción agropecuaria, a proyectos productivos de desarrollo rural, a proyectos de desarrollo social, a fin de promover mayor inversión en los mismos, a efecto de quedar como sigue:

Artículo 37. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento a la producción agropecuaria, a proyectos productivos de desarrollo rural, a proyectos de desarrollo social o a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, con cargo a:

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9. Reformar el artículo 45 de este proyecto, para incorporar la prohibición expresa de realizar pago de honorarios a servidores públicos por su asistencia a órganos de Gobierno o de vigilancia de la entidades, toda vez que ésta es una responsabilidad inherente a sus funciones, para quedar como sigue:

Artículo 45. Queda prohibido el pago de honorarios a servidores públicos por su asistencia a órganos de Gobierno o de vigilancia de las entidades.

10. Adicionar el artículo 59 de este proyecto con una fracción VII, a efecto de fortalecer los criterios para el gasto de inversión pública para 1997, estableciendo la obligación para las dependencias y entidades de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, a fin de que la misma incorpore dicho reporte en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Las dependencias y entidades deberán reportar a la Secretaría, sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a fin de que ésta los incorpore en los informes trimestrales, conforme a lo establecido en el artículo 75 de este decreto.

11. Adicionar el artículo 62 de este proyecto con un segundo párrafo, para establecer la responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, de otorgar y ejercer estos recursos conforme a lo establecido en este proyecto y a las demás disposiciones aplicables, a efecto de quedar como sigue:

Artículo 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este decreto y a las demás disposiciones aplicables.

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12. Reformar el artículo 73 de este proyecto, en virtud de que es propósito de los poderes del Estado realizar un ejercicio presupuestario eficiente, eficaz y transparente en el cumplimiento de sus atribuciones, por ello, se incorpora una disposición para que los poderes Legislativo y Judicial informen a sus órganos competentes sobre su ejercicio y disponibilidades presupuestarias, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. Los poderes Legislativo y Judicial informarán sobre el ejercicio y disponibilidades presupuestarias a sus respectivos órganos facultados para llevar el seguimiento de sus presupuestos.

13. Reformar el artículo 75, segundo párrafo de este proyecto, a fin de establecer la obligación del Poder Ejecutivo Federal para que dentro de los informes trimestrales que rinde a la Cámara de Diputados se incorpore la información relacionada con los programas de alimentación, salud y educación, para quedar como sigue:

Artículo 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados de la ejecución del presupuesto a que se refiere el Título Segundo de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. La información incluirá a las entidades que celebren convenios de resultados en su balance presupuestario, así como la evolución de los programas alimentarios y nutricionales y del programa de alimentación, salud y educación. Asimismo, el Ejecutivo Federal, a través de la Contraloría, informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

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14. Adicionar un artículo segundo transitorio, para asegurar que en razón de la afectación que del patrimonio de Pemex-petroquímica se realice para la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, la distribución de su presupuesto asignado cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en los ordenamientos y demás disposiciones aplicables, a fin de quedar como sigue:

Artículo segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a propuesta de la Secretaría de Energía, deberá proceder, en su oportunidad, a la distribución del presupuesto asignado a Pemex-petroquímica, a que se refiere el artículo 12 de este decreto, en razón de la afectación que de su patrimonio se realice para la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, debiéndose cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales y Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones aplicables.

15. Adicionar un artículo tercero transitorio, para formalizar la obligación de registrar, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los fideicomisos, mandatos y cualquier otro acto o contrato análogo a que se refiere el artículo 26 de este proyecto, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, así como aquellos que continúen vigentes durante 1997, debiéndose cumplir con esta obligación a más tardar en el mes de junio, a efecto de procurar mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, para quedar como sigue:

Artículo tercero. Deberán registrarse, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los fideicomisos, mandatos y cualquier otro acto o contrato análogo, a que se refiere el artículo 26 de este decreto, dentro de los 15 días siguientes a su celebración. También serán objeto de este registro aquellos que continúen vigentes durante 1997, debiéndose cumplir con esta obligación a más tardar el último día hábil del mes de junio.

16. Adicionar un artículo cuarto transitorio, con el objeto de establecer el término y modalidad para que el Ejecutivo Federal emita las disposiciones de carácter general en materia de austeridad y disciplina presupuestaria, para disponer lo siguiente:

Artículo cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 1997, las disposiciones de carácter general en materia de austeridad y disciplina presupuestaria a que se refiere el Título Tercero de este decreto.

17. Adicionar un artículo quinto transitorio para dar cumplimiento a lo dispuesto en los preceptos constitucionales y en diversos ordenamientos de la legislación secundaria en relación con los órganos autónomos y organizaciones políticas que participen en los procesos electorales, con el propósito de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, traspase los recursos presupuestarios para el desarrollo de estas atribuciones, estableciéndose la obligación de informar de ello a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, antes del 30 de junio de 1997, para quedar como sigue:

Artículo quinto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá traspasar del programa 61. Programa para prever el financiamiento a los partidos políticos y gastos asociados del ramo 00023, provisiones salariales y económicas al ramo 00022, órganos electorales, recursos previstos hasta por la cantidad de $1.716,900,000.00, a efecto de que el Instituto Federal Electoral pueda sufragar el financiamiento público a partidos políticos, así como otros apoyos relacionados con éste, con motivo de las reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hará las adecuaciones presupuestarias necesarias para traspasar al Instituto Federal Electoral hasta un monto máximo de $149,000,000.00, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Antes del 30 de junio de 1997, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará de las adecuaciones realizadas a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Asimismo, con fundamento en el artículo octavo transitorio del artículo 3o. del citado decreto y en el artículo cuarto transitorio del mismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá traspasar del ramo 00022, órganos electorales al ramo 00003, Poder Judicial de la Federación, recursos previstos para el Tribunal Federal Electoral por la cantidad de $234,658,700.00, a fin de que sean aplicados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

18. Adicionar un artículo sexto transitorio para establecer que, a partir del Ejercicio Fiscal 1997, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con las dependencias que participen en programas de subsidios, tomará las medidas conducentes para procurar reducir, en términos reales, la aplicación generalizada e indiscriminada de los mismos.

Asimismo, se incorpora la obligación de canalizar los ahorros obtenidos del subsidio generalizado a la tortilla, preferentemente a fortalecer el programa de alimentación, salud y educación y en segundo término, a programas productivos de desarrollo agropecuario y rural, a fin de quedar como sigue:

Artículo sexto. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en coordinación con las dependencias que participen en programas de subsidios, tomará las medidas conducentes para procurar reducir, en términos reales, los recursos públicos que se destinen al otorgamiento de subsidios generalizados e indiscriminados al consumo, a partir del Ejercicio Fiscal de 1997.

Los ahorros obtenidos, en su caso, del subsidio generalizado a la tortilla deberán canalizarse en primera instancia a fortalecer el programa de alimentación, salud y educación y, en segunda instancia, a programas productivos de desarrollo agropecuario y rural.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública propone a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobar el siguiente

PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997

TITULO PRIMERO

De las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal para el año de 1997, se realizará conforme a las disposiciones de este decreto y a las demás aplicables en la materia.

Artículo 2o. Para efectos del presente decreto, se entenderá por:

I. Dependencias: a las secretarías de Estado y departamentos administrativos, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal:

II. Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y a los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna entidad de las señaladas en esta fracción, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean considerados entidades paraestatales, así como a las demás personas de derecho público de carácter federal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, con autonomía por disposición constitucional o legal:

III. Procuraduría: a la Procuraduría General de la República:

IV. Tribunales Administrativos: a los definidos como tales en las leyes:

V. Presupuesto: al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997:

VI. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

VII. Contraloría: a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

La Procuraduría, los tribunales administrativos y las unidades administrativas de la Presidencia de la República se sujetarán a las disposiciones contenidas en este decreto que rigen a las dependencias, salvo que se establezca regulación expresa.

Artículo 3o. En la ejecución del gasto público federal, las dependencias y entidades deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 4o. La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación, así como para establecer y en su caso recomendar, medidas conducentes a homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público federal en las dependencias, entidades y demás ejecutores de gasto.

CAPITULO II

De las erogaciones

Artículo 5o. Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo, en el año de 1997, importan la cantidad de $1.940,283,600.00

Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el Poder Judicial, en el año de 1997, importan la cantidad de $3.830,198,000.00

Artículo 7o. Las erogaciones previstas para el ramo 00002 Presidencia de la República, en el año de 1997, importan la cantidad de . . . . . $921.480,000.00

De las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, se asignan para la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, la cantidad de $12.298,900.00

Artículo 8o. Las erogaciones previstas para las dependencias en el año de 1997, importan la cantidad de $163.539,739,600.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

00004 Gobernación: $2.324,580,000.00

00005 Relaciones Exteriores: . . . . . $2.190,750,000.00

00006 Hacienda y Crédito Público: . . . . . $11.545,708,400.00

00007 Defensa Nacional: $12.110,610,000.00

00008 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: $19.803,185,000.00

00009 Comunicaciones y Transportes: $15.729,118,700.00

00010 Comercio y Fomento Industrial: $1.504,862,000.00

00011 Educación Pública: $45.329,779,300.00

00012 Salud: $18.421,780,800.00

00013 Marina: $4.419,400,000.00

00014 Trabajo y Previsión Social: . . . . . $2.180,010,000.00

00015 Reforma Agraria: $1.631,460,000.00

00016 Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca: $9.198,770,000.00

00017 Procuraduría General de la República: $2.538,910,000.00

00018 Energía: $6.691,353,100.00

00020 Desarrollo Social: $6.527,125,600.00

00021 Turismo: $922,090,000.00

00027 Contraloría y Desarrollo Administrativo: $470,246,700.00

Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.

De las erogaciones a que se refiere este artículo, se reasignarán a las entidades federativas las siguientes cantidades:

Del ramo 00009, Comunicaciones y Transportes, en el año de 1997 se reasignará la cantidad de $272,000,000.00

Del ramo 00011, Educación Pública, en el año de 1997 se reasignará la cantidad de: . . . . . $1.152,700,000.00

Del ramo 00012, Salud, en el año de 1997 se reasignará la cantidad de: $7.905,597,100.00

La reasignación del gasto público federal a que se refiere este artículo se deberá sujetar a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del presente decreto.

Artículo 9o. Las erogaciones previstas para el ramo 00022, Organos Electorales, en el año de 1997 importan la cantidad de: . . . . . $3.178,158,700.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

Tribunal Federal Electoral: $234.658,700.00

Instituto Federal Electoral: $2.943,500,000.00

Artículo 10. Las erogaciones previstas para el ramo 00031,Tribunales Agrarios, en el año de 1997 importan la cantidad de: $182,090,000.00

Artículo 11. Las erogaciones previstas para el ramo 00032, Tribunal Fiscal de la Federación, en el año de 1997 importan la cantidad de: $152,430,000.00.

Artículo 12. Las erogaciones previstas para el año de 1997, correspondientes a las entidades cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:

00637 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: . . . . . $19.339,045,400.00

00641 Instituto Mexicano del Seguro Social: $66.617,235,400.00

04460 Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V.: $1.159,100,000.00

06750 Lotería Nacional para la Asistencia Pública: $763,643,200.00

09085 Aeropuertos y Servicios Auxiliares: $1.525,830,300.00

09120 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: $2.041,292,300.00

09195 Ferrocarriles Nacionales de México: $8.122,143,900.00

08145 Compañía Nacional de Subsistencias Populares: $10.253,723,300.00

18164 Comisión Federal de Electricidad: $48.515,467,800.00

18500 Luz y Fuerza del Centro: . . . . . $6.782,400,000.00

Petróleos Mexicanos Consolidados: . . . . . $65.473,597,900.00

18572 Petróleos Mexicanos: . . . . . $5.906,108,700.00

18575 Pemex-Exploración y Producción: . . . . . $29.781,172,800.00

18576 Pemex-Refinación:$20.081,393,400.00

18577 Pemex-Gas y Petroquímica Básica: $4.840,788,700.00

18578 Pemex-Petroquímica: . . . . . $4.864,134,300.00

Suma: $230.593,479,500.00

Las cifras expresadas para los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos no incluyen operaciones realizadas entre ellos. Asimismo, la cifra expresada para Luz y Fuerza del Centro refleja el monto neto, por lo que no incluye el costo de la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad.

Del total de la suma obtenida por las cantidades desglosadas en el presente artículo, el importe financiado con recursos propios y créditos asciende a $186.730,579,500.00, mientras que el de los subsidios, las transferencias y las cuotas de seguridad social incluidas en el gasto del Gobierno Federal es por $43.862,900,000.00

Artículo 13. Las erogaciones previstas para el ramo 00019, Aportaciones a Seguridad Social, en el año de 1997 importan la cantidad de $36.795,582,600.00

Artículo 14. Las erogaciones previstas para el ramo 00023, Provisiones Salariales y Económicas, en el año de 1997 importan la cantidad de $38.339,308,000.00.

Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo serán las comprendidas en el concepto 7300 del ramo 00023, Provisiones Salariales y Económicas.

Artículo 15. De las erogaciones a que se refiere el párrafo primero del artículo anterior de este decreto, se destinarán para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cantidad de $1.904,900,000.00, la cual deberá aplicarse al desarrollo de los subsistemas de información y atención a la ciudadanía, al equipamiento de corporaciones, la formación policial, la adquisición de equipos de laboratorio para investigación criminalística, la ampliación de la infraestructura penitenciaria y la dignificación de la existente, así como para el socorro de ley por concepto de cuotas de alimentación de reos del orden federal en centros penitenciarios locales. Por ningún motivo, dichos recursos podrán traspasarse a otros conceptos de gasto.

Dichas erogaciones contemplan el gasto del Gobierno Federal asociado al referido sistema, así como el apoyo federal que se otorgará a entidades federativas y municipios, en el marco del mismo.

Los recursos del Gobierno Federal para dicho sistema serán transferidos por la Secretaría a los ramos que correspondan.

El apoyo federal a estados y municipios será asignado y canalizado por la Secretaría, por conducto de las dependencias ejecutoras, a partir de los criterios de asignación y distribución que proponga el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con las fórmulas de cobertura que recomiende su secretariado ejecutivo, el cual propondrá los criterios de seguimiento y evaluación que se incorporarán a los convenios de coordinación que celebre la Secretaría y las dependencias ejecutoras con los gobiernos de las entidades federativas. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del secretariado ejecutivo, deberá entregar a la Secretaría un reporte de la asignación y distribución de los recursos, para los efectos del informe trimestral a la Cámara de Diputados a que se refiere el artículo 75 de este decreto.

Los gobiernos de los estados y municipios serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación de los apoyos federales que se otorguen.

Para el control de los apoyos federales previstos para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Contraloría convendrá con los gobiernos estatales las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como de los programas acordados en los convenios de coordinación.

Las dependencias ejecutoras podrán suspender la radicación de apoyos federales a entidades federativas y municipios, cuando la Contraloría determine que dichos apoyos hubieren sido destinados a fines distintos a los previstos en el presente artículo o por el incumplimiento de los compromisos convenidos, previa audiencia a la Entidad Federativa o Municipio de que se trate.

Artículo 16. Las erogaciones previstas para las entidades federativas y municipios, en el año de 1997, importan la cantidad de . . . . . $145.981,150,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

00025 Aportaciones para Educación Básica en los Estados y para los Servicios en el Distrito Federal: $58.432,950,000.00

00028, Participaciones a entidades federativas y municipios: $87,548,200,000.00

El ramo 00025, Aportaciones para Educación Básica en los Estados y para los Servicios en el Distrito Federal, será administrado por la Secretaría y por la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Las erogaciones correspondientes al ramo 00028, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se ejercerán de acuerdo con los porcentajes de participaciones federales, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones, realizará la inspección y vigilancia del ejercicio del ramo 00025, Aportaciones para Educación Básica en los Estados y para los Servicios en el Distrito Federal.

Por otra parte, los estados y municipios recibirán los recursos presupuestarios correspondientes a la reasignación del gasto público federal a que se refiere el artículo 8o. del presente decreto.

Artículo 17. Las erogaciones previstas para el ramo 00026, Superación de la pobreza, en el año de 1997, importan la cantidad de . . . . . $12,650,000,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

Fondo de Desarrollo Social Municipal: $8.222,500,000.00

Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo: $4.427,500,000.00

La Secretaría de Desarrollo Social definirá el esquema de operación de los recursos del ramo 00026, Superación de la pobreza, a efecto de garantizar congruencia, transparencia y eficacia en la conducción de la política social a nivel nacional y agilizar la transferencia de recursos de carácter federal a las entidades federativas para inducir la participación de los gobiernos estatales y municipales, así como de sus comunidades en la promoción del bienestar social. El control presupuestario se ejercerá por la Secretaría.

El fondo de desarrollo social municipal se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a una fórmula basada en indicadores de pobreza. Antes del 31 de enero de 1997, la Secretaría de Desarrollo Social dará cuenta a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, de la fórmula y metodología utilizada. Asimismo, antes de dicha fecha la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación la fórmula y metodología respectiva, así como la asignación presupuestaria que corresponda a los estados para 1997.

La Secretaría de Desarrollo Social convendrá con los Estados, en el marco de los convenios de desarrollo social, la distribución entre los municipios de los recursos del fondo de desarrollo social municipal, con base en una fórmula similar a la que se refiere el párrafo anterior. La fórmula empleada, la metodología y la distribución que resulte entre los municipios deberá ser publicada en el correspondiente órgano oficial de difusión del Gobierno estatal a más tardar el 15 de febrero de 1997.

Los municipios sólo podrán utilizar los recursos del fondo de desarrollo social municipal para inversiones en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinización; urbanización; electrificación; apoyos, construcción y conservación de infraestructura educativa básica; construcción y conservación de infraestructura básica de salud; construcción, mejoramiento y conservación de caminos; apoyos e infraestructura productiva rural.

Conforme al convenio de desarrollo social, los gobiernos de los estados y los municipios serán los responsables de la correcta orientación, destino y aplicación de los recursos del ramo 00026, superación de la pobreza que se les asigne, así como de su manejo transparente. La definición de las obras o acciones del fondo de desarrollo social municipal y la ejecución, seguimiento y evaluación de sus recursos serán realizados por los ayuntamientos, con la participación de sus comunidades, teniendo la libertad de decidir su aplicación entre los rubros que se indican en el párrafo anterior, dando prioridad a las obras en proceso y al mantenimiento de las ya terminadas; por tanto, no se deberán etiquetar montos ni programas, excepto lo acordado en el convenio de desarrollo social.

Los municipios tendrán la obligación de publicar el monto que les fue otorgado y las obras que se realizarán con dichos recursos, en un plazo que no exceda de 15 días naturales posteriores a la fecha en la que se determine la orientación de los mismos, especificando el presupuesto que se ejercerá para tal efecto. De igual forma, al término del ejercicio fiscal, el ayuntamiento seguirá la misma estrategia para informar a la población sobre los resultados alcanzados, incluyendo los recursos asignados y ejercidos, obras autorizadas, concluidas o en proceso, costos y población beneficiada.

En los convenios de desarrollo social que el Ejecutivo Federal celebre con los gobiernos estatales en 1997, se establecerán las bases y compromisos que permitan dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, así como las asignaciones presupuestarias que ambos órdenes de Gobierno destinen para la superación de la pobreza y el desarrollo regional. La Secretaría de desarrollo social convendrá con los Estados, en el marco de dichos convenios, la proporción de las asignaciones provenientes del fondo de desarrollo social municipal que deberán destinarse al desarrollo informático, capacitación técnica y administrativa de los municipios.

Para asegurar el cumplimiento de las acciones de los convenios de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social efectuará el seguimiento físico-financiero y la evaluación del avance de las obras. Cuando se detecten desviaciones o incumplimiento de lo convenido, la Secretaría de desarrollo social podrá suspender la radicación de fondos federales e inclusive solicitar su reintegro. Para estos propósitos, los estados con la participación de los municipios convendrán con la propia Secretaría de Desarrollo Social, establecer y mantener un registro público de cada obra, que permita llevar a cabo una adecuada evaluación, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia competen a la contraloría.

Cuando al 30 de septiembre de 1997, no se hayan aprobado la totalidad de las obras y acciones a desarrollar con dichos recursos o cuando se determine que éstas no serán ejercidas por causas imputables a las instancias ejecutoras del gasto o al comprobar incumplimiento o desviaciones en la utilización de los recursos, la Secretaría de Desarrollo Social convendrá con los estados, en el marco de los convenios de desarrollo social, la reasignación de los recursos del fondo de desarrollo social municipal hacia otras prioridades dentro de los municipios del mismo Estado.

Para el control de los recursos del ramo 00026, superación de la pobreza asignados a las entidades federativas, la Contraloría convendrá con los gobiernos estatales o sus dependencias facultadas en la materia, las actividades o programas que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como del programa acordado en el marco del convenio de desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Social, la Contraloría y los gobiernos estatales y municipales promoverán la participación ciudadana en el destino, aplicación y vigilancia de los recursos federales y estatales convenidos en materia de desarrollo social.

Artículo 18. Las erogaciones previstas para el pago del costo financiero de la deuda del Gobierno Federal, en el año de 1997, importan la cantidad de: $101.624,100,000.00 y se distribuyen de la siguiente manera:

00024 Deuda Pública: $99.281,007,600.00

00029 Erogaciones para saneamiento financiero: $2.343,092,400.00

Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades comprendidas en el artículo 12 anterior, ascienden a la cantidad de: . . . . . $18.069,493,700.00

Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Gobierno Federal importan la cantidad de: . . . . . $11.855,000,000.00

Artículo 19. El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales. Adicionalmente podrá amortizar deuda pública, en su caso, hasta por el monto de los excedentes de ingresos ordinarios presupuestarios.

También podrán destinarse a la amortización de deuda, los ingresos que obtenga el Gobierno Federal como consecuencia de la desincorporación de entidades; del retiro de la participación estatal en aquellas que no sean prioritarias; de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos.

El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos a la Cámara de Diputados, en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 75 de este decreto y al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las entidades.

Artículo 20. La administración, control y ejercicio de los ramos de aportaciones a seguridad social; provisiones salariales y económicas; participaciones a entidades federativas y municipios; deuda pública y de erogaciones para saneamiento financiero, a que se refiere el presente decreto, se encomiendan a la Secretaría.

CAPITULO III

De la reasignación del gasto público federal

Artículo 21. Para la reasignación del gasto público federal a las entidades federativas y de las funciones y responsabilidades inherentes a dicha reasignación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, la Contraloría y las dependencias encargadas de programas y gastos que se reasignen, celebrará convenios con los gobiernos estatales conforme a lo que establece el artículo 22 de este decreto, para determinar los recursos a reasignar, procurando que su distribución se efectúe con base en una fórmula y criterios que aseguren transparencia en su aplicación.

En los convenios a que se refiere este artículo se señalarán las funciones específicas que competa realizar a los estados y a la Federación, así como la reasignación del personal y de los recursos financieros y materiales; y se establecerá la responsabilidad de las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes en la administración de estos recursos. Asimismo, el control, vigilancia y evaluación de los mismos, corresponderá al órgano de contraloría estatal, sin perjuicio de las atribuciones de control y evaluación que en el ámbito federal correspondan, a la Secretaría y a la Contraloría, en los términos del artículo 23 de este decreto.

Previamente a la formalización de dichos convenios, la Secretaría autorizará los proyectos de convenio que le presenten las dependencias, incluyendo los programas contenidos y la forma de reasignación de los recursos.

Los recursos que se reasignen a las entidades federativas, se registrarán conforme a la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente; asimismo dichos recursos se deberán ejercer a través de programas, subprogramas y proyectos, conteniendo objetivos, metas e indicadores de desempeño, así como unidades responsables de su ejecución.

Tratándose de la reasignación de programas, de personal y de recursos financieros y materiales, entre las dependencias y entidades, la Secretaría y la Contraloría serán las responsables de su reasignación, control, evaluación, inspección y vigilancia, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El Ejecutivo Federal deberá informar sobre lo dispuesto en este artículo a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dentro de los 30 días posteriores a la firma de dichos convenios.

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán observar que los convenios que celebren con las entidades federativas se realicen en el marco de los convenios de desarrollo social, con el fin de que las acciones que se prevean sean congruentes con el desarrollo nacional. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría, a la Contraloría y a la Secretaría de Desarrollo Social, del gasto que realicen en las entidades federativas, para efectos de los artículos 71 y 78 de este decreto.

Artículo 23. Para el control, evaluación, inspección y vigilancia de los recursos federales que se reasignen a las entidades federativas, la Secretaría en coordinación con las dependencias que participen en dicha reasignación y la contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con lo que establece el artículo 22, podrán celebrar convenios en la materia con los gobiernos estatales, los cuales deberán incluir indicadores de desempeño para elevar la calidad del gasto, así como lograr un ejercicio más eficiente y eficaz, a través de un seguimiento transparente de los recursos públicos.

Asimismo, la Cámara de Diputados y las legislaturas locales podrán celebrar los convenios procedentes, a través de sus respectivos órganos técnicos, para llevar el seguimiento de los recursos a que se refiere el párrafo anterior e incorporar en las cuentas públicas respectivas los resultados alcanzados, de acuerdo a la estructura programática estatal y a los indicadores de desempeño convenidos.

TITULO SEGUNDO

De la ejecución y control presupuestario del gasto público

CAPITULO I

De las responsabilidades

Artículo 24. Los titulares de las dependencias, así como los órganos de Gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán directamente responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el presente decreto y demás disposiciones de carácter general que al efecto dicte la Secretaría. Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de sus metas aprobadas para el año de 1997, salvo lo previsto en el artículo 37 de este decreto.

Las dependencias y entidades tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo a su presupuesto y de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 25. Queda prohibido a las dependencias contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la celebración de contratos, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones, o cualquier otro acto de naturaleza análoga, que impliquen la posibilidad de algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello, no cuentan con la previa autorización de la Secretaría, la que podrá solicitar la opinión de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento.

Tratándose de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se deberán sujetar a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 26. Para la constitución e incremento de los fideicomisos a que se refiere la fracción II del artículo 2o. del presente decreto o cualquier otro que involucre recursos públicos, se requerirá la previa autorización de la Secretaría.

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear o participar en fideicomisos a los que se refiere el párrafo anterior, otorgar mandatos o celebrar actos o contratos análogos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en este decreto y en las demás disposiciones aplicables.

CAPITULO II

Del ejercicio y de la aplicación de las erogaciones adicionales

Artículo 27. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y las entidades comprendidas en el artículo 12 del presente decreto, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que establezca la Secretaría. Dichos calendarios de gasto deberán comunicarse, a más tardar, a los 20 días posteriores de la fecha de publicación de este decreto. Asimismo, se deberá cumplir con la calendarización de metas que se establezca en la ejecución de este presupuesto.

Las entidades no comprendidas en el artículo 12 del presente decreto, se sujetarán a los calendarios de gasto y de metas que aprueben sus respectivos órganos de gobierno en la primera sesión del ejercicio, con base en las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría.

Artículo 28. No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate de operaciones que cuenten con la previa autorización de la Secretaría. En consecuencia las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario, sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 29. Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría, de acuerdo con los programas y metas correspondientes. La Secretaría podrá reservarse dicha autorización y solicitar a las dependencias coordinadoras de sector la revocación de las autorizaciones que, a su vez, hayan otorgado a sus entidades coordinadas, cuando:

I. No envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos:

II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas, resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o bien se detecten desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos correspondientes:

III. No remitan la cuenta comprobada a más tardar el día 15 del mes siguiente al del ejercicio de dichos recursos, lo que motivará la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos que, por el mismo concepto, se hubiesen autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado:

IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 61 de este decreto:

V. En los términos del artículo 34 del presente decreto, no se cumpla con las obligaciones pactadas en los convenios de asunción de pasivos y los programas de saneamiento respectivos o con los compromisos de balance de operación, primario y financiero:

VI. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 30. La Secretaría, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestarias y las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.

Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados o en el cumplimiento de los objetivos de los criterios generales de política económica para 1997.

Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país y en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de sus órganos de gobierno.

Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión, optando preferentemente por aquellos de menor impacto social y económico.

En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10%, en términos reales, el Ejecutivo Federal procederá de inmediato, a adoptar las medidas a que hubiere lugar y dará cuenta de ello, también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 32. Las obligaciones entre dependencias y entidades, entre estas últimas, y las operaciones entre dependencias, deberán ser liquidadas en los mismos términos que cualquier otro adeudo y no podrán acumularse; en consecuencia se deberán:

I. Presentar ante la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento aquellos retrasos que excedan 30 días en sus cuentas deudoras y acreedoras.

II. Llevar estados de cuenta de todos los servicios que se prestan, incluyendo aquellos que no sean remunerados.

La Secretaría establecerá las disposiciones de carácter general para efectuar las compensaciones presupuestarias que procedan de conformidad con este artículo.

Para identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 72 del presente decreto.

Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos entre sí, las que se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar cinco puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el sistema de compensación de adeudos del sector público, desde la fecha en que debieron liquidarse.

Artículo 33. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la previa autorización de la Secretaría.

Los recursos que se prevea ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.

En los créditos externos que contraten las entidades, éstas deberán obligarse a cubrir con recursos propios el servicio de la deuda que los créditos generen.

Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, puedan redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la previa autorización de la Secretaría.

Asimismo y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades que realicen compras directamente en el exterior deberán, dentro de sus presupuestos autorizados, utilizar los recursos externos contratados para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que se requieran.

Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales, debidamente justificados y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Artículo 34. La Secretaría y la Contraloría en el seno de la comisión intersecretarial de gastofinanciamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades convenios para:

I. El establecimiento de compromisos de balance de operación, primario y financiero, mensual y trimestral a nivel devengado y pagado, así como la determinación de las metas del desempeño:

II. El saneamiento financiero de las entidades que realizan actividades estratégicas o prioritarias, cuyas funciones están asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente, a más tardar, el 31 de agosto de 1997 a la comisión intersecretarial de gasto financiamiento y sea aprobado por ésta.

La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrá a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en las evaluaciones de la comisión intersecretarial de gasto-financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.

La comisión intersecretarial de gasto-financiamiento establecerá las disposiciones de carácter general con base en las cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y hará la determinación de las entidades con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de balance presupuestario.

Artículo 35. Los montos presupuestarios no devengados podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que los generen, con la previa autorización de la Secretaría.

Artículo 36. Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto por las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que autorice previamente la Secretaría, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Asimismo, las entidades que reciban recursos por concepto de subsidios y transferencias se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 37. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento a la producción agropecuaria, a proyectos productivos de desarrollo rural, a proyectos de desarrollo social o a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal, con cargo a:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de la fracción II, aportaciones de seguridad social:

II. Excedentes provenientes de la recuperación de seguros que correspondan a las dependencias y entidades,:

III. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades.

El Ejecutivo Federal, al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1997, informará de las erogaciones que se efectúen con base en este artículo.

Artículo 38. No se autorizarán ampliaciones líquidas a este presupuesto, salvo lo previsto en el artículo 37 de este decreto.

Cuando las dependencias y entidades requieran de ampliaciones líquidas presupuestarias, su solicitud deberá ser presentada en la forma y términos que establezca la Secretaría.

Artículo 39. Para resolver sobre las erogaciones adicionales que se presenten en el ejercicio, la Secretaría podrá solicitar la opinión técnica de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento.

TITULO TERCERO

De la disciplina presupuestaria

CAPITULO I

Disposiciones de racionalidad y austeridad

Artículo 40. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable y su uso se sujetará a los siguientes criterios de nacionalidad y selectividad:

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones. En estas comitivas y comisiones se deberá reducir el número de integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia:

II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones de personas físicas y morales, deberán estar previstas en los presupuestos y su celebración se informará a la Secretaría, dentro de los 15 días inmediatos siguientes.

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones de carácter general a que se sujetarán dichas contrataciones, con base en los siguientes criterios:

a) Que las personas físicas y morales no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria:

b) Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados:

c) Que se especifiquen los servicios profesionales:

d) Que las contrataciones cumplan con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, y demás disposiciones que de ésta emanen,:

III. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que, por ley, otorgan al Gobierno Federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.

Las erogaciones a que se refiere esta fracción deberán ser autorizadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la Secretaría de Gobernación y por la Secretaría y las que efectúen las entidades se autorizarán, además, por el órgano de gobierno respectivo.

Artículo 41. Los titulares o los oficiales mayores, de las dependencias, los órganos de Gobierno y los directores generales de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus obligaciones reales de pago, con estricto apego a lo dispuesto en este decreto y a las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría.

Artículo 42. Las dependencias y entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente, mismos que deberán someter a la consideración de los titulares y órganos de gobierno, respectivamente.

Estos programas deberán contener metas cuantificables y determinar su impacto presupuestario, debiendo ser remitidos a la Secretaría y a la Contraloría, a más tardar el 31 de marzo; de lo contrario no será aplicable lo previsto en los artículos 49 y 50 de este decreto.

Artículo 43. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la productividad de las mismas.

CAPITULO II

De los servicios personales

Artículo 44. Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales, deberán:

I. Observar que las acciones de descentralización no impliquen la creación de nuevas plazas, por lo que se dará prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas:

II. Apegarse a la asignación de las remuneraciones de los trabajadores, conforme a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría para las dependencias y, en el caso de las entidades, a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas y sujetarse a las autorizaciones que emita la Secretaría:

III. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente a servicios personales de la propia dependencia y se cuente con la previa autorización de la Secretaría:

IV. Sujetarse a las normas que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales:

V. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros capítulos presupuestarios al capítulo de servicios personales, salvo que se cuente con la previa autorización de la Secretaría:

VI. Abstenerse de transferir a otras partidas el presupuesto destinado para programas de capacitación:

VII. En general, por lo que se refiere a servicios personales, sólo se podrá efectuar el pago de remuneraciones cuando sean autorizadas por la Secretaría o el órgano de gobierno, según corresponda y se encuentren previstas en sus respectivos presupuestos y cumplan con las normas que emita la Secretaría.

Artículo 45. Queda prohibido el pago de honorarios a servidores públicos por su asistencia a órganos de gobierno o de vigilancia de las entidades.

Artículo 46. Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas extraordinarias, así como otras prestaciones, se regularán por las normas que al efecto emita la Secretaría y en tratándose de entidades, además se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno.

En cualquier caso, las jornadas u horas extraordinarias se deberán reducir al mínimo indispensable y su autorización dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 47. Las dependencias y entidades no podrán crear nuevas plazas. Para cubrir, en su caso, necesidades adicionales de servicios personales deberán promover el traspaso de las plazas existentes o realizar movimientos compensados, previa autorización de la Secretaría.

En el caso de las dependencias, sólo se podrán crear nuevas plazas, siempre que éstas se encuentren previstas en el presupuesto, en el capítulo de servicios personales y cuenten con la previa autorización de la Secretaría, la que en todo caso, cuidará que:

I. La solicitud para la creación de plazas sea suscrita por el titular o el oficial mayor de la dependencia respectiva;

II. La solicitud de creación de plazas, derivada de la reasignación del gasto público a las entidades federativas, contenga el número de plazas y especifique la fecha de vigencia de las mismas:

III. Las necesidades adicionales de servicios personales no puedan cubrirse mediante el traspaso de plazas existentes o movimientos compensados:

IV. Las economías o ahorros presupuestarios no se apliquen a la creación de nuevas plazas:

V. Las plazas cuya creación se autorice, no se cubran con recursos de capítulos distintos al de servicios personales.

Por lo que se refiere a las entidades, sus órganos de gobierno sólo podrán aprobar la creación de plazas cuando ello contribuya a elevar el superávit de operación, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno. Las propuestas respectivas deberán ser sometidas a la consideración de la Secretaría para su previa autorización.

La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, surtirá efectos a partir de la fecha que indique la autorización de la Secretaría.

Artículo 48. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas en el ejercicio fiscal de 1996, previa autorización de la Secretaría y de la Contraloría, conforme a las normas aplicables. Además, las entidades requerirán el previo acuerdo de su órgano de gobierno, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios necesarios.

Las conversiones de plazas, renivelaciones de puestos y creación de categorías podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Para tal efecto deberán contar con la previa autorización y apegarse a las normas que emita la Secretaría.

Artículo 49. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar que los ahorros presupuestarios que obtengan las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, sean otorgados como estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, siempre que se haya dado cumplimiento a las metas establecidas en sus presupuestos aprobados.

Artículo 50. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar a las dependencias y entidades el otorgamiento de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño para los servidores públicos, de acuerdo con el artículo 49 de este decreto, en aquellos casos que conforme a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles estén excluidos del sistema general de estímulos y recompensas.

La Secretaría dictará las normas a que se sujetará el otorgamiento de los estímulos a que se refiere este artículo y en coordinación con la Contraloría verificará su cumplimiento. En tanto la Secretaría no emita esta regulación, ninguna dependencia o entidad podrá otorgar estímulo alguno.

En el caso de las entidades, además se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas que emita la Secretaría.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Artículo 51. La Secretaría establecerá y operará el sistema integral de administración de recursos humanos, con el fin de optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales y el manejo de las nóminas de las dependencias y entidades, las que se sujetarán a las normas que para este propósito emita la Secretaría, quedando obligados a proporcionar a ésta, la información actualizada con respecto al gasto en servicios personales, en la forma y términos que la misma determine.

Artículo 52. Las dependencias y entidades deberán abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios distintos a los señalados en la fracción II del artículo 40 del presente decreto, salvo que se cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto del capítulo de gasto correspondiente a servicios personales y su pago sea cubierto con cargo a dicho capítulo:

II. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 31 de diciembre del ejercicio fiscal de 1997:

III. Que la persona que se pretenda contratar no desempeñe funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, salvo aquellas que se justifiquen ante la Secretaría:

IV. Que su pago esté en función del grado de responsabilidad y no rebase los montos equivalentes a los tabuladores autorizados por la Secretaría:

V. Que se cuente con la previa autorización de la Secretaría.

La persona que se contrate no estará sujeta a los descuentos y percepciones previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en las leyes reglamentarias del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que hace a los contratos por honorarios que se tengan celebrados hasta el 1o. de diciembre de 1996, las dependencias deberán obtener, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la previa autorización de la Secretaría para la recontratación de los mismos, la que sólo se otorgará cuando su contratación sea indispensable y su pago esté considerado dentro de los montos autorizados para servicios personales, sin que para estos efectos puedan hacerse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto.

Las contrataciones por honorarios de personas físicas que realicen las dependencias y entidades para la ejecución de programas financiados con crédito externo y las que se realicen en el extranjero, deberán sujetarse a lo dispuesto en este artículo.

Las dependencias informarán a la Secretaría y a la Contraloría, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, sobre los contratos por honorarios que se encuentren vigentes hasta el último día del mes inmediato anterior de cada informe.

Tratándose de entidades se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar las normas y sujetarse a las autorizaciones que emita la Secretaría.

CAPITULO III

De las erogaciones en el exterior

Artículo 53. Las dependencias y entidades sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas, cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Secretaría y a la Contraloría, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, sobre las representaciones, delegaciones u oficinas en el exterior actualmente existentes; para su creación se requerirá de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de la Secretaría y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La Secretaría, con la participación que corresponda a la Contraloría, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en función de las disponibilidades de recursos de las dependencias y entidades que mantengan representaciones, delegaciones u oficinas en el exterior, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de éstas en el exterior.

Artículo 54. Las dependencias y entidades sólo podrán aportar cuotas a organismos internacionales, cuando las mismas se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría, revisarán dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando, en el contexto de las prioridades nacionales, no se justifiquen.

CAPITULO IV

De las adquisiciones y las obras públicas

Artículo 55. Las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1997, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan:

II. Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, la procuración de justicia o en sustitución de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el servicio o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de otros vehículos siniestrados.

Cualquier erogación que realicen las dependencias y entidades por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá de la previa autorización de la Secretaría, en la forma y términos que ésta determine. Tratándose de las entidades, deberán contar además con la previa autorización de su órgano de gobierno.

Artículo 56. Para la contratación de arrendamientos financieros de bienes muebles e inmuebles, las dependencias y entidades observarán que las condiciones de pago ofrezcan ventajas con relación a otros medios de financiamiento y el monto corresponda al endeudamiento neto autorizado en este ejercicio fiscal. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente, lo que se acreditará debidamente ante la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La administración pública centralizada sólo podrá celebrar arrendamientos financieros en los términos de la Ley General de Deuda Pública.

En estas contrataciones, las dependencias requerirán de la previa autorización de la Secretaría; en el caso de las entidades, deberán contar con la aprobación de su órgano de gobierno.

Artículo 57. Para los efectos del artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1997, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con el oficio de autorización de inversión correspondiente emitido por la Secrewtaría.

Artículo 58. Para la efectos del artículo 82 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres proveedores, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza, que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1997, serán los siguientes:

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier natyraleza, cuando no cuente con saldo disponible dentro de su presupuesto aprobado para hacer frente a dichos contratos.

CAPITULO V

De la inversión pública

Artículo 59. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1997:

I. Se otorgará prioridad a los gastos de mantenimiento de los proyectos y obras concluidos, así como a la terminación de los que se encuentren en proceso.

Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos que estén previstos en este presupuesto, cuando se hayan evaluado rigurosamente sus efectos socioeconómicos y cuenten con el oficio de autorización de inversión correspondiente.

Las dependencias y entidades deberán observar las normas que, respecto de la evaluación y ejecución de los proyectos señalados en el párrafo anterior, emita la Secretaría:

II. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza;

III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra:

IV. Se deberán estimular los proyectos de conversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción:

V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar incluidos en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse en su ejecución a los términos de las autorizaciones que otorgue la Secretaría; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del Gobierno Federal informarán a la Secretaría del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos:

VI. Las inversiones financieras se realizarán cuando sean estrictamente necesarias, con la previa autorización de la Secretaría, y se orientarán a los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse, además, a lo que dispone el artículo 34 de este decreto,:

VII. Las dependencias y entidades deberán reportar a la Secretaría, sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a fin de que ésta los incorpore en los informes trimestrales, conforme a lo establecido en el artículo 75 de este decreto.

Artículo 60. Para el año de 1997, el Ejecutivo Federal sólo estará facultado para contratar una cantidad de $23,878,640,000.00, en los términos del párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y con cargo al ramo 00009 comunicaciones y transportes y a los presupuestos de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refiere este artículo se señalan en los tomos II y IV de este presupuesto.

Artículo 61. La Secretaría emitirá las disposiciones de carácter general a que deberán sujetarse las dependencias y entidades, respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestario. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público a que se refiere el artículo 72 de este decreto.

CAPITULO VI

De los subsidios y las transferencias

Artículo 62. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría autorizará la ministración y terminación de los subsidios y las transferencias previstos en este decreto con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades.

Los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este decreto y a las demás disposiciones aplicables.

Para los efectos de este decreto, los subsidios y las transferencias consisten en:

I. Los subsidios son los recursos federales que se asignan, para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general como son: proporcionar a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de producción, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de la nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos y

II. Las transferencias son las ministraciones de recursos federales, que se asignan para el desempeño de las atribuciones que realizan las entidades y los órganos administrativos desconcentrados.

Artículo 63. Los subsidios y las transferencias deberán orientarse hacia actividades prioritarias, así como sujetarse a los criterios de selectividad, transparencia y temporalidad, con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan:

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo:

III. Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y monitoreo que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación:

IV. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicaciones en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos:

V. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden:

VI. Registrar los importes de los recursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de este decreto:

VII. Informar en los términos del artículo 72 de este decreto.

Artículo 64. Los subsidios y las transferencias destinados a cubrir deficientes de operación serán otorgados excepcionalmente, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. Las entidades que los reciban deberán presentar un informe a la comisión intersecretarial de gasto financiamiento, en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, en el cual se detallarán las acciones que ejecutarán para eliminar la necesidad de su posterior otorgamiento.

Artículo 65. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias presupuestados o en los resultados de su balance primario. Cuando dichas modificaciones conlleven a una adecuación presupuestaria, deberán obtener la autorización previa de la Secretaría, sujetándose a lo establecido en el artículo 38 de este decreto.

Para evitar las duplicaciones en el ejercicio de los recursos a que se refiere la fracción IV del artículo 63 de este decreto, la Secretaría, con base en un análisis programático, efectuará las adecuaciones presupuestarias que correspondan.

Artículo 66. Las dependencias coordinadoras de sector deberán verificar, previamente, que los subsidios por deficientes de operación y las transferencias que se otorguen a las entidades, se apeguen a lo siguiente:

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en el ejercicio:

II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios:

III. Que las entidades beneficiadas busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación, de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios:

IV. Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas y criterios a que se refiere el artículo 63 de este decreto:

V. Que en el avance físico-financiero de sus programas y proyectos se regule el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

Artículo 67. Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información solicitada en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 68 de este decreto.

La Secretaría autorizará y determinará el orden a que sujetará la ministración de transferencias que otorguen las dependencias coordinadoras de sector, cuando se deban diferir ministraciones de fondos, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.

Artículo 68. Con el propósito de asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente a los objetivos, programas y metas autorizadas, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades evaluar y reportar los beneficios económicos y sociales, con la periodicidad que determinen la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con los criterios del artículo 63 de este decreto.

Las dependencias y entidades deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 10 de febrero, los lineamientos para la evaluación de los beneficios económicos y sociales a que se refiere el párrafo anterior.

La comisión intersecretarial de gasto financiamiento podrá requerir información sobre los resultados de las evaluaciones que realicen las dependencias y entidades, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus programas.

El Ejecutivo Federal dará cuenta a la Cámara de Diputados de las evaluaciones a que se refiere este artículo, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Artículo 69. Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar donativos en dinero, donaciones en especie o ayudas, que estén comprendidas en su presupuesto y no se podrán otorgar a favor de beneficiarios, cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la Secretaría lo autorice conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

Los donativos en dinero, las donaciones en especie y las ayudas, deberán ser previamente autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno tratándose de las entidades, en forma indelegable, y en todo caso, serán considerados como otorgados por la Federación.

Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría y a la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, en los primeros 15 días del ejercicio, el monto global de los donativos en dinero, donaciones en especie o ayudas, que se prevea otorgar en el año con cargo a su presupuesto autorizado.

Artículo 70. Las dependencias que reciban donativos en dinero, previamente a su ejercicio, deberán enterar los recursos a la Tesorería de la Federación y solicitar la autorización correspondiente a la Secretaría para su aplicación. Tratándose de la recepción de donaciones en especie o ayudas, las dependencias observarán las disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el caso de los donativos en dinero, donaciones en especie o ayudas, que reciban las entidades, éstas se sujetarán a lo establecido por su órgano de gobierno y a las disposiciones de carácter general que al efecto emitan la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los donativos en dinero, las donaciones en especie y las ayudas, deberán registrarse para efectos presupuestarios.

TITULO CUARTO

De la información y verificación

CAPITULO I

De la información

Artículo 71. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría la información sobre los subsidios y las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestario, a efecto de que ésta la analice e integre al Registro Unico de Subsidios y Transferencias. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 72 del presente decreto.

Artículo 72. La Secretaría y la Contraloría, así como el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público y establecerán los lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser del conocimiento de las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior y el Banco de México, conjuntamente con la dependencia coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información, la cual deberá proporcionarse, a más tardar, el día 10 de cada mes.

Artículo 73. Los poderes Legislativo y Judicial, informarán sobre el ejercicio y disponibilidades presupuestarias a sus respectivos órganos facultados para llevar el seguimiento de sus presupuestos.

Artículo 74. En la ejecución del gasto público federal, las entidades no comprendidas en el artículo 12 de este decreto, estarán obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el presente presupuesto. Asimismo, deberán proporcionar a la Secretaría la información en materia de gasto y sujetarse a las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

CAPITULO II

De la evaluación y verificación

Artículo 75. La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las dependencias y entidades. Los objetivos y metas de los programas aprobados serán analizados y evaluados por la Contraloría.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados de la ejecución del presupuesto a que se refiere el Título Segundo de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. La información incluirá a las entidades que celebren convenios de resultados en su balance presupuestario, así como la evolución de los programas alimentarios y nutricionales y del Programa de Alimentación, Salud y Educación. Asimismo, el Ejecutivo Federal, a través de la Contraloría, informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre la detección de irregularidades y el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.

Artículo 76. La desincorporación de entidades se sujetará a los siguientes criterios:

I. Las propuestas que en los términos del reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se formulen para disolver, liquidar, extinguir, fusionar y enajenar o transferir a los estados, se basarán en los dictámenes que al efecto emita la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados:

II. Con base en los dictámenes a que se refiere el inciso anterior, se enviará a la Cámara de Diputados, informe, por conducto de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y, en su caso, opinión.

Artículo 77. La Secretaría vigilará la exacta observancia de la ejecución de este presupuesto; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Contraloría las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 78 de este decreto.

Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 75 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Artículo 78. La Contraloría y los órganos internos de control de las dependencias y entidades o sus equivalentes de los poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, comprobarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este decreto.

Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones penales y demás disposiciones aplicables.

Tratándose de las dependencias y entidades, la Contraloría pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la colaboración que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 79. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las entidades coordinadas.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1997.

Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a propuesta de la Secretaría de Energía, deberá proceder, en su oportunidad, a la distribución del presupuesto asignado a Pemex-Petroquímica, a que se refiere el artículo 1o. de este decreto, en razón de la afectación que de su patrimonio se realice para la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, debiéndose cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales y Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás disposiciones aplicables.

Tercero. Deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los fideicomisos, mandatos y cualquier otro acto o contrato o análogo, a que se refiere el artículo 26 de este decreto, dentro de los 15 días siguientes a su celebración. También serán objeto de este registro aquellos que continúen vigentes durante 1997, debiéndose cumplir con esta obligación a más tardar el último día hábil del mes de junio.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 1997, las disposiciones de carácter general en materia de austeridad y disciplina presupuestaria a que se refiere el Título Tercero de este decreto.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá traspasar del programa 61. Programa para prever el financiamiento a los partidos políticos y gastos asociados del ramo 00023 provisiones salariales y económicas, al ramo 00022 órganos electorales, recursos previstos hasta por la cantidad de: . . . . . $1.716,900,000.00, a efecto de que el Instituto Federal Electoral pueda sufragar el financiamiento público a partidos políticos, así como otros apoyos relacionados con éste, con motivo de las reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito, hará las adecuaciones presupuestarias necesarias para traspasar al Instituto Federal Electoral hasta un monto máximo de . . . . . $149,000,000.00, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Antes del 30 de junio de 1997, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará de las adecuaciones realizadas a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Asimismo, con fundamento en el artículo octavo transitorio del artículo 3o. del citado decreto y en el artículo cuarto transitorio del mismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá traspasar del ramo 00022 órganos electorales al ramo 00003 Poder Judicial de la Federación, recursos previstos para el Tribunal Federal Electoral por la cantidad de $234.658,700.00, a fin de que sean aplicados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sexto. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en coordinación con las dependencias que participen en programas de subsidios, tomará las medidas conducentes para procurar reducir, en términos reales, los recursos públicos que se destinen al otorgamiento de subsidios generalizados e indiscriminados al consumo, a partir del ejercicio fiscal de 1997.

Los ahorros obtenidos, en su caso, del subsidio generalizado a la tortilla deberán canalizarse en primera instancia a fortalecer el programa de alimentación, salud y educación y, en segunda instancia, a programas productivos de desarrollo agropecuario y rural.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 10 de diciembre de 1996.- Diputados: Antonio Sánchez Gochicoa, presidente; Manuel Beristáin Gómez, Jaime del Río Navarro, José Manuel García García, Raúl Livas Vera, Eduardo Guzmán Ortiz, secretarios; Eduardo Arias Aparicio, José R. Castelazo de los A., César Chávez Castillo, Saúl Escobar Toledo, Pedro Etienne Llano, Marco Antonio Falcón Quijano, Guadalupe Flores Valdez, Carlos Flores Vizcarra, Miguel Angel García García, Luis Antonio Godina Herrera, María Cecilia Hernández Ríos, Miguel Angel Islas Chío, José Luis Leyson Castro, Marco Antonio Michel Díaz, Jorge Padilla Olvera, Cándido Pérez Verduzco, Filemón Ramírez Pérez, Luis Rico y Samaniego, Francisco Suárez y Dávila, María Teresa Tapia Bahena, Kurt Thomsen D,Abbadie, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Homar Zamorano Ayala.»

Es de segunda lectura.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Sánchez Gochicoa:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Con la discusión del día de hoy, llega a su fin para la LVI Legislatura, una de las tareas más relevantes que la Constitución le otorga a la Cámara de Diputados: la facultad exclusiva de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El marco en el que se discute esta iniciativa es diferente al del inicio de nuestra gestión legislativa. En diciembre de 1994 la aprobación del presupuesto se efectuó el día en el que el país perdió más de 5 mil millones de dólares de sus reservas y la economía se adentraba en la crisis más severa de la historia económica contemporánea.

El escenario es distinto después de dos años de enormes sacrificios. Los mercados financieros, que es donde empezó la crisis, han sido estabilizados y la recuperación parece que finalmente ha llegado al sector real de la economía.

Después de caer más de 7% en 1995, el crecimiento económico rebasará 4% al finalizar 1996. Por cierto, un crecimiento también cualitativamente distinto. En esos años nuestro país ha experimentado una transformación que todavía no terminamos de dimensionar.

Para 1997, los mexicanos exportaremos uno de cada tres productos que producimos. Más de 100 mil millones de dólares; característica que tienen pocos países en el mundo y algo que nadie hace en Latinoamérica.

¿Qué hay detrás de esa transformación? No hay magia, hay un enorme esfuerzo y calidad en la manufactura mexicana. Es esto más que las devaluaciones lo que explica el dinamismo de nuestro comercio exterior.

No es ningún secreto que el crecimiento de la productividad de la mano de obra mexicana supera con creces, al que tienen ramas manufactureras equivalentes en los Estados Unidos. El ánimo y la perspectiva son también deferentes.

En fin, hay estabilidad en los mercados y se recuperan los grandes agregados macroeconómicos.

Pero, ¿qué pasa con la microeconomía? ¿Qué pasa con el nivel de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos? A fin de cuentas ése es el propósito y fin último de la política económica.

No podemos, ninguno de los miembros de esta legislatura, estar satisfechos mientras la recuperación no se refleje en la mesa de las familias mexicanas, menos aún, cuando el tiempo que llevamos de diputados, hay 4 millones de niños más que alimentar. Es por ello que a pesar de nuestras diferencias, ha prevalecido el consenso y la insistencia de que la prioridad del gasto público debe ser el desarrollo social. Debemos gastar en las personas, más que en las cosas.

Al fundamentar el presente dictamen, la pregunta necesaria es una: ¿En qué avanzamos a lo largo de 26 meses de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Lo primero que debemos de reconocer es el hecho de que a lo largo de la gestión existió una relación respetuosa entre poderes; esto fue gracias al empeño de todos los grupos parlamentarios.

La tarea que como representantes populares nos impusimos, fue la de cuidar el buen uso y asignación de los recursos públicos, que no son del Gobierno, sino de la sociedad. El paradigma fue no si se debía gastar más o gastar menos, sino que deberíamos gastar mejor. Esta preocupación se ha visto reflejada en los sucesivos decretos aprobatorios del presupuesto y ha desembocado en una relación mucho más interactuante con el Poder Ejecutivo.

Así, por ejemplo, en el presupuesto de 1995, el subsecretario de Egresos compareció en el seno de la comisión para dar cuenta del ajuste realizado para enfrentar la emergencia económica. Nuestra preocupación fue cuidar que en ese proceso se protegiera el gasto social.

En el decreto correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1996, los diputados hicimos un ajuste al monto del presupuesto. Decidimos aumentar el Fondo General de Participaciones de 18.5% a 20%. Lo que implicó una transferencia a estados y municipios de más de 4 mil millones de pesos. Asimismo, dispusimos que las dos terceras partes del ramo 26 se destinarán al Fondo de Desarrollo Social Municipal y se distribuyera de acuerdo a una fórmula basada en indicadores de pobreza.

Otras disposiciones incluyeron racionalizar subsidios y evaluar la viabilidad de los proyectos de inversión, compactar las estructuras del Gobierno Federal, eliminar las duplicidades en las oficinas de México en el exterior y favorecer al sector agropecuario transfiriendo recursos del Procede a proyectos productivos del propio sector. Se estableció la práctica de que los ejecutores del gasto asistieran a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para dar cuenta de los objetivos y metas de las dependencias y entidades, así como de los programas en los que se aplicarían los recursos que se aprobaran. Este hecho marcó el inicio de una nueva relación entre ambos poderes en lo que hace al gasto público.

Se procuró también la participación de las comisiones legislativas de esta Cámara en los trabajos presupuestales, con el fin de enriquecer y diversificar la discusión de uno de los instrumentos más proactivos con los que cuenta la política económica.

No obstante, tenemos claro que nos faltó avanzar en otros frentes. No estamos todavía satisfechos con el proceso de descentralización del presupuesto, en particular, es necesario transparentar, aún más, la canalización de los recursos para la educación básica. Se requiere también fomentar y perfeccionar una Contraloría Social.

Asimismo, un reto que nos queda por enfrentar, en un marco de respeto a la soberanía estatal, es aterrizar la descentralización y la efectividad del gasto público en el municipio, que es el orden de Gobierno que más cerca está de la ciudadanía.

Compañeras y compañeros diputados: la política de gasto público para 1997 fue discutida con amplitud en el seno de la comisión. Estos son los aspectos más relevantes:

1o. Busca promover el crecimiento económico a través de un importante monto de inversión pública de sectores clave como son los energéticos y la infraestructura. Por primera vez en muchos, muchísimos años, la inversión pública superará el pago de intereses de la deuda.

2o. Tiene una intención social que se refleja en los números: 56 centavos de cada peso a gastarse, tienen como destino el desarrollo social. En cuanto al contenido, también por primera vez presenta programas donde se localizan los subsidios a una población objetivo. Tal es el caso del programa de alimentación, salud y educación o del programa de empleo en el medio rural.

Estos programas promueven una política social más descentralizada y más orientada a los grupos sociales indefensos.

El objetivo es combatir las injusticias del mercado para llevar trabajo a quienes más lo necesitan, al tiempo de dotarlos de una mínima infraestructura ahí donde están las fuentes de trabajo de los más pobres de los pobres: en el campo mexicano.

De igual modo se busca una política social que presente un ataque frontal, firme y consistente contra la pobreza extrema, proveyendo alimentación, salud y educación, sobre todo a la niñez, que es el futuro y, por ende, debe ser nuestra principal preocupación.

Otro objetivo de la política de gasto es el de contribuir a la construcción de una sociedad más democrática, con equilibrio entre los distintos poderes y órdenes de Gobierno y en un marco de justicia y seguridad pública. En este sentido, también por primera vez se destinan recursos a un programa especial para combatir la delincuencia y la inseguridad pública.

Finalmente, se descentralizan mayores recursos a las entidades federativas. De tal forma que el Gobierno Federal, una vez deducidos los recursos descentralizados, ejercerá en 1997, un presupuesto menor al de las entidades federativas.

Por lo que hace al decreto, los diputados hicimos 15 modificaciones a 13 artículos y adicionamos cinco artículos transitorios. De manera particular deseo resaltar los aspectos más relevantes de los mismos.

1o. Informar trimestralmente a esta cámara sobre la evolución del programa de seguridad pública, también sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura financiados por el sector privado, así como de los programas alimentarios y nutricionales y del programa de alimentación, salud y educación.

2o. Prohibir el pago de honorarios a servidores públicos por su asistencia a los órganos de Gobierno de las entidades:

3o. Reducir en términos reales, a partir del presente ejercicio fiscal, los subsidios generalizados e indiscriminados al consumo.

"Honorable Asamblea: existen razones para pensar que las proyecciones de crecimiento de la economía podrán ser rebasadas. Por lo pronto partiremos de una base más alta. Sé que para este año se esperaba un crecimiento de un 3% y todo parece indicar que llegaremos a un 4.5%. Este mayor crecimiento implica mayor producción, más empleos, pero también, mayores ingresos gubernamentales.

Por ello, en un país como el nuestro y teniendo en nuestras manos el instrumento de política económica redistributivo por excelencia, los diputados, como representantes populares que somos, no podemos permitir que la mayor disponibilidad de recursos públicos, que a fin de cuentas es producto del esfuerzo y productividad de los mexicanos, tenga mejor destino que el de apoyar proyectos y programas con un profundo contenido social, particularmente en un sector donde se presenta una paradoja dramática. Es en el campo donde se producen los alimentos que consumimos millones de mexicanos y es, precisamente ahí, el centro de la desigualdad que acumula rezagos ancestrales.

La inversión en el campo mexicano es rentable social y económicamente. Cada peso canalizado al fomento agropecuario y al desarrollo rural nos potencializa como nación y representa un acto de elemental justicia social con quienes tenemos un compromiso histórico.

Por todo ello, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública haciendo eco a demandas de varios compañeros diputados y de la Comisión de Agricultura, proponemos las siguientes enmiendas:

Para el artículo 17 se propone adicionar el siguiente párrafo después del párrafo quinto. Asimismo y por lo que se refiere a las recuperaciones que realicen los productores rurales del Programa de Crédito a la Palabra, deberán presentar su voluntad de destinarlos preferentemente a cajas solidarias o proyectos productivos, en estricto apego a lo previsto en el convenio de desarrollo social, en el anexo de ejecución respectivo y a la normatividad correspondiente.

Asimismo, proponemos una enmienda al artículo 37 para quedar como sigue: "el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará en su caso erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento a la producción agropecuaria, a proyectos productivos de desarrollo rural, a proyectos de desarrollo social o a programas y proyectos estratégicos o prioritarios del Gobierno Federal".

Asimismo, se propone adicionar el siguiente párrafo al artículo en cuestión, para quedar como sigue: "el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, informará dentro del primer semestre de 1997, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de los ingresos adicionales obtenidos en su caso, así como el proyecto de asignación presupuestal de los mismos".

Por último, considero que quizá cabría una reflexión final para esta LVI Legislatura en materia de gasto público.

Desde cualquier óptica plural queda claro que no hay caminos ni salidas fáciles en las disyuntivas del desarrollo nacional, esto explica por qué nuestra labor se centró en cuidar la asignación, calidad y eficiencia de los recursos de la sociedad en la ejecución de los programas públicos. Por eso, el énfasis en impulsar la descentralización del presupuesto para acercar las soluciones al ámbito en donde surgen y se manifiestan las demandas; por eso, el esfuerzo de fortalecer los mecanismos de fiscalización; por eso, el propósito de darle un carácter integral a la política social, para que se centre en quienes más necesitan del apoyo del Estado, porque al final, como parte del trabajo plural y comprometido de todos, lo único que tratamos fue imprimirle una dimensión redistributiva a la política de gasto público.

A nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, solicito de manera respetuosa su voto favorable al presente dictamen.»

Dejo las propuestas de reforma y adición en poder de la Secretaría.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Está a discusión el dictamen en lo general.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores:

Para fijar posiciones el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo; la diputada Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional y el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Discutimos por última vez el Presupuesto de Egresos de la Federación. Como en otras ocasiones, el Partido del Trabajo reitera su desacuerdo con la política económica que lo sustenta y que el Gobierno ha impuesto.

Entre otros, un solo motivo es suficiente para esta diferencia y es el que en los últimos dos años se ha producido el más rápido deterioro de los niveles de bienestar de los mexicanos que se recuerde en la historia reciente del país. Los millones de empleos perdidos y la caída de más del 30% del poder adquisitivo del salario, son pruebas evidentes de ello.

A la fecha, los economistas del régimen todavía no atinan a cuantificar cuántos pobres existen y cuántos más habrá en México, por cada millonario como los Slim, los Azcárraga, Legorreta, Peralta, González o Salinas, Salinas Pliego, que ofenden con su riqueza hecha a costa de la miseria de casi todos los mexicanos. Por si fuera poco, de proseguirse esta política, por lo menos hasta el fin de siglo, esa situación no se verá modificada. El mejoramiento de condiciones de vida de millones de mexicanos tendrá que esperar una vez más y no sabemos por cuánto tiempo.

Lo anterior ha tenido como punto de apoyo una política económica que lejos de dejar todo a las libres fuerzas del mercado, se ha caracterizado por subsidiar a los sectores privilegiados del capital financiero, industrial, comercial, por el aumento de impuestos y tarifas públicas y como una constante invariable, por un férreo control salarial; todo ello a costa de la marginación, pobreza y desaliento de millones y millones de compatriotas.

Para enfrentar la crisis, el Gobierno deprimió la economía nacional en aras de lograr el control de las variables macroeconómicas, lo logró y ahora se afirmó y se afirma que la política oficial es la única correcta y viable para enfrentar la emergencia económica. A cambio de ello se prometió y se promete que tiempos mejores vendrán para todos los mexicanos; sin embargo, la realidad ha sido más pérfida, más rica que los discursos, de tal suerte que el costo económico social para el pueblo continúa.

La pobreza ha superado las expectativas más pesimistas de los estrategas oficiales, lejos, muy lejos está el bienestar prometido para las familias mexicanas. No obstante las reiteradas muestras de su ineficiencia y magros resultados en cuanto al bienestar, el Gobierno sigue obstinado en que su política económica es la úni ca correcta, el que disienta está equivocado y se le avisa que será reprobado, sólo hay una verdad, la oficial, la iniciativa de Ley de Egresos de la Federación, aunque con nuevos elementos en el discurso, se mantiene dentro de ese rumbo impuesto por ya más de tres lustros.

No podemos dejar de mencionar que, como el año anterior, la presentación ante esta legislatura de los criterios de política económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos ocurrió después de que sus lineamientos generales y aún algunos particulares fueron acordados por el Ejecutivo con los representantes patronales, obreros y campesinos reconocidos por él en el llamado acuerdo para el crecimiento económico. Por supuesto al margen de este Congreso, lo que desde nuestro punto de vista violenta las atribuciones de esta soberanía y hace que en buena medida, ésta y otras discusiones sean un acto puramente informal y protocolario.

En ese sentido quienes aprueben hoy el Presupuesto de Egresos estarán sólo convalidando una política que en los hechos ya está funcionando desde hace tiempo: los aumentos a los precios de; energéticos, el tope salarial, el aumento al precio de los transportes públicos están ya vigentes, la periodicidad y aumento que en sus precios tendrán los bienes y servicios están igualmente predeterminados y por supuesto, están comprometidos recursos de diverso tipo como los adicionales derivados de la reforma de seguridad social que serán canalizados a la iniciativa privada a través de las Afores.

Es obvio que los egresos dependen de los ingresos y es desde ahí que mantenemos nuestras diferencias con la propuesta del Ejecutivo.

En su momento, el Gobierno y la mayoría no aceptaron gravar las ganancias bursátiles, la especulación y la riqueza para incrementar la carga impositiva de manera progresiva y justa.

Estas medidas están presentes en otros países y no entendemos por qué en México esto no se ha hecho siendo que aquí existe una de las tasas más bajas de recaudación fiscal en el mundo y seguimos sin gravar a las grandes fortunas.

En el ámbito de los egresos se mantienen la misma tendencia. El presupuesto, como ya señalamos, favorece en buena medida a los grandes prestatarios del exterior, a los banqueros y a los grandes consorcios. Del gasto total para 1997, el 16.5% corresponde al costo financiero de la deuda; la variación porcentual de este concepto con respecto al año anterior es del 12%, más del doble que el incremento del gasto total que es de sólo 5.2% en términos reales.

Visto desde otra óptica, en términos de su tendencia reciente, el costo financiero de la deuda pública cuyo monto alcanza casi 120 mil millones de pesos, equivale un aumento del 60% con relación a 1994 que fue el monto más bajo después de la renegociación de la deuda durante el régimen anterior. No podemos aceptar que después de un esfuerzo tan arduo por parte de los mexicanos, sobre todo por parte de la población menos favorecida, el costo de la deuda vuelva a incrementarse de esa manera.

Este costo implica además un 20% más que el presupuesto de educación incluyendo a las aportaciones a las entidades federativas; equivale también a que se paguen diariamente 329 millones de pesos o que bien, de cada peso que se recauda 16 van a este fin. Visto en términos de ingresos fiscales, representa el 42% de los ingresos por impuestos, o sea, que la deuda se cubrirá con la recaudación esperada en impuesto sobre la renta y con el cobro de gravámenes a la importación.

Mención especial dentro del costo financiero merecen los bancos. A manera de ejemplo, sirva lo que dice el texto en relación a Fovaproa: el fondo de rescate financiero los bancos, obtendrán de manera directa en el mercado financiero recursos por un monto de 40 mil millones de pesos; el costo por intereses de este financiamiento está ya incorporado en el presupuesto del año que entra.

También es pertinente recordar que el costo de los programas de rescate será durante los próximos 30 años, de 210 mil millones de pesos a valor presente. El Gobierno, como señalamos en la comparecencia del Secretario de Hacienda, en cuanto tiene fondos además, los destina a amortizar los programas de rescate, esto ocurrió con los excedentes petroleros y del Banco de México en 1995 y 1996, esto muestra la preferencia del Gobierno de a quién beneficiar y cómo hacerlo, esperamos que hoy, que cuando menos con los candados impuestos o introducidos en el artículo 37 del decreto, lo anterior no ocurra y que existan recursos adicionales que se destinen a programas productivos y sociales que subsanen en parte los grandes rezagos existentes.

Uno de los renglones que el Gobierno ha subrayado es, con mayor vehemencia, es el relativo a la inversión. Básicamente son dos las razones, una está en la relación directa a la tasa real de crecimiento de este rubro que será de casi el 27% y la otra que tiene que ver con una nueva forma de financiamiento de los proyectos a través de la participacion de la iniciativa privada; se dice que esto permitirá ampliar los programas de obras sin que tenga que hacer ningún desembolso el Gobierno, de inmediato.

El repunte de la inversión es importante, sin duda, pero creemos que es insuficiente para recuperar la planta productiva, fundamentalmente la que se orienta al consumo interno. Los recursos no son recursos suficientes para la reestructuración o la aplicación de proyectos productivos a los pequeños y medianos empresarios del campo, la industria y los servicios, que por lo menos requieren de otro monto similar, además de las necesidades de conservación y construcción de infraestructura, amén de que éste es un esfuerzo que para tener resultados positivos, debiera mantenerse por varios años.

En relación a los proyectos de inversión inducida en los cuales no se erogarán, se dice, hoy recursos, sino hasta que estén totalmente terminados y generen ingresos, consideramos que este esquema presenta riesgos similares a los que hemos observado en el pasado, por ejemplo con los proyectos carreteros, errores en la planeación, costos, recuperación de inversión, tarifas o cuotas, etcetera, pueden ser elementos que den al traste con estos proyectos.

Tema fundamental y central del presupuesto es el relativo al gasto social. Su crecimiento es del 9.3% en términos reales, mayor que el del presupuesto total pero menor, como ya señalamos, que el incremento que se da al costo financiero de la deuda.

Además hay que considerar que este crecimiento en buena parte se debe a que los recursos para el sector han aumentado, en virtud de los costos de la reforma a la seguridad social.

Si nosotros retiramos esas cantidades, que por lo demás serán asignadas a la iniciativa privada en buena medida, resulta ser que no es cierto que estamos cerca del 56% del presupuesto destinado a este sector, sino sólo el 54%.

Y en este terreno vale hacer algunas comparaciones para demostrar y señalar hacia dónde apunta la política oficial.

Como ejemplo, se puede decir que el año de 1997 se destinarán más de 11 mil millones a los programas de rescate de la ineficiencia bancaria y carretera, es decir, para no más de 25 empresas. Esta cantidad es 8 veces mayor que los 1 mil 350 millones que se asignarán para el apoyo de 400 mil familias; casi el doble que los 6 mil 200 millones para subsidios alimentarios y es casi igual a los 13 mil millones de asistencia social para todos los marginados mexicanos en los programas de pobreza. Por supuesto, no está lejos de los 12 mil 600 millones específicos que están en el rubro de superación de la pobreza, que por cierto disminuye en términos reales en más del 7% con respecto al año pasado.

El ritmo de crecimiento de la población en México es cierto que ha descendido, pero la inercia del crecimiento de las décadas anteriores, perfilan una población que es fundamentalmente joven y que reclama servicios de todo tipo. Del otro lado, la proporción de población adulta está creciendo rápido y obviamente también reclamará servicios, sobre todo de salud, de jubilación, de alto costo. De esta suerte, los servicios como educación, salud, vivienda, tienen que ser satisfechos plenamente y el presupuesto no lo hace.

Con un contexto como el que vivimos, es evidente la necesidad de mejorar de inmediato y de manera sustancial los indicadores sociales más importantes y por consecuencia, incrementar el gasto social.

Este incremento debe estar en función del deterioro de los indicadores sociales y el incremento de pobreza y la caída del bienestar de la población. Sólo hace unos meses, informaciones del INEGI señalaban que de cada cinco niños que nacen, cuatro se ubican dentro de los límites de la pobreza.

De esta suerte, se puede concluir que el incremento del gasto social debería ser muy superior al presupuestado por el Ejecutivo, pero las prioridades son otras, además de que se señala no hay recursos para hacerlo.

No compartimos esta apreciación. Hay como financiar en mejor medida este gasto. Se han propuesto diversas alternativas y no se han escuchado. Reiteramos, se dice sólo hay un camino y es el del Gobierno que ha demostrado su ineficiencia y que lo que si produce seguramente son pobres y marginados en este país.

Se han negado a gravar las ganancias especulativas, las bursátiles, la riqueza, renegociar la deuda o utilizar un déficit moderado del 2% al 2.5%, que puede fácilmente ser manejado para enfrentar estas carencias. La mayoría de esta Cámara y el Ejecutivo han dicho que no, que no hay alternativas más que la de que el pueblo mexicano siga en la pobreza. Por cierto, se nos avisa: quizá hasta el siglo que viene. Por cierto, habría que señalar que si no se dan pasos para iniciar una política como la que se señala, de crecimiento y de equidad, que el pueblo mexicano necesita y merece, difícilmente la inseguridad, la paz y los consensos podrán ser concretados.

Por último y no por eso lo último, ni que decir del caso omiso que se hizo de la demanda de avanzar en el terreno del federalismo fiscal, fortaleciendo las participaciones de municipios y estados. En ello no se introdujo modificación alguna en el presupuesto y en cambio se destinaron 2 mil 300 millones de pesos para el financiamiento de las campañas de los partidos políticos.

Compañeras y compañeros diputados, con base en lo expresado, nos parece evidente que no es posible que avalemos un presupuesto que forma parte y es instrumento fundamental de una política económica que ha sumido al pueblo en la pobreza y que no plantea visos de superar esta situación, por ello nuestro partido, nuestra fracción parlamentaria votará, como lo hizo con los otros instrumentos, en contra de ellos, ya que su resultado evidente es que hoy millones de mexicanos no vean un futuro promisorio, no vean una esperanza para su vida desde ahora.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Ifigenia Martínez Hernández.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Con su venia, señora Presidenta:

Con fundamento en lo que establece el artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del artículoo 88 del Reglamento Interior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta ante esta soberanía, el siguiente voto en contra del dictamen de decreto relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al año de 1997.

El proyecto de presupuesto mantiene, por tercer año consecutivo, un bajo nivel de gasto primario que es el que llega en forma de servicios e inversiones a los contribuyentes y un elevado gasto financiero para pagar el servicio de la deuda.

En 1995 el gasto programable se redujo en 14%, mientras el financiero aumentó en 50%. En realidad la caída del gasto y la inversión pública se inició desde 1983, cuando hizo entrada el neoliberalismo.

Para 1997 se propone un ínfimo aumento de sólo 4% del gasto programable, mientras al costo financiero de la deuda se le aumenta en 12%. Es decir, en 1997 el gasto público será menor al de 1994 en un 6% y en 25% al de 1981.

Al mismo tiempo, a lo largo de este periodo de más de 15 años la población, sus necesidades y los rezagos productivos y sociales han crecido en forma acumulativa.

La política de adelgazamiento del gasto productivo y social del Estado corresponde a los dictados del Fondo Monetario Internacional, a los acuerdos firmados con el Gobierno de Estados Unidos y a los requerimientos del sistema financiero, pero no a las necesidades económicas y sociales del pueblo de México.

El gasto y la inversión pública no contribuyen a la recuperación del crecimiento. Asimismo, la reducción del ingreso real de los trabajadores, de su salario, la contracción del mercado interno, la prevalencia de altas tasas de interés y el sobreendeudamiento de la mayor parte de las empresas, hacen imposible que se lleve a cabo la llamada pomposamente consolidación de la recuperación del crecimiento.

No hay de otra, la recuperación que pretende la actual administración se hace depender del incremento de las exportaciones y de la entrada de capital externo. Se relega el ahorro y el mercado interno.

Ya oímos aquí en boca del diputado Gochicoa el elogio desmedido a las exportaciones, mientras que los nacionales nos quedamos con menos consumo y menos inversión, por lo tanto se prevé un connato de recuperación débil e inestable, porque el sector exportador, señor diputado Sánchez Gochicoa, el sector exportador no está integrado al conjunto de la economía nacional, como es el caso de las maquiladoras y la dependencia de insumos importados y de maquinaria y equipo y por tanto no actua como locomotora de la economía.

Pero además, la excesiva dependencia del capital financiero internacional es inestable y genera crisis recurrentes, como ya vimos recientemente en 1994.

Desde 1983, el gasto público y el aumento de los impuestos tienen como meta obtener un alto superávit primario para cumplir con tres objetivos de las finanzas públicas del Gobierno neoliberal: dar prioridad al pago puntual y exacto del servicio de la deuda; incrementar el ahorro interno y combatir la inflación, no con mayor producción, sino con menor consumo.

El superávit primario proyectado para 1997 es de 104 mil 404 millones de pesos, que equivalen al 3.4% del PIB, insuficiente para cubrir el costo financiero de la deuda que ascenderá 119 mil 700 millones, con lo cual habrá un déficit económico del sector público consolidado, de 15 mil 980 millones de pesos, equivalente al medio por ciento del producto interno bruto.

Este superávit primario y este déficit financiero expresan la prioridad que el gobierno neoliberal concede al pago de la deuda por encima de sus compromisos y obligaciones de Estado. Esta prioridad perjudica el funcionamiento de la economía nacional. Por ello hemos planteado un cambio en las prioridades en favor de un crecimiento que aumente la capacidad de pago del país y permita cumplir los compromisos y mantener el crédito externo.

El objetivo de pagar la deuda a costa del crecimiento, es equivocado. El Gobierno argumenta que el superávit primario sirve para aumentar el ahorro interno y financiar la inversión que es la palanca del crecimiento, pero no hay tal, porque el superávit se dedica íntegro a pagar el servicio de la deuda y aún así habrá un déficit financiero. ¿Dónde está el ahorro.

Señora Presidenta, le suplicaría a usted que les dijera a los diputados que prestaran atención.

La Presidenta:

Esta Presidencia invita a todos los diputados a escuchar con atención la intervención de la diputada en turno.

Continúe, diputada.

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

La inversión pública aumentará después de la caída de más del 30% que sufrió en 1995 en sólo un 2.3%, mientras el gasto financiero se incrementa en 12%.

El ahorro del sector público y también el ahorro privado, resulta afectado en forma negativa por la política recesiva que disminuye el ingreso de la mayor parte de la población, pues la capacidad de ahorro depende fundamentalmente del nivel de ingreso y no al revés. El ahorro sin inversión es recesivo, segunda lección de economía.

El tercer objetivo del superávit es tratar de disminuir la inflación deprimiendo la demanda efectiva y el déficit financiero previsto no estimula, ya que el excedente de gasto que se canaliza a los acreedores, la mitad sale al exterior y la otra mitad se pasan los tenedores de la deuda, que seguramente la destinarán a inversiones financieras especulativas que son las más rentables.

Se trata de una política de estabilización practicada desde hace más de dos sexenios, cuyo fracaso es evidente; se trata en una política basada en el sacrificio del pueblo que no logra ser eficaz. Esta política de estabilización no alcanza el objetivo de compatibilizar crecimiento con estabilidad monetaria. Aparentemente logra abatir la inflación, pero es sólo un logro transitorio, como nos enseñó la crisis monetaria del 1994.

En cambio, no se atiende la fuerte tendencia al déficit externo de la economía ni el creciente poder financiero del Banco de México, que al seguir una política contraccionista estimula las altas tasas de interés.

Tampoco se atiende el grado de monopolio transnacionalizado que impulsa el Gobierno. La política de elevar los impuestos, perseguir a causantes en deudas y reducir el gasto productivo para obtener un superávit primario, no sólo no ataca ninguna de las verdaderas causas de la inflación, sino tiende a reforzarla. Vivimos en el peor de los mundos posibles: la estanflación.

Por las razones anteriores propusimos una política de recuperación que utilice productivamente el superávit primario de las finanzas públicas.

Hemos propuesto un incremento del gasto productivo que equivale al 2% del producto interno bruto, proyectado para 1997, que se puede financiar disminuyendo el superávit primario y contratando un financiamiento adicional para pagar los intereses.

Parcialmente también estas erogaciones adicionales podrían hacerse con cargo a los ingresos excedentes, como lo establece el artículo 37 del decreto del presupuesto.

Se trata de un gasto adicional de 60 mil millones de pesos que, de no haber ingresos excedentes, elevarían el déficit financiero al 2.5% del producto interno bruto.

Este porcentaje podría ser mucho menor si consideramos el impacto positivo que tendría el incremento del gasto, orientado hacia sectores productivos, sobre la demanda interna, la producción y la recaudación correspondiente. Nunca hemos escuchado este cálculo.

Nuestra propuesta es bastante moderada si la comparamos con el macropréstamo que obtuvo el Gobierno en 1995 para reestructurar la deuda externa de más de 50 mil millones de dólares. Ahora se trata del equivalente de 7 mil 500 millones de dólares.

Asimismo, el Gobierno lanzó en 1996 un paquete para el rescate financiero de bancos y carreteras concesionadas por más de 80 mil millones de pesos. Nuestra propuesta es por un monto inferior.

El aumento debe orientarse dentro de la estrategia de desarrollo que dé prioridad al desarrollo agropecuario y al bienestar rural, aumentando en 100% en términos reales su presupuesto de 31 mil millones de pesos y en forma complementaria la participación de estados y municipios al desarrollo social, al medio ambiente y pesca, al sector de comunicaciones y transportes y a reforma agraria, para regularizar y dar confianza a ejidatarios, comuneros y propietarios.

Nuestra petición se basa en las demandas presentadas por el movimiento campesino 10 de Abril, que agrupa a 10 organizaciones campesinas.

Este gasto de 60 mil millones bien orientados, daría una estructura productiva mejor articulada, que responda a los requerimientos de la demanda e incorpore un mayor valor agregado a nuestras exportaciones.

Requerimos un fuerte impulso al mercado interno y a los productores, que difícilmente puede provenir del sector privado, ya que una gran parte de las empresas están metidas en un círculo vicioso de sobreendeudamiento, que para ser roto requiere de un aumento orientado de la inversión y del gasto público.

Se trata de una estrategia diferente, donde el gasto público juega un papel fundamental, para compatibilizar crecimiento con esta habilidad. El abasto oportuno y barato de bienes de consumo popular, es la mejor manera de abatir los precios, a diferencia de la política que cree que este abasto se puede lograr más barato del exterior.

Proponemos por tanto fomentar la producción interna, especialmente del complejo agroalimentario y también mantener una disciplina en las finanzas públicas, consistente en mantener el equilibrio primario y un déficit financiero acotado en límites precisos, instrumentando un paquete de medidas, entre ellas el incremento de los ingresos públicos derivados de la reactivación productiva y un sistema fiscal más justo del mejor aprovechamiento de la renta petrolera y de una disminución de los gastos financieros, mediante una política monetaria de expansión crediticia, que disminuya las tasas de interés.

La administración concertada de precios debe continuar, pero de una manera más democrática, con la participación representativa de obreros, campesinos, empleados, profesionales y empresarios, que supere la actual composición cupular y corporativa de la llamada alianza OPAC.

El incremento de la inversión pública y de los gastos en fomento de sectores industriales y agropecuarios, lo mismo que en investigación y desarrollo, se orientarán a la formación de una estructura productiva mejor integrada y más eficiente.

Asimismo se requiere reorientar el gasto público hacia el fortalecimiento de regiones del país, que tienen graves rezagos sociales y a la vez un gran potencial productivo, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Nayarit, entre otras.

Se trata de recuperar el concepto de planeación texto-regional, para generar polos de desarrollo que refuercen la estructura productiva, al mismo tiempo disminuyan los desequilibrios en la distribución del ingreso y aminoren los conflictos sociales que surgen en esta área.

En 1980, el gasto público destinado al desarrollo rural equivalía al 3% del producto interno bruto, actualmente representa sólo el 1%. En ese mismo año el 12% del gasto programable se destinaba al sector de desarrollo rural, ese porcentaje fue bajando constantemente a lo largo de estos 16 años y actualmente llega a cerca del 6%.

El incremento que proponemos al sector agropecuario, debe destinarse de manera prioritaria, a los programas de fomento productivo de crédito y de infraestructura hidráulica, para lo cual una parte sustancial de los mismos, debe reforzar entidades públicas como el Banco Nacional de Crédito Rural, el SIRA, el SINA, Agroasemex, FOSI y la Comisión Nacional del Agua, además de programas específicos de investigación y difusión tecnológica y de otras instituciones relacionadas.

La depresión que padecemos tiene su expresión más dramática en la descapitalización y carteras vencidas de la mayor parte de los productores agrícolas que antes eran prósperos y que ahora han dado lugar a movimientos como el de El Barzón.

Si en un principio la crisis sólo afectaba a ejidos, minifundios y comunidades, hoy abarca casi a todo el sector agropecuario sin distinguir formas o magnitudes en la tenencia de la tierra. El fortalecimiento del motor agroalimentario sí tendría un gran impacto sobre el crecimiento económico. Tomemos en cuenta que el principal componente de la demanda agregada es el gasto en consumo de la población dentro del cual su principal componente es el gasto en alimentos. Más del 60% de la demanda agregada corresponde al consumo interno y de éste, más del 35% se destina a comprar alimentos. En la demanda agregada, el renglón que más se le acerca al consumo es el de exportaciones con alrededor del 18% del total.

En consumo, el renglón que más se acerca es de alimentos, representa apenas el 13%. El complejo agroalimentario incluye no sólo al sector agropecuario, sino también al pesquero y al industrial y a la conservación, distribución y comercio de alimentos. También en el aspecto industrial su importancia es decisiva, ya que el principal departamento de la actividad industrial del país, que es el de transformación, es la industria de alimentos.

En cuanto a empleo, el complejo agroalimentario absorbe más del 35% de la población ocupada.

El cambio de política económica que proponemos tiene como objetivo prioritario, fomentar el desarrollo económico y lograr la equidad social. Una política de desarrollo social no reduce la pobreza como propone el actual Gobierno, que se reduce al gasto asistencial del ramo 26, si al mismo tiempo impulsa una política que genera desempleo, bajos salarios, exclusión social y concentración del ingreso.

No hay gasto social por grande que sea que impida que siga avanzando la pobreza en México con esta política. No hay desarrollo social posible sin desarrollo productivo. El gasto público destinado al desarrollo social será eficaz para superar la pobreza sólo si la política económica se orienta en el mismo sentido. Por estas razones votaremos en contra del dictamen.

El aumento de la inversión en los sectores estratégicos de la economía no sólo es insuficiente sino está mal orientado. En el sector agropecuario no hay un enfoque regional ni se integran las cadenas industria-agricultura-industria. En el sector energético, la inversión que ocupa el 56% del total, 68 mil 700 millones de pesos, se destina a aumentar la exportación de petróleo crudo que llegará a 1 millón 704 mil barriles diarios en detrimento de los procesos de mayor valor agregado como la petroquímica.

No hay política industrial a pesar del clamor empresarial porque se adopte uno. El gasto en inversión física aumenta sólo 2.3% en términos reales en relación al de 1996. Disminuye en 8% en comunicaciones y transportes y tan sólo hay un pequeño aumento en medio ambiente y pesca que incluye infraestructura hidráulica. En educación se sigue relegando la construcción de una tecnoestructura científica para adoptar los cambios tecnológicos y se siguen desmantelando los institutos de investigación, el más reciente de octubre de 1996 es el Instituto Mexicano de Comunicaciones. Persiste la frágil situación de los bancos y de los deudores.

En suma, se trata de un presupuesto falaz y demagógico y por eso nuestro voto es en contra en lo general, reservándonos los artículos 17, 37, 68 y 78, para el debate en lo particular.

Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Beristáin Gómez.

El diputado Manuel Beristáin Gómez:

Gracias, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

El Presupuesto de Egresos de la Federación, es un instrumento fundamental de la política económica del Gobierno Federal y debe de ser el mejor medio para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y un motor para el desarrollo del bien común en un marco de una verdadera justicia social.

En 1997 el Gobierno Federal, de acuerdo a los datos acusados en el proyecto de presupuesto, incurrirá en un endeudamiento interno neto de alrededor de 34 mil millones de pesos, que representa el 1.1% del PIB, para financiar precisamente su déficit económico el Gobierno tendrá que evitar que este endeudamiento no se convierta en inflación, por lo que no se descarta que prevalezca la rigidez monetaria.

Por otro lado, pretende diferir pagos por casi 15 mil millones de pesos. Todo esto para poder reducir el déficit al .5% del PIB. El diferimento del pago corresponde a gastos que se devengarán en el periodo presupuestal del próximo año y se pagarán hasta 1998, pasando a formar parte de las famosas Adefas, que no es otra cosa que adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Es decir, yo gobierno, dejo de pagar mis compromisos de 1997 para gastarme recursos que no son míos; el déficit sería mayor si no se obtuviera o lograra un superávit de 18 mil millones de pesos aproximadamente, proveniente de Petróleos Mexicanos.

Desafortunadamente observamos los mismos vicios que en forma reiterativa se han acusado en los textos de presupuestos de egresos de años anteriores; se insiste en presentarle un presupuesto de país rico a un país empobrecido y queda nuevamente olvidado que el sector público debe de reducir su gasto corriente que debe de eficientarse, debe de ser honesto en el manejo de los dineros públicos y no debe de permitirse que existan actos de corrupción que se traduzcan en actitudes de impunidad.

No es un secreto que el sector público o las empresas paraestatales han servido de feudo para los casos más escandalosos de corrupción, peculados, fraudes etcétera.

Y más que defender la soberanía o recursos de la nación o de mejorar las condiciones económicas nacionales, tratan de seguir medrando y depredando a la nación a través de presupuestos millonarios como el que hoy se discute en esta Cámara.

El problema de México y por lo cual padecemos esta crisis y las anteriores, no se debe a ciudadanos evasores, sino a los funcionarios deshonestos que dilapidan el dinero de los impuestos, el daño que ellos han provocado y provocan no nada más es social, sino moral, al pueblo gravemente empobrecido.

La reducción en la recaudación fiscal cercana al 7% en 1996, no se debe, decíamos, a la evasión fiscal, sino a una fuerte recesión que redujo los ingresos, de muchas empresas y que a otras las desapareció. La misma Canacintra menciona que en 1996 han quebrado 15 mil empresas. Sin embargo, Hacienda no se da cuenta de esa realidad, que las empresas mexicanas están flacas y enfermas y quiere aumentar la ordeña de impuestos a estas empresas escuálidas y con mala salud.

El Presupuesto de Egresos de 1997, muestra un incremento del 35% en términos nominales. Nuevamente el Ejecutivo Federal hace caso omiso de reducir su gasto público. En los últimos cuatro sexenios, la burocracia del sector central ha crecido en promedio 100% y por otro lado observamos que la calidad de los servicios se han ido deteriorando.

Se prometió una reforma del Estado y ha quedado en eso, precisamente: en una simple promesa. Sobre todo cuando vemos que existen muchas dependencias del Gobierno Federal que pueden reducir su tamaño o inclusive desaparecer. Otras podrán consolidarse en las que queden, de tal forma que el propio Gobierno Federal optimice su administración delegando facultades y funciones a estados y municipios que por su naturaleza les corresponda.

Y por otro lado, redistribuyendo adecuadamente cargas de trabajo que provoquen un ahorro sustancial en el gasto corriente.

De la misma forma, con referencia a los subsidios, está el caso de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que hoy se presupuestan 6 mil 148 millones de subsidio. Preguntamos si el interés de los consumidores de energía eléctrica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro está por arriba de los intereses de los demás mexicanos o bien, ¿la ineficiencia de esta empresa debemos pagarla todos los mexicanos? Esto no es posible que continúe así.

De la misma forma a la Conasupo se le presupuestan subsidios por 5 mil 753 millones y que está orientado a productores de tortilla. Este programa está totalmente probado, que más del 60% no llega a quienes justamente lo merecen.

En ese mismo sentido a Ferronales se le presupuestan 5 mil 93 millones de subsidio, para cubrir nóminas de pensiones, déficit de operación y deuda paraestatal.

Por eso el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, ha sostenido que es posible reducir considerablemente el gasto público, congruente con nuestra propuesta de la disminución de determinados impuestos y a través de estímulos fiscales que promuevan o alienten la inversión productiva y poder crear las fuentes de empleo como elemento detonador de nuestra economía.

El camino correcto es bajar la carga fiscal, por un lado y lograr el equilibrio presupuestal por la vía de la reducción del gasto por el otro.

Todo incentivo fiscal o baja de impuestos que no va acompañado de una reducción equivalente al gasto, es un engaño y todo empleo y crecimiento económico logrado por la vía de mayores impuestos o por vía del déficit presupuestal, es transitorio y con efectos inflacionarios.

El doctor Zedillo se olvida que el principal problema social de México es la enorme carga del gasto total del Gobierno Federal en relación a una débil economía de nuestro país.

Como consecuencia de la recesión y a falta de ajustes en el gasto, el Gobierno proyecta un déficit presupuestal del .5% del PIB, que puede llegar hasta el 2%.

Muchos economistas han señalado que ese déficit estará orientado para rescatar a la banca y al nuevo sistema de ahorro: Afore.

Los únicos medios para reducir el déficit esperado, considerados por el Gobierno Federal son, por un lado, incrementar la presión fiscal, en otro sentido la venta de algunas paraestatales o bien la colocación de bonos gubernamentales en el mercado.

Nuevamente el doctor Zedillo no ha puesto en primer lugar los intereses de los que menos tienen, recortando subsidios a grupos privilegiados dentro del Gobierno Federal.

En el texto del Presupuesto de Egresos nos damos cuenta de que el sector público va a promover la creación de 15 mil empleos más. Nuevamente equívoco fatal, ya que el sector público no debe de ser o convertirse en empleador, sino promotor del empleo. Porque equivale entonces a que el padre le haga la tarea a su hijo reemplazándolo y en el examen final y cuando el hijo se encuentre solo ante el maestro no sepa qué hacer y por lo tanto esté destinado a reprobar y jamás madurar ni desarrollarse como persona. Esto mismo le pasará a nuestra economía con esta política de convertir al sector público como empleador.

La administración pública no crea empleos, únicamente transfiere empleos del sector privado al sector público. El empleo público se relaciona con gasto corriente, el empleo privado se relaciona con inversión. Los empleos privados con la generación de la riqueza financian a los empleos públicos a través de los impuestos. Por lo tanto, de ninguna manera es sano y menos adecuado que el sector público se convierta en un empleador simple.

México necesita alrededor de 1 millón de nuevos empleos anuales. Hoy la población sin empleo fijo son casi 25 millones de mexicanos. El rezago de empleos no generados es de casi 9 millones, más los que se vayan acumulando anualmente por la no generación de los mismos.

Esto es muy grave, señores diputados, porque la no generación de empleo expulsa a los mexicanos de su propia patria y es exactamente lo que está haciendo el Ejecutivo: expulsar a los mexicanos por no promover una política económica promotora del empleo.

Vivimos en un México de contrastes: por un lado, somos el cuarto lugar en número de supermillonarios en dólares y por el otro, somos un país con la más alta marginación social, con más de 60 millones de pobres.

Por un lado, somos socios comerciales de los países más desarrollados del mundo y por el otro, somos un país con uno de los más altos índices de desempleo.

Por un lado, en cualquier país en desarrollo la movilidad del estrato económico más pobre tiene la fe y la esperanza y además una oportunidad real de mejorar su nivel socioeconómico; en México es exactamente lo contrario.

Hoy al Gobierno le urge resolver la macroeconomía, sin importar la microeconomía. Urge un Gobierno rico con cargo a un pueblo pobre. Esto, señores diputados, no debe ni puede continuar. Lo que debe de urgir a este Poder Legislativo es terminar con este México de los grandes contrastes y sobre todo de las grandes simulaciones.

Referente a recursos descentralizados directamente a estados y municipios, es decir, participaciones, el incremento para 1997 en términos reales es del 4%. Es increíble que a principios de siglo los ayuntamientos contaban con el 12.9% del total de los recursos recaudados por la Federación y a finales de este mismo siglo solamente cuenten con el 4.6%, es decir, casi tres veces menos. Pero este porcentaje deberá dividirse entre el número de municipios que tenga cada entidad federativa y en el mejor de los casos a cada municipio le va a corresponder 96 centavos, es decir, menos de un centavo de cada peso recaudado; y en el peor de los casos le va a corresponder .008 milésimas de centavo, como es el caso de Oaxaca, de cada peso recaudado por la Federación. Esto es una verdadera pobreza extrema de los municipios.

No podemos continuar con ofrecimientos de federalismo demagógicos y que queden únicamente en el discurso del doctor Zedillo. Vamos a tener que cambiar este país a través de fortalecer a los estados y a los municipios.

Hoy el municipio padece una sumisión económica que se traduce en la primera angustia de los alcaldes de todos los partidos. El escamoteo de los recursos y la privación de facultades sujetan al municipio y lo tienen postrado, sojuzgado y condicionado a la Federación, a ver qué deja caer el Gobierno Federal.

El divorcio entre lo macro y lo micro en nuestro país es de alcances incalculables y motivado por una ausencia de un federalismo descentralizador, subsidiario y solidario, que sirva como puente vinculante entre ambas y crear un nivel mesoeconómico para promover el desarrollo regional equilibrado.

Sin un verdadero federalismo no puede haber futuro económico para el país y menos un real avance en el combate a la pobreza. Por eso nos pronunciamos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que en el presupuesto para 1997 se deberían de incrementar en forma sustancial las participaciones, independientemente de modificar los porcentajes de distribución del Fondo General de Participaciones.

Y señalamos también que los recursos del fondo de desarrollo social municipal debería por lo menos incrementarse en un 2% del presupuesto total de 1997 y que la distribución de estos recursos se asignarán a los estados a través de una fórmula que debería de estar insertada en el texto de este presupuesto, de este dictamen que hoy discutimos y no dejarla al arbitrio y a la disposición del Secretario de Desarrollo Social.

Evitar también, por otro lado, que estos recursos fueran etiquetados o bien sugeridos, como hoy se contempla en el propio ramo 26, en el texto del decreto y que, por otro lado, desaparecieran los organismos paralelos al cabildo que rompen con la libertad del municipio y la autonomía en el manejo de los recursos hacendarios, así como únicamente delegar la responsabilidad al cabildo en el uso de estos recursos, pero no le delegan la autoridad completa para administrarlos y aplicarlos.

¿Cuántas estructuras participan en la distribución del fondo de desarrollo social municipal? Participa la estructura del Gobierno Federal, participa la estructura del gobierno del Estado, participa la estructura del gobierno municipal y todavía la estructura de la sociedad municipal, para distribuir estos escasos recursos de 8 mil 222 y medio millones de pesos para todos los 2 mil 412 municipios del país; esto es totalmente inconcebible.

Señores diputados: ¡Cuidado!, porque el déficit fiscal puede representar una grave tentación para el Gobierno Federal y utilizarlo exclusivamente para fines electorales. Acordémonos que 1997 es un año electoral para renovar el Poder Legislativo, parte estratégica para cambiar las cosas en este país y esa tentación el Ejecutivo puede utilizarlo precisamente para este tipo de fines. Por ejemplo, el diferimiento de la entrada en vigor de la ley del IMSS representa al Gobierno Federal ejercer gastos por 6 mil millones de pesos en perjuicio de la clase trabajadora mexicana, ya que el Ejecutivo tendrá mayores recursos para fomentar el artificial desarrollo económico en un año electoral típico de las administraciones priístas.

Asimismo, cabe destacar que el gobierno ha presupuestado un gasto excesivo en un 35% del presupuesto para 1997. Sin embargo, los ingresos tributarios se incrementaron el 25%. Lo peor de todo es que el Gobierno Federal no podrá alcanzar los ingresos presupuestados para 1997 y entonces endeudará excesivamente al pueblo de México, por lo que es permisible calificar la irresponsabilidad del Ejecutivo Federal al pretender gastar más que lo que recauda y, sobre todo, con el único objeto de cumplir sus egocentrismos electorales a costa del hambre, de la pobreza y del endeudamiento de México.

El Gobierno Federal solamente ha mostrado certeza para una sola cosa, empobrecer al país, empobrecer a los mexicanos. La injusta distribución del ingreso al beneficiar a pequeños grupos de poder y únicamente fortalecer al sector público y perjudicar a los que menos tienen, solamente fomenta condiciones sociales manipulables con fines políticos.

El aumento en términos reales del gasto federal lleva a un déficit presupuestal que presiona a las tasas de interés y la única arma que le queda al Banco de México para anclarlas es una política monetaria altamente recesiva con los estragos de contraer más el mercado nacional. Cuántas veces hemos escuchado del doctor Zedillo y de sus antecesores, la frase: "Vamos por el camino correcto", cuántas veces nos lo han dicho y siempre ha resultado que el camino era equivocado y si no, señores diputados del PRI, ¿por qué las crisis recurrentes.

La política económica del doctor Zedillo nos quita a todos los mexicanos el derecho de resolver en el presente los problemas que nos aquejan y a cambio nos promete un buen futuro al que sabemos con certeza que nunca llegaremos. Hoy, el doctor Zedillo parte de la premisa equivocada de que tienen que aumentar sus ingresos para hacer frente al gasto social sin darse cuenta que precisamente los medios para financiar el gasto social causan mayores perjuicios y males a la sociedad y que el hipotético daño social que provocaría ejercer un menor gasto, el Gobierno sigue pasándole la factura a la sociedad.

Por último, señores diputados, en el contenido de los artículos 31 y 37 del dictamen que hoy discutimos y si se aprueba, equivale a extenderle un presupuesto en blanco al Ejecutivo Federal, ya que por un lado el artículo 31 lo faculta a efectuar reducciones a los montos presupuestados y aprobados, a dependencias y entidades si los ingresos bajan. Si la contingencia en la reducción de los ingresos presupuestados es menos del 10% ni siquiera dará cuenta a esta Cámara de Diputados, solamente lo hará y así lo dice el artículo: "cuando se rebase el 10% pero, subrayo, únicamente dará cuenta que equivale a una simple comunicación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo".

Y, por el otro lado, el artículo 37 del dictamen a discusión faculta al Ejecutivo para autorizar erogaciones adicionales y solamente dará cuenta a la Cámara de Diputados hasta que se presente la Cuenta Pública de 1997, que se recibirá en los primeros 10 días de julio de 1998. Hoy se hace una modificación a esta parte y nos dicen que en forma trimestral nos va a informar el Ejecutivo Federal, pero solamente informar, pero no nos va a pedir ni siquiera la opinión a los señores diputados.

Como verán, el artículo 31 por un lado le faculta a reducir partidas presupuestales y, por el otro, el 37, le faculta a ampliar partidas presupuestales. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto que hoy discutimos y que en su caso se apruebe, será muy diferente al que realmente se ejerza durante el ejercicio fiscal de 1997 y todavía más, con la facultad del Ejecutivo para transferir recursos de una entidad a otra, de una partida presupuestal a otra, de un programa a otro, independientemente que en el artículo 37 se le deja manos al propio Ejecutivo para que si existen ingresos adicionales los aplique a programas y proyectos estratégicos o prioritarios que tienen la misma jerarquía que otros programas que el mismo artículo señala, recordemos que en 1996, para el Ejecutivo Federal fue prioritario o estratégico apoyar a la banca y a los programas carreteros, beneficiando únicamente a grupos oligárquicos con cargo al pueblo y con dineros del pueblo.

El grupo parlamentario de Acción Nacional no puede votar a favor este presupuesto, nuestro voto será en contra, porque no acostumbramos ni extender cheques en blanco y menos presupuestos de egresos en blanco al Ejecutivo Federal.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García.

El diputado Miguel Angel García García:

Con su permiso Presidenta; honorable Asamblea:

Analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación es una extraordinaria oportunidad para proponer una política económica acorde a la realidad del país, ya que son la inversión y el gasto público motor del crecimiento económico y principal instrumento de redistribución social respectivamente.

La descentralización del gasto a los estados y municipios es también principio básico del nuevo federalismo. Toca a esta soberanía analizar una propuesta del Ejecutivo más allá de discutir si la política de gasto es restrictiva o es resultado de un desorden financiero; por el contrario, el presupuesto del año entrante es congruente con el estímulo del crecimiento económico por las siguientes razones.

Primero, desde el punto de vista macroeconómico, el gasto primario deduciendo el gasto neto total, el costo financiero sí observa un crecimiento, pero desde el punto de vista que se necesita en corto plazo de una inyección de demanda agregada, el crecimiento del gasto primario sí implica que el gasto es expansivo respecto al nivel del gasto. Si el gasto primario en términos reales está creciendo, evidentemente la demanda agregada esperamos que crezca también en términos reales.

El Presupuesto de Egresos de 1997, sí es cualitativamente distinto a los anteriores, porque contempla una modalidad de inversión para financiar inversión mediante proyectos con la participación de particulares.

Dos, si sumamos la inversión presupuestaria más los proyectos de inversión financiada ya mencionados, el crecimiento de la inversión que se da es de 26% de la inversión física; por tanto, en términos reales, desde el punto de vista del acelerador del corto plazo eso sí está dando un impulso sustantivo no sólo a la demanda agregada, sino también está dando una expansión a la capacidad productiva hacia el mediano plazo que permite un crecimiento sostenido.

La política de gasto que venimos analizando desde hace algunas semanas y que hoy debatiremos en este pleno, responde también a una redefinición de prioridades más acordes a la actual circunstancia económica así como a la necesidad de gastar con eficiencia y eficacia en el abatimiento de los distintos rezagos que tiene nuestro país.

Los nuevos criterios de gasto que se proponen, son resultado del intenso debate que se ha dado entre las dependencias del Ejecutivo y los diputados de todas las fracciones parlamentarias, para transparentar el ejercicio presupuestal y evaluar su impacto social.

El crecimiento de la economía demanda una mayor inversión pública contra gasto corriente. El PRI coincide en proponer partidas de gasto de inversión que alcanzan niveles históricos, cercanos a un 4% del producto interno bruto, cifra que representa la participación más alta de esta década, la cual, además, será destinada a proyectos de alta rentabilidad y claramente justificados.

Ante los rezagos sociales y la concentración del ingreso, el PRI considera que el gasto público para 1997 se convertirá en un instrumento poderoso de la política social, porque asume compromisos integrales con el desarrollo del capital físico y humano, otorga oportunidades de ingreso real y fomenta la superación integral de las familias más necesitadas.

Es claro también el propósito de aplicar equidad y calidad en el ejercicio de los recursos públicos, por lo cual se proponen cambios sustantivos en la descentralización de los mismos y en la aplicación de indicadores de desempeño, para que los estados y los municipios, que son las instancias de Gobierno más cercanas a la demanda ciudadana, participen activamente de este nuevo federalismo.

El de 1997 es un presupuesto más eficiente, con equilibrio en sus ramos y rubros, con mayor precisión en sus propósitos y acciones y cuenta con recursos crecientes orientados a la atención social.

En lo que se refiere a este gasto, el social, éste representa, para el próximo año, el 56% del total del gasto programable. No obstante los estrechos grados de libertad que el presupuesto impone, el gasto social se mantiene y crece, sin caer desde luego en la demagogia de un gasto inflacionario que es atractivo en el corto plazo, pero perverso y dañino en el mediano y largo plazos o en la irresponsabilidad de posponer los compromisos de deuda contraídos con el exterior o suponer que un déficit mayor al 2% del producto interno bruto, resolvería de entrada rezagos, incrementaría la demanda interna y por consecuencia la recuperación inmediata de la economía.

Para la acción priísta, la acción federal del gasto debe responder a bases firmes y sostenidas, que sean compatibles con la evolución de un entorno macroeconómico sano, sin incurrir en falsas expectativas o prácticas populistas.

La estrategia de gasto que apoyamos, está sustentada en ingresos públicos limitados, como resultado de una política fiscal más equitativa y congruente, de mayores ingresos no tributarios, para dar suficiencia presupuestaria, así como a la necesidad de ampliar el ahorro interno, de alentar actividades productivas con viabilidad financiera que generen empleos y del impulso a proyectos de financiamiento compartido, con recursos públicos y privados.

La descentralización del gasto fortalece la tendencia redistributiva para ratificar el compromiso social y el desarrollo de la infraestructura básica en las localidades.

Para 1997, los recursos presupuestales a descentralizar alcanzan un monto de más de 96 mil millones de pesos, destinados principalmente a la educación, la salud y a la superación de la pobreza, que aunados a la participación de estados y municipios, superan en mucho las asignaciones directas otorgadas en los últimos ejercicios presupuestales.

Este presupuesto federal, sustentado en una justa distribución de los recursos, otorga nuevas responsabilidades, amplía la capacidad para reasignar gasto conforme a las prioridades y objetivos de cada instancia de Gobierno, pero además, propone mecanismos de evaluación y fiscalización que impulsan la participación ciudadana en el destino, aplicación y vigilancia del gasto.

Con este claro propósito de participación democrática, el presupuesto social de 1997 está alejado de prácticas patrimonialistas de poder, ya que otorga los recursos a las instancias locales, de común acuerdo con las comunidades. Hacer más con menos adquiere su verdadera dimensión cuando la comunidad participa y sanciona la aplicación de fondos públicos.

En esta misma dirección se impulsa un gasto focalizado a las regiones y sectores menos favorecidos, al mismo tiempo que se protege a los asalariados al asignar niveles de presupuesto para la seguridad social en montos históricos, que le dan sustento a la responsabilidad y vocación el Estado en la materia.

La salud y la seguridad social tienen también en este presupuesto un claro efecto redistributivo, el cual a partir de un ejercicio numérico simple, refleja mayores asignaciones para la creación de más de 6 mil nuevas plazas de médicos, no administrativas, para atender la mayor demanda de servicios de salud, en incrementos salariales que van del 40% al 80% para los médicos urbanos y rurales, en las crecientes aportaciones del Gobierno Federal a los seguros de enfermedad y maternidad y de pensiones, lo cual permite liberar ingresos y mejorar los servicios médicos para los millones de asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de la disminución de las cuotas obrero-patronales que se traducirán en decremento de las aportaciones y en la liberación de recursos para la creación de más empleos.

El monto asignado para el combate a la pobreza asciende a más de 30 mil millones de pesos, los cuales representan casi el 6% del gasto programable.

Destaca por su importancia las asignaciones destinadas a los programas de empleo temporal, de alimentación, salud y educación, alimentarios, así como acciones compensatorias relacionadas con el bienestar social.

Los recursos que el Gobierno Federal ejerce de manera central al dejar de lado los que ejecutan las entidades paraestatales, los órganos autónomos, el costo financiero de la deuda, las transferencias a entidades de control indirecto y los poderes Judicial y Legislativo, corresponden a un ejercicio de gasto equilibrado, de clara orientación federalista.

Menos de la mitad de los recursos son ejecutados directamente por la administración pública central, contra un gasto para las entidades y municipios, crecientemente descentralizado, es decir, más de 184 mil millones de pesos.

El fondo del debate, para la fracción priísta, está en los montos del presupuesto que hoy se ejercen por las instancias locales, más allá de la simple posición retórica de solicitar más recursos, sin llegar al conocimiento y análisis de una política de gasto global, que refleja la voluntad por federalizar los recursos en un ejercicio que no tiene precedente alguno.

En el ejercicio de presupuesto compartido, destacan los recursos que se asignarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que por solicitud de los ciudadanos gobernadores de todas las entidades, sin excepción, serán recaudados por la federación vía el impuesto sobre automóviles nuevos, integrándose a un fondo común en el que la Federación aportará dos terceras partes más, para destinarse a la seguridad pública, en un marco de concertación entre los estados y el Gobierno Federal.

En el presupuesto esta modalidad de ingreso-gasto es novedosa, porque sienta un precedente sin paralelo que nuestra fracción seguirá impulsando.

Por encima del voluntarismo electorero, es un proceso de asignación de recursos y responsabilidades que supera la simple revisión del sistema fiscal de participaciones. Ese ejercicio sienta las bases de un esquema diferente y ordenado de ingresos y gastos, con un profundo sentido de integración nacional y de una relación más sana y equilibrada entre el Gobierno Federal, las entidades y los municipios.

Las diversas instancias de ésta, nuestra gran nación, no pueden perseguir objetivos y fines distintos, se trata de fortalecer a México y no a unas cuantas fuerzas políticas.

Para el PRI, la fiscalización del gasto en esta nueva etapa también es de la mayor prioridad, por lo cual, se propone vigilar el ejercicio de los ramos descentralizados en un contexto de corresponsabilidad entre los órdenes de Gobierno Federal, estatal y municipales, así como con los congresos Federal y locales.

Por otro lado, la transparencia y direccionalidad de los subsidios operacionales y generalizados exigen una vigilancia permanente, así como de su reasignación en el caso de posibles economías o de ingresos adicionales en otros conceptos que serán destinados a los diversos programas agropecuarios, sociales, estratégicos y prioritarios.

Señoras y señores diputados: los priístas entendemos esta iniciativa de decreto presupuestal como un paso fundamental en la configuración de una práctica parlamentaria corresponsable entre el Ejecutivo y Legislativo, en el cumplimiento de una atribución constitucional que habrá de requerir, en el futuro, de mayor conocimiento, de nuevas técnicas prespuestales y desde luego, de fiscalización, del fortalecimiento de nuestro cuerpo técnico, del intercambio de experiencias con legisladores locales y de otros ámbitos del entorno mundial, pero sobre todo, la necesidad de elevar el debate en la materia para dejar de culpar a la Federación de todos los males.

La fracción priísta considera que mucho se ha avanzado no obstante algunas inercias propias de un centralismo en el gasto, que ya va de salida, por ello, votaremos a favor de este Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, que mucho refleja y constata la voluntad del Presidente de la República, Ernesto Zedillo, por consolidar un ejercicio equilibrado, responsable, federalista, promotor del crecimiento económico, del bienestar de la población más necesitada y del fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Por estas razones y porque en el gasto público para 1997 primero son las personas, votaremos a su favor.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Virginia Betanzos.

La diputada María Virginia Betanzos Moreno:

Gracias, señora Presidenta:

He subido a la tribuna para fundamentar mi posición con relación a lo que se está discutiendo, la política económica que han implementado en los últimos años los gobiernos de la República, únicamente han ocasionado mayor pobreza e injusticia en nuestro país.

Por eso, por estar en contra, quiero expresar lo siguiente: compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de la más alta tribuna del país para exponer lo siguiente:

Hace aproximadamente 20 años que milito en el Partido Revolucionario Institucional y 17 que vivo en el Estado de Quintana Roo, a donde llegué, como miles de mexicanos lo han hecho, buscando nuevos horizontes. En aquél entonces, por la falta de preparación profesional y técnica, empecé por los niveles más bajos en las empresas pioneras del gran desarrollo turístico que ahora es Cancún, alternando al mismo tiempo mis actividades en el partido, trabajo que me llevó a representar a mis compañeros en distintos cargos, siendo los de más relevancia los siguientes: secretaria general del comité directivo municipal, regidora suplente, regidora propietaria y ahora diputada federal por el II distrito.

El día 21 de abril de 1995, en esta misma tribuna, hice una denuncia de hechos sucedidos en el Estado de Quitana Roo, hechos que no sólo afectaron a miles de trabajadores del Estado, sino también al sector obrero. A partir de entonces han ocurrido frecuentes agresiones vergonzosas a trabajadores y dirigentes, agresiones que incluso se han dado...

La Presidenta:

Compañera, diputada, le ruego por favor su atención.

La diputada María Virginia Betanzos Moreno:

Termino, señora Presidenta.

La Presidenta:

Esta Presidencia solicita...

La diputada María Virginia Betanzos Moreno:

Agresiones que incluso se han dado en las propias instalaciones del PRI. Como muestra está el caso del licenciado Ernesto Joaquín Hendriks, que aún siendo presidente del comité directivo estatal fue perseguido, acosado y hasta sacado del Estado con toda fuerza policiaca, junto con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional.

Por eso, sabiendo que aún siendo militante no existen garantías para la libre expresión de ideas ni para la integridad física y sí ataques con todo lujo de impunidad, en total desacuerdo con todo este tipo de prácticas que van en contra de los principios que lo sustentan, renuncio al PRI y pido formalmente mi afiliación al Partido de la Revolución Democrática para aportar mi esfuerzo y convicción que impulse las fuerzas democráticas del país.

Finalmente, quiero hacer hincapié que esa decisión fue muy difícil para mí por la amistad que he cultivado con muchos de mis compañeros, y espero de todos ellos su comprensión y solidaridad.

Por último, agradecer al diputado Humberto Roque Villanueva, quien fue la única persona que me dio su comprensión y respuesta inmediata cuando lo solicité.

Gracias.

La Presidenta:

Para referirse al dictamen a discusión, se concede el uso de la palabra al diputado Crisóforo Salido Almada.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Con la venia de la Presidencia:

Por mi conducto el Grupo de Diputados Ciudadanos...

La Presidenta:

Esta Presidencia invita a todos los ciudadanos diputados a escuchar con atención la intervención del orador en turno. Continúe el orador con su intervención.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

El Grupo de Diputados Ciudadanos fijará su posición en torno al dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, respecto al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997.

Hoy cerraremos con broche de oro un primer periodo de sesiones ordinarias que por cierto pertenece al último año legislativo. Hoy nos corresponde votar el último Presupuesto de Egresos que deberá conocer esta LVI Legislatura. Y nuevamente nos encontramos frente a los mismos problemas de años anteriores, la demagogia campea en el Palacio Legislativo.

Como en periodos anteriores no puede llevarnos a celebración alguna y mucho menos podrá ser motivo de orgullo para nosotros, observar cómo se impondrá nuevamente la mayoría priísta para aprobar este dictamen.

Los opositores no hemos podido hacer trascender las posiciones que inspiradas en el interés de la ciudadanía hemos venido postulando. Por su parte, los compañeros del partido oficial, deben de estar sintiendo la carga de conciencia de no haber cumplido con las aspiraciones de los mexicanos, obrando siempre como la mayoría, hoy mermada, de Ernesto Zedillo y no como la mayoría que debe perseguir los intereses del pueblo.

Así pues, hoy nos toca debatir el dictamen que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ha presentado. Debatir es un término que en la LVI Legislatura ha significado solamente la presentación de las distintas posiciones de los grupos parlamentarios, sin la más mínima posibilidad de que lo propuesto del Ejecutivo, sea cambiado en forma sustancial, si acaso se consiguen sólo pequeños cambios, que nunca modifican el fondo de esas propuestas. Para eso está la "mayoría" de Zedillo.

Los ciudadanos diputados estamos seguros que hoy, volveremos a ser actores en el mismo escenario. Por principio de cuentas en el dictamen o no aparecen las firmas de los diputados de oposición que en ella participan o han firmado claramente en contra.

Es evidente que en este presupuesto, a pesar de lo enunciado por quien fundamentó el dictamen, no se incluyen medidas de estímulo que se traduzcan en la tan deseada y efectiva reactivación económica. Sin embargo, reconocemos que se han aumentado los recursos destinados a programas sociales, en donde efectivamente la sociedad se beneficia.

Pero qué pena que sólo se hayan aumentado en razón de estar frente a un año electoral y que los criterios de asignación de los mismos sigan siendo de carácter partidista.

No se toma ninguna acción para paliar la sangría que el servicio de la deuda externa ocasiona a nuestra golpeada economía, ya que este rubro representa solamente el 16.5% de lo presupuestado y las participaciones a estados y municipios en cambio sólo alcanzan el 12.2%.

Creo que después de los análisis hechos en el seno de la propia comisión, sería atentar contra la paciencia de ustedes, hacer aquí un desglose de los rubros del presupuesto, además de que sería ocioso porque los señores diputados no prestan atención.

Yo le suplico, señora Presidenta, que llame la atención de la Asamblea.

La Presidenta:

Esta presidencia invita a los señores diputados a prestar atención y permitir que el compañero diputado siga con su intervención. Continúe señor orador.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Gracias, señora Presidenta:

Desde el punto de vista del ciudadano común, vemos que lo propuesto en el dictamen a discusión no promete avanzar en el sentido que el pueblo nos lo exige, ya que a simple vista se observa que el endeudamiento público no sólo no se reduce, sino que se está autorizando la contratación de nuevos adeudos; aunque se enuncie que con ello se adecuará la estructura de la deuda, es obvio que ésta aumentará disminuyendo, por otro lado, los activos de la nación con las ventas proyectadas de los bienes del Estado.

La inversión que se destina a las actividades productivas, aunque se ha incrementado en términos reales, sigue siendo a todas luces insuficiente. El campo mexicano atraviesa la peor crisis de su historia y a pesar de ser loables los esfuerzos que a través de la Alianza para el Campo se realizan, el apoyo dado está muy por debajo de las necesidades de esta actividad primaria; que no se olvide, es base y motor de la demanda que requiere el aparato productivo nacional. No sólo de la exportación vive la economía.

Nuevamente se encuentra latente en este dictamen el mal que al parecer tenemos que seguir soportando: la corrupción. Tal parece que no se está dispuesto a cambiar. Tenemos que el artículo 14 del decreto que establece las erogaciones previstas para el ramo 23 "Provisiones salariales y económicas para el próximo año", importan la cantidad de 38 mil 339 millones 308 mil pesos. En este ramo están comprendidas las partidas secretas a que se refiere la fracción IV del artículo 74 constitucional y que maneja bajo su total arbitrio el Presidente de la República. Tal parece que estamos dispuestos a seguir aceptando se otorguen compensaciones en cantidades sumamente altas a funcionarios que sirven al Ejecutivo y que esta soberanía no debe conocer, a menos que el resto de los mexicanos nos enteremos, a raíz de juicios que se siguen en otros países.

Por las consideraciones aquí consignadas...

La Presidenta:

Compañero diputado:

Quiere hacerle una pregunta el compañero diputado García García.¿Acepta usted.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Cuando yo termine, señora Presidenta.

La Presidenta:

Cuando concluya, señor diputado.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

Por las consideraciones aquí consignadas, porque este presupuesto no responde a las expectativas de bienestar para la familia ofrecidas en campaña, es por lo que los diputados integrantes del Grupo de Diputados Ciudadanos votaremos en contra de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Compañero diputado Crisóforo Salido Almada: ¿acepta usted la pregunta del diputado.

El diputado Crisóforo Lauro Salido Almada:

No, señora Presidenta.

La Presidenta:

Me indica el señor diputado que no, señor diputado. El compañero diputado Luis Sánchez Aguilar, tiene la palabra.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Este dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública constituye un abuso por parte de nuestro fino amigo el diputado Antonio Sánchez Gochicoa. En este periodo legislativo nunca antes hizo tantas trampas. Esto es un monumento al ocultamiento y a la manipulación de la información. Combina él en su dictamen falacias, desinformación y desde luego, en sentido político no atiende a lo que significa una representación popular, actúa más bien como funcionario del Ejecutivo.

No se vale aprovecharse así de los diputados; ni es excusa el espíritu decembrino para tratar de sorprender a la representación nacional.

¿De qué se trata diputado Sánchez Gochicoa?, no de defender el interés del pueblo mexicano, sino de complacer a los jefes, los jefes que despachan en el Departamento del Tesoro, en la Reserva Federal y en el capitolio de los Estados Unidos. Y también, de favorecer a los jefes aborígenes que acá encabeza Guillermo Ortiz Martínez.

Combatiremos el dictamen de Sánchez Gochicoa en la forma y en el fondo. Nos dice él en la forma que ha habido una relación respetuosa de poderes, no; aquí en esos tres años diputado Sánchez Gochicoa, hemos visto la relación sumisa, sobre todo de su comisión, al señor Secretario de Hacienda.

Dice usted que hubo una relación interactuante con el Ejecutivo, sí, pero de carácter subordinado. Dice usted que hubo énfasis en la descentralización del Presupuesto, en la redistribución del Gasto Público. Desde luego que sí, pero en favor de las fuerzas armadas no para el gasto social.

Tenemos aquí diputado Sánchez Gochicoa, que su presupuesto aprobado le asigna al desarrollo social sólo 6 mil 527 millones de pesos y a las fuerzas armadas, Defensa y Marina, 16 mil 400, casi el triple.

El diputado Sánchez Gochicoa exalta aquí el nivel de las exportaciones mexicanas, aproximadamente 100 mil millones de dólares. Desde luego que sí; pero no dice que en gran medida es producto de las macrodevaluaciones del peso mexicano respecto del dólar; de las devaluaciones del dólar respecto del y en japonés, del marco alemán. Pero lo más grave, es que no nos ilustró contra los 100 mil millones de dólares de exportación, ¿a cuánto ascenderán las importaciones para poder contrastar las cifras?, nos oculta cuidadosamente la información.

Vamos a tomar las cifras oficiales, no vayan a decir que la Fracción Social Demócrata las inventa. De enero a diciembre del año pasado, el nivel de exportación fue de 79 mil 890 millones de dólares, aproximadamente 80 mil. ¡Ah!, pero las importaciones ascendieron aproximadamente a 72 mil 500 72 mil 493 y para este año, para el periodo enero-octubre, las exportaciones ya eran 78 mil 967 millones de dólares; cifra nada despreciable. Pero lo que nos oculta el diputado Sánchez Gochicoa es que las importaciones en ese periodo ya eran de 73 mil 126 millones de dólares y en el mes de octubre, sólo en ese periodo, en un mes, las exportaciones ascendieron a 9 mil 226 millones de dólares. Pero las importaciones ya eran o fueron en esos 30 días, de 8 mil 949 millones de dólares, prácticamente "tablas" y en ese renglón tan socorrido por los hacendarios, la maquila, la industria in bond, sólo para poner el ejemplo, el año pasado ingresaron 31 mil 310 millones de dólares; sí, pero para convertir a México en país maquilador, México hubo de importar para esa industria maquiladora, 27 mil 440 millones de dólares. Por tanto, no es tan espectacular el cuadro cuando tenemos una salida de divisas tan cuantiosa que impide reconstituir la reserva que había llegado a ser de 30 mil millones de dólares y que hoy repta aproximadamente por la mitad.

Consideramos que con esta conducta informativa el Presidente de la comisión ratificó hoy aquí y él lo dijo triunfalmente:

"Aquí se consuma un periodo en donde la Cámara ejerce su facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos" El ratificó, insisto, aquí, su exclusiva dedicación al Poder Ejecutivo. Olvidó el diputado Sánchez Gochicoa su ubicación. Olvida que Aspe ya no es Secretario de Hacienda ni es él el Oficial Mayor. El diputado Sánchez Gochicoa, no captó en estos tres años, que aquí sólo era un diputado y que debía defender el interés del pueblo.

¿Cuál es en el Presupuesto Federal de 1997? La mayor trampa. La manipulación fundamental. La trampa consiste en hacer un presupuesto, dicen ellos, conservador, a sabiendas de que hay rubros que ciertamente producirán recursos muy cuantiosos. Vamos a citar como ejemplo sólo tres colchones:

Primer colchón: El petróleo. Se presupuesta a 14.50 para el año próximo, cuando hoy está a 22 dólares barril, cuando ya se sabe que el invierno europeo será duro, cuando se sabe que los conflictos del Medio Oriente prevalecen.

¿Qué va a pasar con ese diferencial abismal del precio del petróleo? Puede llegar a ser cercano a los 9 mil millones de dólares.

Dicen en el dictamen, lo dijo el compañero priísta también que presentó la tesis partidaria de ese instituto político, nos dice la prensa, además, nos bombardean que hay candados, compañeros diputados. Esa es otra mentira más de los comisionados de Sánchez Gochicoa. Nos ocuparemos del candado supuesto, al final.

Segundo colchón: Las tasas de interés. Estos comisionados hacen un presupuesto con tasas de interés del 30% al 32%, cuando la tasa real hoy es del 27%; Cetes a 28 días. Ahí el PRI-Gobierno tiene otro colchoncito por 30 mil millones de pesos, equivalentes a 3 mil 500 millones de dólares.

Y un tercer colchón: La paridad. Están presupuestando el precio del dólar de 8.55 pesos cuando hoy vale 7.90 aproximadamente. Ahí se tiene otro ahorro potencial y no hay ningún compromiso serio, ni en el presupuesto ni en el dictamen para someter a Guillermo Ortiz Martínez en el manejo y la disposición de esos recursos.

Nosotros con relación a esos denarios que seguramente existirán, nos preguntamos:

¿Por qué no instrumentaron los dictaminadores una exigencia al Secretario de Hacienda? Para que comparezca aquí mensualmente durante 1997ó a partir de ese año, a rendir cuenta mensualmente del excedente y a pedirnos permiso a los diputados sobre qué vamos a hacer con dichos recursos.

Y no sería mucho pedirle ni a Zedillo ni a Ortiz Martínez, porque con la novedad que ambos, muy puntual y obedientemente, cada mes, cada semana, pasan informes financieros a los Estados Unidos. Zedillo inclusive, en actitud indigna, va y rinde esos informes al sector privado norteamericano.

Nosotros diríamos, acorde con el TLC, con la homologación que tomamos como ejemplo que Roberto Rubín a su vez tiene que comparecer mensualmente en el Capitolio para informar sobre el manejo del megapréstamo a México, que el Capitolio no acepta inclusive "segundones", porque hace un mes el senador D'Amato rechazó la presencia de Lawrarce Summers el subsecretario, disque iba en representación de Rubín. El Senado le dijo que ahí no aceptan representantes, que ahí se aplica "la ley de la tierra", traducción literal de ese término The law of the land. Ahí se cumple.

Nosotros pensamos que si Zedillo y Ortiz rinden mensualmente esos informes al Ejecutivo yanqui, al Congreso norteamericano, ¿por qué no deberían aceptar comparecer ante la representación nacional? Aquí sería más fácil. Los textos serían en español; nos ahorraríamos la traducción.

Pero existen también razones precisas, fundamentales, para rechazar este Presupuesto de Egresos; por sus desequilibrios, por no atender el interés popular. Vamos a dar una docena de razones:

La primera. Porque el número de plazas permanentes que se programan para la Defensa Nacional y Marina asciende a casi un cuarto de millón de personas: ¡232 mil 175!

¡Esto es 151 veces superior a las plazas asignadas al sector energético!, ¡24 veces al sector de desarrollo social!, ¡22 veces al sector de reforma agraria!, ¡7 veces al sector salud!, ¡6 veces al sector agropecuario! Y esto está tomado del documento que nos entregó Ortiz Martínez, página VI romano, 12 arábigo; no se vaya a decir que inventamos el cuadro.

Segunda razón. Porque no se eliminan las partidas secretas, las que emplearán los secretarios por acuerdo y autorización del Presidente. Concepto 7 mil 300 erogaciones contingentes, ramo 23. Se asignarán 200 millones de pesos para ese concepto en 1997.

Este país no está oficialmente en estado de guerra extranjera ni de conmoción interior. No ha declarado la suspensión de garantías individuales. No tiene por qué haber secretos en el ejercicio del gasto.

Tercera razón. Porque la inversión física presupuestaria para 1997, denominada superación de la pobreza, que debería de garantizar el bienestar para la familia sólo asciende a la cantidad de 10 mil 796 millones de pesos. En términos reales constituye una disminución del 5.7% con respecto al presupuesto del año próximo pasado.

Cuarta razón. Porque el costo financiero de la deuda total, interna y externa del Gobierno Federal por la cantidad de 119 mil 693 millones de pesos, representa el 140% de todo el presupuesto asignado como participaciones a las 32 entidades federativas del país. Esto es un desequilibrio inaceptable.

Quinta. Porque el programa subsidio a los banqueros usureros, a las compañías constructoras de carreteras consentidas del neoliberalismo se les asignó 210 mil millones de pesos, lo que representa 20 veces el presupuesto asignado al Programa de Superación de la Pobreza para 1997; ¡20 veces más:

Sexta. Porque los estímulos fiscales para promover y fomentar el desarrollo industrial y la creación masiva de empleo, por la insignificante y mínima cantidad de 40 millones de pesos, contrasta con los subsidios a los banqueros ya señalado. Esto es, sólo dos milésimos del subsidio que se otorgó a la banca privada.

Séptima. Porque el programa denominado de empleo temporal, que asciende a los 2 mil 150 millones de pesos, es eficientemente un programa electorero para ganar votos, sobre todo en las zonas rurales del país.

Octava. Porque el Programa de Becas de Capacitación en Zonas Urbanas, que asciende a la cantidad de 1 mil 649 millones de pesos, para otorgar 1 millón de becas de capacitación, puede ser considerado asimismo otro programa con fines político-electorales. Habría además que agregar que estos programas sólo sirven para engrosar artificiosamente las cifras de la seguridad social o de asegurados, con el inconveniente de que a esos "becarios" no se les garantizan sus derechos laborales en plenitud.

Novena. Porque las provisiones salariales y económicas del Gobierno Federal por la cantidad de 7 mil 635 millones de pesos, muestran un incremento escandaloso del 82%, mientras al pueblo mexicano y a la clase trabajadora sólo se le concede un mísero incremento salarial del 17%.

Décima. Porque en el artículo 49 de la iniciativa de Presupuesto de Egresos se establece que los ahorros presupuestarios que obtengan las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, serán otorgados como estímulo por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que también nos han engañado cuando dicen pomposamente, lo ha divulgado la Comisión Urbi et Orbi, que no habrá bonos para los servidores públicos. ¡Ahí están los bonos:

Y undécima, lo dejaremos en once. Porque es una falacia eso de los candados. Aquí se ha exaltado el artículo trigesimoséptimo de la ley, para decir que ahí está el control, sólo que si leemos con cuidado el texto, lo citaré entrecomillado y que es el siguiente, nos daremos cuenta de qué se trata. Dice así: "que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría podrá autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento de la producción agropecuaria". Esta es la supuesta oferta que nos hicieron, ésta es la supuesta concesión, sólo que ahí dice: "podrá", y así como podrá puede ocurrir que no pueda, porque esto es, compañeras y compañeros diputados, potestativo, es discrecional. Además, cuando hablan de asignación adicional refieren diversos programas, dice: "programas prioritarios del sector agrícola o a programas y proyectos estratégicos", se usa la "o" como adversativa, quiere decir que la autoridad puede hacer esto o aquello, no es preciso. La única forma de establecer un candado es que estos señores tecnocráticos en su preparación apliquen lo que aprendieron en las universidades del exterior, que hagan cuadros y que ante la representación nacional se establezca si hay un excedente de 10 mil millones de dólares, esos 10 mil millones de dólares se van a aplicar prioritariamente a estas tres o cinco finalidades, estableciendo desde ahora el candado, por eso se llaman así. Y esta tecnocracia comisionada con Sánchez Gochicoa desde luego no lo hizo porque su intención es seguir manejándose a manga ancha con los excedentes para un periodo electoral que el PRI-Gobierno considera complicado.

Compañeras y compañeros diputados: ¡digamos no a las falacias de Sánchez Gochicoa! ¡Rechacemos enérgicamente su visión favorable y protectora de los intereses del Ejecutivo! y votemos con un rotundo ¡no! el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Muchas gracias, compañeros diputados.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado David Vargas Santos.

El diputado David Vargas Santos:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Una vez estamos ante una de las responsabilidades más importantes que tiene esta Cámara al cumplir con lo que señala nuestra Constitución, la cual establece como facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el PAN, hoy, como ayer y siempre, cumplimos con esta responsabilidad así como con el propósito de vigilar y procurar que el desenvolvimiento del país en materia económica sea acorde a los intereses de la nación, y no refleje solo los intereses de unos cuantos. Tomando en cuenta lo anterior, así como el que el Presupuesto de Egresos para 1997 que hoy nos ocupa, no corresponde a los intereses de la Federación ni a las condiciones actuales del país, sino sólo a los intereses del Ejecutivo respaldados por una mayoría mecánica, es que el voto de nuestro grupo parlamentario será en contra.

Al respecto, es importante hacer las siguientes consideraciones. El proyecto que envió el Ejecutivo marca como objetivos fundamentales, promover el crecimiento económico, elevar el bienestar de la población y aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos. Si bien es cierto que dichos objetivos son loables, no dejan de ser solo frases que difícilmente podrán cumplirse con el proyecto de Presupuesto de Egresos que se nos presenta, en especial, los objetivos de mayor bienestar y eficiencia.

No basta con frases bonitas ni promesas al aire para que los mexicanos estemos satisfechos o siquiera de acuerdo con la política económica que se piensa instrumentar por el Gobierno; es claro que existe un marcado deterioro del bienestar de los mexicanos en lugar del bienestar para tu familia tan pregonado a los cuatro vientos por el entonces candidato a la Presidencia. Es increíble que una vez más se pretenda realizar el ajuste económico a costa de la sociedad en general, cuando el principal responsable de la crisis es el Poder Ejecutivo. Basta con ver los aumentos en precios y tarifas de los servicios públicos o los incrementos en gastos superfluos y compararlos con los aumentos en los ingresos de la población.

En materia de la administración pública centralizada sobresale lo siguiente:

Primero, el gasto en servicios personales se pretende aumentar en 28.2% cifra que contrasta claramente con el 17% que recientemente se otorgó al salario mínimo. A la burocracia se le aumenta casi el doble que a los salarios mínimos y a los trabajadores en general.

Segundo. El gasto de capital crecerá 155 prácticamente la mitad del aumento en el gasto en servicios personales; el problema es que este gasto de capital o sea gasto en inversión, representa apenas una tercera parte del gasto en servicios personales, siendo que en 1985 representó el 40%, lo que significa que la brecha entre ambos continuará aumentando.

Tercero. Los subsidios que otorga el Gobierno Federal a empresas y organismos bajo control directo crecerá prácticamente 80% destacando el aumento a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que es el 56% para cubrir su déficit de operación y el incremento a Ferrocarriles Nacionales que es cercano al 150% para cubrir nómina de pensiones, déficit de operación y servicio de la deuda.

Esto es, se está gastando el dinero, se está aventando un barril sin fondo y en cambio la infraestructura se retrasa y se rezaga día con día.

Cuarto. No se ha alcanzado nuevo federalismo por parte del Ejecutivo que tanta falta le hace al país, en cambio continúa el desarrollo regional desequilibrado e injusto, así como una política centralista y paternalista por parte de las autoridades federales, tan solo basta ver la desesperación de los presidentes municipales y gobernadores para hacer frente a las necesidades apremiantes de su población.

Las participaciones a estados y municipios como proporción del PIB se proyectaron para 1996 en 3.2% y serán para ese mismo año tan solo del 2.8%, esto significa que se otorgaron menores recursos a los que en derecho corresponden a la diferentes regiones del país, lo que se aleja del tan anunciado nuevo federalismo. ¿Qué nos garantiza que en 1997 sí se cumplirá con esta meta?

Las participaciones a estados y municipios se piensan incrementar para 1997 en tan solo 4.3% en términos reales. En contra partida, los ingresos tributarios se espera que crezcan más del doble que las participaciones, 10.3%, ¿dónde está el federalismo.

De lo anterior podemos concluir lo siguiente. El sector público sigue trasladando el sacrificio al resto de la sociedad, buscando allegarse de la mayor cantidad de recursos posibles al menor sacrificio. En contrapartida, la sociedad en general, Estado y sus municipios en su mayoría, carecen de recursos, siendo cada día más pobres. Es evidente que la burocracia dorada no ha realizado sacrificios significativos.

Compañeras y compañeros legisladores. Si bien reconocemos que el trabajo de la comisión ha sido intenso, nuestro trabajo, como legisladores, no puede concretarse a hacer cambios en su mayoría insustanciales al proyecto del Ejecutivo y que éste los adopte o deseche a discreción. Las autoridades parecieran no entender que el éxito de México depende de su superación como un todo, basado en una sola infraestructura, una población que cuente con un mínimo de satisfactores indispensables y una base educativa que le permita hacer frente a estos retos.

De ninguna manera es aceptable que se pretenda cimentar el éxito del país en el posicionamiento privilegiado de un grupo reducido de macrocapitalistas nacionales o extranjeros. En síntesis, una vez más las prioridades del Gobierno hoy conducido por el PRI, no son las mismas que las deseadas y esperadas por la sociedad.

La política económica se ha diseñado hasta estos momentos por el presidente Zedillo y su equipo continuando y acentuando la unión de miserias que es hoy el país en lugar de lograr un país de estados prósperos, por ello el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra de este proyecto.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

La Presidenta:

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza se reserve para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto al finalizar la discusión de los artículos reservados.

La Presidenta:

Esta Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 1o., 8o., 12, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 68 y 75.

Para referirse a los artículos 1o. y 8o. del proyecto de decreto, tiene la palabra el diputado Raúl Livas Vera.

El diputado Raúl Alejandro Livas Vera:

Con su venia, señora Presidenta; compañeros legisladores:

En esta ocasión he decidido hacer uso de la palabra y en particular refiriéndome al artículo 1o., porque quiero poner de manifiesto lo absurdo y lo ridículo en lo que estamos nosotros cayendo al discutir el presupuesto, la falta de reservar una discusión y el tiempo necesario, con la seriedad que requiere esta actividad que, como ya se ha señalado, es exclusiva de la Cámara de Diputados, una de las más importantes y con la que se cierra prácticamente este periodo Legislativo y esta legislatura en torno a las actividades exclusivas de esta Cámara y de la máxima importancia.

Quiero señalar que aquí estamos haciendo un papel, la oposición de plañidera y el partido oficial de justificación en extremo de cualquier tipo de política, sin recato alguno, atendiendo a lo que el Presidente dijera en otro momento: cuando sea necesario utilizaré mi mayoría, mi mayoría, lo recalco, para poder aprobar mi política y su mayoría la está utilizando en este momento y siento yo que esa forma, esa retórica, esa gramática pone de manifiesto la falta de respeto que este Congreso le debe merecer al Poder Ejecutivo.

Quiero señalar también que hemos venido aquí a escuchar cómo se puede mentir con estadísticas y cómo podemos arreglar todos los datos a nuestra conveniencia, podemos mover los rubros para señalar que tal actividad es insuficiente o que está de sobra, podemos decir con porcentajes bien arreglados y con las cifras oficiales y por lo tanto normalmente falsas, que una cosa va para bien o que otra cosa va para mal y esto es lo que nosotros debemos de modificar.

No es posible que se nos estén planteando falsos dilemas, como decir que uno quiere gastar más y otro quiere gastar menos y decir que lo importante no es ese dilema, sino aprender a gastar mejor y yo digo, qué es mejor, gastar más o mejor gastar menos; por qué plantear el dilema como aquel que dice que se prefiere a alguien pobre y sano o rico y enfermo y no se ve que lo que realmente se requiere es ser rico y sano. Por qué plantear el dilema de que si es mejor un pájaro en mano o 100 volando y no ver que es mejor tener los 100 pájaros en mano.

Por qué siempre estar remitiendo las cuestiones a absurdos en donde la oposición viene a quedar como un ente que no tiene ninguna alternativa, cuando éstas han sido planteadas con toda seriedad en su momento, incluso al nivel del Poder Ejecutivo.

Yo hago una excitativa, compañeros, únicamente para que hagamos un acto de reflexión y en lo que queda de la discusión del presupuesto, hagamos un esfuerzo por hacerlo adecuadamente, apegados estrictamente a los números y a la razón causa-efecto, apegados estrictamente al máximo conocimiento de la teoría económica y de la teoría presupuestaria y, sobre, todo tomando en cuenta que no se pueden manejar los gastos en una forma arbitraria y señalar, como se ha señalado en el caso del federalismo, de que se ha otorgado un gran incremento a los municipios y a los estados, cuando en realidad lo único que se ha asignado son muchas más responsabilidades y no el correspondiente incremento para poder cumplirlas. Un ejemplo de ello lo tenemos con estados considerados como ricos, que es el caso de Nuevo León, en donde el traslado del presupuesto educativo generó un mayor problema en el Estado, porque ahora aumenta su posición de insolvencia al tener que equiparar los sueldos bajos que pagaba la Federación, con los sueldos relativamente altos que pagaba el Estado.

Este tipo de reflexiones y buscar la falta de disque de arbitrariedad y buscar que haya fórmulas que asignen precisamente, como se ha iniciado en el caso del combate a la pobreza, los recursos de la educación para la educación y los recursos para la salud, que son los dos principales rubros de gastos que descentralizados ayudan efectivamente a combatir la pobreza dentro de lo que significa la responsabilidad del Estado.

Esto es lo que vengo a proponer compañeros. Hagamos un esfuerzo por discutir seriamente, por hacerlo al nivel que nos corresponde y no olvidemos que al final de cuentas aquí queda constancia y la historia nos va a juzgar y va a saber si supimos comportarnos a la altura de nuestro deber, o bien, oprobiosamente cobardes.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para referirse al artículo 8o., tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfonso Martínez Guerra:

Gracias, señora Presidenta; respetables diputadas y diputados:

Cada vez que nos toca hablar del campo mexicano nos asalta el temor de estar haciéndolo de manera repetitiva, porque pocos temas son abordados tan frecuentemente en los foros nacionales, como aquellos relacionados con la producción agropecuaria, los campesinos, las cada vez más frecuentes y abundantes importaciones de granos básicos y nuestra concebida crónica insuficiencia alimentaria. Tal pareciera que de tanto hablar de ello, estaríamos a un paso de resolver los ancestrales problemas del campo, que desde la revolución que se gestó en aras de una justicia social, cuyo escenario es precisamente el medio rural y que a un siglo de los primeros gritos de inconformidad por parte de los miserables campesinos de las postrimerías del Siglo XIX, el panorama ya hubiera cambiado.

Nada más alejado de ver siquiera un poco de luz, acaso por un resquicio de ese interminable túnel que es nuestra tragedia campesina.

En su II Informe de Gobierno el presidente Zedillo cree estar muy cerca del descubrimiento del agua tibia cuando nos dice: el campo mexicano padece las consecuencias de insuficiencia de inversión, de descapitalización, bajos índices de productividad, balanza comercial con tendencia deficitaria y concentración de aproximadamente tres cuartas partes de la población con pobreza extrema del país. Remata este párrafo, deliciosamente, asegurándonos que para aumentar el ingreso neto de los productores, que es la vía para combatir la pobreza, es necesario que las actividades agropecuarias sean rentables.

A ese respecto preguntamos al señor Presidente que, ¿cómo esperaba inversiones en el campo en medio de una espantosa inseguridad, inseguridad en la tenencia de la tierra, inseguridad crediticia, inseguridad monetaria y hasta inseguridad física de los productores ante la ola de violencia nacional que sacude al país.

Por otro lado, ¿cómo pueden ser rentables las actividades agropecuarias en un ambiente como el que padecemos de que el Gobierno le pone precio a los productos por conveniencias políticas o simplemente demagógicas? Ante estos factores de los muchos que hay en el agro mexicano no se pueden adentrar ni inversiones ni productividad.

Ahora que debatimos acerca del Presupuesto de Egresos para 1997, es obligación parlamentaria hacer una breve reflexión sobre el tema.

El gasto programado para ejercer en 1997 en esa importante Secretaría, la de Agricultura, asciende a casi 20 mil millones de pesos. Curiosamente a pesar de esa cantidad aparentemente alta de recursos, en términos reales es menor en 5.5% a la ejercida en 1996; 20.6% menor que en 1995 y 7.0% menor que en 1994 y asimismo observamos que lo que se pretende gastar en investigación y desarrollo experimental es 1.4% menor que en 1996 y 13.8% menor en materia de investigación y extensión agropecuaria, es menor 100% que en 1996 y 100% menor que en 1995.

Pero como resulta muy cansado para ustedes hablarle a un selecto auditorio como lo son ustedes, distinguidos diputados, hablar de números, porcentajes y equivalencias, me circunscribiré a sentar que hágase lo que se haga, si se continúa por el mismo camino, la agricultura nacional está condenada al fracaso.

Ya han desfilado por este recinto innumerables funcionarios del ramo, empezando por los mismísimos secretarios y subsecretarios explicando lo inexplicable, pronosticando lo imposible y prometiendo lo más absurdo. Ante el advenimiento de 1997 resulta sumamente curioso e interesante que con la reforma al artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación pueda el Ejecutivo, a través de la Secretaría del ramo, autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento a la producción agropecuaria, proyectos productivos de desarrollo rural y proyectos de inversión social.

Nos ofrece el Ejecutivo informar dentro del primer semestre de 1997 acerca de los ingresos obtenidos en su caso.

Siendo el año de 1997 eminentemente electoral, cabe preguntarse si de verdad se aplicarán esos recursos en donde vayan a fomentar la producción agropecuaria y en caso afirmativo, ¿cuáles son esos estratégicos puntos de inversión?,o ¿será acaso la oportunidad de levantar presión en donde esté desinflada la credibilidad en el sistema? ¿Surgirán nuevas solidaridades o algún nuevo esperpento de su tipo, con el bautizo y bendición presidenciales.

En medio de una aguda crisis política, económica y agropecuaria, entendemos que el régimen quiera sacar su camiseta de reivindicador de las grandes causas nacionales, como las que referimos del campo. Los recursos que se destinen pueden ser menores, como lo hemos referido en términos reales, comparados con otros ejercicios, o bien todo lo contrario, como se pretende hacer con la modificación al artículo 37 del Presupuesto de Egresos, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que la política agropecuaria actual está sentada sobre bases falsas, inadecuadas e inoperantes.

La agricultura y ganadería son temas tan importantes que muchos mexicanos no alcanzan a comprender ni a dimensionar, principalmente las cúpulas del poder político, porque los mismos funcionarios que nunca han sido capaces ni por curiosidad siquiera, de producir una zanahoria, no han sabido de lo que es capaz la tierra ni los productos y especies que de ella nacen o se alimentan.

Para que la tierra produzca hay que conocerla, hay que comprenderla, hay que amarla como a la hembra prolífica que da hijos, cualquiera que sea su especie, pero que se niegan a producir por decreto, aunque provenga del mismo Presidente de México.

Las actividades agropecuarias en este país han sido diseñadas por las personas equivocadas que no han acabo por entender que su modelo ha fracaso y que la fuerza de trabajo, la inteligencia y la imaginación son los factores de la producción y no las medidas espectaculares, pero engañosas que nos quieren. imponer desde las alturas del poder político.

Sean bienvenidos aquellos elementos innovadores que se apliquen con honestidad, buena fe e inteligencia.

La República ya no está para experimentos como los que ha padecido y que la han sumido en esta tremenda crisis, de la cual sólo podremos salir con medidas atinadas, patrióticas y sinceras.

Gracias.

La Presidenta:

Para referirse al mismo artículo, tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul...

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández (desde su curul):

Señora Presidenta, pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diutada Ifigenia Martínez

La diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández:

Señora Presidenta; compañeros legisladores:

Me permito preguntar con el debido respeto si éste es un debate o no es un debate. Se ha sido señaladamente marcadas las diferencias hacia el dictamen y, sin embargo, los compañeros de la bancada del PRI no contestan. Entonces me pregunto si tiene sentido que sigamos hablando solos los miembros de la oposición o va a haber debate. Esta pregunta la hago concretamente, veo que no está el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, que es a quien están dirigidas las preguntas y los cuestionamientos.

Por lo tanto, señora Presidenta, yo pido se pregunte si tiene caso seguir el debate o no. Si no tiene, para ya levantar la sesión.

La Presidenta:

Compañera diputada, le quiero mencionar que en el orden del día están inscritos oradores de los diferentes partidos. A cada uno le tocará con oportunidad y en su turno.

Continuemos con el diputado Eric Eber Villanueva Mukul.

Estamos dando el turno de acuerdo a cómo se inscribieron.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo (desde su curul):

Que se lea la lista de oradores.

La Presidenta:

En un momento le damos la lista de todos los oradores por partido. Les voy a dar la relación de oradores por cada una de las fracciones.

Como me trajeron ya las de ustedes y que algunas de ellas se están ajustando.

Me voy a permitir darle lectura...

El diputado Miguel Angel García García (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos el compañero García García.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):

Señora Presidenta.

La Presidenta:

Diputado Ocejo, nos permite que haga uso de la palabra para rectificar hechos y en seguida tiene usted la palabra.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde su curul):

Usted ya estaba anunciando un procedimiento de leer esta lista. Termine eso y después le damos la palabra. Este es un desorden.

La Presidenta:

Si nos autoriza el diputado García García, daremos lectura a las relaciones.

El diputado Miguel Angel García García:

Adelante.

La Presidenta:

Se han registrado para hablar por el Partido Acción Nacional, los diputados: Alfonso Martínez Guerra, José Luis Galeazzi Berra, Javier Ortega Espinoza, Jorge Hernández Domínguez, José Abel Castañeda Pérez, José de Jesús Durán Ruiz, Rafael Ayala López, Luz de Jesús Salazar Pérez, Tomás López Martínez, Manuel Baeza González, Jorge Antonio Catalán Sosa, Claudio Manuel Coello Herrera, Salvador Fernández Gavaldón, Rodrigo Robledo Silva, Rafael Núñez Pellegrín, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Juan Manuel Pérez Corona, Sergio Teodoro Meza López, Alejandro Higuera Osuna, Luis Alberto Rico y Samaniego, María Teresa Tapia Baena, Manuel Beristáin Gómez, Cruz Pérez Cuéllar y José Enrique Patiño Terán; por el Partido de la Revolución Democrática: Raúl Livas Vera, María del Rosario Robles Berlanga, Osbelia Arellano López, Saúl Escobar Toledo, Eric Eber Villanueva Mukul, Carlota Botey y Estape, José Alfonso Solórzano Fraga, Desiderio Camacho Garibo, Salvador Martínez Della Rocca, Froylán Velázquez Hernández, Adriana Luna Parra, María Rosa Márquez Cabrera, Everardo Martínez Sánchez, Leticia Calzada Gómez, Javier González Garza, Eliseo Moyao Morales y Leticia Burgos Ochoa; por el Partido Revolucionario Institucional: Luis Antonio Godina Herrera, Cándido Pérez Verduzco, Jaime del Río Navarro, Miguel Angel Islas Chío y Miguel Ortiz Jongitud.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Señora Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta:

Tiene usted la palabra.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde su curul):

Señora Presidenta:

El artículo 96 del reglamento dice: "el Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión".

En base a este artículo 96, yo le pido respetuosamente, diputada Presidenta, que nos diga usted cuáles son los diputados que van a hablar en pro y cuáles son los que van a hablar en contra, porque tal parece que sólo hay inscritos para hablar en contra, por favor.

La Presidenta:

El señor diputado Alejandro González, tiene la palabra.

El diputado Alejandro González Alcocer: (desde su curul):

Señora Presidenta: además de lo que manifestó el compañero diputado Tonatiuh Bravo, quiero manifestarle que de acuerdo al artículo 98 del reglamento deberá hablar un individuo en la cámara en pro y otro en contra, empezando por el contra, alternativamente. Entonces deberá ser en ese orden de uno en contra y otro a favor.

La Presidenta:

Compañeros diputados:

Me pidieron en la moción los compañeros diputados del PRD dar lectura a la lista de oradores por cada una de las fracciones, las hemos dado a conocer y tomaremos en consideración lo que se ha puntualizado de acuerdo a los artículos. Vamos a pasar al análisis de los artículos, cada uno de ellos de acuerdo a la lista de oradores y lo haremos en contra y en pro.

Continúe el compañero diputado García García.

El diputado Miguel Angel García García:

Gracias, señora Presidenta:

Yo quiero aprovechar la oportunidad de comentar lo siguiente. No es que nosotros, la fracción PRI estemos rehuyendo el debate. Acabamos de pasar la fase de fijación de postura de cada partido y algunos compañeros diputados se inscribieron para hacer comentarios en lo general. Nosotros, con todo respeto al compañero Livas que no lo veo aquí en este momento, él nos decía que qué estábamos haciendo aquí en esta tribuna si únicamente estábamos parchando un decreto que nos había enviado el Ejecutivo. Con todo respeto le digo también que el presidente Zedillo, mi presidente, miembro de mi partido nos envió una propuesta de presupuesto de egresos de la Federación que se inscribe, desde luego, en unos criterios generales de política económica que ya fueron expuestos aquí por el señor Secretario de Hacienda en días pasados, que todos conocemos; y con todo respeto le digo al diputado Livas, que si estamos o no estamos de acuerdo o si es o no para él una propuesta seria la que se está haciendo, lo único que le quiero decir que con el mismo respeto que nosotros tenemos a las posiciones en materia de política económica de otros partidos, pues que también se respete la posición de mi partido. Nosotros avalamos esa política económica, porque nosotros somos diputados que hicimos campaña con el presidente Zedillo y nosotros, en las resoluciones de nuestro partido, hemos decidido el rumbo económico del país con base a las propuestas que está haciendo el presidente Zedillo, miembro de mi partido. Por tanto, yo creo que no es rehuir el debate, sino simple y sencillamente es ratificar un compromiso...

El diputado Miguel Angel García García:

El tema es ese: el debate de fondo es si estamos o no o es serio o no una propuesta. La propuesta es seria, que estemos o no de acuerdo con ella, es otro asunto.

En cuanto a la manera en que se lleva a cabo el debate. El año pasado si ustedes se acuerdan...

El año pasado nos inscribimos de la siguiente manera...

La Presidenta:

Compañero orador. Le ruego suspender su intervención. Dígame, compañero diputado. Vamos a ordenarnos para poder hacer uso de la palabra los que así lo solicitan.

Señor diputado: ¿acepta usted una interpelación del diputado Zeferino Torreblanca.

El diputado Miguel Angel García García:

Sí, estoy callando, estoy esperando que se calme la Asamblea para que escuchemos el debate, compañeros diputados. A mí me parece ilógico que si estamos discutiendo artículo por artículo, estamos discutiendo el artículo 8o., por si algunos compañeros que no han estado en las reuniones y no han revisado el decreto de presupuesto, el artículo 8o., es el gasto del ramo de la administración pública central, cada una de las secretarías. De ahí entonces que se inscriba un orador del PRI para dar respuesta a cada uno de sus planteamientos. Así lo hicimos el año pasado, el artículo 12 son las entidades paraestatales, hay un orador de nuestro partido que le va a dar respuesta puntual a cada una de las propuestas. Yo no le veo la falta de lógica a un debate que no estamos rehuyendo, ahí está el debate; estamos dispuestos a contestarlo, lo que pasa es que algunos compañeros honestamente deveras y con todo respeto, no conocen el decreto de presupuesto y no lo han revisado; vienen aquí y nos dan sus tésis parlamentarias, pero no nos dicen en materia concreta qué montos quieren modificar o qué asignaciones se tengan que realizar, como lo acabamos de escuchar con el compañero que nos antecedió en la palabra.

Nosotros le vamos a dar respuesta puntual a cada una de las solicitudes y a cada uno de los argumentos que ustedes vayan a poner en cada uno de los artículos correspondientes. No es rehuir el debate, por el contrario, estamos listos para entrarle.

Gracias.

La Presidenta:

¿No aceptó la interpelación del diputado Zeferino.

El diputado Miguel Angel García García:

Sí, si acepto.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Zeferino Torreblanca.

El diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (desde su curul):

Muchas gracias, señor diputado:

Si el señor Presidente de la República ha determinado que va a hacer uso de su mayoría, ¿tiene algún objeto el debate?, le pregunto a usted, señor diputado.

El diputado Miguel Angel García García:

Pues eso contestelo a usted señor, yo creo que el debate sí tiene sentido porque hay modificaciones importantes en el decreto de presupuesto, que usted debe revisar con detalle, que es producto de la participación de todas las fracciones parlamentarias, hay inclusive algunas propuestas concretas de varias comisiones, que están incluidas en este decreto de presupuesto, por primera vez y como se han hecho en otros presupuestos. Yo creo que sí tienen sentido por tanto, discutir un decreto que se ha modificado sustancialmente.

La Presidenta:

Para referirse en contra al artículo 8o., tiene la palabra el diputado Eric Villanueva Mukul.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):

Pido la palabra.

La Presidenta:

¿Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra (desde su curul):

Para rectificación de hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Víctor Quintana, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Ayer veíamos, por cierto quiero aclarar que la versión estenográfica de la participación de un servidor haciendo la crítica a la comparecencia, al informe del presidente Zedillo, ante los magnates financieros, la versión estenográfica sufrió mucho para ser dada a conocer, hubo muchas dificultades para obtenerla, estaba siendo recortada.

¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene discutir aquí el presupuesto de egresos cuando antier fue aprobada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior en los Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene venir a discutirlo aquí, cuando la fracción del PRI no lo discute, porque ya le ordenó la General Motors y el Banco Mundial, que lo aprobara; y se lo ordenaron a Ernesto Zedillo, antier en la reunión del Consejo Nacional de Comercio Exterior? ¿qué burla es ésta a esta soberanía compañeras y compañeros? Mientras el PRI siga sosteniendo acríticamente el presupuesto de egresos, lo que está haciendo es convertirse en portavoz de los magnates norteamericanos y del Banco Mundial.

Si tuvieran un poco de decencia, cuando menos vendrían aquí a discutirlo en inglés o sea, como les llegó redactado y elaborado. Si no hay debate, si ustedes van a seguir defendiendo el presupuesto de su Presidente, que no se llama Ernesto Zedillo, sino se llama Bill Clinton, no tiene caso que sigamos perdiendo el tiempo y haciendo este teatro por el pueblo de México.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado Eric Eber Villanueva Mukul.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señora Presidenta.

Quiero comentarle al diputado...

La Presidenta:

Señor orador, ¿me permite por favor? Señor diputado Eric Villanueva Mukul le ruego suspenda un momento su intervención.

El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul):

Señora Presidenta; si escuché bien, el diputado que está en tribuna va a hablar en contra.

La Presidenta:

Señor diputado: lo mencioné desde el momento en que di la palabra.

El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul):

0K entonces le pido una moción de orden, puesto a que han hablado dos diputados en contra y no han venido diputados a favor y de acuerdo con el artículo que se acaba de leer, 98, tiene que ser alternativamente. Entonces tiene que seguir un orador a favor.

La Presidenta:

El compañero diputado que lo antecedió en el uso de la palabra, la solicitó para rectificación de hechos. Continúe usted, señor diputado Villanueva.

El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul):

¡Moción de orden, señora Presidenta! Está claro que hubo dos oradores en contra. Le voy a leer el artículo 98:

"Los miembros de la cámara hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el Presidente por el orden de la lista, comenzando por el inscrito en contra."

Han hablado dos oradores en contra y no ha pasado ningún orador a favor. Le solicito que aplique el reglamento y se lleve al pie de la letra.

La Presidenta:

Compañero diputado:

El compañero diputado que antecedió al diputado Eric Eber Villanueva Mukul, pidió la palabra para rectificación de hechos. El turno ahora es del diputado Villanueva Mukul. El diputado García García habló a favor del dictamen, luego se pidió la palabra para rectificación de hechos...

El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul):

Señora Presidenta, por favor:

El señor diputado García paso a hablar para rectificación de hechos y está en la versión estenográfica. Tiene que venir alguien para hablar a favor. Entonces le solicito que se pase así.

La Presidenta:

Si el diputado Eric Eber Villanueva Mukul autoriza su turno, pase a la tribuna, para hacer uso de ella, el diputado García García, en pro del dictamen.

Tiene la palabra el diputado García García, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Miguel Angel García García:

Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Para hablar a favor del presupuesto de egresos del dictamen que se presenta por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, debo ratificar de nueva cuenta, que el dictamen que se ha presentado ha sido un dictamen cuidadosamente hecho y realizado con la participación destacada y el intercambio que se ha dado entre los diputados federales de todas las fracciones y las diferentes dependencias que han venido a explicarnos en un ejercicio soberano y en una práctica parlamentaria bastante interesante y en donde hemos aclarado, hemos hecho propuestas concretas para este dictamen de presupuesto.

Asimismo ratificar y pedir de manera respetuosa que si en lo particular algún ciudadano diputado no está de acuerdo con el presupuesto de egresos que se está presentando, derivado de unos criterios de política económica, nosotros, la fracción priísta, respetamos esa postura.

Sin embargo, para nuestro partido, la iniciativa que envió el Presidente de la República, cumple y buscará cumplir los tres grandes objetivos ahí señalados, uno de ellos importante que ha sido un reclamo de la sociedad: el crecimiento económico.

Sentimos que las variables macroeconómicas presentadas en este presupuesto, permitirán el crecimiento económico vía la inversión pública que se está presentando en ese presupuesto.

Por otro lado, el aspecto importante de la participación de un 56% en el gasto programable para desarrollo social justifican y garantizan la participación del Estado en la materia. Asimismo, los montos que ahí están proponiéndose en materia de fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Y por otro lado, aspecto importante que ya fue mencionado en la postura de nuestro partido, es el importante crecimiento de los recursos derivados por montos por más de 184 mil millones de pesos, que serán manejados de manera directa por los estados y los municipios.

Por eso nosotros, la fracción priísta, sentimos que en este presupuesto se ratifica una vocación federalista del gasto y compromete a la Federación a que con la participación decidida de estados y municipios, más allá de las participaciones, más allá de la simple manera de "pasar la charola", sentimos que hay avances importantes en este presupuesto.

De ahí que la fracción de nuestro partido vota a favor de este presupuesto, que es congruente y acorde a la circunstancia que vive nuestro país.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Eric Eber Villanueva Mukul, para hablar en contra.

El diputado Eric Eber Villanueva Mukul:

Gracias, señora Presidenta:

Quiero señalar, por lo expresado acá en su anterior intervención el diputado que me antecedió, que la fracción del PRD sí conoce el proyecto de presupuesto, sí conoce el dictamen y no sólo eso: tiene la capacidad para elaborar un presupuesto alternativo.

El asunto del gasto público tiene que ver con el desarrollo de la economía en su conjunto, a pesar de que los paleoliberales digan lo contrario y a pesar de lo que afirmen otros que no se atreven a declararse paleoliberales o neoliberales.

Desde hace ya cerca de 15 años, el Gobierno mexicano ha aplicado una política real de abandono en el sector de desarrollo rural. Hoy rebautizado como de desarrollo agropecuario. Esta política ha consistido, en términos generales, en el retiro del Estado de su papel tradicional como promotor y rector de la economía, en sostener consecuentemente que el capital privado nacional y extranjero sería el único capaz de sacar en adelante a la economía nacional y por impulsar una apertura comercial acelerada indiscriminada que ha enfrentado a la planta industrial y agropecuaria con empresas transnacionales instaladas dentro y fuera del país y fuertemente protegidas con prácticas monopólicas.

Y por último, por intentar acabar con la propiedad social garantizada en la Constitución.

De manera particular esta política se ha traducido en un desplome de los recursos públicos canalizados al sector. En los últimos 18 años, en 1981 fue el año en el que el campo recibió mayores recursos. Estos ascendieron a 191 millones de pesos, que traducidos a pesos de 1993 equivalen a 30 mil 379 millones. Para 1986 habían descendido a 16 mil 832. O sea, cerca del 50%.

Y en 1989, año en que los recursos tuvieron su menor nivel, llegaron a la cifra de 9 mil 658 millones de pesos. Todas estas cifras a precios de 1993.

A partir de 1990 se verifica una política de altibajos en la canalización de recursos al sector que por supuesto no alcanzan ni con mucho los niveles de la primera mitad de los años ochenta. Asimismo, esta inestabilidad del gasto en el desarrollo rural en el sexenio salinista, tuvo amplia explicación en eventos político-electorales y, por supuesto, los efectos son catastróficos en el campo.

En el presupuesto de egresos del 1997, el Ejecutivo propone un gasto para desarrollo agropecuario de 31 mil 129 millones de pesos, esta cantidad sorprende por ser apenas superior en 0.41% con respecto a 1996 si tomamos como base 1980 y de 0.38 si la base es 1993; para decirlo en términos gruesos, el presupuesto no tiene variación con respecto a 1996.

Debe recordarse que esta soberanía aprobó para el sector en 1996, 32 mil 688 millones de pesos, habiendo ejercido únicamente 25 mil 971 millones, es decir, el 20.55% menos de lo aprobado. De haberse ejercido en 1996 lo aquí aprobado, el presupuesto de 1997 sería menor en un 20% en términos reales.

Es importante señalar también que la participación del gasto en desarrollo agropecuario en 1996 se calcula será de 6.5% del gasto programable presupuestal y el del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 apenas representa el 6.3%, lo que contribuye a continuar profundizando las disparidades entre los sectores de la economía.

Aparentemente, aun con el recorte comentado en 1996, los recursos de ese año para el campo y los prespuestos para 1997 intentan revertir la tendencia que se observó en los años ochenta, no obstante este intento es pusilánime, ni siquiera alcanza el monto otorgado en 1994, que fue de 14 mil 927 millones de pesos con base en 1993, debiendo considerarse, además, la abrupta caída de 1995, que llevó al gasto en el sector a 11 mil 719 millones de pesos.

Asimismo, debemos recordar que a partir de 1996 el sector no sólo cambió de nombre, sino de estructura, se le llamó desarrollo agropecuario y recursos naturales y para 1997 se propone simplemente desarrollo agropecuario. Sin embargo, en este rubro se incluyen conceptos como: desarrollo rural, desarrollo social, pesca y medio ambiente.

Dos razones encontramos que justifican esta nueva estructura:

A) La complicación al análisis del sector:

B) Al incluirse un sector con rubros que estrictamente no deberían aparecer juntos, las cifras se inflan.

De esta forma parece que en 1996 y 1997 el gasto destinado al desarrollo agropecuario se está recuperando, cuando en realidad no es así.

Otro elemento que resulta importante considerar no es sólo el monto total de los recursos canalizados al sector, sino también la forma en que se ejerce. Es por ello que el Partido de la Revolución Democrática propone que el presupuesto de egresos para 1997 puesto a consideración de esta soberanía sea modificado, a fin de que se verifique un incremento sustancial en los recursos canalizados al sector de desarrollo rural, así como una nueva distribución de los mismos.

Con el objeto de mejorar la productividad y rentabilidad en el campo, resolver los problemas del desempleo la miseria en el sector y de ubicarlo nuevamente como uno de los motores principales de la economía, se propone:

1. Que los recursos propuestos se canalicen exclusivamente a lo que se conocía como desarrollo rural.

2. Un presupuesto multianual, a fin de que en el año 2000 el sector de desarrollo rural represente el 9% del gasto neto total; consecuentemente en 1997 el sector representaría el 6.12% de dicho gasto.

3. Que en el año 2000 el sector de desarrollo rural representa el 12% del gasto programable presupuestal, como lo fue en 1980, así en 1997 el sector representaría el 8.5% del gasto programable presupuestal.

Por último, como resultado de lo arriba escrito, el gasto exclusivo para desarrollo rural en 1997 debería ascender como mínimo a 44 mil millones de pesos, lo que implicaría un incremento anual real del 43% y de 42% respecto a la propuesta del Ejecutivo. Esta propuesta de la fracción del PRD desde luego toma en consideración la propuesta hecha a esta soberanía por el Movimiento 10 de Abril y por otras organizaciones sociales con el fin de darle un nuevo impulso al campo.

Algunos nos han dicho que están de acuerdo, incluso algunos funcionarios de la Secretaría nos dicen que están de acuerdo pero nos preguntan de dónde sacaremos los recursos, de dónde los vamos a sacar. Algunas de las fuentes pueden ser los múltiples subsidios, que a nuestro juicio son bastante onerosos como es el caso del subsidio por 6 mil millones a Luz y Fuerza del Centro, como es el caso de las carreteras privadas, como es el caso de la industria harinera por cerca de 3 mil millones como es el pago del servicio a la deuda por 119 mil 693 millones de pesos y otros más.

¿Para qué servirían estos recursos? Desde luego para darle una nueva lógica de recuperación al campo e invertirlo en el crecimiento económico, para fomento productivo, para reconversión técnica y productiva, para incrementar los recursos a alianza para el campo, para el fondo de contingencia por la caída de los precios internos de los granos básicos como consecuencia de los impactos del mercado internacional y de la apertura indiscriminada, para reactivar la afluencia de créditos a la producción, para incrementar el apoyo a la infraestructura productiva de riego a la pequeña obra de riego en el sur sureste del país y otros rubros.

Por eso estamos en contra del artículo 8o. de este proyecto, porque pensamos que los presupuestos asignados a agricultura, ganadería y desarrollo rural, reforma agraria y los otros rubros que tienen relación directa con el desarrollo agropecuario son insuficientes. Sin embargo, quiero hacer mención de las acotaciones introducidas al artículo 37 relativo a los ingresos excedentes del Gobierno Federal, particularmente los que puedan provenir de la venta del petróleo; y que se hayan acotado dos cuestiones sustanciales, que se hayan puesto de manera prioritaria el desarrollo agropecuario, el desarrollo social y en tercera posición, los proyectos prioritarios y estratégicos del Gobierno Federal porque es un concepto demasiado laxo en el que cualquier rubro puede ser estratégico y prioritario.

Y el otro es en el sentido de que en los primeros meses, en el primer semestre de 1997 la Secretaría de Hacienda tendrá que comparecer ante esta soberanía para informarnos de las resignaciones, perdón de los excedentes y de las posibles resignaciones en esta materia. Por eso nosotros expresaríamos estar a favor desde luego de estas acotaciones en el artículo 37.

Y finalmente, quiero decir que nos hubiese gustado que estas acotaciones fueran como lo han expresado aquí, con números, porque era posible hacerlo con números, sin embargo, quiero decir que la confianza o más bien la confianza no es para la Comisión de Agricultura, ni siquiera para la fracción del PRD, la confianza la tiene que sentir esta soberanía en su conjunto y la tiene que sentir el pueblo de México acerca de que el Ejecutivo Federal cumplirá con lo plasmado en el artículo 37 y que esta soberanía será vigilante de esos acuerdos para que, efectivamente, una cantidad considerable de estos recursos excedentes vayan efectivamente al desarrollo rural en 1997.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Miguel Ortiz, para hablar a favor del dictamen, de la fracción parlamentaria del PRI.

El diputado Miguel Ortiz Jongitud:

Con su permiso, señora Presidenta; señoras diputadas; señores diputados:

Con motivo de la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, los legisladores que integramos la Comisión de Agricultura por los distintos partidos y con el respaldo del sector campesino priísta, hicimos un análisis al presupuesto a erogar por el Gobierno Federal en el sector de desarrollo agropecuario, así como sobre la política agropecuaria propuesta para dar solución a las disparidades y rezago estructurales que este sector ha enfrentado secularmente.

En México la política agropecuaria ha sido el capítulo donde se ha registrado una verdadera revolución, no tan solo en su marco jurídico y en el tipo de apoyos económicos sino también en los principios conceptuales básicos que ahora parte de reconocer con todo realismo los tremendos contrastes y la condición heterogénea que existe en el campo mexicano. Esto es, hay una agricultura comercial que contrasta con una de autoconsumo; hay una agricultura minifundista pulverizada que contrasta con una de exportación; aunado a ello, el Estado mexicano ha dejado de ser el sujeto central de las actividades económicas primarias para darle su lugar al productor quien asume así el carácter protagónico.

Lo anterior no significa que el Estado abandone al hombre del campo y por el contrario le brinda apoyos necesarios sin avasallarlos mediante una estrategia de desarrollo rural que conjuntamente con los gobiernos locales y productores permita superar los grandes rezagos del campo mexicano.

En los últimos años han sido numerosos los programas y acciones que se han llevado a cabo a través del Gobierno Federal para instrumentar una estrategia de largo plazo que promueva una mayor participación de las instancias locales, estatales y municipales y de la población rural en general. El aparato agropecuario será descentralizado y la mayoría de sus funciones transferidas a las entidades federativas en tanto la asistencia técnica será desincorporada y manejada por los propios productores para así ver las ventajas comparativas regionales en una reconversión productiva que defina en cada entidad haciendo compatibles dos principios básicos: la vocación de la tierra y las necesidades del mercado.

Mediante estos programas y acciones se ha venido conformando una política integral para enfrentar los nuevos tiempos. De nuestra evaluación se desprende que el rezago acumulado que acusa el sector agropecuario se manifiesta sensiblemente señalándose como un indicador representativo de esta realidad el haber obtenido un resultado negativo de 4.8% en el PIB al tercer trimestre de 1996. Al tiempo que el PIB nacional ascendió en este mismo periodo a 7.4%. Los efectos de una persistente descapitalización, un acentuado esquema de intercambio desigual y de rezago tecnológico, se traducen en cifras también deprimentes en su entorno.

En los últimos meses, el sector agropecuario ha afrontado diversas adversidades, resultando el más afectado por los desequilibrios económicos acontecidos al inicio de 1995, debiendo además sortear un intenso periodo de sequía que impactó fuertemente a la producción; sin embargo, gracias a la nobleza de la fuerza productiva, a las condiciones climatológicas favorables posteriores, así como el incentivo de precios remunerativos y el otorgamiento de apoyos institucionales de carácter emergente, factores que se conjugaron en el transcurso de 1996, se logró reactivar las siembras de los principales granos básicos, permitiendo que las magras expectativas que se vaticinaban en torno al sector, se desvanecieran.

En el caso del maíz, la cosecha del ciclo primavera-verano, llegará aproximadamente a 15 millones de toneladas, volumen ligeramente superior al promedio obtenido en los últimos años de estadística.

Para infortunio del sector, el éxito productivo alcanzado se opacó ante la drástica caída de los precios de los granos básicos en esta última cosecha, con el agravante de que los costos del sector agropecuario fueron más allá de la inflación y llegaron a ser de un 35% en su incremento. Con ello causó un doble efecto adverso para la economía de la productividad en el campo mexicano.

Adicional a esta perniciosa evolución en el comportamiento de los precios de los granos básicos, el mercado se encuentra ahora saturado, al haberse otorgado cupos de importación de maíz y sorgo, superiores a los 9 millones de toneladas para 1996, en la expectativa fundamental de una reducción de las cosechas nacionales.

Esta decisión que nos llevó a aceptar cupos por el 50% del volumen de maíz que se cosechará en los siguientes meses, ha enrarecido el mercado, ejerciendo presiones adicionales para deprimir aún más el precio de venta de las cosechas nacionales.

Lo anterior pone de manifiesto la imperante necesidad de establecer mecanismos de control, que en forma inmediata permitan hacer congruente el establecimiento de limitantes para los cupos de importación, a fin de que éstos, además de sus volúmenes, se programen para los tiempos adecuados y eliminar así la afectación al sector primario del país, debiéndose, además, vigilar estrictamente el destino para el que fueron autorizados y aplicar con criterio cuando sea necesario el arancel correspondiente, conforme al Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Por otra parte, la agroindustria azucarera experimentó fuertes incrementos en la productividad de campo y fábrica, y con ello nuestro país pasó de ser importador a exportador neto de azúcar.

Para este año se cuenta con una expectativa real de enviar a los mercados internacionales 500 mil toneladas de dulcorante; sin embargo, ante el Tratado de Libre Comercio enfrentamos asimetrías y salvaguardas que fijan periodos de apertura que favorecen absurdamente a los Estados Unidos de América, fundamentalmente en los tiempos, ya que mientras en el año 2003 el mercado nacional se abriría completamente a la entrada de jarabes de alta fructuosa elaborados en Estados Unidos y el azúcar mexicano podrá acceder libremente al mercado doméstico americano, por cierto deficitario en 2 millones 500 mil toneladas, hasta el año 2009, con una diferencia dramática que va más allá de un lustro, seis años son demasiados para no causar daños irreversibles a esta agroindustria de importancia. Fue una mala negociación que no debemos pagar los productores del sector primario.

Maíz y azúcar, íntimamente ligados a la vez por su características industriales, provocan el desvío de los apoyos de política social de abasto público para el renglón masa-tortilla, siendo utilizado el maíz en las plantas productoras de fructuosa, en beneficio exclusivo de algunas empresas trasnacionales, aprovechando así la exención de arancel y afectando enormemente a tan importantes sectores agrícolas del país.

En materia de tomate nacional, el clásico ejemplo del manejo de salvaguardas que el vecino país del norte impone en sus relaciones comerciales con México, se tipifican como la clásica cláusula del abuelo. Ejemplo, el cambio de tiempos para la aportación de cuotas, de ciclos a semanas, características de embalaje, fabricación artificial de actitudes de doomping de los productores mexicanos y barreras fitosanitarias entre otras.

Ejemplificamos las actitudes que sustenta nuestra posición al respecto, porque pretendemos que en beneficio de todos los sistemas rama-producto, solicitando firmemente podamos sacarlos adelante con la pluralidad que esta cámara ha demostrado a la fecha.

1. La presencia con voz y voto en los foros adecuados de los productores de cada sistema producto, de manera insoslayable debe de ser aceptada por la instancia de Gobierno Federal correspondiente. La defensa de sus intereses debe darse dentro de planteamientos lógicos y razonables.

2. Si bien es cierto que el renglón de comercialización es estrictamente necesario en el mercado nacional e internacional, deberá ser compromiso conjunto de Gobierno y productores, frenar la tendencia de convertir al país en un país paraíso de comerciantes, en detrimento directo de nuestra planta productiva.

En un análisis comparativo y claro de riesgos y utilidades que enfrentan los diferentes sectores, promoveríamos esquema de comercialización en la justicia y equidad que demanda el sector productivo del país.

3. Caminar lo más aceleradamente posible en programas que reduzcan las diferencias con nuestros competidores comerciales en materia de adquisición de maquinaria y equipo, tecnología, insumos y, por supuesto, costo financiero que es lesivo para los productores del campo de México y a través del acceso a recursos crediticios asignados a la banca de desarrollo; fortalecer y desarrollar instrumentos adecuados de exportación, buscando siempre equilibrar la balanza comercial del sector y aspirar algún día al superavit, promoviendo de manera fundamental lo que aquí decía nuestra amiga doña Ifigenia, la agroindustria en el campo.

4. Los programas e instrumentos ya establecidos de productividad y política social en el campo, deben de permanecer y fortalecerse como lo marca el Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre otros, la alianza para el campo tendrá una especial importancia como detonador del desarrollo y al acuerdo de Financiamiento para el Sector Agropecuario y Pesquero, Finape, con costo de 27 mil millones de pesos acumulado, de los cuales 15 mil millones serán erogados por la Federación. Solicitamos al Ejecutivo, de manera expresa, prolongar el plazo más allá del 31 de diciembre, para lograr una mayor cobertura y oportunidad del sector para su acceso.

No existe ningún planteamiento macroeconómico que pueda concebir el desarrollo de un país, sustentado en el atrofiamiento y atraso secular en su sector primario axioma que cobra auténtica validez en el caso de México.

Por consiguiente, cualquier estrategia de desarrollo económico que se practique debe por principio incorporar de manera dinámica al sector que genera los alimentos y materias primas que requiere el resto de la sociedad para su desenvolvimiento.

Ante estas reflexiones que descansan en un juicio de absoluta certeza, debe evitarse que el sector agropecuario continúe padeciendo con cifras negativas en su producción, requiriendo indefectiblemente recibir el apoyo gubernamental que le imprima el ritmo de crecimiento adecuado.

Ante esta premisa, existe una auténtica preocupación por la marcada insuficiencia de recursos que se le asignan al sector agropecuario en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, situación que conlleva a la imposibilidad de realizar reasignaciones dentro del propio sector, hábida cuenta de que en esta ocasión la mayor parte de los programas denotan una partida reducida en sus asignaciones.

Es apremiante atenuar el deterioro de los términos de intercambio que padece el sector primario y efectuar una transferencia de recursos provenientes de excedentes del Gobierno Federal y ahorro del gasto público al sector rural, a fin de que al sembrar este excedente se logre acrecentar la producción nacional de granos básicos y materias primas, reforzando la seguridad alimentaria de la nación y reduciendo las condiciones de desigualdad social que se arraigan en la población rural.

En términos comparativos, el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación asigna al sector de desarrollo agropecuario 31 mil 200 millones de pesos para 1997, representa apenas un 4.3% en relación al gasto neto total contemplado para el próximo año, que es de 725 mil 790 millones o en su defecto, del 6.3% del gasto programable, mismo que implica un incremento nominal del 20%, pero significa también un decremento real del 17% con respecto al cierre previsto para 1996.

Como resultado de nuestro análisis se propuso lo que aquí planteaba Eric Villanueva, la modificación al texto del artículo 37 del presupuesto de egresos, a fin de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizara en su caso erogaciones adicionales y el decir autorizara, autorizará en su caso erogaciones adicionales para aplicarlas a programas de fomento de la producción agropecuaria, proyectos productivos de desarrollo rural y a proyectos de inversión social. Esto llevará inherente los cargos adicionales a ingresos adicionales por diferentes rubros de la ley, así como el ahorro en el gasto público.

También se depone tiempo y se habla de la comparecencia de la secretaría dentro del primer semestre de 1997, ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para dar cuenta de los ingresos adicionales obtenidos en su caso, así como el proyecto de discusión de asignaciones prespuestales de los mismos.

La prioridad al desarrollo agropecuario no es suficiente, pero la respuesta del Ejecutivo abre una posibilidad real de ampliación del presupuesto del sector, que deberá ser incrementado por lo menos en 6 mil millones de pesos y de rangos del 20% porcentual.

En el artículo 17 también se fortalece en algo el presupuesto de la Ley de Egresos de la Federación al campo. Los fondos sociales por crédito a la palabra, hoy en su recuperación podrán ir a fideicomisos para proyectos productivos, cajas de ahorro, manejadas por productores que se adicionan así al presupuesto del campo.

Consideramos que la tendencia del gasto de política social deberá cambiar gradualmente, aunque en este momento algunos rubros son insustituibles porque el país está en condiciones difíciles. Sin embargo, debemos caminar firme hacia el establecimiento de fuentes sustentables de empleo y vida digna que beneficien de manera directa, a través de su productividad, a los sectores marginales de la población que hoy reciben sustento social.

Quiero reconocer finalmente que la Comisión de Agricultura tuvo para lograr el acuerdo el apoyo decidido y prioritario del sector priísta campesino.

Y sin falsos rubores, quiero decir también que repitiendo que la aportación de los diferentes partidos a través de sus representantes en dicha comisión, en una apertura sin restricción, se logró con madurez y superando la lucha sin límite por espacios políticos, la convergencia necesaria para alcanzar el objetivo.

Esto es lo que agradece el campo mexicano, esto es lo que se reconoce, esta apertura es la que nos fortalece y puede darnos soluciones y la que nos identifica a todos los que en esta Cámara asistimos a trabajar por el país como auténticos representantes populares.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

El diputado Rafael Jacobo García (desde su curul):

Pido la palabra para rectificar hechos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Jacobo García.

El diputado Rafael Jacobo García:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Pedí la palabra para hechos porque realmente este debate que estamos realizando alrededor del Presupuesto de Egresos para 1997, creo que es un problema que debe de preocuparnos a todos, no por lo que está señalando el mismo programa, el dictamen, sino por las cosas de cómo se piensa resolver los problemas del sector productivo rural, concretamente y quiero referirme a lo que decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

El hace una reseña muy alegre de cómo se van a resolver los problemas, del esfuerzo que se ha hecho para que salgan todas estas propuestas de solución a la problemática rural. Y dice, por ejemplo, que el Programa de Desarrollo Productivo al Campo no debe de cambiar, que debe de seguir como está.

Precisamente ésa es una de las cuestiones que estamos aquí debatiendo y cuestionando porque nos parece que no es eso, no es ese presupuesto de 31 mil millones de pesos lo que el campo requiere; no es con ese aumento que tuvo del 5.5% con el que se va a aumentar la producción, porque no se toman en cuenta, no se toma en cuenta la devaluación del año pasado a la que estamos viviendo ahora, la devaluación que tiene ahora nuestra moneda, lo cual ha traído aumentos a los costos de producción, aumentos al costo de la vida en general y con este presupuesto no salimos adelante, porque además es un presupuesto en general que no es solamente para la producción agropecuaria, sino que incluye otras áreas de producción que limitan realmente al desarrollo a la producción de granos básicos, al problema de la ganadería y eso es lo que está trayendo miseria al campo.

Por eso, nosotros consideramos que tiene que tomarse en cuenta todo el alza de costos que se viven ahora y por eso requerimos de un presupuesto mayor. No estamos cuestionando simplemente las cifras porque sí, sino porque éstas son insuficientes.

Y si como han dicho otros compañeros, se le da prioridad a otras áreas, como a Defensa Nacional y Marina que no son productivas, no sabemos por qué a estas áreas se les da tanta prioridad, tantos recursos y al fundamental que es el productivo no se le da.

¿Qué es lo que se quiere con esto? ¿Se quiere realmente hacer fracasar el ejido? ¿Se quiere desaparecer la propiedad social para dar entrada al gran capital y al acaparamiento de tierras? ¿Se quiere seguir favoreciendo a los productores del exterior, de Estados Unidos concretamente, en lugar de favorecer los intereses de los productos nacionales o de qué se trata.

Como dijo al principio un diputado del PAN, creo que esos acuerdos que se están tomando o estas propuestas que se hacen en este dictamen para resolver el problema de egresos del 1997, lo están haciendo con las rodillas, o gente que efectivamente no saben lo que el campo necesita, lo que este país necesita para poder sostenerse económica y alimentariamente.

O les cae muy bien o les viene muy bien, las comisiones que se ganan con la importación de granos y otros productos, que se requiere para el desarrollo de este país, ¿de qué se trata.

Nosotros, como representantes del sector social del campo, no aprobamos este dictamen. Nos parece pírrico lo que se aumenta. Y nos parece que quienes lo están aprobando no son las personas que deben estar aquí. Y no de ahora, de hace años. Creo que hace cuando menos dieciocho años que son gente y discúlpenme, pero lo voy a decir con toda claridad, creo que son aventureros, aventureros políticos, aventureros economistas los que están haciendo los planes de desarrollo de este país. Con este tipo de planes de desarrollo este país no va avanzar.

Necesitamos planes que tomen en cuenta de verdad, de verdad a los productores. No se trata de inventar, no se trata de hacer cosas en las rodillas, se trata de hacer planes de verdadera economía, de verdadero desarrollo, que tomen en cuenta todo lo que se requiere para que haya empleo, para que haya producción, para que haya aprovechamiento de todos los recursos de que disponemos.

Que sí pueden hacer de este país, un país de paraíso, porque tenemos tierras y hombres para trabajar y para producir lo que este país consume. Pero no con planes simplemente para salir del paso a los problemas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para hablar en contra del artículo 8o. tiene la palabra el diputado José Luis Galeazzi Berra, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Luis Galeazzi Berra:

Con su permiso señora Presidenta; diputadas y diputados:

Creo que el diputado que me antecedió en la palabra, que habló a favor del dictamen, pareciera que nos quiere vender lo que sería el sueño mexicano, porque muy lejos está de expresar la realidad de nuestro país. Hablar del campo es hablar de nuestra casa donde vivimos y convivimos, de nuestros inicios y nuestros fines. Ahora que nos toca revisar el Presupuesto de Egresos de 1997 no podemos dejar a un lado las escandalosas importaciones de granos y en general de alimentos básicos que ha hecho México en los últimos años.

Nuestro país es deficitario por un equivalente de 12 millones de toneladas métricas por año en granos, mientras que sólo por citar unos cuantos ejemplos, requerimos 10 millones de litros de leche diarios que pudiéramos producir y que tenemos que importar también.

El último informe del Ejecutivo nos dice con respecto a la Alianza para el Campo, cito: "Como resultado del trabajo coordinado con organizaciones de productores y autoridades estatales, a finales de 1995 se inició la instrumentación del Programa Alianza para el Campo". El programa, según el informe presidencial es integral y define áreas de atención, prioridades y compromisos para una transformación profunda del campo. La alianza parte de un diagnóstico realista y de la convicción de que es necesario asumir compromisos fundados en la eficiencia y en la justa retribución de recursos.

Resulta preocupante que a fines de 1996 los resultados sean tan magros en materia de producción agropecuaria, pese a los buenos deseos presidenciales; pero lo más grave del asunto, es que para 1997 el presupuesto destinado a este sector está muy por debajo de lo que debería ser, sobre todo, si pensamos en un país emergente, entrando a una competencia mundial donde la mayoría de nuestros adversarios tienen su problema resuelto.

No hay, en este dictamen, algún egreso destinado a estabilizar los precios de garantía en granos básicos para que sean justos y competitivos y haya un verdadero interés y ánimo de producción. En otros países, como Alemania y Chile, los subsidios a la producción han sido la clave para su autonomía alimentaria en granos. En México, sabemos que el Procampo y los créditos a la palabra no han sido la solución esperada, el fomento a la producción de granos básicos ha sido mínima, pues si recibiendo algunos recursos en 1995 y en el 1996 acusaron grandes volúmenes deficitarios, podemos imaginar sin mayor esfuerzo el potencial que tendremos de producción para 1997 sin recursos.

Existe un párrafo en el Presupuesto de Egresos de la Federación que dice, Cito:

"De esta manera, un esquema de liberación de precios y la modificación a los esquemas de comercialización han permitido corregir las distorsiones de los precios de los principales granos, logrando con ello establecer niveles adecuados de rentabilidad y reorientar los patrones de producción a las condiciones del mercado".

En teoría, esto es maravilloso, pero si nos vamos a la realidad, esto es una aberración y es una "toma de pelo" porque se siguen controlando los precios de garantía. Si estos precios fueran justos y alentadores no viviríamos problemas como los que se están viviendo de inconformidad por parte de muchos grupos de productores en nuestro país.

Nos parece excesivo el subsidio y la transferencia destinadas a la Conasupo para subsidiar harina de maíz para tortilla y su consumo humano que es de 3 millones 113 mil 349 pesos, cuando sabemos la corrupción en los manejos de estos recursos por parte de esta paraestatal.

El fondo del problema es la insistente política del subsidio al consumo y no de subsidio a la producción. Los que nos movemos en el ambiente agrícola consideramos, con mucha extrañeza y preocupación, que no se aliente al pequeño propietario o ejidatario con nuevas formas de producción.

No hay que olvidar que en México la mayor parte de los productores agrícolas somos minifundistas, y que no se ha instrumentado aún una política integral sustentable encaminada a contribuir al beneficio personal, familiar y consecuentemente de nuestra sociedad, de nuestro municipio y de nuestra nación entera.

En este presupuesto sigue existiendo el fantasma de siempre: recursos sumamente limitados y poca claridad en los tiempos de distribución y zonas a las que se van a destinar sobre todo en su efectiva aplicación, seguimiento y valoración de resultados.

En México no se ha creado la conciencia de lo que significa la agricultura; el hombre del campo siembra la semilla cuidándola celosamente, entregándose a esa tarea de cultivo con paciencia y perseverancia, consintiendo la tierra por los frutos que de ella obtiene.

Tristemente podríamos decir que esto no ha sucedido con quienes han dirigido al país durante más de 60 años, quienes aparentemente han sembrado la idea de justicia social en el campo. Pero no han tenido la capacidad de entregarse a esa noble tarea cosechando siempre ineficiencias, crisis recurrentes que reflejan de alguna manera la realidad nacional.

Aparente alegría existe por el acuerdo a que llegamos en el seno de la comisión de que en el artículo 37 del dictamen a discusión contemple una consideración para el sector agropecuario de allegarse mayores recursos adicionales para aplicarlos a programas de fomento a la producción agropecuaria y desarrollo rural.

Emanados de egresos excedentes que resultan de ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con la excepción de la fracción II de la recuperación de seguros que corresponda a las dependencias y entidades y relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades.

Aquí quisiera llamar su atención diputados, que inmeditamente se tienen ya excedentes en la programación de egresos para 1997 de la Comisión Federal de Electricidad por 3 millones 755 mil 600 pesos. Y de Pemex por 27 millones 597 mil 89 pesos, que podríamos empezar a pensar que hacerle llegar mayores recursos al sector agropecuario vía excedentes, puede ser real. Lo nuevo y lo bueno es que se haga por consenso y con el suficiente énfasis para que todos estos excedentes se apliquen de manera justa y cuidadosa.

Lo viejo y perverso: que estos excedentes se aplicaran para engordar antiguos esquemas de corporativismo y manipulación. Con todo y esto, este dictamen está muy lejos de contribuir y construir una nueva realidad en el sector agropecuario.

La única acción verdaderamente positiva que cabría hacer, no es una reforma más de laboratorio, sino una restauración del campo basándola en la verdadera transformación de todos los ciudadanos mexicanos hacia un sentido común. Sólo este cambio de mentalidad puede posibilitar la gran cantidad de modificaciones y reorganizaciones precisas para sanear definitivamente el sobado problema del campo.

Podemos aceptar del extranjero lecciones como la dada por Israel, Alemania, China, Estados Unidos, de que no sólo es producto de climas afortunados el obtener riquezas y competitividad agraria, sino del principio que estriba en que exista voluntad y determinación nacional.

Señores diputados del PRI, construyamos juntos esta nueva realidad del campo, que no sólo sea un sueño. Por ser el problema del campo una realidad y no un sueño, los invito a votar en contra de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para hablar en pro del artículo 8o. tiene la palabra el diputado Homar Zamorano Ayala, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Homar Zamorano Ayala:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Venimos hoy a...

La diputada Martha Ifigenia Martínez Hernández (desde su curul):

Una moción de orden, señora Presidenta:

Nosotros quisiéramos que hubiera un límite de tiempo, porque no pensamos que a estas alturas necesiten más de cinco minutos para exponer un punto.

La Presidenta:

Compañera diputada:

Si me lo permite, le rogaría a la Secretaría dar lectura al artículo 103 del Reglamento.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Artículo 103. "Los discursos de los individuos en las cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora sin permiso de la Cámara".

La Presidenta:

Ya referido dicho artículo, señora diputada, yo le quisiera pedir que si usted y su fracción tienen alguna propuesta, la pudieran consensar entre todas las fracciones y hacerlas saber a esta Presidencia. En tanto esto sucede, ruego al compañero diputado continúe con su intervención.

Muchas gracias.

El diputado Homar Zamorano Ayala:

Refiriéndonos al diputado que nos antecedió, del Partido Acción Nacional, quisiéramos iniciar precisando que en el PRI, los diputados del PRI, que el diputado que nos antecedió, del PRI, no ve como un sueño la nueva realidad del campo mexicano. Que las cifras que aquí se manejaron, no son un sueño. Las cifras que señaló aquí están, aparecen, existen, avalan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1997. Presupuesto que también reconoce que hay fuertes disparidades y rezagos estructurales en el campo, que ha enfrentado el sector agropecuario, que conoce el Gobierno Federal y que conjuntamente con los gobiernos locales y productores rurales, ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo rural que permita superar los grandes retos del campo mexicano.

La estrategia instrumentada revalora la importancia que debe tener el medio rural, que le define la función que el Estado debe asumir para el desarrollo del sector a fin de imprimirle un enfoque global, microrregional y de largo plazo, que promueva una mayor participación en las instancias locales, estatales y municipales y de la población rural en general. En esta estrategia las acciones de fomento y consolidación de los mercados agropecuarios, constituirán la base para construir adecuadas reglas de transición con el resto de los sectores de la economía, que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

En los últimos años se ha dado un profundo cambio en la política de precios y comercialización, impulsando medidas que permitan corregir las distorsiones que se presentan en la fijación de los precios de los principales granos, ya que la existencia de un mercado cada vez menos regulado por el Estado y crecientemente interrelacionado con el exterior, puso de manifiesto la problemática que enfrentan los procesos de comercialización...

La diputada María del Rosario Robles Berlanga (desde su curul):

Señora Presidenta: pregunte al orador si acepta una pregunta.

La Presidenta:

Señor diputado Zamorano: la señora diputada tiene una pregunta.

El diputado Homar Zamorano Ayala:

Terminando mi intervención.

La Presidenta:

Que al término de su intervención, señora diputada. Continúe el orador.

El diputado Homar Zamorano Ayala:

Y es indudable que a nosotros, como al señor diputado también, nos preocupa lo que va a pasar con los precios de los granos básicos en este país, por la situación que se enfrenta. Pero hoy estamos hablando del Presupuesto de Egresos para 1997, del artículo 8o. del presupuesto del sector agropecuario, del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo y Ganadería.

El presupuesto para el desarrollo agropecuario para 1997, como aquí se ha dicho, le corresponden 31 mil 129 millones de pesos. Que tiene una variación nominal de 19.9 puntos y una variación para 1997 en términos reales de 0.3.

Un presupuesto que va enfocado a cumplir con objetivos y metas de desarrollo en el sector agropecuario. Pero un presupuesto también que no podemos verlo con una visión individual o simplemente sectorial.

Un presupuesto que debemos de verlo con una visión general, una visión de conjunto. Y esa visión de conjunto nos dice que también se destinan recursos al desarrollo social que en este caso tuvo un crecimiento real de 9.3 % para 1996. Donde se canalizarán recursos al campo, al desarrollo rural, al sector agropecuario incluso en el ramo 0026.

Un presupuesto que si lo vemos con una visión general, una visión de conjunto, debemos ubicar, y sin pretender manejar cifras alegres, la inversión física presupuestaria que se desarrollará en el sector rural y en el desarrollo rural y en el desarrollo agropecuario para 1997. Y en desarrollo agropecuario corresponde una cifra de 6 mil 505.1 millones de pesos. Con una variación de 41.9 en términos nominales y una variación de 18.8 en términos reales.

Un presupuesto en el cual también se ubicarán los recursos de medio ambiente y de pesca que tienen qué ver en el campo.

Un presupuesto que en el aspecto de salud, que crece en 31.9% en términos nominales y 0.41 en términos reales, que también beneficiará al campo.

Un presupuesto en el cual se busca capitalizar al sector y promover la reconversión productiva, a fin de incrementar la productividad, competitividad y rentabilidad económica en el campo mexicano.

Un presupuesto que incluye la infraestructura hidroagrícola con 2 mil 301.1 millones de pesos, que fue el recurso que se ejerció en 1996 y que para 1997 le corresponderán 2 mil 418.5 millones de pesos.

Un presupuesto que mantiene un programa, del cual aquí se ha hablado y que tiene qué ver mucho con la elevación de la productividad, que tiene qué ver mucho no solo apoyar el subsidio al consumo, sino también el apoyo a la producción y que para 1997 le corresponden 1 mil 559 millones de pesos, que representan el 8.3% de crecimiento en términos reales.

Un presupuesto que incluye caminos rurales en 760 millones de pesos.

Un presupuesto que incluye un programa de empleo temporal para actividades agrícolas, que antes no existían, en 300 millones de pesos.

Un presupuesto que incluye apoyo para el desarrollo forestal, que antes no existía, de 223 millones de pesos.

Un presupuesto en el que también se destinan recursos para el rezago agrario y para Procede.

Un presupuesto en el cual, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, de Semanarp, de Salud, se manejarán diversos programas que tendrán impacto positivo en el desarrollo rural y en el desarrollo productivo o en el campo.

Un presupuesto que incluye un programa muy importante para quien vive en el campo, que es el Pase, Programa de Alimentación, Salud y Educación.

Un presupuesto que incluye fondos para desastres naturales, cuando para la actividad agropecuaria le va mal.

Un presupuesto que incluye un Programa Nacional de Acuacultura Rural, que también tiene impacto en el campo.

Un presupuesto que mantiene al Procampo, destinado a apoyar a la producción, en esta ocasión con 13.9 millones de hectáreas en el país.

Un presupuesto que coincidimos con quienes aquí nos han antecedido, debe de ser apoyado más, partiendo del principio que hay reconocimiento de que el campo requiere mayores recursos.

Un presupuesto que se ha estado analizando de manera seria, responsable y consciente en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; que se ha analizado de manera coordinada con quienes así lo han pedido, diversas comisiones de esta Cámara de Diputados.

Un presupuesto que ha permitido analizarse a la luz de la propuesta que el Poder Ejecutivo ha hecho a través de los diversos funcionarios que han asistido a esta soberanía a analizar el mismo.

Un presupuesto donde muchos y creo que aquí muchos coincidimos, que requiere más apoyo y que por eso se modificó el artículo 37 y se creó el artículo sexto transitorio del proyecto de decreto que se pone a consideración de esta Asamblea.

Un presupuesto que indudablemente con la coordinación de los estados, de los municipios, de los productores, de la Federación, de los representantes populares, deberá de lograr que se maneje con eficiencia, con eficacia, con transparencia y con responsabilidad.

Creo que a través de los números que aquí se han manifestado y que son ciertos, que no son parte de un sueño, porque existe en el documento que hemos analizado, estaremos logrando lo que aquí el diputado que nos antecedió comentaba y solicitaba a la Asamblea y a los diputados en general: que construyamos juntos la nueva realidad del campo.

Creo que juntos podemos construir la realidad del campo, compañeros diputados, si estamos conscientes de que aquí se está haciendo un gran esfuerzo para destinarle recursos al campo a través del proyecto de presupuesto de 1997. Un esfuerzo porque estamos en vías de recuperación de una crisis económica que todos sabemos que hemos padecido. Un gran esfuerzo porque sabemos que hay carencias y necesidades en el campo que debemos de resolver y debemos superar.

Yo estoy seguro que lo podemos lograr. Por ello invito a quienes conforman esta Asamblea, que voten a favor del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 1997, igual que como por convencimiento, por responsabilidad, lo haremos los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Javier Ortega Espinoza.

El diputado Javier Ortega Espinoza:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

He escuchado con mucha atención los argumentos que han expresado en esta tribuna los compañeros del PRI, en este debate que supongo yo estamos en el sector de desarrollo agropecuario.

Se ha expresado aquí, por parte de la fracción mayoritaria, por ejemplo, que el Estado no ha abandonado al campo mexicano, que el Estado no ha abandonado a los campesinos y el diputado que me precedió en el uso de la palabra, el señor Homar Zamorano vino a expresar, vino a alabar el presupuesto destinado al desarrollo agropecuario, eso es a lo que vino a hacer aquí el señor Homar Zamorano.

Por ejemplo expresó, "que es motivo de alabar, porque es un presupuesto que mantiene al Procampo" el Procampo, cuando bien sabemos todos los mexicanos que fue un programa maestro de Carlos Salinas de Gortari para mantener el control del campesino, para aumentar la producción, para la producción de votos para el PRI, no la producción de alimentos para los mexicanos.

También expresa el diputado Homar Zamorano, que aquí se hizo un gran esfuerzo por aumentar el presupuesto al desarrollo agropecuario; nada más alejado de la realidad y voy a dar cifras y hechos en el dictamen que lo tengo en la mano. Ya expresé anteriormente en esta misma tribuna que del presupuesto programable total para 1997 para el desarrollo agropecuario, hubo un decrecimiento de 6.5% al 6.3%, aunque engañosamente leamos las cifras nominales de poco más de 5 mil millones de aumento de presupuesto, eso es engañoso, los hechos son, que el campo está abandonado; los hechos son, que las políticas del Gobierno Federal tienen en el atraso y en el abandono a los campesinos, ésos son los hechos y todos sabemos que una nación que no es autónoma, autosuficiente en la producción de alimentos, cae en el riesgo, como de hecho ya está México, en perder su soberanía económica y política, éso está pasando, lo estamos viendo claramente con los Estados Unidos.

Los priístas, el fin de semana pasado se manifestaron en los diferentes medios de comunicación como muy preocupados porque el proyecto de Egresos de la Federación no le daba la prioridad necesaria al campo, pero la preocupación sólo es en el discurso porque en los hechos, cuando ustedes que tienen la responsabilidad de ser mayoría no modificaron este presupuesto en los hechos, para llevar apoyos reales y aumentar la producción en el campo mexicano. Ese es el problema de fondo y se escudan diciendo que en el artículo sexto transitorio hicieron una modificación para hacer posible adquirir recursos por vía adicionales al campo mexicano. Si leemos detenidamente el artículo sexto transitorio éso no va a ser posible, es una medida demagógica, es una medida de darle una salida al pueblo y se les ha ido de las manos la oportunidad histórica de hacer de este campo de México un campo que produzca abundantes alimentos, suficientes para los mexicanos y para exportar al extranjero, porque México lo tiene todo; lo que no tiene, es un buen Gobierno.

Muchas gracias.

La Presidenta:

¿Con qué objeto compañero? Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Javier González Garza, del PRD y hasta por cinco minutos.

El diputado Javier González Garza:

Muchísimas gracias, señora Presidenta:

Tratemos de hacer las cosas más sencillas. El asunto es muy concreto, podemos discutir horas, tenemos 26 y 19 oradores, pero no va a pasar nada; no tiene sentido. Estrictamente hablando, la atención a esta Asamblea tampoco es respetada por los propios integrantes, en ése sentido es muy concreto lo que queremos proponer y decidir e informar.

El Partido de la Revolución Democrática ha decidido en este momento retirarse y dejar a la mayoría decidir lo que ellos quieran y seguir las instrucciones que ya tienen; por lo tanto, nosotros nos retiramos, muchísimas gracias, con permiso. Gracias señora Presidenta, es todo lo que queríamos informar. Gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Eduardo Guzmán, hasta por cinco minutos.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Compañeras y compañeros diputados:

Creímos y consideramos que por una ocasión podríamos debatir, debatir un tema tan importante no para esta Cámara, sino para los mexicanos. En estos últimos días la ausencia ha sido notoria de los legisladores y en este día no sólo la ausencia sino la falta de interés y el vacio político, de debate y físico en la Cámara que ha hecho la mayoría, es evidente.

Un debate es eso, intercambio de ideas; intercambio de opiniones y posibilidades de cambiar. Señalamos aquí que el presupuesto ya estaba acordado previamente en sus lineamientos fundamentales por parte del Ejecutivo y los sectores por él reconocidos y que este sería un acto formal más que real, por ello, también los diputados presentes del Partido del Trabajo se retiran al considerar que no hay tal debate, no hay tal apertura, no hay tal atención ni interés de la mayoría por modificar nada ni siquiera por estar presentes, que son los que más obligación tendrían de estar en esta sala.

Por lo tanto, agradecemos también su atención y nos retiramos.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Godina.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas compañeros diputados:

Nada más falso, nada más falso que lo que han venido a decir en esta tribuna los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra... nada más falso. Quédense señores diputados a debatir aquí y no huyan, irresponsables, es lo que son ustedes... Irresponsable, irresponsable, eso es lo que eres... Señoras diputadas, señores diputados...

La Presidenta:

Señor orador, ruego a usted suspenda su intervención. Esta Presidencia hace un atento y respetuoso llamado a todos los diputados para conducirnos con el respeto que nos merecemos como representantes de la nación.

Les suplico guardar calma, poner atención y abstenerse, compañeros diputados, de cualquier expresión durante la intervención del orador. Quienes quieran hacer uso de la palabra, les rogamos hacerlo y se les dará con toda oportunidad. Continúe señor diputado.

El diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera:

Gracias señora Presidenta.

El trabajo que se llevó a cabo al interior de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, no se inició ni mucho menos con la reunión del lunes pasado, para discutir el proyecto de dictamen, se inició hace tiempo, en esas reuniones se escucharon, se debatieron, se intercambiaron puntos de vista y el resultado fue uno, se le hicieron modificaciones sustanciales al proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación.

Por eso no es exacto, por eso no se vale venir a esta tribuna a hacer uso de la más alta tribuna de la patria para denostar el trabajo de una comisión seria y profesional, porque serios y profesionales son las diputadas y los diputados que participan y de todos los partidos políticos que participan en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Irse de una reunión trascendente para la República, es muestra de poca seriedad ante la alta investidura que tenemos los diputados.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.

Permítame, diputado Guzmán, tiene la palabra para contestar alusiones personales, el compañero diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza:

Muchísimas gracias, señora Presidenta:

Queremos dejar muy claro que no hemos rehuido el debate, así es, como lo están diciendo ustedes, sabemos lo que va a pasar, simple y llanamente han decidido: hablen, hagan lo que quieran y luego votamos y luego sonamos la chicharra para que vengan y votamos.

Señores, es bastante más sencillo que eso, háganlo de una vez. No se quiere entrar al debate porque simple y llanamente nos han dicho: en política social no vamos a cambiar una coma, en política energética no vamos a cambiar una coma. Muy bien, no cambien nada, no tiene sentido este debate, no tiene sentido, porque no es aquí donde se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación. Efectivamente, señor, en comisiones se discutió, donde ustedes tienen la mayoría...

Exactamente, lo único que estamos haciendo es decir...

La Presidenta:

Compañero diputado, se prohiben los diálogos, le ruego continuar con su intervención.

El diputado Javier González Garza:

Usted tiene razón, tienen la mayoría, quédense con la mayoría hasta que les alcance, muy pronto no la van a tener.

El problema fundamental es que una discusión del presupuesto de egresos de la Federación, una discusión que tiene que ver con el gasto social, una discusión que tiene que ver...

Me voy a ir, señora diputada, me voy a ir, usted no se preocupe, se va a quedar usted sola, acuérdese, se va a quedar sola, así es.

El problema es muy sencillo, no hay condiciones para discutir realmente el presupuesto de la Federación, no hay condiciones para eso, lo quieren aprobar, apruébenlo, nosotros simple y llanamente lo que estamos diciendo es, este debate no tiene sentido, voten lo que ustedes quieran, simple y llanamente no queremos ser comparsas de esto. Los argumentos...

Señor diputado, efectivamente nos vamos a ir, no tiene caso, no se preocupe, en un momento nos vamos a ir. Señora Presidenta, le pido que este señor Secretario se calle.

En cualquier país civilizado, en cualquier país civilizado esta discusión, el presupuesto de egresos de educación, el presupuesto de egresos que tiene que ver con la gente más pobre de este país, es un presupuesto que se discute. Hoy estamos aquí, efectivamente, en una situación en la que nos dicen: discutan, hablen lo que quieran, absolutamente lo que quieran; cuando acaben nos llaman y votamos.

Muy bien, háganlo de una vez. No nos interesa esa discusión. Simplemente los están llamando efectivamente. Que se queden y discutan y aprueben solos este presupuesto.

La fracción parlamentaria del PRD se retira en estos momentos, porque considera indigno para la nación una situación como la que hoy se da. Entiendan que esto no puede seguir; éste es uno de los problemas fundamentales de la democracia en México; ésta es, cuando ustedes de pronto deciden por órdenes del Ejecutivo, por órdenes de unos cuantos, qué es lo que se va a hacer en materia económica en este país. En esa aprobación llevan adelante el empobrecimiento de nuestra nación.

No tiene sentido, y por lo tanto, nosotros nos retiramos.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos el diputado Eduardo Guzmán Ortiz.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Compañeros diputados, yo seré más breve. Me referiré solamente a la afirmación hecha por el diputado priísta que habló.

¿Hubo discusión?, sí; ¿hubo información?, sí; ¿Hubo varias sesiones?, sí, pero lo que no hubo y eso nadie lo puede negar, es el cambio de una sola cifra en el presupuesto enviado por el Ejecutivo. El presupuesto que hoy está aquí puesto a consideración, es idéntico al enviado por el Ejecutivo. Las discusiones no sirvieron de nada, las discusiones no llevaron a acuerdos, modificaciones ni conclusiones, diversas a las del Ejecutivo. Esa es la verdad.

La forma es fondo, diría uno de sus idólogos y la forma ha apoyado el fondo y el fondo es que ustedes no están dispuestos a cambiar ni aquí en este recinto ni en su actitud ni en el trato entre las fracciones y mucho menos, por supuesto, en el cambio de una política que ha lesionado, como está demostrado en los hechos, a millones y millones de mexicanos.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Jaime del Río.

Compañeros diputados, en un momento tienen ustedes la palabra. Adelante, señor diputado.

El diputado Jaime Mariano del Río Navarro:

Con su permiso, señora Presidenta:

No me extrañó en nada la decisión tomada por el Partido del Trabajo. Hemos venido observando que a últimas fechas se ha comportado somos como un modesto, muy modesto apéndice del PRD. En razón a ello habré de referirme solamente a la posición que veo con respeto, pero que no justifico, por parte del Partido de la Revolución Democrática.

No, el diputado Javier González no tiene razón y no la tiene porque desconoce muchas cosas que hay necesidad de precisar, en todo caso a manera de recordatorio.

No sabe él que además de un largo proceso que incluyó diálogo con servidores públicos para que nos justificaran su solicitud presupuestal, en la comisión hubo debates interesantes, acalorados, que concluyeron en 18 puntuales modificaciones, y esto lo desconoce Javier González y por eso le quita mérito al trabajo de los integrantes de la comisión.

También desconoce Javier González, que parte de estas modificaciones fueron producto de propuestas de los propios compañeros del PRD. Es por ello, compañeros, que en el tono y en el nivel adecuado, que hable de calidad y respeto a esta honorable Asamblea, los invito a que, olvidándonos del incidente muy lamentable que recién acabamos de ver, continuemos de manera seria y responsable con la discusión de este presupuesto.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, la diputada Consuelo Botello Treviño.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Señora Presidenta, con su venia; compañeros diputados:

Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Este, nos lo acaba de decir el diputado García, es el presupuesto que manda o que les manda el presidente Zedillo. Nosotros sabemos que ustedes son la mayoría del presidente Zedillo, ustedes son su mayoría, que él utiliza, dicho por él mismo en foros extranjeros y a prensa internacional. Son ustedes su mayoría, pero nosotros, los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional sabemos que éste es el presupuesto que va a regir desafortunadamente a la nación durante 1997 y sabemos que ese presupuesto tiene una serie de fallas muy graves que ya se han señalado, y sentimos el grupo parlamentario de Acción Nacional, la responsabilidad de venir a señalar aquí qué es lo que está mal y qué es lo que debería de corregirse, porque ése es el derecho del pueblo de México.

Nuestros compañeros han estado trabajando con las limitaciones del tiempo y de las circunstancias, porque esa iniciativa es muy grande, han estado trabajando arduamente, examinando ese presupuesto, analizándolo, y traemos 26 ó 28 propuestas que vamos a venir a esta tribuna a señalar. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso y además para eso nos pagan.

La Presidenta:

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional.

El diputado Eduardo Arias Aparicio:

Compañeras y compañeros diputados: Los anteriores dos compañeros del Partido Revolucionario Institucional hicieron una serie de afirmaciones sobre el trabajo que se llevó a cabo en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y yo quiero puntualizar algunas de esas afirmaciones.

Se habla de que se trabajó arduamente en la Comisión de Programación y Presupuesto y que se tuvo la comparecencia de miembros del Ejecutivo. Pero, yo me pregunto: ¿a eso llaman trabajar arduamente? Al tener dos sesiones con miembros del Ejecutivo, una de aproximadamente ocho horas y otra de tres horas para analizar y pedirles información y aclaración de dudas sobre un presupuesto que nos entregaron aproximadamente hace cuatro semanas y que ellos tuvieron mucho tiempo para elaborarlo y que aún con esas dos comparecencias se le pidió personalmente al subsecretario de egresos, Santiago Levi, una serie de aclaraciones antes de que terminara el mes de noviembre. ¿Saben cuándo contestó? Acaba de contestar, le entregó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a través del diputado Sánchez Gochicoa, ayer, los documentos y las formas que se le pidieron y el señor Presidente nos las hace llegar hoy en la mañana. Una serie de preguntas y aclaraciones que el subsecretario de Hacienda se tardó más de 10 días para contestárnoslas. ¿Eso es trabajar arduamente si en 10 días no nos pudo contestar esas preguntas.

Yo no veo cómo puede decir que se trabajó y se analizó dentro del seno de las comisiones.

Constantemente hemos dicho aquí que es una obligación de esta Cámara de Diputados el trabajar en esa responsabilidad máxima que nos marca el artículo 74 de la Constitución Política, el de analizar, revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación y eso no lo hacemos, compañeros.

Ha habido una serie de propuestas en que hemos solicitado que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación y Presupuesto, incida desde antes en la elaboración del presupuesto y ha habido promesas de que nos lo van a entregar antes, de que se va a cambiar la Constitución, de que ahora sí vamos a tener más entrevistas con el Ejecutivo, y nada más se ha quedado en palabras. ¿Por qué? Porque no quieren que esta Cámara de Diputados se evada de esa sumisión al Ejecutivo y es una sumisión tremenda, señores. Vamos a ver nada más lo que ha sucedido en este presupuesto, en este proyecto de decreto.

Se ufanan de que tuvieron 13 observaciones, 13 modificaciones al decreto. ¿En qué consiste la mayor parte de esas modificaciones al decreto? En pedirle al Ejecutivo que nos avise, que reporte, que tenga cuidado, que hay que hacer esto, pero no se atrevieron a mover un solo punto decimal, una sola cifra al presupuesto que nos mandó y llega a tal grado la sumisión, que si vemos el artículo quinto transitorio, en donde se dice ahí que se va a trasladar del ramo 23, en donde ya está puesto ese renglón, 1 mil 750 y pico de millones de pesos al IFE y lo ponen ahí escondido, cuando lo que debía de haber sido colocado en el ramo respectivo, en el artículo 9o. esa cantidad, porque podemos en un momento dado incrementar esa cantidad al IFE, pero no lo quisieron mover.

Y puede ser que no la hayan movido por dos circunstancias, primero para ocultar de la vista del público, de la vista del debate en esta Cámara, esta cantidad que va a ir destinada al financiamiento de los partidos, pudiera ser por eso. Pero yo creo que es más bien porque no le quisieron mover ni una sola coma a lo que manda el Ejecutivo.

¿Eso es trabajar? ¿Eso es aclarar? ¿Es eso cuestionar el presupuesto? No, compañeros de la Comisión, eso es simplemente dorar la píldora.

También hablan de que en el seno de la comisión hubo muchas discusiones como ésta, de hace dos días o de un día. Estamos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y empieza a decir el señor Presidente a una propuesta de la Comisión de Desarrollo, en donde estaban proponiendo que se modificará el ramo de desarrollo social, para incrementar en 1 millón 200 mil pesos esta partida y en un momento determinado quieren llegar a arreglos en donde no quieren puntualizar eso.

Y luego quitaron del artículo 16 el hecho de que se tuviera que informar a desarrollo social esa información y lo que dicen es, señora diputada, el año pasado, dado que el PRD iba a votar a favor de este artículo, se lo pusimos, ahora como no van a votar se lo quitamos. Estaban cuestionando un punto de información a que se tuviera el voto a favor del PRD.Y después una serie de propuestas de un servidor al diputado Presidente y simplemente las ignoró, no las tomó en cuenta. Se le pidió que las pusiera a consideración de la comisión y no lo quiso hacer y simplemente nos manda un proyecto de decreto para que lo firmemos en contra o a favor.

Eso no es trabajar, señores miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto y no es trabajar, puesto que simplemente no quieren hacer su trabajo que les corresponde como diputados. No quieren ejercer esa responsabilidad que tenemos.

Y nosotros nos quedamos, vamos a debatir. Sabemos que la mayoría nos va a poner el voto a favor del dictamen, pero, sin embargo, queremos dejar constancia de nuestro punto de vista, aun a pesar del corto tiempo, del corto tiempo que tenemos para analizar. Son cinco minutos, que ya se les está haciendo ansia de que se acaben, diputada.

Debemos tener tiempo para analizar el presupuesto, no para pedir que se acalle un discurso que se está diciendo a ustedes para que tomen conciencia.

Entonces, compañeros diputados, simplemente es la Comisión de Programación y Presupuesto no ejerce su función, no es responsable y eso es lo que quería hacer constar aquí.

La Presidenta:

Tiene la palabra para hablar en contra del artículo 8o., la diputada Carlota Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática.

Por no encontrarse en el recinto, tiene la palabra el diputado Rafael Jacobo García, para hablar en contra del artículo 8o.

Por no encontrarse, tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Domínguez, para hablar en contra del artículo 8o. de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Hernández Domínguez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna para exponer solamente un punto muy claro, muy puntual dentro del documento que se nos ha enviado por parte del Ejecutivo Federal. Frecuentemente se dice por el presidente Zedillo, que estamos viviendo en un estado de derecho; pero en la práctica, qué es lo que está pasando. Vemos una serie de quejas sobre el presupuesto, en relación con el campo que no se está resolviendo en ninguna forma este problema tan álgido para el país y que significa la independencia alimentaria y al no tenerla poner en grave riesgo la soberanía de nuestro propio país.

Cuando analizamos, y cito el documento enviado por el Ejecutivo, que nos dice: "se iniciará la ejecución del proyecto Sistema Valle de México Temascaltepec con un presupuesto asignado de 787.9 millones de pesos" y si nos dirigimos nosotros a la Comisión Nacional del Agua, dependiente de la Semarnap, nos encontramos con que no existen los estudios de impacto ambiental que de acuerdo con la ley deben de establecerse antes de la aprobación de ninguna obra y mucho menos de una obra de este tipo que por su monto va a afectar gravemente la pequeña parte del alto río Cutzamala que todavía no ha sido afectada.

A través del tiempo, en la Comisión de Asuntos Hidráulicos, hemos debatido este tema, se ha invitado a los representantes del Ejecutivo, de la CNA para que expliquen ampliamente cuál es la posición en caso de llevarse a efecto el proyecto como lo tienen y este resultado es que ni siquiera se dignan informarnos ampliamente sobre el estado que guarda el proyecto. Después de varias veces que se les ha insistido en que nos presenten informes, lo único que encontramos es el silencio como toda respuesta. ¿Y qué significa esto ante el pueblo de Temascaltepec de donde yo soy originario?, quedarse prácticamente sin agua para poder realizar sus labores agropecuarias, impactando fuertemente a la población que vive en toda esa región y donde miles de personas están viendo en peligro su forma de subsistencia. Pero esto no le importa a la Semarnap ni le importa a la Comisión Nacional del Agua. Ellos siguen adelante con su proyecto de obra.

Vivimos en un estado de derecho, pero no se cumplen los requisitos que la misma ley, y curiosamente a cargo de la Semarnap, establece para la defensa ecológica del medio ambiente. Tenemos en la zona especies en peligros de extinción, como es la nutria de río y otra que no ha podido ser comprobada su existencia por los mismos funcionarios de la Semarnap en el Estado de México; y, sin embargo, no se toma en ninguna consideración las propuestas que hemos hecho para modificar el proyecto y que se pueda cumplir con la necesidad que se tiene en el Valle de México, de traer cinco metros cúbicos de agua más por segundo para el año 2000.

Se insiste en realizar una obra de una presa a 1600 metros de altitud y desde ahí iniciar un bombeo para llevar el agua a la Laguna de Valle de Bravo, a través de un túnel de 18 kilómetros y de ahí elevarla hasta la cota 2 mil 600, en donde está establecida la planta potabilizadora y nuevamente volver a bombear para brincar la tierra y llevar el agua al Valle de Toluca. Esto que se dice fácilmente, significa una inversión mucho muy fuerte y que hay alternativas para que se lleve este mismo caudal hacia la zona que lo necesita, pero tomando el agua a través de una presa que se construyera sobre los 2 mil 900 metros de altitud. Esto significaría, de entrada, que en lugar de tener que bombear el agua a la planta potabilizadora de Los Berros, tendríamos nosotros la oportunidad de llevar el agua por su propio pie, por gravedad, hasta esa planta potabilizadora y a un costo infinitamente menor que lo que está programado en el proyecto que se piensa llevar a cabo en la actualidad.

¿Cómo es posible que exista esta situación dentro de la misma Semarnap, que por una parte se niega el permiso para la inversión en Baja California Sur, para extender las salinas de Guerrero Negro, hacia las salinas de San Ignacio?, porque no están de acuerdo con los estudios de impacto ambiental que presenta la empresa y, sin embargo, aquí en el Estado de México a solo 150 kilómetros de distancia de la capital, se considera que no es necesario este estudio de impacto ambiental antes de autorizar la obra y por lo tanto se solicita que esta soberanía autorice el presupuesto al que he hecho referencia, para iniciar la construcción de la obra durante 1997.

Es muy curioso ver que por la zona donde se piensa desarrollar esta obra, estén camionetas y personal de la ICA, preparando todo lo necesario para iniciar la construcción y no puede uno menos que pensar: bueno, aquí hay una obra por 500 millones de dólares calculada, sean alrededor de 4 mil millones de pesos y que en esta obra seguramente habrá intereses para que se realice ese gasto enorme en las condiciones en las que estamos.

Si ustedes quieren hacer cálculos, vean el costo que va a tener cada metro cúbico, de traerlo hasta acá, cuando hay que bombear desde el punto de toma del proyecto actual, hasta 2 mil 600 metros de altitud de la planta potabilizadora y todavía otros 300 metros más para brincar la sierra.

¿Por qué se toma esta decisión y se desecha la propuesta que hemos hecho para que se analice la posibilidad de una presa sobre el acoto 2 mil 900. Estos son los puntos fundamentales que nosotros queremos marcar. Parece que no interesa de ninguna forma al Ejecutivo y a sus dependencias, el prejuicio que se puede ocasionar al campo. ¡No!, hay que seguir una política depredatoria, no sólo falta de inversión, sino que hay que quitarles los recursos existentes en el campo para traerlos a la ciudad sin dar nada a cambio y sí dejar mayor pobreza en el campo.

Puntualmente quiero referirme a esto y preguntarle a los diputados del PRI si están dispuestos a aprobar esta partida que no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la ley, de tener los proyectos hechos y el impacto ambiental perfectamente estudiado, dado que existen, repito, especies en peligro de extinción, declaradas así por la misma Semarnap.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra, para hablar en pro del artículo 8o. la diputada Guadalupe Flores Valdez, del PRI.

La diputada Anastacia Guadalupe Flores Valdez:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Ciertamente que hoy estamos analizando, debatiendo, discutiendo el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1997, que nos presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y ciertamente que fue analizado éste en el seno de la comisión a donde acudieron las diferentes o los diferentes responsables de las diferentes instancias involucradas, dependientes del Ejecutivo.

Por ello, hoy que el compañero que me antecedió en el uso de la voz, presenta su preocupación del proyecto específico al que él se refiere, estamos de acuerdo en que esos proyectos tienen que analizarse en la institución, en este caso en la Semarnap, en la Comisión Nacional del Agua, en las instituciones involucradas en la realización de este proyecto.

Nosotros hemos dicho y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, aprobamos un presupuesto, pero estamos comprometidos a vigilar que los recursos que aquí se aprueban, sean escrupulosamente bien manejados.

Por ello nos sumamos a su inquietud y queremos revisar en su momento, ante la instancia, que este proyecto sea evaluado y sea ejecutado como se está manifestando.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Roldán Alvarez Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo...

Por no encontrarse, tiene la palabra el diputado Desiderio Camacho Garibo, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene el uso de la palabra el diputado José Jesús Durán Ruiz, para hablar en contra del artículo 8o., de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado José Jesús Durán Ruiz:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Las erogaciones previstas en el ramo carretero del país, tan necesarias para promover un desarrollo y un crecimiento lo más igualitario posible entre los estados que conforman la República, observamos que existen lugares en los cuales la infraestructura de carreteras es deficiente, lo cual no permite que los productos del campo lleguen a los lugares de consumo en forma rápida.

Es cierto que el presupuesto que está destinado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el año de 1997 es de 15 mil 729 millones 118 mil 700 pesos y es 5.1% superior al año de 1996 en términos reales. Pero observamos que la administración se incrementa en 45%; es decir, que se utilizará más dinero para administrar los programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La inversión que se destinará a la conservación y mejoramiento de la red carretera, con caminos rurales y uso de mano de obra regional, asciende a 7 mil 250 millones de pesos. Es de entender que con este presupuesto consideramos que no alcanzará para las deterioradas carreteras federales llamadas libres, que no han sido atendidas y dándoles un mantenimiento deficiente.

Para fortalecer la red carretera es necesario la coparticipación entre la inversión pública y la privada. En eso estamos de acuerdo. Pero no podemos estar de acuerdo en que se utilicen parte de los recursos para rescate de las autopistas y el rescate de los empresarios que estuvieron cerca del presupuesto federal, que tenían determinados plazos y ahora tengan que ampliarlos, esos plazos de las concesiones, porque el aforo de vehículos no es el que fue estimado, los precios de los peajes de las autopistas no van de acuerdo a la realidad que vive el autotransporte federal, tanto de carga y pasajeros.

Las constantes alzas a los combustibles son una pesada carga que pone en peligro la supervivencia de las compañías dedicadas al autotransporte y encarece muchos artículos, entre ellos los de la canasta básica que necesitan ser transportados a otros lugares.

La política general del gasto público del Gobierno Federal nos dice que será:

a) Para promover el crecimiento económico.

b) Para elevar las condiciones de vida y el bienestar de la población.

c) Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad en la aplicación de los recursos públicos.

Si observamos el renglón correspondiente a capacitación y adiestramiento para el transporte y las comunicaciones, se observa un retroceso del 42% en términos reales. Esto quiere decir que no quieren invertir en capacitación. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los incisos b y c antes mencionados?

Se le pide a la iniciativa privada que invierta en capacitación de su personal en las empresas y observamos que el Gobierno Federal no quiere invertir en capacitación de personal. Definitivamente ahí no veo congruencia.

De todo lo expuesto anteriormente y haciendo el análisis de las políticas del Ejecutivo Federal, creo que necesitan ser congruentes entre lo que se dice en los discursos y lo que se plantea en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Considero que se necesita un desarrollo sostenido, sin tomar en cuenta colores de partidos y afiliación política. Se debe de trabajar para el desarrollo de este país.

Ahora, regresando al Presupuesto de Egresos, se puede observar que los estados que están subsidiando a gran parte de la Federación y a la deuda externa, no se les toma en cuenta para asignarles mayores presupuestos federales y lograr que estos estados tengan infraestructura suficiente para desarrollarse en otras actividades y no depender exclusivamente de los recursos naturales que tienen.

Si hablamos de los estados del sur de la República, un ejemplo Chiapas, que aun con su guerrilla solamente con la electricidad que se produce hace grandes aportaciones en impuestos al presupuesto del país y no hemos tomado en cuenta que también es un Estado productor de gas natural.

Ahora vamos a hablar que mi Estado, el Estado de Campeche, un Estado que produce más del 70% de hidrocarburos, generando con ello una gran riqueza, pero que los campechanos no reciben ni siquiera las migajas de esa.

Esperamos que el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda empiecen a poner los ojos en el sureste del país, porque ya se están cansando de ser explotados y no recibir nada a cambio.

Si el Estado de Campeche se separara de la Federación, seríamos un pequeño Kuwait, con grandes riquezas petroleras, poca población y el nivel de vida de sus habitantes mejoraría sustancialmente. Pero nuestra calidad de mexicanos responsables y amantes de nuestra patria nunca nos llevaría a esos extremos.

No queremos ser duros, pero nos gusta ser realistas, si el Secretario de Hacienda dice que no hay recursos porque hay que quitárselos a otro Estado, creo que deben analizar más a fondo lo que se puede gestar en el sureste del país, ahí están los recursos y no hay inversiones. Solamente se acuerdan de los estados del sur por lo que puedan aportar a la Federación.

Señor Presidente y señor Secretario de Hacienda: es momento que empiecen a pagar la deuda histórica que dicen tienen con el sureste mexicano. No queremos deuda, queremos que paguen, porque es prioritario para el desarrollo del sureste del país.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Falcón Quijano, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del artículo 8o. del decreto.

El diputado Marco Antonio Falcón Quijano:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Venimos a hablar acerca de lo que se hace en los caminos y carreteras rurales. Pero para hablar de ello considero que debemos de conocer la estrategia que sigue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en referencia a este tema.

Sabemos que contar con una infraestructura adecuada, moderna y suficiente es un requisito fundamental para el crecimiento de la economía del país. Debemos de aprovechar plenamente el potencial de las diferentes regiones para que el sector de comunicaciones haga a su vez el apoyo en la economía.

Se deberá expandir y mejorar los servicios de transporte y comunicaciones como lo demanda actualmente el país. Se deben de extender redes de comunicaciones más amplias y eficientes que integren los mercados regionales a nivel nacional, se reduzcan los costos, se facilite la inversión productiva y se generen empleos con mayor remuneración posible.

En este ámbito, la política del sector de comunicaciones y transportes para 1997, tendrá como objetivo modernizar y ampliar la infraestructura básica mediante el fortalecimiento de acciones que se orienten a la conservación y extensión de la infraestructura actual.

El presupuesto que envía el Ejecutivo, como así se marca en la Constitución, marca un presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un monto de 15 mil 729 millones. Pero bueno, la inversión física, ¿qué se va a hacer en la inversión física.

La Secretaría en ese rubro tiene destinado asignar 7 mil 614 millones, cifra superior en 7.6% en términos reales respecto a 1996. ¿Cuál es el destino? Es necesario conocerlo para poder así sustentar nuestros argumentos.

Se van a canalizar en forma selectiva a la atención de prioridades, por lo que se asigna a la construcción de carreteras 1 mil 153 millones para ampliar 258.1 kilómetros de red de carreteras, así como 79.5 kilómetros de accesos y libramientos y tres puentes.

En la modernización de carreteras se atenderán 495 kilómetros con una inversión de 1 mil 500 millones de pesos. En el mantenimiento de carreteras se considera prioritario continuar con la reconstrucción de 1 mil 600 kilómetros y 176 puentes. La conservación de más de 45 mil kilómetros de la red troncal a fin de abatir el rezago existente.

En materia de conservación de caminos rurales se atenderá a través del Programa de Empleo Temporal antes denominado Programa Especial de Generación de Empleo, se va a asignar 760 millones de pesos, cifra superior en 81.8% en términos reales con respecto a 1996, generando con ello 35.5 millones de jornales. Asimismo, para estudios, proyectos y supervisión de obras en proceso, se otorgarán 324 millones de pesos, cifra inferior en 15.9% en términos reales con respecto a la asignación de 1996.

Para la telefonía rural, se cuenta con una inversión de 25.8 millones de pesos, que beneficiarán a 1 mil 434 localidades con una población menor de 500 habitantes. En el señalamiento marítimo se tiene una inversión de 42 millones de pesos para modernizar y conservar 1 mil 20 señales.

En la regulación de transporte aéreo, ferroviario, marítimo, carretero y otros programas, se asignan recursos por 1 mil 300 millones de pesos, con lo que se dará prioridad al otorgamiento de licencias y la actualización de normatividad vigente. Dentro del rubro de otros, se consideran diversas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles manteniendo mantenimiento de dragado, obras marítimas portuarias, así como la capacitación al personal de esa Secretaría.

Sobre el programa de empleo, que es uno de los fundamentales que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en apoyo a resarcir los efectos de esta crisis, en 1995 para atenuar los efectos en las zonas rurales con mayor grado de marginación, el Gobierno Federal instrumentó por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte el Programa Especial de Generación de Empleo a través del uso intensivo de mano de obra en la conservación de caminos rurales. Al cierre de 1995 se ejerció un monto de 300 millones de pesos, generando 166 mil empleos y 16 mil jornales conservando 51 mil kilómetros de caminos rurales.

Para 1997, ¿qué es lo que se está haciendo?, el programa antes denominado especial de generación de empleo, ahora cambiará en su denominación para llamarse Programa de Empleo Temporal a fin de mejorar la expectativa de generación de empleos, particularmente en las zonas rurales con mayor grado de marginación. Este cambio de denominación recoge las experiencias obtenidas en los dos últimos años contribuyendo con acciones que generen beneficios inmediatos a las familias en condiciones de pobreza extrema. En ese sentido, la Secretaría en 1997 asigna 760 millones de pesos, recursos que representan un incremento real de 81.8% respecto a 1996, lo cual permitirá alcanzar la generación de 268 mil empleos, 35 mil jornales en la conservación de más de 110 mil kilómetros de caminos rurales.

Esto es lo que se está haciendo y esto es lo que se propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por eso, al terminar, señor diputado, si usted gusta puede hacer uso de este micrófono y con gusto.

La Presidenta:

Señor diputado, pregunta el diputado José Castañeda, si acepta usted una pregunta.

El diputado Marco Antonio Falcón Quijano:

Al final, señor diputado, usted puede hacer referencia en este micrófono y después yo le podría contestar.

Bueno, ¿qué pasa con el presupuesto? Los diputados priístas estamos conscientes de que se tiene una plena y total seguridad en la asignación de estos recursos, sí, estamos conscientes, se han analizado dentro de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y es por ello que los diputados priístas estamos conscientes y el voto es favorable.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional, para hablar del mismo artículo en materia de educación.

El diputado Rafael Ayala López:

Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Hemos reservado en lo particular el artículo 8o. del dictamen de presupuesto que hoy se analiza para hacer algunas consideraciones y objeciones que en seguida exponemos.

Se ha proyectado destinar a educación pública la cantidad de 118 mil 99 millones de pesos, los cuales no obstante que significan un crecimiento real de 7.2% con respecto al ejercicio anterior y que también representa un 23.7% de participación en el total del gasto programable para 1997, este susodicho presupuesto resulta insuficiente en términos de las demandas y de las necesidades reales del país para lograr una educación verdaderamente sustentable del desarrollo nacional.

Así, compañeras y compañeros no obstante que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública afirma orientar dicho gasto a lograr una educación de calidad y con cobertura en todos los niveles, dando especial atención a los programas compensatorios dirigidos a los grupos y regiones con mayor rezago, hay algunas cuestiones que conviene analizar y despejar algunos conceptos en aras de lograr esa educación de calidad de la que tanta urgencia tiene nuestro país.

Equilibrio en el gasto educativo. Es sabido que no todas las entidades federativas mantienen la misma proporción en el gasto de la educación básica, hay estados de la República que impulsaron esquemas de servicio educativo con recursos propios, ya que en su momento la Federación se hacía cargo en forma exclusiva de ellos, como es el caso de los estados de Baja California y Querétaro, por mencionar dos de ellos.

Nacen así, pues, sistemas estatales donde por políticas de fomento, las prestaciones laborales del magisterio y del personal administrativo al momento de la federalización, por ejemplo, quedaron establecidas en forma muy superior a los servicios transferidos. Esta realidad ha generado una presión en las finanzas públicas de algunos estados, ya que virtualmente todo el fondo general de participaciones debe destinarse a educación, descuidando forzosamente otras áreas no menos importantes del servicio público.

Decimos que hay iniquidad en el destino del gasto porque hay entidades de la República en las que el 100% del costo de educación básica es cubierto por la Federación, cual es el caso del Distrito Federal.

Puede ser y suponiendo sin conceder, que sea el resultado o producto de la autorresponsabilidad de esos estados; en todo caso, compañeras y compañeros diputados, creemos que debiera ser un ejercicio de corresponsabilidad de la Federación con las entidades federativas, para compartir con mayor equidad el gasto de este renglón prioritario, en el que los estados están solos aportando sus propios recursos.

El dictamen que hoy discutimos no resuelve este añejo problema, porque ni siquiera fija parámetros del destino del gasto para cada entidad, quedando, pues, sujetas las partidas globales a la discrecionalidad de la Secretaría de Educación Pública y de la de Hacienda, sin fijar una política determinada o al menos una recomendación para que estas dependencias revisen este problema.

Al no haber en el dictamen una precisión de esta soberanía, prácticamente está dejando a las libres fuerzas del mercado, por llamarle de alguna manera, pero que en realidad queda sujeto a las oportunidades y a las gestiones políticas de los señores gobernadores con la Federación el resolver este problema.

Esta iniquidad en el gasto educativo de algunos estados de la República, general también una presión política en las negociaciones salariales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mismo que en esta materia no se ha federalizado, ya que los aumentos salariales los negocia la Secretaría de Educación Pública directamente con el sindicato, con su comité ejecutivo nacional, en una dinámica en la que no se tomó en cuenta las posibilidades financieras reales de los estados.

La Federación, hay que recordarlo, otorgó a los estados la sustitución patronal, con muchas obligaciones pero con pocos derechos; sin embargo, la presión del sindicato en las negociaciones salariales respectivas, sigue siendo de carácter nacional.

Este esquema de iniquidad, de presión política sobre las finanzas estatales, pudiera remediarse para que los estados y municipios tengan capacidad de respuesta para la mejora salarial de los trabajadores de la educación, si al menos en este decreto de presupuesto se estableciera un compromiso en el corto plazo para corregir estas iniquidades presupuestales y no se piense que sólo tiene esto que ver con los gastos que realizan algunos gobiernos en lo que es directamente su responsabilidad en sistemas educativos propios de origen.

El problema también se presenta en los servicios transferidos o mal llamados federalizados. Por ejemplo, el presupuesto considerado en el ramo 25, aportaciones para educación básica para estados y Distrito Federal y que asciende a 58 mil 432.9 millones de pesos, no se establece por ninguna parte criterios objetivos o indicadores de gestión o evaluación para programar estas aportaciones, como pudiera ser, por ejemplo, imitando lo que se ha logrado avanzar en la asignación de recursos para las universidades públicas.

El presupuesto es ciego, con un determinado incremento porcentual, pero sin considerar criterios que deriven de necesidades reales de crecimiento, no sólo cuantitativa, sino esencialmente cualitativa.

Por qué se hace tabla rasa en la aplicación de presupuestos a los sistemas federalizados de la educación básica, sin considerar esquemas de calidad educativa, en una verdadera evaluación del desempeño. Hay que estimular, creemos nosotros, premiando esfuerzos concretos, no sólo para abatir rezagos educativos, sino para aumentar la calidad en un verdadero tránsito hacia la excelencia académica, a la que por otra parte resulta ya a estas alturas del momento histórico de nuestro país, impostergable.

La Secretaría de Educación Pública ni tampoco la de Hacienda, pueden ignorar que del presupuesto asignado por la vía del ramo 25, se destina del 24 al 95% a los servicios personales, es decir, a sueldos y prestaciones; del 3 al 4% se destina al pago de agua y energía eléctrica de los planteles, hecho que por cierto no está reconocido como gasto adicional, restando así solamente un 2% para viáticos, pasajes y proyectos de infraestructura.

Por cierto, estos últimos rubros están ya descentralizados, pero perfectamente comprometidos, lo que en la práctica equivale a una etiquetación del recurso.

Es cierto que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda destinan apoyos adicionales cuando es menester en casos de verdadera urgencia a los gobiernos de los estados, pero esas ampliaciones presupuestales están más sujetas a criterios políticos que a una verdadera estrategia educativa.

El gasto educativo programado, pues, como se ven en la educación básica, no intenta resolver ni con mucho las desviaciones señaladas en la equidad de las entidades federativas, que simplemente están manteniendo el servicio, pero que pocos recursos les quedan para fomentar la calidad, la investigación y la capacitación del magisterio.

Esto, pues, en el fondo, implica que los gobiernos estatales tengan que convocar a sus comunidades a buscar fuentes alternativas de financiamiento, como loterías estatales, donativos y otros que solventen el gasto que ni la Secretaría de Educación Pública ni la de Hacienda, por supuesto, ni la mayoría priísta quieren resolver.

Como se observa, este presupuesto destinado, entre otros, al subsistema de educación básica, no resolverá ni con mucho la problemática de fondo de la educación en este rubro en nuestro país.

El presupuesto que hoy se discute, la mayoría priísta sin duda lo aprobará, lamentablemente sin escuchar en lo más mínimo los reclamos de la oposición y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no avanzar en esquema de verdadera descentralización que incluyan no sólo la transferencia de problemas a los estados y municipios en materia educativa, sino que se les dé la responsabilidad, pero también el recurso suficiente.

Nos preguntamos ¿Por qué no avanzar hacia la municipalización de los servicios en la educación básica? ¿Por qué no avanzar hacia la creación de una comisión nacional tripartita en donde estén representados el Ejecutivo Federal, entidades federativas y el Poder Legislativo Federal, para revisar desde ahora el destino del gasto público en educación básica y aun la superior para 1998.

Compañeras y compañeros diputados, por todas las consideraciones anteriormente vertidas y porque no apreciamos verdadera voluntad política de organizar a fondo este rubro tan importante para el desarrollo nacional, votaremos en contra del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación que hoy nos presenta la mayoría priísta.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del mismo artículo en materia de educación.

El diputado Miguel Angel Islas Chío:

Con su permiso, diputada Presidenta, compañeras legisladoras; compañeros diputados:

Nosotros vamos a votar a favor del dictamen partiendo de la base de que no habrá ningún presupuesto en términos racionales que alcance para poder satisfacer las necesidades de educación.

Es clara la necesidad que tenemos de mejores recursos y de mejor calidad educativa, pero a pesar de los esfuerzos que pudiéramos hacer difícilmente podríamos decir: ésta es la meta real que requerimos para educación.

Habremos de votar, primero, porque esto representa un aumento nominal del 28.1% en comparación con el presupuesto del año anterior, un aumento real del 7.2% en comparación del presupuesto del año anterior y, además, es el 23.7% del gasto total programable. Es decir, hay un impulso importante en apoyo a la educación.

Reitero. No significa esto que estemos satisfechos con el presupuesto. Requerimos mayor presupuesto educativo.

Decía el diputado Rafael Ayala, en función a la necesidad de la vigilancia del presupuesto en educación básica, fue petición de la propia Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que se vigilara mediante la contraloría los recursos que se asignan a los estados de la Federación en educación básica. Está señalado dentro del cuerpo del dictamen en el artículo 17, el que refiere a que la Contraloría debe vigilar el gasto que existe dentro de educación básica, que es, a partir del federalismo educativo, utilizado y programado por las entidades federativas.

Asimismo, quisiera reiterar que dentro de este mismo programa de federalismo educativo, donde se establece, sí, la concurrencia de los presupuestos de los gobiernos de los estados, es importante reconocer el esfuerzo que hacen las entidades federativas, pero a este esfuerzo que hacen las entidades federativas va el presupuesto en educación básica que es aprobado por este Legislativo.

De igual manera, a los estados donde tienen mayores rezagos educativos encontramos los presupuestos compensatorios, las condiciones de equidad en virtud de que no todos los estados de la República están iguales, hay unos con mayores rezagos que otros. Tenemos el PARE, el PREP, el PEARE, el PARET, que significan presupuestos compensatorios.

Sí más presupuesto para educación, sí es importante fortalecer el federalismo, fortalecer el federalismo entendida la responsabilidad no solamente financiera de la Federación, los estados y los municipios, sino entendida ésta como el respeto a las funciones propias que también tienen los trabajadores de la educación.

Una comisión que puede establecer una vigilancia del federalismo probablemente pudiera significar una violación a la autonomía y a la soberanía de los estados. Es importante que se respete y se revise, se pueda evaluar, el acuerdo de federalismo firmado en el mes de mayo de 1992, un acuerdo entre los actores principales: los gobiernos de las entidades federativas, la Federación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Nosotros, aceptando que ningún presupuesto será suficiente, reiterando que hay un incremento real para educación, habremos de votar en favor del dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene el uso de la palabra la diputada Luz de Jesús Salazar Pérez, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del mismo artículo en materia de educación.

La diputada Luz de Jesús Salazar Pérez:

Con su permiso, señora Presidenta; diputadas y diputados:

La educación ha sido la parte fundamental para el progreso y avance del país.

Hoy más que nunca la educación debe desempeñar un papel determinante en la formación de una sociedad más justa, competitiva, productiva, responsable y comprometida con el futuro de nuestra nación.

Es obligación del Estado, Federación, Estado y municipio, garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de sus ciudadanos.

En el artículo 3o. constitucional, establece que la educación primaria y secundaria son obligatorias, por eso el Estado debe de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la Patria y a la conciencia de solidaridad internacional, la independencia y la justicia en la Ley General de Educación.

Se asienta el carácter integral que debe tener la educación nacional y así favorecer el desarrollo de la capacidad humana y fortalecerá la conciencia de la soberanía, la práctica de la democracia, el valor de la justicia y la actitud solidaria entre las personas.

Es por eso que ningún otro medio es tan noble y efectivo para el progreso de los ciudadanos, de la familia o una comunidad.

Hoy urge la construcción de escuelas en las zona rurales indígenas y urbanas marginadas por sus condiciones de aislamiento, sin embargo, la inversión física, presupuestal de la administración pública y centralizada, correspondiente a la educación pública, proyectada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, sólo destinó 6 mil 608.4 millones de pesos, cantidad que si la comparamos con los 5 mil 950.4 millones de pesos de 1996, resulta un 7% menos en términos reales.

Por otra parte, la asignación destinada para el ramo 25, correspondiente a las aportaciones para la educación básica en los estados, que asciende a 58 mil 439.95 millones de pesos, tan sólo han aumentado en 14.3% en términos reales.

Desde 1995, sin embargo, los recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública ha disminuido el 18.7% en términos reales desde 1995.

La educación es la única herramienta con la que contamos para lograr disminuir las desigualdades sociales tan marcadas que padecemos.

Debemos eficientar el aprovechamiento de nuestro personal docente, apoyando el personal docente eficaz, buscando actualización continua que vaya emparejando con un mejoramiento en sus condiciones de vida.

Debemos de dotar con mayores recursos a las escuelas públicas del país, mejorando la vigilancia y exigiendo sobre la eficiencia a la aplicación de éstos.

Busquemos erradicar el gran rezago educativo. No nos conformemos con sólo ofrecer un lugar en un salón de clases, sino busquemos brindar una educación más eficiente que otorgue a los egresados una formación en valores más sólidos y que le permita tener la capacidad necesaria para transformar lo recibido en un beneficio personal y comunitario.

Por todas estas razones, señores diputados, el voto del grupo parlamentario del PAN será en contra.

Por su atención, gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Primo Rivera Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del mismo artículo en materia de educación.

El diputado Primo Rivera Torres:

Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Mi participación es debido al tema tan importante que está a discusión, que tiene que ver con el gasto que se ha previsto en el

Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector educativo.

Ya en alguna otra oportunidad, en esta misma tribuna, pude informar a ustedes del gran interés que tengo como diputado, por provenir de este mismo sector de la educación, en aportar junto con todos ustedes, mis compañeros diputados, lo más posible, para que tengamos el avance que la nación necesita, sobre todo por lo que representa en ella el gran valor de los niños y los jóvenes de este país.

No podrá haber un impulso claro y definitivo en educación si no se le asignan los recursos necesarios, para que puedan tener los maestros en México salarios dignos, para que pueda haber una distribución interna en el sector, tanto para la infraestructura educativa cuanto para lo que se destine a salarios y remuneraciones del personal al servicio de esta importante Secretaría.

Hoy, quiero abordar con ustedes el hecho de que he escuchado en mis dos compañeros diputados, que han subido a esta tribuna por parte de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional algunas coincidencias y algunas coincidencias que tienen que ver con que efectivamente, si se le asigna un crecimiento real al presupuesto programado para el año próximo del 7.2% respecto del año anterior y que el gasto educativo representará el 23.7% de participación total en el gasto programable.

De la misma manera, yo les quiero decir que el presupuesto previsto para educación tiene contemplado, darle ahora sí a educación básica, una importancia más grande, al destinarle 60% del total del presupuesto asignado al sector y a la educación media superior el 13.2% y a la educación superior y posgrado el 15%. Esto es hacer un verdadero equilibrio en la distribución del gasto para educación.

Y por otro lado, tiene el sector educativo previsto algo tan importante, que es el darle el mayor énfasis posible a la educación básica, aumentando la egresión tanto de la escuela primaria como de la educación secundaria.

Yo coincido con un compañero diputado de la fracción parlamentaria del PRD que hace algunas sesiones aquí mismo dijo, cuando se refería al periodo que le tocó iniciar como Secretaría de Educación Pública al sector en sus inicios después del triunfo de la Revolución Mexicana y dijo que Vasconcelos, en su tiempo, junto con la pléyade de hombres que le ayudaron en ese gran impulso que se le dio a la educación en su momento, contempló y todo el grupo lo hizo, contemplaron a la educación como una inversión y no como un gasto. De tal manera que ahora sí debemos reconocer que es una verdadera inversión el gasto que se aplica a educación y que esa inversión es recuperable. Los egresados de educación primaria en 10 años más serán jóvenes productivos para el país y la egresión de secundaria dará frutos de una manera más cercana, en cinco años se espera que un joven que ha terminado la educación básica con su secundaria completa estará en posibilidades de no incorporarse a estudios superiores, de poder incorporarse, sí, a la vida productiva del país.

De tal manera que impulsar el término de la educación básica y el terminar bien los estudios de educación secundaria es algo muy importante. ¿En dónde están los mayores problemas de primaria y secundaria? Los mayores problemas de primaria y secundaria y lo sabemos, están en la deserción, están en los niños y los jóvenes de secundaria que dejan de asistir a la escuela y estos niños y jovencitos viven en lugares marginados, viven en lugares del campo, bastante alejados de los centros urbanos, viven en donde hay muy pocos servicios de los que en la gran mayoría de las poblaciones de México se pueden contar.

De tal manera que yo quiero informarles a ustedes, y comentar con ustedes, que se ha instaurado de manera intersecretarial, de manera integrada un programa con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública que se llama "Programa de Alimentación, Salud y Educación" que ustedes deben conocer bajo sus siglas Pase. Este programa tiene por objeto atender las necesidades educativas de los niños y apoyar en sus estudios a los niños que viven en las comunidades más alejadas y con mayores rezagos socioeconómicos del país. Va a ser aplicado en 11 estados del país porque no todos los estados tienen el mismo grado de marginalidad social y en este programa se van a aplicar 600 mil becas para niños que viven en este tipo de comunidades. Se habrían de beneficiar con ellas 400 mil familias al aplicar también 5 millones de consultas médicas bajo un presupuesto completo que mantiene el programa en miles de millones de pesos de 6 mil 269. Este programa va ser aplicado con énfasis a los niños de 4o. año de primaria en adelante para impulsar la egresión de primaria y para reducir el índice de deserción que hay en esos grados.

También se va a aplicar en los tres grados de secundaria para niños que están en poblaciones de este rango de marginalidad de la que estoy hablando y se habrá de impulsar así la egresión de más de 50 mil alumnos de educación secundaria, es decir, es un apoyo real, en serio, para aumentar la egresión y apoyar a los niños y jovencitos que terminan la educación primaria y la educación secundaria.

Para los de educación media superior se habrá de generar el recurso necesario, disponer el recurso necesario para este nivel, a efecto de que accedan a él los 50 mil alumnos más que están previstos para la matrícula del año próximo, de modo que se tendrán que abrir, se ha programado que se abran 100 colegios de bachilleres y Centros de Educación Científica y Tecnológica conocidos con sus siglas de CECIT.

Se habrá de aumentar en 50% más el presupuesto a Conalep para equipamiento y formación de docentes y el presupuesto, el incremento presupuestal que se está dando a este nivel de educación media superior, es en el mayor que se aplique a subsistema alguno considerado dentro del sistema de educación, puesto que tiene, para educación media y superior, en millones de nuevos pesos, un total de 15 mil 684.7 y con un incremento real que esto representa, del 12.5%.

Yo creo, compañeros, que algunas de las cosas que les he manifestado hoy, sí me sirven y sobre todo las más importantes, las que tienen que ver con el programa de apoyo a jovencitos y niños que estudian en zonas de alta marginalidad en el país, sí me apoyan para poder solicitarles que en este Capítulo VIII todos votemos a favor.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Froylán Velázquez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia de educación.

No se encuentra en el salón, por consiguiente tiene la palabra el diputado Tomás López Martínez, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra sobre el mismo artículo en materia de educación.

El diputado Tomás López Martínez:

Con el permiso de la presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados:

En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes para hacer importantes consideraciones a iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1997, presentado por el Ejecutivo Federal a esta Cámara.

En específico, quiero referirme al artículo 8o., a la erogación prevista para la Secretaría de Educación Pública, la cual asciende a la cantidad de 45 mil 329 millones, 779 mil pesos, de un total de 497 mil 388 millones de pesos.

Me referiré en dos partes: un comparativo numérico que permita dimensionar la cantidad invertida en educación a nivel federal, confrontado con otras cuentas que de igual manera el Ejecutivo ejercitará durante 1997.

Y en segundo lugar, algunas reflexiones y propuestas que permitirán de alguna manera aliviar un poco el gran rezago educativo que sufre nuestra nación por falta de organización, participación y recursos, así como a pesar de oficialistas proclamas educativas que durante más de 70 años los diferentes gobiernos han puesto para atender la demanda educativa en los niveles básico, medio superior y superior.

Nos enfrentamos a un alto índice de analfabetismo, niños sin oportunidades de acceso a la educación básica y principalmente en las zonas urbanas, suburbanas rurales y marginadas. A nivel medio superior con una alarmante deserción y la imposibilidad real de atender educativamente a los jóvenes aspirantes a estudiar preparatoria o profesional, así como carreras técnicas y capacitación para el trabajo.

Con relación a las cantidades que se destinarán a educación a través de la Secretaría de Educación Pública, lo que representa es el 9% del egreso considerado en total, de las 18 secretarías y dependencias del Gobierno Federal, como erogaciones previstas para distribuirse al próximo año del Gobierno Federal y organismos de control directo.

Aunque en cifras se manifiesta un apoyo a educación junto con salud y desarrollo rural, es necesario eficientar estos recursos reduciendo la carga burocrática federal y de ordenar los recursos humanos aumentando el número de maestros, principalmente en las regiones donde habitan las regiones más pobres y alejadas.

Implementar sistemas de control con tecnología e informática de punta que permita desburocratizar las oficinas centrales de educación, tanto federales como estatales y simplificar los procesos de calificación, certificación, control y estadística.

En segundo lugar, pongo a la consideración de ustedes las siguientes reflexiones:

Es cierto que la educación representa uno de los soportes fundamentales de la política de desarrollo social de cualquier país y es el medio principal para reducir las diferencias sociales entre la población y representa una importante vía de superación personal. Pero no es suficiente el considerar mayor presupuesto para educación; es necesario implementar, de manera real, un programa nacional para la eficientización de recursos en donde se retire ese mal hábito de sólo ejercer el presupuesto por ejercerlo. Existen principalmente grandes cantidades gastadas en personal improductivo dedicado exclusivamente a la recepción, supervisión y archivo de papelería educativa.

Igualmente es necesario que los proyectos de investigación educativa sean debidamente sustentados, ya que en ocasiones se invierten considerables cantidades en experimentos supuestamente innovadores que en el transcurso de los años nos revelan resultados negativos, dando como consecuencia, generaciones de alumnos menos preparados, menos creativos y menos capaces para ingresar a los niveles medio superior y superior.

Aunque en el decreto se afirma que el 90% de los niños y jóvenes de edad escolar asisten a las escuelas de educación básica, podría afirmar que de los aproximadamente 36 millones de niños y adolescentes que forman parte de la población del país, hasta 14 años de edad, por lo menos 3.5 millones de ellos no tienen acceso a la educación básica, cantidad que corresponde a la población del Estado de Chiapas. Esto sin considerar alumnos que abandonan sus estudios por extrema pobreza, falta de rendimiento, por desnutrición o por ser habitante de comunidades muy alejadas.

Aunque es muy reciente la forma de los estados con la Federación en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, así como la descentralización educativa, aún encontramos entidades y municipales que se abaten en un alarmante rezago y desorden educativo patentes: aulas sin maestros; maestros aviadores, sin alumnos; y alumnos sin aulas y sin maestros.

Aunque esta situación es real, también propongo las siguientes puntualizaciones ejecutivas:

Eficientar el presupuesto dirigiéndolo de manera directa al beneficio educativo para maestros, tecnología, infraestructura y bibliotecas.

Acelarar el proceso de descentralización educativa hasta el nivel superior.

Buscar un compromiso más directo entre municipios, comunidades y directivas de padres de familia para solidariamente, compartir el compromiso de dar una mejor y más digna educación a la niñez y juventud mexicana.

Abrir la participación de la iniciativa privada para que apoye, bajo incentivos fiscales, la educación pública nacional.

Fortalecer los consejos de participación social en la educación desde el nivel escolar municipal y estatal, para que sea el detonante donde sociedad y Gobierno, afronten el gran reto de abatir el rezago educativo en México y lograr una juventud preparada hasta nivel profesional.

Es importante una revisión profunda de nuestro sistema educativo nacional que no responde a las necesidades educativas de México. Es necesario abrir una nueva etapa de desarrollo educativo, justo, equitativo, con una actitud solidaria y participativa de los padres de familia, maestros, comunidad y Gobierno.

Solo de esta manera, invirtiendo con compromiso social en la educación para todos se fortalecerá a la juventud mexicana en una preparación y personalidad consistentes y sustentada que les permitirá tener las herramientas intelectuales suficientes que lleven a México a una vida más digna.

Por estas razones antes expuestas, compañeras y compañeros diputados, les pido que su voto sea en contra de este renglón.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Vito Lucas Gómez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del mismo artículo en materia de educación.

El diputado Vito Lucas Gómez Hernández:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

He querido hacer uso de la tribuna para tal vez repetir lo mismo que mis compañeros han dicho en diferentes posiciones. Yo también creo que tenemos rezagos, yo también creo que nuestro país se enfrenta al problema del analfabetismo; yo también creo que se necesitan reforzar todos y cada uno de los niveles. Sin embargo, quiero empezar señalando que ningún presupuesto educativo en un solo ejercicio será suficiente para acabar con los rezagos que en materia de educación se han dado por décadas.

Estamos, entonces, tratando de afinar el enfoque de manera que no veamos el rezago acumulado durante tantos años, que no nos carguemos solamente de amargura, sino que veamos más bien el punto blanco, que veamos la luminosidad y que veamos lo que en este año podemos avanzar. Por eso creo necesario hacer alusión a algunos datos.

El total del presupuesto de 118 miles de millones de pesos, con un aumento nominal del 28.1% un aumento real del 7.2%, que se reparte en educación básica en un 60%, en media superior 13.2%, superior y posgrado en 15% y además las aportaciones a las entidades federativas en una cantidad de 58 mil 432 miles de millones de pesos.Estas cifras tan frías posiblemente no nos digan mucho, pero sí quisiera expresar con más detalle que en educación básica, donde se concentra el 60%, hablamos de que existen ya 22.8 millones de estudiantes, que significan un incremento con respecto a 1996 en una cantidad de 345 mil más alumnos. Es decir, 345 mil educandos que han encontrado la posibilidad de apoyo en esta intención de aprobación del presupuesto.

Este 60% que se absorbe en educación básica, creo que es necesario recalcar que habrá de notarse visiblemente en la posibilidad de que los educandos, en la posibilidad de que los estudiantes tengan en un número de 133.4 millones la posibilidad de acceder a los libros de texto gratuitos y además libros adicionales de apoyo a los maestros y materiales didácticos.

Este presupuesto contempla, además, bondades en algo que ha sido la asignatura pendiente en el caso de los maestros: en la aspiración natural de estar mejor preparados para poder servir mejor.

Por eso, los maestros y los que nos hemos dedicado a la educación vemos con beneplácito que en el rubro de superación académica y desarrollo profesional de los docentes, habrán de crearse 200 centros de maestros equipados con bibliotecas, aulas y materiales de audio-video, para completar en este año 500 con las que ya existen. Esto quiere decir que estamos en el rumbo.

Habrá este presupuesto también de mostrarse en sus bondades en la construcción y equipamiento de escuelas. Se piensan construir, equipar o reparar un total de 25 mil 600 espacios educativos. Habrá aplicación de este presupuesto que ahora se discute, habrá la aplicación de él en programas compensatorios, es decir, programas que tratan de aplicar recursos en las zonas más marginadas a las que se han referido ya aquí mis compañeros diputados, apoyos especiales para los programas de PARE, de PRED, PIARE y PAED.

Alguien ha mencionado aquí el nivel medio superior, el rezago que durante los últimos años ha tenido. Este nivel es justamente el que recibe ahora la mayor aportación o el mayor índice de incremento en el presupuesto considerado, atendiendo a cada uno de los niveles.

En educación superior indudablemente que habrá de incrementarse en un 4.2% la posibilidad de atender al estudiantado. Habrá también un programa de mejora del profesorado, que nos da la seguridad de que no solamente el beneficio de un presupuesto debe encaminarse a atender en mayor cobertura, sino que habrá de encaminarse también a la atención de la calidad y en esto vamos atendiendo el servicio que prestan los maestros, un maestro mejor preparado, un maestro que podrá dar mejores resultados.

Hay rubros presupuestales que habrán de apoyar a ciencia y tecnología, habrá los rubros correspondientes a la creación artística, pero en general, nosotros, los diputados priístas, nosotros los que pertenecemos como miembros a la Comisión de Educación, los priístas habremos de votar a favor de este dictamen, precisamente por lo que se ha mencionado no solamente de los priístas, sino también de las demás fracciones que han hecho uso de la palabra, en el sentido de que deben fijarse ejes fundamentales y en el caso podemos mencionar que los ejes de este presupuesto habrán de girar sobre el primero, que sería promover el crecimiento económico en consonancia con el presupuesto general que se discute; el segundo eje, que es elevar el bienestar de la población y el tercero, que es el más importante, que es donde todos coincidimos, creo que por las experiencias que tenemos no solamente en lo que se refiere a educación, sino en la aplicación de presupuestos, todos estamos pidiendo que éstos se hagan con mayor transparencia. Por eso, el tercer eje lo menciono de manera especial, aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de estos recursos públicos.

La educación espera mucho de los diputados y nosotros los priítas votaremos a favor.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del artículo 8o. en materia de cultura.

Por no encontrarse en el recinto, tiene la palabra el diputado Manuel Baeza González, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del artículo 8o. en materia de salud.

El diputado Manuel Baeza González:

Compañeras y compañeros diputados:

El hecho de que yo venga aquí a esta tribuna es para exponer lo que Acción Nacional piensa con respecto a algunas áreas de este Presupuesto de Egresos que estamos discutiendo. Probablemente mi venida a la tribuna sea estéril, porque ya están fijas las posiciones que se van a tomar y va a ser no difícil, va a ser imposible cambiar el sentido del voto del partido mayoritario, aunque como dijo el diputado que me precedió en tribuna, hay muchos ejes sobre los que gira el presupuesto y eso me recuerda una canción pampera que dice: "si a mí me gusta que suenen pa'qué los quiero engrasaos", así les gusta que suenen los ejes y que rechine aunque el pueblo sea el que pague las consecuencias.

Yo vengo a hablar sobre el programa de reforma del sector salud. Hay un documento que fue publicado como parte del Plan Nacional de Desarrollo y ese es Programa de Reforma del Plan del Sector Salud 1995-2000. Reconoce como muy serios problemas por un lado, los cambios radicales en el perfil epidemiológico y demográfico de la población y por el otro, de una organización y estructura incapaces de satisfacer con calidad y eficiencia las demandas crecientes en la materia, haciendo énfasis especial en los años subsecuentes a la presentación del mencionado programa.

Asimismo, esta publicación divide a la población mexicana en cuatro grandes segmentos; dos de los cuales tienen acceso a los servicios de salud que otorgan las instituciones de Seguridad Social IMSS, ISSSTE, SEDENA y los que son cubiertos por los servicios que ofrecen tanto la Secretaría de Salud como el Programa de IMSS-Solidaridad. En el extremo superior se encuentra un segmento menor que tiene acceso a los servicios privados de salud y en el otro, están todos aquellos que no tienen acceso a los servicios regulares de salud de ninguna clase. Este último grupo, de aproximadamente 10 millones de personas, es mencionado como motivo principal de preocupación y objeto importante de estrategias especiales por parte de la Secretaría de Salud.

En un informe del sector salud que tengo aquí en mi mano, el licenciado Jorge Tamayo, oficial mayor de la Secretaría de Salud y Asistencia, mencionaba todos los logros alcanzados por México en materia de salud, logros indiscutibles, es cierto, pero que han sido con el esfuerzo de todos los mexicanos; sin embargo reconocía una, y aquí voy a citar textualmente, una cantidad importante de habitantes de nuestro país que no tiene acceso a servicios básicos de salud y la posibilidad de ofrecérselos se ve limitada por la enorme dispersión en la que viven muchos de ellos. Aquí termino de leer la acotación.

Las enfermedades infecciosas y los problemas relacionados con la nutrición, lejos de haber desaparecido, siguen causando estragos sobre todo en la población más desprotegida, a esto habría que agregar el avance consistente de las llamadas enfermedades crónico-degenerativas propias de las sociedades urbanizadas y del avance que hemos tenido, que ha propiciado un mayor aumento en la edad de la población.

Seguidamente proponía dirigir las actividades del sector salud, para y nuevamente leo textualmente lo que dice en el documento: "...ampliar la cobertura de los servicios así como mejorar la calidad y oportunidad con que se ofrecen, modernizar la operación del sistema con el fin de hacerlo más eficaz y eficiente, reforzar la infraestructura existente, tanto física como de recursos humanos y a fortalecer y ampliar los programas de prevención de enfermedades y protección de la salud." Termino de leer el texto que viene en el documento.

Sin embargo, vemos con pesadumbre que a pesar de planes, programas, reformas, discursos optimistas y expresiones de buena voluntad para mejorar los servicios y optimizar el aprovechamiento de los recursos, no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido, situación que acepta el doctor Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud, quien reconoce, en reciente declaración a los medios informativos, que el crecimiento demográfico de México ha rebasado la capacidad del sector salud para atender a la población desprotegida.

Revisando el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997, vemos que se contempla un gasto programable de 18 mil 427 millones 800 mil pesos para la Secretaría de Salud, lo que representa un magro aumento del 10.3% real sobre el gasto previsto para el presente año.

Por otro lado, vemos con desaliento que a pesar del aumento presupuestal contemplado y en contra de las mismas tesis sostenidas por el sector salud y que ofrecen privilegiar la prevención por encima de la curación, en el proyecto de presupuesto que nos fue pasado, en el área de atención preventiva vemos que hay un impacto negativo del orden del 41.8% con respecto al presente año, año que a su vez se ejerció un gasto menor de 44.2% comparado con el año de 1995.

También el Programa de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, recibirá un 51.3% menos de lo que recibió en 1996; también el Programa de Enfermedades Trasmisibles tendrá un decremento de 71.8%; el de planificación familiar recibirá menos 58.3% de lo que recibió este año, cuyo programa normal captará también un presupuesto deficitario de menos 70.8%.

En el aspecto de atención curativa, el decremento será del 46.9%, siendo las áreas más afectadas la consulta externa con un decremento del 63.3% y de la hospitalización general con un decremento también del 64.5%.

Ante estos números no podemos permanecer impávidos y tenemos que reaccionar, ya hemos escuchado a nuestros compañeros de Acción Nacional que han dado los argumentos por los cuales vamos a votar en contra de este proyecto de presupuesto y basado en estos números que les estoy dando, en esto que es un ámbito negativo para el área de salud nacional, les digo que Acción Nacional votará en forma negativa en el momento de la votación del proyecto de Presupuesto de Egresos.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Falcón Quijano, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del artículo 8o. en materia de salud.

El diputado Marco Antonio Falcón Quijano:

Gracias, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Sabemos que el objetivo fundamental que orienta el dictamen puesto hoy a discusión, me da la pauta para intervenir y exponer que uno de los puntos importantes de la política económica es el desarrollo social. Dentro de ese marco se inscribe la política encaminada a los programas de salud.

En 1997 la Secretaría de Salud continuará operando el Programa de Ampliación de Cobertura, por sus siglas PAC, cuyo costo total será de 443 millones de dólares, con un periodo de ejecución de cinco años, iniciando en 1996 y terminando en el año 2000.

Ello permitirá otorgar, como meta, servicios de salud a más de 10 millones de personas, que al inicio de la presente administración carecían de manera regular de esos servicios.

Este programa consta de dos estrategias y 55 acciones prioritarias de bajo costo y alta efectividad, tendientes a satisfacer las necesidades primarias de salud, combatiendo las principales causas de muerte y enfermedades de los grupos marginados. Con ello se busca abatir ocho de las principales 10 causas de muerte, entre las que se encuentran enfermedades diarreicas, de desnutrición, enfermedades respiratorias, entre otras.

Los recursos asignados a este programa para 1997, ascienden a 540 millones de pesos, lo que permitirá ampliar los servicios de salud de 380 municipios, a más de 600, de los registrados como de alta o muy alta marginalidad en todo el país. Ello representará un incremento del 58%.

Esos municipios se encuentran ubicados en 18 estados de la República: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, México, Nayarit, Querétaro y el Estado de Sinaloa. Cabe señalar que los últimos siete estados se incorporan a este programa a partir de octubre de 1996.

Los recursos asignados al Programa de Ampliación de Cobertura, incrementa en un 59% la cobertura a la población abierta atendida, esto es, pasar de 3.8 millones de personas en 1996 a 6 millones de personas en 1997.

Este tipo de programa ha conseguido fomentar la organización comunitaria y una mayor participación social en las poblaciones donde se ha puesto en práctica.

Por ello, nosotros los diputados priístas votaremos a favor de este dictamen porque estamos convencidos, hemos analizado a detalle toda esta iniciativa.

Gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia de salud.

Al no encontrarse presente en el salón de sesiones, se le otorga la palabra al diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del mismo artículo en materia de salud.

El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeros legisladores:

Se ha comentado en los corrillos de esta Cámara, por "especialistas" del grupo mayoritario, of record por supuesto, que el presupuesto de egresos es insuficiente en muchos rubros y en otros otorga subsidios mayúsculos a dependencias ineficientes, pero de cualquier modo hay que votarlo a favor.

Además, el proyecto de decreto sufrió modificaciones en 13 artículos y la adición de cinco transitorios al mismo, etcétera.

Motiva mi participación el artículo 8o., en comento, el que alude a la Semarnap, interesándome preponderantemente del sector pesca el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Pesca y a la Profepa.

Como antecedente mencionaré que el día 27 de noviembre, la Comisión de Pesca envió documento signado por el Presidente y cuatro secretarios, al Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Antonio Sánchez Gochicoa, en donde le expresan la preocupación por los montos presupuestales asignados para 1997 a

Semarnap, en aquellos programas del Instituto Nacional de Pesca y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también en la administración de pesquerías, con el objeto de que dicho documento fuese tomado en cuenta el viernes 29 del mismo mes, en la comparecencia del doctor Santiago Levy, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el dictamen fue dado y no observamos modificación alguna en favor de las dependencias descritas. Actualmente no tenemos conocimiento pleno de nuestros recursos naturales; el Gobierno Federal lo admite en el Plan Nacional de Desarrollo y acepta como prioritaria la investigación en el sector pesquero, pero no existe congruencia en los recursos presupuestados al Instituto Nacional de la Pesca, a quien se le señalan 20 atribuciones tales como: investigar, promocionar, programar, asesorar, crear tecnología, realizar inventarios de especies, identificar áreas susceptibles de captura, estudios de impacto ambiental entre otros.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, página 168 se menciona: "El fomento pesquero se basará en un enfoque integral que atienda las necesidades de investigación, el subrayado es mío, y evaluación de los recursos pesqueros." Continúa: "La promoción se basará en mayor investigación, también el subrayado es mío, y desarrollo tecnológico, etcétera."

En cuanto a la inspección y vigilancia de los recursos pesqueros y marinos, les comento que México cuenta con 10 mil kilómetros de litoral, 47 puertos de pesca ribereña y de altura, 74 mil 903 embarcaciones ribereñas y de altura y sólo 153 inspectores con sueldos, que suenan a vacilada, sin contar con el equipo adecuado y suficiente para desempeñar su labor, prestándose esto para que los inspectores aumenten ligera o sustancialmente sus ingresos mediante la aceptación o solicitud de prebendas, sin cumplir desde luego con el objetivo de inspección y vigilancia, sino todo lo contrario, ya que fomenta la piratería y desaparece la regulación pesquera, llegando a la extorsión de auténticos pescadores que cuentan con sus permisos en orden.

Los presupuestos asignados son pues insuficientes, por no decir ridículos, incongruentes con el discurso del Gobierno Federal. La importancia lógica del Instituto Nacional de la Pesca y de la Profepa, debido a sus múltiples atribuciones y obligaciones, demanda un presupuesto más real que impulse al sector pesquero y de vigencia a la tan mencionada sustentabilidad.

Al Instituto Nacional de la Pesca, en 1995, se le asignó 44 millones 300 mil y en 1996, 64 millones 603 mil y en 1997 sólo 78 millones 558 mil, siendo que sus necesidades ameritan cuando menos 120 millones, tal como fue la propuesta de la Comisión de Pesca.

En el caso de Profepa, en 1996 se le asignó 233 millones 830 mil y para 1997 se proyecta 250 millones 485 mil, siendo que sus requerimientos son de 358 millones 758 mil.

Al hablar de política general del gasto público del Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal de 1997, plantean como objetivos:

A) Promover el crecimiento económico.

B) Elevar las condiciones de vida y bienestar de la población.

C) Aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos.

Asimismo, en el análisis programático, hoja dos de siete, plantean como estrategia en el marco de pesca y acuacultura y mencionan con frecuencia crecimiento, desarrollo, aprovechamiento sustentable, capacidad de renovación, ordenamiento en la actividad económica del sector, pesca responsable, desarrollo económico y social. Son sólo palabras, pues en el sector pesca no sólo se quejan los pescadores, sino también los mismos funcionarios.

La pesca en México tiene una gran potencial, es un filón de oro no explotado adecuadamente.

¿Se lograrán realmente los propósitos ante una inadecuada e incompleta investigación y una casi nula vigilancia de nuestros recursos pesqueros y marinos o será que Santa Claus llegó antes de tiempo? ¿Habrá desarrollo sustentable en el sector pesquero con beneficios a los propios pescadores de nuestra nación, con políticas presupuestales erróneas, con falta de integración y apoyo al sector pesquero, con tanto interés creado entre las mismas autoridades pesqueras?

El Plan Nacional de Desarrollo acota que se privilegiará la generación de empleo, el incremento de la oferta de alimentos de origen pesquero, etcétera. Habla también de la descentralización en materia de gestión ambiental y recursos naturales. Me pregunto, ¿por qué no también del sector pesquero.

Finalmente, compañeros diputados. Les pregunto a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y al grupo parlamentario mayoritario, ¿cuándo llegará el día en que se tome en consideración las opiniones y propuestas sustentadas de las diferentes comisiones de esta Cámara? ¿Hasta cuándo lucharemos por nuestra dignidad y haremos valer nuestra fuerza como poder independiente?

La política, señores legisladores, entre otras cosas, es un juego de intereses, pero no confundir, cuando hablamos de política ética los intereses no son personales, sino comunales.

Seamos subsidiarios y solidarios, apoyemos más a quien más necesita.

En los trabajadores del mar existe un gran malestar, descontento social, claman por un mayor apoyo gubernamental. Nuestros pescadores padecen hambre.

Quizá ésta sea la última oportunidad. Ustedes tienen la palabra.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Heriberto Lizárraga Zataraín, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del artículo 8o. en materia de pesca.

El diputado Heriberto Lizárraga Zataraín:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: De acuerdo con mis compañeros diputados de esta LVI Legislatura, en que efectivamente no alcanzaría un presupuesto para beneficio del sector pesquero de nuestro país, dadas las circunstancias y condiciones en las que se encuentran actualmente y es por ello que me solidarizo efectivamente, necesitamos ejercer más presión para meter más presupuesto al sector pesquero, pero tengo que decirles también lo siguiente:

Hemos venido, a través de la Comisión de Pesca, de la cual también me honro en pertenecer y hemos encontrado resultados en el camino con situaciones que se nos han presentado en las comisiones en las que ustedes del pleno nos han encomendado.

Y con profunda satisfacción lo digo con los compañeros, el presidente de la Comisión de Pesca, nuestro amigo Humberto Andrade, que con el esfuerzo de todos los diputados, de una comisión plural, pero muy plural y en serio, hemos logrado resultados como el resguardo de puertos que está próximo a inaugurarse, gracias a una presión ejercida por esta LVI Legislatura en Altata y en Periguete.

Y se preguntarán ustedes, ¿qué es Altata o qué es el Periguete? Para nosotros es tan importante los sinaloenses, los sonorenses, el contar con esos resguardos que han costado infinidad de vidas, que han dejado viudas y que han dejado desolados a poblaciones enteras.

Es por ello que me siento muy orgulloso de pertenecer a esa comisión y por eso manifiesto que efectivamente debemos ejercer mucha mayor presión para tener más recursos.

El Presupuesto de Egresos del sector pesca, bajo las condiciones en las que está, se van a asignar 367.8 millones de pesos, dirigidos al desarrollo sostenido de la actividad pesquera y acuícola a fin de lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros sin afectar su capacidad de renovación y la calidad ambiental de los hábitat en que se encuentra, ordenando las actividades económicas del sector y promover las bases para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera. Para ello, y en un marco de acción apegado a las normas de calidad, saneamiento y ordenamiento territorial, se ejecutarán las siguientes actividades: dragado de canales de comunicación al mar en 780 miles de metros cúbicos; organizar a 150 mil pescadores en cooperativas, uniones, sociedades y sectores productivos; producción de semillas poslarvas y alevines para el cultivo de 141 mil 900 especies; desarrollar 110 investigaciones para diversos procesos industriales de las principales pesquerías en apoyo a la captura de acuacultura y el desarrollo sustentable, así como la elaboración de 12 programas orientados al desarrollo de la acuacultura.

Cabe destacar el impulso que se dará a la acuacultura mediante un programa de desarrollo, financiado con crédito externo que permitirá en el año de 1997 la construcción de dos granjas integrales demostrativas de acuacultura.

Un parque ostrícola y una para el cultivo de la tilapia, así como una posacuícola y estanque de mareas para los recursos asignados en esta situación de la acuacultura.

El programa asciende a 40.3 millones de pesos.

Insisto, requerimos y debemos unir esfuerzos, efectivamente para lograr mayor presupuesto.

Pero, también quiero decirles que mi sector, el del Partido Revolucionario Institucional apoyará este presupuesto viendo el esfuerzo que se ha venido dando en este sector en lo que, ahí en la Comisión de Pesca, también nos hemos dado cuenta.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Everardo Martínez Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo.

Por no encontrarse en el salón de sesiones, se le concede el uso de la palabra a la diputada Carlota Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia de Reforma Agraria.

Por no encontrarse en el salón de sesiones, tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia de medio ambiente.

Por no encontrarse en el recinto, se le concede el uso de la palabra al diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia del medio ambiente.

Por no encontrarse en el recinto, se le concede la palabra al diputado Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del mismo artículo en materia de energía.

El diputado Rodrigo Robledo Silva:

Con la venia de la Presidencia; señoras y señores legisladores:

Aclarando el punto vamos a tratar el asunto en materia aduanera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de todas las atribuciones y responsabilidades que nos faculta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la voluntad del pueblo mexicano al constituirse en república representativa, democrática, federal, con la composición de estados libres y soberanos, a los cuales representamos cada uno de nosotros los legisladores.

Quiero distraer la atención y recordarles que tenemos un compromiso con nuestra propia nación y particularmente con el tema que nos ocupa abordar este día, como cada año se ha de repetir el aprobar con equidad la distribución de los recursos económicos y/o los financieros.

Por medio de este proyecto del Presupuesto de Egresos de la propia Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997 y para cada una de las entidades federativas y municipios, paraestatales, secretarías de Estado, así como los propios de los poderes de la Unión, si los lineamientos y objetivos de la política fiscal para el año de 1997, son el de impulsar el crecimiento económico, otorgando estímulos para forjar mayores empleos y así estimular el crecimiento en el ingreso económico de nuestro país, la intención de ofrecer la mejor distribución en la asignación de los recursos para una prestación eficaz y oportuna de los servicios que presta el Estado, así como evitar el que estos recursos se gasten inadecuadamente y menos si no están debidamente sustentados y dirigidos a la producción de bienes y servicios, de beneficios a la sociedad que representamos, que debieran de ofrecer estímulos para la colaboración mutual a su propio país, en el cual ya no se le cree.

Estas motivaciones de fomentar el patriotismo a la nación, no sólo pueden elevar el bienestar de la familia, lema tan reiterativo hacia los mexicanos, que no sólo con discursos lograremos salir de la crisis.

Si las propias secretarías de Hacienda y de Comercio y Fomento Industrial, les preocupa apostar todo en materia de importación y exportación de bienes y recursos restringidos, más le preocupa al legislador, cuando no hemos logrado estimular que las leyes se cumplan por la autoridad ejecutiva, en el caso de recursos de mayor riqueza de nuestro país, que son el campo, los recursos naturales, de explotación no renovable, las secretarías debieran lograr una visión integradora para el real crecimiento económico de la familia mexicana.

En los años 1994, 1995 y éste de 1996 hemos ido recogiendo diversas inquietudes, quejas e ideas y propuestas sobre los atropellos aduaneros que imperan en el país, a través de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta Cámara de Diputados, en lo que resalta de forma preocupante la insuficiencia del Programa Paisano, que opera mayormente en estas épocas, debiendo salvaguardar a todos los mexicanos en todo momento y en todo el año, tanto fronterizos como del interior en el uso y consumo de productos provenientes del extranjero. Por lo que la autoridad aduanera manifiesta que así es la ley, siendo un atropello las garantías individuales y más al derecho a la información que todos los mexicanos tenemos.

Estamos convencidos que esta autoridad no es única en las aduanas, por lo que al legislador le preocupa el sentimiento real de la sociedad en los abusos que se crean por desconocimiento de la legislación en materia aduanera, ya que este tema no es exclusivo de agencias aduanales, sino de todos los mexicanos, por tal motivo a los diputados de Acción Nacional nos preocupa que los mexicanos tengan toda la posibilidad de subir a un peldaño en el beneficio económico familiar, permitiéndose acciones de difusión y que el Estado sea más solidario en la cartera de educación y cultura económica y de ahorro, pero no del ahorro obligado por leyes o por decretos que no permiten el beneficio de ese bienestar económico tan esperado.

Si el gobierno de la Federación no desea importaciones irregulares en sus 52 puertas aduaneras distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país, debe éste aplicar más recursos en el rubro de difusión e información.

Señoras y señores diputados: México requiere de una mejor distribución de los recursos emanados de nuestra comunidad a partir de sus contribuciones y requiere de una mejor atención en los servicios que presta el Estado que por obligación y compromiso tenemos todos los servidores públicos.

Compañeros: distraigo su atención al rubro de servicios de difusión e información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, a la dirección general de Recursos Humanos se le asignan 1 mil 285 millones 852 mil pesos y en la coordinación de la administración se le asignan 706 millones 881 mil punto cinco pesos, a la coordinación general de administración se le asignan 382 millones 870 mil pesos, así como la Oficialía Mayor se le asignan 166 millones 474 mil pesos, la dirección de recursos materiales le asignan 85 millones 945.5 miles de pesos, en cuanto a que estos rubros son para efectos de difusión y cultura en materia de Hacienda, cuando para la dirección general de aduanas se le asigna la raquítica cantidad de 150 mil pesos por lo que esta dirección nos merece particular atención, ya que es una de las áreas de constante contacto con la sociedad.

Consideramos que requiere de mayor presupuesto para este rubro, permitiéndose en este momento a esta dirección mayor eficiencia en la difusión y propaganda de sus programas de beneficio comunitario, evitando acciones de incumplimiento legal en lo que la autoridad llama "contrabando de mercancías".

Parece muy simple pensar en que se requiere de más recursos, pero debemos de tener muy presente que nos debemos a todos los mexicanos. Si se requiere de mayor eficiencia del contribuyente, con mayor razón debemos otorgarle las herramientas a quien aplica la norma en beneficio o perjuicio al pueblo mexicano.

Señores legisladores, principalmente a la Comisión de Hacienda: le pedimos que por favor observe esta petición que se hace a esta legislatura.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández Armenta, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del artículo 8o. en materia de energía.

El diputado Francisco Javier Hernández Armenta:

Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:

Con relación al gasto que corresponde al sector energía, considero conveniente destacar los siguientes aspectos que vienen a sustentar en gran medida la asignación presupuestal considerada en el proyecto de decreto que se analiza:

El gasto se aplicará en las entidades que corresponde a Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza, el monto global que se pretende ejercer en 1997, tiene dos componentes: el presupuestario que es el que se contempla en el artículo 12 del decreto y el de inversión financiada que será bajo la promoción del sector público y financiada y ejecutada por el sector privado.

Lo anterior se fundamenta en lo siguiente: el sector energético se encuentra inmerso en un proceso dinámico que le ha permitido alcanzar durante el presente año, niveles históricos de producción de hidrocarburos y electricidad, el Presupuesto de Egresos que se proyecta para 1997, fortalece este proceso.

En 1997 habrán de concluirse diversas acciones de inversión, asimismo habrán de emprenderse un gran número de nuevos proyectos. El sector energético concentrará en 1997, las principales acciones de inversión del sector público al absorber el 55.8% del total de los recursos asignados a la inversión física.

El gasto de inversión que el sector en su conjunto proyecta ejercer en 1997, asciende a 68 mil 696.6 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales del 57.8% respecto al gasto que se ejercerá en 1997. De este monto las dos terceras partes corresponden a la inversión presupuestal por 45 mil 833.2 millones de pesos y la otra tercera parte a la inversión financiada bajo el esquema de proyectos de impacto diferido en el registro de gasto por un monto de 22 mil 863.4 millones de pesos.

El crecimiento de las capacidades del sector constituyen uno de los retos más importantes que enfrentan por el dinamismo de la demanda nacional al crecer las tasas muy superiores a las registradas por la economía y la población.

La prospectiva actualizada del sector eléctrico, considera que durante el periodo de 1996 al año 2005, se deberá incorporar una capacidad instalada de 3 mil 542 megawats, los cuales serán desarrollados bajo la modalidad de inversión financiada vía proyecto de impacto diferido en el registro de gasto.

El total de las inversiones que el sector eléctrico proyecta desarrollar mediante los proyectos de impacto diferido en el registro de gasto, asciende a 6 mil 381.4 millones de pesos, de los cuales el 97.2% corresponde a Comisión Federal de Electricidad y el resto a Luz y Fuerza del Centro. Comisión Federal de Electricidad proyecta invertir vía pideragas 6 mil 204.5 millones de pesos, destinado el 51.3% de los recursos a los proyectos de generación que serán licitados 22.4% se canalizará a proyectos en las areas de transmisión y distribución y el 23.3% restante, a obras de infraestructura y mantenimiento.

Luz y Fuerza del Centro ha programado una inversión vía pideragas de 176.9 millones de pesos que se destinarán a diversas obras de modernización de la red de distribución en el Valle de México. El gasto total de la inversión que del sector eléctrico ejercerá en 1997, asciende a 18 mil 535.1 millones de pesos, lo que significa un incremento real de 71.7% respecto al año de 1996.

Como se puede observar, el esfuerzo que a través del gasto se hará para 1997 en este sector, no tiene precedente en cuanto a su crecimiento en términos reales.

Por todo lo anterior consideramos conveniente apoyar la propuesta que contiene el proyecto de decreto que se analiza.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Osbelia Arellano López, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de este artículo en material de desarrollo social.

Al no encontrarse en este Recinto, tiene la palabra el diputado Eliseo Moyao Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del mismo artículo en materia de desarrollo social.

Al no encontrarse en el Recinto, se le concede la palabra a la diputada Leticia Burgos Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para el mismo artículo en materia de desarrollo social.

Por no encontrarse en el Recinto, tiene la palabra la diputada Rosa María Cabrera Lofte, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del mismo artículo en materia de desarrollo social.

Tiene la palabra, por no encontrarse la compañera diputada en el salón de sesiones, el diputado Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del artículo 9o.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

¡Qué lastima que en este día, que era tal vez el último debate que podrán dar los priístas con argumentos serios, lo estén rehuyendo y le estén sacando la vuelta a los argumentos que se presentan! ¡Desde el principio del debate en este día se vio evidente que no tenían argumentos con qué contrarrestar los argumentos de la oposición y que el colmo es el anterior orador, cuando se supone que pasa a contestar lo del artículo 8o. y se refiere al artículo 12 del dictamen!

¡Es increíble que de esa manera pierdan la oportunidad de, tal vez el último debate como mayoría, de la mayoría de Zedillo, que así la han llamado!

Por lo anterior y viendo que no vale la pena seguir de esta manera, le voy a pedir a la señora Presidenta que a excepción del punto siguiente, del artículo 9o. que vamos a tratar, las demás intervenciones de mis compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional se inserten íntegras en el Diario de los Debates y ya no van a pasar a leerlas más compañeros porque no vale la pena.

Respecto al artículo 9o. del decreto, que se refiere al tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral en el ramo 22, debo empezar por decir que este renglón del proyecto de decreto adolece de vicios de origen, es poco claro, es uno de los más desaseados del procedimiento presupuestal y violatorio de todas las disposiciones legales aplicables.

En primer término y como se establece en el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Y por tanto es a quien corresponde formular y aprobar el anteproyecto de su presupuesto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo inserte en el presupuesto general que presenta ante esta representación.

De acuerdo a lo que señalaban los artículos 49 apartado 7 inciso a fracción I, 82 inciso x, 83 inciso g, 97 inciso c y relativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicables en el momento en que se presentó el proyecto de presupuesto, era facultad de la dirección ejecutiva de administración formular el anteproyecto de presupuesto del IFE para ponerlo a consideración del presidente del consejo general, y éste a su vez proponerlo a dicho consejo para su aprobación.

Por otra parte, el mismo principio se establece en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Es decir, las entidades que deban quedar comprendidas en el presupuesto elaboran su anteproyecto y lo remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inserción en el proyecto de presupuesto que se presenta a esta Cámara.

Estas reglas elementales, estas sencillas normas que cualquiera puede entender, fueron descaradamente violentadas e incumplidas en el caso del presupuesto para el Instituto Federal Electoral. Porque no puedo pensar que el señor Secretario de Hacienda no las comprenda. Fueron flagrante y conscientemente transgredidas, con el único propósito de dar tiempo y facilitar al grupo mayoritario en esta Cámara a que aprobara el absurdo, escandaloso y anticonstitucional monto del financiamiento a los partidos políticos, es decir, por una razón puramente política y partidista.

El Secretario de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto a esta representación nacional, incluyendo el correspondiente al Instituto Federal Electoral, con cifras totalmente distintas a las contenidas en el decreto que hoy se discute. Pero en una primera violación tal presupuesto no había sido aprobado por el consejo general del IFE, como marca la ley, y su defensa fue arguir que sí se lo había entregado al instituto, cuando todos sabemos que eso es falso y es tan falso que el propio consejo general reprochó públicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su ilegal proceder.

Fue tan infantil esta defensa del Secretario de Hacienda que no deja de sorprender y solo demuestra que estaba actuando de entera mala fe o con una impericia imperdonable en un funcionario de ese nivel, sobre todo cuando la solución jurídica la tenía a su alcance.

En efecto, hubiera bastado que invocara el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, para tener una salida airosa y evitar caer en la mentira y la simulación. Tal párrafo establece: "la Secretaría queda facultada para formular el proyecto de presupuesto de las entidades cuando no le sea presentado en los plazos que al efecto se le hubieran señalado"; así de fácil, pero el señor Secretario no dijo y mucho menos fundamentó que ese hubiera sido el sustento del presupuesto que presentó, pues así tendría que haberlo hecho.

Otra violación, ésta al procedimiento presupuestal, consiste en haber llevado al ramo 23 de provisiones salariales y económicas, una parte del presupuesto destinado a los órganos electorales para después regresarlo al ramo 22, en el colmo del desaseo y en contra de la más elemental técnica legislativa, por medio del artículo quinto transitorio del decreto, lo que resulta aberrante.

Parece que la mayoría en esta Cámara sólo puede legislar con artículos transitorios. Todo lo anterior con el evidente propósito de esconder cifras o hacerlas poco claras, pues para encontrar los montos reales presupuestados es un verdadero galimatías; las cifras no coinciden entre sí. En el cuadro número uno visible, a foja 6 del dictamen a discusión, fija montos para el Instituto Federal Electoral y para el Tribunal Federal Electoral que no coinciden con las señaladas en el artículo 9o. del mismo, visible a fojas 4 y 5 del proyecto de decreto; en uno se asienta la cantidad de 3 mil 065.3 millones para el IFE y en el otro 2 mil 943.5 millones. ¿Cuál es la correcta? Quien sabe.

En ninguna parte del presupuesto se establece con claridad la cantidad total destinada al IFE, pues a los montos que aparecen dentro del articulado tienen que sumársele los que se fijan en el artículo quinto transitorio, en el que además, aparece una cantidad de 149 millones que nadie sabe y nadie explica para que se destinan.

Por todo lo anterior y por lo que ya manifestamos en la discusión de la reforma electoral respecto al monto del financiamiento a los partidos políticos, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este decreto, mismo que de convertirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como todo parece indicarlo, la actitud del grupo mayoritario tendrá pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recaiga a las acciones de inconstitucionalidad planteadas y esperamos que ahí impere la razón y se ajuste el presupuesto.

Qué lástima que los priístas tengan que pasar por estas vergüenzas sólo por ser la mayoría del presidente Ernesto Zedillo en el Congreso, así, incondicional y oprobiosa.

Señora Presidenta, le solicito y aquí hago entrega a la Secretaría de las demás participaciones de mis compañeros y pido se inserten íntegras en el Diario de los Debates.

Muchas Gracias.

La Presidenta:

Se instruye a la Secretaría se inserten íntegras al Diario de los Debates las participaciones de los diputados del Partido Acción Nacional, relativas a este dictamen.*

*Se encuentran en la Separata publicada para este número.

Tiene la palabra el compañero diputado Antonio Martínez Torres, a favor del dictamen en el artículo 9o.

El diputado José Antonio Martínez Torres:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Quiero decirle a quien me antecedió en el uso de la palabra que los priístas nos sentimos profundamente orgullosos de la mayoría que integramos ¡No sentimos absolutamente ninguna vergüenza de pertenecer al mismo partido que les ganó la Presidencia, que les ganó la Cámara de Diputados, que les ganó el Senado y que les va a volver a ganar en 1997! ¡No somos la última mayoría, sí señor:

El debate no lo hemos rehuido y estamos a sus órdenes en el momento que quieran. Por eso pido también que quede insertado, señora Presidenta, en el Diario de los Debates, el resto de las intervenciones de nuestros compañeros. ¡No hay vicios de origen, compañeros de la oposición presente, no hay vicios de origen porque sustentado el financiamiento en el anterior Consejo Federal Electoral, ni modo que se dijera que los ciudadanos que integraban ese consejo favorecían al PRI y fue la base para fijar el cuánto del financiamiento de los partidos políticos integrado en las prerrogativas.

El ramo 22 que es el concerniente a los órganos electorales, incluye al Tribunal Electoral y al Instituto Federal Electoral. ¿Es vicio de origen buscar la transparencia del origen y la aplicación de los recursos para que ellos sean plenamente el apoyo del desarrollo de la democracia en México?, eso no es vicio de origen, es sacar y dilucidar en un proceso transparente los recursos, solo algunos como ustedes que siempre han estado en contra de fortalecer el régimen de partidos, de fortalecer el financiamiento público podía no interesarles apoyar la construcción plena de la democracia y el régimen de partidos.

Es muy claro que al integrarse el ramo 22 en el IFE está la tarea de construir la democracia y construir la democracia implica fortalecer el régimen de partidos; ahí está la presupuestación para el Registro Federal de Electores, las prerrogativas de los partidos políticos y el monto del financiamiento de algunos diferentes a nuestras ideas piensan que no es correcto.

La organización electoral implica también el servicio profesional electoral, la capacitación y la educación cívica; ahí está el apoyo al pleno desarrollo de nuestra democracia. El Tribunal Electoral también es el órgano que otorgará la certidumbre en los resultados; aplicará y será el sustento de la legalidad, y eso es la justicia electoral, en este ramo se incluye ese gasto, ¡ah! Pero entonces, vicio de origen, vicio de origen es si nosotros estuviéramos y continuáramos permitiendo que hubiera otro tipo de componendas y no fuera el Tribunal Federal Electoral el que diera la certidumbre al electorado de los resultados que, por cierto, nos volverán a ser favorables en 1997.

Dentro de las prerrogativas de los partidos políticos está muy claro el financiamiento en cuanto a su aplicación de 30% y 70%; el apoyo para la construcción de la democracia es, por nuestra parte, un apoyo decidido, no somos un partido que consulta la posibilidad de no apoyar la libertad de los ciudadanos y el pleno ejercicio de su voluntad en las elecciones. Estamos a favor de que ese ejercicio, de que esa libertad pueda tener en nuestro país un logro pleno; estamos seguros que así estaremos apoyando la construcción de la democracia aún y cuando beneficie a quienes piensan distinto a nosotros.

La madurez de ejercer la responsabilidad en este momento implica estar a favor.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro González Alcocer.

El diputado Alejandro González Alcocer:

Con su venia, señora Presidenta:

Yo le tomo la palabra al diputado y a ver si ahora sí podemos debatir sobre el tema que es el presupuesto, porque lo han rehuido constantemente y en este punto también.

Aquí se dieron razones técnicas de crítica al presupuesto, de cómo se conformó el presupuesto y de lo que cometió en violación a la ley el señor Secretario, yo le tomo la palabra, a ver si podemos de verás debatir el presupuesto y no como hace rato, en donde un diputado nuestro habla del artículo 8o., en materia de aduanas y le contesta otro, del artículo 2o., en materia de minas y de energía y no sé que tantas cosas, aquí se trata de debatir el presupuesto, no la demagogia señor diputado; aquí se trata de discutir en serio y con razonamientos no a ese nivel de demagogia,... el único beneficiado realmente del financiamiento privado es y ha sido el PRI constantemente con el pase de charola de 25 millones de dólares por empresario.

No nos hagamos si queremos hablar con la verdad, contésteme aquí con razones técnicas lo que yo le señalé al Secretario y lo que estoy señalando del presupuesto, no razones demagógicas y de habladas. Aquí el mismo presidente Zedillo dijo que era este financiamiento de 2 mil millones de pesos para pasar por arriba de la mesa lo que antes estaba por abajo, y esa es la verdad de lo que está sucediendo con lo del financiamiento y por eso interpusimos la acción de inconstitucionalidad, porque es para el PRI y exclusivamente para el PRI ese financiamiento, nosotros ni lo pedimos ni lo queremos.

Dice usted que fortalecer al régimen de partidos y a la democracia. Sí ustedes lo aprobaron, el día que se pueda lo vamos a hacer, claro que sí y el día que seamos mayoría también.

Yo quisiera, decía el diputado que servía para fortalecer el régimen de partidos y el régimen de partidos no se fortalece a través del dinero, se fortalece a través de la vida democrática, la que han impedido ustedes precisamente en nuestro país. No se necesita dinero para cuando hay convicción por el bien de México se actúa y se puede militar en un partido político. Yo quisiera que contestaran con argumentos sólidos y que eleváramos la calidad del debate, no venir aquí a decir cuestiones de pura demagogia sin contestar los argumentos de fondo que se presentan.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para alusiones personales el diputado José Antonio Martínez Torres, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Martínez Torres:

Gracias, señora Presidenta; compañeros diputados.

La política está sustentada en ideas, no se puede argumentar que mecánicas presupuestarias estén por encima de la idea política y la idea política es lo que verdaderamente les lastima, si la idea política fuera puro financiamiento privado, ustedes estarían echando las campanas al vuelo y estarían debilitando el régimen de partidos.

No, la idea política no es demagogia señor diputado, la idea política es el sustento de una democracia que quiere un régimen de partidos fortalecida, La mecánica, esté usted de acuerdo o no, está por debajo de la idea política y la idea política es que prevalezca el sistema de partidos para que la voluntad de los ciudadanos pueda expresarse con plena libertad y no con origenes oscuros.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo, hasta por cinco minutos.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Con su autorización, compañera Presidenta; honorable Asamblea:

Qué bueno que han metido al debate la idea política, porque es precisamente ahí donde queríamos entrar a las argumentaciones, pero yo me pregunto, ¿la idea política, la visión de Estado, se encuentra reflejada en la crisis por la que atraviesa México? ¿La idea política y el fortalecimiento de partidos, se encuentra reflejado cuando hemos vivido en un sistema de partido de Estado? ¿Esa es la concepción que tienen de la idea política y de la democracia? Hay mucho alejamiento todavía entre la democracia que vienen a argumentar aquí en la tribuna y lo que están practicando en la calle.

En realidad debemos fortalecer la idea política a través de los valores y no a través de un discurso carente de congruencia; debemos fortalecer el régimen de partidos y debemos fortalecer la democracia, pero precisamente basados en un decir y un hacer que vayan con congruencia y no solamente establecer bases en tribuna que carecen de un sustento práctico.

Yo los invito a que, efectivamente, recapaciten y vengan a argumentar aquí con ideas sólidas, pero enfrentar los problemas que actualmente existen y que no han sido ocasionados precisamente por la oposición, sino por ideas políticas llevadas a la práctica de manera distorsionada y contrarias a un régimen de partidos o un régimen democrático, como es el famoso fraude patriótico que aquí ha sido practicado durante muchas décadas, porque hemos tenido también una corrupción institucionalizada, basada precisamente en ideas políticas y eso es lo que tenemos que enfrentar ahora, ver la manera como vamos a presentar alternativas de solución, desterrando de una vez por todas la democracia, perdón, la demagogia... No, desterrando y efectivamente, desterrando la democracia como la conciben ustedes, dejando atrás la demagogia.

Y por último solamente pido...

La Presidenta:

Señor orador, le ruego suspenda... Compañero diputado, le ruego tome en cuenta que no están permitidos los diálogos.

Señor diputado, ¿acepta usted la pregunta? Tiene la palabra el diputado Carmelo Soto.

El diputado Carmelo Soto Correa (desde su curul):

Señor diputado, con todo respeto y lo respeto a usted como persona. Quiero que me responda, ¿qué entiende por desterrar la democracia?, nada más qué entiende, puede ser un lapsus y se lo acepto como lapsus, pero qué entiende por eso, se la pregunto, con respeto quiero que me la conteste.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Señor diputado, le agradezco mucho que me haya hecho esa pregunta precisamente, porque dentro de la intervención que estaba haciendo, efectivamente cometí el error de decir desterrar la democracia cuando quería decir desterrar la demagogia, que de manera institucional practican ustedes y a eso los invito, a que sean congruentes a que la concepción que tienen ustedes...

La Presidenta:

Compañero diputado Soto, le ruego guardar orden.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Si me permite, estoy contestando una pregunta, si usted quiere hacer uso de la tribuna o responder por mí, bueno, la segunda no se lo permito, la primera pídale permiso a la señora Presidenta.

Pero de todas maneras, ya para concluir, lo único que les he pedido es que destierren la demagogia y la corrupción, que desgraciadamente han tenido como idea política y que eso ha llevado al traste con el fortalecimiento de partidos y con la democracia mexicana.

Gracias.

La Presidenta:

Señor diputado Perogordo, la diputada Matilde del Mar le pregunta si puede usted dar respuesta a una interpelación.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Sí, señora Presidenta.

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Matilde del Mar.

La diputada Matilde del Mar Hidalgo y García Barna (desde su curul):

Disculpe que lo haya yo regresado. Solamente es una pequeña pregunta: ¿conoce usted la teoría del subconsciente de Freud.

Muchas gracias.

El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:

Mire, sí la conozco y desgraciadamente la han practicado muchos políticos priístas, sin darse cuenta, dentro del Gobierno.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos la diputada Consuelo Botello, hasta por cinco minutos.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Señora Presidenta; señores diputados:

No entendí muy bien la idea política de la que hablaba el diputado del PRI que nos antecedió en el uso de la palabra, pero yo no creo, no quiero pensar que la idea política o una idea política digna de ser tomada en cuenta por un partido serio, sea este presupuesto que no ayuda en nada al pueblo de México.

No quiero creer que la idea política sea haber elevado, con las formas económicas de gobernar a los pobres de México, de 14 a 40 millones.

No creo que la idea política consista simplemente en venir a expresar que se puede hacer lo que quiera y que aquí nada más se habla de financiamiento. No señores, ¿acaso la idea política es venir como ustedes vinieron hace dos años, a decir que los Tesobonos no eran deuda externa, que se pagarían en pesitos?, y son los que tienen a este país en esta tremenda crisis desde diciembre de 1994.

Si ésa es la idea política, pues ésa es la idea política de ustedes, no es la nuestra. Somos un partido político serio, quizá por eso estamos en la oposición, porque nuestra idea política es muy diferente, es un proyecto de nación donde hay mucho más justicia, igualdad y equidad para todos los mexicanos, por eso estamos aquí y por eso defendemos deveras nuestra idea política auténtica.

La Presidenta:

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutidos.

La Presidenta:

Esta soberanía autorizó la votación en un solo acto en lo general y en lo particular de este dictamen, por economía procesal, se propone se incluyan en la votación las modificaciones derivadas de los artículos reservados.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que la votación, en un solo acto, sea en lo general, en lo particular y de las propuestas.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se autoriza que las tres votaciones sean en un solo acto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza que las tres votaciones, sean en un solo acto.

La Presidenta:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las modificaciones, en un solo acto.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Se va a recoger la votación nominal en lo general, en lo particular y de las modificaciones, en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron en lo general y en lo particular, y por la propuesta de la comisión, 277 votos en pro y 105 votos en contra y por las propuestas del Partido Acción Nacional.

La Presidenta:

Aprobado en lo general y en lo particular por 277 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997.

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

COMISION PERMANENTE

La Presidenta:

De conformidad con los dispuesto por el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.

Se suplica a los diputados pasen a depositar la cédula al escuchar su nombre.

El secretario Juan Manuel Pérez Corona:

(Votación.)

Se va a dar el resultado:

321 a favor de la planilla propuesta y tres diversos.

Se emitieron 321 votos por la cédula de los diputados: Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, María del Rosario Guerra Díaz, Ignacio González Rebolledo, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Miguel Angel Islas Chío, Jesús Esquinca Gurusquieta, Sergio Ramírez Vargas, Armando Ballinas Mayes, Carlos Chaurard Arzate, Armando Gamboa Enríquez, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco José Peniche y Bolio, Manuel Beristáin Gómez, Alejandro González Alcocer, Pedro René Etienne Llano, Amado Jesús Cruz Malpica, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

Diputados sustitutos: Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, María Lucero Saldaña Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Jesús Rodríguez y Rodríguez, José Ramírez Gamero, Primo Rivera Torres, Regina Reyes Retana Márquez, Eustaquio de León Contreras, Ernesto Luque Feregrino, Juan Manuel Cruz Acevedo, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Armando Salinas Torres, Manuel Espino Barrientos, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Jorge Urdapilleta Núñez, Leticia Burgos Ochoa, Ana Lilia Zepeda de León, Ifigenia Martínez Hernández y Alejandro Moreno Berry.

La Presidenta:

En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el Primer Receso del Tercer año de Ejercicio de la LVI Legislatura, los siguientes diputados: Humberto Roque Villanueva, Juan José Osorio Palacios, María del Rosario Guerra Díaz, Ignacio González Rebolledo, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Miguel Angel Islas Chío, Jesús Esquinca Gurusquieta, Sergio Ramírez Vargas, Armando Ballinas Mayes, Carlos Chaurard Arzate, Armando Gamboa Enríquez, Ricardo García Cervantes, Francisco José Peniche y Bolio, Manuel Beristáin Gómez, Alejandro González Alcocer, Pedro Etienne Llano, Amado Jesús Cruz Malpica, Ramón Sosamontes Herreramoro y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

Diputados sustitutos: Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, María Lucero Saldaña Pérez, Eric Luis Rubio Barthell, Jesús Rodríguez y Rodríguez, José Ramírez Gamero, Primo Rivera Torres, Regina Reyes Retana Márquez, Eustaquio de León Contreras, Ernesto Luque Feregrino, Juan Manuel Cruz Acevedo, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Armando Salinas Torres, Manuel Espino Barrientos, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Jorge Urdapilleta Núñez, Leticia Burgos Ochoa, Ana Lilia Zepeda de León, Ifigenia Martínez Hernández y Alejandro Moreno Berry.

La Presidenta:

Se acaba de recibir un oficio de la Cámara de Senadores y una propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con dichos documentos.

CAMARA DE SENADORES

El secretario José Luis Martínez Alvarez:

«Escudo Nacional.- Cámara de Senadores.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.

Tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, se eligieron por parte de esta Cámara de Senadores los integrantes de la Comisión Permanente que funcionará en el Primer Receso del Tercer año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en la siguiente forma:

Propietarios senadores: Amador Rodríguez Lozano, Sami David David, Angel Sergio Guerrero Mier, Artemio Iglesias Miramontes, José Trinidad Lanz Cárdenas, Ricardo Monreal Avila, Melquiades Morales Flores, Carlos Sales Gutiérrez, Salvador Sánchez Vázquez, Israel Soberanis Nogueda, Guillermo Ulloa Carreón, José Antonio Valdivia, Luis González Pintor, Pedro Macías de Lara, Benito Rosell Isaac, Rosendo Villarreal Dávila, Félix Salgado Macedonio y Guillermo del Río Ortegón.

Sustitutos senadores: Antonio Manríquez Guluarte, Manuel Medellín Milán, Raúl Juárez Valencia, Angel Ventura Valle, Serafín Romero Ixtlapale, Emma Mondragón Navarrete, Judith Murguía Corral, Rodolfo Becerril Straffon, Cirila Sánchez Mendoza, Mario Vargas Aguiar, Samuel Aguilar Solís, Manuel Montalvo Medellín, Javier Alvarado Ibares, Carmen Bolado del Real, Raúl Durán Reveles, Emilio Goicoechea Luna, Ernesto Navarro González y Auldarico Hernández Gerónimo.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, D.F., a 11 de diciembre de 1996.- Senadores secretarios: Angel Ventura Valle y Emilio Goicoechea Luna.»

De enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

El secretario Carlos Núñez Hurtado:

Honorable Asamblea: la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos: 42, 45, 46, 47 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la honorable Asamblea, a los siguientes diputados para adecuar las comisiones y comités para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.

Comisión de Vivienda: ingresa como secretario en sustitución del diputado Gerardo Ordaz Moreno el diputado Israel R. Ledezma Magaña e ingresan los diputados Javier Pineda Serino en sustitución del diputado Netzahualcóyotl de la Vega García, el diputado Antonio Medina Ojeda en sustitución del diputado Marco A. Michel Díaz y el diputado Rubén Martínez Got en sustitución del diputado Javier Viniegra Zubiria.

Comisión de Reforma Agraria: ingresa el diputado Gerardo Ordaz Moreno en sustitución del diputado Israel R. Ledezma Magaña.

Comisión de Comercio: el diputado Netzahualcóyotl de la Vega García sustituye al diputado Javier Pineda y Serino.

Comisión de Ecología: el diputado Rubén Martínez Got ingresa en sustitución del diputado Gonzalo Alarcón Bárcena.

Comisión de Seguridad Social: el diputado Marco A. Michel Díaz sustituye al diputado Antonio Medina Ojeda.

Comisión de Justicia: el diputado José Francisco Lozada Chávez sustituye al diputado Martín Velez Valdez.

Comisión de Derechos Humanos: el diputado José Francisco Lozada Chávez sustituye al diputado Martín Velez Valdez.

Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas: el diputado José Francisco Lozada Chávez sustituye al diputado Martín Velez Valdez.

Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial: el diputado Roberto M. Flores González sustituye al diputado Enrique Gasca Miranda.

Comisión del D.F.: el diputado Roberto M. Flores González sustituye al diputado Enrique Gasca Miranda y el diputado Armando Salinas Torre sustituye al diputado Javier Viniegra Zubiria.

Comisión de Apoyo a Discapacitados: el diputado Armando Salinas Torre sustituye al diputado José Arturo Quiroz Presa.

Comisión de Radio Televisión y Cinematografía: el diputado José Arturo Quiroz Presa sustituye al diputado Gonzalo Alarcón Bárcena.

Comisión Especial de Medios de Comunicación: el diputado José Arturo Quiroz Presa sustituye al diputado Gonzalo Alarcón Bárcena.

Atentamente.

México, D.F., a 11 de diciembre de 1996.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del PAN; Pedro Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares V., José Ramírez Gamero y María del Rosario Guerra D.»

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS

El secretario Carlos Núñez Hurtado:

«Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

En los términos de la fracción II del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política que suscribe, se permite proponer a esta Asamblea el nombramiento del diputado Ignacio González Rebolledo como secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de diciembre de 1996.- Diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo García Cervantes, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.; Pedro René Etienne Llano, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Juan José Osorio Palacios, Héctor Hugo Olivares Ventura, María del Rosario Guerra Díaz y José Ramírez Gamero.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban ambas proposiciones.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

COMISION DE COMUNICACION SOCIAL

El secretario Juan Manuel Pérez Corona:

«Punto de acuerdo que suscriben los diputados de las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, en su LVI Legislatura, integrantes de la Comisión Especial de Comunicación Social.

ANTECEDENTES

Primero. En el marco de la reforma política del Estado, fue creada, por resolución del pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Comunicación Social, el 28 de enero de 1995, con el mandato fundamental de recoger opiniones y propuestas de ciudadanos, trabajadores y empresarios de los medios; académicos e investigadores; servidores públicos; legisladores; organizaciones sociales; instituciones educativas y partidos políticos con el fin de analizar, revisar y, en su caso, emprender las reformas que, en su momento, se considerara pertinente impulsar en el marco legal vigente en la materia.

Segundo. Con el fin de cumplir con los propósitos para los que fue creada, la comisión se dio a la tarea de realizar un amplio proceso de consulta, derivado de lo cual se realizaron 10 foros regionales de consulta pública en la materia, en igual número de ciudades sedes, durante los meses de junio y julio del año pasado, recogiendo un rico bagaje de propuestas y opiniones, que se expresan en 5 mil 093 cuartillas, correspondientes a 646 ponencias y 2 mil 908 propuestas.

Tercero. Durante la segunda etapa de los trabajos, se han venido realizando audiencias públicas y privadas con los diversos sectores de la sociedad vinculados al ámbito de la comunicación social. El programa de trabajo ha sido intenso, lográndose la participación en procesos que buscan concluir en propuestas legislativas, como fue el caso de los derechos del autor. Otros proyectos fueron presentados, y algunos adicionales están por recibirse, de manera que materias como la Ley Federal de Cinematografía, Ley del Libro, Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. constitucionales, Ley de Publicidad y Ley General de Informática, sean desahogadas en la presente legislatura.

Cuarto. Hemos resuelto continuar con el esfuerzo de trabajo hasta ahora mantenido y para ello se expresan los aspectos que ordenan la agenda de actividades de la comisión, de cara al periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LVI Legislatura, comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 1997, para lo que presentamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Reiteramos que nuestro compromiso de trabajo pretende presentar propuestas, en su caso, de iniciativas de carácter legislativo en materia de comunicación social, construidas con base en el acuerdo de los partidos políticos y con el conocimiento y las aportaciones de los grupos involucrados en cada una de ellas. Bajo esa premisa, es el compromiso presentar a la consideración del pleno para el turno de dictamen y análisis respectivo, iniciativas capaces de expresar el acervo de acuerdos alcanzados por la comisión para que puedan ser objeto de normas y disposiciones que les otorgue plena expresión jurídica.

Segundo. Asumimos el compromiso de acelerar los trabajos conducentes a ello y hacer del conocimiento las propuestas correspondientes a los grupos interesados, de manera tal que las iniciativas puedan ser presentadas con el soporte del amplio consenso social que las respalde.

Recinto del Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 1996.- La Comisión Paritoria de la Comisión Especial de Comunicación Social.- Por el Partido Revolucionario Institucional.- Diputados: Víctor Samuel Palma, Netzahualcóyotl de la Vega García; por el Partido Acción Nacional: María Teresa Gómez Mont y Urueta, Rafael Ayala López; por el Partido de la Revolución Democrática: Ana Lilia Cépeda de León, Marco A. Rascón Córdova y por el Partido del Trabajo: José Narro Céspedes.»

COMISIONES PROTOCOLARIAS

La Presidenta:

La mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las siguientes comisiones protocolarias.

Para participar que la Cámara de Diputados cerró su primer periodo ordinario de sesiones del primer periodo del tercer año de ejercicio de la LVI Legislatura.

Al Presidente de la República: los integrantes de la mesa directiva y los siguientes diputados: Netzahualcóyotl de la Vega García, Roberto Campa Cifrián, Ernesto Luque Feregrino, Pedro René Etienne Llano, Alberto Anaya Gutiérrez, Saúl González Herrera, Javier Pineda y Serino, Javier González Garza, Joaquín Cisneros Hernández, Jorge Armando Meade Ocaranza, Manuel Hinojosa Juárez, Gerardo Flores González, Martín Montaño Arteaga, Regina Reyes Retana Márquez, Horacio Pereznegrón Pereznegrón, Leticia Camero Gómez, Ernesto Trelles Iruretagoyena, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Jorge Roberto Arreola Arreola, Mario Alberto Valdés Berlanga, Pascual Ramírez Córdova, Rafael Ruvalcaba León, Edgar Román Benítez Gálvez, Mario de la Torre Hernández y Gustavo Cárdenas Monroy.

Para informar a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, los siguientes diputados: José Castelazo y de los Angeles, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Aurelio Marín Huazo, Amado Cruz Malpica, Servando Díaz Suárez, Mario González Luna Mendoza, Claudia Esqueda Llanes, Ezequiel Flores Rodríguez, Enrique Ramos Rodríguez, Antonio Tenorio Adame, Filemón Ramírez Pérez, Alfonso Garzón Santibáñez, Jorge Wade González, Mónica Leñero Alvarez, Eustaquio de León Contreras, Fernando González Achem, Baruc Efraín Alavez Mendoza y, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez Para informar a la Honorable Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los siguientes diputados: Carlos Rubén Calderón y Cecilio, Adolfo Ramón Flores Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ramón Sosamontes Herreramoro, Armando Quintero Martínez, Florentino Castro López, Virginia Hernández Hernández, Graciela Rojas Cruz, Fernando Salgado Delgado, Oscar González Yáñez, Rogelio Zamora Barradas, María Concepción Huerta Salgado, Héctor San Román Arreaga, Ana María Adelina Licona Spínola, Roberto Alvarez Salgado, Heriberto Santana Rubio, Marina Blanco Casco y Limbert Oswaldo Ponce Duarte.

LEY DE CULTURA Y DERECHOS INDIGENAS

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a las conversaciones entre el Gobierno de la República, el EZLN y la Cocopa, en torno a la iniciativa de Ley de Cultura y Derechos Indígenas.

El diputado César Raúl Ojeda Zubieta:

Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Hoy más que nunca nos encontramos frente a un momento definitivo en el parteaguas de la reconciliación entre el México antiguo, rural y olvidado y el país moderno, urbano y segregativo.

Desde hace casi tres años la irrupción de la guerrilla armada en Chiapas, levantó, sobre nuestros rostros, la desesperanza y el dolor de los mexicanos más pobres e incorporó a nuestra agenda política de fin de milenio las más anejas demandas de quienes son, no lo olvidemos, los fundadores originales de la nación.

A contrapelo de tantas advertencias que generó el llamado pensamiento indigenista mexicano, que incluso transformó sus ideas en políticas de gobierno, los indios no han sido tratados como los semejantes tan próximos y queridos como solemos tantas veces presumir en el discurso político; son, recordemos, nuestros hermanos origen y espejo, carencia y reto de los avatares que hemos vivido y viviremos como nación que aspira a la soberanía, dignidad y respeto ante un mundo cada vez más complejo, inequitativo e insuficiente.

Valgan estas reflexiones cuando estamos tan cerca de atravesar en definitiva el cruce histórico que nos llevará a la paz y la concordia o a la desigualdad y el retraso político.

El proceso de negociación en Chiapas ha sido uno de los más significados e ilustrativos ejemplos de la manera en que la política democrática es la más útil para desenredar los más agudos problemas de un país en desarrollo.

El método democrático, la discusión abierta y la tolerancia de las partes son los procedimientos idóneos para resolver los grandes problemas de la nación.

Tantas veces la población había levantado su voz para reclamar una atención digna y efectiva, tantas ocasiones los marginados habían exigido solución a sus más elementales carencias, tantas luchas que los olvidados habían dado por sus justas reivindicaciones y la respuesta de regímenes insensibles fue la posposición de sus derechos, la simulación de soluciones o la argumentación de la imposibilidad técnica de sus peticiones.

Hoy no obstante, la negociación con la guerrilla chiapaneca nos permite aproximarnos a una verdad que de perogrullo es subestimada; con el diálogo toda inconformidad encuentra salida.

Este proceso ha confirmado que la fórmula que combina el diálogo con la justicia y la ley, con el consenso, la apertura con la firmeza, es la mejor para dar solución eficaz hasta para el problema social más complejo.

En medio de posiciones contrapuestas a veces extremas, podemos apreciar ya que es factible conciliar a las partes de un conflicto por medio de la negociación clara y legítima. Aún cuando la guerrilla usara estrategias de las que muchos podríamos discrepar, que son inapropiadas en una contienda normal y civilizada, la participación conjunta del EZLN, la sociedad, la representación gubernamental y del Legislativo, lograron elevar a rango nacional la discusión sobre los derechos de los indios.

Tan acostumbrados como estamos a que la actitud hacia el mundo indígena se basara en el paternalismo y en la derrama presupuestal a través de instancias que más que dar autonomía, acaban mediatizando la voz de los pueblos, nos pareció extraordinario que una guerrilla se sentara a la mesa de negociaciones con el Gobierno Federal.

Por extraño que hubiera parecido, la negociación entre el EZLN y el Gobierno, nos lleva al sencillo hecho de que por más complejo que sea un problema social, su arreglo puede conducirse por el camino de la ley justa, el trato digno y la voluntad para el acuerdo.

Fue tan complejo el reto político que planteó el asunto chiapaneco, que se hizo indispensable la intervención amplia del Poder Legislativo, medida que resulta natural en un régimen democrático, cuando se tiene en cuenta que los legisladores son la expresión más directa y colectiva de los mandatos ciudadanos.

La Comisión de Concordia y Pacificación que formó la LVI Legislatura el Congreso de la Unión, cumple con el papel que la historia y la civilización le han otorgado a las instituciones parlamentarias ser mecanismos de equilibrios de poderes y de moderación de fuerzas.

Los integrantes de la cámara, entre otros motivos de recuerdo, tendremos la satisfacción de haber sido compañeros de viaje de una gran lid por la justicia.

Los mexicanos podemos calificar como una perspectiva positiva, el que aun el problema más profundo, como la inocultable deuda que tiene la nación con los pueblos indígenas, tenga solución en el marco de la participación y la disposición plena de las partes involucradas. Hay que destacar este punto porque la evolución del problema nos hizo avanzar del escepticismo generalizado, en tanto que una guerrilla no pertenecía a los cánones de un país moderno y en crecimiento, al optimismo razonado de que el cambio en México no puede realizarse sin la participación y la orientación de las fuerzas de la sociedad civil.

Podemos sentirnos estimulados porque la transición democrática no se desenvuelve en forma exclusiva en el coto cerrado de las estructuras de Gobierno y de los partidos, sino también en el corazón y la energía cotidiana de una población cada vez más crítica y reclamante.

Con la intervención de las agrupaciones ciudadanas y de la opinión pública, el entorno de las negociaciones siempre fue y será un espacio vigilado, lo que permite la corrección permanente de las decisiones políticas que se han tomado en relación con el proceso de paz.

"Primero fue la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y ahora, la inminente Ley para la Cultura y Derechos de los Indígenas que muestran que el estado de derecho y la política democrática son el binomio que nos pueden dar respuesta efectiva a las grandes demandas de justicia social en México. En este sentido, el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo está a la puerta de un logro que mucho será de todos los mexicanos.

El mérito que traería la firma de consenso de la mencionada Ley, no sería para un solo ganador, sino para la nación. Si hubiera perdedor, en el remoto caso de que intereses contrarios pusieran freno a este largo proceso, entonces los perjudicados seríamos todos.

Por todas estas razones, son muy claros los beneficios y los riesgos que rodean a la parte final de la negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN.

Recientemente se han señalado a intereses que pretenden introducir factores e incertidumbres que redundarían en el alargamiento innecesario del problema chiapaneco. Esto no debe ser cierto. Sería injusto demeritar el largo esfuerzo de entendimiento de las partes.

México, insisto, ya no requiere la vuelta a los tiempos de la simulación de soluciones ni de la coptación de las luchas ciudadanas. Un regreso hacia esas épocas, representaría un serio retroceso en la transición a la plena democracia y una gran frustración histórica.

Nadie tiene licencia ni política ni ideológica de resquebrajar este extraordinario esfuerzo y es por ello que debemos fortalecer la manifiesta voluntad del Presidente de la República de llegar a un arreglo de consenso y de poner fin a los conflictos de manera legal y razonada. De esta forma es alentadora la actitud del jefe del Ejecutivo al responder que una propuesta de esta naturaleza que será de enorme repercusión para el futuro nacional, sea sujeta a un análisis final que le otorgue la firmeza constitucional que amerita.

Una ley con diseño de consenso, como ya viene, implicaría un triunfo histórico para los mexicanos y un avance que distinguiría a la administración del presidente Zedillo.

Compañeros diputados: El tiempo de la paz digna y justa, es el único que nos brindará expectativas de luchar con éxito en contra de la desigualdad y la desesperanza. El ambiente de discordia y sospechas sólo nos traería enfrentamiento social y la agudización de las diferencias.

Los convoco a que tengamos en cuenta que el único futuro promisorio para la nación, pasa por la atención plena de las demandas de los pueblos indígenas. Su lucha es la de la justicia y la dignidad que merece todo ser humano, sin distinción de ideologías, razas o religiones. Rechacemos el camino de las desafortunadas y sangrientas experiencias que han vivido países de Europa del Este, de Medio Oriente y de la región Centroamericana, que han librado batallas en contra de sí mismos, impulsados por fundamentalismos obsoletos y por las desconfianzas en sus instituciones.

Potenciemos el ambiente de la negociación y de franqueza de miras que han sabido impulsar los integrantes de la Cocopa, compañeros nuestros y respaldemos la actitud de solución abierta y digna que ha mostrado la Presidencia de la República.

Concretemos el adelanto democrático por el que tanto hemos luchado y pugnemos por un tiempo de justicia, paz y bienestar para todos.

Muchas gracias, compañeros. Feliz navidad y feliz año.

La Presidenta:

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Gracias, diputada, compañeras y compañeros:

Quisiera comenzar esta breve intervención haciendo unas reflexiones. Cuando llegamos aquí, ya casi hace tres años, había quienes presumían que esta sería la legislatura de la gran reforma del Estado. Con el devenir del tiempo se habló de que seríamos la legislatura de la reforma electoral y sin darnos cuenta, con ese gran ejemplo que ha significado la Cocopa, creo que en realidad lo que estamos siendo es la legislatura de la equidad.

¿Por qué lo digo? Lo digo porque la realidad terca obligó a todos a integrar una instancia legislativa equilibrada que logró la rotación en la vocería, que logró el consenso como método de trabajo y que conquistó la autoridad moral por estar siempre presente entre todos ellos el interés superior de la nación, que en este caso es la paz con dignidad para todos y a la cual llamó el grito desesperado de los pueblos indios.

Nada que nosotros podamos experimentar en este recinto, creo que puede compararse con el logro que sería ese regalo de fin de año, si en un periodo extraordinario aprobáramos esa Ley de Cultura y Derechos de los Pueblos Indios.

Junto con nuestros compañeros legisladores, junto con Heberto Castillo que lo ha escrito, deseamos que la gran noticia de paz sea el mejor regalo para el pueblo de México.

Señora Presidenta: quiero también congratularme porque sea una mujer la que cierre este periodo ordinario de sesiones presidiendo nuestra Cámara y en nombre del Partido de la Revolución Democrática para todas mis compañeras y compañeros diputados los mejores deseos.

CUMBRE MUNDIAL DE LA ALIMENTACION

La Presidenta:

Para hablar sobre la Cumbre Mundial de la Alimentación, tiene la palabra el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:

Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

«Los diputados abajo firmantes y los asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y participantes en la reunión de parlamentarios en ocasión de la cumbre, formulamos esta declaración reconociendo la importancia del problema alimentario y la relevancia de los compromisos asumidos para combatirlos por el conjunto de naciones presentes en la cumbre.

Es muy preocupante la situación de malnutrición y desnutrición crónicas que padecen cerca de 800 millones de personas en todo el mundo, en especial en los países en desarrollo.

Es intolerable que casi 200 millones de niños, menores de cinco años, sufran deficiencias proteínicas y energéticas que irremediablemente amenazan su futuro.

Es evidente que esta realidad atenta contra el más elemental de los derechos humanos, que es una enfermedad social y una amenaza a la democracia.

Estas fueron importantes coincidencias durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

En las raíces de la inseguridad alimentaria está la pobreza, que debe ser erradicada si queremos lograr el objetivo esencial adoptado en la cumbre, que es indispensable, que es disponer de alimentos para todos. La inseguridad alimentaria tiene múltiples causas físicas, geográficas, políticas y económicas que se interincluyen. Por tanto, combatir el hambre eficazmente exige un enfoque múltiple y programas adecuados que atiendan a la mejoría de todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Esta incluye elevar la producción agropecuaria, mejorar el procesamiento industrial y garantizar accesibilidad física y económica de los alimentos a través de una comercialización eficiente y de una distribución equitativa.

Es indispensable incrementar el volumen y la eficiencia en la producción primaria como elemento clave para asegurar una oferta adecuada de alimentos. Tal oferta debe ser mantenida a precios accesibles en todo el mundo, pero especialmente en aquellos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

El combate contra el hambre exige la adopción de políticas económicas y sociales que reconozcan prioridad a la producción agropecuaria y en general, que propicie una mejoría en la ocupación y en los ingresos de la población más pobre.

Las políticas deben tender a eliminar la desigualdad y la pobreza, así como a mejorar el acceso físico y económico a los alimentos en todo momento. Tales políticas deberán también promover una asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas, con énfasis en el aliento a los sectores que influyen positivamente en la cadena alimentaria.

Es indispensable que la comunidad de naciones adopte mecanismos eficientes para garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y, en particular, el acceso adecuado de los más pobres y la constitución de reservas suficientes.

Lograr seguridad alimentaria requiere, por supuesto, que cada país le asigne la prioridad y el esfuerzo que amerita, pero necesita también de una acción sostenida a nivel internacional en un espíritu de cooperación y solidaridad entre las naciones, con la debida consideración a las diferencias entre los niveles de desarrollo.

Combatir el hambre y la pobreza no puede ser responsabilidad sólo de los gobiernos, es una tarea enorme en la que es indispensable involucrar y así lo señala la declaración y el plan de acción de la cumbre, a todos los sectores de la sociedad.

Resulta imprescindible lograr la más amplia movilización de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y las más diversas entidades del sector privado, para lograr una mejoría en el acceso a los alimentos para todos.

Los legisladores mexicanos compartimos lo expresado en la reunión celebrada en el marco de la Unión Interparlamentaria Mundial y el parlamento italiano en ocasión de la cumbre, en el sentido de que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de una dieta adecuada, sana y bien balanceada. Por tanto, apoyamos la declaración en la que los parlamentarios asumen los compromisos adoptados en la cumbre.

De la misma manera compartimos el llamado a promover la participación plena de las mujeres en condiciones de equidad con los hombres en toda la cadena de producción, distribución y comercialización y consumo de alimentos, como condición indispensable para erradicar pobreza, hambre y desnutrición crónica en el orbe.

Por lo anterior, reiteramos nuestro apoyo a la declaración de Roma sobre seguridad alimentaria mundial y respaldamos el plan de acción adoptados por la cumbre.

Nos comprometemos a trabajar en el diseño de estrategias que contribuyan al seguimiento de sus resultados dentro de nuestro país y en colaboración con otros parlamentos o congresos. Igualmente nos comprometemos a promover la efectiva aplicación de los compromisos de la cumbre en nuestro ámbito parlamentario y en particular a:

Analizar y promover, en su caso, modificaciones legislativas que contribuyan a lograr el derecho a la alimentación.

Asegurar que las actividades esenciales para la seguridad alimentaria tengan un marco legislativo que propicie su desarrollo con respecto al medio ambiente.

Procurar que los sectores esenciales para la seguridad alimentaria, especialmente el agropecuario, reciban la mayor prioridad en la asignación de recursos públicos, incluyendo la asistencia oficial para el desarrollo.

Evaluar que los recursos sean usados eficazmente.Demandar a los distintos niveles de Gobierno adoptar políticas económicas y sociales congruentes con los principios y compromisos de la cumbre.

Hacer esfuerzos para corregir errores de política y combatir desviaciones que propicien iniquidad alimentaria.

Comprometer nuestra responsabilidad como representantes populares a colaborar en la movilización y potencialización de las capacidades de la sociedad en el máximo aprovechamiento de los recursos de sectores privados y organizaciones sociales para aportar al logro de los objetivos alimentarios; promover la cooperación internacional en todas sus formas para lograr los objetivos alimentarios propuestos. Por último, expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la FAO por su convocatoria y auspicio para celebrar la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en la que se plantearon estrategias y se adoptaron compromisos de las naciones para enfrentar con prioridad el problema alimentario mundial.

En consecuencia, manifestamos nuestro convencimiento de que la Comunidad Internacional, especialmente los organismos financieros, deben propiciar más y mejores apoyos para continuar y ampliar las tareas en beneficio del derecho a la alimentación para todos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 11 días del mes de diciembre.- Los diputados: Alfonso Solórzano, Leticia Burgos Ochoa, Margarita Villanueva, José Antonio Catalán, Jorge Urdapilleta, Abel García Ramírez, Rafael Ceballos, Luis Fernando González Achem, Ismael Hernández Deras, Eric Villanueva y Gloria Sánchez.»

Muchas gracias.

BORREGO CIMARRON

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Franciscana Krauss Velarde, del PRI, para hablar del borrego cimarrón.

La diputada Franciscana Krauss Velarde:

Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:

Para los bajacalifornianos la recia y hermosa figura del borrego cimarrón, especie única y en peligro de extinción cuyo habitat se encuentra principalmente en nuestro Estado, es parte del orgullo bajacaliforniano por nuestros recursos naturales; es también símbolo de la Universidad Autónoma de Baja California, hemos sido enterados, al igual que el resto de los bajacalifornianos, que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca pretende otorgar permisos para la cacería de tan preciado animal.

Durante años, diversos grupos han dado la batalla para que esto se evite preservando así esta especie.

Por todo lo anterior, es que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exija a Semarnap el no otorgamiento de permisos para la cacería del borrego cimarrón.

Y firman el siguiente dicho documento, los diputados: Martina Montenegro, Rodrigo Robledo, Franciscana Krauss Velarde, Alfonso Garzón, Luis Sánchez Aguilar, Juan José Osorio, Augusto Gómez Villanueva, José Luis Flores Mendez, Daniel Quintero Peña y Lucero Saldaña.

Es cuanto, señora Presidenta, gracias.

La Presidenta:

Túrnese a la Comisión correspondiente.

Tiene la palabra el diputado Rodrigo Robledo Silva, del PAN.

El diputo Rodrigo Robledo Silva:

Con la venia de la Presidencia:

Indudablemente que lo que la diputada Franciscana Krauss ha expresado en estos minutos nos permite reflexionar acerca de un recurso que a medida de sus pérdidas en México, en el territorio nacional y que Sonora, Baja California y Baja California Sur mantienen este recurso en cuanto a que se está perdiendo como una especie de riesgo, quiero recordarle al pleno de esta Cámara de Diputados que en el año de 1989, en el mes de noviembre, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari decretó una veda temporal para que este recurso no fuera cazado indiscriminadamente o con permisos de orden de Gobierno.

A partir de esta veda temporal que se suscitó en ese año de 1989, permite, pues, que a las autoridades locales, particularmente a la Universidad Autónoma de Baja California como la propia Sedue en aquél tiempo, ahora Semarnap debiesen integran un expediente de censos poblacionales de este recurso, de tal manera que este estudio no se ha complementado para poder determinar cuántos animales de ésta especie existen en la sierra de Baja California, de tal suerte que esta preocupación que nos aterra, el haber notificado de parte de la membresía y de la sociedad y de la misma autoridad de Baja California el que se han otorgado tres permisos para la caza de este recurso que es el borrego cimarrón, pues nos pone un estado de alerta en relación de que no se ha determinado un censo poblacional de esta especie, de tal suerte, que nosotros aprobamos y estamos de acuerdo con lo expresado por la diputada Franciscana Krauss y además invitamos a la Semarnap, en este caso a la maestra Julia Carabias, a que nos explique qué es lo que está sucediendo con este informe de actividades que pueda presentar a esta Cámara de Diputados en cuanto a que se determine exactamente cuántos animales existen en la sierra de Baja California, de Sonora y de Baja California Sur.

Le agradecemos, la Presidencia que nos haya permitido expresar estos argumentos.

Muy amables.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para hablar sobre la intervención del general Brian Mac Caffrey en asuntos internos de México.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:

En los últimos días han ocurrido dos hechos convergentes en la escena internacional. El primero, porque el general Brian Mac Caffrey vino de Estados Unidos a dar instrucciones; el segundo, porque Ernesto Zedillo Ponce de León, encargado del Ejecutivo, fue a los Estados Unidos a recibirlas.

Zedillo Ponce de León, tras un permiso obtenido aquí como consecuencia de un albazo nocturno que no fue impedido por nuestro compañero diputado Saúl González Herrera, es su Comisión la de Gobernación y Puntos Constitucionales la que debió oponerse en un dictamen fundamentado a ese viaje, porque ese viaje era innecesario, no era una visita de Estado, no era una visita oficial, era para todos los efectos, uno más de los viajes de turismo político que suele hacer el encargado del Ejecutivo Federal.

Resulta que el tal Gurría, de la cancillería, el famoso angel de la dependencia, convenció a Zedillo Ponce de León de que viajar mucho es sinónimo de ser buen estadista y así el señor de Los Pinos busca cualquier pretexto para ausentarse del país en todo momento y así compañeras y compañeros diputados, en los últimos 45 días ha estado ausente 30 de ellos.

¿A qué fue Zedillo? Literalmente fue a una cena entre cuates. La red Internet nos envía esta sensacional fotografía del señor Zedillo en el acto estelar de su visita a New York y quiero hacerles notar que, bueno, está muy elegante, smoking, como dirían los modistos, de pingüino, muy mono, pero aquí en el letrero no dice la White House, no estuvo en la Casa Blanca, tampoco dice Capitol Hill, no, no dice que sea la OEA ni dice que sean las Naciones Unidas, fue a reunirse con Rockefeller, con Hennesy Most Baher, esos individuos que controlan las transnacionales y el comercio exterior de los Estados Unidos.

¿Por qué se reúne con ellos? Porque lo mandaron llamar, le pidieron cuentas, porque resulta que estos señores del consejo de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior, ojo, es la Anierm de allá, brincos dieran como dicen los jóvenes, que la Anierm de aquí tuviera el honor de la visita presidencial, pero los de la Anierm gringa lograron que el encargado del Ejecutivo fuera a informar para definir estrategias por la inminente revisión del Tratado de Libre Comercio en aquel país.

Y mientras el doctor Zedillo va a realizar aquel triste papel, el general Mc Caffrey viene aquí a una acción estelar.

Primero quién es Mc Caffrey. Este es un general del ejército norteamericano que procede directamente del comando sur con sede en Panamá, ahí donde operó la escuela de asesinos conocida como la Escuela de las Américas, institución educativa superior, pero especializada en terrorismo, crimen político, espionaje, desestabilización y golpe de Estado.

Con ese curriculum vite notable es que Clinton lo nombra nuevo jefe para el combate al narcotráfico, se le conoce como el zar de las drogas.

Pero, la última encomienda para el señor Mc Caffrey es llevar adelante el operativo transnacional Cóndor II. Hace menos de ocho días denunciamos en esta tribuna que el señor Zedillo en otro viaje a la Argentina, hace menos de un mes, firmó con su colega Menem los nuevos protocolos so pretexto de crimen organizado, para que al operativo Cóndor II se le denomina segunda época porque ya existió la Cóndor I, no se trata de la operación Cóndor de Sinaloa, la guerra sucia de los años setenta en el cono sur tuvo un operativo con ese nombre que permitió a los dictadores perseguir por doquier, en el hemisferio boreal, lo mismo que en el austral, a la disidencia política. Con esos mecanismos, el dictador Pinochet Ugarte ultimó a Letelier en Washington.

Cuáles son las acciones que viene a supervisar, porque como todo militar, en términos castrenses, va a implementar operaciones combinadas, las militares como el manejo de los helicópteros artillados Bell y Well; el crimen organizado, que supuestamente es sólo el narcotráfico, con las técnicas que su agencia diseña y ejecuta en todo el mundo, pero hay un tercer objetivo y aunque no se hace evidente, se trasluce en sus declaraciones: viene a combatir también el tráfico de armas y según ellos, las armas las trafican no sólo los narcos, sino los guerrilleros, los rebeldes, los insurgentes o los transgresores de la ley, pero ahí hay ya connotaciones ideológicas, porque muchos compatriotas que han visto la imposibilidad de insertarse en el contexto político, que no encuentran salida a su hambre y sed de justicia, han optado por el camino de la montaña, y eso preocupa terriblemente a Bryan Mc Caffrey y el nuevo jefe de la Defensa, Mr. Cohen, secretario de la Defensa designado, ya aclaró el panorama de la Cóndor II. Agregó: "no toleraremos en ningún punto del hemisferio el movimiento terrorista, con lo que esto pueda significar" y terrorista son o somos todos los que nos oponemos a los designios privatistas, al modelo neoliberal, a la concentración de la riqueza, a la promoción del desarrollo rural y todos los que pedirnos una transición a la democracia no pactada.

Ya el embajador Jones elogió las tareas del grupo de contacto de alto nivel, así se denomina la entidad que reúne a militares mexicanos con Mc Caffrey, a policías mexicanos con Mc Caffrey, y tienen un nuevo alumno, por cierto muy aventajado, el señor Procurador Madrazo, porque éste ya dijo que en efecto, hay que implementar nuevos mecanismos para hacer frente a todas las formas del crimen organizado y al decir todas, ha incluido los movimientos sociales, ha incluido la lucha de los disidentes políticos y no se trata solamente de combatir bandas como la de Caro Quintero o don Neto.

Pero el asunto de fondo aquí es muy evidente: ¿qué diablos tiene que hacer McCaffrey viniendo a México a darnos instrucciones? ¿Qué no es ésta una nación soberana? ¿Qué nuestro ejército no defiende las instituciones de la República? ¿Qué este Congreso no defiende la independencia de la nación? ¿Cómo podemos tolerar que impunemente el señor Mc Caffrey se retrate con el procurador, con el angel de la dependencia y aparezca el siguiente encabezado en la prensa nacional el día de hoy. Dice Mc Caffrey: Obligada la cooperación multilateral? No sólo habla de la bilateral MéxicoEstados Unidos; nos está anunciando esto es desde el Río Bravo hasta la Patagonia.

Debemos destacar que este Mc Caffrey ya había alabado mucho al Procurador prianista Antonio Lozano Gracia; ahora alaba y halaga al procurador zedillista Madrazo Cuéllar, priísta también aunque él diga todo lo contrario.

Generoso ofreció al Gobierno Mexicano toda la colaboración posible. Esta es una cita textual, en equipo, material, capacitación, servicio de inteligencia y ayuda para proteger el espacio aéreo y marítimo de nuestro país, con el fin de que los policías y militares que combatan al narcotráfico cuenten con los elementos necesarios para el desempeño de su labor". Hasta ahí la cita.

Esto debería ofender a los generales diputados de esta Cámara. Sería interesante preguntarles qué opinan sobre semejante despropósito. No se compadeció Mc Caffrey de los conceptos más elementales de soberanía e independencia nacionales.

McCaffrey dice que le pareció muy positivo que este país cuente ahora con una Ley Contra la Delincuencia Organizada. ¡Viejo brujo!, cuando son ellos, los americanos, los que nos la mandaron e impusieron por conducto del Procurador prianista y del asesor Gómez Mont.

Le parece muy conveniente la designación de un militar como director del Instituto Nacional para el Combate a la Droga y desde luego alaba la política de prevención de lavado de dinero y del tráfico ilícito de armas. En esto es un hipócrita, porque ellos son, los americanos, los que venden las armas y el país más grande como lavandería son los Estados Unidos. Pero son también el más grande consumidor de drogas del orbe y aquí es verdaderamente increíble la audacia, porque ellos, causantes principales de este fenómeno, vienen ahora y Mc Caffrey trae esa instrucción, verificar el grado de cumplimiento, el grado de obediencia a las instrucciones imperiales.

Viene Mc Caffrey también para decidir si se certifica o no a Zedillo y su Gobierno como buenos chicos, si portáronse bien o mal, si aprobaron o reprobaron el examen. Nosotros sostenemos que si alguna de las acciones intervencionistas que hoy viene a hacer Mc Caffrey, la primera que debemos rechazar es este afán por certificar.

¿Qué derecho tienen los Estados Unidos, ilio témpore en la época de Tedy Roosevelt, el del gran garrote, para andar reconociendo o desconociendo gobiernos?

Ya don Genaro Estrada, cuyo nombre hemos inscrito aquí, con su doctrina estableció que nadie tiene esa potestad y nosotros, los mexicanos hoy, los miembros de esta legislatura, por vergüenza elemental deberíamos decir que Mc Caffrey no tiene ninguna autoridad moral, Clinton menos, para venir a decir si nosotros cumplimos o no con una tarea de este tenor.

Compañeras y compañeros diputados, digamos ¡No a la certificación de Mc Caffrey! Ningún país tiene el derecho para certificar a otro, porque, ¿quién certifica a los certificadores?

Por la ruptura de los acuerdos México-Argentina sobre el operativo trasnacional Cóndor II; por la salida inmediata de los agentes de inteligencia norteamericanos implantados en nuestro territorio para supervisar las operaciones contra la delincuencia organizada.

Finalmente, compañeros legisladores, ¡fuera de México Brian Mc Caffrey:

Muchas gracias.

FONDO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

La Presidenta:

Tiene la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el aniversario de la UNICEF.

La diputada Martina Montenegro Espinoza:

Con su permiso señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

En premio a su responsabilidad, constancia, quisiera sólo suplicarle a la señora Presidenta, sea tomado en el Diario de los Debates, el discurso que diría este día.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tome nota la Secretaría.

«Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Un día como hoy hace 50 años, el 11 de diciembre de 1946, las Naciones Unidas crearon un mecanismo de solidaridad que se llamó "Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia" con la finalidad de ayudar a la niñez europea que estaba sufriendo las consecuencias del holocausto de la segunda Guerra Mundial, asegurándoles las necesidades básicas para la sobrevivencia.

La eficiencia con que UNICEF llevó a cabo sus programas de salud, hizo ver a los gobernantes del mundo, la importancia de apoyar y de extender sus beneficios a las zonas más pobres del planeta, como lo son: los países de Asía, Africa y América latina, ya que los niños vivían en una emergencia permanente y silenciosa. Que se traducía en hambre, muerte, falta de salud y educación.

Gracias a los programas de UNICEF, en esas regiones del mundo han sido combatidas enfermedades que causaban la muerte de miles de niños. También se han realizado programas educativos y campañas de salud que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las familias más desprotegidas.

Hoy celebramos los 50 años de la fundación de UNICEF, reconocemos la importante labor que realiza en todo nuestro planeta en favor de la infancia y en especial en nuestro país.

Esta celebración nos da la oportunidad de reflexionar sobre el mundo que heredamos a las nuevas generaciones: un mundo con guerra, con hambre, con violencia, con drogadicción y el alcoholismo, con muchos niños abandonados, explotados, retando a la sobrevivencia y esto surge como consecuencia de la crisis que hoy vivimos y los más vulnerables de la sociedad sean las ñiñas y niños.

Nos olvidamos que las niñas y los niños tienen derechos: derechos a la vida, a la salud, a la educación, a ser tratados con respeto, a tener una nación, una familia, el derecho a crecer en un ambiente sano, de tranquilidad de felicidad y armonía en el cual puedan vivir sin sobresaltos.

Las niñas y los niños son la base de la sociedad, son la esperanza del mundo y del género humano, por eso todos los apoyos que se les proporcione, todo lo que se haga para protegerlos y garantizar sus derechos, es en beneficio del futuro, por ello, desde esta tribuna nuestro sincero reconocimiento a UNICEF, organismo universal que busca erradicar del mundo los problemas que dañan a la niñez.

En México la trascendencia de la labor de UNICEF y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se ha reflejado en el apoyo que han recibido miles de niños que habitan en las zonas menos privilegiadas del país.

las metas para el año 2000 son muy ambiciosas entre otras: la reducción a la mitad de la desnutrición infantil y las tasas de mortalidad materna; el control de las enfermedades que más afectan a la niñez; la reducción a la tercera parte de la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años.

Compañeras y compañeros diputados: sumemos nuestro esfuerzo para lograr el llamado de los niños que dicen: queremos vivir un mundo sin guerras, sin hambre ni enfermedades, queremos vivir en un lugar donde haya paz, justicia, trabajo y armonía, en un lugar donde la humanidad se quiera, se respete y donde florezca al fin la concordia universal.»

AGRADECIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA

La Presidenta:

Compañeras y compañeros diputados:

La directiva de esta Cámara que me honro en presidir, agradece a todos los diputados, la atención y disposición que han tenido en los trabajos parlamentarios que nos ha tocado dirigir.

Estos trabajos tuvieron una importante aportación de todos, con discusiones que con un gran contenido ideológico, en la pluralidad de esta Cámara, se llevaron a cabo durante este periodo legislativo, contribuyendo así al perfeccionamiento de nuestras leyes y el fortalecimiento de nuestra gran nación, en el marco del estado de derecho.

Agradezco en especial a los diputados coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, sus aportaciones y conducción para que las sesiones de esta Cámara de Diputados se llevaran a cabo con orden y con el respeto que nos debemos todos como seres humanos y representantes del pueblo de México.

En mis compañeros diputados, integrantes de esta mesa directiva del mes de diciembre, reconozco su solidaridad, puntualidad y eficacia, en el desempeño de esta responsabilidad. Estarán de acuerdo que esta distinción ha sido una de las experiencias más importantes de nuestra vida parlamentaria.

Muchas gracias.

La secretaria María Teresa Tapia Bahena:

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

La Presidenta:

Hoy, 11 de diciembre de 1996, la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El secretario Cecilio Lepe Bautista:

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea en votación económica, si autoriza que el acta de clausura se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se da por leída.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada Sara Esther Muza Simón

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas con tres minutos del miércoles once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, con una asistencia de doscientos ochenta y cinco diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, que se aprueban en sus términos en votación económica.

El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Darío Adolfo Rubén Martínez Got, electo como diputado suplente en la quinta circunscripción plurinominal y designa una comisión que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, el diputado Martínez Got entra en funciones de inmediato.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María Remedios Olivera Orozco, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley General de Educación. Se turna a la comisión correspondiente.

Sube a la tribuna el diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno, del mismo partido, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a su Reglamento para el Gobierno Interior. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Ignacio Rascón Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, quien protesta por lo que llamó la muerte del liberalismo mexicano.

En razón de que el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la Asamblea le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Antonio Sánchez Gochicoa, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone reformas al artículo treinta y siete.

Expresan las opiniones de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo, en contra; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta voto particular en contra; Manuel Beristáin Gómez, del Partido Acción Nacional, en contra; y Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro Para rectificar hechos se concede el uso de la palabra a la diputada María Virginia Betanzos Moreno, quien expresa su decisión de renunciar al Partido Revolucionario Institucional.

Para referirse al dictamen en contra, la Presidenta concede el uso de la palabra a los diputados: Crisóforo Lauro Salido Almada; Luis Sánchez Aguilar y David Vargas Santos, éste último, del Partido Acción Nacional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y autoriza a que la votación en lo general se reserve a fin de realizarla, después de la discusión en lo particular en un solo acto.

La Presidenta informa que para la discusión en lo particular, se reservan los artículos: primero, octavo, doce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, treinta y siete, sesenta y ocho y setenta y cinco.

Para referirse a los artículos primero y octavo en contra, sube a la tribuna el diputado Raúl Alejandro Livas Vera, del Partido de la Revolución Democrática.

Expresa su opinión en contra del artículo octavo, el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional.

Para rectificar hechos, sube a la tribuna la diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

A moción del diputado Ocejo Moreno, la Presidenta da lectura a la lista de los oradores registrados para la discusión en lo particular.

Hacen diversas mociones de orden, los diputados Bravo Padilla y González Alcocer, a quienes les da explicaciones la Presidenta.

Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado Miguel Angel García García, del Partido Revolucionario Institucional y, en el mismo sentido, el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpido por diversas mociones de orden y, para explicar el procedimiento, vuelve a la tribuna el diputado Miguel Angel García García.

Nuevamente se concede el uso de la palabra al diputado Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática, quien expresa su opinión en contra del artículo octavo y en pro del mismo artículo, el diputado Miguel Ortiz Jongitud, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos, el diputado Rafael Jacobo García, del Partido de la Revolución Democrática.

En contra del artículo octavo, el diputado José Luis Galeazzi Berra, del Partido Acción Nacional y en pro del mismo artículo, el diputado Homar Zamorano Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpido por una moción de orden de la diputada Martínez Hernández, a fin de que se ponga límite de tiempo a los oradores.

Se da lectura al artículo ciento tres del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, continúa el diputado Zamorano Ayala y, posteriormente, para rectificar hechos el diputado Javier Ortega Espinoza, del Partido Acción Nacional.

Se produce desorden en la sala y la Presidenta concede el uso de la palabra, para contestar alusiones personales o rectificar hechos, a los diputados: Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en la primera informa sobre la decisión de su partido de retirarse de la sesión; Eduardo Guzmán Ortiz, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, la primera para informar de la decisión de su grupo parlamentario de abandonar la sesión; Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Mariano del Río Navarro, del mismo partido; Consuelo Botello Treviño, quien informa de la decisión de su partido de permanecer en la sesión y Eduardo Arias Aparicio, ambos del Partido Acción Nacional Se reinicia el debate y se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Hernández Domínguez, del Partido Acción Nacional, en contra del artículo octavo.

En pro del mismo artículo, la diputada Anastacia Guadalupe Flores Valdez, del Partido Revolucionario Institucional.

En contra del mismo artículo, sube a la tribuna el diputado José de Jesús Durán Ruiz, del Partido Acción Nacional y en pro, el diputado Marco Antonio Falcón Quijano, del Partido Revolucionario Institucional.

Debaten sobre el artículo octavo, en materia de educación, los diputados: Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional, en contra; Miguel Angel Islas Chío, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Luz de Jesús Salazar Pérez, del Partido Acción Nacional, en contra; Primo Rivera Torres, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Tomás López Martínez, del Partido Acción Nacional, en contra; y Vito Lucas Gómez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Para expresar sus opiniones respecto del artículo octavo en materia de salud, hacen uso de la palabra los diputados: Manuel Baeza González, del Partido Acción Nacional, en contra; Marco Antonio Falcón Quijano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Antonio Catalán Sosa, del Partido Acción Nacional, en contra.

El diputado Heriberto Lizárraga Zataraín, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del artículo relacionado con la materia de pesca; Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional, en contra del artículo octavo en materia de energía; Javier Hernández Armenta, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, en contra del artículo noveno y solicita que las participaciones de su fracción parlamentaria, se incluyan en el Diario de los Debates; el diputado José Antonio Martínez Torres, del Partido Revolucionario Institucional, a favor del mismo artículo.

Rectifican hechos, los diputados: Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional; José Antonio Martínez Torres, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Soto Correa y de la diputada Hidalgo y García Barna; y

Consuelo Botello Treviño, del Partido Acción Nacional.

Suficientemente discutido el proyecto de decreto, es aprobado en votación nominal por doscientos setenta y siete votos en pro y ciento cinco votos en contra.

Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

Para continuar con el orden del día, se realiza la elección de miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que tendrá vigencia durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores, con el que se informa de los miembros de la Comisión Permanente. De enterado.

Dos proposiciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para la adecuación de los integrantes de las comisiones de trabajo. Aprobadas.

Un punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión Especial de Comunicación Social, sobre el trabajo a realizar por la misma.

La Presidenta designa las comisiones protocolarias para informar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el cierre del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Comentan sobre las pláticas entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y la Comisión para la Concordia y la Pacificación, los diputados César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional; y Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, se refiere a la Cumbre Mundial de la Alimentación.

Sobre la protección del borrego cimarrón en el Estado de Baja California, los diputados: Franciscana Krauss Velarde, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta punto de acuerdo; y Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional.

Para referirse a lo que llamó, intervención de los Estados Unidos de América en asuntos internos de México, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.

La diputada Martina Montenegro Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, solicita sea insertada en el Diario de los Debates, su participación sobre el aniversario de la UNICEF. Insértese.

La Presidenta agradece el apoyo brindado durante su gestión y puestos todos de pie, declara:

La Cámara de Diputados, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio.

Agotados los asuntos en cartera, la Presidenta clausura la sesión a las veintitrés horas con veinticinco minutos, citando a sesión de Congreso General el viernes trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a las doce horas con treinta minutos.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta (a las 23:25 horas):

Se levanta la sesión y se cita a sesión de Congreso General el viernes 13 de diciembre a la 12:30 horas.