SUMARIO
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso estatal, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se comunica que los ciudadanos Erika María Eyl Cueva, Gloria Olivera de Vera, Ofelia Velázquez
Briseño y Sergio Maldonado Torres, han dejado de prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Se turma a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Para prestar tercer informe a la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones del asesinato del licenciado Colosio, se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupè Morales Ledesma.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados:
Isidro Aguilera Ortíz
Ezequiel Flores Rodríguez
Eduardo Amador Cárdenas Lebrija
Heriberto Tomaz Lizárraga Zatarán, quien solicita minuto de silencio
Joaquín Rodríguez Lugo
El diputado Daniel Quintero Peña, se refiere al fraude de la inmobiliaria y Constructora Brisamar, en ese Estado. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, comenta el caso de Ana María Vera Smith, recluída en el Cereso de Puente Grande, Jalisco.
El diputado Pedro René Etienne Llano, plantea la defensa de legisladores, miembros del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el tema, hablan los diputados:
Jaime Cleofas Martínez Veloz
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados:
Marco Antonio Michel Díaz
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Expesan sus opiniones referente a los casos de violencia en dicha entidad, los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Gabino Fernández Serna
Contestan alusiones personales, los diputados:
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Gabino Fernández Serna
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
Para referirse a hechos violentos surgidos en San Agustín Loxicha, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Juan Manuel Cruz Acevedo
Contestan alusiones personales, los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Juan Manuel Cruz Acevedo
Luis Sánchez Aguilar
La Secretaría de lectura a punto de acuerdo suscrito por miembros de todas las fraccione sparlamentarias, respecto a la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores y del Procurador General de la República, a fin de que informen sobre el combate al narcotráfico. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
La diputada Gloria Sánchez Hernández, presenta punto de acuerdo para integrar comisión plurar para analizar la situación de diversos municipios
de dicha entidad y que ponen en peligro el proceso de pacificación en la zona. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
De la próxima sesión
Presidencia del diputado Taide Aburto Torres
ASISTENCIA
El Presidente (a las 13:18 horas):
Con la misma asistencia de la sesión matutina, se abre la sesión vespertina.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Remedios Olivera Orozco:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día
Lunes 24 de marzo de 1997.
Lectura de acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Quintana Roo y Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que los ciudadanos Erika Eyl Cuevas, Gloria Olivera de Vera, Ofelia Velázquez Briseño y Sergio Maldonado Torres, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Conclusiones de la Comisión de Seguimiento de las Investigaciones en torno al caso Colosio.
Sobre el fraude de Brisamar en Baja California, a cargo del diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre la nueva Ley de Inmigración de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre procesos políticos en el Cefereso, de Puerta Grande, Jalisco, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
En defensa del fuero constitucional de los diputados, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre contrabando de armas a México, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre desalojo violento en San Agustín Loxicha, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Garzacabello García
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta minutos del lunes veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de doscientos setenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Una comunicación del diputado René Juárez Cisneros, quien solicita licencia para separarse de su encargo.
En votación económica se aprueba el punto de acuerdo respectivo. Llámese al suplente.
Sube a la tribuna el diputado Luis Sánchez Aguilar, quien presenta iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Pedro René Etienne Llano, para rectificar hechos y en el mismo tenor, el diputado Luis Sánchez Aguilar, motu proprio.
La Secretaría da primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Sergio Vela Martínez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Italiana;
Alberto Manuel José Elizondo Treviño, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile y Marcela López Riva Palacio, pueda prestar sus servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
Hace uso de la palabra el diputado Rodrigo Robledo Silva, del Partido Acción Nacional, para referirse a lo que calificó como inmigración ilegal y responsabilidades de los inmigrantes en los Estados Unidos de América, quien presenta un punto de acuerdo que se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Para expresar sus opiniones sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Domínguez García, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura ésta a las trece horas con diecisiete minutos, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las trece horas dieciocho minutos.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
Se va a dar lectura a varios oficios:
«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
En forma atenta hacemos de su conocimiento que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició su primer periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, habiéndose elegido la mesa directiva que coordinará los trabajos legislativos, en la forma siguiente, diputados: Alfonso de Jesús Bernal Sahagún, presidente; María del Carmen Eudave Ruiz, vicepresidenta; Josefina Alvarado Alemán, Jesus Guerrero Escobar, secretarios, Roberto Magallanes Tiscareño, prosecretario.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, 18 de febrero de 1997. Diputados: Alfonso de Jesús Bernal Sahagún, presidente; Josefina Alvarado Alemán y Jesús Guerrero Escobedo, secretarios.»
De enterado.
«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha clausuró su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideracion distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, 21 de febrero de 1997. Diputados: Alfonso de Jesús Bernal Sahagún, presidente; Josefina Alvarado Alemán y Jesús Guerrero Escobedo, secretarios.»
ESTADO DE QUINTANA ROO
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Escudo Nacional.Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
La honorable VIII Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar la apertura y clausura del quinto periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al primer año de ejercicio legal el día de hoy, previa elección de la mesa directiva de la diputación Permanente quedando integrada de la siguiente forma, diputados: Alicia Concepción Ricalde Magaña, presidenta y Rosendo Urich Mis vicepresidente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, febrero 17 de 1997. El secretario de la VIII Legislatura. Diputado Iván R. Santos Escobar.»
De enterado.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ciudad Chetumal, Quintana Roo. México.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
La honorable VIII Legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se permite comunicar la apertura y clausura del sexto periodo de sesiones extraordinarias correspondiente al primer año de ejercicio legal; asimismo, previa junta de la diputación Permanente, se eligió la mesa directiva que fungió en el periodo extraordinario del 21 de febrero al 3 de marzo, quedando integrada de la siguiente forma; diputados: Luis Orlando Pérez Escobedo, presidente y Miguel Antonio Gómez Hernández vicepresidente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, marzo 4 de 1997. El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, profesor Angel de J. Marín Carrillo.»
De enterado.
ESTADO DE VERACRUZ
El secretario Tomás López Martínez:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo. Estado Libre y Soberano de Veracruz. Llave.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Nos permitimos comunicar a usted que la honorable LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de VeracruzLlave, clausura con esta fecha su primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Jalapa, Veracruz, febrero 20 de 1997. Licenciado José Luis Olvera Carrascosa, oficial mayor.»
De enterado.
El secretario Tomás López Martínez:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo. Estado Libre y Soberano de Veracruz. Llave.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.
Con el presente comunicamos a usted, que la honorable LVII Legislatura del Estado de VeracruzLlave, abrió hoy miércoles 5 de marzo del año en curso y por el tiempo que sea necesario, su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio legal, eligiéndose la mesa directiva que presidirá sus trabajos, la cual quedó integrado por los siguientes diputados: Rufino Saucedo Márquez, presidente; Alfredo Santes Bautista, vicepresidente; Víctor López Nassar, secretario.
Lo que hacemos de su conocimiento, de acuerdo con lo previsto por los artículos 54 y 55 de la Constitución Política del Estado y 73, la fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de este cuerpo colegiado.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Jalapa, Veracruz, marzo 5 de 1997. Licenciado José Luis Olvera Carrascosa, oficial mayor.»
De enterado.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El secretario Fidencio Romero Tobón:
«Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 7 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Me permito hacer de su conocimiento que las personas que se mencionan a continuación se dirigieron a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta Ciudad. anexas sírvase encontrar copias de las cartas de los interesados.
Erika María Eyl Cuevas, Gloria Olivera de Vera, Ofelia Velázquez Briseño y Sergio Maldonado Torres; como empleados en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de marzo de 1997. Por acuerdo del secretario. El director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Guadalupe Morales Ledesma, para referirse a las conclusiones de la Comisión de Seguimiento de las Investigaciones en torno al caso Colosio.
La diputada María Guadalupe Morales Ledesma:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Tercer informe de la Comisión Especial.
Desde el momento en el que esta LVI Legislatura aprobó esta Comisión de Seguimiento a las Investigaciones del asesinato cometido en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, los diputados de los cuatro partidos políticos que la conforman, asumismos como requisito indispensable presentarnos ante el pueblo de México, como una comisión ajena a cualquier compromiso o ideología partidista. Era imperativo atender cabalmente este compromiso, para así cumplir con el propósito de que el seguimiento a las investigaciones no persiguiera otro motivo que no fuera el del conocimiento de toda la verdad.
Con este ánimo y ante la inquietud de inconformidad que manifestaban tanto la opinión pública como los partidos políticos, iniciamos nuestras actividades conscientes de la magnitud de la responsabilidad adquirida. Quedaba claro que en ese entonces, las investigaciones no habían satisfecho el reclamo del pueblo mexicano, como también quedó claro que el sentido de esta comisión especial era sólo el de un organismo vigilante de que la investigación se desarrollara de acuerdo con lo establecido por la ley, que la autoridad responsable era quien debía responder satisfactoriamente a todas las dudas en torno al asesinato.
No podíamos, como no lo hemos hecho, rebasar atribuciones propias de la instancia investigadora; mucho menos ejercer acciones persecutorias que dieran la impresión de que intentábamos erigirnos como un fiscal del fiscal. Sin embargo, ello no nos privaba de la obligación que teníamos como representantes del pueblo de México, de señalar fallas detectadas y exigir el subsaneamiento de las mismas; ello, reiteramos, sin invadir jurisdicciones que no fueran de nuestra competencia.
Desde el inicio de los trabajos de esta comisión especial, los cuatro partidos políticos hemos coincidido en que estamos ante la presencia de una acción concertada. Nuestra postura permanece inalterable. Las investigaciones no deben concluir hasta que la certidumbre, la realidad y la justicia emerjan a la luz pública, sin importar los intereses que con ello se afecten. Por ello, sin otro límite que el impuesto por la ley, durante estos años hemos sostenido diversos encuentros con personas cercanas o involucradas en la investigación, con la finalidad de formarnos un criterio propio en torno al caso.
De nuestras primeras entrevistas con la anterior subprocuradora especial, con los integrantes de la comisión especial de la legislatura anterior y con el entonces abogado de la familia Colosio, pudimos determinar que desde el inicio de las investigaciones hubo omisiones importantes y lagunas que hasta la fecha impiden ofrecer resultados concluyentes, respecto a este asesinato.
A tres meses de haberse integrado esta Comisión Especial, el 27 de febrero de 1995 nos trasladamos a la tierra natal de Luis Donaldo Colosio. Además de entrevistarnos con el mandatario estatal, lo hicimos con quien en su momento fungió como coordinador logístico de la campaña del licenciado Colosio.
Esta visita al Estado de Sonora, nos permitió también montar una respetuosa guardia de honor ante los restos del ex candidato y su viuda.
Durante el mes de mayo de ese mismo año, decidimos acudir al Estado testigo de los hechos. En Baja California, nos entrevistamos con el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado y con el director del periódico Zeta. También fuimos recibidos por el entonces gobernador del Estado, quien había aceptado entrevistarse con esta Comisión Especial.
Congruentes con la disposición de escuchar a quien tenga algo que aportar a las investigaciones, acudimos a la ciudad de Los Angeles, California, para reunirnos con los familiares de Mario Aburto Martínez y con el representante de su familia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Los Angeles.
Dos meses más tarde, el 19 de julio de 1995, esta Comisión Especial tuvo la distinción de entrevistarse con don Luis Colosio Fernández, padre del ex candidato asesinado. Estoy segura que las imágenes de este emotivo encuentro aún están presentes en todos y cada uno de los integrantes de esta comisión. El valor, la fortaleza y la dignidad de don Luis Colosio habrán de permanecer como un limpio ejemplo ante la sociedad mexicana.
El voto de confianza con el que don Luis Colosio ha distinguido públicamente a esta Comisión Especial, reitera la exigencia de los mexicanos de que las investigaciones deben de llegar hasta sus últimas consecuencias.
A partir de esta entrevista abrimos un nuevo espacio a nuestras reuniones de trabajo y a las entrevistas que con regularidad sosteníamos con las autoridades de la Procuraduría General de la República. A poco más de 15 meses de haberse constituido esta Comisión Especial, presentamos ante el pleno de esta Cámara de Diputados un informe consensado de nuestras actividades. Para entonces ya habíamos llevado a cabo 32 reuniones de trabajo; 12 de ellas con el entonces Procurador General de la República y con quien, en su momento se desempeñaba como subprocurador especial del caso.
Quince de nuestras 32 reuniones fueron de carácter interno, con la intención de determinar el rumbo de nuestras propias acciones; las cinco restantes, como aquí ya se ha señalado, corresponden a las entrevistas descritas con anterioridad.
Cabe recordar suscintamente, algunas de las conclusiones que asumimos en nuestro informe de hace un año. A pesar de que la Procuraduría General de la República continuaba trabajando en el caso, no teníamos los resultados deseados. Mario Aburto Martínez era el único individuo procesado y sentenciado por el atentado. El Poder Judicial aún no determinaba la complicidad o culpabilidad del supuesto segundo tirador. Las omisiones de las anteriores subprocuradurías especiales, involuntarias o por incompetencia, debían ser investigadas.
Ante esta situación, en ese entonces y por consenso, fijamos ante el pleno de esta legislatura y ante la opinión pública la siguiente postura: solicitamos a la Procuraduría General de la República la presentación de un informe sobre el estado de la investigación.
Reafirmamos nuestra convicción en la acción concertada; exigimos que se llamara a declarar a todo aquél que tuviera algo que aportar. Rechazamos la politización que en ocasiones se le daba a este asunto. Consideramos que ya era tiempo de desechar hipótesis y agotar líneas de investigación. Solicitamos que la investigación se centrara en la autoría intelectual del crimen. También reconocimos limitaciones en el desempeño de nuestras responsabilidades, que en ocasiones nos ubicaban a la zaga de importantes acontecimientos.
Durante este último año, el ritmo de las actividades de esta comisión no varió sustancialmente en relación al año anterior. Desde el mes de marzo del año pasado y hasta la fecha realizamos 30 reuniones de trabajo; 10 de ellas fueron con las autoridades de la Procuraduría General de la República, responsable de investigar el caso; 18 reuniones fueron de carácter interno y de ellas, cinco las realizamos de manera conjunta con la Comisión Especial del Senado de la República.
También sostuvimos dos entrevistas, una con Mario Aburto Martínez en Almoloya de Juárez y la otra con el señor Eduardo Valle, en la ciudad de San Antonio, Texas.
La entrevista con Mario Aburto la realizamos una semana después de haber presentado nuestro segundo informe de actividades. Esta entrevista ya había sido pospuesta en dos ocasiones y de alguna manera en torno a ella, se había generado cierta expectación.
Finalmente, esta expectación quedó disipada, cuando personalmente pudimos constatar que el asesino confeso de este crimen no pudo, o no quiso aportar elementos sustanciales a las dudas que teníamos respecto a lo acontecido en Lomas Taurinas.
En los meses posteriores a esa entrevista continuamos cumpliendo con el calendario de las reuniones que habíamos programado, con la finalidad de permanecer atentos a los acontecimientos que surgían en relación a las investigaciones del asesinato del licenciado Colosio.
Durante las entrevistas que sostuvimos entre los meses de marzo y julio del año pasado, con el entonces Procurador General de la República, fuimos informados de los pormenores del procedimiento procesal aplicado a quien en este momento todavía era señalado como presunto responsable del segundo disparo.
En la primera semana del mes de agosto de 1996, Othón Cortés Vázquez fue absuelto de esta responsabilidad por el juez Jorge Mario Fardo Rebolledo, días más tarde, el 12 de agosto del propio año, el licenciado Pablo Chapa Bezanilla, tercer subprocurador especial del caso, era relevado de su cargo.
Posterior a este relevo, el Procurador General de la República transmitió a esta comisión y a la del Senado de la República, la invitación para participar en el proceso del nombramiento de un nuevo subprocurador especial. Para ello, era condición indispensable que todos los partidos políticos de ambas comisiones especiales, estuviéramos de acuerdo en el nombre del nuevo subprocurador especial, es decir, debía surgir un acuerdo de consenso. A él no fue posible llegar, pero ello no fue límite para exigir en ese momento que las investigaciones permanecieran como un asunto de alta prioridad para el Gobierno de la República y que por ningún motivo se sugiriera la pretensión de cerrar el caso.
El 31 de agosto de 1996, el licenciado Luis Raúl González Pérez fue designado subprocurador especial del caso. El 17 de septiembre de la propia anualidad sostuvimos nuestra primera reunión con el Procurador General de la República y el nuevo subprocurador especial, licenciado Luis Raúl González Pérez. En esta entrevista entregamos un documento firmado por los cuatro partidos políticos de esta comisión, en el cual planteamos las bases de una nueva relación con la autoridad investigadora.
En el mismo, considerábamos fundamental la exhaustiva revisión del proceso indagatorio para determinar el estado en el que el mismo se encontraba. Puntualizamos las dudas que consideramos debían ser suficientemente agotadas para poder avanzar en las investigaciones.
Por su parte, el licenciado González Pérez coincidió con nuestras dudas y, agregando más puntos a nuestras demandas, comprometió su dedicación a ellas.
A raíz de la presentación de este documento surgieron una serie de acontecimientos que más que contribuir al logro del objetivo para el cual fue creada esta comisión, generó cierta ambientación en la que, cabe aclarar, esta Comisión Especial no tuvo participación alguna.
En los primeros días del mes de noviembre del año que nos ocupa, nos trasladamos a la ciudad de San Antonio Texas, para entrevistarnos con el señor Eduardo Valle. Durante más de ocho horas escuchamos la versión que, apoyada con material videograbado, el señor Valle tiene de los hechos ocurridos el 23 de marzo en Lomas Taurinas. El material que nos fue presentado, fue entregado en su oportunidad a las autoridades de la Procuraduría General de la República para los efectos legales conducentes.
Posterior a ésta, que fue nuestra última gira de trabajo del año pasado y hasta la conclusión de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de esta legislatura, nos dimos a la tarea de trabajar de manera interna para definir las estrategias a seguir durante este año y sostuvimos una reunión con el subprocurador especial, licenciado González Pérez.
El 21 de enero del presente año, por primera vez nos reunimos con el actual Procurador General de la República, licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. En esta entrevista, y ante el planteamiento de esta Comisión Especial, el licenciado Madrazo Cuéllar nos expresó su disposición de promover un acercamiento entre la autoridad investigadora y esta comisión legislativa.
Hace aproximadamente un mes, surgió cierta información que ante los ojos de la opinión pública pretendían lastimar la imagen de Luis Donaldo Colosio, agregar más elementos de confusión o admitir que súbitamente, después de tres años las investigaciones deben tomar un nuevo derrotero, es ofender la conciencia de un pueblo que ya no quiere más sorpresas, que lo que exige son resultados.
El pasado 11 de marzo, en una reunión cercana a las nueve horas, nos reunimos con el subprocurador especial, licenciado González Pérez. Se nos informó de las 10 líneas de investigación que la autoridad responsable estima agotadas, mismas que al día siguiente fueron del conocimiento de la opinión pública.
De igual manera, el 13 de marzo, reanudamos esta sesión, cuya duración aproximada de 5 horas nos permitió conocer el punto de vista del subprocurador especial, en relación de las líneas de investigación que aún se consideran deben permanecer abiertas y sobre las cuales se continúa trabajando.
En estas reuniones manifestamos nuestra insatisfacción por la escasa profundidad de algunas líneas de investigación y las conclusiones que hasta el momento nos fueron presentadas.
Ante esta legislatura y ante el pueblo de México, reiteramos nuestra convicción: el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue producto de una acción concertada.
Compañeras y compañeros diputados: cierto es que entre reuniones con la Procuraduría General de la República, entrevistas, giras y trabajos internos, esta Comisión Especial se ha reunido en 62 ocasiones durante los últimos 27 meses.
Cierto es que este ritmo de trabajo sugiere que esta comisión ha cumplido con la responsabilidad que le ha sido encomendada, pero también es cierto que ante el pueblo de México y como sus representantes, debemos reconocer que todavía no sabemos toda la verdad.
Debemos reconocer que si bien es cierto que se cuenta con mayores datos, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿cuáles fueron los motivos del cobarde asesinato?, ¿por que se cometieron tantos errores en las primeras horas y posteriores días al atentado?, ¿fueron estas omisiones voluntarias o simples errores humanos?, ¿es posible que a tres años de distancia no se haya profundizado en las investigaciones de este asesinato?
Estas y muchas más son interrogantes que aún no tienen respuesta, su permanencia indigna y alimenta la insatisfacción de un pueblo mexicano que ve desatendido su reclamo de justicia, ¿Será acaso entonces necesario que la próxima legislatura tenga que aprobar una vez más la creación de una nueva Comisión Especial?
Nuestra convicción es que en este sentido la autoridad responsable de la investigación tiene la última palabra.
Atentamente.
Diputados: Alfonso Molina Ruibal, presidente; Antonio Tallabs Ortega, del Partido Acción Nacional, Daniel Ernesto Trelles, del Partido Revolucionario Institucional; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática; Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para el mismo tema.
El diputado Isidro Aguilera Ortiz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:
El día de ayer, domingo 23 de marzo, se cumplieron tres años del cobarde asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La condena y la repulsa a tan artero crimen, aún continúan en la memoria y el sentir de muchos mexicanos. Las distintas fracciones parlamentarias de la LVI Legislatura, seguimos coincidiendo en que lo principal, es el conocimiento de la verdad, pero la verdad es un acto tardío y para llegar a ella, se necesita un profundo proceso de investigación.
Sin embargo, a tres años del magnicidio, dicho proceso parece un laberinto, pues no se tienen avances que satisfagan a la opinión pública. Han trabajado en él cuatro fiscales especiales y cuatro procuradores, acumulando folios hasta llegar hasta los 25 mil y más armando y desechando hipótesis, valorando o desechando pruebas y testimonios.
Los aparentes avances que habían arrojado las investigaciones, hoy se encuentran en un punto crítico, debido a que para las comisiones especiales del caso Colosio tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, así como para la opinión pública, el informe del fiscal especial en turno genera muchas dudas, puesto que sostiene la hipótesis de que no hay certeza jurídica sobre las vertientes del asesino solitario, pero que tampoco hay certeza jurídica ni evidencias que sugieran que este crimen se trató de un auténtico complot.
El asesinato de Colosio deja a los deudos, familiares y amigos, el vacío y la tristeza de su ausencia. En el pueblo de México deja la impotencia, la frustración y la vergüenza que trae consigo el fantasma de la impunidad, pero dejó también la certeza de que existen intereses de grupo o de particulares ajenos a los de la nación.
Se equivocan quienes dicen que en México no pasa nada. Después de este crimen político ha pasado de todo y aclaro que no estoy afirmando que el asesinato de Colosio sea la causa de la crisis económica, política o social que estamos viviendo.
Si Luis Donaldo representaba o no a la mayoría del pueblo de México, nunca lo sabremos, pues no le dieron oportunidad de llegar a las elecciones; sin embargo, sí representaba a un partido político, el PRI y era su candidato a la presidencia de la República.
No discutiremos si era representante de un sistema político o acerca de si era un auténtico demócrata ni sus virtudes y defectos como político o como persona lo hacían merecedor de tan proditorio asesinato.
Del 23 de marzo de 1994 al 23 de marzo de 1997. Tres años de ilusorias investigaciones. Tres años de lamentos ciudadanos por la impunidad. Tres años de búsqueda de la verdad. Tres años de frustradas esperanzas de conocer a los verdaderos asesinos de Luis Donaldo Colosio.
A tres años de investigaciones no se ven señales de voluntad política para resolver el crimen. Procuradores van, procuradores vienen; fiscales especiales van, fiscales especiales vienen, uno incluso anda prófugo; mientras tanto, la sociedad mexicana sigue expresando su rechazo a la violencia y demanda justicia y el conocimiento de la verdad.
Parece ser que las interrogantes planteadas por la Comisión Especial del Caso Colosio en marzo del 1995, aún siguen sin resolverse ¿Quién o quiénes idearon el complot? ¿Cuáles fueron los motivos del asesinato? ¿Quién ordenó jalar los gatillos de las dos pistolas que hasta este momento tenemos detectadas? ¿Por qué se cometieron tantos errores durante las primeras horas y días posteriores al atentado?
Las omisiones de las investigaciones anteriores, ¿fueron voluntarias o simples errores humanos?
Está por terminarse esta Legislatura y la Comisión Especial del Caso Colosio, que no pretende ni ha pretendido asumir atribuciones que no le corresponden ante la PGR, ha sido un órgano vigilante, ha demandado que se le informe con oportunidad, así como principalmente que quede atendido el reclamo de justicia a nombre del pueblo de México. Este ha sido el compromiso con la nación, pero desafortunadamente los últimos acontecimientos ocurridos en la PGR han permeado dramáticamente la credibilidad de los mexicanos en relación a las instituciones de procuración de justicia.
Es importante recuperar la credibilidad en las instituciones, no sólo de procuración de justicia, sino en todas aquellas creadas para garantizar y alcanzar la democracia.
Los mexicanos se siguen preguntando ¿a quién o a quiénes benefició el asesinato de Colosio? ¿A quién o a quiénes beneficia hoy que no se haya aún esclarecido el crimen? ¿Por qué la autoridad investigadora ha hecho tan complejo el proceso de investigación? Si existieron fallas en la investigación que ameriten sanción judicial, exigimos que la fiscalía especial asuma su responsabilidad y proceda en consecuencia.
A esta comisión especial y especialmente a los miembros del PRD les interesa la verdad jurídica y legal, pero también la verdad histórica. Recordemos, compañeros diputados, que durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, el PRD fue rabiosamente perseguido, con saña inclusive y tuvimos que lamentar la muerte de más de 300 militantes. Nunca nos imaginamos que el inquilino de Los Pinos iba a incrementar ese saldo rojo con alguien de su partido, en este caso hizo honor al refrán popular; "de que la perra es brava, hasta a los de casa muerde".
Para nosotros no hay duda de que quien ordenó los disparos tenía el poder suficiente para que los cuerpos de seguridad flaquearan ese día, que se dieran las coincidencias concurrentes que imposibilitan precisamente que sean coincidencias; que rápidamente modificaron el lugar del asesinato; que desaparecieron evidencias, pruebas y testigos y muchos etcéteras más.
El día de hoy aparece en la revista Proceso, justamente ampliando la tesis de que éste es un crimen de Estado, la información de una reunión donde según el sobrino del cardenal chileno, Raúl Silva Enríquez, llamado Luis Eduardo Silva de Balboa, una reunión en la que estuvieron presentes Carlos Hank González, Claudio X. González, Raúl Salinas y Antonio Ortiz Mena, celebrada el 1o. de marzo de 1994, y en ella, cito textualmente, "se decían cosas fuertes, incluyendo groserías y hablaban de Colosio. Se quejaban del curso y de la gravedad de la situación; se quejaban de alguien. En un momento recuerdo dice el testigo haber escuchado decir de manera insolente: ahí tienes a tu gallo, a lo que Córdoba contesto enérgico: no es mi gallo, es el candidato del Partido."
Agrega la entrevista que reclamaban: "mira lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir si esto sigue". En otro momento en que las voces se alzaron escuché decir: "esto tiene que arreglarse ahorita; o lo arreglas o lo arreglamos".
Silva de Balboa continúa: "el lenguaje corporal era violento". Continúa Silva de Balboa: "Creí entender que Córdoba sentía que esa reunión nunca debió realizarse. Ojalá los presentes en la reunión, quiso decir, tengan luego alguna forma de negar que estuvieron ahí".
El entrevistado mencionó que cuando le preguntó a Córdoba a qué se refería, respondió que "no estaba en condiciones de anticipar las consecuencias de esa reunión". A partir de ello el ex asesor presidencial de Salinas, le recomendó salir de México, incluso ofreció solucionarle todos los trámites.
Tal vez el crimen de Colosio no se esclarezca pronto y según como van las investigaciones, al menos no en este siglo. Tal vez incluso pronto alguien con imaginación y recursos decida hacer una película de este crimen.
El día de ayer, fue día de discursos y ofrendas florales, unos sinceros y realmente sentidos y otros oportunistas e hipócritas. Tanto en la Plaza Luis Donaldo, en Paseo de la Reforma, como en el panteón allá en Magdalena de Quino, algunos más en la plaza de Lomas Taurinas, donde se cometió el asesinato. Los medios hicieron recuentos y recordatorios en sus espacios informativos y noticiosos; el pueblo de México recordó una fecha de horror y muerte; pero sobre todo de impunidad.
Compañeras diputadas y compañeros diputados: no permitamos que la impunidad mate la esperanza; exijamos la verdad, toda la verdad; castigo a los verdaderos autores del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Y recordando al poeta español Pedro Garfias, que decía en un poema dedicado a otro tiempo y a otra circunstancia pero aplicado a este momento, cito textualmente: "una palabra sola, una sola: justicia".
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Ezequiel Flores Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para el mismo tema.
El diputado Ezequiel Flores Rodríguez:
Con su venia, señor Presidente:
Tercer aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Honorable Asamblea: han transcurrido casi un mil días del lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, sin que hasta la fecha sepamos algo más de lo que desde hace mucho tiempo es del dominio de la opinión pública: el crimen, la víctima, la fecha y el lugar.
Resulta francamente absurdo que todavía no quede plenamente establecida la identidad de quien disparó a la cabeza de Luis Donaldo, para no hablar de la identificación aún pendiente del segundo tirador.
En teoría, para la acción de la justicia no hay fechas perentorias, ¿Pero tres años no son tiempo suficiente para cuando menos avanzar la investigación con un mínimo de claridad y certidumbre? En este caso, por desgracia la respuesta tiene que ver con algo completamente ajeno a la obligación irrenunciable, también en teoría, de la procuración de justicia en nuestro país.
Se trata de si las acciones de la autoridad judicial van acompañadas o no de la voluntad política del gobernante en turno. No hablamos de declaraciones oficiales o despliegues publicitarios en fechas como la que hoy recordamos o en las que constituyen el ritual ceremonial de nuestro sistema político. No hablamos de eso. Nos referimos a la decisión real, efectiva, de impulsar y apoyar la acción de la justicia para las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, sin reparar en los intereses que se afecten ni en el fuero legal o extralegal de quienes directa o indirectamente estén involucrados en este crimen.
Nos referimos a la decisión de esclarecer sin reservas, con apego a la ley, todos los aspectos del atentado por el que perdiera la vida Luis Donaldo Colosio. Nos referimos, desde luego, a la decisión difícil, aunque de ningún modo debiera serlo, de descubrir y castigar con todo el rigor de la ley a los culpables materiales e intelectuales de dicho asesinato.
Tan sólo el recuento breve de acciones y resultados obtenidos hasta ahora, no abonan en favor de que tal voluntad exista:
Cuatro personas al frente de la Procuraduría General de la República y otros tantos fiscales especiales encargados del caso, en tan sólo tres años.
Dos comisiones especiales del Poder Legislativo, en la pasada y en la presente legislatura.
Decenas de líneas de investigación, omisiones, lagunas, errores y desvíos desde el principio y a lo largo de todas las investigaciones.
Varios presuntos implicados que luego fueron absueltos por errores o falta de pruebas contundentes por parte de la fiscalía, con excepción de Mario Aburto Martínez, preso en el penal de Almoloya.
Y la reciente intención implícita del actual fiscal especial Luis Raúl González Pérez, de acreditar la tesis del asesino solitario. Aunque reconoce formalmente que sigue abierta la hipótesis del complot.
En este intrincado proceso, ¿hasta dónde la voluntad política que supuestamente ha existido se ha manifestado en la autonomía de la autoridad judicial para resolver el asesinato de Luis Donaldo Colosio?
No olvidemos que en las primeras horas del lamentable suceso el entonces procurador general Diego Valadez y el también entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, sostuvieron, sin que mediara investigación alguna, la tesis del asesino solitario.
¿Por qué tal apresuramiento de quienes debían ser los primeros en apegarse a los procedimientos que la ley ordena?
Desde nuestro punto de vista hay elementos para suponer que desde un inicio se quería desvirtuar la hipótesis del complot y con ello influir decisivamente desde las primeras horas del atentado en la desviación de las investigaciones.
Desde esta perspectiva, lo que vino después no fue sino la consecuencia de esta muy posible intención.
¿Hasta dónde ha llegado la supuesta voluntad política para esclarecer el crimen en otros aspectos de la investigación?
¿Por qué se ha querido mantener a salvo la imagen del Ejército en lo que respecta al Estado Mayor Presidencial, cuando como institución debiera estar en la primera línea del respeto a las leyes?
¡Aludimos aquí a los testimonios que probaban la relación estrecha entre el general Domiro García, primer responsable de la seguridad de Luis Donaldo y Othón Cortés, acusado en su momento de ser la segunda persona que disparó en el atentado!
¿Por qué se esperó tanto tiempo para tomar declaración al ex presidente Salinas y al señor Córdova Montoya? ¿Por qué aún no se ha llamado a declarar a quien fuera el coordinador de campaña de Colosio, a pesar del papel privilegiado que para efectos de la investigación le confería la función que desempeñaba? ¿Por qué cuatro procuradores, uno de ellos de diferente signo político, aparecen como ineficientes y hasta ineptos, tomando en cuenta los resultados que arrojaron sus investigaciones en este caso?
En estos tres años transcurridos observamos, junto con la opinión pública, múltiples pruebas de ineficiencia, ineptitud y mucha falta de consistencia como cuando, por ejemplo, se desestimaron los asesinatos de más de una decena de personas ligadas de una u otra forma a las investigaciones del caso, atribuyéndolas superficialmente a motivos de otra índole y que por tal razón recaen fuera de la competencia de la fiscalía especial o cuando no se aportan pruebas suficientes o lo bastante contundentes para acreditar la implicación de otros inculpados.
Detrás de todo esto, compañeras y compañeros legisladores, no deja de parecernos que en realidad no ha existido ni existe la supuesta voluntad política del poder para aclarar el crimen y castigar a los culpables materiales e intelectuales. ¡Sí, hablamos de los culpables materiales e intelectuales, porque estamos convencidos de que se trató de un complot! También creemos, como la mayoría de los mexicanos, que éste sólo pudo ser urdido y llevado a cabo por y desde el poder. Sólo quienes obran de mala fe, los ingenuos o quienes ven en riesgo sus intereses, pueden aceptar y sostener que la muerte de Luis Donaldo Colosio fue producto de la mente desquiciada de un magnicida.
Algunos personajes de las más altas esferas políticas en sus declaraciones ministeriales o los medios de comunicación han establecido indicios que eventualmente pudieran llevar a la verdad, pero no hay dicho y quizá nunca lo hagan más allá de sus allegados más íntimos, todo lo que saben. Así, hemos sabido de expresiones públicas que lo mismo sugerían a Colosio arreglar sus relaciones con el entonces presidente Salinas, que relacionar la investigación con quienes se beneficiaron de su asesinato o que afirmaban que el mismo fue resultado de la lucha por el poder. Tampoco ha sido fructífero el abandono de hecho de la línea que liga el crimen a la probable afectación de los intereses del narcotráfico en caso de que Colosio llegara a la Presidencia de la República.
En éstas y otras posibles líneas de investigación hay un elemento constante de la mayor importancia: la descomposición del sistema político mexicano, anclado durante varias décadas en la preeminencia de un solo partido, el partido oficial, en cuyo seno y por supuesto también en las instituciones del Estado se ha venido librando una guerra entre dos proyectos de país: el proyecto neoliberal de la tecnocracia y el proyecto estatista fundado en las viejas estructuras que ya no corresponden al México de hoy.
En realidad ambos proyectos son contrarios a las necesidades y a los intereses de la mayoría de los mexicanos y aunque el debate sobre este asunto sigue su propio curso, no deja de ser relevante para comprender una de sus facetas más importantes del ambiente que enmarcó el asesinato de Colosio.
En efecto, la avanzada descomposición del sistema político y la lucha entre los proyectos mencionados, fueron el escenario que llevó a determinar los personajes que la justicia por supuesto debe descubrir y castigar, a decidir la suerte de Colosio por la vía de la violencia.
Lejos estamos, compañeras y compañeros legisladores, de pretender cualquier afinidad ideológica y política con el ideario de Luis Donaldo. El era un hombre del sistema, pero no por ello dejamos de reconocer que tal vez intentó amalgamar sus lealtades con las necesidades de cambios reales en los distintos órdenes de la vida nacional.
No por las múltiples y profundas divergencias de su proyecto con el nuestro dejamos de reconocer que sus propósitos expuestos en su discurso del 6 de marzo de 1994, 17 días antes de su asesinato, algo tenían de esperanzador para los millones de mexicanos que seguramente confiaban en él y por la misma razón seguramente algunos llegaron a la conclusión de que él no respondía a sus expectativas e intereses.
La verdad simple y llana de ese conflicto de intereses quizá nunca la sepamos con exactitud, pero no deja de ser cierto que el 6 de marzo de 1994 se vislumbró su posibilidad y que probablemente esto marcó en definitiva la suerte de Colosio.
Hoy, recordamos por tercera ocasión la muerte de Luis Donaldo y como desde el mismo día del lamentable suceso rechazamos y condenamos la violencia como vía para dirimir y resolver los conflictos políticos. Pero también reiteramos nuestro más profundo cuestionamiento y rechazo al estado en que se encuentra el sistema de procuración de justicia en nuestro país.
El presidente Zedillo se comprometió, primero, a no descansar hasta que se esclareciera plenamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio y se castigara con todo el peso de la ley a quien resultara responsable y, segundo, a que bajo su gobierno se harían todos los esfuerzos necesarios para erigir un sistema de procuración de justicia eficiente y expedito. Además de otros significados el crimen de Colosio no deja de ser simbólico a ese respecto; es decir, la confusión que prevalece en las investigaciones y la impunidad que sigue envolviendo a quienes segaron su vida a tres años de distancia, es prueba inestimable del poco alcance del compromiso presidencial.
En cambio, consideramos que la comisión legislativa especial aun con las limitadas atribuciones de nuestro marco legal, realizó y ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para cumplir su encomienda, la cual ha consistido en llevar el seguimiento de la actuación de la autoridad judicial.
¿Ha tenido la posibilidad de hacer algo más?, probablemente en todo caso eso corresponde juzgarlo a este pleno y ante todo, a la ciudadanía que exige transparencia y eficacia de parte de las instituciones del Estado.
Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, como para la opinión pública, no sólo es inadmisible que a la distancia de tres años no se haya aclarado el crimen, sino que además constituye una aberración judicial y una completa falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos que se insinúe siquiera regresar a la tesis del asesino solitario y por extensión al intento de dar carpetazo a la investigación.
Nuestra percepción, compañeras y compañeros legisladores, es que sigue faltando voluntad gubernamental y lo que de ello se deriva para aclarar el caso que ocurrió en las más altas esferas del poder, puesto que se trató del candidato presidencial del partido oficial, en un acto público de proselitismo, insistimos, sigue faltando voluntad y a tres años de haber ocurrido, no sólo no hay avance sustancial, sino que cobra fuerza la duda de si las autoridades judiciales serán capaces de resolverlo.
En este contexto compañeras y compañeros diputados, el Partido del Trabajo exige por la justicia que merecen la memoria y los familiares de Luis Donaldo Colosio, por la eficacia que espera el pueblo mexicano de las instituciones de justicia, por la confianza que requiere restablecer hacia las instituciones públicas del país, que el crimen de Colosio no quede impune, que se esclarezca plenamente y se castigue con todo el rigor de la ley a los autores materiales y también a los intelectuales.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Eduardo Cárdenas Lebrija, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para el mismo tema.
El diputado Eduardo Amador Cárdenas Lebrija:
Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Vengo a esta tribuna a exponer la posición de mi partido, Acción Nacional, en el caso de que se trata.
En esta exposición, no buscamos los diputados del grupo parlamentario del PAN, presentar a ustedes sólo un posicionamiento formal con motivo del III aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino hacer pública nuestra apreciación acerca de las investigaciones del atentado en base en datos que obran en el expediente y que se han dado a conocer a la Comisión de Seguimiento de esta Cámara.
Las razones de nuestra exigencia para que se conozca la verdad, elementos en los que respaldamos la hipótesis de la acción concertada, así como un balance de las investigaciones a cargo de los diversos subprocuradores especiales, a tres años de este artero crimen, reiteramos el reclamo de que se conozca la verdad por tratarse de la privación del derecho humano más preciado que es la vida, porque como representantes populares tenemos el deber de contribuir a que se aplique la justicia y se combata la impunidad, pero sobre todo porque en este caso las características de la víctima y las circunstancias de su asesinato constituyen un precedente inadmisible que causó gran indignación e inquietud en todos los sectores de la sociedad, los que han ejercido y continuarán ejerciendo presión sobre las autoridades, hasta conocer quién o quiénes ordenaron su muerte.
En un replanteamiento de los hechos más destacados acontecidos en el último año, es obligado el análisis del proceso y absolución de Othón Cortés Vázquez. El juez federal Alejandro Sosa Ortiz, al girar la orden de aprehensión en su contra, lo hizo tomando en consideración todo el material probatorio que existía en la averiguación previa, entre otros, pruebas testimoniales, periciales, informes de investigación de policías judiciales, documentales públicas, privadas etcétera, de cuyo análisis llegó a la determinación de que se acreditaban los elementos del tipo penal del homicidio y la probable responsabilidad penal del señor Cortés Vázquez.
Una vez cumplida la orden de aprehensión girada en su contra, el juez Sosa Ortiz, dentro del término constitucional, emitió el auto de formal prisión nuevamente reseñando y valorando las pruebas aportadas en la averiguación previa, que le permitieron considerar que estaba comprobado el tipo penal del homicidio y la probable responsabilidad del acusado.
Inconforme con el auto de formal prisión decretado en su contra, la defensa de Othón Cortés interpuso el recurso de apelación, el cual fue admitido y tramitado ante el Tribunal Unitario en Toluca, Estado de México, tocándole conocer, en razón del turno, al magistrado Tomás Hernández Franco, mismo que al emitir su resolución, confirmó en todos sus términos el auto de formal prisión dictado. Sin embargo, en cuanto a la valoración de las pruebas, estimó que los testimonios de los señores Jorge Amaral Muñoz, María Belén Maclis Romero y Jorge Romero Romero, no eran contradictorios, extemporáneos ni inverosímiles, exponiendo las razones de tales consideraciones.
En su determinación, señala con claridad que los argumentos de la defensa respecto de que Mario Aburto Martínez fue sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, como autor de dos disparos, y que por tanto no era ya posible enjuiciar a nadie como autor de un segundo disparo, el magistrado categóricamente señaló que la sentencia dictada es inamovible para Aburto, pero en el caso no significa que con nuevas pruebas no pueda enjuiciarse a otra persona.
En su resolución el magistrado da un valor destacado a las pruebas periciales en criminalística de campo, medicina forense, balística, inspección ocular, pruebas de balística en un lugar con las mismas condiciones al lugar de los hechos, los testimonios ampliados, todas estas diligencias practicadas durante los meses de diciembre de 1994, enero y febrero de 1995, con los que en su momento se llegó a la convicción de que el cuerpo del candidato no había efectuado ningún giro de 90 grados.
Como quedó de manifiesto en tres actos jurisdiccionales, orden de aprehensión, auto de formal prisión y resolución del auto de formal prisión, sobre la operación se analizaron, revisaron y valoraron los medios de prueba que se contenían en la averiguación previa, pero de manera extraña, en la sentencia definitiva, el juez Mario Pardo Rebolledo, es categórico al indicar que solamente procederá el análisis de tres testimonios, que son los que de una u otra forma realicen algún señalamiento de la conducta de Othón Cortés, limitándose a enumerar las pruebas aportadas al proceso por las partes. Pero es omiso en su valoración, pues resulta que en autos provisionales las autoridades judiciales federales sí valoraron el cúmulo probatorio de manera integral y en una sentencia definitiva, el juez no lo hace.
Es evidente que siguiendo un criterio así, es fácilmente perceptible que su conclusión sería de insuficiencia de pruebas, como finalmente ocurre en su sentencia.
Si bien no es posible desde el punto de vista jurídico juzgar dos veces por este delito a Othón Cortés, en su expediente se mantienen elementos probatorios que vinculan con una acción concertada y que debe ser retomados por la actual subprocuraduría especial, para profundizar las investigaciones y determinar la situación de otros sujetos relacionados con los hechos.
En el caso de la relación entre Domiro y Othón, se debe investigar, entre otros aspectos, si después de la llamada que hicieron el 24 de marzo de 1994 hubo otras más.
Respecto del sujeto a quien Othón entregó un objeto en los momentos posteriores al asesinato, se debe identificar al sujeto y el objeto, que al parecer era un arma y las demás circunstancias que permitan determinar la posible participación de dicho sujeto en la acción concertada.
Asimismo, seguirle la pista a Othón y en caso de ser necesario llamarlo a declarar.
En cuanto al proceso de Mario Aburto, en un video dado a conocer por el periódico Reforma los días 11 y 12 de febrero próximo pasado, queda de manifiesto el interés del expresidente Carlos Salinas de Gortari en el diseño de una estrategia, a fin de acelerar el proceso en su contra y condenarlo a la pena máxima, estrategia en la que participaron la doctora Olga Islas, subprocurador especial en esa etapa, el juez Alejandro Sosa Ortiz, encargado del proceso, así como el licenciado Juan Velázquez, entonces representante legal de la viuda de Colosio, en la que este último pediría a los abogados de Tranquilino Sánchez Venegas y a los de Mayoral, que separaron los procesos judiciales para lograr el objetivo de condenar a Aburto a la pena máxima antes de concluir el sexenio salinista.
La estrategia se cumplió. Aburto fue sentenciado el 31 de octubre de 1994, antes de finalizar dicho sexenio, mientras que Tranquilino y los Mayoral en procesos separados, salieron en libertad el 14 de abril y el 8 de julio de 1995 respectivamente.
Esta situación que pone en entredicho la independencia del Poder Judicial y deja ver la influencia que sobre los abogados de los Mayoral y Tranquilino ejercía en ese momento el licenciado Juan Velázquez, amerita ser investigada para determinar, ¿por qué aceptó el juez Alejandro Sosa Ortiz, participar en la estrategia, qué interés lo motivó, si se aceptaron tiempos procesales que la ley establece tanto a la defensa como al Ministerio Público? ¿Cómo logró Juan Velázquez convencer a los abogados de Tranquilino y de los Mayoral de que separaran los procesos? Todo ello para determinar si una vez esclarecidas estas interrogantes, los hechos tienen alguna repercusión en la investigación de este asesinato.
Otros aspectos ligados a la investigación de la acción concertada, son los que se refieren a la relación entre Mario Aburto, los Mayoral y Tranquilino Sánchez Venegas, acreditada con diversos medios de prueba dentro de la investigación para determinar su posible vinculación con los hechos del 23 de marzo de 1994.
Las declaraciones de los Zamudio, la situación del mayor Morán y su desempeño en los días anteriores al atentado.
A más de dos años de que se integró la Comisión de Seguimiento en esta Cámara, con la información proporcionada por la autoridad competente, sostenemos los diputados del Partido Acción Nacional nuestra convicción de que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue producto de un complot, que no se limitó a privar de la vida al licenciado Colosio, sino que sigue actuando para lograr la impunidad de los actores intelectuales de este reprobable acto.
De los cuatro subprocuradores especiales que se han encargado de la investigación del caso, Miguel Montes se precipitó, adelantando una conclusión en el sentido de que fue obra de un asesino solitario. Olga Islas, sin asumir un posicionamiento expreso, abundó en algunas líneas de investigación, pero sin que trascendieran a la hipótesis de la acción concertada.
Las investigaciones realizadas por Pablo Chapa enmarcaron líneas que aportan elementos para determinar que fue un complot, y si bien no se han podido concluir de manera contundente en la responsabilidad de otros participantes además de Mario Aburto, existen datos y pruebas en el expediente que permiten sostener que se trata de una acción concertada. Por ello resulta cuestionable que a siete meses de que tomara bajo su responsabilidad las investigaciones el cuarto subprocurador especial, licenciado Luis Raúl González Pérez, habiendo profundizado en el estudio y análisis de los diversos documentos y demás probatorios, manifieste: "no quiero caer en una tesis que no tenga sustento. No comparto ni la tesis del asesino solitario ni la del complot".
La reunión informativa el martes 11 de marzo con los legisladores integrantes de las dos comisiones del Congreso, manifestó que su posición se basaría en las evidencias encontradas. El caso es que en las conclusiones de 10 líneas agotadas se busca desvanecer la posibilidad de la acción concertada.
Por ejemplo, cuando señala que no hubo un deliberado propósito de transformar el escenario del crimen y que no existen elementos que hagan presumir que los trabajos para modificar Lomas Taurinas se aceleraran con tal motivo. Por lo tanto, nos parece decepcionante el resultado que presenta la subprocuraduría especial en siete meses de investigaciones sobre las líneas agotadas.
No nos convence ni la metodología empleada ni compartimos las conclusiones a que llegan.
Los escasos resultados que aporta contrastan con el nutrido grupo de colaboradores que integran esta subprocuraduría.
Entre las novedades que se pretenden informar se encuentra la entidad del sexto pasajero que acompañó a Mario Aburto, en su traslado de Tijuana a la Ciudad de México. Dicha identidad ya se había dado a conocer a los integrantes de las comisiones de seguimiento por Pablo Chapa, hace aproximadamente un año.
El procurador Jorge Madrazo, por su parte, en reunión con la comisión de esta Cámara, el 21 de enero del presente año, manifestó su disposición, como lo refiere el informe leído por la diputada Lupita Morales, aquí presente, de promover un acercamiento entre la autoridad investigadora y dicha comisión. Sin embargo, hasta ahora no lo ha cumplido y mucho menos se ha pronunciado en torno a las investigaciones de la subprocuraduría especial.
Señoras diputadas y señores diputados. Los 18 integrantes de la comisión de seguimiento de esta Cámara, en nuestras diversas actividades hemos sabido superar diferencias y compartir coincidencias. Reflejo de ello es el informe que suscriben los cuatro grupos parlamentarios, en el que se reitera la convicción de que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue producto de una acción concertada.
La razón de ser y el propósito de esta comisión, consiste en conocer toda la verdad.
Por lo que se refiere a los diputados de Acción Nacional, continuaremos exigiendo que se investigue hasta castigar a los criminales.
Muchas gracias, señores.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Heriberto Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, par el mismo tema.
El diputado Heriberto Tomaz Lizárraga Zataraín:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me toca en esta oportunidad fijar la postura de mi partido en relación al seguimiento, a las investigaciones que esta comisión especial ha realizado en torno al atentado cometido en contra de Luis Donaldo Colosio.
Ayer se cumplieron tres años de su dolorosa pérdida. Durante más de un mil noches la conciencia de esta nación ha dormitado en la incertidumbre y en la sospecha; durante más de mil noches, muchos mexicanos nos hemos preguntado en profunda reflexión: ¿qué pasó aquel 23 de marzo? Durante más de un mil noches hemos intentado atar cabos, responder preguntas, analizar respuestas, relacionar eventos en apariencia aislados, ¿por qué no decirlo?, también hemos desechado hipótesis. Pero la principal, la más importante, la que más interesa, no hemos podido siquiera acercarnos a ella.
¿Quién o quiénes mandaron matar a Luis Donaldo? A tres años de distancia, seguimos sin respuesta. A estas alturas, día que pasa es día perdido, día que pasa es distancia que se toma, es verdad que se aleja, es sospecha que se alimenta, pero que a la vez acerca a la certidumbre, a la certidumbre si no legal e histórica, a esa certidumbre que nos indica que Luis Donaldo Colosio fue víctima de un complot, de una instrumentada orquestación que, además de quitar la vida a Luis Donaldo, está privando al pueblo de México del conocimiento de la verdad.
Es triste y desesperante conocerlo, pero hasta ahora, van ganando quienes lo mandaron matar. Para ellos, día que pasa es confusión que se acumula, es un disparo más que se acierta, es otra gota de sangre que se derrama.
Para ésos el triunfo es el cansancio, la resignación y el olvido; para ésos, desviación es avance y es cosecha, es fruto que deleita su perverso paladar. En pocas palabras, es justicia que se desvanece.
Es cierto que mucho sabemos de la vida de Luis Donaldo. Estamos bastamente documentados de su obra, de sus ideales y sus visiones, de sus orígenes y actuaciones como servidor público, imagen que dejó en los diversos cargos que ocupó.
De Luis Donaldo en vida se sabe mucho, pero para ello tuvo que morir y es poco o casi nada, nada, lo que sabemos de su muerte.
Esta legislatura aprobó la integración de una comisión especial de seguimiento, cuyo tercer informe acaban ustedes de escuchar hace unos momentos.
No es el caso aprovechar esta tribuna para nuevamente hacer un recuento de lo realizado, pero considero que es propio destacar que lo que ustedes han escuchado, es un informe que cuenta con la aprobación de los cuatro partidos políticos representados en esta comisión especial.
El valor que ello tiene da cuenta de la responsabilidad que todos y cada uno de mis compañeros diputados, han asumido en torno al asesinato de Lomas Taurinas, para quienes dentro de los límites de nuestra función, hemos dado seguimiento a las investigaciones.
Queda claro que más allá del partido al que pertenecemos, permanece latente un agravio que todavía lastima y flagela a la sociedad mexicana. Que la resolución de este crimen, trasciende cualquier frontera ideológica. Que la verdad a la que queremos llegar no puede obedecer a los intereses o a la fuerza de tal o cual partido.
El consenso al que hemos llegado, sólo obedece a la interpretación que hemos dado al sentir del pueblo mexicano. Finalmente, es a ellos a quienes representamos y es a ellos a quienes debemos informar sobre el seguimiento que le hemos dado a estas investigaciones.
En el Partido Revolucionario Institucional, no podemos ni debemos estar conformes con los resultados que se nos han presentado y no podemos estar conformes, cuando después de tres años cuatro procuradores generales de la República, cuatro fiscales especiales y después de más de 27 mil fojas, algunas hipótesis hayan sido insuficientemente agotadas y en otras tantas se siga profundizando.
Si bien es cierto se ha trabajado y en ello hay avances, también lo es que ello no guarda la proporción con el tiempo que ha transcurrido. Como en un principio las investigaciones no han satisfecho hasta el momento el reclamo del pueblo mexicano, hasta ahora no se ha respondido satisfactoriamente a las dudas que permanecen en torno a este asesinato.
La irritación, la indignación y la amargura, son sentimientos que cultivan esta inconformidad con hambre de resultados, con sed de justicia. No tenemos indicios claros que apunten hacia la autoría intelectual. En los hechos tenemos sólo un responsable del asesinato, pero no se ha podido superar la etapa de los rumores, de las cortinas de humo, del surgimiento de más dudas y más confusiones.
¿Por qué tantas omisiones al inicio de las investigaciones? ¿Por qué tantos errores de procedimientos? ¿Fueron éstos voluntarios, involuntarios o producto de la incompetencia. ¿No son éstas acaso preguntas que a estas alturas deberían de tener ya respuesta?
Es cierto que en el Partido Revolucionario Institucional hemos sostenido que nosotros somos los más interesados en la resolución del crimen, por ser los primeros agraviados, pero ahora este agravio se ha extendido a toda la sociedad mexicana y ante la falta de resultados se formó ya una opinión de lo ocurrido hace tres años.
Esta reacción parecería no ser gratuita, cuando después del tiempo transcurrido, el pueblo de México supone que la información hasta ahora recopilada, debería arrojar ya ciertas luces de lo sucedido en Lomas Taurinas. Para muchos de ellos, Luis Donaldo representó una legítima esperanza.
"La cultura del esfuerzo y del no privilegios. La traducción de las sanas finanzas nacionales en sanas finanzas familiares. La concepción de este mundo no nos fue heredado por nuestros padres sino prestado por nuestros hijos" y muchas más, son frases de Luis Donaldo, que han quedado grabadas en la conciencia de muchos mexicanos.
¿Como no recordar también en estos momentos a Diana Laura, su esposa; a sus hijos que aún le viven? ¿Y qué decir de la dignidad y la fortaleza con que se ha conducido don Luis Colosio Fernández? ¿Cómo no valorar todo lo que nos ha transmitido con su ejemplo, con su verticalidad, con la honestidad que ha manifestado en todas y cada una de sus declaraciones?
¿Qué le podemos decir en este momento, a un padre que sólo pide justicia para su hijo?
Como sonorense, como priísta que soy y como miembro de esta comisión especial, quiero brindar un reconocimiento muy particular al padre de don Luis por la confianza que públicamente depositó para esta comisión especial.
Seguro estoy que mi partido sabrá responder a ello y desde cualquier foro y en toda oportunidad seguiremos reclamando hasta que se haga justicia.
Compañeras y compañeros diputados: es poco lo que queda por decir después del tiempo que ha pasado y es mucho lo que queda por hacer. Muchas también son las palabras pronunciadas, pero son muy pocos los resultados encontrados. Todos queremos saber la verdad, en ello no hay duda, todos coincidimos. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la sabremos? Hoy, no tenemos la respuesta.
Pero que quede claro, que ya es tiempo que las investigaciones se sitúen en una nueva etapa, que se sitúen en otro nivel que permitan acceder a nuevas luces y a mejores intentos. La incertidumbre, el desconcierto y la confusión no deben de seguir desplazando a la confianza que muchos mexicanos tenemos en la resolución de este crimen.
En suelo mexicano y particularmente en suelo sonorense ya no cabe la indignación ni la frustración, sólo queda espacio para hacer valer el peso de las leyes que nos rigen, para no situar a nadie por encima de ellas; mucho menos a quienes participaron en el asesinato de Luis Donaldo. La convicción de hoy es una sola: es tiempo ya de apuntar hacia la verdad, de despejar dudas para encontrar certezas; de hacer menos preguntas y buscar más respuestas; de abandonar mitos y fantasías y construir más realidades.
Es tiempo ya de empezar a recorrer el velo que oculta el rostro de la autoría intelectual.
Compañeras y compañeros diputados: ruego de la manera más respetuosa ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
(Minuto de silencio.)
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Joaquín Rodríguez Lugo.
El diputado Joaquín Rodríguez Lugo:
Con profundo dolor acudo hoy a esta tribuna, con dolor republicano, dolor que comparte la nación entera, hoy desde esta alta tribuna, recuerdo al líder, al político, al ser humano sensible, al hombre que renovó la esperanza del pueblo de México: Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Apenas ayer, los priístas nos reunimos en la sede nacional de nuestro partido para recordarlo, son ya tres años de su ausencia, tres años que lastiman hondamente a todos los mexicanos.
Luis Donaldo Colosio Murrieta permanece en nuestro recuerdo. Su ejemplo, su vitalidad, su demostrada capacidad y la sencillez que condujeron su actuar en el servicio público y en la militancia partidaria, se mantienen como ejemplo a seguir para quienes estamos dispuestos a perseverar en la construcción de un México cada vez más justo. El México en el que Colosio soñó.
Son muchas y muy sentidas las manifestaciones de tu pueblo, Luis Donaldo, son muchas, porque la mayoría de los mexicanos compartíamos tu proyecto; son muy sentidas, porque siempre te recordaremos.
El paso del tiempo no ha logrado borrar tu imagen; muy al contrario, todos los días estás presente en muchos de nosotros que aún en tu ausencia, luchamos por construir el país que soñaste para tu gente.
Ernesto Zedillo Ponce de León encabeza nuestros esfuerzos, rinde diariamente culto a tu memoria, con valor, con dignidad, anteponiendo el interés supremo de la nación, con ejemplaridad y carácter de hombre y de mandatario.
Hace tres años ya de esa siniestra tarde en que perdiste la vida, toda la nación se conmovió, México entero sufrió tu pérdida, nadie bien nacido puede alegrarse por la muerte de ningún hombre o mujer, mucho menos de alguien que como tú se esforzó y luchó por lo que creía.
Tu esfuerzo y dedicación, Luis Donaldo, fueron siempre de la mano de la lealtad y del compromiso; encontraste en la práctica cotidiana del quehacer político, la forma más clara de plantear compromisos comunes, con miras a la renovación y fortalecimiento de las instituciones y del estado de derecho, en el que siempre creíste, al que siempre defendiste, igual que Juárez, igual que Madero, igual también que Carranza, tal y como lo hace hoy el presidente de todos los mexicanos.
Colosio creyó siempre en el equilibrio de poderes, su práctica siempre fue la ley; por ello ratificamos que no permitiremos que nada ni nadie manche su imagen ni su memoria.
La percepción generalizada de la sociedad mexicana, es que tú querías construir un México nuevo; querías encabezar un gobierno que estuviera cerca de la gente; donde la iniciativa popular sería el eje fundamental para el avance y el progreso social.
Querías, Luis Donaldo, encabezar un gobierno sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares, sabías bien que en la unidad de los mexicanos, con el esfuerzo conjunto, con la suma de voluntades, no hay obstáculo que no podamos vencer.
El esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, es un asunto de interés nacional, que rebasa al posicionamiento estratégico de todos los partidos y grupos políticos.
Señoras y señores diputados: queremos saber la verdad porque los mexicanos merecemos saberla; queremos saber la verdad, porque los mexicanos la reclamamos, queremos saber la verdad porque sólo con ella habrá justicia. Puntualizo: ningún interés puede estar encima del interés nacional.
Sólo en la verdad podremos caminar juntos hacia un tiempo nacional que convenga a todos; ese tiempo, será, necesariamente, el tiempo de la verdad de la nación; ese tiempo, que en la verdad, dé razón a la esperanza, el tiempo, que en la verdad, nos haga transitar por el camino de la gran reforma social, de la democracia y de la justicia;, ese tiempo, que en la verdad, fortalezca nuestra unidad y nuestra soberanía, un tiempo mejor que juntos podemos construir para nuestros hijos.
En un mundo marcado por la incertidumbre, México reafirma, en el gran consenso de su sociedad y con las lecciones de su propia historia, su destino soberano, su independencia, su nacionalismo y su búsqueda de una sociedad más justa en las libertades y la democracia.
Nuestra cultura rica, diversa y milenaria, da sustento a nuestra identidad. Ella inspira un nacionalismo activo, ajeno a exclusiones y sin temores.
El México moderno no se concibe sin una democracia constitucional sólida y el imperio del estado de derecho, en éste, el mandato supremo es la justicia y el abatimiento de la impunidad.
No podemos ser tolerantes con quien o quienes violan la ley, este aspecto rebasa cualquier filiación; en el México contemporáneo, los culpables deben pagar por sus culpas.
Honorable Asamblea: a tres años de la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, su vida y obra quedan permanentemente ligados al México en nuestros tiempos, a este país de justos reclamos y nuevas demandas, pero sobre todo, de grandes oportunidades.
Rendir homenaje a Luis Donaldo Colosio, compromete a actuar, hay ante nosotros, una gran tarea que exige las voluntades de todos los mexicanos.
Cuando todos nuestros afanes coinciden en la nación los mexicanos sabemos sin distingo de ideologías o militancias; petistas, perredistas, panistas y priístas, que la diversidad se vuelve unidad y la pluralidad se vuelve fuerza.
Colosio vive en cada uno de las mexicanas y mexicanos, priístas o no, que compartimos sus ideales y su proyecto.
Colosio no ha muerto para todos aquellos que creemos que hay, ante nosotros, un amplio camino de trabajo y esperanza; un elevado proyecto de país, un propósito firme de que el bienestar de México sea el bienestar de los mexicanos; de que la grandeza de México sea la grandeza de los mexicanos.
Colosio vive en los campesinos que aún no tienen las respuestas que se merecen; en los trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan; en los jóvenes que enfrentan los días difíciles de su realidad; Colosio vive en las mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen.
Compañeras y compañeros legisladores: encontramos la hora de la respuesta a un México que exige soluciones; compromiso y vocación de servicio; ese México próspero y justo en el que todos creemos, en el que creyó Colosio, está a nuestro alcance; lo que hagamos hoy, será determinante para que las futuras generaciones desarrollen sus facultades físicas y mentales, para que la riqueza sea real y esplenda con carácter comunitario y no sólo como brote alimentador de grupos selectos.
Lo que hagamos hoy, será juzgado por la historia; que se diga que estuvimos a la altura de las circunstancias y cumplimos con nuestro deber.
Señor Presidente; honorable Asamblea, ¡Colosio vive!
Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al fraude de Brisamar, en Baja California.
El diputado Daniel Quintero Peña:
Con su permiso, señor Presidente; diputadas y diputados:
En 1991, a lo largo de todo el territorio, los mexicanos fuimos testigos de gigantescos fraudes de compañías inmobiliarias que al amparo de supuestas cajas de ahorro promovieron pirámides que por sus características mismas fueron insostenibles. En la mayoría de los casos o los accionistas de esos consorcios fueron aprehendidos, procesados y sentenciados o bien los defraudados ahorradores recibieron alicientes compensatorios a la pérdida de su patrimonio en la mayoría de los casos, excepto en Baja California.
Por causas que a la luz de los acontecimientos recientes parecen más sospechosos que nunca, por intereses ocultos que mediatizaron el procedimiento legal o por dilaciones que rayarían en la complicidad, por alguna razón más de 7 mil 500 personas, la mayoría adultos retirados o jubilados que depositaron todo su patrimonio en inmobiliaria y constructora Brisamar, no únicamente siguen sin recibir la justicia a que tienen derecho, sino que algunos han muerto producto de la pérdida de sus ahorros, otros viven en condiciones de extrema miseria y el resto ha debido ir a la búsqueda de nuevas alternativas de sobrevivencia pese a su edad.
El caso de Brisamar en Ensenada y en todo Baja California, que por sus repercusiones sociales y económicas llamó la atención de los debates políticopartidistas, incluso electorales en los últimos siete procesos locales y federales, fue tolerado por autoridades locales y federales. Lidereados inicialmente por múltiples dirigentes, entre otros el doctor Héctor Alonso Díaz Rico, los ahorradores buscaron todas las instancias: la presidencia municipal, la legislatura estatal y el gobierno de Baja California, sin éxito. Han acudido a los legisladores federales, diputados y senadores, sin éxito; han visto a subprocuradores especiales de la Procuraduría General de la República, sin éxito; se entrevistaron personalmente a solicitud nuestra, con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, sin éxito; con el ex procurador Ignacio Morales tampoco tuvieron respuesta.
Aunque actualmente uno de los cuatro accionistas del Consorcio Brisamar, Rafael Luna Córdoba, purga una sentencia por el delito de banca paralela en la cárcel de Ensenada, los principales promotores e impulsores de la empresa, Francisco, Alfonso y Jesús Luna Córdoba, continúan prófugos de la justicia.
Mítines, marchas, plantones, viajes, reuniones, demandas, desplegados periodísticos, centenares de notas informativas y otro tanto de versiones de radio y televisión, han sido instrumentos de los ahorradores, sin éxito; decenas, centenas de reuniones, de planes y estrategias para lograr atraer la atención del Gobierno de la República, sin éxito.
Como antecedente cabe mencionar que en la década de los años ochenta, Ensenada se significaba más por una estabilidad económica sostenida que por su crecimiento, pero durante los primeros cinco años de los noventa la depresión económica cobró su cuota política y social que transformó el entorno de la comunidad local y en cuyas causas el caso Brisamar ocupa el papel definitivo.
Cientos de millones de pesos que mensualmente hacían su aparición a través de pago de intereses del 12%, se traducía en la liquidez para el medio gracias al arribo de más capitales del norte de Sonora, sur de California, Tijuana, Mexicali y Baja California Sur, que contribuyeron a mantener una estabilidad económica local.
El caso Brisamar en todo este periodo ha sido blanco de mentiras o víctimas de buenas intenciones. Los ahorradores recibieron promesas de la devolución de sus capitales. En 1992 les prometieron a los inversionistas la devolución de capitales, porque los abogados de los hermanos Luna Córdoba decían haber conseguido créditos en el extranjero para pagar a los ahorradores siempre y cuando no los demandaran penalmente. Los ahorradores lograron detener pero sólo temporalmente el remate de bienes de Brisamar, la abogada defensora de los prófugos accionistas, Thalía Dentón, hizo saber que los hermanos Luna pagarían después de haber conseguido un crédito en el extranjero, pago que harían bajo diversas condiciones, como presentarnos copias del documento original que ampara la inversión, un escrito en que asiente con puño y letra del inversionista que no ha interpuesto demanda penal y evitar informar a la prensa.
Desde mayo de 1991 a 1992 a consecuencia de la preocupación que significó a miles de familias perder su patrimonio, murieron 10 ahorradores y en 1996 la cifra alcanzó a 40 más. En medio de este drama se integró un comité con representante de ahorradores, un representante del gobierno estatal y miembros de la Comisión de Justicia, Asuntos Fronterizos, así como Hacienda y Crédito Público de la LV Legislatura. A la vez los ahorradores defraudados en todo el país se unieron a una Asociación Nacional de Inversionistas Defraudados, que de acuerdo a datos propios, vieron desvanecerse unos 800 millones de dólares.
El entonces diputado federal, Amador Rodríguez, ahora senador de la República por el Estado de Baja California y en su anterior calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la LV Legislatura pidió al procurador General de la República, Ignacio Morales, cumplir la promesa de enviar a Baja California a agentes del Ministerio Público Federal, para atender la demanda de defraudados.
La demanda de los ahorradores era y sigue siendo en más de cinco años la extradición de los hermanos Francisco y Jesús Luna Córdova, así como el expediente 108/95 del cuarto juzgado del distrito en Tijuana. Este mismo caso fue traído al pleno de la Cámara de Diputados, para pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que agilizará la extradición de los prófugos accionistas, hermanos Luna Córdova.
La petición fue hecha por el diputado federal de la LV Legislatura, Raúl Velasco Gómez y apoyada por el también diputado Rogelio Appe Chacón, aquí se denunció que en 10 meses los ahorradores no habían encontrado justicia al reclamar la devolución de sus capitales invertidos. Ahora han pasado seis años, incluso el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel dijo haber tenido conocimiento de los paraderos de los hermanos Luna Córdova en Estados Unidos, pero no pudo o quiso detenerlos.
El gobierno estatal adicionó el problema de Brisamar, desde antes que surgiera y pese a que en reiteradas ocasiones le pidieron a la Comisión Nacional Bancaria que interviniera a la empresa para deslindar legalmente en su funcionamiento, el gobierno actuó muy lentamente.
Finalmente, obligado por los términos de la ley. Los 7 mil 500 inversionistas de Brisamar que creyeron en la buena fe de los propietarios, reclaman judicialmente más de 120 millones de dólares.
La nueva mesa de averiguaciones previas para el caso Brisamar fue puesta en operación desde 1992, con un sistema de computación para atender las 5 mil demandas judiciales y en cuyo operativo se involucraron agentes del Ministerio Público, mecanógrafos, secretarias de acuerdos para atender en varios módulos que implicó un gasto adicional de 40 mil nuevos pesos para la dependencia estatal. El punto es que al menos 800 millones de dólares fueron defraudados a empresas que actuaban como casas de ahorro para miles de inversionistas en México, según los defraudados ahorradores de Brisamar.
La inmobiliaria y constructora Brisamar que se llevó al menos 120 millones de dólares de 5 mil personas que en un 80% depositaron de 10 a 50 millones de pesos de la época, según el recuento que hicieron los ahorradores con las copias de las letras de cambio que amparan sus inversiones, el 10 de enero de 1996 una comitiva de representantes de Brisamar se reunió a instancias nuestras en la capital de la República con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República.
El dirigente de ahorradores, Rafael Flores Muñoz y Martha González, parte de la directiva de Unión y Perseverancia Social en Pro de Justicia, AC, y un tercer grupo de inversionistas formados en octubre de 1995, pidieron en las audiencias acelerar los trámites de extradición de los prófugos accionistas de Brisamar. El 19 de marzo de 1994, se abrió una aparente oportunidad para los defraudados ahorradores del grupo inmobiliario Brisamar, la posibilidad de obtener la devolución de capitales que se ofreció con la formación de un fideicomiso, como ocurrió con inversionistas defraudados por otra inmobiliaria en Morelia, Michoacán y que pudiera reportar ingresos que les permitiera sobrevivir, particularmente porque el 93% de los 7 mil 500 ahorradores perdieron su único patrimonio e ingreso familiar.
La esperanza de los ahorradores era el ex secretario de Desarrollo Social y entonces candidato priísta a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, promotor del fideicomiso en Michoacán, esperaban hacerle el planteamiento aquél 23 de marzo de 1994.
Los ingresos que pudieron obtener los ahorradores con el fideicomiso, aliviaría su economía independientemente de continuar con el litigio en los tribunales judiciales para promover la captura de los prófugos accionistas de Brisamar. La propuesta del fideicomiso incluiría aportaciones económicas de los gobiernos estatal y Federal, que se sumaría a algunos bienes de la empresa Brisamar como ocurrió con otra inmobiliaria de Michoacán.
A instancias de esta representación legislativa y gestionada desde el 15 de diciembre de 1995, el procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, aceptó recibir a los ahorradores quien en la reunión hicieron hincapié en la falta de respuestas desde 1991 que se descubrió el fraude.
El deseo expresado por los ahorradores fue en torno a la detención y extradición de los hermanos Luna, a lo que el procurador ofreció el respaldo del Gobierno de la República; a la reunión con el procurador también invitado por el de la voz, el diputado Jorge Catalán, así como los integrantes del grupo de ahorradores de Brisamar, José Jiménez, Juan Cossío y Martha González.
En dicha reunión una de las líneas de investigación se refiere el delito de banca paralela en que habían incurrido la casa inmobiliaria y sus accionistas, la PGR reanudó el caso y anunció que establecería coordinación con agencias del Ministerio Público del fuero común, así como con la Secretaría de Hacienda, que persigue el delito de banca paralela.
La PGR promovió participar con los ministerios públicos de Baja California. En un comunicado dirigido al Congreso local, los ahorradores pidieron la intervención de la legislatura ante la Procuraduría Estatal de Justicia, en virtud de que transcurridos seis años no tienen conocimiento de que la Procuraduría del Estado haya intensificado sus acciones para lograr la localización y detención de los prófugos accionistas.
Los ahorradores también ignoran si la autoridad estatal ha solicitado la colaboración de las procuradurías de justicia de los estados de la República. Los ahorradores sospechan que las autoridades dan poca importancia a un problema social. El gobierno del Estado nombró el 16 de enero pasado al licenciado Adán Pelayo Ponce, encargado de la dirección de control de procesos. Antiguamente, hacia seis meses, habían nombrado al licenciado Antonio Rosales Grimm, quien nunca los recibió.
Las sospechas de los ahorradores está fundada en que han sabido que los prófugos accionistas viajan a través de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. El problema social éste que afectó a los cinco municipios del Estado y que al parecer lo tienen empantanado sin intención de solución alguna.
El 16 de marzo de 1996, el Procurador General de la República giró instrucciones a los elementos de la Policía Judicial del Estado, para complementar las órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Luna Córdova, pero han pasado seis años y con ello, marchas, mítines, plantones, reuniones, viajes, entrevistas, promesas y esperanzas.
Los defraudados siguen reclamando justicia, que no la ha habido, respuestas que no ha habido, no ha habido respuestas a sus solicitudes, incluida la propia nuestra, no ha habido respuestas a escritos dirigidos al Procurador General de la República, del 9 de marzo de 1995 y del 20 de junio del mismo año. Los defraudados piden la constitución del fideicomiso que les ayude a resarcirse de los bienes, que el procurador Madrazo Cuéllar reciba a los defraudados, quienes no se dan por vencidos; piden que se les dé atención responsable que merecen los ahorradores, demandan justicia.
Para que se le dé cabal cumplimiento, solicito respetuosamente al Presidente de la Cámara que se turne a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
La solicitud, compañeros diputados federales, es de dar respuesta a este grupo de mexicanos que han cumplido con el país y que únicamente esperan morir con dignidad, al menos con la dignidad de mover el aparato judicial y provocar la aspiración máxima del ciudadano: el accionar de la justicia y el cumplimiento del derecho que, se supone, ha inspirado a muchos cuantos nos han antecedido.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE JALISCO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al proceso de Ana María Vera, recluida en el Cereso de Puente Grande, Jalisco.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
A medida que avanza el régimen zedillista, se agudiza la represión a todo lo largo y ancho del territorio nacional. En el Distrito Federal han caído en prisión nuestros compañeros del Frente Popular Francisco Villa, encabezado por Elí Homero Aguilar, preso político del regente Oscar Espinosa Villarreal.
El regente persigue también a los compañeros José Jiménez, Alejandro López, quienes se encuentran hoy ocultos para escapar a la acción, no de la justicia sino de todo lo contrario, de la injusticia del jefe del Departamento del Distrito Federal.
En el Distrito Federal se encuentran presos múltiples compañeros del Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FACMLN), que fueron perseguidos por el gobernador de Oaxaca, Diodoro Carrasco Altamirano, acusándolos falsamente de ser miembros del Ejército Popular Revolucionario.
Para evitar que los familiares de los presos de Ixcotel, Oaxaca, pudieran acercarse a sus parientes, decretó el gobernador de consuno con la autoridad federal, trasladarlos a tres penales de la capital de la República.
En Guerrero, Angel Eladio Aguirre y su secretario de gobierno, Humberto Salgado, persiguen sin ton ni son, un día sí y otro también por doquier, a los líderes de la OCSS y de UOSS respectivamente Organización Campesina de la Sierra del Sur y de la Unión de Organizaciones Sierra del Sur; así un día detienen a Hilario Mesino, otro a Benigno Guzmán, otro a Bertoldo Martínez, todos acusados, sin prueba alguna, de ser miembros y en uno de los casos a Benito Guzmán, de ser nada menos que el jefe supremo del EPR.
En Veracruz, el gobernador Patricio Chirinos tiene recluidos en perote a Porfirio del Angel, acusado también de ser miembro del EPR sin prueba alguna. Ha recluido también a César del Angel. Este caso llama la atención porque además existen 50 órdenes de aprehensión contra integrantes del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos.
Del Angel César ha sido víctima de tres aprehensiones en los últimos cinco años. En todas ellas violación sistemática de sus derechos humanos. El tercer encarcelamiento en noviembre de 1996 por despojo y daño, ni siquiera contó por parte del fiscal con la ratificación en términos de ley, de sus acusadores.
Hoy llama nuestra atención de manera especial, la denuncia que hace la Asamblea Nacional de Mujeres, la ANAM, que dirige la compañera Cecilia Corona, respecto del caso de Ana María Vera Smith, presa política en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco. Este es un caso crítico de violación de los derechos humanos. Es el caso que esta luchadora social fue detenida desde hace seis años y nueve meses, desaparecida durante un periodo de siete días. Posteriormente torturada de manera brutal, forzada a firmar una declaración preparada por los mismos agentes que la detuvieron. Fue recluida en el Reclusorio Norte durante 110 días, segregada y apandada, según el léxico de los persecutores y ahí la compañera Vera Smith estuvo seis años sin ser sentenciada.
A fines del año pasado, a raíz de la emergencia del Ejército Popular Revolucionario, fue trasladada sin justificación alguna al Centro Federal de Readaptación Social número dos, penal de alta seguridad en Puente Grande, El Salto, Estado de Jalisco.
Es de fama pública que ese centro fue construido sólo para presos sentenciados y únicamente varones. A Ana María Vera Smith se le obliga a usar ropa y calzado masculino, se le niega la convivencia con los otros internos por su condición de mujer, se encuentra en completo aislamiento dentro del mismo penal. Los alimentos se le dan por una abertura en la pared de su celda; está confinada en un espacio en el que sólo caben una cama y una silla de piedra. Tiene acceso dos horas al día a un espacio de cinco por 10 metros para caminar, proporcionándole un balón, eso sí, pero sin aire, para que supuestamente haga deporte. Se le obliga a realizar trabajo forzado cosiendo números en fundas y sábanas, a cambio de 18 pesos semanales.
Está obligada a estudiar nuevamente el bachillerato, no obstante que es licenciada en sicología. Se le permite ver a su esposo, quien también está recluido en ese centro, sólo dos horas cada nueve días, sin derecho a la visita íntima. Se le somete a 14 revisiones diarias, que desde luego son degradantes y atentatorias contra el pudor de la interna y en los días de visita es sometida a doble revisión.
Estas condiciones específicas hacen que con esta fecha, a esta hora concertada, la compañera Ana María Vera Smith inicie un ayuno en compañía, desde luego en otros sitios, de Felipe Edgardo Canceco Ruiz; Rey Venegas Castro; Pablo Torres Hernández; Italo Ricardo Díaz y Rubén Díaz, para demandar su inmediata libertad y, desde luego, la de todos los presos políticos del país.
En sí mismo estos hechos son reveladores de que los centros pomposamente denominados de readaptación son todo lo contrario: de destrucción social de los internos. Pero quiero llamar la atención de ustedes a las violaciones jurídicas.
El artículo 3o. del reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, sostiene que debe aplicarse en las instituciones ya señaladas y que se destinan únicamente al internamiento de reos que se encuentran privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada de autoridad federal competente y es el caso, ya fue dicho, que la compañera Vera no ha sido sentenciada.
Más grave aún, la violación al artículo 18 constitucional, que establece que sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
En el segundo párrafo, textualmente: "las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres".
En el artículo 20 constitucional se dice: "los indiciados serán juzgados antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo". Es el caso que ha pasado un sexenio y no ocurre la sentencia.
A mayor abundamiento, el artículo 22 de la Carta Magna señala: "quedan prohibidas las penas de mutilación e infamia: la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie", y es el caso que a la compañera Vera Smith se le atormenta obligándola a usar ropa y calzado masculino.
Ya quisiéramos ver a los custodios varones obligados a vestirse de mujer y calzar como mujeres.
La visita de aquellos que ocurren al penal de alta seguridad de Puente Grande tienen que someterse a las siguientes revisiones: revisiones intimidatorias y vejatorias; traspasar ocho retenes; filmación de todos sus movimientos; se les obliga a desvestirse; se incluye en la revisión mostrar los genitales, en algunos de los retenes existen rehiletes que para poder pasar requieren de un número clave que incluye la huella digital para ser fichados por un sistema internacional cibernético.
Y esto, compañeras y compañeros, nos consta; hemos visitado en varias ocasiones a presos en Puente Grande y sólo porque hemos hecho valer la dignidad que corresponde a un diputado de la nación, no se han consumado todas las vejaciones que aquí hemos enlistado.
A petición de la Asamblea Nacional de Mujeres, con esta fecha hemos dirigido misivas a las siguientes organizaciones internacionales de derechos humanos, apoyando la solicitud de Ana María Vera Smith: a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a Amnistía Internacional, a Americas Wach, a Human Raits y, desde luego, desde esta tribuna también, hacemos un llamamiento al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, al subsecretario de Prevención y Readaptación Social, Juan Ramiro Robledo, al juez que conoce de la causa y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, Oscar González López, para que de consumo intervengan en favor de la citada Ana María Vera Smith y se logre su traslado inmediato a un reclusorio femenil y su posterior liberación por evidente falta de pruebas.
Muchas gracias, compañeros diputados.
FUERO CONSTITUCIONAL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en defensa del fuero constitucional de los diputados.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados, integrantes de la LVI Legislatura:
Hemos solicitado hacer uso de la palabra en defensa del fuero constitucional de los diputados Ramón Sosamontes y Jesús Zambrano, porque estamos convencidos de que lo importante es importante que se establezca un precedente que pueda ser después utilizado contra otros compañeros diputados.
Resulta que por resolución de un magistrado integrante de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia, se ha admitido la demanda establecida por el señor José María Córdoba Montoya, por el daño moral que, a su juicio, le ha sido causado por las opiniones de los diputados Zambrano y Sosamontes.
Esta demanda ha sido en tiempo y forma debidamente contestada, pero el día de mañana vamos a interponer un recurso de amparo contra esta decisión porque, como decía al inicio de mi intervención, no queremos consentir que se establezca este precedente.
Sin embargo, es importante dejar precisadas algunas cuestiones. En primer lugar, nosotros consideramos y ahí ha sido contestado, que las opiniones de los diputados han sido actos, opiniones vertidas, manifestaciones políticas en el ejercicio de su encargo como diputados y que por tal motivo no pueden ser parte de una inquisición judicial por la manifestación de estas opiniones.
Aquí lo hemos acreditado, incluso ante el propio juez, al establecerse que las opiniones de los dos diputados mencionados, lo fueron en su carácter de diputados federales y como miembros de la Comisión Investigadora del Caso Colosio.
Hay quienes han ido más allá y han señalado que estas opiniones no pueden haber ocasionado daño moral alguno a una persona que no ha acreditado tener moral. Sin embargo, más allá de esta consideración de carácter político, es importante establecer que nuestra propia ley considera que no hay daño, cuando es precisamente la conducta de la persona la que genera las consecuencias supuestamente dañosas.
El señor Córdoba ha manifestado el daño moral fundamentalmente al establecer que las declaraciones de los diputados crearon un clima de opinión, que provocó en forma directa su renuncia como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y también se refiere a las declaraciones emitidas por los diputados, en donde se exige a las autoridades esclarecer las presuntas responsabilidades de José Córdoba en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Al respecto nosotros queremos insistir, que estas opiniones de los diputados, en modo alguno pudieron crear un clima desvinculado de lo que el propio Córdoba construyó con sus actos, con la prepotencia con la que ejerció la cercanía con el poder y con su injerencia, violando las formas y disposiciones legales en los asuntos políticos y económicos del país, durante todo, prácticamente todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Nosotros consideramos que este clima de opinión, se creó decisivamente por su asociación y estrecha vinculación con Carlos Salinas. Se creó por sus patrones sistemáticos de violación a la Constitución y a las leyes. Por la difusión de su estrecha asociación con Marcela Bondestert y el narcotráfico; por la difusión de las opiniones, incluso, del señor Luis Colosio y otros elementos vinculatorios de Córdoba con el homicidio de Luis Donaldo Colosio y por si fuera poco o si hiciera falta, el día de ayer al conmemorarse un aniversario más, está consignado en todos los periódicos, las fundadas razones de la familia Colosio, para señalar que José Córdoba y otros más están implicados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Por otra parte, las vinculaciones de este personaje con el asesinato de Luis Donaldo Colosio no son nuevas y para mayor precisión queremos señalar que es el propio Carlos Salinas de Gortari, quien hace presumir públicamente la vinculación con el homicidio de Luis Donaldo Colosio al anunciar el 31 de marzo de 1994, siete días después del homicidio, que José Córdoba dejaría de servir a su Gobierno en México para emplearse fuera del país en el Banco Interamericano de Desarrollo. Las relaciones de Córdoba con el aparato responsable por la seguridad del candidato presidencial y con los servicios de inteligencia y seguridad nacional, las opiniones públicas del padre de la víctima, como lo hemos señalado, son contundentes sobre el vínculo y esto se recoge en las opiniones de los más cercanos colaboradores del señor Colosio, son estas expresiones, son estos hechos, los que consolidaron en la opinión pública la sospecha vinculatoria entre Córdoba y este homicidio.
Queremos, finalmente, precisar, que en la defensa del fuero constitucional que protege las opiniones políticas expresadas por los diputados Jesús Zambrano y Ramón Sosamontes, cuentan con todo el respaldo de la fracción parlamentaria del PRD y vamos también a solicitar la intervención de la Presidencia de esta Cámara en el cumplimiento de las responsabilidades consignadas en el artículo 61 constitucional. Que vamos también a seguir de cerca esta demanda de daño moral que para nosotros será una ocasión propicia para discutir estos asuntos y más que nada también, para aportar las pruebas que permitan ubicar que es precisamente la conducta de José Córdoba Montoya la que ha generado este clima de opinión en torno a su persona y la que ha establecido su vinculación con los hechos del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
En ese juicio, será importante conocer el testimonio de Marcela Bondestert, de Carlos Salinas, de Fernando del Villar, de Justo Ceja Martínez; será importante también confrontar con los hechos, las grabaciones de conversaciones entre estos personajes que han sido hechas del conocimiento público. Será importante también presentar, como pruebas, las opiniones de familiares cercanos de Luis Donaldo Colosio, así como las actuaciones en otras causas penales.
Creemos que es una buena ocasión y una excelente oportunidad para discutir políticamente el ejercicio del poder de este personaje que durante seis años estuvo de hecho y de facto, actuando como virtual vicepresidente de la República. Ha pasado el tiempo de su poder absoluto; el señor Córdoba tendrá la respuesta y la discusión pública de estos hechos.
Por lo que respecta al fuero de los diputados, el día de mañana simplemente para no consentir esta violación al fuero de un diputado, ejerceremos también el derecho por la vía de amparo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Oportunamente la Presidencia dará respuesta al planteamiento hecho por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
CONTRABANDO DE ARMAS
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al contrabando de armas en México.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En esta difícil relación bilateral que tenemos con nuestros vecinos del norte hay asuntos que valen más que otros. Para Estados Unidos los importantes son los que ellos nos plantean, los escasamente relevantes son los que nosotros presentamos como país.
Lo anterior podría desprenderse de la lectura de la prensa de los Estados Unidos que finalmente recoge fielmente el punto de vista de algunos sectores políticos norteamericanos.
Como se ve, para estos sectores cooperación internacional es que los otros países empaquemos los tesoros y se los mandemos y ellos los disfruten. En el asunto de los migrantes lo que les preocupa es que desplacen a sus ciudadanos, poco les interesa la defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes, mucho menos están dispuestos a escuchar la aportación que hace a la economía norteamericana el trabajo de nuestros compatriotas.
En lo que se refiere al tráfico de especies ellos tampoco son culpables, no desean seres humanos de este lado de la frontera, pero dan la bienvenida a las especies animales que existen en nuestro país. Los modernos corsarios traficantes de especies se aprovechan de la corrupción de algunas autoridades mexicanas y de la necesidad de mucha gente de este lado del Bravo, que no tiene otra fuente de subsistencia que la venta de estos animales y que por hambre está dispuesta a correr el riesgo que esto conlleva.
Por lo que respecta al tráfico de drogas, hasta hace poco el ejecutivo norteamericano nos hacía responsables por completo de tal comercio ilícito. Después de roces, aclaraciones y notas diplomáticas, ahora lo empiezan a ver como lo que es: un problema que afecta a las dos naciones y que requiere de una verdadera cooperación para su efectivo combate.
A juzgar por lo que la prensa captó de las expresiones de senadores y representantes norteamericanos, todavía falta mucho en el camino de respeto cabal entre ambas naciones. Si el Congreso de ese país le pone una fecha a su presidente para certificarlo, la cual vence el 1o. de septiembre, eso es asunto de ellos, no nuestro.
La cooperación y el respecto entre naciones soberanas exige de compromisos bilaterales, no de la fijación unilateral de fechas y condiciones. Por cierto que en este punto el pasado 18 de marzo en esta tribuna fue solicitado que se pidiera al Ejecutivo Federal, se valuara la conveniencia de la presencia de los agentes de la DEA en nuestro territorio, habida cuenta de algunas informaciones que nos permitirían suponer que han extralimitado sus funciones.
A este respecto, se ha conocido también por los medios de comunicación, que los propios norteamericanos se empiezan a cuestionar sobre lo que están haciendo sus agentes de este lado de la frontera. Incluso hay autoridades que afirman que sobre alguno de esos agentes pesan órdenes de aprehensión.
Por lo que toca al tráfico de armas, desde hace tiempo en diversos medios de comunicación voces autorizadas han denunciado su existencia. En los últimos años nuestras policías y fuerzas armadas han encontrado de tiempo en tiempo cargamentos provenientes de los Estados Unidos.
Es difícil darse una idea cabal de la magnitud de este negocio ilícito. Pero por lo poco que se sabe no podemos calificarlo de ninguna manera como un asunto menor. Recientemente un diario norteamericano de San Diego, California, dio cuenta del hallazgo de un embarque de armas que fue detenido en la zona fronteriza. Se habla de que es parte de un cargamento mayor y que al menos algunas armas ya se encuentran en nuestro país.
Las declaraciones de algunos funcionarios norteamericanos son contradictorias y evasivas. Por lo que se ve, la ineficiencia y la corrupción no son privativas de ningún país. Aseguran algunos de estos funcionarios que las armas provienen de otro país y que utilizan a Estados Unidos sólo como vía de acceso a nuestro país. Otros más rehuyen dar una respuesta puntual. En pocas palabras, no parecen estar interesados en el asunto.
¿Qué hacen realmente las autoridades norteamericanas para detener ese ilegal tráfico?
En el asunto del narcotráfico no les importa violar el derecho internacional con tal de llevar a cabo su absurdo e inútil proceso de certificación. Pero en el asunto del traslado ilegal de armas hacen muy poco a juzgar por lo que se conoce. Si nuestro país certificara las acciones que llevan a cabo los norteamericanos en este rubro, es seguro que los reprobaríamos.
El embajador mexicano ante el gobierno de los Estados Unidos señalaba en una entrevista que cuando se plantea a los norteamericanos los asuntos de las armas, responden que el problema es el consumo mexicano. Sin embargo, para el tráfico de drogas afirman que el problema es la oferta mexicana.
Como se ve, ellos nunca resultan culpables. Con esta óptica no es extraño que se tengan fricciones en la relación bilateral con nuestros vecinos del norte. Los norteamericanos parecen no comprender que una buena relación entre ambos países requiere de tres elementos básicos: cooperación, cese de cualquier medida unilateral y la asunción de responsabilidades y tareas comunes en beneficio propio y de la vecindad.
En este sentido, de acuerdo con un verdadero espíritu de cooperación, es necesario que las autoridades norteamericanas tengan como una de sus prioridades el evitar el tráfico de armas a nuestro país.
De acuerdo a algunas declaraciones del embajador mexicano en Washington, existen las bases para suponer que se ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que tome cartas en el asunto del tráfico de armas. Sin embargo, como Cámara de Diputados debemos valorar este asunto y respaldar a nuestros diplomáticos en este asunto. Es conveniente que el gobierno americano aprecie que no es una petición casual, sino que cuenta con el mayor apoyo de los otros poderes de la República.
En ese sentido, propongo a esta soberanía que se solicite a las comisiones respectivas que se agende como un tema para la próxima reunión bilateral entre ambos países, se requiere la parte norteamericana de manera respetuosa pero firme, se informe puntualmente de todos los datos con que cuentan en relación a este asunto del tráfico de armas.
En segundo lugar propongo a esta soberanía para que se solicite al Ejecutivo Federal gestione a través de los canales diplomáticos conducentes se requiera al gobierno de los Estados Unidos la información del caso y para que informe acerca de las medidas que se planea tomar, a fin de impedir el mencionado tráfico.
La inmensa mayoría de los mexicanos desea resolver sus problemas por medio del diálogo y la concertación. No deseamos que la proliferación de armas agrave innecesariamente nuestros diferendos ni que estas armas vayan a ser utilizadas por los varones de la droga en su tarea de tratar de desestabilizar a nuestras instituciones.
El Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, ha sido claro en la defensa de la soberanía. No demos el espectáculo de que cada petición o anuncio norteamericano que tenga el carácter de injerencista nos divida, en lugar de que nos una en la defensa del valor y la importancia de la autodeterminación.
Cooperación, sociedad comercial y responsabilidad compartida sí. Vasallaje nunca.
Muchas gracias.
El Presidente
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Con su venia, señor Presidente:
Quiero también opinar sobre el tema que ha traído a la tribuna el diputado Jaime Martínez Veloz e inscribir esto también en una serie de provocaciones y hechos raros que se suceden en el país.
Tengo entendido, lo sabrán mejor muchos compañeros que litigan, que estamos ante un hecho donde la participación del Gobierno mexicano no puede circunscribirse al terreno de la diplomacia. Porque estamos ante un ilícito, que es contrabando de armas, que se encuadra o se tipifica dentro de las reformas de crimen organizado, ante un delito que se persigue de oficio, ante un hecho grave para el país, que demanda la intervención no sólo de la diplomacia, sino de la Procuraduría General de la República.
Pero por alguna extraña razón hay una actitud un cuanto dijéramos displicente, no sólo del gobierno norteamericano, sino también del Gobierno mexicano, frente a la gravedad de una circunstancia que han señalado algunos medios y es que en México entraron ilegalmente en esto llamado contrabando de armas, seis contenedores o sea, una cantidad impresionante, que no tendríamos idea en este espacio realmente lo que son seis contenedores si pudieran vaciarse estas armas.
¿Quién en este país ocupa tantas armas e incurre a formas ilícitas para traerlas?
Es obvio que no tiene esto nada qué ver con ningún grupo armado, guerrilla, EZLN, EPR u otros que han aparecido. No tiene nada qué ver en primer lugar porque no se ve que cuenten con los recursos para financiar la introducción de armas en esta magnitud y en segundo lugar, porque el Gobierno estaría más aplicado en la ley si esto fuera para algún grupo de esta naturaleza.
No creo y me niego a pensar que este contrabando de armas sea sólo con fines del narcotráfico. Me parecería increíble, a no ser que el narcotráfico además de penetrar a las instituciones de este país, como ya está demostrado, quisiera armar una guerra, no hay explicación de por qué se introducen tales volúmenes, tal desproporción de armas ilegalmente al país.
Entonces, me van a permitir pero tengo la sospecha que este contrabando de armas tiene que ver con esferas del Gobierno, tiene que ver con intereses de gente muy poderosa en el aparato de Gobierno y dicho sea de paso, sería lo único que explicaría esa actitud displicente tanto del gobierno norteamericano como del Gobierno mexicano.
Por lo demás hay que recordarle desde esta tribuna al procurador Madrazo, a la Procuraduría, que tienen que investigar esto. Hilos para detectar desde quién financió esto, quién las envió, a dónde llegaron; existen, porque estamos ante medios modernos, ante un traslado por medios modernos, de manera que es perfectamente localizable y se debe de investigar a fondo. Lo que no puede quedar como anécdota es que entre tal cantidad de armas a este país y aparezca sólo como una cuestión diplomática o como algo sin mayor trascendencia. ¿A quién se quiere encubrir para que no se investigue a fondo esta situación?
Yo creo que esta soberanía tiene que demandar. No podemos aceptar que alguien esté introduciendo tal cantidad de armas, porque a la mejor lo que está fraguando es atentar contra la paz de los mexicanos, lo que está fraguando es violentar aún más nuestro estado de derecho, lo que está fraguando es quizá una guerra que no sabemos con qué propósito.
Pero no es lo único y decía que iba a aprovechar la ocasión para tocar otros temas que aunque estamos en turno también tenemos algunas cosas de la Comisión de Agricultura y que por otra parte están relacionadas con esto.
No son los únicos elementos sospechosos que estamos viviendo en la realidad nacional. A mí me llama mucho la atención que en la comunidad de El Bosque, en Chiapas, directamente contra zapatistas se haya disparado desde un helicóptero. En términos de la situación y de como está ahora el diálogo, pareciera que desde el Gobierno se está buscando reactivar la guerra en el Estado de Chiapas. No tengo otra lectura, creo que en este caso hubo más prudencia de parte de las fuerzas del EZLN, de las bases de apoyo del EZLN, que la que tuvo el Gobierno al montar este operativo y disparar incluso desde un helicóptero.
No sé qué interés hay y qué relación pueda haber entre este contrabando de armas y cada vez más abiertas provocaciones en Chiapas por buscar una guerra y habría esto que relacionarlo también con la situación electoral que estamos viviendo. Yo tengo temor y lo expreso claramente, de que se estén montando de alguna forma con todos estos hechos sospechosos, provocaciones especulando con la situación electoral. Tengo temor.
Me llaman la atención otros temas que se han tocado; ahora se quiere prohibir en el D.F., observadores electorales, se quiere prohibir financiamiento como el que se le congeló a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, los recursos éstos de la unidad europea, son hechos que sólo tienen una relación. La situación electoral, el ambiente de inestabilidad y de tensión que cada día desde el Gobierno en lugar de mitigarse se acentúa aún más y reitero la pregunta: ¿a quién se está ocultando o qué se está ocultando al no investigarse a fondo este contrabando de armas?
Quisiera de frente a estos hechos, señalar otros que son de preocupación también mayor. Yo no entiendo qué explicación pueda haber y esto ya no es de índole de armas, pero no entiendo qué explicación pueda haber de que el Presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, se niegue a recibir a la Cocopa, ya son 15 días y no la quiera recibir, una comisión de la inportancia que es la Cocopa, una comisión que está, buscando trabajar para la paz en Chiapas. ¿Cómo no relacionar esa falta de voluntad siquiera para ver a la comisión con los hechos de provocación que están ocurriendo en Chiapas y cómo no reaccionar en una situación como la que estamos viviendo ante un contrabando tan enorme y desproporcionado de armas en nuestro país?
Compañeros, he dicho que aprovechaba esto para una reflexión, creo que más que nunca el Congreso tenemos que estar atentos a evitar que gente con aviesos y nefastos intereses pueda seguir atentando más contra la paz y la estabilidad nuestra. Yo creo que ésta es nuestra responsabilidad, favorablemente los diputados sabemos que se termina nuestro periodo en agosto, que es fatal, no somos gente que tengamos que aferrarnos a un poder y buscar sostenerlo a costa incluso de la paz en nuestro país, tenemos esa diferencia con mucha gente del Gobierno que sí está dispuesta a todo.
Y dicho sea de paso, quiero comentar porque no va a haber otra oportunidad de intervenir aunque estaba el punto, el grupo parlamentario del PRD ha decidido presentar previa consulta con el Congreso Nacional Indígena y previa consulta también u opinión del EZLN, ha decidido presentar en este periodo a mediados del mes de abril, la iniciativa que elaboró la Comisión de Concordia sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Vamos a buscar que los pueblos indígenas apoyen esta iniciativa, vamos a buscar que se abra un espacio para tratar también de que todo mundo que esté de acuerdo en que esto se resuelva salga adelante como una solución de paz, pero hemos decidido hacerlo y vamos a esperar la reacción del congreso nacional indígena. No vemos otra forma de ayudarle a este país en el caso particularmente de Chiapas, quizá en la iniciativa se discuta, eso es otra cosa, pero lo que no podemos aceptar es que las cosas estén congeladas, que el Presidente no reciba a la Cocopa y en tanto hay contrabando de armas y en tanto se atenta contra la paz de Chiapas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Michel, hasta por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Marco Antonio Michel Díaz:
Gracias, señor Presidente:
Solamente para precisar aquí algunas cuestiones que ha hecho en su intervención el diputado Juan Guerra, haciendo me parece un conjunto de aseveraciones que no tienen ningún fundamento. Quisiera yo aquí señalarle, diputado Guerra, que me parece que esto de que hagamos implicaciones a gente dentro del Gobierno dentro de este asunto del contrabando de armas, porque esto finalmente es un propósito vinculado a provocar una guerra en el Estado de Chiapas, pues me parece que esto no tiene ningún fundamento; a mí me parece que si hay algo que enunciar y precisar, pues hay que precisarlo o sea hay que precisarlo con todos sus elementos con que cuente para que no dejemos esto en un suspenso de esa naturaleza.
Y por otra parte recordarle que en el asunto concreto en el Estado de Chiapas, el Gobierno y creo que ambas partes, así quisiera interpretarlo, el Gobierno y el EZLN siguen manteniendo una voluntad, una voluntad de paz y una voluntad de solucionar el problema por una vía que no sea justamente por la vía de las armas y a mí me parece que eso pues hay que dejarlo asentado, porque de otra manera estaríamos dando una interpretación que no es la que en verdad está ocurriendo en el Estado de Chiapas.
Ciertamente que, y aquí yo le recordaría y hablo a título personal para que no haya malentendidos, diputado Guerra, aquí le recordaría justamente las apreciaciones que se han hecho o que hemos hecho los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación en el sentido de buscar por todas las vías, independientemente de las circunstancias que las partes tengan dentro de sus estrategias, buscar por todas las vías las soluciones de una vía pacífica y negociada y es en la que estamos trabajando por encima de cualquier otra circunstancia.
Entonces me parece que esta circunstancia de que en el Estado de Chiapas se esté buscando una vía distinta y justamente lo estemos relacionando a un hecho de esta naturaleza, como el contrabando de armas, pues me parece una cuestión que no viene al caso, a menos que insisto, haya elementos fehacientes que habría que ofrecerle aquí a la Cámara de Diputados.
Estas son las apreciaciones que yo quisiera hacerle y le agradezco mucho la atención.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, para contestar alusiones personales.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
Gracias y con su venia; señor Presidente:
Yo también, bueno, yo quiero coincidir compañeras y compañeros o más que coincidir, espero que también que no guarde ninguna relación ese contrabando de armas con las provocaciones que vivimos en Chiapas, lo espero, lo deseo, pero sí pido por eso que se investigue como un asunto, es un delito que se persigue de oficio; sí quiero ver a la Procuraduría trabajando en detectar quiénes están introduciendo armas a este país.
O sea, mi duda sale cuando no veo que algo que está relacionado con el crimen organizado, que algo que se persigue de oficio, no veo toda la actuación, todo el peso de la actuación de la Procuraduría, entonces yo espero que no tenga ninguna relación pero sí pido que eso se investigue, no necesitamos leerle al Procurador cuáles son sus responsabilidades y espero que el clima de violencia, que los disparos desde helicóptero, sobre todo a bases del EZLN, cese definitivamente en Chiapas. Espero que las cosas se corrijan.
Espero también que el señor Presidente se digne a entrevistarse con la Comisión de Concordia, lo que uno quiere es que se resuelvan las cosas.
Entonces, esperemos que verdaderamente se investigue este contrabando como corresponde, no sólo diplomáticamente; esperemos que cese la provocación en Chiapas y esperemos que se entreviste la Cocopa con el señor Presidente.
En tanto, compañeros, que esto no ocurra, un humilde aquí legislador simplemente viene a traer cosas a colación, deseando que esto no tenga ninguna relación y esperando que se actúe dentro de un marco de derecho.
Muchas gracias.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a casos de violencia en el Estado de Guerrero.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El 17 de julio de 1995 un grupo de legisladores de la bancada del PRD, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington, para presentar una denuncia acerca del genocidio que se cometió en Aguas Blancas, Guerrero.
Posteriormente en una histórica visita en el mes de julio, estuvo en México el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, encabezada por el doctor Jorge Tayana, secretario ejecutivo, por el doctor Claudio Brosman, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, estuvieron aquí en el Distrito Federal, estuvieron en Aguas Blancas, estuvieron en Chiapas, estuvieron en la frontera, en fin, hicieron un largo recorrido en el interior del país.
Del 28 de febrero al 14 de marzo, sesionó en Washington la plenaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y aprobó un informe sobre México y aprobó una resolución sobre Aguas Blancas, que ya ha sido comunicada al Gobierno mexicano.
El PRD recibió una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde da cuenta de que con fecha 14 de marzo remitió al Gobierno mexicano su informe, declarando que en el caso de Aguas Blancas, rechazaba la propuesta hecha por el Gobierno mexicano en el sentido de cerrar el caso y la Comisión Interamericana considera que el caso no está concluido, que debe hacerse justicia y que deben reabrirse las líneas de investigación: le da un plazo de 90 días al Gobierno mexicano y en caso de que en 90 días no se haga justicia en el caso de Aguas Blancas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hará público el informe que le envió al Gobierno mexicano.
Desde esta tribuna la bancada perredista hace una excitativa al Ejecutivo Federal, a que atienda puntual y cabalmente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en estos 90 días que le ha dado de plazo para que se reabra el asunto, para lo cual procede que este caso de Aguas Blancas sea reabierto, sea traído al fuero Federal y sean castigados los asesinos materiales e intelectuales. No creemos que sea conveniente que el Gobierno mexicano no atienda esta recomendación, ya que de no hacerlo en 90 días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hará público este informe.
Me quiero referir también a un conjunto de hechos de violencia que se han estado dando en el Estado de Guerrero, que crean un clima de inseguridad, un clima de zozobra, un clima de violencia que afecta a muchos hogares guerrerenses y también a muchos hogares de perredistas.
El domingo por la tarde fue asesinado el ex presidente municipal de Manilaltepec, ubicado en la montaña de Guerrero, el compañero Valentino López Carrasco y su esposa Nicasia Hernández Patatán, los dos maestros bilingües, los dos destacados luchadores sociales fueron acribillados al salir de la ciudad de Tlapa con rumbo a Manilaltepec.
Nosotros demandamos que se realice una profunda investigación en este caso, ya que se trata de dos destacados militantes perredistas que han sido víctimas de esta ola de violencia que hay en el Estado de Guerrero.
Manilaltepec, junto con Metlatono, junto con la región de la montaña es la región del país donde los índices de atraso, de miseria, de analfabetismo son los más grandes. De los 3 mil 200 municipios que hay, Metlatono, Manilaltepec ocupan los primeros lugares, pero de abajo para arriba, en los índices más bajos de bienestar social.
Ahí, en esta región de la montaña se ha dado recientemente, en aras del combate al narcotráfico, se han cometido violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Judicial estatal, por parte de elementos del Ejército mexicano, que hemos denunciado con toda claridad y que demandamos se haga justicia.
En este marco, también hemos demandado y anoche tuve la oportunidad de hablar con el Procurador de Justicia del Estado de Guerrero, para que se investigue el percance que sufrió el senador Félix Salgado Macedonio, quien está hospitalizado en el hospital del Seguro Social de Chilpancingo, Guerrero.
Asimismo queremos denunciar que el compañero Eustolio Pani Barragán, quien fue candidato a presidente municipal en las recientes elecciones de Tlacotepec, Guerrero, elecciones extraordinarias, el martes pasado iba a Chilpancingo, sufrió un accidente y ya que estaba en el hospital América de Chilpancingo, le fue decretada una orden de aprehensión por supuestas explotaciones ilegales del bosque.
El compañero Pani, junto con el compañero Oyarzábal son líderes del consejo supremo de los pueblos de Tilo Mayor, una organización campesina que agrupa a todos los campesinos de la región de la sierra de Guerrero, de la región de Tilo Mayor. Demandamos pues, que cese la persecución y que se investiguen tanto el crimen de nuestro compañero Valentino López Carrasco y su esposa y del percance que sufrió el senador Félix Salgado Macedonio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Para rectificar hechos, se le concede la palabra al diputado Gabino Fernández.
El diputado Gabino Fernández Serna:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Vengo aquí a efecto de hacer y precisar algunas de las afirmaciones que se han hecho y sobre todo también tengo algunas coincidencias.
Mi reflexión es que el día de hoy tal parece, si ustedes ven, la doble sesión ha sido una apología a la violencia. Desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, las denuncias de Luis Sánchez Aguilar sobre violación a derechos humanos; los compañeros del PRD, los compañeros del PAN etcétera.
Repito, hoy la apología de la violencia en esta sesión doble.
Yo quisiera decirle al diputado Cuauhtémoc, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que preside un insigne ex presidente de Colombia, no ha podido hasta ahora dar cumplimiento a ninguna de las 17 resoluciones que han hecho en su país.
Yo espero, Cuauhtémoc, que en México lo puedan hacer.
Lo que pasa es que esta amenaza que se parece igual al del Senado de los Estados Unidos, 90 días para que vuelva el caso de Aguas Blancas a ser revisado y a llevar culpables a donde hay que llevar. Es el mismo caso del Senado, que en 90 días el presidente Clinton tendrá que decir qué es lo que ocurre en México. Parecen pinzas, se parecen en ello.
Sin embargo, nosotros pensamos que lo de Aguas Blancas está dentro del marco de derecho que se ha dado en el Estado y que lo que ahí ha sucedido es lamentable, es criticable en todos sentidos y que la sangre no debe correr más, pero que la sangre que corrió en Aguas Blancas y que ha corrido en otras áreas de nuestro Estado, se siga y se continúe haciendo justicia. Se demande la justicia que no llega.
Lo de Manilaltepec. Efectivamente, como señala Cuauhtémoc, es sin duda alguna la zona que rebasa con mucho la pobreza, la miseria de la montaña guerrerense. Aquí se ha enseñoreado por razones obvias el narcotráfico. No quiero culpar de ninguna manera lo que ha sucedido con el ex presidente municipal de Manilaltepec, como le decimos nosotros. El problema es que ahí los hechos de sangre en toda esta cantidad de municipios en la montaña se siguen dando.
Ni la presencia del Ejército ni la presencia de la Procuraduría General de la República ha podido parar lo que ahí sucede. Es lamentable.
Hablé también con el Procurador después de que hablé con Cuauhtémoc, a efecto de pedirle aclaraciones y pedirle si ya se había enviado alguna fuerza especial o algún agente del Ministerio Público, a efecto de ver qué es lo que estaba pasando.
No es el único caso.
Me aseguró que desde el día de ayer en la tarde hay un agente del Ministerio Público y una fuerza especial a efecto de darle seguimiento a este nuevo crimen de esta pareja de compañeros del PRD.
En cuanto a la otra parte, que también le pregunté, yo tengo una relación con Macedonio Salgado, hace muchos años. Yo siempre le dije al compañero Macedonio lo grave que es la BMW o la Harley Davison, después de los 200 kilómetros por hora. Esto es una mezcla de velocidad que normalmente quien sufre un accidente nunca vive, Macedonio está vivo y hago votos para que se recupere, pero hago votos también por lo que un día le dije: "un día vas a encontrar lo que todavía no tienes idea, lo que es la muerte. Una motocicleta, como tú las corres, normalmente va a la muerte". Hago votos porque Macedonio se recupere y no vuelva a andar en moto.
Finalmente, yo estoy de acuerdo, Cuauhtémoc, que se profundice lo que ocurre en el filo mayor, se profundice también lo que ocurre con la Organización Campesina del Sur. Yo creo que aquí hay una coincidencia en varias de las denuncias que el compañero camarada, le llamo yo, Sánchez Aguilar, señala con la violación de derechos humanos en cárceles.
Pienso, Cuauhtémoc, que en esto habrá, como te lo dije en la mañana, que presionar a quien haya que presionar, a efecto de que cese la violación de derechos humanos en estas organizaciones de hermanos campesinos que fundamentalmente están sumidos en la miseria.
Muchas gracias.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para contestar alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, se le concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente:
El diputado Gabino Fernández Serna, puso un muy mal ejemplo al comparar las decisiones y resoluciones del Congreso de los Estados Unidos, que tienen un clara intención intervencionista e injerencista en los asuntos internos y las resoluciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya que México sí ha aceptado su jurisdicción, y esto es algo totalmente distinto, diputado Gabino Fernández, porque hasta donde yo sé, no hemos aceptado la jurisdicción del Congreso norteamericano y sí la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La Comisión Interamericana examinó el caso de Aguas Blancas, estuvo aquí, habló con todo mundo, habló con las viudas, habló con los ministros de la Suprema Corte de Justicia que llevaron el caso y discutió el asunto ahora que estuvieron en plenaria, del 28 de febrero al 14 de marzo y aprobaron una resolución que, de acuerdo a la normatividad interna de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se le comunica al Gobierno afectado, en este caso al Gobierno mexicano, y no lo hace público hasta que el Gobierno acepte o no estas recomendaciones.
Y la recomendación es muy sencilla: dice que, en el comunicado que nos envió, el Gobierno mexicano solicitó que no interviniera la Comisión Interamericana, puesto que ya esto era un caso juzgado, y a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el caso debe ser reabierto, ya que no se ha castigado a los autores intelectuales y materiales de este vergonzoso crimen, que le ha dado la vuelta al mundo y que es un caso indignante.
Por eso nosotros estamos haciendo la excitativa al Ejecutivo Federal para que atienda este caso.
El pasado lunes, 17 de marzo, en los periódicos capitalinos vimos una foto también vergonzosa: en la Plaza de Toros México estaba sonriente el ex procurador capitalino, José Antonio González Fernández, el general Tomás Salgado Cordero y don Rubén Figueroa Alcocer, todos riéndose, Figueroa vivito y coleando, mientras el caso de Aguas Blancas pretende ser cerrado y pretende ser ignorado y se pretende escamotear la justicia en este caso.
Por cierto que el general Tomás Salgado Cordero, en una carta que envió al Secretario de la Defensa Nacional, hicimos la acusación de que después del acto de Aguas Blancas, estaba participando en actos del PRI, en apoyo a Rubén Figueroa en actos de supuesto desagravio a la actividad del ex gobernador de Guerrero.
Es vergonzosa la actuación del general Tomás Salgado Cordero en estos actos, después del crimen de Aguas Blancas.
Por eso, diputado Gabino Fernández, es claro que esta recomendación, si no la atiende el Gobierno mexicano, en 90 días la hará pública.
En relación al accidente y percance del senador Félix Salgado Macedonio, quiero informarles también que el Senado de la República, por acuerdo de sus tres fracciones parlamentarias, suscribió el día de hoy un punto de acuerdo demandando una investigación exhaustiva de este lamentable percance. Muchas gracias.
Por último, compañeros del Bronx por favor. El día de hoy vamos a enviar diputados de varias fracciones parlamentarias, una carta al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León y al licenciado Angel Heladio Aguirre Rivero, gobernador del Estado de Guerrero, donde manifestamos nuestra preocupación por las amenazas contra la vida de la diputada María de la Luz Núñez Ramos, actual diputada local del PRD en el Estado de Guerrero, ex presidenta municipal de Atoyac, quien ha sufrido amenazas contra su vida y actualmente es candidata a diputada federal en el VIII, distrito con cabecera en Zihuatanejo.
El día de hoy vamos a enviar y me permito entregar una copia de esta carta a la Secretaría, señor Presidente, para su conocimiento.
Muchas gracias.
El Presidente:
El diputado Gabino Fernández, para contestar alusiones personales.
El diputado Gabino Fernández Serna:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Mientras yo escuchaba al compañero diputado, vino a mi mente lo que hace apenas cinco años, varios mexicanos fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y recuerdo todavía que en las calles de la ciudad de Panamá, seguían matando panameños, porque hubo una resolución en la que, por parte del gobierno de Estados Unidos, había que traer a Noriega a los Estados Unidos para ser juzgado.
Y recuerdo que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos decían que le iban a dar entrada a nuestra solicitud, pero que había que esperar en lo que iba a terminar Panamá.
Y quisiera solamente para terminar decir: yo no soy abogado, soy un aprendiz de economista, los abogados van a entenderlo mejor, qué es jurisdicción y qué es recomendación.
La Organización de Estados Americanos, con todo y ser firmantes del protocolo, no tiene ninguna facultad para entrar en los detalles de jurisdicción, sobre todo, en un caso como el que tenemos.
Yo no me opongo, Cuauhtémoc, de ninguna manera a que sí la justicia mexicana encuentra en una revisión del caso de Aguas Blancas, tener que revisarlo para profundizar y llegar a mayores cosas, que lo haga; pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en Brasil se mata, donde en Venezuela se está matando en las cárceles. Yo creo que la Organización de Estados Americanos debe aprender algo muy importante: recomendar, sí, pero llegar a intervenir en jurisdicción de nuestro país, yo creo que no.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, para contestar alusiones personales.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:
Muchas gracias, señor Presidente:
Es que no se trata de un diálogo, se trata de precisar exactamente las funciones, yo tampoco soy abogado, pero sí he leído las reglamentaciones, los estatutos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y claramente están señalados los pasos para presentar las denuncias, claramente están señalados los pasos que ellos mismos dan, en fin, y qué tipo de recomendaciones. Y, efectivamente las recomendaciones no tienen valor jurídico, tienen un valor moral.
México reconoce la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no reconoce, diputado Gabino Fernández, la jurisdicción de la Corte que es otra cosa, la Corte Interamericana; pero ya en anteriores ocasiones, la Comisión Interamericana ha hecho resoluciones, recuerdo algunas, la que presentó el PAN, respecto a la Ley Electoral de Nuevo León, respecto al fraude en Chihuahua, en fin, la Comisión Interamericana ya ha emitido resoluciones sobre México y el Gobierno mexicano y los gobiernos afectados, en este caso el de Chihuahua y Nuevo León, han tenido que aceptar y en el caso de Nuevo León se tuvo que reformar la ley electoral.
De tal manera, que no se trata de ningún acto injerencista, sino más bien de un acto soberano, porque en la medida en que México suscribió este tratado internacional, forma parte también de nuestra legislación interna.
Muchas gracias.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al desalojo violento en San Agustín Loxicha.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta hoja que tenemos a la vista es el orden del día de la sesión vespertina. En verde está señalado arriba el orden de nuestra intervención, en color rosa, abajo, la intervención del diputado Sandoval. El Presidente de la mesa, no obstante nuestro señalamiento, nos negó el uso de la palabra oportunamente, lo que dio a lugar a seis intervenciones hace una hora, esto demuestra, compañeras y compañeros diputados, que para el Presidente de la Cámara, desde luego todos somos iguales, pero para él hay unos más iguales que otros. Así, en un acto de favoritismo, benefició a su compañero de bancada don Cuauhtémoc Sandoval y en víspera de vacaciones esto del tiempo es factor importante.
Compañeras y compañeros diputados: no sólo como representante popular, sino como miembro de la coordinadora nacional del Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, FACMLN, venimos hoy a denunciar el desalojo violento ordenado por el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, el día de antier en San Agustín Noxicha, Oaxaca.
Las organizaciones que conformamos el FACMLN, protestamos enérgicamente por la agresión sufrida por miembros de diversas organizaciones el pasado 21 de marzo. Ese día diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de trabajadores de la educación de diversas secciones del país, familiares de presos políticos y miembros de entidades campesinas e indígenas, instalamos, puesto que está incluido el propio FACMLN, en San Agustín Loxicha, Oaxaca, el campamento en solidaridad con los pueblos de aquella región, bajo el siguiente lema: "malditos aquellos que con sus palabras defienden el pueblo y con hechos lo traicionan". Cita de Benito Juárez y que fue parte de la invitación hecha por los organizadores.
No terminaba aún la instalación de dicho campamento, cuando a las 21:15 horas, llegó al poblado un grupo cercano a 100 personas vestidas con ropas oscuras cubriéndose la cara con paliacates, vendas y camisas, portando rifles, machetes, garrotes y otros objetos con los cuales en forma salvaje y brutal agredieron a los participantes en el campamento. Era evidente la participación de la policía preventiva, judicial y militares destacamentados en la población, los agresores indagaron de manera insistente por los profesores Rafael Rodríguez Enríquez, secretario de la sección XXII de los trabajadores de la educación, así como por Erangelio Mendoza González, ex secretario de la misma sección.
Los ataques afectaron a los vehículos que transportaron a quienes ahí se habían constituido, se destruyeron aulas donde los agredidos intentaron protegerse. A consecuencia de esta acción represiva, se encuentra desaparecido el compañero profesor Ignacio Fernando Niño García, que integra el comité ejecutivo de la sección XXII en el Estado de Oaxaca; a la compañera Bertha Ramírez Ramírez, de la unión de pueblos contra la regresión de los Loxicha, le dispararon con un rifle calibre 22 en el pecho, su estado es grave; a la compañera Juliana González Roque, de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas y Populares de Oaxaca (Codepo), le produjeron heridas a garrotazos en la cabeza, lo que le ha significado fractura; Alejandro Sandoval Samperio, presenta diversos golpes y contusiones, así como la luxación de un brazo; Gerardo Pulido Sandoval, está herido también por arma de fuego. En total 31 personas heridas.
Los compañeros agredidos fueron sacados por la fuerza por elementos de la policía en tres vehículos de la policía preventiva y uno de la policía judicial. En el trayecto, por si lo anterior fuere poco, además fueron agredidos sicológicamente con las consabidas amenazas de muerte.
Durante la represión fue evidente la complicidad del administrador municipal Aarón Martínez Silva, así como la participación directa del propio gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y del jefe de los llamados entregadores, doctor Jaime Valencia, que son quienes ordenaron el operativo.
Consideramos que las agresiones constantes a la población civil en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados, son la prueba evidente de que en este país ya se vive un estado de excepción, no declarado desde luego, mediante el cual se anulan todos los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos.
Desde esta tribuna decimos: ¡basta ya de persecución e intimidación a los luchadores sociales de todas las entidades del país, especialmente en el Estado de Oaxaca! ¡Alto a la política genocida del Gobierno zedillista! ¡Alto a la represión de Diódoro Carrasco Altamirano, sátrapa que desgobierna el Estado de Oaxaca!
Gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente:
Para el mismo tema va a hacer uso de la palabra el diputado, hasta por 15 minutos.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Evidentemente que nuestro compañero diputado Luis Sánchez Aguilar ahora sí no consultó el Internet para hacer esta intervención tan desafortunada.
Hace un momento estábamos festejando nosotros mismos la precisión con que hizo referencia a los señalamientos que vino a hacer aquí en contra de quienes efectivamente sabemos nosotros que actúan en contra del Estado mexicano. Pero como en San Agustín Loxicha no existe Internet, es una paupérrima población que no llega a todos esos avances del hombre blanco y barbado, la información que le proporcionaron está totalmente ubicada fuera de la realidad y bueno, no solamente está desubicada la información que le proporcionaron, Luis Sánchez Aguilar, estoy seguro que tampoco sabe siquiera dónde se ubica San Agustín Loxicha.
Yo creo que otra intervención más de Luis Sánchez Aguilar en estas dos sesiones tan prolongadas y con las agotadas curules que ya tenemos a la vista, implicaría verdaderamente tortura. ¡Y quien debería de quejarse a la Comisión de Derechos Humanos por tortura, creo que somos nosotros!
Miren, señoras y señores, yo creo que hablar de los loxichas no es nada fácil. No es nada fácil, Luis Sánchez Aguilar, porque los pueblos de los loxichas, que dicho sea de paso debo aclararte que no se refieren a un solo municipio, tienen una historia verdaderamente difícil y ha sido escenario últimamente de graves acontecimientos que no quisiéramos los oaxaqueños ni los mexicanos por supuesto, siquiera recordar. Pero vale la pena refrescar la memoria.
Los loxichas empezaron a ser conocidos mundialmente, ahí sí hasta en el Internet, por la irrupción que hizo en esa zona el llamado Ejército Popular Revolucionario De qué triste memoria tenemos que recordar. Los oaxaqueños sufrimos la irrupción violenta de este grupo en donde murieron nueve mexicanos bien nacidos, nueve mexicanos en una sola intervención, a quienes agarraron a mansalva, nueve mexicanos que evidentemente dejaron viudas, dejaron hijos huérfanos y que suprimieron de tajo sus derechos humanos.
A raíz de estos acontecimientos y porque precisamente en el lugar de los hechos apareció como uno de los sacrificados en el enfrentamiento un miembro del cabildo municipal de San Agustín Loxicha, regidor de Hacienda, pudo encontrarse la vinculación que mantenía el cabildo municipal y una considerable parte de esa población aleccionada, la vinculación que tenía con el EPR.
Y bueno, el procedimiento judicial siguió su curso. Las investigaciones se hicieron sin apresuramiento, se observaron los procedimientos legales correspondientes y hubo libramientos de órdenes de aprehensión y hubo ejecuciones de órdenes de aprehensión y hay procesos vigentes de estos hechos y como consecuencia de ello la mayoría del cabildo municipal, integrado por 14 miembros, 13 de ellos resultaron involucrados en los problemas del EPR.
A partir de este momento aparecieron una serie de organizaciones de personas que se dicen defensoras de los derechos humanos y que dicho sea de paso también, no se han ocupado jamás de los derechos humanos de todas las víctimas, de sus hijos y de sus viudas, sino solamente de aquéllos a quienes consideran luchadores sociales, a partir de ese momento empezaron a aparecer toda esta serie de organizaciones. Dentro de ellas ese frente amplio unico y no sé qué más epítetos mencionaste del que al parecer eres representante y, bueno, se han dado a la tarea de propiciar más enfrentamientos en San Agustín Loxicha.
Pero el pueblo, el pueblo auténtico de Loxicha, a quien ellos dicen que querían ir a defender, fue el que se encargó de expulsarlos; nada tuvieron qué ver las fuerzas de seguridad pública, nada tuvieron que ver encapuchados, nada tuvieron qué ver ningún otro tipo de organizaciones; fue el mismo pueblo el que se dio a la tarea de expulsarlos y con una razón y un argumento muy válido: "ya no queremos más violencia, la violencia a nada nos ha conducido, Alfonso Martínez Ortiz, Juan Martínez"; una serie de declaraciones que aparecen integradas en todos los medios masivos de comunicación. No quieren saber nada de esos supuestos luchadores sociales.
Y San Agustín Loxicha es un pueblo, es un municipio de usos y costumbres, esos usos y costumbres que ahora ustedes se han dado en decir que quieren defender, pero que evidentemente con estas acciones no muestran otro propósito más que mancillarlos, no quieren hacer otra cosa más que violentar sus usos y costumbres; sus usos y costumbres son de trabajo, de paz, de progreso. Bien decía Gabino Fernández, "estas sesiones han sido una verdadera apología a la violencia" y nosotros invitamos a todos ustedes, mi estimado diputado Sánchez Aguilar, a que depongan esa actitud.
Los loxichas quieren vivir en paz, están en una dinámica de trabajo constante y de progreso, han recibido como nunca el apoyo de la administración federal, de la administración local, de la administración municipal. Déjenlos vivir en paz, no propicien, no hagan apologías de la violencia, tienen derecho estos pueblos a progresar y a vivir en la tranquilidad, son demasiadas las víctimas que se han suscitado con motivo de estos enfrentamientos.
A nada los ha conducido, es un pueblo pobre, es un pueblo que tiene derecho a vivir en paz y en tranquilidad, nada tenían que hacer habitantes del D.F., supuestos profesores, supuestos luchadores sociales, un grupo aproximadamente de 45 personas no pueden ni tienen derecho de ir a transgredir la paz, no tienen el derecho por ningún motivo de invadir la soberanía de un municipio humilde, pobre, pero que tiene dignidad y no quiere saber más de estos acontecimientos.
Yo diría que es hasta ingrata la versión que le dieron a Luis Sánchez Aguilar, si no hubiera sido por la presencia de la policía del Estado, que no el Ejército, que no ningún otro tipo de organización, si no hubiera sido por la presencia de la policía, posiblemente los resultados verdaderamente hubieran sido catastróficos.
La jovencita Bertha, a la que hacías referencia, menor de edad, nada tiene qué hacer en estos acontecimientos y mira, curiosamente ni siquiera fue herida por una bala calibre 22, tiene una posta y bueno las postas no salen de rifles, salen de las escopetas y las escopetas no las utiliza la policía, no las utiliza el Ejército. Los datos no son reales, no son verdaderos.
Evidentemente nos preocupa a todos que existan represiones, nos preocupa a todos y en Oaxaca, nos preocupa mucho, que si hay necesidad de ejercitar acciones penales, éstas no pueden darse violentando los derechos y las garantías individuales de los procesados, no se puede enmendar un error con otro error y queremos y en eso sí los invitamos muy formalmente, a que estén muy pendientes de los procesos que se están siguiendo; en todos ellos hay defensa, todos los procesados tienen a sus correspondientes defensores. Diódoro Carrasco no ha intervenido en estos acontecimientos, son delitos del orden federal, graves, así clasificados por nuestros códigos procesales.
Por eso es que no han podido obtener libertad bajo caución, evidentemente que están sujetos a proceso y al que quiera, en el momento que ustedes gusten, les podemos dar una referencia cumplida del proceso y el estado que guarda cada uno de los procesos de todos los que están siendo enjuiciados por su participación en estos hechos violentos.
El pueblo de Loxicha pues, puede decir con toda certeza, "no me defiendas, compadre".
El Presidente:
Para contestar alusiones personales se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Gran divertimento nos ha causado la perorata del diputado oaxaqueño; viene aquí a defender a su patrón, don Diódoro Carrasco, viene a acusar a la fracción Social Demócrata de desafortunada e imprecisa, desubicada; nos acusa, dice él, de no saber dónde queda San Agustín Loxicha.
Vamos a contestarle primero al diputado, hemos estado en los últimos cuatro meses tres veces en San Agustín Loxicha: la primera cuando fueron arrestados los miembros del ayuntamiento, porque han ustedes de saber que Diódoro Carrasco, ése que no se mete en nada en San Agustín, ordenó que fueran por los miembros del cabildo, porque la embajada yanqui, las buenas conciencias, los empresarios, Gil Elorduy, la inteligencia y seguridad nacional y Chuayffet Chemor, le dijeron a ese gobernador "oye, haz algo en tu entidad, está actuando el EPR, necesitamos culpables" y desde luego fueron por lista a recoger a los miembros del ayuntamiento.
Yo le digo al diputado que sé muy bien dónde está San Agustín Loxicha. Fuimos posteriormente para preparar la instalación del Foro Internacional contra la represión y la militarización y fuimos por tercera ocasión a inaugurar dicho foro. Nuestro itinerario, del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, de ahí en una pick up rumbo a Pochutla, nos desviamos en el punto indicado para llegar finalmente al centro de los loxichas, sabemos muy bien que son varios municipios.
Nos dice el diputado con una audacia inaudita, que qué tienen que andar haciendo los mexicanos de otras partes en Oaxaca. Que yo sepa, diputado, no está prohibido el libre tránsito en este país, es una garantía constitucional y menos está prohibida la solidaridad de unos mexicanos respecto de otros; o sea, diputado, que usted no puede descalificar a ningún mexicano por interesarse, interiorizarse y asistir, sobre todo cuando esa petición parte de las demandas de compañeros mexicanos que están siendo reprimidos.
Pero lo más divertido son las contradicciones del señor diputado. Los cables cerebrales se le trastocan. Por un lado dice que la policía no intervino, que la policía no estaba ahí, que no existió. ¡Ah!, pero al final dice que si no es porque interviene la policía, aquello es el acabóse.
Entonces , diputado oaxaqueño en, ¿qué quedamos?, había o no policías en San Agustín, intervinieron o no los policías en San Agustín y si eso fue así ¿quiénes son los jefes que le ordenaron a esa policía intervenir para que los habitantes de San Agustín se pusieran en paz y calma para vivir como hermanitos?
Dice el diputado que una de las personas no fue herida por rifle, sino por escopeta. Eso dice el diputado. Sólo falta que diga que no fue herida por bazuka, sino por ametralladora.
Dice el diputado que ahí se observan todos los procedimientos legales gracias a don Diódoro, que gobierna con la ley en la mano y ¿cómo es eso que desaparecida la autoridad municipal en San Agustín Loxicha, diputado, sin que se hayan declarado desaparecidos los poderes como lo ordena la Constitución del Estado de Oaxaca, el gobernador por sí y ante sí, de dedazo, nombra a don Aarón administrador municipal?
Esa es la ley que cumple el gobierno de don Diódoro. Pero luego dice, porque éste es su máximo argumento, que hubo hechos violentos en Oaxaca, que un día se aparecieron unos comandos en Huatulco y otras partes y que mataron gente y según el gobernador son los del EPR.
Yo quiero suponer, sin conceder, que hayan sido los del EPR, sólo que no está probado, diputado, que ninguno de los miembros del ayuntamiento de San Agustín Loxicha sea miembro del EPR, ninguno está confeso, salvo aquellos que todos sabemos, sobre todo en el caso de Guerrero, que por la tortura, por la violación a los derechos humanos, la amenaza de ser castrados, de ser arrojados a los tiburones, por la tortura sicológica, por mantenerlos aislados, incomunicados bajo amenaza de muerte, confiesan cualquier cosa.
Usted, diputado, también ya lo quisiera ver con una amenaza de ser castrado, arrojado a los tiburones, para ver si es muy macho, si no confiesa usted si estuvo detrás de alguno de los magnicidios.
Que no nos venga entonces a decir el diputado de Oaxaca que lo que nosotros hemos dicho aquí carece de fundamento; nuestra información es puntual, nuestra información procede del escenario de los hechos precisos y desde luego aquí todos entendemos, diputado oaxaqueño, que usted está aquí para hacer su chamba, usted tiene aquí que defender al patrón, usted tiene que decir que en Oaxaca brilla, esplende el estado de derecho; parafraseando; limpia, pule y da esplendor, como en la madre patria.
Y con esos argumentos usted aquí no va a convencer a nadie. Quizá el único destinatario de su alegato sea el señor gobernador. Probablemente aspire usted a un sobresueldo ahora que se acaba la diputación, porque no habiendo reelección de diputado y no viéndolo tampoco en la lista de senadores de su partido, es preciso hacer méritos.
Gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente:
¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo: (desde su curul):
Para contestar alusiones personales.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Manuel Cruz Acevedo:
Gracias, señor Presidente:
Ahora sí que le soplaron mal a Luis Sánchez Aguilar.
Mire, señor diputado, primero le voy a dar el punto ese idóneo que usted no pudo dar, es la desviación del Manzanal y las tres ocasiones que fue usted de turista, que nos gusta por supuesto que haya ido a hacerlo, turismo ecológico que también usted está promoviendo mucho por ahí por el Estado, no le van a permitir tener la visión que quisiera del caso y por eso es que se lo soplan mal y le voy a decir por qué lo están involucrando en algo que verdaderamente yo creo que usted no debería de haberse metido.
Yo jamás dije que los mexicanos no tuviéramos derecho de tránsito, evidentemente que lo tenemos, está garantizado por nuestra Constitución; a lo que yo me referí es que nadie tiene el derecho de tomar injerencia en los municipios de usos y costumbres, para que precisamente se violenten esos usos y esas costumbres que usted tanto ha dicho defender y lo que estos señores quisieron hacer es tomar injerencia e ir a violentar la tranquilidad y la paz que paulatinamente están recuperando los habitantes loxichas.
Yo no vine aquí a defender a Diódoro Carrasco, Diódoro no necesita defensa, la defensa la hará en su caso el mismo pueblo de Loxicha o el pueblo de Oaxaca, ni siquiera usted, no tiene ni autoridad para hacerlo.
Yo, lo que sí le puedo decir, vengo aquí a hablar a nombre de los loxichas, porque represento a los loxichas, porque ellos me eligieron y porque sería cobarde callar en esta tribuna la voz de ellos, no hacerla sentir aquí. Yo soy diputado por ese distrito, no hago turismo ecológico.
Y mire, el frustrado foro al que usted hizo referencia, que debe usted reconocerlo, ni siquiera lo pudieron instalar, mucho menos pudieron decir que fueron a inaugurarlo, es quizá la segunda versión de lo que ahora tenía el propósito de instalar, ese llamado campamento de la solidaridad en la región Loxicha. Repito, eso tiene que quedar muy claro, diputado Luis Sánchez Aguilar, los loxichas no quieren compadres de esta calaña que los defiendan; ellos se defienden solos, lo que quieren es tranquilidad y paz.
A eso obedeció aquí mi intervención. Sería cobarde de mi parte no expresar aquí que los loxichas, el auténtico pueblo de loxicha quiere vivir en paz y tranquilidad y no quiere injerencias extranjeras.
Mire que si se lo soplaron mal. Tengo aquí la versión en fax de la resolución que tomó el Congreso del Estado, para suspender, no como usted temerariamente dice, desaparecer al municipio Loxicha. Desaparecer es otra parte del proceso, señor diputado. Lo que el Congreso del Estado, no Diódoro Carrasco, lo que el Congreso del Estado determinó fue la suspensión del ayuntamiento y para que le pueda servir para reorientar su opinión, porque este documento seguramente no se lo dieron, si no, no se hubiera atrevido a hacer uso de esta tribuna, le voy a dejar una copia y le voy a dar lectura a la parte correspondiente del decreto. Dice el decreto de la Cámara de Diputados, que es de fecha 22 de febrero de 1997:
"Artículo primero. Se suspende provisionalmente al ayuntamiento constitucional de San Agustín Loxicha, distrito de Pochutla, de este Estado de Oaxaca, en las funciones que de acuerdo con la ley le compete y entre tanto se realiza el procedimiento establecido por los artículos 68, 74, 79 y 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. En consecuencia emplácese" y hace la referencia de todos los integrantes del cabildo.
No es pues una actuación arbitraria, es una actuación sujeta a derecho y como también usted ignora las leyes del Estado, quiero decirle que el nombramiento de ese representante municipal está apegado a derecho y le voy a dar lectura a la parte relativa del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Después le doy una copia, no la apunte. Dice: "el procedimiento anterior se llevará a cabo sin perjuicio de que ante una situación de violencia, se actualiza con la violencia dada diputado Luis Sánchez Aguilar el caso que estamos mencionando que calificará la Cámara, la Cámara calificó la suspensión por violencia o exista un vacío de autoridad en el ayuntamiento o se encuentre el municipio en estado de ingobernabilidad, casos en los que la propia Cámara nombrará un consejo provisional o el Ejecutivo, es una o disyuntiva diputado Luis Sánchez Aguilar o el Ejecutivo estatal designará un encargado o representante que se haga cargo de la administración municipal".
No veo pues de dónde pretenda usted hablar de actos fuera de la ley.
Los procesos, un ofrecimiento muy cumplido, caso por caso, le puedo decir cómo se encuentran. Aquí yo creo que ya sería demasiada tortura el querer hacer referencia a ello, demasiada tortura y nosotros no estamos acostumbrados a torturar a los compañeros diputados.
La policía jamás dije que no existiera, inclusive su presencia se debe a solicitud expresa de la población de San Agustín Loxicha, pero no se encontraba en el lugar de los acontecimientos cuando pretendieron este grupo apoderarse del ayuntamiento del edificio municipal. Yo dije que gracias a la intervención, que fue posterior, de la policía, no tuvimos que lamentar mayores consecuencias.
Hay una gran diferencia entre negar su existencia y su participación.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, y hasta por cinco minutos, se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo espero que con lo que cobre de sobresueldo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, lo reparta al claque que lo acompaña. Les puede servir para vacacionar a gusto en Huatulco.
Este diputado no tiene estatura para defender a su gobernador. Este diputado es cobarde, porque viene a retractarse de lo que dijo, está en las grabaciones y en el Diario de los Debates. El primero dijo que nadie tenía derecho a entrometerse en los asuntos de Loxicha, y tan lo dijo que le gana la pasión y acaba de acusarnos de extranjeros a todos los que nos entrometamos en los asuntos de ese rumbo.
Estamos pues ante un triste caso de desviación mental. Este diputado viene a decir, no obstante que ya reconoció que intervino la policía, dice que no dijo que haya estado ahí la policía, salvo en el momento oportuno. Y ya todo mundo sabe cómo se planean las acciones de los aparatos represivos. Se planean con cuidado, y no sólo está una policía; están todas las alternas, las anticonstitucionales, las paralelas, las secretas.
San Agustín Loxicha, compañeras y compañeros diputados, fue prácticamente sitiado desde el jueves 20 de marzo, que no nos venga ahora aquí el diputado oaxaqueño a decir que de casualidad una patrulla policiaca se enteró por ahí de pasada que había conflicto entre los habitantes de San Agustín.
Dice el diputado que se apegaron perfectamente al pie de la letra a la Constitución, en el caso del nombramiento de los nuevos jefes de aquella localidad.
Y nos da la razón, puesto que él no pudo aquí sustentar, como ustedes pudieron observar, la desaparición de poderes.
Vino aquí a sacar un retruécano de alguna ley secundaria, terciaria, denominada la modalidad de suspensión... No silben tanto, camaradas, espérense a las vacaciones. La claque tendrá su remuneración. ¡Calmados! El diputado oaxaqueño será generoso y distribuirá los recursos.
Vino entonces a darnos la razón de que la desaparición de poderes, compañeros, como la Constitución lo señala, no hubo.
Y, por último, muy ufano dice él aquí, que a él lo eligió el pueblo de Loxicha.
Pues debo decir con toda pena, compañeras y compañeros diputados o que eligieron mal los habitantes o el diputado traiciona a los habitantes de Loxicha, puesto que se ha coludido con los represores que atacan a la población de Loxicha y en ningún momento ha tomado bandera por las causas de ese heroico pueblo.
Gracias, compañeras :
compañeros diputados.
NARCOTRAFICO
El Presidente:
Ruego a la Secretaría dar cuenta con la proposición suscrita por varios diputados.
La secretaria María Guadalupe Morales Ledesma:
«Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente
Unico. Se solicita la comparecencia ante esta soberanía del Secretario de Relaciones Exteriores y del titular de la Procuraduría de la República, a fin de que informen a este órgano legilativo sobre los acuerdos a que han arribado los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.
Palacio Legislativo, a marzo 18 de 1997. Lo suscriben los diputados: Alfonso Primitivo Ríos, del PT; Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del PRD; Adolfo Aguilar Zinser, Diputado Ciudadano Independiente; Alejandro Díaz, del PAN y Augusto Gómez Villanueva, del PRI.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada Gloria Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para leer un punto de acuerdo.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Gracias, compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En los últimos días la región norte del Estado de Chiapas, ha sufrido acontecimientos que ponen en situación de riesgo la tranquilidad de quienes viven en la zona y amenazan con romper la precaria estabilidad de la región.
Por la dimensión de los acontecimientos y por la repercusión que puedan tener en el proceso por una paz justa y digna, los que suscribimos, diputados representantes de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Mexicanos, presentamos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política propondrá, a la brevedad posible, a los diputados que habrán de integrar una comisión pluripartidista que se abocará a estudiar y analizar la situación que viven los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Salto de Agua y Palenque, en el Estado de Chiapas, con objeto de que corrobore el estado que guarda la situación en la región y contribuya a mantener el estado de derecho, el respeto a las garantías individuales y los procesos de pacificación en la zona del conflicto.
Firman. Diputados: Rafael Ceballos, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional; Ezequiel Flores Rodríguez, del PT; Pedro Etienne Llano, del PRD; Javier González Garza; Gloria Sánchez y Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.»
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
ORDEN DEL DIA
El secretario Raúl Lara Chanes:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 1o. de abril de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, Guerrero y Puebla.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sergio Vela Martínez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Italiana.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel José Elizondo Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Bernardo O, Higgins, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Marcela López Riva Palacio, para prestar servicios en la Embajada Británica en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lauro Carreón Arciniega, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Federal de Yugoslavia en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 17:25 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 1o. de abril a las 10:00 horas.