SUMARIO
Comunicación del dipitadoJosé Rafael Castelazo y de los Angeles, con la que solicita licencia para separarse de su cargo. Aprobado. Llámese al suplente.
Comunicación del diputado José Jesús Durán Ruíz, con el que notifica del término de su licencia. Se le tiene por reincorporado.
Invitación al acto civico conmemorativo del LXXVIII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión.
Comunicación del Congreso estatal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
El diputado Alfonso Reyes Medrano, presenta iniciativa que reforma el artículo 15 de dicho ordenamiento, con respecto a las Afore. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social y de seguridad Social.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, presenta iniciativa de reformas a dichas leyes. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame, presenta inciativa de reformas a los artículos 1o., 2o., 2o.-B y 3o., de dicha ley, respecto a la reducción de la tasa a ese impuesto. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma a dicho ordemaniento. Se turna a la Comisión de Salud.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma dicha ley. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto relativo a las características de dicha moneda. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto relativo a las características de dicha moneda. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, pueda aceptar y susar la condecoración que le confiere el gobierno de dicha nación. Es de primera lectura.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos: María Angeles Díaz Reinerio, Amelia Esperanza Alvarez Moreno, Norma Patricia Ruíz Mora y Angel Guzmán, puedan prestar sus servicios en la Embajada de dicho país en México. Es de primera lectura.
Se designa comisión que acompaña en la protesta de ley de la diputada suplente, María de Lourdes Torres Gutiérrez, electa en el XIV distrito electoral del Distrito Federal.
Rinden homenaje, al político veracruzano, los diputados:
Pedro René Etienne Llano
Victor Manuel Rubio y Ragazzoni
Fernando Pérez Noriega
Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Minuto de silencio
El diputado Rafael Ayala López, presenta punto de acuerdo. Se turna a la Comisión de Energéticos.
Sobre el mismo tema:
Héctor San Román Arriaga
Rafael Ayala López, para rectificar hechos
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, rinde homenaje a Heberto Castillo y al término se refieren a la reubicación de gasera en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se turna a la Comisión de Energéticos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar, se refiere al resolutivo de la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos, respecto al proceso que se le lleva a dicho militar.
Sobre el mismo tema hablan los diùtados:
Luis Garfias Magaña, para rectificar hechos.
Luis Sánches Aguilar, para rectificar hechos
Se turna a las comisiones de Derechos Humanos, de defensa y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Sobre fraude realizado por la compañía de bienes raíces Brisamar, en dicha entidad, se concede el uso de la palabra a los diputados:
Jorge Antonio Catalán Sosa
Daniel Quintero Peña, para rectificar hechos.
El diputado Carlos Núñez Hurtado, presenta punto de acuerdo de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como conclusiones de foro realizado sobre el tema.
El diputado Florencio Martín Hernández Balderas, presenta punto de acuerdo para la creación de una comisión legislativa en materia de protección civil. Se turna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
El diputado José Alberto Castañeda Pérez, presenta un estudio realizado sobre el tema. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El diputado Alfonso Martínez Guerra, proopone que parte del producto de las exportaciones petroleras, sea destinado a un Fondo Federal para la Protección y preservacion de Areas Naturales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sobre el compromiso del voto de la mujer en nuestro país, se concede el uso de la palabra a las diputadas:
María Lucero Saldaña Pérez
María Rosa Márquez Cabrera
Martha Patricia Mendoza Peña
María Rosa Márquez Cabrera, para rectificar los hechos.
La diputada María Leticia Calzada Gómez, comenta respecto a hechos ocurridos en la sesion anterior y solicita sean retiradas palabras en su contra.
Josefina Silva Balleza Sánchez, para contestar alusiones personales.
Gloria Sánchez Hernández, para rectificar hechos.
El diputado Daniel Quintero Peña, se refiere a los abusos de dichas compañías en la venta del energético. Se turna a la Comisión de Energéticos.
Se refiere al problema de becarios por dicha institución el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca.
Rectifican hechos los diputados:
Luis Sánchez Aguilar
Miguel Angel Islas Chío
Manuel Jesús Fuentes Alcocer
Salvador Pablo Martínez Della Rocca
Miguel Angel Islas Chío
De la próxima sesion
Presidencia del diputado Fernando Garzacabello García
ASISTENCIA
El Presidente:
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.
El secretario Raúl Lara Chanes:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputados, por lo tanto, hay quorum.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame (desde su curul):
Señor Presidente, le ruego indicar a la Secretaría que me pase lista de asistencia.
El secretario Raúl Lara Chanes:
Está tomado en cuenta, 270 diputados.
El Presidente (a las 12:08 horas):
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario Raúl Lara Chanes:
Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de abril de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de diputados.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, que tendrá lugar el 10 de abril a las 10:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Iniciativas de diputados
De decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de diputados del sector obrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto que reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entrarán en vigor el 1o. de julio de 1997, a cargo del diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Minuta
Proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto relativo a las características de la moneda conmemorativa del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifica las características de la moneda de 10 pesos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Angela Díaz Reinerio, Amelia Esperanza Alvarez Moreno, Norma Patricia Ruiz Mora y Angel Guzmán Guzmán, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Protesta de diputados.
Sobre un hombre comprometido: senador Heberto Castillo Martínez, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el sistema de compensación de adeudo por suministro de energía eléctrica, a cargo del diputado Rafael Ayala López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la situación de las unidades habitacionales del Infonavit y la reubicación de una gasera en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.
Sobre el caso Brisamar, a cargo del diputado Jorge Antonio Catalán Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre la necesidad urgente de legislar en materia de protección civil, a cargo del diputado Carlos Núñez Hurtado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Punto de acuerdo, para solicitar a Pemex siete días del producto de sus exportaciones petroleras para salvaguardar las áreas naturales protegidas, a cargo del diputado Alfonso Martínez Guerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el compromiso de reconocimiento del voto a la mujer, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el trabajo legislativo, a cargo de la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios a cargo del diputado Jorge Humberto Gómez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el fuero constitucional, a cargo del diputado Pedro René Etienne Llano del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el abuso de las compañías de gas y de otros servicios públicos, a cargo del diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Conacyt, a cargo del diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La secretaria María Guadalupe Morales Ledesma:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de abril de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Miguel Humberto Manzo Godínez
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos siendo las doce horas con cinco minutos del jueves tres de abril de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.
Comunicación de la Embajada de la República de Yugoslavia, con el que comunica la integración del parlamento en dicho país. De enterado.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California, Chihuahua, Colima, Hidalgo y Puebla, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Hace uso de la palabra el diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa que establece y reforma diversos ordenamientos, respecto a la situación laboral del país. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En base al artículo veintiuno, fracción decimosexta, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Manuel Pérez Corona y Lauro Norzagaray Norzagaray, del Partido Acción Nacional, solicitan excitativas para ser dictaminadas iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo, con respecto al contrato de aprendizaje, así como a la Ley de Asociaciones Ganaderas. Se turnan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Ganadería, respectivamente.
Se da cuenta con cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan prestar sus servicios en Embajada. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da primera lectura a cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios, para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario, así como prestar servicios en Consulado y Embajada respectivamente.
Hace uso de la palabra el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a las investigaciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Con respecto a diversas versiones periodísticas, hacen uso de la palabra los diputados: José de Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Sánchez Aguilar, quien presenta punto de acuerdo que se turna a las comisiones correspondientes.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales, los diputados: Jorge Enrique Dávila y Juárez, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio; Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones, siendo en la tercera que acepta interpelación de la diputada Balleza Sánchez; José de Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Rodolfo González Macías, del mismo partido; María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Partido Acción Nacional; Gloria Sánchez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Silvia Balleza Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Núñez Hurtado, del Partido de la Revolución Democrática; Rosa María Cabrera Lotfe, del mismo partido; Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.
Se refieren al horario de verano, los diputados: Víctor Manuel Quintana Silveyra, del Partido de la Revolución Democrática y Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional.
Respecto a hechos violentos en el Estado de Oaxaca, se concede el uso de la palabra a los diputados: Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, del Partido de la Revolución Democrática en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Juan Manuel Cruz Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, comenta respecto al problema de rechazados en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, del Partido Revolucionario Institucional Rafael Ayala López, del Partido Acción Nacional; Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática para rectificar hechos; Miguel Angel Islas Chío del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, para rectificar hechos y Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, en el mismo sentido.
Para referirse a la concesión de la carretera de cuota MéxicoToluca, habla el diputado Jorge Hernández Domínguez, del Partido Acción Nacional.
Hacen uso de la palabra, para comentar sobre la huelga en empresa pesquera de la isla de Cedros, Baja California, los diputados: Daniel Quintero Peña, del Partido Acción Nacional. Se turna a las comisiones de Pesca y de Trabajo y Previsión Social.
Respecto a conflicto al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, habla el diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta punto de acuerdo. Se aprueba en votación económica.
El diputado Alfonso Reyes Medrano, del Partido Revolucionario Institucional, presenta comunicado por parte del sector obrero de su partido.
Presentan moción desde sus curules los diputados: Salvador Beltrán del Río Madrid, quien solicita sea leído el artículo treinta del reglamento, Fernando Pérez Noriega, ambos del Partido Acción Nacional y Juan José Osorio Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone sea presentado el asunto en la próxima sesión.
El diputado Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, presenta punto de acuerdo respecto a irregularidades en el sector bancario comercial. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Sobre tarifas eléctricas en el Estado de Tabasco, habla el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Energéticos.
La Secretaría da lectura a un punto de acuerdo suscrito por representantes de todos los grupos parlamentarios, respecto al encarcelamiento de parlamentarios en Turquía, involucrados en el conflicto del Kurdistan.
Agotados los asuntos en cartera. La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes ocho de abril a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
La secretaria María Remedios Olivera Orozco:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En virtud de haber sido designado por el Presidente de la República para ocupar el honroso cargo de embajador de México en la hermana República de Costa Rica, atentamente solicito a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se me conceda licencia en mis funciones de diputado federal a partir de esta fecha, con objeto de estar en condiciones de aceptar y desempeñar el cargo diplomático referido y hasta en tanto dure el mismo.
Sin otro particular, reitero las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, D.F., abril 8 de 1997. Diputado José R. Castelazo y de los Angeles.»
El Presidente:
En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria María Remedios Olivera Orozco:
Están a discusión los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Se concede licencia al diputado José R. Castelazo y de los Angeles, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XIV distrito electoral del Distrito Federal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo diplomático a partir de esta fecha y mientras dure el encargo.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados.
DIPUTADO QUE SE REINCORPORA
La secretaria María Virginia Betanzos Moreno:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Por medio de la presente me permito informarles que a partir de esta fecha, me incorporo nuevamente a mis labores legislativas.
Sin otro particular por el momento, agradezco la atención brindada.
Atentamente.
México, D.F., a 8 de abril de 1997. José Jesús Durán Ruiz, diputado federal.»
El Presidente:
Se le tiene por reincorporado a sus funciones legislativas.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El secretario Raúl Lara Chanes:
«Diputado Florentino Castro López, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
El Departamento del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXVIII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, que tendrá lugar en la Alameda del Sur, ubicada en avenida Canal de Miramontes y calzada de las Bombas, delegación Coyoacán, el día jueves 10 de abril a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, licenciado Eduardo F. Sáenz Viesca.»
El Presidente:
Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Juan Salgado Brito y Ana Lilia Cepeda de León.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
El secretario Fidencio Romero Tobón:
«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión México, D.F.
En forma atenta hacemos de su conocimiento, que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, habiéndose elegido la mesa directiva que coordinará los trabajos legislativos, en la forma siguiente:
Diputados: Roberto Magallanes Tiscareño, presidente; Manuel Esparza Marchan, vicepresidente; Luis González Rodríguez, secretario; José de Jesús Martínez González, secretario y José García Muñoz, prosecretario.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 17 de marzo de 1997. Diputados: Roberto Magallanes Tiscareño, presidente; Luis González Rodríguez y José de Jesús Martínez González, secretarios.»
De enterado.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Reyes Medrano, del sector obrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción ll del artículo 15, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
El diputado Alfonso Reyes Medrano:
Con su permiso, señor Presidente:
Después de algunas vicisitudes temporales el sector obrero de diputados en esta Cámara, por mi conducto presentará a continuación la iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Honorable Asamblea: con fundamento en el artículo 71 fracción ll y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción ll, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del sector obrero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Cámara la "iniciativa de decreto por el que se adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado".
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, apoyamos de manera decidida la aprobación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ya que su instrumentación permite establecer un sistema de pensiones más justo y proteger mejor la situación económica de los trabajadores al final de su vida laboral, a través de la constitución de depósitos a su favor en cuentas individuales.
En el proceso de análisis de la ley, nuestro grupo parlamentario propuso diversas modificaciones para que sus disposiciones protegieran de manera más adecuada las diferentes acciones involucradas en su aplicación. De esta forma, se acordó la participación de la representación obrera en la junta de gobierno y en el Comité de Vigilancia de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que la propia ley estableció y cuyas facultades se fortalecieron sensiblemente.
De la misma manera, nuestro grupo parlamentario incorporó una serie de modificaciones para proteger la relación entre las Afore y los trabajadores, en aspectos relativos al manejo de la información; al cobro de las comisiones; a los costos y veracidad de la publicidad y al conocimiento del comportamiento de las cuentas de los trabajadores a través de la remisión oportuna de estados de cuenta que, en forma clara, presentarán esta evolución.
También se previó obligar a las administradoras a que, en todo caso, operaran una sociedad de inversión integrada fundamentalmente por valores cuyas características preservaran el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores.
Asimismo, al analizar la ley, se adoptó el criterio de "que la legislación evitará que se presenten conflictos de intereses entre las administradoras de fondos y los grupos financieros, los bancos u otros grupos o instituciones participantes".
Debe recordarse que uno de los criterios recogidos en el dictamen de la propia ley fue el de que "debe cuidarse de manera especial que el régimen de comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro, así como los gastos de comercialización y administración resulten apropiados, evitando que se afecte indebidamente la capitalización y la rentabilidad de los recursos producto del ahorro de los trabajadores". En la aplicación de este criterio se sustenta la iniciativa que se propone.
La fracción priísta ha estado atenta al proceso de inicio del nuevo sistema pensionario. En forma especial, se ha preocupado por todo lo que se asocia al mecanismo de comisiones, que incide de manera particular en los rendimientos de los fondos que protegerán su retiro.
En esta oportunidad, el sector obrero de la fracción priísta, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, está proponiendo una iniciativa para que se exente del pago del IVA a las comisiones que se cobrarán a los trabajadores por la administración de sus cuentas individuales.
Cabe recordar que, de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se encuentran sujetas a la tasa del 15% las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro por la administración de las cuentas individuales de los trabajadores sobre el saldo o el flujo de los recursos afectos al Sistema de Ahorro para el Retiro, así como las comisiones de cuota fija por los demás servicios que éstas prestan a los titulares de dichas cuentas.
Por ello, se considera que, ante el próximo comienzo de operaciones de las administradoras de fondos para el retiro, se requiere la revisión del régimen fiscal a que estarán sujetas algunas de las operaciones que llevarán a cabo estas administradoras, como lo propone esta iniciativa.
Así pues, se propone exentar del pago del impuesto al valor agregado a las referidas comisiones que cubran los trabajadores por los servicios que les prestan las administradoras de fondos para el retiro.
En el mismo sentido y con el propósito de guardar congruencia con el tratamiento que se propone en esta iniciativa para beneficiar a los trabajadores sujetos a la Ley del Seguro Social, se hace necesario que la exención señalada se haga extensiva a los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por esta misma razón, se incorporan también a la propuesta las comisiones que cobran las instituciones de crédito.
La experiencia internacional ha demostrado que otorgar la exención del IVA al cobro de comisiones es la fórmula más favorable para proteger los intereses de los trabajadores. Este mismo procedimiento han utilizado países como Chile, Argentina, España, Perú y Uruguay.
Finalmente se propone que este decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Como puede apreciarse, nuestro grupo parlamentario, y en especial la representación obrera, han trabajado activamente en proponer los cambios necesarios para la mejor operación de la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Lo hicieron desde la discusión y análisis de la ley proponiendo medidas que implicaron avances indudables para la operación del sistema.
En esta misma línea se inscribe la propuesta que ahora presentamos.
La evolución del sistema sin duda recogerá nuevas acciones que se tengan que proponer en una legislación que por su naturaleza es perfectible y que requiere de su actualización permanente,
Nuestro grupo parlamentario continuará defendiendo los intereses de los trabajadores e impulsando aquellas medidas que puedan adoptarse para incorporar nuevos beneficios a su condición laboral.
En razón de lo anterior se propone adicionar la fracción II al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:
"Artículo 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito, a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a que se refieren la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones derivadas de éstas."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, D.F., a 3 de abril de 1997. Diputados: José Ramírez Gamero, coordinador del sector obrero, fracción priísta; María Claudia Esqueda Llanes, Netzahualcóyotl de la Vega G., Enrique Ramos Rodríguez, Alfonso Reyes Medrano, Héctor San Román Arreaga, Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; Javier Pineda y Serino, José Manuel García García, José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, Sabino González de Alba, Héctor González Reyes, Carlos Pérez Rico, Adolfo Flores Rodríguez, Antelmo Alvarado García, Fernando Salgado Delgado, Pablo Pedro Aceves Hernández, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Rolando Hernández Castillo, Amadeo Murillo A., José Luis Martínez Alvarez, Antonio Hernández Reyes, Jorge Cortés Vences, Raúl Ramírez Chávez y Raúl Lara Chanes.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social
LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO; LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entrarán en vigor el 1o. de julio de 1997.
El diputado Amado Jesús Cruz Malpica:
Gracias, señor Presidente:
Con la iniciativa de exentar el cobro del impuesto al valor agregado a los trabajadores que opten por solicitar a una Afore que administre sus recursos, la diputación obrera del PRI, busca insertarse en la coyuntura electoral, intentando recuperar votos ciudadanos que le ha quitado su torpe conducción económica en la política del país.
El sistema Afore-Siefore fue presentado en su oportunidad como la reforma económica más importante del zedillismo. Hoy, ante la evidencia de sus omisiones, lagunas e insuficiencias, se ha despertado malestar y rechazo en las filas del propio Congreso del Trabajo y se le pretende poner un parche para acatar las protestas y después presentar la iniciativa como un gran triunfo del PRI.
Grotesca y torpe estrategia electoral del Partido Revolucionario Institucional. Lo cierto es que con esa reforma se dejan intactos los aspectos más dañinos del sistema AforeSiefore, y queda sin resolverse el escandaloso asunto de que por cada cien 100 ahorrados las Afore se embolsarán, por concepto de comisiones, una cantidad que va de los 15 a los 30 pesos, dependiendo de la Afore que elija el trabajador.
Si en verdad la diputación obrera del PRI desea enmendar un sistema que defendió en esta tribuna, cuando menos debería empezar por enmendar la pérdida de los derechos que se produjo para los trabajadores con su voto y reparar graves daños a la clase trabajadora.
Por ello, para no quedarnos solamente en una declaración de coyuntura, el Partido de la Revolución Democrática prepara un paquete de reformas integral al sistema de seguridad social mexicano y en este momento consideramos imprescindible que por lo menos el honorable Congreso de la Unión atienda la presente iniciativa de decreto que reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que entrarán en vigor el 1o. de julio de 1997.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La partida y operación del modelo privado de pensiones que será puesto en vigor el 1o. de julio de 1997, es de interés público. Con el nuevo sistema se pondrá en juego la calidad de vida de miles de trabajadores que se retirarán en las décadas por venir.
Su inicio es de trascendencia nacional, porque con las disposiciones legales aprobadas en 1995 y 1996 el Estado redefine su responsabilidad constitucional de velar por el bienestar de los jubilados. Es de gran significación para sus instituciones públicas de seguridad social, porque con su puesta en marcha se trasladará a entidades financieras, la mayoría de ellas privadas, la administración de cuantiosos recursos fiscales y se dejará al mercado la determinación del monto de las pensiones que se pagarán.
Su importancia es de tal naturaleza que requiere una estricta vigilancia de la sociedad, de los sindicatos, de las empresas y del propio Congreso de la Unión, que reformó la Ley del Sguro Social sin el consenso de las fuerzas políticas que se expresan en su seno. Las dificultades en la operación del nuevo modelo privado de pensiones, el costo para la sociedad y el Estado, la pérdida de derechos de los trabajadores beneficiarios, la ruptura con el principio de solidaridad y la mercantilización de un derecho social están a la vista. Arrojan serias dudas sobre su viabilidad.
El carácter incierto de las futuras pensiones, el riesgo de que 9.2 millones de mexicanos sufran pérdidas en sus ahorros por las fluctuaciones del mercado, las elevadas comisiones que las Afore cobrarán por la administración de los recursos y la inseguridad de que al final de su vida productiva el trabajador reciba una pensión mayor que la que otorga el modelo solidario, han inhibido el arranque y pueden hacer fracasar al sistema.
Las aparentes ventajas del nuevo modelo, ante la imposibilidad de ser probadas empíricamente, han tenido que sustentarse en la fuerza de ventas de las administradoras de fondos para el retiro y en la mercadotecnia publicitaria, que pasará la factura a las cuentas individuales de quienes se afilien a alguna Afore.
Para convencer, los dueños del más importante negocio financiero que haya promovido el titular de Poder Ejecutivo Federal, recurrirán sistemáticamente al artificio publicitario antes que informar con veracidad sobre el alcance del nuevo modelo privado de pensiones. Para apuntalarlo, el Estado inyectará cuantiosos recursos fiscales, calculados en cerca de 20 mil millones de dólares en los próximos 15 años, que serán obtenidos de los contribuyentes y de los futuros jubilados.
Una de las consecuencias más dañinas del nuevo modelo privado de pensiones, es la pérdida real de derechos, como el relativo a los recursos acumulados en el Sistema de Ahorro para el Retiro que, al momento de entrar en vigor la nueva Ley del Seguro Social, sumarán más de 80 mil millones de pesos, cifra que incluye las aportaciones del ISSSTE. La pérdida de derechos adquiridos, en el delicado punto del ahorro del trabajador, es una injusticia que exige inmediata reparación y motiva que el grupo parlamentario del PRD presente esta iniciativa de decreto.
Cuando fue reformada la Ley del Seguro Social por el Congreso de la Unión, se sostuvo que los derechos adquiridos por los trabajadores quedaban protegidos, que todos ganaban, que nadie perdía. Además, que se daba al afiliado libertad de elegir entre el viejo y el nuevo sistema de pensiones. Jamás se dispuso que al optar por el modelo anterior, el trabajador tendría una pérdida neta, al no poder recibir los recursos acumulados en el SAR, después del 1o. de julio de 1997.
Esta importante definición legislativa fue contravenida primero en el artículo noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y posteriormente en las reformas a la Ley del Infonavit.
En la ley que regula el funcionamiento de las Afore, vigente desde el 23 de mayo de 1996, se dispuso que:
"Los trabajadores que optaren por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, tendrán el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, incluyendo los rendimientos que se hayan generado."
La medida que impide al trabajador recibir la totalidad de los recursos del SAR, se explica por el alto costo fiscal de la transición, una de cuyas partes se endosa a las subcuentas de vivienda y retiro. Esta disposición, lesiona el ahorro de 9.2 millones de cotizantes directos, al impedirse que quienes se jubilen bajo el régimen anterior, complementen su pensión con las aportaciones del SAR o bien reciban éstas en una sola exhibición al momento de su jubilación.
Por otra parte, el 6 de enero de 1997 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que entrará en vigor el 1o. de julio de 1997. Con dicha reforma se busca articular el funcionamiento del Infonavit al modelo privado de pensiones y culmina una etapa de la reforma neoliberal al sistema de seguridad social mexicano.
Uno de los asuntos más delicados y lesivos de la reforma, está contenido en el artículo octavo transitorio con el que se confirma el despojo a los trabajadores de un derecho adquirido. En la redacción del mismo se señala que:
"Los sujetos que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieren generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."
Lo anterior supone que quien se pensione bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, que será derogada el 30 de junio de 1997, para dar paso al sistema privado de pensiones contenido en la nueva ley, renunciará a las aportaciones de vivienda hechas a su favor con posterioridad a esa fecha, para contribuir al pago del pasivo adquirido por el Gobierno Federal.
Aceptar lo anterior significa que, por ejemplo, un trabajador que tenga 15 años cotizando al IMSS, después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, continúe laborando cinco años más antes de cumplir el requisito de edad para retirarse, renuncie a las aportaciones de vivienda que el patrón hizo en su favor durante el lapso de cinco años, para pagar con esos ahorros su propia pensión. El artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit que comentamos, contraviene frontalmente varias disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social. Ella establece, en su artículo duodécimo transitorio, que las pensiones que se otorgue a los asegurados que opten por la ley que se deroga, estarán a cargo del Gobierno Federal. Con la reforma a la Ley del Infonavit el trabajador pagará una parte de su pensión, asunto que resulta altamente lesivo para éste.
De un análisis de las leyes de seguridad social y de la Ley Federal del Trabajo en vigor se puede concluir lo siguiente:
1o. Las aportaciones de vivienda son hechas por los patrones a favor del trabajador con objeto de obtener un crédito para vivienda o adquirir, si así lo desea el trabajador, una pensión complementaria.
2o. El trabajador puede disponer de sus ahorros para su vivienda en una sola exhibición.
3o. En las leyes del Seguro Social y del Infonavit anterior a la reforma que comentamos se legisló, invariablemente, la entrega al trabajador de los recursos de la subcuenta de retiro, las aportaciones del patrón hechas a su favor al Fondo Nacional de la Vivienda o de la subcuenta de vivienda, según fuera el caso.
4o. Los fondos de vivienda del trabajador no se pueden ceder ni embargar, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda o por mandato judicial.
Las disposiciones sobre los recursos del SAR contenida en las leyes analizadas, contradicen también lo señalado en el artículo transitorio decimotercero, inciso b de la nueva Ley del Seguro Social, que estipula que los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez, bajo la vigencia de esta ley, pero que opten por los beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta del seguro de retiro.
De aplicarse la medida de que con los ahorros acumulados en el SAR el trabajador pague su propia pensión si decide retirarse con el modelo anterior, se cometerá una gran injusticia y se producirá un golpe más a la economía de los trabajadores de una magnitud sin precedentes.
Para tener una idea más clara del tamaño de la afectación a los trabajadores, los recursos que serán trasladados al pago de sus propias pensiones pueden cuantificarse en 80 mil millones de pesos en los próximos cinco años, que servirán para sostener el alto costo del modelo privado de pensiones.
Es por ello que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, presentan a esta Cámara de Diputados, una reforma que hace justicia a los trabajadores derechohabientes del IMSS y el Infonavit, al permitirles recibir íntegramente los recursos acumulados en las subcuentas de vivienda y retiro si deciden acogerse al modelo público, solidario y redistributivo de pensiones que será derogado. Ello sin menoscabo de que nuestro partido proponga, en otra oportunidad, revisar y revertir en su conjunto la reforma neoliberal al sistema de seguridad social.
«Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa de decreto, para que se dictamine de acuerdo a los plazos establecidos en la reglamentación correspondiente
DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES QUE ENTRARAN EN VIGOR EL 1o. DE JULIO DE 1997
Artículo primero. Se reforman los artículos sexto transitorio y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
Artículo sexto transitorio. El trabajador tendrá derecho a que las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda previstas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, se transfieran a la administradora elegida por éste, para que esta última las administre por separado de la cuenta individual prevista por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Los recursos de los trabajadores acumulados en la subcuenta de retiro transferidos, deberán invertirse por las administradoras en los mismos términos previstos por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Los recursos correspondientes a la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda se mantendrán invertidos de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.
"En las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda transferidas no se efectuará por motivo alguno depósitos por aportaciones posteriores a las correspondientes al cuarto bimestre de 1997, lo anterior en virtud de que a partir de esa fecha, los depósitos correspondientes a dichos conceptos se enterarán en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo el concepto de ramo de retiro y en la subcuenta de vivienda, respectivamente, que integran la cuenta individual del trabajador prevista en la Ley del Seguro Social, que entrará en vigor el día 1o. de julio de 1997 y en la presente ley.
Artículo noveno transitorio. Los trabajadores que optaren por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley de Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de Vivienda, incluyendo los rendimientos que se hubieran generado.
Artículo segundo. Se reforma el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que entrará en vigor el 1o. de julio de 1997, para quedar como sigue:
Artículo octavo transitorio. Los sujetos que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos de vivienda acumulados hasta la fecha de su retiro más los rendimientos que se hubieran generado."
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en lo concerniente a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y el 1o. de julio de 1997 con respecto a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Diputados: Amado Jesús Cruz Malpica y Saúl Alfonso Escobar Toledo.»
El Presidente:
Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Antonio Tenorio Adame, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Francisco Antonio Tenorio Adame:
Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:
Cerca ya de nuestro final, es conveniente que de manera breve se realice una reflexión acerca de los métodos que utilizamos en el proceso legislativo. Dos son las funciones principales que nos faculta y nos encomienda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: una es la de legislar, la otra es el control político sobre el Ejecutivo y el Legislativo, para que se realice y en efecto tenga lugar la división de poderes y el equilibrio entre estos poderes.
Estimo que nuestra legislatura no fue excepcionalmente una legislatura que se caracterizó por abrir los procedimientos legislativos. Seguimos sujetos y condicionados a que las iniciativas se aprueben por el peso del mayoriteo. No obstante, hemos logrado abrir cauces más amplios en el debate, en el plenario y en las comisiones. Hemos encontrado un amplio apoyo en la consideración y en la estimación de la opinión pública, en la participación de grupos ciudadanos y de grupos no gubernamentales, es por ello que hemos logrado moderar el autoritarismo que nos viene del presidencialismo y que nos viene del mayoriteo.
No obstante, seguimos sujetos a legislar con las dos varas.
Aquellas iniciativas que provienen del Ejecutivo y que son apoyadas por el mayoriteo, son iniciativas que se aprueban en su totalidad.
Las iniciativas de los diputados, las iniciativas de sus partidos, de los partidos independientes y las iniciativas, incluso de los diputados del partido del mayoriteo, difícilmente llegan a ser consideradas en comisiones.
Es por eso que yo planteo al Presidente que excite a todas las comisiones y a sus presidentes a que nos rindan un informe del estado actual que guardan todas las iniciativas que han sido presentadas por esta legislatura.
No queremos concluir sin saber el grado de desarrollo y de consideración en que se encuentra nuestro trabajo legislativo.
Ahora yo vengo a someter a la consideración de este plenario, una reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Vivimos, en marzo de 1995, una página sombría, una etapa negra en que se nos fue impuesto por la voluntad del mayoriteo una decisión que atacaba los intereses de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Se aumentó de manera desproporcionada hasta el 15% el IVA. Esto fue duramente criticado en todos los medios sociales.
Hoy nos plantean la reconsideración de una iniciativa que modifique las comisiones a las Afore.
Nosotros vamos más allá: queremos la modificación de todo el impuesto al valor agregado y abrimos, exhortamos a todos los partidos, en particular al del mayoriteo, también al PAN y al PT para que sus plataformas políticas, sus plataformas económicas modifiquen el planteamiento en torno al IVA y éste se vea modificado de manera gradual, de tal manera que recupere los niveles que son aceptables en una reconsideración de la política fiscal de manera integral.
Estamos exhortando, llamando al Partido de Acción Nacional, porque reconocemos sus esfuerzos en torno a este tema y sabemos que nuestro llamado tendrá eco.
Estamos llamando al PRI, a que también vea la posibilidad de reconsiderar ese ataque que fue elevar el IVA hasta el 15%.
No nos conformamos con que el gran legislador sea el Ejecutivo o que sean las leyes del mercado. La realidad, a pesar de que sea la realidad, no es la legalidad. Requerimos condicionar esa realidad. No creemos que la globalización sea la forma que nos lleve a mejorar los estándares de vida de nuestro pueblo ni que nos lleve a niveles de desarrollo que nos han prometido y que vemos que cada día nos empobrece de manera lacerante.
Estamos, pues, sometiendo a esta consideración del plenario, nuestra decisión, con fundamento en los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto de reforma de los artículos 1o., 2o., 2o.B y 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Exposición de motivos.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha expuesto en múltiples ocasiones su tesis acerca de la insuficiencia y carácter altamente regresivo del sistema mexicano de contribuciones, en particular se opuso al aumento en la tasa general del IVA del 10% al 15%, votada por la mayoría priísta en el Congreso, en el contexto de la crisis de la economía mexicana en marzo de 1995.
Por considerar que esta medida no representaría un significativo alivio a la situación de las finanzas públicas como efectivamente sucedió y sí en cambio un oneroso costo adicional para las familias y las empresas.
El aumento a la tasa general del IVA hasta el 15%, trajo como consecuencia, además, un aumento en la regresividad del sistema tributario mexicano, al afectar a personas con la misma tasa, sin considerar su nivel de ingresos.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, considera que es necesario modificar las tasas del IVA en dos direcciones, esto para reducir su efecto regresivo sobre los niveles de ingresos de las personas a quienes su pago es finalmente remitido.
Por un lado es necesario reincorporar una tasa del 20% para los consumos de lujo, restringido por su alto costo y por su propia naturaleza a sectores de la población con niveles de ingresos muy elevados y, en segundo lugar, comenzar un proceso gradual de reducción de la tasa general del IVA de un punto porcentual cada año a partir de mayo de 1997, para llegar a la tasa general del 10% en el año 2001.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, planean el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo 1o. Se modifica el párrafo tercero del artículo 1o. de la ley para quedar como sigue: "el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores".
Artículo 2o. Se adiciona un nuevo artículo 2o.B a la ley con el siguiente texto:
"Artículo 2o.-B. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 20%, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I. La enajenación e importación de los siguientes bienes:
A. Caviar, salmón ahumado, angulas y champaña;
B. Televisores para imagen a color con pantalla de más de 75 centímetros;
C. Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada; esquí acuático motorizado; motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor;
D. Armas de fuego y sus accesorios;
E. Rines de magnesio y techos movibles para vehículos.
F. Aeronaves, excepto aviones fumigadores."
II. La prestación de los siguientes servicios independientes:
A. Los de señal de televisión por cable o satélite o por cualquier otro medio distinto al de radiodifusión general;
B. Los de instalación de techos movibles para vehículos;
C. Los que permitan la práctica del golf, la equitación, el polo, el automovilismo deportivo o las actividades deportivas náuticas, incluyendo las cuotas de membresía, y las demás contraprestaciones que se tengan que erogar para las prácticas de estas actividades y el mantenimiento de los animales y equipos necesarios.
D. La cuota de membresía para restaurantes, centros nocturnos o bares de acceso restringido.
III. El uso o goce temporal de los siguientes bienes:
A. Aeronaves, excepto aviones fumigadores;
B. Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, esquí acuático motorizado; motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor.
Artículo 3o. Se deroga la fracción III del apartado IB del artículo 2o., a referido a la tasa 0% al caviar, al salmón ahumado y las angulas.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La tasa general del IVA será reduciendo a razón de un punto porcentual cada año a partir de mayo de 1997 hasta llegar a la tasa general del 10% establecida en el párrafo tercero del artículo 1o. De esta manera, las tasas que regirán cada año serán las siguientes:
A partir del 1o. de mayo de 1997: tasa general del 14%; a partir del 1o de mayo de 1998: tasa general del 13%; a partir del 1o de mayo de 1999: tasa general del 12%; a partir del 1o de mayo de 2000: tasa general del 11%; a partir del 1o de mayo de 2001: tasa general del 10%.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor en toda la República Mexicana al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Firman diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Solicito, señor Presidente, que se le dé turno a esta iniciativa conforme a reglamento y pido a usted, que se excite a todos los presidentes de las comisiones para que nos informen a la brevedad posible del estado que guardan todas las iniciativas de los señores diputados.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY GENERAL DE SALUD
El secretario Fidencio Romero Tobón:
«Escudo. Cámara de Senadores. México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 4 de abril de 1997. Senadores: José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 1o. Se reforman los artículos 3o. fracción XXVI; 28; 47; 102 primer párrafo; 107; 194 fracción III; 198; 200 primer párrafo; 200bis; 202; 203; 204; 208 fracción III; 213; 214; 217; 221 fracción II; 223; 224; 225; 229 fracción IV; 230 segundo párrafo; 241; 242 tercer párrafo; 252; 257; 258; 259; 260; 262 fracción VI; 267; 276 primer párrafo y fracción II; la denominación del Capítulo XII, del Título Decimosegundo; 278; 279 fracciones II, III, IV y V; 280; 281; 282; 286bis; 295; 298; 304 primer párrafo; 305; 307 tercer párrafo; 310 primero y penúltimo párrafos y la fracción II; la denominación del Título Decimocuarto; 313; 314 fracciones I y X; 319; 320; la denominación del Capítulo II del del Título Decimocuarto; 321; 322; 323; 324; 329; 330; 332; 373; 375 fracciones II, VI y X; 376; 376bis, fracción l; 389 fracción IV; 401 fracciones III, IV, VII y VIII y tercer párrafo; 413 primer párrafo; 419; 420; 421; 422; 425 fracción l; se adicionan los artículos 17 con una fracción VIIbis; 58 con la fracción Vbis; 119 con la fracción IV; 125 con un último párrafo; 215 con una fracción V; 218 con un segundo párrafo; 226 con un último párrafo; 276 con un último párrafo; el capítulo XIIbis del Titulo Decimosegundo; 282bis; 282bis 1; 282bis 2; 287; 298 con un último párrafo; 301bis; 380 con una fracción VIIbis; 391bis; 418 con una fracción V; 425 con una fracción VIII, y se derogan los artículos 196; 200 fracción II; 235 fracción V; 247 fracción V y 375 fracción I, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a XXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos;
XXVII y XXVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 14. Se deroga
Artículo 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII-bis. Proponer a las autoridades sanitarias el otorgamiento de reconocimientos y estímulos para las instituciones y personas que se distingan por sus méritos a favor de la salud y
VIII y IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las dependencias y entidades que presten servicios de salud y en los cuales se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás entidades de salud que señale el Ejecutivo Federal.
Artículo 47. Los establecimientos de servicios de salud deberán presentar aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud, en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 200bis de esta ley. En el aviso se expresarán las características y tipo de servicios a que estén destinados y en el caso de establecimientos particulares, se señalará también al responsable sanitario.
El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200bis de esta ley.
En la operación y funcionamiento de los establecimientos de servicios de salud se deberán satisfacer los requisitos que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas correspondientes.
Artículo 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V-bis. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o por el uso, desvío o disposición final de sustancias tóxicas o peligrosas y sus desechos y
VI y VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 102. La Secretaría de Salud podrá autorizar con fines preventivos, terapéuticos, rehabilitatorios o de investigación, el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su eficacia terapéutica o se pretenda la modificación de las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos. Al efecto, los interesados deberán presentar la documentación siguiente:
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 107. Los establecimientos que presten servicios de salud, los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, así como los establecimientos dedicados al proceso, uso, aplicación o disposición final de los productos o que realicen las actividades a que se refieren los títulos Decimosegundo y Decimocuarto de esta ley, llevarán las estadísticas que les señale la Secretaría de Salud y proporcionarán a ésta y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, la información correspondiente, sin perjuicio de las obligaciones de suministrar la información que les señalen otras disposiciones legales.
Artículo 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada, en la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud originado por el uso de sustancias tóxicas o peligrosas.
Artículo 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En el caso de las fuentes de radiación de uso médico o de diagnóstico, la Secretaría de Salud expedirá las autorizaciones en forma coordinada con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.
Artículo 194. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración.
Artículo 196. Se deroga.
Artículo 198. Unicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:
I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y sicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;
II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;
III. La aplicación de plaguicidas;
IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico y
V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos.
La solicitud de autorización sanitaria deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamente al inicio de sus actividades.
Cuando así se determine por acuerdo del secretario, los establecimientos en que se realice el proceso de los productos a que se refiere el artículo 194 de esta ley y su transporte deberán sujetarse a las normas de funcionamiento y seguridad que al respecto se emitan.
Artículo 200. La Secretaría de Salud determinará, con base en los riesgos que representen para la salud, los establecimientos a que se refiere el artículo 198 de la Ley, que requieren para su funcionamiento:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Se deroga.
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 200-bis. Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, mediante acuerdo, determine la Secretaría de Salud.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior clasificará a los establecimientos en función de la actividad que realicen y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de los 10 días posteriores al inicio de operaciones y contendrá los siguientes datos:
I. Nombre y domicilio de la persona física o moral propietaria del establecimiento;
II. Domicilio del establecimiento donde se realiza el proceso y fecha de inicio de operaciones;
III. Procesos utilizados y línea o líneas de productos;
IV. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de que se cumplen los requisitos y las disposiciones aplicables al establecimiento;
V. Clave de la actividad del establecimiento y
VI. Número de cédula profesional, en su caso, de responsable sanitario.
Artículo 202. Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o denominación, de domicilio, cesión de derechos de productos, la fabricación de nuevas líneas de productos o, en su caso, la suspensión de actividades, trabajos o servicios, deberá ser comunicado a la autoridad sanitaria competente en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que al efecto se emitan.
Artículo 203. El titular de la autorización de un producto podrá permitir que éste sea elaborado en todo o en parte, por cualquier fabricante, cuando se cumpla con los requisitos establecidos al efecto en esta ley y demás disposiciones aplicables. En este caso el titular de la autorización deberá dar aviso por escrito a la Secretaría de Salud, dentro de los 15 días siguientes al inicio del proceso de fabricación externa de los productos.
Artículo 204. Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos que los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 208. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Modifiquen sus características, siempre que éstas tengan repercusión en la calidad sanitaria de los mismos.
Artículo 213. Los envases y embalajes de los productos a que se refiere este título deberán ajustarse a las especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 214. La Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación las normas oficiales mexicanas que expida y, en caso necesario, las resoluciones sobre otorgamiento y revocación de autorizaciones sanitarias de medicamentos, estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos que los contengan, equipos médicos, plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, así como de las materias primas que se utilicen en su elaboración.
Artículo 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Suplementos alimenticios: productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes.
Artículo 217. Para los efectos de esta ley, se consideran bebidas alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen. Cualquiera otra que contenga una proporción mayor no podrá comercializarse como bebida.
Artículo 218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.
Artículo 219. Se deroga.
Artículo 221. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Fármaco: Toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento;
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Artículo 223. El proceso de los productos que contengan plantas medicinales queda sujeto al control sanitario a que se refiere este capítulo y a las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Artículo 224. Los medicamentos se clasifican:
A. Por su forma de preparación en:
I. Magisteriales: cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico.
II. Oficinales: cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y
III. Especialidades farmacéuticas: cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud, en establecimientos de la industria químicofarmacéutica.
B. Por su naturaleza:
I. Alopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas y se encuentre registrado en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos.
II. Homeopáticos: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional y
III. Herbolarios: los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional.
Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.
En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas ni aquellas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.
Artículo 226. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.
Artículo 229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Hemoderivados;
V a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los laboratorios que elaboren medicamentos hemoderivados deberán obtener autorización de la Secretaría para la comercialización de éstos.
Artículo 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Se deroga.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 241. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias estatales, en los siguientes términos:
I. Las recetas especiales serán formuladas por los profesionales autorizados en los términos del artículo 240 de esta ley, para tratamientos no mayores de 30 días y
II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día, deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto.
Artículo 242. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes, cuando procedan de profesionales autorizados conforme al artículo 240 de esta ley y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales y las dosis cumplan con las indicaciones terapéuticas aprobadas.
Artículo 247. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Se deroga.
VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 252. Las sustancias sicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces.
Artículo 257. Los establecimientos que se destinen al proceso de los productos a que se refiere el Capítulo IV de este título, incluyendo su importación y exportación se clasifican, para los efectos de esta ley, en:
I. Fábrica o laboratorio de materias primas para la elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humano;
II. Fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano;
III. Fábrica o laboratorio de remedios herbolarios;
IV. Laboratorio de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología, para el estudio, experimentación de medicamentos y materias primas o auxiliar de la regulación sanitaria:
V. Almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos biológicos y de remedios herbolarios;
VI. Almacén de depósito y distribución de medicamentos o productos biológicos para uso humano y de remedios herbolarios;
VII. Almacén de depósito y distribución de materias primas para la elaboración de medicamentos para uso humano;
VIII. Droguería: el establecimiento que se dedica a la preparación y expendio de medicamentos magistrales y oficinales, además de la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes y sicotrópicos y otros insumos para la salud;
IX. Botica: el establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes y sicotrópicos o demás insumos para la salud;
X. Farmacia: el establecimiento que se dedica a la comercialización de especialidades farmacéuticas, incluyendo aquellas que contengan estupefacientes y sicotrópicos, insumos para la salud en general y productos de perfumería, belleza y aseo;
XI. Establecimientos destinados al proceso de medicamentos para uso veterinario y
XII. Los demás que determine el consejo de salubridad general.
Artículo 258. Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XI, del artículo anterior y los relativos a las demás fracciones cuando utilicen o suministren los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta ley, deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Dichos establecimientos deberán poseer y utilizar la última edición de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales elaborados por la propia Secretaría.
Los establecimientos diversos a los referidos en el párrafo anterior sólo requerirán presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud y contar con los suplementos de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la venta y suministro de medicamentos.
Artículo 259. Los establecimientos citados en el artículo 257 de esta ley deberán contar con un responsable de la identidad, pureza y seguridad de los productos.
Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud.
Artículo 260. Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 257 de esta ley, deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los siguientes requisitos:
I. En los establecimientos a que se refieren las fracciones I, IV, V y VI deberá ser farmacéutico, químico farmacéutico biólogo, químico farmacéutico industrial o profesional cuya carrera se encuentre relacionada con la farmacia; en los casos de establecimientos que fabriquen medicamentos homeopáticos, el responsable podrá ser un homeópata;
II. En los establecimientos a que se refieren las fracciones II y VII, además de los profesionales señalados en la fracción anterior, el responsable podrá ser un químico industrial;
III. En los establecimientos señalados en las fracciones III y VIII, además de los profesionales citados en la fracción I, podrá ser responsable un médico;
IV. En los establecimientos señalados en las fracciones IX y X, únicamente requieren dar aviso de responsable, aquellos que expendan medicamentos que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas. De no ser el caso, el propietario será el responsable en los términos del artículo 261 de esta ley;
V. En los establecimientos señalados en la fracción XI, el responsable podrá ser, además de los profesionales indicados en la fracción I de este artículo, un médico veterinario zootecnista:
VI. En los establecimientos señalados en la fracción XII, el consejo de salubridad general determinará los requisitos del responsable sanitario.
Artículo 262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Productos higiénicos: los materiales y sustancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva.
Artículo 267. Los insumos para la salud comprendidos en el artículo 262 de esta ley no podrán venderse, suministrarse o usarse, con fecha de caducidad vencida.
Artículo 276. En las etiquetas de los empaques y envases en que se expenda o suministre tabaco, además de lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes, deberán figurar en forma clara y visible leyendas de advertencia escritas con letra fácilmente legible con colores contrastantes, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal, las cuales se alternarán con los contenidos siguientes:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Fumar es causa de cáncer y enfisema pulmonar y
III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.
CAPITULO XII
Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas
Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las sustancias defoliantes y las desecantes;
II. Nutrientes vegetales: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes;
III. Sustancia peligrosa: aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos, que tiene características de corrosividad, creactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológicoinfeciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad y
IV. Sustancia tóxica: aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.
La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las sustancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario.
Artículo 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las sustancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;
III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como los materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal;
IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada de los mismos y
V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en las que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, etiquetar, embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida. A efecto de proteger la salud de la población prevalecerá la opinión de la Secretaría de Salud.
Artículo 280. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.
Artículo 281. Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secretaría de Salud.
Artículo 282. El control sanitario de las sustancias a que se refiere el artículo 278, se ajustará a lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables, de acuerdo con el riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana.
CAPITULO XII-BIS
Productos biotecnológicos
Artículo 282-bis. Para los efectos de esta ley, se consideran productos biotecnológicos, aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte de ellos, modificados por técnica tradicional o ingeniería genética.
Artículo 282-bis-1. Se deberá notificar a la Secretaría de Salud, de todos aquellos productos biotecnológicos o de los derivados de éstos, que se destinen al uso o consumo humano.
Artículo 282-bis-2. Las disposiciones y especificaciones relacionadas con el proceso, características y etiquetas de los productos objeto de este capítulo, se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.
Artículo 286-bis. La importación de los productos y materias primas comprendidos en este título que no requieran de autorización sanitaria previa de importación, se sujetará a las siguientes bases:
Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las disposiciones reglamentarias de esta ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros acreditados por las secretarías de Salud o de Comercio y Fomento Industrial, conforme a los acuerdos de coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo y destino de los productos.
II y III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 287. La Secretaría de Salud, en apoyo a las exportaciones, podrá certificar los procesos o productos a que hace mención el artículo 194 fracción I de esta ley o los establecimientos en los que se lleven a cabo dichos procesos, siempre y cuando éstos cumplan con las disposiciones aplicables.
Artículo 295. Sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias del Ejecutivo Federal, se requiere autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud para la importación de los medicamentos y sus materias primas, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos que determine el secretario, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 298. Se requiere autorización sanitaria de la Secretaría de Salud para la importación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan un riesgo para la salud.
La importación de plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, únicamente se autorizará cuando éstos no entrañen un peligro para la salud humana y no sea posible la sustitución adecuada de los mismos.
La Secretaría de Salud, mediante acuerdo que publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará los plaguicidas y nutrientes vegetales que no requerirán de autorización sanitaria para su importación.
Artículo 301-bis. Las disposiciones reglamentarias determinarán los productos y servicios en los que el interesado sólo requerirá dar aviso a la Secretaría de Salud, para su difusión publicitaria.
Artículo 304. La clave de autorización de la publicidad otorgada por la Secretaría de Salud, en su caso, deberá aparecer en el material publicitario impreso, pero no formando parte de la leyenda precautoria.
Artículo 305. Los responsables de la publicidad, anunciantes, agencias de publicidad y medios difusores, se ajustarán a las normas de este título.
Artículo 307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada.
Artículo 310. En materia de medicamentos, remedios herbolarios, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales e insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, la publicidad se clasifica en:
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Publicidad dirigida a la población en general.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La publicidad dirigida a la población en general, sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.
TITULO DECIMOCUARTO
Control sanitario de la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos
Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud ejercer el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos. Al efecto, la Secretaría de Salud tendrá a su cargo el Registro Nacional de Trasplantes y al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
Artículo 314.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos: el conjunto de actividades relativas a la obtención, análisis, conservación, utilización, preparación, suministro y destino final de órganos, tejidos y sus componentes, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de preembriones, embriones y fetos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación;
II a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Destino final: la conservación permanente, inhumación, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de preembriones, embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 319. Los establecimientos en los cuales se realicen actos de disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células requieren de autorización sanitaria.
En el caso de los establecimientos en los que se realicen actos relacionados con cadáveres de seres humanos, se deberá presentar el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud en los términos de esta ley y demás disposiciones generales aplicables.
Los profesionales responsables de los actos a que se refieren los párrafos anteriores también deberán presentar aviso.
Artículo 320. Se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, a aquélla que se realiza en contra de la ley y el orden público.
CAPITULO II
Organos, tejidos y células
Artículo 321. Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo con fines terapéuticos, solamente cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del disponente originario y del receptor y siempre que existan justificantes de orden terapéutico.
Artículo 322. Salvo tratándose de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, la obtención de órganos o tejidos y sus componentes de seres humanos con fines terapéuticos, se hará preferentemente en cadáveres.
Artículo 323. La selección del disponente originario y del receptor de órganos, tejidos y sus componentes y células, para trasplante o transfusión, se hará siempre por prescripción y bajo control médico, en los términos que fije la Secretaría de Salud.
Artículo 324. Para efectuar la toma de órganos y tejidos se requiere el consentimiento expreso y por escrito del disponente originario, libre de coacción física o moral, otorgado ante notario o en documento expedido ante dos testigos idóneos y con las demás formalidades que al efecto señalen las disposiciones aplicables.
Tratándose de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, bastará el simple consentimiento por escrito del donante.
El disponente originario podrá revocar el consentimiento en cualquier momento y sin responsabilidad de su parte.
Artículo 329. Los establecimientos de salud, previa autorización de la Secretaría de Salud, podrán instalar y mantener para fines terapéuticos: bancos de órganos, tejidos y sus componentes y de células, los que serán utilizados bajo la responsabilidad técnica de la dirección del establecimiento de que se trate y de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 330. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión, que se instalarán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones aplicables y previa autorización de la Secretaría de Salud. La sangre será considerada como tejido.
Artículo 332. La sangre humana, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, sólo podrán obtenerse de voluntarios que los proporcionen gratuitamente y en ningún caso podrán ser objeto de actos de comercio.
Artículo 373. Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se refieren los artículos 198, 319, 329 y 330 de esta ley; cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.
Artículo 375. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Se deroga.
II. Los responsables de la operación y funcionamiento de fuentes de radiación de uso médico, sus auxiliares técnicos y los asesores especializados en seguridad radiológica, sin perjuicio de los requisitos que exijan otras autoridades competentes;
III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI. La internación en el territorio nacional o la salida de él, de órganos y tejidos de seres humanos, incluyendo la sangre, componentes sanguíneos, células progenitoras hematopoyéticas y hemoderivados;
VII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Las modificaciones a las instalaciones de establecimientos que manejan sustancias tóxicas o peligrosas determinadas como de alto riesgo para la salud, cuando impliquen nuevos sistemas de seguridad.
Artículo 376. Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, sustancias sicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos; así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas. El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud y será por tiempo indeterminado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley.
Artículo 376-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. En el caso de medicamentos, estupefacientes y sicotrópicos, la clave de registro será única, no pudiendo aplicarse la misma a dos productos que se diferencien, ya sea en su denominación genérica o distintiva o en su formulación. Por otra parte, el titular de un registro, no podrá serlo de dos registros que ostenten el mismo principio activo, forma farmacéutica o formulación, salvo cuando uno de éstos se destine al mercado de genéricos. En los casos de fusión de establecimientos se podrán mantener, en forma temporal, dos registros y
II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 380. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII-bis. Cuando resulten falsos los dictámenes proporcionados por terceros autorizados;
VIII a XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 389. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley y
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 391-bis. La Secretaría de Salud podrá expedir certificados, autorizaciones o cualquier otro documento, con base en la información, comprobación de hechos o recomendaciones técnicas que proporcionen terceros autorizados, de conformidad con lo siguiente:
I. El procedimiento para la autorización de terceros tendrá por objeto el aseguramiento de la capacidad técnica y la probidad de estos agentes;
II. Las autorizaciones de los terceros se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y señalarán expresamente las materias para las que se otorgan;
III. Los dictámenes de los terceros tendrán el carácter de documentos auxiliares del control sanitario, pero además tendrán validez general en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
IV. Los terceros autorizados serán responsables solidarios con los titulares de las autorizaciones o certificados que se expidan con base en sus dictámenes y recomendaciones, del cumplimiento de las disposiciones sanitarias, durante el tiempo y con las modalidades que establezcan las disposiciones reglamentarias de esta ley y
V. La Secretaría de Salud podrá reconocer centros de investigación y organizaciones nacionales e internacionales del área de la salud, que podrán fungir como terceros autorizados para los efectos de este artículo.
Artículo 401-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Se obtendrán tres muestras del producto. Una de ellas se dejará en poder de la persona con quien se entienda la diligencia para su análisis particular; otra muestra quedará en poder de la misma persona a disposición de la autoridad sanitaria y tendrá el carácter de muestra testigo; la última será enviada por la autoridad sanitaria al laboratorio autorizado y habilitado por ésta, para su análisis oficial;
IV. El resultado del análisis oficial se notificará al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, telefax, o por cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la toma de muestras;
V y VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. La impugnación presentada en los términos de las fracciones anteriores dará lugar a que el interesado, a su cuenta y cargo, solicite a la autoridad sanitaria, el análisis de la muestra testigo en un laboratorio que la misma señale; en el caso de insumos médicos el análisis se deberá realizar en un laboratorio autorizado como laboratorio de control analítico auxiliar de la regulación sanitaria. El resultado del análisis de la muestra testigo será el que en definitiva acredite si el producto en cuestión reúne o no los requisitos y especificaciones sanitarios exigidos y
VIII. El resultado de los análisis de la muestra testigo, se notificará al interesado o titular de la autorización sanitaria de que se trate, en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, telefax o por cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos y, en caso de que el producto reúna los requisitos y especificaciones requeridos, la autoridad sanitaria procederá a otorgar la autorización que se haya solicitado o a ordenar el levantamiento de la medida de seguridad que se hubiera ejecutado, según corresponda.
Si la diligencia se practica en un establecimiento que no sea donde se fabrica o produce el producto o no sea el establecimiento del titular del registro, el verificado está obligado a enviar, en condiciones adecuadas de conservación, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la toma de muestras, copia del acta de verificación que consigne el muestreo realizado, así como las muestras que quedaron en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, a efecto de que tenga la oportunidad de realizar los análisis particulares y, en su caso, impugnar el resultado del análisis oficial, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de resultados.
Artículo 413. La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, procederá cuando éstos se difundan por cualquier medio de comunicación social contraviniendo lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables o cuando la Secretaría de Salud determine que el contenido de los mensajes afecta o induce a actos que pueden afectar la salud pública.
Artículo 418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.
Artículo 419. Se sancionará con multa hasta 1 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200bis, 202, 259, 260, 263, 282bis1, 334, 336, 339, 350, 391 y 392 de esta ley.
Artículo 420. Se sancionará con multa de 1 mil hasta 4 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 127, 142, 147, 149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 265, 267, 304, 306, 307, 308, 319, 329, 330, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 373, 376 y 413 de esta ley.
Artículo 421. Se sancionará con multa equivalente de 4 mil hasta 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 281, 289, 293, 298, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 332, 333, 338, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta ley.
Artículo 422. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por 10 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta ley.
Artículo 425. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Cuando los establecimientos a que se refiere el artículo 373 de esta ley, carezcan de la correspondiente licencia sanitaria;
II a VlI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Por reincidencia en tercera ocasión.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 13, fracción I; 14, 20 fracción VII; 42; 45; 46; 66; 76; 94; 118 fracción ll; 126; 133; 140; 145; 146; 165; 166; 175; 194; 195; 199; 201; 210; 264; 286bis fracción II; 351; 370; 380, fracción VI; 392 y 455 de la Ley General de Salud a fin de que la referencia que se hace en dichos artículos a la expresión "normas técnicas", se sustituya por la de "normas oficiales mexicanas".
Artículo tercero. Se derogan los artículos 14 y 219.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los expedientes en trámite relacionados con las autorizaciones sanitarias, se concluirán en lo que beneficie a los interesados en los términos del presente decreto.
Tercero. En tanto se expiden las disposiciones administrativas que se deriven del presente decreto, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no lo contravengan.
México, D.F., a 4 abril de 1997. Senadores: Jesús Orozco Alfaro, presidente; José Guadarrama Márquez y Norberto Corella Gil Samaniego, secretarios.
Se remite a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. Licenciado Mario Alberto Navarro Manrique, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Salud.
LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
El secretario Raúl Lara Chanes:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, el día 1o. de abril del presente año, la iniciativa de "decreto por el que se reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento", la cual ha sido turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la revisión a las disposiciones señaladas en la referida iniciativa y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de esta Asamblea el presente
DICTAMEN
La exposición de motivos de la iniciativa que se comenta expresa que la Asociación Internacional de Fomento (AIF), es un organismo financiero filial del Banco Mundial, creado en el año de 1960, con el propósito de ayudar a mejorar el nivel de vida de los países miembros menos desarrollados, a través del otorgamiento de asistencia técnica y financiera.
Al respecto, merece destacarse que actualmente la AIF beneficia a los habitantes de los países que tienen un producto nacional per capita anual equivalente hasta de 865 dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual 79 países con una población total superior a los 3 mil millones de habitantes son elegibles para recibir fondos conforme a este criterio.
Nuestro país ha sido miembro de la AIF desde su fundación. Sus relaciones con ella están regidas por la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, de fecha 30 de diciembre de 1960.
A fin de alcanzar los objetivos de un crecimiento ambientalmente sustentable, reducir la pobreza, elevar los niveles de empleo e inversión, las actividades de la AIF se han enfocado principalmente a asegurar la efectividad de los proyectos y programas en ejecución y al diseño de nuevos proyectos y políticas que ayuden a reducir la pobreza de manera sostenida.
La suscripción inicial de México a la AIF fue de 8 millones 740 mil dólares de los Estados Unidos de América y ha efectuado diversas contribuciones de capital que, en su oportunidad, fueron autorizadas por el honorable Congreso de la Unión, mismas que a la fecha representan recursos del orden de 134.9 millones de dólares de los Estados Unidos de América.
En marzo de 1996, la junta de gobernadores de la AIF acordó llevar a cabo la decimoprimera reposición de recursos, cuyo monto total será de 5 mil 50 millones de derechos especiales de giro, para cubrir sus compromisos por el lapso comprendido entre el 1o. de julio de 1997 y el 30 de junio de 1999. A México le corresponde participar en dicha reposición con 5 millones 50 mil de derechos especiales de giro, el equivalente al 0.10% del total.
Esta dictaminadora recoge también que, ante la necesidad de recursos adicionales, la junta de gobernadores adoptó otra resolución decidiendo el establecimiento de un fondo fiduciario provisional para el ejercicio de 1997, cuyo monto será de 3 mil millones de derechos especiales de giro, correspondiendo a nuestro país participar con 3 millones de ese total (0.10%).
Esta dictaminadora subraya que las partidas hasta por 8 millones 50 mil de derechos especiales de giro, que cubren las aportaciones correspondientes a las dos resoluciones mencionadas, se encuentran contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.
La que dictamina coincide con el Ejecutivo Federal en el sentido de que las aportaciones de México a esta decimoprimera reposición de recursos y al fondo fiduciario provisional constituyen una acción importante dentro de las relaciones de nuestro país con las instituciones que forman parte del Banco Mundial y significan una medida concreta de apoyo al fortalecimiento de las instituciones financieras multilaterales lo que, además, permitirá generar recursos financieros preferenciales a favor de países de menor desarrollo.
Por otra parte, la AIF tiene entre sus objetivos la protección y mejoramiento del medio ambiente, por lo que destaca que la aprobación de esta iniciativa del Ejecutivo Federal permitirá que nuestro país continúe apoyando el sentido de los acuerdos derivados de la conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, aprobados en la reunión celebrada en Brasil en junio de 1992.
En forma adicional, la que dictamina desea mencionar que la realización de estas aportaciones permitirá a nuestro país participar en las licitaciones internacionales para la adquisición de bienes y prestación de servicios que se realicen con los créditos que otorguen por la AIF.
Esta dictaminadora estima que la aprobación de esta iniciativa es congruente con la política exterior de México de solidaridad hacia los países de menor desarrollo relativo, entre los cuales hay algunos de América latina, que se verán beneficiados con apoyos financieros derivados de esta reposición.
Finalmente, la iniciativa del Ejecutivo Federal propone derogar el artículo 5o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, en atención a que lo dispuesto en dicho artículo se incluyó en el artículo 13 de la actual Ley del Banco de México que prevé que, cuando las leyes establezcan que esta institución deba hacer aportaciones a organismos financieros internacionales, excepto las cuotas al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Federal lo proveerá de los recursos respectivos.
En razón de lo anterior, esta comisión recomienda al pleno aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY QUE ESTABLECE BASES PARA LA EJECUCION EN MEXICO, POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO
Artículo único. Se reforma el artículo 2o. y se deroga el artículo 5o. de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento, para quedar como sigue:
"Artículo 2o. Se autoriza al Gobierno Federal para que, por conducto del Banco de México, efectúe las siguientes aportaciones a la Asociación Internacional de Fomento, hasta por el equivalente en Derechos Especiales de Giro que a continuación se indican:
a) Cinco millones 50 mil, por concepto de suscripción adicional correspondiente a la decimoprimera reposición de capital, cantidad que se adicionará a las suscripciones anteriores efectuadas por nuestro país y
b) Tres millones, por concepto de participación al Fondo Fiduciario Provisional para el ejercicio de 1997.
Artículo 5o. Se deroga.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 8 de abril de 1997. Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Saúl Escobar Toledo y Alfonso Reyes Medrano, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge A. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Lemus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Víctor M. Rubio Ragazzoni, Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Raúl A. Fuentes Cárdenas.»
Es de primera lectura.
MONEDA CONMEMORATIVA DEL XXXV ANIVERSARIO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
El Presidente:
¿Me permite, señor diputado?
Dígame, diputado Javier González Garza.
El diputado Javier González Garza (desde su curul):
Señor Presidente, en virtud de que han sido distribuidos estos proyectos, quisiera que usted pudiera someter a consideración que obviásemos la lectura de los mismos.
El Presidente:
En atención a la solicitud, pedimos al señor Secretario pregunte a la Asamblea si se dispensa este trámite.
El secretario Tomás López Martínez:
En votación económica se pregunta a la Asamblea aquellos que estén por la afirmativa sobre que se dispense la lectura al presente dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, el día 1o. de abril del presente año, la iniciativa de "decreto relativo a las características de la moneda conmemorativa del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre", la cual ha sido turnada, para su estudio y dictamen, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la revisión a las disposiciones señaladas en la referida iniciativa y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de esta Asamblea el presente
DICTAMEN
La exposición de motivos de la iniciativa expresa que, con motivo del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, celebrado en el año de 1996, se ha invitado a los países con mayor tradición y prestigio en materia de acuñación de monedas, entre ellos México, para conmemorar este acontecimiento con la acuñación de una moneda de plata.
El Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, es una organización de reconocido prestigio internacional cuya finalidad es apoyar y promover programas para la conservación de la flora, la fauna y, en general, del medio ambiente.
Es importante mencionar que este fondo ha participado en diversos programas de protección a especies en nuestro país, como la tortuga y la ballena en aguas territoriales nacionales del océano Pacífico, la mariposa monarca en los estados de México y Michoacán, así como en la conservación de bosques tropicales en el Estado de Chiapas.
En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa que nuestro país participó en la conmemoración del XXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, mediante la acuñación de una moneda de plata cuyas características se determinaron por el decreto correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de diciembre de 1986. En esa oportunidad se acuñó una moneda con valor nominal de 100 pesos, que presentaba como tema una "Mariposa Monarca".
La moneda de plata que se pretende acuñar ahora tendría un valor nominal de cinco pesos y presentaría, entre sus principales características, en el anverso, el Escudo Nacional, en relieve escultórico, con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" y en el reverso una escena que muestra dos lobos y los símbolos del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre y de la Casa de Moneda de México y, en el exergo, la leyenda "Canis Lupus".
Esta dictaminadora considera que debe recomendar la aprobación de la iniciativa que se comenta, en atención a que permite que México participe activamente en la celebración del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, cuyas actividades han sido relevantes en nuestro país. Asimismo, porque permitirá dar presencia a México entre los países que participen acuñando monedas para celebrar este evento, generando además un beneficio económico a la Federación a través de la acuñación de esta moneda de plata.
En razón de lo anterior, esta comisión recomienda al pleno aprobar el siguiente
PROYECTO DE DECRETO RELATIVO A LAS CARACTERISTICAS DE LA MONEDA CONMEMORATIVA DEL XXXV ANIVERSARIO DEL FONDO MUNDIAL PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
Artículo único. Se establecen las características de la moneda de plata conmemorativa del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre, de conformidad con lo dispuesto por el inciso C del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales serán:
a) Valor nominal: cinco pesos.
b) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
c) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimas) mínimo de plata.
d) Contenido: 1 (una) onza troy de plata.
e) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos ciento tres miligramos) equivalente a una onza troy de plata.
f) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
g) Tolerancia en peso: por unidad: 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos). Por conjunto de 1 mil piezas: 1 g (un gramo). Ambas en más o en menos.
h) Canto: estriado.
i) Cuños:
Anverso: al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso.
Reverso: una escena que muestra dos lobos. Siguiendo el contorno del marco superior la leyenda "Lobo". En el lado derecho el signo de $ y a continuación el número "5". En el cuadrante superior derecho el símbolo del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre. En el lado izquierdo el símbolo de la Casa de Moneda de México y arriba de éste el año de acuñación. En el exergo la leyenda "Canis Lupus". El marco liso.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 8 de abril de 1997. Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Saúl Escobar Toledo, Alfonso Reyes Medrano, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge a. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Remus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Víctor M. Rubio y Ragazzoni, Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Raúl A. Fuentes Cárdenas.»
Es de primera lectura.
MONEDA DE DIEZ PESOS
El Presidente:
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que modifica las características de la moneda de diez pesos.
En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La secretaria María Guadalupe Morales Ledesma:
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado al honorable Congreso de la Unión, el día 1o. de abril del presente año la iniciativa de "Decreto que Modifica las Características de la Moneda de 10 pesos", la cual ha sido turnada para su estudio y dictamen, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la revisión a las disposiciones señaladas en la referida iniciativa y con fundamento en el artículo 73 fracción XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 43, 48 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a la consideración de esta Asamblea el presente
DICTAMEN
A través de esta iniciativa, el Ejecutivo Federal propone que se incluya como opción para la fabricación de la parte central de la moneda de 10 pesos, una aleación de alpaca.
La exposición de motivos de la iniciativa menciona que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, el honorable Congreso de la Unión reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señaló las características de las monedas de cinco, 10, 20 y 50 centavos y de uno, dos, cinco y 10 pesos que son las que actualmente se utilizan como medio general de pago.
En el decreto de referencia se indicó la composición metálica y se previeron diversas aleaciones opcionales para las monedas denominadas en fracciones de nuestra unidad monetaria, así como para la parte central de las monedas de uno, dos y cinco pesos.
Sin embargo, en el citado decreto sólo se estableció una aleación de plata sterling para la composición metálica de la parte central de la moneda de 10 pesos. El Ejecutivo Federal expresa que ello da lugar a considerables variaciones en su costo de fabricación, derivado de que el valor de este metal depende de los precios que prevalecen en los mercados internacionales, afirmación con la que coincide esta dictaminadora.
De ahí que esta comisión recomiende aprobar la iniciativa que se propone para incluir, como opción para la fabricación de la parte central de la moneda de 10 pesos, una aleación de alpaca. Con ello se mantendría una apariencia similar a la moneda citada, se acuñaría una moneda más resistente a la oxidación, se reduciría significativamente su costo de fabricación y tendría una mayor permanencia en su circulación.
Las demás características de la moneda de 10 pesos, se mantendrían sin ninguna variación y circularían en forma conjunta estas monedas en cualquiera de las dos composiciones metálicas en que se acuñaran.
En razón de lo anterior, esta comisión recomienda al pleno aprobar, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LA MONEDA DE DIEZ PESOS
Artículo único. Se modifica el artículo 3o. del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de las monedas de cinco, 10, 20 y 50 centavos y de uno, dos, cinco y 10 pesos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de junio de 1992, únicamente por lo que se refiere a la composición y peso total de la moneda de 10 pesos, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moneda de diez pesos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Composición: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Parte central de la moneda.
Podrá, conforme a lo previsto en el inciso b del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, ser cualquiera de las aleaciones siguientes:
A) Aleación de plata sterling.
Ley: 0.925
Metal de liga: cobre.
Peso: 5.604 g (cinco gramos seiscientos cuatro milésimos).
Contenido: 5.184 g (cinco gramos, ciento ochenta y cuatro milésimos), equivalente a 1/6 (un sexto) de onza troy de plata pura.
Tolerancia en ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.
Tolerancia en peso por pieza: 0.090 g (noventa miligramos) en más o en menos.
Tolerancia en peso por conjunto de 1 mil piezas: 1.75 g (un gramo, setenta y cinco centésimos) en más o en menos.
B) Aleación de alpaca plateada.
Peso: 4.75 g (cuatro gramos, setenta y cinco centésimos).
Contenido: 65% de cobre, 10% de níquel y 25% de zinc.
Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento en más o en menos.
Tolerancia en peso por pieza: 0.190 g (ciento noventa miligramos) en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso total: será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma que corresponderá:
Para el inciso A del punto 1 anterior y para cada inciso del punto 2 anterior, como a continuación se indica:
A) 11.183 g (once gramos, ciento ochenta y tres milésimos) y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de 1 mil piezas serán respectivamente 0.313 g (trescientos trece miligramos) y 6.086 g (seis gramos, ochenta y seis milésimos), ambas en más o en menos.
B) 11.113 g (once gramos, ciento trece milésimos) y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de 1 mil piezas serán respectivamente 0.310 g (trescientos diez miligramos) y 6.028 g (seis gramos, veintiocho milésimos), ambas en más o en menos.
C) 11.176 g (once gramos, ciento setenta y seis milésimos) y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de 1 mil piezas serán respectivamente 0.313 g (trescientos trece miligramos) y 6.086 g (seis gramos, ochenta y seis milésimos) ambas en más o en menos.
D) 11.664 g (once gramos, seiscientos sesenta y cuatro milésimos) y las tolerancias en peso por pieza y por conjunto de 1 mil piezas serán respectivamente 0.332 g (trescientos treinta y dos miligramos) y 6.456 g (seis gramos, cuatrocientos cincuenta y seis milésimos), ambas en más o en menos.
Para el inciso B del punto 1 anterior y para cada inciso del punto 2 anterior, como a continuación se indica:
A) 10.329 g (diez gramos, trescientos veintinueve milésimos) y la tolerancia en peso por pieza 0.413 g (cuatrocientos trece miligramos) en más o en menos.
B) 10.259 g (diez gramos, doscientos cincuenta y nueve milésimos) y la tolerancia en peso por pieza 0.410 g (cuatrocientos diez miligramos) en más o en menos.
C) 10.322 g (diez gramos, trescientos veintidós milésimos) y la tolerancia en peso por pieza 0.413 g (cuatrocientos trece miligramos) en más o en menos.
D) 10.810 g (diez gramos, ochocientos diez milésimos) y la tolerancia en peso por pieza 0.432 g. (cuatrocientos treinta y dos miligramos) en más o en menos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 8 de abril de 1997. Diputados: Francisco Suárez y Dávila, presidente; Jorge Padilla Olvera, Mónica Leñero Alvarez, Saúl Escobar Toledo, Alfonso Reyes Medrano, secretarios; José Rosas Aispuro Torres, Manuel Beristáin Gómez, Tonatiuh Bravo Padilla, Roberto Campa Cifrián, Jorge a. Cejudo Díaz, Daniel Covarrubias Ramos, Víctor Cruz Ramírez, Gabino Fernández Serna, Heriberto Galindo Quiñones, Alejandro Higuera Osuna, Manuel Jiménez Remus, Sebastián Lerdo de Tejada, Oscar Levín Coppel, Raúl Livas Vera, Gabriel Llamas Monjardín, Ifigenia Martínez Hernández, Salvador Mikel Rivera, Alfonso Molina Ruibal, José de Jesús Preciado Bermejo, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Víctor M. Rubio y Ragazzoni, Antonio Sánchez Gochicoa, Carlota Vargas Garza, David Vargas Santos y Raúl A. Fuentes Cárdenas.»
Es de primera lectura.
REPUBLICA ARGENTINA
La secretaria María Remedios Olivera Orozco:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jaime Zabludovsky Kuper, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Argentina.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 2 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
La secretaria María Virginia Bentanzos Moreno:
«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el 20 de marzo del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Angela Díaz Reinerio, Amelia Esperanza Alvarez Moreno, Norma Patricia Ruiz Mora y Angel Guzmán Guzmán, puedan prestar servicios administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 3 de abril, se tunó a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana María Angela Díaz Reinerio, para prestar servicios como telefonista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Amelia Esperanza Alvarez Moreno, para prestar servicios como ayudante de visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Norma Patricia Ruiz Mora, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Angel Guzmán Guzmán, para prestar servicios como chofer/mensajero, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 4 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, José Castelazo y de los Angeles, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ernesto Luque Feregrino, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»
Es de primera lectura.
DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente:
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María de Lourdes Torres Gutiérrez, diputada suplente electa en el XIV distrito electoral del Distrito Federal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Sabino González Alba, Consuelo Botello Treviño, Ifigenia Martínez Hernández y Eduardo Guzmán Ortiz.
La secretaria María Guadalupe Morales Ledesma:
Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente:
Ciudadana María de Lourdes Torres Gutiérrez: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María de Lourdes Torres Gutiérrez:
Sí, protesto.
El Presidente:
Si así no lo hiciereis, la nación os lo demande.
HEBERTO CASTILLO MARTINEZ
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a un hombre comprometido, senador Heberto Castillo Martínez.
El diputado Pedro René Etienne Llano:
Con su venia, diputado Presidente:
Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta LVI Legislatura: Luchando por la vida, finalmente murió Heberto Castillo Martínez. Fiel a su principal característica, la de ser un luchador tenaz, el corazón de Heberto soportó un tremendo esfuerzo, operación, dos infartos, hasta que dejó de latir el sábado próximo pasado 5 de abril.
Hombre controvertido y de controversia, firme y tenaz hasta el extremo, escéptico y profundamente autocrítico, maestro en grado superior, hombre público de fama intachable, solidario siempre, Heberto Castillo fue hasta el final de sus días, un verdadero constructor de cosas y causas.
Ejerció en todas sus modalidades la docencia. Desde el aula guio y formó a generaciones enteras de profesionistas que cambiaron la faz de nuestro país.
Como dirigente político también fue un maestro; trazó y bregó caminos antes esquematizados por el dogma y mostró con su quehacer, que los hombres públicos comprometidos no pueden dejar de hacer lo que creen, a costa de traicionar y traicionarse a sí mismos.
Heberto también fue verbo, fue palabra que supo con tenacidad encomiable luchar al lado de la razón en 1968; fue palabra que junto con el esfuerzo de cientos en todo el país, construyeron el Partido Mexicano de los Trabajadores. Junto con miles, la voz distinguida de Heberto Castillo le dio también impulso adicional al Partido Mexicano Socialista, en la segunda mitad de la década de los ochenta. Obra y acción que arranca desde antes con la participación con destacados mexicanos en lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional.
Ya en la última etapa de su vida, supo ser dirigente que critica, que sabe reconocer hierros propios y virtudes ajenas. Supo con su ejemplo y su palabra, ser ejemplo de dirigente político.
Dio, al lado de millones empeñados en cambiar el injusto estado de cosas en nuestro país, lo mejor de sí para construir la última y nueva casa de la izquierda democrática y nacionalista: el Partido de la Revolución Democrática.
Para el PRD, Heberto dio lo mejor que tenía: su integridad, su congruencia y, quizás lo más importante, nos dio su acción y su pensamiento.
Luego de la injusta cárcel a que fue sometido junto con los más importantes dirigentes del movimiento de 1968, Heberto Castillo planteó con toda claridad, que el camino para la transformación de nuestro país pasaba por la organización y la participación políticas de la mayoría de los mexicanos.
Identifica que los cambios y las transformaciones de México han de nacer de la lucha de la sociedad y no de la claridad de una élite.
Está seguro que la democracia y la justicia serán consecuencia lógica de la lucha por las libertades civiles.
Heberto, contra lo que una parte de nuestra izquierda experimentó, camina por la senda de la lucha civil y demuestra al final de cuentas que este camino resulta congruente en la lucha por la justicia, la democracia y el respeto a la pluralidad. Pero sobre todo porque involucra a la mayoría en la conquista de este objetivo.
Si Heberto criticó la vía armada, lo hizo convencido de que así debía ser. Consecuente siempre, una de las mejores herencias que nos deja es la de la tenaz lucha por alcanzar paz digna y justa para Chiapas.
Para él, fue claro que el levantamiento indígena en Chiapas significó en principio el levantamiento de los desesperados, de los que nada tienen y escogen luchar para todos.
Supo Heberto Castillo que la democracia no se construye sobre la desesperación de un pueblo condenado a la muerte lenta de la inanición y el olvido. Supo que los grandes conflictos sociales, por los que atraviesa nuestro país, se deben básicamente a la desesperación de nuestros pueblos por paliar el hambre y la injusticia que afecta cada día a más compatriotas.
Por eso, su participación distinguida y activa en la Comisión de Concordia y Pacificación. Porque poco valen triunfos electorales si no son capaces de resolver las necesidades mínimas del pueblo. Porque es también paradójico hablar de democracia, cuando no hay comida, casa y salud para el pueblo.
Luchar por la democracia con justicia social debe ser el objetivo de todas las políticas públicas. Así lo entendió Heberto y así lo sabemos en el Partido de la Revolución Democrática.
En la más ruda de las luchas que enfrentó por la paz digna y justa para Chiapas, Heberto fue muy claro cuando criticó la falta de respeto por la palabra empeñada. Supo que un gobierno no podía ser interlocutor confiable si en lo mínimo faltaba a su palabra. La mejor manera de honrar hoy a Heberto Castillo es que cada quien cumpla compromisos y acuerdos, para lograr en Chiapas y en todo México: paz, justicia y democracia.
El ingeniero Heberto Castillo fue un hombre que dio y aportó en la medida de sus fuerzas y en razón de su inteligencia. Fue un constructor de cosas buenas, bien lo sabe nuestro vicepresidente, el diputado Taide Aburto, desde que fuera dirigente estudiantil en el tormentoso periodo de 1968, en la Universidad Autónoma de Chapingo. O la diputada Gloria Sánchez y el compañero diputado Héctor Bautista, desde la construcción del PMT. O como recuerda el diputado Antonio Tenorio, en la época en el Movimiento de Liberación Nacional, en la década de los sesenta.
Lo cierto es que no terminaría de mencionar, compañeros diputados de nuestro partido y de otras fracciones parlamentarias, mexicanos de todos los partidos que lo conocieron y vivieron junto con él importantes páginas en la construcción política de nuestro país.
El ingeniero Heberto Castillo fue un dirigente político controvertido. Heberto, como le decía la gente, constructor y conductor de la izquierda moderna, que hoy con mayor claridad que nunca se presenta con capacidad para impulsar los cambios democráticos con justicia social que requiere nuestro pueblo, este ideal por el que luchó siempre Heberto está hoy más cerca que nunca.
¡Por eso decimos que Heberto está presente! ¡Sus ideas, sus palabras y sus hechos están sembrados en la conciencia de muchos mexicanos, que sabrán luchar con firmeza hasta lograr democracia ya y patria para todos!
¡Heberto Castillo está presente con nosotros!
Muchas gracias, diputado Presidente.
Solicito que al terminar de escuchar los testimonios y las palabras de los diputados de todas las fracciones parlamentarias podamos, juntos, por encima de las diferencias políticas, pero haciendo valer lo que nos une como mexicanos, dar tributo a Heberto Castillo con un minuto de silencio.
El Presidente:
Como no, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para el mismo tema.
El diputado Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni:
Mi partido, el Revolucionario Institucional, expresa por mi conducto sus más sentidas condolencias a los familiares del senador Heberto Castillo Martínez y a la dirigencia y miembros del Partido de la Revolución Democrática.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Sabado 5 de abril, 9:50 horas, Ciudad de México, falleció el ingeniero Heberto Castillo Martínez, 68 años.
Para poder hablar del senador Heberto Castillo necesitaríamos distinguir sus siguientes fases en su propia vida: su fase en lo político, su fase en lo académico, en lo profesional, como periodista, como escritor, por sus ideales, por su personalidad, por su calidad humana, por su lucha, por el motivo de duelo que nos provoca, por el sentir, por la reflexión que tendríamos que hacer y por su propia familia.
En la política, más de 45 años de militancia izquierdista. Iniciador de movimientos de lucha, líder magisterial, cofundador de partidos políticos, luchador estudiantil, dirigente, figura destacada sin duda en la fundación de agrupaciones políticas. Político veracruzano, en temprana edad inició con su ideología y su activismo político.
Líder opositor, sencillo, con gran fortaleza, un mexicano propositivo de los que pretenden siempre construir y no destruir. Luchaba por su verdad. Antigubernamental siempre en una oposición honesta, con una trayectoria crítica, con una estrategia sin duda política.
Maestro, como se ha dicho aquí, de gran nivel y formador de alumnos, formador de mexicanos, con sus propios ideales. Distinguido académico. Un profesionista, ingeniero civil, innovador, con aportaciones científicas.
Inventor. Fructífera carrera profesional. Grandes obras. Ciencia aplicada a la ingeniería que él implementó. Adelantos técnicos. Creativo. Ideas originales, a veces controvertidas. Un científico en toda la palabra.
Periodista y escritor en donde plasmó sus ideas, conceptos con su sello personal, que dejan testimonio de sus ideas, de sus ideales, de sus objetivos.
Ideales, muchos. Rebelde. No cabe duda, dio mucho; se espera que dé más en su historia. Congruencia. Se entregó sin reservas a defender sus ideales, siempre con un espíritu de lucha. Controvertido, no cabe duda.
Algunos, como en mi partido, no comulgamos con algunas de sus ideas, pero luchó toda la vida, hasta el último momento y estoy seguro que luchó por la vida, como aquí lo ha mencionado nuestro compañero diputado, en el propio lecho de la muerte.
Un ideal importante de Heberto Castillo es que los mexicanos conociéramos la historia de México para comprender el entorno de los momentos que enfrentamos. Luchó inclusive contra miembros de su propio partido, aquellos que consideraba radicales, pero buscando siempre la unidad del mismo.
No cabe duda, don Heberto, polifacético, soñador, "El Flaco" le decían algunos de sus más queridos amigos, un ser humano donde se pueden generar muchas anécdotas, exigente, lamentablemente su salud se vio afectada, pero fue un hombre siempre feliz y además de muy buen humor.
Amigo; he escuchado de muchos que supo ser amigo y compañero, de trato amable, con sensibilidad, pero enérgico al fin de cuentas. Lucha política, luchador, luchador social en un infatigable trabajo constante por la lucha de sus ideales.
En señal de duelo, su partido ha promovido suspensión de sesiones y actividades partidistas, tres días han dicho, suspendido campañas políticas. Sus seres cercanos mencionan que ha sido una gran pérdida para la política; el mundo político, profesional y cultural, sin duda están de luto. Nosotros también estamos tristes en una actitud unánime y solidaria de nuestro partido, en una expresión de respeto a su familia y al PRD.
No cabe duda, es un sensible deceso el de Heberto, senador perredista; un sentir: su militancia en otro partido que no es el nuestro, con distintas estrategias e ideales, no significa dejar de reconocer en él a un mexicano que amó a su país.
Por ello, como mexicano luchador, académico, ciudadano, profesionista, reconocemos su perseverancia la cual merece nuestro reconocimiento y respeto.
Nosotros opinamos que no deja un vacío, deja una semilla que avala el sentir de que a pesar de no compartir algunas de sus propuestas, defendimos el derecho a la libertad de expresión de sus ideas y conceptos. Hoy un féretro gris, una guardia de honor de varias personalidades, una Bandera de México y del PRD en el lugar donde él se encontraba y se dice que una doble tragedia, porque dos horas antes había fallecido un hermano, sin haber podido confirmar esta noticia,
Un homenaje significativo en la Cámara de Senadores, de Xicoténcatl, donde él hubiera querido estar siempre proporcionando sus ideas y defendiéndolas. Hoy ha sido cremado, hoy su cuerpo son cenizas de este inquieto luchador. Heberto, como a veces cuando me encontraba en los pasillos lo saludaba respetuosamente, podría decirle: tus cenizas llegan a la tierra, a las entrañas de México, como todo ser humano con defectos y cualidades; Heberto, eres parte de la historia, has hecho tu parte.
Ojalá, como se ha dicho aquí, todos unidos, no violentemos la unidad de los mexicanos; hoy más que nunca, ante las amenazas a nuestro país, unamos la diversidad sin vencer nuestra identidad, en una sola meta que es México. El, Heberto Castillo optó,como la gran mayoría de los mexicanos por las soluciones dentro de un marco de paz y de concordia.
Amigos del PRD, familiares de Heberto, señora María Teresa Juárez Carranza, su inseparable compañera; Heberto junior; Javier; Héctor y Laura Izette, nosotros como partido, nos unimos a su pérdida.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del PAN, para el mismo tema.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, me permito expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de don Heberto Castillo Martínez y acompañar a todos sus amigos y a los miembros de su partido, en el dolor que produce su ausencia, estando seguros que su vida y por lo tanto su obra, será recordada por todos nosotros como un ejemplo a seguir.
No voy a hablar de don Heberto, aquel líder del movimiento estudiantil de 1968,que luchó junto con cientos de jóvenes mexicanos para buscar un nuevo orden social.
No voy a hablar de don Heberto, aquel perseguido político que tuvo que esconderse del intolerante Gobierno mexicano que no permitía otra forma de pensar.
No voy a hablar de don Heberto, aquel preso político que fue recluido en el "Palacio Negro" de Lecumberri, una de las prisiones más inhumanas y de la cual pensó no saldría con vida.
No voy a hablar de don Heberto, aquel catedrático que durante toda su vida formó dentro de la ciencia, muchas generaciones.
No voy a hablar de don Heberto, aquel verdadero líder de la auténtica izquierda mexicana.
No voy a hablar de don Heberto, fundador de organizaciones sociales como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México y el Partido de la Revolución Democrática.
No voy a hablar de don Heberto, aquel inventor de técnicas que revolucionaron la construcción no sólo en México, sino en todo el mundo.
No voy a hablar de don Heberto, aquel deportista cuya pasión era el béisbol y el frontón.
Y no puedo hablarles de todos estos temas porque no tuve el honor de conocer a don Heberto Castillo en estas etapas de su vida, mismas que solamente conocí a través de diversas pláticas que sostuve con él.
Don Heberto, siempre estaba dispuesto a platicar y sobre todo a transmitir a través de sus experiencias, sus enseñanzas sobre diversos aspectos de la vida no solamente políticas, sino sobre la naturaleza humana. El estaba profundamente convencido de la necesidad de respetar la dignidad de la persona y por lo tanto todas sus acciones estaban encaminadas a defenderlo.
Conocí a don Heberto aproximadamente hace tres años, lo que parece ser un tiempo muy corto en su larga trayectoria, sin embargo puedo decir que en este periodo mi relación fue muy intensa, por lo que me permitiré compartir con ustedes algunos recuerdos de estos últimos años de su vida.
Durante estos tres años, don Heberto no dejó de luchar un solo día en la búsqueda de una paz justa y digna para los indígenas del Estado de Chiapas, pero él no concebía su solución exclusivamente para las etnias asentadas en dicho Estado, sino que era una reivindicación para todos los indígenas del país; es decir, buscaba una solución integral a nivel nacional.
El nacionalismo de don Heberto no puede estar sujeto a duda, su vida la dedicó a favor de México y de todos los mexicanos: obreros, campesinos, profesionistas, indígenas, por lo que concebía a un México integrado y fuerte; nunca pensó en la segregación de nuestro país.
Don Heberto, dentro de su lucha trabajó siempre con prudencia, buscando que las posiciones de las partes en el conflicto chiapaneco tuvieran un justo medio y por lo tanto que pudieran traducirse en soluciones reales, por lo que es necesario reconocer desde esta tribuna que antepuso siempre a su interés personal o de su partido el interés supremo de la paz, pero esta prudencia no significa que no tuviera posiciones firmes o que desconociera cuál era el fin del proceso de paz en el Estado de Chiapas. Creo que para él estaba claro que el objetivo era resolver las causas que dieron origen al conflicto y por lo tanto terminar con la extrema pobreza y discriminación a que estaban sujetos o a que están sujetos nuestros indígenas.
Esta firmeza lo llevó a enfrentarse directamente no sólo con el Presidente de la República y sus colaboradores, como era el Secretario de Gobernación, sino también en su momento, con el subcomandante Marcos y con asesores del EZLN.
Estos enfrentamientos no los realizaba en forma estéril, sino siempre con la finalidad de obtener un mayor compromiso con el proceso de paz.
En mi opinión, la presencia de don Heberto, junto con la de don Luis H. Alvarez, dentro de la Comisión de Concordia y Pacificación, le dieron a esta comisión no solamente relevancia, sino la serenidad necesaria que la experiencia otorga. En más de una ocasión, la opinión de don Heberto fue determinante para obtener consensos dentro de la comisión que, como ustedes saben, es la forma en que trabaja la misma, toda vez que ningún acuerdo se somete a votación por iniciativa de don Heberto.
El trabajo que realizó don Heberto en estos tres años, no fue un trabajo fácil desde un escritorio, sino que acudió hasta las comunidades en la zona de conflicto que se ubican en la selva chiapaneca, estando presente donde se llevaban a cabo los diálogos, las diversas reuniones, lugares que desde luego no ofrecían todas las comodidades.
Don Heberto siempre estaba activo, cuando teníamos recesos en el proceso de paz, se dedicaba a escribir artículos o preparaba el trabajo de las otras comisiones en las que participaba. Pero don Heberto no solamente era ese hombre comprometido con la paz y con el trabajo, sino que también tenía un lado muy humano, dispuesto siempre a otorgar consejos, a ayudar, a pasar una velada agradable, a contar chistes, en sí, a disfrutar de la vida, lo que desde luego le generó muchísimas amistades.
Importante también en la vida de don Heberto fueron los valores familiares, por lo que siempre procuró la integración y unidad dentro de su familia; en la mayoría de las ocasiones, lo acompañaba su compañera de toda su vida, su esposa, doña Tere, a quien siempre trató con respeto y amor; con ese mismo cariño se refería a sus hijos y a sus nietos.
Compañeras y compañeros diputados: en México tenemos la mala costumbre de rendir homenaje a nuestras mujeres y hombres una vez que están muertos, no tenemos la honestidad de reconocerles en vida su valor. En el caso de don Heberto, sería injusto que recordemos su nombre únicamente con palabras, considero que todos debemos de comprometernos en hacer una acción en su memoria que perdure y que trascienda.
En estos momentos, la acción a la que todos nos podemos comprometer es hacer un llamado tanto al Gobierno Federal como al EZLN, para que reanuden en forma inmediata y directa el diálogo de paz, pero para que esto pueda darse, debemos emitir desde esta Cámara una exigencia al Gobierno Federal para que cumpla con lo firmado en los acuerdos de San Andrés.
Don Heberto, en los últimos meses, había insistido en la necesidad que el Gobierno Federal cumpliera con los acuerdos de San Andrés y que en su momento la reforma constitucional y legal en materia de derechos y cultura indígena, reflejara lo aceptado por las partes, porque en su opinión, los compromisos se hacen para cumplirse y no para que con el tiempo se olviden.
Si no queremos olvidar la rectitud de principios que nos ha legado don Heberto Castillo y si aún creemos en el valor de la palabra, debemos comprometernos todos en lograr la firma de un acuerdo de paz con justicia y dignidad en el Estado de Chiapas, que era el objetivo para el que estaba trabajando don Heberto al momento de su fallecimiento.
Desde esta tribuna, don Heberto, muchas gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para el mismo tema.
El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:
Gracias, señor Presidente:
Palabras de homenaje y despedida al ingeniero Heberto Castillo Martínez.
Los legisladores del Partido del Trabajo y a través de nosotros todo nuestro partido, queremos expresar nuestro pesar por el fallecimiento del ingeniero Heberto Castillo Martínez y nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de partido.
El ingeniero Castillo es merecedor de nuestro mayor reconocimiento, fue, sin lugar a dudas, un mexicano notable, que dedicó su vida entera a la causa de mejorar y desarrollar este país que tanto amó lo mismo a través de la ciencia y la tecnología que de la política.
Supo conjugar con singular acierto y eficacia, su desempeño profesional y académico con la arraigada convicción de luchar permanentemente por la transformación democrática de la sociedad y el Estado y poner siempre sus vastos conocimientos al servicio del progreso.
Perteneció a la peculiar categoría de mujeres y hombres a los que puede decirse: nada humano le resulta ajeno. Su nobleza y humanismo se sustentan no en la búsqueda de una perfección inalcanzable y por tanto ajena a la realidad, sino a la intensidad con que se comprometen con sus convicciones, sin dudar en asumir los riesgos de equivocarse y de incurrir en contradicciones que el propio accionar implica, siempre preferibles a la estéril indiferencia e inmovilidad.
Quizá el mayor mérito de Heberto no esté en haber tenido en todo momento la razón de su lado, sino en haberse atrevido a proponer y a tomar iniciativas y a reconocer luego sus errores, desandar el camino y corregir. No es otra la forma de proceder de la ciencia y en cuya disciplina y rigor se formó su pensamiento, que luego se mostraría fecundo en la acción política.
Muchos de nosotros conocimos al ingeniero Castillo en circunstancias distintas y a lo largo de su trayectoria política tuvimos con él coincidencias y también divergencias. Algunos lo conocimos como dirigente magisterial durante el movimiento estudiantil popular de 1968, por el que fue, junto con muchos y muchas más, infamantemente preso por su participación democrática o a través de su prolongado caminar como militante del Movimiento de Liberación Nacional, al que entregó muchos años de su vida.
En los años setenta, su ideología nacionalista y democrática lo llevó a construir el Partido Mexicano de los Trabajadores, mientras otros de nosotros priorizábamos la actividad apartidaria y la no participación electoral, en la perspectiva de un socialismo democrático.
Coincidimos en rechazar la vocación autoritaria del régimen mexicano y de los modelos vigentes, entonces del llamado socialismo real y en priorizar la arista democrática del movimiento social.
Sin duda, es suyo el mérito de haber insistido, a contracorriente de la mayoría de quienes militábamos en la izquierda en la necesidad de luchar por un socialismo a la mexicana, incluso varios años antes del derrumbe del bloque soviético y la conversión de estos países al capitalismo neoliberal.
No puede dejar de destacarse la casi solitaria, pero no por ello menos trascendente batalla que libró, armado de ideas y de los espacios que por derecho propio ocupaba en los medios de prensa más críticos e influyentes del país, en defensa del petróleo, propiedad invaluable de la nación en la que la rapacería e irresponsabilidad de nuestros gobernantes no han visto otra cosa que un recurso derrochable y objeto de saqueo.
Diferimos de Heberto Castillo, por ejemplo, cuando cuestionó en un principio la movilización del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM, ya que le pareció ser una defensa de supuestos privilegios y no una postura legítima y democrática. Después su sapiencia lo llevó a rectificar su apreciación y expresó públicamente su respaldo a las y los estudiantes, que con su contundente presencia y capacidad polémica lograron reivindicar la validez de sus posiciones y demandas.
En ambos casos no dejó de estar presente su permanente preocupación por la educación superior en México y en particular por la Universidad Nacional como guía natural.
Poco después, en alianza con el Partido Mexicano Socialista, algunos de nosotros o desde dentro de éste otros o en el movimiento social y popular que se generó, apoyamos su campaña a la Presidencia de la República y avalamos su trascendente decisión de declinar la candidatura en favor de quien concitaba el mayor apoyo popular, lo que permitió a las de izquierdas y a los sectores democráticos unificarse en el más amplio movimiento opositor de la historia contemporánea del país.
Más recientemente volvimos a coincidir con él en el trabajo legislativo, concretamente en la Comisión de Concordia y Pacificación y reconocimos sus decididos e incansables esfuerzos por arribar a la pacificación de Chiapas y del país, a través de la satisfacción de las demandas de los pueblos y comunidades indígenas de ese Estado y de toda la nación.
No podía ser de otra manera de quien por origen y convicción siempre se colocó del lado de débiles y desvalidos.
No nos toca hablar de otros aspectos de la vida del ingeniero Heberto Castillo, el pueblo mexicano se encargará de hacerlo siempre.
Ni el poder ni el dinero ni la religión, eran otros sus valores y otras sus utopías. Quizá Heberto, tan profundamente arraigado en su nacionalismo y tan renuente a citar a los autores socialistas, no hubiera aceptado explícitamente lo que a continuación expresamos.
El Castillo que hoy despedimos con sentido reconocimiento fue una de aquellas vidas que se anclan y se resumen en los tres elementos, que estando en el origen de nuestra existencia, como decía Wilhen Raig, son también los que debieran gobernarla: el amor, el trabajo y el conocimiento.
Hasta siempre, ingeniero Heberto Castillo.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, para el mismo tema.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:
Compañeras y compañeros diputados:
A nombre del grupo de Diputados Ciudadanos, tengo el honor de hablar en este homenaje y justo reconocimiento al ingeniero Heberto Castillo.
Tuve el privilegio personal de conocerle y tratarle desde 1977, año en que fue invitado a la Universidad de Guadalajara a dictar una conferencia sobre la situación de nuestro país y la reforma política entonces convocada. No obstante haberle conocido personalmente hasta ése entonces, supe y escuché de él desde que estuvo preso a raíz de la sangrienta represión de 1968.
A pesar de no haberme afiliado a partido político alguno, acudí a dos o tres reuniones convocadas por el ingeniero Castillo, para la conformación del Partido Mexicano de los Trabajadores en Jalisco. Me llamó poderosamente la atención el planteamiento fresco de una nueva izquierda democrática, ajena a toda ortodoxia rígida o convencional, además del uso de un emblema náhuatl junto a las siglas de su partido.
Hombre de meridiana claridad en sus conceptos y lenguaje, expresivo e incisivo, ajeno a todo dogmatismo, pero apasionado defensor de sus ideas, se convirtió en ejemplo de generaciones enteras, en ejemplo de la juventud mexicana.
Hombre cabal y completo; brillante y eficaz profesional de la ingeniería y la construcción; científico e investigador; paciente y tenaz estudioso; político arrojado y valiente. Así era Heberto Castillo.
De su legado histórico deseo resaltar tres cosas. En primer lugar, su lucha intransigente en defensa de la soberanía nacional. Soberanía nacional, esa expresión tan nítida para nuestros patriotas antepasados y tan ausente de las aulas y las convicciones de las nuevas generaciones de nuestra juventud. Soberanía nacional, ese concepto profundo, perfil de nuestro proyecto como nación, hoy olvidado y ausente de muchos de los planes y escritorio de los modernos secretarios de Estado.
El Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Petrolero Independiente, su documentada y fundamentada oposición a la construcción del gaseoducto hacia los Estados Unidos, son tan sólo algunas expresiones de esa lucha por la soberanía nacional.
En segundo lugar, es de resaltar la lucha de Heberto Castillo al lado de otro puñado más de luchadores sociales en contra del autoritarismo en nuestro país, cuya más cruda expresión vivimos los mexicanos durante el periodo de 1964-1970.
En tiempos en que casi toda la prensa y medios de comunicación eran cooptados por el Gobierno; en tiempos en que la izquierda moderada justificaba sus alianzas con ese autoritarismo, argumentando una supuesta agresión imperialista; en tiempos en que la real oposición política se castigaba con la cárcel en el "Palacio Negro" de Lecumberri; en tiempos en que ser de oposición significaba amenazas a la familia, pérdida de empleo o exclusión de cualquier oportunidad y el exilio encubierto ante los organismos internacionales.
Hoy día, todas las fuerzas políticas, sin excepción, reconocemos que el movimiento popular y estudiantil de 1968, ha sido el parteaguas histórico que propició y obligó al inicio de la apertura política en México.
En gran medida, el ingeniero Heberto Castillo, como uno de los dirigentes más lúcidos de este movimiento, tiene el gran mérito de esa visión histórica.
Es aquí donde entramos al tercer aporte del ingeniero Castillo.
En lugar de que la prisión y la persecución lo llevarán a posturas afines, a formas de la lucha armada revolucionaria, estos hechos lo hicieron consciente de los enormes costos sociales de las posiciones radicales a ultranza y a partir de entonces se dedicó a la construcción de instrumentos para la ampliación de las libertades públicas, legitimadas en nuevas formas de representación plenamente democráticas y de ensanchar y hacer realidad los marcos constitucionales de participación política.
Supo ser intransigente en esa lucha, pero también supo unirse al gran caudal democrático portado por Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional en 1988.
Por todo lo anterior y frente al desgaste, deterioro y pérdida de credibilidad de que son objeto muchas de las instituciones de nuestro país en la actualidad, hoy estamos de luto los ciudadanos que creemos en ese nuevo México por el que luchó Heberto Castillo.
Lamentamos profundamente esta pérdida irreparable en momentos en los que la transición hacia una nueva realidad política hace tan necesaria la presencia de los viejos luchadores.
Hoy, todos los mexicanos comprometidos con la transformación democrática, hemos perdido a un gran compañero.
Coincidimos en lo que ya ha sido señalado por los legisladores de la Cocopa: el mejor homenaje que le podemos hacer a Heberto Castillo, es la firma de la paz en Chiapas. Nosotros agregamos: a la firma de la paz en Chiapas, hay que agregar la defensa inclaudicable de nuestra soberanía nacional que hoy nos reclama renovada defensa de nuestros energéticos y de nuestro petróleo y la defensa de nuestros connacionales, agredidos por las leyes para inmigrantes en los Estados Unidos.
Viva la lucha del ciudadano Heberto Castillo por un nuevo México democrático.
El Presidente:
Se va a guardar un minuto de silencio en memoria del ingeniero Heberto Castillo Martínez, favor de ponerse de pie.
(Minuto de silencio.)
(Himno Nacional.)
SISTEMA DE COMPENSACION DE ADEUDOS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al sistema de compensación de adeudos por suministro de energía eléctrica.
El diputado Rafael Ayala López:
Con la venia del señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Desde hace unos días se ha venido ventilando en la prensa nacional la existencia de señalamientos por trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que brinda servicios de energía eléctrica a los habitantes del Distrito Federal y también a algunos estados circunvecinos, información que se ha venido manejando en el sentido, de que se da tratamiento especial y preferencial a un pequeño grupo de ciudadanos y también a un reducido número de instituciones públicas y privadas, entre las que destacan al parecer el llamado Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el Partido Revolucionario Institucional e instituciones de crédito públicas y privadas como Bancomer, Banco Internacional y Banobras, entre otros. También a personas físicas y morales, que están debidamente enlistadas, para que por ningún motivo se les corte el servicio de energía eléctrica.
La información que comento se reproduce en los diarios Reforma, El Financiero y El Día, y señala que estas personas favorecidas están siendo incorporadas a un sistema de compensación de adeudos, para que no se les corte la luz por falta de pago oportuno.
Esta información, señoras y señores diputados, está contenida como ya lo dije, en los periódicos que he mencionado los días 2 y 3 de abril del presente año, aunque es justo aclarar que en uno de ellos, en un comunicado, la Compañía de Luz afirma que ningún funcionario está exceptuado de pago, pero admitiendo el director general de dicha empresa, José Merino Mañón, que dicho programa existe.
Como dato adicional, también se menciona en esta información que la familia Hank no paga la luz o energía eléctrica suministrada que se utiliza en la caballeriza, el zoológico, la bodega y el museo que posee esta familia en el rancho Don Catarino en el poblado de Santiago Tianguistenco en el Estado de México.
Según esta denuncia de los empleados de la Compañía de Luz y Fuerza, que reproduce el periódico El Día, un grupo de personas, 158, entre personas físicas y morales, no pagan el servicio o están exentas del corte de luz y que dichas personas están encuadradas tan solo en la sucursal quinta de Tlalpan, Distrito Federal, lo que hace presumir que puede haber muchos más en otras sucursales.
Esta información señala que entre las personas privilegiadas para que por ningún motivo se les corte la luz están Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari y Justo Ceja Martínez, ex secretario particular del ex presidente Salinas, señalándose como números de cuenta la 051396880, la 05103968840, los primeros con domicilio en Arbol del Fuego 91 letra "A" y la de Justo Ceja cuenta 150516995877 con domicilio en Cerrada de Diamante 37 letra "B".
Aparte de los citados se mencionan también a Javier Coello Trejo, Silvia Pinal, Guillermo Soberón, Emilio Lozoya, Fausto Zapata, Eliseo Mendoza Berrueto, Mario Ramón Beteta, Bernardo Sepúlveda Amor, María Victoria, Víctor Flores Olea, Abel Vicencio Tovar y Jorge Carpizo, entre otros.
En la lista se incluye a Daniel Ruiz Fernández, al parecer secretario de obras del Departamento del Distrito Federal, a Gustavo Carvajal, a Pedro Ferriz Santacruz, Gustavo Petricioli, Héctor Mares, Demetrio Bilbatúa, Vito Alesio Robles e instituciones crediticias como Bancomer, Banco Internacional y Banobras, entre otros.
Justo también es reconocer que en informaciones periodísticas posteriores del día 3 de abril, el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el ya mencionado José Merino Mañón, aceptó que existe una lista de 500 clientes especiales a quienes se les da trato preferencial, entre ellos, hospitales, embajadas, partidos políticos, algunos políticos connotados y servidores públicos, agregando que no existe ningún usuario a quien se le condonen los adeudos, ya que el trato preferencial únicamente se refiere a que cuando el afectado, llega a situación de corte, se le hace una segunda gestión para que pague y así evitar la suspensión del servicio. Agregando el director que estos 500 clientes especiales representan menos del 1% de la facturación total de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por lo que el cobrar o no cobrarles resulta irrelevante para las finanzas de la empresa.
La información que se comenta, también reproduce las aclaraciones públicas del señor Emilio Gamboa Patrón, Genaro Borrego Estrada, Bernardo Sepúlveda, Pedro Ferriz de Con y Joaquín López Dóriga, en el sentido de que ellos no adeudan concepto alguno por energía eléctrica a la paraestatal en mención.
Es cierto, compañeras y compañeros diputados, que este asunto se ha conocido a través de los medios de comunicación, pero creemos del todo conveniente que se debe propiciar una investigación formal por esta Cámara de Diputados por las siguientes consideraciones.
De ser cierta y confirmada la información y al parecer lo es, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro sí tiene un sistema de compensación de adeudos, de ser así pues, nos preguntamos, ¿cuál es la base legal para que exista, ya que por el dicho del propio director del organismo, se intercambian servicios por servicios?
Nos preguntamos a juicio de quién en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se incorporan estas personas e instituciones como clientes especiales a quienes se les da trato preferencial hasta con una segunda notificación y oportunidad sin límite para que paguen energía eléctrica y a pesar de esto no se les corte. ¿Cuál es?, nos preguntamos, ¿cuál es el procedimiento para gozar de estos beneficios todos en nuestra calidad de ciudadanos? ¿Qué tipo de servicios serán los que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro pueda intercambiar con embajadas, con partidos políticos como el PRI, funcionarios connotados y servidores públicos? ¿Será verdad que de las listas proporcionadas por trabajadores de la propia empresa, es cierto que existen funcionarios y ex funcionarios, pero también empresas privadas como Bancomer, como Bital, Radio Móvil Dipsa, Cablevisión y American Express? ¿Cuál es ese sistema de compensación del que la ciudadanía, la común y corriente, no está informada y a los que sepamos, no recibe jamás un aviso de segunda oportunidad para pagar y lisa y llanamente, le cortan el servicio de energía eléctrica si no paga el recibo correspondiente con toda oportunidad? ¿Cómo es posible que se beneficie a organismos públicos, si se supone que éstos tienen autorizado presupuesto para cubrir el consumo de energía eléctrica?
Nos seguimos preguntando: ¿cuál es el fundamento legal que tiene la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, filial de la Comisión Federal de Electricidad, para exentar de corte y por lo tanto de pago, a instituciones como la Confederación de Trabajadores de México y al Congreso del Trabajo y al Partido Revolucionario Institucional? Si esto fuera así, estamos en la presencia de una posible violación al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Hace presumir esto, la existencia de tráfico de influencias, arreglos, trato preferencial o privilegios de funcionarios, ex funcionarios, políticos, artistas y comunicadores.
Si esta política de exención de adeudos, según el director general de este organismo, no impacta significativamente las finanzas de esta paraestatal, nos preguntamos, ¿por qué la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, tuvo pues que recibir un subsidio de 6 mil millones de pesos, de los cuales específicamente 3 mil 400 se destinarán en este ejercicio presupuestal a cubrir el déficit financiero a la ya de por sí errática administración de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro?
Este tema de las exenciones preferenciales tiene consecuencias y por supuesto que impacta en las finanzas de la Compañía de Luz, que en última instancia es manejada con recursos públicos y también tiene que ver, compañeras y compañeros diputados, con la cerrazón del Secretario de Energía del Gobierno Federal, al negarse a reconsiderar la disminución del costo de las tarifas eléctricas para zonas extremadamente cálidas en época de verano, como sucede en los valles de Mexicali y Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora y otras regiones similares del país, como sistemáticamente la Comisión Federal de Electricidad lo ha venido sosteniendo, no obstante el clamor de la ciudadanía de esos lugares y las gestiones reiteradas de organismos sociales y de representantes populares de estas regiones.
Con esto quiere decir, pues, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ya que la mayoría o paga o le cortan la luz y la minoría consume, no paga y no se la cortan.
Este sistema de compensación de adeudos, su mecanismo de operación y su aplicación, es un antecedente importante para una investigación institucional de esta Cámara, ya que en esta legislatura el Partido Acción Nacional, por conducto del diputado Javier Gutiérrez Vidal, presentó una iniciativa en diciembre de 1996 consistente en modificar el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que no se efectúe el corte de energía a las casashabitación por falta de pago en regiones extremadamente calurosas, atendiendo a razones de salud de la población, medida que se aplicaría sólo durante los periodos del año en que la suspensión del servicio pondría en riesgo la salud de los habitantes de aquellas regiones de clima sumamente extremoso en el verano.
Y decimos que con esta iniciativa no ha sucedido algo, no hay dictamen por esta Cámara, no hay estudio, no hay voluntad política. Pero en la práctica, ya vemos que sí hay excepciones.
Consideramos que si clarificamos este antecedente administrativo, simplemente se vería que sí se puede.
Así pues, si la información que divulgaron los medios no es verídica, todos estaremos en paz. Pero si la denuncia de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es cierta, habrá que actuar en consecuencia y la única manera de saberlo, la única manera de determinarlo es investigándolo, es aclarándolo institucionalmente.
Hay que recordar que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley, pero muy principalmente los responsables de gobernar y dirigir los servicios públicos.
En este caso la investigación resulta pertinente para determinar la salud financiera de la Companía de Luz y Fuerza del Centro, para determinar si hay o no posible violación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que se conozca con claridad y con transparencia, cómo se manejan los organismos públicos que están al servicio del pueblo y para que las personas físicas y morales que se han mencionado en los medios, tengan la oportunidad de hacer uso de la garantía de audiencia, pues alguien pudiera estar manipulando información.
Sin embargo hay datos, hay elementos, hay información, hay denuncia. Es propio que nos informemos, investiguemos y actuemos en consecuencia.
Por todo lo anterior, señor Presidente, estoy entregando a la Secretaría de la Cámara, un punto de acuerdo suscrito por diputados de dos grupos parlamentarios: PAN y PRD, para que sea turnado a la Comisión de Energéticos de esta Cámara de Diputados y se acuerde investigar los hechos que han presentado a la opinión pública trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y consistente en que existen personas físicas y morales privilegiadas, que están exentas de que se les corte el servicio de energía eléctrica, aunque no la paguen oportunamente; personas que están amparadas, al parecer, en un sistema de compensación de adeudos que la propia Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha establecido.
Aclarando que esta información ha aparecido en los periódicos El Día, Reforma y El Financiero, en sus ediciones de los días 2 y 3 de abril de 1997 y una vez que la Comisión de Energéticos de esta Cámara aclare la información que aquí se ha señalado, informe al pleno del resultado de la misma, ya que estamos seguros saldrán cosas importantes para los ciudadanos que usamos los servicios de la Comisión Federal de Electricidad y de su filial, Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Firman este punto de acuerdo, los diputados: su servidor, Rafael Ayala López, Javier Gutiérrez Vidal, Patricia Mendoza Peña, Celina Prado Piña, Consuelo Botello de Flores, Jorge Padilla Olvera, del Partido Acción Nacional; Javier González Garza, Gloria Sánchez Hernández, y Cuauhtémoc Sandoval, por el Partido de la Revolución Democrática.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Energéticos.
Sobre el mismo tema, los diputados:
Tiene la palabra el diputado Héctor San Román, para rectificar hechos.
El diputado Héctor San Román Arreaga:
Estimados compañeros:
En atención a lo que acaba de señalar el compañero diputado que me antecede en el uso de la palabra, quisiera yo hacer una puntualización: no se vale utilizar esta tribuna para venir a hacer declaraciones que no se apegan a la realidad.
Estimado compañero, usted acaba de señalar que la CTM esta exenta de los pagos en el consumo de energía eléctrica. Soy miembro del Comité Nacional y le quiero decir a usted, a usted concretamente, con todo respeto pero con una marcada energía, que la organización, la CTM, el edificio social de nuestra organización acaba de pagar por su consumo, como lo hace todos los meses, un recibo por más de 56 mil pesos para el mes de marzo.
Quiere decir que lo que usted acaba de venir a señalar no se apega a la realidad.
Nosotros queremos cumplir con nuestros compromisos, exigimos derechos y cumplimos con nuestras obligaciones. Por lo tanto, no me atrevería incluso a señalarle que esta solvencia, esta autoridad, esta independencia que tiene la CTM para sus actos financieros, sociales y políticos, pueda caer obviamente en desdoro con lo que usted acaba de señalar.
Yo lo convoco a que investigue, lo convoco a que reflexione y lo convoco a que se apegue a la realidad en este aspecto.
Por lo otro, no me atrevo ni siquiera a decirle que somos tan autosuficientes que podríamos pagar el consumo de su energía en lo particular.
Por lo tanto lo convoco única y exclusivamente, respetuosamente pero con energía, a que nos apeguemos a la realidad. Puedo enseñarle a usted el recibo de ese pago, si usted así lo cree conveniente.
Muchas gracias y muy amables.
El diputado Rafael Ayala López (desde su curul):
¡Pido la palabra!
El Presidente:
¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Rafael Ayala López (desde su curul):
¡Para rectificar hechos!
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Rafael Ayala López:
Señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros legisladores:
Por supuesto que si el diputado que me antecedió en el uso de la palabra estuvo atento a mi exposición, bueno, yo me limité a mencionar que reproducíamos hechos que los trabajadores de esta empresa pública y que la prensa había reproducido, para conocimiento público.
Por eso estamos proponiendo el turno a la Comisión de Energéticos para que haga esta investigación que el señor diputado me está pidiendo a mí que yo investigue. Yo no formo parte de esta comisión, pero con mucho gusto me integraría a los trabajos una vez que la comisión lo acuerde.
Yo creo que la dinámica de esclarecimiento y lo dije casi al final de mi intervención, va en el sentido de que, bueno, ciertamente dije que las personas y las instituciones que fueron aludidas en esta información, tuviesen la oportunidad de desahogar su garantía de audiencia ante la citada comisión. Que nosotros creemos del todo saludable y conveniente que la Cámara investigue, averigüe, si esto es correcto; es decir, lo que ahí se señala.
También mencioné que si la información que al final tuviésemos no era la que se señalaba por las personas que han hecho estas denuncias, bueno, pues todos en paz y, en su caso, pues se harán las rectificaciones correspondientes, pero una vez que se haga o se desahogue la investigación correspondiente, de la que por supuesto nosotros estamos totalmente dispuestos a formar parte, una vez que así lo acuerden.
Muchas gracias.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación de las unidades habitacionales del Infonavit y la reubicación de una gasera en Tijuana, Baja California.
Esta Presidencia es muy respetuosa de las manifestaciones pacíficas y que con orden se hagan durante la sesión. Sin embargo quisiéramos aclarar que todos los diputados podrían llegar a hacerlas en los términos reglamentarios; pero de ninguna manera los que no lo son.
Suplico a quienes no son diputados, nos permitan continuar en orden con esta sesión.
Adelante, diputado Martínez Veloz.
El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Antes de mi intervención sobre la gasera de Tijuana quiero hablar de un hombre que me brindó su amistad y su ejemplo: Heberto Castillo.
Conocí a un hombre de edad, con ideas, sueños y anhelos de juventud. Conocí a un hombre lleno de libertades; libertad para amar, para luchar, para disentir, libertad para ser libre. Conocí a un dirigente con visión de horizonte, necio, terco, pero siempre congruente, firme, con alma de niño, corazón de Quijote y veracruzano.
Conocí a un amigo con virtudes y defectos, pero siempre sincero, generoso, compañero.
En la Cocopa conciliaba a los priístas, regañaba a los perredistas, convencía a los panistas y discutía con los petistas. Más bien regañaba a todos, discutía con todos, pero también a todos convencía, con todos conciliaba, sin renunciar a sus principios.
A Marcos lo defendía frente al Gobierno, pero en corto lo regañaba y le enseñaba de su experiencia y sabiduría.
Junto a don Luis Alvarez constituyó el consejo tutelar de la Cocopa. Cuando algo se atoraba los dos dirigentes iban y venían de la realidad a Comitán, de Copala al Distrito Federal, de San Cristóbal a Tuxtla, de San Andrés a La Garrucha, de Guadalupe Tepeyac al aeropuerto de Terán, con entusiasmo de estudiantes preparatorianos.
A la hora de comer era el de mejor diente, sólo superado por López Velarde y César Chávez. Le entraba con entusiasmo a las "mulas", los tacos al pastor, los caldos de pollo y los frijoles refritos. La comida la aprovechaba para platicar algo más que de soberanía, paz o democracia. Hablaba de sus nietos, en especial de uno que por estar muy chico y no poder decirle: abuelito Beto, decía: "Tito eto". Sus nietos eran su inspiración y motivo de superación.
Al presidente Zedillo le brindó su amistad y su confianza. Días antes de su muerte quería verlo para platicar y elaborar iniciativas políticas que permitieran ofrecer salidas al conflicto chiapaneco.
El presidente Zedillo sabe cómo pensaba Heberto, lo conocía, lo procuraba, le llamaba "maestro"; sabe qué quería para Chiapas, para la paz y para los pueblos indios.
Las calles de San Cristóbal serán otras sin él. La Cocopa resiente su ausencia, pero se queda con su ejemplo, con su espíritu de gigante, con el enorme reto de salir adelante en la mayor de sus crisis. La Cocopa tiene que salir adelante por el bien de la paz, por el bienestar de los pueblos indios, por la memoria de Heberto, por la memoria de un hombre del que oí hablar hace casi 30 años, de un hombre que conocí con tres grandes obsesiones: la democracia, la paz y la soberanía.
A principios de la administración del presidente Zedillo, Heberto organizó en la casa de Esteban Moctezuma una reunión con dirigentes políticos de diferentes partidos, gobernadores, diputados y senadores, para impulsar acciones en defensa de la soberanía mexicana. Hicimos manifiestos, actos políticos, construimos acuerdos, realizamos conferencias en Tijuana, en el Teatro de la Ciudad; organizamos actividades en defensa de los trabajadores migrantes.
Poco antes de ingresar al hospital me acompañó a Tijuana a principios de marzo del presente año, para platicar sobre el proceso de paz. Lo acompañó su inseparable Tere. Estuvimos en el centro cultural de Tijuana. Terminando visitamos la presidencia municipal, donde el alcalde lo nombró huésped distinguido y después, con el buen comer que tenía, le entró a las langostas con arroz y frijoles en Puerto Nuevo, frente al mar, en el municipio de Rosarito. Tijuana y Rosarito lo recuerdan con cariño y afecto.
El escenario de la política mexicana contemporánea no puede entenderse sin hablar de la contribución que Heberto Castillo realizó en favor de una sociedad más democrática. Su figura y su militancia convencida por las mejores causas de México, lo hicieron uno de los puntos de referencia para todos aquellos que nos dedicamos a la política. Se podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero nunca se podía dudar de su inquebrantable vocación de servicio a la nación.
Amigo personal de uno de los mexicanos más destacados: el general Lázaro Cárdenas. Impulsor del movimiento de liberación nacional; participante en el movimiento de 1968; perseguido; preso político; fundador de partidos; candidato a la Presidencia de la República; legislador y promotor de la paz, fueron algunas de las muchas tareas y actividades a las que la patria lo llamó. En todas las tareas siempre hizo su mejor esfuerzo, teniendo en mente un solo objetivo: mejorar las condiciones de los que menos tienen.
Fue adversario leal, pero nunca enemigo de las personas. Combatió a los vicios y a las ideas que él juzgaba equivocadas, sin invocar al odio y al revanchismo. Fue crítico feroz e incansable. Los años no lo confundieron, no lo minimizaron, el tiempo no lo derrotó, lo hizo más claro y fuerte. Enseñó caminos no sólo en el terreno de la política, sino también de la ciencia y lo más importante, de la conducta humana.
Con su ejemplo nos enseñó el valor de la crítica, la importancia que tiene para todos el depender en todo momento y circunstancia los principios que nos rigen como país.
Algunos de nosotros, desde trincheras distintas, tuvimos el privilegio de compartir con el ingeniero Castillo sus últimos años tan activos y fecundos como seguramente fueron todos los que vivió. Su vida fue una defensa permanente de la soberanía nacional, recordamos cómo en medio de las deliberaciones por el auge petrolero de los años setenta, nos llamó a cuidar los recursos de energéticos y a utilizarlos racionalmente. La realidad demostró cuánta razón tenía.
Se definía a sí mismo como un nacionalista apasionado y los que caminamos con él en estos últimos años, supimos lo auténtico de su lucha por la democracia, siempre de la mano de su inseparable Tere, amadísima compañera de toda su vida.
En el trabajo cotidiano de la Cocopa compartiendo la experiencia de uno de los momentos capitales de nuestra historia moderna, conocimos de cerca sus anécdotas y su sencillez. En nuestras mentes y nuestros corazones siempre estará el ejemplo de Heberto, su corazón, su alma, sus ganas de vivir, su amor por los demás, su entrega desinteresada. Su ausencia física nos reclama un mayor esfuerzo de todos para lograr la paz en Chiapas. Gobierno, zapatistas, legisladores y partidos políticos deberemos entender la lección y el ejemplo que Heberto nos dejó, por eso le digo al "güero" Heberto que donde quiera que se encuentre tenga la confianza de que su sueño de Quijote no será imposible.
Millones de mexicanos retoman sus enseñanzas y luchan por el México democrático, justo, soberano, por el que él luchó hasta el último día de su existencia. Existencia de un hombre que nació para ser libre; ha muerto el maestro Heberto Castillo, senador de la República y mexicano comprometido.
Aprendamos de su vida la libertad para luchar sin odios, para cumplir sin exclusiones un mejor mañana para todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Ahora sí hablo sobre el tema de la gasera en la ciudad de Tijuana.
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Pese a las dolorosas tragedias que han ocurrido en nuestro país durante los últimos años, la cultura a la prevención no avanza tan rápido como muchos quisiéramos; cierto es que muchos siniestros no dependen de la voluntad humana, pero sus consecuencias hubieran podido minimizarse en algunos de los casos.
Reglas más inflexibles, inspecciones apegadas a la ley, materiales de calidad, mantenimiento de instalaciones entre otras medidas, hubieran salvado vidas, sin duda valiosas. Para ayudar a evitar más daños y pérdidas de vidas humanas, la sociedad y diferentes niveles de gobierno se han empeñado en vastos proyectos de protección civil y seguridad que procuran a todos los niveles y en diversas áreas de actividad, incrementar las medidas de seguridad y de prevención.
En este ámbito, las instalaciones de una planta gasera representan un peligro latente por sí mismas, así como para todos aquellos que viven o trabajan en sus alrededores. Un adecuado mantenimiento de las instalaciones y la existencia de equipos de seguridad reducen, pero no desaparecen las posibilidades de que ocurra algún tipo de accidente.
En el caso de la planta gasera ubicada a un lado del crucero 5 y 10 en la ciudad de Tijuana, ésta se ha convertido en motivo de preocupación para las autoridades municipales, federales y estatales, y los habitantes que rodea la zona.
El acelerado y a veces caótico crecimiento de la ciudad, propició que la gasera se encontrara rodeada a la vuelta de unos años, de construcciones que por lógica debían estar muy distantes.
Ante el reclamo reiterado de los ciudadanos temerosos de algún accidente, hemos llevado a cabo un estudio de algunas construcciones, colonias y número de habitantes que podrían ser afectados en caso de un accidente. El estudio ha calculado lo que ocurriría en el caso de que se suscitara un accidente; en el caso de que el radio de afectación fuera de 1 mil 500 metros, los daños acumulados se sentirían en 10 centros escolares y un orfanatorio, instalaciones de la Cruz Roja y el Seguro Social, una penitenciaría, un centro comercial, cuatro estaciones de gasolina, 10 terminales de transporte público y tramos importantes de tres vialidades.
Además, se afectarían un total de 72 colonias, una unidad del Infonavit y un conjunto habitacional, con esto se pondría en riesgo las casas habitación de 150 mil personas.
Compañeros diputados, por qué esperar a que surja una tragedia para lamentarlo después, no desestimemos lo que puede ocurrir, no cuando menos sin recordar las explosiones de Guadalajara o las de San Juanico, Estado de México en 1984. Los tijuanenses que habitan en las cercanías de la gasera de la 5 y 10, han solicitado reiteradamente la reubicación de sus instalaciones, la respuesta del problema se ha ido concluyendo paulatinamente desde hace cerca de tres años cuando la SAHOP otorgó a la Compañía de Gas de Tijuana la autorización para trasladar la planta a Valle Redondo.
Muchos tijuanenses consideran que actualmente es necesario proporcionar un nuevo impulso al cambio de las instalaciones, ya que a pesar de las gestiones realizadas, tanto por el presidente municipal como por otras autoridades, el proceso no marcha con la suficiente rapidez.
Los ciudadanos están pendientes de que la compañía de gas, los gobiernos municipal, estatal y Federal concreten en la práctica los acuerdos y propósitos a que han llegado y que a la mayor brevedad posible entre en operación la planta asentada en Valle Redondo.
La amplia participación ciudadana que ha sido fundamental para recordar y presionar a todas las partes involucradas en el traslado, podría ser reforzada con la participación de esta soberanía.
¿Qué hace falta? De acuerdo a diferentes fuentes consultadas, hacen falta, además de la terminación de la propia planta, que según fuentes de la Secretaría de Energía, está muy avanzada, diversas obras de infraestructura entre las que destaca la pavimentación de ocho kilómetros del camino de acceso a la nueva planta; la construcción de una cisterna de agua; un tramo de vías de ferrocarril y electrificación.
A futuro y de manera imperiosa, también hace falta garantizar el uso de suelo en los alrededores de la nueva planta para evitar que dentro de unos años y debido al crecimiento urbano, nos encontremos de nueva cuenta con el mismo problema.
Como se ve, es necesaria la intervención decidida de diversas dependencias federales y de los gobiernos estatal y municipal en la solución del problema. Los ciudadanos han hecho su parte y esperan que aquellos que toman decisiones y tienen obligaciones respecto al asunto, lo tomen en sus manos de una manera expedita.
En este sentido, respetuosamente le solicito, señor Presidente, que este asunto le sea turnado a las comisiones respectivas, en especial a la de Energéticos para que estudien el problema y soliciten a las dependencias y niveles de Gobierno su atención y solución inmediata. El peligro es real, se cierne sobre los tijuanenses sin distinción de edades, sexo, profesión, credo religioso o filiación partidaria, para enfrentarlo se requiere la participación de todos.
Esta legislatura puede impulsar y respaldar las gestiones realizadas por las autoridades municipales y apoyar la convocatoria para que se lleve a efecto una reunión de trabajo que de una vez por todas programe los trabajos a realizar, así como las responsabilidades que a cada uno le tocan.
Ya es bastante caro el gas para que también sea peligroso, por eso más que buscar culpables construir juntos las soluciones que reclama Tijuana, se hace necesario e indispensable en estos momentos.
Muchas gracias.
Atentamente: diputado Jaime Martínez Veloz y diputada Franciscana Krauss Velarde.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones respectivas.
JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse al resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
El día 8 de diciembre de 1994, como consta en el Diario de Debates de esta Cámara, denunciamos la persecución, hostigamiento y encarcelamiento del general Gallardo, y la persecución y consignación penal en perjuicio del periodista Eduardo Ibarra, por el hecho de haber publicado en la revista por él dirigida, denominada Forum, el celebérrimo artículo intitulado "la necesidad de un ombudsman militar en México".
Todos sabemos que ombudsman es un término sueco que significa abogado del pueblo. En México se instituyó un ombudsman para los asuntos civiles, para distinguirlo de los militares y la iniciativa del general Gallardo recibió por parte de los militares mala acogida. José Francisco Gallardo desde entonces fue objeto de persecución, de acusaciones falsas sobre diversas presuntas, nunca probadas, violaciones en el desempeño de sus diferentes cargos.
Decíamos en la citada fecha, cita textual, 8 de diciembre de 1994: "el general Gallardo sigue preso por haber publicado en la revista Forum, un documento intitulado las necesidades de un ombudsman militar en México. No obstante que dicho militar ya obtuvo el amparo de la justicia de la Unión por los delitos de opinión, el 6 de octubre del presente año, nos referimos a 1994, el director de la revista donde se hizo la publicación de referencia, el periodista Eduardo Ibarra, ha sido citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República, por una denuncia que le emprende el Procurador de Justicia Militar".
"De manera asombrosa, mientras la propia Secretaría de la Defensa, continúa la cita, desmiente públicamente la presentación de dicha demanda, el Ministerio Público reconoce que el señor Ibarra ha sido consignado."
Decíamos en la fecha, repito, 8 de diciembre de 1994, lo siguiente: "nosotros queremos pedirle fraternalmente a los compañeros generales de la Comisión de la Defensa que, si a bien lo tienen, estudien este caso y procedan en su momento, de considerarlo pertinente, a coadyuvar en la resolución de este asunto, se entiende una resolución amistosa.
¿Qué ocurrió a partir de entonces?
El 6 de febrero de 1995, la Comisión Interamericana recibió una petición en la que se denuncia la responsabilidad del Estado mexicano, por la presunta violación de los derechos humanos consagrados en los artículos 5o., 7o., 8o., 11, 13, 25 y 1o. fracción I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
¿Qué ocurrió en paralelo en las instancias mexicanas?
Desde luego en esta Cámara los legisladores de origen castrense declararon que el señor general Gallardo era un delincuente. Esto desde luego es normal.
Es difícil que en el instituto político PRI, y desde luego en el instituto armado, dependencia del Gobierno, alguien se atreva a desviarse de la norma, de la directriz. Lo vemos con frecuencia en esta Cámara de Diputados, cuando alguien se atreve a denunciar la violación de los derechos humanos de ciudadanos en diversos estados de la República, pongo un ejemplo, nosotros lo hemos hecho aquí con respecto de Oaxaca y del gobernador Diodoro Carrasco, concurren acá los diputados de esa entidad, desde luego del PRI, recuerdo el caso del diputado Juan Manuel Cruz Acevedo, para defender a su gobernador, lo cual es comprensible, se entiende, hay consigna.
Y desde luego nos dicen que los inconformes en Oaxaca son terroristas, que matan gente. Dicen que los alzados son enemigos del Estado, que los detenidos están confesos. Ya sabemos como confiesan a base de la tortura y del terrorismo de Estado.
Alguna vez denunciamos, también en esta tribuna, el genocidio perpetrado por el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, con motivo de la masacre de Aguas Blancas e inmediatamente los diputados guerrerenses se rasgaron las vestiduras y hablaron maravillas del señor gobernador, impoluta persona, bellísima persona, respetuoso de los derechos humanos, incapaz de ofender a nadie, de molestar a ninguna persona, pero resulta que después, con el tiempo, no sólo la opinión pública de esta nación, sino la opinión internacional condena al gobernador Figueroa.
Y es el caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba también de emitir un resolutivo sobre Aguas Blancas, el cual no deja lugar a duda de la condena a ese acto criminal y traicionero a un grupo campesino, a una etnia.
Desde luego no es ése el objeto de esta presentación, pero lo señalo como un ejemplo más de cómo resulta finalmente inútil que los diputados priístas, en acatamiento a consignas verticales, venga a obedecer aquí a sus gobernadores, a sus jefes, a cambio de una futura diputación que luego no les cumplen o de una senaduría que no llegó, porque están dejando constancia no de su amor a la verdad, sino de la complicidad con relación a actos en muchas ocasiones criminales.
No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Americans Watch, Shuman Ride y las comisiones de Derechos Humanos de la ONU, condenan cada vez con mayor frecuencia y energía al Gobierno de México. Señalan que los dos últimos regímenes, el de Carlos Salinas de Gortari y el presente, son los más represivos del México posrevolucionario y que ya se encuentra México situado a la cabeza, como líder deshonroso, honor, en el contexto latinoamericano como uno de los gobiernos más violador o violadores de los derechos humanos.
¿Qué ocurrió con la petición hecha a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? En nota del 26 de mayo de 1995, el Gobierno de México solicitó una prórroga de 30 días, a efecto de reunir la documentación para dar la respuesta adecuada. El 2 de junio de 1995 el Gobierno presentó su respuesta. El 29 de noviembre de 1995, los peticionarios informaron estar dispuestos a iniciar un proceso de solución amistosa con el Gobierno de México, lo cual indicaba que no sólo los familiares del general Gallardo, sino el propio General estaba en disposición amistosa de llegar a una resolución con relación al Gobierno de México, pero he aquí que el Gobierno de México, el 12 de enero de 1996 respondió negativamente a la propuesta citada de amistosa solución.
De nada valió que posteriormente el Gobierno cambiara su disposición en este sentido, puesto que ya estaba en marcha el mecanismo de la Comisión Interamericana, para resolver sobre la cuestión planteada.
¿Qué resolvió la comisión, primero, sobre el fondo del asunto? La comisión se planteó la verificación respecto de si habían existido acosos y hostigamientos en perjuicio del general Gallardo. En ese sentido la comisión sostiene: "hay que señalar, es cita textual, que de auto se desprende que desde 1989 hasta el presente se han abierto en contra del general Gallardo 15 averiguaciones previas y nueve causas penales, sobre hechos en su mayoría ocurridos con considerable anterioridad a la apertura de las averiguaciones y como consecuencia de la instrucción de las causas.
"Asimismo, se demuestra que el general Gallardo hasta el momento ha sido absuelto de todas las acusaciones imputadas por las autoridades castrenses que no se encuentran pendientes de decisión."
Sobre el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, la comisión, con base en los artículos 8o. y 25 de la convención americana, señaló lo siguiente: "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Hasta ahí la cita.
"En este particular, continua, como ya bien se ha señalado, el hecho de que se haya abierto una cantidad considerable de averiguaciones y de causas penales y haya existido una sucesión de juicios seguida a una declaración de inocencia, que los mismos afecten a una misma persona, que esa persona haya sido absuelta en todas las causas que hasta el momento se han decidido y que actualmente se encuentre detenido, hace presumir a la comisión, esto dice la propia comisión, que se ha violado el derecho a la presunción de inocencia del general Gallardo mediante la utilización de los órganos de la justicia militar."
En conclusión, sobre este segundo apartado, dice la comisión: "la comisión considera que al general José Francisco Gallardo se le han violado los derechos a las garantías y a la protección judicial, estipulados en los artículos 8o. y 25 de la convención americana".
En un tercer apartado, respecto del derecho a la protección de la honra y de la dignidad, la comisión observa que se encuentra debidamente probado en autos, que autoridades del Gobierno mexicano han dado declaraciones y emitido comunicados en los que se culpa al general Gallardo de hechos que no han sido demostrados, por lo que se considera que se ha atentado contra su dignidad y su honra, ya que se ha lesionado directamente su fama y reputación y más cuando existen decisiones judiciales que lo han declarado absuelto. Lo cual demuestra una actitud de hostigamiento público en su contra.
"Del análisis realizado se concluye, dice la comisión, que el Estado mexicano ha violado en perjuicio del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, el derecho a la dignidad y la honra, el cual se encuentra consagrado en el artículo undécimo de la Convención Americana." En un cuarto capítulo sobre derecho a la integridad personal, analizado el caso, esta comisión, dice el reporte, "considera que el general José Francisco Gallardo Rodríguez ha sido víctima de irrespeto a su integridad moral y síquica por parte de funcionarios de las fuerzas armadas mexicanas".
En consecuencia, la comisión concluye "que el Estado mexicano violó en perjuicio del general José Francisco Gallardo el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5o fracción I de la convención americana".
Por último, el informe dice respecto de la compensación de los daños y perjuicio: "las violaciones a los derechos humanos en perjuicio del general José Francisco Gallardo, en que ha incurrido el Estado mexicano, deben ser debidamente resarcidas, pues en caso contrario se estaría permitiendo que los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, en este caso del general Gallardo, persistan en el tiempo".
Con base en las consideraciones anteriores, señor Presidente, con esta fecha nos dirigimos a usted en los siguientes términos: "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su sesión número 1322, celebrada el 15 de octubre de 1996, tuvo a bien aprobar el informe número 43/96, caso 11430, respecto de México, en favor del señor general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso actualmente en el Campo Militar número 1, de esta ciudad.
"Dicho resolutivo recomienda al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: 1o. Se libere inmediatamente al general brigadier José Francisco Gallardo.
2o. Se tomen todas las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en contra del general brigadier José Francisco Gallardo.
3o. Se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento contra el general brigadier José Francisco Gallardo.
4o. Adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes.
5o. Se le pague una justa indemnización al general José Francisco Gallardo, como reparación por las violaciones de las cuales ha sido víctima y
6o. Se otorgue a un plazo de dos meses al Gobierno mexicano, a los fines que el Estado mexicano adopte las medidas que le competen para remediar la situación examinada.
"Si transcurrido el periodo fijado el Estado no ha adoptado las medidas adecuadas para remediar la situación examinada, la comisión decidirá sobre la publicación del presente informe, en el informe anual, a presentarse a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos." México es fundador, estado miembro de la OEA, México es signatario del pacto de San José, que crea el tratado y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Vuelvo a la lectura. "Conforme al artículo 51 de la convención americana y al artículo 48 del reglamento de la comisión."
Hasta ahí la cita de los resolutivos de la Comisión Interamericana.
Con fundamento, señor Presidente, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rogamos a usted se sirva turnar la documentación anexa a las comisiones de Derechos Humanos, de Defensa y de Gobernación y Puntos Constitucionales, a efecto de que se pronuncien sobre la inmediata libertad al señor general Gallardo.
Señor Presidente, entregamos al señor Secretario la documentación de referencia para que se sirva usted acordar lo conducente.
El Presidente:
Sí, señor diputado.
El diputado Luis Garfias Magaña (desde su curul):
Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos.
El Presidente:
El diputado Luis Garfias tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Garfias Magaña:
Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En primer lugar quisiera yo decir a ustedes que no vengo con el ánimo de establecer una polémica con mi amigo y compañero el diputado Sánchez Aguilar. En segundo lugar quiero decirle también, que haremos desde luego nuestra la investigación del caso del general Gallardo, en la Comisión de la Defensa Nacional y luego diría algunas apreciaciones personales sobre este caso, que es un caso complejo y difícil.
He oído y que aquí se ha hablado varias veces de la palabra "absolución", esto no creo que sea realmente correcto. El general Gallardo está sujeto a un proceso militar, una vez que se hace ese proceso pasa a un consejo de guerra, en donde se determina si es culpable o inocente. Según sé yo este consejo de guerra todavía no se lleva a cabo, en consecuencia, no ha habido una solución si es acusado o inocente, en consecuencia el proceso militar por los diversos delitos continúa.
Quiero decirles a ustedes también, que en lo personal, cuando yo fui presidente del Segundo Consejo de Guerra Ordinario del año de 19891990 y entonces me tocó ver, estar de cerca, cuando se iniciaban los procesos al general Gallardo. El había tenido problemas con la entrega de la Villa Ecuestre, se le había levantado acta por eso y posteriormente tuvo problemas serios, delitos serios, como comandante del criadero del ganado militar en Santa Gertrudis, Chihuahua.
Debo decir a ustedes que el presidente suplente del Consejo de Guerra que yo precedía, general Sixto, era un general que había recibido el criadero militar al general Gallardo y ahí constantemente les manifestaba las condiciones en que había recibido ese criadero, difíciles, se habían vendido caballos, caballos de alto registro y este general, el general Sixto, pocos meses después fue procesado por haber recibido en una mala situación ese criadero militar de ganado, a mí me consta cuando él se fue del consejo que yo presidía. Poco tiempo después fue procesado en el Juzgado Militar de Monterrey, poco tiempo después el general Sixto pagó una cantidad x por los faltantes por los que él había recibido y se le retiró la acción penal.
Entonces, los delitos que se le atribuían o le atribuyen al general Gallardo en esa fase, que es la que yo conozco, ahí están, fueron hechos reales. También debo decir a ustedes que el general Gallardo en su anterior actuación militar había tenido problemas de tipo legal desde que era teniente coronel.
No quisiera yo cansarlos a ustedes, pero aquí tengo algunas fechas, para que ustedes se den idea de que el 21 de agosto de 1983 tuvo un proceso contra el entonces teniente coronel de caballería José Francisco Gallardo Rodríguez, como presunto responsable del delito de abuso de autoridad, le retiraron la acción penal.
Posteriormente tuvo otro problema, una denuncia presentada por el mayor de caballería Roberto Félix González, por conductas que el quejoso consideró como atentatorias a su dignidad militar. Esta averiguación, el 8 de mayo de 1989, fue archivada el 7 de agosto de ese año.
Posteriormente, con motivo de su actuación en el criadero militar de ganado de Santa Gertrudiz, Chihuahua, se levantó acta por malversación, fraude, daño en propiedad a la nación y abuso de autoridad en el mes de noviembre de 1989.
Posteriormente también con fecha anterior, había tenido otra averiguación con motivo de la entrega y recepción, como dije a ustedes, de la Villa Ecuestre del Estado Mayor, el 7 de mayo de 1991.
Como ven ustedes, no era la primera vez que el general Gallardo tenía problemas con la justicia militar por diversos delitos, no era la primera vez. Posteriormente se ha llevado a cabo un juicio por varios delitos, posiblemente para mí demasiado largo y, entre ellos, se ha establecido lo del ombudsman militar.
Los ejércitos tienen como base principios inmutables y uno de ellos es la disciplina militar. En el ejército existen instancias para que los militares podamos quejarnos cuando somos víctimas de abusos. Hay un delito que se llama, precisamente abuso de autoridad que dice: "comete el delito de abuso de autoridad el militar que trate a un inferior de modo contrario a las prescripciones legales". Existe también otro artículo por el cual uno puede llegar hasta el Presidente de la República por la queja de agravios que se puedan cometer a nuestra persona. Dice el artículo 13 del Reglamento General de Deberes Militares: "todo militar hará por los conductos regulares, comenzando por su inmediato superior, las solicitudes que eleve y sólo podrá salvarlos o sea, brincar al superior inmediato, cuando se trate de asuntos ajenos al servicio o quejas contra algún superior. En este caso, ocurrirá al inmediato superior de quien le haya inferido el agravio o de quien no haya atendido su queja y aún tiene el derecho de acudir hasta el Presidente de la República".
Como ustedes ven, señoras y señores diputados, existen medios legales en el ejército para combatir los abusos. Por eso la disciplina pues no puede ser violada con la existencia de algún otro medio, porque es la base, una de las bases más importantes de cualquier ejército en el mundo.
En consecuencia, yo creo que sería conveniente, sí, ver la situación del general Gallardo pero, repito, hasta este momento no sé yo que se haya dictaminado por algún tribunal la inocencia de dicho general; en consecuencia, no se le puede liberar hasta que el Consejo de Guerra falle sobre los diferentes delitos a los cuales está sujeto, entonces se podrá ver si es inocente o es culpable; si es culpable y son varios delitos, lleva posiblemente implícito un castigo muy serio que es la destitución del empleo. Voy a insistir en la palabra: destitución del empleo, no confundirlo como a veces se me ha preguntado a mí con la palabra degradación, que es otra cosa que no tiene qué ver y que está prohibida por la ley. Se le destituye del empleo, se le quitan las insignias, pierde derecho a ser general, se pierde el derecho a la pensión, se pierde el derecho a usar uniforme y se pierde el derecho a usar las condecoraciones que muchas veces esta pena es posiblemente más grave que la pena corporal de reclusión. Pero hasta el momento no hay nada.
Entonces yo creo que algunas veces esto es desconocimiento de la legislación militar por parte de organismos internacionales y que sí sería conveniente verlo en una forma desapasionada, fría e imparcial y que, desde luego, la Comisión de la Defensa tratará de estudiar esto en el tiempo que nos queda.
Por su atención, señoras y señores diputados, muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda la liberación inmediata del general brigadier, José Francisco Gallardo, que por alguna razón ha de ser, han estudiado el caso, han llegado a conclusiones, han publicado resolutivos, aquí el señor presidente de la Comisión de Defensa, sostiene que el brigadier Gallardo, es un delincuente, que está sujeto a procesos, que nadie lo ha declarado inocente.
Yo creo que cualquier estudioso del derecho, primer semestre o sin llegar siquiera a la universidad, entendería que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal superior, un tribunal que conoce la opinión de las partes, la opinión del señor Gallardo, la nuestra propia, que se contrapone a la opinión de los militares o de los diputados priístas en esta Cámara, analizó ambas posiciones, sopesó argumentos y no quiero aburrirlos a ustedes con la repetición de los considerandos que ya leímos, simplemente refiero:
Acuerdo número 1, que se libere inmediatamente al general brigadier, José Francisco Gallardo.
Yo no creo que nadie esté por la liberación de delincuentes; ninguna autoridad, ningún tribunal nacional o internacional, puede pedir la liberación de alguien o que esté confeso o que probadamente haya sido condenado por su conducta delictiva.
Y luego también el señor general Luis Garfias, dilecto amigo nuestro, viene a manifestar por una parte, intención por estudiar el caso. Sin embargo, reincide cuando aquí señala toda una serie de presuntos actos delictivos que no se compadecen con el resolutivo de la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana ya dictaminó, dijo: "que se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento " y aquí en esta tribuna se acaba de difamar otra vez y de hostigar nuevamente al señor general, José Francisco Gallardo.
Hubiera sido mejor, más elegante, más justo, la verdadera prueba de la buena voluntad hubiera sido: "recibimos el documento de la Comisión Interamericana; convocaremos a la Comisión de la Defensa y a otras comisiones, para ver si es posible refutarle a la Comisión Interamericana" que aunque muchos de ustedes les pueda sonar un tribunal mundial o internacional, es una instancia mexicana, puesto que el Senado de la República ratificó el tratado de San José.
Cuando el Senado de la República hace ese tipo de pronunciamientos adquieren un rango constitucional los compromisos y desde luego de nada valdría decir aquí que hay un protocolo que no ha sido ratificado. Porque yo me adelanto a contestarle a quien viniere a decir eso en esta tribuna, que finalmente este ya no es un asunto legal y perdón que lo diga, leguleyo. Este es un asunto político, en donde muchos continúan aliados al general, Antonio Riviello Bazán, quien es el que con su rencor hundió al general Gallardo en prisión.
Yo solicito a los compañeros de las comisiones que hemos aquí citado, que en un verdadero acto amistoso, de buena voluntad, estudien la documentación de la Comisión de Derechos Humanos y se atrevan a enfrentarse al Ejecutivo, a recomendarle también al Ejecutivo. No se trata de darle órdenes a Zedillo Ponce de León ni al general Secretario de la Defensa; se trata de recomendar; así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco está en posición de ordenarle nada al Gobierno de la República; le recomienda. Pero ya es una recomendación muy fuerte, es una recomendación pesada; porque hay juristas eminentes de América latina que han estudiado el caso y hay un eminente jurista mexicano, el doctor Fix Zamudio, quien participa en esos trabajos.
Por tanto, agradecemos desde luego a nuestro amigo, el señor general Luis Garfias, la intención que manifiesta de estudiar el caso, de pronunciarse; ojalá ello concluya en una recomendación al Poder Ejecutivo Federal, para que se proceda a la inmediata liberación del señor general José Francisco Gallardo.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones solicitadas.
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (II)
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Catalán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al caso Brisamar.
El diputado Jorge Antonio Catalán Sosa:
Con su venia, señor Presidente; distinguidas diputadas; señores diputados:
La Empresa Brisamar, S.A. de C.V., en Ensenada, Baja California, fue constituía por los hermanos Francisco, Manuel Alfonso y Jesús Luna Córdoba, en 1988; señalando como objeto social, la adquisición de terrenos urbanos, construcción de casas residenciales, edificios, hoteles y proceder a su venta. Además la contratación a cargo de la sociedad de toda clase de préstamos con garantía prendaria, fiduciaria o sin garantía.
Entre los años de 1988 a 1991, un grupo de personas invirtieron diversas sumas de dinero en la empresa denominada Constructora e Inmobiliaria Brisamar, S.A. de C.V., las cuales fueron entregadas a los señores Francisco, Manuel Alfonso, Gabriel y Luis Rafael Luna Córdoba, quienes extendían a cada inversionista una letra de cambio y a su vencimiento los invitaban a que reinvirtieran su dinero más sus intereses generados.
En el mes de julio de 1991, los inversionistas acudieron al domicilio de la Empresa Brisamar para cobrar sus títulos de crédito. Sin embargo las oficinas se encontraban cerradas, sin explicación alguna. De lo anterior se desprende que los inculpados obtuvieron un lucro indebido en perjuicio de las personas a las que dolosamente engañaron, bajo una posible operación de banca paralela.
El negocio fue una más de las pirámides que favoreció a los inculpados y a los primeros inversionistas. El resto dejó en esa empresa todo su patrimonio, incluyendo sus proyectos de mejorar y vivir dignamente; algunos perdieron la vida por depresión e infartos al miocardio; otros consiguieron algún trabajo y la mayoría, gente de la tercera edad, aún añoran e insisten, tienen fe en que se les hará justicia.
Una vez que tuvo conocimiento la representación legal federal, procedió a iniciar las investigaciones pertinentes y consignó la averiguación ante juez penal federal por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 111 en relación con el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, originando la causa 108/91.
Acudió a Ensenada en aquel entonces un fiscal especial federal, quien embargó algunas propiedades y las entregó a sólo unos cuantos ahorradores, por lo que el resto manifestó su inconformidad por la falta de claridad en las asignaciones. Posteriormente, mediante oficio número 158 de fecha 1o. de marzo de 1994, la dirección general de asuntos legales internacionales, recibió oficio del agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado 4o. de distrito en Tijuana, Baja California, en relación a la causa auxiliar 108/91, comunicando que las órdenes de aprehensión habían sido canceladas por resolución de amparo del 19 de junio de 1992, por el juez 4o. de distrito en el Estado, ratificado el amparo por el I Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Mexicali.
Las razones, argumentos o justificaciones para conceder el amparo fueron incongruentes, tendenciosas, mostrando apatía, parcialidad, negligencia, incompetencia y dolo de los jueces, o simplemente dolo y parcialidad. No fueron, desde luego, razones válidas; jugaron a placer con los artículos 103, 111 y 2o. de la Ley de Instituciones de Crédito.
Fue a principios de 1995, cuando a petición de los grupos organizados y defraudados por Brisamar acudí con el entonces Procurador, designando al licenciado Gabriel Vázquez para que me informase respecto a las investigaciones sobre los inculpados. Comunicándome que el caso había sido cerrado, precisamente en 1994. Al estilo: se le había dado un vil "carpetazo al asunto". ¿Sospechoso? ¿No lo creen?
Fueron ignoradas en ese entonces las peripecias de más de 7 mil 500 ahorradores. ¿Preocuparía la captura de los hermanos Luna Córdoba? ¿A quién o quiénes les preocuparía que hablaran? ¿Posiblemente involucrarían a gente en el poder en ese entonces o en la actualidad? ¿De quién recibirían protección? ¿Eran lavadores de dólares acaso?
Ya "los hermanos incómodos" de personajes en el poder de cada sexenio practicaban fraudes inmobiliarios, repartían dinero en maletas o eran ayudados en los concursos de licitación.
En la fecha señalada se reabre el caso Brisamar, enviando recordatorios la PGR a la Procuraduría General de Justicia de Baja California, elaborando una tarjeta informativa para el procurador jurídico. El director de Control de procesos de la subprocuraduría del Estado informa al agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador, que la orden de aprehensión relacionada con la causa 360/91 prescribiría en el año 2006.
Insistimos con el tercer subprocurador de justicia del Estado, licenciado César Santiesteban Gastélum, a que enviara las certificaciones relativas a la vigencia de la orden de aprehensión, lo cual se logró hasta el 1o. de agosto de 1996, tras varias llamadas telefónicas de su servidor.
Un mes después, el 18 de septiembre de 1996, el licenciado César Larriva Ruiz, secretario Particular del subprocurador de averiguaciones previas de la PGR, me envía un fax donde la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Legales internacionales informa que el procedimiento de esta decisión de los hermanos Luna Córdoba fue actualizado.
El 27 de noviembre los ahorradores, a través de Martha González, me proporcionaron fotos y datos de personajes relacionados con los Luna Córdoba, que trasladé a la PGR.
El de la voz, Jorge Antonio Catalán Sosa, ha mantenido contacto permanente vía telefónica con la PGR, a través del licenciado Oscar Pérez Benavides, secretario particular del actual subprocurador de averiguaciones previas, quien ha confirmado el contacto permanente entre Interpol México y Estados Unidos. Pero a la fecha no han logrado localizarlo.
Se ha dicho que el gobierno de Baja California no atendió demanda de los ahorradores de Brisamar, siendo que la autoridad de Baja California sólo podía actuar a nivel local, siendo que el gobierno del Estado gastó 40 mil pesos en un sistema computacional para atender 5 mil demandas judiciales, donde intervinieron agentes del Ministerio Público, mecanógrafos, secretarios de acuerdo, para atender en varios módulos
A insistencia nuestra la Procuraduría General de Justicia de Baja California nombró a un fiscal especial que no funcionó, siendo cambiado por otro que se reúne mensualmente con los ahorradores defraudados, informándoles sobre las investigaciones que realizan corporaciones policiacas en Estados Unidos, preferentemente en California, Texas y Arizona.
Se ha comentado también que los ahorradores ignoran si la autoridad estatal ha solicitado la colaboración de las procuradurías de Justicia de los estados de la República. Debo informarles y aclarar que los dirigentes de los grupos de ahorradores defraudados cuentan desde julio de 1996 con copias de documentos que me envió el procurador del Estado, licenciado José Luis Anaya Bautista, entre ellas solicitudes de colaboración para la búsqueda y localización en el país de los hermanos Luna Córdoba.
Otro dato importante que debo hacer de su conocimiento es que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Fomento Cooperativo y a petición de un servidor, nos coordinamos con el gobierno del Estado de Baja California para efectuar el día 8 de febrero pasado un foro sobre cooperativismo, dedicado a los ahorradores defraudados y así ofrecerles una alternativa en la solución de sus problemas, amén de que el diputado Gutiérrez Vidal, presidente de la propia comisión, tiene el compromiso de acudir a Ensenada, acompañado de un funcionario estatal de desarrollo económico, para promover la posibilidad de créditos blandos en su favor y así iniciar la integración de cooperativas, mientras el procedimiento legal sigue su curso.
También promovimos el apoyo de paquetes de construcción y entrega de despensas a los más necesitados.
Con esta información, diputado Quintero, usted podrá sacar sus propias conclusiones en cuanto a la intervención del gobierno del Estado.
Finalmente creo que la petición de los ahorradores hecha a ambos, de firmar un fideicomiso, es interesante, pero también creo que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política no es la instancia adecuada; ahí, júrelo, dormirá el sueño de los justos o injustos, si usted lo quiere tomar de esa manera. Ya van dos semanas de esa petición y aún se está esperando el resultado.
Por otra parte, tampoco le invito a firmar un punto de acuerdo porque seguramente se negaría a firmarlo o, en su caso, a cumplirlo. Mejor, mi amigo, ya que sí coincidimos en el interés de la solución del problema, acudamos directamente, olvidando vicios, olvidando partidismos, con el Secretario de Hacienda, con el Procurador General de la República y con el mismo Presidente, el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, ellos son los que ejecutan, si tienen disposición; después acudiremos con el gobernador del Estado y el presidente municipal.
Hace aproximadamente una hora me llamó por teléfono uno de los dirigentes de los grupos de ahorradores de Brisamar, pidiéndome también que los considerásemos para estas reuniones que pudiéramos tener a futuro.
Así, diputado Quintero, le invito a que suscribamos verbalmente cuando menos este compromiso. Si está de acuerdo mucho le agradecería lo manifestase en esta tribuna.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña.
El diputado Daniel Quintero Peña:
Con su permiso, señor Presidente; diputadas; diputados:
En efecto, en el año de 1988, en Ensenada, Baja California, se constituyó la constructora e inmobiliaria Brisamar, empresa de la cual fungían como accionistas los hermanos Francisco, Luis Rafael, Jesús Gabriel y Manuel Alonso Luna Córdoba. Esta empresa recibía dinero en inversión prometiendo intereses superiores a los de la banca, garantizando las inversiones con títulos de crédito y contratos de asociación en participación, prometiendo reintegrar a determinado plazo la inversión con los intereses que se generasen. Esto duró hasta julio de 1991.
En esa época diversos agraviados se presentaron a las oficinas a hacer su cobro, sin que se pudiese llevar a cabo, porque la empresa había cerrado y los hermanos Luna Córdoba habían huido.
Nos hemos comprometido ante los bajacalifornianos, ante los ensenadenses, a no politizar este asunto que ha cobrado muchas vidas. He escuchado con mucho interés la intervención retadora del diputado Jorge Catalán. Entiendo que es una manera posiblemente de justificar algún vacío que ha existido en torno a esta preocupación. Lo que probablemente olvidó decir el diputado Catalán es que un servidor lo invitó justamente a una cita con el señor Procurador, el licenciado Antonio Lozano Gracia; se le olvidó probablemente comentar algunos otros asuntos que son mucho muy importantes.
Olvidó decir que él tiene información privilegiada que obtuvo no por los conductos oficiales. No nos comentó aquí que él hubiese hecho escritos oficiales dirigidos al Procurador. Un servidor..., yo muestro dos escritos que le envié al procurador Lozano Gracia, uno recibido el 21 de junio de 1995 y otro recibido en la PGR el 10 de marzo de 1995. Yo no he corrido con la misma suerte de tener información oficial que me la hubiesen hecho llegar por fax o por el conducto adecuado. De estos dos oficios no he tenido respuesta. Pero, ¡vamos!, eso probablemente no sea lo más importante.
¿Cómo explicaría el diputado Catalán que sin haber solicitado información oficial usted la posea? ¿Cómo explicaría que los que sí hicimos gestiones y solicitudes oficiales nunca tuvimos respuesta?, me refiero a las mías y las más importantes, las de los propios afectados, los propios defraudados no tienen respuestas oficiales de la dependencia o de las dependencias. La respuesta y la información, diputado Catalán, la deben de poseer los defraudados, no por hacérsela llegar en recados, ellos exigen respuestas, están esperándolas. Ellos son mexicanos y todavía creen en la justicia.
Yo creo que más que venir aquí a retar a diputados, más que venir a abundar en justificaciones personales, a decir que usted está muy preocupado más que de hacer respuestas que sacó o que le hicieron llegar, es necesario y eso hay que decirlo con mucha honestidad, es necesario que la autoridad correspondiente atienda con mayor responsabilidad ese caso que involucra a miles de mexicanos. No es válido, diputado, que se venga a dejar aquí una sensación de revanchismo, a decir que se está atendiendo, mientras que los afectados no son atendidos; es necesario decir que el fiscal especial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, licenciado Adán, el licenciado Antonio Rosales Green, nunca recibió a los afectados.
Yo creo que eso es lo más importante y, otra cosa que sería importante para usted y para mí, diputado, sobre este asunto que entiendo la legítima preocupación de su parte, en la actualidad un grupo, bufete de abogados de la ciudad de Tijuana, está también por cometer otro fraude probablemente contra estas personas, hay un contador de un bufete denominado Sánchez y Asociados de Tijuana, B.C, donde se ha hecho presente en días pasados, hace cuatro o cinco días, un contador de nombre Juan Sánchez Balderas, y un licenciado especialista en derecho internacional: Edmundo Buenabad, donde están invitando a los defraudados a que constituyan un fondo de 100 millones de pesos para que con las utilidades de este fondo se financie el tipo de servicios. Yo creo que esto es lo que nos debiese de preocupar.
Y como habló de actorea que no tienen nada que ver con el caso de Brisamar, me asombra que hubiese olvidado decir que cuando estalló el fraude, parientes de las altas autoridades del gobierno del Estado lograron, ellos sí, hacer efectivo el cobro de sus depósitos entre otros familiares del señor gobernador del Estado, ellos sí pudieron hacer efectivo el cobro.
Olvidó también decir que las autoridades del gobierno del Estado no hicieron lo suficiente y les permitieron huir habiéndolos podido detener a tiempo y le faltó decir que también a candidatos de su partido recibieron en préstamo oficinas de esta compañía inmobiliaria y constructora de Brisamar en aquellos años.
Pero lo importante no es que vengamos aquí diputado a tratar de ofendernos o retarnos o pensar que un servidor que pasó a tribuna hace una semana a denunciar el hecho, créame que hablé con todo respeto de usted y hablé de las atenciones que usted también le está dando a ese caso; en ningún momento dejé la sospecha de que usted no había actuado y en ningún momento agredí a ninguna autoridad.
Yo creo que las cosas esperamos que se compongan y esperamos pues que con las influencias que usted dejó en la PGR, en la época de Lozano Gracia, pues sigamos apoyando a la gente. Lo que creo que es válido es que la autoridad debe de atender mejor este asunto, eso es lo que verdaderamente nos importa como mexicanos: combate a la impunidad y combate a la corrupción.
Gracias.
PROTECCION CIVIL
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Carlos Núñez Hurtado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la necesidad urgente de legislar en materia de protección civil.
El diputado Carlos Núñez Hurtado:
Muchas gracias, con su permiso, señor diputado; compañeras y compañeros diputados: Si en estos momentos, y toco madera, ¿eh?, empezara un fuerte sismo, ¿qué haríamos?... Exacto, no sabríamos cómo comportarnos, de tal manera que sin saber cómo comportarnos no podríamos evitar, al máximo, los riesgos y por lo tanto seríamos más vulnerables ante las posibles consecuencias de un evento de esta naturaleza. Pero, ¿sabrán que hacer todas las compañeras y compañeros trabajadores que están en este edificio? Mucho me temo que la gran mayoría no sabríamos de verdad cómo comportarnos.
Es que no hemos caído en cuenta de que en materia de riesgos todos, todos sin excepción, somos posibles víctimas. No lo pensamos, no lo asumimos, quizá tengamos ésa muy riesgosa actitud de "a mí no me va a pasar nada, a los otros quizá, pero a mí, no".
Y este indeseable escenario, lamentablemente sería prácticamente igual para casi todos los ciudadanos de este país en muchísimos otros espacios o circunstancias que cotidianamente vivimos: la calle, las oficinas, espacios de recreación, transporte público, el hogar, que por cierto es quizá donde estemos mejor preparados porque lo vivimos cotidianamente. Así es todavía en prácticamente todos los rincones del país, son muy pocos los individuos, grupos o instituciones que han asumido con madurez y con rigor el reto de prepararse para una eventual situación de riesgo.
Aquí mismo en la Cámara y a raíz de la serie de temblores de 1995, como una extraña señal que hablaba de los 10 años de los terremotos de 1985, es cierto se desarrollaron pequeñas acciones tendientes a la prevención, pero sin duda no fueron suficientes ni han sido sistemáticas.
Insisto, ante una situación de crisis estaríamos en riesgo severo, mucho más del que podríamos evitar.
He usado sólo como ejemplo el tema de los sismos, pero evidentemente las amenazas son múltiples y sobre todo cuando los asentamientos humanos crecen y se complejizan, pues a mayor desarrollo urbano más alto el nivel de riesgo no sólo de fenómenos naturales, sino también y muy especialmente de desastres provocados por la acción del hombre como son los derrames, las explosiones, las fugas de materiales peligrosos etcétera.
Casos patéticos en nuestro país existen, todos los conocemos: San Juanico I y II, parece película de misterio pero así es, las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, el caso de las explosiones de Cactus en Chiapas, sólo por mencionar algunos de los más dramáticos y lo que ha señalado muy coincidentemente hace apenas unos minutos el diputado Jaime Martínez Veloz, cuando hablaba del riesgo de las gaseras en Baja California.
Y no nos estamos refiriendo directamente al nivel de vulnerabilidad gravísimo en que nos coloca el deterioro del medio ambiente. Aunque éste, quizá, sea el mayor riesgo y esto bueno, pues es materia del tema que quiero tratar, porque a lo que me quiero referir hoy es a la necesidad de superar los riesgos y la vulnerabilidad provocados por eventos inesperados de origen natural o de carácter tecnológico.
Mucho se ha hecho y avanzado sin duda, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que no existe, no hemos creado todavía con firmeza una cultura de la prevención ni en los individuos ni en las familias ni en las instituciones ni en las autoridades, claro, con muy importantes excepciones.
Hoy no tenemos todavía en este país una verdadera, sólida, informada y arraigada cultura de la prevención como sucede en muchos países avanzados.
Mucho en realidad se ha hecho. A raíz de 1985, en la Ciudad de México y otras regiones del país, como por ejemplo Ciudad Guzmán, Jalisco, se tomó conciencia del problema y por eso el Gobierno de la República convocó a un grupo de ciudadanos, al que se denominó Comisión Nacional de Reconstrucción, en cuyo seno se generó un documento que dio origen a un decreto que estableció el Sistema Nacional de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986. Desde entonces, el Sinaproc ha venido estableciendo las bases conceptuales de la protección civil, entendida ésta como un conjunto coherente de acciones destinadas a responder a las necesidades y demandas planteadas por la sociedad, ante la inminencia o consumación de un desastre que ponga en situación de riesgo la vida, los bienes y recursos de la sociedad o la nación en su conjunto.
Más adelante, en 1988, en la Secretaría de Gobernación se creó la subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, y en el mismo 1988, se creó el Cenapred, Centro Nacional para la Prevención de Desastres, que en convenio con el gobierno de Japón y con su asesoría, viene avanzando en el estudio profundo de tecnologías constructivas que eviten que las construcciones se colapsen; viene trabajando en el monitoreo de riegos tectónicos, en el diseño de posibles escenarios de desastres y en la asesoría y capacitación a instituciones diversas.
También es cierto dentro de los avances, que muchas entidades federativas ya han legislado sobre la materia y que igualmente estados y municipios han creado sus respectivas instancias de protección civil.
Pero muchas de estas acciones han sido meramente formales, según se nos ha informado. Por ejemplo, el hecho de constituir la comisión municipal, en algún municipio, de protección civil, apelando a ciudadanos notables que poco o nada saben del tema y por lo tanto poco o nada pueden impulsar en ese sentido, no pasa de ser un buen formalismo, una buena intención.
Todos estos logros y avances más las diversas campañas de información y propaganda, que no necesariamente educativas, que se han realizado a diversos niveles, no han logrado todavía enraizar, como decíamos, una cultura de la prevención, como tampoco superar muchas debilidades y deficiencias de orden jurídico, técnico, cultural, informativo, operacional, reglamentario, etcétera.
El problema, a pesar de lo que ya hemos avanzado, persiste con signos de gravedad, las tragedias se siguen presentando.
El 22 de abril de Guadalajara, tantas veces referido por nosotros mismos en esta tribuna, fue en 1992, es decir, seis años después de haber sido creado el Sinaproc, y a la fecha, 1997, no se acaban de saldar las cuentas pendientes ni se ha logrado la voluntad política para investigar a fondo y honestamente cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron esta gran tragedia de proporciones tan dramáticas, como tan minimizadas oficialmente. ¿Cuándo podremos saber lo que pasó para que no nos vuelva a suceder?
Aquí mismo presenté un punto de acuerdo parlamentario, en diciembre de 1994, que, sin embargo, sigue en la congeladora, a pesar de las reiteradas excitativas, como lo hacemos ahora.
Y San Juanico, fue apenas el año pasado. Y Cactus, basta hojear los diarios y los tengo aquí conmigo, no en una forma sistemática, sino hojeados casualmente para percatarse de ello.
Sólo a manera de ejemplo, el 6 de marzo pasado, la maestra Julia Carabias, de la Semarnap, informaba, y cito: que uno de los grandes problemas que enfrenta este país, es la generación de unas 100 mil toneladas anuales de residuos peligrosos. ¿A dónde van? Nos preguntamos. ¿Existen ya las medidas para su manejo, traslado y confinamiento, sin provocar riesgos a la población? Ojalá que así fuera.
El 4 de marzo, La Jornada señalaba que durante 1996, en la Ciudad de México y su área conurbada, ocurrieron 16 siniestros de consideración, como fugas de sustancias químicas e hidrocarburos, hasta explosiones de fábricas etcétera.
Y cómo olvidar la trágica muerte de los pescadores sinaloenses que hace apenas unos cuantos meses, por causa de ese tremendo huracán, pero sobre todo por falta de medidas preventivas, murieron inútilmente ahogados en el mar y un ciclón avisa, compañeros, con muchos días de anticipación.
Así pues es cierto, hemos avanzado mucho, pero también es cierto que lo más está por realizarse.
Conscientes de esta situación, la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de esta Cámara de Diputados, acordó reactivar el tema, puesto que es de su competencia, y realizar para ello un Foro Nacional para la Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos, que nos permitiera actualizar el diagnóstico y obtener propuestas tendientes a superar las limitaciones, atrasos y nudos problemáticos en que se encuentran atrapadas las urgentes tareas de la prevención y protección civil.
Por acuerdo unánime de los aproximadamente 200 participantes en ese foro, cumplimos el encargo de informar a esta soberanía de los principales problemas y las más importantes propuestas para solucionarlos, según el consenso que se logró en dicho foro.
Es conveniente dar a conocer a ustedes que para realizar el foro se logró la convocatoria oficial y la entusiasta participación de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Semarnap, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del gobierno del Estado de Jalisco, quienes acordaron sumarse a la iniciativa propuesta por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Participaron con especial relevancia representantes de protección civil de diversos estados del país y por supuesto a nivel central, del Cenaprev, de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría del Medio Ambiente, de muchos municipios del país, de cámaras de Diputados estatales, de muy diversas dependencias estatales, de universidades, colegios profesionales, científicos, grupos de damnificados y organismos diversos de la sociedad civil.
Se trabajó en cinco talleres y cumplo con el encargo de informar a ustedes, atendiendo a la clasificación siguiente:
Una mesa, riesgos tectónicos, geológicos y volcánicos. Mesa 2, riesgos hidrometeorológicos, ciclones e inundaciones. Mesa 3, riesgos industriales por explosiones, fugas, derrames, residuos y transportación de materiales peligrosos. Mesa 4, impacto sicosocial de los desastres. Mesa 5, planeación urbana en un entorno de vulnerabilidad.
Esos talleres fueron conducidos en base a una metodología participativa y sistemática, tanto por diputados miembros de la comisión, como por las distintas instituciones convocantes, según su materia de especialidad.
Es de hacer notar que no sólo en el desarrollo del evento se dio la corresponsabilidad compartida, sino que igualmente operó este criterio en todo el proceso preparatorio y de diseño o metodológico y operativo. Así ha querido trabajar la comisión, corresponsable y participativamente, superando por tanto viejos criterios o formatos que lejos de propiciar la participación efectiva sólo la inhiben.
Los resultados sistemáticos con criterios homogéneos, fueron presentados al pleno del foro que los debatió y acordó, que fueran presentados por nosotros los diputados, cosa que hago ahora, a esta tribuna y a través de ella a la sociedad en general.
Señor Presidente, por razones de tiempo quiero sólo referirme a las principales recomendaciones y en función de ello y por acuerdo del foro, presentar a esta soberanía un punto de acuerdo que haré posteriormente.
Por ello, señor Presidente, si usted me lo permite, quiero entregar en este momento a la Secretaría el documento con el conjunto de las propuestas, pidiendo que sean incorporadas en el Diario de los Debates.
Atendiendo a lo recientemente expuesto, señalo en forma sintética los principales problemas y propuestas.
El primero y más consensado tiene que ver justamente con nuestra tarea, con la tarea legislativa, pues la falta de una Ley General de Protección Civil es grave. Este tema fue, incluso, presentado por el propio representante de la Secretaría de Gobernación, que pidió en su discurso a esta Cámara legislar, lo más pronto posible en la materia. Este aspecto es el que da origen al punto de acuerdo que daremos a conocer en unos momentos.
El resto del tema tiene que ver con la falta de coordinación interinstitucional, problemas de comunicación en casos de emergencia, definición precisa de roles y tronos de autoridad, tareas urgentes de educación y propaganda, etcétera.
En la materia educativa se propone incluso que sea incorporada a los planes oficiales de educación.
Se insistió en fortalecer las tareas de investigación de elaboración de atlas de riesgos, mapas etcétera, que permitan conocer con detalle el estado de la cuestión, así también las tareas de capacitación de los grupos de protección civil y de voluntarios.
En todo esto y demás aspectos descritos en los documentos que estamos entregando a la Secretaría, se enfatizó la necesidad de reconocer y estimular la participación creciente de la sociedad civil, recogiendo las experiencias suscitadas en las diversas catástrofes recientes: los sismos de 1985; explosiones del 22 de abril, etcétera.
Por último, quiero informar del acuerdo referido a la propuesta de formar en la próxima legislatura una comisión específica sobre protección civil, que será tratado más adelante.
Todas las propuestas tienen, sin embargo, un requerimiento base fundamental: legislar ya en la materia. Fue consenso general, fue mandato del foro para nosotros los diputados, el transmitir a ustedes esta urgente necesidad.
Por ello, señor Presidente, le solicito tenga a bien instruir a la Secretaría para que se sirva dar lectura al punto de acuerdo que la directiva de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas presenta a esta soberanía y después concluir mi intervención.
El Presidente:
Incorpórese en el Diario de los Debates, la solicitud del diputado.
El diputado Carlos Núñez Hurtado:
Perdón, señor Presidente, estoy pidiendo con todo respeto si la Secretaría puede leer el punto de acuerdo que elaboró la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para después terminar con mi presentación.
El Presidente:
Proceda la Secretaría.
El secretario Daniel Quintero Peña:
«Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
Los suscritos diputados de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 76 fracción XXXIX inciso D y G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 inciso B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en las siguientes.
CONSIDERACIONES
Primera. Que ante el imperativo de proteger a la población de desastres de origen natural o humano, surge un conjunto de acciones destinadas a cumplir con las tareas de promover la protección de la ciudadanía, enmarcadas estas acciones primordialmente en el ámbito de los asentamientos humanos, puesto que es ahí donde, al producirse cualquier tipo de siniestro, las consecuencias, dada la concentración humana, siempre son devastadoras, no son trascendentes las consecuencias de un movimiento sísmico en una zona despoblada, en tanto no haya pérdidas humanas que deplorar. De ahí que el interés de las cuestiones relativas a la protección civil y a los estudios de vulnerabilidad en los asentamientos humanos representada por esta Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, un tema prioritario.
Segunda. Que por consecuencia de una realidad donde los efectos catastróficos son parte de la vida cotidiana, la prevención y protección civil deben ser los elementos de seguridad que preserven la vida y el patrimonio de los mexicanos.
Por ello, el Foro Nacional de Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos, celebrado en Guadalajara, Jalisco, los días 20 y 21 de marzo del presente, convocados por la Comisión de Asentamientos Humanos y de Obras Públicas, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, la Semarnap, Secretaría de Salud, el IMSS, gobierno del Estado de Jalisco, concluyó como condición sine qua non, entre otras que, para garantizar un futuro más seguro a los mexicanos, es urgente legislar en materia de protección civil.
Tercera. Que debido a las preocupaciones, a la preocupante carencia de legislación general que regule la toma de decisiones y ejecución de acciones en materia de desastres y contingencias por cuanto a su prevención, así como en lo relativo a la protección de la población civil, tanto en catástrofes naturales como en aquellas propiciadas por la omisión de un deber de ciudadano, causado por el hombre, nos encontramos en nuestra gestión parlamentaria frente a la impostergable necesidad de crear una ley federal que con oportunidad y sin rezagos evite las caóticas consecuencias por todos conocidos.
Es por todo lo anterior y motivados por la realidad que empaña el desarrollo de una sociedad que no cuenta con el instrumento normativo óptimo para enfrentar la adversidad de lo ya expuesto, que diputados de la distintas fracciones parlamentarias, integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos y de Obras Públicas del Congreso de la Unión, hemos convenido el presente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitamos legítimamente a esta soberanía se legisle en materia de protección civil, tomando en cuenta la iniciativa que al respecto fue presentada en esta legislatura, así como los resultados y recomendaciones del mencionado foro de Guadalajara y todos los demás estudios que al efecto han venido produciendo las distintas dependencias gubernamentales, instituciones académicas y organismos especializados de la sociedad civil. Dicho ordenamiento jurídicofederal, deberá tener como objetivo prever a la sociedad de la normatividad precisa para la prevención y protección civil en caso de desastre y contingencias, debiendo regular además de manera clara, eficiente y oportuna, la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la toma de decisiones y la ejecución de acciones y enriqueciendo, en todo caso, al federalismo y a la autonomía estatal y municipal.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 1997. Por la mesa directiva, firman, diputados: Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente; Daniel Quintero Peña, José Castelazo, Martín Hernández Balderas, y Carlos Núñez Hurtado, secretarios.»
El diputado Carlos Núñez Hurtado:
Muchas gracias, señor Secretario.
Señor Presidente, concluyo mi intervención. Compañeros diputados, el sentir es muy claro, el riesgo existe, la necesidad y el reclamo son urgentes. Nuestra responsabilidad está clara. Tenemos todavía la oportunidad en este último periodo legislativo de esta legislatura de atender el punto, no hay razón para retrasarlo. Legislando podemos coadyuvar para que ante los fenómenos naturales, podamos informarnos, prepararnos y actuar oportunamente para paliar los daños.
Y para que de la misma manera y actuando además oportuna y enérgicamente, podamos eliminar fallas, corruptelas y evitar los desastres tecnológicos.
De esta manera, más temprano que tarde, sólo habremos de lamentar lo insuperable, porque lo demás lo sabremos prevenir, controlar y por lo tanto evitar.
Este es el reclamo que se nos hace, ésta es, compañeros legisladoras y legisladores, nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Este es el mandato que recibimos del foro, los invito a todos a que de inmediato la asumamos.
Muchas gracias, señor Presidente y dejo a la Secretaría las conclusiones del foro.
Muchas gracias.
«Conclusiones generales del Foro Nacional sobre Prevención de riesgos y vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos, celebrado en Guadalajara, Jalisco, el 20 y 21 de marzo de 1997.
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Publicas.
Junto a la síntesis descrita, la mesa 1 encontró algunos nudos centrales, los que se sintetizan en:
Una falta (relativa) de recursos humanos, financieros y materiales ante la complejidad del tema analizado.
Una falta de articulación entre los sectores público, científico, privado y social para enfrentar organizadamente la investigación, prevención, atención (o auxilio) e incluso la "recuperación" ante escenarios de desastre.
Que hace falta discernir con claridad cuál es el papel central de cada uno de los sectores y cuáles son los límites de actuación respectiva.
La mesa se pronunció por reconocer que el municipio es la instancia de gobierno y participación social que hay que privilegiar al legislar, normar o desarrollar proyectos diversos que tengan qué ver con el tema analizado.
Por último se propone que la Cámara de Diputados retome el proyecto de Ley General de Protección Civil, lo impulse, incorpore lo propuesto en el presente foro y lo decrete en la actual legislatura, propiciando su enriquecimiento posterior.
Foro Nacional sobre Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos
Mesa 2. Riesgos hidrometeorológicos, ciclones e inundaciones
Conducción: Diputado federal Carlos Núñez Hurtado;
Introducción al tema y coordinación: ingeniero, Pedro Serrano Ramos, representante personal del director general de la Comisión Nacional del Agua.
Síntesis de diagnóstico
Aspectos legislativos
1. Ausencia de un marco legal federal específico en la materia.
2. Desniveles en las legislaciones estatales existentes.
3. Vacíos en reglamentación.
4. Dificultades en la aplicación de la normatividad, legislación y reglamentación existente.
Aspectos técnicos
1. Deficiencias en la comunicación y en la circulación de información interinstitucional oportuna y eficiente.
2. Deficiencias en infraestructura técnica y sobre todo, en la construcción de capacidades humanas.
3. Necesidad de diagnósticos a detalle, de acuerdo a lugares y problemáticas específicas.
4. Discontinuidades en los diagnósticos y en la aplicación de programas y proyectos.
Nodos problemáticos
1. Formulación y aplicación de legislación, normatividad y reglamentación.
2. Investigación, conocimiento, información y coordinación interinstitucional.
3. Programas y planes operativos de prevención y contingencia.
4. Financiamiento y valoración de costos y beneficios.
5. Cultura de prevención, educación y política de comunicación.
6. Participación de la sociedad civil y relaciones sociedadesGobierno.
Aspectos de coordinación.
1. Información adecuada y oportuna.
2. Escasez de plataformas informativas integradas e interdisciplinarias en todos los niveles de gobierno.
3. Concurrencia eficaz y corresponsabilidad entre los diferentes niveles y sectores de gobierno.
4. Planeación, coordinación y capacidad operativa a nivel local.
5. Vínculo entre instituciones, dispositivos de protección civil y realidades.
6. Criterios de asignación de recursos y su distribución entre acciones de prevención y acciones de mitigación de desastres.
Aspectos de Educación y Cultura de Prevención
1. Cultura social de prevención.
2. Cultura institucional de prevención.
3. Capacitación de funcionarios y técnicos responsables de la protección civil.
4. Recuperación, sistematización y difusión de experiencias exitosas, sobre todo a nivel local.
5. Vinculación entre políticas de protección civil y el sistema educativo en todos sus niveles.
Aspectos de Participación Social
1. Monitoreo de contextos de vulnerabilidad.
2. Información a la población, oportuna y orientada hacia la prevención.
3. Política de medios de comunicación consistente, objetiva y que efectivamente oriente a la población.
4. Acoplamiento de las acciones a las condiciones de las regiones y culturas locales.
5. Atención e incorporación del saber popular.
6. Debilidad del proceso de organización y participación social en la prevención de desastres.
Foro Nacional sobre Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos
Mesa 3. Riesgos industriales por explosiones, fugas, derrames y transportaciones de materiales peligrosos.
En seguida se presenta las conclusiones a las que llegaron por consenso los representantes de diferentes instituciones, dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno, así como instituciones de investigación y estudios superiores que participaron en los trabajos de la mesa:
Diagnóstico
I. Aspectos legislativos y reglamentarios
La legislación actual es insuficiente, dado que no precisa mecanismos de coordinación intersectorial ni define al responsable primario en la atención de emergencia, entre otros.
No hay eficiente aplicación de la ley y reglamento.
El Sistema Nacional de Protección Civil, es limitativo, ya que establece atribuciones sin definir claramente las facultades de los protagonistas.
Se carece de difusión de la legislación y reglamentos.
No hay suficiente claridad de algunos de los términos y preceptos enmarcados en la legislación actual.
Existe en algunos casos duplicidad de acciones o atribuciones con dependencias involucradas en la materia o bien se presentan algunas contradicciones en criterios o disposiciones establecidas.
II. Técnicos
Diagnóstico.
No se cuenta con un inventario completo y confiable de materiales y sustancias peligrosas.
Se tiene dificultades para declarar el grado de riesgo, dado que no existen criterios claros y definidos.
No existen los suficientes recursos para enfrentar las situaciones de contingencia.
No existe la suficiente capacidad para hacer frente a riesgos por sustancias químicas.
Las industrias medianas y pequeñas no cuentan con el suficiente respaldo y apoyo para la atención de emergencias.
III. De coordinación
No hay acuerdo de interpretación entre dependencias.
Falta coordinación entre los diversos niveles de gobierno.
Falta coordinación para aplicar criterios entre órdenes o niveles.
Existe ausencia de autoridad de la Secretaría de Energía en la regulación y control en el manejo de sustancias o materiales que se encuentran bajo su ámbito de competencia.
En general no hay adecuada coordinación entre dependencias.
IV. Educación y Cultura de Prevención
Existen siete centros de información toxicológica; falta difundir sus actividades y capacitar o especializar a médicos de los centros de atención médica.
V. Participación Social
Diagnóstico.
No existe una interrelación Gobierno, industria y comunidad.
Propuestas
I. Legislativos y reglamentarios
Elaborar manual de procedimientos que permitan responder con oportunidad ante cualquier situación de emergencia.
Crear en los congresos, comisiones de protección civil.
Que la protección civil sea una garantía constitucional.
Reactivar el proyecto de Ley General de Protección Civil (el cual incluye planes de ayuda mutua y supervisión para que las empresas de alto riesgo cuenten con personal especializado dedicado a las labores y acciones de protección civil, así como dar facilidades para la adquisición de equipo para la protección de emergencias que sea útil en el país).
Legislar la ayuda mutua en corredores industriales.
Difundir para consulta de los diversos sectores los proyectos de reglamentos y normas oficiales mexicanas que se pretenda expedir en materia de actividades altamente riesgosas y protección civil.
II. Técnicos
Actualizar y realizar mapas de riesgo.
Aprovechar la experiencia de industrias y organismos internacionales.
Aportar elementos para los planes de desarrollo urbano.
Aprovechar la experiencia de instituciones educativas.
Las empresas cuenten con oficinas de protección civil.
III. De coordinación.
Difundir a los municipios los programas para la prevención de accidentes.
Fortalecer convenios interinstitucionales.
Apoyo para sistematizar la información.
Crear un consejo nacional para la atención de desastres químicos.
Homologación de planes y programas de prevención y respuesta a emergencias y contingencias existentes.
IV. Educación y cultura de prevención
Elevar la cultura de seguridad industrial.
Creación de bancos de información básica, crear bibliotecas para la atención primaria de emergencias.
Mejorar los programas educativos de toxicología.
Incorporar en libros de texto aspectos de prevención.
Difusión de los trabajos técnicos y científicos.
Reforzar y difundir los centros de información toxicológica.
Crear una red de centros de información, orientada a la atención de emergencias y al registro de accidentes.
Crear y fomentar las especialidades en protección civil.
Incluir curricularmente asignaturas en las diversas licenciaturas que se relacionen con la protección civil.
Fomentar dentro de la comunidad científica los trabajos de investigación en la materia.
V. Participación social
Fomentar la difusión de la información de los riesgos existentes en las localidades con la población involucrada.
Concientizar a cámaras y sindicatos en materia de protección civil.
Que Pemex difunda los resultados obtenidos en la evaluación de los riesgos e incorporarlos dentro de los planes y programas de protección.
Orientar el servicio social de los integrantes de instituciones educativas hacia los aspectos de protección civil y ambiental.
SINTESIS EJECUTIVA
Legislativos y/o reglamentos
Legislar la Ley Federal de Protección Civil y sus reglamentos para su aplicación.
Normar sobre los derechos de damnificados y su rehabilitación integral.
Normar en materia de supervisión de la actuación de las áreas de protección civil.
Garantizar que las autoridades militares actúen en coordinación con las autoridades civiles.
Normar sobre el derecho a la información adecuada, veraz y oportuna sobre riesgos, así como la que se proporciona antes, durante y después de los desastres.
Elevar a rango de servicio público municipal la prevención de desastres mediante reforma al artículo 115 constitucional.
Señalar sanciones específicas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por acción y omisión que ponga en riesgo la vida de la población.
Elaborar un manual de procedimientos con fundamento en la Ley Federal de Protección Civil para que todas las instituciones federales, estatales y municipales, así como los organismos de la sociedad civil debidamente acreditados, estén obligados a coordinar esfuerzos en su ámbito de competencia.
Se recomienda a los estados legislar o revisar su legislación en materia de protección civil.
Aspectos técnicos
1. Evaluación de la calidad técnica de los planes de emergencia elaborados por las diferentes organizaciones.
2. Certificación operativa de las unidades internas de protección civil de las diferentes organizaciones.
3. Difusión de los resultados de la verificación del diagnóstico de vulnerabilidad y el avance del programa de mitigación de riesgos de las organizaciones.
4. Certificación de las especificaciones de las propuestas de construcción para promover la seguridad y tranquilidad de los usuarios antes de su certificación.
5. Apoyo y reforzamiento a instituciones ya establecidas como Cruz Roja, Bomberos, etcétera.
Coordinación
Propiciar la elaboración de plan único de prevención para limitar el impacto sicosocial de los desastres que involucren a los sectores público, social y privado en los tres órdenes de gobierno.
Mejorar la organización y comunicación entre las instituciones del sector salud para unificar criterios en la prevención y atención de situaciones de desastre, propiciando la integración funcional de sus planes.
Clasificar los hospitales del sector público y privado de acuerdo a su capacidad resolutiva, en base al código internacional de colores de triage y de acuerdo al tipo de lesionado.
Establecer sistema único de referencia y contrarreferencia de pacientes bajo criterios uniformes entre las instituciones de salud en caso de desastre.
Estandarizar entre las instituciones del sector salud los criterios de atención prehospitalaria, triage y escalas de selección de lesionados, entre otros.
Implantar la certificación de "hospitales preparados para atención de desastres" (hospital seguro) en el sector salud público y privado.
Mejorar la coordinación a través de la capacitación bajo contenidos temáticos con criterios uniformes.
Establecer y difundir programa de "intervención en crisis" para la atención a víctimas de desastres.
Involucrar a los medios de comunicación para favorecer la coordinación, a través de brindar orientación e información oportuna y veraz evitando crear alarma.
Fortalecer la coordinación del sistema nacional de protección civil en los tres órdenes de gobierno.
Educación y cultura
Diseño curricular en fondo y forma en todos los niveles educativo, para docentes, escolares y sociedad en general.
Incorporar como materia obligatoria temas sobre prevención de desastre en todos los niveles, destinar recursos para la implementación y permanencia de los programas.
Homologación de los estándares y metodologías.
Formación de bancos de datos regionales y nacionales.
Promover la ampliación o creación de recursos presupuestales destinados a la educación, a nivel regional y nacional.
Especificación de planes de contingencia al detalle.
Fortalecer los programas de difusión.
Descentralización de recursos.
Legislar respecto a todos los puntos anteriores.
Vigilar que se cumplan estas leyes.
Participación social
Constituir un organismo autónomo a nivel nacional que se coordine con comités estatales y municipales que supervisen el uso de los recursos, la aplicación de las políticas de protección civil. Que denuncien y den seguimiento a las irregularidades que se presenten, tanto en las instituciones de Gobierno, como en las organizaciones y grupos de voluntarios.
Los comités municipales de prevención de desastres deberán recibir capacitación de entidades federales, estatales e instituciones de educación superior y tendrán funciones de educación y consientización.
Elaborar un registro nacional de organizaciones y grupos de voluntarios.
Diseñar un instrumento para la evaluación de daños sicosociales.
Que se instale un servicio de red telefónica conectado al Cenapred tipo Locatel que proporcione información sobre desastres al público.
FORO NACIONAL SOBRE PREVENCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Mesa de trabajo 5.— Planeación urbana en un entorno de vulnerabilidad
DIAGNOSTICO
1.1 Legislativo y/o reglamentario
a) Falta legislación de protección civil a nivel Federal y algunos estados.
b) Incumplimiento de leyes de desarrollo urbano y leyes de equilibrio ecológico.
c) Falta de seguimiento en el cumplimiento de las normas.
d) Falta de homologación/duplicidad de aspectos normativos.
e) Ausencia de elementos técnicojurídicos sobre riesgos en las ciudades dentro del cuerpo técnico de los planes de desarrollo urbano (2.1).
f) Insuficiencia de la normatividad existentes.
2.1 Técnico
a) Falta de información para tomar decisiones técnicas.
b) Falta de parámetros técnicos para definir reglamentos y normas.
c) Falta de tecnología para compartir información (3.1).
d) Falta de cuadros técnicos en todos los niveles y ámbitos sociales principalmente en los municipios.
e) Insuficiencia técnica de los planes de desarrollo urbano para consolidar la prevención de desastres.
f) Rezago tecnológico relativo al conocimiento de los fenómenos de riesgo.
3.1 De coordinación
a) Falta de estructura de comunicación.
b) Falta de protocolos de actuación.
c) Falta de un consenso previo que sustente y posibilite la coordinación.
d) Discontinuidad en las políticas que obstaculiza la coordinación.
e) Falta de un leguanje único y compartido sobre la materia y mutidisciplinario para ser incluyente.
4.1 De educación y cultura de prevención
a) Aproximaciones parciales y sectoriales.
b) Prioridad mayor otorgada al corto plazo y a las soluciones inmediatistas.
c) Falta de construcción de una memoria histórica.
d) La información generalmente es inadecuada para la educación y cultura de prevención.
e) Falta de motivación por una cultura de prevención.
5.1 De participación social
a) El esquema consultivo prevaleciente es insuficiente.
b) La utilización coyuntural de la participación social que obstaculiza la planeación y la prevención.
c) Falta de orientación a los integrantes de las instancias consultivas con respecto a las atribuciones de dichas instancias.
d) Existe un potencial de participación social que no se canaliza.
SINTESIS-PROPUESTAS
1.2 Legislativo y/o reglamentario
a) Reformar la Constitución General de la República, para dar cabida a la promulgación de la Ley de Protección Civil tomando en cuenta la experiencia de los estados que ya cuentan con la respectiva.
b) Dar coherencia a las leyes, reglamentos, normas, disposiciones etcétera, aplicables a la prevención de desastres en las ciudades, inclusive a los planes de desarrollo urbano.
c) Crear mecanismos que garanticen el seguimiento permanente y la transparencia de la aplicación de las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano, inclusive los planes de desarrollo urbano.
d) Impulsar programas de simplificación, desregulación, descentralización de funciones de desarrollo urbano.
e) Promover que las leyes aplicables sean más explícitas, en cuanto a la obligatoriedad de incorporar técnicamente en los planes de desarrollo urbano y en la prevención de desastres.
2.2 Técnico
a) Construir un sistema de información tecnológicamente adecuado y que sustente una estructura de coordinación, uniformice lenguajes, términos y sea multidisciplinario e incluyente, para apoyar la prevención de desastres en las ciudades.
b) Crear las capacidades locales para la prevención de desastres a través de la regulación del uso del suelo, lo que incluye capacitación e infraestructura técnica.
c) Profesionalizar las áreas técnicas de desarrollo urbano y protección civil.
d) Establecer un marco de referencia de normatividad técnica, para la prevención de desastres a través de la regulación del uso del suelo.
3.2 De coordinación
a) Promover la concurrencia de las dependencias cuyas atribuciones y acciones se vinculan al desarrollo urbano, desde el punto de vista de la prevención de desastres y promover el consenso.
4.2 De educación y cultura de prevención
a) Otorgar prioridad en materia de desarrollo urbano y la protección civil a la fase preventiva.
b) Establecimiento y desarrollo de programas educativos en materia de protección civil.
c) Promover la generación de información adecuada y suficiente que motive la formación de cultura de prevención y la construcción de una memoria histórica.
d) Fomentar la cultura de la prevención y del desarrollo urbano a través de su inclusión en los programas educativos.
e) Desarrollar una concepción integral acerca de la problemática de los desastres y su prevención en el ámbito urbano.
5.2 De participación social
a) Reformular el esquema consultivo prevaleciente, desde una perspectiva de mayor participación social que canalice el potencial existente.
NUDOS TEMATICOS
Información-comunicación
Financiamiento
Legislación-normatividad
Capacidades-recursos
Participación social
Coordinación gubernamental
Cultura de prevención
Norma técnica de diseño urbano.»
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Balderas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Florencio Martín Hernández Balderas:
Con su permiso, señor Presidente; diputados:
El Poder Legislativo como órgano esencialmente deliberativo de vigilancia y control, fundamenta su representatividad en la pluralidad ideológica y política del país. En este espacio los legisladores establecen el debate parlamentario como elemento sustancial para dirimir diferencias de opinión, respecto a la conducción y ejercicio gubernamental, asimismo para analizar y discutir los grandes temas que son relevantes para los mexicanos.
De conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo Federal, y en función de su estructura propia orgánica, las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados tienen como objetivo fundamental el de contribuir con una labor de análisis, para modernizar y hacer cumplir el régimen legal que prevalece en nuestro país.
Somos testigos de como nuestra nación se ha venido transformando paulatinamente en su dinámica social política, para adecuarse a los nuevos tiempos. El final de este siglo nos marca evidencias de un mundo que evoluciona rápidamente al ritmo de los avances tecnológicos y el desarrollo de la economía.
Las transformaciones que suceden dan pauta para que en el mismo sentido nuestro marco jurídico se ajuste a las nuevas realidades, toda vez que las relaciones y dinámica de nuestra población, buscan encontrar nuevas fórmulas para su seguridad, bienestar y desarrollo.
Conscientes de ello, es que los mexicanos debemos ver reflejado en nuestras leyes, reglas claras y justas, que normen el concurso y actuación de todos los sectores sociales en la dinámica del país.
Le evolución urbana que se ha manifestado en México en las últimas décadas, ha tenido serias repercusiones en la ordenación de los asentamientos humanos. El patrón de uso del territorio nacional, ha propiciado la concentración demográfica y de actividades económicas, que han generado escenarios de alta vulnerabilidad de los centros de población, lo cual significa un inminente y constante riesgo ante posibles desastres naturales y aquellos propios de la actividad humana.
El legislativo consecuente con la enorme responsabilidad de actuar y modernizar las leyes que regulen el funcionamiento y organización del Estado mexicano, debe hacer frente a esta realidad que se inscribe como un problema de la sociedad en general. Congruente con las propuestas vertidas por distintas dependencias federales, estatales y municipales, instituciones académicas, científicas y organismos especializados de la sociedad civil que participaron en el Foro Nacional sobre Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos que fue realizado en la ciudad de Guadalajara los días 20 y 21 de marzo del presente año, exponga a ustedes una de las exigencias que fundamentalmente nos ocupan en el sentido de establecer en el ámbito de la estructura de la honorable Cámara de Diputados: una Comisión Ordinaria de Protección Civil que contribuya con nosotros los diputados a observar, proponer y regular el adecuado funcionamiento y participación del Estado y la sociedad en asuntos de la materia.
De conformidad con argumentos expresados y resueltos en un punto de acuerdo, signado por los distintos grupos parlamentarios, fundamento el sentido de mi petición, para que la creación de una comisión legislativa para que sea analizada y, en su caso, aprobada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Cámara de Diputados, a fin de responder, eficientemente, en el ejercicio de las funciones legislativas en materia de protección civil y, como contraparte, de las funciones que realiza el Poder Ejecutivo.
A continuación doy lectura al
PUNTO DE ACUERDO
«Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las atribuciones dispuestas por los artículos 77 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 inciso b, 42 inciso 2, 45 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 70 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con base en las siguientes consideraciones.
Primero. Que el legislativo debe ser congruente con el espíritu democrático de contar en todo momento con el aval y participación activa de la sociedad en general, y el consenso de todos los partidos políticos representados en esta soberanía, como una condición de toda iniciativa legislativa, que tenga como objetivo adecuar y modernizar las leyes que regulan el funcionamiento y organización del Estado mexicano.
Segundo. Que de conformidad con lo expuesto por distintas dependencias federales como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como diversas dependencias estatales y municipales, instituciones académicas y organismos especializados de la sociedad civil, todos ellos participantes en el Foro Nacional de Prevención de Riesgos y Vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 20 y 21 de marzo del presente año, para que la Cámara de Diputados cuente con una instancia que responda en el ejercicio de las funciones legislativas en materia de protección civil.
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitamos, legítimamente a esta soberanía, sea creada una comisión ordinaria de dictamen legislativo en materia de protección civil, la cual tendrá como objetivo fundamental responder en el ejercicio de las funciones legislativas en la materia, respondiendo con ello, eficazmente, a las responsabilidades y obligaciones que como representantes de la sociedad nos debemos para con ella.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 1997. Por la mesa directiva, diputados: Graco Ramírez Abreu, presidente; Daniel Quintero Peña, Martín Hernández Balderas, José Castelazo y Carlos Núñez Hurtado, secretarios.»
Señor Presidente, dejo en poder de la Secretaría el presente punto de acuerdo a fin de que sea turnado a la comisión correspondiente.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Politica.
Esta Presidencia hace una excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que la iniciativa presentada por el diputado Carlos Núñez Hurtado, sea analizada.
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado José Castañeda, hasta por cinco minutos.
Permítame, señor diputado.
Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene la palabra diputado.
El diputado José Alberto Castañeda Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Celebro, aplaudo y me parece positivo que como fruto del foro de Guadalajara, hayan venido los dos anteriores diputados como miembros de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de esta Cámara, con dos puntos de acuerdo de capital importancia para nuestra patria.
Quiero decirles que nosotros como diputados del Partido Acción Nacional, participamos activamente en el foro; no lo puedo decir igual de otros grupos parlamentarios que tal vez por las fechas del día puente, del 20 y 21 de marzo, no asistieron o les faltó interés para participar en este foro.
El otro gran ausente en el foro es precisamente Petróleos Mexicanos, curiosamente el responsable de los peores desastres hechos por la mano del hombre en este país.
En fin, para los diputados de Acción Nacional esto resulta conforme con nuestro trabajo legislativo, este tipo de actividades, este tipo de foros, más aún si me permiten ahora recordar otro punto de acuerdo promovido por Acción Nacional el 4 de abril de 1995 y firmado por los cuatro grupos parlamentarios, relativo precisamente a la creación de la Comisión Legislativa de Protección Civil.
Por cierto, este punto de acuerdo también fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y se encuentra a la fecha pendiente de dictaminar. La demanda reiterada durante el foro fue precisamente que se descongelara la iniciativa de la Ley de Protección Civil, presentada por tres grupos parlamentarios el 19 de septiembre de 1995, precisamente el día que todos recordábamos con tristeza los sismos ocurridos 10 años antes en la capital de la República.
Una Ley de Protección Civil, sería la respuesta a la necesidad de contar con instrumentos que nos permitan articular y coordinar acciones entre los ámbitos federal, estatal y municipal, contemplando también la participación organizada de la sociedad en la prevención y/o mitigación de siniestros y desastres.
Debemos trabajar ya en esta ley. Esto permitirá que otros estudios e iniciativas que se presenten en esta legislatura, se sumen a los trabajos que en la próxima LVII Legislatura corresponderán seguramente a la futura Comisión de Protección Civil. Entre esos estudios quiero presentar el elaborado por los integrantes de la quinta generación del diplomado en protección civil y prevención de desastres de la Universidad Iberoamericana, que consiste en un análisis profundo del proyecto de ley en cuestión. Ellos piden también que este estudio se anexe a los trabajos que se están desarrollando y a los trabajos que se desarrollen previos al dictamen legislativo correspondiente.
Solicito a la Presidencia se sirva turnar el original del estudio que tengo en mi poder, a la comisión correspondiente, al terminar mi intervención. Me permito asimismo anunciar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, que en el curso del presente periodo de sesiones ordinarias, presentaremos una iniciativa de reformas al artículo 73 de la Constitución, a fin de no dejar lugar a duda sobre la importante facultad del Congreso para legislar en materia de protección civil. Esperamos que todos los grupos parlamentarios se sumen a los trabajos para dictaminar la iniciativa de Ley de Protección Civil y la reforma constitucional que presentaremos, de la misma forma como ahora todos juntos hemos apoyado el punto de acuerdo ya leído.
Para finalizar, entrego a la Secretaría el estudio de la Universidad al que hice mención.
Muchas gracias por su atención.
«Propuesta de modificaciones a la iniciativa de la Ley General de Protección Civil presentada en la Cámara de Diputados del 19 de septiembre de 1995.
Diplomado en protección civil y prevención de desastres. Quinta generación: 19951996. Universidad Iberoamericana. Coordinación del proyecto: maestro Mario Garza Salinas, maestro Daniel Rodríguez Velázquez.
INTEGRANTES DEL PROYECTO
El presente proyecto fue elaborado por la 5a. Generación del Diplomado de Protección Civil y Prevención de Desastres, de la Universidad Iberoamericana, cuyos integrantes se listan a continuación:
Judith Arciniega Torres, Sergio Camacho Villanueva, Eduardo Carrión Herrera, Felipe Castañeda, Edgar Roberto Dávila Jiménez, Alfredo de la Fuente López, José Amadeo García Sironi, Jorge Enrique González Rivera, Rafael Hernández, Sergio Danilo Jara Machaleidt, Fidel Lecona Peña, Jesús Leija Díaz, Yuri Lima Castillo, Raúl Maya Torres, Marco Antonio Moreno Luna, Silvia Verónica Paul Ramírez, Gregorio Rangel Gómez, María del Pilar Sánchez Hernández, Elizabeth Torres, José Juan Valle Alcántara, Román Villar.
INTRODUCCION
Daniel Rodríguez Velázquez*
La propuesta de modificaciones a la "iniciativa de Ley General de Protección Civil" presentada en la Cámara de Diputados por diversos partidos políticos el 19 de septiembre de 1995, fue elaborada por los alumnos de la V generación del diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres, en la Universidad Iberoamericana, como trabajo académico del primer módulo de dicho diplomado.
Representa un esfuerzo de análisis propositivo por parte de los integrantes del grupo, que asumieron ética y académicamente la responsabilidad de discutir, analizar y formular propuestas específicas a la iniciativa referida, conscientes de la importancia de participar en el debate acerca del todavía ausente marco legal que, a nivel nacional, norme la protección civil en México.
El grupo se organizó en cuatro equipos, los cuales revisaron el contenido de la iniciativa a partir de su especialización profesional, operativa o técnica; de esta manera se llegó a esta propuesta, la cual consta de 99 artículos.
El resultado de este trabajo debe ubicarse en el contexto de la formación y actualización adquiridos por la V generación, así como su quehacer cotidiano y en las perspectivas que esta forma de participación significa social e institucionalmente. Ciertamente se podrán observar algunos aspectos pendientes, no desarrollados en mayor profundidad, relacionados principalmente con los fundamentos constitucionales de la ley general, por otra parte habrá algunos puntos específicos que generan polémica; sin embargo, debemos tener presente que el ánimo de esta propuesta es contribuir en el necesario proceso de consulta de un ordenamiento jurídico necesario en el país, así como participar en las actividades subsecuentes una vez iniciado el proceso correspondiente.
Los aspectos más relevantes del presente documento, presentados por título, conforme al contenido de la iniciativa de ley, objeto del análisis aquí comentado, son los siguientes:
Título Primero: Se sugiere modificar tres artículos, dos permanecen sin cambio. Lo más relevante de la propuesta consiste en precisar la función de auxilio (artículo 2o.) y la de recuperación (fracción III del artículo 4o.); por otra parte, se adicionan las instancias del sistema nacional y varios conceptos básicos (artículo 5o.).
Título Segundo: Se propone la reformulación de 16 artículos, permaneciendo 22 sin modificación. Destacan aspectos concernientes al Consejo Nacional (artículos 9o. y 13) y precisiones respecto a los grupos voluntarios (artículos 3643).
Título Tercero: En este título encontramos cambios en seis artículos, en tanto que en otros seis no hay alteraciones de contenido. En el documento se definen precisiones acerca de las políticas (artículos 45 y 46) y del subprograma de restablecimiento (artículos 52 y 55).
Título Cuarto: Con relación a este título se plantea la modificación de tres artículos y dejar el resto, cinco, como en la versión original. Un elemento importante en este título es que se acotan elementos específicos de la declaratoria (artículo 56) y el carácter logístico del Centro Nacional de Operaciones (artículo 61).
Título Quinto: Este es el único título al cual le es adicionado un capítulo, el segundo, para precisar lo relativo a los convenios de coordinación (artículos 7276); del Capítulo I, antes único, se replantean cuatro artículos (artículos 64, 65, 69 y 70), proponiendo que el sistema nacional se consolide desde los ámbitos estatal y municipal (artículo 64), también se mencionan explícitamente los consejos delegacionales de protección civil en el Distrito Federal (artículos 69 y 70); los cuatro artículos quedan sin modificación (artículos 6668 y 71).
Título Sexto: En este título se propone la modificación de cuatro artículos (7779 y 81), precisando aspectos particulares del colegio nacional; un artículo permanece sin cambios (artículo 80).
Título Séptimo: Solamente se propone una adición, acotando el aspecto regional (artículo 80), manteniendo inmodificados cinco artículos (82, 8487).
Título Octavo: En este caso se cambian ocho artículos (8892 y 9597), estableciendo que las acciones de la Secretaría de Gobernación derivan de peticiones expresas del sistema nacional. En dos artículos (92 y 94), se involucra a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y a dos órganos desconcentrados de la misma en las actividades de protección civil. Dos artículos quedan como en la versión original de la iniciativa (artículos 93 y 98).
Título Noveno: En su artículo único (artículo 99), se precisa lo relativo a las responsabilidades.
TITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1o. (Sin cambio.)
Artículo 2o. El objetivo de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, las bases de funcionamiento y coordinación entre autoridades e instituciones competentes en la materia y regular las acciones de protección civil, relativas a la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico en caso de riesgo, siniestro o desastre, así como el auxilio eficiente a la población e instalaciones afectadas y el restablecimiento de las funciones básicas de la sociedad después de ocurrido el evento perturbador.
Artículo 3o. (Sin cambio.)
Artículo 4o. La presente ley tendrá las siguientes vertientes:
I. De carácter permanente, cuyas finalidades son: la prevención en situación normal, en materia de protección civil.
II. De carácter emergente, cuya finalidad es coordinar la organización de los elementos humanos y materiales para hacer frente a la situación de emergencia.
III. De carácter de recuperación, cuya finalidad es el restablecimiento a una mejor situación cotidiana.
Artículo 5o. El Presidente de la República, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, son responsables del sistema y programas de protección civil, en su respectivo ámbito y para el buen cumplimiento de la presente ley, contarán con el apoyo de los sectores público, privado y social.
Artículo 5o. (Se agrega este artículo.) Serán instancias en materia de protección civil:
I. El Consejo Nacional de Protección Civil.
II. El Presidente de la República.
III. El Secretario de Gobernación.
IV. El director general de protección civil.
V. El gobernador del Estado.
VI. El secretario general de gobierno.
VII. El Consejo Estatal de Protección Civil.
VIII. Los consejos municipales.
Artículo 5-b. (Se agrega este artículo.) Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Sistema nacional: al Sistema Nacional de Protección Civil.
II. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Protección Civil.
III. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Protección Civil.
IV. Sistema municipal: al Sistema Municipal de Protección Civil.
V. Consejo municipal: al Consejo Municipal de Protección Civil.
VI. Secretario: al secretario general del gobierno del Estado.
VII. Dirección general: a la Dirección General de Protección Civil.
VIII. Protección civil: al conjunto de principios, normas y procedimientos a observar por la sociedad, las autoridades y las instituciones de alto riesgo, en la prevención de siniestro o desastre y a la salvaguarda y auxilio de las personas y sus bienes en caso de que aquéllos ocurran.
IX. Prevención: al conjunto de disposiciones y medidas destinadas a evitar el impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población y sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva, así como el medio ambiente.
X. Riesgo: la posibilidad de peligro o contingencia de que se produzca un daño.
XI. Alto riesgo: la probable ocurrencia de un desastre.
XII. Siniestro: acontecimiento determinado, en tiempo y espacio, por causa del cual uno o varios miembros de la población sufren un daño violento en su integridad física o patrimonial, de tal manera que se afecte su vida personal.
XIII. Desastre: acontecimiento determinado, en tiempo y espacio, por causa del cual uno o varios miembros de la población o una parte de ella, sufre un daño severo o pérdidas humanas o materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impida el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, afectándose el funcionamiento vital de la misma.
XIV. Auxilio: conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente.
XV. Restablecimiento: conjunto de acciones encaminadas a la recuperación de la normalidad, una vez que ha ocurrido un siniestro o desastre.
XVI. Emergencia: situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad.
XVII. Agente perturbador: acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable (población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que puede llegar al grado de desastre; por ejemplo: sismos, huracanes, incendios etcétera. También se le llama calamidad, fenómeno destructivo, agente destructivo, sistema perturbador o evento perturbador.
TITULO SEGUNDO
De los órganos del Sistema Nacional de Protección Civil
CAPITULO I
Del Sistema Nacional de Protección Civil
Artículo 6o. El Sistema Nacional de Protección Civil se integra con los siguientes órganos y autoridades:
I al II. (Sin cambio.)
III. Los consejos de protección civil de los municipios y de las delegaciones.
IV. (Sin cambio.)
Artículo 7o. (Sin cambio.)
CAPITULO II
Del Consejo Nacional de Protección Civil
Artículo 8o. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano superior de consulta y decisiones. Lo presidirá el Presidente de la República; el secretario ejecutivo será el Secretario de Gobernación; el secretario técnico será el subsecretario de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y, el vocal ejecutivo, el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
El Consejo Nacional también lo integran los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal, que señale el reglamento de esta ley y los grupos voluntarios, así como representantes de los sectores académico y profesional y de los medios de comunicación que determine el titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación.
Artículo 9o. El Consejo Nacional de Protección Civil, es un órgano consultivo de coordinación de acciones y de participación social, en la planeación de la protección civil. Este órgano tiene entre otras, las siguientes facultades:
I. Fungir como el órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno Federal.
II. Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la sociedad mexicana.
III. Constituirse en sesión permanente, ante la concurrencia de un desastre, a fin de garantizar el auxilio a la población afectada y su adecuada recuperación.
IV. Convocar, coordinar y organizar la participación de las entidades federativas.
V. Establecer los criterios para el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de protección civil.
VI. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias y proponiendo las normas y programas que permiten su solución.
VII. Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un riesgo o desastre, a fin de determinar las acciones que procedan.
VIII. Vigilar la adecuada aplicación de los recursos que se asignen al Sistema Nacional de Protección Civil.
IX. Coordinar a los grupos voluntarios conforme a la normatividad que emita.
X. Promover ante las autoridades educativas programas en materia de protección civil en las instituciones de educación en todos sus niveles y grados.
Artículo 10. (Sin cambio.)
Artículo 11. (Sin cambio.)
Artículo 12. (Sin cambio.)
Artículo 13. El Consejo Nacional de Protección Civil se reunirá en forma ordinaria, al menos cuatro veces por año y en forma extraordinaria a convocatoria expresa del Presidente de la República o por el Secretario de Gobernación; por instrucciones o por ausencia del Presidente de la República, en cada caso se precisarán el día, hora y lugar fijados para la reunión, así como el orden del día correspondiente.
Artículo 14. El secretario técnico, quien depende directamente del secretario ejecutivo del consejo nacional coordinará la realización de los trabajos específicos que determine el consejo nacional y los que le sean encomendados por el propio secretario ejecutivo.
Artículo 15. (Sin cambio.)
CAPITULO III
De los consejos estatales de protección civil
Artículo 16. (Sin cambio.)
Artículo 17. Los consejos estatales de protección civil son órganos de coordinación de las acciones de los sectores público, social y privado, que tienen por objeto sentar las bases para prevenir aquellos problemas que puedan ser causados por los desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de que los mismos ocurran y dictar las medidas necesarias para restablecer la cotidianidad.
Artículo 18. (Sin cambio.)
Artículo 19. (Sin cambio.)
Artículo 20. (Sin cambio.)
Artículo 21. (Sin cambio.)
Artículo 22. (Sin cambio.)
Artículo 23. (Sin cambio.)
Artículo 24. (Sin cambio.)
Artículo 25. (Sin cambio.)
Artículo 26. (Sin cambio.)
CAPITULO IV
De los consejos municipales de protección civil
Artículo 27. Mediante acuerdo con el correspondiente consejo estatal de protección civil, en cada municipio se creará un consejo municipal de protección civil, como órgano superior de consulta y toma de decisiones, así como responsable de organizar respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia.
Artículo 28. (Sin cambio.)
Artículo 29. (Sin cambio.)
Artículo 30. Los consejos municipales de protección civil, tendrán las siguientes funciones:
I al VIII. (Sin cambio.)
IX. Dar a conocer a la población lo indicado en el atlas local de riesgos de protección civil, así como las áreas o zonas de seguridad con que cuente el municipio;
X. Sesionar ordinariamente en pleno cuando menos dos veces al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el gobernador;
XI. Las que le asigne la Ley Orgánica Municipal y
XII. Las demás que le asigne el consejo, su presidente o su secretario ejecutivo.
CAPITULO V
Del Centro Nacional de Prevención de Desastres
Artículo 31. (Sin cambio.)
Artículo 32. (Sin cambio.)
Artículo 33. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tendría una junta de gobierno, que será presidida por el Secretario de Gobernación e integrada por los titulares de las dependencias y entidades que señale su propio reglamento interno.
Artículo 34. (Sin cambio.)
Artículo 35. (Sin cambio.)
CAPITULO VI
De los grupos voluntarios
Artículo 36. Se establecerán como grupos voluntarios aquellas entidades que de acuerdo a su capacitación y campo de acción puedan participar como auxiliares de los poderes públicos en casos de emergencia o desastre.
Artículo 37. Los grupos voluntarios estarán formados por personas debidamente organizadas para participar en coordinación con los cuerpos públicos y privados, siendo normados por un órgano que llevará un registro, clasificación y las normas de participación deponiendo las áreas de influencia y especialidad en el registro llevado por la Dirección General de Protección Civil.
Artículo 38. Los grupos voluntarios que deseen participar en las acciones de protección civil, deberán inscribirse en la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación en el Padrón de Grupos Voluntarios de Protección Civil. Para ello, deberán ser previamente evaluados por el colegio de protección civil que ratificará el nivel de capacitación y campo de acción de acuerdo a la especialidad en que desee participar.
Artículo 39. La solicitud de inscripción deberá contener los siguientes datos:
I a V. (Sin cambio.)
VI. Registro de Hacienda y manifiesto del medio de sustento del grupo.
VII. En su caso, constancia de actualización o recertificación de los miembros del grupo de acuerdo a la especialidad que manejen.
Artículo 40. La Dirección General de Protección Civil correspondiente expedirá un certificado, en el que se asentará el número de registro, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedicará y domicilio. El registro se revalidará anualmente siempre y cuando el grupo cumpla con los requisitos que el colegio de protección civil demande.
Artículo 41. Al obtener su registro los grupos voluntarios celebrarán convenios con la Dirección General de Protección Civil, para establecer las normas de operación y coordinación con las autoridades para facilitar el cumplimiento de sus fines coadyuvando en el propósito de proteger a la población frente a situaciones de emergencia o desastre.
Artículo 42. De acuerdo a su especialidad los grupos voluntarios deberán divulgar a la población de su comunidad las normas de acción en caso de emergencia o desastre. Asimismo, podrá capacitar a las personas interesadas de acuerdo al área que maneje el grupo voluntario, pudiendo ser labores preventivas, evacuaciones, búsqueda y rescate, prevención y combate de incendios, primeros auxilios, movilización y transporte de lesionados, establecimiento de refugios temporales y manejo de bodegas especializadas para situaciones de emergencia.
Artículo 43. Los grupos voluntarios deberán tener estrecha relación con las autoridades operativas y logísticas para diseñar las estrategias de operación en distintas situaciones de emergencia o desastre de acuerdo a la emergencia que pueda presentarse. De igual manera las autoridades proporcionarán a los grupos voluntarios una lista de los proveedores de equipo y material que cumplan con las normas oficiales. En caso de desastre las autoridades proporcionarán a los grupos el material necesario para su adecuada participación durante la emergencia, previa evaluación de que dicho material sea realmente requerido.
TITULO TERCERO
Del Programa Nacional de Protección Civil
Artículo 44. Las políticas, lineamientos y estrategias que integran el Programa Nacional de Protección Civil, serán obligatorias para los sectores público, social y privado.
Artículo 45. Corresponde al Consejo Nacional de Protección Civil, la aprobación de las políticas y del programa nacional, así como coordinar su ejecución, promoviendo las acciones que se requieran con los poderes Legislativo y Judicial, así como con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales.
Artículo 46. La definición de contenidos del programa nacional mantendrá vigentes el respeto irrestricto a la autonomía estatal y libertad municipal de acuerdo a los riesgos propios de su entidad.
Artículo 47. (Sin cambio,)
Artículo 48. (Sin cambio,)
Artículo 49. (Sin cambio.)
Artículo 50. (Sin cambio.)
Artículo 51. (Sin cambio.)
Artículo 52. El Programa Nacional de Protección Civil, comprenderá tres subprogramas.
I. De prevención
II. De auxilio y
III. Restablecimiento.
CAPITULO II
De los subprogramas de protección civil
Artículo 53. (Sin cambio.)
Artículo 54. (Sin cambio.)
I al VI. (Sin cambio.)
VII. Servicios, bienes materiales y naturaleza;
VIII al X. (Sin cambio.)
XI. Reconstrucción inicial (se quita la segunda parte.)
Artículo 55. El subprograma de restablecimiento integra las acciones de coordinación de actividades entre las distintas dependencias, entidades y organismos del sector público privado y social, así como la visualización sectorial de sus áreas de responsabilidad. Se dividirá en los siguientes rubros:
I al XIV. (Sin cambio.)
TITULO CUARTO
Del estado de emergencia
CAPITULO I
De los órganos competentes
Artículo 56. Corresponde al Presidente de la República declarar el estado de emergencia y el término del mismo, en todo el territorio nacional o en parte de él y ordenar el establecimiento del Centro Nacional de Operaciones, debiendo hacer mención a los siguientes aspectos: identificación del agente perturbador y zona o zonas afectadas.
Artículo 57. (Sin cambio.)
Artículo 58. De conformidad con la publicación de las decisiones del consejo nacional y las normas que señale los habitantes de la República mexicana, pondrán a disposición de las autoridades y personas que se determinen, los bienes, servicios y personal bajo su mando que se requiera.
Los transportistas, propietarios de navíos y aeronaves, deberán poner a disposición de las autoridades señaladas por el Consejo Nacional de Protección Civil, la infraestructura, bienes, servicios y personal calificado para su operación, para hacer llegar la ayuda a las víctimas del desastre y que mediante controles específicos se permita la identificación de los propietarios de los bienes dispuestos.
Artículo 59. (Sin cambio.)
Artículo 60. (Sin cambio.)
CAPITULO II
Del Centro Nacional de Operaciones
Artículo 61. El Centro Nacional de Operaciones será entendido como una entidad logística de la cual deriven las decisiones de acuerdo a la emergencia, siendo sus funciones:
I al V. (Sin cambio.)
Artículo 62. (Sin cambio.)
Artículo 63. (Sin cambio.)
TITULO QUINTO
De la coordinación
CAPITULO I (antes único.)
De la coordinación de acciones
Artículo 64. La Secretaría de Gobernación se encargará de coordinar las acciones que deban realizarse para la integración y operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello propondrá a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, la creación de los sistemas estatales y municipales de protección civil; de los cuales deberá partir el sistema nacional.
Artículo 65. (Se agrega este artículo). Las dependencias del Ejecutivo y los demás organismos del sector público federal, deberán coordinar sus actividades en materia de protección civil, a efecto de obtener la óptima utilización de los recursos disponibles para esas actividades.
Artículo 66. (Antes 65, sin cambio.)
Artículo 67. (Antes 66, sin cambio.)
Artículo 68. (Antes 67, sin cambio.)
Artículo 69. (Antes 68.) Los consejos nacional, estatales, del Distrito Federal, delegacionales y municipales de protección civil, deberán promover la organización de un cuerpo colegiado que atienda el control de grupos voluntarios de protección civil, convocando para ello a las instituciones de educación superior, de salud y de atención de emergencias, con la finalidad de proveer de los elementos teóricos y organizativos para un adecuado funcionamiento y operación a los grupos voluntarios.
Artículo 70. (Antes 69.) Igualmente, los consejos nacional, de los estados, del Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones deberán promover y organizar la integración al Sistema Nacional de Protección Civil de las entidades gubernamentales o civiles, encargadas de algunas labores especiales a través de su incorporación a cuerpos colegiados, organizados para la atención de los fenómenos perturbadores, de acuerdo a la clasificación del sistema nacional.
Artículo 71. (Antes 70, sin cambio.)
CAPITULO II (Adición.)
De los convenios de coordinación
Artículo 72. El consejo nacional concertará con las dependencias de la administración pública federal, y con los sectores social y privado, los recursos humanos, financiero y materiales y la coordinación de acciones que se requieran para ejecución del Programa Nacional de Protección Civil.
Artículo 73. El consejo propondrá convenios con los estados, el Departamento del Distrito Federal, los ayuntamientos y las delegaciones para que la organización y estructura administrativas, capacitación, uso y manejos de equipo y reglamentos internos de los cuerpos oficiales de emergencia, bomberos, rescate y atención prehospitalaria para los casos de riesgo, siniestro o desastre, sea de acuerdo con las particularidades de sus territorios y población.
Artículo 74. La Secretaría de Gobernación podrá celebrar los convenios con el propósito de coordinar las actividades y las acciones de protección civil que realicen las autoridades federales para la aplicación de principios técnicos y procedimientos uniformes.
Artículo 75. En los convenios celebrados con las autoridades de las entidades federativas o del Departamento del Distrito Federal, podrá establecerse la realización de acciones en forma directa por las autoridades de protección civil correspondientes.
Artículo 76. Los convenios a que se refiere deberán ser publicados en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional.
TITULO SEXTO
De la profesionalización
Capitulo Unico del Colegio Nacional de Protección Civil
Artículo 77. (Este artículo era originalmente el artículo 71.) El Colegio Nacional de Protección Civil es la entidad autónoma para reconocer, evaluar y certificar los cursos teóricos, prácticos y de especialización de los participantes en las actividades de protección civil. Para lo cual, este colegio deberá ser integrado por profesionistas reconocidos como autoridades en la materia y en funciones, para alcanzar el objetivo del colegio.
Artículo 78. (Este artículo era originalmente el artículo 72.) El Colegio Nacional de Protección Civil elaborará parámetros de los conocimientos en la materia, que normarán los criterios para certificar a individuos de distintas profesiones interesados en ampliar su campo de acción al de la protección civil.
El artículo 79 (antes 73.) se deroga.
Artículo 79. (Este artículo era originalmente el artículo 74.) El Colegio Nacional de Protección Civil calificará las capacidades de empresas, grupos e individuos que ofrezcan o comercialicen servicios de divulgación, asesoría, capacitación, rescate, atención prehospitalaria o aquellas actividades relacionadas con la protección civil.
Artículo 80. (Este es el artículo 75 original.) (Sin cambio.)
Artículo 81. (Este es el artículo 76 original.) El Colegio Nacional de Protección Civil podrá tener representaciones regionales para satisfacer las necesidades de certificación y difusión en materia de protección civil, a lo largo del territorio nacional.
TITULO SEPTIMO
De la preparación y participación social en la protección civil
CAPITULO I
De la conformación de una cultura de protección civil
Artículo 82. (Este artículo era originalmente el artículo 77.) (Sin cambio.)
Artículo 83. (Este artículo era originalmente el artículo 78.) A fin de conformar una cultura de protección civil, las instituciones y dependencias públicas competentes, con la participación de instituciones y organismos privados, promoverán:
I al VI. (Sin cambio.)
VII. Se deberán tomar en cuenta las características generales de la región, así como las costumbres y tradiciones a efecto de adecuar la información que se emita y que permita a la población su más fácil entendimiento.
CAPITULO II
De la participación social
Artículo 84. (Este artículo era originalmente el artículo 79.) (Sin cambio.)
Artículo 85. (Este artículo era originalmente el artículo 80.) (Sin cambio.)
Artículo 86. (Este artículo era originalmente el artículo 81.) (Sin cambio.)
Artículo 87. (Este artículo era originalmente el artículo 82.) (Sin cambio.)
TITULO OCTAVO
De los fenómenos de mayor recurrencia
CAPITULO I
De las previsiones para sismos
Los artículos 88 y 89 (83 y 84 originalmente) del Capítulo I deberán comenzar diciendo: "la Secretaría de Gobernación, a petición del Sistema Nacional de Protección Civil..."
Artículo 88. (Este artículo era originalmente el artículo 83.) La Secretaría de Gobernación, a petición del Sistema Nacional de Protección Civil gestionará la obtención de recursos financieros suficientes, para que con la concurrencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y a través del Instituto Sismológico Nacional de México, procedan al equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos de la República Mexicana, a efecto de elaborar los mapas de riesgos correspondientes y, en coordinación con los diversos organismos de protección civil diseñar el trabajo preventivo y de divulgación necesario.
Artículo 89. (Este artículo era originalmente el artículo 84.) La Secretaría de Gobernación, a petición del Sistema Nacional de Protección Civil...
CAPITULO II
De las previsiones para inundaciones
Los artículos 90 y 91 (85 y 86 originalmente) del Capítulo Il deberán comenzar diciendo: "la Secretaría de Gobernación, a petición del Sistema Nacional de Protección Civil..."
CAPITULO III
De las previsiones para el manejo de materiales peligrosos
Artículo 92. (Este artículo era originalmente el artículo 87.) La Secretaría de Gobernación conjuntamente con la de Comunicaciones y Transportes, la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Ecología, así como las cámaras industriales y la Asociación Nacional de la Industria Química, elaborarán un padrón de las empresas que manejan materiales y residuos peligrosos, complementando con un inventario y lista única de los materiales peligrosos que se manejan en México. Asimismo promoverán conjuntamente la adopción de programas de prevención de accidentes, que garanticen la seguridad de la población.
Artículo 93. (Este artículo era originalmente el artículo 88.) (Sin cambio.)
Artículo 94. (Se agrega este artículo.) La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Ecología, llevará un control de las empresas dadas de alta como generadoras de residuos peligrosos, así como la vigilancia del manejo, tratamiento y disposición final de éstos, en los sitios de confinamiento autorizados y de acuerdo con la normatividad correspondiente.
CAPITULO IV
De las previsiones para incendios
Los artículos 95 y 96 (89 y 90 originalmente) del Capítulo IV deberán comenzar diciendo: "la secretaría de Gobernación, a petición del Sistema Nacional de Protección Civil..."
CAPITULO V
De las previsiones para fenómenos socio-organizativos
El artículo 97 (91 originalmente) del Capítulo V deberá comenzar diciendo: "la secretaría de Gobernación a petición del Sistema Nacional de Protección Civil..."
Artículo 98. (Este artículo era originalmente el artículo 92.) (Sin cambio.)
TITULO NOVENO
Responsabilidades y sanciones
CAPITULO UNICO
Artículo 99. (Este artículo era originalmente el artículo 93.) El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, dará lugar a que se exijan las responsabilidades a quien corresponda sin importar su localización geográfica, personalidad jurídica. procedencia o nacionalidad y se apliquen las sanciones en los términos de las leyes federales y del fuero común aplicables a los hechos.
BIBLIOGRAFIA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 1995.
Ley y Reglamento de Protección Civil del Estado de México, edición faccimilar, Gaceta del gobierno del Estado de México, No. 91, Tomo CLIX, Toluca, 1994.
Legislación Sanitaria de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Morelos, Toluca, 1979.
Memoria de la Primera Reunión Metropolitana de Protección Civil, noviembre de 1995, Gobierno del Estado de México y Departamento del Distrito Federal.»
Muchas gracias por su atención.
El Presidente:
Túrnese a las comisiones correspondientes.
PROTECCION DE AREAS NATURALES
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Alfonso Martínez Guerra, del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo referente a exhortación para la conservación de las áreas naturales protegidas.
El diputado Alfonso Martínez Guerra:
Gracias, señor Presidente; respetables diputadas y diputados:
Hace unos cuantos meses, poco después del informe del señor presidente Zedillo, se presentó el director de Petróleos Mexicanos en la Comisión de Ecología y al hablar de desastres, creo que estaba concatenado esto con lo que acaban de hablar algunos de los compañeros, hablamos de los desastres ecológicos y de lo que ha provocado Petróleos Mexicanos a lo largo y ancho de la República.
Se me ocurrió pedirle al señor Adrián Lajous, que sería muy recomendable para la nación que parte del producto de las exportaciones petroleras mexicanas, se aportara como un fondo federal para la preservación de las áreas naturales protegidas. No tienen que hacer un gran esfuerzo mental para imaginar la cara que me hizo don Adrián Lajous. Sin embargo este hecho trascendió ante grupos ecologistas que han visto con simpatía y me han alentado a representarlos y a llegar a esta tribuna, la más alta tribuna del país, para hacer ver ese punto de vista y exponerlo ante esta soberanía.
Muy próximo a conmemorarse una vez más el Día Mundial de la Tierra y el Día Mundial del Medio Ambiente, es preciso insistir nuevamente acerca de la grave responsabilidad de los mexicanos con respecto a la inexorable pérdida de nuestros recursos naturales que día a día se ven reducidos en el territorio nacional.
De nada sirve recordar fechas importantes sin haber de por medio una reflexión profunda, un propósito sincero, si lo que se está rememorando es precisamente para hacer un alto en el camino y con nuevos bríos y mayor fortaleza de espíritu, reencauzar nuestras acciones para evitar, como en este caso, la destrucción y degradación de nuestros bosques, nuestras selvas, ríos y mares, en perjuicio de los ecosistemas y naturalmente, de los mexicanos.
El hombre aparece sobre la faz de la Tierra hace sólo 250 mil años, lo que equivale a cinco milésimas porcentuales de la edad de la Tierra que se cuenta en millones de años. Pero ese breve plazo por nuestro planeta ha sido suficiente para transformar para mal, el paisaje terrestre de manera radical.
La población humana ha crecido velozmente durante los últimos 100 años, originando una utilización de recursos apresurada, intensa y desordenada, un manejo de los ecosistemas devastador y sin base de conocimientos.
En consecuencia la Tierra enfrenta hoy una situación conflictiva que pone en peligro la existencia de una alta proporción de las especies vivas y México, por supuesto, no es la excepción.
Todo mundo conoce el hecho de que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en diversidad biológica en el mundo. Esto nos obliga por partida doble a asumir la responsabilidad que corresponde a una sociedad en que por un lado debe asegurar el patrimonio de los recursos naturales a las generaciones futuras por el otro, a aportar como nación su esfuerzo y compromiso como custodia universal de esta maravillosa biodiversidad, ya que constituyendo sólo el 1.3% de la superficie total mundial emergida del mar, México cuenta con el 10% de las especies conocidas en cuanto a diversidad biológica.
Una vez reconocido el potencial ilimitado de esta biodiversidad, cae en nuestras manos la responsabilidad de conocerla, utilizarla y conservarla como fuente de beneficios presentes y futuros. Las reservas de la biosfera son el primer paso hacia ese objetivo, de hacer que el aprovechamiento de esa cualidad que la naturaleza volcó sobre nuestro país se haga con inteligencia para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y diversificar las fuentes de beneficios económicos.
México tiene reservas de la biosfera prácticamente en todos los ecosistemas que lo componen, desde los bosques tropicales a los desiertos, de las selvas tropicales húmedas, al borde de su desaparición, a las planicies norteñas y desde ahí a las sierras más escarpadas que alguien pueda imaginar: Kalacmul en Yucatán, Siamkan en el Caribe del sureste, Banantlán, las islas del golfo de California, El Pinacate en Sonora, Chamela, Jalisco, Los Montes Azules en Chiapas, El Valle de Cuatro Ciénagas en Coahuila.
Pero es el caso de que en México también hay depredadores, más los mexicanos, pues. Hay personas irresponsables que solas o en grupos están acabando con esa gran riqueza que es y debe ser de todos. Están destruyendo grandes extensiones que fueron asiento de enormes recursos naturales. Asimismo existen industrias que al primitivo grito de que "hay que producir a como haya lugar", sin detenerse en consideraciones ambientales, han afectado enormemente tierras, aguas y aire, a lo largo y ancho de la República.
Todavía hay quienes no han entendido la significación del desarrollo sustentable o han llegado tarde a la cita con ese concepto moderno de las naciones evolucionadas. Uno de los casos más dramáticos de la afectación de nuestros recursos naturales es el de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos en su afán de exprimir el subsuelo mexicano con fines de exportación, descuidó por décadas el entorno de sus múltiples instalaciones, tanto terrestres como marinas. La huella depredadora de Pemex salta a la vista lo mismo en la jungla chiapaneca o tabasqueña, que en nuestros litorales y mares, extendiéndose a las planicies desérticas del norte.
Ahí precisamente en donde hay grandes derrames petroleros o lunares de deforestación en bosques y selvas o ríos concentrados de venenos petroquímicos, ahí está o estuvo Petróleos Mexicanos. Sus programas ecologistas, más de oropel y reflectores que de genuina voluntad nacionalista y sincera de celo por rescatar con eficiencia nuestros recursos naturales, merece un acuerdo legislativo entre nosotros, para brindarle a la nación lo que en justicia le corresponde.
Resulta que las áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera se encuentran sólo en el papel. Con muy buenas intenciones, tal vez, pero solamente en el papel.
Dichas áreas encierran grandes riquezas naturales que día a día son saqueadas porque no existe un programa viable, con la capacidad suficiente para frenar tal desorden ni mucho menos recursos económicos suficientes para implementar algo efectivo.
Me he tomado la libertad de traer un espécimen, naturalmente muerto, es un caparazón de tortuga del Valle de Cuatro Ciénagas, del desierto, que no soy traficante de especies vivas, pero quiero decirles que esta tortuga ha desaparecido de la faz de la Tierra hace 70 millones de años y el único lugar donde se encuentra, como otras especies, se encuentran en áreas naturales protegidas que desafortunadamente han sido diseminadas. Especies como ésta es justo que las respetemos y que las preservemos para bien de las generaciones futuras.
Justo es que esos recursos los que requerimos sean aportados por Petróleos Mexicanos. Justo es que la riqueza del subsuelo se reintegre de alguna manera para preservar y rehabilitar nuestras riquezas naturales. Justo es que pague el que más destruyó.
Por esa razón proponemos que del producto de las exportaciones petroleras de siete días, tan sólo de siete días por año, sea destinado a un fondo federal para la protección y preservación de esas importantes áreas, cuyo manejo y cuidado requieren de recursos económicos cuantiosos; pero que comparados con los producidos por las exportaciones, son sólo equivalentes al 1.9% de las mismas. Solamente siete días para salvaguardar, para ésta y las generaciones futuras, nuestros recursos naturales. Los otros 358 días de exportaciones, como tradicionalmente los gasta el Gobierno Federal y Petróleos Mexicanos.
A la Tierra regresar lo que de ella es. De los 10 mil millones de dólares que se estima recibe Pemex por año, solamente 190 millones para ese deteriorado sector forestal en peligro de ser aún más afectado.
El presidente Zedillo tiene la oportunidad de demostrar fehacientemente su voluntad ecologista que ha mostrado últimamente de acuerdo a las acciones, según nos los presentan las reseñas periodísticas de los últimos meses y de los últimos días sobre todo y los mexicanos tendremos la oportunidad de comprobar la sinceridad presidencial en esta área.
Muchas gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
VOTO DE LA MUJER MEXICANA
El Presidente:
Tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al compromiso del reconocimiento del voto a la mujer.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; que se encuentran en este momento:
Pedí hacer uso de la palabra para conmemorar el 45 aniversario del compromiso que se hizo a las mujeres mexicanas para reconocerles el voto.
Fue el 6 de abril de 1952, en aquella Asamblea Nacional de Mujeres de mi partido, en el parque "18 de Marzo" y siendo candidato a la presidencia de la República don Adolfo Ruiz Cortines, donde se dieron cita 20 mil mujeres encabezadas por su dirigente femenil: Margarita García Flores. El objeto de haberlas reunido fue precisamente para subrayar la gran importancia de que la mujer no solamente tenía el derecho a votar, sino a poder ser elegida, a poder estar en la toma de decisiones.
La respuesta fue precisamente a las mujeres de mi partido, señalando que nuestra Revolución es un movimiento dinámico que tiende a la plena satisfacción de las aspiraciones de los mexicanos, así como al establecimiento de sus derechos, de sus deberes y de su protección jurídica. Recogió el anhelo constantemente expresado por diversos núcleos femeninos del país y se comprometió en ese momento a iniciar ante las cámaras las reformas correspondientes para que las mujeres pudiéramos disfrutar de los mismos derechos políticos que el varón.
Recordar esta lucha nos obliga a recordar el desarrollo de lo que antecedió a la promulgación de la obtención de los derechos políticos de la mujer. Concentrar el trabajo de las mujeres en un periodo comprendido desde 1910 y 1953, el 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial, pero en ese periodo se llevaron a cabo ligas femeniles, congresos estatales, congresos nacionales, para poder otorgar el voto municipal a las mujeres y fue así que Yucatán fue el primer Estado en 1922, Chiapas en 1925, Puebla en 1936, Sinaloa en 1939, Hidalgo en 1948, el Estado de México y Guerrero en 1951.
Pero algo pasó en 1937, ambas cámaras habían aprobado la reforma al artículo 34, fue iniciada por el Ejecutivo, mas no se pudo concluir porque le faltó el trámite legislativo de llevar a cabo el cómputo y la declaración. No se dio en sí el voto a la mujer y fue hasta 15 años después, precisamente un día después de tomar posesión como presidente Adolfo Ruiz Cortines, que presenta a la Cámara de Diputados la iniciativa. Fue un compromiso hecho y un compromiso que se cumplió. El dictamen fue aprobado en lo general por 135 votos y uno en contra aquí en la Cámara.
En el Senado también hubo un debate. Todavía hubo voces que mencionaban que la mujer para qué pedía el voto si ya tenía el manejo de dinero y se incluía en sus esposos. ¿Qué más quiere la mujer mexicana? Había esa pregunta todavía. Sin embargo se argumenta que si a la mujer se le confió en las escuelas como maestras la educación de los hijos, yo agregaría que también se le confía la educación y el crecimiento de los hijos de las casas, cómo no va a tener la capacidad, cómo no va a tener ese potencial para poder decidir también en el futuro de nuestro país.
Se mencionó que legalizando su voto habremos liquidado una deuda de gratitud con ellas y abierto una esperanza a los destinos de México. Sin embargo todavía había voces que decían que había temor porque la política era algo sucio y que las mujeres no deberíamos estar en estos terrenos. Consideramos hoy que este logro de haber alcanzado ese derecho fundamental de poder elegir y ser elegidas, esa incursión de la mujer en la vida política del país ha seguido su curso y ha habido un gran cambio cultural, el más fuerte fue vivido precisamente en las épocas de los sesenta y setenta, ha habido factores como el proceso de urbanización del país, el acceso generalizado de la población a la educación, sobre todo a nivel secundario, a los medios de comunicación también, el ingreso de la mujer al mercado de trabajo.
En 1974 la igualdad jurídica al reformar el artículo 4o. donde se establece precisamente que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero sobre todo se vino incrementando después de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer celebrada aquí en nuestro país en 1975, este incremento se ha visto reflejado en nuestra vida pública, la economía crece tres veces más en los últimos 30 años; es decir, participamos en el 30% de la población económicamente activa. Sin embargo nuestra participación en el área política, en la administración pública, en el acceso a la toma de decisiones aún no se ha dado con la satisfacción que nosotros pensamos.
En el Senado hay 16 mujeres, en la Cámara de 500 somos 71, apenas un 14% aquí y el promedio mundial es de 10%
Para las mujeres mexicanas los avances logrados a partir del reconocimiento de su derecho al sufragio ha estimulado y promovido la revisión de todo el marco jurídico a nivel federal, estatal y municipal a fin de eliminar los resabios de un trato desigual hacia las mujeres y hacia las niñas y garantizar el cumplimiento de tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha signado.
Esta legislatura puede sentirse satisfecha de que aprobamos un presupuesto por primera vez con características de generosas al apoyar recursos para programas alimenticios, la leche, la tortilla y apoyar becas para las niñas indígenas. En esta legislatura aprobamos el que se especificara que del 1% de la prima para la prestación de guarderías correspondiera el 80% precisamente en beneficio de la mujer trabajadora.
En la reforma electoral quisimos también tener un avance más para evitar una controversia anticonstitucional que se mencionaba, manejamos un transitorio para que se promoviera que los partidos políticos presentaran sus listas de candidatos a diputados y senadores y que no excediera el 60% de un mismo sexo. Esto, lo que significaba era precisamente una acción afirmativa, una acción que confirmara el 4o. constitucional, pero la paradoja que hubo en 1952 la vivimos precisamente el año pasado, aún hay paradigmas, hay límites en donde se piensa que las mujeres no existen, son invisibles o que deben llegar a un nicho de cristal y no a la toma de decisiones.
Sabemos que una ley no es suficiente si no va acompañada de una concientización de la realidad, sabemos que una acción afirmativa plantea que las buenas intenciones no son suficientes para enfrentar un marco injusto y que por ello se requiere de un esfuerzo suplementario, una acción afirmativa es una política eficaz para un trato digno y equitativo.
Nuestras condiciones y circunstancias actuales nos marcan la necesidad de un cambio de paradigma. Para observar la siguiente generación necesitamos ver hacia adelante, hombres y mujeres somos diferentes y tenemos capacidades y necesidades distintas, pero ser diferentes no quiere decir ser inferiores ni siquiera cuando a causa de la diferencia es que somos vulnerables.
La mujer mexicana en su lucha por el reconocimiento a sus derechos políticos, abre oportunidades a la esperanza de los destinos de México. Confiamos que los paradigmas no sean para disminuir el concepto de género y que las paradojas al respecto no se sigan presentando.
Aquí podemos ver un avance de contar con estadísticas separadas para hombres y mujeres y un programa que es testimonio, aprobado también por esta legislatura, de que exista una instancia que coordine todos los programas en beneficio de la mujer.
Compartir este reto entre hombres y mujeres nos corresponde sobre todo a nosotras, las mujeres que tenemos posibilidad en la toma de decisiones.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada María Rosa Márquez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Muchas gracias, con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Vengo a esta tribuna a sumarme al esfuerzo que están haciendo mis compañeras legisladoras del PRI por poner el acento en la importancia que tiene la participación de las mujeres.
Yo creo que esto es un esfuerzo que están haciendo, que refleja el esfuerzo que millones y millones de mujeres a todo lo largo y ancho del país vienen realizando por lograr que haya conciencia plena de la importancia que tenemos las mujeres, el aporte que se está haciendo a la construcción de una nueva sociedad, más justa, con mayor equidad y que para eso necesitamos de una gran participación de hombres y mujeres en nuestro país.
Por eso, yo no quiero hacer historia ni quiero referirme a cifras ni datos, simplemente uno solo: somos el 52% del padrón electoral, somos más del 50% de la población en nuestro país, por lo tanto tiene que haber, tiene que tomarse en cuenta que en nuestro país como en el mundo existen dos géneros y que en función de esta situación tiene que haber políticas que estén contemplando estas dos visiones, estas dos visiones de género, que atiendan estas realidades concretas y que en ese sentido solamente con la participación de las mujeres, en los espacios en donde se deciden las políticas públicas, va a ser posible el que haya esa visión integral de lo que tiene que ser una sociedad justa, democrática.
Pero yo creo también que necesitamos hablar de lo que son las acciones concretas y las políticas concretas que venimos empujando y venimos impulsando y quiero referirme al Programa Nacional de la Mujer, que ya se ha insistido aquí, son avances, pero quiero insistir en que lo que queremos no son modas sexenales, lo que queremos son y en eso tenemos que cerrar filas todas y todos, que sean políticas que estén garantizando el que no dependa de la ocurrencia, de la preocupación sexenal o temporal, sino que se creen los mecanismos que garanticen efectivamente una continuidad y una permanencia.
Por otro lado también se ha planteado que hay límites, hay límites y hay obstáculos muy concretos. Yo creo que en este caso lo vivimos el año pasado cuando se discutieron las reformas al Cofipe y cuando a veces nosotras mismas nos ponemos y aceptamos esos límites que nos quieren imponer y yo hablo aquí por eso de que es bueno que hayan quedado recomendaciones, pero que hubiera sido mejor que hubiese existido compromisos claros, que hubiese quedado como lo propusimos en el articulado, la garantía de que no tiene que existir la sobrerepresentación de ninguno de los géneros y yo creo que ahí uno de los problemas es que nosotras mismas a veces aceptamos esos límites.
Y por eso quiero insistir en la necesidad de estas acciones afirmativas. Vamos a apoyar todas las medidas y todos los esfuerzos que mujeres, más allá de sus intereses políticos partidarios, tiendan a llevar a un gran número, a un mayor número de mujeres a espacios de decisión, a espacios donde se deciden las políticas públicas, a cargos de representación popular, pero también lo que creemos es que necesitamos, ése es el acento y el énfasis que quiero poner, necesitamos que no aceptemos estos límites partidarios, estos límites también que nos imponen, que nos han querido imponer y que somos a veces víctimas después.
Por eso compañeras y compañeros diputados, yo quiero plantearles acá que a pesar de que haya quedado como recomendación el que no haya sobrerepresentación de ninguno de los géneros hasta en un 70%, que nosotras y nosotros hagamos un pacto, hagamos un compromiso de congruencia política, en el sentido de que impulsaremos, promoveremos, desde dentro de nuestros partidos y hacia afuera, también el que haya mayores oportunidades para las mujeres y por otro lado, que no sean solamente políticas sexenales ni modas sexenales, sino que se creen las bases de que estos programas sean impulsados de manera unitaria, plural y democrática, para que haya una verdadera vigilancia de que estas propuestas sean autorizadas y sean vigiladas todos y cada uno de los días y en todas y cada una de las instancias.
A esto es a lo que los llamo, a que tengamos en la práctica una actitud más congruente y más consecuente con lo que hemos estado mencionando aquí todas y todos, que necesitamos y que entendemos que si la mujer no está, la democracia simplemente no va.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Martha Patricia Mendoza Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Martha Patricia Mendoza Peña:
Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo quiero recordar y hacer patente que en Acción Nacional el tema de la igualdad de derechos tanto para el hombre como para la mujer, se presenta de manera natural desde su fundación como partido político en septiembre de 1939. Las mujeres participan orgánicamente en todos los trabajos relacionados a esta actividad.
La participación política de la mujer en esos años, se encontraba disminuida al no contar con la posibilidad jurídica de ejercer su derecho activo y pasivo del voto.
Pero también quiero que sepan y ya lo he reiterado en esta tribuna en algunas ocasiones, que en la exposición de motivos de la iniciativa de ley presentada por el PAN, en diciembre de 1946, respecto de otorgarle a la mujer el derecho de voto en el ámbito municipal, se señalaba que hacer participar activamente y con eficacia jurídica a la mujer en la vida pública municipal, es ciertamente de gran importancia.
Más adelante se propuso que la mujer tendría derecho activo y pasivo del voto en las mismas condiciones que el hombre, así que en los años en que Ruiz Cortines le hizo el favor a la mujer de promover el que tuviera el derecho a voto y cuando se dijo, como lo comentó aquí la diputada Lucero Saldaña, que a la mujer no le convenía participar porque se consideraba que la política era sucia, el PAN se encargó de manifestar y lo sigue haciendo, que debemos de limpiar precisamente el ámbito político, para que no sólo la mujer, sino todos los ciudadanos puedan participar de manera activa y democrática y transparente en toda la vida política de nuestro país. Esto es cuestión de mujeres y hombres.
Asimismo el PAN ha manifestado dentro de sus objetivos políticos, la promoción de la cultura política entre la población femenina, integrar a las mujeres a los cuadros del partido, capacitarla políticamente para cargos públicos y proyectar a toda aquella con vocación política para candidaturas de elección popular.
El hecho es que el día de hoy Acción Nacional ha propuesto en los primeros 15 lugares de las cinco circunscripciones, un 25% de mujeres para cargos de representación proporcional, así que nosotras no necesitamos de esos porcentajes y esas cuotas porque natural y democráticamente tenemos esa participación y aquí hablan los hechos, no las coerciones.
Quiero comentar con respecto a este tema de las cuotas y para reafirmar los posicionamientos de mi partido, las ventajas y desventajas que tienen estos sistemas.
Las ventajas es que al implementar cuotas de alguna manera, se anima a la mujer a que participe en la política, asumiendo mayores responsabilidades en la toma de decisiones. También se asegura un porcentaje importante de participación de la mujer en elección de cargos populares. Se aportan puntos de vista diferentes e inquietudes de la población femenina, pero entre las desventajas una norma jurídica que obligue a la imposición de cuotas en los procesos políticos, ya sea de representación o de asignación en administración pública, atentaría al momento de su aplicación, en contra de un universo determinable de mujeres al ejercicio de su libertad profesional, consagrado en la Constitución, y por otra parte el ejercicio de la democracia presupone la igualdad de los ciudadanos para elegir libremente la opción que se considera mejor, ya sea que la primera la represente una mujer o un hombre. Obligar a que la decisión tenga que recaer en una persona solamente por razón de su género, es atentar contra la libertad de quienes deben escoger a sus representantes.
En determinadas circunstancias, pudiera no encontrarse un número suficiente de hombres o mujeres capaces de asumir ciertos cargos o bien, porque simplemente no tuvieran el deseo de intervenir en los mismos y en esta hipótesis resultaría absurdo obligar a la participación solamente para cumplir determinadas cuotas.
Es evidente que de manera global esta participación de la mujer ha tenido mayor preponderancia, tanto en el ámbito legislativo como en la participación en la administración pública federal y en la participación en el ámbito local, que ha sido en la menor, pero yo quisiera hacer algunos cuestionamientos sobre estas acciones afirmativas.
No estoy en contra ni personalmente de las acciones afirmativas, pero sí en contra de lo que es el sistema de cuotas específicamente y yo haría estos cuestionamientos:
¿Existen algunos obstáculos culturales que inhiban la participación política de la mujer? Yo creo que sí. Dentro de los problemas con los que se enfrenta la mujer para participar en la política, son los patrones de comportamiento cultural que se manifiestan a través de una educación continuamente excluyente de la mujer en la actividad pública, a tal punto que lo político es aún considerado socialmente como un atributo de la masculinidad.
Entre las contradicciones que la mujer debe vencer está la atención de los atributos culturales que históricamente la han identificado, tales como la creencia de que si sale de su hogar rompe con el bloque familiar; si participa deja de cumplir con sus deberes y al hacerlo se interna en territorios reales y simbólicos de los varones.
Otro cuestionamiento es: ¿es compatible la asignación de las cuotas con el procedimiento de selección democrático de candidatos? El establecimiento obligatorio de cuotas con base en el género nos llevaría a implementarlas no solamente por esta causa, sino también por edades, por razas, por clases sociales o por intereses de grupos en otras razones, lo cual atenta contra los principios básicos de la democracia, como es la libertad de elección, que se subordinaría a las asignaciones arbitrarias de las cuotas.
Otro cuestionamiento que yo hago es: ¿existe alguna habilidad específica en la mujer al practicar la política? Sí, la mujer es emprendedora, eficiente y creativa, trata de resolver los problemas de la unidad doméstica, de la casa, su economía, su bienestar, de la educación etcétera, que son vividos más cercanamente por las mujeres que por los hombres, haciendo un proyecto desde una perspectiva global, ya que ella es actor y parte en todos estos ámbitos de la vida social. Por ello identifica en sus propuestas las demandas que más preocupan a los grupos discriminados.
Quiero recordar que en la Conferencia Internacional celebrada en Austin, Texas, Ana Fernández Poncela presentó una encuesta sociológica que demostró que las mexicanas de la masa silenciosa empiezan a tener mayor confianza en las figuras femeninas como posibles gobernantes y tomadoras de decisiones.
Estas son cuestiones culturales, no cuestiones de presión.
Quedan pendientes de responder otras preguntas que yo podría hacer aquí, muchísimas otras más, pero yo quiero dejarles una aquí en el pleno. ¿Qué porcentaje de mujeres mexicanas quieren participar real y activamente en la vida política de nuestro país? Les dejo esta pregunta para reflexión.
Y por último quiero aprovechar mi presencia en esta tribuna para exhortar a los diputados de la bancada priísta a que dictaminen en estos días y de manera favorable, la iniciativa que Acción Nacional presentó en el anterior periodo de sesiones ordinarias, la cual promueve la equidad, la igualdad y las mejores condiciones de trabajo para la mujer en nuestro país.
Estas son acciones y son hechos concretos que Acción Nacional propone y hace.
Yo los exhorto y espero que haya una respuesta favorable. Hablemos con hechos, no con historia nada más.
Gracias.
El Presidente:
Tiene la palabra, la diputada María Rosa Márquez Cabrera, para rectificar hechos.
La diputada María Rosa Márquez Cabrera:
Muchas gracias:
Yo pensé que era para el mismo tema. No podemos dejar pasar un dato. Los hechos son los que hacen la historia, no es la historia en abstracto. Pasaron 450 años para que en Suecia pudiera llegar una parlamentaria y podemos así tomar todas las experiencias que hay en distintas partes del mundo.
Entonces, creo que sí es muy importante estos datos concretos, los hechos que van formando y construyendo nuestra historia y también ya se hablaba aquí de todos los antecedentes, que han tenido que pasar muchas mujeres para poder llegar.
Y una de las cosas, yo quiero felicitar al Partido Acción Nacional por su iniciativa que presentaron, porque en otros momentos no consideraban la participación de la mujer, salvo en el ámbito estrictamente familiar. Y lo que sí es evidente es que primero esta sociedad va cambiando; ya el concepto de familia es totalmente distinto al que existía hace 10, 20 ó 30 años y que esta sociedad y los partidos tienen que reconocer las condiciones de familia, los distintos tipos de familia que existen y también la participación y la actuación que las mujeres hemos tenido que llevar a cuestas para poder modernizar esta sociedad.
Y sobre la pregunta de que: ¿cuántas mujeres quisieran participar en política? Yo creo que no es así, yo creo que esa pregunta, por lo menos nosotros no la tenemos que hacer, para nosotras está clarísimo, que las mujeres, todos los días, están teniendo una participación política cada vez más comprometida en este cambio de sociedad, por una sociedad más democrática.
Esta pregunta ya nos la han respondido las amas de casa, las mujeres en las colonias, en los barrios, en las luchas sindicales, en todas partes, en donde tienen su trabajo cotidiano y en donde están exigiendo mejores condiciones de vida para ellas y para sus familias.
Yo creo que esta pregunta ya está bastante resuelta y bastante contestada a lo largo y ancho de la historia.
Hoy lo que se requiere es que los partidos políticos, los gobiernos, abran los ojos. Lo que están exigiendo las mujeres es hacernos visibles, que nos vean porque sí hay, sí están en todas partes, son grandes dirigentes, son gente muy responsable en todos los rincones de nuestro país.
Yo creo que eso es lo que está en debate, esta nueva sociedad, esta nueva concepción de familia, que ya no es el papá, la mamá y los niños, sino que ya miles de mujeres son jefas de familia, que tienen distintas responsabilidades, que están asumiendo compromisos también y que exigen también que las leyes puedan estar adecuadas a esas nuevas condiciones y que para eso se necesita que estén muchas mujeres con esa visión de género también.
También la cuestión de las cuotas no es sólo la garantía de que porque esté el 30%, el 40%, el 50% de mujeres van a cambiar las cosas o va a haber una visión de género.
Tenemos el ejemplo, para no mencionar casos concretos aquí en nuestro país, pero tenemos una Tacher, que no fue garantía de que hubiesen mejores condiciones para las mujeres, sino que tiene que haber también esta visión de género e impulsar estas políticas.
Entonces tiene que ser con este sentido las cuestiónes de las cuotas. Pero también aclarar que las cuotas, estas acciones afirmativas están planteadas como medidas temporales. ¿Qué tan temporales van a ser? Pues la misma sociedad es la que nos va a decir esa temporalidad, el avance en la construcción de la democracia nos va a decir si tienen que ser por unos años, si tienen que ser por unos meses o si tienen que ser periodos más largos.
Y yo creo que depende de eso, de que todas y todos, contribuyamos a que este tipo de acciones afirmativas, que no solamente están planteadas para las mujeres, sino que están planteadas entendiendo y reconociendo la pluralidad de nuestra sociedad. Y que hay sectores que también han sido marginados y que en ese sentido tiene que haber estas acciones afirmativas no sólo para las mujeres y que tenemos que entender que esto va a ser temporal en la medida que nuestra misma sociedad así vaya avanzando.
Entonces vamos siendo propositivas y propositivos y vamos entiendo no con preguntas sino reconociendo una realidad, que las mujeres en todas partes nos están planteando, nos están reclamando una mayor participación.
Muchas gracias.
TRABAJO LEGISLATIVO
El Presidente:
La diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al tema del trabajo legislativo.
La diputada María Leticia Calzada Gómez:
Muchas gracias señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros diputados:
En general la calumnia y la insidia cuando se expresan a alguien que ni la debe ni la teme, son una agresión que sorprende, que desconcierta, que duele. La calumnia es una agresión que genera violencia y más agresión.
Cuando se presentan la calumnia y la insidia en el contexto de las relaciones interpersonales, pueden dar lugar a explicaciones, pueden ser razón de distanciamiento, pueden terminar definitivamente con una amistad, pero en todo caso se dirimen, se presentan en el plano de lo privado.
Cuando la calumnia o la insidia se expresan en ésta, la Cámara de Diputados de México, suplantando el debate político, son una falta grave a los intereses populares, a la integridad y a la soberanía de la nación.
Porque estamos aquí para cumplir con la función a la que nos comprometimos cuando fuimos elegidos. Estamos aquí para reflexionar, para debatir, para argumentar con ética y responsabilidad política, para hacer que el Congreso sea esa instancia de reflexión, debate y decisión, que garantice y salvaguarde los intereses del pueblo de México, el equilibrio de poderes y la integridad y la soberanía de la nación.
Tanto la Ley Orgánica como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen normas y disposiciones que garanticen, como se menciona en la introducción de la ley, el principio democrático de que las decisiones corresponden a las mayorías, pero que preserven también los derechos de las minorías y faciliten los acuerdos y consensos.
Estas disposiciones, buscan también que se dignifique y se haga la tarea que el electorado confirió a cada una de las diputadas y a cada uno de los diputados.
Cuando se instaló ésta, la LVI Legislatura, conforme lo señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, ante el Presidente de la primera mesa directiva protestamos guardar y hacer guardar la Constitución y desempeñar leal y patrióticamente el cargo conferido por el pueblo mirando por el bien y la prosperidad de la nación. Y yo pregunto: ¿en qué contribuyen las calumnias y las insidias vertidas en los debates que se dan en el pleno de esta soberanía al bien y a la prosperidad de la nación?
En la sesión inmediata anterior celebrada el 3 de abril del año en curso, al concluir mi intervención, la diputada Josefina Balleza Sánchez, desde su curul, solicitó hacerme una pregunta a la cual, naturalmente, accedí. En su primer cuestionamiento la diputada formuló, con la intención de dañarme, una pregunta tan artificiosamente expresada que no la entendí, pero cuando la diputada Balleza repite su pregunta ésta es una acusación calumniosa. Ahí está en el Diario de los Debates.
La diputada lo hizo con el propósito de desprestigiarme sembrando la duda, ocultándose en el "se dice". Si se dice o no se dice, ella dijo que se dice y aprovecha su derecho a participar en un debate para hacerme una pregunta que es una insidia. La diputada crea de la discusión asuntos personales. ¿Qué más personal para una mujer que sus hijos y su condición de mujer? Con su pregunta, la diputada regresa a la cultura que no queremos las mujeres, a la cultura de la incapacidad y sometimiento de las mujeres a los varones. Para ella, no habría manera de tener hijos estudiando en Europa o un vehículo de lujo, sino con la ayuda de un varón, un gobernador. De paso, también expresa la cultura política que muchos queremos erradicar de éste nuestro México, la política del uso privado de los bienes públicos.
No diputada, soy una mujer sin suburban; pero sí, con dignidad. Sí con respeto a mi misma y al mandato que recibí. Sí con principios. Mi hijo mayor efectivamente estudió en Europa. Concluyó sus estudios hace ya algunos años gracias a sus padres y a una beca de la familia paterna. Ningún gobernador pagó sus estudios.
Cuando se interviene con calumnias e insidias en un debate político, se comete una falta grave a esta soberanía. Se comete también una falta grave al mandato de los representados. La diputada Josefina Balleza faltó el respeto a sus representados. Recibió de ellos el mandato de venir a esta Cámara a debatir, a reflexionar, a decidir, a contribuir al bien y a la prosperidad de la nación.
Por respeto a esta soberanía, por respeto a los electores guanajuantenses que eligieron a la diputada Balleza para que los representara en esta LVI Legislatura y en atención a que se negó a retirar las acusaciones calumniosas vertidas contra una servidora, le solicitó, atentamente, señor Presidente, con base en los artículos 105 y 107 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que actúe de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y mande a la Secretaría insertar en acta especial las expresiones que causaron ofensa, para proceder a lo que hubiera lugar.
Por su consideración y mandato, gracias señor Presidente.
El Presidente:
Se ruega a la Secretaría...
Para contestar alusiones personales, la diputada Josefina Balleza Sánchez, tiene la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Josefina Silvia Balleza Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 107 del reglamento establece dos elementos para justificar que se retire del Diario de los Debates, una intervención que signifique injurias o calumnias.
Quiero decirle a mi compañera la diputada Calzada, que yo en ningún momento aseguré, simple y llanamente le hice una pregunta a la cual ella contestó y yo quiero decirle a la compañera Calzada, que a mí me extraña muchísimo que se indigne tanto cuando aquí se hace una pregunta y que puede verlo en el Diario de los Debates, como ella cita, que en ningún momento yo aseveré; yo le pregunté respetuosamente, ella contestó y yo acepté su respuesta. Pero me extraña muchísimo que se espante tanto de las preguntas cuando aquí, puede ella analizar y todos ustedes, en el Diario de los Debates, en donde constantemente sí se injuria, sí se calumnia a los priístas.
Ya lo dije, el día anterior el diputado Ortiz Walls, aseguró en esta tribuna, y lo puede ver en el Diario de los Debates, que los priístas habíamos matado a Colosio. Esas sí son calumnias; yo exclusivamente le hice una pregunta. Por eso considero que lo que aquí reclama la diputada Calzada, no procede.
Así que por lo tanto, no se justifica.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, la diputada Gloria Sánchez, hasta por cinco minutos.
La diputada Gloria Sánchez Hernández:
Con su permiso, señor Presidente:
El tema que lamentablemente hoy nos ocupa se hubiera podido evitar si hubiéramos tenido la sensibilidad de mujeres en su momento, para reconocer que ese lenguaje real al que alude la compañera diputada que me antecedió, escondía un lenguaje oculto.
Las injurias y las calumnias a las cuales alude la compañera priísta por el caso Colosio, son y están en la esfera de lo político. El esclarecimiento del caso Colosio todavía no se da; pero el pueblo de México siente que sabe quién mató a Colosio. Pero ése es un asunto de carácter político y no se trata aquí de poner este tipo de ejemplos que no ayudan en nada a lo que nosotros queremos edificar.
Por eso, señor Presidente y dado que lamentablemente la compañera insiste en dejar, como lo hizo en aquel momento, nos vemos en la penosa necesidad de continuar el trámite que ha iniciado ya con su intervención la compañera Leticia Calzada Gómez.
La diputada Consuelo Botello Treviño (desde su curul):
¡Una moción al Presidente!
El Presidente:
Sí, una moción.
La diputada Consuelo Botello Treviño (desde su curul):
Señor Presidente:
De acuerdo con las facultades que a usted le concede el reglamento de esta Cámara, yo le pido que instruya a uno de los secretarios a que lea el artículo 107, para que usted le dé el trámite consecuente que el artículo señala.
El Presidente:
Solicitamos a la Secretaría dar lectura al artículo referido.
La secretaria María Guadalupe Morales Ledesma:
"Artículo 107. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido; si aquél no lo hiciere así, el Presidente mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa, se autoricen por la Secretaría, insertando éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar."
El Presidente:
En virtud de que la diputada Leticia Calzada Gómez se siente afectada por las declaraciones vertidas, le ruego a la Secretaría formule un acta especial, para que proceda lo conducente.
COMPAÑIAS DISTRIBUIDORAS DE GAS BUTANO
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al abuso de las compañías de gas y de otros servicios públicos.
El diputado Daniel Quintero Peña:
El grupo de diputados que redactaron el artículo 27 constitucional, como nos dice Emilio Rabasa, presidido por el ingeniero Pastor Ruak apartándose de la tradición jurídica nacional y de las doctrinas liberales, asentaron un nuevo concepto de la propiedad y otorgaron a la nación el dominio directo de aquellos bienes cuya explotación estimaron que debía hacerse en favor de todo el pueblo de México, de forma tal que el aprovechamiento, conservación y distribución equitativa de la riqueza pública, sean reguladas por el Estado. Y agrega:
"La importancia de los energéticos en la vida moderna, es decisiva; por eso el petróleo, los hidrocarburos de hidrógeno y las energías eléctrica y nuclear, invariablemente deben ser explotadas y administradas por el Estado."
Además el párrafo tercero del artículo 28 constitucional señala que:
"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias primas o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas, provoquen insuficiencias en el abastos, así como en el alza del precio. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses."
Sobre este considerando, el sector energético del país representa no únicamente un área estratégica, por lo que se refiere a su manejo, función, objetivos de ingresos; lo es también por su carácter eminentemente social.
No sería remoto asegurar que los trabajadores del país destinan por lo menos 15% de sus ingresos para costear su transporte, a través de vehículo propio o a través del servicio público. Mejor aún, al menos el 5% de los ingresos totales de las familias de trabajadores más desprotegidas económicamente es destinado al pago de gas para uso doméstico.
Los energéticos, pues, podían estarse llevando la quinta parte del ingreso del trabajador y es por ello que, dada así la importancia del sector energético en la vida cotidiana de los trabajadores, me permito exponer lo siguiente:
El sector energético del país, como todos sabemos, se encuentra regulado por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, por lo que se refiere a su explotación y distribución. En lo que se refiere a su venta al público presenta graves contradicciones y anticonstitucionales irregularidades a saber:
La venta del gas butano en el país es controlado en un 80% por una familia y aunque los concesionarios de este servicio han hecho creer que aunque con parentesco se trata de empresas distintas, lo cierto es que en la práctica del mercado manejan políticas similares.
En la regulación de esta actividad comercial e industrial, la Procuraduría Federal del Consumidor ciertamente logró que las empresas concesionarias de gas colocasen sellos a los cilindros de 45 y 30 kilos, los más populares en el consumo, con objeto de evitar sospechas respecto al contenido, respecto al peso de los tanques.
Sin embargo, las sospechas pudieron desaparecer en parte en cuanto a la responsabilidad de las distribuidoras, pero es un clamor generalizado que los tanques de gas que son vendidos con sellos o sin sellos no pesan el gas pagado por el usuario y que se sepa todavía no hay quien supervise en las plantas de llenado que los cilindros de gas salgan de las plantas con el contenido que se especifica en las ventas.
También es cierto que la misma Procuraduría Federal del Consumidor, haciendo uso de la ley y de su competencia, logró que las mismas empresas gaseras entreguen facturas de venta y otras una simple nota en los lugares de la entrega y que colocaran los precios a la vista del consumidor, hecho que de entrada permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrir una investigación respecto al manejo de las empresas de gas. Hay sospecha de que venden más gas que de lo que realmente suministran o facturan. La falta de control de las empresas de gas podrá ser entonces un factor de desventaja enorme para los consumidores del país y una absurda hipocresía constitucional que por un lado pretende conservar bajo control estatal el manejo de los recursos energéticos como área estratégica y, por el otro, desprotege el objetivo más importante de la legislación y del Estado: los ciudadanos víctimas de abusos y de arbitrariedades.
Es claro para todos que la Procuraduría Federal del Consumidor, según lo establece en el párrafo tercero del artículo 28 constitucional, se encargará de proteger los derechos del consumidor. Pero ocurre que en ninguna de las 64 delegaciones federales de la Profeco en los estados existe el equipo técnico necesario para verificar los contenidos de los tanques de gas de 45 y 30 kilos ni para medir los flujos de carburante de los autotanques que abastecen depósitos fijos y menos aún para calibrar o verificar los flujos en el servicio de gas por tubería en las ciudades que cuentan con este servicio. Esto en virtud de que una simple báscula no detecta los residuos en tanques de gas ni existe equipo para calibrar medidores de energía eléctrica ni infraestructura para calibrar o medir los flujos de los medidores de agua instalados en todo el territorio nacional.
Sin duda que este marco regulatorio de la venta de gas exige más facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero acompañados de más recursos técnicos, humanos y financieros, porque de otra manera estaríamos solapando un abuso, insisto, de dimensiones mayúsculas y, por el otro lado el espíritu de la ley del artículo 27 y 28 quedaría truncado al controlarse el manejo del sector energético por el Estado, pero en pleno libertinaje de los particulares en la tarea que más debe de interesarnos: las características de su venta al público.
Por la simple razón de que no existe, pedimos lo siguiente:
1. Una asignación adicional del presupuesto a la Procuraduría Federal del Consumidor en toda la República, para la instalación de laboratorios de pruebas para que puedan realizar calibraciones, pruebas de calidad y mediciones de estos equipos de distribución de gas, agua y del sector eléctrico.
2. Que todas las compañías gaseras de todo el país se ubiquen en zonas alejadas a las zonas urbanas densamente habitadas, debido a que en ciudades como Tijuana y Ensenada, Baja California, representan una verdadera bomba de tiempo y por cuya experiencia, aún sin consecuencias mayúsculas, ha cobrado la vida de por lo menos cuatro personas.
3. Que las compañías de gas reemplacen los cilindros de 45 y 30 kilos en mal estado, vigilados en este aspecto por la Procuraduría Federal del Consumidor, que está facultada para asignar peritos en la materia.
4. Que se constituya un comité municipal en cada ayuntamiento integrado por las autoridades municipales, estatales y federales, encargados de la verificación y vigilancia de la operación de las empresas gaseras, de agua y de energía eléctrica.
5. Que se asegure y verifique que el precio de los tanques de gas sea eso, gas, en virtud de que en múltiples casos los cilindros no pesan lo que el pueblo paga. El pueblo está impune ante estos concesionarios que lo roban día con día.
6. Que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal abra delegaciones federales en los estados de la República, para que asuman sus funciones regulatorias que excedan la competencia de los otros niveles de gobierno o de la misma Procuraduría Federal del Consumidor y que estas delegaciones que proponemos de Energía, de Minas e Industria Paraestatal en los estados, establezcan estrecha coordinación con las respectivas autoridades locales y que vean los planteamientos tan repetidos de quejas, de solicitudes sobre el costo del consumo de energía eléctrica.
7. En congruencia con el párrafo tercero del artículo 28 constitucional, que se establezca un precio fijo para la venta de gas, energía eléctrica y agua, en virtud de que las complejas fórmulas para las tarifas del servicio del suministro de energía eléctrica son incomprensibles para la mayoría de los usuarios, mientras que los aumentos mensuales escalonados de gas causan estragos en la economía de los trabajadores.
8. Que los precios de gas adquieran carácter oficial y que sean precios que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
9. Que se establezcan sanciones como la cancelación de la concesión en caso de incumplimiento de los puntos segundo, tercero y quinto de este planteamiento, en su caso autorizado por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, así como de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Procuraduría Federal del Consumidor.
10. Establecer un tope máximo de quejas de ciudadanos ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por supuesto de fehaciente comprobación, de acuerdo con el número de habitantes o de usuarios del servicio para que la SEMIP esté en condiciones fundadas por la demanda social de cancelar la concesión en forma automática y que ello venga establecido en la concesión como condición para su vigencia en apego al artículo 14 y 16 constitucionales.
11. Que la SEMIP y la Secofi, establezcan precios y tarifas topes para la venta de gas en ciudades donde no exista una verdadera competencia entre las empresas distribuidoras de gas y que funcionen como disfrazados monopolios o en su caso, fijar como posición que en una misma ciudad no podrán operar dos compañías cuyos accionistas mantengan hasta un segundo o tercer grado de consanguinidad. Estas condiciones que, es aplicable al sector público para evitar actos de corrupción, serían justamente aplicables al sector privado por la misma condición.
12. Abierta que ha sido la competencia del servicio de larga distancia, que en el caso del servicio de telefonía local las empresas concesionarias en el país instalen medidores para que el consumidor corrobore el número de llamadas realizadas o en su caso el tiempo utilizado.
13. Que la SEMIP favorezca el otorgamiento de concesiones para la venta y distribución de gas a los inversionistas de cada región o localidad de que trate la concesión.
14. Que las concesiones para la venta y distribución de gas sean otorgados por máximo de 10 años, para evaluar su correcto funcionamiento cuya prioridad deberá de ser justamente el servicio público.
Pido, señor Presidente, que esta propuesta se turne a la Comisión de Energéticos para su atención y seguimiento.
Gracias.
El Presidente:
Túrnese a la Comisión de Energéticos.
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
El Presidente:
Tiene la palabra el diputado Salvador Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al Conacyt.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Miren, compañeros diputados, el jueves de la semana pasada presenté un problema que nos compete a todos los legisladores y a todas las personas y a todos los ciudadanos interesados en que este país se hizo con educación y que es con educación o políticas científicas y políticas tecnológicas como va a salir adelante.
Están aquí presente un grupo representativo de la coordinadora nacional de estudiantes de posgrado a quienes les damos la bienvenida; honran este Palacio Legislativo con su presencia y sólo espero que nosotros los honremos a ellos con nuestras decisiones, haciendo que nuestras decisiones se cumplan.
Miren ustedes, voy a leer un documento que dice así: "Coordinadora Nacional de Estudiantes de Posgrado. Abril 8, 1997. A la Cámara de Diputados. La Ley de creación del Conacyt establece en su artículo 2o. fracción XIII, que una función del consejo es la de formular y llevar a cabo un programa nacional controlado de becas.
En esta ley, cuya última reforma ocurrió en 1974, no existe referencia alguna al carácter crediticio de las becas del Conacyt. El 23 de noviembre de 1995 se publican los estatutos orgánicos del Conacyt vigentes. En estos estatutos se omite la fracción XIII ya citada, además de las fracciones VIII y XXV, referentes a las funciones del consejo de promover nuevos centros de investigación y de integrar bolsas de trabajo que permitan el mayor y mejor aprovechamiento de los investigadores.
En este estatuto se establece que es competencia de la dirección adjunta de administración y finanzas, administrar el programa controlado de becascrédito desde la asignación de la beca hasta su bonificación o recuperación extrajudicial en los términos previstos en el reglamento general del sistema de becascrédito, artículo 22 fracción XVI.
Estos estatutos establecen la creación de la dirección de asuntos jurídicos, la que depende directamente de la dirección general del Conacyt y una de sus funciones es realizar las acciones de cobranzas de los diversos deudores del consejo.
Artículo 24, fracción II. Existe una reglamentación para dichas becas. El reglamento 1992 se refiere como becas del Conacyt a estos proyectos económicos para los estudiantes de posgrado. En el reglamento aprobado el 2 de agosto de 1995, la denomina becascrédito, incluso antes de la publicación de los estatutos orgánicos del Conacyt que datan de noviembre del mismo año.
El reglamento 1995 viola la ley de creación del mismo consejo y establece una serie de medidas que considera a los becarios más como futuros deudores que como futuros investigadores.
Esta política desvirtúa uno de los propósitos originales para los que fue creado, que es impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación de recursos humanos.
Desde noviembre de 1996, hemos solicitado en diversas ocasiones al Conacyt la abrogación del reglamento 1995 que ha sido aplicado de forma retroactiva a los becarios regidos por el reglamento 1992. También hemos solicitado una reunión con la junta directiva del Conacyt para exponer estas irregularidades; estas peticiones han sido denegadas, los estudiantes de posgrado pedimos su intervención, se refieren a las diputadas y a los diputados, para impedir que se desvirtúen las funciones originales del Conacyt y que se atente contra el desarrollo científico y tecnológico del país."
Compañeros diputados:
Di las pruebas. Di, otorgué, presenté las pruebas de que el actual director del Conacyt sistemáticamente viene desarrollando una política cuyo objetivo es tener un club de deudores, no un club de becarios, violando las reglamentaciones que se votaron en esta Cámara de Diputados.
Tengo en mis manos, compañeros diputados, dictamen a discusión: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 21 de diciembre de 1970. Lo obtuve del Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados.
Dice el artículo 17, lo que aquí se votó: "la canalización de fondos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas y cualquier otra ayuda de carácter económico que proporcione, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio y en su caso a las siguientes condiciones:
1o. El consejo vigilará la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione.
2o. Los beneficiarios rendirán al consejo los informes periódicos que se establezcan sobre el desarrollo y resultado de sus trabajos y
3. Los derechos de propiedad industrial respecto de los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que reciban ayuda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, serán materia de regulación específica en los contratos que al efecto se celebren, en los que se protegerán los intereses del país y del consejo y los de los investigadores.
Nunca dice que las becas se cobrarán, nunca dice que se cobrarán en Udis, nunca dice que se exigirán bienes y raíces y avales para otorgar las becas, nunca dice que se cobrarán intereses moratorios; lo que sí dice este documento oficial emitido por la Cámara de Diputados en 1970, es que la función del Conacyt es promover un sistema de becas para formar el capital humano de alto nivel en este país; promover la discusión para definir políticas científicas y tecnológicas para nuestro país.
Compañeros diputados: este país no tiene una política científica y una política tecnológica clara, el actual director está preocupado por pagarés, por tenedores, anda viendo a quién le vende la deuda, a algún banco o algo para que le cobre a los becarios, está preocupado por bienes y raíces y avales, pero no está preocupado por definir una política científica y tecnológica para nuestro país.
Miren ustedes, pedí la renuncia del doctor Bazdresch el jueves pasado. Hoy exijo la renuncia del doctor Bazdresch.
Aquí tengo uno de los pagarés cuya fecha es 17 de febrero de este año, después de que en las sesiones ordinarias del periodo pasado se acordó con el doctor Bazdresch que iba a retirar su proyecto bancario que le estaba aplicando a los becarios, que Conacyt no es un "banbecas", es una institución que creó el país para coadyuvar al desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación.
Y en el pagaré que obligó el señor a firmar a muchos becarios, hay una parte verdaderamente patética, compañeros diputados, dice: El incumplimiento en el pago de dos o más mensualidades, da derecho al Conacyt o a su tenedor a exigir el cumplimiento total e inmediato del saldo insoluto. No sé de qué se está hablando, no podemos permitir esto.
Quiero concluir. El próximo jueves voy a presentar a ustedes de manera formal un juicio político al maestro Carlos Bazdresch o ingeniero, ya no se sabe qué es, banquero, lo que sea, con base en la Constitución Política de nuestro país.
Artículo 108 Título Cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos.
Artículo 109 fracción I. Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110, a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Fracción III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Compañeros diputados, el jueves de la semana pasada se le hizo un extrañamiento al maestro Bazdresch, ingeniero o banquero, se le hizo un extrañamiento porque incumplió un acuerdo tomado por esta Cámara de Diputados. El día sábado compañeros diputados, en el periódico La Jornada, el doctor David Torres, secretario particular o funcionario especial del maestro Bazdresch, sacó en La Jornada, yo lo leí en La Jornada, una carta en donde el Conacyt acepta públicamente que sí violó los acuerdos tomados en la Cámara y textualmente se dice en ese documento que sí lo violó, pero que sólo afectó al 2% de los becarios y que el problema fue que los pagarés que les hizo firmar se confundieron de papelería y que utilizaron la papelería anterior a los acuerdos que se habían tomado en la Cámara.
Aquí dice que un funcionario puede y debe ser destituido por insuficiencia administrativa. En consecuencia, si el jueves de la semana pasada pedí la destitución del doctor Bazdresch hoy la exijo y el próximo jueves entregaré, presentaré por escrito el juicio político al doctor Bazdresch.
Quiero pedirle a todos los diputados de todos los partidos, que ante argumentos y ante hechos, ahora me toca a mi decirles que no hay que politizar el problema, porque no se vale que sistemáticamente estén violentando los acuerdos de la Cámara de Diputados.
Si nosotros no exigimos que los funcionarios que violen los acuerdos de esta Cámara de Diputados, compañeras diputadas y compañeros diputados de todos los partidos, ¿cómo vamos a hacer que se respeten las decisiones del Poder Legislativo en este país? Seremos los primeros cómplices si no hacemos que se aplique la ley en beneficio de los jóvenes que actualmente están estudiando, se están preparando, están haciendo un doctorado para que este país se desarrolle, porque la política de estos funcionarios es que este país esté permanentemente en vías de subdesarrollo. Lo que queremos es sacar adelante a nuestro país.
Es obligación de esta Cámara, de todas las diputadas y diputados, legislar para que en este país se creen las mejores condiciones, compañeras diputadas y compañeros diputados, para que la razón se desarrolle. Lo que se ha venido haciendo en este país es que parece ser que la razón se ha vuelto tonta, la razón se ha vuelto torpe y cada vez que se comete una salvajada, como tratar de hacer del Conacyt un banco, se dice: fue un error administrativo. No es un error administrativo, es una política antiintelectual, es una política anticultural y es una política, ese término tan desgastado, "neoliberal", que hoy adquiere plasticidad.
Los jóvenes lo que quieren es que lo que aquí se acuerde se establezca en reglamentos y se respeten, pero cuando no se respeta y los reglamentos que ya están aprobados y por escrito, pido y exijo que por el bien de la nación, por el bien de los jóvenes, en este país, repito y concluyo, el 96.6% de los niños que se inscriben en primaria nunca van a tener un posgrado si no intervenimos, compañeras diputadas y compañeros diputados.
Por favor intervengamos, exijamos y hagamos que se respeten nuestras decisiones en bien de los jóvenes que son el futuro del país, y tenemos que apoyar desde educación básica hasta el postrado al mismo tiempo para cerrar la pinza para que este país salga adelante gracias a las nuevas generaciones, nosotros establezcamos esas condiciones.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Sánchez Aguilar:
Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Compañeros becarios del Conacyt, lo que se ha planteado en esta tribuna es la confrontación entre dos conceptos de apoyo y de estímulo a la educación superior. El concepto de beca que estrictamente interpretado, es la ayuda a título de gratuidad para que nuestros jóvenes puedan acceder a los posgrados, a las maestrías, a los doctorados, a los programas avanzados de administración.
Y otro criterio denominado crediticio, mediante el cual se puede apoyar ciertamente, pero de manera condicionada. ¿Condicionado a qué?, a que naturalmente el educando, tras concluir sus estudios retribuya el monto de un crédito.
Desde luego nosotros rechazamos esta segunda concepción, porque no corresponde a la realidad del país el pretender que a los jóvenes estudiantes se les convierta en rehenes de instituciones bancarias. No procede establecer mecanismos de banquero moderno, como los que practica Carlos Bazdresch, en donde primero exige avales.
Yo me pregunto, compañeras diputadas, compañeros diputados, ¿quién hoy en esta terrible crisis que afronta el país, está dispuesto a ser aval de otro? Primero necesitaría tener un empleo y un patrimonio para poder responder con responsabilidad y aún teniendo un empleo habría que considerar el factor de resistencia para comprometerse a futuro a cubrir un crédito en favor de otra persona.
Alucina Bazdresch, alucinan los tecnócratas del Conacyt cuando consideran que con la introducción de esos mecanismos bancarios y crediticios van a, dicen ellos, a alentar en mayor medida la educación superior.
¿Por qué hacen cuentas alegres? Van a cobrar de 2 mil a 3 mil y van a tener mayores recursos. Eso contiene un error de planteamiento.
Además preguntémonos, ¿qué ocurrirá con aquel joven que no consiguió el aval, con aquel jovencito que le pidió a su tío, a su tía, al hermano, al amigo, al compadre del papá, que coopere, cuando el amigo, el tío, el pariente o el compadre no tiene industria, no tiene bien raíz y además, gracias a la política neoliberal zedillista, perdió su empleo en aras del Tratado de Libre Comercio, porque los empleos se están creando al norte del Río Bravo?
Este primer razonamiento sería suficiente para descartar las iniciativas y los despropósitos del señor Bazdresch.
Pero vayamos a otro asunto, que es el fondo, ¿Podría aceptarse por algún sector de la sociedad el esquema crediticio? Pero ése sería propio de banqueros, de bancos, sería propio de organizaciones, incluso civiles que estén dispuestas a constituir fondos y patrocinar y luego recuperar.
Podría ser in extremis el mecanismo de las instituciones privadas de educación superior que ciertamente manejan esos esquemas, Tecnológico de Monterrey, por ejemplo.
Pero plantear el crédito, el aval, el interés moratorio por parte de una entidad del Estado, de un organismo denominado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como dirían muy orondones los compañeros diputados priístas, conquista de la Revolución, plantear eso desde las esferas más altas de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno Federal, es una aberración monumental, porque el Gobierno está para promover la educación superior no para obstaculizarla, como es el caso con el sistema ideado por el señor Bazdresch.
El sistema por él impulsado, es un diseño siniestro que proviene de las oscuras cuevas tecnocráticas del Banco de México de donde emana este señor Bazdresch, fueron a reclutar precisamente al funcionario equivocado, cuando ahí debería estar un eminente académico, un investigador de raigambre pura o profunda o eminentemente universitaria.
Y llama la atención que Bazdresch presente un programa perfecto como banquero, agiotista y usurero, cuando en contrastre hay otro personaje, igualmente siniestro, por supuesto, a quien no voy a defender, ha sido mi cliente en esta tribuna, lo he juzgado, he pedido acción penal en su contra, es el propietario de Teléfonos de México, el señor Carlos Slim, socio de Carlos Salinas, por eso dicen que en árabe Salinas se dice "Slim".
Este hombre Slim, aparte de telefonista es banquero, quiero que sepan. Es el dueño de Inbursa y este hombre, con mejor y mayor imaginación que Bazdresch, acaba de lanzar un programa de becas, camaradas, incondicional, no pide avales, no exige pago en el año 2005 ni en el 2003, desde luego quiero lavar su imagen. Es, desde luego, insisto, una actitud que no podría uno calificar plenamente de progresistas, pero tampoco podemos ser en el exceso mezquinos.
Ni Slim está planteando hoy por hoy un esquema de beca crédito, un esquema para poner como rehén al estudiante, para comprometer su futuro, su derecho al trabajo o su derecho a no trabajar, comprometiéndose a pagar fatalmente un adeudo.
Por esas razones, consideramos nosotros que la presentación que aquí se hace hoy del famoso pagaré, debe ser en efecto denunciada.
No puede esta Cámara de Diputados dejar pasar un acuerdo que aquí se ratificó, ya ha sido leído el texto, en donde se señala que por ninguna razón puede haber interés moratorio para los jóvenes estudiantes que obtuvieron un crédito y aquí está muy claro y subrayado, se exige el pago de los intereses moratorios.
Se preguntaba el diputado que nos antecedió en esta tribuna, ¿qué querría decir? ¿Le da derecho al Conacyt o a su tenedor?
Pues veamos, señores, lo que esto quiere decir. Quiere decir que el Conacyt se reserva el derecho de entregarle este instrumento de coacción a terceras personas. Si el Conacyt defendiere su imagen de no usurero, lo que aquí está diciendo es que puede entregar en propiedad o en procuración, puede endosar este documento a otros individuos, para que ellos persigan a los jóvenes estudiantes hasta hacerlos pagar hasta el último centavo. Esto también no es admisible.
Estamos pues no frente a un programa de becas, sino de hipotecas. Un programa que no estimula, sino obstaculiza cualquier intención de nuestra juventud para seguir adelante.
Debemos recordar que a este país lo han hecho varias generaciones de jóvenes que en su momento tuvieron el aliento del Gobierno mexicano con becas, punto, no crédito, ni becas crédito. Con instituciones universitarias, públicas y privadas, que hicieron lo mismo sin exigirle a esos educandos la retribución, porque finalmente la retribución no se puede concebir sólo como la pagatoria puntual de una deuda, sino el aporte social.
Y esas generaciones que construyeron al país, deberían ser el ejemplo que debe tomar Bazdresch para ahora no exigir estos esquemas financieros y bancarios en su programa.
Yo me pregunto si el señor Bazdresch hizo o no estudios en el extranjero, apuesto que si, y me pregunto si lo hizo con beca y apuesto que si y supongo que no pagó y apuesto que aquí se fue, y ahora ahí viene con criterio moderno a unirse a los nuevos esquemas de banqueros privados, para recuperar lo prestado.
Lo que hace hoy el Conacyt es más propio de la Fundación Jenkins, entidad privada que preside el antiguo dueño de Bancomer. Pero siendo privada la entidad, allá ellos si quieren cobrar. O los créditos que hoy otorga el Tecnológico propiedad del nuevo dueño de Bancomer, Eugenio Garza Lagüera.
Nosotros insistimos, estamos hablando de una institución de la República, como institución republicana debe reconsiderar su actuación, sobre todo cuando estos jóvenes están enterados de impuestos, que el Gobierno Federal le ha otorgado a esos banqueros fracasados, un subsidio de 20 mil millones de dólares en los últimos 24 meses.
Bastaría la mitad de eso para estimular la investigación científica y la mitad de la mitad de 5 mil millones de dólares para poder estimular a estos jóvenes para seguir adelante en su afán de superación.
Por las razones anteriores, por considerar que el mecanismo que maneja Bazdresch al frente del Conacyt, violenta los principios fundamentales del desarrollo científico y tecnológico de México, por considerar que la actuación de la dirigencia de esa entidad paraestatal o descentralizada, afecta a los intereses de los jóvenes educandos, consideramos atendible incorporar el procedimiento de juicio político que aquí ha sido anunciado, el cual en su oportunidad apoyaríamos.
Y desde luego nos sumamos a la demanda de estos jóvenes para restituir, dentro del Conacyt, el concepto originario: la beca. La beca sin calificativos, la beca como el apoyo incondicional, sin hipotecar el futuro de nuestros jóvenes, sólo por su condición socioeconómica o por su evidente excelencia académica.
Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Miguel Angel Islas Chío, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Angel Islas Chío:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Evidentemente cuando estamos hablando de educación, nadie puede resistirse a lo que significa una preocupación que tenemos todos los mexicanos. Esta preocupación es que efectivamente queremos una educación de calidad, que efectivamente necesitamos programas de investigación científica y tecnológica que nos permitan enfrentar los retos a los que estamos viviendo. Efectivamente nadie podría afirmar que están resueltas las demandas educativas de los mexicanos.
Pero tampoco podríamos decir que los esfuerzos que debemos hacer y que queremos hacer queden limitados estrictamente al sentido presupuestario que en ocasiones queremos dar a la educación; la educación es un problema social, es un medio para poder alcanzar mejores condiciones, la educación es la forma para que cambiando y teniendo un medio de movilidad social los hombres, las mujeres, los niños y los jóvenes puedan alcanzar lo que como mexicanos les corresponden y el destino lo puedan enfrentar mejor.
Quisiera señalarle a los jóvenes que nos da mucho gusto y reconozco su paciencia, símbolo de su preocupación, símbolo de su entrega para estudiar, para ser mejores, para entregar al país mejores resultados; pero no creo en los populismos ni en las demagogias. El jueves pasado acordamos aquí a petición de un grupo de compañeros que fuera en el seno de la Comisión de Educación donde esto se revisara, la Comisión de Educación ha sido convocada. Será al concluir los trabajos de la Comisión de Educación, cuando la propia determine en forma consensada lo procedente.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Manuel Jesús Fuentes Alcocer, hasta por cinco minutos.
El diputado Manuel Jesús Fuentes Alcocer:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que los planteamientos iniciales de este tema fueron planteamientos serios y argumentados con leyes y con reglamentos que creo se deben de cambiar. Creo que se habló aquí en esta tribuna sin populismos ni demagogias. Creo también que no es nada más competencia de la Comisión de Educación, sino también de la Comisión de Ciencia y Tecnología tomar cartas en el asunto, escuchar las propuestas de los estudiantes y escuchar, a su vez, las propuestas del Conacyt para la solución de estos problemas.
Realmente estamos preocupados en el Partido Acción Nacional, por este problema grave y serio que son las becascrédito. Realmente estamos preocupados por la situación económica muy precaria en la que viven muchos de estos becarios y, sobre todo, por la falta de planeación en cuestiones educativas para que cuando terminen ellos de estudiar sus becas, sus doctorados y sus maestrías, puedan tener cabida, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Pero creo también que se ha demostrado en el seno de la comisión un interés por estos asuntos y creo que hemos trabajado de acuerdo con el Conacyt, así como de acuerdo con los diputados que conformamos la comisión.
Es importante, compañeros diputados, que estemos de acuerdo todas las comisiones que puedan participar en algún problema, estemos de acuerdo en la medidas que vamos a tomar. Yo, a su vez, voy a participar mañana en la Comisión de Educación y vamos a citar a la Comisión de Ciencia y Tecnología para de una vez por todas, cambiar los reglamentos y las leyes que haya que cambiarse, proponerlas aquí al pleno de ustedes los diputados, al pleno de esta Cámara y tomar el asunto por sus raíces y darle una solución definitiva.
Me parece un error muy grave que se haya intentado cobrar a estos estudiantes y hacer firmar u obligarlos a firmar estos pagarés. Parece ser que como mencionó el diputado Della Rocca, ya se disculparon a nivel público en un medio de comunicación. Pero no podemos seguir tomando o dándole soluciones que no son de fondo, a cosas tan importantes para nuestro país.
Nosotros los diputados del Partido Acción Nacional, confiamos en los estudiantes; confiamos en su capacidad y confiamos en que ellos son y deberán ser en el futuro, los autores principales de las modificaciones en cuanto a ciencia y tecnología en nuestro país se necesita.
Nosotros como diputados, asumimos sus demandas y les garantizamos que vamos a tomar cartas en el asunto.
Muchas gracias.
El Presidente:
Después del diputado Manuel Jesús Fuentes Alcocer, ha solicitado la palabra para rectificar hechos, el diputado Salvador Martínez Della Rocca, hasta por cinco minutos.
El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca:
Compañeros, miren ustedes, después de dos años y medio de estar en la Cámara, la verdad que la gran mayoría, la gran mayoría de las diputadas y los diputados nos hemos hecho amigos.
En respeto a la amistad, ¡carajo!, lo menos que se puede pedir en una institución parlamentaria, en la más alta tribuna de la nación, con todo respeto, es a que las palabras, ¡signifiquen cosas!, no que designen cosas, que signifiquen cosas.
¿A qué vino? ¿A qué viene? ¿Dónde está el significado, no insignificante; el venir a decir actitudes populistas? ¿A qué vino? Yo recomendaría el libro de Octavio lan, El Estado Populista en América latina, para un seminario donde tendríamos la posibilidad intelectual de discutir el significado de populismo, la diferencia entre populismo y nacional popular, porque en nuestro país compañero Islas Chío, amigo Islas Chío, diputado Islas Chío, presidente de la Comisión de Educación, en este país hubo un sistema nacional popular de educación, producto de ese sistema nacional popular de educación es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que él representa aquí; producto de un sistema nacional popular, no populista.
¿Qué argumento populista se ha dado aquí?, lo único que hice fue leer tres artículos constitucionales y leí el dictamen que la Cámara de Diputados en 1970 emitió de la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Repito, y para que se vea lo que dice aquí se lo voy a leer, quién lo dude que lo venga a ver, es una fotocopia que dice: "Ley que Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. exposición de motivos y reformas del 27 de diciembre de 1974". Aquí está compañero diputado y amigo Islas.
"Fracción XIII. Conacyt. Formular y llevar a cabo un programa nacional controlado de becas y concederlas directamente, así como intervenir en las que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, en los términos de las convocatorias correspondientes."
Y además en esta ley se establece que el Conacyt, debe crear de manera continua los centros de investigación que este país requiere para que no suceda lo que está sucediendo ahorita.
Compañeros diputados: en el distrito XXVIII, la representante del IFE sacó una convocatoria para contratar de eventuales a 75 ciudadanos para que coadyuvaran en los trabajos del IFE, y el porcentaje de muchachos con títulos de maestría que pidió trabajo fue altísimo. Patético, compañeros diputados, no es populismo, compañero Islas Chío, es ¡patético! Nuestros master que le han costado a este país, ¡al pueblo de México! Que aquí representamos, no están con sus impuestos financiando al Conacyt, para que dé becas para que nuestros muchachos cuando regresen del extranjero o de las instituciones nacionales, vayan a pedir un trabajo de eventual al IFE, porque hay elecciones el 6 de julio. ¡No!, compañeros. Este país tiene que salir adelante con ciencia y tecnología.
Datos del Conacyt, el libro que anualmente el Conacyt publica se llama, de indicadores del Conacyt, se llama: "Inversión y Gasto en Ciencia y Tecnología". ¿Por qué no se llama Inversión en ciencia y tecnología? Porque las palabras significan, cuando alguien saca un libro de indicadores y se llama "gasto" lo está concibiendo como gasto. Pero, ¿por qué no cambiarle el nombre?, que se llame: "Inversión de México en Ciencia y Tecnología", y en esos datos se dice que México produce 1 mil 200 doctores al año y necesitamos al menos, el mismo Conacyt lo dice, ¡5 mil! para estar más o menos a la altura de España ahorita; no hablemos de Estados Unidos o de Japón.
Compañeros: miren, cuando los estudiantes fallan en sus estudios de doctorado o de maestría, el Conacyt les quita la beca; cuando falla el director del Conacyt, pregunto ¿qué le va a pasar? Pero falló violando un acuerdo de la Cámara de Diputados. No es un problema personal, no es un problema de ningún tipo que no sea jurídico que se respeten los acuerdos por el bien de la nación.
Para concluir, voy a leer dos tarjetitas que me pasaron los compañeros estudiantes que están aquí invitados. No mas las voy a leer:
"1. Los estudiantes de posgrado no son una élite consentida del sistema, como suele creerse. Son en realidad un grupo sobrexplotado cuya situación en poco se distingue de los aprendices de los gremios de la Edad Media; no son dueños del producto de su trabajo, éste pertenece a la institución donde laboran y a su tutor; no perciben un salario, trabajan de cinco a siete años tiempo exclusivo, más de ocho horas diarias y por "pago" el Conacyt pretende que adquieran una deuda indexada al salario mínimo del orden de 300 mil para el doctorado y 80 mil para la maestría. Carecen de prestaciones elementales plasmadas en la Constitución y otras leyes nacionales:
1. No tienen protección a la maternidad.
2. No tienen protección contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3. No tienen antigüedad.
4. No cobran aguinaldo ni tienen vacaciones.
Su situación es tan grave que se violan acuerdos internacionales inclusive, por ejemplo: acuerdo número 17 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la indemnización por accidentes de trabajo. Hasta los aprendices, personas no reconocidas legalmente como trabajadores, deben de estar protegidos.
¿Qué medidas va a tomar esta Cámara? preguntan los compañeros estudiantes de posgrado aquí presentes, encargada de hacer leyes para impedir que se sigan violando los derechos más elementales plasmados en la Constitución y otras leyes generales del país.
La política crediticia y que impulsa el Conacyt, no solamente es ilegal (violatoria de la ley de ciencia, de creación del propio Conacyt), sino profundamente injusta, usurera e irracional, coercitiva, francamente hasta inmoral ¿Cómo se puede admitir que por cinco o siete años de trabajo una persona perciba un adeudo que compromete su futuro?
Todas estas violaciones se formalizan tanto en el estatuto orgánico del Conacyt como en el reglamento general del Sistema de becascréditoConacyt. El nuevo reglamento de becascrédito es francamente persecutorio y trata a los becarios más como reos sujetos a libertad condicional, que como futuros científicos y académicos.
Finalmente, demandamos la derogación del Reglamento de Becas-Crédito del Conacyt 1995."
Esto dicen los estudiantes.
Encarecido amigo Islas Chío:
No es populismo. Este país requiere de más presupuesto para educación, ¡como usted lo ha señalado!, ¡como usted lo ha defendido!, y no es populismo. Requiere el 1.5% del PIB para ciencia y tecnología ¡porque a los banqueros les dieron el 6% del PIB y ahora vamos a ver quién salva a los mexicanos de los banqueros!
Yo creo, compañero Islas Chío, compañero Manuel Fuentes, yo creo compañeros del Partido del Trabajo, que aquí en esta Cámara, ¡antes de irnos, podemos llegar a un pacto civilizatorio, que la nación nos lo va a agradecer! ¡Legislemos y que se atengan a la legislación todos los funcionarios! ¡Y el que no la cumpla, juicio político y no sólo renuncia, se le inhabilita para ocupar algún puesto público durante equis años!
¡Ustedes tienen la palabra! ¡La nación lo demanda! ¡Los jóvenes nos lo agradecerán!
Muchas gracias.
El Presidente:
Para contestar alusiones personales, tiene la palabra el diputado Miguel Angel Islas Chío, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Angel Islas Chío:
Gracias, señor Presidente; compañeros diputados:
Mi intervención ni siquiera es para contestar alusiones personales. Me reservo la discusión de populismo para otro escenario y quisiera pedir, en virtud de que ha planteado la Comisión de Ciencia y Tecnología participar en esto que también le compete, en virtud del área de trabajo, que por parte de la Comisión de Educación recibimos con beneplácito su propuesta, nos da mucho gusto y habremos de integrarnos para decidir la reunión de comisiones unidas, para que en ese marco podamos establecer lo procedente.
Muchas gracias.
ORDEN DEL DIA
La secretaria María Remedios Olivera Orozco:
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Tercer Año.— LVI Legislatura.
Orden del día.
Jueves 10 de abril de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Cámara de Senadores.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto relativo a las características de la moneda conmemorativa del XXXV aniversario del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida Silvestre.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que modifica las características de la moneda de 10 pesos.
Sesión secreta, y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente (a las 18:52 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 10 de abril, a las 10:00 horas.