Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez

ASISTENCIA

El Presidente:

Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quorum reglamentario.

El secretario Heriberto Santana Rubio:

Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputados.

Por lo tanto, hay quorum.

El Presidente (a las 12:25 horas):

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El secretario Heriberto Santana Rubio:

Se va a dar lectura al orden del día.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias. Tercer Año. LVI Legislatura.

Orden del día

Lunes 28 de abril de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal I Legislatura y de los congresos de los estados de Aguascalientes y Tamaulipas.

Iniciativas de diputados

De reformas al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Consuelo Botello de Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Martina Montenegro Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para la formación de nuevos estados: Soconosco y La Laguna, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

De reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la usura económica, a cargo del diputado Mauro González Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre paternidad responsable, a cargo de la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto para crear el Sistema Nacional para la Asistencia Alimenticia, a cargo de la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social, a cargo del diputado Isidro Aguilera Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De reformas y adiciones a los artículos 475 y 618 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, a cargo del diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Tarciso Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

De reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios.

Informes

Informe de la Comisión de Comercio, a cargo del diputado Jorge Ocejo Moreno.

Informe sobre la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Ocejo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Informe de la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada María de la Luz Lima Malvido.

Informe del Instituto de Investigaciones Legislativas, a cargo del diputado Jorge Moreno Collado.

Informe de actividades realizadas por la Comisión de Fomento Cooperativo, a cargo del diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro", que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Jaime Enrique Zabludovsky Kuper, José Luis Barros Horcasitas y Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Japón.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Japón.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios corno secretaria y chofer, respectivamente en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática, en México.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios en la Embajada de la República Islámica de Paquistán, en México.

Excitativas

A cargo de la diputada Martina Montenegro Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo de la diputada Remedios Olivera Orozco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía, a cargo del diputado Rafael Ayala López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Rafael Díaz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Pérez Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comunicaciones de diputados

Pronunciamiento político a cargo del diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

¿Qué pasó con la Ley de Cinematografía?, a cargo de la diputada Adriana Luna Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la migración y el acta 1996, a cargo del diputado Luis Felipe Mena Salas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Anuncio de dos demandas de juicio político, a cargo del diputado Luis Sánchez Aguilar.

Sobre la Conasupo, a cargo del diputado José Alfonso Solórzano Fraga, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la nueva relación del Gobierno con la sociedad, a cargo del diputado Víctor Manuel Palacios Sosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre las condiciones ecológicas del Cañón del Padre en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el Estado de Jalisco, a cargo del diputado Mauro González Luna Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el federalismo, a cargo del diputado Rafael Ayala López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Precisión sobre el documento presentado acerca del financiamiento del exterior, a cargo del diputado Héctor San Román Arreaga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, a cargo del diputado Carlos Núñez Hurtado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Sobre el Estado de Chihuahua, a cargo del diputado Guillermo Alberto Luján Peñal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la resolución del Tribunal Federal Electoral, a cargo de la diputada Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre la regularización de colonias populares en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del diputado Salvador Beltrán del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre el desenlace en la Embajada de Japón en Perú, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Denuncia sobre irregularidades en la Unidad Habitacional Atlixco 90, a cargo del diputado José Luis Galeazzi Berra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre libertad de expresión y censura, a cargo del diputado Salvador Beltrán del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Balance sobre asuntos de la juventud, a cargo de la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Puntualización sobre el proceso electoral del 6 de julio, a cargo del diputado Adolfo Aguilar Zinser.

Sobre el trabajo legislativo, en relación con la sociedad, a cargo del diputado Carlos Núñez Hurtado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la problemática agraria actual, a cargo de la diputada Carlota Botey y Estape, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el caso Colosio, a cargo del diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre la situación que guarda la población con respecto al desarrollo, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Sobre derechos indígenas, a cargo del diputado Luis Andrés Esteva Melchor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Pronunciamiento político, a cargo de la diputada María Virginia Betanzos Moreno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el Estado de Baja California Sur, a cargo del diputado Luis Ruan Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.

Sobre el Estado de Guanajuato, a cargo del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el libro de texto gratuito, a cargo del diputado José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El secretario Luis Ruan Ruiz:

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Presidencia de la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las doce horas del jueves veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, con asistencia de doscientos sesenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.

La Presidenta informa que a las puertas del salón se encuentra la ciudadana Delfina Eliseo Ramírez, electa como diputada suplente en el quinto distrito electoral federal del Estado de Tamaulipas y designa una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.

Terminado el acto protocolario, la diputada Delfina Eliseo Ramírez, toma posesión de su encargo de inmediato.

Para continuar con el orden del día, la Secretaría da lectura a un documento de la mesa directiva, que se refiere a la defensa del fuero constitucional de los legisladores.

También se da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí, con los que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Un oficio del gobernador del Banco de México, con el que envía copia de los estados financieros del Banco Central y el informe sobre presupuesto de gasto corriente e inversión física del Banco de México, correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Una proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, relacionada con la integración de las comisiones legislativas. Se aprueba en votación económica.

Hace uso de la palabra el diputado Andrés Galván Rivas, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Sánchez Aguilar, quien presenta iniciativas de Ley de Planeación y de Ley de Intervención Directa de la Sociedad en la Economía, que se turnan a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda y Crédito Público, respectivamente.

Sube a la tribuna la diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Planeación, Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnan a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional, del veintisiete al treinta de abril, para efectuar una visita de trabajo a los Estados Unidos de América. La Asamblea dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

Expresan sus opiniones al respecto, los diputados Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Partido Acción Nacional, en contra; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra y Adolfo Miguel Aguilar Zinser, motu proprio, en pro.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos un votos en pro y diecinueve en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

También se da primera lectura a otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto que otorga el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

Se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Bosques y Selvas, con proyecto de decreto que reforma la Ley Forestal.

Solicita y se otorga el uso de la palabra a la diputada María Leticia Calzada Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una moción suspensiva.

En contra de la moción, habla el diputado Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente después, en votación económica, se desecha la moción.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado José Roberto Arreola Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone modificaciones a diversos artículos a nombre de la comisión dictaminadora y, para expresar las opiniones de sus grupos parlamentarios, los diputados Ezequiel Flores Rodríguez, del Partido del Trabajo, en contra; Andrés Bolaños Bolaños, del Partido de la Revolución Democrática, en contra.

Se produce desorden en la sala por la entrada de un individuo enmascarado, custodiado por diputados del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta considera que esta demostración es correcta y proponen mociones de orden los diputados Gómez Villanueva, San Román Arreaga y Bravo Padilla.

La Presidenta pide a la Oficialía Mayor que informe las causas por las que están cerradas las galerías.

Se restablece el orden y continúan el debate en lo general, los diputados: Salvador Othón Avila Zúñiga, del Partido Acción Nacional, en pro; Ismael Alfredo Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Crisóforo Salido Almada, motu proprio, en contra; Francisco Ledezma Durán, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Luis Sánchez Aguilar, motu proprio, en contra.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y autoriza que la votación se reserve para realizarla después de la discusión en lo particular, en un solo acto.

Discuten el dictamen en lo particular, los diputados: Carlota Angela Rosa Botey y Estape, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone diversos textos sin mencionar los artículos a los que se refiere; Darío Adolfo Rubén Martínez Got, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Crisóforo Salido Almada, motu proprio, quien propone modificaciones a los artículos once y treinta y tres; Aurelio Marín Huazo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo particular y autoriza que la votación nominal sea en lo general, en lo particular y por las proposiciones hechas durante el debate en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos diecisiete votos en pro y treinta y dos en contra en lo general; doscientos noventa y cuatro votos en pro y cuarenta y cuatro en contra, por las proposiciones de la comisión; veintinueve votos en pro y doscientos noventa y cuatro en contra, por las proposiciones del Partido de la Revolución Democrática; y quince votos en pro y trescientos diecisiete en contra, por las que hizo el diputado Salido Almada.

Se turna al Senado de la República, para los efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidenta, se da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, con el que envía la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley de Metrología y Normalización. Se turna a la Comisión de Comercio.

Se somete a discusión un dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma diversas leyes financieras.

Para expresar sus opiniones en lo general y en lo particular, se concede el uso de la palabra a los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, del Partido del Trabajo, en contra.

Desde su curul, el diputado Pérez Noriega, presenta moción de orden aduciendo que después de un orador en contra debe hablar un orador en pro y continúa el debate en el que hacen uso de la palabra los diputados: Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta el voto particular de su grupo parlamentario en contra; Jesús Rodríguez y Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la primera en pro y la segunda para contestar alusiones personales; Alejandro González Alcocer, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la primera en contra y la segunda para rectificar hechos; Manuel Jiménez Lemus, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

También hacen uso de la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados; Gabriel Llamas Monjardín, Alejandro Zapata Perogordo y Fernando Pérez Noriega del Partido Acción Nacional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio; Luis Sánchez Aguilar, motu proprio y Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por ciento noventa y cinco votos en pro y ochenta y siete en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

Hace uso de la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, quien presenta punto de acuerdo para que se retabulen los salarios mínimos profesionales de los periodistas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se refieren al mismo tema, los diputados: Martha Patricia Mendoza Peña, del Partido Acción Nacional, quien apoya el punto de acuerdo del diputado González Yáñez; Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de su grupo parlamentario, suscribe el punto de acuerdo; Ramón Sosamontes Herreramoro, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

Desde su curul, el diputado Bravo Padilla, suscribe el punto de acuerdo y continúan haciendo uso de la palabra, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los diputados: Salvador Beltrán del Río Madrid, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; el diputado Sánchez Aguilar, desde su curul, apoya el punto de acuerdo; Adolfo Aguilar Zinser, motu proprio, en cuatro ocasiones; Carlos Navarrete Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; María Teresa Gómez Mont y Urueta, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Jorge Adolfo Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y contestar una interpelación de la diputada Gómez Mont; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y José Carmen Soto Correa, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones.

Durante la última intervención de la diputada Gómez Mont y Urueta, se produce desorden en diversas ocasiones y la Presidenta ordena suspender la sesión hasta que el orden se restablezca.

La diputada Muza Simón, desde su curul propone moción de orden y protesta por la forma en la que es conducida la sesión, la oradora se inconforma y, desde su curul, el diputado Bravo Padilla apoya a la Presidenta.

Para referirse a lo que calificó como el Ejecutivo en campaña, hace uso de la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Partido de la Revolución Democrática e inmediatamente después, el diputado Píndaro Urióstegui Miranda, del Partido Revolucionario Institucional.

Para rectificar hechos o contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra a los diputados: Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación del diputado Sandoval Ramírez; Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional; Saúl Alfonso Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; Armando Octavio Ballinas Mayes, del Partido Revolucionario Institucional; Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Salvador Mikel Rivera, del Partido Revolucionario Institucional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, motu proprio; y María Rosa Márquez Cabrera, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidenta informa de un acuerdo parlamentario para que, en vista de lo avanzado de la hora, el punto tratado sea el último del orden del día y pide a la Comisión de Régimen y Concertación Política, que informe sobre la decisión de no abrir las tribunas.

Conforme al acuerdo parlamentario, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las cero horas con treinta y cinco minutos del viernes veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete, citando para la que tendrá lugar el lunes veintiocho del mismo mes y año a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra para alguna rectificación, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

Se va a dar lectura a varias comunicaciones:

«Escudo Nacional. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. I Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.

El pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, designó la mesa directiva que coordinará los trabajos de su segundo mes de sesiones del tercer año de ejercicio, la cual quedó integrada en los siguientes términos:

Víctor Orduña Muñoz, presidente; Luis Altamirano y Cuadros, Eduardo Morales Domínguez, Germán Aguilar Olvera e Ignacio León Robles Robles, vicepresidentes; Ricardo Bueyes Oliva, Silvia Pinal Hidalgo, secretarios; Mario Valentín Pérez Ponce y Tayde González Cuadros, prosecretarios.

Reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Recinto Legislativo, a 14 de abril de 1997. Por la mesa directiva: representantes: Filiberto Paniagua García y Francisco Dufour Sánchez, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El secretario Eduardo Guzmán Ortiz:

«Escudo Nacional. Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

En forma atenta hacemos de su conocimiento que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha clausuró su segundo periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato reiterar a usted las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 19 de marzo de 1997. Diputados: Roberto Magallanes Tiscareño, presidente; Luis González Rodríguez y José de Jesús Martínez González, secretarios.»

De enterado.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El secretario Martín Gerardo Longoria Hernández:

«Escudo Nacional. Gobierno de Tamaulipas. Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos comunicarle que en sesión de junta previa convocada para esta fecha, fueron electos los diputados Rubén Ignacio Cavazos Cárdenas y José Angel Gutiérrez García, como presidente y suplente, respectivamente, para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos del pleno legislativo, durante el mes de abril del actual, dentro del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 2 de abril de 1997. Diputados: Luis Lauro García Barrientos y Ramiro Javier Salazar Rodríguez, secretarios.»

De enterado.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Consuelo Botello de Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Consuelo Botello Treviño:

Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:

«La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Carta Magna que rige los destinos de nuestra nación; siendo el marco jurídico dentro del cual se desenvuelve la sociedad, tiene como esta misma un dinamismo que le permite la costante actualización y le brinda la posibilidad de adecuarse a toda las circunstancias de la vida comunitaria y social.

Sin embargo dado su carácter de ley básica y fundamental le permite preceptuar principios a veces inalterables que tienen vigencia siempre y en todo momento. La Constitución al modificarse, debe responder a circunstancias muy importantes que justifiquen ampliamente dichas modificaciones.

El artículo 135 de la propia Constitución, establecer la posibilidad que ésta tiene de ser modificada o adicionada bajo ciertas condiciones y gracias a esta facultad, nuestra ley suprema ha sufrido una gran cantidad de modificaciones que le han permitido responder a las múltiples y cambiantes circunstancias del país y a inquietudes y reformas que el país ha requerido.

Hay que admitir que muchas de las reformas a la Constitución han sido realmente necesarias pero algunas de ellas sin embargo, han sido superfluas y otras han respondido más bien a intereses del gobernante en turno que a verdadera necesidad o mandato del pueblo.

Si sólo a partir de 1977 en las últimas cuatro administraciones se han reformado 211 artículos y algunos de ellos hasta dos o tres veces, en ocasiones para ampliar o mejorar los beneficios preceptuados, pero en otras para enmendar yerros cometidos en previas modificaciones.

Hay reformas muy importantes, como las que amplían o profundizan sobre las garantías individuales o para crear aquellos instrumentos que coadyuven a mejorar la impartición de la justicia, a descentralizar funciones y ejercicios de la Federación, mayor protección al menor y a la mujer, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, tipificar con más claridad los delitos cometidos por servidores públicos, pero hay otras que decididas sin más ni más en la soledad del despacho del Ejecutivo, violando lo establecido en la propia Constitución, se han hecho a espaldas del Congreso y anunciadas aún antes de que el Congreso hubiera recibido la iniciativa de reforma.

Las últimas modificaciones y adiciones que se hicieron en 1996 tratan de rectificar el marco en que se desarrolla la vida electoral, tratando, obligado el Ejecutivo más por las presiones de la sociedad que por propia voluntad política, de lograr ahora si la transición a la democracia, exigencia ineludible del pueblo de México.

Las reformas constitucionales deberían darse en un ejercicio estricto de la conciencia del legislador y por ello deben establecerse condiciones que le den a la reforma propuesta el rigor y la seriedad que este documento básico, marco jurídico fundamental para la vida de los mexicanos, requiere.

El artículo 135 de la propia Carta Magna establece que se puede reformar, modificar, adicionar, abrogar artículos, con las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Sucede con frecuencia que de 500 diputados que integramos la Cámara baja y 128 senadores Cámara alta, ellos a veces sesionan con menos de 300 diputados un número menor de senadores y estos son los que ejercen el derecho de voto, por lo que muchas iniciativas que reforman diversas leyes se aprueban con un número muy pequeño de legisladores, comparativamente con los que constituimos ambas cámaras.

Algunas de las leyes que nos ocupan van a regir una parte del universo de mexicanos que integramos nuestra nación, porque son muy específicas, de campo limitado, etcétera, aún así lo correcto sería que fueran aprobadas por un número mínimo de votos que garantizaran su representatividad ya que obligan a múltiples ciudadanos en su cumplimiento.

Pero la Constitución que está por encima de cualquier otro tipo de legislación, que es la máxima ley que en lo básico de la vida social y comunitaria tiene vigencia y aplicación obligada para todos los mexicanos y cuyos preceptos pueden cambiar aspectos muy importantes de la vida de la nación, deberían tener un requisito más riguroso para ser votada y en su caso aprobadas sus reformas.

Actualmente el artículo 135 que se ocupa de este asunto en la propia Constitución, requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes; permite que reformas muy importantes no tengan ese sustento popular que deba darle una amplia representación.

Por esto, esta iniciativa propone una modificación a dicho artículo 135, para preceptuar que las reformas a la Constitución se hagan para ser aprobadas con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados o de la de Senadores en vez de las dos terceras partes de los diputados o senadores presentes.

Con todo lo anterior, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 55 fracción II Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los demás relativos, me permito presentar a esta soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Se reforma el artículo 135 del Título Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de dicho Congreso, acuerde las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el computo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 28 de abril de 1997. Diputada, Consuelo Botello de Flores.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La diputada Martina Montenegro Espinoza:

Con su venía, señor Presidente; señores secretarios de la Cámara de Diputados; honorable Congreso de la Unión:

«Los suscritos, diputados federales de Baja California, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que contiene adiciones y reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

ANTECEDENTES

La Revolución Mexicana, que en su inicio fue esencialmente política, al calor de la contienda recogió cierto postulados sociales reivindicatorios.

Los grandes núcleos de la población señalaban mayor respeto al valor humano, la supresión del desamparo, de la miseria y de la inseguridad o sea, establece procedimientos de seguridad social y económica que garantizaran una democracia real, por ello fue necesario la atención a los ciudadanos de la edad de oro.

El programa de Madero en 1911, proclamó el mejoramiento de las condiciones materiales, intelectuales y morales de los obreros, procurando la expedición de leyes sobre pensiones o indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Venustiano Carranza, publicó el 12 de diciembre de 1914, un decreto que señalaba que correspondía al primer jefe, expedir y poner en vigor durante la lucha, las disposiciones y medidas necesarias para dar satisfacción a las necesidades económicas del país.

El Estado de Yucatán promulgó en 1915 una Ley del Trabajo, que fue el primer ordenamiento en México, en establecer un seguro social, siguiendo el modelo de Nueva Zelandia.

El Congreso Constituyente de Querétaro de 19161917, consideró en la fracción XXIX del artículo 123, de utilidad social el establecimiento de cajas de seguridad social populares, invalidez, vida, cesación del trabajador, accidentes y otros fines análogos.

Después de la promulgación de la Constitución vigente, diversas entidades federativas expidieron leyes que contenían disposiciones de seguridad social, como Yucatán en 1918 y Puebla en 1921.

Alvaro Obregón presentó al Congreso de la Unión, en 1921 un proyecto de Ley del Seguro Social, que en la exposición de motivos, señalaba que los padecimientos de los trabajadores no se debían a la carencia de leyes, si no a la dificultad de aplicarlas. Los trabajadores se encontraban imposibilitados para obligar a los patrones a cumplir las disposiciones que les eran favorables para solucionarlo; propuso la creación de un seguro social administrado por el Estado, que se encagaría de velar por los derechos de los trabajadores y protegerlos, este proyecto no cristalizó.

El 12 de agosto de 1925, se expidió la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro que beneficiaba a los funcionarios y empleados de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de los territorios federales.

Fue hasta el año de 1938, en que se elaboró un proyecto de Ley del Seguro Social, obra de Ignacio García Téllez, para satisfacer los postulados del primer plan sexenal. Este proyecto seguía las recomendaciones de la organización internacional del trabajo.

En 1941, el presidente de la República, Manuel Avila Camacho, nombró una comisión redactora de un anteproyecto, que finalmente fue aprobado y promulgado, para ser la Ley del Seguro Social en 1943.

Posteriormente fue abrogada por la nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor el 1o. de abril de 1973.

La Ley de Retiros y Pensiones Militares, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 1995, que abrogó las leyes de seguridad social para las fuerzas armadas del año de 1961, misma que a su vez fue abrogada por la Ley vigente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado el 29 de julio de 1976.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, se expidió el 30 de diciembre de 1995, misma que abrogó la ley que entró en vigor a partir del 1o. de enero de 1984. La nueva Ley del Seguro Social, a partir del 1o. de julio de 1997, contempla la capitalización del ahorro de los trabajadores, que traerá consigo pensiones más altas y dignas, ya que se actualizan anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor.

El sistema de capitalización individual se considera más justo, ya que representa más fielmente el esfuerzo de ahorro de cada trabajador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1o. Considerando que la vejez, es un proceso biológico irreversible, se caracteriza por la expresión de cambios fisiológicos y sicológicos, y por factores externos e internos, sobre el ser humano, retrasando o acelerando su aparición, según sea el grado de influencia.

2o. Considerando que la vejez es frecuentemente designada como la "última etapa de la vida, en el doble sentido de la palabra: la última y al mismo tiempo la etapa de realización suprema. Aquel que ha acumulado años y años de vida, es el ser viviente por excelencia y representa en cierto modo la concentración del ser.

En antiguas culturas, llegar a la senectud significaba el goce de una condición privilegiada y logro de una existencia plena.

En el caso de México, la organización y estructura de culturas como la azteca y la maya, fomentó el respeto y la aceptación hacia el anciano, su presencia era importante en toda ceremonia familiar; recibía alojamiento y comida; tomaba parte en los consejos del barrio que habitaba. Entre los mayas, tenían importancia en ceremonias y ritos.

3o. Considerando que: las jubilaciones y pensiones deben ser la justa compensación para los trabajadores que han dedicado a su trabajo gran parte de su vida para servir al desarrollo del país, viendo disminuida poco a poco y de manera lenta su constitución física y orgánica.

4o. Considerando que: pese a los esfuerzos realizados por los distintos gobiernos, las pensiones a jubilados son económicamente muy reducidas, pues el proceso inflacionario ha rebasado su capacidad adquisitiva.

5o. Considerando que: las jubilaciones y pensiones, otorgadas hasta antes de junio de 1997, no cumplen con el objetivo para el cual fueron creadas: dar tranquilidad económica al trabajador en su vejez o ante la desgracia de verse incapacitado a temprana edad, las pensiones se convierten en humillantes y escuálidas limosnas ni siquiera suficientes para mal sobrevivir.

6o. Considerando que: los ciudadanos que no se encuentran contemplados en la nueva ley, son mayormente afectados por el fenómeno económico en el país, que en los últimos años ha sufrido inflación, devaluación, recesión y otros, han hecho que los montos de las jubilaciones y las pensiones se vean rebasados y con mucho, por lo que a su capacidad adquisitiva se refiere.

7o. Considerando que: en las zonas cálidas como Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, los jubilados, pensionados y mayores de 60 años indigentes se encuentran en situación de sobrevivencia, por lo que el pago de algunos servicios como son las tarifas eléctricas les resultan prácticamente imposibles, ya que la inclemencia del clima les obliga a consumir energía eléctrica y por sus exiguos ingresos, no les permite pagarla.

8o. Considerando que: los jubilados, pensionados y mayores de 60 años indigentes en el Estado de Baja California disfrutan de la exención del 50% en el pago de derechos, como agua, placas etcétera, como un logro para retribuirles a los mayores los años de servicio que para la construcción de México aportaron.

Por lo anterior, en uso de nuestras facultades como legisladores, comparecemos ante esta Asamblea con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar a su consideración, la siguiente disposición

DECRETO

Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad estará regida por una junta de gobierno, integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidirá.

También formarán parte de la junta de gobierno, el director general de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad.

Se faculta a la junta de gobierno que rige a la Comisión Federal de Electricidad, para que exente el 50% en el pago de la tarifa de energía eléctrica por el consumo que realicen los pensionados, jubilados y mayores de 60 años indigentes, que viven en la zonas cálidas de México, que alcancen una temperatura promedio de 34 grados centígrados, durante los meses de verano.

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. México, D.F. a 24 de abril de 1997. Diputados: Martina Montenegro Espinoza, Daniel Quintero Peña, Franciscana Krauss Velarde, Humberto López Barraza, Francisco Domínguez García, Jaime Martínez Veloz, Julio Felipe García y Alfonso Garzón Santibáñez.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Energéticos.

NUEVO ESTADO DEL SOCONUSCO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar para presentar, en una sola intervención, dos iniciativas de decreto para la formación de nuevos estados: Soconusco y La Laguna.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

«Iniciativa de decreto para la formación del nuevo Estado de Soconusco.

El suscrito, diputado independiente fracción Social Demócrata a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo prescrito en los artículos 71 fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 55 fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las actuales circunstancias social y económica requieren en lo general, entre otras cosas, una nueva geografía política del país. En lo particular, durante años se han establecido lazos comunes entre los habitantes de la región sur del Estado de Chiapas, conformando una fracción territorial homogénea.

Los habitantes referidos del Estado de Chiapas tienen mayor relación cultural, económica, social y política con sus vecinos de dicha región que con el resto de la entidad chiapaneca.

Dicha relación sin lugar a dudas sería más eficaz para promover el desarrollo del país en general y en particular del Estado mencionado y de la fracción territorial referida, si en ésta se establece un nuevo estado.

La eficiencia para el desarrollo depende fundamentalmente, además de otros factores, de la identificación compartida en la forma de conducta de los individuos en una comunidad. A mayor identificación mayor producción y productividad. Los habitantes de la fracción ya citada tienen patrones de conducta comunes que los identifican plenamente en las diversas actividades que realizan.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que, para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, es necesario que la fracción o fracciones susceptibles de erigirse en estados cuenten con una población de 120 mil habitantes por lo menos; y se compruebe ante el Congreso que tienen elementos bastantes para proveer a su existencia política.

Es el caso que la fracción en cuestión, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), tiene una población de más de 821 mil habitantes y tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

En efecto, los municipios estrechamente relacionados que integran la región sur del Estado de Chiapas tienen en cifras cerradas los siguientes habitantes: Acacoyagua, 12 mil 600; Acapetahua, 25 mil 600, Arriaga, 39 mil; Cacahoatán, 35 mil 600; Escuintla, 26 mil 200; Frontera Hidalgo, 9 mil 800; Huehuetán, 30 mil 400; Huixtla, 47 mil 600; Mapastepec, 40 mil; Mazatán, 23 mil; Metapa, 4 mil 400; Motozintla, 53 mil; Pijijiapan, 47 mil 500, Villa Comaltitlán, 25 mil 500; Suchiate, 28 mil 500; Tapachula, 245 mil; Tonalá, 73 mil; Tuxtla Chico, 32 mil y Tuzantán, 23 mil.

En cuanto a los elementos bastantes para proveer la existencia política referida, entre otros se citan los siguientes:

El producto interno bruto (PIB), del nuevo Estado del Soconusco, sería de 10 mil 282 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano del Desarrollo (IMED), basadas en el sistema de cuentas nacionales de México (producto interno bruto por entidad federativa 1993 del INEGI). Dicha cifra superaría ampliamente al producto interno bruto de cada una de las siguientes entidades federativas Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas.

En virtud de lo anterior, la fracción Social Demócrata plantea a la Cámara de Diputados la iniciativa para formar el nuevo Estado del Soconusco, asentado en la fracción territorial antes descrita, propone a las comisiones correspondientes darle curso a la misma y agotado que sea el trámite constitucional establecido, con resolución favorable, la fracción Social Demócrata somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DECRETA

Artículo 1o. Se forma el nuevo Estado del Soconusco.

Artículo 2o. El Estado del Soconusco estará compuesto por los siguientes 19 municipios de la República con la extensión y límites que actualmente tienen: Acacoyagua, Acapetahua, Arriaga, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico y Tuzantán.

Artículo 3o. El Estado del Soconusco como miembro del pacto federal mexicano tendrá los derechos y obligaciones consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Los ciudadanos habitantes del nuevo Estado tendrán un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer el Congreso Constituyente respectivo, aprobar su Constitución Política y convocar a elecciones a los cargos de servicio público que estipule la misma. Todo lo anterior de acuerdo a las bases que estipule el pacto federal y con el propósito de que al término del plazo señalado, oficialmente quede erigido el nuevo Estado del Soconusco.

Artículo tercero. Mientras oficialmente no esté formado el nuevo Estado, todos los derechos y deberes jurídicos de los habitantes deberán regirse por las leyes de sus respectivas entidades federativas.

México, D. F., 22 de abril de 1997.- Diputado Independiente.- Fracción Social Demócrata; Luis Sánchez Aguilar.»

SOCONUSCO

1. Acacoyagua 12,600

2. Acapetahua 25,600

3. Arriaga 39,000

4. Cacahoatán 35,600

5. Escuintla 26,200

6. Frontera Hidalgo 9,800

7. Huehuetán 30,400

8. Huixtla 47,600

9. Mapastepec 40,000

10. Mazatán 23,000

11. Metapa 4,400

12. Motozintla 53,000

13. Pijijiapan 47,500

14. Villa Comaltitlán 25,500

15. Suchiate 28,500

16. Tapachula 245,000

17. Tonalá 73,000

18. Tuxtla Chico 32,000

19. Tuzantán 23,000

Total 821,700 Habitantes

Total 19 Municipios

Fuente: Conteo 95/Estados Unidos Mexicanos/Resultados preliminares/INEGI

Señor Presidente: entregamos a la Secretaría la iniciativa que hemos presentado, con la súplica de que usted se sirva acordar lo procedente.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Ruego el permiso de la Presidencia para leer la siguiente iniciativa.

NUEVO ESTADO DE LA LAGUNA

El Presidente:

Continúe, señor diputado.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

«Iniciativa de decreto que forma el Nuevo Estado de La Laguna.

El suscrito, diputado independiente, de la fracción Social Demócrata a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo prescrito en los artículos 71 fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 55 fracción II y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las actuales circunstancias social y económica requieren en lo general, entre otras cosas, una nueva geografía política del país. En lo particular, durante años se han establecido lazos comunes entre los habitantes de la región suroeste del Estado de Coahuila y de la región noreste del Estado de Durango, conformando una fracción territorial homogénea.

Los habitantes referidos del Estado de Durango tienen mayor relación cultural, económica, social y política con sus vecinos de la región coahuilense señalada y viceversa, que con el resto de sus respectivas entidades federativas.

Dicha relación sin lugar a dudas sería más eficaz para promover el desarrollo del país en general y en particular de los propios estados mencionados y de la fracción territorial referida, si en ésta se establece un nuevo Estado.

La eficiencia para el desarrollo depende fundamentalmente, además de otros factores, de la identificación compartida en la forma de conducta de los individuos en una comunidad. A mayor identificación mayor producción y productividad. Los habitantes de la fracción ya citada tienen patrones de conducta comunes que los identifican plenamente en las diversas actividades que realizan.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que, para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, es necesario que la fracción o fracciones susceptibles de erigirse en estados cuenten con una población de 120 mil habitantes por lo menos y se compruebe ante el Congreso que tienen elementos bastantes para proveer a su existencia política.

Es el caso que la fracción en cuestión, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), tiene una población de más de 1 millón 200 mil habitantes y tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

En efecto, la región suroeste del Estado de Coahuila relacionada estrechamente con la noroeste del Estado de Durango tiene en cifras cerradas 790 mil habitantes, integrada por los municipios de Francisco I. Madero con 48 mil; Matamoros, 88 mil; Parras, 43 mil; San Pedro, 91 mil; Torreón, 500 mil y Viesca, 20 mil.

Por su parte la región noreste del Estado de Durango vinculada al suroeste de Coahuila, tiene, en cifras también cerradas, 467 mil habitantes, integrada por los municipios de Cuencamé con 34 mil 700; General Simón Bolívar, 12 mil 500; Gómez Palacio, 260 mil; Lerdo, 105 mil; Mapimí, 24 mil; Nazas, 13 mil; San Juan de Guadalupe, 7 mil; Santa Clara, 8 mil y Tlahualilo, 3 mil.

En cuanto a los elementos bastantes para proveer la existencia política referida, entre otros se citan los siguientes:

El producto interno bruto (PIB), del nuevo Estado de La Laguna, sería de 22 mil 435 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano del Desarrollo (IMED), basadas en el sistema de cuentas nacionales de México (producto interno bruto por entidad federativa 1993 del INEGI). Dicha cifra superaría ampliamente al producto interno bruto de cada una de las siguientes entidades federativas: Campeche, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán.

En virtud de lo anterior, la fracción Social Demócrata plantea a la Cámara de Diputados, la iniciativa para formar el nuevo Estado de La Laguna, asentado en la fracción territorial antes descrita, propone a las comisiones correspondientes darle curso a la misma y agotado que sea el trámite constitucional establecido, con resolución favorable, la fracción Social Demócrata somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DECRETA

Artículo 1o. Se forma el nuevo Estado de La Laguna.

Artículo 2o. El Estado de La Laguna estará compuesto por 15 municipios de la República con la extensión y límites que actualmente tienen. Nueve de ellos, parte de la región noreste del Estado de Durango y seis de la región suroeste del Estado de Coahuila. Los primeros son Cuencamé, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Tlahualilo y los segundos son Francisco I. Madero, Matamoros, Parras, San Pedro, Torreón y Viesca.

Artículo 3o. El Estado de La Laguna como miembro del pacto federal mexicano tendrá los derechos y obligaciones consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Los ciudadanos habitantes del nuevo estado tendrán un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer el Congreso Constituyente respectivo, aprobar su Constitución política y convocar a elecciones a los cargos de servicio público que estipule la misma. Todo lo anterior de acuerdo a las bases que estipule el pacto federal y con el propósito de que al término del plazo señalado, oficialmente quede erigido el nuevo Estado de La Laguna.

Artículo tercero. Mientras oficialmente no esté formado el nuevo estado, todos los derechos y deberes jurídicos de los habitantes deberán regirse por las leyes de sus respectivas entidades federativas.

México, D.F., 22 de abril de 1997. Diputado Independiente, fracción Social Demócrata; Luis Sánchez Aguilar.»

LA LAGUNA

COAHUILA

1. Francisco I. Madero 48,000

2. Matamoros 88,000

3. Parras 43,000

4. San Pedro 91,000

5. Torreón 500,000

6. Viesca 20,000

Total 790,00

DURANGO

1. Cuencamé 34,700

2. General Simón Bolivar 12,500

3. Gómez Palacio 260,000

4. Lerdo 105,000

5. Mapimí 24,000

6. Nezas 13,000

7. San Juan de Guadalupe 17,000

8. Santa Clara 8,000

9. Tlahualilo 3,000

Total 477,200

Total Coahuila 790,000

Total Durango 477,200

Total 1`267,200 Habitantes

Total 15 Municipios

Fuente: Conteo 95/Estados Unidos Mexicanos/Resultados preliminares/INEGI

Entrego, señor Presidente, a la Secretaría de la mesa el texto de la iniciativa, con la súplica de que se sirva usted acordar lo conducente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Daniel Quintero Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Daniel Quintero Peña:

Con su permiso, señor Presidente:

«Iniciativa de reforma a los artículos 19 párrafo primero, artículo 174 párrafo cuarto y artículo 212 párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

Los suscritos diputados federales del Estado de Baja California, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 y 62 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa que contiene reformas a los artículos 19 párrafo primero, artículo 174 párrafo cuarto, artículo 212 párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es de su conocimiento, el próximo día 6 de julio los mexicanos habremos de celebrar elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados y, parcialmente, el Senado de la República.

La Ley Federal en Materia Electoral, el Cofipe, específica que el primer domingo del mes de julio del año correspondiente a la elección federal se deberá llevar a cabo la jornada lectoral.

Ante la proximidad de este acontecimiento fundamental para la vida democrática de nuestro país, es importante que analicemos algunos de los efectos que esta fecha señalada por el Cofipe repercute sensiblemente en la economía de nuestro país, particularmente del sector servicios.

Como cada año los ciudadanos del vecino país del norte conmemoran el 4 de julio, un aniversario más de su independencia. Por ello habrán de gozar de un importante asueto. Este año, dicha celebración incluirá los días jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio.

Como cada 4 de julio, una enorme cantidad de turistas norteamericanos y connacionales acuden a nuestro país, especialmente a sitios turísticos de la franja fronteriza, generando por ello importantes beneficios económicos para la región.

En 1994, la recepción total de visitantes internacionales a México fue de 83.2 millones de personas, de los cuales 64.4 millones fueron visitantes excursionistas de la zona fronteriza con los Estados Unidos de América.

Es indudable la captación de divisas que esto conlleva en beneficio de amplios sectores laborales y de empresas de servicio para esta dinámica región y para el país, más aún, en este mismo año las ciudades fronterizas generaron el 29.2% de la totalidad de las divisas que por visitantes internacionales percibe México.

Como otro dato referencial, es pertinente informales a ustedes, compañeros legisladores, que tan sólo el año pasado, en los primeros días de julio y por el motivo referido con anterioridad, el Estado de Baja California tuvo una afluencia turística de 374 mil 500 visitantes, entre excursionistas y turistas, según datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Estado.

Con mayor particularidad, en un aforo vehicular realizado durante estas mismas fechas en la carretera federal de cuota que une a las ciudades de Tijuana y Ensenada, se registraron 130 mil 738 automóviles, en su mayoría de procedencia extranjera de acuerdo a cifras aportadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios conexos.

Según datos proporcionados por el Banco de México, la derrama económica per capita de estos visitantes, en 1996 fue de 22,80 dólares americanos por día en el caso de los llamados excursionistas y de 52.10 dólares por parte de los turistas, lo que sumado significa un monto aproximado de 14 millones de dólares por día tan sólo en el Estado de Baja California. En el caso del III distrito electoral federal con cabecera en Ensenada el cual me honro en representar, la ocupación hotelera en estas mismas fechas estuvo promediado en un 94.8% de su capacidad.

Considerando la obligatoriedad que por disposición constitucional se establece para aplicar la "Ley seca", es decir la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas 24 horas antes y después de la jornada electoral, debo advertir que los efectos para los prestadores de servicios turísticos y comerciantes de nuestro país, habrán de impactar negativamente en su actividad económica.

No omito manifestar que la frontera norte de nuestro país no será la única región que habrá de resentir los efectos económicos en la aplicación de la medida de prohibición. Este acontecimiento habrá de afectar a todos los destinos turísticos y de playa del resto del territorio nacional.

Quiero remarcar, compañeros diputados, que la franja fronteriza en donde compartimos más de 3 mil kilómetros, de frontera con nuestros vecinos del norte, habitan a lo ancho de 100 kilómetros, 10 millones de personas de ambos lados de la frontera; sólo del lado mexicano, se ubican seis entidades federativas: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que incluyen 38 municipios con 11 ciudades de más de 100 mil habitantes, en las cuales radicaban en 1995, 5 millones 084 mil 302 mexicanos que se caracterizan por tener una intensa relación de negocios comercial, laboral, cultural y recreativa de tradición histórica con los Estados Unidos de América.

El hecho es que, el 4 de julio es cercano al primer domingo de julio de cada año de elección federal y las restricciones previas, durante y posteriormente al proceso electoral que entran en vigor desde las 00:00 horas del sábado hasta las 24:00 horas del domingo, hacen que la demanda y afluencia turística disminuya considerablemente en perjuicio de todas las ramas de este importante sector de la economía nacional, hecho que repercute finalmente en los servidores turísticos, trabajadores y sus familias.

Seguramente las empresas turísticas de aquel país buscarán la forma de retener a sus connacionales por las inconveniencias para el disfrute pleno de descanso y diversión, anotando la advertencia de que no será atractivo acudir a México por el eventual cierre de lugares de esparcimiento.

Es así como un fin de semana, que tradicionalmente representa ingresos de divisas importantes y gran actividad para un gran sector, se convertirá, por ley, en tres días muertos en términos de economía y no sólo se resentirá el impacto negativo en hoteles, restaurantes, discotecas, bares y demás, sino también en el transporte, peaje, combustible y un sinnúmero de servicios adicionales que se reactivan cada que existen acontecimientos de esa magnitud, que serán objeto de perjuicio.

En el Estado de Baja California hemos aprendido ya la lección. Desde la XIII Legislatura del Congreso local (19891992), se tomaron cartas en el asunto y a propuesta de los diversos sectores productivos del Estado, las elecciones para gobernador, diputados locales o municipios, por ley, se desarrollan durante la primera semana de agosto, mismo mes en el que se llevaron a cabo los comicios para renovar el Ejecutivo y Legislativo hoy vigentes. Sabemos que, en lo que concierne a este proceso electoral, las modificaciones que se proponen no son motivo de discusión. No obstante, compañeros diputados, debemos dejar bien claras las bases que deben regir en lo futuro, para efecto de que en próximos comicios se afecte lo menos posible a tan importantes industrias, mismas que en los últimos años han venido superando adversidades y aún así, generando empleos, inversiones, impuestos y toda la derrama en que las mismas inciden, debiendo entender que de ellas depende una gran masa de asalariados y sus familias.

Compañeros diputados, hago un llamado a nuestra obligación y compromiso de representar los reclamos de la sociedad y con base en ellos actuar en función de nuestra facultad legislativa, con esta premisa, propongo al seno de este cuerpo legislativo, que en elecciones futuras, para el caso de orden federal, se modifique la norma para que éstas se realicen "el segundo domingo de julio" del año correspondiente. Por lo antes expuesto y en uso de nuestras facultades como legisladores, comparecemos ante esta honorable Asamblea con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar a su consideración la siguiente disposición:

Se reformen el artículo 19 párrafo primero, el artículo 174 párrafo cuarto, artículo 292 párrafo II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 19 párrafo primero. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el segundo domingo de julio del año que corresponda para elegir:

a) Diputados federales cada tres años;

b) Senadores cada seis años;

c) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años.

Artículo 174 párrafo cuarto. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del segundo domingo de julio y concluye con la clausura de casillas.

Artículo 212 párrafo segundo. El segundo domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos presidente, secretarios y escrutadores de las mesas directivas de las casillas, nombrados como propietarios, procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. México, D.F., a 28 de abril de 1997. Diputados: Daniel Quintero Peña, Martina Montenegro Espinoza, Franciscana Krauss Velarde, Francisco Domínguez García, Julio Felipe García Castañeda, Alfonso Garzón Santibáñez, Humberto López Barraza, Jaime Martínez Veloz.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (II)

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Leticia Calzada Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa sobre paternidad responsable.

La diputada María Leticia Calzada Gómez:

Gracias, señor Presidente:

«Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo a la fracción V del artículo 123 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señoras y señores legisladores:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objeto de la presente iniciativa es reconocer, en la legislación laboral, el derecho de los varones a disfrutar de una licencia con goce de sueldo, a fin de atender las necesidades de su cónyuge o concubina durante y después del parto, así como de sus hijos recién nacidos.

La sociedad urbana contemporánea ha tenido que hacer frente a diversos cambios relacionados con el ámbito de las relaciones entre los varones y las mujeres, sobre todo, por cuanto hace a las organizaciones sociales primarias, es decir, la familia, la escuela y el ámbito laboral. Parte de estos cambios fueron el resultado del acceso de las mujeres a diversas áreas de actividad de la vida social y económica.

Todavía a finales del Siglo XIX y principios de este siglo, los hogares constituían unidades productivas. Cada miembro de la familia estaba encargado de cumplir determinadas funciones para atender las necesidades básicas de la misma. Así por ejemplo, el varón en tanto padre y jefe de familia, era visto como la autoridad y el proveedor de los bienes materiales necesarios para la subsistencia familiar. Por su parte, la mujer o la madre dividía su función entre el trabajo doméstico y el cuidado y la crianza de los hijos.

Con el transcurrir de los años y las transformaciones de la sociedad en general, particularmente con la transición de una economía basada en la producción doméstica a un sistema de producción en serie y, sobre todo, de consumo, la organización urbana se vio afectada y pasó a constituirse en una unidad de consumo. Con ello la familia y la sociedad se vieron obligadas a adecuar los papeles antaño desempeñados tanto por el varón como de la mujer al interior de dicha organización.

En las últimas dos décadas, por ejemplo, una de las tendencias más sobresalientes del mercado laboral mexicano ha sido la creciente inserción de las mujeres. De acuerdo con el censo de 1970, sólo una de cada cinco mujeres participaba en la actividad económica. Conforme con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1996, dicha participación se había incrementado de manera significativa, de forma que, para ese año, de un total de 35 millones 558 mil 484 personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 24 millones 127 mil personas eran varones, mientras 11 millones 431 mil 484 personas eran mujeres, esto significa más del 32% del total de la PEA.

Por otra parte, cada vez más aumenta el número de hogares nucleares de tipo monoparental, esto es, unidades en las que el jefe o la jefa de familia convive solamente con sus hijos, por viudez, divorcio o abandono de hogar por parte del o la cónyuge. En conjunto, este tipo de hogares representa 10.6% de todas las unidades domésticas mexicanas, lo que equivale a poco más de 1.7 millones de hogares, de los cuales el 83.9% está comandado por una mujer y 16.1% por hombres.

Un aspecto concreto resultante de las reflexiones hasta aquí expuestas, se refiere a la igualdad entre el varón y la mujer, por el cual se entiende, que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades de acceso a la educación, la salud, el desarrollo profesional e intelectual, pero también compartimos, en igualdad de condiciones, la responsabilidad sobre cuestiones del hogar y la familia, esto es, el cuidado y la crianza de los hijos.

El artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos consagra la "igualdad jurídica de las personas de ambos sexos" por tanto de derechos y de obligaciones similares.

Abundar en torno a la igualdad de los varones y las mujeres significa trascender la mera discusión sobre la superioridad o inferioridad de ellas o ellos. Se trata en esencia, de hacer cuanto haga falta para lograr la emancipación de la humanidad en su conjunto y de cuestiones relacionas con la organización y los vínculos afectivos de la familia.

Los hombres tienen derecho también a disfrutar de los beneficios que tiene para ellos el ejercer su paternidad, de aprender a conocer y cuidar a sus hijos y de compartir la responsabilidad de ser padres también en el afecto. Los jóvenes varones de finales de siglo quieren mostrar sus sentimientos amorosos y afectivos y quieren dar a sus hijos, no sólo lecciones de fuerza, valor y disciplina, sino también muestras de ternura y cariño. Esto hace posible que los niños tengan una dimensión más humana e integral de sus padres y que los vínculos entre los miembros de la familia se fortalezcan, influyendo con esto, de manera sustantiva, al mejoramiento de la sociedad.

La presencia o la ausencia de la figura paterna en el momento inmediato al parto y posterior a éste, influye de manera importante en el desarrollo del infante y en la integración o desintegración del núcleo familiar. Son las vivencias compartidas las que establecen los lazos sólidos, de afecto y estabilidad familiar.

En los países en los que las discusiones en torno a la seguridad social y familiar llevan ya algún tiempo ventilándose en las esferas política, social laboral como: Alemania, España, Finlandia, Holanda, Portugal y Suecia, existe lo que ha dado en llamarse "licencia por paternidad", esto es, la concesión de un permiso especial, hasta por dos semanas, dependiendo de las disposiciones laborales de cada país, para que el varón pueda ausentarse de su empleo en el momento inmediato posterior al parto de su compañera.

También en América latina países como Argentina y Brasil reconocen la licencia por paternidad y conceden 10 días de permiso al varón en el momento del parto de su compañera. Esta licencia por paternidad está enmarcada dentro de una serie de reglamentaciones relacionadas con el matrimonio.

Con base en estos ejemplos, diputadas y diputados del PRD nos preocupamos porque en nuestro país podamos contar con medidas que contribuyan a la consolidación de una paternidad responsable en la familia actual y que permitan a los varones ejercer plenamente su derecho a compartir con su compañera, la maravillosa experiencia de la llegada de un nuevo ser, derecho a estar presentes en las primeras horas, quizá las más importantes, de existencia de sus hijos, derecho a brindar a éstos sus cuidados, afecto, cariño y amor de padre.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional, así como del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO A LA FRACCION V DEL ARTICULO 123 APARTADO A, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo único. Se adiciona un párrafo a la fracción V del artículo 123 apartado A, para quedar como sigue:

I al IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Las mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con objeto de atender las necesidades del parto de su cónyuge o concubina, los varones gozarán de una licencia con goce de sueldo hasta por 10 (diez) días hábiles, a partir del inicio trabajo de parto de su cónyuge, conservando su empleo y derechos adquiridos en la legislación vigente.

VI a XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Firman los diputados: Ana Lilia Cepeda, Alfonso Solórzano, Salvador Martínez Della Rocca, Gloria Sánchez Hernández, Ifigenia Martínez Hernández, Javier González Garza, Pedro René Etienne Llano, Carlos Núñez Hurtado, Víctor M. Quintana, Rosa María Cabrera Lotfe, Raúl Escobar Toledo, Leticia Calzada Gómez, Antonio Tenorio Adame, Armando Quintero Martínez, Taide Aburto y Miguel Moreno.»

El Presidente:

Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Trabajo y Previsión Social.

LEY GENERAL DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de decreto para crear el Sistema Nacional para la Asistencia Alimenticia.

En ausencia de la diputada Leticia Burgos Ochoa, tiene la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social.

El diputado Isidro Aguilera Ortiz:

Con su permiso, señor Presidente:

Me permito informarle que como este proyecto de iniciativa está firmado por tres fracciones parlamentarias, esta iniciativa será leída por tres miembros de esas fracciones: del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.Presentes.

Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o., 4o., 5o., 9o., 25 y 26, en relación con las fracciones XIXD y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos al pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social, conforme a los postulados de nuestra ley fundamental y acorde a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estado es una institución creada para propiciar entre otros fines, y dentro de un marco normativo, la interacción social. En este sentido su función no incluye solamente la coacción legal, sino también el fomento a las óptimas condiciones socioeconómicas, en virtud de que debe ser el máximo impulsor y procurador del bienestar de su pueblo por medio de un desarrollo social planificado.

El Gobierno, por su parte, es el conjunto de instituciones creadas para ejercer la soberanía que reside originariamente en el pueblo. Entre sus funciones se encuentra ser garante del estado de derecho, así como la administración de la nación. Es el ámbito de lo público.

Por otra parte, la sociedad civil es la esfera de relaciones entre individuos, grupos y clases sociales, que se desarrollan fuera de las circunscripciones de poder caracterizadas por las organizaciones gubernamentales. Es el ámbito de lo privado.

Se concibe al desarrollo social como el proceso evolutivo, dinámico y democrático que lleva al mejoramiento económico, social, cultural y ambiental del Estado en su conjunto. Esto implica un progreso constante e interactivo entre los diversos actores sociales para beneficio en las condiciones de vida, generalizando las oportunidades entre la población. También es condición fundamental para el ejercicio de la democracia y de las libertades individuales, así como para consolidar las posibilidades de realización personal de la ciudadanía.

Ello implica la necesidad de fomentar de manera armónica las capacidades humanas básicas y sobre todo, reducir desigualdades y terminar con la exclusión de amplios grupos sociales; generando procesos de integración social que permitan la participación directa de todos los ciudadanos y grupos sociales en los beneficios del desarrollo social integral, a través de la extensión paulatina de sus potencialidades y el ejercicio pleno de sus derechos.

No obstante que en los últimos años hemos presenciado a nivel mundial cambios positivos, se plantean nuevos retos a las instituciones. La acelerada evolución de la tecnología, además de traer mejoramientos en la vida diaria, a menudo genera desempleo al requerirse menos mano de obra para la producción de los bienes y satisfactores, lo cual se agudiza por la falta de capacitación y adiestramiento en el nuevo sistema productivo, denominado por algunos como "posindustrial"; en esta misma dinámica, la globalización de la economía comienza a perfilar la aparición de grandes bloques comerciales dueños del mercado a través de innovaciones técnicas, dejando extensas porciones de la población desamparadas.

Una provisión equitativa de los servicios que se requieren, hace necesario redefinir los papeles que han jugado los componentes del Estado, dado que el exceso de demandas a que se enfrentan hace que los mecanismos tradicionales entren en obsolescencia.

Frente a este entorno, la ciudadanía ha aprendido a organizarse para satisfacer sus necesidades, regresando a un espíritu comunitario; rescatando así valores como la solidaridad y la autoayuda. Así, se requiere que el Gobierno se vincule con las organizaciones emanadas de la sociedad civil para que, guiados por los principios de respeto y corresponsabilidad, cooperen unidos para un mejor desarrollo. El Gobierno, por su parte, necesita abrir canales de colaboración con estos nuevos movimientos sociales a través de sus dependencias; la sociedad debe ser corresponsable del desarrollo junto con el Gobierno.

Nuestro país cuenta con una larga tradición de colaboración común para el desarrollo. Desde sus orígenes como nación independiente, México tiene una amplia experiencia en la ejecución de políticas sociales. Además, durante los últimos 50 años, ha acumulado un importante acervo de instituciones, instrumentos, formas de organización y de participación social y ciudadana que definen un "piso social", desde el cual hoy es posible avanzar hacia la consolidación de la política social como política de Estado.

Es conveniente recalcar que la ciudadanía ha venido tomando una mayor conciencia de su capacidad para colaborar en torno a una nación más prospera, a través de grupos organizados. México cuenta cada vez más con organizaciones que, sin buscar fines lucrativos, políticos o religiosos, se comprometen con el desarrollo social. Las acciones organizacionales emanadas del ámbito de lo público, deben ser estimuladas para fomentar su consolidación y ampliar las oportunidades para el crecimiento nacional, sin olvidar que tanto sociedad civil como Gobierno son corresponsables en proveer bienestar. Por ello también se les debe exigir, respetando sus estructuras organizativas, tolerancia, profesionalización y responsabilidad.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

En consecuencia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 19952000, se hace patente esta necesidad:

"El marco legal vigente no es suficiente para el despliegue de las iniciativas y los propósitos de la sociedad civil organizada e independiente. El Gobierno de la República considera que es de primordial importancia el establecimiento de un nuevo marco regulatorio que reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles."

También en estos años, las instituciones de nuestro país se encuentran en un proceso de renovación. En este sentido, uno de los temas que ocupa la agenda de trabajo del sector público se encarga de la "nueva relación del Gobierno con la sociedad civil", conteniéndose aquí el tema de las organizaciones de la sociedad civil y otras maneras de vincular a la ciudadanía, ya sea independiente u organizada, con las labores del Gobierno.

En ese mismo sentido, México ha suscrito compromisos acordados en cumbres internacionales, como la de las Américas, llevada a cabo en Miami en 1994, la de desarrollo social, realizada en Copenhague en 1995 y la de jefes de Estado de México y Centroamérica, misma que tuvo lugar en San José de Costa Rica en 1996. En ellas se destaca la necesidad de fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, particularmente para grupos vulnerables y grupos en situación desventajosa; crear marcos legislativos y reguladores, arreglos institucionales y mecanismos de consulta para que estas organizaciones participen en el diseño, la aplicación y la evaluación de las estrategias y programas concretos de desarrollo social; apoyar programas de formación de capacidad para esas organizaciones; proporcionar recursos mediante, por ejemplo, programas de pequeños subsidios y apoyo técnico y administrativo de todo tipo, para iniciativas adoptadas y administradas a nivel de la comunidad y fortalecer la formación de redes y el intercambio de conocimientos y experiencia entre estas organizaciones.

Asimismo, dichos compromisos tienen como propósitos la elaboración de procedimientos para la planificación y formulación de políticas que faciliten la asociación y la cooperación, entre los gobiernos y la sociedad civil, en la esfera del desarrollo social; apoyar a las instituciones académicas y de investigación, en particular en los países en desarrollo, en lo que respecta a su contribución a los programas de desarrollo social y facilitar la labor de los mecanismos para la supervisión independiente, ecuánime, imparcial y objetiva del progreso social, especialmente mediante la reunión, el análisis y la difusión de información e ideas sobre desarrollo económico y social; y alentar a las instituciones de enseñanza, los medios de difusión y otras fuentes de información y de formación de la opinión pública, a dar especial prominencia a los desafíos del desarrollo social y a facilitar un debate amplio y bien informado sobre las políticas sociales en toda la comunidad.

De esta forma, se contempla a la participación social en las tareas de desarrollo, como un imperativo que implica una estrategia renovada para perfeccionar un método colectivo de trabajo, a través del ejercicio corresponsable de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y grupos sociales, reconociendo las tradiciones comunitarias y el espíritu solidario de la población. En este marco se inserta la actividad de la Comisión de Participación Ciudadana.

La creación de la Comisión de Participación Ciudadana en la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, es un acontecimiento significativo que busca definir los papeles de los diversos actores de la población, en el logro de un pleno desarrollo social. Esta comisión plural tiene como meta esencial la generación, a través del estudio y del diálogo, de la nueva relación entre Gobierno y sociedad civil, para sentar las bases de una colaboración basada en la tolerancia y la corresponsabilidad. Por medio de su extenso contacto e intercambio con organizaciones ciudadanas de todo el país, la Comisión de Participación Ciudadana ha podido fomentar un espíritu de mutuo respeto y comprensión y una voluntad para trabajar juntos hacia el logro de las grandes metas nacionales: actitud que sin lugar a dudas rendirá resultados positivos para el Estado en su totalidad.

Para conocer mejor a las organizaciones y su problemática con miras a preparar una legislación que las fomente, la Comisión de Participación Ciudadana convocó a una consulta nacional sobre participación ciudadana de octubre de 1995 a julio de 1996, donde se recibieron cientos de propuestas provenientes de toda la República. Además, se revisaron los diversos foros que en años anteriores se hicieron sobre la materia. En síntesis, esta iniciativa de ley que se presenta hoy es producto de una larga articulación de voluntades y consensos.

La Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece, que se debe alentar la preservación y el perfeccionamiento de nuestro régimen republicano, representativo y federal, lo cual permitirá lograr una verdadera consolidación democrática que sea aplicable a nuestro modo de vida, impulsando la participación activa de la ciudadanía en la planeación y ejecución de actividades para el desarrollo social que impulsa el Gobierno de la República.

En consecuencia, cabe reiterar que el Estado debe ser el promotor permanente de la igualdad de derechos de todos los mexicanos, al fomentar el respeto, la tolerancia y oportunidades en la atención de sus necesidades básicas en todos los aspectos, para una mejor calidad de vida. Por ello, se debe alentar una participación ciudadana que fortalezca la soberanía, la independencia y el desarrollo social, político, económico y cultural de los mexicanos.

La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo:

La presente ley procura el respeto de las diversas formas de participación ciudadana, así como la autonomía de estas organizaciones sociales en la definición de sus objetivos, mecanismos y formas de operación, en el marco delimitado por nuestras leyes.

La presente iniciativa de Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social precisa el ámbito de acción, aplicación y desarrollo de las diversas organizaciones que buscan e impulsan el bienestar y desarrollo integral de la población, sin perseguir lucro alguno ni finalidad políticopartidista o religiosa, procurando que, al recibir recursos otorgados por el Gobierno, estas organizaciones impulsen la corresponsabilidad en todas las acciones de desarrollo social, promoviendo de esta manera una relación real y directa entre Gobierno y sociedad.

En relación con lo anterior, cabe precisar que la presente iniciativa no pretende regular actividades de las organizaciones políticas o asociaciones religiosas y, toda vez que ello corresponde exclusivamente a las leyes reglamentarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias; solamente dispone que las agrupaciones y organizaciones a que esta ley se refiere serán aquellas que, sin perseguir fines de propaganda o proselitismo políticopartidistas ni religiosos, procuren el bienestar de los sectores de la población que requieran de un servicio encaminado al desarrollo social.

La esencia de esta ley es reconocer plenamente a las organizaciones de la sociedad civil en sí, como en cuanto a la aportación que dan al Gobierno para prestar servicios a los sectores menos favorecidos. Por lo que respecta a aquellas que obtengan recursos públicos, en atención al carácter específico de las actividades de desarrollo social que realicen y a las finalidades que persiguen, se propone que sean reconocidas como organizaciones sociales de interés público.

Con esta ley se cumple, entre otras, con la siguiente expectativa plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000:

"Construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea la base de certidumbre y confianza para una vida política, pacífica y una intensa participación ciudadana.

Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda a todo el país las oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia."

Con la presente ley, se procura fomentar la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos, así como en las relaciones entre los ciudadanos y sus organizaciones con el Gobierno en las acciones de desarrollo y en toda actividad de beneficio común.

La estructura de la ley contiene tres títulos, de los cuales el primero se refiere a disposiciones generales, que definen, en su capítulo unico, los objetivos y naturaleza de la ley.

El Título segundo se ocupa, en su Capítulo I, de las agrupaciones de la sociedad civil; el Capítulo II define los derechos y obligaciones de las organizaciones que obtengan recursos de los sectores social y privado; por último, el Capítulo III trata a las organizaciones que obtengan además, recursos del sector público, señalando los requisitos que éstas necesitan cumplir para tal efecto.

Finalmente el Título Tercero, en su Capítulo I trata de las autoridades, así como su vinculación y facultades respecto a las agrupaciones y organizaciones; y el Capítulo II contempla las infracciones y sanciones que dichas instituciones de la sociedad civil deberán afrontar en caso de cometer violaciones a las disposiciones del presente marco regulatorio.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social.

Señor Presidente: quisiera pedir que en obvio de tiempo, sea insertado en el Diario de los Debates el contenido de esta Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social, así como los antecedentes de la presentación de la propia iniciativa, que es firmada por los siguientes diputados federales: María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Víctor Manuel Quintana, Víctor Manuel Palacios, Audomaro Alba Padilla, María del Carmen Segura Rangel, Rodrigo Robledo Silva, Claudio Coello Herrera, Tomás López Martínez, Isidro Aguilera Ortiz, Ana Lilia Cepeda de León, Rosa María Cabrera Lotfe, Arnoldo Martínez Verdugo, Carlos Núñez Hurtado y Eduardo Guzmán Ortiz.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que, como lo solicita la diputada, se inserte esta iniciativa en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1o. La presente ley es de interés social y de aplicación general en toda la República, sin perjuicio de la legislación y normas de carácter local que corresponda expedir a las entidades federativas y municipios. Tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación y apoyo, así como las formas de financiamiento del Estado mexicano, para las personas físicas agrupadas y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al desarrollo social.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Ley: la presente Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social;

II. Estado mexicano: la Federación, las entidades federativas y municipios de la República Mexicana;

III. Agrupaciones: las agrupaciones de personas físicas;

IV. Organizaciones: las organizaciones de la sociedad civil;

V. Dependencias: las dependencias de la administración pública federal, del Distrito Federal, de los estados y municipios y

VI. Entidades: las entidades paraestatales de la administración pública federal, del Distrito Federal, de los estados y municipios.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, las agrupaciones de personas físicas y las organizaciones de la sociedad civil son aquéllas instituciones que, sin afán de lucro y sin perseguir fines de propaganda o proselitismo políticopartidistas ni religiosos, procuran el bienestar social de los sectores de la población que requieren un servicio encaminado al desarrollo social. Se clasifican de la siguiente manera:

I. Agrupaciones;

II. Organizaciones que obtengan recursos de los sectores social y privado y

III. Organizaciones que obtengan, además, recursos del sector público.

Se considera que el desarrollo social es el proceso evolutivo, dinámico y democrático que lleve al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano en su conjunto y de los ciudadanos en lo individual.

Artículo 4o. Las agrupaciones y organizaciones, en términos de las leyes correspondientes, podrán promover, impulsar, realizar y desarrollar alguno o varios de los siguientes objetivos y actividades:

I. Asesoría, gestoría, orientación y asistencia técnica, jurídica y social a personas, grupos, agrupaciones y asociaciones, así como a instituciones u organismos públicos y privados, involucrados en tareas de desarrollo social;

II. Obtención, canalización y aportación de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que conduzcan a un mayor desarrollo social, cívico y cultural de la población;

III. Realización de acciones de auxilio, apoyo y asistencia en favor de la población;

IV. Realización de obras y prestación de servicios públicos y privados;

V. Investigación científica, tecnológica y social que genere conocimientos e información para el desarrollo social y el beneficio de la población; VI. Educación, formación, capacitación y adiestramiento, de carácter formal e informal, tanto individual como colectivo, en las diversas temáticas relacionadas con las disciplinas filosóficas, humanas y sociales y con tareas inherentes al desarrollo social. Estas actividades podrán requerir o no, del reconocimiento de validez oficial de estudios;

VII. Construcción de redes de agrupaciones y organizaciones para el intercambio de conocimientos y experiencias, así como para su fortalecimiento y apoyo en el logro de objetivos y tareas compartidas y

VIII. Los demás que tengan relación con las actividades y objetivos anteriormente señalados y coadyuven al desarrollo humano integral o al bienestar general de la sociedad.

Artículo 5o. Toda persona tiene derecho de asociación para reunirse pacíficamente como agrupación o así constituirse como organización, con la finalidad de fomentar y promover la prestación de los servicios de bienestar social y actividades a que se refiere el artículo anterior.

El Estado mexicano garantiza, en términos de los dispuesto por el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de asociación para el desarrollo social. A tal efecto, las autoridades jurisdiccionales y administrativas de todo el país cuidarán que se dé cabal cumplimiento a lo preceptuado por esta ley, preservando la autonomía e independencia de dichas instituciones.

Artículo 6o. Las agrupaciones y organizaciones que obtengan recursos económicos provenientes del extranjero, se sujetarán a lo siguiente:

I. Ingresarán las respectivas remesas al territorio nacional únicamente por conducto de las instituciones del sistema financiero nacional y deberán acreditar debidamente la procedencia de dichos recursos proporcionando la información que se establece en la fracción siguiente y

II. Informarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 20 días siguientes a su percepción, sobre los datos relativos a nombre, nacionalidad y domicilio del aportante, así como el monto o importe de las operaciones y lugar de origen de las remesas.

Artículo 7o. Las agrupaciones y organizaciones gozarán de exenciones de impuestos, derechos o contribuciones, así como subsidios, estímulos fiscales y demás beneficios económicos y administrativos que en el ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, establezca la legislación fiscal correspondiente.

Artículo 8o. Las agrupaciones y organizaciones podrán, a su elección, inscribirse en el registro público de agrupaciones y organizaciones, que establecerá y llevará la dependencia del Ejecutivo Federal que determine el Reglamento de esta ley, de conformidad con lo siguiente:

I. Las agrupaciones que al momento de presentar su solicitud reúnan los requisitos que establece el artículo 9o. de esta ley, serán inscritas sin más trámite que el mero acreditamiento de su representante común y

II. Las organizaciones se inscribirán presentando con su solicitud, como único requisito, una copia certificada de la protocolización de su acta constitutiva.

El registro público, en términos de las disposiciones reglamentarias, certificará la autenticidad de los hechos o actos que en él se inscriban, verificará las anotaciones y expedirá copias certificadas de los documentos e instrumentos que se pasen ante su fe.

De la misma forma, estará encargado de elaborar y mantener actualizado un directorio que contenga los nombres, domicilios, actividades, objetivos y demás elementos de identidad de las agrupaciones y organizaciones, así como de integrar y difundir periódicamente una relación de las acciones relevantes y logros exitosos que éstas desempeñen en favor del desarrollo social.

TITULO SEGUNDO

De las modalidades organizativas de la sociedad civil

CAPITULO I

De las agrupaciones

Artículo 9o. Las agrupaciones tendrán como requisitos: I. Contar con un mínimo de cinco personas físicas como integrantes;

II. Designar un nombre o denominación de la agrupación;

III. Señalar un domicilio para la agrupación y

IV. Contar con un representante común encargado de realizar los trámites de carácter administrativo y operativo, al cual se le reputarán facultades de administración, mas no para ejercer actos de dominio, siendo estas últimas exclusivas de los integrantes de la agrupación. El representante común podrá ser o no miembro de la agrupación.

Artículo 10. Las agrupaciones tendrán como derechos, los siguientes:

I. Conocer, dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, las políticas, planes, programas y proyectos, así como las acciones de carácter operativo y administrativo que llevarán a cabo las dependencias y entidades en el ámbito de su competencia, para la instrumentación de actividades de bienestar y desarrollo social;

II. Participar en la celebración de convenios y en la ejecución de acciones de concertación con las distintas dependencias y entidades para la realización de actividades de bienestar y desarrollo social;

III. Ser respetadas en su autonomía interna y en sus formas de articulación con las agrupaciones y organizaciones, así como con las diversas instituciones públicas y privadas;

IV. Acceder a los beneficios que se deriven de leyes, convenios, convenciones, tratados y otros instrumentos internacionales;

V. Acceder como agrupación a la administración de justicia e interponer recursos legales para la defensa legítima de sus derechos;

VI. Recibir asesoría y capacitación por parte de las dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de sus fines y

VII. Ser sujetos de participación y consulta para la elaboración, actualización y ejecución del plan nacional de desarrollo y los programas y proyectos que deriven de éste, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen.

Artículo 11. Las agrupaciones tendrán como obligaciones, las siguientes:

I. Cumplir con alguna o varias de las actividades establecidas en el artículo 4o. de esta ley;

II. Cumplir en la realización de sus actividades con los fines de desarrollo social y basar su trabajo en los principios de responsabilidad, equidad, solidaridad y tolerancia;

III. Destinar al cumplimiento de sus fines los bienes, recursos, intereses y productos obtenidos, debiendo atender las condiciones a que se sujeten los beneficios que se les otorguen;

IV. No distribuir los remanentes entre sus integrantes;

V. Procurar la profesionalización de sus servicios y la continua formación técnica y humana de sus integrantes y

VI. Cumplir con las disposiciones legales que les correspondan de acuerdo a la normatividad vigente.

CAPITULO II

De las organizaciones que obtengan recursos de los sectores social y privado

Artículo 12. Las organizaciones que obtengan recursos de los sectores social y privado deberán cumplir, además de los requisitos establecidos para las agrupaciones, con los siguientes:

I. Estar constituidas con apego a las leyes correspondientes;

II. Contar con personalidad jurídica, nombre, patrimonio propio y un domicilio y

III. Contar con un representante legal, debidamente acreditado en términos de sus documentos constitutivos.

Para recibir donativos deducibles de impuestos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la legislación aplicable.

Artículo 13. Las organizaciones tendrán como derechos, además de los establecidos para las agrupaciones:

I. Celebrar convenios y ejecutar acciones de concertación con las distintas dependencias y entidades, para la realización de actividades de desarrollo social y

II. Funcionar como órganos de consulta en el diseño, administración, operación, vigilancia y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos públicos para fomentar el desarrollo social, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. Las organizaciones, además de las obligaciones establecidas para las agrupaciones, deberán:

I. Mantener a disposición de las autoridades y el órgano de supervisión ciudadana competentes, la información de las actividades que realicen, de su contabilidad y estados financieros y

II. Cumplir en el ámbito de sus actividades con los códigos de ética que los profesionales establezcan en cada materia.

Los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que presten un servicio profesional se sujetarán a lo dispuesto en la correspondiente ley de profesiones.

CAPITULO III

De las organizaciones que obtengan además recursos del sector público

Artículo 15. Las organizaciones que reciban recursos del sector público deberán cumplir con lo siguiente:

I. Formular anualmente un plan de actividades que contendrá los compromisos y acciones que, en congruencia con sus fines de desarrollo social, hayan concertado con la Secretaría de Desarrollo Social y demás autoridades competentes;

II. Informar anualmente sobre sus actividades, inversiones, intereses y productos obtenidos, así como de la ejecución y aplicación de los mismos a la dependencia o entidad que haya otorgado los recursos con cargo al gasto público;

III. Sujetarse a las disposiciones de la legislación aplicable en cuanto al uso y manejo de los recursos a que se refiere la fracción anterior, y

IV. Cumplir con los estándares de calidad, normas oficiales y requisitos de profesionalización y colegiación cuando así lo requieran sus actividades, conforme a la legislación de la materia y a los usos y costumbres.

Artículo 16. Las organizaciones que obtengan recursos del sector público tendrán como derechos, además de los establecidos en el capítulo anterior, los siguientes:

I. Ser reconocidas como de interés público, en función de las actividades de desarrollo social que desempeñen;

II. Participar, dentro del marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el diseño, planeación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos públicos para fomentar el desarrollo social;

III. Tener acceso a los recursos públicos encaminados a la realización de actividades de desarrollo social y

IV. Ejercer de manera directa la aplicación de los recursos obtenidos y llevar a cabo la ejecución de programas de desarrollo social, en términos de los convenios y acciones de concertación acordados.

TITULO TERCERO

De las autoridades, infracciones y sanciones

CAPITULO I

De las autoridades

Artículo 17. Para el cumplimiento de esta ley, las dependencias y entidades, respecto de los asuntos de su competencia y de acuerdo con el Reglamento que expida el Ejecutivo, deberán:

I. Establecer las políticas de fomento y estímulo que permitan que las organizaciones accedan con oportunidad y eficiencia a los recursos disponibles para la realización de las acciones de desarrollo social;

II. Establecer los procedimientos y mecanismos que permitan que las agrupaciones y organizaciones participen y sean órganos de consulta y supervisión en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y Disposiciones Reglamentarias;

III. Efectuar estudios e investigaciones que permitan apoyar a las agrupaciones y organizaciones en la realización de acciones de desarrollo social;

IV. Celebrar convenios y concertar la realización de acciones con las agrupaciones y organizaciones para el desarrollo social;

V. Auxiliar a las agrupaciones y organizaciones que lo requieran, en la planeación y concertación de acciones de desarrollo social y

VI. Establecer las medidas de simplificación administrativa que faciliten y hagan expedita la realización de las actividades de las agrupaciones y organizaciones a que se refiere la presente ley.

Artículo 18. Las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones presupuestales aplicables, podrán otorgar recursos públicos a las organizaciones a las que se refiere el artículo 3o. fracción III de la presente ley, a fin de que éstas realicen actividades de desarrollo social, los que se canalizarán por conducto de la dependencia o entidad correspondiente.

Artículo 19. Para los efectos del artículo anterior, las dependencias y entidades:

I. Darán a conocer con oportunidad las políticas, programas y proyectos, así como las acciones de carácter administrativo y operativo que llevarán a cabo, en el ámbito de su competencia, para la instrumentación de actividades de desarrollo social y

II. Publicarán en el Diario Oficial de la Federación y publicitarán las convocatorias que expidan. La difusión de las mismas se hará tanto en los medios de comunicación, como a través de las redes organizativas que existan en la sociedad civil.

CAPITULO II

De las infracciones y sanciones

Artículo 20. Es facultad de las dependencias competentes, en el exclusivo ámbito de sus facultades, la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley. El procedimiento de imposición de sanciones, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o la local que corresponda.

Artículo 21. Son infracciones en las que pueden incurrir las agrupaciones y organizaciones, además de las que señale la legislación administrativa, las siguientes:

I. Incumplir indebidamente con su objeto social;

II. No destinar los bienes, recursos, intereses y productos para los fines que fueron creadas;

III. Distribuir remanentes entre sus integrantes;

IV. Realizar actividades con fines de propaganda o proselitismo político, partidistas o religiosos;

V. Incumplir con alguna o varias de las obligaciones legales que les correspondan de acuerdo a la normatividad vigente;

VI. No cumplir con la obligación de proporcionar información, en los términos de la fracción I del artículo 14;

VII. Abstenerse de enviar los informes que le sean requeridos por la dependencia o entidad que les otorgue o autorice recursos públicos y

VIII. No sujetar el uso de dichos recursos a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 22. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de las que podrían derivarse en materia civil o penal, se le impondrán equitativa y proporcionalmente al monto de su operaciones y de acuerdo a la gravedad de la conducta, las sanciones que a continuación se señalan:

I. Amonestación, para los casos previstos en las fracciones I, V y VI del artículo anterior;

II. Multa de una a 300 veces el salario mínimo general diario vigente en la fecha y el área geográfica correspondiente al domicilio de la agrupación u organización, para los casos previstos en las fracciones II, III y VII del artículo anterior;

III. Suspensión temporal hasta por un año de los derechos que conceden los artículos 10, 13 y 16 de esta ley, para los casos previstos en las fracciones IV y VIII del artículo anterior y

IV. Suspensión definitiva de los derechos que concede esta ley para aquellas agrupaciones u organizaciones que reiteradamente cometan las conductas previstas en las fracciones III, IV y VIII del artículo anterior.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 90 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones de esta ley no afectarán los derechos adquiridos por asociaciones, sociedades, agrupaciones y demás entidades u organizaciones que se encuentren ejerciendo recursos o ejecutando actos acordados o concertados con anterioridad a su entrada en vigor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de que, para todos los efectos legales, dichas personas o entidades y agrupaciones puedan acogerse, desde luego, a los beneficios, prerrogativas y facilidades que reconoce y otorga el presente ordenamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 1997. Diputados: María Guadalupe Cecilia Romero, Víctor Manuel Quintana S., Víctor Manuel Palacios S., Audomaro Alba Padilla, María del Carmen Segura R., Rodrigo Robledo Silva, Claudio M. Coello Herrera, Tomás López Martínez, Isidro Aguilera Ortiz, Ana Lilia Cepeda de León, Rosa María Cabrera Lotfe, Arnoldo Martínez Verdugo, Carlos Núñez Hurtado y Eduardo Guzmán Ortiz.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial de Participación Ciudadana.

CODIGO CIVIL

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 475 y 618 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El diputado Armando Salinas Torre:

Buenas tardes.

Con el permiso de la Presidencia.

«Iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, relativa al tema de personas con discapacidad.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión Los suscritos, diputados de la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reforma y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuando hablamos de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad es insoslayable referirse a aquellos que presentan alguna limitación de carácter intelectual y a quienes la ley civil establece, en su artículo 450 fracción II, incapacidad de ejercicio en virtud de alguna deficiencia persistente de carácter sicológico; no por ser el sector más vulnerable en la gama de discapacidades sino porque comúnmente, dadas las circunstancias que acompañan este tipo de discapacidad, se enfrentan a lo largo de su vida a una serie de obstáculos sociales que van desde la incomprensión hasta la falta de normas legales que les garanticen una convivencia acorde con sus necesidades.

Por fortuna son muchas las personas que día con día luchan por la verdadera integración de los discapacitados a la sociedad, tratando de generar espacios para que puedan cumplir cabalmente con su destino, enfrentándose a obstáculos de toda índole para lograr romper paradigmas sociales ajenos a todo humanismo; dándonos ejemplo de tenacidad ante las adversidades.

Afortunadamente algunas de sus demandas han hecho eco ya en nuestra legislación, siendo ejemplo de ello la reforma al artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, cuya trascendencia debe ser aquilatada e interpretada cabalmente.

En efecto, esta reforma legal constituye la primera en referirse a la situación de las personas con discapacidad en la ley civil. Fue, por así decirlo, un reconocimiento a las personas con discapacidad y a sus organizaciones en su lucha por lograr una legislación más justa. Constituyó asimismo un parteaguas en la concepción tradicional acerca de la incapacidad jurídica de la personas.

En esta reforma se suprimieron los vocablos que atentaban contra la dignidad de las personas con discapacidad y se actualizó el concepto de incapacidad jurídica en nuestra legislación.

La modificación al artículo 450 del Código Civil, se hacía imprescindible porque es el dispositivo legal que describe qué debe entenderse por incapacidad natural y legal de las personas y quiénes están sujetos a dicha incapacidad.

Lo que motivó esta reforma fue el hecho de que la ley, al referirse a los discapacitados intelectuales, los estigmatizaba con los vocablos de "loco", "idiota" o "imbécil"; que a todas luces eran términos obsoletos y peyorativos. Se planteó entonces la necesidad de suprimir estos vocablos para adecuarlos a la nomenclatura utilizada en nuestros días.

Por otra parte el artículo 450 derogado, se refería a los sordomudos que no saben leer ni escribir como sujetos a incapacidad, lo cual, dado el avance en la rehabilitación de los discapacitados sensoriales, resultaba incongruente y alejado de la realidad.

Es así que se arribó a la nueva concepción de la incapacidad legal, basada no en cuestiones radicales que olvidan que dentro de los diversos aspectos que puede presentar la incapacidad, existe una gama de hipótesis que deben tomarse en cuenta en el juicio que establezca dicha incapacidad en una persona. Se pasó de lo general y abstracto, a lo concreto y particularizado, obligando al juzgador a referirse a la incapacidad, tomando en cuenta la circunstancia específica de la persona que se encuentra como posible sujeto a interdicción.

Al leer la fracción segunda del artículo 450 vigente, salta a la vista la acertada redacción de sus términos, pues los vocablos que contiene revelan el cuidado que se tuvo para referirse a las circunstancias en que se pueden encontrar aquellos que pudieran ser considerados como incapaces a la luz de nuestra ley civil.

La clasificación que aparece en el dispositivo que venimos comentando es acertada, ya que al referirse a las clases de deficiencia persistente que llevarán a la determinación de incapacidad, nos está refiriendo a la clasificación de consuno aceptada para las personas con discapacidad, a saber: discapacidad física, sicológica o sensorial. Pero sin duda, el hecho de haber incluido la "gobernabilidad de sí mismo", es el avance más importante de esta reforma.

En efecto, este elemento de la norma, que encontramos en legislaciones avanzadas en la materia, como puede ser la española, trastocó la concepción que en nuestro país había prevalecido en el tema de la incapacidad jurídica de las personas.

Ahora, para poder determinar la capacidad o incapacidad en un caso concreto, habrá que referirse a la naturaleza de los actos jurídicos que pueda realizar el sujeto, en implicación directa con su estado mental. Es decir, la redacción del actual artículo 450 en su fracción segunda, implica que el juzgador, al decretar la incapacidad de la persona sujeta a un juicio de interdicción, compruebe que dicha persona además de encontrarse en alguna de las hipótesis establecidas en el dispositivo mencionado, esté limitada o alterada en su inteligencia a tal grado que no puede gobernarse y obligarse por sí misma para un determinado acto jurídico.

Se pasa así de una determinación fría y como hemos dicho, abstracta, a otra más humana.

No obstante, los diputados que signamos la presente iniciativa pensamos es necesario profundizar un poco más en este imperativo. Es indispensable puntualizar en la ley que el juzgador al establecer en una sentencia la incapacidad, deberá hacerlo teniendo un cuidado extremo en no lesionar los derechos fundamentales de quienes presentan una discapacidad intelectual.

En este sentido, no puede sostenerse actualmente que una persona con discapacidad intelectual sea, en todos los casos, incapaz para realizar la totalidad de actos jurídicos que le impone el entorno social en que se desenvuelve. El avance en la rehabilitación y en la educación especial nos obligan a reconocer que en muchos casos el discapacitado intelectual puede perfectamente comprender el alcance y consecuencia de sus actos más inmediatos, por ejemplo, los que se refieren al cuidado de su persona.

Pero aún más, han demostrado, entre otras cosas, poder conducir su vida en forma independiente y desempeñar un trabajo productivo; el ejemplo más evidente se encuentra en los discapacitados intelectuales limítrofes. En pocas palabras, no podemos decir que por el hecho de que una persona presente deficiencia persistente de carácter sicológico, sea incapaz de realizar actividades que involucran actos jurídicos.

Es evidente que ante este estado de cosas, debe proveerse a la ley civil de normas que se ajusten a la realidad que viven quienes se ven afectados directa o indirectamente por este tipo de incapacidad.

Por ello estamos planteando ante esta soberanía la necesidad de reformar los artículos 462, 475 y 618 del código sustantivo en materia civil para el Distrito Federal, porque dichas reformas constituyen una demanda reiterada de las organizaciones de y para personas con incapacidad intelectual.

En efecto, en nuestro país las organizaciones e instituciones civiles dedicadas a proteger y dar atención a las personas incapaces intelectualmente acorde con lo establecido en nuestra ley civil, en su mayoría están integradas por padres de familia que reclaman seguridad jurídica para sus hijos en todos los ámbitos de la vida social y especialmente seguridad de que al fallecer ellos, sus hijos sean procurados y atendidos dignamente.

En este tenor consideramos necesaria la reforma al artículo 462 del Código Civil vigente en el Distrito Federal, para establecer que tratándose de incapaces por enfermedad o deficiencia persistente de carácter sicológico, la sentencia que se emita para conferir la tutela deberá establecer el alcance de la incapacidad y determinar la extensión y límites de la tutela. Ello permitirá que en dicha sentencia se haga mención de los actos jurídicos más relevantes para los que es capaz quien vaya a quedar bajo tutela. Dichos actos deberán determinarse por el juzgador una vez realizado un detenido estudio de la personalidad de quien vaya a quedar bajo tutela y, sobre todo después que el juez tome conocimiento de su persona, en este caso consideramos de vital importancia los elementos que se hagan llegar al tribunal por los familiares más cercanos del incapaz.

Por lo que hace al artículo 475 que trata de la tutela testamentaria, se propone hacer mención expresa de que en caso de que dicha tutela sea conferida a una persona con incapacidad intelectual por su padre, el testador podrá establecer las medidas que estime necesarias para la protección de la persona y bienes del incapaz, con lo que dicho testador, que es quien más conoce la situación de la persona sujeta a interdicción por incapacidad intelectual, esté en posibilidades de resguardar su futuro en forma idónea.

En el mismo artículo 475 y en el 618, proponemos que la ley permita ser tutores y curadores a las personas morales que no tengan finalidad lucrativa y cuyo objeto sea la atención de las personas con incapacidad intelectual. Pensamos que estas adiciones a los citados artículos se justifican porque en nuestro país existen organizaciones e instituciones comprometidas con el incapacitado intelectual que han demostrado luchar honesta y desinteresadamente por la equiparación de oportunidades para este sector social. Por otra parte, dichas personas morales no quedarían exentas de la garantía que deben prestar los tutores para asegurar su manejo, como lo establece el propio Código Civil, con lo que estarían obligadas a un manejo adecuado de las responsabilidades que adquieren en este caso.

Por último, consideramos oportuno cambiar la denominación del Capítulo IV del Título Noveno del ordenamiento legal en cuestión, ya que inexplicablemente sigue utilizando vocablos peyorativos y atentatorios a la dignidad humana para referirse a las personas que presentan incapacidad intelectual.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara, la siguiente

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL

Artículo único. Se reforman los artículos 462, 475, 618 y la denominación del Capítulo IV del Título Noveno del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:

"Artículo 462. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella.

Tratándose de incapaces por enfermedad o deficiencia persistente de carácter sicológico, el juez con base en un estudio de personalidad y oyendo la opinión de los parientes más cercanos de quien vaya a quedar bajo tutela, emitirá sentencia en la que deberá establecer el alcance de la incapacidad y determinar la extensión y límites de la tutela.

Artículo 475. El padre que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción por incapacidad intelectual, puede nombrarle tutor testamentario si la madre ha fallecido o no puede legalmente ejercer la tutela. En dicho nombramiento el testador podrá establecer las medidas que estime necesarias para la protección de la persona y bienes del incapaz.

La madre, en su caso, podrá hacer el nombramiento de que trata este artículo.

Podrán ser tutores testamentarios las personas morales que no tengan finalidad lucrativa y cuyo objeto social sea la atención a las personas con incapacidad intelectual.

Artículo 618. Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además del tutor tendrán un curador, excepto en los casos de tutela que se refieren los artículos 492 y 500.

Tratándose de personas con incapacidad intelectual, podrán desempeñar la curatela las personas morales cuyo objeto sea la atención a dichas personas y no tengan finalidad lucrativa.

CAPITULO IV

De la tutela legítima de las personas con incapacidad física, sicológica o sensorial; de los adictos a sustancias tóxicas y de los que habitualmente abusan de las drogas enervantes.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 28 de abril de 1997. Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, diputados: Ricardo Francisco García Cervantes, Andrés Galván Rivas, María Remedios Olivera Orozco, Nohelia Linares González, Juan Manuel Pérez Corona, Alicia Céspedes Arcos, José Arturo Quiroz Presa, María Teresa Cortez Cervantes, Zenen Xochihua Valdez, Javier Ortega Espinoza, Agustín Torres Delgado, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Alejandro González Alcocer, Alejandro Higuera Osuna, Alejandro Villaseñor Tatay, Alfonso Martínez Guerra, Apolonio Méndez Meneses, Arnulfo Cueva Aguirre, Audomaro Alba Padilla, Augusto César Leal Angulo, Carlos Alfonso Nuño Luna, Claudio Manuel Coello Herrera, Consuelo Botello Treviño, Cristian Castaño Contreras, Cruz Pérez Cuéllar, David Vargas Santos, Eduardo Amador Cárdenas Lebrija, Eduardo Arias Aparicio, Eusebio Moreno Muñoz, Fernando Garza Martínez, Fernando Garzacabello García, Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas, Fernando Pérez Noriega, Florencio Martín Hernández Balderas, Francisco Javier Santos Covarrubias, Francisco José Peniche y Bolio, Francisco Ledezma Durán, Gaspar Eugenio Ortiz Walls, Gerardo Macario Rodríguez Rivera, Giuseppe Macías Beilis, Gonzalo Alarcón Bárcena, Guillermo Alberto Luján Peña, Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo, Hugo Meneses Carrasco, Humberto Andrade Quezada, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Javier de Jesús Gutiérrez Robles, Abel García Ramírez, Armando Salinas Torre, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Jesús Carlos Hernández Martínez, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Jorge Antonio Catalán Sosa, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Jorge González González, Jorge Hernández Domínguez, Jorge Humberto Gómez García, Jorge Humberto Padilla Olvera, Jorge Ocejo Moreno, Jorge Ricardo Nieto Guzmán, Jorge Urdapilleta Núñez, José Alberto Castañeda Pérez, José Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Preciado Bermejo, José de Jesús Sánchez Ochoa, José Enrique Patiño Terán, José Francisco Limón Tapia, José Iñiguez Cervantes, José de Jesús Durán Ruiz, José Luis Aguilar Martínez, José Luis Galeazzi Berra, José Luis Torres Ortega, José Pedro Sánchez Ascencio, Juan Antonio García Villa, Kurt Antonio Thomsen D,Abbadie, Lauro Norzagaray Norzagaray, Lorenzo Duarte Zapata, Luis Alberto Rico y Samaniego, Luis Andrés Esteva Melchor, Luis Felipe Mena Salas, Luis Ruan Ruiz, Luz de Jesús Salazar Pérez, María Flor Celina Prado Piña, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Manuel Arciniega Portillo, Manuel Baeza González, Manuel Beristáin Gómez, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Manuel Jesús Fuentes Alcocer, Margarita Villanueva Ramírez, María del Carmen Segura Rangel, María Elena Alvarez Bernal, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Martha Patricia Mendoza Peña, Max Tejeda Martínez, Miguel Acosta Ruelas, Miguel Alberto Segura Dorantes, Patricia Garduño Morales, Pedro Flores Olvera, Rafael Ayala López, Rafael Díaz Chávez, Rafael Núñez Pellegrín, Ramón Cárdenas Gudiño, Ramón Miguel Hernández Labastida, Raúl Ríos Magaña, Régulo Pastor Fernández Rivera, Ricardo T. Navarrete Montes de Oca, Rodolfo Elizondo Torres, Rodrigo Robledo Silva, Rosa María Guerrero Aguilar, Salvador Becerra Rodríguez, Salvador Beltrán del Río Madrid, Salvador Fernández Gavaldón, Salvador Othón Avila Zúñiga, Sergio Teodoro Meza López, Tomás López Martínez, Víctor Cruz Ramírez, Víctor Manuel Palacios Sosa, María Teresa Tapia Bahena y Darío Adolfo Rubén Martínez Got.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Justicia.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (III)

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la pena de muerte.

El diputado Ricardo Tarcisio Navarrete Montes de Oca:

Gracias, señor Presidente:

Con el propósito de ahorrar tiempo, presentaré simplemente una síntesis.

«Proyecto de reforma al artículo 22 constitucional párrafo tercero en materia de la pena de muerte.

La pena de muerte ha sido desde hace mucho tiempo objeto de controversia y recientemente de campañas internacionales en pro de la abolición de practicarla en tiempos de paz. El debate ha sido siempre sobre la validez o no de sancionar con esta forma de castigo bajo la presión atendible de las sociedades que reclaman sanciones más eficaces que logren realmente abatir la delincuencia y la ferocidad con que ésta actúa.

La pena de muerte es un desafío directo al derecho a la vida, que cuando se aplica deteriora el valor a la vida ante los ojos de la sociedad, especialmente de los jóvenes; con ello no se avanza, sino sólo se endurece el Estado.

La pena de muerte ha sido y sigue siendo aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los atracos a mano armada, contra las oleadas de asesinatos, incluyendo delitos abominables que nadie justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces, pero humanas.

Sin embargo no es exacto deducir que la pena de muerte sea conveniente, porque algunos países industrializados la siguen aplicando. No es responsabilidad nuestra decidir acerca de la vida o la muerte de un delincuente si bien nos concierne mejorar nuestro ámbito social. Debemos evitar que el Estado, la autoridad pública, actúe recurriendo a la violencia que trata de erradicar de la vida social. El asesino mata inocentes, niños o cualquier otra persona, luego el Estado mata a los asesinos y lo único que se logra es aumentar más la violencia.

En síntesis, en los tratados internacionales sobre derechos humanos existen normas tendientes a que la pena capital desaparezca y en los países que actualmente la tienen vigente, el derecho internacional se encamina a que no se extiendan a más delitos y pide a los gobiernos su abolición.

También en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, se da un tratamiento similar a la lucha contra la pena de muerte y se prohibe su aplicación a menores de 18 años de edad o más de 70 y a mujeres en estado de gravidez, con ello se va limitando cada vez más a los gobiernos los casos para aplicarla y se pretende finalmente que quede suprimida. Las normas civilizadas contemporáneas eso buscan lograr.

Aunque la Constitución de la República habla de la aplicación de la pena de muerte en su artículo 22, los congresos estatales han ido suprimiendo en lo local dicha pena. Lo congruente por lo tanto e indispensable, sería que se suprimiera de la Constitución para evitar confusiones y no retroceder en la tendencia del país para no volverla a aplicar.

Plantear el establecimiento de la pena de muerte con la pretensión de abatir la criminalidad, es actuar sobre los efectos y no sobre las causas de ese fenómeno, pues resulta evidente que el aumento de la delincuencia responde a causas económicas, sociales y educativas que es necesario detectar y combatir.

Este no es un asunto insignificante, si luchamos por su abolición total es porque la vida y su valor debe siempre elevarse y no hacerla depender de la pobreza o riqueza del país ni de las estadísticas de criminalidad o de la irritación social. La propuesta no sólo busca reformar el párrafo tercero del artículo 22 constitucional, sino lo coloca en primer lugar dada la trascendencia de su contenido.

Esta reforma, señoras y señores diputados, que hoy propongo, quiere ser un testimonio público y creyente en favor de la vida, lleva un mensaje más allá de nuestras fronteras, a aquellos gobiernos que en otros países la siguen aplicando, pues aunque en México haya graves problemas sociales y económicos, mantenemos los grandes valores humanistas que nos hacen salir adelante.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22. A excepción de lo dispuesto en las leyes militares, queda prohibida la aplicación de la pena de muerte en cualquier caso. Asimismo quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas e intrascendentes.

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 1997. Y abajo rúbricas de compañeros diputados.»

Muchas gracias.

Señor Presidente, suplico turne, el texto íntegro, para su consideración en el Diario de los Debates.

Gracias.

PROYECTO DE REFORMA AL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL, PARRAFO TERCERO EN MATERIA DE PENA DE MUERTE

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pena de muerte ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de controversia y, recientemente de campañas internacionales en pro de la abolición de practicarla en tiempos de paz.

El debate ha sido siempre sobre la validez o no, de sancionar con esta forma de castigo, bajo la presión atendible de las sociedades que reclaman sanciones más eficaces, que logren realmente abatir la delincuencia y la ferocidad con que ésta actúa.

En la ONU se inició el debate al respecto en 1946 durante la redacción de la declaración general de los derechos del hombre, cuando Yugoslavia, Polonia y la URSS se manifestaron por la abolición de la pena capital en tiempos de paz.

Por regla general, en algunos países, la suspensión de la pena capital revistió un carácter social interno, al reconocerse que su aplicación no conduce a la reducción de la criminalidad y que era preciso buscar otros medios para ello.

Acción Nacional desde 1939 contempla que la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino. Congruente con ello, en 1979 presentamos una iniciativa de ley mediante la cual se modificaba el artículo 4o. constitucional con la finalidad de que quedara plasmado el reconocimiento del derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta su muerte. Ahora, con esta reforma al artículo 22 constitucional, se cierra el círculo proponiendo la abolición de la pena de muerte.

La pena de muerte es un desafío directo al derecho a la vida, que cuando se aplica deteriora el valor a la vida ante los ojos de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Con ello no se avanza, sino sólo se endurece el Estado.

La pena de muerte ha sido y sigue siendo aplicada en una serie de países con el fin de luchar contra los atracos a mano armada, contra las oleadas de asesinatos, incluyendo delitos abominables que nadie justifica y que deben ser sancionados con medidas eficaces, pero humanas.

Sin embargo, no es exacto deducir que la pena de muerte sea conveniente porque algunos países industrializados la sigan aplicando. No es responsabilidad nuestra decidir acerca de la vida o la muerte de un delincuente y concierne mejorar nuestro ámbito social. Debemos evitar que el Estado, la autoridad pública actué recurriendo a la violencia, que trata de erradicarla de la vida social. El asesino mata inocentes, niños o cualquier otra persona. Luego, el Estado mata a los asesinos y lo único que se logra es aumentar más la violencia.

Al respecto y dentro del marco de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 establece en su artículo 6o.:

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente pacto ni a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente...

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado parte en el presente pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

México ratificó dicho pacto el 23 de marzo de 1981 y, entro en vigor el 23 de junio del mismo año. Por lo tanto, México ha asumido compromisos de carácter internacional que lo limitan para aplicar la pena de muerte.

Para mayor abundamiento, en diciembre de 1989, las Naciones Unidas formularon el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Destinado a Abolir la Pena de Muerte", en donde establecían que erradicar la pena de muerte contribuiría a elevar la dignidad humana y a desarrollar progresivamente los derechos humanos.

Los artículos más relevantes son los siguientes:

Artículo 1o.1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un estado parte en el presente protocolo.

2. Cada uno de los estados partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

Artículo 2o.-1. No se admitirá ninguna reserva al presente protocolo, con excepción de una reserva formulada en el momento de la ratificación o la adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena por un delito sumamente grave de carácter militar cometido en tiempo de guerra.

Artículo 3o. Los estados partes en el presente protocolo deberán incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del pacto, información sobre las medidas que han adoptado para poner en vigor el presente protocolo.

México no ha ratificado este protocolo, por lo que exigimos una actuación decidida del Gobierno mexicano, en favor de los derechos humanos y en consecuencia procede y se necesita su plena aceptación y reconocimiento del protocolo.

En síntesis, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, existen normas tendientes a que la pena capital desaparezca, y en los países que actualmente la tienen vigente, el derecho internacional se encamina a que no se extienda a más delitos y pide a los gobiernos su abolición.

También, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, se da un tratamiento similar a la lucha contra la pena de muerte y se prohíbe su aplicación a menores de 18 años de edad o más de 70 y a mujeres en estado de gravidez. Con ello, se va limitando cada vez más a los gobiernos los casos para aplicarla y se pretende finalmente que quede suprimida. Las normas civilizadas contemporáneas eso buscan lograr.

La pena de muerte en México

En el artículo 23 de la Constitución Política de 1857, establecía:

"Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario.

Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley."

El Código Penal de 1871 preveía la pena de muerte en su artículo 99 fracción X. Durante la época del porfiriato se llevó a cabo dicho castigo no pocas veces.

En la Revolución Mexicana, dicha pena se realizo en la letra y en la práctica. A partir de 1931 comenzó a eliminarse de los códigos penales la pena de muerte y gradualmente fue desapareciendo del país. La primera entidad en deshacer este castigo fue el Distrito Federal y de ahí continuo el proceso que terminó en los años setenta, en los demás códigos penales.

Aunque la Constitución de la República habla de la aplicación de la pena de muerte en su artículo 22, los congresos estatales han ido suprimiendo en lo local dicha pena. Lo congruente e indispensable sería que se suprimiera de la Constitución, para evitar confusiones y no retroceder en la tendencia del país para no volver a aplicar.

Plantear el establecimiento de la pena de muerte, con la pretensión de abatir la criminalidad, es actuar sobre los efectos y no sobre las causas de ese fenómeno, pues resulta evidente que el aumento de la delincuencia responde a causas económicas, sociales y educativas que es necesario detectar y combatir.

La pena de muerte no es un asunto insignificante ni cerrado. Si luchamos por la abolición total es porque la vida y su valor debe siempre elevarse y no hacerlo depender de la pobreza o riqueza del país ni de las estadísticas de criminalidad o de la irritación social. La propuesta no sólo busca reformar el párrafo tercero del artículo 22 constitucional, sino lo coloca en primer lugar, dada la trascendencia de su contenido.

Esta reforma que hoy propongo, quiere ser un testimonio público y creyente en favor de la vida y lleva un mensaje, más allá de nuestras fronteras, a aquellos gobiernos que en otros países la siguen aplicando, pues aunque en México haya graves problemas sociales y económicos, mantenemos los grandes valores humanistas que nos hacen salir adelante.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Que reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 22. A excepción de lo dispuesto en las leyes militares, queda prohibido la aplicación de la pena de muerte en cualquier caso."

Asimismo, quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

TRANSITORIO

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 1997. Diputados: Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Rafael Díaz Chávez, Margarita Villanueva Ramírez, Luis Andrés Esteva Melchor, Sergio T. Meza, Jesús Carlos Hernández, Max Tejeda Martínez, Luis Ruan Ruiz, Víctor Manuel Palacios Sosa, María Teresa Tapia Bahena, Francisco Peniche y Bolio, Rubén Martínez Got, Miguel Alberto Segura Dorantes, Salvador Becerra Rodríguez, Alejandro González Alcocer, Nohelia Linares González, Miguel Acosta Ruelas, José Enrique Patiño Terán, Francisco Ledezma Durán, Alejandro Díaz, David Vargas, Armando Salinas y Hugo Meneses Carrasco.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

LEY PARA PROTEGER A LAS VICTIMAS DE LA USURA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Mauro González Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa sobre la usura económica.

El diputado José Mauro del Sagrado Corazón González Luna Mendoza:

Señor Presidente; señores legisladores:

Procedo a dar lectura a algunos de los párrafos de la exposición de motivos de esta iniciativa de ley para proteger a las víctimas de la usura.

La usura condenada, inclusive, por textos sagrados de todas las religiones, ha sentado sus reales en la República Mexicana en donde las víctimas de este tipo de atentados son perseguidos por la fuerza pública, se ven compelidas a pagar suertes accesorias infinitamente superiores a las suertes principales, sobre tasa, interés sobre interés y lejos de que sean protegidos como víctimas de un delito, cada día aumenta la persecución sobre ellos mismos y sobre sus bienes mediante actas de embargo, vías de apremio y arrestos administrativos o por desacato.

En términos de los artículos 25 y 26 de la Ley del Banco de México, se define la usura y se establece la facultad de dicho banco, de regular los márgenes de intermediación bancaria con el efecto de evitar prácticas usurarias, así como la obligación del Banco de México de publicar en el Diario Oficial de la Federación, el monto de las tasas activas y pasivas para cada clase de crédito en el mercado, mismas que serán las de referencia para considerar o no una operación como usuraria.

También se establece en esta iniciativa la presunción de usura, así como la necesidad de fijar criterios dentro de la planeación nacional para controlar nuestra economía.

Se establece, además, la obligación de hacer pública la clasificación de las operaciones y las tasas de crédito que proceda cobrarse.

En el segundo capítulo propuesto se reglamentan las consecuencias legales de la usura declarando nula toda cláusula que la contenga estableciendo como copartícipes en el delito de usura a todos aquellos que intervengan de manera oficial o de gestión en tales actos, acuerdos o contratos.

Para efectos de sostener la efectividad de las medidas planteadas, se hace necesario restablecer el criterio contenido antiguamente en la Ley Monetaria, por cuanto a las operaciones en moneda extranjera y en especie.

Los efectos de las prácticas usurarias son establecidas como regla general para todas las sentencias, tendrán fuerza vinculativa y obligarán fiscalmente a los infractores para todos los efectos legales a que haya lugar.

Como aportación adicional, se establece la integración del Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura, el cual tiene como efectos la prevención de la misma, la educación de la población, la garantía a las familias para la recuperación de bienes y el financiamiento para créditos que auxilien a la solución de las controversias.

Dicho fondo se creará con la totalidad de las multas fiscales generadas por la propia usura con el 50% de las cantidades ingresadas al Fobaproa y con las aportaciones dispuestas por el Gobierno Federal con un 10% adicional que deberá condenarse a pagar a todo usurero.

Solicito para los efectos correspondientes se inserte el contenido de este proyecto de Ley para Proteger a las Víctimas de la Usura, en el Diario de los Debates, para los efectos correspondientes.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría, para que de acuerdo a lo solicitado por el diputado, se inserte en el Diario de los Debates.

LEY PARA PROTEGER A LAS VICTIMAS DE LA USURA EXPOSICION DE MOTIVOS

«El presente proyecto de ley se fundamenta en la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como facultad del Congreso de la Unión el dictar leyes para regular el comercio en toda la República.

Dentro de las formas más comunes de fraude se encuentra la usura, misma que es definida por la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal mediante el tipo que castiga a quien valiéndose de la ignorancia o las malas condiciones de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulan réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.

A pesar de la tipificación anterior y de la penalidad equiparada al fraude común, la comisión de este delito se ha tornado cosa de todos los días en nuestro país, contando incluso con la coparticipación de autoridades judiciales y auxiliares, quienes en erróneas decisiones dan entrada a controversias y sostienen decisiones que en la especie establecen intereses superiores a los del mercado.

Esta práctica se ha tornado perniciosa y a la fecha resulta incalculable la cantidad de dinero que circula mediante operaciones marginales que causan perjuicio al erario público, tanto porque rara vez son reportadas, como porque al provocar la ruina de sus contrapartes impiden la generación de la riqueza.

Esta forma de fraude, condenada inclusive por los textos sagrados de todas las religiones ha sentado sus reales en la República Mexicana, en donde las víctimas de este tipo de fraudes son perseguidas por la fuerza pública, se ven compelidas a pagar fuertes accesorias infinitamente superiores a las principales, sobre tasas de réditos e interés sobre interés y lejos de que sean protegidos como víctimas de un delito, cada día aumenta la persecución sobre ellos mismos y sobre sus bienes, mediante actas de embargo, vías de apremio y arrestos administrativos y por desacato.

Este negocio ilegítimo ha propiciado la saturación de los tribunales del fuero común, la corrupción de su personal y la ineficiencia del aparato judicial para administrar justicia, convirtiéndolos en mercados de venta de trámites al mejor postor.

Pero en donde ha sido más grave la proliferación de este fenómeno ha sido en la contratación misma, en donde las cláusulas que facilitan la negociación de las partes y la generación de la riqueza han cedido paso a aquellas de protección para los acreedores, de ser aleatorias y de garantía, tales cláusulas han pasado a ser principales y lógicamente los negocios consisten ahora en obtener los bienes dados en garantía al menor costo posible.

Aunque la teoría general del acto jurídico señala que los actos celebrados en contra del tenor de las leyes prohibitivas y de orden público son nulos de pleno derecho, sería imposible soslayar las consecuencias funestas que han tenido en la economía nacional las prácticas usurarias, por ello debe protegerse a las víctimas de estos lamentables hechos, dar las garantías a la sociedad para evitar su repetición y reinsertar la contratación dentro del esquema de legalidad que las leyes emanadas de nuestra realidad histórica les ha dado.

Así se establece como regla general que las disposiciones de esta ley son de orden público e irrenunciables.

Dentro del mismo esquema y en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley del Banco de México, se define la usura y se establece la facultad del Banco de México de regular los márgenes de intermediación bancaria con el efecto de evitar prácticas usureras, así como su obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el monto de las tasas activas y pasivas para cada clase de crédito en el mercado, mismas que serán la referencia para considerar o no una operación como usuraria.

A continuación se establece la presunción de usura, así como la necesidad de fijar criterios dentro de la planeación nacional para controlar nuestra economía.

Se establece, además, la obligación de hacer pública la clasificación de las operaciones y las tasas de rédito que procede cobrar.

En el Capítulo Segundo propuesto se reglamentan las consecuencias legales de la usura, declarando nula toda cláusula que la contenga, estableciendo como copartícipes en el delito de usura a todos aquellos que intervengan de manera oficial o de gestión en tales actos.

Para efectos de sostener la efectividad de las medidas planteadas, se hace necesario restablecer el criterio contenido antiguamente en la Ley Monetaria por cuanto a las operaciones en moneda extranjera y en especie.

Los efectos de las prácticas usurarias son establecidos como regla general para todas las sentencias, tiene fuerza vinculativa y obligan fiscalmente a los infractores para todos los efectos legales a que haya lugar.

Como aportación adicional se establece el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura, el cual tiene como efectos la prevención de la misma usura, la educación de la población, la garantía a las familias para la recuperación de bienes y el financiamiento para créditos que auxilien a la solución en controversia; dicho fondo se creará con la totalidad de las multas fiscales generadas por la propia usura, con el 50% de las cantidades ingresadas al Fobaproa, con las aportaciones dispuestas por el Gobierno Federal y con un 10% adicional que deberá condenarse a pagar a todo usurero.

La forma de acceso al Fondo de Protección a la Víctimas de la Usura seguirá los siguientes principios:

a) La solicitud del interesado en forma simple o por comparecencia, la suspensión de los efectos de la sentencia de ejecución, hasta en tanto no se resuelva sobre la posibilidad del demandado de acogerse al Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura.

b) La obligación de ceñirse a los lineamientos del fondo en comento.

c) La garantía para la cesión de créditos.

d) Las bases de la mesura de los daños y perjuicios se establecen a continuación, tomando en cuenta el daño sufrido por la víctima y las ganancias de quien haya aprovechado ventajas indebidas.

e) Para el caso de procesos penales, se establece la regla de señalar el objeto para la inversión de las cantidades del fondo, para la reinserción de la víctima en la economía legal.

f) Finalmente por cuanto a este aspecto toca, se establece la regla general que ningún recurso del fondo en cuestión puede ser utilizado para pagar al autor de un delito de usura.

Las disposiciones de vigilancia de la ley y de garantía de su funcionamiento de esta ley, estableciendo las vías de su reglamentación y las prevenciones en contra de los usureros.

Por vía transitoria se establece la entrada en vigor, la acción pública para denuncia, las disposiciones por cuanto a créditos contratados, la suspensión de juicios, las disposiciones previas a la entrada en funciones del Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura y las disposiciones de reparación del daño en caso de delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en la fracción II del artículo 71, X del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por mi persona presenta ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de Ley para Proteger a las Víctimas de la Usura.

El honorable Congreso de la Unión decreta

LEY PARA PROTEGER A LAS VICTIMAS DE LA USURA

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de aplicación general en toda la República, sus disposiciones son de orden público y por lo tanto irrenunciables.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entiende por usura al acto de estipular o cobrar réditos o cualquier otra clase de lucro superior al usual en el mercado.

El Banco de México autorizará en forma diaria las tasas máximas de interés activas a cobrarse durante el mismo periodo, poniendo especial cuidado en publicarlas mediante un listado en el cual se establezcan las naturalezas, los tipos y las clases de crédito usuales en el mercado, publicación ésta que se hará en el Diario Oficial de la Federación.

El Banco de México será el responsable de regular los márgenes de intermediación bancaria, con objeto de evitar prácticas usurarias.

Los márgenes de intermediación no podrán exceder a sus referentes internacionales, salvo autorización expresa del Banco de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con previa consulta con el Banco de México, publicará en el Diario Oficial de la Federación en forma mensual las tasas activas y pasivas que podrán cobrar las instituciones de crédito durante el mismo periodo.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley y de la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se entenderá como réditos o lucros superiores al mercado, todo cobro, cesión de derechos, lucro de cualquier especie o cualquier otro factor jurídico que implique ventajas para una de las partes en un contrato superiores a las cantidades que resulten de aplicar el párrafo segundo del artículo anterior.

En la fijación de las tasas a las que se refiere el artículo anterior se tomarán en cuenta los objetivos fijados en el plan nacional de desarrollo, por cuanto al control de la inflación y a los demás indicadores necesarios para fijar los montos de dichas tasas.

Artículo 4o. La clasificación de las operaciones por las que se cobre intereses se hará por categorías homogéneas, tomando en cuenta la naturaleza, el objeto, el importe, la duración, los riesgos y las garantías de cada crédito y se efectuará cada año mediante decreto del Congreso de la Unión.

Artículo 5o. Las instituciones del sistema financiero y cualquier otra sociedad, institución, persona física o moral autorizada en términos de las leyes respectivas para realizar en forma directa o como auxiliar operaciones de crédito, estará obligada a tener a la vista del público en cada una de sus oficinas, un aviso que contenga la clasificación de las operaciones y las tasas legales que procede cobrar.

CAPITULO II

Regímenes de pago

Artículo 6o. Toda cláusula que contenga intereses usurarios es nula de pleno derecho y no concede acción alguna a quien pretenda aprovecharla.

Artículo 7o. Independientemente de lo establecido al respecto por el artículo 13 del Código Penal para el D.F. en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, serán considerados como partícipes del delito de usura las autoridades judiciales, los secretarios de acuerdos, los fedatarios, los abogados o cualquier otra persona que con carácter oficial o de gestión acuerde, autorice, decrete, condene, o solicite a otra pagos usurarios.

Artículo 8o. Toda deuda pactada en moneda extranjera, en unidades de inversión, cualquiera que sea su denominación o en especie se solventará entregando al deudor el equivalente en moneda nacional en la fecha de pago.

Articulo 9o. No obstante lo anterior, si el deudor demuestra que lo que recibió fue moneda nacional, lo solventará pagando la cantidad equivalente al momento de contratación del adeudo.

Artículo 10. Los jueces, al condenar por obtener ventajas usurarias deberán en todo caso fijar la reparación del daño tomando como base la pérdida inmediata y la ganancia inmediata obtenidas; si lo último no pudiese ser probado en su monto preciso será evaluado con igual apreciación de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta al efecto el valor original de adeudo.

Artículo 11. Toda actividad usuraria carece de objeto lícito y obliga además a quien la comete al pago del máximo de las sanciones fiscales correspondientes.

CAPITULO III

Del Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura

Artículo 12. Se crea el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura, mediante la creación de un fideicomiso del Gobierno Federal, el cual tendrá por objeto:

I. La prevención de los fenómenos que tiendan a desviar la saludable evolución de la economía por medio de prácticas que ofrezcan ventajas excesivas a favor de una de las partes en un contrato.

II. La educación de la población para remediar los fenómenos a los que se hace mención en la fracción anterior.

III. La garantía a las familias para recuperación de los bienes que estén en peligro de perder por las situaciones de crisis económica.

IV. El financiamiento para créditos que auxilien a la solución de juicios y demás controversias, en las cuales los accesorios rebasen el monto del crédito principal.

Artículo 13. El Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura se creará con los siguientes recursos:

I. Con la totalidad de las multas generadas por infracción a las leyes fiscales en los casos de usura.

II. Con el 50% de las cantidades ingresadas al Fobaproa.

III. Con las aportaciones dispuestas por el Gobierno Federal.

IV. Con el importe del 10% de la cantidad total liquidada como reparación del daño o indemnización por daños y perjuicios, fijada en sentencia firme por la autoridad judicial, misma que en el caso conducente los jueces tendrán la obligación de condenar.

CAPITULO IV

De la operación del Fondo de Protección para las Víctimas de la Usura.

Artículo 14. En todo juicio cuando ocurren circunstancias de urgencia específicamente documentadas, el demandado podrá solicitar ante la autoridad judicial acogerse a los beneficios del Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura; deberá hacer constar tal solicitud en forma escrita o por comparecencia.

Artículo 15. La solicitud de un demandado para acogerse a los términos del artículo anterior se tramitará por cuerda separada, no suspenderá la tramitación del juicio, pero la sentencia que recaiga al mismo no podrá ser ejecutada sin que dicha solicitud haya sido resuelta.

Artículo 16. Los jueces no podrán rehusar las garantías ni los créditos conseguidos por el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura y establecerá en su sentencia las condiciones a las que deberá sujetarse el contrato, la operación o los títulos de crédito base de la acción; dicha sentencia tendrá fuerza vinculativa y contra ella no procederá ningún recurso por la parte actora.

Artículo 17. Para que proceda la sesión de créditos materia de litigio de los que se refiere está ley, deberá garantizarse su monto, incluyendo sus accesorios, por quien solicite ser adjudicatario, ante la autoridad judicial.

Artículo 18. El importe de los créditos y de las garantías a los que se refiere este capítulo se medirá tomando en cuenta el daño sufrido por la víctima del delito de usura o de quien haya aprovechado ventajas indebidas, así como por los ulteriores daños que causen pérdidas o ganancias fallidas.

Artículo 19. En el caso de averiguaciones penales o de juicios de la misma materia, la demanda de concesión del crédito debe presentarse al Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura a partir de seis meses contados desde la fecha en la que la persona ofendida tenga noticia del inicio de las investigaciones por el delito de usura, dicha solicitud deberá estar acompañada de un proyecto de inversión y uso de la suma pedida que responda a la finalidad de reinserción de la víctima del delito de usura en la economía legal.

Artículo 20. En ningún caso las sumas erogadas a título de crédito o de garantías pueden ser usadas para pagos a títulos de intereses o de reembolso de capital o a cualquier otro título en favor del autor del delito.

CAPITULO V

De las prevenciones en contra de la usura.

Artículo 21. El fideicomiso por el que se crea el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura tendrá las características y los organismos que establezca el Gobierno Federal en la reglamentación respectiva.

Artículo 22. Se crea la figura jurídica del agente del Ministerio Público especial del Gobierno Federal para la coordinación de acciones en contra de los delitos en materia económica, quien, además de coordinar las acciones y el fondo que establece esta ley, será autoridad auxiliar del Procurador General de la República.

Artículo 23. Las personas condenadas por el delito de usura no podrán ejercer el comercio durante un término de 10 años.

En el caso de las personas morales que violen los dispuesto por esta ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibirá la denuncia correspondiente, mandará asegurar las cantidades conducentes en el fondo correspondiente a la sociedad infractora en el Banco de México y fincará las responsabilidades correspondientes de acuerdo a la ley.

Artículo 24. Toda sentencia dictada en contra de una persona por el delito de usura lo inhabilita para ejercer cargo público durante 10 años.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se concede acción pública para denunciar las prácticas usurarias.

Tercero. Los créditos, los contratos, los convenios, las operaciones de cualquier tipo y los títulos de crédito en los que se hayan pactado intereses superiores a los de mercado en la fecha de su celebración, tendrán la cláusula correspondiente por no puesta y se satisfará entregando la suerte principal.

Cuarto. Los juicios, cualquiera que sea su estado, que se encuentren en trámite, se ajustarán de inmediato a las disposiciones de esta ley.

Quinto. Mientras entra en funciones el Fondo de Protección a las Víctimas de la Usura, a solicitud de parte se suspenderá la ejecución de las sentencias en las que los deudores soliciten acogerse al mismo.

Sexto. Los juicios penales incoados por el delito de usura, previsto y castigado en términos de los artículos 386 y 387 fracción VIII, del Código Penal para el D.F. en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, tomarán en cuenta para la reparación del daño las disposiciones de esta ley.

Séptimo. El Ejecutivo Federal dispone de un plazo de 30 días para dictar los reglamentos a los que se refiere esta ley.

Diputados: Francisco Andrés Bolaños Bolaños Ifigenia Martínez Hernández, Manuel A. Coronel, Javier González Garza, Pedro René Etienne, Martín Longoria Hernández y Mauro del Sagrado Corazón González.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas.

El diputado Jesús Carlos Hernández Martínez:

Compañeras y compañeros legisladores; honorable Asamblea:

«Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 25 y fracción ll del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

Nuestra iniciativa tiene como fundamento la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1994 se promulgó la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, dicha ley, dio apertura a un amplio horizonte para que este tipo de organizaciones de carácter solidario transitaran por caminos de libertad, autonomía y progreso. Si bien las disposiciones de la citada ley beneficiaron a los cooperativistas de México, ahora que han pasado casi tres años desde la entrada en vigor de la misma y por lo tanto de su aplicación, los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo durante el tiempo de nuestro ejercicio hemos realizado diversos foros y cursos en distintos estados de la República Mexicana, con objeto de conocer de voz de los cooperativistas sus opiniones e inquietudes con respecto a la nueva ley y los beneficios que les ha brindado con su aplicación.

Durante nuestro recorrido, habiendo escuchado los comentarios de las personas relacionadas con el cooperativismo y convencidos de que toda ley es perfectible, hemos visto la necesidad de modificar, derogar y adicionar algunas disposiciones de la ley, todo ello encaminado a mejorar el marco jurídico que rige a este tipo de sociedades para de esta manera fomentar su crecimiento y desarrollo.

Las reformas que se proponen tratan fundamentalmente de llenar las lagunas que encontramos en la ley vigente y que provocan confusión y hasta conflictos internos en las sociedades cooperativas por las diversas interpretaciones que los interesados hacen de la misma, como es el caso de los artículos que se refieren a la organización cooperativa entre otros.

Los principios universales del cooperativismo, recogidos por nuestra legislación, encuentran en la integración cooperativa una de las vías fundamentales para alcanzar su plenitud y con ello el cumplimiento de su objeto social. En consecuencia la constitución del consejo superior del cooperativismo es una necesidad que no puede esperar más tiempo. Es por eso que en el proyecto de reformas se proponen algunas disposiciones que de manera más clara regularían lo relativo a la constitución, organización y desarrollo de este consejo.

Con el presente proyecto se reconoce la existencia del derecho cooperativo como una rama del derecho social que cuenta con su propia doctrina, jurisprudencia, legislación y usos y costumbres, mismo que tiene su fundamento en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se propone la modificación al artículo 6o. de la ley, a fin de que sean los principios universales del cooperativismo los que se adopten literalmente por nuestra legislación, ya que dichos principios universales fueron establecidos por la alianza cooperativa internacional, órgano cúpula del movimiento cooperativo mundial.

En lo relativo a la celebración de las asambleas, la iniciativa propone procedimientos claros, así como las formalidades que se deben cumplir para que las mismas y los acuerdos que se tomen sean válidos.

La iniciativa propone el establecimiento de una nueva categoría de sociedad cooperativa, ya que actualmente dentro de las cooperativas de concesión oficial se contemplan las que obtienen concesiones o permisos para explotar bienes del dominio público para la prestación de servicios públicos, así como aquellas que se asocian con el Gobierno para financiar proyectos de desarrollo económico y debido a que se trata de dos actividades diferentes vimos la necesidad de incorporar una nueva categoría de sociedad; es decir, las sociedades cooperativas de concesión oficial, que como su nombre lo indica, necesitan de alguna concesión o permiso para desempeñar su objeto social y las sociedades de participación estatal serán aquellas que se asocien con autoridades federales, estatales o municipales, para la explotación de unidades productoras dadas en administración o para financiar proyectos de desarrollo económico.

Se contempla la posibilidad de que los socios transmitan, mediante cesión, sus derechos patrimoniales amparados por sus certificados de aportación y con ello los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de socios en favor de su cónyuge e hijos, cuando así lo decidan por convenir a sus intereses.

De suma importancia consideramos la propuesta de que el fondo de previsión social que prevé la ley vigente, se podrá destinar a cubrir las cuotas que se establecen en el sistema de seguridad social en el caso de las cooperativas de productores o para los trabajadores de las cooperativas de consumidores. Con esto las cooperativas ya no tendrán la carga de pagar las cuotas al Seguro Social y además la carga de destinar un porcentaje de los ingresos al fondo de previsión social, sino que este fondo podrá servir para cubrir las citadas cuotas.

Quienes participamos en los trabajos de la Comisión de Fomento Cooperativo, estamos convencidos de que esta forma de organización solidaria puede ser una oportunidad para que nuestros conciudadanos alcancen una vida mejor.

Los valores de la democracia, la solidaridad, la ayuda mutua y la preeminencia del hombre sobre el capital, promovidos en el ejercicio de la actividad cooperativa, son base ideológica y de comportamiento en comunidades que son ejemplo vivo del desarrollo que se obtiene cuando los objetivos se buscan en forma común.

El abatimiento del desempleo en México es una de las actividades primordiales en que el Gobierno de la nación ha dedicado tiempo y esfuerzos y son las cooperativas de producción una alternativa que además de promover su creación, tenemos la obligación de facilitar su desarrollo para la consecución de ese objetivo común.

Se busca que las cooperativas, como entidades económicas pero, preponderantemente sociales, emerjan a la modernidad para que mediante su profesionalismo y competitividad promuevan proyectos estratégicos que les permitan incursionar en la complejidad de los mercados que la globalización económica nos propone.

Una legislación que propicie el desarrollo de las cooperativas de consumo, en especial las de ahorro y préstamo, coadyuvará con los esfuerzos de todos los mexicanos por incrementar el ahorro interno, elemento de fortaleza de la economía nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADlClONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Organismos cooperativos, las sociedades cooperativas, las uniones, federaciones, confederaciones y el consejo superior del cooperativismo.

II. Sistema cooperativo, la estructura económica, social y jurídica que integran los organismos cooperativos.

III. El movimiento cooperativo nacional comprende al sistema cooperativo y a todas las organizaciones e instituciones de apoyo y o asistencia técnica al cooperativismo. Su máximo representante será el consejo superior del cooperativismo.

Artículo 4o. Se deroga.

Artículo 5o. Esta ley se fundamenta en la existencia del derecho cooperativo como una rama del derecho social y lo constituye las normas, jurisprudencia, doctrina y las prácticas cooperativas que regulan la actuación del movimiento cooperativo nacional.

Son actos cooperativos los realizados internamente por las cooperativas y los de las cooperativas entre sí en el cumplimiento de su objeto social.

Artículo 6. Todos los organismos cooperativos señalados en el artículo 3o. de esta ley, deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios:

I. Adhesión voluntaria de todas las personas, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo;

II. Administración democrática;

III. Limitación de intereses a algunas aportaciones, si así se pactara y distribución de excedentes en proporción a la participación de los socios;

IV. Organización autónoma de autoayuda gestionada por sus socios;

V. Educación y formación cooperativa a sus socios y dirigentes;

VI. Integración cooperativa y

VII. Participación en el desarrollo de la comunidad.

Articulo 8. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar...

Las sociedades cooperativas, en especial aquellas cuyo objeto social sea precisamente el ahorro y préstamo, podrán constituir uniones de crédito y bancos de fomento cooperativo, en los términos de la legislación aplicable y sus operaciones se ajustarán a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Todos los organismos cooperativos mencionados en la presente ley, realizarán programas para promover la cultura ecológica.

Artículo 10. Las personas físicas o morales que simulen constituirse en sociedades cooperativas, federaciones, uniones y confederaciones, así como en el consejo superior del cooperativismo, que usen indebidamente las denominaciones de las mismas o que se constituyan sin cumplir con los requisitos que establece la presente ley, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

En las sociedades cooperativas debe respetarse el derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y en consecuencia, las mencionadas sociedades, como tales, no podrán adherirse a ninguna de las organizaciones mencionadas.

Artículo 13. A partir del momento de la firma de su acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente con otras cooperativas o con cualquier otra figura asociativa para la consecución de su objeto social.

El acta constitutiva de la sociedad cooperativa..

Artículo 16. Las bases constitutivas de las...

I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Areas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, en particular las del área de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley

VIII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias y extraordinarias;

XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. Formas de dirección y administración internas, así como las atribuciones y responsabilidades de los consejos y comisiones de la sociedad y

XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto...

Artículo 18. No se otorgará el registro a las sociedades cooperativas de concesión oficial, a que se refieren los artículos 30 y 32 de esta ley, si la autoridad que corresponda no manifiesta por escrito que existe acuerdo en otorgar la concesión o permiso que haya solicitado la sociedad.

Igual procedimiento se seguirá para las cooperativas de participación estatal, a que se refieren los artículos 30 y 32 de esta ley, si la dependencia federal, estatal, municipal o bien el organismo descentralizado de que se trate, no ha manifestado por escrito su anuencia de asociarse con la cooperativa, para llevar a cabo planes de desarrollo productivo.

Artículo 20. Las dependencias locales o federales, de acuerdo a sus atribuciones, vigilarán que las sociedades cooperativas cumplan con las leyes aplicables respectivas a la actividad económica específica que realicen en el desempeño de su objeto social.

Artículo 23. Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes entre los socios, podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan en sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica.

Artículo 28. Los rendimientos que reporten los balances de la sociedades cooperativas de productores se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, cantidad, tiempo y capacidad.

Artículo 30. Se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas:

I. Ordinarias;

II. De concesión oficial y

III. De participación estatal.

Artículo 32. Son sociedades de concesión oficial, las que además del requisito establecido en el artículo anterior, para funcionar necesitan de una concesión o permiso para desempeñar la actividad consignada en su objeto social, de autoridad federal, estatal o municipal, conforme a las leyes respectivas.

Son sociedades cooperativas de participación estatal, las que se asocien con autoridades federales, estatales o municipales, para la explotación de unidades productoras, dadas en administración o para financiar proyectos de desarrollo económico a niveles local, regional o nacional.

Artículo 33. Las sociedades cooperativas que desarrollen actividades de ahorro y préstamo de manera preponderante o complementaria, se regirán por esta ley, por las leyes aplicables en la materia y por las disposiciones administrativas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Confederación Nacional respectiva.

Las sociedades cooperativas escolares integradas por maestros y alumnos...

Artículo 36. La asamblea general resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar su funcionamiento. Además de las facultades que le conceden la presente ley y las bases constitutivas, la asamblea general conocerá y resolverá de...

I. a II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Aprobación de planes y programas de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento;

IV a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. La disolución y liquidación de la sociedad.

Los acuerdos sobre los asuntos a que se refiere este artículo, deberán tomarse...

En caso de que durante la celebración de una asamblea los socios se retiren y en consecuencia ya no se cumpla con el quorum requerido para desahogar los puntos restantes del orden del día y tomar acuerdos, en el mismo acto se expedirá convocatoria, la cual deberá exhibirse conforme lo establece el artículo siguiente, para la celebración de asamblea en la que se desahogarán los puntos que hayan quedado pendientes, siendo válidos los acuerdos que se tomen con el número de socios que asistan, siempre y cuando estén apegados a esta ley y a las bases constitutivas.

Artículo 37. Las asambleas generales ordinarias deberán realizarse por lo menos una vez al año y serán convocadas por el consejo de administración con por lo menos siete días naturales de anticipación a la fecha de su celebración.

En caso de que el consejo de administración no convoque a asamblea general ordinaria en la fecha establecida en los estatutos, lo hará el consejo de vigilancia, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que debió haberse celebrado la asamblea y si éste no lo hace, podrá convocar el 20% de los socios dentro de los 20 días siguientes al término anterior.

Las asambleas extraordinarias, se podrán celebrar en cualquier momento por convocatoria expedida con por lo menos siete días de anticipación a la celebración de la misma, por el consejo de administración, del de vigilancia o del 20% del total de los socios.

La convocatoria deberá indicar quién convoca, fecha y lugar de celebración de la asamblea, la respectiva orden del día indicando cada uno de los asuntos a tratar y fecha de expedición. Deberá exhibirse en un lugar visible del domicilio social y a través del órgano local de difusión más adecuado. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando así lo determine la asamblea general.

Cuando la sociedad tenga filiales en lugares distintos, también se difundirá en esos lugares.

Para que una asamblea se pueda celebrar válidamente, se requiere un quorum del 50%, más uno del total de los socios, salvo que se trate de cualquiera de los siguientes asuntos:

I. Cambio de denominación y de domicilio;

II. Cambio de objeto social;

III. Aumento o reducción del capital social y

IV. Liquidación y disolución de la sociedad.

En estos casos se requerirá la asistencia de las dos terceras partes del total de los socios.

Si no se cumpliera con el quorum establecido en el presente artículo por virtud de primera convocatoria, se convocará por segunda vez con por lo menos cinco días naturales de anticipación a la celebración de la asamblea, en los mismos términos del presente artículo y podrá celebrarse válidamente con el número de socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a esta ley y a los estatutos de la sociedad.

De toda asamblea se deberá levantar un acta que se asentará en el libro de actas que al efecto lleve la sociedad cooperativa, debiendo incluir todos los acuerdos tomados en la asamblea y ser firmada por los asistentes a la misma.

En caso de que no se cumplan con las formalidades a que se refiere el presente artículo para la celebración de las asambleas, los socios inconformes podrán concurrir ante los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 9o., de la presente ley, para que éstos resuelvan en definitiva sobre la validez o nulidad de la asamblea, así como de los acuerdos tomados en la misma.

Artículo 38. Serán causas de exclusión de un socio:

I. Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas por la sociedad cooperativa;

II. La falta de cumplimiento, sin causa justificada, en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada e

III. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la asamblea general o los acuerdos del consejo de administración.

Al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión...

Cuando un socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir...

Artículo 42. El nombramiento de los miembros del consejo de administración lo hará la asamblea general conforme al sistema establecido en esta ley y en sus bases constitutivas. Sus faltas temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones, pudiendo durar en sus cargos, si la asamblea general lo aprueba, hasta cinco años y ser reelectos por acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea general.

Artículo 43. El consejo de administración estará integrado por lo menos por un presidente, un secretario y un tesorero, quienes tendrán las facultades que esta ley y las bases constitutivas prevean.

Tratándose de sociedades cooperativas que tengan 10 o menos socios, bastará con que se designe un administrador que tendrá las mismas facultades del consejo de administración, en lo que le sea aplicable.

Los responsables del manejo financiero requerirán de aval...

Artículo 48. Las sociedades cooperativas tendrán las áreas o secciones de trabajo que sean necesarias para la mejor organización y expansión de la sociedad.

Independientemente de otros libros que determine la asamblea general, las sociedades cooperativas deberán llevar el libro de actas de asamblea, el de registro de socios y el de certificados de aportación.

Artículo 50. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o...

La valorización de las aportaciones que no sean en efectivo, se harán...

El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados, así como los demás derechos y obligaciones inherentes a su calidad de socio, a su cónyuge o a sus hijos si la mayoría de los socios lo aprueba en asamblea general.

El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación en favor del beneficiario que designe para el caso de su fallecimiento. Las bases constitutivas de la sociedad determinarán los requisitos para que también se le puedan otorgar otros derechos o beneficios.

Artículo 53. Las sociedades cooperativas deberán constituir los siguientes fondos sociales:

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 54. El fondo de reserva se deberá constituir con por lo menos el 10% de los rendimientos que se obtengan en cada ejercicio social, el cual podrá ser delimitado, pero no será menor del 25% del capital social en las sociedades de productores y del 10% en las de consumidores.

Artículo 55. El fondo de reserva podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar pérdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo de ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los rendimientos.

Artículo 57. El fondo de previsión social no podrá ser limitado; deberá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, en los términos que se establezcan en las bases constitutivas. También se podrá destinar para cubrir las cuotas que se establecen en el sistema de seguridad social en el caso de las cooperativas de productores o para los trabajadores de las cooperativas de consumidores.

Al inicio de cada ejercicio, la asamblea general, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

Las prestaciones derivadas del fondo de previsión social, serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho los socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas de productores deberán afiliar obligatoriamente a sus socios y las cooperativas de consumidores a sus trabajadores que aporten su trabajo personal, a los sistemas de seguridad social.

Artículo 59. El fondo de educación cooperativa será constituido con el porcentaje que se establezca en los estatutos de la sociedad.

Artículo 61. Los excedentes de cada ejercicio social anual son la diferencia del activo y pasivo más el capital social, cuando el primero es superior a la suma de los otros dos, los cuales se deberán consignar en el balance anual junto con sus anexos para que el consejo de administración dé cuenta a la asamblea general. En sentido contrario, cuando el pasivo y el capital social son superiores al activo, habrá pérdidas e igualmente de ello tendrá el consejo citado que informar a la asamblea general.

Artículo 64. Esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa...

I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. La calidad de socio se adquiere al ingresar a la sociedad por acuerdo de la asamblea general, ya sea en virtud de solicitud del interesado o en el caso a que se refiere el artículo 50 de la presente ley;

VIII. La calidad de socio, así como sus derechos y obligaciones, se pierde por exclusión en los términos del artículo 38 de la presente ley y por renuncia voluntaria que deberá hacer por escrito dirigido al consejo de administración, quien lo someterá a consideración de la asamblea general para su aprobación. En ambos casos tendrá derecho a la devolución del valor de los certificados de aportación, tomando en consideración lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 50 de esta ley.

Artículo 66. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El acuerdo de disolución de la sociedad cooperativa deberá inscribirse en el Registro Público del Comercio.

Artículo 68. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, de la cual conocerán los órganos jurisdiccionales que se refiere el artículo 9o. de esta ley.

Artículo 69. La asamblea general nombrará a uno o más liquidadores, en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución.

Los liquidadores serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. En un plazo no mayor de 30 días a su designación, los liquidadores deberán presentar a los órganos jurisdiccionales respectivos, un proyecto de liquidación de la sociedad cooperativa.

Artículo 74. Las sociedades cooperativas podrán agruparse en federaciones, uniones y confederaciones y estas últimas en el consejo superior del cooperativismo, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

Las disposiciones establecidas por la presente ley para las sociedades cooperativas serán aplicables a los organismos antes mencionados, salvo lo señalado en los artículos 2o., 11 fracción V, 25; 27; 28; 36 fracciones IX y X; 37 párrafo octavo; 38 fracción I, 43 párrafo segundo; 45 párrafo cuarto; 50 párrafos tercero y cuarto; 53; 54; 57; 58; 59; 64 fracción II; 65 y 66 fracción II.

Las federaciones se formarán con sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica y podrán ser estatales o regionales, las primeras comprenderán sociedades de un solo Estado y las segundas sociedades de tres estados contiguos como máximo.

Las uniones se formarán con dos o más sociedades de actividad única en el Estado.

A la constitución de federaciones y uniones de sociedades cooperativas, asistirán el número de delegados acordados y nombrados por cada cooperativa en asamblea general.

En el mismo sentido se procederá para la formación de las confederaciones y del consejo superior del cooperativismo.

Artículo 75. Las confederaciones nacionales se constituirán con varias federaciones o uniones de por lo menos seis entidades federativas.

Artículo 76. El consejo superior del cooperativismo es sólo uno y es el órgano integrador del movimiento cooperativo nacional; se constituirá con por lo menos tres confederaciones nacionales legalmente constituidas.

Artículo 78. Las respectivas asambleas constitutivas de las federaciones, de las uniones y de las confederaciones nacionales, deberán determinar las funciones de dichos organismos. Las funciones del consejo superior del cooperativismo, serán definidas por sus integrantes, de acuerdo con esta ley y en sus bases constitutivas se deberán establecer los requisitos que deban satisfacer los dirigentes del mismo.

En sus bases constitutivas, los organismos señalados, además de cumplir con las disposiciones del artículo 16 de esta ley, se podrán incluir entre otras las siguientes funciones:

I a III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promover y realizar los planes económicos sociales, que podrán referirse, entre otras actividades, a intercambios o aprovechamientos de servicios, adquisiciones en común, adquisiciones de maquinaria y todo aquello que tienda a un mayor desarrollo de los organismos cooperativos.

V a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX. Diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de:

a) Acceder a las ventajas de las economías de escala;

b) Abatir costos;

c) Incidir en precios;

d) Estructurar cadenas de producción y comercialización;

e) Crear unidades de producción y de comercialización y

f) Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o cualquier actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los propios organismos cooperativos.

Todos los organismos a que se refiere el artículo 74 de esta ley, podrán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento cabal a su ciclo económico y deberán establecer planes económicosociales entre los de su rama o con otras ramas de cooperativas, con el fin de realizar plenamente su objetivo social, lograr mayor expansión en sus actividades, así como el fortalecimiento del movimiento cooperativo nacional.

Asimismo deberán colaborar en los planes económicosociales que realicen los gobiernos Federal, estatal o municipal, que beneficien o impulsen de manera directa el desarrollo cooperativo y deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural, que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de sus miembros.

Las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones, podrán efectuar operaciones en forma individual o en conjunto, en el mercado internacional. El consejo superior del cooperativismo y en su caso las autoridades respectivas, darán toda la orientación y apoyo necesario para esta clase de operaciones.

CAPITULO II (del Título III)

De los organismos e instituciones de apoyo y/o asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional

Artículo 79. Se consideran organismos o instituciones de apoyo y/o asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional, todos aquéllos cuya estructura jurídica no tenga un fin de especulación, político o religioso y en cuyo objeto social o actividades, figuren programas, planes o acciones de apoyo y/o asistencia técnica a los organismos cooperativos que esta ley establece.

Podrán denominarse organismos o instituciones técnicas de apoyo y/o asistencia técnica al cooperativismo, entre otros los siguientes:

I. Las escuelas o institutos que impartan conferencias, cursos y asesorías a sociedades cooperativas;

II. Las universidades que tengan planes de estudio o con reconocimiento a escuelas o institutos de enseñanza cooperativa en grado superior;

III. Bancos cooperativos, que entre sus funciones opere el sector de asesoría y capacitación para socios y dirigentes de cooperativas;

IV. Otros organismos o instituciones similares.

Artículo 81. Los organismos citados en el artículo 79 podrán asistir a las reuniones del consejo superior del cooperativismo, previa solicitud por escrito dirigida a dicho consejo y en caso de ser aceptada la solicitud, tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 82. El consejo superior del cooperativismo organizará el levantamiento y actualización de un padrón de organismos de apoyo y/o asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional.

CAPITULO III

De la integración (Se deroga.)

Artículo 83. Se deroga.

Artículo 84. Se deroga.

Artículo 85. Se deroga.

Artículo 86. Se deroga.

Artículo 87. Se deroga.

Artículo 88. Se deroga.

Artículo 89. Se deroga.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO

Del apoyo a los organismos cooperativos

Artículo 94. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el consejo superior del cooperativismo y las confederaciones nacionales, constituir fondos especiales de origen federal, destinados a los organismos cooperativos para otorgarles créditos directos o servirles de garantía en créditos que les otorguen otras instituciones.

La banca de desarrollo deberá reducir los tipos de interés y abreviar trámites en las solicitudes de crédito de los organismos cooperativos, especialmente cuando se trate de proyectos de inversión que tengan por objeto el aumento en la producción y en el empleo.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los organismos cooperativos existentes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, deberán adecuar sus estatutos conforme a las nuevas disposiciones de esta ley.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 1997. Diputados: Javier Alberto Gutiérrez Vidal, Miguel Alberto Segura Dorantes, Claudio M. Coello Herrera, Jorge Enrique Dávila y Juárez, Francisco Limón Tapia, Jorge Ocejo Moreno, Miguel Acosta Ruelas, Leticia Camero Gómez, Heriberto Lizárraga, Jorge González González, Jesús Carlos Hernández Martínez y Filemón Ramírez P.»

Y, señor Presidente, para abreviar, atentamente pido se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates y que surta los efectos correspondientes.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Como lo solicita el diputado Jesús Carlos Hernández Martínez, se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: «Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión Especial de Comunicación Social de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor de acuerdo a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Federal de Derecho de Autor, expedida por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y aprobada por esta soberanía el día 5 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del mismo mes y año y entrada en vigor a los 90 días de su publicación o sea hace sólo algunos días, cuenta con eI reconocimiento de sectores importantes que se han pronunciado en el sentido de que la nueva ley aborda temas antes inexistentes y rompe monopolios en torno a las sociedades autorales, ahora llamadas sociedades de gestión colectiva.

Sin embargo algunos sectores, quienes ya habían supervisado la iniciativa de ley y avalaban sus contenidos, en el momento de su aprobación se percataron que situaciones plenamente contempladas habían sido eliminadas del texto definitivo que formaba parte del dictamen aprobado de manera unánime a favor, situación que lejos de confirmar la adecuación promovida con el fin de integrar a todos los sectores relacionados con los derechos de autor, los hacía sentirse marginados en un retorno al pasado, pero de una manera aún más limitada.

Es por ello, que al concluir esta legislatura, debe quedar constancia de que esos abismos deben ser implementados de manera inmediata, a manera de que esta Ley Federal de Derecho de Autor, que nace con plena aceptación de casi todos los sectores, no sea en su inicio medio de limitación o peor aún vía que margine a sectores importantes, como son los creadores de la obra plástica, los ejecutantes y los intérpretes.

Es así que nos permitimos introducir algunas reformas con el fin de dar certeza jurídica, actualizar e integrar a ciertos sectores que forman parte del proceso creativo y que ven con preocupación el ser marginados quedando en la indefensión jurídica, la cual genera incertidumbre, pero también injusticia.

Es así que a reserva de que temas planteados entre las propuestas de la Asociación Nacional de Intérpretes y la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, así como de algunos despachos de abogados y de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Industrial, en relación a requerimientos específicos que deberán estar integrados en los reglamentos, tales como los requisitos para ingresar o dejar de pertenecer a una sociedad de gestión colectiva, la forma en que llevarán sus registros y el cobro de derechos por sus obras.

También los reglamentos deberán contemplar tanto la calidad como los límites, la inversión y la naturaleza de la obra, así como las causas de rescisión de los contratos.

En el reglamento deberá determinarse en cada caso cuando se trata de una transmisión de derechos o una licencia, pues es evidente que una transmisión no puede ser por un tiempo determinado mientras que la licencia sí.

Se integra dentro de los derechos conexos la capacidad de autorización por parte de ello tanto en la decisión como en la retribución.

En cuanto a los autores de artes plásticas se da la posibilidad de que reciban derechos por su obra en la reventa y revaluación de sus producciones.

La sociedades de gestión colectiva en las que se afirma la libertad de afiliación, podrán ser responsables tanto de cobranzas como de cualquier otra actividad legal necesaria para hacer efectivo el cobro para que, a menos de que los socios revoquen su mandato, pasarán automáticamente sus registros a la nueva sociedad de gestión.

Y en el artículo 196 se añade que el apoderado para ejercer los derechos patrimoniales del autor podrá ser una persona física o moral.

Finalmente en lo que se refiere al registro de las sociedades de gestión colectiva registradas ante la Dirección General de Derechos de Autor, automáticamente pasarán a estar registradas en el Instituto de Derecho de Autor.

Así por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE DERECHO DE AUTOR

Artículo 22. El director o realizador tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, siempre y cuando le hayan otorgado autorización de manera expresa y por escrito los coautores, intérpretes y ejecutantes.

Artículo 31. Toda transmisión o licencia de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor, del titular del derecho patrimonial o de los titulares de los derechos conexos, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate. Este derecho es irrenunciable.

Artículo 33. A falta de estipulación expresa toda transmisión o licencia de derechos patrimoniales se considera por el término de cinco años; sólo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique.

Artículo 34. La producción de obra futura sólo podrá ser objeto de contrato cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar establecidas en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así como las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna.

Artículo 40. Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria, con independencia del pago del monto de las regalías que legalmente correspondan, por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin autorización y sin estar amparada por algunas de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 151 de la presente ley. El monto de la remuneración compensatoria estará en razón del procedimiento de evaluación que las partes establezcan al respecto a través de la sociedad de gestión que represente al agraviado.

Artículo 59.

III. Que la obra materia del contrato no haya producido beneficios económicos a las partes en el término señalado en el contrato.

Artículo 68. Por el contrato de producción audiovisual, los autores o los titulares de los derechos patrimoniales o de derechos conexos, en su caso, pueden autorizar en exclusiva al productor los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública y subtitulado de la obra audiovisual, siempre y cuando se prevea una participación proporcional de los ingresos de la explotación de que se trate.

Artículo 74. Los anuncios publicitarios o de propaganda podrán ser difundidos hasta por un periodo máximo de seis meses a partir de la primera comunicación, la cual no excederá de un año contado a partir de la fecha de grabación o filmación correspondiente. Pasado este término, su comunicación deberá retribuirse, por cada periodo adicional de seis meses, aun cuando sólo se efectúe en fracciones de ese periodo, al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente. Después de transcurridos tres años desde la primera comunicación, su uso requerirá la autorización de los autores y de los titulares de los derechos conexos de las obras utilizadas.

Artículo 93-A. Los autores de obras plásticas tendrán derecho a recibir del vendedor una participación proporcional en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en subasta pública, en tiendas o establecimientos mercantiles o con la intervención de un agente. Este derecho es irrenunciable y será recaudado por la sociedad de gestión correspondiente de acuerdo al artículo 195 de esta ley.

Artículo 97. Son autores de las obras audiovisuales:

I. El director realizador.

II. Los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo;

III. Los autores de las composiciones musicales;

IV. El fotógrafo y V. Los autores de las caricaturas y de los dibujos animados.

Son parte integrante de la obra audiovisual los artistas intérpretes y ejecutantes.

Salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto, sin menoscabo de la participación proporcional correspondiente a los autores y a los titulares de los derechos conexos.

Artículo 99. El contrato que se celebre entre el autor y los titulares de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos, en su caso y el productor, no implica la cesión limitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual.

El productor deberá obtener autorización expresa de los mismos para llevar a cabo la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos de dicha obra.

Sin perjuicio de estos derechos el productor puede llevar a cabo acciones necesarias para explotación de la obra audiovisual.

Artículo 117. El artista intérprete y ejecutante goza de prerrogativas y privilegios de carácter moral y patrimonial. En virtud de sus derechos morales podrá exigir el reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones, así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. En virtud de sus derechos patrimoniales deberá recibir una retribución económica por la explotación de sus interpretaciones o ejecuciones.

Artículo 118. Los artistas y ejecutantes tienen el derecho de oponerse a

I. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones.

II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material y

III. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.

Artículo 120. Los contratos de interpretación y ejecución deberán precisar los tiempos, periodos, contraprestaciones y además términos y modalidades bajo las cuales se podrá fijar, reproducir y comunicar al público dicha interpretación o ejecución. Dichos contratos podrán ser elaborados, aprobados y celebrados a través de la sociedad de gestión correspondiente, dentro de lo que establecen los artículos 194, 195, 196, 197 y 198 de esta ley.

Artículo 148.

II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho, siempre y cuando no exista un lucro directo o indirecto por dicha reproducción.

Artículo 195. La persona legitimada para formar parte de una sociedad de gestión colectiva podrá optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, podrá elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual, por conducto de apoderado o a través de la sociedad.

Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los socios elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro.

Cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de gestión colectiva podrán ellas ejercer el derecho a las remuneraciones equitativas referentes a cualquier uso o explotación anterior a la primera divulgación, deberá realizarse a través de las sociedades de gestión elegidas y comprenderán la negociación con los usuarios, la determinación, recaudación y distribución de la remuneración correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de dichos derechos, a menos de que los socios revoquen el mandato.

Cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de gestión colectiva no podrán efectuar el cobro de las regalías por sí mismos sobre los usos secundarios que se hayan especificado en el mismo.

Artículo 196. En caso de que los socios optaran por ejercer sus derechos patrimoniales a través de apoderado, éste podrá ser persona física o moral y deberá contar con autorización del instituto. El poder otorgado a favor del apoderado no será sustituible ni delegable.

Artículo 197. Los miembros de una sociedad de gestión colectiva, cuando opten porque la sociedad sea la que realice los cobros a su nombre, deberán otorgar a ésta un poder general para pleitos y cobranzas. Los mandatos individuales que hayan sido otorgados a las sociedades autorales con anterioridad a la vigencia de la presente ley se considerarán otorgados en los términos del primer párrafo del presente artículo.

Artículo 200. Una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva por parte del instituto, estarán legítimamente en los términos que resulten de sus propios estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Las inscripciones que las sociedades de autores y conexos tengan acreditadas ante la dirección general del Derecho de Autor, seguirán vigentes hasta el otorgamiento de la autorización respectiva por parte del instituto.

Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para presentar...

TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor después de 30 días de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

San Lázaro, a 29 de abril de 1997. Rúbricas.»

Así, señor Presidente, con el fin de obviar tiempo, suplico a usted se dé instrucciones a la Secretaría para que quede insertado íntegramente el articulado en el Diario de los Debates.

El Presidente:

Como lo solicita la diputada, se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de esta iniciativa quede insertado en el Diario de los Debates. Y túrnese a la Comisión de Cultura.

LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Javier Ortega Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El diputado Javier Ortega Espinoza:

«Con el permiso del señor Presidente; Honorable Asamblea; secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.

Los suscritos, diputados a la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos Sorteos, conforme a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta iniciativa se presenta en el contexto de la construcción del auténtico federalismo y con el ánimo de buscar alternativas prácticas desde el ámbito legislativo, que vayan haciendo realidad y fortalecimiento dicho federalismo.

Dentro de los juegos con apuestas permitidos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, se contemplan las carreras de caballos.

En diferentes regiones del país, la práctica de este juego con apuestas es una realidad histórica, a tal grado que forma parte de la tradición y cultura campesina, aspecto que se refleja claramente en la música popular y en nuestro cine nacional.

Siendo la Secretaría de Gobernación la única facultada por la ley para reglamentar, autorizar, controlar y vigilar absolutamente todos los sorteos y juegos con apuestas a nivel federal, resulta un claro ejemplo la excesiva centralización de facultades en el Gobierno Federal.

Esta reforma y adición a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que se propone, dotaría al Gobierno del Distrito Federal y a los municipios del país en sus jurisdicciones, de la facultad de autorizar, controlar y vigilar las carreras de caballos, conservando la Secretaría de Gobernación la reglamentación en el ámbito federal, así como el control pleno de lo concerniente a los hipódromos que funcionan en el país.

En la práctica, son los municipios o los estados los que otorgan la seguridad pública en estos eventos, prácticamente sin recibir ningún beneficio.

Resulta altamente complicado la obtención de permisos para la realización de carreras de caballos, lo cual ha favorecido la clandestinidad y prácticas de corrupción. No obstante lo complicado de adquirir permisos, las carreras de caballos es un acto cotidiano en diferentes regiones del país.

Aunque es poco probable que en el territorio del Distrito Federal se realicen carreras de caballos fuera de los hipódromos, aprovechamos la reciente legislación que por primera vez permite a la ciudadanía elegir su jefe de Gobierno, para equiparar el espíritu de la reforma que se propone, al resto del territorio nacional.

De ser aprobada esta iniciativa, se lograrían los siguientes beneficios en forma concreta e inmediata, se fortalecería el federalismo y el espíritu del municipio libre, el Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos municipales del país donde se realice la práctica de carreras de caballos, aumentarían sus ingresos propios para destinarlos a obras y servicios públicos prioritarios en sus jurisdicciones, beneficiándose directamente la población, se eliminarían los trámites burocráticos para la obtención de permisos en la Ciudad de México; y finalmente, se eliminarían ciertas prácticas de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a lo que prescribe la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

A efecto de reformar y adicionar los artículos que a continuación se mencionan, todos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3o. para quedar como sigue:

Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Tratándose de carreras de caballos, con excepción de los hipódromos, a la Secretaría de Gobernación sólo corresponde su reglamentación. La autorización, control y vigilancia, son facultades de los gobiernos municipales dentro de sus jurisdicciones y en el caso del Distrito Federal, de su jefatura de Gobierno."

Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. para quedar como sigue:

Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"En el caso de lugares abiertos para la práctica de carreras de caballos con apuestas, se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior."

Artículo tercero. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 5o. para quedar como sigue:

Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"En los permisos que concedan para carreras de caballos, los gobiernos municipales y la jefatura del Gobierno del Distrito Federal señalarán la tarifa o la participación que de los productos obtenidos por el permisionario deba corresponder a aquellos. Estos ingresos serán íntegros para estas instancias de gobierno y deberán destinarse a obras y servicios prioritarios para las comunidades."

Artículo cuarto. Se adiciona y reforma el artículo 6o. para quedar como sigue:

Artículo 6o. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. se aplicará también en relación con los permisos que se concedan para efectuar sorteos, con excepción de los siguientes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo quinto. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 7o. para quedar como sigue:

"Artículo 7o. La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, con excepción de las carreras de caballos fuera de los hipódromos, así como el cumplimiento de esta ley, por medio de los inspectores que designe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Artículo sexto. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 para quedar como sigue.

Artículo 11.

"Los gobiernos municipales y la jefatura de gobierno del Distrito Federal quedan facultados para autorizar carreras de caballos dentro de sus juridicciones en las ferias locales, regionales y nacionales."

Artículo séptimo. Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 12 para quedar como sigue:

Artículo 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"II. A los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación o de la jefatura de gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos municipales en su caso, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma;

III y IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación actualizara y adecuará el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para los efectos del presente decreto.

Palacio Legislativo, a los 28 días del mes de Abril de 1997. Diputados: Javier Ortega Espinoza, Salvador Fernández Gavaldón, Rafael Díaz Chávez, Alejandro Zapata Perogordo, Luis Ruan Ruiz.»

Señor Presidente, con objeto de obviar tiempo, solicito a usted dé instrucciones para que el texto de la iniciativa de decreto sea insertada en forma íntegra en el Diario de los Debates.

El Presidente:

De conformidad con lo solicitado, se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

COMISION DE COMERCIO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Ocejo Moreno, para que en una sola intervención presente informe sobre la Comisión de Comercio y a su vez presente informe sobre la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Con su venia, señor Presidente:

«Comisión de Comercio.

Informe sobre iniciativas en rezago que han sido dictaminadas por la Comisión de Comercio, con dictamen de rechazo.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados; señoras y señores diputados. Presentes.

La Comisión de Comercio de la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados en su carácter de Comisión de Dictamen Legislativo, dentro de su plan de trabajo ha procedido ha revisar las iniciativas que le fueron turnadas en las legislaturas anteriores, así como en la presente y que aún no habían sido dictaminadas.

El día de hoy estamos comunicando al pleno de esta Asamblea que cuatro de ellas, ya fueron estudiadas y dictaminadas como rechazadas, aclarando que el rechazo se debe básicamente a los siguientes fundamentos:

1o. Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria; reforma de los artículos 1o. al 9o., 13, 16, 17,18, 19, 20, 20bis, 23, 24, 25 y 29 y derogación de los artículos 10, 12, 21, 22 y 27, presentadas por los diputados Jorge Calderón Salazar y Miguel A. León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, el día 17 de febrero de 1993.

Esta iniciativa propone la necesidad de reformar y derogar los artículos en cita que se encuentran comprendidos dentro de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (ya abrogada), con objeto de actualizar las normas y de ésta forma evitar la afiliación obligatoria, sin suprimir el término "instituciones públicas".

Conclusión: la iniciativa fue desechada en virtud de que la ley cuya modificación se propone ya ha sido abrogada y se encuentra vigente a partir del 1o. de enero de 1997, la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, misma que atiende las modificaciones propuestas.

2o. Iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, presentada por el diputado Carlos Castillo Solís, del Partido Revolucionario Institucional, el día 30 de marzo de 1995. (Congreso de Yucatán).

Referida a la necesidad de reformar los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (ya abrogada), con objeto de actualizar las normas y cumplir con lo que prescribe el artículo 9o. constitucional.

Conclusión: la iniciativa fue desechada, en virtud de haber sido ya abrogada la ley cuya modificación se propone y estar vigente la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, misma que establece claramente la afiliación voluntaria.

3o. Iniciativa que deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, presentada por el diputado César Raúl Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional, el día 24 de octubre de 1995.

Iniciativa que propone derogar el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (ya abrogada), con objeto de respetar lo ordenado por el artículo 9o. constitucional.

Conclusión: la iniciativa fue desechada, en virtud de haber sido ya abrogada la ley cuya modificación se propone y estar vigente la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, misma que establece claramente la afiliación voluntaria.

4o. Iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria, presentada por el diputado Saúl Escobar Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, el día 12 de noviembre de 1996.

La iniciativa propone abrogar la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, (ya abrogada), substituyéndola con la ley propuesta, con objeto de actualizar las normas y, por otro lado, buscar concordancia con el artículo 9o. constitucional.

Conclusión: la iniciativa fue desechada en virtud de la publicación y vigencia de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, ordenamiento que incluye diversas propuestas del legislador promovente.

Estos dictámenes han sido turnados según las instrucciones de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al archivo de esta Cámara, para su control, así como a la Dirección General de Crónica Parlamentaria y a la Dirección General de Proceso Legislativo.

Entrego a usted, señor Presidente, por conducto de la Secretaría, los siguientes documentos:

Este informe general.

Copia del oficio de entrega a la Dirección General de Proceso Legislativo.

Copia de los dictámenes.

Atentamente.

Palacio de San Lázaro, a 24 de abril de 1997. Diputado Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

«Comisión de Comercio.

Señorita María Elena Sánchez Algarín,. Dirección general de Proceso Legislativo. Presente.

De acuerdo con información recibida de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto al trámite que debe darse a iniciativas que sean rechazadas, estamos remitiendo a usted original del dictamen debidamente requisitado de la siguiente:

Iniciativa que deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de lndustria, presentada por el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de octubre de 1995.

Rogamos a ustedes acusarnos recibo del mismo y darle el trámite que corresponda.

Atentamente.

Abril 23 de 1997. Diputado Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

«Comisión de Comercio.

Señorita María Elena Sánchez Algarín, dirección general de Proceso Legislativo. Presente.

De acuerdo con información recibida de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto al trámite que debe darse a iniciativas que sean rechazadas, estamos remitiendo a usted original del dictamen debidamente requisitado de la siguiente.

Iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de la lndustria, presentada por el diputado Saúl Escobar Toledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 12 de noviembre de 1996.

Rogamos a ustedes acusarnos recibo del mismo y darle el trámite que corresponda.

Atentamente.

Abril 23 de 1997. Diputado Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

«Comisión de Comercio.

Señorita María Elena Sánchez Algarín. Dirección general de Proceso Legislativo. Presente.

De acuerdo con información recibida de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto al trámite que debe darse a iniciativas que sean rechazadas, estamos remitiendo a usted original del dictamen debidamente requisitado de la siguiente.

Iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, presentada por los diputados Jorge Calderón Salazar y Miguel A. León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 17 de febrero de 1993.

Rogamos a ustedes acusarnos recibo del mismo y darle el trámite que corresponda.

Atentamente.

Abril 23 de 1997. Diputado Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

«Comisión de Comercio.

Señorita María Elena Sánchez Algarín. Dirección general de Proceso Legislativo. Presente.

De acuerdo con información recibida de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto al trámite que debe darse a iniciativas que sean rechazadas, estamos remitiendo a usted original del dictamen debidamente requisitado de la siguiente

Iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de lndustrias, presentada por el honorable Congreso de Yucatán, el día 30 de marzo de 1995.

Rogamos a ustedes acusarnos recibo del mismo y darle el trámite que corresponda.

Atentamente.

Abril 23 de 1997. Diputado Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

«Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados correspondientes a la LV Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de lndustria, presentada por los diputados Jorge Calderón Salazar y Miguel A. León Corrales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometieron a la consideración del honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comercio procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1o. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 17 de febrero de 1993, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentaron los diputados Jorge Calderón Salazar y Miguel A. León Corrales.

2o. El Presidente de la mesa directiva, acordó dar el siguiente trámite: "con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia recibe y turna a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados".

3o. Previo a la sesión de trabajo de la Comisión de Comercio, celebrada el 22 de abril de 1997, se dio oportuna cuenta a sus integrantes de la presentación de esta iniciativa.

4o. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes reflexiones de parte de legisladores y juristas, que fueron aceptadas en razón de su contenido, destacando el hecho de que las reformas y derogaciones propuestas en la iniciativa, objeto de dictamen, se refieren a una ley que ya fue abrogada.

MOTIVACION

Los legisladores proponentes argumentan en su iniciativa que durante años se ha debatido en las organizaciones empresariales la obligación de pertenecer a ellas y más aún el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo y protección de la justicia federal al señor Manuel García Martínez, en contra del artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria, debido a que se considero este artículo como violatorio del artículo 9o. constitucional relativo a la libertad de asociación, situación que pone en manifiesto la existencia de una ley corporativa y antidemocrática.

En virtud de lo anterior la iniciativa propone se modifiquen y deroguen diversos artículos de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria, destacando en el contenido de su articulado los siguientes aspectos:

a) Eliminar de la naturaleza y definición de las cámaras de Comercio y de la de Industria, el término de "instituciones publicas, autónomas con personalidad jurídica".

b) Propone eliminar la facultad de la Secofi para fijar el domicilio y jurisdicción de las cámaras con base en su actividad e importancia económica.

c) Propone eliminar la obligatoriedad de inscripción de comerciantes e industriales a las cámaras que les corresponda, así como la sanción por parte de la Secofi por incumplimiento, sin embargo a los afiliados de las cámaras se les obliga a contribuir a su sostenimiento en forma proporcional y equitativa.

d) Propone reducir a 20 como mínimo el número de integrantes para la constitución de una cámara, de igual forma se establece que las cámaras se regirán por sus estatutos notificando a la Secofi su constitución, representantes y modificaciones de estatutos excluyéndose la autorización por parte de la Secofi en su constitución.

e) Se propone que en caso de que el consejo directivo de las cámaras no cumpla con la obligación de enviar el 15% de sus ingresos a su confederación correspondiente, se podrá solicitar a la Secofi que en un plazo breve la cámara manifieste lo que a su derecho convenga o cumpla con su obligación y en caso contrario la confederación deducirá su derecho ante los tribunales competentes, en cuyo caso el juez podrá nombrar un interventor con cargo a la caja para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación por parte de la cámara.

f) Propone modificar el artículo 23 de la ley de la materia, relativo a las confederaciones de cámaras de comercio y de industria, mencionando solamente que se podrán crear las mismas rigiéndose por lo dispuesto en la ley, en lo que sea aplicable, pudiendo los miembros de las confederaciones retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario.

g) Propone la derogación de los artículos relativos a la integración, constitución y funcionamiento de las cámaras en funcionamiento en pequeño, cámaras de industrias afines. Asímismo los relativos a la facultad de la Secofi para vetar los acuerdos de una cámara cuando perturben el orden publico o causen perjuicio grave al bien común y el caso de autorización por parte de la autoridad para la creación y establecimiento de delegaciones.

CONSIDERANDO

Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

a) El artículo 4o. de la nueva ley, establece que las cámaras empresariales y sus confederaciones son "instituciones de interés público", resolviendo así la intención del legislador promovente de la iniciativa, en la que se propone la eliminación del término "institución pública".

b) El artículo 6o. fracción I de la nueva ley, establece que la Secofi autorizará la constitución de cámaras y confederaciones, cuando se cumpla lo establecido por la ley, por lo que ésta, no da la facultad a la Secretaría, para fijar el domicilio de jurisdicción de las cámaras, quedando resuelto de esta manera la propuesta promovida en la iniciativa.

c) Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio que dictaminan, reconocen y coinciden en que las causas que originaron la iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria (ya abrogada) hoy ha quedado resuelta en la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de diciembre de 1996 y en vigencia a partir del 1o. de enero de 1997, pues esta nueva ley, establece en su artículo 17 que la afiliación a las cámaras será un acto voluntario de las empresas, señalando a su vez en su articulado los derechos y obligaciones que tendrán los afiliados ante su cámara correspondiente.

d) El Título Tercero, Capítulo II de la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, establece los nuevos lineamientos bajo los cuales se pueden constituir tanto cámaras de comercio como de industria, al igual que las características para definirlas como específicas, genéricas, ya sea con circunscripción nacional o regional

Por su parte el artículo 16 de la nueva ley establece que la Secretaría de Comercio registrará los estatutos y sus modificaciones, los cuales deberán de constar en instrumentos otorgados por fedatario público competente y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por lo que en ésta no se contempla la autorización de los estatutos por la Secofi.

e) El artículo 19 de la nueva ley, plantea como una de las obligaciones de las cámaras ante sus confederaciones la de cumplir con el sostenimiento de ésta, siempre y cuando sea en los términos que convenga la asamblea, por lo que el porcentaje establecido en la iniciativa objeto de dictamen, queda superado, dado que en la ley ya vigente, se establece el fijar un porcentaje que sea acorde con la capacidad de las cámaras y de esta manera se pueda cumplir con el sostenimiento de su confederación, sin tener que recurrir al litigio en vías de poder solucionar este tipo de controversias.

f) La propuesta de reforma al artículo 23 queda sin objeto, dado que el artículo 15 de la nueva ley establece claramente cómo integrarán las cámaras a su confederación respectiva.

g) La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece en su artículo 7o. que el reglamento será el que defina las características de las empresas que podrán constituir cámaras de comercio en pequeño, por lo que este mecanismo queda fuera de la ley, tal y como lo propone la iniciativa que aquí se dictamina.

RESULTANDO

Unico: La iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria debe ser desechada, en virtud de la publicación y vigencia de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1996, ordenamiento legal que supera la intención, causas y motivación que originaron la iniciativa propuesta.

Por lo expuesto.

Esta Comisión de Comercio, una vez que ha analizado la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria (abrogada), puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza el proyecto con 19 votos a favor dos en contra, sometiendo al pleno de la Cámara de Diputados porque se apruebe este rechazo.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 22 de abril de 1997. Diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega G., Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Marco Antonio Falcón Quijano, Raúl A. Fuentes Cárdenas, Julio Felipe García Castañeda, Guillermo Gómez Vega, Luis F. González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica G. Leñero Alvarez, Walter A. Léon Montoya, Guillermo A. Luján Peña, Ricardo Menéndez Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé M. Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray N., Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jonguitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo F. Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfredo Valdez Gaxiola.»

«Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, presentada por el diputado Carlos Castillo Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la Consideración del honorable Congreso de la Unión.

La iniciativa que se dictamina previamente fue turnada con fecha 21 de junio de 1994 a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del honorable Congreso del Estado libre y Soberano de Yucatán, correspondiente a la LII Legislatura, acordando el día 20 de febrero de 1995 enviarla al honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictamen correspondientes, remitiéndose la mencionada iniciativa el 30 de marzo de 1995 a esta Comisión de Comercio para los efectos procedentes.

Con fundamento en los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comercio procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1o. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 30 de marzo de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa presentada por el honorable Congreso de Yucatán.

2o. El presidente de la mesa directiva, acordó dar el siguiente tramite: "recibo y túrnese a la Comisión de Comercio".

3o. Previo a la sesión de trabajo de la Comisión de Comercio, celebrada el 22 de abril de 1997, se dio oportuna cuenta a sus integrantes de la presentación de esta iniciativa.

4o. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes reflexiones de parte de legisladores y juristas, que fueron aceptadas en razón de su contenido, destacando el hecho de que las reformas propuestas en la iniciativa objeto de dictamen, se refieren a una ley que ya fue abrogada.

MOTIVACION

La iniciativa menciona que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha señalado que la ley del 2 de mayo de 1941 de las cámaras de Comercio es autoaplicativa y por tanto el juicio de amparo es improcedente por extemporaneidad de la demanda, ya que en todo caso la constitucionalidad de dicha ley debió considerarse dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor, por lo que la demanda de juicio de amparo promovido en contra de dicha ley esta fuera de término, resultando así improcedente, por lo anterior y debido a la naturaleza y aplicación federal de dicha ley es procedente se modifique la misma a través del honorable Congreso de la Unión en virtud de lo estipulado por el artículo 71 de la Constitución Política en concordancia con lo señalado por los artículos 30 fracción XXIV, 35 fracción I de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el legislador presento su iniciativa ante el honorable Congreso del Estado de Yucatán, para que éste, en uso del derecho que tiene de iniciar leyes, haga suya la iniciativa objeto de dictamen y pida se reformen los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria.

CONSIDERANDO

Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar dicha iniciativa.

Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio que dictaminan, reconocen y coinciden en que las causas que originaron la iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (ya abrogada) hoy ha quedado resuelta en la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 20 de diciembre de 1996 y en vigencia a partir del 1o. de enero de 1997, pues esta nueva ley establece en su artículo 17 que la afiliación a las cámaras será un acto voluntario de las empresas, señalando a su vez en su articulado los derechos y obligaciones que tendrán los afiliados ante su cámara correspondiente.

RESULTANDO

Unico. La iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria debe ser desechada, en virtud de haber sido abrogada la ley que se propone reformar, además de que la publicación y vigencia de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones; recoge y atiende el espíritu e intención de las reformas a que se contrae la iniciativa propuesta.

Por lo expuesto.

Esta Comisión de Comercio, una vez que ha analizado la iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (abrogada), puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza el proyecto con 21 votos a favor y cero en contra, sometiendo al pleno de la Cámara de Diputados por que se apruebe este rechazo.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 22 de abril de 1997. Diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega García, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Marco Antonio Falcón Quijano, Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, Julio Felipe García Castañeda, Guillermo Gómez Vega, Luis Fernando González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Walter Antonio León Montoya, Alejandro Guillermo Luján Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé Mario Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jongitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfredo Valdez Gaxiola.»

«Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara Diputados, correspondiente a la LVI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de la de Industria, presentada por el diputado César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la Consideración del honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 42, 43 fracción 11, 48, 56 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comercio procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1o. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 24 de octubre de 1995, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa presentada por el diputado César Raúl Ojeda Zubieta.

2o. El Presidente de la mesa directiva acordó dar el siguiente tramite: "túrnese a la Comisión de Comercio"

3o. Previo a la sesión de trabajo de la Comisión de Comercio, celebrada el 22 de abril de 1997, se dio oportuna cuenta a sus integrantes de la presentación de esta iniciativa.

4o. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes reflexiones de parte de legisladores y juristas, que fueron aceptadas en razón de su contenido, destacando el hecho de que la derogación propuesta en la iniciativa objeto de dictamen, se refiere a una ley que ya fue abrogada.

MOTIVACION

El legislador proponente argumentó en su iniciativa la importancia de la jurisprudencia número 28/1995 emitida por la Suprema Corte de la Nación, que determinó que la afiliación obligatoria de los empresarios es anticonstitucional debido al hecho de que el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, viola flagrantemente el artículo 9o. de la Constitución Política, ya que impone a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico sea de 2 mil 500 pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la cámara correspondiente, en el curso del mes siguiente al inicio de sus actividades.

CONSIDERANDO

Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Los miembros integrantes de la Comisión de Comercio que dictaminan, reconocen y coinciden en que las causas que originaron la iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria (ya abrogada) hoy ha quedado resuelta en la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 1996 y en vigencia a a partir del 1o. de enero de 1997, pues esta nueva ley establece en su artículo 17 que la afiliación a las cámaras será un acto voluntario de las empresas, señalando a su vez en su articulado los derechos y obligaciones que tendrán los afiliados ante su cámara correspondiente.

RESULTANDO

Unico: La iniciativa que deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria debe ser desechada, en virtud de haber sido abrogada la ley que se propone reformar, además de que la publicación y vigencia de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones recoge y atiende el espíritu e intención de la reforma a que se contrae la iniciativa propuesta.

Por lo expuesto.

Esta Comisión de Comercio, una vez que ha analizado la iniciativa que deroga el artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de industria (abrogada), puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, rechaza el proyecto con 21 votos a favor y cero en contra, sometiendo al pleno de la Cámara de Diputados porque se apruebe este rechazo.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 22 de abril de 1997. Diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega García, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Marco Antonio Falcón Quijano, Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, Julio Felipe García Castañeda, Guillermo Gómez Vega, Luis Fernando González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Walter Antonio León Montoya, Alejandro Guillermo Luján Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé Mario Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jongitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfredo Valdez Gaxiola.»

«Honorable Asamblea: a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, correspondiente a la LVI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de Industria, presentada por el diputado Saúl Escobar Toledo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Congreso de la Unión.

"Con fundamento en los artículos 42, 43 fracción II, 48 párrafos primero y segundo, 56 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comercio procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1o. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 12 de noviembre de 1996, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de la iniciativa que presentó el diputado Saúl Escobar Toledo.

2o. El Presidente de la mesa directiva, acordó dar el siguiente trámite: "con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia recibe y turna a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados".

3o. Previo a la sesión de trabajo de la Comisión de Comercio, celebrada el día 22 de abril de 1997, se dio oportuna cuenta a sus integrantes de la presentación de esta iniciativa.

4o. Durante los trabajos de redacción del proyecto de dictamen, se recibieron importantes reflexiones de parte de los legisladores y juristas, que fueron consideradas en razón de su contenido.

MOTIVACION

El legislador proponente argumenta en su iniciativa que durante años se ha debatido en las organizaciones empresariales, la obligación de pertenecer a ellas y más aún, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al señor Manuel García Martínez, en contra del artículo 5o. de la Ley de Cámaras de Comercio y de las de Industria, debido a que se consideró este artículo como violatorio del artículo 9o. constitucional, relativo a la libertad de asociación, situación que pone de manifesto la existencia de una Ley Corporativa y Antidemocrática.

a) Propone que las cámaras sean organismos de "carácter privado", respetándose el derecho irrestricto de libre asociación, con la finalidad de que desaparezca el control corporativo y el registro obligatorio.

b) Propone precisión en las funciones de las cámaras, con la finalidad de ampliar sus facultades en cuanto a representación, apoyo, fomento a la industria, comercio, servicios y cooperar con las autoridades educativas, para impartir educación en los centros de trabajo.

c) Propone que las cámaras sean organismos permanentes y de consulta del Gobierno Federal, para que, éste a su vez, dicte medidas en materia de comercio, industria y servicios, de acuerdo a la realidad nacional.

d) Propone para la constitución de una cámara un mínimo de 20 empresarios, quienes serán administrados por un consejo directivo, durarán en su cargo dos años, previa certificación ante notario público, con la finalidad de que se sometan a las disposiciones que señala el Código Civil del D.F.

CONSIDERANDO

Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa proyecto de referencia.

a) Cabe mencionar que el promovente de la iniciativa, define a las cámaras como "instituciones privadas", por lo cual la constitución de tales organizaciones se realiza al amparo de lo que establece el Código Civil para el D.F. y las correspondientes de los estados sin requerir una ley específica, pues al ser instituciones privadas se limitan a crear condiciones propicias para que los particulares satisfagan sus pretensiones, mediante su propio esfuerzo. Sin embargo, en el artículo 4o. de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, se establece que las cámaras y sus confederaciones son "instituciones de interés público" y con ello se le dio un mayor alcance jurídico, mediante disposiciones legislativas y administrativas, como principal función de las cámaras, lo cuál supera importantemente la propuesta del legislador.

b) La iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de la Industria, menciona que debe haber libertad de asociación, tal como lo consagra el artículo 9o. constitucional. En relación a esta garantía individual, los integrantes de la Comisión de Comercio, reconocen que las causas que provocaron y originaron la iniciativa, hoy han quedado resueltas en la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 1996, en vigencia a partir del 1o. de enero de 1997, pues esta nueva ley establece en su artículo 17, que la afiliación a las cámaras será un acto voluntario.

c) En el Capítulo II de la iniciativa en cita, donde se menciona el fomento al comercio, industria, servicios, así como defender los intereses de los agremiados, consulta y asesoramiento al Estado, la Comisión de Comercio considera que efectivamente es importante la propuesta del legislador; sin embargo, lo mencionado anteriormente ya se encuentra regulado en el artículo 10 de la ley vigente.

d) En referencia a la Constitución y sostenimiento de manera proporcional y equitativa, constitución de cámaras, balance anual, a que se refiere el proponente, es pertinente aclarar que estas propuestas se encuentran debidamente reguladas en los artículos 7o., 12, 13, 14, 17 fracción V, 19 fracción IV y 20 fracción V, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, donde, entre otras cosas, se plantea que el sostenimiento sea en los términos que convenga la Asamblea y de acuerdo a la capacidad económica del afiliado.

También establece los nuevos lineamientos para constituir tanto cámaras de Comercio, como de industrias, al igual que las características para definirlas como específicas o genéricas, ya sea, con circunscripción nacional o regional.

e) Referente a los estatutos, donde el legislador proponente de la iniciativa hace mención al domicilio de las cámaras y obligaciones del presidente del consejo directivo, estas propuestas del proyecto de iniciativa han quedado plenamente contempladas en el artículo 16 fracciones II, IV, IX y X párrafo segundo, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, hoy vigente.

RESULTANDO

Unico. La iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de Industria, que se dictamina, debe ser desechada, en virtud de la publicación y vigencia de la nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 1996, ordenamiento legal que supera la intención, causas y motivación que originaron la iniciativa propuesta.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Comercio, una vez que ha analizado la iniciativa proyecto de Ley de las Cámaras de Comercio y de Industria (abrogada), puesta a la consideración del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos rechaza el proyecto con 19 votos a favor y dos en contra, sometiendo al pleno de la Cámara de Diputados porque se apruebe este rechazo.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 22 de abril de 1997. Diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega García, Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Marco Antonio Falcón Quijano, Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, Julio Felipe García Castañeda, Guillermo Gómez Vega, Luis Fernando González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica Gabriela Leñero Alvarez, Walter Antonio León Montoya, Alejandro Guillermo Luján Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé Mario Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray Norzagaray, Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jongitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfredo Valdez Gaxiola.»

El Presidente:

De enterado.

El diputado Jorge Andres Ocejo Moreno:

Continúo con el segundo informe y es un informe de actividades, más bien un resumen de actividades que presenta la Comisión de Comercio:

«Informe de actividades que presenta la Comisión de Comercio LVI Legislatura, noviembre 1994 abril, 1997

Con fundamento en los artículos 42, 43 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comercio tiene la naturaleza de ser ordinaria, permanente y de dictamen legislativo.

Su función es la de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, que le sean turnadas y de participar en las deliberaciones y discusiones de la Asamblea. Además, participará y resolverá sobre asuntos que en razón de su competencia le sean turnados.

Ante esta necesidad de responder a la exigencia de contar con un marco legal moderno, la comisión en cumplimiento de sus responsabilidades no sólo estudió y dictaminó las iniciativas que le fueron turnadas, sino que procedió a realizar un importante trabajo de estudio, análisis y dictamen de iniciativas rezagadas, recibidas de anteriores legislaturas.

Además de lo anterior, los miembros de la comisión sostuvieron diversas reuniones, con la colegisladora, organismos académicos, cámaras de comercio y de industria, organizaciones empresariales y sociales, peritos en la materia y funcionarios públicos del ramo y bancos de desarrollo, a fin de intercambiar puntos de vista e ideas para tener elementos de juicio y poder realizar un trabajo legislativo cada día más profesional.

A continuación se presenta un resumen de actividades que incluye los aspectos más relevantes del trabajo realizado en esta comisión.

Hacemos entrega de este informe a los secretarios de la Cámara de Diputados.

México, D.F., a 28 de abril de 1997. Por la Comisión de Comercio; diputado, Jorge Ocejo Moreno, presidente.»

Iniciativas:

Recibidas en anteriores legislaturas, 17:

Dictaminadas en la LVI Legislatura, 13; en proceso de dictamen, 4;

Recibidas en la LVI Legislatura, 14:

Dictaminadas, 10; en proceso de dictamen, 4;

Reuniones de trabajo de la comisión, 24:

1. Reuniones generales, 19; 2. comisiones unidas, 5; Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Hacienda y Crédito Público; Comercio, Justicia y Comercio, Relaciones Exteriores.

Reuniones con autoridades, especialistas e involucrados en el sector comercio, 13:

Herminio Blanco; Empresarios de Sacramento, California (USA); subcomisión de comercio exterior, conacex; diputados tailandeses; subcomisión de fomento a la empresa; foros de consulta sobre plan nacional de desarrollo; Seminario Unión Europea; Seminario Inversión Extranjera en México; Comisión Federal de Competencia; Reunión Parlamentaria MéxicoUSA; asociaciones y cámaras empresariales; parlamentarios de Texas (USA).

Reuniones de comisiones unidas con Especialistas y funcionarios, 2:

Comercio-Programación y Presupuesto; Comercio-Hacienda y Crédito Público.

Audiencias Públicas, 4:

Deudores de la banca; reformas fiscales, (IVA al 15%); Ley Federal de Competencia Económica; medios masivos de comunicación; Adams vs Canel's y CFC.

Foros, 4:

La clase media empresarial en el proceso político de las economías de mercado; Foro de Consulta Popular "desregulación económica para la competitividad de la micro, pequeña y mediana expresa; II encuentro con políticos y legisladores de América; diálogo, legisladoresempresarios.

Giras de trabajo, 2:

Sobre: Ley de Cámaras de Comercio e Industrial; leyes de Competencia Económica; políticas de desregulación.

Europa:

1. París, La Haya y Madrid.

2. Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra.

Propuestas recibidas y canalizadas a las instancias correspondientes, 6:

Importación de neumáticos usados; reforma Ley de Cámaras de Comercio e Industria; propuesta de ampliación del Programa Económico Emergente para reducir el Impacto Social en la Franja Fronteriza de México.

Evitar que las exportaciones de tomate se vean afectadas por demandas interpuestas en su contra.

Propuesta de bono deducible, como herramienta, de la cual podrán hacer uso todas aquellas empresas con utilidades, que en lugar de repartirlas prefieran conservarlas como reservas o ahorro, para en un futuro reinvertirlas.

Defensa del posible cierre de la frontera de USA a las exportaciones del tomate mexicano.

Este es el resumen que se tiene de las actividades de la Comisión de Comercio:

El Presidente:

De enterado.

El diputado Jorge Andrés Ocejo Moreno:

Señor Presidente, paso al segundo punto, esto es relativo a la Comisión de Comercio, paso a informar sobre la iniciativa del Impuesto sobre la Renta.

Con su venia, señor Presidente:

«El día 11 de diciembre de 1996, el grupo parlamentario del Partido Acción...

Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El día 11 de diciembre de 1996, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, presentó ante esta Asamblea, la iniciativa de decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, habiéndose turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta iniciativa propone fundamentalmente la reforma de los artículos 80 y 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referentes a las tarifas para el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a fin de simplificar en forma verdaderamente importante el cálculo de tal impuesto.

Sin embargo, a pesar de que durante los meses de enero y febrero insistimos al Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado, Francisco Suárez y Dávila, para que citara a la comisión y se procediera el análisis, discusión y dictamen, nunca quiso convocar.

Iniciado el actual periodo de sesiones, volvimos a solicitar que se reuniera la comisión y en vista de que no se convocaba, el pasado día 20 de marzo de 1997, presentamos ante este pleno, la excitativa para que se dé cumplimiento a lo que establecen tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Días después, el diputado Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, convocó a la comisión para el día 15 de abril. Canceló esa reunión y se citó para el 22 de abril, nuevamente cancelando la reunión y finalmente se convocó para el día de hoy 24 de abril de 1997.

Antes de celebrarse esta reunión, el diputado Francisco Suárez y Dávila nos comunicó que citaría a la comisión, pero que no estaba dispuesto a presentar dictamen, argumentando que los miembros de la comisión pertenecientes al PRI, le habían dicho que no quieren proceder al dictamen de esta iniciativa, en clara violación a lo que establece tanto la Ley Orgánica como el reglamento.

El día de hoy se reunió la Comisión de Hacienda y Crédito Público y tal como lo había expresado el diputado, Francisco Suárez y Dávila, no se quiso proceder a dictaminar la iniciativa referida.

En virtud de que han transcurrido 133 días de que se turnó esta iniciativa, pongo a su consideración, señor Presidente, nuevamente el siguiente recurso.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados. Presente:

En virtud de haberse solicitado el pasado día 20 de marzo de 1997, a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, que de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hiciera la excitativa para elaborar el dictamen de la iniciativa de decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y habiéndose negado la Comisión de Hacienda y Crédito Público a emitir dictamen, solicitamos atentamente que de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a otra comisión para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 85, 87, 91, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se presente el dictamen de la iniciativa de decreto de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 24 de abril de 1997. Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado, Jorge Ocejo Moreno.»

El Presidente:

De enterado.

Túrnese a la Comisión de Prácticas Parlamentarias y Régimen Interno.

COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María de la Luz Lima Malvido, para presentar un informe de la Comisión de Participación Ciudadana.

La diputada María de la Luz Lima Malvido:

Informe de la Comisión de Participación Ciudadana al pleno de la Cámara de Diputados.

Hablar de fortalecimiento de la sociedad civil implica el reconocimiento de que es sujeto para lograr el desarrollo, no objeto que apaciblemente observa el aumento cuantitativo y cualitativo de problemas, contradicciones, exclusiones e inestabilidad.

México vive momentos de grandes transformaciones, que nos obligan a redefinir los paradigmas que nos han servido de base para entablar nuestras relaciones con los grupos organizados de la sociedad civil.

No obstante, afirmar que la sociedad civil emerge, sería desconocer largas tradiciones colectivas de cooperación y solidaridad que han sido la fuerza que nos ha permitido superar adversidades.

Estamos frente a una sociedad activa, demandante y crítica, que no está dispuesta a ver desde abajo del escenario la forma en que se toman las decisiones sobre problemas que les afectan.

Es ineludible reconocer la dificultad de los poderes públicos para atender plenamente las necesidades de la población. Por ello, se observa la necesidad de crear mecanismos que fomenten la iniciativa de la ciudadanía para colaborar en el desarrollo, respetando su diversidad. Dichas medidas no sólo deben prestar ayuda hacia los vulnerables, sino propiciar la capacitación para superar sus desventajas y planear el desarrollo.

Por ello, con el afán de redefinir el espacio público, quisimos compartirlo en la Comisión de Participación Ciudadana, con representantes de organizaciones que han llevado adelante importantes luchas y reivindicaciones, quienes se corresponsabilizaron con los objetivos y acciones que emprendimos juntos.

Tomamos en cuenta no sólo de manera simbólica a las organizaciones de la sociedad civil, sino también tuvieron importante intervención en el impulso del marco jurídico correspondiente.

Estamos convencidos de que gobernar en democracia es concertar los intereses de los gobernados; gobernar es hacer convergentes las prácticas humanas; es coincidir en un cambio de actitud en donde pierdan vigencia planteamientos políticos basados en posturas excluyentes, que en un momento marcaron la forma de hacer política, con intolerancia y sin el mínimo de los consensos que deben dar curso a las condiciones de gobernabilidad y estabilidad económica.

Éste será un ejercicio que a muchos les costará trabajo, acostumbrados a ver desde una posición alejada a la sociedad civil y, con descrédito, la marginan de las decisiones fundamentales de la nación.

Debemos abrir los espacios que permitan a la ciudadanía intervenir en la planeación, ejecución y vigilancia de las políticas públicas, supervisando el cumplimiento de normas mínimas, que permitan actuar a las organizaciones con autonomía, dentro de un marco jurídico.

Como dijo el señor Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en enero de 1994: "hoy expreso mi voluntad de trabajar en colaboración con las organizaciones ciudadanas para definir los nuevos criterios que logren ese marco legal más propicio.

Estoy convencido de que la actividad de estas organizaciones contribuye a enriquecer la representatividad, así como la participación y la corresponsabilidad en la decisiones de Gobierno, en especial en los niveles básicos de la convivencia social: el Estado, el municipio, la pequeña comunidad. De ahí la resuelta determinación de mi gobierno, de mantener siempre una relación con las organizaciones ciudadanas, que se funde en el respeto a su vida interna y en un desinteresado apoyo a sus elevados fines."

Las organizaciones civiles han estado en la avanzada del examen y de la proposición, frente a los problemas y las demandas de la sociedad.

Este esfuerzo realizado nos permitirá determinar una agenda de trabajo, para aquellos que nos interesa incursionar en una nueva forma de entender la política.

Nuestro país se encuentra atravesando por una época de replanteamiento en las relaciones económicas, culturales, políticas y sobre todo sociales. El ciudadano, cada día más consciente de sus derechos y deberes, se prepara para la construcción de un porvenir más esperanzador donde, en un marco de corresponsabilidad y civismo, colabore con el Gobierno.

La Comisión de Participación Ciudadana es un órgano de interlocución que debe permanecer; misma que necesita contemplarse como un hilo conductor para fortalecer un nuevo federalismo, además de promover y articular actividades específicas y definidas del Gobierno en relación con los ciudadanos.

En ésta debe privar siempre un espíritu plural identificando grupos, organizaciones y metodologías de actuación y prácticas exitosas en proyectos de colaboración Gobiernosociedad civil, con el fin de definir los lazos que deben vincular y articular el trabajo de estos grupos ciudadanos con el Gobierno.

Con estos valiosos insumos, la comisión se propuso distintos proyectos, varios de ellos inéditos.

Estamos convencidos de que la Comisión de Participación Ciudadana será decisiva para posibilitar y fomentar un equilibrio de poderes.

El consejo consultivo de Participación Ciudadana, figura inédita en la historia legislativa, nos asesoró y acompañó, auxiliando la realización y formación de los programas de trabajo; promoviendo y ampliando los contactos de los legisladores con el Gobierno y la sociedad civil.

Con estos vínculos, se logró un enlace que coadyuvará a fortalecer el sistema de partidos en el ejercicio de la democracia representativa, abriendo cauces para dar cabida a la democracia participativa.

Bajo estos principios, la comisión trabajó durante dos años, realizando una consulta nacional sobre participación ciudadana, consistente en una primera audiencia pública y cuatro foros regionales, recogiendo el conjunto de las aspiraciones y propuestas de las organizaciones civiles mexicanas.

Se realizó un taller nacional sobre participación ciudadana, uniendo en un ejercicio de análisis y debate a diputados federales, legisladores locales y organizaciones de la sociedad civil en tres mesas de discusión.

Durante el mismo, asumimos compromisos como el de redactar la iniciativa de ley de normas mínimas para el establecimiento de derechos, obligaciones y sanciones que fortalezcan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar los mecanismos administrativos que faciliten su trabajo y participación.

Nuestra interlocución con las organizaciones de la sociedad civil se extendió, además del consejo consultivo y la consulta nacional, hacia los "espacios de reflexión".

Se publicó un boletín informativo periódico, mismo que contó con seis números y un tiraje de 5 mil ejemplares, siendo distribuido a secretarios de Estado, gobiernos y congresos locales, instancias públicas relacionadas con el tema y organizaciones de la sociedad civil.

En este mismo sentido, también contamos con nuestra página en Internet.

Cabe mencionar aquí que durante este proceso, así como en las demás actividades que se desarrollaron, la comisión entró en contacto con más de 800 organizaciones de la sociedad civil en todo el país.

Estamos convencidos de que el punto de equilibrio en la reforma democrática del Estado se basará en el tema de la sociedad civil y su vinculación con el Gobierno en los planos federal, estatal y municipal, así como en los tres poderes.

Los núcleos de población, entre los que se encuentran los indígenas, necesitan tener mecanismos efectivos que permitan su participación. Estos pueblos, que históricamente han servido como modelos de eficiente organización, consulta democrática interna y mutua asistencia comunitaria, ya poseen los elementos básicos y el potencial para lograr una auténtica participación socialciudadana, aun más allá de los límites de su comunidad. Para ello se requiere el estímulo y apoyo necesarios para encauzar sus esfuerzos hacia metas amplias.

En esta dinámica, el Gobierno Federal ha determinado la manera en que debe comenzar la vinculación con instancias públicas, estableciendo el Sistema Nacional de Planeación Democrática, mismo que contempla mecanismos para promover una amplia participación de la ciudadanía.

En esta dinámica, contamos ya con leyes estatales en la materia aún perfectibles, que representan un paso muy importante hacia una mejor colaboración de la sociedad civil y el Gobierno.

Además del esfuerzo por redactar un marco legal, que deberá concluirse en la próxima legislatura, la Comisión de Participación Ciudadana impulsó a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a las propuestas presentadas durante la consulta nacional, incluyera en la Miscelánea Fiscal de 1997 una adición a la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente a la exención de impuestos por donativos para las organizaciones y sociedades dedicadas a la preservación de la flora y fauna silvestre o acuática.

Por cuanto al Poder Legislativo local se refiere, la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados impulsó la instalación de comisiones con el mismo nombre y temática, contando ahora con las mismas en los congresos de Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La existencia de estas instancias en los estados, además de fortalecer el federalismo al estrechar el contacto del Poder Legislativo con la ciudadanía, permitirá que numerosos temas, como los relativos a la democracia participativa, puedan ser tratados en estas instancias.

Todo este panorama nos revela avances sustantivos y disposición para la consolidación de nuevas fórmulas de participación ciudadana en nuestras instituciones.

Este es un día especial para la comisión, ya que se cumplió con el mandato constitucional con el que fuimos investidos y ahora dependerá el resto del impulso que a este efecto realicen las organizaciones civiles y la Comisión de Participación Ciudadana de la próxima legislatura.

Estamos convencidos de que aún se requiere promover la ética en la política, impulsando la concertación con la sociedad civil y el desarrollo de la libertad de asociación.

Se requiere un cambio en la concepción del trabajo institucional, para movilizar los recursos, con nuevos criterios y formas de trabajo con planeación participativa, descentralizando la gestión pública.

Para quienes creemos en la democracia, esto no es sólo una utopía.

Los partidos políticos deben reconocer que su futuro está en el arte de vincularse, como desde sus inicios, con las organizaciones civiles, en donde subyace la riqueza para el cambio.

Y como dijo Luis Donaldo Colosio, "la competencia política convierte a los partidos en los grandes mediadores entre la sociedad y el Estado, en sus convergencias y acuerdos, pero sobre todo en sus discrepancias; ellos generarán la legitimidad democrática que requiere un gobierno."

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 1997. Diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, María de la Luz Lima Malvido.»

El Presidente:

De enterado, diputada María de la Luz Lima Malvido.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Moreno Collado, para presentar un informe del Instituto de Investigaciones Legislativas.

El diputado Jorge Efraín Moreno Collado:

Señor Presidente; honorable Asamblea:

En mi calidad de presidente del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, me es grato el día de hoy, casi al concluir el último período de sesiones ordinarias del tercer periodo de esta LVI Legislatura, presentar un informe sucinto, breve, de lo que ha sido el trabajo del instituto y que ha tenido como una de sus expresiones y resultados, el haber dado luz a trabajos de investigación, a la difusión de la cultura parlamentaria y a robustecer el espíritu de estudio, de análisis científico y técnico que debe estar en la base de los trabajos de las participaciones de las comisiones del Congreso de la Cámara de Diputados y particularmente de los señores legisladores.

El Instituto de Investigaciones Legislativas, en una evaluación adelantada, ha mantenido e incrementado su presencia y su prestigio ante instituciones similares del país y en el concierto de otras naciones. Esto, derivado de acuerdos, convenios, intercambios; esto, derivado de numerosas actividades que realizamos a lo largo de esta legislatura.

Las actividades del Instituto de Investigaciones Legislativas se agrupan en tres áreas fundamentales: las de investigación, las de eventos especiales, que son de difusión de la cultura parlamentaria y las de edición. Junto con este trabajo hemos dado apoyo a comisiones y a diputados y para este efecto realizamos un trabajo conjunto con el Senado de la República, del que surgió un comité conjunto, el único que existe, aprobado por las direcciones de las cámaras con el Senado de la República en materia de investigación legislativa, biblioteca e informática.

En el área de investigación, señores diputados, el instituto puso su empeño para que se realizaran los estudios conducentes a la publicación en marcha de una obra magna denominada, según a todos les hemos informado previamente, "La Enciclopedia Parlamentaria de México", que busca ofrecer materiales de análisis y difusión que ayuden a entender la significación que ha tenido y tiene el Poder Legislativo en nuestro país. Es la visión de nuestros hechos históricos, sociales, políticos, económicos, culturales y aun antropológicos, desde la perspectiva misma del Congreso de la Unión, no sólo como creador de leyes, sino también como participante en los hitos históricos y sociales de México; también como un interlocutor cada vez más sobresaliente de la vida pública, de la vida política de la nación mexicana.

En esta etapa se trabajó en 14 proyectos de investigación que se traducirán en la publicación de más de 30 tomos, que tendremos como producto de esta LVI Legislatura, seguramente la obra de investigación y de publicación más importante de las actuales legislaturas de nuestro país, después de la publicación de los "Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones" ésta será la obra magna más importante de la legislatura mexicana del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados.

Para la realización de esta tarea nos organizamos a través de un consejo editorial y un consejo directivo, que permitió el entablar relación con el Gobierno y con diversas instituciones de educación superior e investigación científica. A ese respecto, firmamos convenios con la Secretaría de Gobernación, con el Colegio de México, con la Universidad de Morelos, con el comité directivo del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, con el Instituto Federal Electoral, y un convenio especial de colaboración en el Instituto Politécnico Nacional, el Fondo de Cultura Económica y el propio Colegio de México.

De esta manera se pudo contar con especialistas destacados para responsabilizarse de los trabajos de investigación, que van del rescate de obras clásicas de la vida parlamentaria del país, hasta el análisis de la formación y acciones legislativas.

Quiero en este momento dejar constancia del apoyo y comprensión de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que a través del Comité de Administración aportaron recursos; a los coordinadores de estos grupos y a los integrantes, a los miembros de los comités de administración y del propio Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, mi reconocimiento más sincero como presidente de este último comité, pero particularmente quiero hacer mención del apoyo y del impulso que originalmente dieron para este gran proyecto el que fue nuestro líder, el que fue coordinador del grupo parlamentario mayoritario, el diputado y amigo nuestro, ahora presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, don Humberto Roque Villanueva, y el impulso, el apoyo decidido de continuidad y de creatividad que nos está dando Juan José Osorio Palacios, para cumplir con este cometido.

Los temas estudiados han sido: el Poder Legislativo en México; historia, estructura, desarrollo, simbología, iconografía; un diccionario universal de términos parlamentarios, que contiene más de 500 voces; el listado y biografía sintetizada de los legisladores mexicanos desde el siglo pasado hasta la actual LVI Legislatura, incluyendo a sus comisiones y coordinadores; el análisis de la vida parlamentaria y de la obra de Juan Antonio Mateos, que es un rescate bibliográfico de primera importancia respecto de lo que hizo nuestro Congreso, la legislación mexicana durante el siglo XIV, desde 1821 hasta 1856, y como obra de los propios investigadores que intervinieron se pudo llenar la laguna de dos años y medio que estuvieron sin la información respecto de qué hizo en ese tiempo el Congreso.

Se pudo lograr la investigación y el trabajo legislativo de estos años que faltaban en la propia obra de Juan A. Mateos, cuyo rescate se realizó y se tuvo que ir a investigar a otras bibliotecas del extranjero para poder tener los tomos que nos hacían falta en México.

El quinto de los proyectos es el análisis, la recopilación de las leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Una obra de recopilación y sistematización de gran envergadura, una obra que no hay en México actualmente sobre esas leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana que incorpora la documentación de las etapas históricas, incluido por supuesto el periodo revolucionario de nuestro país.

Como un encargo que nos hizo la Comisión Permanente, único encargo derivado de asamblea hacia el Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas, se rinde homenaje por su centenario a Lázaro Cárdenas y se da lugar a una investigación sobre las legislaturas en el periodo de Cárdenas, que va unido también con todo el análisis del Poder Legislativo en las décadas revolucionarias de 1908 a 1934.

En el Capítulo VII, tenemos el trabajo encargado particularmente al Colegio de México, que es sobre la formación de comisiones y acciones legislativas, el origen de cada comisión; el trabajo y destino de cada uno de los asuntos que han estado a su cargo; el análisis de todo lo que ha ocurrido alrededor de las comisiones y de su participación en el proceso y la vida legislativa del país.

El Capítulo VIII, como tomo fundamental, es de hitos históricos de México y particularmente la República restaurada, el proyecto social y el proyecto indígena de México, desde la perspectiva de la legislatura nacional, desde la perspectiva de la participación de los legisladores, obra que hace falta en nuestro país para comprender, entre otras cosas, la hilación de nuestro destino con la conjunción sincrética entre la cultura nacional y la cultura indígena de México.

En el tomo 9o. hemos incorporado el Congreso en las reformas políticas de México.

El tomo 10, es un análisis comparativo entre la institución parlamentaria en América del Norte y su impacto en el quehacer político de México. Esto implicó la celebración de un convenio, diríamos, ejecutivo, entre el Instituto de Investigaciones Legislativas y el parlamento de Canadá y un intercambio formal con el Congreso de los Estados Unidos de América. De ahí resultó un trabajo de investigación que ya también se encuentra listo para su publicación en imprenta.

El tomo 11, o la línea número 11, es la argumentación parlamentaria, el análisis del discurso de los legisladores, desde el punto de vista de la semiología y de la semiótica; un estudio que es importante y que tiene como objeto lo que ha pronunciado en la boca de sus legisladores el Congreso mexicano desde 1982 hasta nuestros días; un estudio muy importante que sin duda alguna contribuirá a una comprensión integral de lo que es la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión.

Recordarán ustedes, compañeros legisladores, que este estudio estuvo precedido de un coloquio, de un seminario que organizamos en el instituto acerca precisamente de la argumentación parlamentaria y en la que participaron distinguidos especialistas y legisladores de esta Cámara de Diputados.

La línea número 12, es el marco jurídico de las diversas políticas que integran el país.

Se ha hecho el estudio de la política financiera, de la política energética, de la política educativa, de comunicaciones y transportes, de la política social y de la de comunicación social. Esta en particular realizada por la Comisión Especial de Comunicación Social, que preside... no, es una comisión paritaria. Por eso me detuve en el momento en que iba a decir quién la presidía, pero en efecto, es una comisión paritaria que entregó, que está entregando este trabajo tan importante para incluirse dentro de la Enciclopedia Parlamentaria de México.

En el número 13, tenemos el Congreso de la Unión en la Política Económica de México de 1970 a 1995. Es la crónica de un debate, pero es también cómo ha participado el Congreso Mexicano en la fijación de esa política y cómo ha contribuido en los equilibrios de ese establecimiento junto con el gobierno, los organismos internacionales, el Banco de México, los organismos financieros internacionales y los académicos y otras estructuras de carácter informativa que han tenido qué ver con la conformación de la política financiera de nuestro país.

Y finalmente, sin que esto implique que la enciclopedia no puede enriquecerse en el futuro con más capítulos, con más líneas, tenemos el análisis de los sistemas electorales de México, que es el producto de un convenio con el Instituto Federal Electoral y que implica la publicación de varios tomos de la historia de los sistemas electorales de nuestro país, de la legislación electoral hasta nuestros días y de las estadísticas electorales de México, incluida la estadística de las próximas elecciones del 6 de julio, porque el último tomo que contendrá esta materia será publicada después de las elecciones del seis de julio de este año.

Ese es el gran proyecto y la obra magna que ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas y que tiene ya prácticamente en imprenta casi en su totalidad, faltando tres de los 14 capítulos que hemos mencionado.

Ha sido una ardua labor, en la que también tenemos que dejar constancia de apoyo del Gobierno de la República, del Presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación, particularmente.

Esto manifiesta pues que aun en el trabajo de investigación, aun en el trabajo de difusión de la cultura parlamentaria, conviene resaltar lo conducente, que es el que haya colaboración entre los poderes.

En el área de eventos especiales, el instituto ha realizado hasta ahora dos mesas redondas, un seminario, un coloquio, tres diplomados, dos de ellos mediante convenios con el comité del PAN en el Distrito Federal, siete presentaciones de libros, dos conferencias, una de ellas magistral; cuatro ceremonias especiales, más la ceremonia del día de mañana que tendremos aquí, para cancelar el sello, el timbre conmemorativo del LXXX aniversario de nuestra Constitución, al que están todos invitados, que no obstante es el producto del trabajo de la Comisión Especial Conmemorativo, ha contado con el apoyo logístico o el apoyo administrativo de los que son servidores del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Hemos realizado dos diálogos parlamentarios: un encuentro interparlamentario con España en materia de investigación legislativa; un viaje de capacitación para tres miembros del personal de este instituto y los foros regionales de consulta sobre la nacionalidad, conjuntamente con la comisión especial para tratar el tema de la nacionalidad y la Comisión de Relaciones Exteriores, que presiden los diputados Samuel Palma y Augusto Gómez Villanueva, respectivamente.

En estos eventos vinieron gobernadores de los estados, líderes de los cuatro partidos, profesores de gran prestigio, no solamente nacionales sino también de prestigio internacional como el profesor Sartori, entre otros.

En el área editorial hemos publicado tres libros: "Derecho Parlamentario", de Silvano Tossi; "Derecho a la Doble Nacionalidad, La Memoria del Coloquio La Doble Nacionalidad", y la edición de "Mexicano: Esta es Tu Constitución", y una próxima que está por salir que ya lleva, por lo tanto, 12 ediciones, con un tiraje de más de 800 mil ejemplares.

Hemos también publicado, ininterrumpidamente, la revista Quorum, y hemos mantenido la calidad elevada de esta revista, que tiene un gran reconocimiento en todo nuestro país. Se han editado 10 mil ejemplares de cada número, pero lo importante no está en esa publicación de los ejemplares, sino que se han distribuido a todo el país y a todos los congresos y parlamentos del mundo, en donde hemos hecho llegar las expresiones, la voz, la inteligencia y la razón parlamentaria de investigadores y legisladores mexicanos, muchos de ellos diputados de esta legislatura a quienes aquí les expreso mi agradecimiento, el agradecimiento del instituto por sus muy valiosas aportaciones en los artículos que han escrito para nuestra revista.

De tal manera que ésta es la obra resumida del Instituto de Investigaciones Legislativas. Queremos y hacemos votos porque esta obra tenga continuidad en las próximas legislaturas de la Cámara de Diputados, porque no se cancele esta oportunidad de reflexionar y razonar sobre nuestro propio trabajo, para que quede constancia de que este Congreso no es un cúmulo de intereses dispersos ni de gente que viene por una retribución final para enriquecerse, sino aquí se hace trabajo serio, trabajo importante, de que junto con el debate, el diálogo y la obra legislativa, hemos hecho un esfuerzo adicional de reflexión, de investigación para dejar la marca histórica de una legislatura que no le tiene miedo a descubrir en el pasado todo lo bueno que quiere hacer para su propio futuro.

Por eso, señores diputados, aquí les expreso en forma sintética lo que contiene esta documento que por razones de tiempo y para no tardar más el desarrollo de esta sesión haré entrega a la Secretaría de la Presidencia para que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que de conformidad a lo solicitado se inscriba en el Diario de los Debates.

«Cámara de Diputados. LVI Legislatura. Instituto de Investigaciones Legislativas. Informe de Actividades. Febrero de 1997.

Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados

El Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, fue creado por decreto del pleno de su asamblea, el 26 de diciembre de 1981, con el propósito de realizar investigaciones, difundir, auspiciar y patrocinar estudios relacionados con la actividad parlamentaria de México y otros países; en sus contextos histórico y jurídico, así como la conservación de toda clase de documentos y bibliografía de valor o contenido histórico.

La importancia de contar con un órgano de investigación propio, fue advertida por los diputados que promovieron la iniciativa de su creación, al demandar que el edificio de Donceles y Allende, antigua sede de la propia Cámara, fuera declarado por decreto presidencial y sin menoscabo de su carácter de bien del patrimonio nacional y de dominio público, sede del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Gracias a esta visión política e intelectual de sus promotores, es que en marzo de 1982, se instaló y desde entonces ha cumplido interrumpidamente con sus tareas; primero en el magnífico escenario que file su sede, actualmente recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y posteriormente en los espacios de este Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es menester mencionar que su estructura intenta, ha experimentado importantes variaciones desde su fundación. Recientemente, como consecuencia de las recientes reformas aprobadas en 1994 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes a partir de esta legislatura, el Instituto de Investigaciones legislativas se convirtió en un comité plural de la Cámara de Diputados, integrado por 30 diputados pertenecientes a las distintas fuerzas políticas ahí representadas. Gracias a esta reforma, el instituto ha fortalecido su imagen, presencia e importancia, tanto al interior como al exterior de la propia Cámara.

Desde su creación hasta la fecha, se han realizado importantes actividades de apoyo a la investigación parlamentaria, se ha editado aproximadamente un volumen de 90 ejemplares; ello sin contar los de la revista Quorum, importante y versátil foro de expresión ideológica y análisis político, que actualmente cuenta con 46 números con un tiraje de 10 mil ejemplares que son enviados a todas las entidades y congresos locales de la República Mexicana, a distintas embajadas de México y parlamentos de todo el mundo.

Otras actividades realizadas por el instituto se refieren a los seminarios, coloquios, conferencias, mesas redondas, diplomados y otros eventos especiales, que son organizadas en forma individual por el instituto o en colaboración con otros centros de investigación u organismos externos. Con ello se ha enriquecido el criterio del legislador, propiciando su diálogo, reflexión e intercambio de opiniones con los académicos de intelectuales. Esta LVI Legislatura, hemos organizado un total de 26 eventos especiales, de los cuales han participado académicos e intelectuales tan destacados como Jaime Cárdenas, Giovanni Sartori, Maurice Duverger, Manuel González Oropeza, Gastón García Cantú, por mencionar sólo algunos; así como los líderes políticos de las corrientes partidistas más importantes de México.

El programa de investigación se encuentra enfocado actualmente en la realización de una obra magna denominada "enciclopedia parlamentaria de México", que abarcará el periodo comprendido desde 1812 hasta nuestros días. Entre los objetivos fundamentales de esta obra, encontramos los de establecer los momentos que ha vivido el Congreso de la Unión, así como el contexto sociopolítico y doctrinal que ha normado la actividad legislativa de nuestro país. Además de establecer las bases estructurales y difundir los acontecimientos históricos de las legislaturas y debates parlamentarios más importantes de México. Esta obra ha sido dividida en 14 líneas de investigación, que constituyen por sí mismas una investigación por separado.

En los estudios e investigaciones referidas a México, el instituto procura, sin la exclusión de otros propósitos, exaltar las contribuciones realizadas por los poderes Legislativo, Federal y de los estados, a la soberanía e independencia nacionales; así como estudiar las formas para vincular, por medio de un intercambio de experiencias a las legislaturas de los estados.

Dentro de los objetivos fundamentales que nos hemos fijado, en esta LVI Legislatura, resalta la ambiciosa pretensión de que las labores aquí realizadas tengan un efectivo impacto en la vida diaria de la sociedad mexicana. Para posibilitar lo anterior, hacemos nuestras actividades, con la plena convicción de que éstas, pueden enriquecer, guiar y ampliar el criterio que sigue el legislador en la realización de su principal función, precisamente en la emisión de las normas jurídicas que permitan en mayor medida el mejoramiento de las condiciones de vida para todos.

Cabe señalar que las actividades que hemos desarrollado, se han circunscrito en las tres áreas de trabajo que permiten el adecuado cumplimiento de los fines y objetivos del propio instituto y son las siguientes:

En el área de investigación se realizan y coordinan análisis y estudios académicos de temas políticos, económicos, históricos, sociales y culturales sobre temas concretos de interés parlamentario.

En el área de eventos especiales organizamos coloquios, seminarios, mesas redondas, diplomados, presentaciones de libros y en general todo tipo de actos en los que participan intelectuales, políticos, académicos y diversos especialistas que exponen sus conocimientos y puntos de vista, con la finalidad de enriquecer el criterio y acervo cultural con que cuenta el legislador.

El área de publicaciones tiene como propósito básico, el dar a conocer y difundir, tanto las investigaciones aquí realizadas, como los conocimientos discernidos en nuestros eventos especiales. En esta área contamos, entre otras publicaciones, con la ya citada revista Quorum, publicación periódica informativa de la propia Cámara de Diputados, que incluye temas académicos y de interés parlamentario, entre otros.

Area de Investigación

Dentro del área de investigación, el programa propuesto está orientado fundamentalmente, a desarrollar una ambiciosa obra histórica, política, cultural y sociológica del acontecer parlamentario y legislativo de nuestro país, ésta ha sido denominada "Enciclopedia Parlamentaria de México"; misma que se realizará en dos etapas: de 1812 a 1917 y de 1918 a 1997. Esta tarea de investigación se llevará a cabo durante el periodo de la LVI Legislatura, la cual será apoyada por investigaciones específicas, programadas cada año.

Los objetivos de esta magna obra son básicamente tres:

Determinar los hitos históricos que han dado forma al honorable Congreso de la Unión de nuestro país.

Contextualizar esos periodos en los ámbitos sociopolítico, económico y cultural de la época, así como el doctrinal que han dado sustento a la actividad legislativa de México.

Establecer las bases para analizar los acontecimientos históricos y los debates realizados durante las diversas legislaturas de México.

La estructura del proyecto que se ha conformado para atender el cumplimiento de los objetivos propuestos, se ha determinado en 14 líneas de investigación, a las cuales les corresponden proyectos específicos a desarrollar; que van de la reedición de obras clásicas de la vida parlamentaria y el rescate de leyes y documentos, al análisis de la formación y acciones legislativas.

Dentro de las estrategias generales de operación para el proyecto de la enciclopedia parlamentaria de México, se ha encontrado el respaldo necesario, para su realización inmediata, en:

1o. Los miembros del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas.

2o. La Presidencia de la Gran Comisión.

3o. El comité de administración.

4o. Las autoridades de la Cámara de Diputados.

Oficialía Mayor.

Tesorería.

5o. El Senado de la República.

6o. En distintas dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

7o. En las instituciones educativas más importantes del país.

8o. En la iniciativa privada.

Cada una de las líneas de investigación que conforman el proyecto de la Enciclopedia Parlamentaria de México, por sí solas representan un proyecto individual, que tendrán importantes objetivos que cumplir, con organización y coordinación propia, pero enmarcados en la conceptualización y contextualización del plan de trabajo general de la obra; para ello se llevó a cabo, lo siguiente:

1o. Integración e instalación del patronato y del consejo editorial del Instituto de Investigaciones Legislativas.

2o. Firma de convenios específicos de colaboración con instituciones gubernamentales, académicas, públicas y privadas.

3o. Firma de convenios de colaboración con los congresos de los estados de la República.

4o. Aprobación de recursos financieros por parte del comité de administración de la Cámara de Diputados, de conformidad al acuerdo del comité del instituto con la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

5o. Asignación de los mencionados recursos a los investigadores e instituciones responsables del desarrollo de los trabajos de las líneas de investigación.

Se esta consolidando un fideicomiso de la Enciclopedia Parlamentaria de México, con la participación de la Cámara de Diputados, del patronato y de las instituciones académicas y de investigación, ligadas al proyecto mediante convenios específicos de colaboración. A efecto de posibilitar lo anterior, tuvo verificativo el 25 de noviembre de 1997, una región en la que participaron los organismos señalados.

A la fecha se han realizado distintos convenios de colaboración con instituciones académicas, gubernamentales y privadas, con lo que se ha dado inicio a las correspondientes tareas. Estos convenios son:

Convenio de colaboración entre el Colegio de México y la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Convenio de colaboración entre el Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa, S.A. de C.V. y la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Finalmente, en lo relativo a la realización de este magno proyecto, destacamos que entre los colaboradores de estas líneas de investigación, encontramos a gente especializada en sus respectivas materias, tenemos al doctor Andrés Lira, licenciado Juan Molinar Horcasitas, doctor Adrián Gímate Welsh, licenciado Luis Dantón Rodríguez, doctora Guadalupe Rivera Marín, diputado Antonio Tenorio Adame y al licenciado Fernando Zertuche Muñoz, entre otros.

Adicionalmente encontramos los trabajos que han sido contemplados para esta área de investigación; en reunión de trabajo del comité, se acordó elaborar un catálogo bibliográfico de las publicaciones hechas por el Instituto de Investigaciones Legislativas desde sus inicios, en la LII Legislatura, que ilustre con una breve reseña sobre el contenido de las mismas, de manera que se puedan localizar los textos fácilmente por medio del título, autor, año, clasificación etcétera. Para elaborar de buena forma este trabajo se siguen las siguientes líneas:

Investigar cuantos libros y revistas, así como también publicaciones especiales tales como folletos, documentos, recopilación de coloquios etcétera, han sido publicados por el instituto desde su inicio.

Verificar cuales y cuantos se localizan dentro del instituto o en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, la Biblioteca de Tacuba u otras distintas.

Ordenar, catalogar y elaborar la ficha bibliográfica de cada uno de los libros y revistas.

Elaborar una reseña de cada una de las publicaciones, incluso, de cada uno de los artículos, ponencias o ensayos que contenga la misma.

Capturar los datos obtenidos en una base de datos que facilite su localización.

Elaborar la publicación de difusión en una antología bibliográfica.

Actividades realizadas:

Investigación y localización física de las publicaciones hechas por el instituto, a partir de la LII Legislatura, dentro del mismo y en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, en la Biblioteca de Tacuba.

Orden y clasificación de dichas publicaciones según su carácter: libros, revistas, folletos, carpetas conmemorativas, coloquios, memorias, entre otros.

Elaboración de la ficha bibliográfica de cada una de las publicaciones con su respectiva reseña, que muestra una breve presentación sobre la temática del texto.

Actividades en proceso:

Búsqueda de las publicaciones que no se encuentran físicamente ni en el instituto ni en las bibliotecas de la Cámara de Diputados y de Tacuba.

Captura de fichas bibliográficas y reseñas en una base de datos disecada especialmente para facilitar la elaboración del catálogo bibliográfico del instituto.

Publicación del catálogo de difusión bibliográfica del instituto de instituciones legislativas (objetivo de este trabajo).

Area de Eventos Especiales

Por lo que respecta al área de Eventos Especiales, hemos realizado eventos de gran nivel, contado con la participación de destacados académicos, funcionarios públicos, intelectuales y líderes políticos de distintas corrientes ideológicas y son los siguientes:

Mesa Redonda:

Los Alcances Jurídicos de la Amnistía.

El pasado 17 de febrero el Instituto de Investigaciones Legislativas a través de la coordinación de eventos y proyectos especiales organizó la mesa redonda denominada Los Alcances Jurídicos de la Amnistía.

Evento que contó con la participación como ponente del destacado jurista el doctor Raúl Carranca y Rivas, distinguido profesor de derecho penal en la UNAM y como comentaristas del tema estuvieron el senador Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República, el licenciado Miguel Sarre Iñiguez, tercer visitador para asuntos penitenciarios, la diputada María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Comisión Ciudadana, el maestro Víctor Martínez BulleGoiry, secretario académico del lnstituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el diputado Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y como moderador el diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Seminario:

La Argumentación Parlamentaria.

En los días 6 y 7 de abril del presente año, se realizó el seminario denominado La Argumentación Parlamentaria. Que tuvo lugar en el auditorio norte, edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. Evento que contó con la participación de especialistas y destacados académicos.

El evento fue inaugurado por el diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión y por el diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas, quién dirigió un mensaje a los asistentes a dicho seminario.

En la sesión de los días 6 y 7, participaron como ponentes el doctor Rolando Tamayo, la maestra Julieta Haidar, el doctor Adrián S. Gímate Welsh, el ciudadano Juan Antonio Lojo Romero Treviño, el doctor Gilberto Jiménez, la doctora Teresa Carbo, la licenciada María Luisa Mendoza, el doctor Pascual Buxó y como moderadoras del evento participaron la diputada María Elena Yrizar y la diputada Consuelo Botello Treviño.

Coloquio:

La Doble Nacionalidad.

Los días 8 y 9 de junio de 1995, se realizó el Coloquio denominado La Doble Nacionalidad, que tuvo lugar en la sección "C" de "Los Cristales" del Palacio Legislativo de San Lázaro. Evento que contó con la participación de destacados académicos y especialistas del citado tema.

La sesión de inauguración estuvo a cargo del diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Como ponentes del tema, participaron el doctor Víctor Carlos García Moreno, el doctor Roger Díaz de Cossío, H. Leticia Quezada, el doctor Alejandro Carrillo Castro, doctor Carlos Arellano García, el diputado Antonio Tenorio, diputado Luis Felipe Mena Salas, el doctor Jorge Bustamante Fernández, diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, licenciado José Angel Pescador Osuna, licenciado Felipe Muñoz Kapamas. Como comentaristas participaron el licenciado Agustín Barrios Gómez, licenciado Emilio Romano Mussali, licenciado Jaime Alvarez Soberanis, licenciado Carlos Planck Hinojosa, Miguel Angel González Félix, licenciado Eugenio Anguiano Rocha, licenciado Jorge A. López Rivera, licenciado Eduardo Ibarrola Nicolín, Senador Ramón Medina Padilla y el doctor Ricardo Méndez Silva. Como moderadores participaron los diputados Guadalupe Morales Ledesma, diputado Gonzalo Alarcón Bárcena y el diputado Serafín Núñez Ramos. Cabe señalar, que los resultados de este coloquio sirvieron como punto fundamental de referencia para las consultas regionales y posterior elaboración de la iniciativa sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana.

Instalación del patronato y del consejo editorial del Instituto de Investigaciones Legislativas.

El día 15 de junio de 1995, el Instituto de Investigaciones Legislativas realizó la instalación protocolaria de su patronato y su consejo editorial, efectuado en los salones "C" y "D" de "Los Cristales", del Palacio Legislativo de San Lázaro. Evento que contó con la participación de empresarios, banqueros, intelectuales, académicos y diputados.

Presentación del libro:

"Modernidad con Pies de Barro."

El 22 de agosto de 1995 a las 10:00 horas, en los salones "C" y "D" de "Los Cristales", del Palacio Legislativo de San Lázaro se efectuó la presentación del libro "Modernidad con Pies de Barro", de Isabelle Rousseau.

La presentación del libro estuvo a cargo del diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas y como comentaristas estuvieron los diputado José Castelazo de los Angeles, del Partido Revolucionario Institucional; la diputada María Téresa Gómez Mont, del Partido Acción Nacional; el diputado Adolfo Aguilar Zínser del Partido de la Revolución Democrática; el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo y el licenciado Francisco Javier Alejo López, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; como moderador el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.

Diplomado:

La Economía Mexicana: Análisis y Prospectiva, Alternativa para Planificación del Desarrollo.

El pasado 31 de agosto de 1995, el Instituto de Investigaciones Legislativas, en coordinación con el Comité Regional del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, realizaron la inauguración del diplomado denominado la Economía Mexicana: Análisis y Prospectiva, Alternativa para la Planificación del Desarrollo. Evento que tuvo lugar en el auditorio Josefina Uranga, ubicado en las instalaciones del PAN del Distrito Federal.

El diplomado estuvo integrado por cuatro módulos, que constan de 17 sesiones de tres horas cada una. Las sesiones se llevan a cabo todos los días jueves de cada semana hasta el 14 de diciembre de 1995, que finalizará con la entrega de diplomas de participación. El diplomado tuvo una asistencia de 90 personas.

Seminario:

Política, Deporte y Legislación.

En los días 13 y 14 de septiembre del presente año de 1995, el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Coordinación del Deporte de la Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional PRI, realizaron el seminario denominado: Política, Deporte y Legislación, en el patio sur de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro.

En el evento participaron representantes e invitados de las instituciones, dependencias y organismos vinculados con el área del deporte en el ámbito nacional, asimismo participaron destacados académicos, periodistas, legisladores y especialistas de este importante tema. Este evento tuvo una asistencia aproximada de 150 personas.

Presentación de:

Obras Completas de Francisco Zarco.

El 3 de octubre de 1995 el Instituto de Investigaciones Legislativas, inauguró el Ciclo Pensamiento y Acción Política, una reflexión histórica. Ciclo que contempla la presentación de cuatro obras literarias por parte de los cuatro presidentes de los partidos políticos nacionales. La primera parte del citado evento, consistió en la presentación de las obras completas de Francisco Zarco realizado en el "Salón Verde" de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación del doctor Santiago Oñate, Laborde, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Los comentaristas fueron el diputado José Rosas Aispuro Torres, ciudadana Martha López Portillo de Tamayo, ciudadano Boris Rosen Jélomer, ciudadano José Gálvez y ciudadano Fernando Tola de Habich.

Presentación de la obra:

Ricardo Flores Magón: El sueño alternativo.

El día 10 de octubre se realizó en el "Salón Verde" de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, la presentación de la obra Ricardo Flores Magón: El sueño alternativo, como parte del ciclo Pensamiento y Acción Política, una reflexión histórica.

En la sesión del evento estuvieron presentes el diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados y el diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas. La presentación de la obra estuvo a cargo del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y como comentaristas estuvieron los diputados federales Raúl Castellanos Hernández y José Antonio Hernández Fraguas, el presidente del honorable Congreso del Estado de Oaxaca, el diputado Sadot Sánchez Carreño y el licenciado Fernando Zertuche Muñoz; participó como moderador el diputado Juan Manuel Cruz Acevedo.

Presentación de la obra:

Manuel Gómez Morín: Constructor de Instituciones.

El día 18 de octubre de 1995, se realizó en el "Salón Verde" de este recinto legislativo, la presentación de la obra: Manuel Gómez Morín: Constructor de Instituciones.

En la presentación de la obra estuvieron presentes el diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados; el diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas; el licenciado. Carlos Castillo Peraza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y como comentarista de la obra estuvieron el doctor Fernando Estrada Sámano, el diputado Eugenio Ortiz Walls, el diputado César Leal Angulo y la diputada María Téresa Gómez Mont y como moderador del evento el diputado Gonzalo Alarcón Bárcenas.

Presentación de la obra:

Idea de México: Gastón García Cantú.

El martes 31 de octubre de 1995 se realizó la clausura del ciclo Pensamiento y Acción Política: una reflexión histórica, con la presentación de la obra: "Idea de México": Gastón García Cantú.

Evento que contó con la participación del diputado Samuel Palma César, secretario de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados ; del diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas; del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador de la Comisión Política del Partido del Trabajo; del escritor Gastón García Cantú y como comentaristas de la obra estuvieron el doctor Javier García Diego y el licenciado Juan Antonio Araujo. La moderación del evento estuvo a cargo de la diputada Guadalupe Morales Ledesma.

Presentación de la obra:

"El Federalismo", del doctor Manuel González Oropeza.

El miércoles 15 de noviembre de 1995 se presentó el libro: "El Federalismo" de Manuel González Oropeza, el cual fue comentado por los señores gobernadores, licenciados: Jesús Murillo Karam, Enrique Burgos García y José Antonio Alvarez Lima, así como el doctor José Luis Soberanes Fernández, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la investigadora Ana Luisa Izquierdo. El evento estuvo presidido por el diputado Humberto Roque Villanueva, también contamos con la presencia en el presidium de los cuatro secretarios de nuestro instituto.

Conferencia magistral:

"La Administración Pública en la Transición Democrática Española".

El viernes 24 de noviembre de 1995 en el "Salón Verde", el licenciado Eugenio Bourriel de Orueta, secretario de Estado para la administración pública de España, realizó su ponencia. Estuvo acompañado del diputado Humberto Roque Villanueva quien presidió el evento, contamos con la presencia de diputados coordinadores de las fracciones. Los comentarios fueron por parte del subsecretario de desarrollo político, licenciados: José Natividad González Paras, Octavio López Presa, titular del área de administración de la Contraloría; la maestra Erika Döering, de ciencias políticas de la UNAM y el diputado José Castelazo y de los Angeles. Como moderador fungió el diputado Graco Luis Ramírez.

Foros Regionales de Consulta en Materia de Nacionalidad.

Los foros regionales de análisis en materia de nacionalidad, se realizaron conjuntamente en colaboración con la comisión especial para tratar el tema de la nacionalidad y la Comisión de Relaciones Exteriores, que presiden los diputados Víctor Samuel Palma César y Augusto Gómez Villanueva, respectivamente.

Estos eventos contaron con la participación de numerosos especialistas, universitarios y consultores en materia de nacionalidad, así como líderes sociales mexicanoamericanos.

En las ciudades de Zacatecas, Guadalajara y Tijuana, se trabajo en el análisis abierto a todas las corrientes para tratar este importante tema.

Ceremonia de entrega del texto Mexicano ésta es tu Constitución y de los símbolos patrios al SNTE.

El pasado 23 de febrero de 1996 a las 11:00 horas, se realizó en el "Salón Verde" de este recinto legislativo, la ceremonia de entrega del texto Mexicano ésta es tu Constitución y de los símbolos patrios por parte de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Gobernación, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ceremonia que estuvo presidida por el diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión; el profesor Humberto Dávila Esquivel, secretario general del SNTE; los diputados: Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas; Miguel Angel Islas Chío, presidente de la Comisión de Educación; Saúl González Herrera, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; el licenciado Juan Burgos Pinto, director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación; el doctor Emilio O. Rabasa, autor de los comentarios a la obra Mexicano ésta es tu Constitución y el doctor Sergio García Ramírez.

Ciclo: Derecho, Municipio y Democracia.

Presentación de obras.

El pasado 27 de marzo de 1996, a las 11:00 horas, en la planta baja de "Los Cristales", se llevó a efecto el Ciclo Derecho, Municipio y Democracia, evento en el que se presentaron las obras Municipio y Democracia de la diputada María Elena Alvarez de Vicencio y la obra "Derecho Municipal" del doctor Carlos Quintana Roldán. Estuvo presidido por los diputados: Samuel Palma César, en representación del diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión y Jorge Moreno Collado, presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Como comentaristas de estas importantes obras estuvieron el diputado Ignacio González Rebolledo, la maestra Jacqueline Peschard, el ingeniero Carlos Medina Plascencia, el licenciado Juan Pérez Abreu Jiménez y el doctor Raúl Olmedo Carranza. La moderación del evento estuvo a cargo de la diputada Consuelo Botello Treviño.

Entrega del Premio del Liberalismo en América Latina 1995.

El pasado día 10 de junio de 1996 a las 18:00 horas, en el "Salón Verde" de este recinto legislativo, se llevó a efecto la entrega del Premio del Liberalismo en América Latina 1995; el primer premio fue entregado a la licenciada Rosa María de la Peña García auspiciado por la Fundación Friederich Naumann y la revista Perfiles Liberales. El evento estuvo coordinado por la Cámara de Diputados a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, quien a través de su presidente, el diputado Jorge Moreno Collado, transmitió un mensaje de bienvenida a todos los participantes y presentes en el evento.

En el evento estuvieron presentes como invitados de honor de la reunión el diputado Víctor Samuel Palma César, secretario de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados; el señor Horts August, director Regional de la Fundación Friederich Naumann; el doctor Volker Lehr, representante de la Fundación de México; como comentaristas de la ganadora del primer premio estuvieron el licenciado Santiago Creel Miranda, consejero ciudadano del IFE; el doctor Manuel Cruchaga, del Perú; el doctor Jaime Cárdenas del Instituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM y el señor Carlos Alberto Montaner, escritor de origen cubano.

Diálogo Parlamentario con Giovanni Sartori.

El 12 de julio de 1996, a las 13:00 horas, se realizó en el salón de protocolo de este recinto legislativo, una charla entre los diputados de la LVI Legislatura con el politólogo italiano Giovanni Sartori, evento que estuvo presidido por los diputados: Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión; Eugenio Ortíz Walls, en representación de la fracción parlamentaria del PAN; Jesús Zambrano, en representación del PRD y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, en representación del Partido del Trabajo. También se contó con la presencia del excelentísimo señor M. Maiolini, embajador de Italia en México.

Diplomado:

Análisis Político y Teoría de los Escenarios.

Este diplomado tuvo verificativo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1996. El Instituto de Investigaciones Legislativas, en coordinación con el comité regional del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, realizaron la inauguración del diplomado denominado Análisis Político y Teoría de los Escenarios. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del PAN del D.F. El diplomado finalizó con la entrega de los respectivos diplomas de participación y tuvo lugar el 27 de septiembre. El diplomado tuvo una asistencia aproximada de 70 personas.

Mesa redonda:

Las reformas constitucionales en materia electoral.

Este evento tuvo verificativo el jueves 5 de septiembre de 1996 a las 10:00 horas en el auditorio Jus Semper de la facultad de derecho de la UNAM. La mesa redonda fue organizada conjuntamente con la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y con alumnos de esa casa de estudios. Participaron en ella el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, quien es profesor emérito de esa facultad, y los representantes políticos, diputados: Píndaro Urióstegui Miranda, del PRI; Jesús Zambrano Grijalva, del PRD; Salvador Beltrán del Río, del PAN y Jorge Moreno Collado, del PRI. En esta mesa redonda los participantes fijaron sus posiciones partidistas e ideológicas respecto del tema.

Conferencia:

Las Mujeres en la Labor Legislativa y Presentación del número 42 de la Revista Quorum:

Este evento tuvo verificativo el día miércoles 25 de septiembre de 1996 a las 11:00 horas, en el "Salón Verde" de este recinto legislativo. En este evento se contó con la participación de la licenciada Dulce María Sauri Riancho, coordinadora ejecutiva del Programa Nacional para la Mujer del Gobierno Federal; del diputado Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados; del diputado Jorge Moreno Collado, presidente del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas; de la senadora María de los Angeles Moreno, del doctor José Gómez de León Cruces, de la diputada María del Socorro Ramírez Ortega, directora de la revista Quorum; de la diputada Irma Eugenia Cedillo y Amador, del asambleísta Salvador Abascal, de la diputada María Elena Alvarez de Vicencio y de la diputada Rosa María Cabrera Lotfe.

Diálogo ParlamentarioAdministrativo con don Tomás González Cueto.

Este evento tuvo verificativo el día 1o. de octubre de 1996 a las 18:00 horas, en el Salón A del edificio de "Los Cristales" de este recinto legislativo. El señor González Cueto, quien es secretario técnico del ministerio de administración pública de España, intercambió sus experiencias y puntos de vista con 13 diputados que fueron invitados a este evento. El mencionado evento fue realizado en conjunto con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Primer Encuentro del CRS del Congreso de los Estados Unidos con el Instituto de Investigaciones Legislativas.

Este encuentro tuvo verificativo el día 31 de octubre de 1996 a las 12:00 horas, en el salón C del edificio de "Los Cristales" de este recinto legislativo.

El representante del CRS fue el señor Clay Wellborn, quien funge como consejero de ese organismo. Se nos informó de la estructura y funcionamiento de ese órgano e intercambiamos ideas y experiencias útiles para el cumplimiento de nuestras respectivas funciones. A esta reunión asistieron seis diputados representantes de la Oficialía Mayor de esta Cámara y todo el personal técnico de apoyo que labora en este instituto.

II Encuentro del Patronato y del Consejo Editorial del Instituto de Investigaciones Legislativas:

Esta reunión tuvo verificativo el día lunes 25 de noviembre y su escenario fueron los salones C y D del edificio de "Los Cristales" de este recinto legislativo.

El objetivo primordial de este encuentro fue la presentación de los avances en las investigaciones que integran la Enciclopedia Parlamentaria de México, obra magna en materia de investigación en esta legislatura. Adicionalmente se anunció la creación de un fideicomiso público que garantice la permanencia y continuidad de la mencionada obra. En este evento participaron 34 patronos, 14 consejeros editoriales, seis miembros del comité del instituto y los investigadores responsables de los temas de investigación que componen la mencionada obra.

Area editorial.

Dentro del area editorial se ha contemplado lo siguiente:

El programa editorial del Instituto de Investigaciones Legislativas está basado, primordialmente, en cinco tipos de publicaciones: libros, revistas, reediciones de documentos ya publicados, folletería y memorias.

El rubro de libros lo conforma el resultado de las investigaciones que realiza el instituto con la colaboración de otros organismos e instituciones de investigación y docencia con los que previamente hemos convenido su realización.

La revista Quorum, es el órgano de difusión de artículos de interés general y de estudios especializados, tanto del instituto, como de la Cámara de Diputados.

La revista tiene como propósito satisfacer la demanda de información especializada de legisladores y de todos los interesados en los temas parlamentarios y legislativos.

Los folletos que edita el instituto responden a programas específicos, como el de "Cultura de la Legalidad" y el de difusión de las tareas del instituto y sus servicios. Se edita en forma conjunta con la Secretaría de Gobernación un folleto conmemorativo denominado "Constitución y Congreso".

Los documentos que responden a "memorias" son resultado de los eventos académicos y de los proyectos especiales del propio instituto.

En virtud de lo anterior, se informa lo siguiente:

1. Revista Quorum.

Hasta la fecha se han publicado y distribuido los números: 31 noviembrediciembre 1994; 32 enerofebrero 1995; 33 marzoabril 1995; 34 mayojunio 1995; 35 julioagosto 1995; 36 septiembreoctubre 1995; 37 noviembrediciembre 1995. Dentro de 1996 se han publicado los números 38, enero, 39, febrero; 40, marzo; 41, abril; 42, mayo; 43, junio; 44, julio; 45, agosto; 46, septiembre; 47, octubre; 48 noviembrediciembre; 49 enero de 1997; 50 febrero de 1997; 51 marzo de 1997.

Hasta el momento se han publicado 21 revistas Quorum con un tiraje de 210 mil ejemplares. Las revistas números 32, 45 y 46 han contado con un suplemento, representando un total de 30 mil.

Para posibilitar su entrega, se cuenta con el área de distribución de la revista Quorum y en ella se ha realizado lo siguiente:

Tenemos que actualmente se encuentran en la base de datos del directorio de la revista Quorum un total de 9 mil 082 registros. Esta cantidad de ejemplares se envían a todo el país; en el Distrito Federal se envía a 5 mil 934 suscriptores y al interior de la República a 3 mil 148. Adicionalmente, estamos enviando mediante la valija diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores, alrededor de otros 600 ejemplares a embajadas de México en otros países y a parlamentos de todo el mundo.

La distribución de la revista Quorum se realiza por medio del Servicio Postal Mexicano con base en un convenio que se realizó con esa dependencia y que fue autorizado por su propio director general.

El directorio de suscriptores está compuesto por los miembros del Congreso de la Unión (diputados y senadores), miembros de las legislaturas locales, gobernadores, la Presidencia de la República, secretarías de Estado, partidos políticos, embajadores en nuestro país, universidades, empresas privadas y paraestatales, así como otros suscriptores diversos.

Uno de los aspectos más relevantes en esta área, es el de mantener actualizados los directorios de los diferentes organismos públicos y privados, toda vez que en ellos se presentan constantes cambios.

2. Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios.

Esta revista ha formado parte de las publicaciones periódicas que ha realizado el Instituto de Investigaciones Legislativas desde su creación. En esta legislatura se destaca el hecho de que su director es el diputado Antonio Tenorio Adame, en su calidad de secretario del comité del instituto. Hasta esta fecha destacamos que la "Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios" ya cuenta con ediciones en forma periódica.

3. Libro: Derecho Parlamentario de Silvano Tossi

Con relación a esta edición, al contar con la autorización de la casa editora Giuffré, de Milán Italia, para publicar este libro traducido al español y con los respectivos derechos cedidos a la Cámara, a través del instituto, se ha procedido a realizar la edición correspondiente y a la fecha ya contamos con esta valiosa publicación incrementándose con ello el acervo bibliográfico con que cuenta este instituto.

4. Mexicano, ésta es tu Constitución

Esta obra es de suma importancia para la Cámara de Diputados y para la sociedad mexicana en general, ya que reseña con comentarios ágiles de comprender, las reformas de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta última edición (10a.) se incorporan las recientes reformas constitucionales hechas al Poder Judicial Federal. Así como al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Los comentarios correspondientes han sido elaborados por los doctores: Emilio O. Rabasa, Sergio García Ramírez y Lucio Cabrera.

En estos días, se realiza el proceso de reparto de esta importante obra entre los diputados de esta legislatura, funcionarios de los distintos niveles de la administración pública y además se encuentra al alcance del público en general.

5. Memoria del Coloquio "La Doble Nacionalidad"

Esta memoria representa gran importancia para la reforma que van a presentar conjuntamente la Comisión ad hoc para tratar el tema de la Nacionalidad, la Comisión de Relaciones Exteriores y el comité del instituto. La obra contiene las diferentes posiciones en torno a este importante tema para los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Se ha terminado el proceso de distribución de esta obra entre los diputados de la LVI Legislatura y entre los especialistas en el tema que nos la han solicitado.

6. Memoria de la instalación del patronato y del consejo editorial del Instituto de Investigaciones Legislativas

Este documento ha sido distribuido entre los miembros integrantes del patronato y del consejo editorial del instituto, para apoyar su labor en la elaboración de las líneas de investigación que contiene el proyecto de la Enciclopedia Parlamentaria de México.

7. Memoria del seminario:

La Argumentación Parlamentaria

Se cuenta con la versión estenográfica del evento, así como los documentos originales, los cuales fueron entregados al doctor Adrián Gimate, para que mediante el pago de honorarios de la Cámara, se corrigieran para su publicación, lo cual está pendiente por falta de recursos y autorización para llevarlo a cabo.

8. Memoria de la mesa redonda:

Los Alcances Jurídicos de la Amnistía

Hasta la fecha no se ha contado con la orden de edición de esta memoria. Contamos solamente con la versión estenográfica corregida del evento.

9. Memoria del seminario: Política, Deporte y Legislación

Esta memoria se pensó editarla con la colaboración de la coordinación nacional del deporte de la secretaría de acción social, del Partido Revolucionario Institucional, misma que está en proceso de elaboración por parte de ese instituto político.

10. Folleto: Constitución y Congreso

Con la colaboración de la Secretaría de Gobernación se editó este folleto que corresponde a la colección "Cultura de la Legalidad", mismo que fue distribuido entre los diputados y senadores a la LVI Legislatura, así como entre otros organismos públicos y privados.

11. Folletos alusivos al ciclo de presentación de diversos libros, intitulado "Pensamiento y Acción Política": una reflexión histórica, así como la presentación del libro intitulado "Modernidad con Pies de Barro" de Isabelle Rousseau

Con relación a las memorias de estos evento de tipo académico, se pretendió publicar los comentarios en la sección cultural de la revista Quorum, lo cuál ya se ha realizado.

Finalmente, en virtud de que el instituto tiene como objetivos principales el mantener un programa abierto de investigación e información, promover la cultura parlamentaria y realizar estudios relacionados con ésta; debe ampliar y fortalecer las relaciones de intercambio de experiencias y publicaciones con diversas instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En virtud de lo anterior, es de suma importancia que este instituto establezca mecanismos de colaboración con organismos tanto académicos, como gubernamentales, así como del sector privado; ya que como es sabido la unión de esfuerzos coadyuva al eficaz cumplimiento de la tarea de difundir la cultura política y jurídica en nuestro país. Es así como en el transcurso de esta LVI Legislatura, el Instituto de Investigaciones Legislativas ha celebrado, adicionalmente a los referidos a la Enciclopedia Parlamentaria de México, la firma de los siguientes convenios generales de colaboración:

Con el comité directivo regional del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, el 11 de mayo de 1995.

Con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el 16 de julio de 1995.

Con el Instituto Politécnico Nacional, el 2 de octubre de 1996.

Se han iniciado una serie de convenios con gobiernos y universidades estatales, así como congresos locales. A la fecha se ha logrado con:

El gobierno del Estado de Morelos.

La Universidad Autónoma de Morelos.

En proceso de firma, se encuentran los convenios con los congresos de los Estados de Tabasco, Oaxaca y Nuevo León.

En el marco de los instrumentos jurídicos mencionados se han realizado diversas actividades como son el diplomado titulado "La Economía Mexicana Análisis y Prospectivas para la Planificación del Desarrollo", la concreción de apoyos académicos y financieros para la realización de investigaciones diversas de entre las cuales destaca la proyectada obra magna de esta LVI Legislatura denominada "Enciclopedia Parlamentaria de México", entre otras.

Es igualmente importante resaltar que en el ejercicio de las atribuciones conferidas a este instituto por su reglamento, se cuenta con la coordinación de administración, la cual se encarga básicamente de todo lo relacionado al manejo de los recursos humanos y materiales asignados a este órgano. Esta coordinación se encarga de verificar que el personal acuda normalmente a laborar en los horarios establecidos. Así también, de la distribución de los recursos materiales que le son solicitados por el personal para el mejor desempeño de sus actividades.

De enterado.

COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez, para presentar un informe de actividades realizadas por la Comisión de Población y Desarrollo.

El diputado Jorge Enrique Dávila y Juárez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El día de hoy me presento ante ustedes para rendir el informe del periodo comprendido del 30 de noviembre de 1994 al 23 de abril de 1997. Esta comisión legislativa ha realizado 23 reuniones de trabajo, mismas que constan en las versiones estenográficas correspondientes y que tuvimos en ellas como invitados especiales: al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud; al Ingeniero Carlos Rojas Martínez, secretario de Desarrollo Social; al licenciado César Bécquer Cuéllar, subsecretario de Población y Servicios Migratorios; al licenciado Manuel Rodríguez Arriaga, subsecretario de Población y Asuntos Migratorios, hasta el 21 de julio de 1995; al licenciado Enrique del Val Blanco, secretario de Desarrollo Regional; al licenciado Javier Treviño Cantú, subsecretario de Cooperación Internacional, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; al licenciado Fernando Solís Cámara, Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración; al doctor José Gómez de León Cruces, secretario general del Consejo Nacional de Población; al doctor Gregorio Pérez Palacios, director general de Salud Reproductiva; al doctor Carlos M. Jarque, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; a la senadora María Elena Chapa Hernández; al senador Fernando Herrero Arandia, presidente y secretario de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República; al licenciada Máximo Elvia Ramírez, director general del Registro Nacional de Población; a la licenciada Gloria Brasdefer Hernández; a la embajadora Aída González; a la licenciada Clara Judisman y a los ciudadanos Paloma Bonfil, Laura Oseguera, Laura Salinas, Juan María Pedroche, Alicia Pérez Duarte, Chalot Braily y Brígida García, entre otros.

"Esta comisión participó en los foros de consulta popular para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 19952000, presentando tres ponencias en la temática que nos ocupa, en donde se vertieron consideraciones importantes y algunas de las propuestas que se mencionaron fueron tomadas en cuenta para la conformación de dicho plan.

Las reuniones internacionales a las que se invitó y participó esta comisión, son la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, Dinamarca, la reunión de trabajo preparatoria para la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Nueva York, el taller centroamericano La Nueva Década de la Población 19942004, celebrada en Panamá, la XCV Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Estambul, Turquía y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos "Habitat 2", celebrada en Estambul, Turquía.

La síntesis de lo tratado en estas reuniones, los objetivos, las declaraciones finales a las que se llegó, se encuentran en el informe de actividades que realizó esta comisión, en forma impresa.

En el marco de la celebración de la IV Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar en Beijin, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995, la Comisión de Población y Desarrollo, decidió llevar a cabo una serie de foros y consultas nacionales legislativas, para escuchar la opinión de las mujeres y hombres mexicanos con respecto a diversos temas, todos en relación a la mujer mexicana.

De ahí surge la idea de llamar a estos foros: "una perspectiva sobre el desarrollo de la mujer" y los temas en general abordados, fueron los de la temática de Pekín, agregándose en ellos también, por iniciativa de nuestras compañeras diputadas, los temas de la mujer y su desarrollo en el medio rural, la mujer ante el fenómeno migratorio.

Fueron seis los foros llevados a cabo en distintas ciudades de la República Mexicana y se presentaron en éstos 274 ponencias que a continuación se enumeran en orden cronológico los foros de referencia:

Durante el año de 1995, el 25 de julio en Villahermosa, Tabasco; el 28 de julio, en Guanajuato; el 3 de agosto, en la Ciudad de México, D.F.; el 14 de agosto, en la ciudad de Jalapa, Veracruz; el 23 de agosto, en la ciudad de San Luis Potosí; el 25 de agosto, en Mexicali, Baja California Norte.

Esta Comisión Legislativa elaboró las memorias correspondientes a estos foros, en donde se presentaron las conclusiones y propuestas más importantes de cada trabajo o ponencia, con el nombre del ponente, el título del trabajo, la representación del ponente o bien si se presentó en forma particular.

Las memorias contienen también la fundamentación reglamentaria para la realización de estos foros, la lista de la delegación mexicana que asistió a la Conferencia Mundial Sobre la Mujer, la declaración de Beijin, noticias y comentarios periodísticos en toda la celebración de dichos foros y a la celebración de la conferencia mundial.

Finalmente, consta en las memorias el documento que contiene el resumen general de las conclusiones que elaboró la comisión y que se basó en la Consulta Nacional Legislativa. Este documento fue objeto de múltiples comentarios y controversias. Sin embargo, la posición que adoptó la comisión fue fruto de la propia consulta.

Al respecto, se recibieron innumerables cartas y firmas de apoyo al documento elaborado en la comisión, existiendo sólo una carta en sentido contrario. Todos estos testimonios obran en la propia Comisión de Población y Desarrollo y están al servicio de esta Asamblea.

Así la comisión cumplió su objetivo de realizar una consulta con la ciudadanía, a fin de que el Estado mexicano no sumiera compromisos en la IV Conferencia Internacional de la Mujer, que nuestra sociedad no aceptaría, desconociera o bien, fuera en contra de los valores de nuestra sociedad mexicana.

Por otra parte, la Comisión de Población y Desarrollo sintió la necesidad de convocar a una segunda consulta nacional legislativa, esta vez sobre el tema de población y desarrollo regional a fin de generar una propuesta legislativa, que permitiera a las entidades y municipios contar con los elementos jurídicos, materiales y económicos que permitan el desarrollo propiciando el bien ser y el bienestar de las personas y de las poblaciones.

Por otra parte, los objetivos particulares que se plantearon fueron los siguientes:

Primero. Obtener de la población en general y organismos interesados, las propuestas para el desarrollo regional.

Segundo. Lograr una acción de consulta a la población para promover nuevas estrategias de desarrollo más tendientes al bienestar de la población sin afectar su bien ser.

Tercero. Vincular las acciones de la población y desarrollo de la reforma del Estado al impulso, al auténtico federalismo y al respeto del municipio libre.

La propuesta realización de estos foros de consulta nacional, fue aprobada en una reunión de trabajo de la comisión y se sugirió que fueran dirigidos a las instituciones educativas, congresos locales, secretarías de desarrollo de las entidades y municipios, organismos sociales en general, honorables ayuntamientos constitucionales, a los consejos estatales de población y a la ciudadanía en general.

De esta forma los temas en general que se abordaron en estos foros fueron los siguientes:

Desarrollo económico y efectos de la población.

Desarrollo económico y dignificación de la mujer.

Desarrollo económico y promoción de grupos marginados e indígenas.

Fortalecimiento de las familias y desarrollo regional.

Población, políticas migratorias y desarrollo regional.

Federalismo y desarrollo regional.

Federalización y promociones de la inversión productiva y generación de empleo.

Desarrollo económico, federalización y bienestar de la población.

Las sesiones y fechas en que se llevaron a cabo los foros de referencia fueron:

En Aguascalientes, el 2 de octubre, durante 1996; Tuxtla Gutiérrez, el 9 de octubre; Veracruz, el 16 de octubre; Toluca, el 23 de octubre; León, el 30 de octubre; Saltillo, el 6 de noviembre; Culiacán, el 13 de noviembre y Mexicali, Baja California, el 4 de diciembre.

Por otra parte cabe mencionar que recibimos el apoyo de los honorables congresos locales, los honorables ayuntamientos constitucionales y de los gobiernos locales de los lugares en donde se llevaron a cabo dichos foros.

Se está terminando la memoria de estos foros sobre población y desarrollo regional, pero a diferencia de las memorias de foros sobre una perspectiva sobre el desarrollo de la mujer donde se transcribieron cada ponencia, las conclusiones y propuestas. En estas memorias se están transcribiendo íntegramente el contenido de las ponencias presentadas.

Se realizaron 14 foros de consulta nacional legislativa con un total de 2 mil 620 asistentes y de 451 ponencias presentadas.

Cabe mencionar que algunos de estos foros furon inaugurados por los ciudadanos gobernadores de los estados, tales como: el licenciado Patricio Chirinos Calero, de Veracruz; el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, de San Luis Potosí; el licenciado César Camacho Quiroz, del Estado de México y el licenciado Héctor Terán Terán, de Baja California.

Otros foros por los presidentes de los congresos locales, como el diputado Víctor Manuel Gandarilla, de Sinaloa; el diputado Francisco Rojas Toledo, del Congreso de Chiapas, así como también secretarios de Gobierno, como el licenciado Orozco Castellanos, secretario general de gobierno de Aguascalientes y la maestra en administración, María Elena Morales Sánchez, secretaria de la Contraloría de Guanajuato; el doctor Carlos Flores Alcocer, secretario de Desarrollo Regional de Guanajuato; el licenciado Rogelio Ramos Oreldai, secretario de Desarrollo Social de Coahuila; el presidente municipal como lo fue el caso del propio Veracruz; el contador público, Roberto Bueno Campos; y en Mexicali, la profesora Angélica Obezo Covarrubias y por directores y coordinadores generales como lo fue en su caso en el Distrito Federal, el maestro Rodolfo Tibian, director general de programas de Conapo y en Villahermosa, el licenciado Víctor Manuel Barceló Rodríguez, coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco.

Con fecha 19 de septiembre de 1996 se recibió en esta comisión la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, procediéndose a citar el 25 de septiembre de 1996, a todos los integrantes de la comisión a fin de efectuar una reunión de trabajo para analizar, estudiar y dictaminar la referida iniciativa.

En el transcurso surgieron diferentes cuestionamiento que se incorporaron al ramo de la ley. De este trabajo, junto con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a trabajo en donde el licenciado Ignacio Ramos Espinosa estuvo presente, de la Secretaría de Gobernación y una vez recibido el documento la Comisión de Población y Desarrollo realizó un cuadro comparativo de las propuestas.

De esta forma, el 15 de octubre de 1996, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Población y Desarrollo aprobaron el dictamen correspondiente el día 17 de octubre de 1996, sometiendo a la consideración de la Asamblea, el proyecto de decreto, mismo que fue aprobado en lo general y en lo particular con 318 votos a favor, pasándose al Senado para sus efectos constitucionales correspondientes.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, quisiera yo hacer las siguientes reflexiones:

La Ley General de Población marca una diáfana claridad en dos aspectos fundamentales:

1o. El regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución, con el propósito que ella participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social y

2o. Adecuar los programas de este desarrollo económico y social a las necesidades que plantea su volumen, estructura y distribución.

Como ustedes podrán observar, este mandato de ley parece que no ha sido totalmente entendido y menos acatado por el Ejecutivo Federal, no sólo ahora, sino desde hace varias administraciones.

La población desde diciembre de 1973 a la fecha ha pasado de 48 millones de habitantes a poco más de 93 en 1996. Lo que denota un crecimiento del 94% aproximadamente, en solo 23 años que nos dan el volumen de la misma.

Hoy el ritmo de crecimiento demográfico es de 1.7 promedio nacional y pasarán varios años para que el crecimiento real se estabilice en niveles que permitan su adecuado desarrollo. Sin embargo, los datos de que hoy se disponen nos indican que de 40 millones de mexicanos, el 40.9% de la población viven hoy en condiciones de pobreza, es decir, que en los últimos 27 años en que hemos crecido de 48 millones a 93, el crecimiento de la población, es decir, de nacimientos, casi corresponde al número de pobres en nuestro país. Este panorama nos plantea las siguientes interrogantes:

¿Dónde está la eficiencia de la política de desarrollo social y económica en estos largos 27 años en el país? ¿Cuál es la vinculación del Gobierno con la sociedad que ha logrado para que la población participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo?

Por otra parte, es interesante recorrer la misma ley y encontrar el mandato que la misma da, para que se promueva la plena integración de los grupos marginados al desarrollo social.

Como ustedes pueden ver, compañeros diputados, parecería que a pesar de las obligaciones que este Congreso ha impuesto al Poder Ejecutivo para lograr la justa participación de todos los mexicanos en el desarrollo, no se ha cumplido con lo mismo.

Algunos piensan que ha sido el crecimiento de la población el causante de dicho fenómeno. Sin recordar que de 1978 a 1996 el índice general de precios al consumidor se ha incrementado en un 32.076% y que en el mismo periodo la inflación ha sido del 108%, esto significa que la riqueza generada en este lapso se ha perdido a causa de las equivocaciónes políticas económicas que ha impreso el Ejecutivo Federal y que tenía el deber fundamental de conservar e incrementar la riqueza de los mexicanos.

Otro dato que nos puede mostrar hasta dónde han sido fallidas las políticas de desarrollo en el país, es que sólo cinco estados de la República generan el 50% del producto interno bruto, dejando a los otros 27 con el resto. De tal forma, que se incumple el objetivo de la Ley General de Población, sobre todo en la adecuación de los programas de desarrollo social a las necesidades que plantean el volumen en la distribución de la misma.

Hoy, el 25% de los mexicanos vive en tres grandes metrópolis, mientras que el otro 25% vive en poblaciones menores de 2 mil 500 habitantes, con lo cual se genera una gran dispersión de población, con el consecuente encarecimiento de los servicios a los que tienen derecho como mexicanos.

Un hecho significativo es que el 25% de la población de la República habita ciudades ubicadas a más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar, con lo cual se generan grandes costos para su habitabilidad. Cuando por otro lado sólo se ubica el 4% de la población en ciudades de menos de 1 mil metros de altura sobre el nivel del mar.

Desde el seno de la Comisión de Población y Desarrollo se han promovido foros en donde se trató de conocer más a profundidad la problemática y las propuestas de solución para poder mitigar nuestro inequitativo desarrollo y al mismo tiempo sentar las bases de uno más firme y justo. En ellos participaron tanto integrantes de grupos sociales, de los partidos políticos, legisladores, así como presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de distintas secretarías y dependencias a diferentes niveles de gobierno.

Por el contenido de sus propuestas y observaciones se desprende que todavía no llegamos a cumplir con el mandato constitucional de tener una República Federal ni en lo económico ni en lo social ni en lo político. En este sentido, los legisladores del Congreso Mexicano y expresamente de esta legislatura, hemos fallado al no garantizar adecuadamente la vigencia del pacto federal, al no depositar en manos de los estados y municipios los recursos económicos necesarios para que se cumpla con el desarrollo de la ciudadanía que ellos mismos generan y que indebidamente maneja la Federación.

Tampoco hemos dado respuesta adecuada para devolverle las facultades políticas y sociales que los hagan actores verdaderos de su propio desarrollo.

Para lograr efectivamente que el desarrollo económico y social beneficie a la población, se requiere la voluntad política de la legislatura, que modifique las disposiciones jurídicas que impiden el auténtico equilibrio entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, pero principalmente se requiere por parte de nosotros y de todos los que participamos en los poderes del Estado mexicano, la firme determinación para cumplir con las disposiciones ya existentes que actualmente son letra muerta en su aplicación.

Volvamos nuevamente a la Ley General de Población y su reglamento, en donde se establece claramente lo que se deberá hacer para enfrentar el fenómeno migratorio que hoy causa problemas con el vecino país del norte. Es evidente que este vecino en su fundamental actuar está violando los derechos humanos, agrede a nuestro pueblo y contraría la buena voluntad para lograr la paz. Sin embargo, también es cierto que la migración de mexicanos hacia el vecino país es porque aquí no hemos sido capaces de generar las condiciones económicas y sociales que nos permitan aspirar a un trabajo justamente remunerado y capaz de satisfacer las necesidades de ellos y sus familias.

Simultáneamente se incumple el artículo 82 de la ley en cuestión, que ordena a la Secretaría de Gobernación estimular la repatriación de los mexicanos y promover su radicación en lugares en donde puedan ser útiles de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, así como el mandato que ordena proponer a las dependencias oficiales y a las instituciones particulares, las medidas y las facilidades para que los repatriados puedan tener éxito en las labores a las que se dedican; esto implica también facilidades fiscales para promoción del empleo, así como justicia y proporcionalidad en los impuestos que tienen que aportar los mexicanos al Estado.

De los foros realizados se desprende que esto no ha sido posible y por lo mismo seguimos cancelando posibilidades para el desarrollo nacional y regional, además de demeritar el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos con la consiguiente concentración del mercado interno y la generación de empleos.

Por ello, hago un exhorto para que antes de que termine esta legislatura nos aboquemos a realizar efectivamente nuestra acción legislativa, que busque fundamentalmente el cumplimiento irrestricto de la ley que todos juramos cumplir.

Muchas gracias.

El Presidente:

De enterado.

LEY DE METROLOGIA Y NORMALIZACION

El Presidente:

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La secretaria Gladys Merlín Castro:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.>

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Comercio.

Honorable Asamblea: a los ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, correspondientes a la LVI Legislatura, les fue turnado por la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

La Comisión de Comercio, con las facultades que le confieren los artículos 71 último párrafo y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 42, 43 fracción II, 48, 56 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis del proyecto enviado por el Senado, por lo que se da cuenta en el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES

1o. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992.

2o. Con fecha 24 de diciembre de 1996, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la fracción V del artículo 39, adicionándose dos últimos párrafos al artículo 51 y derogando el artículo 49 de dicha ley.

3o. El Ejecutivo Federal remitió el pasado 18 de abril de 1997 a la colegisladora, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, turnándose la misma a las comisiones de Comercio y de Estudios Legislativos, Segunda Sección, para su dictamen, el cual fue presentado y aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada el 24 de abril del presente año. La colegisladora remitió en esa misma fecha a esta soberanía la minuta de referencia, la cual fue turnada a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados para su dictamen.

4o. La Comisión de Comercio, para dictaminar el proyecto de ley, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y recibió opiniones y observaciones de las partes interesadas, a fin de recabar mayor información con respecto a la iniciativa que se dictamina.

5o. Con base en los antecedentes citados la Comisión de Comercio, después de haber hecho el estudio, análisis y revisión, formula el dictamen conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

La Comisión de Comercio que emite el presente dictamen, conoció los argumentos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, con objeto de allegarse los elementos suficientes para efectuar un análisis adecuado del proyecto de referencia. Posteriormente se procedió a analizar el contenido de la minuta en todos sus términos, particularmente en lo que se refiere a las consideraciones y enmiendas a la iniciativa expresadas en el dictamen de la colegisladora, dividido en tres apartados: antecedentes, consideraciones y modificaciones a la iniciativa.

El apartado de antecedentes de la colegisladora resalta los objetivos que pretendió alcanzar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992, particularmente en lo que corresponde a uniformar el proceso de elaboración de regulaciones obligatorias a través de normas oficiales mexicanas e incentivar la participación de la iniciativa privada en la misma.

Asimismo identifica como principales objetivos propuestos por la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal: el de modernizar y adecuar el marco normativo vigente; fortalecer y consolidar los procedimientos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y los mecanismos de control correspondientes; promover la elaboración de normas voluntarias, propiciar la consolidación de nuestra infraestructura técnica de normalización y obtener su reconocimiento internacional incentivando la participación privada; establecer mecanismos eficientes y confiables a nivel nacional e internacional para evaluar el cumplimiento con las normas; fortalecer la atención de foros internacionales en materia de normalización y reforzar las acciones de verificación y vigilancia por parte de la autoridad.

En el rubro de consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores, se hace énfasis en la importancia de contar con un marco normativo equitativo, transparente y eficiente, en el que la autoridad asuma un papel promotor de la actividad económica y se aleje de criterios intervencionistas, con el fin de procurar las condiciones adecuadas para que los sectores social y privado tengan un papel preponderante en dicha actividad, lo que permitirá aumentar la capacidad competitiva de las empresas, alentar la inversión productiva y propiciar la creación de más y mejores empleos.

En ese mismo rubro se indica que no obstante que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización acotó la discrecionalidad de las dependencias en la emisión y aplicación de normas oficiales mexicanas, al exigir la coordinación de aquéllas con los sectores social y privado, hoy se hace indispensable promover nuevas acciones para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de los procesos, bienes y servicios de la planta productiva nacional.

Finalmente en el apartado de modificaciones a la iniciativa se señalan 29 cambios efectuados por la colegisladora al texto remitido por el Ejecutivo Federal.

CONCLUSIONES

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados que emite el presente dictamen, considera que los objetivos y acciones que se pretenden alcanzar son satisfechos con la reforma propuesta, en virtud de que se fijan parámetros claros para las dependencias y particulares que participan en la elaboración de normas oficiales mexicanas, al establecer la obligación de tomar en consideración las normas internacionales y las normas mexicanas, lo que permitirá lograr el reconocimiento internacional y evitar así barreras técnicas al comercio, ya que nuestro país estará dando cumplimiento a obligaciones previstas en tratados internacionales de los que forma parte.

Consecuentemente se beneficiará a nuestros laboratorios y organismos de certificación y exportadores que no tendrán que duplicar gastos para comprobar que cumplen con las normas en México y con las normas de otros países.

También se obliga a las dependencias a consultar y publicar los procedimientos para comprobar el cumplimiento con normas oficiales mexicanas y señalar alternativas en atención al nivel de riesgo o protección requerido: desde un simple aviso, hasta la certificación con muestreo y pruebas de laboratorio. Se prevé además la obligación de establecer comités de normas a fin de determinar, conjuntamente con los sectores interesados, la forma más eficaz y de menor costo para comprobar que se cumple con una norma oficial mexicana.

Por otro lado, es importante mencionar el principio de equivalencia contenido en una propuesta de artículo 49, que permitirá a los destinatarios de las normas oficiales mexicanas obligados al uso de materiales, equipos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, utilizar otros alternativos cuando mediante evidencia científica u objetiva suficiente, comprueben que darán cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.

A lo anterior, debe sumarse que los 29 cambios efectuados por la colegisladora a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, recogen los puntos de vista expresados en distintos momentos por legisladores de esta Cámara de Diputados.

En tal virtud, esta Comisión de Comercio propone la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION

Artículo único. Se reforman las fracciones I, X, XI y XVII del artículo 3o., el artículo 12; el párrafo primero del artículo 17; el párrafo primero y la fracción I del artículo 25; el artículo 26; la fracción VII del artículo 30; las fracciones II, IV, VI, VII y VIII del artículo 38; el párrafo primero y las fracciones IV, V, VIII y IX del artículo 39; la denominación del Capítulo II del Título Tercero, las fracciones I y VI del artículo 41; el párrafo cuarto del artículo 44; el artículo 45; la fracciones I y III del artículo 47; el párrafo segundo del artículo 48; el párrafo segundo del artículo 50; los párrafos segundo y tercero del artículo 53; el párrafo segundo del artículo 55; las fracciones I y III y los párrafos cuarto y quinto del artículo 59; la fracciones III, V, VII y VIII del artículo 60; el párrafo primero y las fracciones I y III del artículo 65; las fracciones III y V del artículo 66; el artículo 67; la denominación del Título Cuarto y su Capítulo I, los artículos 68; 69; 70; 71 y 72, la denominación del Capítulo II del Título Cuarto, los artículos 73; 74; 76; 78 y 79; las fracciones I y II del artículo 80; los artículos 83; 86; 89 y 91; la fracción II del artículo 94; el artículo 96; el párrafo segundo de la fracción I y el inciso a de la fracción II del artículo 101; las fracciones I, III y IV del artículo 112; el párrafo primero, las fracciones II y III y el párrafo tercero del artículo 118; los artículos 119; 120; 121 y 122; se adicionan las fracciones IVA, XA, XVA y XVIII al artículo 3o.; la fracción IX al artículo 38; las fracciones X, XI y XII al artículo 39; la Sección Primera al Capítulo II del Título Tercero, un ultimo párrafo al artículo 40; un penúltimo y un último párrafos al artículo 48; el artículo 49; un penúltimo y un último párrafos al artículo 51; la Sección Segunda al Capítulo II del Título Tercero, los artículos 51A y 51B; un penúltimo y un último párrafos al artículo 55; el artículo 61A; un último párrafo al artículo 63; los artículos 70A; 70B y 70C; la fracción III al artículo 80; el Capítulo VII al Título Cuarto, los artículos 87A y 87B; la fracción V al artículo 112; el artículo 112A; las fracciones IV y V al artículo 118; el artículo 120A y se derogan la fracción XIX del artículo 3o.; el artículo 28; las fracciones VI y XIV del artículo 40; los artículos 42 y 77; el párrafo tercero del artículo 81; los artículos 82 y 90; el párrafo segundo del artículo 118 y los artículos 123 a 127 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para quedar como sigue:

Artículo 3o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Acreditación: el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad;

II a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV-A. Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación;

V a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización o la Secretaría, en los términos de esta ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el Gobierno mexicano en los términos del derecho internacional;

XI. Norma Oficial Mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

XII a XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV-A. Personas acreditadas: los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad

XVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII. Unidad de verificación: la persona física o moral que realiza actos de verificación; y

XVIII. Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado.

XIX. Se deroga.

Artículo 12. La Secretaría, así como las personas acreditadas por la misma, al verificar los instrumentos para medir, dejarán en poder de los interesados los documentos que demuestren que dicho acto ha sido realizado oficialmente. Esta verificación comprenderá la constatación de la exactitud de dicho instrumento dentro de las tolerancias y demás requisitos establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, el ajuste de los mismos cuando cuenten con los dispositivos adecuados para ello.

Artículo 17. Los instrumentos de medición automáticos que se empleen en los servicios de suministro de agua, gas, energía eléctrica u otros que determine la Secretaría quedan sujetos a las siguientes prevenciones:

I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 25. El Sistema Nacional de Calibración se integrará con la Secretaría, el Centro Nacional de Metrología, las entidades de acreditación que correspondan, los laboratorios de calibración acreditados y los demás expertos en la materia que la Secretaría estime convenientes. En apoyo a dicho sistema, la Secretaría realizará las siguientes acciones:

I. Participar en los comités de evaluación para la acreditación de los laboratorios para que presten servicios técnicos de medición y calibración;

II a VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 26. Para la acreditación de los laboratorios de calibración se estará a lo dispuesto en el artículo 68.

Cuando se requiera servicios técnicos de medición y calibración para la evaluación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas, los laboratorios acreditados deberán contar con la aprobación de la Secretaría conforme al artículo 70 y con patrones de medida con trazabilidad a los patrones nacionales.

La acreditación y la aprobación de los laboratorios se otorgarán por cada actividad específica de calibración o medición.

Artículo 28. Se deroga.

Artículo 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Realizar peritajes de tercería y dictaminar sobre la capacidad técnica de calibración o de medición de los laboratorios, a solicitud de parte o de la Secretaría dentro de los comités de evaluación para la acreditación;

VIII a XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización;

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Participar en los comités de evaluación para la acreditación y aprobar a los organismos de certificación, los laboratorios de prueba y las unidades de verificación con base en los resultados de dichos comités, cuando se requiera para efectos de la evaluación de la conformidad, respecto de las normas oficiales mexicanas;

VII. Coordinarse en los casos que proceda con otras dependencias para cumplir con lo dispuesto en esta ley y comunicar a la Secretaría su opinión sobre los proyectos de regulaciones técnicas de otros países, en los términos de los acuerdos y tratados internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

VIII. Coordinarse con las instituciones de enseñanza superior, asociaciones o colegios de profesionales, para constituir programas de estudio y capacitación, con objeto de formar técnicos calificados y promover las actividades a que se refiere esta ley y

IX. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y su reglamento.

Artículo 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo establecido en el artículo anterior: I a

III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Mantener un registro de organismos nacionales de normalización, de las entidades de acreditación y de las personas acreditadas y aprobadas;

V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las fracciones I a IV, VIII, IX, XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente ley, en las áreas de su competencia;

VI a VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Participar con voz y voto en los comités consultivos nacionales de normalización en los que se afecten las actividades industriales o comerciales;

IX. Autorizar a las entidades de acreditación, recibir las reclamaciones que se presenten contra tales entidades y, en su caso, requerir la revisión de las acreditaciones otorgadas, así como aprobar, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización, los lineamientos para la organización de los comités de evaluación;

X. Coordinar y dirigir los comités y actividades internacionales de normalización y demás temas afines a que se refiere esta ley;

XI. Fungir como centro de información en materia de normalización y notificar las normas oficiales mexicanas conforme a lo dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, para lo cual las dependencias deberán proporcionarle oportunamente la información necesaria y

XII. Las demás facultades que le confiera la presente ley y su reglamento.

CAPITULO II

De las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas

SECCION PRIMERA

De las normas oficiales mexicanas

Artículo 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Se deroga.

VII a XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV. Se deroga.

XV a XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley.

Artículo 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la misma conforme al artículo 40;

II a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración;

VII a IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 42. Se deroga.

Artículo 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por sector o materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las internacionales y cuando estas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47 fracción I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 45. Los anteproyectos que se presenten en los comités para discusión se acompañarán de una manifestación de impacto regulatorio, en la forma que determine la Secretaría, que deberá contener una explicación sucinta de la finalidad de la norma, de las medidas propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las que fueron desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la norma para efectos de lo dispuesto en el artículo 4o.A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la manifestación debe presentarse a la Secretaría en la misma fecha que al comité.

Cuando la norma pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, la manifestación deberá incluir un análisis en términos monetarios del valor presente de los costos y beneficios potenciales del anteproyecto y de las alternativas consideradas, así como una comparación con las normas internacionales. Si no se incluye dicho análisis conforme a este párrafo, el comité o la Secretaría podrán requerirlo dentro de los 15 días naturales siguientes a que se presente la manifestación al comité, en cuyo caso se interrumpirá el plazo señalado en el artículo 46 fracción I.

Cuando el análisis mencionado no sea satisfactorio a juicio del comité o de la Secretaría, éstos podrán solicitar a la dependencia que efectúe la designación de un experto, la cual deberá ser aprobada por el Presidente de la Comisión Nacional de Normalización y la Secretaría. De no existir acuerdo, estos últimos nombraran a sus respectivos expertos para que trabajen conjuntamente con el designado por la dependencia. En ambos casos, el costo de la contratación será con cargo al presupuesto de la dependencia o a los particulares interesados. Dicha solicitud podrá hacerse desde que se presente el análisis al comité y hasta 15 días naturales después de la publicación prevista en el artículo 47 fracción I. Dentro de los 60 días naturales siguientes a la contratación del o de los expertos, se deberá efectuar la revisión del análisis y entregar comentarios al comité, a partir de lo cual se computará el plazo a que se refiere el artículo 47 fracción II.

Artículo 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de normalización correspondiente. Durante este plazo, la manifestación a que se refiere el artículo 45 estará a disposición del público para su consulta en el comité;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Se ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las respuestas a los comentarios recibidos, así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana y

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Previa a la segunda expedición, se debe presentar una manifestación de impacto regulatorio a la Secretaría y si la dependencia que elaboró la norma decidiera extender el plazo de vigencia o hacerla permanente, se presentará como anteproyecto en los términos de las fracciones I y II del artículo 46.

Sólo se considerarán casos de emergencia los acontecimientos inesperados que afecten o amenacen de manera inminente las finalidades establecidas en el artículo 40.

La norma oficial mexicana debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 41, establecer la base científica o técnica que apoye su expedición conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 y tener por objeto evitar daños irreparables o irreversibles.

Artículo 49. Cuando una norma oficial mexicana obligue al uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos. Debe acompañarse a la solicitud la evidencia científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.

La dependencia turnará copia de la solicitud al Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente dentro de los cinco días naturales siguientes a que la reciba, el cual podrá emitir su opinión. En todo caso la dependencia deberá resolver dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. Este plazo será prorrogable una sola vez por igual periodo y se suspenderá en caso de que la dependencia requiera al interesado mayores elementos de justificación, reanudándose al día hábil siguiente al en que se cumpla el requerimiento. La autorización se otorgará dejando a salvo los derechos protegidos en las leyes en materia de propiedad intelectual y se considerará que es afirmativa si no se emite dentro del plazo correspondiente.

La autorización se publicará en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos en beneficio de todo aquel que la solicite, siempre que compruebe ante la dependencia que se encuentra en los mismos supuestos de la autorización otorgada. La dependencia resolverá esta solicitud dentro de los 15 días naturales siguientes, en caso contrario se considerará que la resolución es afirmativa.

Artículo 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La información y documentación que se alleguen las dependencias para la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, así como para cualquier trámite administrativo relativo a las mismas, se empleará exclusivamente para tales fines y cuando la confidencialidad de la misma esté protegida por la ley, el interesado deberá autorizar su uso. A solicitud expresa del interesado, tendrá el carácter de confidencial y no será divulgada, gozando de la protección establecida en materia de propiedad intelectual.

Artículo 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el Comité Consultivo Nacional de Normalización o la Secretaría podrán solicitar a las dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación.

SECCION SEGUNDA

De las normas mexicanas

Artículo 51-A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local.

Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente:

I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización;

II. Tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté debidamente justificado y

III. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que contenga un extracto de la misma.

Para que las normas elaboradas por los organismos nacionales de normalización y excepcionalmente las elaboradas por otros organismos, cámaras, colegios de profesionistas, asociaciones, empresas, dependencias o entidades de la administración pública federal, se puedan expedir como normas mexicanas, deben cumplir con los requisitos establecidos en esta sección, en cuyo caso el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de las mismas, con carácter informativo.

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación.

Artículo 51-B. La Secretaría, por si o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización, que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Para ello, los temas propuestos como normas mexicanas se deberán incluir en el Programa Nacional de Normalización, justificar su conveniencia y, en su caso, la dependencia que lo solicite deberá también demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar los comités de normalización correspondientes. En todo caso, tales normas deberán cumplir con lo dispuesto en esta sección.

Artículo 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta ley.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del fabricante.

Artículo 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de la materia, los bienes o servicios que adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración pública federal, deben cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas, y a falta de éstas, con las internacionales.

Para la evaluación de la conformidad con dichas normas se estará a lo dispuesto en el Título Cuarto.

Cuando las dependencias y entidades establezcan requisitos a los proveedores para comprobar su confiabilidad o sus procedimientos de aseguramiento de calidad en la producción de bienes o servicios, dichos requisitos se deberán basar en las normas expedidas conforme a esta ley y publicarse con anticipación a fin de que los proveedores estén en condiciones de conocerlos y cumplirlos.

Artículo 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Los subsecretarios correspondientes de las secretarías de Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Energía; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión Social y Turismo;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Los titulares de las subsecretarías correspondientes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Centro Nacional de Metrología; del Instituto Nacional de Ecología; de la Procuraduría Federal del Consumidor; del Instituto Mexicano del Transporte; del Instituto Nacional de Pesca y de los institutos de investigación o entidades relacionadas con la materia que se consideren pertinentes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La comisión será presidida rotativamente durante un año por los subsecretarios en el orden establecido en la fracción I de este artículo.

Para el desempeño de sus funciones, la comisión contará con un secretariado técnico a cargo de la Secretaría y un consejo técnico.

Artículo 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Recomendar a las dependencias la elaboración, modificación, cancelación de normas oficiales mexicanas o su expedición conjunta;

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Opinar, cuando se requiera, sobre el registro de organismos nacionales de normalización;

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Proponer las medidas que se estimen oportunas para el fomento de la normalización, así como aquellas necesarias para resolver las quejas que presenten los interesados sobre aspectos relacionados con la aplicación de la presente ley;

VIII. Dictar los lineamientos para la organización de los comités consultivos nacionales de normalización y opinar respecto de aquellos aplicables a los comités de evaluación y

IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 61-A. El Programa Nacional de Normalización se integra por el listado de temas a normalizar durante el año que corresponda para normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o las normas a que se refiere el artículo 67, incluirá el calendario de trabajo para cada tema y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Normalización dicho programa requiera de un suplemento, deberá seguirse el mismo procedimiento que para su integración y publicación.

La Comisión Nacional de Normalización establecerá las bases para la integración del programa.

Las dependencias competentes no podrán expedir normas oficiales mexicanas sobre temas no incluidos en el programa del año de que se trate o en su suplemento, salvo los casos previstos en el artículo 48.

Artículo 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los mismos se organizarán por materias o sectores a nivel nacional y no podrá existir más de un comité por dependencia, salvo en los casos debidamente justificados ante la comisión.

Artículo 65. Para operar como organismo nacional de normalización se requiere:

I. Presentar solicitud de registro ante la Secretaría, con copia para la dependencia que corresponda;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Tener capacidad para participar en las actividades de normalización internacional y haber adoptado el código para la elaboración, adopción y aplicación de normas internacionalmente aceptado.

Artículo 66.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I y II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Hacer del conocimiento público los proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información que sobre éstos hagan los interesados;

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Remitir al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que hubieren elaborado para que se publique su declaratoria de vigencia y

VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 67. Las entidades de la administración pública federal deberán constituir comités de normalización para la elaboración de las normas de referencia conforme a las cuales adquieran, arrienden o contraten bienes o servicios, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o bien las especificaciones contenidas en dichas normas se consideren inaplicables u obsoletas.

Dichos comités se constituirán en coordinación con el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización y se ajustarán en lo conducente a lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de esta ley. Las normas que elaboren deberán cumplir con lo previsto en el artículo 51A.

Se podrán someter las especificaciones requeridas por las entidades a los comités donde se hubieren elaborado las normas mexicanas respectivas, a fin de que aquéllos lleven a cabo la actualización de la norma mexicana correspondiente.

Hasta en tanto se elaboren las normas de referencia a que alude el primer párrafo de este artículo, las entidades podrán efectuar la adquisición, arrendamiento o contratación conforme a las especificaciones que las mismas entidades determinen, pero deberán informar semestralmente al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización sobre los avances de los programas de trabajo de tales comités y justificar las razones por las cuales las normas no se hayan concluido.

TITULO CUARTO

De la acreditación y determinación del cumplimiento

CAPITULO I

De la acreditación y aprobación

Artículo 68. La evaluación de la conformidad será realizada por las dependencias competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración y por las unidades de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos del artículo 70.

La acreditación de los organismos, laboratorios y unidades a que se refiere el párrafo anterior será realizada por las entidades de acreditación, para lo cual el interesado deberá:

I. Presentar solicitud por escrito a la entidad de acreditación correspondiente, acompañando, en su caso, sus estatutos y propuesta de actividades;

II. Señalar las normas que pretende evaluar, indicando la materia, sector, rama, campo o actividad respectivos y describir los servicios que pretende prestar y los procedimientos a utilizar;

III. Demostrar que cuenta con la adecuada capacidad técnica, material y humana, en relación con los servicios que pretende prestar, así como con los procedimientos de aseguramiento de calidad, que garanticen el desempeño de sus funciones y

IV. Otros que se determinen en esta ley o su reglamento.

Integrada la solicitud de acreditación, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 69. Las entidades de acreditación integrarán comités de evaluación, como órganos de apoyo para la acreditación y, en su caso, para la aprobación por las dependencias competentes.

Los comités de evaluación estarán constituidos por materias, sectores y ramas específicas e integrados por técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como por representantes de los productores, consumidores, prestadores y usuarios del servicio y por el personal técnico de las entidades de acreditación y de las dependencias competentes, conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización.

Cuando los comités de evaluación no cuenten con técnicos en el campo respectivo, la entidad de acreditación lo notificará al solicitante y adoptará las medidas necesarias para contar con ellos.

El comité de evaluación correspondiente designará a un grupo evaluador que procederá a realizar las visitas o acciones necesarias para comprobar que los solicitantes de acreditación cuentan con las instalaciones, equipo, personal técnico, organización y métodos operativos adecuados, que garanticen su competencia técnica y la confiabilidad de sus servicios.

Los gastos derivados de la acreditación, así como los honorarios de los técnicos que en su caso se requieran, correrán por cuenta de los solicitantes, los que deberán ser informados al respecto en el momento de presentar su solicitud.

En caso de no ser favorable el dictamen del comité de evaluación, se otorgará un plazo de 180 días naturales al solicitante para corregir las fallas encontradas. Dicho plazo podrá prorrogarse por plazos iguales, cuando se justifique la necesidad de ello.

Artículo 70. Las dependencias competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas, para lo cual se sujetarán a lo siguiente:

I. Identificar las normas oficiales mexicanas para las que se requiere de la evaluación de la conformidad por personas aprobadas y, en su caso, darlo a conocer en el Diario Oficial de la Federación y

II. Participar en los comités de evaluación para la acreditación o reconocer sus resultados. No duplicar los requisitos solicitados para su acreditación, sin perjuicio de establecer adicionales, cuando se compruebe justificadamente a la Secretaría la necesidad de los mismos a fin de salvaguardar tanto el objetivo de la norma oficial mexicana, como los resultados de la evaluación de la conformidad con la misma y la verificación al solicitante de las condiciones para su aprobación.

Artículo 70-A. Para operar como entidad de acreditación se requiere la autorización de la Secretaría, previa opinión favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de Normalización a que se refiere la fracción I del artículo 59 y cumplir con lo siguiente:

I. Acreditar la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para lo que se deberá acompañar.

a) Estatutos sociales o proyecto de éstos, detallando órganos de gobierno y la estructura técnica funcional de la entidad donde conste la representación equilibrada de los organismos productivos, comerciales y académicos interesados, a nivel nacional, en el proceso de acreditación;

b) Relación de los recursos materiales y humanos con que cuenta o propuesta de los mismos, detallando grado académico y experiencia en la materia de estos últimos y

c) Documentos que demuestren su solvencia financiera para asegurar la continuidad del sistema de acreditación;

II. Demostrar su capacidad para atender diversas materias, sectores o ramas de actividad;

III. Acompañar, en su caso, sus acuerdos con otras entidades similares o especializadas en las materias a que se refiere esta ley y

IV. Señalar las tarifas máximas que aplicaría en la prestación de sus servicios.

Integrada la documentación la Secretaría emitirá un informe y lo someterá a las dependencias competentes para su opinión.

Artículo 70B. La entidad de acreditación autorizada deberá:

I. Resolver las solicitudes de acreditación que le sean presentadas, emitir las acreditaciones correspondientes y notificarlo a las dependencias competentes;

II. Cumplir en todo momento con las condiciones y términos conforme a los cuales se le otorgó la autorización;

III. Permitir la presencia de un representante de las dependencias competentes que así lo soliciten en el desarrollo de sus funciones;

IV. Integrar y coordinar los comités de evaluación para la acreditación conforme a los lineamientos que dicte la Secretaría, así como integrar un padrón nacional de evaluadores con los técnicos correspondientes;

V. Revisar periódicamente el cumplimiento, por parte de las personas acreditadas, de las condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación;

VI. Resolver las reclamaciones que presenten las partes afectadas por sus actividades y responder sobre su actuación;

VII. Salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de sus actividades;

VIII. Participar en organizaciones de acreditación regionales o internacionales para la elaboración de criterios y lineamientos sobre la acreditación y el reconocimiento mutuo de las acreditaciones otorgadas;

IX. Facilitar a las dependencias y a la Comisión Nacional de Normalización la información y asistencia técnica que se requiera en materia de acreditación y presentar semestralmente un reporte de sus actividades ante la misma y

X. Mantener para consulta de cualquier interesado un catálogo clasificado y actualizado de las personas acreditadas.

Artículo 70-C. Las entidades de acreditación y las personas acreditadas por éstas deberán:

I. Ajustarse a las reglas, procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y, en su defecto, las internacionales;

II. Prestar sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás disposiciones en materia de competencia económica;

III. Evitar la existencia de conflictos de interés que puedan afectar sus actuaciones y excusarse de actuar cuando existan tales conflictos;

IV. Resolver reclamaciones de cualquier interesado y

V. Permitir la revisión o verificación de sus actividades por parte de la dependencia competente y además por las entidades de acreditación en el caso de personas acreditadas.

Cuando una entidad de acreditación o persona acreditada y aprobada tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, la Secretaría estará facultada para establecer obligaciones específicas relacionadas con las tarifas, calidad y oportunidad del servicio.

Artículo 71. Las dependencias competentes podrán en cualquier tiempo realizar visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas, por parte de las entidades de acreditación, las personas acreditadas o cualquier otra entidad u organismo que realice actividades relacionadas con las materias a que se refiere esta ley, así como a aquéllas a las que presten sus servicios.

Artículo 72. La Secretaría mantendrá a disposición de cualquier interesado el listado de las entidades de acreditación autorizadas y de las personas acreditadas y aprobadas, por norma, materia, sector o rama, según se trate, así como de los organismos nacionales de normalización, de las instituciones o entidades a que se refiere el artículo 87A y de los organismos internacionales reconocidos por el Gobierno mexicano. Dicho listado indicará, en su caso, las suspensiones y revocaciones y será publicado en el Diario Oficial de la Federación periódicamente.

CAPITULO II

De los procedimientos para la evaluación de la conformidad

Artículo 73. Las dependencias competentes establecerán, tratándose de las normas oficiales mexicanas, los procedimientos para la evaluación de la conformidad cuando para fines oficiales requieran comprobar el cumplimiento con las mismas, lo que se hará según el nivel de riesgo o de protección necesarios para salvaguardar las finalidades a que se refiere el artículo 40, previa consulta con los sectores interesados, observando esta ley, su reglamento y los lineamientos internacionales. Respecto de las normas mexicanas u otras especificaciones, prescripciones o características determinadas, establecerán dichos procedimientos cuando así se requiera.

Los procedimientos referidos se publicarán para consulta pública en el Diario Oficial de la Federación antes de su publicación definitiva, salvo que los mismos estén contenidos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente o exista una razón fundada en contrario.

Cuando tales procedimientos impliquen trámites adicionales, se deberá turnar copia de los mismos a la Secretaría para su opinión, antes de que los mismos se publiquen en forma definitiva. Asimismo, si involucran operaciones de medición se deberá contar con trazabilidad a los patrones nacionales aprobados por la Secretaría o en su defecto, a patrones extranjeros o internacionales confiables a juicio de ésta.

Artículo 74. Las dependencias o las personas acreditadas y aprobadas podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales o de exportación. Los resultados se harán constar por escrito.

La evaluación de la conformidad podrá realizarse por tipo, línea, lote o partida de productos o por sistema, ya sea directamente en las instalaciones que correspondan o durante el desarrollo de las actividades, servicios o procesos de que se trate y auxiliarse de terceros especialistas en la materia que corresponda.

Artículo 76. Las dependencias competentes, en coordinación con la Secretaría, podrán establecer las características de las contraseñas oficiales que denoten la evaluación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas y, cuando se requiera, de las normas mexicanas.

Los productos o servicios sujetos a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, podrán ostentar voluntariamente las contraseñas oficiales cuando ello no induzca a error al consumidor o usuario sobre las características del bien o servicio; se haya evaluado la conformidad por una persona acreditada o aprobada y las contraseñas se acompañen de las marcas registradas por la misma en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial. Para ello se deberá obtener previamente la autorización de las personas acreditadas para el uso de sus marcas registradas.

Las dependencias podrán requerir que determinados productos ostenten dichas contraseñas obligatoriamente, en cuyo caso se requerirá la evaluación de la conformidad por la dependencia competente o por las personas acreditadas aprobadas para ello.

Artículo 77. Se deroga.

Artículo 78. Las dependencias podrán establecer los emblemas que denoten la acreditación y aprobación de los organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación.

Artículo 79. Las dependencias competentes aprobarán a los organismos de certificación acreditados por cada Norma Oficial Mexicana en los términos del artículo 70. Dicha aprobación podrá otorgarse por materia, sector o rama, siempre que el organismo:

I. Tenga cobertura nacional;

II. Demuestre la participación, en su estructura técnica funcional, de representantes de los sectores interesados a nivel nacional, de productores distribuidores, comercializadores, prestadores, de servicios, consumidores, instituciones de educación superior y científica, colegios de profesionales, así como de aquellos que puedan verse afectados por sus actividades;

III. Cuente con procedimientos que permitan conducir sus actuaciones en el proceso de certificación con independencia de intereses particulares o de grupo y

IV. Permita la presencia de un representante de la dependencia competente que así lo solicite en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante inspección ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evaluación de los programas de calidad;

II. Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimiento con las normas y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la divulgación de propiedad industrial o intelectual del cliente y

III. Elaboración de criterios generales en materia de certificación mediante comités de certificación donde participen los sectores interesados y las dependencias. Tratándose de normas oficiales mexicanas los criterios que se determinen deberán ser aprobados por la dependencia competente.

Artículo 81.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Párrafo tercero. Se deroga.

Artículo 82. Se deroga.

Artículo 83. El resultado de las pruebas que realicen los laboratorios acreditados se hará constar en un informe de resultados que será firmado por la persona facultada por el propio laboratorio para hacerlo. Dichos informes tendrán validez ante las dependencias y entidades de la administración publica federal, siempre que el laboratorio haya sido aprobado por la dependencia competente.

Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta ley.

CAPITULO VII

De los acuerdos de reconocimiento mutuo

Artículo 87-A. La Secretaría, por sí o a solicitud de cualquier dependencia competente o interesado, podrá concertar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad que se lleve a cabo por las dependencias, personas acreditadas e instituciones mencionadas, así como de las acreditaciones otorgadas.

Las entidades de acreditación y las personas acreditadas también podrán concertar acuerdos con las instituciones señaladas u otras entidades privadas, para lo cual requerirán el visto bueno de la Secretaría. Cuando tales acuerdos tengan alguna relación con las normas oficiales mexicanas, se requerirá, además, la aprobación del acuerdo por la dependencia competente que expidió la norma en cuestión y la publicación de un extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación

Artículo 87-B. Los convenios deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, al reglamento de esta ley y, en su defecto, a los lineamientos internacionales en la materia y observar como principios que:

I. Exista reciprocidad;

II. Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el comercio de los productos, procesos o servicios nacionales de que se trate y

III. Se concierten preferentemente entre instituciones y entidades de la misma naturaleza.

Artículo 89. Para efectos de control del cumplimiento con normas oficiales mexicanas las dependencias podrán integrar sistemas de información conforme a los requisitos y condiciones que se determinen en el reglamento de esta ley y aquellos que establezcan las dependencias a través de disposiciones de carácter general, evitando trámites adicionales.

Las dependencias deberán proporcionar a solicitud del secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier dependencia competente, la información contenida en dichos sistemas y otorgar facilidades para su consulta por las partes interesadas.

Artículo 90. Se deroga.

Artículo 91. Las dependencias competentes podrán realizar visitas de verificación con objeto de vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, independientemente de los procedimientos para la evaluación de la conformidad que hubieren establecido. Al efecto, el personal autorizado por las dependencias podrá recabar los documentos o la evidencia necesaria para ello, así como las

muestras conforme a lo dispuesto en el artículo 101.

Cuando para comprobar el cumplimiento con una Norma Oficial Mexicana se requieran mediciones o pruebas de laboratorio, la verificación correspondiente se efectuará únicamente en laboratorios acreditados y aprobados, salvo que éstos no existan para la medición o prueba específica, en cuyo caso, la prueba se podrá realizar en otros laboratorios, preferentemente acreditados.

Los gastos que se originen por las verificaciones por actos de evaluación de la conformidad serán a cargo de la persona a quien se efectúe ésta.

Artículo 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. La que se efectúe con objeto de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, el contenido o el contenido neto y, en su caso, la masa drenada; determinar los ingredientes que constituyan o integren los productos, si existe obligación de indicar su composición, la veracidad de la información comercial o la ley de los metales preciosos. Esta verificación se efectuará mediante muestreo y, en su caso, pruebas de laboratorio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 96. Los productores, propietarios, sus subordinados o encargados de establecimientos industriales o comerciales en que se realice el proceso o alguna fase del mismo, de productos, instrumentos para medir o se presten servicios sujetos al cumplimiento de la presente ley, tendrán la obligación de permitir el acceso y proporcionar las facilidades necesarias a las personas autorizadas por la Secretaría o por las dependencias competentes para practicar la verificación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el presente título.

Cuando los sujetos obligados a su observancia cuenten con un dictamen, certificado, informe u otro documento expedido por personas acreditadas y aprobadas, en los términos de esta ley, se reconocerá el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas.

Artículo 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

También podrán recabar dichas muestras las personas acreditadas y aprobadas, para efectos de la evaluación de la conformidad;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) El número de piezas que en relación con los lotes por examinar, integren el lote de muestra conforme a las normas oficiales mexicanas o a los procedimientos para la evaluación de la conformidad que publiquen las dependencias competentes y

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III a V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Multa;

II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Arresto hasta por 36 horas;

IV. Suspensión o revocación de la autorización aprobación o registro según corresponda; y

V. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad, así como de la autorización del uso de contraseñas y marcas registradas.

Artículo 112A. Se sancionará con multa las conductas u omisiones siguientes:

I. De 20 a 3 mil veces el salario mínimo cuando:

a) No se proporcione a las dependencias los informes que requieran respecto de las materias previstas en esta ley;

b) No se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas que le sea requerido o

c) Se contravenga una Norma Oficial Mexicana relativa a información comercial y ello no represente engaño al consumidor.

II. De 500 a 8 mil veces el salario mínimo cuando:

a) Se modifique sustancialmente un producto, proceso, método, instalación, servicio o actividad sujeto a una evaluación de la conformidad, sin haber dado aviso a la dependencia competente o a la persona acreditada y aprobada que la hubiere evaluado;

b) No se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, sustitución o modificación, a que se refieren los artículos 57 y 109, en los términos señalados por la dependencia competente;

c) Se utilice cualquier documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad, la autorización de uso de contraseña, emblema o marca registrada o que compruebe el cumplimiento con esta ley y las disposiciones que de ella derivan, para un fin distinto del que motivó su expedición;

d) Se contravengan disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas y

e) Se cometa cualquier infracción a la presente ley, no prevista en este artículo.

III. De 3 mil a 14 mil veces el salario mínimo cuando:

a) Se incurra en conductas u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyan una práctica que pueda inducir a error;

b) Se ostenten contraseñas, marcas registradas, emblemas, insignias, calcomanías o algún otro distintivo sin la autorización correspondiente o

c) Se disponga de productos o servicios inmovilizados.

IV. De 5 mil a 20 mil veces el salario mínimo cuando se incurra en conductas u omisiones que impliquen grave riesgo a la salud, vida o seguridad humana, animal o vegetal, al medio ambiente o demás finalidades contempladas en el artículo 40;

Para efectos del presente artículo, se entenderá por salario mínimo, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

Artículo 118. La Secretaría y las dependencias competentes de oficio, a petición de la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrán suspender total o parcialmente el registro, la autorización o la aprobación, según corresponda, de los organismos nacionales de normalización, de las entidades de acreditación o de las personas acreditadas cuando:

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Se impida u obstaculice las funciones de verificación y vigilancia;

III. Se disminuyan los recursos o la capacidad necesarios para realizar sus funciones o dejen de observar las condiciones conforme a las cuales se les otorgó la autorización o aprobación;

IV. Se suspenda la acreditación otorgada por una entidad de acreditación o

V. Reincidan en el mal uso de alguna contraseña oficial, marca registrada o emblema.

Segundo párrafo. Se deroga.

Tratándose de los organismos nacionales de normalización, procederá la suspensión del registro para operar cuando se incurra en el supuesto de las fracciones I y II de este artículo o se deje de cumplir con alguno de los requisitos u obligaciones a que se refieren los artículos 65 y 66.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 119. La Secretaría y las dependencias competentes de oficio, a petición de la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá revocar total o parcialmente la autorización o aprobación, según corresponda, de las entidades de acreditación o de las personas acreditadas cuando:

I. Emitan acreditaciones, certificados, dictámenes, actas o algún otro documento que contenga información falsa, relativos a las actividades para las cuales fueron autorizadas, acreditadas o aprobadas;

II. Nieguen reiterada o injustificadamente el proporcionar el servicio que se les solicite;

III. Reincidan en los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior o en el caso de la fracción III de dicho artículo, la disminución de recursos o de capacidad para emitir certificados o dictámenes se prolongue por más de tres meses consecutivos o IV. Renuncien expresamente a la autorización, acreditación o aprobación otorgada. En el caso de personas acreditadas se cancele su acreditación por una entidad de acreditación.

La revocación conllevará la entrega a la autoridad competente de la documentación relativa a las actividades para las cuales dichas entidades fueron autorizadas y aprobadas, la prohibición de ostentarse como tales, así como la de utilizar cualquier tipo de información o emblema pertinente a tales actividades.

Artículo 120. La Secretaría, de oficio o a petición de las dependencias competentes, de la Comisión Nacional de Normalización o de cualquier interesado, previo cumplimiento de la garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrá cancelar el registro para operar a los organismos nacionales de normalización cuando:

I. Se reincida en las infracciones a que se refiere el artículo 118;

II. Se expidan normas mexicanas sin que haya existido consenso o sea evidente que se pretendió favorecer los intereses de un sector o

III. En el caso de la fracción III del artículo 118, la disminución de recursos o de capacidad para expedir normas se prolongue por más de tres meses consecutivos.

Artículo 120-A. Cuando derivado de una verificación se determine la comisión de una infracción y el visitado cuente con un documento expedido por persona acreditada y aprobada, se le impondrá a ésta una multa equivalente a la que corresponda al visitado en virtud de la infracción cometida, siempre que exista negligencia, dolo o mala fe en dicha expedición, sin perjuicio de las demás sanciones que le correspondan.

CAPITULO III

Del recurso de revisión y de las reclamaciones

Artículo 121. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 122. Las entidades de acreditación y las personas acreditadas y aprobadas deberán resolver las reclamaciones que presenten los interesados, así como notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles, con copia a las dependencias competentes.

Si el afectado no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá manifestarlo por escrito ante la dependencia que corresponda, acompañando los documentos en que se apoye. La dependencia remitirá copia a quien emitió la respuesta, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles se le rinda un informe justificando su actuación.

Del análisis del informe que rinda la entidad de acreditación o las personas acreditadas y aprobadas, la dependencia competente podrá requerirle que reconsidere su actuación o en su caso procederá a aplicar las sanciones que correspondan.

De no rendirse el informe, se presumirán ciertas las manifestaciones del afectado y la dependencia procederá conforme al párrafo anterior.

Las entidades de acreditación y las personas acreditadas deberán mantener a disposición de las dependencias competentes, las reclamaciones que se les presenten.

Artículo 123. Se deroga.

Artículo 124. Se deroga.

Artículo 125. Se deroga.

Artículo 126. Se deroga.

Artículo 127. Se deroga.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrara en vigor el 1o. de agosto de 1997.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la aprobación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos.

Tercero. La aprobación y acreditamiento de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán reconocidos en los términos en los que se hayan otorgado. Para la renovación de la aprobación y acreditación y, en su caso, para el registro de tales entidades, se aplicarán las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Cuarto. En tanto se publica en el Diario Oficial de la Federación la autorización de las entidades de acreditación y entran en funciones, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tendrá a su cargo la acreditación de organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación.

Quinto. Los proyectos de normas oficiales mexicanas publicados para consulta pública con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, se ajustarán para su expedición a lo dispuesto en las disposiciones vigentes al momento en que se publicaron.

Sexto. Para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la ley, la presidencia de la Comisión Nacional de Normalización, durará un año a partir de que concluya el periodo del presidente en funciones a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto.

Séptimo. La Secretaría determinará y comunicará a las dependencias la forma en que deberá presentarse la manifestación de impacto regulatorio a que se refiere el artículo 45, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, previa opinión de la Comisión Nacional de Normalización.

Octavo. Los plazos de revisión y actualización de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas a que se refieren los artículos 51 y 51A de la ley, empezarán a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Noveno. La publicación de los procedimientos a que se refiere el artículo 73 de le ley deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. En tanto se publican tales procedimientos, las dependencias continuarán determinando el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas conforme a las disposiciones aplicables con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.

Décimo. Las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se sancionarán conforme a lo establecido al momento de su comisión, salvo que el particular opte por someterse a lo dispuesto en el presente decreto.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México D.F. a 24 de abril de 1997. Diputados: Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente; Carlota Vargas Garza, Zeferino Torreblanca Galindo, Audomaro Alba Padilla, Emma Muños Covarrubias, secretarios; Tonatiuh Bravo Padilla, Jorge Adolfo Cejudo Díaz, Carlos Chaurard Arzate, César Antonio Chávez Castillo, Netzahualcóyotl de la Vega G., Alejandro Díaz y Pérez Duarte, Marco Antonio Falcón Quijano, Raúl A. Fuentes Cárdenas, Julio Felipe García Castañeda, Guillermo Gómez Vega, Luis F. González Achem, Rafael Jacobo García, Mónica G. Leñero Alvarez, Walter A. León Montoya, Guillermo A. Lujan Peña, Ricardo Menéndez y Haces, Pedro Morales Somohano, José Noé M. Moreno Carbajal, Lauro Norzagaray N., Carlos Nuño Luna, Miguel Ortiz Jongitud, Luis Rico y Samaniego, Hugo F. Rodríguez Martínez, Gustavo Salinas Iñiguez y Alfredo Valdez Gaxiola.»

Es de primera lectura.

El diputado Carlos Chaurard Arzate (desde su curul):

Señor Presidente, para una propuesta:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del honorable Congreso, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Comercio de esta Cámara y toda vez que el dictamen que nos ocupa fue aprobado por unanimidad y suficientemente discutido en el seno de la misma comisión, atentamente le solicito pueda pasarse a segunda lectura, se le dispense la segunda lectura y se someta a discusión y a votación en este momento.

Por su trámite, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente:

De conformidad a lo solicitado por el diputado Carlos Chaurard, consulte la Secretaría a la Asamblea si de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria Gladys Merlín Castro:

Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.

El Presidente:

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, la diputada Emma Muños Covarrubias, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Emma Muños Covarrubias:

Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992. Con fecha 24 de diciembre de 1996 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a la fracción V del artículo 39 adicionandose dos últimos párrafos al artículo 51 y derogando el artículo 49 de dicha ley.

El Ejecutivo Federal remitió el pasado 18 de abril de 1997, a la colegisladora, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, turnándose la misma a las comisiones de Comercio y de Estudios Legislativos, segunda sección, para su dictamen, el cual fue presentado y aprobado por el pleno de la Cámara de Senadores en sesión celebrada el 24 de abril del presente año.

La colegisladora remitió en esa misma fecha a esta soberanía la minuta de referencia la cual fue turnada a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados para su dictamen. La Comisión de Comercio para dictaminar el proyecto de ley se reunió con funcionarios de la Secofi y recibió opiniones y observaciones de las partes interesadas a fin de recabar mayor información con respecto a la iniciativa que se dictamina.

Con base en los antecedentes citados, la Comisión de Comercio, después de haber hecho el estudio, análisis y revisión, formula el dictamen conforme a las siguientes consideraciones: la Comisión de Comercio que emite el presente dictamen, conoció los argumentos de la Secofi respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con objeto de allegarse los elementos suficientes para efectuar un análisis adecuado del proyecto de referencia.

Posteriormente se procedió a analizar el contenido de la minuta en todos sus términos particularmente en lo que se refiere a las consideraciones y enmiendas a la iniciativa expresadas en el dictamen de la colegisladora, divididos en tres apartados: antecedes, consideraciones y modificaciones a la iniciativa.

El apartado de antecedentes de la colegisladora resalta los objetivos que pretendió alcanzar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1992, particularmente en lo que corresponde a uniformar el proceso de elaboración de regulaciones obligatorias a través de normas oficiales mexicanas e incentivar la participación de la iniciativa privada en la misma.

Asimismo identifica como principales objetivos propuestos por la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el de modernizar y adecuar el marco normativo vigente, fortalecer y consolidar los procedimientos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y los mecanismos de control correspondientes, promover la elaboración de normas voluntarias, propiciar la consolidación de nuestra infraestructura técnica de normalización y obtener su reconocimiento internacional incentivando la participación privada, establecer mecanismos eficientes y confiables a nivel nacional e internacional para evaluar el cumplimiento de las normas, fortalecer la atención de foros internacionales en materia de normalización y reforzar las acciones de verificación y vigilancia por parte de la autoridad.

En el rubro de consideraciones del dictamen de la Cámara de Senadores se hace énfasis en la importancia de contar con un marco normativo y equitativo, transparente y eficiente, en el que la autoridad asuma un papel promotor de la actividad económica y se aleje de criterios intervencionistas con el fin de procurar las condiciones adecuadas para que los sectores social y privado tengan un papel preponderante en dicha actividad, lo que permitirá aumentar la capacidad competitiva de las empresas, alentar la inversión productiva y propiciar la creación de más y mejores empleos.

En este mismo rubro se indica que no obstante que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización acotó la discrecionalidad de las dependencias en la emisión y aplicación de normas oficiales mexicanas, al exigir la coordinación de aquéllas por los sectores social y privado, hoy se hace indispensable promover nuevas acciones para mejorar la calidad, seguridad y eficiencia de los procesos, bienes y servicios de la planta productiva nacional.

Finalmente, en el apartado de modificaciones a la iniciativa, se señalan 29 cambios efectuados por la colegisladora al texto remitido por el Ejecutivo Federal.

CONCLUSIONES

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que emite el presente dictamen, considera que los objetivos y acciones que se pretenden alcanzar son satisfechos con la reforma propuesta en virtud de que se fijan parámetros claros para las dependencias y particulares que participan en la elaboración de normas oficiales mexicanas, al establecer la obligación de tomar en consideración las normas internacionales y las normas mexicanas, lo que permitirá lograr el reconocimiento internacional y evitar así barreras técnicas al comercio, ya que nuestro país estará dando cumplimiento a obligaciones previstas en tratados internacionales de los que forma parte.

Consecuentemente se beneficiará a nuestros laboratorios y organismos de certificación y exportadores que no tendrán que duplicar gastos para comprobar que cumplen con las normas en México y con las normas de otros países. También se obliga a las dependencias a consultar y publicar los procedimientos para comprobar el cumplimiento con normas oficiales mexicanas y señalar alternativas en atención al nivel de riesgo o protección requerido, desde un simple aviso hasta la certificación con muestreo y pruebas de laboratorio.

Se prevé además la obligación de establecer comités de normas a fin de determinar conjuntamente con los sectores interesados la forma más eficaz y de menor costo para comprobar que se cumple con una Norma Oficial Mexicana.

Por otro lado, es importante mencionar el principio de equivalencia contenido en la propuesta del artículo 49, que permitirá a los destinatarios de las normas oficiales mexicanas obligados al uso de materiales, equipos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnología específicos, utilizar otras alternativas cuando mediante evidencia científica u objetiva suficiente comprueben que darán cumplimiento a las finalidades de la norma respectiva.

A lo anterior debe sumarse que los 29 cambios efectuados por la colegisladora a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, recogen los puntos de vista expresados en distintos momentos por los legisladores de esta Cámara de Diputados.

En virtud de lo anterior, los diputados de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, miembros de los cuatro grupos parlamentarios, decidieron aprobar unánimemente este dictamen solicitando el voto aprobatorio de todos los diputados.

Muchas gracias.

El Presidente:

Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.

Se ha inscrito para referirse al dictamen a discusión, el diputado Rafael Jacobo García.

El diputado Rafael Jacobo García:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con base en la minuta que se presentó a esta Cámara y al dictamen que se está discutiendo, aprobado por el Senado de la República y a nombre del Partido de la Revolución Democrática, vengo a presentar las observaciones a esta minuta del Senado, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Por la naturaleza estratégica que representan las actividades de metrología y normalización, deben ser realizadas por entidades de la administración pública; sin embargo, las reformas y adiciones a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización tienen un propósito contrario a este carácter público, ya que legalizan y regulan la privatización de estas actividades.

Las consideraciones de la minuta son explícitas al respecto, ya que señalan que el objetivo de esta ley es incentivar la participación de la iniciativa privada. Más adelante señala como otro objetivo, obtener reconocimiento internacional de las normas mexicanas, incentivando la participación privada. Este objetivo se reitera por tercera vez, señalando que las reformas y adiciones tienen como fin que los sectores social y privado tengan un papel preponderante en dicha actividad.

La renuncia a realizar las actividades de metrología y normalización, como función exclusivamente de carácter público, es lesivo también para algunos centros de educación e investigación superior, que con carácter de excelencia habrán contribuido en estas tareas.

Para facilitar el proceso de privatización, se establecen en el artículo 3o. una serie de conceptos que lo legalizan: uno, acreditación; décimo, norma mexicana y 17, unidad de verificación.

Adicionalmente, el reconocimiento de la unidad de verificación, tal y como se plantea en la ley, no tiene la suficiente regulación, ya que los artículos 49 y 50, por ejemplo, establecen el procedimiento de la afirmativa ficta, al que nuestro partido manifestó su rechazo en la reciente discusión de la Ley Forestal y que en este caso también se considera inconveniente.

La afirmativa ficta, que consiste en una aprobación de hecho, sin mediar algún documento oficial, introduce elementos de discrecionalidad inaceptables.

El artículo 53 señala: cuando no exista Norma Oficial Mexicana, las dependencias competentes podrían requerir que los productos o servicios a importarse, ostenten las especificaciones internacionales con que cumplen las del país de origen o, a falta de éstas, las del fabricante. Esto significaría en la práctica una pérdida relativa de soberanía, ya que segmentos muy importantes de nuestra economía pasarían a depender de regulaciones internacionales e incluso de carácter privado.

En el Capítulo VII, de los acuerdos de reconocimiento mutuo, en el artículo 87B se señala: los convenios deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, al reglamento de esta ley y, en su defecto, a los lineamientos internacionales en la materia y observar como principios que:

1o. Exista reciprocidad.

2o. Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el comercio de los productos, procesos o servicios nacionales de que se trate y

3o. Se concierten preferentemente entre instituciones y entidades de la misma naturaleza.

Como se reconoce en los considerandos y el texto mismo de la ley, las reformas y adiciones tienen el propósito de homologar internacionalmente las disposiciones de metrología y normalización.

Las experiencias recientes que nuestro país ha tenido a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos hablan de una relación en donde no existe reciprocidad ni comercio mutuamente satisfactorio y solucionar estos problemas resulta meritorio. Sin embargo este artículo se reduce al enunciamiento de buenas intenciones, ya que no señala los mecanismos para cumplir estos objetivos.

En consecuencia, el Partido de la Revolución Democrática considera que la presente minuta que contiene reformas y adiciones a la metrología y normalización, tiende más a otorgar facultades a los particulares, suprimiendo un espíritu reglamentario del carácter de observancia general que se otorga a esta soberanía y al Poder Ejecutivo Federal.

En tanto esta minuta tiene un rango equiparable al de una ley y por lo tanto su promulgación y ejecución, en término de los artículos 73 y 89 constitucionales, facultan a los poderes Legislativo y Ejecutivo Federal a velar minutas, leyes, iniciativas de carácter y de observancia general, por lo tanto la privatización de las funciones de normalización y metrología constituyen una renuncia a sus atribuciones consagradas constitucionalmente.

Por las razones expuestas, el grupo parlamentario de la Revolución Democrática en esta LVI Legislatuva, emite su voto particular en contra de la presente minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 1997. Firman este documento o este voto en particular, los diputados: Javier González Garza, Mauro González Luna, Gloria Hernández y Rafael Jacobo García.

Muchas gracias.

Pido, señor Presidente, con todo respeto, que se inserte el contenido de este voto en contra, en el Diario de los Debates.

El Presidente:

De conformidad con lo solicitado, se instruye a la Secretaría se inserte en el Diario de los Debates este voto particular.

En virtud de que no hay ningún otro diputado inscrito, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

El Presidente:

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 292 votos en pro y 17 en contra, señor Presidente.

El Presidente:

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 292 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

Para el Ejecutivo para los efectos constitucionales.

El Presidente:

Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.

REPUBLICA DE EL SALVADOR

El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:

«Escudo Nacional.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro", que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

La comisión considera cumplidos lo requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único.

Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la "Orden Nacional José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro", que le confiere el gobierno de la República de El Salvador.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 23 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ismael Orozco Loreto, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

JAPON

La secretaria Gladys Merlín Castro:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Angel Gurría Treviño, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Jaime Enrique Zabludovsky Kuper, José Luis Horcasitas y general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones en diferentes grados, que les confiere el gobierno de Japón.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Herminio Blanco Mendoza, secretario de Comercio y Fomento Industrial, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Enrique Zabludovsky Kuper, subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secofi, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de Japón.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano José Luis Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Rayos Dorados con Cinta Colgante, que le confiere el gobierno de Japón.

Artículo quinto. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente, en grado de Estrella de Oro y Plata, que le confiere el gobierno de Japón.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 17 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo y José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río Madrid, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez e Ismael Orozco Loreto.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al doctor Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al doctor Jesús Araón Kumate Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Tesoro Sagrado, en grado de Gran Banda, que le confiere el gobierno de Japón.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 17 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, José de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río Madrid, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda, Oscar Villalobos Chávez e Ismael Orozco Loreto.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 15 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como asesor en programas químicos y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Angel Centeno Jerónimo, para prestar servicios como asesor en programas químicos en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 17 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ismael Orozco Loreto, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICA DE CHILE

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para que pueda prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 16 de abril, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio prestará en la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia, serán de carácter administrativo y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Enrique Basurto Albarrán, para prestar servicios en el área administrativa de la Embajada de Chile en Wellington, Nueva Zelandia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 17 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo y J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ismael Orozco Loreto, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA

La secretaria Gladys Merlín Castro:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 10 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Gloria Flores Castillo e Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios como secretaria y chofer, en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 15 de abril, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México, serán como secretaria y chofer, respectivamente y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gloria Flores Castillo, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Israel Jorge Reyes Ruano, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Arabe Saharauí Democrática en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 18 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ismael Orozco Loreto, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

REPUBLICA ISLAMICA DE PAQUISTAN

El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:

«Escudo Nacional. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 15 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 16 de abril, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México, serán como chofer y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Daniel Martínez Muñoz, para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Islámica de Paquistán en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 18 de abril de 1997. Diputados: Saúl González Herrera, presidente; Ignacio González Rebolledo, Alejandro Zapata Perogordo, J. de Jesús Zambrano Grijalva, secretarios; Armando Ballinas Mayes, Salvador Beltrán del Río, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Eduardo Escobedo Miramontes, Ricardo García Cervantes, Juan Antonio García Villa, Luis Garfias Magaña, Leonel Godoy Rangel, Augusto Gómez Villanueva, José Mauro González Luna Mendoza, Juan Guerra Ochoa, Franciscana Krauss Velarde, Ismael Orozco Loreto, José Antonio Martínez Torres, Humberto Meza Galván, Jorge Moreno Collado, José Narro Céspedes, Eugenio Ortiz Walls, Ignacio Ovalle Fernández, Víctor Samuel Palma César, Francisco José Peniche y Bolio, Fernando Pérez Noriega, Javier Pineda y Serino, Joaquín Rodríguez Lugo, Píndaro Urióstegui Miranda y Oscar Villalobos Chávez.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron, por los dos primeros dictámenes, 218 votos en pro, 81 votos en contra; por el tercer dictamen, 246 votos en pro, 52 en contra, y por los restantes, 298 votos en pro.

El Presidente:

Aprobados los proyectos de decreto.

El secretario Luis Alberto Rico y Samaniego:

Pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada Martina Montenegro Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa.

La diputada Martina Montenegro Espinoza:

Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea:

En el ejercicio del derecho como legisladora, hago uso de esta tribuna en representación de mis compañeros de la fracción de Baja California, con la finalidad de extender una amable invitación a los integrantes de la Comisión de Energéticos, a la Comisión de Programación:

Presupuesto, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, pues, a pesar de que han transcurrido dos años y medio de la prestación y de la presentación de diversos puntos de acuerdo parlamentarios, iniciativas de ley, no se han dictaminado ni tampoco se han ejecutado.

Como es conocido de todos ustedes, la energía eléctrica es un elemento básico no sólo para impulsar el desarrollo integral del país, sino que es un factor esencial de bienestar social para la población y sobre todo, indispensable en las zonas cálidas para conservar la salud.

Los lineamientos de política energética, los más relevantes son la necesidad de hacer un uso más eficiente de la energía; el fomento de una cultura de ahorro de energía que contribuya al mismo tiempo a no deteriorar el equilibrio ecológico; garantizar la eficiencia energética; el contar con un sector eléctrico productivo eficiente, la diversificación de las fuentes energéticas primarias. Sin embargo, no existe aún lineamiento de política energética que permita equilibrar el costo por consumo obligatorio, por las álgidas temperaturas que obligan a consumir a la población, especialmente de Mexicali, San Luis Río Colorado, Sonora, en donde el pago de los recibos rebasa el salario de los trabajadores.

Estamos conscientes que la venta de energía eléctrica se rige por tarifas que fijan la junta de gobierno, con el objetivo de que se cubran las necesidades financieras y las de ampliación del servicio eléctrico y el racional consumo del mismo.

Sin embargo, nuestro país se caracteriza por la diversidad de sus regiones, no sólo en el contexto social y cultural, sino por el medio natural.

Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, presentan un clima cálido extremoso que prevalece en seis meses del verano e impone mayores niveles de consumo de electricidad para lograr un confort aceptable dentro de cada vivienda, resultado de las condiciones climáticas, generando altos consumos de electricidad y facturaciones que resultan más elevadas que en cualquier otra ciudad del país.

Por lo anterior, la ciudadanía, verano con verano, se manifiesta en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Se instrumenta opciones como el subsidio a la tarifa eléctrica que se llevó a partir de 1984; 792 mil pesos con un 50% el Estado y un 50% la Federación. En 1985, 911 mil pesos; 50% el Estado y 50% la Federación. En 1986, 2 millones 676 mil pesos; 65% el Estado y 35% la Federación.

En 1987, 2 millones 839 mil pesos; 71% el Estado y 29% la Federación. En 1988, 6 millones 761 mil pesos; el 80% el Estado y el 20% la Federación. En 1989, 11 millones 403 mil pesos; 0% el Estado y 100% la Federación. En 1990, 8 millones 254 mil pesos; 50% el Estado y 50% la Federación.

Como resultado del programa presidencial aprobado en 1990, a partir del verano de 1991 sólo el Gobierno Federal ha venido apoyando a los usuarios de MexicaliSan Luis Río Colorado, Sonora al autorizar que los descuentos en las tarifas 1E, durante los meses extremosos de verano, de junio a septiembre.

En 1991, 25 millones 880 mil pesos. En 1992, 31 millones 688 mil pesos. En 1993, 29 millones 150 mil pesos. En 1994, 35 millones 22 mil pesos.

En 1995 por instrucciones del Presidente de la República y de acuerdo a las demandas recogidas en campaña, se estableció la tarifa 1E y se aplicó el programa de apoyo a la economía familiar y de ahorro de energía para Mexicali con un costo de 62 millones de pesos.

Hasta 1989 como han ustedes escuchado, el gobierno estatal y Federal, compartieron subsidios y apoyos económicos, para reducir los precios vigentes a la tarifa.

En virtud de que con los aumentos de los energéticos y el consumo de energía aún no es suficiente y al tratarse de un problema sentido y en virtud de que se ha politizado en especial de estos días de campaña, nuestra fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de Baja California, hemos buscado muchas propuestas para apoyar este reclamo de la sociedad:

1o. Presentamos la propuesta de ampliación del programa económico emergente, para reducir el impacto social en la franja fronteriza norte de México el 12 de marzo de 1995, que le fue enviada a la Comisión de Programación y Presupuesto y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y asimismo a las secretarías correspondientes.

2o. En marzo de 1995 presentamos una iniciativa de ley, que establece las reformas impositivas, acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, con objeto de apoyar al ayuntamiento de Mexicali en el pago del consumo de energía para el alumbrado público.

3o. Presentamos un punto de acuerdo, en el que obtuvimos el apoyo de las fracciones parlamentarias, en el cual se instruye a las comisiones unidas de Energéticos y de Información, Gestoría y Quejas de esta Cámara de Diputados, para que convoquen a los funcionarios públicos de las dependencias y entidades involucradas, para analizar conjuntamente las alternativas viables que permitan una justa y definida solución al grave problema que genera la tarifa eléctrica, en un término de tiempo razonable. Se presentó en abril de 1995.

4o. El 14 de junio de 1995 ante la Comisión Permanente, se expresó la necesidad de apoyo solidario, no sólo de la fracción, sino del gobierno del Estado, para apoyar la economía de los mexicalenses en los meses de verano.

5o. El 27 de septiembre de 1995 se presentó ante esta Asamblea, un punto de acuerdo de la fracción parlamentaria de mi partido con el mismo fin antes mencionado.

6o. Posteriormente, en el Foro Nacional de la Industria Eléctrica y Fuentes Alternas de Energía que realizó la Comisión de Energía los días 5 y 6 de octubre de 1995, presentamos una ponencia para que se realice la regionalización de las tarifas de energía eléctrica, en virtud de que las tarifas obedecen a criterios nacionales, que si bien se busca otorgar la tarifa más baja quien consume menos, se convierte en un subsidio para las zonas frescas del país en un castigo a las zonas cálidas. Asimismo, presentamos en dicho foro la necesidad de subsidiar a pensionados, jubilados y mayores de 60 años, indigentes, entre otras propuestas.

7o. El 13 de octubre de 1995, celebramos reuniones de trabajo con un grupo de mexicalenses para exponer la misma problemática con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Electricidad.

8o. El 7 de diciembre de 1995, realizamos un punto de acuerdo para que el monto global de los recursos autorizados a la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio presupuestal de 1996 y en forma con junta con el gobierno del Estado de Baja California, se destinen los recursos adicionales como cantidad complementaria para cubrir el subsidio de tarifa autorizada en el periodo de mayo a octubre de 1996, en beneficio de los habitantes del municipio de Mexicali, Baja California y de San Luis Río Colorado, Sonora.

9o. El 13 de diciembre de 1995, insistimos en que se diera una solución al punto de acuerdo en favor de las familias que habitan en Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.

10. El 7 de agosto de 1996, solicitamos ante la Comisión Permanente se analizara la problemática expuesta ante la Comisión de Programación y Presupuesto, insistiendo en la necesidad de la solidaridad de todos los mexicanos para lograr una tarifa acorde con la realidad económica de las familias que en este clima inclemente tenemos hasta por seis meses, ya que la utilización de la energía eléctrica en Mexicali es una necesidad de sobrevivencia.

Por lo anterior, concluimos haciendo una excitativa para que sea considerada nuestra petición por la Comisión de Programación y Presupuesto, de Energéticos y de Gestoría y Quejas y, asimismo, agradeceremos a las mismas comisiones se realice una reunión con el gobierno del Estado de Baja California y la junta de gobierno que rige la Comisión Federal para establecer un subsidio compartido y dar una solución definitiva al urgente problema de las tarifas eléctricas.

Señor Presidente, agradeceré a usted enviar a las comisiones mencionadas nuestra excitativa y nuestro punto de acuerdo. Firman los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional de Baja California.

Compañeras y compañeros diputados: la satisfacción de haber cumplido con un deber sólo se equipara a la seguridad de haber realizado nuestro trabajo de manera honesta, responsable y leal. A nuestros principios y convicciones, así como interpretar el mandato encomendado por una sociedad plural cada vez más exigente e informada, con esta participación cierro un capítulo de mi existencia profesional y representativa; capítulo lleno de retos, realizaciones, sueños que enriquecieron mi espíritu y me dotaron de fortaleza.

Lo anterior, gracias a las muestras de afecto y solidaridad de la gran mayoría de los integrantes de esta LVI Legislatura, pero en especial de mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, a la confianza que nos brindó el diputado Humberto Roque Villanueva y el hoy diputado Juan José Osorio Palacios y a la coordinadora del sector popular, diputada Rosario Guerra, quienes con su liderazgo nos permitió unir nuestros propósitos, lograr reconstruir un todo fusionado por el deseo de lograr un México mejor.

Vaya nuestro profundo agradecimiento a todos sin excepción, por compartir esta tarea legislativa; a la oposición, porque con sus propuestas nos permitieron reflexionar y a mis compañeros de bancada porque compartimos la responsabilidad en el momento que el país más lo necesitaba; a los ciudadanos del I distrito electoral de Baja California, que me permitieron ser su voz en esta tribuna y expresar su legítima voluntad, consciente y activa, que compromete los aciertos y desaciertos como ser humano. Hoy, al final este ciclo veo cumplidos algunos de los compromisos recogidos en campaña política.

Sin embargo, estoy consciente de que muchos quedaron sin lograrlo por la circunstancias y contradicciones que se presentaron. Pero nunca debido a la inconsistencia política.

Sólo me resta expresar mi agradecimiento y de nueva cuenta exhortar a todos y cada uno de ustedes a seguir luchando por el bienestar social de los mexicanos, fortaleciendo a nuestra sociedad y su desarrollo, porque estoy segura que cada uno de los integrantes de la LVI Legislatura, seguiremos luchando por conseguir la justa y sana medida de la democracia, la equidad y el bienestar.

Muchas gracias.

El Presidente:

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la presente solicitud a las comisiones unidas de Energéticos, Gestoría y Quejas y Programación y Presupuesto.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente:

Tiene la palabra la diputada María Teresa Gómez Mont, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:

El 13 de noviembre del año pasado un grupo de legisladores de Acción Nacional, en voz de la diputada María Elena Alvarez de Vicencio, presentaron ante este pleno una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, tendiente a apoyar a las mujeres trabajadoras reconociéndoles plena igualdad jurídica.

Seguramente ustedes recordarán dicha iniciativa de reforma que recogía muchas de las demandas de las mujeres de México, que se habían formulado repetidas veces en distintos y variados foros, incluso hasta de orden internacional.

Temas tendientes a hacer realidad la igualdad de la mujer para con el hombre, que se consagra en la Constitución y que de derecho presenta una conquista de suma importancia para las mexicanas. Pero que desgraciadamente de hecho aún quedan aspectos importantes de cumplir y de plasmar en otras leyes secundarias y acabarían con la discriminación de que es objeto la mujer trabajadora o que aspira a serlo, cuando tiene que cumplir con requisitos como un certificado médico de no gravidez o de ser víctima de hostigamiento, viéndose obligada a dejar el empleo.

Estos y otros importantes más, de igual manera, se tratan de rescatar en la iniciativa de referencia y sin embargo ni aun por su importancia y demanda social ni porque responde cabalmente al compromiso establecido en el Programa de la Mujer 19952000, denominada "Alianza para la Igualdad", la Comisión de Trabajo y Previsión Social ha dictaminado a la fecha.

Se ha hablado aquí de un rezago impresionante del trabajo legislativo; se han dado cifras que muestran de manera concreta y alarmante la pasividad de esta Cámara; se ha dicho ya que lejos de dar seriedad y cumplimiento a la facultad de los miembros de esta Asamblea que establece el artículo 71 constitucional, nos hemos convertido en una caja de resonancia que tan sólo nos interesa el Poder Ejecutivo, por lo que no abundaré más en el tema por resultar repetitivo.

Sin embargo, es preciso dejar claro ante el pueblo de México, que por mandato constitucional representamos, que los diputados de Acción Nacional hemos cumplido hasta donde dichas facultades nos permiten: presentar las iniciativas que recojan las prioridades que los mexicanos reclaman.

En este caso muy especial quiero agregar que no hubo voluntad política para dar respuesta a esas necesidades de las mujeres que como trabajadoras están dando el mayor de sus esfuerzos a México, para salir adelante en lo individual y como parte de una sociedad que cada día se requiere más participativa.

No hubo, pues, en estos meses, voluntad para dictaminar dicha iniciativa; ¿o será que porque fueron diputados de Acción Nacional quienes la presentaron, por lo que no se hizo el dictamen? Porque a propósito, tampoco ha habido respuesta al trámite que para rezonificación del tabulador de los salarios mínimos en el Estado de Quintana Roo, hiciera el diputado Raúl Ríos en septiembre del año pasado, trámite turnado a la misma comisión.

Señor Presidente: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción XVI y 27 inciso M del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted de la manera más atenta, excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la que en su oportunidad se le turnó la iniciativa en comento y cumpla con lo establecido en el artículo 87 del mencionado Reglamento.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Para el mismo tema. el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace apenas unas semanas en esta tribuna nos referimos a la problemática que enfrentan miles de mujeres trabajadoras de las empresas maquiladoras en Tijuana. En esa ocasión, uno de los aspectos que más destacamos, fue el que se refiere a los riesgos de salud que sufren esas obreras en sus lugares de trabajo.

A través de la prensa nos hemos enterado que a principios de la semana pasada, 107 mujeres tijuanenses de la maquiladora Ho Chun Electronics, de capital coreano, se intoxicaron por inhalar solventes. La misma nota informativa señala que la empresa maquiladora fue clausurada en un 80% de sus instalaciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.

De acuerdo a información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del gobierno de Baja California, la empresa no dio aviso del comienzo de sus operaciones a las autoridades laborales del Estado ni integró una comisión de higiene en el trabajo, como lo establece la ley.

Además en el dictamen elaborado por inspectores de la dependencia, se señala que cometieron irregularidades técnicas que arriesgaron la salud de las empleadas.

Esta empresa maquiladora podría ser multada hasta por 300 salarios mínimos por exponer a sus trabajadoras a estos riesgos, indica la nota informativa.

En esta ocasión reiteramos la solicitud de que las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Gestoría y Quejas, de Vivienda, de Asentamientos Humanos y Asuntos Fronterizos, apoyen y den seguimiento a la problemática que enfrentan las trabajadoras de las maquiladoras.

El caso aquí descrito nos confirma que deben tomarse acciones entre los tres niveles de gobierno, las maquiladoras y sus trabajadoras, para que estas empresas ofrezcan condiciones de trabajo seguras que cumplan con los ordenamientos legales.

La salud y la vida de las obreras y obreros de México, deben ser salvaguardadas por sus autoridades.

Tijuana, como México, brindan condiciones adecuadas para que los capitales extranjeros vengan a invertir, abran empresas y ofrezcan fuentes de empleo. Bienvenidas esas inversiones siempre y cuando nuestro capital humano no se ponga en riesgo.

Por necesidades urgentes de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras de Tijuana, solicito que intervengan en este asunto las comisiones a las que hemos solicitado lo hagan a favor de las mujeres de Tijuana.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se toma nota.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta (desde su curul):

Señor Presidente, para el mismo tema.

El Presidente:

Estamos en excitativas, diputada.

LEY FEDERAL DE COMUNICACION SOCIAL. LEY DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Radio, Televisión y Cinematografía.

El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid (desde su curul):

¡Señor Presidente!

El Presidente:

Dígame.

El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid (desde su curul):

¡Una moción!

El Presidente:

¿Con qué objeto?

El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid (desde su curul):

Estamos en el tema de iniciativas.

El Presidente:

Porque pidió la palabra para el mismo tema.

El diputado Salvador Beltrán del Río Madrid (desde su curul):

Habló de las maquiladoras...

El Presidente:

¡Nos engañó el compañero Jaime Martínez Veloz! ¡Es responsabilidad del diputado, él pidió para el mismo tema!

Continúe, diputado.

El diputado Rafael Ayala López:

Muchas gracias, señor Presidente:

O sea que estamos ya al final de los trabajos y todavía seguimos con los "albazos".

Compañeras y compañeros legisladores: a nombre de los diputados de los grupos parlamentarios que integramos la comisión especial y la comisión paritaria de Medios de Comunicación, quienes suscribimos la iniciativa de Ley Federal de Comunicación Social y la de reformas a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, vengo a solicitar al señor Presidente de esta Cámara se formule una excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía, para que dictaminen, en los términos legales prescritos en los artículos 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las iniciativas a que he hecho mención y que les fueran turnadas el 22 de abril de 1997, haciéndolo para el efecto bajo las siguientes consideraciones.

El 28 de enero de 1995 este pleno de la Cámara de Diputados otorgó un mandato a una comisión especial de Medios de Comunicación para que consultara a la ciudadanía y recogiera opiniones, con el fin de hacer efectivas y perfeccionar la salvaguarda de la libertad de expresión, garantizar el derecho a la información y adecuar el marco jurídico a las transformaciones tecnológicas ocurridas en el ámbito de la información.

Acorde con este mandato se estableció una comisión paritaria integrada por representantes de todos los partidos políticos que componen esta Cámara, misma que funcionó por absoluto consenso hasta el momento en que posteriormente señalaremos.

Hoy es del todo urgente y conveniente que los diputados integrantes de esta LVI Legislatura, le entreguemos al pueblo de México el fruto del compromiso que asumimos aquel 28 de enero de 1995, en el sentido de otorgar a la nación un nuevo marco jurídico que garantice y perfeccione los derechos constitucionales de expresión, de escribir, de publicar y del derecho a la información.

Esta esperanza que se le generó al pueblo de México se abrió cuando se emite la convocatoria pública, suscrita por los coordinadores de los cuatro grupos parlamentarios que componen esta Cámara: PRI, PAN, PRD y PT, convocatoria donde expresamente se invitó a los ciudadanos, a los trabajadores y empresarios de los medios, académicos e investigadores, servidores públicos, legisladores, organizaciones sociales, instituciones educativas y partidos políticos, a quienes solicitamos análisis, diagnóstico y propuesta de modificación al marco legal vigente en las materias que se han mencionado y específicamente en seis temas:

Estado, sociedad y medios de comunicación; medios electrónicos; programación; agencias noticiosas y publicidad; propiedad intelectual y derechos de autor y espectáculos; espacios culturales y recreativos, haciendo un especial énfasis en el apartado de la comunicación social y la reforma política del Estado.

La expectativa fue enorme y la respuesta generosa, pues en 10 foros regionales participaron 694 personas, con 2 mil 908 ponencias, de las cuales el 57.06% de las aportaciones, incluyendo 1 mil 952 propuestas concretas, se refirieron a la materia de la iniciativa de ley que se solicita dictaminar.

Todo ello con independencia de las audiencias públicas y privadas realizadas con representantes de medios investigadores especializados, comunicadores y grupos interesados.

En la exposición de motivos se detalla el trabajo silencioso y constante de la comisión paritaria que aportó energía, tiempo y recursos de esta Cámara para obtener el resultado que se plasma en la iniciativa.

Es claro, señoras y señores legisladores, que generamos una esperanza a los ciudadanos mexicanos y que hoy está a punto de sufrir una terrible decepción.

En efecto, la negativa de los diputados priístas a compartir esta iniciativa, que contiene muchas de las cosas que a ellos les consta se recibieron, además de ideas aportadas por ellos mismos, parece revelar que la decisión de no suscribirla deriva más de una cerrada y obtusa intención política, pues al no cambiar las cosas en el control a los medios, incluyendo la no clarificación del derecho a la información, lo que le significaría desmontar el poder político que ejerce el sistema emanado del PRI en nuestro país, están desperdiciando una oportunidad de oro.

Ya ha sido puesto en conocimiento de la opinión pública, a través de los medios, los hechos de las variaciones de los diputados priístas en la comisión y también el señalamiento al Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, de haber interferido en la soberanía de este Poder Legislativo, al marcarles línea para no suscribir esta importante iniciativa que otorga reales beneficios al pueblo de México, situación ésta que fuera señalada en conferencia de prensa el propio 22 de abril por la mañana y que ofrecimos miembros de la comisión y partidos, quienes suscribimos estas iniciativas.

No creemos sostenible el argumento que expresó en algún momento el Secretario de Gobernación, en el sentido de que más vale correr los riesgos de la libertad de expresión que reglamentarla. Como si no supiéramos que la libertad de palabra y la de prensa están reglamentadas en la Ley de Imprenta, expedida por Venustiano Carranza en 1917, lo que después de 80 años y por simple y elemental lógica, bastaría para abocarnos a la tarea de modernizarla.

No es tampoco argumento válido no sólo para quienes suscribimos esta iniciativa, sino para el pueblo, el que se diga en forma ligera que los priístas se apartan de este proyecto de ley porque se trata de una nueva intentona de aprobar una nueva "ley mordaza"; esta afirmación es falsa. Analicemos pues algunos puntos de la iniciativa.

Por ejemplo, en el artículo 2o. de la propuesta de Ley Federal de Medios de Comunicación, la presente ley dice: "Este artículo 2o. tendrá como objeto:

1o. Establecer las normas jurídicas que regulen la relación existente entre el emisor, la naturaleza de los mensajes, los medios de información y los receptores, a fin de determinar y preservar las libertades.

2o. Contribuir al esparcimiento y recreación de la persona, la familia: la sociedad en general; y

3o. Promover el respeto a los principales valores sociales, el lenguaje y el respeto a todos los individuos, con especial atención a los mensajes dirigidos a la infancia."

El artículo 8o. del proyecto, con relación a la libertad de expresión, sigue diciendo:

"De conformidad por lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en los artículos 19 y 20 y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 11, 13 y 14, que esta ley establece que:

Fracción I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

Fracción II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda clase, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Fracción III. El ejercicio del derecho previsto en el inciso anterior no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, entraña deberes y responsabilidades y, por consiguiente, está sujeto a las restricciones establecidas en este ordenamiento, necesarias para asegurar el respeto a los derecho o a la vida privada, la reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Fracción IV. No se restringirá el derecho de expresión por cualquier vía encaminada a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Fracción V. Queda prohibida toda apología en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia contra cualquier persona o grupos de personas y por ningún motivo, inclusive, los de raza, color, religión, sexo, idioma u origen nacional.

Artículo 9o. del proyecto. No se puede ejercer censura previa, exigir garantía o coartar la libertad de expresión a persona alguna.

Artículo 10. La libertad de expresión no tiene más límite que el respeto a la vida privada, la moral y la paz y el orden público. Cualquier afectado podrá ejercer el derecho de réplica o al procedimiento administrativo previsto en esta ley.

Artículo 11 del proyecto relativo al derecho a la información. Todos los individuos tienen garantizado la libertad de expresión y el derecho a la información, ninguna persona pública o privada puede restringir estas prerrogativas.

Artículo 12 del proyecto. El derecho a la información se sustentará en:

a) La necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno y de organismos no gubernamentales.

b) El derecho de las personas para salvaguardar y defender su vida privada y sus intereses frente al uso indebido de la información.

c) El derecho al respeto de la honra de cualquier persona y al reconocimiento de la dignidad; la salvaguarda al individuo de no ser objeto de injerencias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia ni ataques ilegales a su reputación.

Los medios de comunicación social deberán realizar sus funciones sin presentar imágenes, textos o conceptos distorsionados que atenten en contra de la dignidad de cualquier individuo, de la mujer o de los menores. El derecho que tienen las comunidades indígenas y quienes interactúan en ellas de comunicarse a través de los idiomas o dialectos tradicionalmente propios.

Artículo 14. Toda persona tiene derecho a acceder a la información pública salvo aquella considerada como secreta reservada o nominativa.

Artículo 15. Se considera contrario el ejercicio del derecho a la información de cualquier acto u omisión que se relacione con los casos siguientes: se oculte o se deje de proporcionar información de interés público proveniente de alguna entidad o dependencia gubernamental, cuando ésta no haya sido previamente considerada como reservada, secreta o nominativa en los términos de esta ley; cuando se ataque el derecho a la privacidad de la persona, su intimidad o su honor, le impida el derecho de réplica o rectificación, de conformidad con lo previsto en este ordenamiento y cuando se manipule la información o esta carezca de oportunidad, veracidad u objetividad.

Respecto del derecho de réplica, en el artículo 36 del proyecto se considera que, toda persona física o moral que se considera afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de comunicación social, tiene derecho a presentar ante el mismo órgano de difusión su rectificación o propuesta y quizá uno de los contenidos más ricos de esta iniciativa de ley es la relativa a la Comisión Nacional de Comunicación Social, que se prevé en el artículo 40, establece se crea la Comisión Nacional de Comunicación Social, organismo autónomo de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objeto será la protección, observancia y promoción del derecho a la información y a la libertad de expresión.

Y me remito directamente a dos transitorios que señalan: cuarto transitorio. Se deroga el Reglamento de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas publicado el 13 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación y el sexto transitorio, señala: que el registro de publicaciones a cargo de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, así como el de concesionarios y permisionarios de Radio y TV, serán transferidos a la Comisión Nacional de Comunicación Social.

De este sucinto vistazo de temas trascendentes de la iniciativa a que he hecho mención, no existe, señoras y señores legisladores, no existe, no se infiere, no se observa ni en su letra ni en su espíritu disposición alguna que amenace o que paresca amenazar las libertades de expresión o de publicación; hay, eso sí, puntualización, modalidades, figuras que aclaran y refrendan el derecho de las personas a su intimidad, la real protección de la paz y de la moral pública; se ratifica la inviolabilidad del domicilio, la protección a las mujeres, a los niños y a las etnias; se aprecian garantías reales a los propietarios y trabajadores de medios, se crea un órgano regulador que arbitre en los medios con participación del Estado, pero sin que sea exclusiva su presencia y se le quita a la Secretaría de Gobernación la competencia para manejar discrecionalmente la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.

Un singular avance es todo lo relativo a la reglamentación del derecho a la información que puntualiza y desdobla el efectivo y real ejercicio de este derecho de los ciudadanos, frente y con cargo al Estado y nos preguntamos, ¿dónde pues siquiera un atisbo de leymordaza que afecte o amenace a ciudadanos, a comunicadores o propietarios de medios?

Acaba, eso sí, con monopolios, con manipulación, con la selectividad y la censura que el Gobierno Federal ha ejercido sobre los medios, sobre todo en lo que hace a la protección de la figura presidencial.

¿Será, pues, que los compañeros legisladores priístas se negaron a firmar esta iniciativa deseando proteger intereses de grupos sobre los intereses nacionales atendiendo aquella máxima de que: información es poder?

¿Acaso piensan que marginándose de esta iniciativa de ley el pueblo les creerá que lo hacen porque abanderan por honestidad la libertad de expresión? No, compañeros legisladores del PRI, no hay nada en el proyecto que amenace la libertad de expresión, los ciudadanos y el gremio de periodistas pueden estar tan seguros de ello que bastará revisar con honestidad las citadas iniciativas.

Señor Presidente, haciendo uso de mi derecho del 103 reglamentario, solicito se extienda mi tiempo 15 minutos más.

El Presidente:

Adelante, señor diputado.

El diputado Rafael Ayala López:

Gracias, señor Presidente:

Quiero dar lectura a la parte relativa de una comunicación fechada el 23 de abril de 1997, que suscribe el doctor Luis de la Barrera Solórzano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que a la letra se lee:

"Licenciada María Teresa Gómez Mont y Urueta, diputada federal. Grupo parlamentario del PAN.

Distinguida diputada Gómez Mont: he leído con detenimiento el proyecto de Ley de Comunicación Social, que tuvo la gentileza de enviarme. Ante todo, considero que es necesaria la reglamentación de los artículos 6o. y 7o. constitucionales para que la libertad de expresión y el derecho a la información se ejerzan plenamente, sin menoscabo de los derechos de terceros.

Ello contribuiría a encontrar el camino para construir una sociedad plural y democrática.

Es muy importante la reafirmación de la disposición constitucional que obliga al Estado a garantizar el ejercicio de esos derechos, así como la prohibición absoluta de cualquier, toda censura previa (sic).

Un acierto de la propuesta estriba en el reconocimiento pleno del derecho a la información que obliga a los gobernantes a actuar con transparencia y a comunicar y a explicar a la sociedad sus decisiones y a los medios de comunicación a informar con veracidad.

La creación de la Comisión Nacional de Comunicación Social favorecería sin duda el mejor ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión. Para que esto se cumpla cabalmente, sería imprescindible que la institución ejerciera sus funciones con imparcialidad y autonomía, valores que deberán garantizarse expresamente en la ley, pero que se alcanzarán sólo a través del esfuerzo cotidiano de la comisión."

-Sigue diciendo el doctor de la Barrera- : "a su vez, el reconocimiento del derecho de réplica es un acto de justicia que permitiría aclarar, refutar o complementar cualquier información o datos al público en general. En particular, otorgaría a quienes se sienten agraviados con esa información, la posibilidad de defenderse en condiciones de igualdad o en condiciones menos desiguales de las acusaciones de que han sido objeto.

Hasta ahora, quienes son víctimas de injurias a través de los medios de comunicación no cuentan con un mecanismo que garantice su derecho a la defensa". Hasta aquí la cita de la misiva del doctor de la Barrera y esta carta queda a disposición para quienes deseen consultarla.

Reconocemos, señoras y señores legisladores, que toda iniciativa es perfectible o es rechazable. Vayamos al seno de las comisiones a que ha sido turnada la iniciativa, aclarando que también debió haberse turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, ya que contiene materia de su competencia. Pero vayamos a comisiones, señores diputados del PRI, discutamos y propongamos lo conducente, hagámoslo de frente a nuestra responsabilidad como representantes de la nación, del pueblo al que nos debemos, no eludan el deber moral de darle a México la oportunidad de tener más y mejores derechos; no retrasen la historia y no violen la ley al no dictaminar en los plazos legales.

Démosle la dignidad que merece el Poder Legislativo Federal, usen su mayoría parlamentaria para el bien de la sociedad y no para intereses de grupo. Demuestren con hechos que el autoritarismo presidencial es cosa auténticamente del pasado, pero del pasado auténtico no del pasado 21 de abril.

Aprovechando el espacio para esta excitativa, ruego a usted, señor Presidente, se haga extensiva a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para que dictamine la iniciativa de reformas a la Ley de Radio, Televisión y Cinematografía, que le fuera turnada en la misma fecha.

Por todas estas consideraciones y fundamentos invocados, ruego a usted, señor Presidente, formular la excitativa solicitada y que aquí se ha diseñado.

Están las firmas de diputados de los tres partidos que hemos suscrito las iniciativas en cuestión.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicación Social.

¿Con qué objeto, señor?, ésta es una excitativa. Mismo tema. Adelante, señor diputado.

El diputado Claudio Manuel Coello Herrera:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados:

Hasta el día de hoy, después de muchos esfuerzos y recursos, tiempo y dinero empleado en la organización de foros de consulta, reuniones de trabajo, conferencias magistrales y un sinfín de intercambios de opinión y consultas, tres grupos parlamentarios, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, han presentado las siguientes iniciativas: la iniciativa de ley que crea la Ley Federal de Comunicación Social, reglamentaria de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República, en Materia de Libertad de Expresión y Derecho de Información, que abroga la Ley de Imprenta del 9 de abril de 1917; la iniciativa de ley que reforma la Ley Federal de Radio y Televisión y un punto de acuerdo para la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el salario de los trabajadores de los medios de comunicación.

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Es menester comentar que sobre estas iniciativas se trabajó de manera conjunta en una comisión especial, integrada por diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de esta LVI Legislatura.

Como es conocido de todos, a últimas fechas el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, le pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que no participaran en la presentación de las iniciativas, rompiendo el compromiso adquirido por el Presidente de la República dentro de la Reforma del Estado, situación que resulta injusta, pues ellos, junto con los diputados de los otros partidos, se comprometieron de igual manera con aquellas personas y grupos participantes en las consultas y en las audiencias públicas y privadas.

Sin el voto de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, muy probablemente las iniciativas no serán aprobadas, por lo que nosotros estaremos dispuestos a continuar en esta brega por mejorar, actualizar y rescatar los derechos fundamentales, establecidos en diversos ordenamientos internacionales.

La normatividad del derecho de comunicación en sus conceptos fundamentales, cuenta en México con el respaldo del marco internacional establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en sus artículos 12, 19 y 29; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 19 de diciembre de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, del 2 de noviembre de 1969. Estos dos últimos instrumentos legales fueron ratificados por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República.

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1948, retoma estos temas en sus artículos 4o., 5o. y 28.

Lamentablemente y para vergüenza de los mexicanos, el derecho a la información, aunque está contemplado en el artículo 6o. constitucional, no está reglamentado, por lo que este derecho tan valioso persiste casi nulo.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la OEA, de 1969, amplía los derechos antes mencionados al derecho a la privacidad y el derecho a réplica, los cuales solamente están reglamentados para la prensa escrita, no así para los medios electrónicos.

Vale la pena recordar que tanto en 1980 como en 1983, los intentos de reforma fueron rechazados y hoy estamos por tercera ocasión ante la misma amenaza, con la diferencia que esta vez todos los partidos políticos, exceptuando el PRI, sí han presentado iniciativas.

La importancia de dictaminar estas iniciativas se funda en las necesidades expresadas por los ciudadanos mexicanos participantes en los eventos mencionados con anterioridad.

La sociedad ha hablado; México ha hablado. No podemos mantener una legislación tan atrasada como fuera de contexto, ajena a la modernidad que nos ha tocado vivir, ajena al desarrollo social, político y tecnológico. La sociedad reclama cambios acordes a su tiempo, que mejoren sus relaciones por lo que nuestro deber es dictaminar.

«Por esos motivos y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior de esta Cámara, nos permitimos presentar el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

1o. Un grupo de diputados de los grupos parlamentarios firmantes presentará formal denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, por la sistemática negativa del Gobierno mexicano de legislar en esta materia.

2o. Los diputados de los grupos parlamentarios signantes se comprometen a trabajar en comisiones hasta el último día de su gestión, para dictaminar sobre estas iniciativas.

México, D.F., a 28 de abril de 1997. Firman los diputados: Ricardo García Cervantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; María Teresa Gómez Mont, Ana Lilia Cepeda Ponce de León, por la paritaria de la Comisión Especial de Comunicación Social; Rafael Ayala, José Narro Céspedes, María del Carmen Segura Rangel, Martha Patricia Mendoza, Martín Hernández, Arturo Quiroz y Claudio Coello.»

Muchas gracias.

El Presidente:

De igual manera túrnese a las comisiones antes mencionadas.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LEY ADUANERA Y CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Rafael Díaz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Rafael Díaz Chávez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Señor Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 21 fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, le solicitamos se sirva dirigir esta excitativa a la Comisión de Hacienda, a fin de dictaminar la iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario en fecha 12 de noviembre de 1996, relativa a la reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación.

Presentamos dicha iniciativa porque sabemos que la frontera norte ha sido catalogada como el polo de desarrollo más dinámico de México y, en efecto, en la región limítrofe de esta patria se han dado una serie de eventos que han transformado la forma de vivir del mexicano.

Estamos conscientes que en la frontera existe un atractivo que nos ha convertido en región imán, porque ahí se le da abrigo y esperanza a muchos mexicanos que vienen en busca de superación personal pretendiendo encontrar su objetivo ahí.

No obstante lo anterior, existen elementos que han dificultado el crecimiento de las regiones fronterizas, la economía estatal y el desarrollo paralelo de los servicios y obras públicas, ocasionando perjuicios al desarrollo social, al bienestar de la población.

En nuestra República Mexicana una gran cantidad de nuestros municipios fronterizos son afectados y divididos territorialmente por algunas garitas de revisión aduanal. Un claro ejemplo de la situación en que viven muchos de nuestros municipios fronterizos lo constituyen las ciudades de Valle Hermoso, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, éstos en el Estado de Tamaulipas; Ciudad Juárez, en Chihuahua, entre otros, los cuales territorialmente comprenden más de 20 kilómetros en línea recta con la frontera de Estados Unidos.

Dichas aduanas constituyen un obstáculo para el desarrollo económico de los municipios fronterizos y para el libre tránsito vehícular, pues impiden el paso a los agricultores que tienen sus tierras fuera de los límites de las garitas aduanales. Además, afecta a la industria maquiladora, las cuales prestan servicio de transporte gratuito a sus empleados.

No omitimos comentar que con la aprobación de esta iniciativa de ley se lograría la delimitación de una verdadera franja fronteriza, formada por todos los municipios fronterizos, entendiéndose como tales todos aquellos que colindan al norte como al sur del país, en los cuales se aplicaría el 10% del impuesto al valor agregado, además de permitirse el libre tránsito de vehículos de procedencia extranjera, en la totalidad del territorio de los mismos, apoyando con esto a los ciudadanos de escasos recursos.

Existen ejemplos muy significativos a nivel mundial de los importantes beneficios que se obtienen al apoyar en forma especial a las regiones fronterizas en términos de cooperación transfronteriza, oportunidades de inversión, optimización de condiciones para un mejor intercambio, compensación de situaciones adversas, derivadas de la lejanía del centro, entre otras; tal es el caso de la Unión Europea.

Con todo lo anterior, Acción Nacional busca a través de la presente iniciativa que los municipios fronterizos de México estén en óptimas condiciones para continuar su desarrollo económico con el mayor bienestar social.

Por lo expuesto, la fracción parlamentaria de mi partido, atentamente solicita a usted, señor Presidente, elevar la consiguiente excitativa, a efecto de que se dictamine la iniciativa presentada por Acción Nacional, con fecha 12 de noviembre de 1996 y que he mencionado al principio de mi intervención.

Salón de sesiones, a 28 de abril de 1997. Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la Unión.

Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones de Asuntos Fronterizos, de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pérez Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Salud.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: El hombre habla para expresarse, comunicarse con los otros y para, mediante el diálogo, relacionarse. En efecto, la palabra es la más acabada proyección de la persona, de su pensamiento, de sus sentimientos y sus decisiones.

Por eso hoy, con todo respeto hago uso de la palabra para hacerles partícipes de mis pensamientos y sentimientos en torno a un hecho que conmovió a la opinión pública de Guadalajara, acaecido en el mes de abril de 1995.

Se han cumplido dos años de los hechos ocurridos en el quirófano número 2 del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde cinco niños fueron sometidos a procedimientos quirúrgicoanestésicos entre el 3 y el 6 de abril; cuatro de ellos murieron entre el día 7 y el día 14 del mismo mes.

Una niña, que en ese tiempo tenía tres años de edad, Denice Adriana Castellanos, logró sobrevivir.

El día 18 de abril, los cuatro partidos representados en esta Cámara, firmamos un punto de acuerdo para que las comisiones de Salud y Seguridad Social se abocaran a la investigación de estos lamentables hechos. Aquí se inició el silencio y aunque estos hechos eran trascendentes, porque se trataba de vidas humanas estas comisiones, de Salud y de Seguridad Social, hicieron caso omiso del punto de acuerdo referido, faltando no sólo a su obligación, sino a los más elementales principios de la ética. Porque yo pregunto: ¿de qué vale ser representantes populares si no somos capaces de defender la vida humana?

El día 27 del mismo mes presentamos una excitativa a las comisiones antes señaladas, para motivar la investigación del asunto y a la brevedad se convocara a sus integrantes para que se nombrara una comisión que se dedicara a investigar los elementos de los sucesos de referencia y se rindiera un informe exhaustivo a este pleno, donde se buscara la verdad, pero la verdad probada, no la verdad deseada ni mucho menos la verdad manipulada.

El 3 de mayo por fin quedó integrada la comisión por dos diputados del Partido Revolucionario Institucional, dos diputados del Partido de la Revolución Democrática, un diputado del Partido del Trabajo y dos diputados del Partido Acción Nacional.

La superficial explicación sobre la bacteria maligna que presentaron las autoridades del Seguro Social, ofenden la inteligencia de las personas, ya que dicha explicación sólo dejó satisfechas a las propias autoridades, pero no así a la sociedad, no así a la comunidad médicocientífica ni mucho menos a los familiares de los niños fallecidos.

Por su parte, la comisión interinstitucional que se integró por el Colegio de Anestesiólogos, la Asociación de Anestesiólogos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Salud del Congreso del Estado, la Secretaría de Salud del Estado y la Procuraduría General de Justicia, todas del Estado de Jalisco, cada vez que emitían un informe, establecían una causa diferente, a lo que como mencionábamos en alguna ocasión, cuando para una misma enfermedad existen varios remedios, la enfermedad no tiene remedio.

Como las comisiones de esta Cámara seguían en su pasividad, sin investigar los hechos narrados, ya que sólo habíamos recibido una invitación para acudir el día 23 de mayo con el doctor Luis Mario Villafaña, coordinador de servicios de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social y ante lo absurdo de iniciar una investigación con el funcionario antes señalado, en vez de hacerlo en el lugar de los hechos como había sido acordado previamente, el día 16 de agosto en la Comisión Permanente, presentamos de nuevo otra excitativa, urgiendo a las comisiones multicitadas, para que se llevara a cabo una investigación totalmente apegada a la verdad, ya que hasta ese día, existía todavía más confusión, debido a las diversas explicaciones, poco congruentes unas, torpes otras y descaradas y sospechosas las más.

A los familiares de los niños se les ha tratado cruelmente, pues hasta la fecha ninguno de ellos ha sido informado de cuál fue a ciencia cierta la causa que provocó esta tragedia. A la niña sobreviviente, Denice Castellanos, no se le ha resuelto su problema quirúrgico, aun cuando esto debería haber sucedido hace mucho tiempo, ya que la patología que originó todo esto, es una luxación congénita de cadera.

Los familiares de Denice exigen que el Seguro Social se haga cargo de ella, como se había acordado. El silencio guardado y la indiferencia hacia los familiares de estos niños, en algunos casos nos ha acercado a la complicidad y en otros a la ignorancia. Porque no es posible que la comisión integrada para investigar los hechos en esta Cámara, sólo se haya concretado a recibir informes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El 27 de septiembre de 1995, por fin nos reunimos los integrantes de la subcomisión y acordamos trasladarnos a la ciudad de Guadalajara, por lo que el día 5 de octubre se les comunicó por escrito a los citados miembros, los cuales firmaron de recibido y enterados de que el viaje sería el 19, 20 y 21 de octubre. Dicho viaje no se realizó porque pretextando razones diversas, los diputados no estaban en condiciones de realizarlo, aun cuando ya estaban tramitados el pasaje y viáticos. De estas constancias dejo copia a la Presidencia para los efectos a que haya lugar.

Ahora, a dos años de distancia ¡aunque usted no lo crea!, la comisión integrada no tiene ninguna investigación del caso. Debemos entender que la actitud asumida, lejos de beneficiar al Instituto Mexicano del Seguro Social daña su imagen, daña la imagen de este Congreso, daña la imagen de Jalisco y daña la imagen de todo México.

Nosotros no podemos seguirnos vanagloriando de que hemos cumplido nuestro papel, cuando más allá de este recinto existe la injusticia, el hambre, la indiferencia y el desprecio a la enfermedad y a la muerte. Porque muchos de los aquí presentes, en aras de ganar elecciones, han defendido causas injustas, han perdido credibilidad y han ganado el desprecio del pueblo de México.

Ruego a usted, señor Presidente, se turne la presente excitativa a las comisiones unidas de Seguridad Social y Salud, para efecto de que dichas comisiones determinen lo procedente.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Iván Audry Sánchez, para el mismo tema.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Soy partícipe de los sentimientos que expresó aquí el compañero diputado que me precedió, en relación a la muerte de estos niños en Guadalajara.

Cierto es que se formó una comisión de la cual yo fui integrante y se hizo una investigación desde nuestro punto de vista muy minuciosa. Se dio diagnóstico, de los cinco fallecieron cuatro, se mencionó la bacteria causante del género accinetobacter; se aisló en el caso de la niña Denice, la prueba está que se salvó siendo tratada con antibióticos. Para nosotros no hay ninguna duda que la causa de la muerte fue esta bacteria.

Pero no sólo ello, sino que se envió al Procurador General de la República, entonces licenciado Fernando Antonio Lozano Gracia, una carta para que investigara este caso. Aquí está sellada, septiembre 11 de 1995. ¡Jamás recibimos una respuesta del Procurador General de la República!

Se le envió al delegado estatal en Jalisco, licenciado Hugo Piña Luna, también de su partido, Acción Nacional, y ¡jamás recibimos una respuesta!, con fecha 12 de septiembre de 1995. Aquí está.

También al diputado Herber Arthur Taylor, presidente del honorable Congreso del Estado de Jalisco, tampoco recibimos una respuesta de Acción Nacional; otra vez al licenciado Antonio Lozano Gracia, en abril 9 de 1996 se reiteró la carta, está el sello, jamás recibimos una respuesta.

Se nos había informado que habían enviado unas muestras al extranjero y que después nos iban a avisar, dijo el Estado de Jalisco, representantes de allá. Nosotros sí enviamos, el Seguro Social sí envió muestras a Inglaterra y recibimos la respuesta de que se trataba de un choque séptico, está en inglés, si quieren sacamos copias y se las entregamos, me parece que fue entregada a toda la comisión.

Se indemnizó a las familias de estas criaturas a petición de sus familiares; no fue una decisión del Seguro Social, sino fue a petición por medio de abogados, de una indemnización y se hizo entrega de ella.

Está la nota del científico Lifchist, muy calificado en México, jefe de investigación del Centro Médico, donde habla de las infecciones intrahospitalarias y que no quedaba duda de que se trataba de esta bacteria, puesto que hasta fue aislada.

Me parece que con esto doy respuesta suficiente a esta excitativa.

Gracias.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

Pido la palabra.

El Presidente:

¿Con qué objeto?

El diputado Juan Manuel Pérez Corona (desde su curul):

Para contestar alusiones personales

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Pérez Corona.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Yo como había mencionado alguna ocasión, yo sí esperaba que esta vez el diputado que me antecedió como presidente de la Comisión de Seguridad Social, viniera aquí a rendir su informe, como es su obligación, junto con el presidente de la Comisión de Salud.

Quiero puntualizar algunas cosas que ya alguna vez las habíamos mencionado y por eso les decía que la comunidad médicocientífica no estaba de acuerdo con estas explicaciones y les voy a decir por qué:

La bacteria aludida sólo atacó a los niños que se operaron en ese quirófano y sólo en el turno matutino y nosotros decíamos que esa bacteria, como está por aquí en alguna caricatura, que checaba a las 7:00 de la mañana y salía a las 2:00 de la tarde, por eso respetaba a los niños que se habían operado en el turno vespertino y el nocturno, por eso no los atacó. Eso nadie lo ha podido explicar.

Por otro lado, la bacteria sólo se aisló en dos de los cinco casos, no se contagiaron ningunos otros casos. El periodo de incubación, como ya también lo habíamos mencionado la vez anterior, no es compatible, por eso no nos ha dejado satisfechos.

Y también nosotros aquí insistíamos en que ibamos a hacer la investigación en el lugar de los hechos, que no nos concretáramos a recibir información de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí está un mensaje que nos envió la Academia de Derechos Humanos, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y efectivamente la averiguación se encuentra en la mesa número 1 de la delegación Jalisco, es la averiguación 1035/95. Efectivamente, en un informe que ellos dijeron, dijeron que iba el 80% de la investigación, ¿cuál es el 20%? ¿Cuál es el 40% y cuándo van a llegar al 100%?

Entonces, no se venga aquí con que sí se hizo una investigación minuciosa; fue una investigación exclusivamente relacionada con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, nada más. Jamás se fue al lugar de los hechos a investigarlos, hay muchos datos que los familiares, la mamá de Lázaro, la mamá de Dennice, nos pueden aportar, ¿por qué se rehuyó, si ése había sido el acuerdo de aquí de ir directamente al Estado de Jalisco a investigar? Nosotros no nos oponemos a eso; si después de eso y comprobar de veras con la comunidad médicocientífica, en Jalisco hay buenos infectólogos que no están de acuerdo con la versión del Instituto Mexicano del Seguro Social y después veníamos aquí a informales. Ahora es demasiado tarde. Ya no tenemos tiempo.

Como dijimos también aquí, se acordó ir los miembros de la comisión, se firmó de recibido y el día que íbamos a ir, pretextando, como ya lo decíamos, varias causas, no se pudo ir. Yo les aseguro que esa investigación nada más ha dejado satisfechos a unos cuantos, pero no a la comunidad de Jalisco y no a la comunidad médicocientífica y como les decía, mucho menos a los familiares, que todavía están esperando que se les haga justicia.

El Presidente:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera... A ver, para contestar alusiones personales el diputado Audry.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

Sólo para puntualizar algunos hechos. El anestesiólogo, fue Unom Brey, médico de gran reputación en mismo Guadalajara, Jalisco, con más de 30 años de práctica, sin ningún problema anterior de este tipo; ustedes mismos, algunos médicos de Acción Nacional, de esta comisión, reconocen al doctor que llevó a práctica la anestesia, es un hombre probo y que conoce bien su profesión.

La investigación que tenemos, es la del Seguro Social, porque la que solicitamos a la Procuraduría General de la República, nunca contestó. La vamos a volver a hacer con el nuevo Procurador. Estoy seguro que ahora sí llegará alguna respuesta.

No sé cuáles sean las razones oscuras por las cuales quieren que vayamos nosotros a Guadalajara. No tenemos nada qué hacer ahí, honradamente, en relación a este punto. Para nosotros, para el Seguro Social, dio la causa. Ustedes dicen: "no es ésa la causa...". ¡Pero no dan otra! Den la causa.

Gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Pérez Corona.

El diputado Juan Manuel Pérez Corona:

Gracias.

Nadie ha dicho que el anestesiólogo no estuviera preparado; pero yo aquí le dije dos cosas muy puntuales: que de los cinco niños, nada más se aisló la bacteria en dos. Que la bacteria nada más atacó a los niños que se operaron en el turno matutino y eso nadie lo ha podido explicar. Nadie ha podido explicar y sí hay una causa. ¿Sabe cuál es la causa? El medicamento, el propofol que estaba en mal estado y eso lo sabe mucha gente de Jalisco y tienen pruebas.

Si usted hubiera acudido a Jalisco, si usted hubiera querido ir, como aquí acordamos, tendría esa información y no los datos que le ha proporcionado la comunidad científica que dice usted, el Seguro Social.

El Presidente:

Tiene la palabra, para contestar alusiones personales, el diputado Audry Sánchez.

El diputado Alejandro Iván Audry Sánchez:

Muchas gracias.

Fui muy claro al decir cuál fue la causa dicha por los científicos del Seguro Social del Centro Médico.

El Seguro Social sí estableció la causa y sí resolvió el problema. No se ha vuelto a presentar, aunque hay infecciones intrahospitalarias y seguirá habiendo, puesto que es muy difícil evitar ese tipo de infecciones. Se aisló en dos casos, sí. Es muy difícil, es muy difícil aislarlo en todos. Ya haberlo aislado en dos, es gracia. Difícil es aislar a veces una bacteria o localizarla. En este caso se aisló en dos y se considera un éxito científico el haberlo hecho.

La mejor prueba de que fue ésa la causa, fue que con antibióticos se curó, se alivió la niña Denice Castellanos. Esa es la mejor prueba. Esta es la causa, éste fue el tratamiento y se resuelve el problema. El que tenga una luxación congénita de cadera, ése es otro problema.

Fue calificado como choque séptico. Fue un choque séptico, el puro aspecto. Para los científicos que fueron de aquí y de allá era suficiente para calificarla de choque séptico. No obstante eso, se hicieron los estudios histopatológicos en todos los tejidos y se localizó en dos casos la bacteria responsable de la causa de la defunción.

Doy por terminado esto.

El Presidente:

Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El secretario Martín Gerardo Longoria Hernández:

«Ciudadano Presidente de la mesa directiva. Presente.

En comunicaciones de los diputados, tenemos la comunicación del diputado Luis Antonio Godina Herrera, dirigida al Presidente de la mesa directiva, con fecha de hoy y dice:

Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia para separarme de mis funciones como diputado federal electo en el XII distrito electoral del Estado de Puebla y estar en posibilidad de aceptar la invitación para desempeñar un cargo dentro de la administración pública estatal.

Sin otro particular, reitero a usted y a mis compañeros de esta LVI Legislatura mi respeto y consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 1997. Diputado Antonio Godina Herrera.»

El Presidente:

En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El secretario Martín Gerardo Longoria Hernández:

Están a discusión los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

"Primero. Se concede licencia al diputado Ricardo Luis Antonio Godina Herrera, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XII distrito electoral del Estado de Puebla, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública estatal, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.

Segundo. Llámese al suplente."

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pregunta si se aprueban.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados, señor Presidente.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El secretario J. Fidel Pineda Valdez:

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.

En virtud de haber concluido la función administrativa con que me distinguió el señor Presidente de la República, comparezco ante ustedes a manifestar mi voluntad de reincorporarme a esta LVI Legislatura del Congreso de la Unión, para la que fui electo como diputado plurinominal propietario por la tercera circunscripción electoral.

Atentamente.

México, D.F., a 28 de Abril de 1997. Dionisio E. Pérez Jácome.»

El Presidente:

Se le tiene por reincorporado a sus funciones legislativas.

SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

El Presidente:

Estando ya presente en el salón de sesiones, se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Burgos Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de decreto para crear el Sistema Nacional para la Asistencia Alimenticia.

La diputada Leticia Burgos Ochoa:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados, compañeros de mi legislatura:

Hago uso de la tribuna para dar a conocer una iniciativa de ley que crea un Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición. Considero aquí, en estos últimos días que restan de nuestros trabajos, destacar que desde el trabajo de comisiones, el Partido de la Revolución Democrática ha venido insistiendo en diversas líneas la necesidad de arribar a un Programa Nacional de Alimentación que atienda, efectiva y realmente, los problemas que nos aquejan en esta materia a nivel nacional, particularmente a los niños, a las niñas, a los ancianos y a las mujeres embarazadas.

Por eso no quiero irme en esta legislatura, sin dejar constancia de estos esfuerzos que hemos compartido, incluso, con legisladoras, legisladores, de otras fracciones parlamentarias.

Por eso voy a invitar a mis compañeros del PRI, del PAN, del PRD, que concluida mí exposición y el articulado que hago de la iniciativa, quien guste sumarse a firmar la misma, puede hacerlo después de esta lectura.

El análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 conduce a una reflexión relacionada con la eficacia y la eficiencia de los programas y de los recursos orientados a sufragar por la vía subsidiaria las necesidades de alimentación y nutrición de millones de mexicanas y de mexicanos.

El diagnóstico más general indica que seis secretarías de Estado y el DIF Nacional manejan de manera dispersa y descoordinada 23 programas que tienen de hecho el mismo objetivo, con un presupuesto poco mayor de 11 mil millones de pesos, que equivale a la inversión asignada al ramo 26.

A esta realidad debe agregarse la propuesta del Programa de Alimentación, Salud y Educación, que con un nuevo presupuesto de 1 mil 350 millones de pesos pretende aplicarse a manera de ensayo en nueve indefinidas microregiones de 11 entidades federativas. Hoy ya conocemos, por lo menos en el discurso, cuáles son esas microregiones.

Crucial polémica ha causado, causó en los medios, sobre todo publicitarios, la evaluación que hicieran la Secodadm y la ITAM a la lógica de este programa y la ligera descalificación que de sus resultados ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social. En cualquier caso se trata de una nueva propuesta que adolece desde nuestro punto de vista de las mismas limitaciones de las anteriores, de tal manera que no coadyuva a eficientar los recursos dirigidos hacia la población objetivo, a la que realmente lo necesita. En este caso, el universo son 22 millones de compatriotas que viven en los parámetros de la pobreza extrema; datos oficiales.

Resultaría inútil entonces hacer una evaluación presupuestaria que quite aquí y ponga allá si no se incide en la médula del problema. La atomización de los programas y de cuantiosos recursos presupuestales, algunos se vuelven a veces insuficientes, pero siguen siendo cuantiosos, así como la ausencia tanto de mecanismos para definir criterios y políticas, como de coordinación de las acciones, a pesar de la existencia de la llamada Comisión Nacional de Alimentación.

Esta situación, compañeras y compañeros diputados, propicia entonces una gestión que al tiempo que derrocha recursos muy valiosos, insuficientes, genera costos de poder que son manejados como patrimonio económico y sobre todo patrimonio político de los grupos de interés enquistados en estos organismos. Es por ello que a juicio del grupo parlamentario del PRD, se debe dar un paso muy audaz en el sentido de concentrar y compactar programas para su eficaz aplicación federalizada, es decir, el conjunto de acciones deben integrarse en un sistema nacional que le dé coherencia a la política alimentaria en este país, con una cabeza de sector perfectamente definida que opere cuatro programas básicos desde nuestro punto de vista y que existen en este momento y que están funcionando: por un lado desayunos escolares, despensas familiares, tortilla y leche, es lo que se está ofreciendo, no podemos inventar lo que no se está ofreciendo en este momento. Ello implicaría, para no dejar las puertas abiertas a la reproducción de la discrecionalidad, de las desviaciones, la desaparición de cualquier otro programa alimentario cuya infraestructura y recursos se sumaran a los programas anteriores.

En caso de presentarse la necesidad de crear programas especiales por desastres naturales o por agudizarse los efectos más nocivos de la crisis, éstos deberán de igual manera ser coordinados en el marco de los cuatro programas básicos. El universo a cubrir sería, desde luego, el de la extrema pobreza, lo cual implicaría la homogenización de criterios y políticas de selección y la elaboración de un padrón universal perfectamente verificable y auditable que deberá hacerse público, de tal modo que finalice una vez por todas con la dispersión de acciones y de beneficiarios y con la discrecionalidad en la asignación de los subsidios.

Ustedes mejor que nadie han escuchado en este foro, en este espacio, en ésta gran tribuna de la nación, que tenemos varios padrones de asistencia alimentaria. Diconsa maneja y habla de que atiende a 27 millones de compatriotas. El de desayunos escolares habla también de un determinado número de millones de familias que atiende los programas vía los desayunos escolares. La Sedesol habla también de más de 5 millones de compatriotas que reciben los beneficios de los programas como la despensa familiar y tortilla y leche, otro tanto de millones de mexicanos; es decir, hay una dispersión, no hay conocimiento pleno de lo que realmente se está atendiendo y lo que debería de direccionarse y atenderse. Por eso, nosotros consideramos sumamente urgente que el Ejecutivo Federal atienda estas peticiones que hacemos en carácter de urgente para nuestro país.

Resulta entonces obvio que la lógica bancomundialista de transformar el sistema de subsidios en especie, a transferencias monetarizadas, tal y como se propone en el PASE, en el Programa de Alimentación, Salud y Educación, no sería la adecuada para la operación del Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición. En todo caso si de relacionar los impactos y los indicadores se trata, el PASE debiera operar a manera de ensayo en regiones más pobres del país, pero en la lógica de subsidios en especie como ha sido hasta ahora.

Tenemos una gran empresa que cada vez va de más a menos y la empresa Diconsa, que cuenta con 22 mil tiendas en todo el país; vía Diconsa podría atenderse este programa y podrían canalizarse vía especie los recursos que el Ejecutivo Federal ha destinado para este programa.

La integración y compactación de los programas no implica de manera alguna una operación centralizada del instrumento, toda vez que en el marco legal de su constitución se establecerá una operación federalista que involucre a las entidades federativas y los municipios. Esencial resulta para su adecuada operación que el sistema esté bajo la conducción de un cuerpo altamente calificado y capacitado en la materia que funcione de manera colegiada.

La creación del sistema implica la aprobación de un decreto, que al mismo tiempo desaparezca la Comisión Nacional de Alimentación, a fin de que tenga rango de primer nivel ejecutivo. Los rasgos básicos del decreto serían los siguientes:

Definir y acordar las estrategias políticas y acciones en los campos de la alimentación y la nutrición.

Establecer los mecanismos que garanticen la adecuada coordinación de las acciones en materia alimentaria, para alcanzar los objetivos y prioridades que señala el Plan Nacional 19952000.

Diseñar y agrupar los programas y presupuestos que prevean acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición.

Establecer conjuntamente con los gobiernos de los estados los procedimientos de participación, de comunicación, de consulta, que permitan la adecuada coordinación de políticas y acciones en el campo de la alimentación y de la nutrición.

Establecer políticas y programas complementarios y acordar la ejecución de acciones orientadas, en especial a la atención de grupos particularmente afectados por deficiencias alimentarias.

Proponer acciones de emergencia cuando la disponibilidad y acceso a los alimentos sean definitivamente en regiones prioritarias del país desastrosas.

Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, de capacitación de recursos humanos y de educación para la población en el campo de la alimentación y la nutrición, evaluar periódicamente en el marco del sistema nacional de planeación democrática los resultados de las acciones orientadas al proceso alimentario, en función de los objetivos y prioridades fijados en el programa.

«Por ello, compañeras y compañeros, por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 71 constitucional, fracción II y 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fracción ll, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

INICIATIVA DE LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto coordinar de manera organizada los distintos esfuerzos de las dependencias públicas para atender la alimentación y la nutrición de los mexicanos, sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2o. El Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición se integra con las entidades políticas y programas que tengan por objeto atender la alimentación y la nutrición de las mexicanas y de los mexicanos.

Artículo 3o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, la alimentación y la nutrición son necesidades fundamentales de todo individuo indispensables para poder aspirar a la salud. En tal virtud, es obligación del Estado combatir las causas que generan el hambre y la desnutrición en la población.

Artículo 4o. Se crea el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición como fórmula para atender, enfrentar y resolver los problemas del hambre, la desnutrición que enfrenta la población mexicana, que será puesto en marcha a través de un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición.

Las entidades del Ejecutivo Federal que manejan planes y programas de atención a la pobreza, desayunos escolares, de nutrición o cualquier

otro que tenga por objeto revertir la desnutrición y el hambre tendrá la obligación de coordinarse con el consejo.

Artículo 5o. El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición es un órgano interinstitucional que se integra con el Secretario de Salud, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el director del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Zubirán.

Artículo 6o. El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición tendrá las facultades y obligaciones siguientes: fracción I: proponer al Presidente de la República un programa de alimentación y nutrición en el que se planteen las estrategias, políticas y acciones, para atender las necesidades de la población en el campo, de la alimentación y la nutrición. Fracción II: concentrar y administrar los diversos ramos del presupuesto encaminados a solucionar el problema alimentario y de combate a la pobreza. Fracción III: establecer los mecanismos que garanticen la adecuada coordinación de las acciones en materia alimentaria. Fracción IV: establecer conjuntamente con los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, los procedimientos de participación, comunicación y consulta que permitan la adecuada coordinación de políticas y acciones en el campo de la alimentación y la nutrición. Fracción V: realizar programas de investigación y desarrollo tecnológico de capacitación y educación en materia alimentaria. Fracción VI: presentar anualmente un informe de actividades al Congreso de la Unión, quien se encargará de su vigilancia y su seguimiento.

Artículo 7o. Para cumplir con sus obligaciones, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición integrará un Sistema Nacional de Información para la Alimentación y la Nutrición en que se dispondrá de: inciso a, un censo con la población afectada por la desnutrición, así como su distribución geográfica que a su vez permitirá atender de inmediato problemas emergentes de desnutrición y planificar, a mediano y corto plazos, las acciones gubernamentales. Inciso b, un concentrado de los planes que atiendan la desnutrición así como el ente de la administración, pública encargado de su aplicación. Inciso c, la evaluación del impacto de los planes y programas en la materia de asistencia alimentaria y nutrición. Esos serían como parte de las actividades del Sistema Nacional de Información.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las dependencias a que se refiere el artículo 4o., tendrán 60 días a partir de la publicación del presente decreto para integrar el Sistema Nacional de Información para la Alimentación.

Tercero. Se derogan las disposiciones administrativas que se pongan a lo que se dispone en el presente decreto.

Cuarto. Se deroga el decreto de creación de la Comisión Nacional de Alimentación.

México, D.F., a los 29 días del mes de abril de 1997. Diputados: Leticia Burgos Ochoa; Alfonso Solórzano; Gloria Sánchez Hernández; Javier González Garza, por el Partido de la Revolución Democrática; Zeferino Torreblanca como diputado Independiente y todos los que se sumen a esta iniciativa.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

PARTIDO DEL TRABAJO

El Presidente:

Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Guzmán Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un pronunciamiento político.

El diputado Eduardo Guzmán Ortiz:

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace seis años, miles de mexicanos iniciamos la construcción del Partido del Trabajo, con ello reivindicamos lo legítimo de una alternativa política de izquierda, socialista y democrática que respondiera a los reclamos de bienestar y justicia del pueblo de México.

En la búsqueda de este objetivo, definimos un partido con estructuras horizontales y dirección colegiada, que diera el poder de decisión a sus militantes, considerados éstos en igualdad de derechos y circunstancias, ya pertenecieran a alguna organización social o se afiliaran en lo individual.

El lema del partido: "todo el poder al pueblo", sintetiza esa aspiración. En 1994, con la combinación de partido y candidata presidencial, logramos la representación que tenemos en esta Cámara de Diputados y de entonces a la fecha se incrementaron las diputaciones locales en diversos estados, así como presidencias municipales y regidurías, siendo esto producto del trabajo de los militantes en las entidades y muestra en la naciente aceptación de una propuesta alternativa.

Los que suscribimos este pronunciamiento, al igual que la mayoría de los militantes del Partido del Trabajo, llevamos a cabo con dedicación y lealtad diversas actividades y responsabilidades, desde la pinta de bardas y distribución de volantes; elaboración de documentos y ponencias; participación en foros y debates; organización de las asambleas estatales; capacitación de representantes electorales del partido en todos los niveles hasta a representar a dicho partido ante el Instituto Federal Electoral y el Registro Federal de Electores, todo ello en el afán de contribuir a través del partido y nuestro trabajo al fortalecimiento de la vida democrática del país.

Al igual que otros diputados del grupo parlamentario, cumplimos cabalmente con nuestro compromiso legislativo, así lo demuestra el trabajo realizado en comisiones y las posiciones que a nombre del Partido del Trabajo presentamos en esta tribuna, entre otras, nuestro rechazo a la política económica y social que mantiene al pueblo de México en la pobreza, al aumento del IVA, a la privatización de la industria petroquímica, a la pérdida de derechos y la incertidumbre de las pensiones de los trabajadores con motivo de la creación de las Afore.

Criticamos y no compartimos las modificaciones no consensadas al Cofipe, pues éstas vulneran la equidad en la competencia entre los partidos y la representación en esta Cámara.

En estas tareas, a contracorriente de lo que muchos pronosticaron, quedaron marcadas nuestras propuestas alternativas en lo político y lo económico. El desempeño en esta Cámara de Diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo fue fructífero, también gracias al trabajo del equipo administrativo y secretarial y del pequeño, pero comprometido grupo de asesores, varios de ellos militantes del partido.

No obstante lo anterior, consideramos que el Partido del Trabajo hoy se ha estancado y ha desvirtuado el sentido original de su proyecto. Desde nuestro punto de vista, ha perdido claridad en su proyecto de nación. No existe una abierta y verdadera discusión política promovida y aceptada institucionalmente. Electoralmente, el Partido del Trabajo se debate a su interior entre quien busca el voto de los ciudadanos sólo a partir de una estrategia de mercadotecnia y quienes buscan consolidar una propuesta integral de nación.

En el actual estatuto, casi desconocido para la mayoría de la militancia, se introdujeron reformas que no fueron aceptadas en el pasado Congreso nacional, todas ellas atentatorias de la democracia interna, así, se estableció el derecho de veto en la dirección nacional a cualquier candidatura; se prohibió la discusión pública de los asuntos internos; asimismo, se impuso la figura de comisionados nacionales en los estados, los cuales tienen facultades por encima de las direcciones estatales.

La propia dirección nacional ha sido vulnerada en su representación política, lejos de ser un órgano realmente colectivo en el que entre sus miembros no existía jerarquía alguna, en los hechos las decisiones se toman o son sancionadas por uno solo de sus integrantes, quien deja, además, que públicamente se le atribuya el cargo de presidente, el cual no existe en la estructura partidaria.

El autoritarismo unipersonal ha desterrado casi toda la práctica democrática en el Partido del Trabajo; las definiciones y decisiones políticas, cuando las hay, son tomadas en el mejor de los casos por algunos miembros de la dirección. Esto ha hecho que pocos conozcan a ciencia cierta la naturaleza de la relación del partido con el Gobierno, así como los criterios con los que se asignan los recursos financieros y las candidaturas. Ello a pesar de que amplios sectores de militantes y direcciones estatales, hemos dado una lucha interna en contra del autoritarismo que prevalece. Lamentablemente permanecimos desarticulados y con visiones diferentes del problema, de cómo y cuándo combatirlo. El hecho es que el Partido del Trabajo hoy no es democrático a su interior.

En contraste con lo anterior, el país y su transición democrática demandan partidos políticos verdaderamente democráticos, así como la confluencia de todos aquellos que durante años hemos luchado por hacer realidad una nación justa, que brinde bienestar a todos sus habitantes.

Por eso consideramos correcto en su momento que el Partido del Trabajo y el de la Revolución Democrática, llevaran adelante la discusión para una política de alianzas, que permitiera la construcción de una coalición y así enfrentar en mejores condiciones el proceso electoral de este año. Lamentablemente, esta propuesta fue obstaculizada por quienes ven el acontecer político como una fuente de poder personal y no de transformación social.

La política, bien lo sabemos, está llena de encuentros, desencuentros y reencuentros. En 1988, coincidimos en la necesidad de integrar el Frente Democrático Nacional, para labrar una de las páginas más importantes de la historia moderna del país. En 1997, estamos convencidos que obteniendo una Cámara de Diputados mayoritariamente integrada por la oposición y trabajando en torno a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para lograr su victoria en el Distrito Federal, obtendremos todos un triunfo importante en el avance democrático de la nación.

Con base en lo expuesto y en la búsqueda de poder contribuir en mejores condiciones para lograr lo anterior, es que hemos decidido separarnos del Partido del Trabajo y de su grupo parlamentario, al tiempo que continuaremos nuestras tareas legislativas como Diputados Independientes.

Hoy, al igual que siempre, compañeros, los que suscribimos este pronunciamiento daremos nuestro mejor esfuerzo, desinteresadamente, para fortalecer la vida democrática de la nación y regresarle al pueblo de México este país que les pertenece.

Firman los diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión: Raúl Fuentes Cárdenas y Eduardo Guzmán Ortiz.

Gracias.

El Presidente:

Para referirse al mismo tema hace uso de la palabra el diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas.

El diputado Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas:

Gracias, señor Presidente:

Queremos hacer la consideración que el diputado Eduardo Guzmán y un servidor hacemos este pronunciamiento después de haber pretendido cumplir cabalmente con nuestras actividades legislativas en las comisiones en las que estábamos asignados y haber presentado ante este pleno por lo menos la única iniciativa de ley presentada exclusivamente por el Partido del Trabajo. Esto en responsabilidad al conjunto de ciudadanos que votaron por la opción del Partido del Trabajo.

Quisiera presentar a través de su conducto, señor Presidente, el escrito formal en donde hacemos de su conocimiento nuestra separación del Partido del Trabajo y nuestra continuación de tareas en esta Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las consideraciones que sustenta nuestra decisión, brevemente las pudiera resumir en los siguientes planteamientos: en el actual proceso, producto de la crisis económica y política que no termina por estabilizarse en nuestro país, se requiere de la unidad de las fuerzas democráticas, con el fin de canalizar el descontento social en participación electoral activa y consciente, fortaleciendo la defensa unitaria del voto de todos los votantes y de todos los partidos.

La lucha electoral así desarrollada implica no sólo la demanda del voto a favor de la opción propia, sino además la defensa del emitido por toda la sociedad sin escamoteos ni arreglos para diferenciar votos progresistas de votos reaccionarios o de votos oficiales de votos de oposición.

La lucha electoral basada en el libre sufragio y el respeto al voto, incidirá significativamente en el proceso de transición democrática y de organización y autonomía de la sociedad.

Paralelamente la revalorización de la democracia política representativa y formal, basada en el respeto al sufragio universal, el pluripartidismo y la vigencia de un estado de derecho, requiere caminar junto a la construcción de la democracia económica y social, promotora de la participación, la igualdad y la equidad entre los ciudadanos. Con ello estaremos impulsando tanto el diálogo, los acuerdos políticos públicos, el respeto y reconocimiento mutuo de los contrincantes políticos, así como la aceptación del control socia I de los actos de gobierno.

El reconocimiento del papel de los partidos políticos en la consolidación de la democracia, implica la profundización de su propia democracia interna y de su vinculación con la sociedad en su conjunto, desterrando sus propios vicios de patrimonialismo y clientelismo.

La lucha conjunta por modificar el actual modelo económico neoliberal entre partidos políticos y sociedad civil, obliga a la necesaria combinación de democracia representativa con democracia participativa.

Este proceso conjunto, con creciente participación de la sociedad, nos obliga a presentarnos y aceptarnos como opciones alternativas, como propuestas de gobiernos alternativos y en donde las alianzas sociales y políticas se vuelven elementos indispensables. Se requieren partidos políticos transformados y actores sociales transformados para poder alcanzar triunfos significativos y así seguir soñando con nuevas utopías.

Como lo planteara el filósofo alemán Goethe: "Todo lo que puedas hacer o sueñes poder hacer, empieza a hacerlo. En la temeridad hay genio, poder y magia".

Gracias, por su atención.

El Presidente:

De enterado.

Se instruye a la Secretaría para que tome nota.

REPUBLICA DEL PERU

El Presidente:

Por acuerdo de los cuatro grupos parlamentarios, se modifica el orden en el uso de la palabra de los diputados Juan Nicasio Guerra Ochoa y la diputada Adriana Luna Parra.

En tal sentido, hace uso de la voz el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, para referirse al desenlace en la Embajada de Japón en Perú.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:

Muchas gracias, señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros:

Los sucesos en Perú tienen que llamarnos la atención, no sólo para comentar lo que ahí mismo implican, sino el referente que pueden implicar en este país.

En Perú pareciera que hoy tenemos un héroe, que se viste además como tal, al estilo como lo quieren los Estados Unidos, con chaleco antibalas y que subió su popularidad en muchos puntos porcentuales.

Yo me temo, para esa hermana República, que lo que han provocado es una guerra incruenta; es decir, quienes tuvieron y sin justificar, un hermano, un pariente, ahí en la Embajada del Japón, ¿qué tendrían ahora qué perder si mañana van y le dan un abrazo de la muerte a Fujimori?

Así se encarnizó la lucha entre israelitas y palestinos; así, con ese tipo de acciones, se promueve la irracionalidad.

Hoy se festeja en el Perú la popularidad de Fujimori; mañana no tendríamos que lamentarlo, porque hay un hecho evidente. Ahí se integró una comisión de garantes, una comisión de mediación, una comisión que tenía que velar por la paz.

Y al amparo en los trabajos de esa comisión, pues simple y sencillamente se perpetró lo que ahora es público, el asalto a la Embajada del Japón, con los resultados que todo mundo conoce.

Quiero decir que no veo paralelismo entre el MRTA y en México, particularmente con el EZLN. El EZLN ha dicho que no quiere ni ser juzgado ni criticado ni enjuiciado por acciones terroristas, no veo ese paralelismo que algunos quieren construir.

Pero me preocupa que ahora el Gobierno sí quiere establecer un paralelismo de lo que ocurrió en el caso de Perú. Me preocupa que así también, como en el caso del Brasil, los terratenientes que se oponen al movimiento de los sin tierra, presionan para una solución como la del Perú. Aquí en México hay ya fuerzas a nivel empresarial que dicen que a Chiapas hay que darle una solución como en Perú. Eso me preocupa terriblemente.

No estamos, a diferencia de lo que opinan esos grupos en México, no estamos ante un comando en el caso del EZLN. ¿Cómo podría erradicarse el zapatismo, si fuera la pretensión de estos grupos, sin cometer un genocidio en las comunidades de Chiapas?

Algo saben mis compañeros de la Cocopa, que fue lo primero que nos sorprendió cuando llegamos a Chiapas, es que teníamos las mismas dudas de ustedes: ¿cómo se alimenta el EZLN? ¿Cómo tiene recursos el EZLN?

Y resulta que vamos a recibir a unos comandantes zapatistas y al momento de recibirlos hay 100, 200, 300 compañeros encapuchados. Por razones naturales nos rezagamos y cuando tenemos que dar la vuelta la misma gente que habíamos visto encapuchada, la vimos sin capucha. Es decir, era la misma gente de las poblaciones que apoya, que se pone capucha para decir soy zapatista y se quita la capucha para decir soy miembro de la comunidad, uno más.

Se nos despejaron las dudas. Dijimos, no estamos ante un ejército regular que hay que abastecerlo y mantenerlo. No estamos ante gente que profesionalmente se sostiene; estamos ante gente que hoy es miembro campesino de la comunidad y mañana o en el mismo momento está dispuesto a luchar.

Solamente que inventaran un láser para poder liquidar en las comunidades a quienes son zapatistas y separarlos, disgregarlos de quienes no lo son, podría establecerse un paralelismo en la agresión al Movimiento Revolucionario Tupac Amaruc y los zapatistas, no lo hay. ¿Pero a mí qué me preocupa de estas cosas?

Y creo que debe preocuparnos a todos, que hay círculos en el Gobierno, empresariales, que le dicen a Zedillo: ¡Adelante Zedillo! ¡Es tu momento! ¡Ya tienes al héroe de los Estados Unidos y del mundo de la globalización! ¡Ataca como él! ¡Actúa como él! ¡Sé como él! Me preocupan terriblemente esas cosas.

Más me preocupan cuando el Secretario de Gobernación está insistiendo en que ellos quieren el diálogo. Dice en los periódicos de ahora, y lo vuelve a reiterar en un comunicado de Gobernación el día de hoy, que la Secretaría de Gobernación siempre ha querido el diálogo. Y yo me pregunto: ¿qué quieren demostrar con eso? ¿A dónde quieren llevar las cosas? ¿Quieren decir que el EZLN no quiere el diálogo? ¿Quieren decir que el Gobierno sí quiere el diálogo, pero el EZLN no lo quiere? y como el EZLN no lo quiere y es intransigente, entonces arremetamos contra el EZLN.

Lo que metió en crisis el conflicto en Chiapas, a diferencia del Perú, no fue que el EZLN y el Gobierno no quieran el diálogo, ambos lo quieren, eso no me cabe duda; lo que ha metido en crisis el diálogo es la pregunta que hay que hacer: ¿el Gobierno va a respetar los acuerdos que se firmen, producto del diálogo, o no los va a respetar?, es decir, yo quiero el diálogo, pero el diálogo construye acuerdos y los acuerdos son para respetarse, porque si yo no respeto los acuerdos estoy invitando a un ejercicio de pericos o a un ejercicio demagógico.

Si quiero al PAN, al PT, al PRI, al PRD invitarlo a un diálogo, es porque quiero negociar y construir acuerdos, pero si yo no le respeto los acuerdos, ¿dialogarían ustedes con el Gobierno? Esa es mi pregunta; es decir, ¿tiene sentido el diálogo en este país, si no se van a respetar los acuerdos? ¿El PAN negociaría con el Gobierno a sabiendas de que no le va a respetar los acuerdos? ¿El PT negociaría con el Gobierno a sabiendas de que no le va a respetar los acuerdos? El PRD pues claro que no. ¿El PRD negociaría con el Gobierno a sabiendas de que se sienta con alguien que no va a respetar los acuerdos?

Eso es lo que ha metido en crisis el diálogo en Chiapas, no es que las partes no quieran el diálogo, las partes quieren el diálogo, pero lo que está hoy en cuestión es: ¿se va a respetar lo que se firma o no se va a respetar? Y digo esto por lo siguiente. Hoy el Secretario de Gobernación nos dice que quiere el diálogo.

Nombran un nuevo comisionado para la paz que por demás, he conocido más opiniones positivas de él que negativas. Se dice que es un hombre hecho en la política, Pedro Joaquín Coldwell. Se dice que es un hombre voluntarioso. Correcto. Yo no lo niego, yo vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué quiere? ¿Decir que el EZLN no quiere el diálogo? Y yo me pregunto: ¿se van a respetar los acuerdos que se firmaron?, porque si no para qué dialogo.

Miren, compañeros, yo quiero expresar aquí ante ustedes una situación que por demás la quiero compartir. Si a una fuerza que se levantó en armas y se preparó durante 10 años le dice el Gobierno: los acuerdos que firmaste no te los puedo respetar. La Cocopa, que yo vi como instrumento, se estrella ante el Gobierno. Si yo soy una fuerza rebelde, que no lo soy, soy miembro del PRD, pero si yo soy una fuerza rebelde a la que me dice el secretario de Gobernación, Chuayffet o el presidente Zedillo: dialogo y tomo acuerdos, pero no te los respeto y me dice una comisión, como la Cocopa, esta comisión presenta una iniciativa, pero el Gobierno no quiere y ahora quiere que yo les dé lo que el Gobierno nos les da. Es decir, vienen conmigo, quieren ir conmigo diría el EZLN a sacarme lo que el Gobierno no les dio, porque el Gobierno no les aceptó la iniciativa y me vienen a pedir a mí que yo me baje. ¿Yo el insurrecto, yo el rebelde tengo que bajarme más que el Gobierno? ¿Yo tengo que respetar más los acuerdos que los que firmó el Gobierno?

Compañeros: si alguien sale con eso, yo puedo decir y cualquier partido lo puede decir: no creo en este diálogo. Se trata de que el Gobierno no cumple y la Cocopa integrada por partidos me viene a presionar a mí. Entendamos eso. Aquéllos se levantaron en armas; este país necesita paz y resulta que le estamos dando la razón a los que se levantan contra el Gobierno; les estamos diciendo: este Gobierno firma pero no cumple.

Hay una Cocopa en que estamos todos los partidos y todos queremos la paz, pero no podemos obligar al Gobierno a que cumpla lo que firmó. ¿ En qué papel colocamos las cosas? Este es el problema que me preocupa y hoy el Secretario de Gobernación nos dice que quiere el diálogo; como si el problema fuera que el EZLN no quiere el diálogo. Yo tengo mucho miedo de que el Secretario de Gobernación esté haciendo un juego de decir: el EZLN no quiere el diálogo y sigan el ejemplo de Fujimori y tengo ese temor porque yo la pregunta que me vuelvo a hacer es: el Gobierno dialogó y firmó acuerdos, ¿los va a respetar? ¿Va a respetar los acuerdos que firmó? ¿A quién le reclamo en este país? ¿A quién le digo yo? Me quejo con el EZLN, ¿sabes qué? El Gobierno es alguien del carajo y no respeta acuerdos. O sea ¿qué hago? ¿Tenemos derecho a tener un Gobierno que no respeta los acuerdos? Un Gobierno...

Sí, el tema es el paralelismo entre lo que ocurre en Perú y lo que nos pueden traer aquí. Ese es el tema y estoy precisamente sobre ese tema. No me preocuparía más lo del Perú, si no es porque es un mal ejemplo que aquí muchos quieren seguir.

Y yo me pregunto otra vez: con ese mal ejemplo ¿a dónde quieren llegar? ¿Tendría alguien razón de creerles que quieren la paz? ¿De veras ahora el Secretario de Gobernación quiere la paz? ¿De veras ahora resulta que reclama el diálogo? Yo pregunto: ¿va a respetar los acuerdos? o ¿qué sentido tiene el diálogo si no se respetan los acuerdos? Estos son problemas que evidentemente me preocupan, yo espero que nos preocupen a todos: ¿a dónde vamos en este país?

Estoy muy preocupado porque hay gente en este país que simple y sencillamente cree que a los zapatistas los pueden borrar; que dicen, como ya dijeron en otros países. El Secretario de Relaciones Exteriores se congratula, se complace de lo que ocurrió en Perú y dice: "qué bueno que eso ocurrió en Perú". Esa es la presencia del Gobierno en este conflicto. Se sienten felices de lo que ocurrió en Perú. ¿Qué ocurrió en Perú? Que a la Comisión de Garantes la engañaron; que metieron una comisión para negociar mientras preparaban un golpe; ¿de eso se congratula el Gobierno mexicano? ¿El Gobierno mexicano quiere seguir ese ejemplo? ¿O sea, el Gobierno mexicano convalida que se engañe y que mientras se habla de paz se esté preparando un golpe? ¿Eso es lo que quiere el presidente Zedillo?, porque eso es lo que nos dijo Gurría, él se siente satisfecho, congratulado, feliz de lo que ocurrió en el Perú.

Cuando alguien dice que se siente congratulado, quiere decir prácticamente, yo estoy de acuerdo y lo imito. ¿Qué confianza puede dar este Gobierno si se está congratulando de que se nombre una comisión de garantes en el Perú y al mismo tiempo se prepara ese golpe que se preparó? ¿Eso es lo que quiere el Gobierno mexicano? ¿Quiere darle confianza, quiere paz aquí? En Perú no van a obtener la paz; desgraciadamente no la van a obtener.

No estoy de acuerdo con lo que hizo el MRTA; no estoy de acuerdo; no está de acuerdo el PRD; somos un partido que queremos la paz; no estamos de acuerdo en eso. Pero es obvio que ahí se alimentó, se exacerbó un odio. Ahí lo que se ha buscado es una confrontación y cuando el Secretario de Relaciones Exteriores se congratula con eso, ¿qué nos quiere decir con eso? ¿Que así hay que actuar en México? ¿Hay que engañar? ¿Hay que formar una comisión de garantes, en este caso sería la Cocopa, para ver cómo asestan el golpe? ¿A dónde, a dónde dirige sus opiniones el Secretario de Relaciones Exteriores?

Tal vez, y lo espero así, lo espero y lo deseo así, los círculos que hoy desde las empresas de Monterrey, desde el D.F. le dicen a Zedillo: "¡Ataca!", amaine sus actitudes. Pero lo están haciendo y tengo que preocuparme.

Tal vez el Gobierno entienda que aquí la solución no es imitar a Fujimori ni convertirse en héroe de los Estados Unidos. Tal vez entienda que aquí requerimos una negociación, que hay que transitar hacia un proceso de paz.

Yo deseo fervientemente que las cosas sean así. Pero no puedo, máxime cuando termina esta legislatura, dejar las cosas como si no pasara nada. Verdaderamente no puedo más que externar las preocupaciones.

Y yo quiero decirles una cosa, compañeros; se las quiero decir de buena fe: ¿qué debe hacer la Cocopa? Yo no puedo hablar por la Cocopa; soy miembro de ella. La Cocopa elaboró una iniciativa, no la que ella quiso, lo quiero decir. Muchos de nosotros ni siquiera discutimos si estábamos de acuerdo o no. De manera que hay libertad de estar de acuerdo o no. Discutimos simplemente una cosa: el Gobierno firmó acuerdos; ¿debe respetarlos o no debe respetarlos? Y en función de eso, hicimos una iniciativa. Esa iniciativa, yo no quiero decir que recoge el sentimiento de la Cocopa. Recoge los acuerdos de San Andrés y eso no se los va a desmentir nadie. Textualmente los recoge, literalmente los recoge. Yo me pregunto: un esfuerzo así, en que está de por medio la paz, ¿debemos presentarla o no debemos presentarla?

Cada fracción tiene libertad de discutir las cosas que quiera; pero nosotros como comisión, que de buena fe elaboramos esta iniciativa, ahora en Chiapas en donde tenemos malos ejemplos como los de Fujimori, donde no hay ninguna expectativa de paz, donde las cosas se descomponen y no nos olvidemos que el mundo, de acuerdo a la tercera ley de la termodinámica, el principio de antropía, camina más a la descomposición, donde el mundo camina a la descomposición, yo pregunto: ¿qué tenemos qué hacer? ¿Meter iniciativas de paz o dejar que las cosas se descompongan? En Chiapas las cosas se están descomponiendo.

Aquí tenemos un Secretario de Gobernación que nos dice que el EZLN por qué no dialoga, olvidándose de que el Gobierno no cumple los acuerdos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo, compañeros, que tenemos que presentar la iniciativa desligándonos de los grupos parlamentarios. Es decir, si los grupos opinan una cosa u otra, discútanlo, pero yo creo que lo menos que puede hacer esa comisión, es presentar la iniciativa.

No me sentiría a gusto, no podría decir que hemos cumplido si no presentamos esta iniciativa.

Yo espero como una contribución a la paz, para evitar los malos ejemplos. Eso de que "andale, Zedillo, síguele el ejemplo a Fujimori", que pudiéramos hacer una cosa como ésta.

Compañeros: yo creo que no se ha acabado ésta. Hay una Comisión Permanente; se puede entregar. Yo espero que lo hagamos.

Y les digo a todos los grupos: libérennos de esta responsabilidad. No queremos que mañana, auspiciado por grupos radicales, estalle una bronca en este país y nosotros ni siquiera hayamos presentado una iniciativa que era la que le daba pauta a la paz en este país. No tenemos por qué cargar con esa responsabilidad; no tiene este Congreso por qué cargar con esa responsabilidad. Yo sí les digo, es lo menos que podemos hacer. En todo caso, si las cosas no salen, habrá 1 mil razones. Pero de que le apostamos a la paz, de que estamos preocupados por la paz, no debe caber la menor duda. Por eso digo, no sigamos, y terminaría esta alocución con esto, los malos ejemplos.

No es un problema de que el Ejército mexicano no tenga todo el poderío para aniquilar militarmente a una fuerza insurrecta. ¡No! No discutamos eso. El Ejército mexicano tiene uno y 1 mil tanques, contra nada de tanques. No es ése el problema. El problema es que ahí donde agrede, donde sometes eso, simplemente desatas una situación más encarnizada. Ahí donde quieres hacer un genocidio, esto se le revierte a este país; este país tiene que seguir discutiendo si opta por la paz u opta por la provocación.

Yo les quiero decir que al amparo de las elecciones nos estamos olvidando de este problema. Pero qué tal si mañana nos hacen una provocación en Chiapas. Qué tal si mañana se alimenta una cosa y nos brota.

Compañeros: eso es muy grave y no queremos cargar con esas cosas. Hagamos lo que esté de nuestra parte. Cumplamos con nuestra responsabilidad. No permitamos que este país se convierta. Yo no quiero ver antihéroes como Fujimori, con chalecos antibala. No me imagino ver a Zedillo así, no me imagino ver a nadie, absolutamente así. ¡No cundamos con esos malos ejemplos!

Y quiero terminar después de esto con una cosa. Perdónenme, ésta es una cosa separada. Se los quiero decir también a los compañeros de Acción Nacional.

Hace unos momentos hubo una reunión ahí, del famoso "bronx priísta" y hacían una pregunta. Decían: "oye, ¿qué distingue al bronx priísta"? Perdónenme los compañeros de Acción Nacional.

Yo les quiero decir una cosa:

Hay gente del PAN, del PRD, del PRI y del PT que venimos del pueblo y vamos a seguir sintiendo como el pueblo y hay "burbujas" que ya se olvidaron de dónde vienen, simple y sencillamente.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para referirse al mismo tema hace uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva.

El diputado Augusto Gómez Villanueva:

Con permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El tema que ha tocado el compañero Juan Guerra motiva que nos refiramos a él, fundamentalmente en dos cuestiones esenciales:

Una, en que efectivamente el secuestro de los diplomáticos en la Embajada de Japón en Perú conmovió a la humanidad entera. Sus familiares, de los secuestrados, padecieron indecibles torturas sicológicas y morales y los secuestrados sin duda alguna vivieron horas de angustia, de las cuales seguramente conoceremos en páginas futuras.

Nadie puede de ninguna manera aceptar el terrorismo como vía política y no solamente porque éste se identifica como un camino en el cual la impotencia del ser humano se conduce hace el uso de la violencia y porque cerradas las razones, cerradas las vías y los caminos para enfrentar los graves problemas de nuestro tiempo, efectivamente el reflejo en la actitud del Estado es el endurecimiento. Endurecimiento que condujo a un final dramático, un final dramático no solamente por las víctimas que como integrantes de las fuerzas de seguridad pudieron reconocerse, sino también por quienes motivados por un propósito que ya ha sido condenado por el uso de los medios; sin embargo, se tradujo en la pérdida de vidas humanas.

Y sí, tendría que expresarse la satisfacción por el fin de un conflicto y sí tendría que expresarse la satisfacción por la conclusión de una crisis, por su desenlace, que parecía interminable, pero que marca sin duda alguna un pasaje triste para la comunidad de las naciones latinoamericanas.

Creo que el compañero Juan Guerra cuando ha expresado preocupaciones por algunas expresiones en diferentes partes del mundo y a su vez por el riesgo de que el camino seguido en Perú pudiera escogerse en el caso de Brasil, en el cual se refleja en esta etapa en la cual la lucha por la tierra parece manifestarse sin solución alguna y con riesgos de que se desate la violencia en forma interminable, no puede de ninguna manera pensarse que sea el camino que en México se escoja para enfrentar problemas sociales tan graves y complejos como el que padecemos en Chiapas.

Y no puede intentar homologarse a un fenómeno con otro. Lo primero, porque independientemente de las características de la problemática y la forma en que se gesta el fenómeno en Chiapas, no está homologado con actos de terrorismo de la dimensión que ocurren en Perú. Lo segundo, porque además desde el inicio del conflicto el Gobierno de la República ha establecido con toda claridad su rechazo a la vía militar por la alternativa del diálogo.

Desde que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León estableció como camino el diálogo y mantuvo con firmeza su determinación de evitar el despertar de las fuerzas interesadas en endurecer al Estado, advertimos que el papel que ha jugado el Poder Legislativo ha sido fundamental; no sólo en este país el rostro de un Poder Legislativo que desde el inicio de su desempeño ha mantenido esa conducta en la cual ha fungido en una intermediación que ha sido trascendental para mantener la paz y para encontrar con toda honestidad los caminos que permitan resolver un problema de fondo que seguramente responde a muchos otros aspectos que hoy han sido remontados.

Creemos por lo mismo, compañero Juan Guerra, que no es posible admitir una especulación en el sentido de que México pudiera verse envuelto en este tipo de soluciones que dejan una gran interrogante en verdad para el destino de esos pueblos, porque al final el uso de la violencia a ninguno beneficia.

Creemos que se ha caminado en la búsqueda de soluciones al problema. Si bien ha habido un largo proceso de identificación, de sus orígenes, si bien los partidos políticos que participan en esta comisión de concordia están identificados por ideologías diferentes, lo esencial ha sido su contribución a la paz, al restablecimiento del régimen de derecho, a lograr condiciones que permitan no solamente resolver el añejo problema de la tierra, sino de las grandes diferencias sociales originadas por razones culturales, históricas y geográficas.

Yo creo que la designación del nuevo representante del Gobierno de la República, para asumir las tareas de mediación en este problema, no solamente está antecedido de una conducta honorable y de una vocación en la cual prevalece un espíritu de concordia y un intento permanente de dejar una constancia de su vida y una huella como gobernante y como legislador, que le ha permitido ser acreedor a este importante encargo.

Pedro Joaquín Coldwell es un cuadro que no solamente se ha identificado por esa conducta. Creemos que hoy por hoy más que caer en el escepticismo y en el riesgo de hacer vaticinios que nos conduzcan a la especulación, debemos de formular votos de buena voluntad, porque el desempeño del compañero Pedro Joaquín Coldwell no solamente goce de la simpatía y de la solidaridad de los miembros de la comisión coordinadora encargada de lograr la paz en Chiapas.

Yo pienso, compañero Juan Guerra, que tenemos que hacer efectivamente en esta noche un balance importante de las tareas de esta Cámara. Pienso que una de las más importantes que ha realizado y que históricamente la podrán calificar, es su participación para lograr que se haya prevalecido en Chiapas el camino del diálogo por encima de cualquier intento o solución que se apartase de lo aconsejable para que sea la que restablezca la paz en esa entidad. Acordémonos que han ocurrido en Chiapas elecciones en las que han participado todos los partidos políticos; acordémonos que en ella hemos nosotros acudido como observadores o como testigos y que finalmente los pequeños problemas que existieron fueron resueltos por la vía del derecho y por la vía de la razón.

Creemos que hoy por hoy el Gobierno de la República está realizando los mejores esfuerzos para ir poco a poco encontrando el camino que permita no solamente establecer las bases de igualdad en la distribución de la tierra y el reconocimiento a los derechos históricos de los pueblos indígenas. Creemos que aún es largo el camino, porque muchos otros problemas que generan o generaron este problema en Chiapas; sin embargo y ése es el mensaje final, creo que lo más importante es que la medida en que despartidizamos nuestra participación para buscar una solución a este problema, todos fuimos inducidos bajo una sola divisa y bajo un solo propósito: la paz en México para lograr no solamente la justicia social a los grupos indígenas, sino también para asentar las bases de una legislación que en el futuro resuelva un problema cuya complejidad histórica, cultural y étnica debe servir no sólo como una llamarada para resolver un problema o si bien es cierto nos agobia y nos preocupa, no es de fondo el que nos permitirá seguir adelante en la solución de los problemas fundamentales del país.

Muchos ojos en el mundo están atentos de lo que pasa en México, pero muchos mexicanos también del papel sereno de nuestros legisladores y desde luego con la certeza de que el presidente Ernesto Zedillo habrá de mantener, como hasta ahora, la línea de negociación y la solución política por encima de quienes pretendan aconsejar o presionar para buscar otro camino.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos hasta por cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Sobre el tema del rescate de los rehenes que se encontraban en la casa del embajador del Japón en Lima, cabe hacer las siguientes reflexiones. El desenlace de casi cuatro meses de secuestro y tensiones ha sido trágico; desde el punto de vista humano no podemos congratularnos por el hecho de que la violencia tome el lugar de las negociaciones. Es un valor universal que la política es el medio ideal para resolver los diferendos entre diversos sectores sociales.

Cuando fracasa la política se abre la puerta para la violencia, la destrucción y la muerte. De ninguna manera puede celebrarse una acción que acabe con vidas que en otras circunstancias debieron dedicarse al estudio o al trabajo. Debemos lamentar también que se ponga en peligro la vida de personas en nombre de cualquier causa, se deben repudiar las condiciones sociales y económicas que empujan a la desesperación y a las armas no sólo por un imperativo ético, sino también por un principio de convivencia social.

Nadie gana con las tragedias y la violencia, las victorias de esta naturaleza son efímeras y atraen un caudal de mayor violencia. También nos debe preocupar que se siga pensando que la fuerza de las armas y la violencia son el camino para la democracia y la justicia. No cometamos el error de buscar justificaciones o hacer juicios que no nos corresponden. A nosotros nos toca lamentar la pérdida de vidas humanas y confirmar nuevamente que es el diálogo y la concertación el mejor camino para el cambio.

Por lo tanto, todas las presiones y especulaciones que pudieran hacerse en este tema, se encontrarán con el rechazo del Congreso de la Unión y la nación mexicana.

Sin embargo, hay que precisar que no hay punto de comparación entre la situación que se vive en el Perú y la nuestra, el gobierno peruano jamás ha reconocido a las guerrillas como interlocutores válidos en una mesa de diálogo, el Gobierno Federal de México ha reconocido que el EZLN, no es una organización terrorista, se le ha considerado como un grupo de mexicanos cuyas causas y objetivos son legítimos y se les ha dado en la ley y en los hechos el trato de interlocutores válidos.

Esta legislatura así lo aprobó y en la práctica la defenderá en los hechos; más aún, se ha llevado a cabo un proceso de diálogo y concertación entre el Gobierno Federal y el EZLN, que si bien no ha dado los resultados esperados ha logrado evitar mayores males, un proceso de diálogo que estamos obligados a ver con esperanza e impulsarlo con decisión y compromiso.

La mejor y mayor diferencia es la posición y determinación del pueblo de México, que ha exigido que los conflictos cualquiera que sea su naturaleza, deben ser resueltos a través de medios pacíficos. En México, el pueblo es el garante de que se busque la paz digna, nosotros como miembros del Congreso estamos obligados a reconocer este mandato.

Compañeras diputadas y diputados: encontremos la confirmación de que nuestros caminos son de diálogo, por más lento y difícil que parezca, es el único posible para la convivencia de la nación; avancemos en la construcción de soluciones, de distensión en la zona norte de Chiapas y en una iniciativa política, con imaginación y voluntad que permita que en esta legislatura se aprueben unas modificaciones de carácter constitucional en materia indígena a satisfacción de las partes, de los pueblos indios y de la sociedad en general.

El Congreso es una instancia que tiene mecanismos a su alcance para lograr la paz justa y digna en México, busquemos los lugares de encuentro y no de desencuentro. La Cocopa y el Congreso tienen la capacidad para lograrlo.

Muchas gracias.

COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que en obvio de tiempo se inserte en el Diario de los Debates el informe que en su momento debió haber leído el diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal, sobre las actividades realizadas por la Comisión de Fomento Cooperativo.

«Informe de actividades realizadas por la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura.

El 6 de diciembre de 1994, y una vez aprobada su integración por el pleno de la Cámara de Diputados, se procedió a la instalación de la Comisión de Fomento Cooperativo en reunión solemne celebrada en el salón "Leona Vicario" del edificio H, de esta Cámara, integrándose por 29 miembros de los cuales 18 pertenecen a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, ocho al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dos a la fracción del Partido de la Revolución Democrática y la del Partido del Trabajo.

En enero 17 de 1995 en sesión ordinaria se presentó a la consideración de los miembros de la comisión el plan de trabajo, mismo que fue aprobado por unanimidad al proceder del análisis y trabajo de representantes de todos los grupos parlamentarios.

Convencidos de que la organización y desarrollo de las sociedades cooperativas puede dar un nuevo y renovado impulso a la economía de nuestro país, iniciamos nuestros trabajos, primeramente analizando posibles reformas a su marco jurídico y posteriormente promoviendo la existencia de cooperativas de producción como coadyuvantes para abatir el desempleo, de las de consumo como instrumento para la adquisición de satisfactores a precios preferenciales al eliminar intermediarios, poniendo especial consideración en las cooperativas de ahorro y préstamo, pues son promotoras del ahorro interno.

En sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero del mismo año, se nombraron los diputados que se integrarían en las diversas subcomisiones, acordes al plan de trabajo trazado, siendo las siguientes:

Estudios y trabajos legislativos;

Capacitación cooperativa;

Apoyo jurídicocooperativo y

Difusión y divulgación editorial.

A partir de la organización y estructura de la comisión, se procedió a la elaboración del programa de actividades, correspondiente al ejercicio 1995, consistente en la celebración de foros, conferencias, asesorías, visitas de estudio y diversas actividades que nos ayudaran al logro de los objetivos planeados.

Durante el año de 1995, en cumplimiento al programa referido, se celebraron cuatro foros de cooperativismo en Orizaba, Veracruz (22 de septiembre); Nogales, Veracruz (23 y 24 de septiembre); Tepatitlán, Jalisco (14 de octubre) y Monterrey, Nuevo León (29 de noviembre). En estos eventos se contó con un auditorio de 463 asistentes registrados, asistimos 22 legisladores del Congreso de la Unión, además de contar con la asistencia de autoridades representativas de las diferentes localidades donde se realizaron estos foros. Los temas abordados fueron: los principios universales del cooperativismo, marco legal aplicable a las cooperativas, adecuación a las bases constitutivas de las cooperativas a la nueva ley que las rige, régimen fiscal del cooperativismo mexicano y la promoción de la constitución del consejo superior del cooperativismo.

Se presentaron ocho ponencias mismas que fueron estudiadas y analizadas durante el desarrollo de los eventos. Algunas fueron resueltas de inmediato y otras que no eran de la competencia de la comisión, se canalizaron a las instancias gubernamentales correspondientes. Se extendieron diplomas de reconocimiento a los expositores, ponentes y organizadores, así como a invitados especiales y a representantes de las sociedades cooperativas.

Por otra parte, se inició la distribución de ejemplares de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, a fin de promover su conocimiento y aplicación dada su reciente publicación (4 de agosto de 1994).

Por lo que respecta a las conferencias dictadas en 1995, destaca una sobre perspectivas del cooperativismo, impartida el día 11 de octubre en la Universidad de Chapingo, por parte del personal técnico de esta comisión.

En octubre del mismo año, la Comisión de Fomento Cooperativo participó en la organización de un desfile para conmemorar el ejercicio del cooperativismo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al cual asistieron miembros de la comisión y personal técnico de la misma y un gran contingente de cooperativistas del Estado de Jalisco dedicados a todas las ramas de la economía, principalmente de ahorro y préstamo.

En materia legislativa, se presentó ante el pleno de la Cámara una iniciativa de decreto que adiciona con un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para incluir a las cooperativas escolares en esta ley. La misma fue dictaminada por la comisión y aprobada por unanimidad de votos de los diputados integrantes de esta representación popular.

Nos permitimos realizar el proyecto de dictamen, que deberá emitir la Comisión de Fomento Cooperativo en conjunto con la de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto a una reforma al artículo 40 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de desaparecer de la estructura de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la dirección de fomento cooperativo. Lo anterior, motivado en que las facultades otorgadas en su momento a dicha dirección han desaparecido con la promulgación de la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Cabe señalar que dicha iniciativa fue recibida como rezago de la anterior legislatura.

Asimismo, también formulamos proyecto de dictamen que conjuntamente deberíamos realizar con la Comisión de Hacienda, relativa a suprimir de la Ley General de Sociedades Mercantiles a las Sociedades Cooperativas, en este caso la opinión unánime de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo fue en el sentido de la no procedencia de la iniciativa recibida desde la LIV Legislatura.

En el ejercicio correspondiente al año 1996 se celebraron 13 foros de cooperativismo en Irapuato, Guanajuato (10 y 11 de febrero); Tepeji del Río, Hidalgo (25 de febrero); Ensenada, Baja California (7 y 8 de marzo); Puerto Vallarta, Jalisco (8 de marzo); Jalapa, Veracruz (29 de marzo); Cuernavaca, Morelos (12 de abril); ciudad Lerdo, Durango (17 y 18 de mayo); Jalostotitlán, Jalisco (31 de mayo y 1o. de junio); Villahermosa, Tabasco (13 y 14 de junio); Guaymas, Sonora (25 y 26 de julio); Acapulco, Guerrero (22 y 23 de agosto); Morelia, Michoacán (18 de octubre) y Tepic, Nayarit (8 y 9 de noviembre).

Entre los temas tratados en los diferentes foros, destacan la doctrina cooperativa, el marco legal aplicable a las cooperativas, régimen fiscal aplicable a las cooperativas y la organización cooperativa.

En algunos casos se abordaron temas de interés regional a solicitud de los cooperativistas tales como perspectivas turísticas, importancia de las cooperativas pesqueras en el desarrollo económico y social, perspectivas del cooperativismo agropecuario, desarrollo empresarial en la administración de las cooperativas, proyectos de inversión agroindustrial, entre otros.

Se expusieron un total de 37 ponencias, en las que quienes tienen la experiencia de la aplicación de la legislación cooperativa plantearon su problemática y sus puntos de vista de acuerdo a su actividad, mismas a las que previo análisis se les dio respuesta y se plantearon por los diputados alternativas de solución. Se pactaron compromisos con los cooperativistas, para darle trámite ante las instancias correspondientes a aquellos asuntos que no son de la competencia de la comisión, canalizándolas a las comisiones y autoridades respectivas para su posible solución.

Por lo que respecta a los planteamientos relativos a las modificaciones a la Ley Cooperativa en vigor, estos casos se turnaron a la subcomisión de estudios y trabajos legislativos para su análisis y su consideración en caso de viabilidad.

Se contó con una audiencia de 2 mil 320 cooperativistas y público interesado en el sistema cooperativo, asistimos 55 diputados federales, cuatro senadores, diputados locales, así como autoridades estatales y municipales de las respectivas entidades.

Se otorgaron 380 reconocimientos a los expositores, ponentes, organizadores, representantes de sociedades cooperativas e invitados especiales.

Se realizó, también, una mesa redonda el 27 de enero, en la ciudad de Querétaro con la unión de cajas populares de esa entidad y un congreso estatal en la ciudad de Zapopan, Jalisco, los días 15 y 16 de marzo, efectuado en la facultad de administración de la Universidad de Guadalajara, cuya denominación fue "La Universidad y las cooperativas hacia una conciencia exportadora", abordándose los siguientes temas:

Origen y desarrollo del cooperativismo;

Problemática del desarrollo cooperativo en México;

Transculturación de las cooperativas en las universidades y

Mercadotecnia y comercio exterior.

Asistieron a la mesa redonda 80 cooperativistas y al congreso 536 personas entre estudiantes, cooperativistas y público interesado en la temática, así como seis diputados federales, tres en cada evento, otorgándose diplomas a los asistentes a la mesa redonda y 100 a los del congreso, en su mayoría a los estudiantes que lo requerían como valor curricular.

Se recabaron en los 17 foros antes mencionados 46 propuestas de reforma y adiciones a la ley actual, incluyendo las de los miembros de la comisión y personal técnico de la misma, las cuales se turnaron a la subcomisión de estudios y trabajos legislativos para su previo estudio y análisis.

Por lo que respecta al trabajo realizado en el año de 1997, a la fecha se han realizado cursos de cooperativismo en Mexicali, Baja California (7 de febrero); Ensenada, Baja California (8 de febrero); Colima, Colima (11 de abril) e Irapuato, Guanajuato (23 de abril). Cabe señalar que se encuentran programados eventos futuros en los estados de Tabasco, Yucatán, Chiapas e Hidalgo.

A partir de la presente legislatura, la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Diputados se ha hecho presente en eventos cooperativos internacionales, tales como el efectuado en Miami, Florida, del 6 al 8 de diciembre de 1995, denominado "Conferencia Regional y Alianzas Estratégicas 1995", organizado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en donde estuvieron representados 48 países; los temas que se abordaron fueron: taller de banca cooperativa, de ahorro y crédito; mercado internacional y organizaciones cúpulas, asistimos a este evento dos diputados miembros de la comisión.

Otro evento se efectuó en la ciudad de Lima, Perú, del 4 al 6 de julio de 1996, denominado "Encuentro Continental de Estrategias del Recurso Humano en las Cooperativas". En este encuentro magistral continental estuvieron representados 50 países, destacando personalidades de organismos cooperativos y por parte de la comisión, asistimos cuatro diputados miembros.

En la ciudad de San José de Costa Rica, se celebró del 20 al 23 de noviembre de 1996, una conferencia regional de cooperativas, donde estuvieron representadas 200 cooperativas de América. Por lo que respecta a nuestro país, asistieron 30 sociedades cooperativas, mismas que tuvieron una visión de los organismos cúpulas que tanta falta hacen a nuestro desarrollo. La comisión se vio representada por cinco diputados miembros.

Por último en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, se llevó a cabo un Seminario Internacional sobre Prestación de Servicios Públicos y Desarrollo Regional, los días 18 y 19 de abril del presente año. El objetivo fue el de brindar un foro de alcance internacional para analizar y contrastar experiencias cooperativas exitosas en la prestación de servicios públicos, evento que fue promovido por la Organización de las Cooperativas de América.

Asimismo, el día 21 de abril de 1997, celebramos una reunión con funcionarios del Banco Cooperativo de Colombia, a fin de recabar información y sugerencias en materia bancaria.

A futuro, en noviembre del presente año, la Alianza Cooperativa Internacional habrá de desarrollar en nuestro país su conferencia regional anual, en esta ocasión dedicada a destacar el aporte de las sociedades cooperativas en el combate al desempleo; estamos trabajando en apoyo a la misma, de forma que las relaciones internacionales de esta Cámara se intensificarán.

El día de hoy, diputados integrantes de esta comisión, presentamos una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, como una respuesta clara a lo manifestado por los cooperativistas de México a través de los foros de consulta realizados y señalados en los renglones anteriores. Habremos de realizar el dictamen correspondiente, de forma que de darse un periodo de sesiones extraordinarias de la presente legislatura, será presentado para su discusión y aprobación en su caso.

A la fecha esta comisión ha realizado 12 sesiones de trabajo y una extraordinaria, de las que existen las actas, informes, documentación administrativa y demás información que sustentan el trabajo que desempeñamos y que nos fue encomendado por la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que esta comisión, en coordinación con directivos de la sociedad cooperativa de cementos "La Cruz Azul", SCL, en apoyo a las demandas de financiamiento de los cooperativistas del país, elaboró un programa de trabajo en el que se incluyen actividades pendientes a la creación de un banco nacional cooperativo, proyecto que se encuentra a cargo del diputado Guillermo Alvarez Cuevas.

Es importante también señalar el hecho de que la comisión ha promovido en todo el país, la constitución de uniones, federaciones y confederaciones, así como del consejo superior del cooperativismo, al grado de que tengamos conocimiento de que a la fecha existan legalmente constituidas tres federaciones pesqueras, cuatro federaciones de ahorro y préstamo, dos federaciones de transportes, una federación de artesanos, una federación de consumo agropecuario, cuatro uniones de cooperativas dedicadas a diversas ramas de la economía, la confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Confederación Nacional de cooperativas Pesqueras.

Se dio asesoría a 512 organismos cooperativos; se visitaron diversas sociedades cooperativas, destacando entre ellas "La Cruz Azul", "De trabajadores de Pascual", "Balneario Atotonilco" y "Mecánicos 100". Se visitaron las universidades de Guadalajara, Autónoma de Querétaro y Autónoma de Chapingo.

Por lo que se refiere a la difusión y divulgación editorial, hemos entregado 5 mil 430 ejemplares de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 315 documentos relativos a la información general para la organización cooperativa, 3 mil 420 documentos conteniendo los principios universales del cooperativismo comentados y 360 ejemplares del Prontuario Fiscal editado por la Comisión de Fomento Cooperativo de la Cámara de Senadores.

Seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra legislatura pues habremos de realizar diversas actividades concernientes a nuestra investidura. Por lo pronto nos encontramos ordenando toda la documentación perteneciente a la comisión a mi cargo, habremos de entregar no sólo archivos ordenados, sino directorios de las organizaciones cooperativas nacionales e internacionales con quienes tenemos relación, entregaremos una biblioteca vasta con temáticas necesarias para el buen desempeño de quienes pertenezcan a esta comisión en la LVII Legislatura y, lo que es más importante, entregaremos un equipo humano técnico y profesional que garantiza a los próximos responsables el inmediato rendimiento en su desempeño.

En 1994 recibimos una oficina sin rumbo, sin proyecto y sin relaciones con el sector solidario correspondiente. En septiembre del presente año, nos iremos satisfechos del deber cumplido.

Muchas Gracias.

Diputado, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo.»

PROBLEMAS MIGRATORIOS

El Presidente:

Hace uso de la palabra el diputado Luis Felipe Mena Salas, para referirse a la migración y al Acta 1996.

El diputado Luis Felipe Mena Salas:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Comenzaré esta intervención con las palabras pronunciadas y redactadas en la declaración de independencia de los Estados Unidos por Thomas Jefferson, político y filósofo de aquella nación, redactor de dicha acta y de la primera Constitución de aquel país.

"Nosotros creemos evidentes las siguientes verdades: que los hombres han nacido iguales, que han sido dotados por su creador por derechos inalienables, entre los cuales se encuentran los de la vida, la libertad y el derecho de ser felices. Todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen derechos de los que no se pueden privar a las generaciones sucesivas al constituirse en sociedad, tales derechos son el goce de vida y libertad, el de adquirir y poseer bienes, así como el deseo de seguridad". Parece que dichos ideales han caído en el olvido en aquella nación.

Consideramos que el derecho de seguridad se satisface cuando los hombres poseen trabajo, bienestar y libertad.

En los últimos años, en nuestra nación ha sido notoria la falta de empleos, los cuales de existir, se traducirían en bienestar familiar. Es por ello que compatriotas nuestros de todas capacidades, obreros, técnicos, profesionistas, todos ellos desempleados, han pretendido abandonar el territorio nacional emigrando hacia la frontera norte con el deseo de encontrar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos.

México se ha convertido en un país de migrantes, como consecuencia de los problemas económicos que afrontamos. Tales problemas, junto con el desempleo, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el alza indiscriminada de precios de los productos, aunados al falso espejismo de las percepciones laborales, a veces exageradas, ocasionan que los trabajadores mexicanos encuentren sumamente atractivo abandonar el país en busca de mejores condiciones y oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias.

La migración se ha presentado fundamentalmente bajo dos esquemas, la de temporal y la permanente. La primera se dio en épocas en que los Estados Unidos solicitaron a nuestro país un número determinado de trabajadores para labores agrícolas o para hacer frente a sus necesidades derivadas del desarrollo de sus industrias; la permanente, por lo general, se ha constituido como una corriente migratoria que pretende buscar mejores oportunidades de desarrollo en otras naciones, pero principalmente con nuestro vecino, los Estados Unidos.

El problema económico por el que atraviesa nuestra nación, se ha constituido en el principal obstáculo para la creación de empleos. Por la razón anterior, consideramos que deben de implementarse programas con políticas más consistentes, que permitan la creación de nuevos empleos de manera sostenida y que, de esta forma, se pueda cortar el flujo migratorio.

La migración constituye un añejo problema entre nuestra nación y nuestros vecinos, del cual han derivado innumerables violaciones a los derechos humanos de los indocumentados mexicanos, violaciones que en los últimos tiempos se han configurado a través de diversas disposiciones legales, como la 187 en el Estado de California y la Ley Federal Acta 1996, reformas a la inmigración ilegal y responsabilidad de los migrantes en Estados Unidos, la primera de aplicación estatal, en suspenso, debido a una resolución judicial y la última, de aplicación nacional, de manera gradual hasta el año 2001.

Estas disposiciones legales han introducido nuevas presiones a las ya precarias condiciones de vida que actualmente tienen los trabajadores migratorios. La aplicación del Acta 1996, reformas a la migración ilegal y responsabilidad de los migrantes en Estados Unidos, debe de motivar a nuestro Gobierno a considerar un retorno obligado a la coexistencia que siempre hemos tenido con nuestros vecinos, los Estados Unidos.

Sería loable el establecimiento de convenios con aquella nación, con la finalidad de que se fijen, como se hiciera en la década de los años cincuenta el número de trabajadores migratorios que prestarían sus servicios en forma temporal, pero con vigencia de todos sus derechos laborales en el territorio de aquel país, con la finalidad de que la inmigración fuere más ordenada y cesara la persecución de los indocumentados mexicanos, persecución que seguramente se incrementará en fechas próximas, en razón de la aplicación de la nueva ley por parte de autoridades estadounidenses; persecución que resulta onerosa y que ha originado una serie de accidentes, algunos de los cuales de consecuencias fatales: 17 inmigrantes fallecidos, según informes oficiales.

El Acta 1996 o Ley de Inmigración de Estados Unidos, constituye un retroceso en la política migratoria de aquella nación, comparándola con la ley anterior. Desde que fue suscrita por el Presidente Clinton el 30 de septiembre de 1996, han entrado en vigor más de 140 medidas, cuyo propósito principal es frenar el ingreso de indocumentados, medidas que si bien ellos tienen el derecho de aplicarlas a pesar de su alto costo económico y político, las consideramos inapropiadas, porque las cantidades de dólares asignadas en su aplicación podrían destinarse para mejorar los servicios de asistencia social y de educación en favor de los residentes legales que en los últimos meses han resentido la reducción de tales beneficios.

No consideramos recíproco que por un lado el Gobierno de México hable de acuerdos, de convenios, de cooperación y amistad con los Estados Unidos y éstos responden creando leyes más severas en contra de los migrantes, con dedicatoria especial para los mexicanos y que de esta manera se puedan resolver las cosas. Nosotros hablamos de cooperación y amistad y los Estados Unidos responden con la construcción de una triple muralla divisoria en algunos de sus sectores, la cual será custodiada en próximas fechas por más de 5 mil agentes de la patrulla fronteriza.

Con la hospitalidad que nos caracteriza, recibimos en el territorio nacional a miles de norteamericanos y por el otro lado, nuestros connacionales son detenidos y multados con sumas económicas de 50 a 250 dólares, por la simple pretensión de ingresar a aquella nación, sumas que en muchas ocasiones nuestros paisanos no llevan en los bolsillos.

Asimismo nos parece demasiado rigurosa y por ello inaceptable en los términos de la mencionada ley, que el departamento de justicia pueda suspender el ingreso a los Estados Unidos de alguno o todos los extranjeros que utilicen una línea aérea, por el hecho de que uno de sus ocupantes no cuente con la documentación legal o utilice uno falso.

La sanción debe de recaer en la línea aérea o sobre el sujeto infractor. Justos pagan por pecadores.

De igual manera resulta riesgosa la autorización que se otorga al Departamento de Justicia norteamericano, para suscribir acuerdos con autoridades estatales, a fin de que éstas puedan llevar a efecto labores de pesquisa, es decir, que sin existir denuncia alguna realicen investigaciones y detenciones de extranjeros indocumentados, ya que dichas autoridades estatales no tienen la preparación necesaria para el ejercicio de dichos actos y esto pueda traducirse en ejemplos, entre otros, como el de Riverside.

Consideramos violatoria la eliminación de garantías jurídicas con que contaba todo trabajador inmigrante para suspender la deportación, ya que no se le permite al detenido defenderse legalmente cuando tenga argumentos válidos que impliquen una estancia razonable en territorio norteamericano. Este hecho constituye una alteración a los derechos universalmente consagrados, como es el de defenderse.

Las sanciones establecidas en contra de los empleadores de indocumentados hará más angustiosa la situación laboral de éstos. La privación de los beneficios educativos de possecundaria a los inmigrantes indocumentados constituye una violación no sólo a los derechos humanos, sino a la convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

Todo lo anterior constituye una política oficial en contra de los buenos deseos establecidos en diversos convenios bilaterales y multilaterales suscritos entre México y los Estados Unidos, como el firmado en 1994 en el grupo de trabajo sobre inmigración y asuntos consulares, en el que de acuerdo con el comunicado conjunto por el que ambos gobiernos interaliado, reiteraron su firme propósito con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, independientemente del status migratorio y los acuerdos tomados para fortalecer la repatriación segura y ordenada a la frontera mexicana.

De igual manera consideramos improcedente y violatorias las notificaciones que se hagan a indocumentados mexicanos en idioma distinto al español, puesto que un ligero movimiento de cabeza podrá ser interpretado por la autoridad como del entendimiento por parte del notificado.

A contrario sensu de los argumentos esgrimidos por la cancillería, sí nos debe de preocupar el hecho de que las autoridades norteamericanas procedieron a deportar a más de 1 millón de indocumentados por año en los últimos cinco.

En relación a las quejas por abusos cometidos por agentes del SIM y miembros de la patrulla fronteriza en contra de inmigrantes indocumentados, a iniciativa de la procuradora general Janet Reno, se conformó el comité asesor ciudadano, cuyo representante observador, por parte del Gobierno mexicano, la Cancillería nombró al ciudadano Armando Ortiz Rocha, cónsul de México en El Paso, sin que a la fecha tengamos un informe detallado de las actividades realizadas por dicho comité.

Debemos de apoyar los esfuerzos de Rulos Guliani, alcalde de Nueva York, quien en días pasados comenzó una campaña en aquella ciudad, con la finalidad de que los migrantes legales no pierdan beneficios económicos y tarjetas de alimentos, a raíz de una serie de reformas a la Ley de Apoyo Social.

Esta campaña ha recibido apoyo de los congresistas, la demócrata Carolyn McCarthy y del republicano Peter Keen.

Compañeros diputados: el Partido Acción Nacional reafirma los siguientes conceptos:

Reconociendo que el hombre no puede realizar el ideal del ser humano libre, sino liberándose del temor y la miseria y que se deben de crear las condiciones que permitan a cada persona gozar de esos derechos económicos, sociales, culturales, así como de sus derechos civiles y políticos; que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados miembros la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y de las libertades humanas, ratificamos las siguientes propuestas:

1o. Agilizar los trámites necesarios para la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

2o. Que en la reunión binacional MéxicoEstados Unidos, a celebrarse en los próximos días, el tema principal que debe ser abordado y discutido sea el relativo a la inmigración de mexicanos hacia Estados Unidos.

3o. Que la visita que realiza en estos momentos el presidente Zedillo a los Estados Unidos y que en la próxima que realizará el Presidente Clinton a nuestro país, se debe de abordar el tema de la migración con el nivel que se requiere en la agenda de trabajo.

4o. Apertura a la mano de obra mexicana en los Estados Unidos en cantidad determinada por los propios gobiernos, tomando como base la propuesta del congresista Lamas Smith, de un programa similar al denominado "Braceros", aplicado en la época de los años cuarenta y los cincuenta.

5o. Establecer un programa de apoyo gubernamental a las ciudades fronterizas con alto indice de población flotante, cuya finalidad es el ingreso a los Estados Unidos.

6o. Establecer un programa gubernamental permanente de creación de empleos, a fin de lograr una disminución en el número de trabajadores que pretenden ingresar a los Estados Unidos.

Compañeros: los hombres han nacido iguales; han sido dotados por su creador de derechos inalienables entre los que se cuentan los de la vida, la libertad y el deseo de ser felices.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnense las propuestas presentadas por el diputado Luis Felipe Mena Salas, a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel García García, para el mismo tema.

El diputado Miguel Angel García García:

Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

De los cientos de temas que se abordan diariamente en el marco de la relación con los Estados Unidos, el migratorio y su impacto con las comunidades de origen mexicano, es sin duda el más álgido.

En el primero, se ha logrado crear nuevos mecanismos de consulta al interior de los Estados Unidos, entre cónsules y directores distritales del servicio de inmigración y naturalización. La firma de un acuerdo de protección a nacionales en el otro país. El incorporar el asunto inmigratorio, como ya lo señalaba el diputado que me antecedió en la palabra, en la próxima interparlamentaria MéxicoEstados Unidos, es también un avance diplomático y derivado del acuerdo de las cuatro fracciones parlamentarias representadas en esta soberanía, así como avanzar también en la exigencia de una repatriación ordenada y digna de los nacionales y fortalecer los consulados, para que otorguen asesoría y orientación jurídica eficaz a los connacionales.

Para mejorar las tareas de atención y defensa de los connacionales, vemos también con buenos propósitos, el que la cancillería mexicana haya elevado a rango de coordinación general, el área de la protección y asuntos consulares.

Sin embargo, debemos estar atentos también a la elaboración de estudios sobre el problema de la emigración, porque éste es sin duda es uno de los restos que hay que ir administrando, porque es un hecho que el fenómeno de la emigración no se va a detener en el futuro inmediato. Porque tiene raicees profundas y heterogéneas. que no s61o se vinculan a la búsqueda de oportunidades de trabajo bien remunerado, sino que tiene razones de carácter histórico, sociológico, cultural y familiar.

La estadística nos indica que el 70% de los migrantes tienen algún vínculo familiar del otro lado, que es donde se crea ese hábito de cruce anual e inclusive como sabemos, hay una enorme de migrantes temporales en épocas de cosechas hacia los Estados Unidos, y que luego regresan a México para seguir usufructuando un pedazo de tierra en nuestro país.

Penamos que este diagnóstico debe también arrojar datos sobre costo de los migrantes para los municipios, los estados y la federación. El costo de la educación, la salud y los servicios públicos. El costo marginal de la mano de obra en las actividades agrícolas en los Estados Unidos, más allá como se ha querido ver de la simple socialización del beneficio, para identificar el costobeneficio para ambos países, sobre todo el impacto que también tiene en los derechos humanos y en la vida cultural de ambos países.

Señoras y señores diputados. Coincidimos en la fracción del PRI en que deba incluirse el tema de la migración, como ya fue acordado por esta soberanía, en la próxima reunión bilateral MéxicoEstados Unidos.

Coincidimos también en la necesidad de fortalecer a los estados que habrán de recibir mano de obra mexicana, derivado de los programas que se han aplicado en ese país.

Coincidimos también en que el fenómeno de la migración es estructural no coyuntural, y ello es parte del diagnóstico que habremos de diseñar.

Aunque no podemos negar que hay también en los Estados Unidos, una tendencia a rigidizar los reglamentos migratorios, las leyes exacerbadas por los momentos electorales de aquel país, como es el caso de la ley 187 y del Acta de 1996 que a todas luces es una ley policiaca, punitiva y que atenta contra los derechos humanos. Que obedece también a criterios de campaña para atraer votos a los candidatos en ese Estado. Eso, compañeras y compañeros diputados, habremos de rechazarlo tajantemente; por el contrario, el tema migratorio hay que llevarlo a foros multilaterales, el tema migratorio, como bien lo sabemos representa en el mundo un movimiento de más de 100 millones de ciudadanos que debido a los movimientos y a la globalización económica, fluyen hacia las principales economías del mundo.

Por tanto, no aceptamos que en el asunto migratorio entre México y Estados Unidos éste se vea como un problema de un solo país y que tampoco los Estados Unidos lo consideren un asunto interno y atentorio a su seguridad y que aplique leyes o procedimientos punitivos, porque, sin duda, estos afectan a México y a otros países de América latina.

Y es aquí donde entra el derecho y la obligación del Estado mexicano de proteger a sus connacionales y donde el asunto deja de ser unilateral; éste, para nosotros, es el verdadero fondo del debate que habremos de seguir impulsando y apoyando en este Congreso, el consolidar una diplomacia parlamentaria en apoyo a las acciones responsables del Gobierno mexicano y en el marco, siempre en el marco de una cooperación y diálogo constante.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificación de hechos, hasta por cinco minutos, se le da uso de la voz al diputado Daniel Quintero Peña.

El diputado Daniel Quintero Peña:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hace unas semanas se trataron en este recinto algunas de las consecuencias que tiene para nuestros connacionales la entrada en vigor del Acta 1996. Ahora, se vuelve a tocar el tema, lo cual es pertinente entre otros aspectos, por la inminente visita del presidente norteamericano William Clinton a nuestro país.

En este sentido, sería conveniente llegar a posiciones unitarias frente a las medidas adoptadas por nuestro vecino del norte y que nos afecta como país. Si bien es cierto que aspiramos que la política de veicindad con los Estados Unidos sea institucional y respetuosa, también queremos que sea firme en la defensa de nuestros intereses políticos, económicos, comerciales y, sobre todo, en la defensa de nuestros compatriotas.

No se debe soslayar ni minimizar la gravedad que representa la aplicación de la Ley de Inmigración y Responsabilidad de los Emigrantes, mismas que ha sido calificada como la más seria y criminal en los últimos 50 años. En ese sentido, deseo reiterar algunas exigencias planteadas en esta tribuna y que tienen plena vigencia en estos momentos. Es prioritario que se respeten los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas en los Estados Unidos.

El que los Estados Unidos promueva una política migratoria sujeta a intereses electorales, ha provocado fricción entre ambos gobiernos y pueblos; es urgente ventilar públicamente el tema migratorio y que nuestros vecinos comprendan que parte del respeto de nuestra soberanía, reside en el respeto a los derechos de los emigrantes.

El problema migratorio al cual nos enfrentamos, es inédito; las cifras hablan por sí solas. De acuerdo a información de especialistas, en 1996 fueron repatriados al rededor de 850 mil mexicanos y para este año esa cifra puede ser mucho mayor.

Adicionalmente, existen bases para afirmar que además de violatorias a los derechos humanos las leyes migratorias se aplican con criterios racistas y tendenciosos ¿De qué otra manera se podría explicar el hecho de que si bien los mexicanos indocumentados son sólo entre el 30% y el 40%, se les dedica el 85% de los recursos destinados a detener el flujo migratorio? ¿Acaso no hay una actitud xenofóbica y falsamente propagandística, en el hecho de que el 90% de los indocumentados detenidos sean de origen mexicano?

Nuestros principios como nación soberana nos dictan una conducta inalterable: defender los derechos de los mexicanos en cualquier parte donde se encuentren. Ese es el mensaje compañeros diputados, que habremos de darle al presidente que nos visita próximamente.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul);

Pido la palabra:

El Presidente:

¿Para el mismo tema compañero?

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde su curul):

Para rectificar hechos.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:

Es oportuno que se haya inscrito este punto de la nueva Ley Migratoria y su relación con nuestros trabajadores indocumentados y documentados en los Estados Unidos.

Es evidente que aquí ha habido un conjunto de cifras y de conceptos que debiéramos uniformarlos. Por ejemplo, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra decía que había 860 mil repatriados, usó el término él y yo creo que no debemos temerle a uniformar el tipo, porque ahora en la nueva Ley Migratoria de los Estados Unidos, se habla de repatriados, se habla de expulsados, se habla de gente que simplemente no se le deja cruzar la frontera. En fin, se uniforman, más bien, no se uniforman el tipo de actitud que hay, sobre todo de la policía migratoria de los Estados Unidos, hacia nuestros trabajadores.

De tal modo que nosotros tenemos que ser muy cautelosos y muy claros en decir que estos trabajadores han sido expulsados de los Estados Unidos, por el único delito de cruzar la frontera con el fin de conseguir una fuente de trabajo y aportar tanto a la economía norteamericana como también a la economía mexicana, ya que es sabido que entre 4 mil y 5 mil millones de dólares ingresan a nuestro país por concepto de los dólares que nuestros paisanos, que nuestros trabajadores envían a sus hogares y sobre todo, en algunas regiones de nuestro país constituyen un soporte fundamental para la subsistencia de sus familias y de sus regiones.

Ahora, con motivo de la visita del presidente Clinton, los días seis y siete, nosotros hemos propuesto, el PRD ha propuesto que uno de los temas fundamentales que se discuta en la agenda con el presidente norteamericano, sea el tema migratorio, el cual por distintos motivos se ha excluido como tema central de la agenda bilateral MéxicoEstados Unidos.

Pensamos que en este momento tiene que ser la defensa de nuestros trabajadores migratorios el principal tema en el cual todos los partidos políticos le expresemos de manera firme, aunque diplomáticamente al presidente Clinton, de que no admitimos que nuestros trabajadores migratorios, nuestros trabajadores indocumentados sean el centro del ataque de un conjunto de fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos que pretenden convertir a nuestros trabajadores en el centro de la tensión para desviar aspectos fundamentales.

Hace poco estuvo, hace unas semanas estuvo la señora Doris Meyner aquí y decía una cuestión que no se sostiene. Decía que "la economía norteamericana no necesitaba la mano de obra mexicana". Por lo tanto decía prácticamente que este es un problema que atañe sólo al lado mexicano y yo creo que esta es una barbaridad insostenible, ya que hay un conjunto de áreas y sectores de la economía norteamericana: la construcción, en textiles, en servicios, en la agricultura, en la industria, en fin, en un conjunto de ramas donde la mano de obra mexicana es básica y fundamental. Yo me preguntaría nada más qué pasaría si no existiera la mano de obra mexicana para recoger, por ejemplo la cosecha de fresa o la de tomate en los campos agrícolas de Arizona, de Texas y de California. Simplemente estas cosechas no se levantarían sin la mano de obra mexicana.

Por lo tanto nosotros tenemos que entrar a refutar de manera clara y decidida, cómo nuestra mano de obra es básica y fundamental para la economía norteamericana que aporta más de lo que recibe y de que de ninguna manera va a quitar empleos en los Estados Unidos. De tal modo que si nosotros unificamos criterios y voluntades, vamos a poder expresar al presidente Clinton que el interés nacional pasa en primer lugar, por la defensa de nuestros trabajadores y de que queremos que se respeten sus derechos humanos y laborales del otro lado de la frontera y también que nos comprometemos los mexicanos a respetar los derechos humanos y laborales de los trabajadores centroamericanos que cruzan territorio mexicano y que injustamente también son vejados y también son maltratados en nuestro país. Ese tiene que ser un compromiso de todas las fuerzas políticas mexicanas.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Emilio Solórzano.

El diputado Emilio Solórzano Solís:

Con su permiso, señor Presidente:

En relación a este tema que ha sido tan ampliamente discutido y debatido en otras sesiones, quisiera dejar y puntualizar algunos aspectos a nombre de la fracción priísta de esta Cámara de Diputados.

Primero, es clara la posición que en todo momento ha fijado la fracción parlamentaria del PRI y en todo momento, antes, durante y después de haber entrado en vigencia la ley racista y xenofóbica denominada Acta de 1996, expresamos nuestro absoluto rechazo por tratarse de una ley que viola flagrantemente los derechos más elementales del hombre.

Por eso, ahora, nuevamente y aquí, ratificamos nuestra absoluta exigencia para que en la próxima reunión binacional MéxicoEstados Unidos, en la agenda a tratar con nuestros homólogos, entiendan de la gravedad y sus consecuencias de la multicitada ley que trastoca y afecta las relaciones bilaterales y los tratados internacionales aprobados por las Naciones Unidas en el año de 1990, donde se establece la obligación de todos los países del mundo para que otorguen protección a todos los trabajadores migratorios y a sus familias, independientemente de la condición jurídica de su permanencia.

Por eso todas las fracciones parlamentarias firmamos el punto de acuerdo el pasado 1o. de abril. A su vez la Cancillería mexicana con acciones diplomáticas realiza a través de los consulados, apoyo jurídico y moral a todos los connacionales sin excepción. Por eso también en la recientemente XCVII Reunión Interparlamentaria Mundial la delegación mexicana planteó y se aprobó en Seúl, Corea, para que la próxima reunión a celebrarse en el mes de septiembre próximo en El Cairo, Egipto, el punto número uno en el temario de la agenda será: revisar los problemas migratorios que está generando la ley antimigrante expedida por el Congreso norteamericano, pues es aberrante, por elemental sentido común, que el Congreso que presume y dice ser el campeón de la democracia y del respeto de los derechos humanos, se desdigan con lo que hacen, practican y legislan.

Como sabido es de todos, la llamada Ley de Inmigración Ilegal contempla entre otras violaciones en su articulado la privación de la libertad, automáticamente, sin el debido proceso legal y sin derecho a ser oído. Como también ya se estableció aquí, se restringe y niega los servicios asistenciales y educativos a los trabajadores migrantes y a sus hijos, sin reconocer la gran aportación que han hecho con sus impuestos y mano de obra barata a la economía norteamericana, sólo por mencionar algunas.

Por eso los compañeros que me antecedieron en la palabra y que pasaron a esta tribuna a tocar este tema, al expresar su rechazo y protesta les digo: que el agravio es para todos los mexicanos, no de colores o de ideologías partidistas.

En consecuencias y no obstante que estamos seguros ya lo contempla, la fracción parlamentaria del PRI, con el debido respeto a la autonomía de los poderes, también le solicita al titular del Poder Ejecutivo Ernesto Zedillo, para que en sus conversaciones con el presidente Clinton agende los problemas de política migratoria en beneficio de nuestros connacionales.

Gracias.

SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION (II)

El Presidente:

Por solicitud presentada, esta Presidencia instruye a la Secretaría para que la iniciativa de decreto para crear el Sistema Nacional para la Asistencia Alimentaria, leída por la diputada Leticia Burgos Ochoa, sea turnada a las comisiones unidas de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, de Salud, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.

JUICIOS POLITICOS

El Presidente:

Hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar, para referirse a anuncios de dos demandas de juicio político.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

Antes de presentar las dos demandas de juicio político inscritas en el orden del día, nos permitiremos hacer un rápido antecedente de las que ha presentado la fracción Social Demócrata en esta legislatura.

Demandas de juicio político en contra de Saturnino Agüero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda; José Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la Presidencia de la República; Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación; Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal (tres denuncias); Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero; José Antonio González Fernández, procurador de Justicia del Distrito Federal; José Angel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores; Silvia Hernández, secretaria de Turismo; Antonio Lozano Gracia, procurador General de la República (tres demandas de juicio político); Miguel Mancera, gobernador del Banco de México; Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía; Iván Rosas, síndico de la Sindicatura Quiebra Ruta100; Carlos Salinas de Gortari (tres demandas de juicio político); Jaime Serra Puche (dos demandas), una en su carácter de secretario de Comercio, otra como secretario de Hacienda y Crédito Público y Ernesto Zedillo Ponce de León. Lamento citarlo al final, es un estricto orden alfabético (tres demandas de juicio político.

El día de hoy precisamente ratificamos la última demanda de juicio político en contra del encargado del Ejecutivo, Zedillo Ponce de León. No leeremos, porque no es el objeto hacer la exposición integral de esta demanda. Señalamos que al tomar posesión de la Presidencia el doctor Zedillo, protestó guardar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; en lugar de ser congruente con su protesta, Zedillo Ponce de León inició un proceso de militarización de las actividades cotidianas de nuestro país.

Nosotros denunciamos en este documento que pediré se inserte en el Diario de los Debates para no abusar del tiempo, señalamos, insisto, que el doctor Zedillo militarizó a las policías, policializó al Ejército, estableció retenes, de facto opera una suspensión de garantías, cuando la Carta Magna señala que las mismas pueden ser suspendidas pagando, claro, el costo político. De aquí se deduce que hay una violación a los derechos humanos y que de conformidad con el artículo 108 de la Carta Magna, al titular del Ejecutivo se le puede someter a juicio por delitos graves del orden común, no dice fuero, dice "orden común", para que no nos diga la subcomisión de examen previo que no se tipifica el fuero común, "orden común" y traición a la patria.

Una interpretación lógica y racional de ese precepto nos conduce a sostener que la Constitución preserva la figura presidencial de incriminaciones frívolas y por eso sólo lo responsabiliza de conductas gravemente ofensivas del orden legal. Pero de ahí no puede sacarse la conclusión aberrante de la subcomisión de examen previo, misma que ha sostenido en diversas oportunidades, de que el Presidente es impune en el régimen jurídico mexicano.

Lo cierto, compañeras y compañeros diputados, es que sólo está protegido por razón de su investidura, de incriminaciones menores. Se quiere que quien ocupe el puesto de mayor responsabilidad en nuestro sistema jurídicopolítico, no se distraiga en asuntos de poca monta.

En la Constitución vigente se estructura y normativiza un presidencialismo que ha dado frutos negativos a la nación, porque rebasa con creces los límites de la igualdad entre los poderes. La célebre frase de Montesquieu en el sentido de que el poder detenga al poder, entre los mexicanos no pasa de ser una mera utopía.

Por las razones anteriores se tipifica y configuran infracciones que hacen procedente la instauración del juicio político en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República.

Por lo expuesto a esta Cámara, hemos solicitado tenernos por presentados, citar al doctor Zedillo y determinar en su momento las responsabilidades correspondientes para proceder a la remoción de su fuero constitucional.

Con esta fecha, compañeras y compañeros diputados, presentamos ante el oficial mayor la siguiente demanda de juicio político en contra de los diputados Fernando Pérez Noriega, Dionisio Pérez Jácome y Saúl González Herrera, por infracciones al Código Punitivo Federal, que han causado graves perjuicios a la sociedad, como consecuencia del ejercicio del cargo de diputados federales de esta legislatura, como presidentes de las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Nuestro alegato consiste en que han violado el dispositivo que señala que las demandas de juicio político deben ser resueltas en un lapso no mayor de 30 días y es el caso que las 20 demandas que hemos aquí presentado han sido resueltas no en el lapso citado, sino cuando a los aludidos se les ocurre, se les antoja, se les viene en gana o tienen tiempo. Nosotros señalamos: ¿para qué tantos colaboradores en las citadas comisiones? Señalamos las denuncias, señalamos las fechas en las que han dado respuesta, hay algunas en donde la fracción Social Demócrata todavía no tiene respuestas. Las argumentaciones antes descritas hacen que se tipifique y configure la comisión de abuso de autoridad, lo cual hace procedente la instauración de juicio político en contra de los diputados. Mucho gusto nos da que el diputado Pérez Jácome con licencia, se reincorpore a esta Cámara para responder de estas imputaciones.

También dejaremos a la Secretaría el texto completo para no abusar del tiempo.

Y la segunda y última se refiere a un caso lamentable de abuso de exceso de poder, de prepotencia. Recientemente un grupo de vecinos de la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo de esta ciudad, ocurrió a denunciar ante el Instituto Mexicano de Ecología y Calidad de la Vida, AC, organismo descentralizado del partido Social Demócrata que me honro en presidir, la invasión de una barranca propiedad federal. Sí, alguien invadió, desmontó, deforestó, taló árboles clandestinamente, destruyó el entorno ecológico, se apropió de terrenos propiedad de la nación y construyó ahí un inmueble.

¿Dónde se encuentra ese sitio? Enfrente de los números 1370 y 1374 de las calles de Alpes de la citada colonia Lomas de Chapultepec. Se tomaron diversas fotos recientes, hemos escogido sólo una para no abusar del auditorio que muestra el inmueble que ha sido construido en el lugar de referencia. Este inmueble, según nuestros agrimensores y topógrafos, tiene una superficie de 160 m2, ahí se ve claramente que electricidad no paga, es otra de las pillerías del dueño de esta propiedad. ¿Por qué?, porque se colgó, como dicen, del cable, puso un diablito; predial tampoco paga, ahí no hay alineamiento, no hay números oficiales; agua quizá no pague porque se pudo haber ido directamente a la tubería central; gas sí paga porque ahí están dos cilindros, a menos que Jorge Orvañanos, de General de Gas le regale la dotación en pago a antiguos favores.

Estamos desde luego ante un despojo a la nación, ante una afectación del equilibrio ecológico ¿Quién es el pillo que se apropió de la barranca? Es el muy famoso sátrapa que hoy desgobierna el Estado de Puebla, don Manuel Bartlett Díaz. De este siniestro personaje se tienen datos activos como Secretario de Gobernación, la caída del sistema; jefe del asesino de Manuel Buendía, el supuesto autor último intelectual del asesinato de Buendía, cuando la opinión pública señalaba más arriba, personaje central para la conversión del país en plantación de mariguana en el sexenio de Miguel de la Madrid, autor de múltiples fraudes cibernéticos.

Hoy. ¿Quién es Bartlett? Para definirlo hemos recurrido a la red de redes, la Internet, antes de pasar a la tribuna hemos consultado para ver qué se dice de él y resulta que los grandes rotativos internacionales como el New York Times, Washington Post o el Street Journal, se ocupan de él pero para no abusar hemos escogido una sola referencia, no del Times, porque diría Bartlett que ese periódico la trae contra los gobernadores; tampoco del Post, porque diría que ese periódico es portavoz de los enemigos duros de México; hemos escogido el Wall Street Journal porque generalmente es el más objetivo y nos premia la impresora con una interesante portada; primera plana, abril cinco, aparece don Manuel y aparece con retrato, lo cual no cualquiera logra, es el señor que está en color anaranjado, el color es nuestro, pero es interesante, pero es interesante el encabezado.

Dice el encabezado del Journal, que a Bartlett le impide visitar los Estados Unidos una cita con el gran jurado de Los Angeles; dice que el gran jurado quiere platicar con Bartlett sobre un caso criminal antiguo, se refiere desde luego a Enrique Camarena.

Dice el artículo que el señor Bartlett fue denunciado en su momento como el personaje que estuvo en la residencia en Guadalajara; donde se torturó y asesinó al señor Camarena, que hay dos testigos que atestiguan ellos.

Señala que de 1983 a 1988 supervisó a la Policía Federal de Seguridad, "policía secreta considerada por muchos asociada al narcotráfico y conocida por sus excesos criminales". Dice más adelante que el señor Bartlett ha contratado recientemente a un abogado de nombre Michael Ligthfoot, literalmente querría decir "pie ligero", para que lo defienda de estas imputaciones de la procuradora Janet Reno y dice el artículo que la procuradora no está muy apantallada ni impresionada por el abogado; dice literalmente que: "no está impresionada por sus argumentos", y que le han contestado a Bartlett que no están dispuestos los de la procuraduría americana a quitar su nombre de los sospechosos hasta que se presente en Los Angeles ante el gran jurado.

Desde luego Bartlett, que es un hombre inteligente, no se va a presentar jamás, quiere decir que nunca podrá ir a Epcot Center, Disney World, Disneyland, sus hijos van a tener que buscar a lo mejor otras vías si es que quieren ser acompañados por papá.

Porque, señoras y señores, cuando don Rubén Zuno Arce cayó en el garlito de ir a declarar al gran jurado de Los Angeles, ¿qué creen ustedes que ocurrió? El gran jurado lo arraigó y el gran jurado lo juzgó, no obstante ser cuñado de aquél gran político mexicano que si chimuelo hubiere sido, masticaría tuercas: Echeverría; que si cojo, hubiera sido alambrista, pero con todo y la influencia echeverrista, Rubén Zuno Arce fue condenado a cadena perpetua y según el Wall Street, ésta es la inferencia si se le ocurre a don Manuel aparecerse allá corre el riesgo de ser arraigado, detenido, procesado y juzgado en los términos que ya señalamos.

Ese es nuestro personaje que hoy se apropia de la barranca, un malandrín de siete suelas, -diría el Quijote-, diría Cervantes en esa obra magistral pero, ¿para qué quiere Bartlett la casita? No le bastan dos residencias, una en Alpes 1370, otra en Alpes 1374; la quiere de área de visitas, la quiere de sala de espera para sus amigos, para cuarto de servicio doméstico, para taller mecánico, quizá un hobby, no se le conocen desde luego esas habilidades, sala de juegos, casa de muñecas para que jueguen sus hijos, ¿no?, son ya demasiado grandes, casa para jugar él mismo con muñecas más grandes o para jugar con sus amigos, centro de cómputo clandestino o centro de detención y tortura para sus enemigos políticos o para otras finalidades, ¿chilosa?, como dirían los jefes de la mafia siciliana en Nagrillent.

En tanto se averigua, con esta fecha presentamos demanda de juicio político que voy a obviar, pero señalamos que es del dominio público que el licenciado Bartlett, gobernador constitucional del Estado de Puebla, es propietario de dichas residencias, que dicho inmueble en este momento se encuentra ocupado por una casa construida por el gobernador, nos referimos a la barranca con la finalidad de que en ella la habiten personas a su servicio o para otros fines.

El gobernador Bartlett es responsable en primera instancia del delito de despojo de cosa inmueble en perjuicio de la nación, por invadir un terreno que no le pertenece, de manera ilegal y furtiva, en el ejercicio de gobernador de una entidad federativa.

Presentamos los argumentos de derecho y señalamos que la subcomisión de examen previo debe recabar los informes correspondientes ante la Secretaría que maneja los asuntos ecológicos, ante el Departamento del Distrito Federal para ver si paga el predial y desde luego le aportamos fotografías recientes, son del viernes pasado.

Concluimos que a esta Cámara le solicitamos tenernos por presentados e instruir el procedimiento de juicio político en contra del señor Bartlett Díaz, seguir el procedimiento previsto, dando aviso a la legislatura del Estado de Puebla, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda, de conformidad con el artículo 110 párrafo segundo de la Constitución General de la República.

Señor Presidente, dejamos estos documentos a la Secretaría con la súplica de que sean insertados, por obviedad de tiempo, en el Diario de los Debates y el llamamiento a la subcomisión de examen previo para que resuelva en tiempo y forma estas demandas.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado, se toma nota y se instruye a la Secretaría para que sea insertada en el Diario de los Debates.

«Acta de ratificación de denuncia de juicio.

México, Distrito Federal, siendo las 14:30 horas del día 25 del mes de abril de 1997, en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ubicada en el Palacio Legislativo, sito en avenida Congreso de la Unión, número 66 colonia El Parque de esta ciudad, ante el licenciado Miguel Angel Garita Alonso, director general de asuntos jurídicos, quien por instrucciones del oficial mayor de esta Cámara de Diputados, recibe la comparecencia del diputado Luis Sánchez Aguilar, al efecto el compareciente manifiesta que en este acto, ratifica en cumplimiento a lo establecido por el artículo 12 inciso A de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el escrito de fecha 25 de abril de1997, mismo que consta de cuatro fojas útiles, presentado ante la Oficilía Mayor de esta Cámara de Diputados en la misma fecha, por medio del cual presenta, denuncia de juicio político en contra del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que es todo lo que tienen que manifestar, dándose por terminada la presente a las 14:40 horas del mismo día de la fecha, firmando alcalce los que en ella intervinieron.

Firman: Miguel Angel Garita Alonso, director general de Asuntos Jurídicos; Luis Sánchez Aguilar; testigos: Carlos Alberto González Antonio y director de Servicios Legales; Hugo Colín Rodríguez.»

«Licenciado Héctor Serrano, Oficial Mayor. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo San Lázaro. Presente.

Luis Sánchez Aguilar, diputado federal independiente fracción Social Demócrata, la LVI Legislatura, señalando como domicilio el número 209 del edificio A del Palacio Legislativo, San Lázaro, de esta ciudad y autorizando para tales efectos a los señores licenciados José E. González Ruiz, Ernesto Sánchez Aguilar, Gonzalo Villalobos Corsi y Víctor Aguilar Barragán, en ejercicio de mis derechos y deberes ciudadanos, comparezco y expongo:

Que con fundamento en los artículos 74 fracción V, 108, 109, 110, 111 y 114 constitucionales y 6o, 7o, 8o, 9o, 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a ejercer la acción popular para demandar juicio político en materia penal, en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República, quien por el cargo que ocupa solamente puede ser enjuiciado por traición a la patria y por delitos graves del orden común, en aplicación del artículo 108 constitucional. Con la militarización del país, realizada por órdenes suyas, debido al carácter del jefe supremo de las fuerzas armadas que le confiere el artículo 89 de la Constitución Mexicana, el doctor Zedillo incurre en la tipificación prevista en el precepto citado en primer lugar, pues esa creciente presencia e incidencia de las fuerzas armadas quebranta el marco constitucional y restringe al uso de las garantías individuales de todos los habitantes del país.

Hechos

1o. Al tomar posesión de la Presidencia de la República, que como todos sabemos es el cargo de mayor responsabilidad en México, el doctor Zedillo protestó guardar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de ella emanadas. Así se comprometió a respetar las garantías individuales consagradas en la parte dogmática de nuestra Carta constitucional, así como en leyes secundarias e instrumentos internacionales firmados por el Gobierno, que forman parte de nuestra normatividad.

2o. En lugar de ser congruente con su protesta, Ernesto Zedillo Ponce de León dio inicio a un proceso de militarización de las actividades cotidianas de nuestro país y aun cuando no puede decirse que no hayan antecedentes de esa conducta en los anteriores titulares de la Presidencia, con el actual, la situación empero notablemente. Entre los hechos más preocupantes y constitutivos de delitos tenemos los siguientes:

a) Designar efectivos castrenses de alto rango en puestos directivos de policía. Es conocido el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos presiona para que se encargue a miembros del Ejército el combate a las drogas, de modo que la actitud del doctor Zedillo se ajusta a esas pretensiones.

b) Centralizar en manos de esos efectivos la conducción de todas las policías del país, arguyendo razones de coordinación. Con ello, las autoridades estatales y municipales quedaron subordinadas a las federales (hegemonizadas a su vez por los militares), lo cual rompe el principio federalista que establece nuestra Constitución como forma de organización del Estado mexicano.

c) Ordenar el establecimiento de retenes (policiacos, militares o combinados) en las carreteras, plazas y calles del país, violando la libertad de tránsito consagrada constitucionalmente. La costumbre de interceptar y esculcar las pertenencias de quienes habitan nuestro país, por más que se generalice nunca será igual. Si el doctor Zedillo quiere que los derechos de los mexicanos se restringan o se suspendan, tiene la obligación de promover la declaración de suspensión de garantías que prevé el artículo 29 constitucional y pagar el costo político. Mientras tanto, viola la ley al atacar nuestras prerrogativas constitucionales.

d) Mandar que miembros del Ejército sustituyan a los policías en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, mientras reciben adiestramiento por parte de soldados en el Campo Militar número 1, de la Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho notar que hay diferencias de esencia entre la preparación que debe recibir un soldado (para reducir y aniquilar al enemigo) de la de un policía (para proteger a la población).

e) Emitir órdenes para que el Ejército allane poblaciones enteras y viviendas, en regiones donde se supone que accionan grupos insurgentes. Lo ocurrido en la región Loxicha de Oaxaca, es prueba irrefutable de atropello a las garantías individuales de los pobladores.

f) No impedir que se practique la desaparición forzada de las personas, considerada por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como delito equiparable al genocidio. Dos combatientes del Ejército Popular Revolucionario han denunciado su desaparición temporal por efectivos militares, incluso Jesús Salas Dircio hizo saber que elementos extranjeros participaron en la tortura que se le infligió.

3o. Como Presidente de la República, el doctor Zedillo ha celebrado acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, supuestamente para combatir al narcotráfico, pero realmente con fines contrainsurgentes. Es público y notorio que agentes de la DEA y del FBI operan en México, sin que se sepa de su número exacto ni de sus actividades concretas. Cuando la administración Clinton "certificó" al Gobierno del doctor Zedillo, recibió fuertes críticas en el Congreso norteamericano el cual exigió que sus agentes no solamente sean más, sino que puedan portar armas en territorio mexicano.

No sabemos cuántos policías operan en México. Pero hay evidencias de que no solamente provienen de los Estados Unidos, pues el luchador social argentino, Enrique Gorriarán Merlo declaró que fue detenido en nuestro país y que en su captura participaron agentes de aquella nacionalidad, a los cuales identificó plenamente. No se tomó el Gobierno del doctor Zedillo la molestia de dar ninguna explicación sobre el particular.

4o. En febrero de 1995, cuando ordenó la aprehensión de la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el doctor Zedillo utilizó tropas del ejercito. Involucró al estamento castrense en un incumplimiento de sus propios compromisos, pues estaba (y sigue estando) en marcha un proceso de negociación que impide tomar a las partes este tipo de iniciativas. Faltó a su palabra y puso en peligro la paz de la nación. Desde entonces, Chiapas vive un clima de inseguridad, provocado por una invasión militar que carece de sustento legal.

5o. Ernesto Zedillo Ponce de León nombró como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (lNCD) al general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien actualmente se encuentra preso en Almoloya, acusado de proteger a un presunto narcotraficante llamado Amado Carrillo, a quien se conoce como "el señor de los cielos". Ese uso tan errado y perjudicial de la facultad de nombramiento no puede pasar desapercibido ni quedar impune. Sobre todo, porque lo mismo hizo Zedillo con los mandos altos y medios (más de 30 casos) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal. Alguien que yerra tan frecuente y gravemente en sus decisiones, no puede seguir teniendo las mismas facultades y prerrogativas.

6o. No obstante la evidencia de que es inocente, se mantiene en prisión y sujeto a juicio militar al general Gallardo. Al hacerlo, el doctor Zedillo desatiende la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expone a México al descrédito, porque sólo gobiernos dictatoriales y gorilescos han procedido de esa manera. El "delito" del general Gallardo es haber propuesto la creación de un ombudsman militar (que por cierto ya existe en países como Suecia), en la revista Forum.

Este atropello a los derechos humanos de un miembro del ejército fortalece a las cúpulas del mismo, que son precisamente las que participan con Ernesto Zedillo en la militarización de México.

Derecho

1o. El ya citado artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que durante el tiempo en que ejerce su encargo, el Presidente de la República, titular único del Poder Ejecutivo Federal, sólo puede ser juzgado por:

a) Traición a la patria y

b) Delitos graves del orden común (que es diferente al fuero común).

2o. Una interpretación lógica y racional de ese precepto nos conduce a sostener que la Constitución preserva la figura presidencial de incriminaciones frívolas y por eso sólo lo responsabiliza de conductas gravemente ofensivas del orden legal. Pero de ahí no puede sacarse la conclusión aberrante que esa subcomisión ha sostenido en diversas ocasiones, de que el Presidente es impune en el régimen jurídicomexicano. Lo cierto es que sólo está protegido, por razón del cargo, de incriminaciones menores, lo mismo que de acusaciones notoriamente infundadas. Se quiere que quien ocupe el puesto de mayor responsabilidad en nuestro sistema jurídicopolítico no se distraiga por asuntos de poca monta. Pero al propio tiempo se estatuyen normas que lo hacen imputable de infracciones de envergadura.

3o. En la Constitución vigente se estructura y normativiza un presidencialismo que ha dado frutos negativos a la nación, porque rebasa con creces los límites de la igualdad entre los poderes. La frase de Montesquieu, "que el poder detenga al poder". entre nosotros no pasa de una utopia. Los dos poderes restantes, el Legislativo y el Judicial, son obedientes de las decisiones que se toman en Palacio Nacional.

Ese presidencialismo atrofiado es el enemigo número uno de la democracia y su finalización es clamor de amplias franjas de la población.

4o. Los hechos que imputamos a Ernesto Zedillo Ponce de León son gravemente ofensivos del orden jurídico en vigor: ha militarizado a la policía y ha policializado al Ejército. La asignación de tareas policiacas a elementos castrenses constituye una violación flagrante al artículo 129 constitucional, que a la letra dice: "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Todo lo anterior tipifica y configura infracciones que hacen procedente la instauración de juicio político en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 108 de la Carta Magna. Para efectos de procedencia, en términos del artículo 9o. primer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades, manifiesto que se trata de documentos oficiales que no están al alcance público, de modo que me acojo al beneficio de esa norma y solicito a la subcomisión de examen previo que recabe los informes correspondientes en las dependencias gubernamentales involucradas.

Por lo expuesto, a esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pido se sirva:

Primero. Tenerme por presentado, ejerciendo la acción popular para denunciar los hechos supradichos y ratificándola en este mismo acto.

Segundo. Citar ante la Cámara de Diputados, en su momento, por conducto de la comisión instructora, al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, para que declare en torno a los hechos señalados.

Tercero. Determinar las responsabilidades correspondientes y en su caso, remover el fuero constitucional del que goza Ernesto Zedillo Ponce de León, para acusarlo por la vía penal ante la autoridad competente por los delitos imputados.

Protesto lo necesario.

México, D.F., a 25 de abril de 1997. Luis Sánchez Aguilar, diputado federal, fracción Social Demócrata.»

«Ciudadano diputado, Luis Sánchez Aguilar. Avenida Mariano Escobedo, número 510, 8o. piso, colonia Polanco. 11550. México, D.F.

Me permito notificar a usted la resolución emitida el 25 de enero del presente, por la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados, relativa a la denuncia de juicio político por usted promovido en contra del licenciado Carlos Salinas de Gortari ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Anexo a la presente corre agregada copia de la resolución que se notifica, misma que consta de cinco fojas útiles.

Atentamente.

México, D.F., a febrero 9 de 1995. Licenciado Artemio Meixueiro Sigüenza, oficial mayor.

«Licenciado, Héctor Serrano Cortés, oficial mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Luis Sánchez Aguilar, diputado federal independiente, fracción Social Demócrata a la LVI Legislatura, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, la oficina del suscrito, ubicada en el número 209 del edificio "A" del Palacio Legislativo de San Lázaro, de esta ciudad y autorizando para tales efectos a los señores licenciados en derecho José Enrique González Ruiz, Ernesto Sánchez Aguilar, Víctor Aguilar Barragán y Gonzalo Villalobos Corsi, conjunta o indistintamente, en ejercicio pleno de mis derechos y deberes ciudadanos, comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 74 fracción V; 108 primer párrafo; 109; 110 primer párrafo y 111 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 5o. primer párrafo; 6o.; 7o.; 8o.; 9o.; 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a ejercer la acción popular para demandar juicio político en materia penal, en contra de los diputados Fernando Pérez Noriega, Dionisio Pérez Jácome y Saúl González Herrera, por infracciones al Código punitivo Federal, que han causado graves perjuicios a la sociedad como consecuencia del ejercicio del cargo de diputados federales de esta LVI Legislatura del Congreso de la Unión, en su desempeño como presidentes de la Comisión de Justicia, el primero y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los segundos. El licenciado Pérez Jácome es hoy diputado federal con licencia.

Dichas violaciones, graves de por sí, por haber sido cometidas por altos funcionarios públicos del Poder Legislativo, se fundamentan en los siguientes numerales de nuestra Carta Magna:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión....

El delito del orden penal que puede imputársele a los diputados federales es el de abuso de autoridad.

Paso enseguida a describir los hechos y a señalar los preceptos de derecho que sirven de base a esta demanda de juicio político:

Hechos

1o. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la determinación del juicio político debe sujetarse a un procedimiento que deberá cumplir con lo siguiente:

a) y b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c). La subcomisión de examen previo procederá, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley.

2o. La integración de la subcomisión de examen previo está conformada por los presidentes, un secretario y cinco miembros de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con el artículo 10 de la misma ley.

3o. Es el caso de que el suscrito en su calidad de diputado federal de esa LVI Legislatura desde el año de 1994; ha presentado demandas de juicio político contra 16 funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes locales por muy diversos ilícitos cometidos por ellos en el ejercicio de su encargo, sin que hayan sido cursadas y determinado su procedencia dentro del término de 30 días, que determina la ley. En el caso de algunos de ellos pesan varias demandas: Ernesto Zedillo Ponce de León, tres; Carlos Salinas de Gortari, durante su encargo como presidente de la República y como individuo con fuero constitucional, tres; Oscar Espinosa Villarreal, tres; Antonio Lozano Gracia, dos; Jaime Serra Puche, dos.

Las demandas de juicio político presentadas han sido las siguientes, en las fechas y contra los funcionarios que ahí se indica:

Carlos Salinas de Gortari, 24 de noviembre de 1994; Pedro Aspe, Jaime Serra Puche, Miguel Mancera Aguayo, José M. Córdoba M, 7 de enero de 1995; Antonio Lozano Gracia, 21 de febrero de 1995; Oscar Espinosa Villarreal, Saturnino Agüero, José A. González F., Jesús Reyes Heroles, Raúl Iván Rosas O., 18 de abril de 1995; Rubén Figueroa Alcocer, 4 de julio de 1995; Oscar Espinosa Villareal, 16 de agosto de 1995; Carlos Salinas de Gortari, 9 de octubre de 1995; Jaime Serra Puche, 20 de diciembre de 1995; Carlos Salinas de Gortari, 30 de noviembre de 1995; Ernesto Zedillo Ponce de León, Antonio Lozano Gracia, José Angel Gurría Ordoñez, Emilio Chuayfett, 19 de enero de 1996; Ernesto Zedillo Ponce de León, 28 de febrero de 1996; Silvia Hernández, 16 de abril de 1996; Oscar Espinosa Villarreal, 4 de febrero de 1997; Antonio Lozano Gracia, 6 de febrero de 1997 y Ernesto Zedillo Ponce de León, 25 de abril de 1997.

Derecho

Los diputados federales Fernando Pérez Noriega, Dionisio Pérez Jácome (con licencia) y Saúl González Herrera, violaron las disposiciones constitucionales y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indicadas en el proemio de la presente demanda, además del artículo 215 fracción III del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, que corresponde al delito de abuso de autoridad en la siguiente especie:

"III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud."

Las argumentaciones antes descritas, hacen que se tipifique y configure la comisión del ilícito descrito, lo cual hace procedente la instauración de juicio político en contra de los diputados federales Fernando Pérez Noriega, Dionisio Pérez Jácome (con licencia) y Saúl González Herrera, con base en lo dispuesto en los numerales descritos.

Para efectos de procedencia, en términos del artículo 9o. segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, manifiesto que los documentos que pueden servir de base a la relación de hechos aquí descrita, son documentos oficiales de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de modo que solicito a esta subcomisión de examen previo, recabe los informes correspondientes. No obstante, a la presente adjuntamos copias probatorias de las resoluciones extemporáneas de dicha subcomisión. Es el caso, por otra parte, que aún quedan por resolver varias de las demandas.

Por lo expuesto,

A esa Cámara de Diputados, atentamente pido se sirva:

Primero. Tenerme por presentado, ejerciendo la acción popular para denunciar los hechos supradichos, ratificándola en este mismo acto;

Segundo. Instruir el procedimiento de juicio político en contra de los diputados federales antes descritos; seguir el procedimiento previsto por la ley en materia y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Protesto lo necesario

México D.F., a 28 de abril de 1997. Luis Sánchez Aguilar, diputado independiente, fracción Social Demócrata.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las atentas instrucciones giradas por los diputados: Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle, la resolución de fecha 11 de abril de 1996, emitida por la subcomisión de examen previo, de las comisiones unidas mencionadas, en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra del ciudadano Jaime Serra Puche; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa copia fotostática de la resolución mencionada, misma que consta de seis fojas útiles.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Palacio Legislativo, a 19 de abril de 1996. Licenciado Artemio Meixueiro S., oficial mayor.»

«Ciudadanos, Angel Rubio Huerta y Enrique González Ruiz. Presentes.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente, de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle la resolución de fecha 8 de diciembre de 1995, emitida por la subcomisión de examen previo, en relación a su denuncia de juicio político promovida en contra de los ciudadanos, Horacio Sánchez Unzueta, gobernador constitucional de San Luis Potosí y de los integrantes del Congreso local de dicho Estado, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa copia fotostática de la resolución mencionada, misma que consta de 13 fojas útiles.

Reitero a ustedes, las seguridades de mi distinguida consideración.

México, D.F., a 6 de marzo de 1996. Licenciado, Miguel Angel Garita Alonso, director general.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle la resolución de fecha 8 de diciembre de 1995, emitida por la subcomisión de examen previo, en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra del ciudadano Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa copia fotostática de la resolución mencionada, misma que consta de cinco fojas útiles.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

México D.F., a 6 de marzo de 1996. Licenciado Artemio Meixueiro S., oficial mayor.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente, me permito notificarle la resolución de fecha 11 de enero de 1996, emitida por la subcomisión de examen previo en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra del ciudadano Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa a la presente copia de la resolución de fecha 11 de enero de 1996, mismo que consta de seis fojas útiles.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

México D.F., a 22 de enero de 1996. El oficial mayor, licenciado Artemio Meixueiro S.»

«Ciudadano Ricardo Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Saúl González Herrera y Fernando Pérez Noriega, presidentes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente, me permito notificarle la resolución de fecha 11 de enero de 1996, emitida por la subcomisión de examen previo en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra del ciudadano Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa a la presente copia de la resolución de fecha 11 de enero de 1996, mismo que consta de seis fojas útiles.

Sin más por el momento le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

México D.F., a 22 de enero de 1996. El oficial mayor, licenciado Artemio Meixueiro S.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Dionisio E. Pérez Jácome y Fernando Pérez Noriega, presidentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle la resolución de fecha 26 de octubre de 1995, emitida por la subcomisión de examen previo, en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra del ciudadano Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa copia fotostática de la resolución mencionada, misma que consta de cinco fojas útiles.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

México, D.F., a 7 de noviembre de 1995. Licenciado Artemio Meixueiro S., oficial mayor.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Dionisio E. Pérez Jácome y Fernando Pérez Noriega, presidentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle la resolución de fecha 8 de septiembre de 1995, emitida por la subcomisión de examen previo, en relación a su denuncia de juicio político promovida en contra del ciudadano Rubén Figueroa Alcocer, gobernador constitucional del Estado de Guerrero; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Se anexa copia fotostática de la resolución mencionada, misma que consta de 28 fojas útiles.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

México, D.F., a 21 de septiembre de 1995. Licenciado Artemio Meixueiro S., oficial mayor.»

«Ciudadano diputado Luis Sánchez Aguilar. Presente.

En cumplimiento a las instrucciones giradas por los diputados Dionisio E. Pérez Jácome y Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia respectivamente, de esta Cámara de Diputados, me permito notificarle la resolución de fecha 20 de julio de 1995, emitida por la subcomisión de examen previo, en relación a su denuncia de juicio político, promovida en contra de los ciudadanos: Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal; Saturnino Agüero Aguirre, hoy ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; José Francisco Camacho, juez primero de lo concursal; José Antonio González Fernández, procurador General de Justicia del Distrito Federal; Jesús Reyes Heroles, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y Raúl Iván Rosas Ortiz, síndico de la quiebra de la empresa camionera Ruta100; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.

Reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

México, D.F. a 8 de agosto de 1995. Licenciado Artemio Meixueiro S., oficial mayor.»

«Ciudadano licenciado Héctor Serrano Cortés, oficial mayor de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.

Luis Sánchez Aguilar, diputado federal independiente, fracción Social Demócrata de la LVI Legislatura, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, la oficina del suscrito ubicada en el 2o. piso del edificio "A" de este Palacio Legislativo de San Lázaro, colonia El Parque, C.P. 15969 en esta ciudad, y autorizando para tales efectos a los licenciados en derecho José Enrique González Ruiz, Ernesto Sánchez Aguilar, Víctor Aguilar Barragán y Gonzalo Villalobos Corsi, conjunta o indistintamente, en ejercicio pleno de mis derechos y deberes ciudadanos, comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 74 fracción V; 108 párrafo tercero; 109; 110, párrafo segundo y 111 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 5o. párrafo segundo, 6o., 7o. fracciones V y VI, 8o.; 9o.; 10 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vengo a ejercer la acción popular para demandar juicio político en materia penal, en contra del licenciado Manuel Bartlett Díaz, por infracciones a la Constitución y a las leyes federales, que han causado graves perjuicios a la Federación como consecuencia del ejercicio del cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla.

Dichas violaciones, graves de por sí, por haber sido cometidas por un alto funcionario público, se fincan en su alta responsabilidad, de conformidad con lo que señala el artículo 108 párrafo tercero de la Constitución General de la República, que indica:

"Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales."

Los delitos del orden penal que pueden imputársele al gobernador son: despojo de cosas inmuebles, peculado y enriquecimiento ilícito; así como, violaciones a la Ley General de Bienes Nacionales.

El licenciado Manuel Bartlett Díaz, como gobernador constitucional del Estado de Puebla, es plenamente responsable de los delitos arriba citados.

Paso en seguida a describir los hechos y a señalar los preceptos de derecho que sirven de base a ésta demanda de juicio político:

Hechos

1o. Es de dominio público que el licenciado Manuel Bartlett Díaz, gobernador constitucional del Estado de Puebla, es propietario de las residencias ubicadas en los números 1370 y 1374 de la calle de Alpes, Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad; asimismo, es conocido que frente a dichos números se ubica una barranca propiedad de la nación y por tal motivo bajo resguardo ecológico.

2o. Es el caso de que dicho inmueble, en este momento se encuentra ocupado por una casa construida por el gobernador con la finalidad de que en ella la habiten sus guardias de seguridad personal, los cuáles utiliza en sus visitas a la Ciudad de México o para otros fines.

3o. El gobernador Bartlett es responsable en primera instancia del delito de despojo de cosa inmueble en perjuicio de la nación, por invadir un terreno que no le pertenece, de manera ilegal y furtiva en el ejercicio de gobernador de una entidad federativa.

Derecho

El licenciado Manuel Bartlett Díaz, en su calidad de gobernador constitucional del Estado de Puebla, violó las disposiciones constitucionales y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señaladas en el proemio de la presente demanda, además de los siguientes 212 párrafo primero (delitos cometidos por servidores públicos), 223 fracción I (peculado); 224 (enriquecimiento ilícito) y 395 fracción I (despojo de cosas inmuebles); así como el 2o. fracción VIII y 97 en relación con el 96 de la Ley General de Bienes Nacionales y diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las argumentaciones antes descritas, hacen que se tipifiquen y configuren la diversa comisión de violaciones constitucionales al Código punitivo Federal, a la Ley General de Bienes Nacionales y otras que hacen procedente a instauración de juicio político en contra del licenciado Manuel Bartlett Díaz, en su carácter de gobernador constitucional del Estado de Puebla, con base en lo dispuesto por el artículo 108 párrafo tercero de nuestra Carta Magna.

Para efectos de procedencia, en términos del artículo 9o. segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, manifiesto que los documentos que pueden servir de base a la relación de hechos aquí descrita, son documentos oficiales, de modo que me acojo al beneficio de esa norma y solicito a la subcomisión de examen previo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que recabe el informe correspondiente en la dependencia gubernamental señalada. A la presente adjuntamos fotografías recientes (21IV1997) del inmueble citado cuya superficie es de 155 m2.

Por lo expuesto:

A esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Primero. Tenerme por presentado, ejerciendo la acción popular para denunciar los hechos supradichos y ratificándola en este mismo acto;

Segundo. Instruir el procedimiento de juicio político en contra del licenciado Manuel Bartlett Díaz, en su calidad de gobernador constitucional del Estado de Puebla; seguir el procedimiento previsto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso determinar las responsabilidades correspondientes; dándo aviso a la legislatura del Estado de Puebla para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda, de conformidad con el artículo 110 párrafo segundo de la Constitución General de la República.

Protesto lo necesario.

México D.F., a 22 de abril de 1997. Luis Sánchez Aguilar, diputado federal independiente, fracción Social Demócrata.»

COMPAÑIA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES

El Presidente:

Hace uso de la palabra el diputado José Alfonso Solórzano Fraga, para referirse a la Conasupo.

El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El 8 de octubre del año pasado, se aprobaron los puntos resolutivos presentados por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en la que se indicó que esta misma comisión y las comisiones ordinarias competentes de la Cámara de Diputados, darían seguimiento a los resultados del informe final de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, en las responsabilidades civiles, administrativas y desde luego penales, aplicables a cualquier funcionario o ex funcionario, que derivaran de los resultados de la investigación de esta Cámara y que determinaran las autoridades competentes.

En el punto cuatro de las consideraciones de este documento, se indicó que en virtud del informe final, correspondería a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ejercer hasta sus últimas consecuencias las acciones legales aplicables con motivo de las graves irregularidades e incluso conductas constitutivas de probables delitos detectadas.

Posteriormente, el 15 de octubre de 1996, la Presidencia turnó a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, que me honro presidir, la propuesta suscrita por el diputado Victor Manuel Quintana Silveyra, para que las materias pendientes de investigación de la Comisión de la Conasupo fueran turnadas a esta comisión, así como a las comisiones ordinarias procedentes, para esclarecer los hechos y presentar a las autoridades competentes el fincamiento de las responsabilidades.

Fue hasta el 13 de diciembre del año pasado cuando se entregó a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios fotocopia de parte del archivo correspondiente a este caso y ello sólo a pedido de la presidencia de la comisión.

Se ha convocado varias veces a los integrantes de la comisión a fin de celebrar la reunión para entrar en materia de este turno y lamentablemente no ha sido posible integrar el quorum. Pese a ello, a través de los trabajos de la mesa directiva, se han instrumentado varias medidas que tienen el propósito de dar concreción a la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Nos hemos entrevistado con el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, licenciado Arsenio Farell Cubillas, con funcionarios de la Procuraduría General de la República y remitido solicitudes a los titulares de ambas dependencias. La respuesta que hemos recibido se aleja de toda relación respetuosa que debe haber entre los poderes de la Unión.

En mi calidad de presidente de la comisión y con el propósito de allegar elementos de juicio a los diputados que la integran, solicité que se informara de los avances en las investigaciones que se hubieran derivado del informe final de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales.

El licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, Procurador General de la República me pide previamente a todo intercambio de información relativa a este asunto, le haga entrega de una copia del acuerdo del pleno de la comisión por la cual se determinó solicitar la documentación.

Compañeros diputados, nuestro sistema jurídico se basa en principios generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional libre del hombre. Uno de estos principios del derecho mexicano es el principio de legalidad, según el cual todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor, es decir, se demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho.

La respuesta del señor Procurador debió haber sido fundada y motivada porque es un imperativo para él, como servidor público hacerlo. Más aun cuando en su respuesta implica una petición o un condicionamiento. Si lo examinamos minuciosamente veremos que se trata de exigirme mayores requisitos de los que marca la ley.

No se puede pensar que ello se deba a un descuido o a la falta de capacidad del señor Procurador. Es una acción que me lleva a pensar en actitudes dolosas.

Por otra parte, en la comunicación que me remitió el Secretario de la Contraloría en el mes de febrero, al pedido de información que le hice sobre el proceso derivado de la investigación de la Conasupo, dicta su criterio de cómo debería proceder la comisión y su presidencia para solicitar la información indicada.

El licenciado Farell Cubillas contesta que antes de hacer la solicitud de información a la dependencia, se requeriría que la misma haya sido dictaminada y da como fundamento el artículo 60 del reglamento, correspondiente a la iniciativa de leyes que nada tiene que ver con la solicitud que se le hizo.

Para sostener su negativa hace un uso incorrecto de la norma interna del Poder Legislativo.

Compañeras y compañeros legisladores: en la respuesta de las dos dependencias hay una férrea negativa a dar la información correspondiente.

La Cámara de Diputados no tiene limitaciones para demandar la información correspondiente al informe final de la Comisión de Investigación del funcionamiento de la Conasupo y sus empresas filiales, así lo acordó el 8 de octubre.

En la postura del Procurador y del Secretario de la Contraloría, lo que hay es una injerencia en las funciones del Legislativo, en particular la comunicación que remite el Procurador General de la República, encuentro una carencia de sustento jurídico en su petición de un documento que, en todo caso, es resultado de las facultades inherentes a los trabajos y normas internas del Legislativo.

Por otra parte, no existe en el Código Federal de Procedimientos Penales ninguna disposición que restrinja la facultad de los presidentes de las comisiones para solicitar y recibir informes de la autoridad. No existe en ese código ningún requisito previo que el representante de la nación deba satisfacer para pedir y recibir la información solicitada.

Quizá alguien estará pensando que en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales se limita el acceso a expedientes. Tal precepto "se limita el acceso a expedientes", tal precepto limita el acceso al legajo de actuaciones judiciales y no a la información que el Procurador pueda dar sobre ellos, que no es lo mismo y que no se encuentra restringida al legislador ni sujeta a ninguna condición.

Los artículos 89 del reglamento y 42 de la Ley Orgánica, que son el fundamento legal de esta facultad del legislador, no señalan ninguna limitante ni requisito que deba satisfacer el presidente de la comisión que solicite información.

Los supuestos son muy claros, al facultar en forma libre a quienes presidimos comisiones.

Si llevamos esta conducta del Procurador al extremo, llegaríamos al absurdo de pretender que en cada plática, entrevista, reunión o solicitud de documentos, debería contar con el requisito del acuerdo previo del pleno de la comisión y entonces cada presidente debiera anexar o presentar su acuerdo.

Así, cuando un legislador se entreviste con funcionarios del Ejecutivo, éste debería solicitarles la adecuada acreditación e identificación, anexando la legislación que indique que se cumple con los preceptos para su nominación.

La práctica parlamentaria y de relación con los integrantes de los otros poderes no ha sido en esa tónica.

Ante el cáncer social de la corrupción que ha flagelado a la Conasupo, lastimando la confianza de los ciudadanos, encontramos que cuando se solicita al titular de la Procuraduría información de su desempeño en una encomienda, exige que el presidente de la comisión, que tiene el turno para dar seguimiento a las materias pendientes de la investigación a la paraestatal y sus empresas filiales, cubra requisitos que no se contemplan en la ley.

La práctica parlamentaria ha establecido el precedente de que los presidentes de comisiones toman decisiones, piden documentos, hacen acto de presencia en reuniones, se entrevistan con funcionarios y autoridades de manera libre, fundados en la legalidad de sus actos. Aquí nuestros compañeros diputados pueden dar cuenta de ello.

Lo que hasta hoy tanto el Procurador General de la República como el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo han hecho, es aplicar arbitrariamente su criterio, para exigir lo que no está en la ley. La Contraloría y la Procuraduría General de la República se mofan del Poder Legislativo y con artimañas pretenden negar la información acerca del ejercicio de su responsabilidad: la persecución de los delitos y la sanción de los responsables.

La investigación que efectuó la Cámara de Diputados, evidenció ilícitos, corresponde al Poder Ejecutivo dar seguimiento a estas conclusiones del Legislativo. Para ello, el resultado de los trabajos de la comisión investigadora, se turnó al Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo de la Federación, a quien se recomendó realizar las acciones adicionales, investigaciones, en su caso, denuncias y eventualmente consignaciones y se solicitó que las dependencias competentes del Ejecutivo Federal hicieran saber sobre el resultado alcanzado en el ejercicio de sus atribuciones.

Varios meses después encontramos la negativa de informar sobre lo que han hecho las dependencias del Ejecutivo, ello da señales de falta de voluntad en la lucha contra la corrupción.

Compañeras y compañeros diputados, reiteramos nuestra solicitud que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como la Procuaduría General de la República, informen de los avances de la encomienda que se hizo con la entrega del informe de la comisión investigadora.

El Presidente de la República, como titular del Ejecutivo Federal, deberá mostrar voluntad en la lucha contra la corrupción, exigencia que hace la sociedad y a la que habrá que darse respuesta clara y decidida.

Desde esta tribuna solicito a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, su participación a fin de transmitir una excitativa a los diputados que integran la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, para que ante una próxima convocatoria se pueda integrar el quorum y se realice la reunión de análisis del turno que recibió la comisión, así como de la documentación que a su mesa directiva ha conjuntado e igualmente para que se realicen las reuniones que sean necesarias, hasta cumplir con el encargo.

El cuarto punto resolutivo aprobado el 8 de octubre, señaló que los miembros de la Cámara de Diputados tenemos la obligación de luchar contra la corrupción, donde quiera que ésta se dé y sean quien sean los culpables de realizarla y debe convertirse mediante leyes más estrictas.

Compañeros, compañeras; no puede, no debe ser la omisión la conducta de los miembros de la Cámara de Diputados.

El día de hoy hubiera querido presentar ante este pleno un informe acerca del turno que recibió la comisión que me honro presidir. No ha sido posible, la ausencia de la mayoría de los integrantes lo ha impedido.

Compañeros: es necesario que los legisladores cumplamos ante la sociedad en lo que corresponde para combatir a la corrupción. No es admisible que mediante la ausencia a las reuniones de la comisión, se pretenda dar un segundo carpetazo a la investigación que sobre la paraestatal y sus empresas filiales se realizó en esta Cámara.

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Para el mismo tema, hace uso de la palabra la diputada María Carmen Zavala Medel.

La diputada María Carmen Zavala Medel (desde su curul):

Declino, señor Presidente.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, hace uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente; compañeras; compañeros diputados:

Este día puede llamarse el día de lo que no se pudo. Es escándalo realmente el orden del día para hoy, en él se refleja de un lado la antidemocracia y de otro lado el esfuerzo de los diputados que tienen dignidad por terminar de salir con la cara adelante, con la frente despejada en ésta aciaga legislatura.

Compañeras y compañeros: la antidemocracia de las comisiones, todas ellas mayoriteadas por una fracción, impidió que riquísimas propuestas, que inteligentes iniciativas de ley, fueran siquiera discutidas.

Señor Presidente: ya que usted no hace un llamado de atención, permítame decir lo siguiente. Entiendo perfectamente al Bronx. Creo que la expresión del Bronx es necesaria en un Congreso aplastado por la antidemocracia. Creo que la expresión del Bronx es la única manera de hablar en la Cámara, para algunos individuos que jamás han pasado a articular dos argumentos en esta tribuna. Por eso, ni me enoja ni me pone nervioso, compañero.

El Presidente:

Permítame, señor orador.

Suplicamos a los compañeros diputados guardar el orden debido para permitir el desarrollo normal de esta sesión de trabajo. Continúe, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

En todo caso, yo creo que la frecuencia y decibeles de los gritos, son inversamente proporcionales a la inteligencia para defender los argumentos.

Compañeras y compañeros; muchas comisiones no pudieron trabajar. Por ahí me dijeron, por ejemplo, que la de Radio, Televisión y Cinematografía, que no sé quién presida, se reunió muy pocas veces; sin embargo, compañeras y compañeros, este Congreso, este Congreso que no le ha podido responder con dignidad a los grandes problemas del pueblo de México, ¿esta Cámara de Diputados, que no pudo resolver el problema de Chiapas, que no pudo poner un grano significativo de arena en la resolución del problema de los deudores de la banca, es la que está pidiendo esto? ¿Qué diputado puede pararse ante el pueblo con dignidad y defender este autopremio?

Necesitamos transparencia compañeros, necesitamos transparencia, necesitamos pararnos con dignidad frente al pueblo de México y decirle cuál es el resultado de nuestro trabajo. Porque aquí compañeros, el compañero Alfonso Solórzano acaba de hacer varias denuncias muy graves, lo que no pudo hacer la Comisión de la Conasupo por el mayoriteo, por el mayoriteo impuesto desde la Presidencia de la República, lo hace ahora la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes y Servicios, por la ausencia; por la ausencia de los diputados de la mayoría.

Compañeros, es muy grave que alguien se vaya a acordar de la mayoría de esta legislatura, como la mayoría de la "tapadera", como la mayoría del encubrimiento, como la mayoría de la "cobija".

Tenemos un Procurador, que ha procurado en todo momento, no descobijar a los políticos que se enriquecieron el sexenio pasado bajo la sombra y la égida de Carlos Salinas de Gortari.

Tenemos un Secretario de Contraloría, a dicha dependencia le llaman "la carabina de Arsenio", porque sirve para lo mismo. Que habiendo dicho aquí que no iba a ser tapadera de nadie, lo está demostrando ahorita en su respuesta a la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo, que está siendo tapadera de quienes los gritos también tratan de encubrir: de Raúl Salinas de Gortari...

De Raúl Salinas de Gortari y muchos funcionarios actuales.

Quiero hacer la honrosa excepción de algunos diputados del PRI que están dispuestos, incluso, a firmar denuncias penales en contra de quienes se beneficiaron...

El Presidente:

Señor diputado, esta Presidencia le suplica que redondee su tema.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Me acojo al 103, señor Presidente.

El Presidente:

Porque pidió para rectificar hechos, señor diputado.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Voy a redondear la participación porque el fraude, el robo que se le hizo al país fue muy redondo, señor Presidente.

Ahora, nos vienen con que el Congreso no tiene facultades; con que la presidencia de la comisión no tiene facultades para exigir, ni siquiera un mínimo documento.

Compañeras y compañeros: están ustedes muy apurados por el tiempo, el tiempo se les está acabando; el tiempo se les va a acabar el 6 de julio, compañeras y compañeros. El 6 de julio no se la van a acabar con el tiempo, les aseguro...

Porque este pueblo de México al que ustedes han pisoteado, este pueblo de México al que ustedes echaron tierra, este pueblo de México al que ustedes le negaron la verdad, les va a voltear la espalda y va a votar por la verdad y va a votar por la dignidad, compañeras y compañeros.

El Presidente:

Señor diputado, permítame por favor.

El diputado Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández (desde su curul):

Señor Presidente, con todo respeto, el señor diputado pidió la palabra para rectificar hechos, no puede acogerse al 103. Ruego a usted ponga orden.

El Presidente:

Escuchada la moción, señor diputado.

Esta Presidencia le ruega a usted redondear su tema, porque pidió intervenir para rectificar hechos.

El diputado Víctor Manuel Quintana Silveyra:

Señor Presidente, me da mucho gusto que mi intervención sea la ocasión para que algunos compañeros que nunca han tomado la palabra, la puedan tomar ahora.

Compañeras y compañeros, quiero terminar con lo siguiente:

En la Comisión de la Conasupo hubimos siete diputados que no nos callamos la boca y no nos la vamos a callar, hubo nueve diputados que pagados no sé por quién y no sé con qué, encubrieron graves fraudes contra la nación. Esos fraudes se han denunciado ante la Procuraduría y la Contraloría y Arsenio Farell y Jorge Madrazo se han hecho cómplices; se han hecho encubridores y se han hecho tapaderas.

Si este Congreso tiene dignidad, tiene que abrir un periodo extraordinario, reabrir las comisiones y apoyar las labores investigativas.

Compañeras y compañeros; con esto no se gana la dignidad, la dignidad se gana con una labor seria, de contrapeso, de dignidad del Poder Legislativo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Javier Gutiérrez Vidal.

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:

Gracias, señor Presidente:

Había pedido participación para el mismo tema, porque se ocupan más de cinco minutos para hablar de los problemas ocasionados en la Conasupo; pero diputado Quintana, no se preocupe se ocupa menos tiempo para ir a votar el 6 de julio; no tenga usted pendiente.

Es definitivamente increíble lo que la parcialidad que motiva a los, no digamos sectores, sino sectarios políticos representados en esta Cámara, hacen que a un presidente de comisión se le dé un tratamiento y a otro si no es de su partido, el tratamiento sea diferente y obviamente no en calidad de ventaja.

Nos preocupa en el Partido Acción Nacional, lo planteado aquí por el diputado Solórzano, porque no es posible que desde el Ejecutivo se le pidan pruebas de algo que es evidente, obvio y que para facilitar la información tenga que acreditarse con un documento o con otro y querrá tal vez el señor Farell que también le lleven copia certificada donde el diputado Solórzano es diputado o no sé qué más irá a inventar para darle tiempo, para darle largas a este asunto de la Conasupo.

Ya se está acabando el tiempo, se está yendo la posibilidad de que esta diputación pueda definir o pueda hacer algo en ese entorno; pero creo que a la ciudadanía le ha quedado claro que lo ocurrido en la Conasupo no debe volver a pasar y para ello necesitan cuando menos, que esta Cámara de Diputados tenga otra mayoría como la que tiene hoy.

Es diferente el trato que le dan al diputado Solórzano al que le dieron al diputado Manuel Hinojosa, entonces presidente de la Comisión Investigadora de la Conasupo. ¿Qué pasó con el trabajo del diputado Manuel Hinojosa?

Al decidir el mayoriteo priísta en esta misma Cámara la terminación del trabajo de la comisión, el diputado Manuel Hinojosa de motu prorio, envía la documentación que había pedido la comisión, y ésta sí se la reciben las autoridades del Ejecutivo, ésta sí es recibida para atrás en las dependencias o en las filiales de la Conasupo; sin embargo, ahí no hubo solicitud o necesidad de ningún oficio, de ningún comprobante, de ningún mandato, ningún acuerdo probado o aprobado por esta Cámara.

Hay falta de información por parte de la PGR y de la Secodadm. Nosotros hemos reiterado nuestras peticiones para que se dé agilidad y seguimiento a los asuntos encontrados por la comisión.

Presentamos una denuncia en la PGR desde noviembre del año pasado; no ha sido tramitada, no ha sido tramitado absolutamente algo por la Procuraduría. Ahí se ve bien cuáles asuntos se procuran y cuáles no. Los que son secretos de Estado, los que son problemas de partido, esos asuntos dormirán todo el tiempo el sueño de los injustos, para quedar ahí para la eternidad, sin solución.

Pero miren ustedes, en enero de 1997...

El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (desde su curul):

¡Antonio Lozano!

El diputado Javier Alberto Gutiérrez Vidal:

No, señor diputado, no está Antonio Lozano en la Procuraduría y no estaba, cuando menos sí lo estaba cuando presentamos la denuncia, pero a los días siguientes es retirado de ahí, probablemente también, porque presentamos una denuncia de investigación.

En enero de 1997, la Secretaría de Gobernación envía un oficio número 230 a lo impersonal denominado secretarios de la Cámara de Diputados e informa el Secretario de Gobernación el seguimiento que a los resolutivos de la comisión investigadora se habían dado.

Es el momento, después de cuatro meses de que ni yo ni ustedes saben el contenido de este resolutivo y a la mejor esta impersonalidad de mandarlo a los secretarios, que significa que no es nadie el responsable y que se diluye, porque además los secretarios cambian cada mes, sea lo que nos tenga en este momento sin conocer el contenido de este oficio 230 de la Secretaría de Gobernación.

Lo grave de esto es que hemos solicitado por escrito igualmente a los secretarios que tengan a bien informarnos del contenido del oficio y no ha sido posible obtener alguna información.

Igualmente grave o más, tal vez, resulta que de la Oficialía Mayor de esta Cámara se esté ocultando a diputados el contenido de los archivos de la comisión.

Como ustedes saben, la comisión trabajó por meses y logró obtener información no solamente de las dependencias, sino aportada por ciudadanos. Se emitieron cientos de oficios y se recibieron cientos de oficios. ¿Dónde quedaron las minutas de lo trabajado por la comisión? ¿Dónde quedó la historia? Está perdida tal vez o bien guardada por ahí, oculta, escondida, en algún lugar de estos edificios, porque no se nos quiere entregar.

A la comisión que preside el diputado Solórzano le fueron entregadas en fotocopias no en originales, solamente, las fotocopias de los informes enviados por los despachos contratados. Me parece a mí que esto es grave y que no debemos permitir que esto se esté dando.

Por eso, a nombre del Partido Acción Nacional, de mis compañeros diputados, apoyamos la petición del diputado Solórzano para que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política vea que los diputados integrantes de la comisión que preside el diputado Solórzano se pongan a trabajar para concluir este trabajo encomendado, porque ellos lo aceptaron.

Además de ello muy amable, ya estoy por terminar, además de ello que se vigile de parte de la Presidencia de esta Cámara, el respeto por parte de funcionarios del Ejecutivo, a señores diputados presidentes de una comisión.

Si ningún ciudadano se merece que violenten su derecho constitucional contenido en el artículo 8o. su derecho de petición, mucho menos un representante del pueblo y presidente de una comisión tiene el porqué aguantar que algún funcionario del nivel que quiera el Ejecutivo le falte al respeto y no le importe lo que les está pidiendo, además de que es un mandato de este mismo pleno.

Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Consuelo Botello Treviño

La Presidenta:

La diputada María Carmen Zavala, para rectificar hechos, durante cinco minutos.

La diputada María Carmen Zavala Medel:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

He solicitado el uso de esta tribuna para referirme específicamente a lo acontecido en relación a la Comisión de Bienes de Consumo y de Servicios.

En representación de nuestra fracción, considero que ha sido importante el trabajo que se ha realizado en esta comisión. Que no hemos logrado tener los frutos que deseáramos, en virtud a la irresponsabilidad, quizá, de compañeros diputados que no han podido estar constantes en estas reuniones de la comisión.

Quiero destacar que no solamente los compañeros priístas somos responsables de que las sesiones de la comisión no se lleven a cabo. Que también hay compañeros diputados integrantes de otras fracciones parlamentarias, del PAN, del PT, del PRD y que yo podría decirles que en la convocatoria que hemos tenido por parte del presidente de esta comisión, pues lamentablemente tenemos que reconocer que también él ha fallado, porque hay ocasiones en que nos damos cita a una hora y el presidente llega a otra hora. Entonces, si habremos de aceptar esa excitativa, también el presidente debe de aceptar que es responsable, porque él es el responsable de convocarnos, el responsable de que de alguna manera nosotros mantengamos el interés por los temas que se presentan. No es con irresponsabilidad de parte de todos como habremos de darle solución a los problemas.

Por otra parte, considero que nosotros no aludimos esta responsabilidad, porque aquí tengo el concentrado de las reuniones que se han dado y en donde en las escasas reuniones que nos ha citado a sesión de la comisión el presidente, la mayoría de los compañeros priístas que hemos asistido, la asistencia es de ocho, dos de Acción Nacional y uno del PRD en alguno de los casos y en otras donde hemos tenido la oportunidad de estar 12 compañeros del PRI, cinco compañeros de Acción Nacional y dos del PRD.

Entonces, pues, compañeros, considero muy importante que se tenga muy en cuenta que también hay irresponsabilidad por parte de quien es responsable de convocar a las sesiones.

Nosotros no estamos interesados en solapar, no estamos interesados en encubrir a ninguna dependencia. Nosotros queremos que conforme los trabajos que tengamos que realizar en las comisiones, pues que se efectúen...

La Presidenta:

Señora diputada, permítame un momento.

Pregunta la diputada Adriana Luna Parra si acepta una interpelación.

La diputada María Carmen Zavala Medel:

No compañera, quiero concluir.

Entonces concluyo compañeros. La responsabilidad no la evadimos, tenemos todos la responsabilidad de estar presentes en las sesiones. Queremos solicitarle al presidente la puntualidad y de esa manera habremos de ponernos de acuerdo en la línea de trabajo a seguir para dar conclusión a este tema.

Entonces, pues queda clara nuestra posición, se acepta la excitativa, pero también convocamos al presidente la puntualidad con relación a este asunto a tratar.

Gracias.

La Presidenta:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Solórzano, por cinco minutos.

El diputado José Alfonso Pascual Solórzano Fraga:

Compañeras y compañeros diputados:

No es, como dice la diputada Carmen Zavala, porque el presidente no haya llegado a tiempo a una reunión, hemos estado a la hora que hemos citado, lo que pasa es que hay tres o cuatro diputados los que han llegado y nos vamos a hacer llamadas para insistirles de que lleguen.

Pero a los números me remito. En la comisión como en todas las comisiones de esta Cámara el 60% de los integrantes de las comisiones son del Partido Revolucionario Institucional, es decir, si no están los miembros de ese partido no puede establecerse el quorum para llevar a cabo una sesión dentro de las comisiones.

Ella tiene en sus manos cuatro que no son todas las sesiones a las que hemos convocado, es un dato que nosotros mismos le pasamos y, por ejemplo, en la primera que no mencionó ella, de 11 diputados solamente cuatro eran del PRI, es decir, menos del 25%, cuando tienen un 60% de diputados ahí y curiosamente en la medida en que no asiste la oposición asisten más diputados del PRI, de tal manera que no se dé el quorum, si se está calculando viendo cuántos llegan del PAN, del PRD, del PT y llega el número de diputados del PRI suficientes para no dar el quorum.

Y el día de hoy que prácticamente se les presionó por la Presidencia y por el grupo de Acción Nacional para que asistieran, el día de hoy se presentaron 12 diputados de 18, es decir, no al 100%, al 66% y se dio el quorum, sin embargo aprovechando que había quorum esta Presidencia solicitó que se le diera entrada al turno, el cual fue rechazado por la mayoría, precisamente por los del PRI y a pesar de que había quorum se negaron a que se le diera entrada a este tema a la comisión, argumentando que había que posponerlo más días. Nada costaba en ese momento simplemente aceptar de que lo estaba recibiendo la comisión.

Ahí se demuestra que no tienen voluntad de que se trate este tema; hoy precisamente fue rechazado habiendo quorum, fue rechazado por la fracción del PRI de que se diera entrada a la comisión en este tema y entonces quieren argumentar simplemente cuestiones de forma ya que se convoca, se tiene la paciencia de esperar a que se completen, porque si en ese momento lo cerráramos pues ni siquiera estarían los 11, los 12 ó los 18, el número de diputados que ha estado llegando.

Aquí lo que decimos es que queda muy claro que no hay voluntad, como lo demostraron el día de hoy al negarse que se le diera entrada a este tema dentro de la comisión. Si tienen voluntad que lo demuestren no solamente ante la Cámara, sino ante el pueblo de México de que exigimos que se aclare el caso de la Conasupo.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, la diputada Parra, hasta por cinco minutos.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Sé que es tarde pero me tengo que subir, no me aguanté las ganas para expresar que me da mucha pena ver que a una compañera mujer, de las diputadas del PRI, le tira línea al Bronx y debe hacer un papel tan triste y a darnos una clase de puntualidad cuando estamos hablando de un problema de Estado, cuando estamos hablando de un problema de la nación, cuando estamos hablando de la corrupción, de la sociedad y de la complicidad que otra vez vuelven a ratificar los del PRI, nos vemos el 6 de julio compañeros.

Muchas gracias.

GOBIERNO Y SOCIEDAD

La Presidenta:

Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Palacios Sosa, del grupo parlamentario del PAN, para hablar sobre la nueva relación del Gobierno con la sociedad.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La historia de México en los años posrevolucionarios ha sido una historia controversial con un sistema político que fundara el régimen de Plutarco Elías Calles y que hoy, obsoleto, se niega a morir.

El país requiere de forma absoluta e inminente de una profunda reforma política del Estado que nos lleve a hacer realidad los postulados constitucionales básicos. La exigencia de dicha reforma se demuestra en la participación de la sociedad y la lucha por sus libertades.

Este clamor por el cambio es tan real y mayoritario que el Presidente de la República, Ernesto Zedillo, el día de su toma de posesión convocó a una reforma política del Estado, para dar vigencia real a la democracia representativa y federal con separación y equilibrio entre los poderes a todos sus niveles, tal y como lo postula la Constitución

Esta, sin embargo, queda en un simple llamado que se transforma en una reforma electoral que ni siquiera ha sido definitiva, tal y como se le calificó en un principio, sobre todo por la falta de consenso en su aprobación al hacer inoperables los cambios constitucionales.

El sistema se conforma con una serie de leyes que están en nuestro marco jurídico constitucional, simultáneamente con normas que no están escritas pero que tienen una vigencia absoluta y muchas veces están por encima de las leyes escritas.

Sabemos que el marco jurídico nos da una conformación republicana en donde el poder se divide en tres: Poder Legislativo, Ejecutivo y Poder Judicial, dentro de un régimen presidencialista. Sin embargo, hoy esto no es realidad debido al agotamiento del sistema político mexicano que reúne en el Presidente de la República la jefatura del Estado, la de Gobierno y facultades metajurídicas propias de un partido de Estado, como por ejemplo nos lo da la jefatura política que significa que el Presidente es también jefe natural de su partido.

La reforma política debe acotar la jefatura de Estado del Presidente de la República y fortalecer al Poder Legislativo logrando su consolidación para que se transforme en un real poder, que pueda ser un balance efectivo al Poder Ejecutivo para lograr la aspiración republicana del México moderno, fortaleciendo la participación ciudadana y las organizaciones a fin de impedir jefaturas políticas basadas en el corporativismo y en el uso ilegítimo de los poderes del Estado.

Mientras exista un Poder Legislativo débil y la jefatura política del Presidente de la República, los tres poderes estarán supeditados al Presidente en forma total.

Es triste para los que estamos en las cámaras de Diputados y de Senadores, ver cómo la disciplina partidaria a la jefatura política del Presidente de la República, doblega las voluntades dándole la espalda al pueblo de México. El fortalecimiento de nuestro régimen republicano, también requiere de un Poder Judicial cada vez más autónomo que imparta la justicia en una forma equitativa buscando que los mexicanos vivamos en un estado de derecho.

Simultáneamente el México del Siglo XXI quiere vivir el federalismo, no el nuevo federalismo, cómo si hubiésemos vivido anteriormente uno distinto, simplemente México lo que se quiere vivir es el federalismo que está plasmado en nuestra Constitución.

El México independiente derramó su sangre para concebirse como un régimen federal formado por estados libres y soberanos. Los mexicanos compartimos todas estas aspiraciones, que hasta la fecha pocas se han convertido en realidad y la muestra de esto son los triunfos contundentes del Partido Acción Nacional en los cuatro estados que estamos gobernando.

Un federalismo que nos habla de estados libres y soberanos formados por municipios libres en su gobierno y en sus recursos; municipios que queremos ver fuertes y vigorosos, que realmente tengan la posibilidad de afrontar su responsabilidad ante la ciudadanía ya que son el estrato de gobierno más cercano a la misma y que está llamado a dar solución directa a las expectativas de la sociedad.

En la actualidad, el municipio mexicano se encuentra totalmente incapacitado para cumplir sus responsabilidades con la ciudadanía por la dependencia metajurídica al mismo Ejecutivo estatal, así como por el miserable ingreso con el que cuentan y que lo imposibilita para cubrir las necesidades que es su obligación cubrir.

La soberanía nacional radica en el pueblo y se plasma como postulado en nuestra Constitución; sin embargo, este postulado ha sido burlado, requerimos que la soberanía sea reconocida y que los gobernantes sean y se reconozcan a sí mismos no como seres superiores separados del pueblo, sino como mandatarios a los que el pueblo tiene la responsabilidad, la obligación y el derecho de llamarlos a cuentas.

También nuestra República se define como representativa, en ella el Senado representa a los estados y los diputados representamos al pueblo, pero esto no basta, es necesario que seamos una sociedad más participativa, que dé lugar en lo jurídico a figuras tales como el referendum y el plebiscito, que sean parte la vida y del sistema político de México, en donde los gobernantes no quedemos aislados de nuestro pueblo y éste, de una forma activa y participativa, esté llamando permanentemente a cuentas a sus gobernantes. No basta representar, hay que buscar la participación ordenada y activa de la población.

Esta inequitativa situación, nos deja en desventaja por ejemplo con respecto a nuestros socios comerciales, ya que mientras en Canadá el ingreso nacional se distribuye en tres partes iguales entre los municipios, los estados y la Federación, en México es bien sabido que los municipios sólo reciben el 4% del ingreso nacional, los estados el 16% y la Federación el 80%.

Esto nos hace concebir que no podrá soslayarse la necesidad de incluir en la reforma del Estado, una profunda reforma fiscal en donde la concepción federalista nos marque una distinta distribución del ingreso nacional en México.

La relación entre el Gobierno y la sociedad, planteada en 1929 por Plutarco Elías Calles, nace con base en el pacto social concebido por el propio general y por el embajador norteamericano en ese entonces en México, el señor Monroe, que define al Gobierno como monolítico, autocrático, corporativo y paternalista; y a la sociedad la define como infantil, inmadura e incapaz.

En ese entonces se integra el sistema político a través de la formación de un partido único, que se arroga el derecho de sucesión del movimiento armado revolucionario, como si fuera el único heredero de las aspiraciones de nuestro pueblo.

Esta viciosa relación de la sociedad con el Gobierno, dio como resultado un divorcio de facto entre estos componentes del Estado, que motivó el alejamiento de la sociedad y la peligrosa usurpación de todas las funciones sociales y políticas del Gobierno. En estas condiciones, el Gobierno se transforma de facto en Estado y el Presidente en jefe del Estado, con el consecuente debilitamiento de una sociedad que durante un tiempo se volvió indolente, disminuida y peligrosamente no participativa, por estar ajena e impotente ante las decisiones de sus gobernantes. Sin embargo, esta sociedad poco a poco emprende el camino de la madurez y no sin luchas y sangre, empieza a romper las ataduras y a abrirse los espacios dentro del Estado.

Las constantes vejaciones forjan a las nuevas generaciones que hoy no están dispuestas a ocupar lugares distintos a los que legítimamente les corresponden, esto es, ser los únicos depositarios de la soberanía nacional. Hoy la participación ciudadana es una realidad, es un impacto social y político que es inevitable, evidente e innegable.

Sin embargo, México corre hoy un gran peligro, ya que el fenómeno de la participación, que es imparable, se está forjando con entusiasmo pero con anarquía, ya que el Gobierno no está a la altura de una sociedad moderna que busca incidir en forma determinante en la ruta de la nación.

Sabemos que esa enseñanza histórica de los estados en transición hacia la democracia han sobrevivido, sólo cuando sus gobiernos han sabido responder a las legítimas aspiraciones de una sociedad dispuesta a ocupar los espacios sociopolíticos que les corresponden. Esta participación para ser constructiva y motor del desarrollo, debe ser ordenada y canalizada, evitando la anarquía que pudiera llegar a destruir el futuro de la patria.

La sociedad hoy, está haciendo lo que le corresponde, dejando rezagado al Gobierno que cerrado a sus clamores, peticiones y aspiraciones, está buscando torpemente impedir su acción constructiva, lo cual pone en peligro al Estado, ya que éste funciona cuando hay una sana relación entre los elementos que la conforman.

Existe un gran esfuerzo social por generar el cambio entre todos los mexicanos organizados y decididos a participar en un orden dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos intereses que existen en la vida social. El cambio se visualiza promovido por una gran deliberación pública y democrática entre el Gobierno y la sociedad y sólo será realizable por el compromiso participativo y compartido entre la sociedad y el Gobierno.

Esta nueva relación no debe descuidar el orden jurídico que orienta el trabajo organizado hacia el bien común, que generaliza la armonía, la libertad y el respeto de los derechos; un orden que jurídicamente se establece para hacer posible en la sociedad la armonía, no sólo de las libertades, sino también de los diferentes fines de las agrupaciones que participan, junto con un gobierno justo y respetuoso de la justicia social y del bien común.

Es necesario que en esta nueva relación se deje en las páginas más oscuras de la historia, las frustrantes prácticas de gobiernos paternalistas, omnipresentes y centralizados.

La relación del Gobierno con la sociedad, es el elemento que determina el logro de los fines del Estado. En un extremo de esta relación está el grupo que ejerce el poder político; en el otro está el resto de la sociedad. La relación es lo que une o lo separa, lo que ayuda o impide que la sociedad y el Gobierno logren lo que desean, lo que provoca que el Gobierno imponga su voluntad o que sea el instrumento de la sociedad para lograr el bien, ser y el bienestar de la población.

Toda acción del Gobierno tiene directa o indirectamente como destinatario final a la sociedad en la que actúa. Si la relación entre ambos es la adecuada, se logran los fines del Estado.

Por otro lado, si se respeta el derecho de autodeterminación de los pueblos, que incluye el derecho que tienen de darse la forma de gobierno que deseen, esta relación será mucho más fácil, mucho más adecuada y nos atreveríamos a decir mucho más constructiva.

De todo lo anterior se desprende que no sólo lo que hoy se engloba con el término de democracia participativa, es a lo que se refiere este tema de la nueva relación del Gobierno con la sociedad.

Los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referendum, la revocatoria de mandato, etcétera, son algunos de los mecanismos que conformarían esa relación, pero no son todos.

El Partido Acción Nacional considera posible y deseable que nuestras leyes den paso a la democracia participativa, como lo demuestran por ejemplo nuestra iniciativa de reformas constitucionales y legales para el desarrollo de la democracia participativa en México, presentada el 28 de marzo del año pasado.

También consideradas posibles y deseables leyes que abran espacios a la participación ciudadana organizada, como es el caso del proyecto de ley general de agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo social, que se acaba de leer hace algunas horas ante este pleno y que lamentablemente no pudo ser o no pudo tener el consenso, a pesar que desde la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, los miembros de todos los partidos que pertenecemos a esa comisión y el personal técnico, trabajamos arduamente en la discusión y consenso de esta iniciativa de ley.

Pero también creemos que paralelamente deben cambiarse algunas formas ya caducas y algunas francamente indeseables de estas relaciones del Gobierno con la sociedad mexicana, para que así tenga sentido que hablemos de unas nuevas relaciones.

Podemos encontrar dos modelos de relaciones entre la sociedad y su Gobierno, dentro de los que podríamos englobar a otros.

Puede existir un gobierno que sólo deje a la población el derecho a obedecer, ese es un modelo; o puede ser que tanto el que gobierna como los gobernados, participen de una manera activa en los asuntos públicos propios del Estado. Nosotros pensamos que ése es el segundo modelo que debe de imperar.

El Partido Acción Nacional ha propuesto un cambio en estas relaciones desde hace más de 50 años; que en México pasemos de un régimen autoritario, en donde un grupo ejerce el poder político, excluyendo a los demás de ese ejercicio; que pasemos a un sistema de diálogo, no sólo de los que ejercen el poder en algunas de sus facetas, sino de todos éstos y también del resto de la sociedad que pasemos de un régimen en el que los gobernados dejen de ser súbditos, que son tratados como menores de edad, para ser suplida por una relación en la que tengamos la categoría de ciudadanos y en el que tanto las mujeres como los hombres tengamos plena participación; que pasemos a un régimen en el cual quien lo desee pueda fácilmente y con responsabilidad actuar para influir en el destino colectivo.

Esta ha sido una propuesta fundamental de Acción Nacional desde hace mucho tiempo y hoy los mexicanos hemos caminado como sociedad para alcanzar esa participación social, pero todavía nos falta caminar más en ese mismo sentido.

Esta sigue siendo nuestra propuesta de cambio, cambio que significa participación y construcción democrática que nos lleve a todos a una mejor forma de vida.

Nos proponemos nuevas relaciones del Gobierno con la sociedad que propicien que nuestro país participe, en la construcción de la paz en el mundo, en la ayuda de las naciones más necesitadas, en buscar una mejor distribución de las riquezas mundiales. Una relación en la que quien gobierne asegure la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los integrantes de la sociedad y una justa participación en el disfrute de los satisfactores.

Nos proponemos en Acción Nacional, relaciones del Gobierno con la sociedad que sean el cauce de la libertad de los individuos y de la responsabilidad de gobernantes y gobernados.

Nos proponemos que quien gobierne garantice el medio fundamental de participación ciudadana, que consideramos que es la emisión del voto, conforme a los principios de transparencia, justicia y equidad, tanto para la competencia electoral como para la sociedad en su totalidad, de tal manera que esto no vea mermado su accceso a los servicios que puede prestar el Gobierno por un excesivo financiamiento público a los partidos políticos.

Nos proponemos unas relaciones de Gobierno con la sociedad que fomenten el desarrollo de cada uno de los mexicanos y brinde a la sociedad los elementos para lograrlo.

Nos proponemos que el Gobierno en su relación con la sociedad respete la eminente dignidad del ser humano, fomente la unidad de las familias, permita el acceso de todos a los bienes de la cultura, de la ciencia y respete sus valores.

Nos proponemos en Acción Nacional que el Gobierno en su relación con la sociedad respete el derecho de toda persona de obtener y disponer de todo aquello que necesita para su subsistencia material y espiritual; que propicie las condiciones para que aumente el número y calidad de empleos, el número de viviendas; que le dé su lugar preponderante al trabajador de las ciudades y del campo y que esta relación respete y haga sentir seguridad en la propiedad de cada persona.

Nos proponemos en Acción Nacional que las relaciones del Gobierno con los más pobres sean de respeto y de auxilio, no para mantenerlos siempre pobres, sino para que se desarrollen y dejen de serlo.

Nos proponemos en Acción Nacional motivar al campesino para que rescate su dignidad, para que se respete su sabiduría, que es la herencia de muchas generaciones y que ha logrado mantener la producción a pesar de los obstáculos que han puesto aquéllos que han metido las manos en el campo para manipularlos.

Nos proponemos y ya tenemos poco tiempo para todo esto, nos proponemos que las relaciones del Gobierno con la sociedad, no anulen el potencial de los individuos o grupos, que les permita desarrollar todo lo que responsablemente puedan, sin atropellar su libertad y su propia iniciativa.

En Acción Nacional nos proponemos también que entre los niveles del Gobierno Federal, estatal y municipal, se dote de mayores recursos a las instancias municipales y estatales respecto a las federales. En otras palabras, proponemos que estas relaciones se rijan por el principio de subsidiaridad.

Nos proponemos que el Gobierno en su relación con las personas que integran la sociedad...

La Presidenta:

Me permite un momento, señor orador.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:

Como no.

La Presidenta:

De nada sirve que yo le diga al orador que ya se le terminaron sus 15 minutos y muchos de ustedes lo han hecho, se acogen al 103. Entonces yo prefiero esperar cinco minutos más para que el diputado, por favor, redondee su trabajo.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:

Para que no haya problema me acojo al 103.

La Presidenta:

Mire usted, diputado, redondee su presentación.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:

Gracias.

En Acción Nacional nos proponemos, el gobierno, en su relación con las personas que integran la sociedad, les respete sus derechos propios de seres vivos, sus derechos de seres sociales e inteligentes, su derecho a la libertad responsable, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos y culturales, independientemente de su condición social, económica, ideológica, de credo religioso, racial o de grupo.

En Acción Nacional nos proponemos que este Poder Legislativo se relacione efectivamente con la sociedad, para que las leyes sean verdadera expresión del orden al que los ciudadanos aspiran.

Proponemos también el fortalecimiento del Poder Legislativo en relación al Ejecutivo, para que la democracia representativa se fortalezca y pueda haber así mejores cauces para la democracia participativa.

Nos proponemos en Acción Nacional que la impartición de justicia sea precisamente eso, sin favoritismos ni impunidad. Que se sancione a los culpables y que se deje de castigar a inocentes, en suma, que exista un orden social fundamentado en la justicia y en la realización del bien común.

Nos proponemos buscar hacer común...

La Presidenta:

Redondee su intervención.

El diputado Víctor Manuel Palacios Sosa:

Voy a terminar, señora Presidenta.

Nos proponemos buscar hacer común la vocación pacifista de Acción Nacional, que no es sino el reflejo de la propia vocación pacifista del pueblo mexicano, para lograr soluciones que respetando la libertad individual, logren la aportación responsable de todos los actores sociales.

Esta es la esencia de la lucha política del pueblo de México. Esta es la lucha de Acción Nacional. Estos son los principios que permitirán irrumpir en el tercer milenio, como una nación fuerte y vigorosa y con un Estado capaz de afrontar con éxito los retos de un futuro luminoso.

Gracias.

La Presidenta:

Gracias diputado, tiene la palabra para el mismo tema el diputado Carlos Núñez Hurtado.

El diputado Carlos Núñez Hurtado:

Con su permiso, compañera Presidenta:

Después de la parte filosófica voy a ser muy concreto, me voy a dedicar a lo que originalmente habíamos inscrito en el orden del día, que es el tema de la ley que fue mencionada, también por el diputado, la Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social y quiero expresar, dándoles una noticia, compañeros, bueno, es una noticia tan importante que creo que será la primera vez que aparece en los diarios: la mayoría se volvió a rajar. Es como los asaltos de Guadalajara, ya no llaman la atención.

La verdad del caso es que me da pena porque sé que mis compañeras y compañeros de la Comisión de Participación Ciudadana lo sufrieron, porque no se rajaron, los obligaron a rajarse y eso es muy duro, me refiero al proyecto de ley que hoy fue presentado en la mañana por tres fracciones: PRD, PAN y PT, pero que hasta el día de hoy en la mañana estaba consensado por todas las fracciones, por lo tanto incluido el PRI y que incluso estaba firmado, no solamente estaba prometida la firma, luego tuvo que retirarse la página con las firmas que incluían a las compañeras y compañeros del PRI, para hacerse una nueva que los dejara fuera y lo sé porque lo hemos comentado que les dolió, que les costó mucho, porque hay gente sana y honesta con la que trabajamos: durante estos tres años, sí tres años de labores para llegar a esta iniciativa de ley que hoy fue presentada.

Fue un trabajo arduo, sistemático, en relación con la sociedad; se organizaron foros en todo el país, se hizo un taller nacional en Zacatecas, se formó un consejo consultivo que incorporó gente de la sociedad civil, después un consejo técnico, hubo muchísimos aprendizajes y, al final de cuentas, incluso con la participación de instancias diversas del Ejecutivo se llegó a un proyecto de ley; proyecto de ley creado desde las consultas, desde la sociedad civil y para la sociedad civil. Insisto, por la concurrencia de funcionarios importantes de dependencias del Ejecutivo y con el trabajo, por supuesto, arduo, disciplinado, tolerante, respetuoso, abierto y plural de la Comisión de Participación Ciudadana.

Esta ley, entonces, llegó en días pasados al consenso, no había ya nada más que discutir. Seguro que no era perfecta, pero era una buena ley, es una buena ley. Se firmó y ¿qué pasó, por qué se retiró sorpresiva, unilateral, injustificablemente la fracción mayoritaria? Sabemos, insisto, que no fue una decisión propia, por lo menos de la mayoría, conocemos la opinión directa y lo que les costó. Sabemos de otros que sí lucharon contra esta ley.

Es que una vez más el Ejecutivo, metiendo irrespetuosamente las manos en esta soberanía. ¡Qué vergüenza!, los obligó a retirarla. Imagino la reacción y el estado de ánimo de mis compañeras y compañeros del PRI. No debe ser fácil, echar por tierra todo el trabajo, los esfuerzos, los recursos humanos, financieros, todo lo que se gastó en el esfuerzo humano y social y los compromisos explícitos con y frente a la sociedad civil echar por tierra todo eso, digo, debe ser muy duro y muy difícil.

Que el jurídico de la Presidencia no quiso; que la ley es imperfecta. Pues, ¿qué se cree este señor?, que creo que se llama, un tal licenciado Fernández, que es el que hace y deshace con las leyes en este país, porque lo mismo estamos hablando de esta ley, como supimos de la Ley de Obra Pública y de otras muchas. ¿Es qué él es el Presidente? ¿O qué clase de asesores tiene el presidente Zedillo, para que por un pelele haga con el Ejecutivo lo que quiera y el Ejecutivo haga con el Legislativo lo que él quiera hacer?..

Le bajo el volumen, pero no el contenido, compañero. No vale nada entonces el trabajo. No vale nada. Aquí hay un documento que, incluso, da cuenta de todo el trabajo realizado, es largo, no lo leo, quizá pediría que se inserte en el Diario de los Debates, pero se habla de todos los esfuerzos, fechas, pormenores, todas las instancias que participaron: Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, todo mundo, miembros de la sociedad civil muy connotados y todos éstos entonces más los diputados y los cientos de ciudadanos que participaron, según este señor: ¡no sabemos nada! Es decir, todos, todos, somos unos ignorantes.

El único que sabe seguramente es él, porque la razón que se nos manejó fue que la ley estaba mal hecha. ¡Qué curioso!, tan sencillo como componerla en la técnica jurídica en el caso que así fuera. Pero, yo digo, ¿será posible que tanta gente, tantos ciudadanos, tantos funcionarios, tantos diputados, seamos tan brutos?, la verdad, habra algunos que sí; yo pienso que algunos, no nos incluimos, algunos tenemos incluso conocimiento teóricopráctico de muchísimos años en esta materia y la gente del consejo técnico, del consejo consultivo no es cualquier gente, son gente que ha fundado organismos de la sociedad civil hace años y años, es una falta de respeto entonces venir a argumentar que la ley en cuestión es una ley mala, porque lo dice un señor. ¡Que soberbia! ¡Qué prepotencia! ¡Qué falta de respeto a esta soberanía!

Ante ello hay dos posiciones: la reiterada defensa de la dignidad y la soberanía al mantener el consenso como lo hicimos con la ley o el callado y rabioso sometimiento en aras a no sé qué criterio de disciplina o los gritos del Bronx.

Conocimos, hicimos amistad con muchos y muchas de las diputadas y diputados del PRI, durante estos tres años de trabajo; sé cómo piensan, sé como se sienten en este momento. Pero en ustedes, compañeras y compañeros de la mayoría, está la solución. Si la ética y la política buscan reconciliarse en este país que ha sido radicalmente separado, no será con el sometimiento disfrazado de falsa disciplina, como se vuelvan a encontrar, es con la frente en alto y con la capacidad de decisión libre, digna y en conciencia, como esta soberanía volverá a serlo.

En una sociedad moderna, para ir redondeando, como la que se nos quiere vender en México, la economía de mercado, la modernidad sólo se quiere expresar en el terreno económico y habría que discutirlo mucho. Pero en el terreno social y político vivimos en la prehistoria.

Cualquiera que conozca la materia, podría enterarse de cómo funciona esta relación sociedadGobierno en países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, incluso en muchos países de América latina. Podemos en cualquier momento hacer referencia, hay documentación al respecto. ¿Por qué entonces en México se vuelve a este estrecho criterio, a esta idea del subdesarrollo de la sociedad civil? No puede haber desarrollo integral si no hay desarrollo social y político, si la sociedad civil no asume cada vez más el protagonismo que de hecho ya tiene; nos lo ha demostrado en tantas luchas, pero que nos negamos a reconocerle, como sucede en cualquier país moderno y desarrollado a través de un marco jurídico.

Vivimos un momento de tránsito muy importante hacia la democratización del país, en ello la corresponsabilidad, partidos, Gobierno y sociedad civil organizada, es fundamental; sin ello, no podrá haber transición a la democracia. La sociedad civil es protagonista, ¡ya!, de los cambios de este país y la impulsa con seriedad, con vigor y con mucho conocimiento.

Compañeras y compañeros del PRI: con todo el respeto y el mayor afecto que hemos desarrollado en estos años, no se opongan a los legítimos intereses y reclamos de la sociedad; no tiene sentido. No se va a ganar nada.

¿Con qué criterio van ustedes ahora, en campaña electoral, a presentarse ante la pujante sociedad civil para decirles que el esfuerzo de tres años, las opiniones de cientos de miles de ciudadanos, el reclamo de una sociedad en ebullición, el proceso de transición a la democracia, el acuerdo, el esfuerzo, la pluralidad y el consenso logrado, se borra de un plumazo, porque un señor de equis categoría, que ni siquiera es el Presidente de la República, dice que no.

Compañeras y compañeros: la ley que está presentada, aquí todavía decimos en la jerga, lamentablemente "se fue a la congeladora". Yo estoy seguro que a partir del 6 de julio, y lo digo con todo respeto, la congeladora va a abrir las puertas y ahí fresca y conservada, estará el alma de la patria expresada en tantas iniciativas que no han podido ser votadas ahora y se van a retomar y se van a convertir no solamente en actos de dignidad legislativa, como dijimos ahora, sino como instrumentos jurídicos al servicio del pueblo de México. Esa es nuestra única esperanza, ése es nuestro legado. El esfuerzo lo hicimos; ahí está la iniciativa, será retomada por el nuevo Congreso y será seguramente votada a favor del pueblo.

Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Ezequiel Flores Rodríguez

El Presidente:

Para el mismo tema, tiene la palabra la diputada Sofía Valencia Abundis.

La diputada Sofía Valencia Abundis:

Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Al inicio de los trabajos de esta LVI Legislatura, la Comisión de Artesanías integrada por diputados de los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, nos dimos a la tarea de conformar nuestro plan de trabajo, en el que se especificaron las acciones que con el consenso de las citadas fracciones deberíamos emprender para cumplir con responsabilidad la encomienda de buscar alternativas de desarrollo para la actividad artesanal en su conjunto, proponiendo mecanismos para elevar la calidad y venta de sus productos y en general, las formas de solucionar la problemática de los artesanos y de mejorar su nivel de vida.

Para que los artesanos puedan acceder a créditos, comercializar mejorar sus productos, abaratar los costos de producción y elevar su volumen, es indispensable el reconocimiento jurídico de sus organizaciones. Por ello la comisión ha impulsado a través de foros y de diversas reuniones de trabajo en distintos estados, la aplicación de diferentes formas asociativas y organizativas de procuración de que se facilite el trabajo artesanal y se les dé rostro y nombre a los artesanos para que realicen su trabajo en la formalidad y con posibilidades de acceder a mercados nacionales e internacionales.

Al inicio de nuestro trabajos legislativos detectamos la imperiosa necesidad de contar con directorios artesanales que nos permitieran identificar la producción artesanal en las distintas regiones y municipios de nuestra República, así como la publicación de documentos que dieran cuenta del trabajo de nuestra comisión al mayor número de artesanos mexicanos.

Por ello, conjuntamente con la Secretaría de Turismo emprendimos la tarea de llevar a cabo la elaboración de un atlas artesanal que con toda oportunidad permitiera acceder a la información y pronta localización de todos y cada uno de los puntos con producción artesanal con que cuenta nuestra nación.

Asimismo, estamos a punto de concluir la edición de un directorio que contempla la totalidad de artesanos con los cuales la comisión tuvo contacto, es espera de que con tal apoyo promocional se abrieran más canales de comercialización a sus productos.

En el aspecto jurídico se encontró la necesidad de llevar a cabo una reforma a la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y a la actividad artesanal, la cual en la práctica representa muy escaso apoyo para el desarrollo económico y social de los artesanos mexicanos.

Se realizó un estudio legislativo en los estados de la República que cuentan con legislación artesanal y asimismo con las legislaciones vigentes en diferentes países de América, Europa y Asia, buscando con esto las referencias que permitieran sentar las bases para complementar el trabajo legislativo iniciado en la consulta popular sobre la actividad artesanal en México y así durante el mes de enero de 1996 se efectuaron cuatro reuniones con los diputados integrantes de la comisión y funcionarios de diversas secretarías de Estado y directores de casas de artesanías estatales para trabajar en el proyecto de Ley de Artesanías.

Para el mejor desempeño de estos trabajos se instalaron cinco mesas que comprendían los rubros que los artesanos nos habían demandado en diferentes ocasiones.

El amplio reconocimiento que los participantes mostraron sobre el tema, permitió que se dieran debates importantes y sobre todo que se lograra conformar un anteproyecto de Ley de Artesanías, con el consenso de todos los participantes.

Del esfuerzo de los legisladores y de las propuestas y aportaciones de los artesanos, investigadores e interesados en las artesanías mexicanas, destacan tres puntos de suma importancia que conforman el espíritu del anteproyecto que se elaboró y que son los ejes de la nueva norma jurídica de las artesanías. Dotar de elementos que permitirán el desarrollo de la actividad como un factor económico generador de empleo, la preservación y rescate cultural de los valores fundamentales de la artesanía tradicional, que es legado histórico de nuestro pueblo y dotar al individuo productor y sus familias de los esenciales benefactores sociales para su desarrollo.

Otro punto importante que se analizó fue el relativo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que redistribuye funciones a los secretarios de despacho del Ejecutivo y en la cual existen artículos y fracciones donde se otorgan facultades a la Secofi, para atender al sector artesanal y además el Fonart, fideicomiso que apoya la comercialización de la artesanía tradicional, está sectorizada a la Sedesol, por lo que se hace necesaria una reordenación de las acciones para cada Secretaría en materia artesanal.

Actualmente la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal rige a esta actividad y la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin que hasta la fecha este instrumento legal haya permitido un avance relevante para los artesanos y su actividad, por ya no corresponder a las demandas que en materia de comercialización, financiamiento y capacitación, entre otras, está exigiendo el mercado mundial para ser competitivo.

Existen otras secretarías de Estado que dentro de sus funciones están realizando acciones en favor de la actividad artesanal. Como resultado del acercamiento que tuvo la comisión, para presentar la demanda emanada de los foros de consulta popular, la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Sectur, han incluido programas permanentes de becas, capacitación y promoción de nuestra artesanra como apoyo a los artesanos de nuestro país.

En alguna otra ocasión hemos dado cuenta también de las reformas que con el apoyo de todos ustedes logramos tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta como en la Ley del Seguro Social y en la Ley de Derechos de Autor, para proteger con ello la producción artesanal de las étnias, de los grupos y de las regiones.

Todo lo anterior señalado hace indispensable un nuevo marco legal que como ya mencionamos destaque en su espíritu tres elementos básicos que favorezcan el desarrollo artesanal: el bienestar del individuo, el fomento de la actividad artesanal como factor económico generador de empleo y la revaloración cultural de esta importante actividad.

Ello implica la creación de un organismo a nivel nacional que conjunte y coordine las acciones que para el sector artesanal están realizando todas las secretarías que señalábamos, que dé directrices, para que se fomente con esto la organización y la coordinación entre todos quienes realizan actividades en esta materia.

Estamos conscientes que una ley por sí sola no puede resolver el problema de una actividad como la artesanal, pero en un estado de derecho como el nuestro es el paso fundamental para sentar las bases que permitan su atención y desarrollo integral más allá de meras circunstancias o programas temporales y que establezca con claridad la relación del Estado con los artesanos, en una política que estimule su bienestar y su producción en una nueva realidad comercial.

Existen sectores en la población que requieren transitar de considerarse en este rubro, para pasar al sector económicamente productivo; éste es el caso de los artesanos. ¿Cómo avanzar en este proyecto? ¿Cómo dejar las inercias del pasado, la involuntad y la involución para asumir con responsabilidad y lealtad los compromisos que institucionalmente le corresponden a algunas secretarías de Estado y a algunas dependencias que deben actuar en favor de grupos sumamente importantes de la sociedad, como es el caso de los artesanos? ¿Quién tendrá en sus manos la decisión para actuar en favor de ellos, que esperan tal vez con desesperanza que exista un programa, uno solo que integre todos los esfuerzos y vaya en su apoyo y en la defensa de sus intereses?

Queremos ver, y así lo demandamos, un programa integral de fomento de la actividad artesanal. Queremos conocer, y así lo demandamos, cuáles son los proyectos de corto, mediano y largo plazos para atender las demandas de los artesanos. Muy especialmente como diputados de esta comisión, le demandamos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la presentación de sus compromisos de trabajo, directo, cercano y realista con los artesanos de México.

Porque cómo lograremos que se supere el tecnicismo pasivo para expresar simple y llanamente que existe un organismo de nivel federal que aglutina los esfuerzos de todos; que los artesanos sepan a donde concurrir a solicitar asesoría, quién los represente y defienda, dónde pueden realizar gestiones para registrar sus organizaciones, cómo acceder al crédito, dónde solicitar financiamiento, cómo evitar el intermediarismo, cómo protegerse de los abusos de los inspectores, cómo se organizarán para cubrir la demanda nacional y cómo ir a las exportaciones; sólo por mencionar algunas interrogantes.

Hemos buscado la definición de estrategias de trabajo. Como representantes populares dialogamos y demandamos en un marco de respeto a la separación de poderes. Deseamos encontrar todos un camino para que hubiera una nueva legislación para el fomento de la actividad artesanal y ante la dificultad para encontrar puntos de consenso en definición y formas de trabajo, queremos dejar constancia del análisis y del producto que los diputados de la Comisión de Artesanías hicimos para lograr que los artesanos tuvieran un espacio mejor para su actividad y sobre todo para su vida y para la de sus familias.

Hago entrega a esta secretaría de diversos documentos que testimonian el trabajo de la comisión, esperando que sirvan en un futuro inmediato como punto de partida para nuevos esfuerzos en esta materia.

Expreso a todos mis compañeros diputados, a todos ustedes, como siempre, mi reconocimiento por su apoyo. A los miembros de la comisión mi aprecio total por su actitud solidaria y su compromiso permanente. A los colaboradores de la comisión mi agradecimiento por su trabajo. A todos quienes trabajan por los artesanos en México, nuestra gratitud y a los artesanos mexicanos nuestro testimonio de respeto y de apoyo a su lucha por siempre.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que el documento leído por la diputada Sofía Valencia Abundis, quede inscrito en el Diario de los Debates.

EXPOSICION DE MOTIVOS

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los suscritos diputados federales integrantes de la Comisión de Artesanías de esta LVI Legislatura, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente

INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE FOMENTO ARTESANAL

El grupo pluripartidista de diputados que integran la Comisión de Artesanías de esta legislatura, cumpliendo puntualmente con su programación interna de trabajo, se allegó de diferentes fuentes, la información que consideró suficiente para obtener y complementar una visión amplia y ajustada a la realidad en la que se desarrollan los grupos de artesanos en el país, comprendiéndose en este estudio, desde luego los conceptos histórico, cultural, social, económico y laboral de la actividad artesanal.

Se realizó amplia investigación sobre las condiciones de vida de las familias artesanales y de los artesanos en lo individual, para entender la complejidad de su trabajo, cuando se dedica a la elaboración de artesanías como actividad principal o cuando la alterna con otras labores, a fin de obtener recursos para afrontar sus necesidades de subsistencia.

En forma individual o mediante comisiones de diputados, consultamos con áreas del sector educativo federal y con dependencias, institutos, casas de cultura o de artesanías estatales, sobre los logros alcanzados para preservar o rescatar los reconocimientos y estimaciones a las artesanías, en sus valores históricos o culturales, por parte de la autoridad o de la población en general.

Se realizó una amplia consulta a las legislaciones Federal y estatales, para conocer el marco juridico existente, relativo a la artesanía, a la producción artesanal y a los procesos de producción y venta en mercados nacionales e internacionales, habiéndose revisado comparativamente, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; las leyes y decretos sobre casas, institutos u organismos de artesanías en los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca y Nuevo León.

Encontramos inicialmente, que los artesanos enfrentan una problemática diferente, que parte de la organización individual o colectiva para la producción, la disponibilidad de materias primas, la degradación y el deterioro del medio ambiente por la falta de capacitación para la recolección y uso de los recursos renovables y no renovables, la falta de financiamiento para la producción y comercialización de sus productos y las disposiciones fiscales, entre otras más.

La comisión acordó convocar a dependencias oficiales, instituciones privadas, grupos de artesanos y estudiosos de este tema, para que vertieran sus comentarios y propuestas en ocho foros estatales, cuatro regionales y uno nacional, mismos que nos sirvieron para confirmar la importancia y la urgente necesidad que tiene el artesano, de contar con una ley de carácter general que norme esta actividad comercial en forma particular y le permita contar con un instrumento legal, que le asegure el reconocimiento a su persona, actividad y acceso a mercados y financiamientos, así como el reconocimiento oficial, de que los artesanos, la artesanía y la producción artesanal en México, son una fuente inagotable de creatividad y tradición que nos dan identidad nacional.

Como sector productivo reclamaron atención especial por parte de las autoridades federales y estatales, para que les reconozcan su derecho al trabajo organizado en las distintas unidades de producción existentes y se les otorgue fiscalmente el tratamiento que les corresponda y se proteja la obra artesanal, además de que se apliquen disposiciones arancelarias para evitar la proliferación en el mercado nacional de artículos de procedencia extranjera que desplazan a las obras de arte popular, las cuales son elaboradas por las comunidades indígenas, con productos que son generalmente de baja inversión en materia prima y los procesos de producción demasiado tradicionalistas, toda vez que respetan los conceptos que les transmitieron sus antepasados.

Consideramos que la artesanía vista desde la perspectiva histórica, ha representado habilidad manual, sensibilidad artística, cultural y utilidad, y que dicha visión no ha desaparecido en esta era moderna, cuando necesariamente se le han incorporado mayores valores y significados económicos y laborales y como fuentes de empleo. Precisamente, la manifestación cultural que se encuentra en las obras artesanales, acrecienta su valor comercial y económico.

Cabe señalar que la LIV Legislatura, en el año de 1991 dictaminó la procedencia de aplicar reformas y adiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, considerando que con ello se otorgaban a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los fundamentos necesarios para cumplir las funciones de "fomentar estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de la industria familiar" que le atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Como sector productivo reclamaron atención especial por parte de las autoridades federales y estatales, para que les reconozcan su derecho al trabajo organizado en las distintas unidades de producción existentes y se les otorgue fiscalmente el tratamiento que les corresponda y se proteja la obra artesanal, además de que se apliquen disposiciones arancelarias para evitar la proliferación en el mercado nacional de artículos de procedencia extranjera que desplazan a las obras de arte popular, las cuales son elaboradas por las comunidades indígenas, con productos que son generalmente de baja inversión en materia prima y los procesos de producción demasiado tradicionalistas, toda vez que respetan los conceptos que les transmitieron sus antepasados.

Consideramos que la artesanía vista desde la perspectiva histórica, ha representado habilidad manual, sensibilidad artística, cultural y utilidad y que dicha visión no ha desaparecido en esta era moderna, cuando necesariamente se le han incorporado mayores valores y significados económicos y laborales y como fuentes de empleo. Precisamente, la manifestación cultural que se encuentra en las obras artesanales, acrecienta su valor comercial y económico.

Cabe señalar que la LIV Legislatura, en el año de 1991 dictaminó la procedencia de aplicar reformas y adiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, considerando que con ello se otorgaban a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los fundamentos necesarios para cumplir las funciones de "fomentar estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de la industria familiar", que le atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, es opinión generalizada entre los propios artesanos y entre las personas ligadas a la materia, que las disposiciones contenidas en las reformas y adiciones señaladas, no han trascendido toda vez que los artesanos en todos los foros y reuniones a los que son convocados, expresan su inconformidad y mantienen el reiterado reclamo para que se legisle en forma especial, atendiendo las particulares facetas que se observan en todo el proceso artesanal, que comprende en rasgos generales, la organización de productores, facilidades para obtener materias primas, actualizar las formas de producción, acceso a financiamientos con garantías al alcance de los artesanos, apoyo a la comercialización con canalización incluso a la exportación.

Las anteriores consideraciones se concretan en la petición de que mediante una nueva iniciativa de ley, se constituya un organismo responsable de fomentar la actividad artesanal, considerando sus significados económicos y culturales.

Con base en las anteriores consideraciones y en la riqueza de los conceptos vertidos en dichos foros, así como en las observaciones e intercambio de expresiones y comentarios que personalmente realizaron los integrantes de esta comisión en los diferentes talleres artesanales visitados, se llegó a la conclusión de presentar ante la soberanía de esta Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley Federal de Fomento Artesanal que satisfaga las expectativas de los artesanos.

Consideramos que este trabajo legislativo pretende abarcar dentro de su articulado, los elementos de la organización para la producción, capacitación, financiamiento, comercialización y el reconocimiento legal al artesano, a la artesanía y a la protección de su obra.

Dentro del Capítulo I de la iniciativa de Ley Federal de Fomento Artesanal, se comprenden las disposiciones generales y se precisa, que se trata de una ley de orden público y de interés social, dado que sus alcances comprenden a la población y a los sectores sociales y productivos en su conjunto y tienden a preservar y a fomentar el desarrollo de la actividad artesanal en todas sus facetas económicas y culturales en nivel nacional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en concordancia con el texto vigente en la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y a la Actividad Artesanal, que proponemos derogar en lo que respecta a las artesanías, corresponde la aplicación de esta ley a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Además, en dicho capítulo se abordan las definiciones de los términos de artesano, artesanía y producción artesanal considerando obligado establecer con precisión las figuras que son materia de la ley. Por ello, se parte de reiteradas consultas, análisis, comparaciones, y búsquedas de antecedentes en niveles estatal, nacional e internacional, así como considerando las esencias de las menciones que se manejan nacionalmente o son socialmente reconocidas,

Es también uno de los contenidos de esta ley, el señalamiento de que la producción artesanal, además de valorarse como una actividad económica y cultural que transforma materias primas, en su mayoría de origen natural y en ocasiones industrial, con predominio del trabajo manual y el uso de herramientas primarias y que se caracteriza por una organización del trabajo, a partir de jerarquías definidas por el nivel de las habilidades y experiencias demostradas por los participantes en las unidades de producción.

Respecto a las artesanías originarias de las etnias o de las regiones del país se reconoce que por la importancia cultural y económica y por constituir un cuerpo de saber, habilidad, destreza, expresión artística y simbólica resulta de alto valor histórico y de identidad respecto a las propias etnias o regiones así como de nuestra nación, deben preservarse legislativamente, como lo hacemos en esta iniciativa, al declararlos patrimonio cultural.

Entre los motivos que dan lugar a la presentación de esta iniciativa, figura el reconocimiento de que son numerosas las acciones que dependencias federales, estatales, municipales, de organismos paraestatales y privados, realizan respecto a la actividad artesanal y de que cada una de ellas es meritoria e importante, pero sin embargo, todas ellas se dan en correspondencia a las facultades y programas de su respectiva instancia, sin una coordinación institucionalizada, lo cual merma su eficacia, por ello, en el Capítulo II de la iniciativa de ley, se crea el Consejo Nacional para la Promoción Artesanal.

Al respecto se precisa que el consejo debe depender de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como los respectivos consejos estatales y municipales que corresponden a cada una de las entidades federativas, ello por las facultades que ha dicha Secretaría otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública, según se menciona anteriormente.

Se indica, a reserva de reglamentarse que en el funcionamiento del consejo nacional, deberán participar con representantes las dependencias que actualmente tienen alguna injerencia en la actividad artesanal, como son las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, que lo presidirá, Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca; las paraestatales IMSS y Nacional Financiera así como el Instituto Nacional Indigenista, quedando a reglamentarse algunas otras participaciones incluso de organismos privados y de expertos nacionales o internacionales.

Con precisión corresponderá al consejo propiciar la coordinación y el incremento de las acciones que ejecutan los organismos que lo integran e incorporar las colaboraciones que puedan surgir por parte de otras instancias. Por su parte, mediante la Fundación Cultural de la Artesanía Mexicana y el Fondo de Apoyo a la Actividad Artesanal, que posteriormente se detallan, el consejo fomentará los aspectos culturales y la producción y comercialización respectivamente.

Insistimos: las artesanías son cultura y economía urgidas de desarrollo y como dato alentador, pueden citarse los casos en que algunos grupos de productores artesanos han logrado, con algunos apoyos, acceder a los niveles de exportadores de artesanías, participando en la captación de divisas que tanto urgen al país.

En la estructura nacional del consejo, se considera la figura de un secretario técnico, nombrado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien deberá contar con los elementos materiales y el personal de apoyo necesario para el soporte administrativo y operativo que se requiera. En el caso de los consejos estatales o municipales, éstos deberán integrarse con representantes de los sectores, público, privado o social, en los términos en que los determine el respectivo acuerdo de la creación de cada uno de ellos y los delegados de Secofi constituirán los secretariados técnicos.

En el Capítulo III. De la cultura artesanal; considerando que la cultura artesanal, es patrimonio artístico, simbólico, folclórico e histórico de México, en el cual figuran las artesanías más significativas de las comunidades, regiones y grupos étnicos, a la cual en forma amalgamada se deben fomentar y promover una producción artesanal, tomando en cuenta que actualmente se registra un aumento de la demanda de artesanías mexicanas, las cuales deben modernizarse pero sin descuidar el arraigo, la tradición y la composición sociopolítica de las comunidades productoras.

Para ello se crea la fundación Cultural de la Artesanía Mexicana, como elemento de estudio, valoración, reconocimiento y apoyo, a la superación de la actividad, con respecto a las tradiciones y la actualización de procesos y diseños.

La integración y funcionamiento de la fundación se determinarán en el acuerdo correspondiente.

El Capítulo IV. De la organización y registro de los artesanos, a fin de subsanar las carencias y dificultades para organizarse plenamente, que reiteradamente han expresado los artesanos, así como las repercusiones que en comercialización, financiamiento y servicios sociales, se derivan de la falta de personalidad jurídica, se contemplan aspectos de organización y registros de los artesanos, así como la elaboración de padrones, directorios, por localidad y característica de la artesanía, entre las formas que atenderá el consejo para lograr la identificación, registro y reconocimiento, de los productores artesanales en forma individual o colectiva, a fin de contar con información y controles que permitan impulsar los aspectos productivos y de comercialización.

Además es materia de este apartado, el objetivo de precisar a las diferentes unidades de producción artesanal que en nuestro país se dan en la práctica y que son unidades individuales, familiares, con capacitados o de trabajo especializado; a fin de que debidamente clasificadas de acuerdo a las características de las jerarquías o formas de producir que les corresponden, haya también precisión en los asuntos de créditos, financiamientos y fiscales.

En el Capítulo V. Del proceso productivo; se abordan las facultades del consejo para concertar las facilidades que tendrán instituciones u organismos privados para proporcionar asesoramiento a los artesanos en los procesos productivos, diseño, tecnología, control de calidad, empaque, embalaje y demás aspectos propios de la producción, así como la forma de adquirir materias primas nacionales o importadas y las acciones que habrán de implementar para el cuidado del medio ambiente el uso racional y la rehabilitación o reproducción de los recursos naturales que utilicen en la elaboración de las artesanías, resolviendo con las disposiciones contenidas los anhelos ancestrales de los artesanos de acceder a mejores formas de desempeño.

El Capítulo VI. De la capacitación; se contemplan los elementos indispensables de la capacitación del artesano para operar las unidades de producción, estableciendo sistemas contables administrativos, de planeación fiscal y de registro de derechos de autor; abriendo las posibilidades de que sea el consejo o las instituciones oficiales o privadas, los organismos sociales y los particulares, los que previo cumplimiento de la normatividad existente puedan establecer centros de capacitación para el trabajo artesanal; para la investigación y el rescate o preservación de las artesanías tradicionales en riesgo de desaparición. Con apoyos como los señalados, se espera conformar formas de ascenso, para que los artesanos o grupos que forman parte de la producción y comercio informal, tengan entre sus horizontes el de formar parte de las actividades formalizadas.

El Capítulo VII. De la comercialización; se refiere a la comercialización facultando a las autoridades correspondientes para que los productos artesanales sean exhibidos y comercializados en mercados nacionales e internacionales mediante la promoción de ferias, exposiciones, concursos muestras y todo tipo de evento que sirva para estimular la venta directa de las artesanías y se establece la posibilidad de suscribir convenios con autoridades y con particulares para estimular la comercialización en centros turísticos o en espacios públicos, también contempla la difusión de la cultura artesanal de México mediante el uso de los diferentes medios de comunicación masiva.

El Capítulo VIII. Señala que corresponderá al Consejo Nacional para la Promoción Artesanal, concertar con las instituciones públicas y privadas, acciones para que los artesanos cuenten con prestaciones sociales que favorezcan la dignificación de la familia artesanal. Entre los reclamos más agudos expresados por los artesanos, citan los de contar con atención médica y apoyos para la vivienda, por ello, es necesario abordar los temas pensando en convenios con las respectivas instituciones.

El Capítulo IX. Abre la posibilidad de que los artesanos se organicen para obtener el reconocimiento a su personalidad jurídica y acceder a créditos preferenciales y a programas de inversión para fomentar e impulsar la producción artesanal. Una de las situaciones que más gravemente afectan al desarrollo de la actividad, es que en forma mayoritaria los artesanos no son objeto de los créditos bancarios, por no cumplir los requisitos y garantías que corresponden, por ello, es imperioso buscar las formas de que alcancen preferencias.

Se plantea la creación de un fondo de apoyo a la actividad artesanal con aportaciones que serán materia de una detallada reglamentación considerando los niveles federal, estatal y municipal; así como del sector privado y de los propios artesanos. El planteamiento anterior se justifica, por la incapacidad de los artesanos de obtener créditos privados, la mayoría ni esperanza tienen de llegar a producir mayores volúmenes y calidad mejorada y actualizada. La posibilidad de que opere el fondo, es fundamental para canalizar a la actividad, a niveles más elevados que los que tiene.

Compañeros diputados: en nombre de la Comisión de Artesanías, nos permitimos hacer un llamado a cada uno de ustedes, para que con su voto, apoyen esta intención de no permitir que nuestros artesanos sigan siendo hombres sin rostro, motivo por el cual es necesario contar con una ley especialmente dirigida al sector artesanal compuesto por más de seis millones de personas que cumplen una función determinada en el proceso de producción o comercialización, quienes deben ingresar formalmente a la economía generadora de empleos, bienes y divisas que tanta falta hacen a nuestro país.

ANTEPROYECTO LEY FEDERAL DE FOMENTO ARTESANAL

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tiene por objeto fomentar, promover e impulsar el desarrollo de la actividad artesanal en lo económico y lo cultural; facilitar la organización y operación de las unidades de producción; reconocer al artesano como productor y proteger las artesanías como patrimonio cultural.

Artículo 2o. Corresponderá a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la aplicación de esta ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades federales, estatales y municipales, en cuanto no se prevean en forma expresa en este ordenamiento legal.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

A) Artesano. El individuo que con sensibilidad y creatividad, desarrolla sus habilidades naturales o técnicas para elaborar artesanías en forma predominante manual o auxiliado por el uso de medios mecánicos de producción.

B) Artesanía. Todos aquellos bienes procedentes de la actividad artesanal individual o colectiva, que tienen valor histórico, cultural, utilitario o estético; pueden ser tradicionales o de reciente invención, cumplen con una función socialmente reconocida y cuando son producidas con maestría y habilidad se reconocen como obras de arte popular.

C) Producción artesanal. La actividad económica de transformación, cuyo proceso se realiza con materias primas de origen natural o industrial. Dicha actividad se organiza a partir de jerarquías definidas por el nivel de las habilidades y experiencias demostradas en las unidades de producción artesanal.

Artículo 4o. Las artesanías originarias de las comunidades, etnias o regiones del país, son patrimonio cultural de los mexicanos y deben preservarse.

Artículo 5o. Se considera como patrimonio cultural, el trabajo del artesano y la producción artesanal que constituyan un cuerpo de saber, habilidad, destreza, expresión simbólica y artística, con un significado relevante desde el punto de vista de la historia y de la identidad para la nación.

CAPITULO II

Del Consejo Nacional para la Promoción Artesanal

Artículo 6o. Para el logro de los fines que se persiguen en este ordenamiento, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en uso de las facultades contenidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, constituirá el Consejo Nacional para la Promoción Artesanal, así como los respectivos consejos estatales y municipales en cada una de las entidades federativas que así lo requieran.

Artículo 7o. El consejo nacional y los de los estados y municipios, deberán integrarse con representantes de los sectores público, privado y social y en su estructura nacional, contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y en los estados, fungirán con ese carácter los delegados de Secofi. En el reglamento respectivo se contendrán las disposiciones generales y particulares de funcionamiento y objetivos de los consejos y del personal de apoyo que deba intervenir para el soporte administrativo y operativo, el cual deberá ser considerado en la estructura de la propia Secretaría.

El consejo nacional se integrará de la siguiente manera:

a) El Secretario de Comercio y Fomento Industrial.

b) El Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

c) El Secretario de Desarrollo Social.

d) El Secretario de Educación Pública.

e) El Secretario de Trabajo y Previsión Social.

f) El Secretario de Salud.

g) El Secretario de Hacienda y Crédito Público h) El Secretario de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.

i) El director general de Fonart.

j) El director general del INI.

k) El presidente de Conaculta.

l) El director general de Fonaes.

m) El director general del Banco de Comercio Exterior, SNC.

n) El director general de Nacional Financiera, SNC.

o) El director general del IMSS.

Por el sector privado y social:

a) Los representantes de organizaciones de artesanos electos para ese fin.

b) El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

c) El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

d) El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio.

Artículo 8o. El consejo nacional podrá invitar, cuando sea el caso, a representantes de otras dependencias e instituciones públicas o privadas y sociales, así como a expertos nacionales e internacionales a participar en sus trabajos.

CAPITULO III

De la cultura artesanal

Artículo 9o. Para el rescate y preservación de la cultura artesanal, esta ley:

I. Preserva y protege el patrimonio artístico, simbólico, folclórico e histórico de México, representado por las artesanías que identifican a las diversas comunidades regiones y grupos étnicos, cuya característica es su capacidad para transformar la naturaleza, creando nuevas expresiones artísticas populares.

II. Promueve y desarrolla la obra artesanal de las comunidades como reconocimiento del patrimonio cultural de sus habitantes, respetándole su composición sociopolítica.

III. Rescata y preserva las artesanías propias de cada lugar y las técnicas empleadas para su elaboración, atendiendo a su calidad, representatividad, tradición, valor cultural y diseño.

IV. Fomenta y promueve la nueva producción artesanal como medio para desarrollar una actividad económica generadora de empleos.

Artículo 10. Para los efectos anteriores se creará la Fundación Cultural de la Artesanía Mexicana, cuyo objetivo será coadyuvar al logro de lo señalado en este capítulo.

CAPITULO IV

De la organización y registro de los artesanos

Artículo 11. Con la participación de las instancias federales, estatales y municipales que correspondan, se atenderá la elaboración de padrones, directorios de artesanos por localidad y características de la artesanía que produzcan y demás formas que permitan la identificación, registro y reconocimiento de las organizaciones de productores e individuos artesanos.

Artículo 12. Para los efectos de esta ley, se consideran como unidades de producción artesanal las que se definen a continuación, sin perjuicio de que los artesanos puedan optar por agruparse según lo establecido en otras leyes en cuanto sean aplicables o, según sus costumbres.

I. Unidad de producción artesanal individual. Es aquella integrada por un sólo artesano que domina y realiza todas las fases del trabajo y puede ser auxiliado por otras personas.

II. Unidad de producción artesanal familiar. Es aquella en la que intervienen los miembros de una familia nuclear o extendida. La actividad se desarrolla con una incipiente división del trabajo, de acuerdo a las habilidades, edad y sexo de cada uno de los integrantes del taller, que define simultáneamente el proceso de aprendizaje de los miembros.

III. Unidad de producción artesanal con capacitados. Es aquella donde el maestro artesano transmite sus conocimientos a oficiales y principiantes, organiza su trabajo en función de la capacitación en el proceso productivo, en forma estable o temporal.

IV. Unidad de producción artesanal con trabajo especializado. Es aquella en la que la organización para el trabajo, reúne en una misma unidad a artesanos especializados en operaciones parciales del proceso de producción, pero conservando su carácter de pieza única por su terminado y decoración que se realiza en forma manual.

CAPITULO V

Del proceso productivo

Artículo 13. Los artesanos a través de la Secofi o de instituciones y organismos privados recibirán asesoramiento en los procesos productivos, diseño, tecnología, control de calidad, empaque, embalaje y demás aspectos propios de la producción.

Artículo 14. Los artesanos recibirán orientación y apoyo en sus gestiones ante las dependencias que correspondan, para adquirir o disponer de materias primas nacionales o importadas, así como para implantar acciones de cuidado al medio ambiente, al uso racional y la rehabilitación o reproducción de los recursos naturales que utilicen en la elaboración de sus productos artesanales.

CAPITULO VI

De la capacitación

Artículo 15. Las instituciones oficiales o privadas, los organismos sociales y los particulares, previo cumplimiento de la normatividad correspondiente, podrán establecer talleres o centros de capacitación o escuelas donde se requieran, a fin de promover la investigación, el ensayo de nuevas técnicas, el intercambio de experiencias y todos aquellos conocimientos que sirvan al artesano para alcanzar la excelencia en la producción artesanal.

Artículo 16. Se propiciarán las acciones tendientes a la realización de estudios, investigaciones y eventos por región y por tipo de artesanías, para rescatar o preservar las artesanías tradicionales en riesgo de desaparición.

Artículo 17. Las instituciones educativas y los organismos o dependencias vinculadas a este sector, implementarán programas y planes de estudio en materia artesanal.

Artículo 18. Se promoverá la capacitación para la operación de las unidades de producción en sistemas administrativos, contables, de planeación fiscal y de registro de derechos de autor.

CAPITULO VII

De la comercialización

Artículo 19. Las autoridades correspondientes facilitarán la exhibición y comercialización de los productos artesanales en los diferentes mercados nacionales e internacionales promoviendo la realización de ferias, exposiciones, concursos, muestras y todo tipo de eventos, que estimulen la venta directa de las artesanías.

Se podrán suscribir convenios con autoridades y particulares, para estimular la comercialización artesanal en centros turísticos y espacios públicos.

Artículo 20. Se deberá difundir la cultura artesanal de México, mediante la edición de atlas artesanales, catálogos, muestrarios, impresos, mensajes radiofónicos, televisivos, audios, videos y el establecimiento de museos artesanales.

CAPITULO VIII

De las prestaciones sociales

Artículo 21. Corresponderá a las instituciones públicas y privadas concertar acciones para que los artesanos cuenten con atención médica, vivienda y las que se considere favorezcan la dignificación de la familia artesanal.

CAPITULO IX

Del financiamiento

Artículo 22. Los artesanos que se organicen con apego a lo dispuesto en esta ley, tendrán el reconocimiento a su personalidad jurídica y podrán acceder a créditos preferenciales y a programas de inversión de las instituciones oficiales, para el fomento e impulso de su producción artesanal.

Artículo 23. Se creará el fondo de apoyo a la actividad artesanal, (Foaaa), con aportaciones de los gobiernos Federal, estatal y municipal, así como privadas y de los propios artesanos, para el fomento e impulso de este sector.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan los artículos referente a la actividad artesanal establecidos en la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal.

México, D.F., a 28 de abril de 1997. Diputados: Sofía Valencia Abundis, María Teresa Cortés Cervantes, Virginia Hernández Hernández, Froylán Velázquez Hernández, Victoria Eugenia Méndez Márquez, Miguel Acosta Ruelas, José Luis Aguilar Martínez, Baruc Efraín Alavez Mendoza, Antelmo Alvarado García, Gaspar Avila Rodríguez, Josefina Silvia Balleza Sánchez, Héctor Miguel Bautista López, Francisco Andrés Bolaños B., Ana Lilia Cepeda de León, Lorenzo Chávez Zavala, Fernando Cruz Merino, Joaquín Cisneros Fernández, Erasmo Delgado Guerra, Alicia González Cerecedo, Lázaro Hernández Vázquez, Adriana Luna Parra, Virgilia Noguera Corona, Roberto Pedraza Martínez, Antonio Pérez Hernández, Severiano Pérez Vázquez, María Flor Celina Prado Piña, Filemón Ramírez Pérez, Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Abel Eloy Velasco Velasco y Margarita Villanueva Ramírez.»

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para rectificar hechos, se ha inscrito el diputado Froylán Velázquez, hasta por cinco minutos.

El diputado Froylán Velázquez Hernández:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Hablar en relación con el trabajo que la Comisión de Artesanías realizó durante casi dos años nos llevaría un buen rato abordar este tema porque se realizó a nivel nacional y hoy aquí, ante este pleno, se hace mención de un asunto que compete a todos y que por su importancia muchos de los presentes han seguido paso a paso el proceso desde sus orígenes hasta la actualidad, todas las fracciones.

Corresponde, como es debido, a una comisión de la Cámara dar cuenta del trabajo realizado durante el ejercicio Legislativo tanto a la sociedad mexicana como al pleno de esta Cámara. Así lo hace en voz de un servidor el PRD, que por dos años y meses ha estado en calidad de Secretario de la Comisión de Artesanías, espacio plural y armónico que con voluntad sus integrantes permitió construir la estructura más idónea para lograr entrar a un espacio que solamente los artesanos conocieron.

Para la gran mayoría de los nacionales esta actividad es vista y aceptada como algo que le pertenece y que por parte de ellos les proporciona autenticidad. Ante la cultura universal, la cultura de México está en la manera de pensar, actuar y sentir de nuestro pueblo, que manifiesta, en una de sus facetas las artesanías que transmite un mensaje para el presente y para el futuro.

Es de entenderse que ayer cuando dio inicio esta legislatura y los que por primera vez entramos en contacto con la comisión de la que hoy hago mención, sentimos la necesidad de lograr, tener objetivos comunes para obtener logros que beneficiaran a mexicanos, que constituyen parte del rezago nacional y que ante este escenario los compañeros de las fracciones políticas manifiestan en esta Cámara hicimos un compromiso no escrito, pero sí sostenido, de trabajar para darle a los artesanos de todo el país y de todos los partidos políticos, de todas las ideologías y de todos los credos, una ley que como herramienta o instrumento les permitiera alcanzar mejores objetivos y como consecuencia vivir mejor.

La pregunta es, ¿por qué no baja como iniciativa si las fracciones de este pleno están de acuerdo?, ¿por qué no se toma en cuenta esta iniciativa de ley? ¿Qué la detuvo? ¿Quién se opuso a que los artesanos de todo el país tuvieran un instrumento que les permitiera a ellos vivir mejor? Informamos a esta Cámara que los diputados abordamos un trabajo de campo nacional, para construir la tercera columna que pudiera sostener a esta ley; las dos primeras se dieron en armonía con los compañeros, el trabajo documental de lo que teníamos en México y lo que tenemos.

Pero también derecho comparado, se investigó sobre el particular y además se sociabilizó una posible propuesta o iniciativa de ley. Hoy que nos acercamos aquí a la Cámara para dar cuenta a ustedes de lo que se hizo, resulta que esta iniciativa no entra por la puerta grande como le corresponde.

El costo, el costo político que tendrá para aquellos que frenaron esta iniciativa será alto, porque los artesanos del país conocen que en forma armónica, en forma unida, por primera vez, la Comisión de Artesanías trabajó y les consta a los compañeros del PT, porque quisiera que agregaran algo al respecto; les consta también a los compañeros del PRI, les consta a los compañeros del PAN, del trabajo y de la voluntad que se le puso a esto y yo pido que hoy, como Cámara de origen, si es posible que esta iniciativa entre por la puerta grande, exijamos lo que corresponde para que les demos a los artesanos de todo el país, de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, una herramienta que les permita a ellos vivir mejor, que les permita a ellos educar mejor a sus hijos, que les permita a ellos promover y difundir, comercializar y abrir espacios para que éste, nuestro México, tenga mejores y más divisas para sostener a la sociedad mexicana.

En ese sentido, compañeros de todas las fracciones, un servidor sí se va con un malestar y bien sentido, porque teníamos esperanzas de que una iniciativa de ley pudiera ser aprobada y entrara por la puerta grande para ser aprobada por todas las fracciones parlamentarias.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Con objeto de no prolongar esta sesión, solicito que mi intervención sobre el tema "Por una nueva relación Estadosociedad", que dejo en la Secretaría, se inserte en el Diario de los Debates como si se hubiera leído en tribuna.

Avalan esta propuesta los diputados: Daniel Quintero Peña, Maricela Cerón Nequiz, Humberto López Barraza, María Elena Yrizar Arias y un servidor.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que el documento leído por el diputado Jaime Martínez Veloz quede inscrito en el Diario de los Debates.

«Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Por una nueva relación Estadosociedad el Congreso de la Unión en la reforma.

1. El contexto de la reforma del Estado.

La realidad cotidiana del país ha desbordado el marco de las fórmulas tradicionales de compromisos y acuerdos entre los actores políticos y sociales. El sistema político no responde ya a las aspiraciones y expectativas de los mexicanos.

La crisis económica y social ha deteriorado en un tiempo relativamente corto las condiciones de vida de amplios sectores sociales. Lo alcanzado durante décadas gracias al esfuerzo de ciudadanos e instituciones, parece perderse ante la ineficacia de medidas que sólo alcanzan a paliar los problemas.

El incremento de la delincuencia, derivada de problemas sociales que se agudizan día con día, los índices de violencia que muestran la saña creciente en su ejercicio, el hallazgo de armas y de grupos que las detentan en diferentes regiones de la República, son elementos todos ellos que deben mover a la reflexión de la sociedad toda.

En suma, los cambios acumulados durante décadas de estabilidad, primero y de crisis económicas y políticas, posteriormente, se han concretado en una realidad en la que conviven viejos y nuevos actores, una realidad en la que coexisten problemas seculares con recientes, en donde los espacios y la relevancia de las fuerzas políticas no corresponden a su verdadera dimensión.

Estos cambios se han convertido en un factor de incertidumbre, desconfianza, incredulidad y, a veces, de intolerancia. La historia cotidiana nos muestra que estos elementos juntos han arrasado a naciones enteras y las han sumido en obscuros túneles sin futuro.

La reforma que el país necesita, es aquella que le proporcione la posibilidad de continuar dirimiendo los conflictos por la ruta de civilidad y la búsqueda de consensos, los peligros que asechan desde los extremos del espectro político y social son muchos y crecientes, sería una irresponsabilidad histórica no advertirlos.

Quien asegure hoy que el país está lejos de un escenario realmente impredecible, debe recordar la euforia, tanto más grande cuanto más vacía, con la que el 31 de diciembre de 1993 nos hacían creer en la llegada a un primer mundo o el estupor, la ira y la impotencia con los que la nación recibió los asesinatos de hombres públicos, que en otros tiempos hubiesen sido intocables.

La incertidumbre atemoriza a la sociedad. La desconfianza y la incredulidad hacen vanos los esfuerzos de las instituciones y de los hombres por encontrar salidas concertadas a problemas urgentes. La intolerancia nos enfrenta y acerca a la ruptura sin retorno.

El descontento social, manifestado por numerosas movilizaciones y protestas, no se canaliza sino que avanza sin que se den respuestas institucionales suficientes. La acción conjunta de estos elementos corrosivos introduce una sombra de duda sobre nuestra viabilidad como país.

La reforma democrática del Estado ha dejado de ser parte de los buenos propósitos del Gobierno Federal y los partidos y se han convertido en una necesidad histórica.

2. Los consensos para la reforma del Estado.

El proceso de la reforma del Estado enfrenta una contradicción entre los propósitos que declaran los principales actores y los resultados concretos que se observan.

Durante meses, las fuerzas políticas han anunciado su intención de llevar adelante la reforma del Estado, pero los avances han sido discontinuos y no se han traducido todavía en cambios de fondo.

De esta forma, la expectativa generada al principio en la sociedad mexicana se ha convertido en escepticismo, no sólo con respecto a las intenciones del Gobierno Federal, sino también hacia los partidos políticos, que están siendo percibidos más como grupos de presión ensimismados en sus propios fines que como estructuras partidarias con intereses y base social.

El momento por el que atraviesa el país exige, más que cualquier otra tarea, la construcción de acuerdos. Paradójicamente, las principales fuerzas políticas parecen más abocadas a defender sus espacios y posiciones, a encerrarse con sus respectivas clientelas, que a abrirse en la búsqueda de soluciones de largo aliento a los problemas que enfrentamos.

En suma, nos enfrentamos a muchas posiciones e intereses y pocos puentes entre éstos. La historia de otras transiciones muestra que los puentes entre formaciones políticas son inestimables e insustituibles. Más que una búsqueda de definición ante cada coyuntura, los partidos y grupos políticos deben buscar definiciones de largo plazo, acordes con las tareas de la transición política.

A diferencia de otros momentos históricos de cambio, el gran reto de la reforma del Estado, es que signifique un gran avance por la vía del diálogo y la concertación.

Resulta desconcertante que siendo preocupación principal de un buen número de actores políticos, unos y otros se disputen los espacios de y para la reforma.

Los actores políticos consolidados compiten con los emergentes, recíprocamente se niegan representatividad y liderazgo social, todos desconfían de los "otros".

Es necesario trabajar intensamente para alcanzar consensos que estimulen y orienten las transformaciones dentro de parámetros previamente acordados, desmontar políticamente mecanismos de resistencia y evitar la acumulación de tensiones.

El espíritu de fondo de la Reforma es la búsqueda y aplicación de soluciones, no la aplicación de medidas de contención o administración de los conflictos.

En este sentido, la característica principal de la reforma del Estado, es que deberá transitar por la vía de amplios consensos. El mayoriteo, el aplastamiento del contrario, los acuerdos cupulares entre partidos, el desprecio a las opiniones divergentes, nos han conducido a la presente situación. Ese modelo de relación política ya se agotó.

Conviene buscar las coincidencias de opinión más que exigir deslindes. Con ese ánimo, la reforma del Estado debe ser capaz de fortalecer a las instituciones que dimanan del estado de derecho; recuperar y mantener la paz interna; ejercer y ampliar los compromisos democráticos; modificar positivamente la distribución de la riqueza y abrir paso al desarrollo.

3. El papel del Congreso de la Unión.

Así como el Congreso Constituyente de 1917 fue el escenario del cual nació nuestro proyecto de país del Siglo XX, el actual Congreso está llamado a tener un papel protagónico en la edificación de los acuerdos que abran las puertas a la democracia mexicana del Siglo XXI.

El Poder Legislativo puede reunir las mejores condiciones para conducir el proceso de reforma, si logra hacer fructificar el esfuerzo por reconocer la prioridad de los asuntos nacionales por encima de los legítimos, pero parciales intereses partidarios.

La intervención decidida del Poder Legislativo puede ser un apoyo sustantivo a la mesa del diálogo nacional convocada por el Ejecutivo Federal, a los esfuerzos de personajes y organizaciones por despejar los caminos de los acuerdos.

Un proceso de la relevancia de la reforma del Estado no admite, por su propia trascendencia, acuerdos cupulares, que no bajen a las bases de los partidos y, más importante aún, a la sociedad. No debe haber un solo camino y desde luego no puede haber una sola mesa de diálogo. Toca al Congreso de la Unión impulsar esta nueva etapa del diálogo nacional para la democracia.

Se propone que la reforma del Estado pueda ser convocada por el Congreso, no sólo discutida en el Congreso. De esta manera, el anfitrión sería el Legislativo, pero el escenario de las discusiones y acuerdos por la reforma del Estado sería el país.

Resulta el Congreso el anfitrión idóneo, para sumar desde este momento, a los principales actores que tienen algo relevante que aportar, la invitación debe ser formulada con generosidad, acompañada de visión política, por ello debe abrirse a entes políticos como la agrupación compromisos con la nación.

Uno de los principales absurdos del actual sistema político, es aquel que insiste en escamotear las posibilidades de participación de nuevos protagonistas, con lo que se consigue su radicalización, previo a su irrupción de facto a la lid política.

El proceso de reforma exige abrirse y profundizarse como condición esencial para que logre arribar a buen fin, procurando alcanzar el máximo de consensos y estar adelante de los posibles disensos.

El Congreso tendría la responsabilidad de turnar las invitaciones, tomando en consideración lo arriba expuesto.

Como anfitrión, el Congreso conduciría las concertaciones, intercambio de opiniones y el proceso de diálogo en lo general, lo mismo en Chiapas, con el EZLN, la AEDEPECH y los coletos; que en el bajío, con El Barzón o en Monterrey con las cúpulas empresariales.

La intervención del Congreso de la Unión puede garantizar:

a) La estabilidad del diálogo.

Es urgente que al margen de sucesos importantes pero coyunturales se encuentre la estabilidad necesaria para construir los formatos y acuerdos para transitar hacia la reforma del Estado.

b) la participación social amplia a lo largo y ancho del país.

Concebir una reforma de Estado que afectará el destino de 90 millones de mexicanos en una mesa de concertación, en la cual si bien se encuentran actores representativos de corrientes de opinión, no están patentizadas las inquietudes, aspiraciones u opiniones de los mexicanos, es continuar con una habitual inercia política en la que la sociedad sólo es la receptora de ideas de cúpulas.

El proceso de reforma del Estado, no debe ser visto como un experimento aséptico de laboratorio; debe ser asumido como lo que es: un proceso vivo que necesita filtrarse y ser apropiado por la población. Para la sociedad debe ser transparente dicho proceso; los órganos que la representan, no sólo los partidos, deben participar y apropiarse de las fases del mismo.

c) La consolidación de la credibilidad en las instituciones y en el país;

La participación ciudadana y la propia reforma del Estado no son una garantía para evitar el fracaso ni mucho menos una solución mágica a nuestros problemas. Sin embargo, ambas representan el paso necesario para aspirar al éxito y tal vez la posibilidad más firme de lograr un mejor ambiente para caminar por la senda de la transición democrática.

En momentos históricos similares, la resistencia a la participación popular y a los cambios, desató la violencia y desacreditó a las instituciones y a los hombres que las representaban. Por esta razón, en el momento que el país atraviesa, el consenso social y la transformación del Estado representan la forma más adecuada de consolidar a las instituciones.

4. Llamado a la nación.

Los compromisos anteriores sólo adquieren sentido en la medida que de ellos se desprendan tareas y responsabilidades encaminadas a apoyar de manera decidida la reforma Democrática del Estado. Por esta razón, los legisladores firmantes del presente documento hacen un llamado a la nación y a sus ciudadanos y fuerzas políticas para que se asuman los siguientes retos:

a) La lucha comprometida, más allá de filiaciones partidarias, por un proyecto económico que garantice la soberanía nacional y el desarrollo con justicia social.

b) La conformación de una política social de largo plazo.

c) La construcción de condiciones sociales y políticas para restaurar una paz social con dignidad.

d) La elaboración colectiva e impulso a un programa para la consolidación democrática, más allá de lo electoral.

México, D.F., abril 28 de 1997. Diputados Humberto López Barraza, Jaime Martínez Veloz, Daniel Quintero Peña, María Elena Yrízar Arias e Irene Maricela Cerón.»

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Teresa Cortez.

La diputada María Teresa Cortez Cervantes:

Gracias, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

Estuvimos escuchando, yo creo que muchos de nosotros con mucha atención, la intervención de la diputada Sofía Valencia y del diputado Froylán Velázquez, ambos miembros de la Comisión de Artesanías de la Cámara de Diputados.

Yo creo que posiblemente muchos de nosotros no hemos caído en la cuenta de la importancia de una ley en la cual nosotros trabajamos durante todo este periodo legislativo para realmente darles una respuesta a los artesanos de México. Hemos repetido hasta el cansancio en esta tribuna, que en este país viven de la artesanía casi 10 millones de mexicanos y a esos 10 millones de mexicanos que viven de un trabajo arduo que es complementario a las actividades del campo, no les hemos dado una respuesta a sus carencias y a sus necesidades.

La Comisión de Artesanías realizó diferentes foros en todo el país, realizamos 20 diferentes foros regionales y estatales en donde escuchamos de viva voz de los artesanos toda esa serie de necesidades que ya fueron expuestas en esta tribuna. Esta ley lo que quiere es dar respuesta a esas necesidades y a esas carencias de los artesanos.

Compañeros diputados: yo creo que ya es momento de que le demos una real dignidad al Poder Legislativo, no es posible que las iniciativas que vienen del Ejecutivo tengan aquí una suprema importancia y se le dé la cavidad en este sentido que deberían tener las iniciativas presentadas por esta honorable Cámara de Diputados, que en este nombre, en esta actitud de honorabilidad, debería de presentar iniciativas que realmente dieran respuesta a la necesidad del pueblo de México.

Hace un momento, de la Comisión de Participación Ciudadana el diputado Carlos Núñez hablaba del mismo problema y yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿vamos a seguir tolerando que el Poder Ejecutivo todo el tiempo tome parte activa dentro del Poder Legislativo y que no vivamos una auténtica división de poderes? ¿En dónde está entonces la dignidad del Poder Legislativo? Yo creo que ya es tiempo que lo empecemos a vivir, es tiempo ya de que nos demos dignidad nosotros los diputados.

El próximo 6 de julio, los ciudadanos mexicanos tienen que conocer de todo esto que sucede en la Cámara de Diputados, porque ya debemos darnos un Congreso digno, en donde las iniciativas que parten de las comisiones de la Cámara de Diputados, realmente sean atendidas como deben ser.

Esta es la exhortación y ésta precisamente es una de las mayores invitaciones que les hacemos las personas y los diputados del Partido Acción Nacional, a que este Congreso tenga una auténtica y verdadera dignidad.

Gracias, compañeros.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente:

Para referirse a las condiciones ecológicas del Cañón del Padre, en Tijuana, Baja California, y para referirse también a la regularización de colonias populares en Tijuana, Baja California, tiene la palabra el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Dos de los problemas más graves que se manifiestan en las zonas fronterizas, son la irregularidad en la tenencia de la tierra y la contaminación ambiental.

La vivienda en Tijuana, como en la mayoría del país, se ha convertido en una mercancía. Abordar este fenómeno no es sencillo, dado lo complejo y la gran cantidad de agentes que intervienen en una problemática que se caracteriza, entre otros factores, por una excesiva ganancia con relación a la propiedad del pueblo, una rotación lenta del capital, un bajo nivel de inversión, un débil desarrollo de las fuerzas productivas, una dispersión o escasa organización social de los trabajadores de la construcción y en consecuencia también, una escasa presión de éstos sobre la modernización del proceso del trabajo.

No obstante que el papel de cada uno de estos agentes es diferente en el proceso de producción de la vivienda, lo cierto es que el usuario, al final de cuentas, es el que carga con el valor de las ganancias de cada uno de ellos.

Junto a este hecho, las ciudades contemporáneas cargan con el pesado fardo de una planeación urbana que sólo responde a los intereses en juego y no a objetivos que persigan en forma efectiva un crecimiento urbano ordenado y armónico.

Se ha constituido en lugar común el hecho de afirmar que el crecimiento de las ciudades mexicanas se produce en forma anárquica. Frente a esta afirmación que en muchas ocasiones se señala de buena fe, queremos señalar que esa aparente anarquía responde a una lógica y esa lógica responde a los intereses de los grupos hegemónicos, principalmente aquellos que controlan grandes extensiones de tierra urbana y suburbana.

¿Cómo hablar de anarquía urbana y cómo culpar a los que menos tienen de esta situación, cuando en toda o en la mayoría de las ciudades mexicanas los peores terrenos, los cerros, los arroyos y las laderas son para los pobres de la ciudad? Tijuana no escapa a esa realidad. Es claro que la solución al problema de la vivienda tendrá perspectivas de concretarse en la medida en que exista una justa distribución del ingreso y un reparto equitativo de la riqueza generada por los trabajadores de este país.

Sin embargo, ahora lo que me trae a esta tribuna es la demanda de compañeros tijuanenses y rosaritenses para plantear asuntos de carácter local, que les permita tener mayor seguridad de la tenencia de los terrenos que ocupan en sus comunidades y menores problemas de contaminación.

En el caso de los municipios de Rosarito y Tijuana, el problema de la vivienda junto al de la contaminación se ven agravados ante otros factores al rápido crecimiento poblacional y económico y a una topografía sumamente accidentada que complica aún más al ya de por sí complejo fenómeno urbano de esta parte de la frontera norte de México.

La preocupación por atender estos dos problemas recurrentes ha sido abordada por las autoridades de los tres niveles de gobierno, inclusive por la influencia que éstos tienen en asuntos sobre ambos lados de la frontera; han sido temas de pláticas y acuerdos entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Sin embargo falta mucho por hacer y es obligación de los legisladores de la frontera apoyar las solicitudes de los ciudadanos afectados por estos problemas.

En este sentido, un grupo numeroso de habitantes de los municipios de Tijuana y Rosarito han solicitado que por conducto de esta diputación federal se expongan ante esta soberanía algunos problemas relacionados con los temas planteados, con objeto de que esta Cámara apoye sus gestiones, mismas que han sido planteadas en tiempo y forma a las autoridades correspondientes.

El primer asunto es el de la regularización de la tenencia de la tierra en la colonia Camino Verde, ubicada en la ciudad de Tijuana. En ese lugar, miles de familias se asentaron en 1985 en terrenos tanto propiedad de la Federación como de particulares. Estas familias llegaron de diferentes puntos de la geografía nacional buscando mejores oportunidades de vida, misma que en sus lugares de origen se les había negado. Con el esfuerzo comunitario y el apoyo de los tres niveles de gobierno, esta colonia ha podido avanzar en la introducción de los servicios básicos y la regularización de una parte de la misma, a través de un procedimiento de regularización impulsado por el gobierno del Estado.

Sin embargo, una parte de la colonia, habitada por un grupo aproximado de 2 mil 500 familias, no ha podido regularizar sus terrenos, debido a procedimientos burocráticos que han impedido concretar esta demanda. En 1992 se propuso la firma de un convenio con el gobierno del estado, a fin de otorgarle a la Corett la responsabilidad de la regularización de la tenencia de la tierra en este lugar.

Justo es reconocer que han existido diferentes esfuerzos institucionales de los niveles de gobierno para regularizar esta importante parte del asentamiento de Camino Verde, sin embargo, lo cierto es que no ha sido posible concretar la regularización. Las gestiones no han dado los resultados esperados.

Después de realizar intensos trámites ante el Fonhapo, este organismo hizo saber que en el año de 1995, que correspondía a la Secretaría de la Contraloría la decisión sobre el destino de los terrenos, la cual ha realizado las primeras acciones para lograr este propósito, pero los colonos demandan mayor celeridad en este trámite, dado que tienen casi 12 años en esta lucha.

El trámite para destrabar la regularización depende ahora de que esa dependencia federal culmine y dé trámite a un nuevo convenio de regularización, que siente las bases para resolver el problema definitivamente. Los posesionarios por su parte urgen a las dependencias federales a emitir una resolución justa en precio y efectivo en su realización, máxime ahora que el gobierno estatal casi ha concluido los trámites para regularizar la parte que le correspondía.

Cabe destacar que en esta lucha se han unido militantes de todos los partidos políticos, más allá de las diferencias ideológicas y en busca de un objetivo común, que es el de la seguridad de la tenencia de la tierra en esta colonia esforzada y trabajadora, como lo son todas las colonias de Tijuana.

Por lo que toca a la colonia conocida como 3 de Octubre, también ubicada en Tijuana, ésta fue ocupada en 1991 por miles de familias necesitadas de un pedazo de tierra para construir una vivienda para su familia. Después de muchas luchas de los colonos de este lugar, se firmó un convenio entre la Secretaría de la Reforma Agraria y la Corett, para proceder a la regularización.

Dicho convenio no pudo ponerse en práctica debido a reclamos de particulares sobre la propiedad del terreno, sin embargo, los canales jurídicos ya han fallado en contra de los particulares que reclamaban dichos terrenos, por lo que es necesario agilizar los trámites para finiquitar la regularización.

Solicito respetuosamente al señor Presidente, se turnen ambos asuntos a las comisiones de la Reforma Agraria y de Asentamientos Humanos y de Gestoría y Quejas para su respectivo seguimiento.

Por otra parte, en el aspecto ambiental cabe señalar que los problemas en Tijuana y Rosarito en este rubro son muchos y muy variados, pero en esta ocasión me quiero referir a dos de ellos, cuyos efectos resiente la población de estos municipios.

El primero está ubicado en la zona conocida como el Cañón del Padre, situado al oriente de Tijuana, en terrenos del ejido Chilpancingo hoy integrado a la marcha urbana de Tijuana. Durante varios años cientos de familias que viven ahí, han sufrido los efectos de diversos contaminantes químicos, procedentes de las industrias maquiladoras.

En abril de 1993 en esta zona densamente poblada, se produjo un percance al estallar alcantarillas sanitarias, como resultado de elementos químicos depositados en las tuberías del drenaje sanitario. Afortunadamente no hubo consecuencias humanas que lamentar.

Por si esto fuera poco, recibe las cenizas de los incineradores de las propias maquiladoras y las aguas de Cuenca del Alamar, concesionadas hace tiempo para la explotación de grava y arena. Esto ha traído consigo un grado indeterminado de contaminación de suelos, del agua y del aire. La población padece diferentes molestias y una gran variedad de enfermedades dermatológicas.

Pruebas de laboratorio han indicado que algunos de los contaminantes son plomo, cinc y cromo, cuyos graves efectos acumulativos, a veces letales, se encuentran bien documentados.

Hay bases para suponer que la contaminación ha alcanzado algunos de los mantos freáticos de la zona, lo que supone efectos mayores hacia un número creciente de personas.

Al mismo tiempo se debe considerar que el Arroyo Alamar recibe aguas del Arroyo Tecate, el cual ya de por sí tiene su grado de contaminación.

Los habitantes de la zona y diversas organizaciones están claros que la solución no es desde luego suspender las actividades productivas, sino llamar a conformar una industria responsable, que respete la normatividad vigente y que junto con los residentes de la zona, apoyen la realización de propuestas y estudios que permitan desarrollar las acciones necesarias para evitar consecuencias mayores.

En este sentido los pobladores de la zona han solicitado se realice un estudio para determinar la magnitud de los efectos y la problemática de la contaminación del Cañón del Padre, para tener alternativas acerca de las acciones colectivas y preventivas, para evitar mayores problemas en la población.

Asimismo, requieren de un programa de saneamiento de la zona, con la participación de los diferentes niveles de gobierno, en el que se incluya: retiro de basureros clandestinos, evitar el escurrimiento de aguas negras, retiro de establos y granjas porcinas y avícolas, demarcación de la zona federal para evitar los asentamientos irregulares, evitar el saqueo desmedido de materiales pétreos que inhiben la renovación de los recursos naturales, controlar la extracción de agua de mantos freáticos, implementación de tratamiento para el control de plagas que proliferan en la zona y aplicación enérgica de la ley del equilibrio ecológico del Estado.

Solicitan también el apoyo de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo un programa de reforestación de la zona, que detenga la acelerada erosión y la canalización del escurrimiento pluvial del cauce del arroyo para evitar estancamientos, así como drenar y rellenar las lagunas existentes en las que proliferan todo tipo de insectos.

Por otro lado, planteamos ante esta soberanía, el reclamo de miles de rosaritenses, que sufren diariamente a causa de la contaminación que provoca la operación de la termoeléctrica ahí ubicada.

La combustión de productos derivados del petróleo, genera alto contenido de óxido de azufre y óxido de nitrógeno, así como pequeñas partículas de hollín que contienen metales y se dispersan en la atmósfera y contaminan la mancha urbana de Rosarito.

Esta problemática fue planteada a la Comisión de Asuntos Fronterizos en septiembre de 1995 durante una gira de trabajo que realizó dicha instancia en la ciudad de Tijuana.

Esta Cámara hizo suya la preocupación de aquellos ciudadanos y por medio de la Comisión de Energéticos promovió una reunión entre las partes involucradas. En dicha reunión funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, plantearon que la solución a corto plazo implica realizar un mantenimiento más eficiente en la central.

Aseguran que en el mediano plazo es necesario colocar algún tipo de filtros que prevengan el escape de los gases de la combustión. En el largo plazo la solución comprenderá la sustitución de combustóleo por gas natural, lo que requerirá una inversión entre 30 y 50 millones de pesos.

Se han empezado los trabajos para atender esta problemática, pero los habitantes de Rosarito reclaman por conducto de esta representación popular se solicite a la Comisión Federal de Electricidad toda la información necesaria acerca de este procedimiento para saber los tiempos y las acciones que se llevarán a cabo para la solución de este problema contaminante grave.

En este sentido, solicito, señor Presidente, se turnen ambos asuntos a las comisiones de Asuntos Fronterizos, Ecología, Energéticos, y Gestoría y Quejas, a fin de que le den el seguimiento respectivo.

Los mexicanos de la frontera que viven, sueñan y trabajan como los de todo el país, merecen una respuesta concreta a sus reclamos. Por último, las diversas cámaras agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali y las organizaciones de trabajadores de Baja California han expresado su preocupación por una reciente disposición administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho criterio, implica modificar un sistema de derecho que durante años ha establecido que los vales de despensa que las empresas otorgan a sus trabajadores son parte de los gastos de previsión social, lo que en la práctica constituye un importante elemento de mejora a las condiciones de vida de los mismos.

Dejar de considerarlos dentro de los gastos de previsión social para darles el tratamiento de salarios, vulnera el bienestar de las familias que reciben dicha prestación, las finanzas de las empresas, así como la necesaria confianza que debe existir entre gobernantes en relación a reglas claras y criterios transparentes.

En consideración a lo anterior, la fracción priísta de la diputación federal de Baja California propone el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Unico. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cancelación del criterio normativo VIII/95 que da sustento a las acciones de la administración de auditora fiscal de Mexicali, medida administrativa incompatible con el afán compartido por el Gobierno Federal, empresarios y trabajadores, de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Diputados: Jaime Martínez Veloz, Daniel Quintero Peña, Humberto López Barraza, Franciscana Krauss Velarde y Martina Montenegro.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese a las comisiones citadas por el diputado Jaime Martínez Veloz.

LEY DE CINEMATOGRAFIA

El Presidente:

¿Qué pasó con la Ley de Cinematografía? Sobre este tema, tiene la palabra la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Con su venia, señor Presidente:

Yo quisiera pedirles a los compañeros del Bronx unos minutos de respeto en honor y en recuerdo a Gabriel Figueroa, que acaba de fallecer y que fue gran talento de nuestro cine.

Yo quisiera decirles que si le hubiéramos puesto al día de hoy un solo tema que fuera: "se rajaron", todos hubiéramos tenido que decir sobre el mismo tema, porque todos hemos hablado de que a la hora de la hora siempre se rajan los del PRI; que establecen acuerdos, que establecen compromisos y que de repente quién sabe qué pasó, pero se rajaron. Así pasó con la Ley de Cinematografía.

Estamos a un día de que sea nuestro último día de sesiones y vemos con profunda tristeza que se han agotado, otra vez, las esperanzas de la comunidad cinematográfica, que lo único que pretende es revitalizar nuestro cine mexicano, ese cine mexicano que tuvo una época de oro, que fue durante muchos años el líder en el arte cinematográfico de Latinoamérica y que ahora está enfermo de muerte y su enfermedad no es de casualidad, es por desaciertos legislativos.

Primero la ley asesina de 1992 y ahora que ello, como un ejemplo de comunidad organizada, como un ejemplo que propuso una ley y que porque la propuso la comunidad a los compañeros priísta, los sacó, se les rompió el sistema, no venía la ley de donde ellos están acostumbrados, no supieron qué hacer y los engañaron; los engañaron, les dijeron que confiaran en ellos, recibieron la ley y empezaron, la comunidad cinematográfica, con un peregrinar que consta de 83 acciones que están aquí en esta efemérides que es un viacrucis...

No, no la voy a leer, porque los cansaría a ustedes tanto como se cansaron los de la comunidad cinematográfica.

Esta ley estaba supuestamente trabajándose en la ley de Medios, en la Comisión de Medios, en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Ellos hablaron con Carlos Reta, con Samuel Palma, con Netzahualcóyotl de la Vega, con Florentino Castro, con Oscar Levín, hasta con el mismo Juan José Osorio y todos les dijeron: sí va. Sí va la ley. Espérense porque sí va. Les damos nuestra palabra. Nos comprometemos.

Hay esto y muchas páginas más de prensa, de declaraciones triunfalistas de los priístas diciendo: "sí va la ley" y de repente les salieron conque: "diche mi mamá que chiempre no".

Entraron a Gobernación y salieron diciendo: "fijense que siempre no" y como siempre además, tampoco se atrevió uno solo a darles la noticia y me da mucho gusto decirlo porque la líder que estaba encabezando todo el movimiento cinematográfico es una mujer y se tuvieron que juntar otra vez los cinco para llamarlos y decirles: "fíjense que diche mi mamá que chiempre no". Así es que aguántense porque esta legislatura no salió.

Yo se lo dije un día, hace unos días al diputado Palma, al diputado Osorio: la LVI Legislatura tiene dos opciones: o pasar a la historia como la que salvó la ley o pasar a la historia como la que le dio el tiro de gracia al cine mexicano. Los priístas optaron por lo segundo y le dan el tiro de gracia al cine mexicano.

La comunidad cinematográfica decepcionada ratifica: que el Revolucionario Institucional obedece a su patrón y que su patrón es el Ejecutivo. Yo no dudo y ellos tampoco dudan, por eso creyeron que tenían buena voluntad, que tenían ganas; que eran conscientes de que esa ley es necesaria. Pero para los priístas el sometimiento está por encima de la conciencia y de la palabra.

Ustedes, compañeros priístas, faltaron a su palabra; ¡no tienen!, la tiene Zedillo o la tiene Clinton.

Uno de los temas que ahorita ha de estar Zedillo diciéndole a su boss mister Clinton, es: "oh yea, yea, las pantallas del cine mexicano están otra vez a su disposición". "oh yea, mister Clinton, my boss, las pantallas del cine mexicano están a sus órdenes, como lo están nuestros puertos, como lo está nuestro petróleo, como lo está nuestro país completo y como lo está el Bronx, con la poca dignidad que les queda".

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, la diputada María Teresa Gómez Mont.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Una vez más nos trae a esta tribuna la Comisión Especial de Comunicación Social. Como ya se ha mencionado muchísimas veces, de esa consulta pública que fue muy amplia, nos dio como resultado el que teníamos que trabajar sobre seis leyes: una, la reglamentaria de los artículo 6o. y 7o. de la Constitución en materia de libertad de expresión y el derecho a la información; dos, en la de radio y televisión.

Estas dos que ya fueron presentadas por tres partidos; tres, la de derechos de autor, que llegó a esta soberanía por el Ejecutivo y como en realidad coincidía con los resultados de la consulta, la aprobamos de manera unánime. Las otras tres leyes, la de Cinematografía, la del libro y la de informática. Fuimos informados los diputados pertenecientes a los otros partidos diferentes al PRI que en ése esas tres sí iríamos juntos, cuando en el momento de darnos esta información, tajantemente nos dieron a conocer que no iríamos a las dos primeras.

Con toda sinceridad debo decir que me daba confianza el hecho de que se trabajaría en la Ley de Cinematografía, por el simple hecho que ya por medio de la prensa nos habíamos enterado de que la comunidad cinematográfica había tenido algunas reuniones en el Partido Revolucionario Institucional convocados por el diputado Ballinas Mayes y asimismo la prensa informaba que el PRI se había comprometido a legislar en la materia. De común acuerdo los miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social, acordamos que sería el diputado Carlos Reta Martínez, quien coordinaría los trabajos de esta Ley de Cinematografía; que él se abocaría a buscar los consensos entre dos grupos separados por tres elementos irreconciliables que los enfrentaban:

Uno, era el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y el otro era la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

El primer grupo mencionado nos hizo llegar una iniciativa de ley que vimos con buenos ojos, pero que; sin embargo, necesitaba ser perfeccionada con el fin de darle una redacción jurídica legislativa. En ese sentido pedimos que fueran conciliando los puntos discordantes con la Cámara.

Según nos informaba el diputado Reta, todo iba por buen camino.

Para los miembros del Partido Acción Nacional que participábamos en esa Comisión Especial de Comunicación Social, era fundamental privilegiar a la producción y el fomento del cine nacional. Sin embargo veíamos que no era necesario únicamente que se contemplara en la ley lo que ya estaba perfectamente tratado en el Tratado de Libre Comercio, de dar el 30% de las salas de exhibición del cine mexicano. Además de ello, se hacía necesaria una producción de muy alto nivel que permitiera al cine mexicano ser competitivo, no sólo para llenar ese mínimo del 30% de salas de exhibición, sino para rebasarlo e incluso para que el cine mexicano fuera producto de exportación.

En ese sentido el diputado Carlos Reta nos iba informando de los avances de la negociación. Llegaron hasta la novena edición de la ley, en la que ya teníamos entendido participaba el diputado Francisco Suárez y Dávila, presidente de la Comisión de Hacienda, donde se estaba planteando la integración de un fideicomiso de inversión y administración de la producción cinematográfica. Este fideicomiso tendría el fin de administrar los productos de la venta en taquilla. De cada boleto, un peso iría a las finanzas del fideicomiso y esos recursos se destinarían al fomento del cine nacional.

Al conseguir con que los diputados del PRI pertenecientes a la Comisión Especial de Comunicación Social no participarían con los demás partidos en las dos citadas leyes que he mencionado, se dio una incidencia en relación a la Ley de Cinematografía. Como no era posible que volviéramos a reunirnos en esta Comisión Especial, hicimos el contacto directo con el sindicato. Los encontramos francamente muy enojados. Estaban furiosos...

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Señor Presidente; me acojo al 103:

El Presidente:

Diputada Gómez Mont, su intervención fue para rectificar hechos. Le suplicamos trate de redondear su intervención.

La diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta:

Concluyo, señor Presidente:

Simplemente quiero decir que para nosotros ha sido muy importante este día. Nos hemos dado cuenta de que no han sido sólo las dos iniciativas que habíamos presentado con la Comisión Especial de Comunicación Social, las únicas que habían recibido un premio por parte del Ejecutivo.

Vimos la de Asentamientos Humanos, la de Participación Ciudadana, la Ley de Artesanías y esto nos hace reflexionar de algo que tenemos que tomar muy en cuenta los partidos de oposición. Nosotros estamos indignados, porque haya frenado nuestros trabajos de tres años, pero creo que los diputados del PRI deben tener un alto contenido de frustración porque trabajaron de la misma manera que lo hicimos nosotros. Las palabras de la diputada Sofía Valencia fueron muy claras y ahí nos dimos cuenta del contenido de lo que muchos diputados del PRI deben sentir en estos momentos por no haber podido sacar adelante su trabajo de tantos meses.

Creo, ya lo digo para concluir, que esto nos da lugar a dos conclusiones: todas esas personas que tuvieron contacto con las comisiones, que trabajaron en iniciativas de ley que no pudieron ser presentadas o aprobadas en caso de haber sido presentadas, son personas que no le darán su voto al PRI. En segundo lugar, hace unos días, quisiera mencionar, cuando el Presidente haciendo uso de los recursos de la televisión estatal hizo propaganda a favor de su partido, "diciendo que necesitaba de la mayoría para gobernar".

¡Hoy les puedo decir, y ya lo digo para concluir, que los mexicanos necesitamos de una mayoría integrada de minorías, que sea capaz de sacar adelante todas esas cosas buenas que México necesita y que han sido impedidas por el Poder Ejecutivo!

El Presidente:

Ha pedido el uso de la palabra la diputada Adriana Luna Parra.

La diputada Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo:

Antes de que me chifle "el Bronx". Es únicamente porque como ya no está ninguno de los diputados aludidos, más que algunos y ninguno se siente aludido, le quiero pedir a la Presidencia que les pase a los presidentes de las comisiones y a los diputados que fueron aludidos las versiones estenográficas, tanto mía como de la compañera, la efemérides de las acciones y del peregrinaje a aquellos que fueron aludidos, a ver si por lo menos en la noche se acuerden de que tienen dignidad.

Gracias.

«Efemérides de las actividades desarrolladas por la Comisión de Trabajadores Cinematografistas para Reactivar la Industria Cinematográfica Nacional.

(Julio 10, 1995abril 14, 1997)

1) Junio 1030, 1995.

Organización de mesas, ponencias e invitaciones para llevar a cabo un foro en defensa del cine mexicano.

2) Julio 1012, 1995.

Celebración de los forodebates sobre el cine mexicano: "los cineastas toman la palabra" (43 ponencias por los representantes de todos los sectores del cine).

3) Julio 25, 1995.

Conclusiones y acuerdos. Se crea la "Comisión de Seguimiento de los Forodebates" y se nombra como presidenta de la comisión a la maestra Marcela Fernández Violante, secretaría general de la sección de autores y adaptadores del STPC. Se aprueban asimismo los 14 puntos del documento intitulado "Cruzada Nacional en Defensa del Cine Mexicano como Patrimonio Cultural y Salvaguarda de Nuestra Identidad".

4) Julio 27, 1995.

La "Comisión de Seguimiento" envía el documento de la Cruzada Nacional a la Presidencia de la República, a la Cámara de Senadores, a las comisiones de Comunicación Social y de Cultura de la Cámara de Diputados y a la prensa especializada.

5) Agosto 28, 1995.

Sesión-comida en la Sogem organizada por la "Comisión de Seguimiento" con los diputados de la Comisión de Radio, Cine y Televisión y de la Comisión de Cultura de la LVI Legislatura a la que concurrieron todos los representantes de la comunidad cinematográfica a exponer las dificultades que enfrenta la industria.

6) Septiembre 18, 1995.

Sesión-comida en la Cámara de Diputados organizada por la "Comisión Especial de Comunicación Social" de la LVI Legislatura con la "Comisión de Seguimiento". Se hace entrega de un segundo documento sobre la crítica situación de la Industria Cinematográfica (ver anexo "A").

7) Octubre 11, 1995.

Sesión-comida en Sogem organizada por la "Comisión de Seguimiento de los Foros" con la presidenta de Canacine y los exhibidores de la misma cámara, para solicitar apoyo para el cine mexicano. No se llega a ningún acuerdo definitivo.

8) Octubre 25, 1995.

Reunión en la Cámara de Diputados convocada por la "Comisión Especial de Comunicación Social" en donde se entrega a la comunidad cinematográfica la relatoría de los foros regionales de consulta pública en materia de comunicación social. En dicha relatoría se considera a la Ley Cinematografía de 1992 como inoperante.(ver anexo número B).

9) Octubre 11, 1995.

Junta de la maestra Marcela Fernández Violante recién electa secretaría general del comité central del STPC y los representantes del mismo en Conaculta, con el licenciado Rafael Tovar y de Teresa y el licenciado Jorge Alberto Lozoya del Imcine. El licenciado Tovar recomienda al licenciado Lozoya reunirse con el STPC. para encontrar soluciones conjuntas.

10) Octubre 31, 1995.

Sesión-comida organizada por el Imcine con los integrantes del Comité Central del STPC, en la que se acuerda la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la Industria Cinematográfica. Se nombra una comisión del STPC integrada por los señores Alberto Bojorquez (directores), Sergio Olhovich (autores), Ricardo González (técnicos y manuales).

11) Noviembre 420, 1995.

El Imcine, representado por los señores Patricio Luna y Miguel Pérez, celebra diversas reuniones con la comisión del STPC, para la redacción de un documento de análisis y solución para la Industria Cinematográfica.

12) Noviembre 24, 1995.

Se redacta el documento de análisis y propuesta al que se intitula: "Reactivación de la Industria Cinematográfica" elaborado por el STPC y el Imcine.

13) Diciembre 1o. 1995.

Se redacta el segundo tratamiento del "Documento para la Reactivación" por la comisión del STPC con el Imcine.

14) Diciembre 5, 1995.

Se redacta el tercer tratamiento del "Documento para la Reactivación".

15) Enero 8, 1996.

La Secretaría General del Comité Central envía el tercer tratamiento del "Documento para la Reactivación" a todas las secciones del STPC, así como el STIC, a la federación de cooperativas y las sociedades autorales solicitando su estudio y aprobación. El Imcine lo remite a la asociación de productores con la misma finalidad.

16) Enero 31, 1996.

El "Documento para la Reactivación" se corrige por cuarta vez, incluyendo las observaciones enviadas por la comunidad cinematográfica.

17) Febrero 1o., 1996.

Se redacta el quinto tratamiento del "Documento para la Reactivación".

18) Febrero 7, 1996.

Se celebran las mesas de análisis en materia de política y legislación cultural, organizadas por la Comisión de Cultura de la LVI Legislatura, en la Cámara de Diputados. Se presentan varias ponencias en defensa del cine mexicano como parte integrante de nuestra cultura y se solicita que la Cineteca Nacional se traslade al área de Educación Pública.

19) Abril 23, 1996.

Se redacta la versión definitiva del "Documento para la Reactivación de la Industria Cinematográfica" por el STPC y el Imcine incluyendo las propuestas hechas por la asociación de productores.

20) Mayo 30, 1996.

Se lleva a cabo el foro de análisis y propuestas para el fortalecimiento de la Industria Cinematográfica Nacional organizado por el CEN del PRI, con la participación de todos los sectores de la comunidad cinematográfica. Durante la reunión se invita a los presentes a presentar un anteproyecto de ley que derogue la Ley de Cinematografía de 1992, vigente. Se acuerda tenerla a finales del mes de julio. Asimismo, se hace entrega del "Documento para la Reactivación", elaborado por el STPC y el Imcine, al diputado Armando Ballinas.

21) Junio 10, 1996.

Sesión-comida en el "Variety Club" de la Comisión de Seguimiento con los representantes de la Canacine, durante la cual se les entrega el "Documento para la Reactivación", para su posterior discusión en la propia Cámara de la Industria Cinematográfica.

22) Junio 17, 1996.

Primera reunión de trabajo de los representantes de la comunidad cinematográfica (STPC, STIC, productores, sociedades autorales cooperativas, Dirección de Cinematografía y el Imcine) con los representantes del Canacine: sector exhibición, Videovisa y Film Board para analizar el "Documento para la Reactivación".

23) Junio 25, 1996.

Segunda reunión de trabajo en la Canacine, entre los mismos sectores de la comunidad cinematográfica y de la Canacine. El factor de conflicto expresado por Canacine en el "Documento para la Reactivación", reside en los siguientes tres puntos:

1) La aplicación del 30% del tiempo de pantalla para el cine mexicano. (De acuerdo al TLC).

2) La prohibición el doblaje en todos los medios y formatos, excepto el cine infantil y los documentales educativos. (De acuerdo a la ley de 1992, vigente).

3) La creación de un fondo a partir de la recaudación de $ 1.00 (un peso) de sobreprecio en taquilla, por cada película que se exhiba, para obtener recursos frescos por la producción, entre otros renglones, que beneficien al cine mexicano.

24) Junio 25, 1996.

Reunión del STPC, en Conaculta con el licenciado Rafael Tovar y el licenciado Jorge Alberto Lozoya, para informarles sobre los obstáculos que oponen los representantes de la Canacine y planear la estrategia de las próximas entrevistas de los funcionarios de la Conaculta y el Imcine con la Secofi, para reactivar la industria.

25) Julio 2, 1996.

Tercera reunión de trabajo en la Canacine. Se avanza en la corrección del "Documento de Reactivación", en cuanto a impuestos, aranceles de importación y otros renglones que favorecen a la Cámara, no así aquellos que benefician al sector social de la comunidad cinematográfica.

26) Julio 23, 1996.

Cuarta reunión de trabajo en la Canacine. Se suspenden las pláticas al no lograrse acuerdos sobre el 30% del tiempo pantalla, la prohibición al doblaje y la recaudación de $ 1.00 (un peso) de sobreprecio en taquilla. El señor Miguel Angel Dávila del Cinemex ofrece entregar un documento que garantice la exhibición del cine mexicano en todas las salas. Por su parte, el licenciado Fernando Ochoa de Videovisa ofrece un documento para negociar el doblaje en video, contrario a la ley vigente. Se acuerda reanudar las pláticas una vez que se tengan los documentos prometidos.

27) Agosto 830, 1996.

Se llevan a cabo seis jornadas de trabajo con los señores Edgardo y Gilberto Gascón, Rubén Galindo, Raúl de Anda, Alfonso Rosas Priego, Sergio Olhovich, Víctor Ugalde y la maestra Marcela Fernández Violante, para revisar el anteproyecto de la ley que fuera encomendada por el STPC a un grupo de abogados.

28) Septiembre 4, 1996.

El tercer tratamiento de anteproyecto de la ley se envía a la comunidad cinematográfica, para su estudio y aprobación, como sigue: las seis secciones del STPC, la sección 49 del STIC, la Federación de Cooperativas, la ANDI, la Sogem, la Sociedad de Realizadores de Cine, la Dirección General de Cinematografía y la Asociación de Productores.

29) Septiembre 913, 1996.

El anteproyecto de ley entra a su cuarto tratamiento al incluir las propuestas hechas por las instituciones anteriores.

30) Septiembre 17, 1996.

El anteproyecto de ley se envía, a los legisladores de las comisiones de Cultura y de Radio, Televisión y Cine, de la LVI Legislatura en la Cámara de Diputados. El Anteproyecto se hace llegar al PRI, PRD, PAN y PT.

31) Septiembre 19, 1996.

La Canacine envía finalmente la propuesta ofrecida el 23 de julio por los exhibidores en la que ofrecen programar el cine mexicano en sus salas. La propuesta no especifica el número y localización de las salas ni calendarios precisos de exhibición que garanticen la adecuada salida del material nacional, en fechas de estreno determinadas. Por otra parte el licenciado Fernando Ochoa, de Videovisa no entrega el documento ofrecido para negociar se autorice el doblaje en video, que prohibe la Ley de Cinematografía vigente (1992) y que fuera aprobado abiertamente por RTC.

32) Septiembre 19, 1996.

El señor Diego López es nombrado titular del Imcine, en sustitución del licenciado Jorge Alberto Lozoya.

33) Septiembre 20, 1996.

Los representantes del Comité Central del STPC y la maestra Marcela Fernández Violante se entrevistan con el licenciado Tovar y de Teresa en Conaculta. A dicha reunión asiste el señor Diego López del Imcine. A ambos se les entrega el anteproyecto de la ley (quinta versión), así como copia de la carta enviada por la Canacine a la comunidad, en la que ofrecen exhibir cine mexicano sin precisar salas y fechas de estreno.

34) Septiembre 24, 1996.

Desayuno de trabajo en el salón "Los Cristales", de la secretaria General del STPC, maestra Marcela Fernández Violantes con los diputados Adriana Luna Parra (PRD) y Florentino Castro (PRI), de la Comisión de Cultura, de la LVI Legislatura, para presentarle el anteproyecto de ley, para estudio y recomendación.

35) Octubre 9, 1996.

Sesión-comida de la comisión que elaboró el anteproyecto de ley con la diputada Ana Lilia Cepeda (PRD), de la Comisión de Comunicación, de la LVI Legislatura y la licenciada Patricia Bracho, de la organización "Mujeres en Lucha por la Democracia". Se proponen estrategias para lograr que el anteproyecto de ley se discuta y apruebe en la Cámara de Diputados.

36) Octubre 9, 1996.

En la sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes, los diputados Adriana Luna Parra y Florentino Castro, de la Comisión de Cultura, entregan la "Memoria de la mesas de análisis en materia de política y legislación cultural", en la que aparecen las ponencias sobre cine que presentó la comunidad cinematográfica durante los foros de cultura convocados por el Congreso de la Unión. Asimismo se elogia a los cineastas por haber elaborado ellos mismos su propio anteproyecto de ley.

37) Octubre 10, 1996.

La comisión que elaboró el anteproyecto de ley, se reúne con el señor Diego López, director del Imcine y le plantea la necesidad de contar con su apoyo para el citado anteproyecto. El señor Diego López promete estudiarlo y resolver más adelante.

38) Octubre 14, 1996.

Reunión de la comisión del anteproyecto de ley con el señor Mario Aguiñaga, director de cinematografía, quien propone algunas modificaciones al citado anteproyecto.

39) Octubre 22, 1996.

Reunión de la comisión del anteproyecto de ley, en la Cámara de Diputados, con los diputados Samuel Palma, Carlos Reta Martínez, Florentino Castro y Armando Ballinas, para discutir algunos puntos sobre el anteproyecto de ley, después del desayuno que los legisladores habían tenido con el señor Diego López esa misma mañana.

40) Octubre 29, 1996.

Reunión de la comisión del anteproyecto de ley para analizar los puntos propuestos por los diputados.

41) Noviembre 6, 1996.

Reunión de trabajo de la comisión para modificar el anteproyecto de ley, previa consulta con los abogados asesores del STPC.

42) Noviembre 8, 1996.

Reunión de la comisión para finalizar las modificaciones del anteproyecto de ley: sexta versión.

43) Noviembre 8, 1996.

Sesión-comida de la comisión del anteproyecto de ley con el señor Diego López y otros funcionarios del Imcine, así como con los diputados Netzahualcóyotl de la Vega, Carlos Reta Martínez, Armando Ballinas y Oscar Levín Coppel. Se toma el acuerdo de presentar el anteproyecto de ley en el próximo periodo de sesiones, de la Cámara de Diputados, a celebrarse en marzo de 1997.

44) Noviembre 21, 1996.

Se envía la sexta versión del anteproyecto de ley al señor Diego López, que incluye las modificaciones sugeridas por los legisladores.

45) Diciembre 1020, 1996.

Reunión de la comisión del anteproyecto de ley, en el que se incluyen otras modificaciones, para su posterior discusión con el departamento jurídico del Imcine.

46) Enero 10, 1997.

Se envía al señor Diego López del Imcine, la séptima versión del anteproyecto de ley.

47) Enero 1517, 1997.

La comisión del anteproyecto de ley vuelve a revisar el anteproyecto y se elabora la octava versión.

48) Enero 20, 1997.

La octava versión del anteproyecto de ley se envía a todos los representantes de la comunidad cinematográfica: la seis secciones del STPC, la Sogem, la ANDI, la Sociedad de Realizadores de Cine, la sección 49 del STIC, la Asociación de Productores y la Federación de cooperativas solicitando sus comentarios.

49) Enero 20, 1997.

Se envía la octava versión del anteproyecto de ley al señor Diego López del Imcine, para su estudio.

50) Enero 24, 1997.

La octava versión del anteproyecto de ley se envía a las tres comisiones de la Cámara de Diputados: medios, Comunicación y Cultura, para su revisión. Acusan recibo de su recepción los diputados Carlos Reta Martínez, Netzahualcóyotl de la Vega, Juan José Osorio, Samuel Palma César y Florentino Castro, de la fracción parlamentaria del PRI.

51) Enero 31, 1997.

Reunión de la secretaria general del STPC, maestra Marcela Fernández Violante, con el diputado Florentino Castro, en la Comisión de Cultura del Palacio Legislativo, la maestra Fernández Violante a invitación expresa del diputado Florentino Castro, se entrevista con el diputado Juan José Osorio, presidente de la Gran Comisión, acompañada por el propio diputado Castro, para manifestarle la necesidad de contar con su apoyo para que se calendarice la discusión del anteproyecto de ley, en el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, durante marzo.

52) Febrero 4, 1997.

La maestra Marcela Fernández Violante se entrevista con el licenciado Rafael Tovar, en la Conaculta para entregarle la octava versión del anteproyecto de ley. Se acuerda celebrar una reunión posterior con el señor Diego López, del Imcine.

53) Febrero 6, 1997.

Reunión de la maestra Marcela Fernández Violante, con el señor Diego López, del Imcine, en la que el señor López solicita se consulte a especialistas en derecho internacional para no incurrir en un acto anticonstitucional y hacer compatible el anteproyecto de ley con el Tratado de Libre Comercio, en lo referente al artículo 21, sobre el 30% del tiempo en pantalla para el cine mexicano.

54) Febrero 10, 1997.

Una vez hecha la consulta conducente, se recibe la opinión por escrito, del licenciado Antonio Barrios Ramos y otra del doctor Víctor Carlos García Moreno, en las que se proponen cambios en la redacción del artículo 21 del anteproyecto de ley, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio. Esta nueva redacción evitará que los exhibidores presenten demandas de juicio de amparo.

55) Febrero 10, 1997.

La Secretaria general maestra Marcela Fernández Violante, envía una carta al doctor, Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la que se anexa el anteproyecto de ley, y le solicita a nombre de los representantes de la comunidad cinematográfica, conceda una entrevista personal a un grupo de destacados cineastas.

56) Febrero 13, 1997.

Sesión-comida de la comisión del anteproyecto de ley con los diputados Netzahualcóyotl de la Vega, Carlos Reta Martínez y Oscar Levín Coppel, en la que se les entrega el dictamen de los especialistas en derecho internacional, sobre el artículo 21, del anteproyecto.

57) Febrero 17, 1997.

El dictamen de los señores jurídicos se le envía al señor Diego López, del Imcine, para su información.

58) Febrero 17, 1997.

Se elabora la novena versión del anteproyecto de ley que incluye las modificaciones propuestas por los asesores jurídicos del STPC.

59) Febrero 18, 1997.

Se envía la novena versión del anteproyecto de ley a la Cámara de Diputados. Acusan recibo de su entrega los diputados, Samuel Palma, Florentino Castro, Juan José Osorio Palacios y Carlos Reta Martínez.

60) Febrero 28, 1997.

El diputado Samuel Palma, confirma personalmente a la secretaria general del STPC, maestra Marcela Fernández Violante, que es un hecho que se llevará a cabo la discusión del anteproyecto de ley, en el próximo periodo de sesiones de abril, en la Cámara de Diputados.

61) Febrero 28, 1997.

Los representantes de la comunidad cinematográfica son recibidos por el diputado Juan José Osorio, presidente de la Gran Comisión, junto con los diputados Samuel Palma, Carlos Reta Martínez y Suárez Dávila en el Palacio Legislativo. El diputado Osorio nos informa oficialmente que el anteproyecto de ley se discutirá durante el siguiente periodo de sesiones del mes de abril, avalado por la Cámara.

El señor Jorge Sánchez, secretario general del STIC refuta el sobreprecio de un peso en taquilla y se acuerda modificarlo por un 5% en el anteproyecto de ley

62) Marzo 5, 1997.

Sesión-comida en la Sogem de algunos representantes de la comunidad cinematográfica con el señor José María Fernández Unsaín y el licenciado Jaime Hugo Talancón, oficial mayor de la SEP, para exponerle la grave crisis que aflige al cine mexicano y solicitarle una cita con el licenciado Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública. Asimismo se le entregan dos ejemplares del anteproyecto de ley.

63) Marzo 7, 1997.

El departamento jurídico del Imcine envía a la maestra Marcela Fernández Violante, un análisis comparativo sobre el anteproyecto de ley, en el que el departamento jurídico del instituto hace algunas recomendaciones sobre el mismo.

64) Marzo 12, 1997.

Sesión-comida en la Sogem, de varios representantes de la comunidad cinematográfica con el señor José María y Fernández Unsaín y el diputado Florentino Castro, presidente de la Comisión de Cultura, de la LVI Legislatura, quien se compromete oficialmente a encabezar la discusión del anteproyecto de ley, en la Cámara de Diputados.

65) Marzo 12, 1997.

Reunión de la comisión del anteproyecto de ley con el licenciado Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, a quien se le explica la grave crisis del cine mexicano y se le entrega el anteproyecto de ley. Asimismo, se le informa sobre las demandas de juicio de amparo del despacho Burgoa Orihuela en contra de la dirección de cinematografía, de RTC y Gobernación, reclamando el doblaje de las películas "Locos a bordo" y "Parque jurásico" (las que ya se habían exhibido con subtítulos). Se les comunica que de ganarse dichas demandas los cineastas y trabajadores seremos los terceros perjudicados, debido a que el doblaje se hace en el extranjero y va en contra de la Ley de Cinematografía vigente.

66) Marzo 13, 1997.

Los abogados del STPC estudian el cuadro analítico enviado por el departamento jurídico del Imcine sobre el anteproyecto de ley y señalan que las recomendaciones sugeridas por el Imcine se refieren más a cuestiones formales que de contenido.

67) Marzo 13, 1997.

Reunión de la comisión de anteproyecto con el licenciado Rafael Rodríguez Barrera, subsecretario de asuntos jurídicos y asociación religiosas de la Secretaría de Gobernación, a quien se le entrega el anteproyecto de ley y se le explica el peligro del doblaje.

68) Marzo 17, 1997.

Reunión de la comisión del anteproyecto con el licenciado Germán Fernández Aguirre, consultor jurídico de la Presidencia. Se le entrega el anteproyecto de ley. El licenciado Fernández Aguirre, explica que el anteproyecto no podrá pasar a la Cámara de Diputados por no estar recomendado por la SEP, Conaculta, Gobernación o alguna otra instancia gubernamental.

69) Marzo 18, 1997.

Reunión con el licenciado Dionisio Pérez Jácome, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal, quien recibe a la comisión acompañado por el licenciado Enrique Rubio, director de RTC y el licenciado Mier y Concha, director de cinematografía. Se le expone la grave situación de la industria cinematográfica, ante el peligro de seguir autorizando el doblaje de cine en video y TV y se le entrega al anteproyecto de ley. El licenciado Pérez Jácome promete estudiarlo y dar una opinión más adelante.

70) Marzo 19, 1997.

Reunión de la comisión con el doctor Luis Téllez, secretario particular de la Presidencia, para solicitarle una cita con el señor Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.

71) Marzo 1921, 1997.

Reunión de productores iberoamericanos, en el marco del festival de cine en Guadalajara, Jalisco, en la que se acuerda firmar conjuntamente una carta dirigida al señor Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, solicitándole su apoyo y recomendación a la Cámara de Diputados, del anteproyecto de ley.

72) Marzo 21, 1997.

Entrevista de la maestra Marcela Fernández Violante, con el diputado Florentino Castro, quien le asegura que el anteproyecto, marcha, a pesar de las noticias apercibas en el periódico El Heraldo, negando esa posibilidad, agregando que el diputado Juan José Osorio ya había hablado con el señor Presidente Ernesto Zedillo, quien le recomendó se atendiera el anteproyecto de ley propuesto por la comunidad cinematográfica.

73) Marzo 24, 1997.

Reunión de la maestra Marcela Fernández Violante con el licenciado Rafael Tovar y de Teresa y el señor Diego López, en el Conaculta. El licenciado Tovar acepta apoyar el anteproyecto de ley e instruye al señor Diego López para que lo estudie nuevamente con el departamento jurídico del instituto y presente sus comentarios a la comunidad cinematográfica.

74) Marzo 29, 1997.

La revista Proceso publica la carta dirigida al señor Presidente de la República, firmada por el grupo de productores iberoamericanos, que se habían reunido en Guadalajara, solicitándole su apoyo a la iniciativa de ley.

75) Abril 4, 1997.

Segunda reunión de la comisión con el licenciado Dionisio Pérez Jácome, quien informa que el licenciado Enrique Rubio, de RTC, está preparando un estudio sobre el anteproyecto de ley.

76) Abril 4, 1997.

Diversos intentos de la comisión para comunicarse con el licenciado Enrique Rubio, con objeto de conocer su opinión. El señor Rubio se niega a recibir las llamadas.

77) Abril 5, 1997.

Sesión de trabajo de la comisión con el señor Diego López y el departamento jurídico del Imcine para revisar el anteproyecto de ley y ajustar las diferencias entre éste y el nuevo anteproyecto elaborado por el instituto.

78) Abril 7, 1997.

Segunda sesión de trabajo de la comisión con el señor Diego López, el departamento jurídico y un grupo de asesores legales contratados por el Imcine. Los asesores legales opinan que las propuestas de la comunidad cinematográfica son correctas.

79) Abril 8, 1997.

Reunión de la comisión con el licenciado Miguel Limón Rojas, secretario de Educación Pública, en la que estuvieron presentes el licenciado Rafael Tovar y el señor Diego López. El licenciado Limón Rojas no se comprometió a recomendar el anteproyecto de ley, pero sí a buscar los mecanismos necesarios con los secretarios de Hacienda, Comercio y Fomento Industrial, Nafinsa y otras instancias, para reactivar el cine mexicano.

80) Abril 10, 1997.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas pública un desplegado en el periódico La Jornada solicitándole al Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo,, apoye la reactivación del cine mexicano.

81) Abril 11, 1997.

La secretaria general del STPC, maestra Marcela Fernández Violante, saluda personalmente al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en Los Pinos, con motivo de una reunión celebrada por el Congreso del Trabajo y le agradece, a nombre de la comunidad cinematográfica, su apoyo al anteproyecto de ley. Lo mismo hace con el licenciado Xavier Bonilla, secretario del Trabajo.

82) Abril 12, 1997.

La comunidad cinematográfica se entera por los periódicos que el licenciado Pérez Jácome ha renunciado a su cargo de coordinador general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación para lanzarse como senador del PRI. Lo mismo había ocurrido, días atrás, con el licenciado Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, lo que provocó un vacío de comunicación con aquellos funcionarios de la Secretaría de Gobernación que podrían haber intervenido a favor de la reactivación de la industria cinematográfica, recomendando el anteproyecto de ley.

83) Abril 14, 1997.

Los diputados Samuel Palma, Florentino Castro y Carlos Reta Martínez, informan oficialmente a la maestra Marcela Fernández Violante, que el anteproyecto de ley no será calendarizado para su discusión este mes en la Cámara de Diputados y que ha sido cancelado.

Recomiendan que el anteproyecto se presente en la próxima legislatura para su discusión en octubre de 1997. Las razones aducidas son que la Canacine se había rehusado a mantener su propuesta del 10% del tiempo en pantalla para el cine mexicano, que en un principio había ofrecido y ahora exige además la derogación en la ley de 1992, vigente, del artículo 8o. que prohibe el doblaje en las películas que no son infantiles. En virtud de lo anterior los diputados se disculpan por los compromisos que contrajeron con la comunidad cinematográfica y nos retiran su apoyo.

Advertencia

El término comunidad cinematográfica comprende no sólo a los trabajadores cinematografistas, cineastas y creadores, sino a los representantes de la misma, como sigue: maestra Marcela Fernández Violante, secretaria general del STPC; señora Matilde Landeta. presidenta de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia; señor Humberto Elizondo y Aarón Hernández, secretario general y Secretario del Interior de la Sección de Actores; señor Sergio Olhovich, secretario del Interior; de la Sección de Autores y Adaptadores; Isaac Téllez, secretario general de la Sección de Técnicos y Manuales; Julián Pastor y Alberto Bojórquez, secretario general y secretario del Interior de la Sección de Directores; Otilo Acevedo secretario general de la Sección de Filarmónicos, todos ellos pertenecientes al STPC, Agustín Lara, secretario general de la Sección 49 del STIC; señor José María Fernández Unsaín, presidente de la Sogem, Lilia Aragón, presidenta de la ANDI; señor Gilberto Gazcón, presidente de la Sociedad de Directores y Realizadores de Cine; señor Gonzalo Elvira, presidente de la Asociación de Productores y el señor Víctor Ugalde, presidente de la Federación de Cooperativas de Cine.

La Comisión de Seguimiento de los Debates se convirtió en la comisión promotora del anteproyecto de ley y está constituida por las siguientes personas: Marcela Fernández Violante, Gilberto y Edgardo Gazcón, Raúl de Anda, Sergio Olhovich, Alfonso Rosas Priego y Víctor Ugalde.

México, D.F., a 23 abril de 1997. Maestra Marcela Fernández Violante, secretaria general. comité central del STPC.»

FEDERALISMO

El Presidente:

Tiene la palabra el diputado Rafael Ayala López, para referirse al tema del federalismo.

El diputado Rafael Ayala López:

Con la venia del señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:

El tema que había elegido y he elegido tocar me parece que es un tema de capital importancia. Me parece que es un tema de los grandes temas del debate nacional, que bueno, debieran discutirse, debieran analizarse en foros como éste.

Sin embargo, en aras de la economía parlamentaria, de lo avanzado de la hora, quiero simplemente decir que voy a solicitar un trámite administrativo para el tema del federalismo, no sin antes dejar constancia de que un grupo numeroso de diputados y de diputadas de mí grupo parlamentario trabajamos con honestidad y con atingencia el fin de semana, para preparar este documento que sería presentado a ustedes en este pleno.

Pero que sirva, pues, de constancia este hecho y esta situación a la que hemos llegado con nuestra coordinación con los demás grupos parlamentarios de no darle lectura y simplemente solicitarle a usted, señor Presidente, que ordene a la Secretaría se incluya en el Diario de los Debates, como si se le hubiese dado lectura en tribuna, en la inteligencia de que el documento consta de 21 fojas útiles.

Y terminar mi intervención, siendo que el tema del federalismo sigue siendo un tema pendiente en la agenda política de la reforma del Estado, que debe discutirse junto con otros temas y que debe haber foros, sobre todo en el Congreso de la Unión, en los que se debatan las precisiones jurídicoideológicas, que las políticas sobre el federalismo se van a discutir en las urnas en las próximas elecciones federales.

Muchas gracias.

El Presidente:

De acuerdo a lo solicitado por el diputado Ayala, se instruye a la Secretaría para que se inserte el documento en el Diario de los Debates.

«Transitar hacia el autentico federalismo, alternativa para el México que todos queremos ver en el Siglo XXI.

Quiero iniciar mi intervención con una profesión de fe, con una profesión de fe en la vigencia de un verdadero estado de derecho, en un país en donde las normas jurídicas son elaboradas y votadas por un querer de los ciudadanos y el trabajo sincero de sus órganos legislativos, un estado de derecho que surja de las profundidades de la conciencia social, del respeto de los ciudadanos por las leyes; en la existencia de tribunales que hagan realidad la justicia pronta y expedita, quiero decir que ratificamos ante la nación nuestra fe y nuestra convicción en las instituciones jurídicas nacionales; en las garantías individuales, en el juicio de amparo, en los principios republicanos de libertad con responsabilidad, en la división, de poderes, en la democracia como formula jurídica y como estado de vida y en el verdadero federalismo, como guías seguras para alcanzar la seguridad, la paz y el pleno e integral desarrollo de todos los mexicanos.

¿Que es el federalismo?

Cito a Jorge Carpizo, el académico, en los antecedentes históricos:

"El día 31 de enero de 1824, se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la que en su artículo 5o. adoptó la forma de Gobierno Federal; en el 6o. señaló que la Federación se integraba por estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior; y en el artículo 7o. enumeró los estados de la Federación.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se comenzó a discutir el 1o. de abril y se firmó el 4 de octubre de 1824. El artículo 4o. indicó que México adoptaba el sistema federal.

El sistema federal subsistió hasta 1853 en que otra rebelión volvió a llevar a Santa Anna al poder y quien el 22 de abril de ese año expidió las bases para la administración de la República, de acentuado centralismo y que colocó la suma de todos los poderes en el Presidente de la República.

El 6 de agosto de 1855, se convocó a un nuevo Congreso Constituyente para que decidiera el futuro del país, su organización política y su forma de gobierno.

En 1856, el pensamiento de que México se debía organizar de acuerdo con la estructura federal triunfó y en la Constitución de 1857 se infiltró el espíritu federalista y diseñó un sistema federal, inspirado en el norteamericano, pero con notas distintas y peculiaridades que con los años se han acentuado y perfilado, hasta constituir un régimen de características surgidas de la realidad y necesidades del pueblo mexicano.

Al triunfo de la República la Constitución se restableció, pero el largo gobierno del general Porfirio Díaz hizo que la ley fundamental fuera, como comúnmente se dijo, un traje de luces para el pueblo, un documento para lucirlo en las festividades públicas, pero sin ninguna vigencia real.

El primer movimiento social en México y en el mundo, dio por resultado nuestra Constitución actual, promulgada el 5 de febrero de 1917 y que en su esencia y lineamientos sobre el sistema federal sigue a su antecesora, (Estudios Constitucionales de Jorge Carpizo, Editorial PorrúaUNAM 1991).

De estos breves antecedentes podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que una de las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México a través de su historia independiente, es la plasmada en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece:

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental", adminiculado con los artículos 124; 115 y 105 de la propia Constitución.

Si esta ha sido la voluntad del pueblo de México, por fuerza habremos de preguntarnos ¿Por qué si la ruta estaba clara y el proyecto nacional bien definido, no se constata en la realidad política de nuestro país, el respeto a esta voluntad soberana del pueblo de México?

¿Por qué si fue fundada y concebida la República como Federación, en la práctica no lo es?

¿Porqué la supremacía de hecho y de derecho del Ejecutivo Federal sobre los demás poderes federales, estatales y municipales?

¿Por qué a más de 80 años de vigencia jurídica del modelo federal en el México moderno, las entidades federativas y los municipios se han convertido en simples engranes del aparato presidencialista, anuladas su capacidad jurídica y financiera para bien gobernar?

¿Por qué conocemos gobiernos fuertes y con gran capacidad de servicio cuya estrategia reside en diversificar las instituciones de donde emanan las decisiones sobre políticas públicas y su correspondiente administración. En cambio el Gobierno mexicano ha optado por concentrar el poder en un solo órgano y uncir la suerte de la nación prácticamente a la voluntad de un solo hombre?

¿Por qué simulamos y nos conformamos con un supuesto régimen republicano y federal cuando en realidad sólo el Poder Ejecutivo Federal es sólido, autosuficiente y centralizado?

Las respuestas a estos interrogantes serían:

El sistema político mexicano se ha constituido en base a la amplia red de intereses políticos y económicos de unos cuantos, en detrimento de las mayorías que todavía siguen esperando los beneficios de revoluciones inconclusas. Tenemos los ejemplos de la creación de estructuras corporativas sindicales y burocráticas, sostenidas para el beneficio de pocos y para la conservación del poder político y sólo coadyuvan a que el balance final sea negativo y desesperante para millones de mexicanos que se debaten en una crisis interminable de pobreza, ignorancia, desaliento y falta de garantías que impiden su movilidad social. Bástenos con ver la suerte de millones de conciudadanos de las etnias indígenas y la triste realidad de los campesinos mexicanos.

El Gobierno de México se ha negado a reconocer que la práctica de un auténtico federalismo, de un verdadero federalismo, consiste en poner en vigor los principios básicos que están plasmados en los artículos 39, 40, 41 primer párrafo, en relación con el 115, 124 y el 105 de la Carta Magna y uno se vuelve a preguntar, ¿por qué nos tardamos tanto tiempo en descongelar y desempolvar estos principios fundamentales, no obstante que desde su fundación Acción Nacional ha insistido en retomarlos?

La respuesta es: por la falta de verdadera voluntad política de quienes han detentado el poder público para sus muy particulares intereses, haciéndolo falsamente en bien del pueblo de México.

Esta legislatura, por la tenacidad y perseverancia de la oposición, enlistó en la agenda para la reforma del Estado, todavía trunca y pendiente, el tema del federalismo. Somos fuerzas políticas y democráticas que representamos el sentir de ciudadanos a través del sufragio y que nos permite en funciones de Gobierno ventilar este tema, vital para la nación mexicana, sobre todo me refiero al trabajo de búsqueda y cuestionamiento que gobiernos emanados del Partido Acción Nacional han hecho a estas políticas centralistas en serias controversias constitucionales y a la reiterada convicción de revisar nuestro sistema federal a partir del deber ser de cada orden de Gobierno.

Hoy también se advierte que el presidente Zedillo y su partido, le están ofreciendo al pueblo de México una incongruencia en materia de federalismo, cuando en la plataforma 2000 del PRI afirma: "postulamos un nuevo federalismo con profundo sentido nacionalista que promueva el ejercicio pleno del estado de derecho; que vigorice los procesos democráticos; que promueva el desarrollo económico sustentable y equilibrado, con vocación de justicia y equidad; que mantenga la unidad histórica y una clara visión del futuro".

Esta tesis es incongruente, porque en la práctica nunca han impulsado un verdadero federalismo. A fuerza de ser sinceros, deberían de empezar a hablar de un impulso del modelo federal que el pueblo de México escogió, ratificó y quiere como herramienta de su organización política y social; el federalismo que está en el proyecto nacional, el de 1824, de 1857 y de 1917; de equilibrio real de poderes, de respeto y dignificación de las entidades federativas como libres y autónomas en sus decisiones internas y en el respeto a los 2 mil 412 municipios libres del país, el Gobierno Federal y la plataforma del PRI pareciera que sólo promocionan el federalismo a nivel de desconcentración, sin tocar lo relativo a la coordinación fiscal, al adelgazamiento y eliminación de la super estructura federal y otras acciones que evidencien verdadero compromiso y voluntad de cambio político.

¿Como pueden ser ahora impulsores de un nuevo federalismo, quienes nunca le han practicado tal y como lo prescribe nuestro marco jurídico constitucional?

Ellos saben y lo saben bien, que la puesta en práctica del auténtico federalismo, es arriesgarse a la pérdida del poder político y económico, que hasta hoy han ejercido, arguyendo que esto producirá fragmentación de la unidad nacional o bien de que estados y municipios carecen de la capacidad para afirmarse como entes del pacto federal.

Veamos de manera somera cual es la realidad actual de estados y municipios que han recibido los beneficios del nuevo federalismo.

Prácticamente no hay en nuestro país, Estado o municipio de relativa importancia, que no estén soportando una deuda pública y privada que gravita sobre las economías locales y que contribuyen a incrementar el monto de la deuda nacional, porque a fuerza de tener que resolver necesidades urgentes de la población y ante los escasos apoyos federales directos, han tenido que recurrir a la banca privada.

Ni el Ejecutivo Federal, ni Banobras, ni la Secretaría de Hacienda, desconocen estos terribles pasivos que amenazan con hacer caer en insolvencia a no pocas entidades.

Los municipios tienen una estructura hacendaría debilitada y siempre insuficiente, controlada por la Federación y por los estados.

Hoy las entidades federativas y los municipios son objetos de consideraciones para que operen una supuesta federalización de funciones y servicios que maneja la Federación; sin recursos frescos, puesto que las estructuras, los programas y los vicios también se entregan, ya condicionados o etiquetados a un fin predeterminado por la estructura nacional.

Lo correcto, desde la perspectiva de Acción Nacional es entregar funciones y recursos libremente pactados y liberados de estructuras e intereses gremiales en el que poco o nada fueron tomados en cuenta para negociar.

Los municipios están limitados en sus facultades constitucionales, por la subrogación de los gobernadores para pactar montos y estrategias de desarrollo con la Sedesol en convenios de coordinación y en materias que competen a los municipios.

Los municipios se encuentran en estado de indefensión para conocer con certeza las fórmulas complicadas y calculadas de forma unilateral por la Federación para la asignación de los montos del fondo general participable y que luego obligan a los presidentes y gobernadores a mendigar favores políticos.

Estas inercias atrofian y debilitan la libertad de los estados y municipios para verdaderamente responder con oportunidad y eficacia a los reclamos sociales, de sus comunidades.

La superposición y duplicidad de estructura funcional que se establece por la Sedesol al operar los recursos del ramo 26, limita, lesiona y desalienta la iniciativa local y regional, porque si efectivamente se quisiera combatir a la pobreza, los fondos se entregarían de manera directa, sin tantos malabarismos y desviaciones que ocultan otros fines.

Señoras y señores diputados: es proverbial la excesiva presencia, intromisión innecesaria, duplicidad e invasión de competencias de las delegaciones federales en estados y municipios.

¿Qué hemos propuesto como grupo parlamentario en la LVI Legislatura para salir de la crisis del federalismo?

El Partido Acción Nacional, desde su origen ha manifestado una vocación federativa y ha pugnado siempre por una auténtica descentralización de la vida nacional y por un impulso al municipio libre, además, el PAN ha ostentado como uno de sus principios fundamentales el de subsidiaridad, que en términos simples se puede definir en el sentido de que no haga la entidad superior lo que puede hacer la entidad menor.

En Acción Nacional, hemos sostenido la importancia que las entidades federativas y los municipios se caractericen por una intensa vida política; porque se respeten las facultades que por su naturaleza le corresponden al ámbito local; se impulse un auténtico federalismo que atienda la diversidad de nuestra nación, sin que se rompa la unidad, pero que a su vez, no imponga la uniformidad. Este fue el propósito del Congreso Constituyente de Querétaro, al redactar el artículo 115 de la Carta Magna.

El pesimismo no forma parte de nuestra ideología política, pero para resolver un problema, se requiere un correcto diagnóstico y propuestas de solución viables y razonables.

En este sentido el 29 de noviembre de 1994, nuestro grupo parlamentario presenta por conducto del diputado Juan Antonio García Villa, una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de incrementar las participaciones federales a estados y municipios, de cuya exposición de motivos me permito extraer algunas ideas centrales:

"El perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación fiscal debe promover, como corresponde a un autentico federalismo, el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales, sin que ello signifique el deterioro o desequilibrio de las finanzas de la Federación. Frente a esta aspiración, nadie ignora que sigue siendo una realidad inobjetable de nuestra vida pública nacional la excesiva concentración de facultades y recursos a favor del ámbito federal, lo que ha representado la principal causa de atraso y desequilibrio en el desarrollo regional.

La actual política de coordinación fiscal, impulsada por el Gobierno Federal con el fin de homogeneizar el sistema nacional tributario, exigió a los estados suspender el ejercicio de su potestad tributaria, al obligarlos al sacrificio de diversas fuentes de ingreso propio. Por ello, a partir de 1980, se implantó un esquema impositivo, en el que prácticamente todas las decisiones en materia fiscal son tomadas por el Gobierno central e impuestas a los estados en forma unilateral.

En la actualidad además del mencionado estancamiento en los ingresos estatales y municipales provenientes de la participación en impuestos federales, la política de coordinación fiscal y la mecánica establecida por la ley para la distribución de los recursos, manifiestan la influencia de variables que obran en detrimento de estados y municipios, esto es, en perjuicio de los principios del autentico federalismo.

Hacemos notar que el sentido de nuestra iniciativa va también en la linea de los 20 compromisos que por la democracia, suscribieron la mayoría de los candidatos presidenciales, entre ellos, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Dichos compromisos corresponden a los números 11, 12 y 13: establecen elaborar una nueva legislación tributaria a nivel nacional que redistribuya las atribuciones fiscales entre los tres niveles del Gobierno y permita duplicar, en términos relativos, los ingresos de los estados y triplicar los de los municipios. Asignar el gasto federal destinado a combatir, la pobreza en proporción directa a su incidencia y grado en cadamunicipio del país, dejando bajo la responsabilidad directa del municipio la ejecución de los programas.

Descentralizar hacia los gobiernos estatales y municipales, funciones administrativas y servicios públicos que actualmente realiza el Gobierno Federal en su territorio.

En síntesis, la iniciativa propone incrementar el fondo general de participaciones del 18.51% actual al 40% de la recaudación federal participable para estados y municipios. Para evitar la generación de desequilibrios difíciles de amortiguar el aumento que se propone en favor de las finanzas locales será gradual hasta alcanzar en el cuarto año, es decir, en 1998, el mencionado 40%, por supuesto que esta iniciativa no ha sido ni siquiera discutida en comisiones.

También en esta legislatura por conducto del diputado Alejandro Díaz y Pérez Duarte, presentamos una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que se evite que determinadas actividades que realizan los municipios y para efectos de fortalecer sus finanzas, sean considerados causantes del impuesto a tasa cero y puedan solicitar la devolución del Iva que paguen por energía eléctrica, rentas o compras de materiales y equipos. Esta iniciativa ha corrido la misma suerte que la anterior.

También por conducto del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos se presentó una iniciativa para efectos de reformar el artículo 9o.A de la Ley de Coordinación Fiscal para efectos de que en estados y municipios donde existen puentes de peaje operados por la Federación se pueda convenir en que hasta el 100% de los ingresos obtenidos por la operación del puente de que se trate, sean destinados a proyectos prioritarios, así determinados y acordados por los tres órdenes de gobiernos en los municipios donde se ubiquen aquéllos.

Para resolver la crisis del federalismo en México a corto plazo, proponemos:

De inmediato incrementar los recursos tributarios participables a estados y municipios; es decir, incluir en la bolsa participable renglones de impuestos y derechos que hasta hoy no están considerados. Proponemos incrementar en forma gradual el porcentaje de distribución de recursos para que en un corto plazo se llegue a alcanzar un porcentaje de 8020 a 6040; los fondos destinados a este fin serían tomados del ahorro del gasto corriente que se obtendría del reajuste de paraestatales deficitarias, ejemplo la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o del reajuste de programas subsidiados que en realidad no llegan a quienes lo necesitan y que sirven para encubrir propósitos electoreros, la corrupción o el chantaje clientelar.

Proponemos una efectiva, sincera y exhaustiva revisión convenida entre el Poder Legislativo y Ejecutivo Federal, de la Ley de la Administración Pública Federal, para reducir el tamaño y cantidad de dependencias y programas que no se justifiquen en la atención de las funciones básicas de Gobierno y destinar estos ahorros al combate a la pobreza, a la educación, a la salud, a la seguridad o a la verdadera reactivación económica, vía municipios y gobiernos estatales.

Proponemos integrar los recursos del ramo 26 al ramo 28 y convenimos, que si es necesario, se establezca una fórmula especial para su distribución a estados y municipios, de tal manera que se evite montar estructuras dobles de la administración federal evitandose así las graves violaciones a las disposiciones constitucionales que actualmente se practican.

Estos fondos incrementados serían sin etiquetas, condicionamiento o amarre político, sirviendo para fortalecer solidaria y subsidiariamente los dos órdenes gubernamentales más cercanos a la población, sujetos sí a una efectiva contraloría social.

En el mediano plazo, atendiendo a que no hay soluciones mágicas o de la noche a la mañana, proponemos:

Una política de descontaminación del concepto federalismo.

En efecto, para nosotros el asumir una estrategia de redimensionamiento y fortalecimiento del federalismo, consiste en mantener una permanente voluntad política por ser originales y la originalidad no está en la novedad, sino en el retorno, en la búsqueda del sentido original del concepto.

El PRI, y dicho con todo el respeto parlamentario, ha confundido la originalidad con la novedad; le llama nuevo a lo que es tan antiguo y definido, que nunca se ha puesto en cabal práctica; el verdadero, el auténtico federalismo es respeto a la jerarquía de los tres órdenes de gobierno que los mexicanos nos hemos dado; es expresar con hechos la voluntad política de promover y saber coordinarse en lo que sería la variable de federalismo cooperativo con los ejes básicos de solidaridad y subsidiaridad; creemos que es necesario, en el mediano plazo, continuar la revolución de la pirámide estructural del poder público en México; hoy gracias a la presión de los partidos de oposición, la democracia, el esquema verdaderamente republicano de práctica y respeto a la división de poderes, son valores que están a discusión en una reforma del Estado mexicano que va a quedar como asignatura pendiente en la agenda nacional para un cambio de fondo en la materia.

Vamos de la periferia al centro en un cambio pacífico pero seguro.

El tránsito al proyecto nacional democrático, republicano y federal indefectiblemente llegará para asegurar a quienes viven sin esperanza, niveles de gobierno que resuelvan con oportunidad y eficacia las necesidades básicas de nuestras comunidades y nos den a todos la oportunidad de progresar en libertad y justicia.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Tiene la palabra para este mismo tema el diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz.

El diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz:

Con su permiso, señor Presidente: Con objeto de no prolongar esta sesión, solicito que esta intervención que habíamos preparado sobre el mismo tema del federalismo, se asiente en el Diario de los Debates y se inserte como si se hubiera leído en tribuna.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye de igual manera a la Secretaría para que este documento se inserte en el Diario de los Debates.

«Federalismo y municipio.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Congreso Constituyente de 1824 asentó en sus tesis principales lo que era una de las aspiraciones más caras de la joven nación: lograr una República federada, compuesta de estados soberanos unidos en un mismo sueño.

El Siglo XIX se encargaría de demostrar cuán difícil y costoso era alcanzar ese alto objetivo. Luchas intestinas y la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio fueron algunas de las más graves consecuencias.

Como respuesta histórica a la disgregación, regionalismo y separatismo, el porfiriato acentuó el centralismo que nos ha acompañado en buena parte de nuestra historia.

En respuesta a este centralismo porfirista, una de las aspiraciones del Constituyente de 1917 fue el fortalecimiento del federalismo y del municipio.

El federalismo no es un acto administrativo solamente. El impulsar un país de estados soberanos reunidos por convicción en una sola República es fundamentalmente una tarea política.

En un principio, el federalismo fue un acto fundacional; hoy, es una acción que se entrelaza con las demás tareas democráticas de la nación.

En el federalismo está la precondición básica para construir un país fuerte, democrático en lo político, en lo económico y en lo social.

Por esta razón, en estos últimos años de cambio acelerado, es impostergable la renovación de nuestro federalismo alrededor de cuatro características básicas:

a) Fortalecer al nacionalismo y el pleno respeto al estado de derecho;

b) Consolidar la democracia plena y el respeto a la soberanía de los estados;

c) Promover un desarrollo regional más equilibrado, basado en criterios de sustentabilidad y justicia social y

d) Propiciar el fortalecimiento de la unidad histórica y una visión común para el futuro sobre la base de la pluralidad cultural y política.

Es decir, unidad en la diversidad. Libertad para que se exprese la pluralidad y se fortalezca el conjunto.

Estamos convocados a la renovación. Esto no significa inventarlo todo de nuevo o desechar todas las fórmulas del pasado.

Retomar lo mejor de las tradiciones republicanas y fundirlas con las mejores aspiraciones democráticas es el imperativo del momento para concretar un federalismo moderno, honesto, incluyente y sobre todo, que acerque a la sociedad a la tarea de gobernar.

Nuestro objetivo como país para los próximos años será continuar por la senda del federalismo para hacerlo cada vez más articulado y cooperativo, garante de la soberanía y de la unidad de propósitos.

Con esto no se pretende impulsar una independencia absoluta ni aislar los diferentes ámbitos de gobierno, sino el establecer una adecuada coordinación entre los mismos y con respecto a la población.

Bajos estos principios y con el propósito de lograr una redistribución de competencias, responsabilidades y tareas entre el Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos locales y con ello acercar la toma de decisiones a las comunidades de nuestro país, deben impulsarse dos tipos de tareas en lo inmediato.

En primer lugar, cabe hacer una evaluación de lo que significa el federalismo para nuestro proyecto de nación en los próximos años y lo logrado en estos últimos tiempos.

En segundo lugar, es conveniente hacer una reflexión y una discusión colectiva de las medidas más eficaces, no sólo de corte administrativo, que habrán de impulsarse para fortalecer el federalismo.

Entre estas medidas cabría destacar algunos temas de interés fundamental para una rica discusión sobre el federalismo y la consolidación del municipio:

a) Participación popular en las tareas de la célula básica, es decir, el municipio. La experiencia de algunos municipios, tanto gobernados por la oposición como por el partido al que pertenezco, nos habla de la necesidad de acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones, sobre todo a partir de figuras legales y políticas que habrá que definir;

b) Garantizar que en paralelo al proceso de federalización y descentralización a los estados, se lleve a cabo un procedimiento similar a nivel de los municipios;

c) Profundizar el proceso de federalismo fiscal para aumentar hasta un nivel deseable posible mayores recursos para el ejercicio soberano de los estados.

Asimismo, promover los cambios legales que garanticen una participación efectiva de los estados y los municipios en la elaboración de la política económica;

d) De igual forma, continuar el proceso de descentralización del gasto social, no sólo a través del aumento de los recursos en esta materia, sino por medio de la participación activa de los estados y los municipios en la planeación de los programas sociales.

No puede haber una política social consistente y duradera en las actuales condiciones del país, sin la acción y participación del factor regional, sin la modificación del marco institucional y jurídico en favor del federalismo y la descentralización.

Los esfuerzos realizados en estos años no han sido menores. En el plan nacional de desarrollo se ha establecido claramente la estrategia integral para ampliar recursos, funciones y responsabilidades en el ámbito político en favor del federalismo.

De esta forma, los logros en algunos rubros han sido sólidos y encaminados a lograr un fortalecimiento de los estados y municipios.

Cabe mencionar, entre otros, el grado de avance en materia de federalismo hacendario, descentralización de los sectores de la administración pública federal, fortalecimiento del desarrollo político institucional y del control y desarrollo administrativo.

En cuanto al federalismo hacendario, en 1996 se incrementaron las participaciones a las entidades federativas al pasar de 18.51% al 20% de la recaudación federal participable. Esta y otras medidas propiciaron un incremento en términos reales de dichas participaciones.

Para este año se espera que las participaciones se eleven más en términos reales. Hoy día, de cada peso de recaudación fiscal participable se transfiere estados y municipios 51 centavos.

En este mismo rubro, las entidades federativas recibieron mayores ingresos como resultado de incrementos en su participación directa en recaudación de algunos impuestos federales.

Estas y otras medidas de corte hacendario, aprobadas en este recinto y aplicadas a pesar de la crisis más severa sufrida por nuestro país, nos hablan de decisión firme de continuar por esta senda.

Insistimos en la idea que el gran salto es que en el futuro también las decisiones de política económica se formulen de común acuerdo con los estados y municipios.

En otras áreas de la administración pública federal ha sido patente lo conseguido. Mencionemos los esfuerzos que se han llevado a cabo en las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes.

En cuanto al aspecto político institucional, se han atendido las necesidades de una sociedad compleja y plural. Así, se han impulsado cambios en materia electoral, de población, de impartición de justicia, de seguridad nacional y de seguridad pública, entre otros.

En todas estas medidas ha habido varios ejes que han animado las acciones:

1) Descentralizar para devolver a los estados y municipios lo que se les había tomado por una implacable dinámica centralista;

2) Descentralizar para lograr una mejor coordinación y eficacia de las acciones y uso de los recursos;

3) Descentralizar para mejorar la calidad de los servicios y ampliar la participación de las comunidades;

4) Descentralizar con objeto de compartir responsabilidades y recursos y poder tomar las decisiones donde se generan los problemas y

5) Descentralizar para contribuir a dar mayor orden y creciente armonía a la vida nacional.

Es claro para todos nosotros que el centralismo excesivo es obsoleto e inoperante.

Los priístas no lo reconocemos de ahora sino desde hace más de dos décadas, en que programática y sistemáticamente exigimos y apoyamos la descentralización a estados y municipios.

Cuando la descentralización sólo era un arma discursiva para la oposición, gobiernos emanados de nuestro partido avanzaban, hace 20 años, en el fomento de proyectos y programas de fortalecimiento regional.

Cierto, se ha avanzado muy lento, pero ha sido en la dirección correcta. Es necesario ahora, ante la fuerza de los hechos, vencer las fuerzas centralistas que existen en todos los partidos y corrientes y caminar más rápido en la descentralización.

El impulso al fortalecimiento municipal es una genuina aspiración histórica de toda la nación, en la que por cierto hemos sido pioneros en los hechos.

Para nosotros el concepto de municipio se refiere a la célula básica de gobierno, al enlace más cercano con la ciudadanía.

Esto significa que el municipio tiene un doble papel que hasta ahora, por razones históricas, no ha podido cumplir.

Por un lado, el municipio es la célula básica de gobierno; por otro, es el receptor, vale decir, el gestor, de las aspiraciones de la comunidad que habita en él.

La experiencia de algunos municipios en poder de la oposición demuestra que existe la tendencia de cumplir sólo el papel de gobierno, pero no se toma en cuenta a las comunidades vivas y actuantes que en ellos habitan.

Es decir, se gobierna a las comunidades, mas no se gobierna para y con ellas.

Hace dos décadas, cuando los gobiernos emanados del PRI buscaban la forma de fortalecer al municipio, la bandera del municipalismo tenía un valor sólo documental para la oposición.

Ahora esta bandera se desentierra y se agita, ignorando los avances, la discusión actual sobre el tema y las intenciones de todas las corrientes por modificar el excesivo centralismo.

El municipalismo y el federalismo no son propiedad de ningún partido.

Deben ser banderas que puedan ser traducidas en iniciativas veraces, consultas con regiones impulsadas mediante acuerdos que busquen en todo momento el consenso de partidos, corrientes, regiones.

Insistimos, el centralismo es un fenómeno cierto, producto de nuestro desarrollo histórico y cultural. Fuimos y somos los primeros en pugnar por su terminación.

Pero, atención con la historia del Siglo XIX, no vamos a trocar centralismo por regionalismo disgregante; no debemos caer en caciquismos locales sean del color que sean.

En todo caso, vamos a cambiar al centralismo por democracia y federalismo equilibrado.

Debemos dejar clara nuestra vocación por el federalismo, la descentralización y el apoyo al municipio.

El pasado reciente y las posturas y acciones de la actual administración revelan con toda precisión nuestro interés y compromiso por impulsar el proceso de descentralización y federalismo.

Por último, es necesario dejar sentado que la discusión sobre federalismo y municipalismo debe ser parte esencial de una serie de cambios mayúsculos que hemos denominado reforma del Estado.

Sólo ubicado en este contexto, el federalismo podrá ser un eficaz medio de dar a los mexicanos un mejor gobierno y una más eficiente administración de los recursos y no sólo una distribución de pesos y centavos.

Convoquemos, pues, a seguir empujando aquello que para los padres fundadores de la República era camino y objetivo.»

Muchas gracias.

El Presidente:

Para este mismo tema hace uso de la palabra el diputado Luis Rico y Samaniego, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Alberto Rico y Samaniego:

El tema de federalismo, como lo dijo Rafael Ayala, es un tema de discurso presente en todos los actos electorales, pero ausente de la vida nacional.

Este mismo tema que mis dos anteriores colegas han declinado, para no hacer mal tercio, lo haré igualmente. Sólo quiero decir que el federalismo, el gran tema pendiente que el Ejecutivo Federal prometiera a la nación, es el tema que está haciendo sangrar prácticamente a los municipios y a los estados; está haciendo que los gobernadores y los alcaldes vengan al D.F. a suplicar migajas en obras. Este gran tema tiene que definirse en las próximas sesiones de la Permanente.

Le pido al Presidente que ordene a la Secretaría insertar como si se hubiera presentado en tribuna.

Muchas gracias.

El Presidente:

Así se hará, señor diputado.

Se instruye a la Secretaría para que este documento quede insertado en el Diario de los Debates.

«Federalismo: cuenta pendiente en México

Señor Presidente; señoras y señores diputados:

México vivirá, legisladores de mi país, un proceso único en la historia patria, por primera vez desde la conquista pasando por el virreinato, la Independencia y la Revolución, los habitantes de una de las ciudades más grandes del mundo podrán elegir quién los gobierne. Por primera vez a los habitantes de la capital del país se les reconoce la mayoría de edad, la capacidad y la conveniencia de decidir quién los deberá gobernar, decidirán quién merece la confianza de manejar el alto presupuesto global y per capita y todos los recursos materiales y humanos con que cuenta la actual regencia para así mejorar la habitabilidad de esta enorme y compleja ciudad.

Este avance, muy significativo por cierto, es también insuficiente, insuficiente porque los delegados seguirán siendo nombrados por el gobernador que se elija.

Ciertamente es un logro de los que se ufana Acción Nacional, porque es una añeja exigencia suya, una machacona exigencia como tantas otras que reiteradamente el sistema presidencialista seudodemocrático, caduco y cerrado fue obstruyendo una y otra vez.

El mundo cambia con rapidez de rayo láser, aun en los aspectos sociopolíticos que anteriormente tardaban varias décadas en realizarse. Se derrumbó pacífica pero estrepitosamente la otrora poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se derrumbó el oprobioso muro de Berlín, se reunificó Alemania y se han dado más de 20 exitosos procesos de transición a la democracia en cuatro continentes, ahí están los procesos de Portugal, España, Sudáfrica, Argentina, Chile, Nicaragua, El Salvador sólo por citar unos cuantos.

Todos estos procesos partieron de una situación antidemocrática y represiva y arribaron finalmente a estadios superiores de desarrollo políticosocial, pero en México, señoras y señores legisladores, el proceso de transición corre el riesgo de arribar no digamos al punto de partida, que esto ya sería una aberración histórica, sino aún peor, arribar atrás del punto de partida, de esto hay numerosos, frecuentes y muy preocupantes indicadores políticos y sociales, ahí están el enorme gasto electoral, como si se fuera a elegir presidente y todos los senadores; ahí está el Presidente más ocupado en promover abiertamente al PRI y en descalificar arteramente a la oposición, que preocupado en promover a la mitad de la población que se empobrece día a día; ahí está la iniquidad en el uso de medios que con corazón contrito el Presidente reconoció aquí y en el extranjero; ahí está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el EPR.

La gran reforma del Estado que el presidente Zedillo prometió a los mexicanos, sólo quedó en un avance importante en materia electoral, pero aún lejos de lo que México necesita, quedó en el aire la dignificación del Poder Legislativo, buena cuenta de ello nos dan los albazos, quedó también en el aire la sana distancia que el doctor Zedillo ofreció mantener con el PRI, para convertirse en cercanía identificadora, quedó en el aire la separación de poderes y también la promesa de combatir la impunidad, díganlo si no los fraudes a la Conasupo, con su interminable cadena de tapaderas, incluyendo las de esta legislatura, los fraudes al IMSS, a la banca a Hacienda etcétera.

El Presidente de la República sigue siendo el principal, yo diría el único legislador, el 91% de las principales iniciativas aprobadas, se originaron en el Ejecutivo, y sólo el 9% de insignificantes reformas o adiciones a leyes existentes se deben al Legislativo y la mayoría propuestas por el PAN. Así, el Ejecutivo está dispuesto a continuar con esto, enviar cuanta iniciativa sea necesaria para que su mayoría las apruebe ciega y sumisamente.

Así, en esta increíble paradoja todo puede cambiar para que todo siga igual, se puede cambiar la Constitución cuantas veces el Presidente considere adecuado, el Cofipe, la leyes financieras etcétera, pero mover un ápice para que los estados y municipios sean realmente libres, soberanos y autónomos, como los define la Constitución, al destinarles recursos económicos suficientes, ¡eso jamás!, porque si se rompe ese mágico, centralista esquema de las participaciones federales a estados y municipios, se le acaba el poder al Ejecutivo y eso el Gobierno Federal ha demostrado por años no estar dispuesto a ello. Quiere conservar el dinero para conservar el poder, ¡una auténtica figura patrimonial y centralista presidencialista del siglo pasado!

Ninguno de los países modernos que en su Constitución se afirme que son una república federal, los estados y municipios, manejan participaciones tan raquíticas como los estados y municipios manejan en México.

Para conservar este oprobioso sistema, el presidente Zedillo necesita la mayoría priísta.

México requiere un cambio urgente y profundo, requiere de un cambio que haga realidad el federalismo, no el oficialista que dice que más del 50% del presupuesto se ejerce en los estados y municipios y que por lo tanto el nuevo federalismo es una realidad, pero calla que el gasto lo ejercen las dependencias del Ejecutivo con normas, etiquetas supervisión y control del centro.

No, se requiere un auténtico federalismo, ese que consiste en que funciones y responsabilidades recaigan en los que están más cerca de las necesidades de los mexicanos; es decir; en alcaldes y gobernadores.

México requiere además un cambio que haga posible que la riqueza que se genere se reparta en forma justa, porque la riqueza que han generado los mexicanos se ha distribuido con gran injusticia, ha ido a hacer más pobres a la mayoría y enriquecido a muy pocos y esto es un logro del partido que se dice de centro que todavía desgobierna a México.

Con la tercera parte de la crudeza de este fenómeno masivo empobrecedor en cualquier país democrático hubiera sido suficiente para cambiar de Gobierno.

Hagamos pues que la próxima legislatura empiece a rescatar para los mexicanos el auténtico federalismo.

Gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de abril de 1997. Diputado Luis Alberto Rico y Samaniego.»

El Presidente:

Para rectificar hechos, hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rafael Núñez.

El diputado Rafael Núñez Pellegrín:

Gracias, señor Presidente:

Dado lo importante del tema del federalismo, quisiera pedirle, señor Presidente, que mi participación también sea incluida en el Diario de los Debates como testimonio a lo que hemos venido discutiendo y que anhela el pueblo de México: tener un auténtico federalismo para mejor organización, administración y vida republicana en este país.

Hago entrega aquí de mi participación.

El Presidente:

De igual manera se instruye a la Secretaría para que el documento presentado por el diputado se inserte en el Diario de los Debates.

«El federalismo en México.

Realidad actual de estados y municipios.

No es nada agradable hablar de la realidad que viven los estados y municipios en nuestro país, dada la carencia de una serie de elementos que limitan su pleno desarrollo regional.

Observamos, por un lado, dos ordenamientos jurídicos simultáneos, uno que corresponde a los estados y el otro que es propio del ámbito federal. Bajo estos ordenamientos actuales tenemos que aceptar que no puede haber un auténtico federalismo, si estados y Federación no gozan de atribuciones jurídicas y políticas suficientes para organizar y subsistir con relativa autonomía y promover su desarrollo dentro de la estructura federal.

Esto puede lograrse en la medida que se le vaya dando vigencia a un auténtico federalismo, a través del cual se otorgue la suficiente libertad a los estados y municipios, a fin de que éstos puedan encauzar las energías, la creatividad y el talento de los mexicanos, dentro de un marco institucional mejor ordenado, que permita impulsar el desarrollo nacional y regional de manera eficiente.

Esta lucha, muy sentida por cierto, tenemos que vincularla al origen de Acción Nacional, en donde el trabajo político y legislativo, desde sus fundadores hasta los tiempos actuales, ha sido sumamente importante, misma que se ha venido renovando día tras día desde hace más de medio siglo y lo que en su oportunidad propusieron sus primeros legisladores, es lo mismo que hoy impulsamos nosotros.

Nada fácil es esta lucha sin duda, pues hemos encontrado siempre la fuerza del "autoritarismo, el presidencialismo y el centralismo", reconociendo además, dentro de estas limitantes, la influencia del partido del Presidente o "partido de Estado", como lo califican muchos mexicanos.

El centralismo absoluto que hemos padecido es perfectamente entendible y no habría sido posible bajo un régimen de efectiva división de poderes, tampoco habría sido posible en un estado democrático, ya que con la participación de una sociedad con voz y sufragio efectivo, hubiera detenido desde hace varias décadas las viejas y actuales prácticas centralizadoras.

A raíz de estas prácticas, los estados y municipios han venido reclamando y con toda justicia, una mayor distribución de recursos y atribuciones que les permitan atender las demandas más reiteradas de la población, sobre todo de quienes más carencias tienen.

Cabe entonces cuestionar la forma en que se distribuyen los recursos a través del famoso convenio de "coordinación fiscal", en el que se asigna un 20% de la captación total a los estados y de éste un 4% se distribuye a los municipios. Si consideramos que las demandas de la población se reclaman por la vía de los municipios en un 90% o más, entonces ¿cómo puede justificarse esa relación de un 4%90%?, o ¿cómo se puede aceptar tanta indiferencia que raya en la crueldad, por no decirlo en la deshonestidad del régimen actual?

¿Cómo puede el Gobierno Federal sostener esta práctica? ¿Cómo la puede justificar? ¿Qué razones tiene?

Obviamente que no tiene argumentos ni razones que le puedan justificar este régimen perverso que ha llevado a la insolvencia total a los estados y municipios, independientemente de la alta corrupción que se ha generado en la administración pública y que frecuentemente hemos señalado en esta tribuna.

Ante esta situación real, incluso dramática, que viven estados y municipios, tiene que hacerse algo y no hay espera, pues las finanzas de los estados y municipios deben ser saneadas, no nada más en apoyar el pago de sus pasivos, sino en la asignación de mayores recursos, a fin de que puedan cumplir con su objetivo: servir eficientemente a sus gobernadores e impulsar el desarrollo regional y nacional.

Quiero afirmar que estos reclamos no admiten demora, tampoco más demagogia ni engaños ni maniobras. Esto lo reconoce el régimen, pero no se ha decidido a impulsar el nuevo federalismo del que tanto habla, pero que en la práctica poco caso le hacen. Como ejemplo, cito textualmente las exposiciones de un destacado priísta: "Ha llegado la hora de liquidar el centralismo y coadyuvar al despliegue de la fuerza de las regiones, que dan identidad, energía y pluralidad a México.

Ha llegado la hora de un nuevo federalismo, en que los gobiernos locales cuenten con los recursos y el poder de decisión para servir mejor al ciudadano."

Estas fueron palabras del presidente Zedillo durante su toma de posesión y en su primer informe, en septiembre de 1995, tocó nuevamente el tema diciendo:

"He propuesto un nuevo federalismo porque es la mejor alternativa para propiciar el desarrollo integral de la nación, fecundado en la suma de regiones prósperas, estados y municipios fuertes; un nuevo federalismo que impulse la unidad respetando la diversidad geográfica, social y cultural; un nuevo federalismo que efectivamente combata rezagos y mitigue contrastes."

Como puede apreciarse, el presidente Zedillo ha fijado claramente su posición respecto a la necesaria aplicación del federalismo, pero la realidad es contrastante frente a los hechos, ya que lo único que se ha logrado es un mínimo en materia de salud, educación y el ramo 26, desde luego con una fuerte dosis de centralismo e intereses partidarios, como ha sido la práctica tradicional del grupo en el poder, incluyendo, como es costumbre, al propio Presidente de la República.

Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 1997. Diputado Rafael Núñez Pellegrín.»

FINANCIAMIENTO EXTERIOR

El Presidente:

Para una precisión sobre el documento presentado acerca del financiamiento del exterior, hará uso de la palabra el diputado Héctor San Román Arreaga, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Héctor San Román Arreaga:

Gracias, señor Presidente:

Con el respeto a los héroes que estén fatigados, les pido unos minutos de su atención.

Primero, compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, quiero hacer constar que no vengo como enemigo jurado de ninguno de los diputados de oposición. En otro orden de ideas, me presento ante esta tribuna para hacer comentarios respetuosos a nombre de mis compañeros del sector obrero respecto a un documento firmado por dos diputados que no menciono su nombre porque no están aquí presentes.

Iniciaré mi intervención con lo que señala el punto cuatro de su documento, en donde señalan y citaré: "consideramos inaceptable esta campaña sustentada en falsedades".

Recurrimos para hacer velo a nuestra ignorancia, lo que son las falsedades. "Falsedad: calumnia, chisme, inexactitud, sofisma, falacia, engaño, argucia, tergiversación"; curioso, verdaderamente curioso.

Por otra parte, cito el punto tres: la cooperación internacional es legal y legítima y nunca ha sido a costa del sometimiento de organizaciones como las que firman este documento; "someter, acatar, supeditarse, vincularse, obedecer, plegarse, entrar en vereda, doblar rodilla, doblar la cabeza, ceder o morder el polvo", esto es, se recibe sin nada a cambio, perfecto. Pero bueno, esto es parte de la dicotomanía de quienes promueven el desarrollo e inventan la democracia en beneficio de nuestro país.

En síntesis, se han formulado proyectos de forma autónoma para ser presentados a fundaciones mexicanas y extranjeras en un marco de legalidad, sin liarse, sin sometimiento. Se ha actuado con gran transparencia informando a la opinión pública el origen de los fondos. ¡Ojo!, existen informes, esperamos leerlos.

La molestia es que al impulsar modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y una adición al párrafo 7o. que pretendíamos los diputados del PRI y sobre todo los diputados de la fracción del sector obrero, está prohibido a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y a cualquier otra organización cuya función preponderante sea la actividad cívicopolítica o de vigilancia, observación y promoción electoral, obtener financiamiento público o privado proveniente del exterior.

Dentro de los anexos, ustedes presentan varios artículos y me voy a permitir leer algunos de ellos que podrán dar luz ante algunas mentes cansadas y confusas. Pero volvamos a lo que ustedes consideran inaceptable: las falsedades, la calumnia, el arma de la cobardía, pues no se vale imputaciones calumniosas y ahí estábamos de acuerdo con ellos.

Ustedes hacen señalamientos falsos, calumniosos, cuando señalan que la CTM recibió en 1985 100 mil dólares del National Endowment for Democracy y nos envuelven en esa falsedad con limpieza, la rectitud, lo legal, la transparencia y el no sometimiento de las ONG; vámonos respetando. La CTM es una organización sindical sociopolítica independiente, soberana, autónoma, nacionalista y sobre todo no actúa con base en una dádiva nacional o extranjera. Como decimos, vámonos respetando.

A quienes se señalan como víctimas y han pedido la inscripción a estas falsas acusaciones en los Diarios de los Debates, les damos puntual, a nombre de la diputación obrera, como miembros del PRI, como miembros de la CTM, presento los informes correspondientes a la CII, CIII y CIV asamblea general ordinaria del honorable consejo nacional de la CTM, correspondiente precisamente a los años 1985 y 1986 para demostrar que de acuerdo a esos documentos y al documento en que se nos acusa, que no somos miembros del consejo directivo de la fundación a que se hace referencia, que tampoco somos funcionarios o empleados de la misma y mucho menos receptores de dádivas que someten, que pliegan, que vinculan, que supeditan y que obligan a doblar la cabeza ante la promesa de una dádiva, viniese de donde viniese.

Cabe hacer una pregunta: ¿son falsas las acusaciones que se les han hecho a los medios de comunicación? Esperamos que su actuación transparente, demuestre ante la opinión pública, como ustedes informan, incluso lo que ustedes reciben. Que yo recuerde, en cabildeos privados a la firma del Tratado de Libre Comercio y aquí sí voy a mencionar un nombre la señora Mariclaire Acosta y el señor Jorge Castañeda entre otros, iniciaron precisamente en los Estados Unidos cabildeos en contra y críticas a nuestro país incluso ante los miembros del congreso norteamericano.

La otra pregunta: ¿de acuerdo a la copia anexa sobre la publicación de abril 15 de este año de Cartelera Política del señor Angel Viveros ONG (nidos de espías, agregaríamos) es necesario el financiamiento, la dicotomía que necesariamente obliga? Según ustedes el financiamiento público que contempla la ley no es lo suficientemente amplio y generoso que se requiere, pese a que la observación la realizan voluntarios y el carácter de tal actividad no es lucrativo; sin embargo requiere papelería, materiales, hospedaje y comunicación y para esto, precisamente para esto se requiere de un financiamiento que como donativo debe ser cuantioso y no en moneda nacional.

En esta dicotomía muchas veces perversa, se anteponen los intereses personales, los viajes todo pagado, el cheque o lo más importante, qué debe ser el interés nacional.

Estamos rodeados ante un murmullo y un tanto quejumbroso y protestante y mira, escucha y critica con disgusto la respuesta contundente a una calumnia. Enemigos recalcitrantes hoy convertidos en celosos guardianes de la democracia, enemigos probados, esforzados militantes del antiPRI, buscan en la lógica electoral con sus amigos no equivocados, financiamiento para grupos alejados de imparcialidad, aplaudan o condenen bajo el siguiente esquema: si pierde el PRI, las elecciones serán legales, transparentes y creíbles. Si gana, como seguramente será el caso, por trampa, fraude o cochupo, que quede asentado, la independencia y la autonomía de la CTM no puede quedar en entredicho y debemos tener claro el sentido de la realidad; no seguir el camino de la realidad no sólo es torpe sino significativamente inmoral.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente:

Se toma nota, señor diputado.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente:

Acerca del Estado de Chihuahua hace uso de la palabra el diputado Guillermo Alberto Luján Peña, del PAN.

El diputado Guillermo Alberto Luján Peña:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En virtud de que el tema que tengo anotado sobre el Estado de Chihuahua, se encontraba anotado desde la semana pasada por considerarlo un tema de interés inclusive nacional, pero en virtud de que es pasada la medianoche, le solicito a esta Presidencia que la intervención que entrego por escrito se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente:

De acuerdo, señor diputado. Se instruye a la Secretaría para que la intervención del diputado Guillermo Alberto Luján Peña, se inscriba en el Diario de los Debates.

«Acudo el día de hoy a esta tribuna porque los últimos días o semanas se ha tratado de desprestigiar a las administraciones municipales o estatales que han surgido del partido Acción Nacional y creo que han sido mucho más los aciertos, que los errores, que como seres humanos pueden haber cometido. Pero lo que sí es muy claro para la ciudadanía es que cuando ha habido errores nunca ha sido con la intención de perjudicar a alguien o beneficiarse a sí mismo.

También quiero dejar muy claro que no es la intención de mi intervención de modo alguno, desprestigiar la actuación del anterior gobernador del Estado de Chihuahua, licenciado Fernando Baeza Meléndez, ya que en lo personal debo manifestar que ha sido quizá el mejor gobernador que ha tenido Chihuahua emanado del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo debo de hacer una permanente referencia a su sexenio por ser el sexenio inmediato anterior al actual que es gobernado por mi partido.

En 1992 por primera vez en la historia de Chihuahua toma posesión del gobierno estatal, un gobernador de un partido diferente al que había gobernado en los últimos 60 años, un gobernador emanado del Partido Acción Nacional: Francisco Barrio Terrazas. A partir de entonces voy a tratar de darles cifras comparativas entre lo realizado en cuatro años y medio de una gubernatura panista con los seis años anteriores de la última administración priísta y como sé que las cifras resultan tediosas voy a tratar de ser lo más breve y lo más puntual para no cansarlos.

En 1992 al iniciar la administración, se generaban apenas 159 empleos por año, a cuatro años y medio y pese a que vivimos la crisis más severa del siglo y la sequía más intensa de que se tenga memoria, durante los primeros cuatro años de la actual administración estatal, Chihuahua ha venido repuntando de manera increíble y ocupa actualmente el primer lugar nacional con la generación de 48 mil empleos anuales y 10 mil empleos temporales para llegar casi a los 60 mil empleos por año.

En el Estado de Chihuahua la industria maquiladora es una gran generadora de empleos, pero que se había establecido básicamente en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. En estos cuatro años y medio se ha seguido una política de desconcentración industrial, llevando la industria y maquiladoras a 26 comunidades diferentes, arraigando además así a la gente en su lugar de origen y todo lo que esto conlleva.

Una actividad que se encontraba prácticamente "muerta" era la minería y con ello sus pueblos fantasmas, los cuales al inicio de la administración sólo existían seis proyectos de inversión y todos ellos pequeños. Hoy a cuatro años y medio de distancia el Estado se encuentra en los primeros lugares en la explotación de diversos minerales y existen 69 proyectos de inversión para 38 municipios, algunos de ellos con inversiones superiores a los 120 millones de pesos.

Al inicio de la administración se encontraban todas las fuerzas productivas dispersas, lo que llevó al gobernador Barrio a presionar a los empresarios, sindicatos y demás fuerzas productivas para que dejaran de estarse quejando y todos caminaran en una sola dirección. Así nace el proyecto "Chihuahua Siglo XXI", que es un plan a largo plazo y que involucra a los sectores académico, laboral, empresarial, a los ayuntamientos y por supuesto al gobierno estatal. "Chihuahua Siglo XXI" ha sido un ejemplo, el cual se ha llevado a foros internacionales organizados por el Banco Mundial, como son Marruecos, Turquía, Washington y Brasil.

El Instituto Tecnológico de Monterrey realiza dos veces al año un estudio que se llama "tendencias actuales en México y en el mundo" en el que se analiza la posición competitiva de cada uno de los estados mexicanos, basado en la evaluación de nueve factores básicos que engloban un total de 157 indicadores. En el último resultado, Chihuahua ocupó el primer lugar nacional en la administración de recursos públicos y pasó del 6o. al 3er. lugar a nivel nacional en competitividad en los últimos dos años.

En sólo cuatro años y medio, Chihuahua pasó a ser el primer lugar nacional en la recuperación de autos robados; antes de esto Chihuahua era considerada por las autoridades policiacas del estado de Texas como "la banda más grande de robacoches". Hoy las mismas autoridades texanas señalan que la internación a México de unidades robadas en los Estados Unidos, se hace a través de otros estados fronterizos, porque si lo hacen a través del Estado de Chihuahua hay el 66% de posibilidades, de que ese automóvil sea recuperado por su dueño. La media nacional en recuperación de autos robados es la mitad de la que tiene el Estado de Chihuahua, es decir, el 33%.

Debo de mencionar que al inicio de la actual administración había más de 500 autos robados que eran conducidos por judiciales y comandantes. Hoy día ningún auto robado es conducido por las autoridades judiciales estatales. Para que esto funcionara mejor se hizo necesaria una reforma al Código Penal para que los ladrones de autos no salieran libres bajo fianza, esta reforma constitucional ha contribuido a desanimar la comisión de este delito. Actualmente hay más de 190 robacoches en prisión.

Nuestro Estado, como muchos otros, ha padecido de secuestros, pero creo que somos de los estados con menos secuestros en el país y esto se debe a la efectividad con que han sido resueltos. De 29 secuestros que se han presentado en el Estado, en la actual administración, se han esclarecido sanos y salvos 28 de ellos y en varios casos se ha recuperado el monto exigido por los secuestradores.

Una de las características de este modelo policiaco es que la Policía Judicial del Estado depende del Ministerio Público; esto es, el primer comandante y los subprocuradores fueron designados desde un primer momento por el propio procurador y no por el gobernador, como sucedía antes. De esta manera el gobernador ya no pasa por encima del Procurador para instruir a los comandantes de la Policía Judicial, situación que se prestaba a irregularidades.

Todos los comandantes y subprocuradores actuales no han sido designados desde arriba como antes, ellos fueron agentes que se han venido superando y han llegado a estos puestos por méritos propios o mediante concursos abiertos, por capacidad, por honestidad y por profesionalismo.

Los trámites administrativos del Estado también han cambiado radicalmente en los últimos cuatro años. Así, las actas de nacimiento que antes tardaban varios días, hoy se entregan en un minuto. Antes, para registrar a un niño era un trámite que se llevaba toda la mañana. Hoy se hace en dos o tres minutos. Por la implementación del programa de modernización del Registro Civil las principales 12 ciudades cuentan ya con sistema computarizado para la obtención de actas certificadas y están interconectadas entré sí y listos para enlazarse con otros estados de la República... el problema es que hasta el momento no hay registros civiles en otros estados que estén preparados para ello.

Hoy las personas no tienen que trasladarse a su lugar de nacimiento para obtener un acta de nacimiento, sino que lo pueden hacer en su mismo lugar de residencia, sin los gastos que esto implica.

También el Registro Público de la Propiedad se ha modernizado y es hoy uno de los más modernos de América latina, con la posibilidad de que notarios y bancos puedan hacer consultas desde sus oficinas. Al inicio de esta administración estatal se tomaba prácticamente un mes para sacar un expediente y se tenía un rezago de 7 mil documentos. Hoy, con el sistema computarizado del registro público y con un programa de calidad total se obtienen los expedientes en seis horas aproximadamente y prácticamente no se tiene rezagos.

Antes de esta administración en Chihuahua, las elecciones provocaban grandes polémicas, pleitos, manifestaciones y hasta divisiones familiares que hoy día, con la reforma electoral que se llevó a cabo por el Congreso local anterior, de mayoría panista, los resultados de las elecciones se conocen 24 horas después de los comicios y se entrega de inmediato la constancia de mayoría a los ganadores y los perdedores se van a su casa. Así, en la última elección local de 1995 hubo algunos municipios que se ganaron o perdieron por menos de 10 votos y no se tuvo ninguna inconformidad importante.

El gobernador Barrio no sólo ha pregonado la separación real de poderes, sino la ha practicado tanto con el Poder Legislativo como con el Judicial, a los cuales de entrada el gobernador rechazó que le propusieran "ternas", como acontecía en sexenios anteriores. No sólo ha sido respetuoso de los otros poderes, sino también con la Universidad Autónoma de Chihuahua y con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la cuales los rectores fueron electos en procesos internos sin ninguna intervención del gobernador.

Asimismo se le ha apoyado a todos los municipios sin excepción y todos reciben su presupuesto de acuerdo a su capacidad de gestión, de acuerdo al tamaño de sus necesidades y de la disponibilidad financiera estatal. En el sexenio anterior habían 20 municipios que estaban fuera del convenio de desarrollo social, ahora están incluidos en este programa la totalidad de los 67 municipios.

Muchos gobiernos revolucionarios han tenido miedo a la obra "enterrada" porque decían que con ella se enterraba políticamente al que lo hacía. El gobernador Barrio sin tenerle miedo a enterarse, le entró de lleno al problema básico del agua potable, justamente el elemento natural que más escasea en Chihuahua y que al mismo tiempo es imprescindible para la salud y diferentes actividades productivas, así se han instalado más de 1 mil 500 kilómetros de tubería de agua potable y el año pasado se logró una cifra récord de 1 mil 305 obras de agua potable en los 67 municipios del Estado, con una inversión superior a los 360 millones de pesos.

Tan sólo en el centro de la ciudad de Chihuahua, donde la tubería de agua potable tenía más de 100 años y en realidad ya no existían tuberías, sino más bien eran cavidades, se tenía un desperdicio de 700 litros por segundo, 65 kilómetros de estas "tuberías", fueron cambiadas con maquinaria sofisticada, mediante una sonda y radar, sin romper el pavimento y sin molestar para nada a los ciudadanos.

En el aspecto de saneamiento se han colocado cerca de 1 millón de metros de tubería, incluyendo los grandes colectores y emisores que conducirán las aguas residuales a las futuras plantas de tratamiento que se han construido en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez.

A la administración estatal pasada, se le calificó como el "sexenio carretero", se construyeron 1 mil 192 kilómetros en seis años, que fueron el eje principal por donde transita la mayor parte de los habitantes del Estado, es decir de Ciudad Juárez a Jiménez. En la administración actual se han construido 755 kilómetros de carreteras lo que nos da un promedio de 190 kilómetros anuales es decir, el mismo promedio que el "sexenio carretero", pero con dos grandes diferencias: en primer lugar, de que se han construido sin casetas de cobro y en segundo lugar las carreteras actuales han sido en la Sierra Tarahumara, donde menos las ve la gente, pero que son mucho más útiles para la explotación forestal, turística y minera y sobre todo que benefician los lugares más marginados. Además, las carreteras se han conservado en óptimas condiciones, de tal manera que nuestra entidad cuenta con el primer lugar en conservación de carreteras de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En la actual administración se han construido más de 5 mil espacios educativos que equivalen a más de 600 escuelas completamente nuevas y además, después de 20 años se están construyendo nuevas preparatorias que podrá atender a 600 estudiantes de este nivel en este año y 1 mil 200 para el año que entra. No sólo se ha apoyado la infraestructura primaria y secundaria, sino también en la creación y construcción de tecnológicos en Nuevo Casas Grandes, Jiménez, así como la construcción de la Universidad Pedagógica Nacional en Parral y Juárez que no contaba con instalaciones propias. También a la Universidad Autónoma de Chihuahua al norte de la ciudad de Chihuahua, que será el campus universitario más grande de América latina, en una superficie de 200 hectáreas nueve veces mayor que el actual y que podrá atender a mediano plazo a 30 mil estudiantes, es decir el doble de la población estudiantil actual.

También podemos decir que en el Estado de Chihuahua, prácticamente ya no hay invasiones ni urbanas ni rurales, lo cual se logró en primer lugar comprando suficientes reservas territoriales en todo el Estado, más de 2 mil 750 hectáreas, con la expropiación de 1 mil 320 hectáreas, en los 16 municipios más poblados del Estado, para de esta manera poder ofertar terrenos con suficientes servicios, a precios realmente simbólicos para las familias más pobres, solamente que sin los líderes de antes. Con estas reservas hay espacios suficientes para que tengan donde meterse a vivir los chihuahuenses en los próximos 20 años y de pasada para que los futuros gobernadores no tengan el problema de las invasiones. De hecho, está en proyecto un fideicomiso urbano, una especie de fondo revolvente conformado por los propios pagos de los adquirentes para con este dinero tener siempre la capacidad para adquirir más terreno que se necesite en el futuro.

Para complementar este proceso y sin el cual quedaría inconcluso, fue también una reforma al Código Penal, en la cual queda prohibida la libertad bajo fianza para líderes populares que incurran en invasión de predios. Durante la administración anterior se regularizaron 10 mil lotes urbanos en total. Al iniciar esta administración había 50 mil asentamientos irregulares, de los cuales en sólo cuatro años se han regularizado 30 mil.

En este mismo renglón de vivienda, al inicio de esta administración el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua tenía presencia en sólo ocho municipios, actualmente está en la totalidad de los municipios, 67, en donde se han construido más de 58 mil viviendas nuevas y más de 40 mil viviendas han sido mejoradas, de las cuales un buen número son en la Sierra Tarahumara. Para darle un mayor acceso a familias con ingresos menores a los tres salarios mínimos, que son el 74% de la población, se diseñó un programa integral de autoconstrucción, lo cual le permite al jefe de familia que pague soló 300 pesos mensuales durante ocho años para liquidar el terreno, la urbanización y los materiales para su vivienda, a un costo "congelado" de 22 mil pesos.

La recuperación de créditos en el programa de vivienda digna, con la participación de la Sedesol, Chihuahua es considerado de los mejores en todo el país y en cuanto a recuperación de créditos del Fovi y de Banobras, no obstante lo que se dijo en esta tribuna la semana pasada, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en recuperación.

Es importante resaltar que el Instituto para la Vivienda realiza también programas de apoyo para familias tarahumaras que viven en la ciudad de Chihuahua y también para familias de escasos recursos, por ejemplo en diciembre canceló 84 mensualidades a beneficiarios del fraccionamiento José María Ponce de León, que resultaron damnificados por las lluvias de septiembre y además entregó 343 paquetes de materiales para las mismas familias.

A lo largo de estos cuatro años y medio se han ido dando cambios de fondo, que si tiene tiempo suficiente para consolidarse, para madurar y dar sus frutos, Chihuahua será un Estado mucho más desarrollado de lo que era hasta 1992.

Sería lamentable que todo este avance que se tiene en tan poco tiempo, todo ello en beneficio de los chihuahuenses como son esos primeros lugares en generación de empleos, primeros lugares en combate a la corrupción, de agilización en trámites administrativos, de regularización en los asentamientos urbanos, de elecciones sin pleitos, de agua para todos, de ausencia de invasiones urbanas y rurales, entre otros muchos cambios realizados en apenas poco más de cuatro años, sería lamentable que todo esto se pierda por confusión, desinformación o un falso desprestigio.

A los proyectos, al sistema anterior, se le dieron más de 70 años de oportunidad y sus resultados son más que evidentes, el proyecto político del PAN en Chihuahua merece cuando menos otros seis años más y las próximas elecciones del 6 de julio no sólo representan la oportunidad para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, sino para refrendar el gobierno de Francisco Barrio.»

El Presidente:

A continuación y para el mismo tema, hará uso de la palabra el diputado Mario de la Torre Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Mario de la Torre Hernández:

Señor Presidente:

En obvio de tiempo solicito que mi intervención que en este momento entrego a la Secretaría, se inserte en el Diario de los Debates tal como si hubiera sido leído.

Gracias.

El Presidente:

De igual manera, se instruye a la Secretaría para que se inserte el documento presentado por el diputado de la Torre Hernández, en el Diario de los Debates.

«Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En respuesta a la presentación por escrito del diputado Guillermo Luján Peña, en este acto, también por escrito presento la posición de la fracción parlamentaria del PRI con los motivos y argumentos que por sí mismos se explican y que suplico se inserte integramente en el Diario de los Debates para todos los efectos legales a que halla lugar respetuosamente.

Diputado, Mario de la Torre Hernández, PRI Chihuahua.

INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto examinar y comentar los hechos de gobierno más sobresalientes de la actual administración panista, así como su significado y repercusiones tanto en la vida pública como en la privada de los chihuahuenses.

El plan de exposición es el siguiente:

La relación de hechos destacando su naturaleza, contenido y alcances, de acuerdo con un enfoque histórico.

Los documentos de carácter oficial internos del grupo parlamentario del PRI y otros que explican de manera detallada las actuaciones del PANGobierno y que sustentan las opiniones y juicios críticos que se consignan.

Los hechos más significativos

1. La primera acción de gobierno fue la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. Documento muy importante en donde deben consignarse los grandes objetivos, prioridades, políticas y líneas de estrategia relacionados con el desenvolvimiento integral de la entidad.

En su momento, el citado plan fue objeto de impugnaciones y críticas, dado que:

1.1. Su concepción y elaboración se llevaron a cabo de manera arbitraria y unilateral por parte del Ejecutivo del Estado, ya que no participaron en dichos procesos las autoridades municipales y no se llevaron a cabo las consultas públicas orientadas a recoger las propuestas y puntos de vista de los sectores que integran la comunidad chihuahuense.

1.2. La actuación del Ejecutivo, en consecuencia, violó flagrantemente lo que al respecto establece la Ley de Planeación del Estado y los principios de planeación democrática y participativa que regula la Constitución Federal.

1.3. Este primer acto de gobierno evidenció, de entrada, la actitud autoritaria del gobernador, que ha sido una constante, así como su desdén al estado de derecho, al federalismo y a la democracia.

1.4. El plan estatal de desarrollo formalmente no fue acordado por el gobernador, mas sí publicado en el periódico oficial, lo cual significa que dicho documento tiene un vicio de origen; no obstante tales deficiencias jurídicas, políticas y administrativas, el gobernador lo sigue invocando para fundar sus decisiones, como lo ha hecho recientemente para justificar su veto a las modificaciones que imprimió la legislatura al Presupuesto de Egresos de 1997.

Chihuahua, en consecuencia, se rige por un plan que técnicamente hablando no es tal, que es violatorio del orden jurídico e inconsulto.

2. A propuesta del grupo parlamentario del PAN en la anterior legislatura, el gobernador promulgo una reforma integral a la Constitución Política del Estado.

Dicho proceso de reforma tuvo las siguientes características:

2.1. no obedeció a exigencias y aspiraciones de los chihuahuenses, pues lisa y llanamente el pueblo nunca lo demandó.

2.2. El proyecto ni siquiera fue concebido por chihuahuenses, sino por juristas del Estado de Coahuila, que fueron quienes lo elaboraron.

2.3. En la reforma integral a la Constitución solamente se consigno el enfoque ideológico del PAN, con total desprecio a los factores de orden histórico, cultural y político de la entidad; con absoluto desdén a los principios de la democracia y el pluralismo que dicho partido dice defender; es decir, Acción Nacional formuló una constitución a la medida de sus intereses, a su imagen y a su semejanza.

2.4. El procedimiento que siguieron los panistas para reformar la Constitución violentó el orden jurídico constitucional, pues fuje el propio poder constituido y no un poder constituyente, quien con simple mayoría modificó integralmente el texto constitucional; es decir, no actuó una mayoría calificada y se marginó la participación de los ayuntamientos en el mencionado proceso.

2.5. Chihuahua se rige, pues, por una Constitución reformada que surge con vicios de origen, inconsulta, partidista, antidemocrática y no deseada por la voluntad general.

3. Con base en la Constitución reformada integralmente, el Ejecutivo promulgó la Ley Electoral del Estado.

Este ordenamiento tiene las siguientes características:

3.1. Para evitar una verdadera discusión del citado ordenamiento, los panistas establecieron en la Constitución principios y normas que debieron consignarse en la Ley Electoral y no en la fundamental, tales como: las bases de la redistritación, las relativas a la designación de funcionarios electorales y los criterios reguladores para la determinación de los diputados de representación proporcional; dicho en otros términos, casi dejaron sin materia a la ley que nos ocupa e hicieron indebidamente rígidos los principios y normas que se comentan.

3.2. Consecuencia de lo anterior fue que la redistritación sólo obedeció a criterios poblacionales, desdeñando factores históricos, culturales, regionales, de acceso y movilización, de facilidades de comunicación y transporte, entre otros, de tal suerte que la configuración de los nuevos distritos resulto geográficamente inadecuada e incapaz de contribuir al perfeccionamiento de la democracia representativa; todo esto se hizo con el evidente propósito de favorecer el voto panista en los centros urbanos y desalentar y obstaculizar el voto priísta en el medio rural; otra consecuencia fue que el gobernador se convirtió en "el gran elector" de los funcionarios que integran el consejo estatal y el tribunal estatal de elecciones, así como que se diseñó una fórmula tal que hizo posible que el PAN perdiendo las elecciones ganara, pues, de antemano, se garantizo que, aun perdiendo, el PAN lograra imponer un número muy importante de diputados de representación proporcional en el Congreso.

3.3. Como puede apreciarse, desde el principio el PANGobierno ha venido adoptando un doble discurso en torno a los grandes temas de la democracia y el pluralismo, pues, en los hechos se comporta en forma autoritaria y pretende manejar las cuestiones públicas de manera exclusiva y excluyente.

4. La situación de las finanzas del Estado es, sin duda, el problema más grave en que ha incurrido el PAN-Gobierno:

4.1. En el arranque de la actual administración, el Ejecutivo inaugura su actuación financiera con una gran mentira que publicitó a través de los medios de comunicación locales y nacionales: "ha sido tal la ineficiencia y desorganización administrativa del pasado régimen", que "tendremos que rehacer Chihuahua", pues Fernando Baeza deja a la administración que le sucede una deuda pública que monta la cantidad de "800 mil millones de pesos" (viejos pesos); así lo dijo textualmente el gobernador Francisco Barrio Terrazas.

Posteriormente tuvo que reconocer en su primer informe de gobierno, que la deuda pública heredada era tan sólo de 121.7 millones (nuevos pesos), aunque se obstinó en no reconocer que la pasada administración dejó en caja y bancos una disponibilidad de 84 millones de pesos, para cubrir la deuda de corto plazo, así como recursos suficientes para solventar el gasto público correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1992. Mentira, pues, que recibió un erario en quiebra ni mucho menos.

4.2. Lo cierto es que, durante la actual administración, el déficit presupuestal y la deuda pública han crecido desmesuradamente: al 31 de agosto de 1996 la deuda montaba la suma de 971.9 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo "udisó" la cantidad de 675.4 millones de pesos, comprometiendo la capacidad de maniobra financiera de la próxima administración y el futuro de la sociedad chihuahuense; resulta claro que Francisco Barrio es quien realmente quebró las finanzas estatales.

4.3. Las causas del abultadísimo déficit y de la desmesurada deuda pública, nunca han sido explicadas ni mucho menos justificadas por el actual régimen; el gobernador ha manejado diversas versiones al respecto, los efectos de la crisis económica nacional, luego dijo que la prolongada sequía que castigó al campo chihuahuense, luego que el gasto originado por el magisterio a partir de su federalización y por último atribuye como causa del problema el supuesto déficit en que ha incurrido pensiones civiles del Estado; lo cierto es que ninguno de estos factores, aisladamente o en conjunto, explican la ruina de las finanzas del Estado. En cambio, el despilfarro en gastos conspicuos, la ineficiencia administrativa, las nóminas confidenciales y en general la corrupción, son causas que mejor explican el problema que se comenta.

Anexo a este documento se proporciona información detallada sobre este particular.

5. A raíz de las derrotas electorales del PANGobierno, éste decidió instrumentar un programa destinado a mejorar su imagen pública y a crear una estructura territorial, de la cual dicho partido carece, mediante la promoción y organización de comités de vecinos en todas las demarcaciones municipales de la entidad; merced a tales fines se diseño el programa "Jalemos Parejo", un programa orientado a favorecer en las próximas elecciones al Partido Acción Nacional, a través de la derrama proselitista de los recursos públicos del Estado.

Este programa tiene las siguientes características:

5.1. Es un programa cuyo objeto real es ganar votos en favor del PAN, a cambio de obras y servicios públicos prioritarios en las comunidades.

5.2. Es un programa que pretende mejorar la imagen del gobernador y de su partido, en el sentido de mostrar al pueblo un mandatario comprometido con las mejores causas populares, con la democracia participativa y abierto al diálogo directo con los ciudadanos y a la concertación.

5.3. Es un programa que busca el empleo de recursos públicos con fines proselitistas y partidistas, pero no solamente los del Estado, sino también los de carácter municipal, federal y los de las propias organizaciones de vecinos a través de la celebración de convenios de "colaboración administrativa", que pretenden imponerse a dichas entidades como verdaderas camisas de fuerza.

5.4. Es un programa que violenta el orden constitucional y legal; es decir, los principios del federalismo, del municipio libre, de la planeación democrática y participativa y en general del estado de derecho, pues, vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal, el 83 del código municipal para el Estado de Chihuahua, diversos preceptos de la Ley de Planeación del Estado y hasta del Código Penal de la entidad, así como de múltiples hipótesis establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Se anexa a este documento toda la información relacionada con dicho programa.

6. La supuesta honestidad del actual régimen, ha quedado más que en entredicho por virtud de los resultados que arrojo la revisión de la cuenta pública estatal por parte del Congreso; lo mismo puede predicarse de las administraciones municipales panistas, sobre todo en el caso del municipio de Juárez:

6.1. Muy malas cuentas han rendido estas administraciones en lo que hace al arqueo de los fondos resolventes, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, examen de documentos de egresos, ejercicios anteriores y existencia en caja y bancos.

6.2. La revisión puso al descubierto corrupción en el manejo de los recursos, peculados, transferencias de recursos con fines partidistas, favores a prominentes panistas, alteración de notas de consumo, omisión de la presentación de facturas, empresas proveedoras "fantasmas", compras ilícitas de diversos bienes, entre otros ilícitos.

Lo cierto es que la bandera de honestidad del PANGobierno quedo totalmente desacreditada y los hechos de corrupción son públicos y notorios.

6.3. El Ejecutivo no pudo solventar, en algunos casos cabalmente, las múltiples observaciones que sobre el manejo de los recursos formuló la contaduría general del Congreso; empleo tácticas dilatorias para proporcionar información, pretendió difamar ante la opinión pública al grupo parlamentario del PRI y a la propia contaduría general; pretendió que las cuestiones se aclararan no en el seno del Congreso, sino en foros de debate público, alegando que los diputados lo difamaban y que no tenían estatura moral suficiente para auditarlo, entre otras maniobras destinadas a confundir y desorientar la opinión de los chihuahuenses, objetivo que no logró.

Se anexa información detallada y exhaustiva al respecto.

7. Desde el inicio de su gestión, el gobernador ha desdeñado en los hechos, no en su discurso, el principio de división de poderes.

Subestima al Congreso cuando éste le solicita información, se cierra a toda posibilidad razonable y justa de concertación y siempre que tiene la oportunidad hace declaraciones que lastiman la dignidad y jerarquía del grupo parlamentario del PRI.

Esta situación se reflejó claramente en la actual controversia que se suscita con motivo del presupuesto de egresos del Estado para 1997.

7.1. El Ejecutivo vetó la resolución del Congreso, que imprimió modificaciones a ciertas partidas del proyecto de presupuesto de egresos, alegando que las reducciones a las partidas que él propuso y la reorientación del gasto lastimaban seriamente los programas de carácter social, tales como la ministración de becas a estudiantes pobres, la dotación de ayuda médica y asistencial a grupos de población carentes de dichos servicios, los apoyos destinados a la promoción de Chihuahua ante inversionistas, a la difusión de productos y servicios ofertados por chihuahuenses en los diversos mercados, así como los apoyos destinados a favorecer a los micro y pequeños empresarios de la entidad.

7.2. Lo cierto es que el Congreso afectó partidas que no tenían un fin específico y expreso, algunas repetidas, otras no prioritarias o francamente innecesarias, los cuales en conjunto significan el 0.7 del valor del monto total presupuestado.

7 3. Lo que debemos destacar, dado el monto de las reducciones y reorientaciones del gasto, son las actitudes de arrogancia del gobernador, de desdén al principio de división de poderes, de cerrazón al diálogo y a la concertación razonables, de pretensiones de manejo absolutamente discrecional y con fines partidistas de una buena parte del presupuesto de egresos, como es el caso de "Jalemos Parejo"; lo cierto es que el veto del gobernador carece de fundamento jurídico, administrativo y hasta político, en el sentido no partidista de la palabra, pues actualmente sólo se está discutiendo la posible afectación de recursos que significan el 0.24 del valor del monto total del presupuesto.

Se anexa información detallada al respecto.

8. La glosa del IV Informe de Gobierno realizada por el grupo parlamentario del PRI, es un documento fundamental para conocer y valorar la manera en que el Partido Acción Nacional gobierna los destinos de Chihuahua; es un documento clave que con visión PANóptica e histórica evalúa el desempeño del actual régimen, con énfasis en el examen de cuatro capítulos fundamentales que se interrelacionan: finanzas públicas, fomento socioeconómico, seguridad pública y educación.

8.1. Los principales indicadores del régimen financiero del Estado revelan lo siguiente: un déficit y una deuda pública crecientes, a tal grado que ya el Gobierno perdió su capacidad de maniobra financiera y comprometí seriamente la de la próxima administración; un gasto corriente que se ha venido incrementando año con año; una caída dramática y continua de la inversión en infraestructura; la perdida de capacidad de maniobra financiera de los municipios; un costo financiero de la deuda que crece peligrosamente y en general la falta de respuesta eficaz a las necesidades y exigencias básicas de la comunidad chihuahuense.

Por lo que hace al capítulo de educación: la disminución de la cobertura de los servicios en función de las necesidades colectivas crecientes; una caída significativa de los niveles de calidad y una marcada insuficiencia de la infraestructura educativa básica.

Por lo que hace a la seguridad pública: el aumento del índice de criminalidad, que ha llegado a tasas que prácticamente han rebasado a los cuerpos de policía, al Ministerio Público, a los órganos judiciales y al sistema penitenciario, sobre todo en los grandes centros urbanos y en la región serrana.

Por lo que toca a la situación socioeconómica del Estado, es evidente el fracaso del Ejecutivo, pues la inversión estatal en infraestructura ha disminuido, las tareas de promoción y fomento para atraer inversiones sólo han beneficiado a una elite de empresarios panistas, los micro y pequeños empresarios están quebrando en masa, el campo chihuahuense todavía no se recupera y poco hace el Estado para estimularlo; bástenos con el ejemplo del drama que viven los agricultores temporaleros, los ganaderos, los ejidos e industrias forestales, los pequeños mineros, entre otros; son más los empleos que se han perdido que los que se han generado, aunque el Ejecutivo pregone que Chihuahua es líder nacional en materia de creación de empleos; lo cierto es que con inversión declinante no es posible hablar de un real crecimiento de la economía del Estado.

Muy poco o casi nula a sido la participación del Ejecutivo como factor de crecimiento económico con justicia social; más bien ha sido factor para que el ingreso y la riqueza se sigan concentrando en manos de una elite, fundamentalmente de extracción panista, como lo han denunciado importantes hombres de empresa de la entidad.

Se anexa información detallada al respecto.

CONCLUSIONES

1. El PAN y sus candidatos crearon grandes expectativas en el electorado chihuahuense a través de su oferta y de sus compromisos políticos y, ya como gobierno, no han honrado la palabra que empeñaron, pues la inseguridad pública ha aumentado, el bienestar de la población, de la mayoría, no se ha incrementado, los fenómenos de corrupción se han multiplicado y todo ello ha generado en la población sentimientos de frustración, desencanto y hasta encono social.

2. El PANGobierno ha evidenciado su doblez político, es decir, su estrategia de doble discurso, pues por una parte dice pugnar por un nuevo federalismo, dice defender la autonomía municipal, la legalidad, el bien común y el estado de derecho y por la otra actúa de manera autoritaria, arbitraria, se cierra al diálogo y a la concertación, se comporta de manera elitista y con abierto desprecio a las clases populares, desdeña la división de poderes, el pluralismo y la practica de la democracia; se ostenta como adalid de la honestidad e incurre en hechos de corrupción; dice sujetarse a principios ideológicos y en los hechos práctica un pragmatismo político a ultranza; la simulación es parte esencial de sus tácticas y estrategias políticas, como el proverbial lobo con piel de oveja; en suma, el PANGobierno está inmerso en profundas contradicciones que no le permiten ser leal ni a su propia ideología.

3. Este doble discurso, esta simulación, estas contradicciones, las ha acreditado plenamente el gobierno que preside Francisco Barrio Terrazas; su mejor arma ha sido la simulación, pero ésta representa al mismo tiempo su mayor debilidad, pues bastaría con quitarle al lobo su piel de oveja para exhibirlo ante la opinión pública con todas sus deficiencias morales, políticas y administrativas, que son muchas y graves.

4. Si el PAN ha ganado posiciones políticas en Chihuahua, se ha debido a dos factores fundamentales:

4.1. A su innegable habilidad para engañar y simular, para hacer creer al electorado que es el adalid de la honestidad y de la democracia, del cambio a que los chihuahuenses aspiran y ello lo ha logrado, reconozcámoslo, merced a una muy inteligente y eficaz propaganda.

4.2. Lo ha logrado porque el PRI, no obstante su lucha denodada, no ha sido capaz de desenmascarar al PANGobierno, de exhibir ante el electorado sus deficiencias e inmoralidades más señaladas; porque el PRI ha descuidado, lamentablemente, el aspecto propagandístico de sus actividades y más preocupado por las cuestiones internas, ha descuidado la vital defensa de sus intereses frente a las agresiones que protagonizan los adversarios del exterior, sobre todo las instrumentadas por el PAN.

4.3. Por tales motivos, este documento y sus anexos, pueden ser los elementos de información que permitan al PRI, el diseño y puesta en práctica de una eficaz acción propagandística, orientada a acreditar en su exacta dimensión los hechos del PAN-Gobierno, a que el electorado pueda evaluarlos con objetividad y, en consecuencia, a la eficaz defensa de los intereses del Revolucionario Institucional, sobre todo en el escenario de la contienda electoral que se avecina.»

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL

El Presidente:

Hará uso de la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, sobre la resolución del Tribunal Federal Electoral.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:

Señor Presidente:

Al igual que los señores diputados que me antecedieron, dado lo avanzado de la hora, pero al mismo tiempo por la enorme importancia que tiene este tema que habíamos anotado, solicito gire instrucciones para que se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que actúe de acuerdo a lo solicitado por la diputada y se inserte su intervención en el Diario de Los Debates.

«Honorable Congreso de la Unión, señoras y señores diputados:

Resolución del tribunal electoral en relación con el acuerdo del Consejo General del IFE.

El 27 de marzo del presente año, el Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, recurso de apelación en contra del acuerdo emitido por este órgano, el 25 de marzo, "por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a que suspendan las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales cuya difusión no sea necesaria o de pública utilidad, para su eficaz instrumentación o para el logro de sus objetivos, durante los 30 días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral".

Con excepción de programas de asistencia social o ayuda a la comunidad derivados de emergencias sociales o programas, de seguridad civil por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.

Este recurso de apelación se remitió para su análisis y resolución a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Debido a la polémica que ha generado la resolución del tribunal entre los diversos actores políticos.

Porque de los siete magistrados electorales que integran la sala superior, tres votaron a favor de la procedencia del recurso y tres en contra y fue el voto del magistrado presidente el que inclinó el sentido de la resolución en favor del partido recurrente.

Porque en el Congreso de la Unión, somos corresponsables de la conformación de los diversos órganos electorales, por tanto, debemos estar atentos a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos.

Por todo ello, vale la pena analizar los argumentos del partido recurrente y las repercusiones que en el proceso electoral tiene la resolución del tribunal.

En esencia, los argumentos del PRI para inconformarse con el acuerdo del Consejo General del IFE. son:

Primero. Que al emitir el acuerdo el consejo general asume la posición de legislador. Contrariando la letra de la ley y el marco del proceso electoral federal.

Segundo. Que al emitir el consejo general el acuerdo impugnado, no sólo incurre en un exceso de autoridad, sino que va en contra de la voluntad del legislador, pues éste eliminó de la iniciativa de reforma legal en material electoral enviada por el Ejecutivo, una disposición en términos semejantes.

Tercero. Que el consejo general carece de atribución expresa para emitir una exhortación en la forma, en que lo hizo, ya que el artículo 2o. del Cofipe establece que las autoridades federales estatales y municipales sólo están facultadas para auxiliar a las autoridades electorales establecidas constitucional y legalmente, pero para el desempeño de sus funciones.

Cuarto. Que el IFE, sólo es responsable de la función estatal de organizar las elecciones, pero de nada más, por lo que no puede arrogarse atribuciones que no le corresponden ni pretender inhibir a otra autoridad para que deje de ejercer las que le corresponden y dice la parte recurrente que con su actuar vulnera el sistema jurídico mexicano, particularmente los principios de seguridad jurídica, autoridad competente y legalidad electoral.

Quinto. Que ninguna disposición del Cofipe establece una facultad expresa que le autorice al Consejo General del IFE, a exhortar y sí se establece un sistema competencial expreso, sistemático y funcional que no admite vaguedades como las que dice existen en el acuerdo que son resoluciones ilegales que vulneran los principios de independencia, imparcialidad y objetividad.

Sexto. Que el único artículo que cita el Consejo General para fundamentar una facultad implícita (82 párrafo primero inciso z), del Cofipe requiere necesariamente de una facultad expresa, que no existe en el Código Electoral.

La aseveración de que con el acuerdo el consejo general asume la posición de legislador hace necesario definir lo que es el principio de legalidad, al que deben sujetarse todos los actos de autoridad.

El principio consiste en que ningún órgano estatal puede realizar una actividad que no esté fundada en una disposición general expedida con anterioridad, que los actos se apeguen a derecho, entendido el concepto no de manera restrictiva, en sentido formal, expedida por el órgano legislativo, sino entendiendo el concepto de manera restrictiva, en sentido formal, expedida por el órgano legislativo, sino entendiendo el concepto de manera más amplia, desde el punto de vista material como norma general, abstracta e impersonal, quedando comprendidos en ese concepto las leyes, su interpretación e integración, los reglamentos, los principios generales del derecho, los acuerdos de observancia general y específicamente los principios generales del derecho, los acuerdos de observancia general y específicamente los principios rectores de las actividades estatales de que se trate. (Teoría Hariow y Gabino Fraga ver pág. 58).

Bajo esta definición, el principio de legalidad, hace referencia a que los actos de las autoridades tengan apoyo no sólo en la literalidad de las leyes positivas, sino también en los demás elementos con que se forma el sistema jurídico rector de la función pública de que se trate, como es en la interpretación e integración de esas leyes, en los reglamentos administrativos, en los acuerdos generales de los organismos facultados para emitirlos en nuestro derecho, como los emitidos por el Consejo General del IFE, en los principios generales del derecho, siempre que no contraríen una disposición legal expresa y, en los principios rectores del área de la administración pública de que se trate, como en el caso, en los principios rectores de la función electoral.

El punto medular de la impugnación al acuerdo del Consejo General, consistió en el pretendido argumento de que no tiene atribución expresa para emitir una exhortación.

En este punto, cabe precisar que se entiende por facultad expresa y su diferenciación de la literal. La primera -de acuerdo con Jacinto Pallares-, significa que sólo existe la intención manifiesta del legislador, mientras que la segunda exige que esa intención se consigne en forma literal determinada. La primera es la exclusión de ambigüedad en la voluntad del legislador, que puede ser reconocida no sólo por las palabras de un artículo de la ley, sino por el sentido dominante en toda ella, sus motivos y propósitos. La segunda es la exclusión de la ambigüedad de las palabras.

Una facultad expresa se puede identificar, de la literalidad de las normas o bien de su interpretación; correlativo al concepto de facultad expresa, surge el de facultad implícita, aquella que no obstante no se atribuye a un órgano, por no desprenderse del texto de una norma, de su interpretación o de los principios generales o específicos se entiende conferida, por ser necesaria para ejercer adecuadamente una facultad expresa.

La teoría de las facultades implícitas se adopta en la legislación electoral cuando el inciso z del párrafo primero del artículo 82 del Cofipe establece como atribución del consejo general, la de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones contenidas en el mismo artículo y las demás señaladas en el Cofipe.

Se trata en el caso, de precisar si en la normatividad jurídica que rige al sistema electoral, ante la imprevisión de una atribución del consejo general para acordar la realización de exhortaciones como la que impugna, existe alguna otra atribución expresa que pueda requerir para su ejercicio, de la realización de esos actos, para entonces concluir que el acto encuentra fundamento en una facultad implícita y la autoridad electoral se sujetó al principio de legalidad.

Podemos asegurar, sin lugar a duda, que sí hay una facultad expresa con la que se puede relacionar como implícita la de exhortar.

La facultad expresa se sustenta en la fracción III del artículo 41 constitucional, que establece que la organización de las elecciones se debe regir por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y que el organismo encargado de que la organización de las elecciones se lleve a cabo atendiendo dichos principios es el Instituto Federal Electoral.

El artículo 73 del Cofipe determina, que el consejo general es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, como la relativa a que la organización, de las elecciones se lleve a cabo conforme a los principios rectores antes mencionados.

En cuanto al principio de equidad en materia electoral, el artículo 41 fracción II de la misma Carta Magna, hace referencia en lo relativo al financiamiento y a la publicidad, por tanto, la voluntad del legislador constituyente y ordinario, se orienta a la observancia del principio de equidad y la materia de la exhortación se relaciona con estos temas.

Por tanto, habiendo precisado el concepto de estado de derecho y legalidad, es posible establecer que los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones quedan comprendidos en él y que corresponde al IFE, lo referente a su observancia en los procesos electorales, de donde surge esa facultad implícita de emitir exhortaciones, como la que se impugnó.

Por otra parte, resulta curioso el pretendido argumento que esgrime el PRI, en el sentido de que la iniciativa presidencial contenía un precepto similar a lo que contiene el acuerdo impugnado, en un artículo 48 párrafo décimocuarto del Cofipe y que el legislador ordinario lo suprimió por considerarlo innecesario.

Y me parece curioso, por no decir cínico, el seudo argumento, ya que el que invoca esa supresión fue el mismo que en la etapa de negociación previa a la conformación de la legislación ordinaria, dijo estar de acuerdo con el resto de los partidos,en que debía insertarse una disposición que determinara que 20 días antes de la jornada electoral se suspendieran las campañas de comunicación social en radio y televisión de las acciones especiales de políticas de apoyo social al Gobierno Federal.

Y no sólo estuvo de acuerdo, sino comprometió su palabra, por esa razón se insertó en la iniciativa presidencial y fue precisamente esta importante previsión uno de los 17 compromisos, de los que se retractó al elaborar el dictamen.

Ese "legislador" que con su sola mayoría aprobó el dictamen y, por tanto, la reforma a la legislación ordinaria, es el mismo, que tradicionalmente ha utilizado, esa campaña de Gobierno para fines propagandísticos de su partido.

Y ahora, es el mismo que disfraza en un marco de formalidad legal, la retractación a insertar una disposición que hubiera contribuido, enormemente al propósito de la equidad y eso que él suprimió lo invoca ahora en su propio beneficio.

El tribunal aceptó los argumentos del PRI, cuatro de los siete magistrados de la sala superior así lo resolvieron.

El desconocerle competencia y autoridad al Consejo General del IFE, para emitir este tipo de acuerdos, constituye un freno a la posibilidad de que el órgano asuma plenamente su papel en la contribución para hacer efectivos los principios a que debe sujetarse el marco electoral.

Resta además, dinamismo a su actuación, ya que con el criterio del tribunal, la calidad moral de los integrantes del consejo general, poco o nada podrá ser aprovechada para emitir, exhortos a los partidos políticos o a las diversas autoridades, para que se conduzcan de manera imparcial y civilizada.

Se sugiere que su actuación fue excedida, en los, diversos alegatos que aporta el partido recurrente y el tribunal le da la razón, con ello, se resta imagen a un órgano, cuyo fortalecimiento depende en gran parte, de la forma en que se conduzca en sus decisiones.

Es evidente, que no se entendió el sentido de la actuación del consejo general, quién se apegó a la legalidad en la emisión del acuerdo impugnado, dentro de un proceso electoral en el que se han generado grandes expectativas sobre su actuación.

Y lo que es más deplorable, la resolución del tribunal electoral favoreció la causa del PRI, no del proceso electoral, eso sí es contrario a los principios de imparcialidad, objetividad y equidad. Con la revocación del Acuerdo del Consejo General del IFE, se dejó pasar la oportunidad para, por la vía del equilibrio entre los diverso órganos electorales, con apego a su competencia, se subsanara una omisión, en un asunto que fue reconocido en su momento como necesario regular para conformar el marco de equidad en los procesos electorales: la suspensión 20 días antes de la elección de campañas de comunicación social en radio y televisión de las acciones especiales de políticas de apoyo social del Gobierno Federal.

Previsión reconocida como necesaria y conveniente por todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, incluido el Revolucionario Institucional.»

El Presidente:

A continuación tiene la palabra el diputado Carlos Chaurard Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, para el mismo tema.

El diputado Carlos Chaurard Arzate:

Gracias, señor Presidente:

Por economía en la práctica legislativa y por lo avanzado de la hora, solicito se inserte en el Diario de los Debates, como si se hubiera leído a la letra, la postura de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, con relación a las resoluciones del tribunal electoral.

El Presidente:

Adelante, señor diputado:

Se instruye a la Secretaría para que de igual manera se inserte este documento en el Diario de los Debates.

«Para responder a las recriminaciones de la diputada que me antecedió, que no ha tenido empacho en manifestar publicamente su rechazo y casi repudio a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictadas como consecuencia de las acciones interpuestas por el PRI, es necesario precisar lo siguiente:

1o. El tribunal está integrado orgánicamente y estructuralmente, para asegurar su plena autonomía y su más clara imparcialidad. Orgánicamente, forma parte del Poder Judicial de la Federación, tal como lo propuso la mesa pluripartidista que condujo la Reforma Electoral de 1996. No fue obra exclusiva del PRI, sino producto de un acuerdo que los demás partidos empujaron, para así garantizar la imparcialidad e independencia del tribunal. Pasó por ello, de ser tribunal administrativo, a tribunal judicial, sin lazos imprecisos con el Poder Ejecutivo.

Estructuralmente su sala superior se integra por siete magistrados electorales, cuya elección corresponde a la Cámara de Senadores por el voto de los dos tercios de la Asamblea, aunque en esta primera ocasión, se estableció transitoriamente que fueran las tres cuartas partes del pleno las que hicieran esa dignación, a fin de asegurar que no hubiese la imposición de la mayoría. La elección de los siete magistrados seleccionados de entre 300 que propuso la Suprema Corte fue producto del pleno consenso de los grupos parlamentarios del Senado, por lo que gozaron de la confianza de partidos y legisladores.

Es inaudito, sorprendente, por decir lo menos, que la vocera del PAN deje traslucir un voto de desconfianza y censura contra los magistrados que resolvieron darle la razon al PRI, que justificó y probó la improcedencia de dos resoluciones del Consejo General del IFE, a todas luces improcedentes y que exceden sus facultades y atribuciones.

Yo me pregunto ¿Hubiera sido legítimo, justificable, racional, sí en el caso de una sentencia adversa al PRI, este hubiese echado a vuelo las campanas de duelo y desgarrado sus vestiduras acusando al tribunal y a sus magistrados de antipriístas, antidemócratas o de parciales?

¿Que hay detrás de este reclamo? sin duda, una actitud maniquea: lo bueno es el PAN; todo lo demás es malo y deleznable, una conducta soberbia y desesperada: ellos se creen los poseedores monopolicos de la verdad, son fundamentalistas y fariseos, pero buscan curarse en salud, amarrarse el dedo antes de cortarselo. Quieren justificar su irremediable y repetida derrota, que ya es claramente previsible, culpando a quien mejor se les ocurre, así sea un órgano jurisdiccional que debe merecernos la mayor consideración y confianza.

El propósito de esta grave imputación es desasear el proceso electoral en marcha, echando lodo y escarnio contra los organismos electorales, a los que el propio PAN contribuyó a crear con sus propuestas de reforma.

2o. Desde el punto de vista jurídico, del análisis e interpretación integral de la Constitución y el Cofipe, es claro que el consejo general no tuvo apoyo jurídico en la legalidad para hacer la recomendación al Gobierno, pues de la lectura del texto del articulado es claro que carece de atribuciones en ese sentido, ni puede sostenerse desde la perspectiva del derecho que el Gobierno debe paralizar uno de los elementos legales de su legitimación y operatividad, como es la difusión de sus programas y obras.

Por otra parte, es incomprensible y contradictorio lo que dice y hace el PAN ¿No qué lo hecho por el PRI esta mal hecho? Entonces, ¿por qué tanto temor de que se divulgue? ¡No! En el fondo el PAN sabe que los gobiernos priístas no cometen las tropelías y torpezas de los gobiernos panistas en los estados y municipios que encabezan. Saben que el Gobierno del presidente Zedillo, va por buen camino y que estamos en la senda de la recuperación y del crecimiento y bienestar, por eso están aterrorizados; por eso no escatiman el libelo y los sofismas de leguleyos para tratar de opacar los aciertos gubernamentales.

La otra resolución contra el acuerdo del Consejo General del IFE, que pretendía crear una comisión de seguimiento de los delitos electorales, es claramente violatoria de la determinación del Cofipe que le da esta facultad a la junta directiva, no tiene caso, en consecuencia, crear una instancia paralela que lo único que provocaría sería confusión y contradicciones.

La diputada Segura pretende probar que el PRI no tiene interés jurídico en el asunto, como si las elecciones, su proceso y desarrollo no fueran el fundamento de todos los partidos y de los sistemas de democracia representativa. Decir lo que afirma el PAN, es querer reducir a todos los partidos (a lo que seguramente es el PAN, a una sigla sin estructura, cacha votos, con un cierto pero reducido éxito electoral, que tiene criterio de tinterillo y pretensión de jurisconsulto. Pero hoy no tuvo razón ni la tendrá después, si quiere seguir aplicando esos sofismas.

Lo grave de estas imputaciones es que desprestigian o pretenden hacerlo, a un organismo nuevo, joven y a las leyes que lo rigen y marcan sus procedimientos y alcances.

Es muy grave e irresponsable enlodar nuestro Poder Judicial en materia electoral. El efecto que quieren lograr es aterrorizar a los magistrados electorales para sacar provecho partidista, pero nosotros no dejaremos que ello suceda, estamos y estaremos al lado de las instituciones y de la limpieza electoral, no dejaremos que prosperen los debates electoreros, facciosos y antidemocráticos.

Con la ley en la mano, como en este caso, el PRI seguirá triunfando.»

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente:

A continuación, hará uso de la palabra el diputado Humberto López Barraza, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los asuntos del Estado de Baja California.

El diputado Héctor Humberto López Barraza:

Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:

También en los mismos términos que nuestros compañeros, ya considerando que esta sesión ha sido muy prolongada, solicito también que esta intervención sobre temas relevantes de la política de Baja California, sea insertado en los términos aquí considerados en el Diario de los Debates.

El Presidente:

Inserte la Secretaría esta intervención del diputado López Barraza en el Diario de los Debates.

«Nadie mejor para atestiguar la condición de doble cara con que a su conveniencia se conduce el Partido Acción Nacional, que quienes provenimos de entidades y de comunidades donde gobiernan exponentes de ese partido político.

Señor Presidente; compañeros diputados:

Vengo a esta tribuna, preocupado ante el desarrollo del acontecimiento político que seguramente ocupa la atención de todos nosotros, me refiero, como deben ustedes suponerlo, a las elecciones que cristalizarán con el voto ciudadano nacional el próximo 6 de julio y a las modalidades de campaña que cada partido en su búsqueda del triunfo, habrán y de hecho están ya utilizando escrupulosa o inescrupulosamente durante los tiempos estimados por la legislación al respecto. En el caso concreto: el Estado de Baja California, donde el Poder Ejecutivo lo desempeña en su titularidad un panista; donde la mayoría simple de diputados, en la XV Legislatura local se integra con la fracción panista; donde de acuerdo a los mecanismos establecidos, los miembros del Poder Judicial son prácticamente funcionarios comprometidos con el PAN, por deberle el nombramiento al gobernador panista y donde los dos principales municipios de los cinco existentes, son administrados también por ayuntamientos panistas, el panismo como partido y como administración ha desencantado a los bajacalifornianos quienes después de descubrir dobles juegos con intenciones y con efectos negativos, motivan ahora las críticas fuertes plenamente justificadas a que se hacen acreedores.

Los mensajes cargados de falacia, de verdades a medias, de engaños, de burdo maquillaje y hasta de ataques torpes que con afanes puramente destructivos utilizan los panistas en sus campañas, la ausencia de verdaderas ofertas, de propuestas programáticas y de plataformas proyectivas del desarrollo a lo que sustituyen con ataques innobles a los partidos contra los que compiten y a las instituciones encabezadas por hombres extraídos de otros partidos, especialmente las que afectan al Presidente de la República y a los demás priístas que gobiernan en el país o dirigen el PRI, me obligan a utilizar esta tribuna y su trascendente significación como medio difusivo, para señalar públicamente el juego de máscaras que según le sea propicio, utiliza el PAN sin importarle el contradecirse diametralmente en sus propósitos de engaño a las bases ciudadanas.

Vamos a los hechos:

Manejo financiero

Hace unos días el candidato del PAN al gobierno del Distrito Federal, Carlos Castillo Peraza, solicitó que se entregara una hacienda sana a la futura administración de la capital del país, porque el pasivo sumaba 13 mil millones de pesos. Sobre el tema quiero hacer mención, que al inicio del gobierno de Ernesto Ruffo Appel en 1989 existía en Baja California un pasivo por el orden de 25 millones de pesos, acumulados por las ocho administraciones gubernamentales de priístas, desde que el entonces territorio se convirtió en Estado en 1952.

A la llegada del panismo al poder en esa entidad, las autoridades entrantes encabezadas por Ernesto Ruffo y por su secretario de finanzas, Eugenio Elorduy Walther, hoy alcalde de Mexicali, declararon desgarrándose las vestiduras, que el pasivo dejado por los priístas, definitivamente no era manejable.

Al paso de los meses ese pasivo empezó a crecer en forma por demás desmesurada, debido a los insultantes sueldos y compensaciones que mensualmente sangraban al erario público, como lo acostumbran hacer en todos los lugares donde llegan a gobernar los panistas.

Cuando el pasivo rebasó los 500 millones de pesos, el secretario de finanzas Eugenio Elorduy, decía entonces que el pasivo era perfectamente manejable.

Sin embargo, cuando terminaron el sexenio, en lugar de dejar una hacienda saneada, resultó que su pasivo ascendió a más de 1 mil millones de pesos.

Al día 30 de septiembre de 1996, de acuerdo al Diario de los Debates de la XV Legislatura del Congreso de Baja California, bajo la administración del gobierno panista de Héctor Terán Terán, el pasivo sumaba 2 mil 174.9 millones de pesos, según lo expresó el actual secretario de finanzas del gobierno de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid.

El PAN, ofrece de llegar a tener mayoría en el Congreso abatiría las tasas impositivas lo que no es congruente, por lo menos con el sello que en materia de impuestos aplica en Baja California, muy especialmente en el municipio de Mexicali, donde es presidente el panista Eugenio Elorduy Walther.

Un renglón a destacarse dentro de la ferocidad recaudatoria con que se conduce el ayuntamiento panista de Mexicali, es el referente a las infracciones. En la última administración priísta se obtuvieron por este concepto, 4 millones 800 mil pesos, en 1996 ya con administración panista se recaudaron 13 millones 900 mil pesos y se tiene estimado para el ejercicio de 1997 se recaude 18 millones de pesos de acuerdo al movimiento registrado en los primeros tres meses del presente año.

Seguridad pública

Sobre este tema basta decir, que con la llegada al poder del panismo en Baja California en 1989, esa entidad, toda, se convirtió propiamente en un pueblo sin ley, dada la imposibilidad de las autoridades policíacas estatales para contener el crimen; autoridades por cierto, sobre lo que diversos sectores de la comunidad sospechan de complicidad, especialmente en el renglón del narcotráfico, se ha llegado a la estadística en el terreno de los asesinatos potencialmente relacionados con el narcotráfico, que sitúan a Baja California, en el primer lugar en una relación proporcional a su número de habitantes.

Datos recabados por diversos grupos sociales de nuestra entidad, revelan que de noviembre de 1995 a agosto de 1996, se cometieron más de 300 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, especialmente en Tijuana y Mexicali. Un porcentaje muy elevado de los asesinatos a los que hacemos referencia, no han podido ser resueltos por la Procuraduría de Justicia del Estado.

Pero no sólo son los homicidios los que tienen en un ambiente de tensión a los residentes del Estado, también la proliferación de los secuestros, los asaltos y robos. Son constantes las manifestaciones de diversos organismos que por conducto de los medios de comunicación han exigido en vano una respuesta a la inseguridad que vivimos.

Autocompras

La incongruencia entre los que dicen los panistas y lo que hacen es clara:

Contraviniendo toda la normatividad que al respecto rige en Baja California, durante la presidencia municipal que en Ensenada desempañaban los panistas, aceites y lubricantes que consumía el ayuntamiento fueron comprados en las empresas propiedad de ellos mismos y de sus parientes políticos, lo mismo pasó con la misma empresa en las siguientes dos administraciones municipales panistas; y que decir del paquete de no menos de 60 automóviles de la marca de la que era y es concesionario el ex secretario de finanzas del gobernador Ruffo, financiados con fondos del erario estatal para que los adquieran funcionarios de confianza. En la administración del mandatario panista, tampoco puede ocultarse la serie de compras que el ayuntamiento de Mexicali hacía recientemente a una refaccionaria de partes para automóviles, propiedad de la familia Sánchez, y regenteado por un hermano del síndico procurador y del entonces secretario del ayuntamiento.

Todavía hace unos días volvieron a denunciar a las autoridades municipales panistas de Mexicali, las autocompras que por conducto del delegado municipal de ciudad Morelos, se realizarán en una refaccionaria donde aparece como accionista el gobernador panista Héctor Terán Terán y el propio delegado panista, también de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad existente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Baja California.

Ataques al Gobierno Federal

Para tratar de cubrir sus fallas e insuficiencias en el ejercicio del poder, los panistas utilizan en forma por demás sistemática, el argumento de que el causante de todos sus males, es el Gobierno de la República.

Reclamándole públicamente a la Federación más recursos, desconociendo los importantes incrementos que de forma directa e indirecta recibe de la Federación el gobierno estatal y las administraciones municipales panistas; además es notorio el afán de ayuntamientos como el de Mexicali que pretenden minimizar y hasta desconocer la participación del recurso federal en obras de trascendental importancia para el desarrollo del municipio.

Contribución cultural

En un acto que incómodo, enormemente a la población bajacaliforniana, la mayoría panista del XIV ayuntamiento de Tijuana que concluyó en noviembre de 1995.

Aprobó el reparto de un fideicomiso, a manera de injustificada indemnización por termino de comisión, entre sus integrantes el monto total del referido fideicomiso repartido como botín por acuerdo inmoral fue de más de 4 millones de pesos. Con un cinismo de tan estérilmente pretendido como torpe buen humor, cuando el presidente del comité directivo estatal del PAN fue requerido en su punto de vista sobre el asunto, declaró a los medios difusivos que tanto el acuerdo del XIV ayuntamiento de Tijuana al respecto como la exculpación que de ellos hizo la Procuraduría de Justicia del Estado, declaró que era "aportación cultural del PAN, al Estado de Baja California". Como colofón, el presidente del XIV ayuntamiento de Tijuana fue nombrado por el Partido Acción Nacional candidato a senador plurinominal en el actual proceso electoral.

Falta de sensibilidad social

El gobierno panista, encabezado por Ernesto Ruffo Appel desapareció las estancias infantiles que sostenidas por el DIF a lo largo y ancho del Estado, daban el servicio de cuidado y jardín de niños a los pequeños de madres trabajadoras a título gratuito.

La insensibilidad de los gobiernos panistas, llegó al extremo de cancelar programas de suma importancia para la ciudadanía bajacaliforniana, como es el caso de la unidad estatal de protección civil.

Desapareció igualmente la academia estatal de policía, el instituto de investigaciones históricas de Baja California y aparte de no entregar puntualmente los subsidios a la UABC, terminó su sexenio adeudándoles a esta institución 42 millones de pesos.

Y que decir del combate a los burócratas, cuando de un plumazo fueron despedidos más de 700 en un solo año, aduciendo que con ese ahorro se realizarían sinnúmero de obras en todo el Estado, cosa que jamás sucedió porque lo cierto fue que contrataron a personal de confianza para que realizara los trabajos de los sindicalizados despedidos, independientemente de que se aumentaron las prestaciones y los viáticos los funcionarios de primer nivel, tal como consta en las partidas ejercidas en esa época por la administración panista.

Igual puede decirse de la lucha que el gobierno del Estado y algunos ayuntamientos panistas, han tenido contra luchadores sociales y contra algunos sindicatos a los que no en pocas ocasiones han reprimido y violentado físicamente para romperles sus movimientos.

Basta recordar como a humildes ciudadanos bajacalifornianos, de escasos recursos, como a golpes fueron desalojados los tianguistas del caballito de Mexicali y cómo los ciudadanos solicitantes de un pedazo de tierra para establecer su patrimonio familiar, fueron desalojados a golpes y encarcelados sus líderes en la colonia 3 de octubre.

Se aluden los panistas de morales y legales, legalidad en el cumplimiento de las leyes.

En Baja California, con un burdo acuerdo por mayoría simple de panistas, modificaron la Constitución estatal.

Y no hacerla congruente con la federal, respecto a la no intervención del Poder Ejecutivo en los procesos electorales; los panistas votaron porque los organismos electorales siguieran siendo intervenidos tanto en su integración como en los procesos por el Poder Ejecutivo de la misma manera, la no asistencia de los diputados panistas a la sesión del Congreso en que se nombraría por reglamento insoslayable la directiva permanente, por la única y evidente razón de que no harían mayoría corriendo el riesgo de perder las votaciones en dicho evento, con el resultado de que prácticamente no hubo Poder Legislativo en Baja California por 13 horas.

Señores diputados: Baja California cambió con el PAN nosotros podemos decirlo con la seguridad del que ha visto ha sentido y ha sufrido el gobierno de ese partido; no el PAN que quieren vendernos, sino el PAN de la realidad; no el de la honradez, sino el inmoral, el de las autocompras, el del nepotismo; no el de la administración eficiente, sino el del gobierno recaudatorio e intimidador; no el del orden, sino el de la inseguridad; no el responsable, sino el de la fácil salida que esquiva su responsabilidad culpando al Gobierno Federal de su ineficiencia; no al que piensa en el hombre, sino el insensible y frío ante el sufrimiento y la necesidad.

Ese es el PAN en los hechos, ése es el PAN sin mentiras, ese es el auténtico PAN, cuando es Gobierno.»

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente:

A continuación hará uso de la voz el diputado Salvador Beltrán del Río, del Partido Acción Nacional, sobre el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo...

En ausencia del diputado, tiene la palabra el diputado Jesús Rodríguez y Rodríguez, para referirse al mismo tema...

Como no está el diputado Rodríguez y Rodríguez, damos el uso de la palabra al diputado José Luis Galeazzi Berra, del Partido Acción Nacional, sobre una denuncia sobre irregularidades en la unidad habitacional Atlixco 90, Puebla.

El diputado José Luis Galeazzi Berra:

Con su permiso, señor Presidente:

Con fines de desquitar un poco mi sueldo, voy a leer mi intervención.

Señoras y señores diputados:

En el año de 1990, en el municipio de Atlixco, Puebla, un grupo de 171 profesores constituyeron una asociación civil de nombre Atlixco 90 y uno de los principales objetivos que se fijaron fue la obtención de las viviendas para cada uno de los 171 integrantes.

Este objetivo se consiguió entre los años 1992 y 1993, con el apoyo crediticio del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, este sueño esperado por muchos profesores, se ha convertido en una pesadilla.

En 1995 se destituye a la directiva de profesores que había sido nombrada en el inicio de la asociación, por medio de un juicio civil. La causa fue la mala gestión y complicidad en las irregularidades. Se constituye legalmente una nueva directiva que hasta la fecha lleva las gestiones.

En 1995 esta nueva directiva acude a un servidor pidiendo ayuda para resolver sus problemas, que en resumen son los siguientes:

1o. Haber construido todas las viviendas sobre un terreno con problemas jurídicos de propiedad.

2o. No obstante que los créditos otorgados eran oficialmente para adquirir casa construida, el Fovissste le liberó el dinero a la directiva anterior de profesores, para que llevara a cabo la construcción de las mismas.

3o. Sin que se sometiera a concurso, la directiva decidió entregar el contrato de urbanización y construcción de 175 viviendas a la empresa GBC, Construcciones, S.A. de C.V., actualmente desaparecida.

4o. A pesar de que el avalúo de las casas era de 29 mil pesos, la directiva anterior de los profesores, en contubernio con la empresa GBC Construcciones, S.A. de C.V., cobraron la cantidad de 35 mil pesos por vivienda; es decir, se cometió un fraude de 1 millón 50 mil pesos.

5o. La compañía GBC Construcciones hizo puras porquerías, saliéndose de toda especificación técnica. A tres años de su construcción están gravemente deterioradas con cuarteaduras y goteras.

6o. Las escrituras de cada vivienda que ahora aparecen en Fovissste, delegación Puebla, están hechas bajo el emblema "bajo litigio".

Errores del Fovissste: entregar créditos sin seguimiento de aplicación y fiscalización de los mismos.

2. Entregar créditos y dejar que se escriturara sin arreglar previamente la situación de irregularidad que guardaba el terreno.

3. El Fovissste no ha cobrado la mayoría de los créditos a pesar de la solicitud de los profesores de que se hiciera este cobro, lo que ha provocado que la deuda siga en aumento.

Acciones realizadas: se visitó en cinco ocasiones al delegado estatal del Fovissste, licenciado Benito Animas Arellano, recientemente de haber tomado dicho puesto, sustituyendo al licenciado Orozco de la Isla, anterior delegado, en manos del cual se realizaron todas estas irregularidades. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de solución. Por tal motivo nos dirigimos en noviembre de 1995 al vocal Ejecutivo Federal del Fovissste, planteando toda la problemática y pidiendo solución. Este escrito de petición nunca fue contestado, por lo que hasta el día 8 de marzo de 1996 nuevamente nos dirigimos al contador público Alejandro Posadas Espinosa, vocal ejecutivo del Fovissste, por cierto, nunca fuimos atendidos por este señor, presentando las mismas peticiones al señor Jorge Francisco Frías Melgosa, quien nos atendió ese día y otras cinco veces más, sin ninguna respuesta positiva.

Como no nos resolvieron nada en Fovissste acudimos entonces con un escrito dirigido a la junta directiva del ISSSTE el 23 de mayo de 1996. En este lugar fuimos atendidos por el ingeniero Arturo Martínez Romero, secretario auxiliar del entonces director general, Manuel Aguilera Gómez.

Por petición del ingeniero Arturo Martínez Romero, quien aconsejó que el escrito que inicialmente iba dirigido a la junta directiva, debería ir dirigido al licenciado Manuel Aguilera Gómez, hicimos el cambio de destinatario y se entregó el escrito de la directiva de maestros y una más en lo personal al ya diputado federal.

El licenciado Manuel Aguilera Gómez a la fecha no ha resuelto nada y creo que ahora menos podrá resolver nuestros problemas, pues ya dejó el cargo, no sé si por incompetente o porque quiere ir a la Asamblea a demostrar su habilidad para resolver los problemas.

Me siento junto con los profesores de la unidad habitacional Atlixco 90, mexicanos agraviados por el Ejecutivo Federal representado en esta institución, incapaz e intolerante. La última vez que me presenté ante el ISSSTE me pusieron delante dos policías, me dejaron en la calle 20 minutos y no me dejaron entrar.

Otra acción realizada es una denuncia ante el agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Atlixco, cuyo expediente es el número AP1279/96/Primera, denuncia que fue presentada el día 13 de julio de 1996 y que hasta le fecha, después de nueve meses, no se ha integrado la averiguación.

4. Se presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le asignaron el número de queja CNDA122/97/Puebla/SO1484.

Señores diputados, por lo vivido durante un año ocho meses que llevo como representante popular, me atrevo a decir que el ISSSTE y el Fovissste no cumplen adecuadamente con su trabajo y como para muestra basta un botón, creo que muchas de las unidades habitacionales construidas o financiadas por este instituto viven o enfrentan problemas similares.

Por lo visto en este caso de gestoría social y en otros más y por lo que se hace en esta Cámara, veo que el Poder Legislativo no constituye un equilibrio para el Poder Ejecutivo y si en este caso el Poder Ejecutivo no ha hecho nada, parece que el Poder Judicial está ayudando.

Muchas gracias.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente:

Sobre la libertad de expresión y censura hace uso de la palabra el diputado Salvador Becerra Rodríguez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Salvador Becerra Rodríguez:

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: acudo a esta tribuna de la nación que violenta gravemente la libertad de expresión de los candidatos del Partido Acción Nacional y el derecho de la ciudadanía colimense a conocer las propuestas de los partidos políticos, para que el 6 de julio pueda votar razonadamente por la opción que mejor responda a sus aspiraciones.

Como es del conocimiento público, en el Estado de Colima se tendrán comicios locales el próximo 6 de julio, para elegir al gobernador de la entidad, ayuntamientos municipales y diputados locales.

Con este motivo a principios de este mes la estación de radio XEBCO, perteneciente al gobierno del Estado de Colima, ofreció al Partido Acción Nacional un proyecto de nueve programas de una hora cada uno, para que nuestros candidatos a puestos de elección local hicieran llegar sus mensajes a la ciudadanía.

La propuesta resultó interesante para nuestro partido y se firmó un contrato entre la estación XEBCO y el comité directivo estatal del Partido Acción Nacional, para realizar las transmisiones convenidas, con un costo total de 12 mil 500 pesos, programa al que se le llamó "Conoce a tus candidatos".

Sin embargo, unas pocas horas antes de la primera transmisión radiofónica, se nos informó que el programa "Conoce a tus candidatos" quedaba cancelado. Como era de esperar manifestamos nuestro rechazo a tal disposición y exigimos se respetara el contrato firmado.

Como sostenían una posición intransigente los directivos de la estación de radio XEBCO, se les hizo saber que a la hora programada de la transmisión se presentarían nuestros candidatos acompañados de un grupo de personas, para realizar un acto de protesta ante la estación de radio y además, se daría aviso a la prensa local para que atestiguaran la censura de que éramos objeto y de la manifestación de repulsa a la misma.

Ante esta medida de presión, fue posible que saliera el primer programa con la participación de tres candidatos a diputados locales del Partido Acción Nacional. Pero solamente en esa primera y última transmisión pudieron los colimenses conocer a sus candidatos, porque el 17 de abril en curso, la licenciada Laura Sánchez Menchero, gerente de XEBCO, dirigió una carta al señor Pedro Peralta Cevallos, presidente del comité directivo estatal del PAN que dice lo siguiente:

Esta es la carta. "Por medio de la presente me veo en la necesidad de notificarle que por decisión de la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio, quedó cancelada la transmisión del Programa "Conoce a tus candidatos".

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo".

Firmada por la gerente de XEBCO.

La carta a que se refiere la gerente de XEBCO está firmada el 16 de abril por el licenciado Eduardo Fonseca García, director de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, cuyo texto dice. También ésta es la carta dirigida a la gerente de XEBCO.

"En alcance a la circular de fecha del 13 de marzo de 1997, en la que se señala que queda prohibido otorgar tiempos para realizar entrevistas a cualquier candidato, le informo que no se autoriza la transmisión del Programa "Conoce a tus candidatos.

" Firmada por el licenciado Eduardo Fonseca, director de radiodifusoras del Imer.

Una sola emisión del programa y dos cartas fueron suficientes para que los colimenses dejaran de conocer a sus candidatos, con el agravante legal del incumplimiento de un contrato firmado previamente. Es importante señalar que la prepotente desautorización del Programa "Conoce a tus candidatos" por parte del Instituto Mexicano de la Radio, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no cuenta con ningún soporte legal, como se desprende claramente de la carta que el presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Colima, envió a la gerente de la radiodifusora XEBCO en la cual manifiesta:

"Licenciada Laura Sánchez, gerente de la Radiodifusora XEBCO: Tras analizar la comisión de medios de comunicación el programa de periodismo radiofónico "Conoce a tus candidatos", que se transmite por la XEBCO, la vocalía de organización electoral considera que dicho programa es equitativo y se ajusta a los lineamientos que señala el Código Electoral del Estado de Colima, en relación a medios de comunicación, el cual no marca límites de hora que los partidos políticos pueden contratar durante su campaña electoral."

Firmado por el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

Estamos, compañeras y compañeros legisladores, ante un claro hecho que establece una férrea censura a las actividades proselitistas de nuestros candidatos en el Estado de Colima, lo cual resulta incongruente con el discurso de los poderes Ejecutivo, Federal y estatal de Colima, de que permanecerán ajenos al proceso electoral. Es indudable que en los tiempos actuales los medios electrónicos de comunicación juegan un papel relevante en las campañas políticas y por ello es sumamente grave que el Gobierno utilice en forma ilegal su poder para limitar a los candidatos en el uso de la radio y la televisión.

Por lo anteriormente señalado, el Partido Acción Nacional solicita al Instituto Federal Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de la Comisión de Medios de Comunicación, ejerzan su autoridad para impedir que el Instituto Mexicano de la Radio censure el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, como lo ha hecho con el programa "Conoce a tus Candidatos".

Los colimenses desean participar en una elección pacífica y ordenada, pero eso dependerá en gran parte de la actuación de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley.

Les agradezco mucho su atención.

El Presidente:

Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas.

PROCESO ELECTORAL DEL 6 DE JULIO

El Presidente:

Para un balance sobre asuntos de la juventud, se ha inscrito la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor...

Para ese mismo tema, hará uso de la palabra el diputado Luis Alberto Contreras Salazar...

Ante la ausencia de ambos diputados, hace uso de la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, sobre una puntualización sobre el proceso electoral del 6 de julio.

El diputado Isidro Aguilera Ortiz:

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Voy a ser muy breve. Hay un asunto que de veras nos inquieta muchísimo a los del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las elecciones del 6 de julio, que tiene qué ver mucho con el clima de intolerancia que se ha presentado a últimas fecha en muchos lugares de este país y tiene qué ver, es muy relevante, compañeras y compañeros diputados...

Tiene que ver porque el día de ayer domingo 27 de abril, siendo alrededor de las 19:30 horas, el candidato a diputado federal por el XII distrito electoral con cabecera en Apatzingán, Michoacán, el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel y la comitiva que lo acompañaba, fueron detenidos por un grupo de individuos con el rostro cubierto con pasamontañas y algunos con medias, algunos con uniformes militares, todos armados con armas largas denominadas AK47, también "cuernos de chivo", en el tramo comprendido entre "Naranjo Viejo" y "El Aguaje", municipio de "Aguililla", Michoacán.

La comitiva estaba compuesta por aproximadamente 40 personas y una vez detenidas, fueron conducidas con las manos en alto y encañonadas, hacia el monte cercano. Aunque la intención aparente era cometer un asalto, cosa frecuente en esta zona, los delincuentes no despojaron a nadie de sus pertenencias; huyeron en los vehículos...

Probablemente eran sus amigos, compañera diputada.

Usted los conoce muy bien, seguramente son sus correligionarios.

Huyeron en los vehículos del candidato y del ex presidente municipal de "Aguililla", señor Moisés Cevallos, mismos que fueron recuperados horas después por la policía municipal de "Aguililla", encabezada por el presidente municipal José María Aguirre Medina, a los que más tarde se sumaron elementos de la policía judicial del Estado.

Entre los acompañantes de Lázaro Cárdenas Batel, se encontraban los señores Leonardo Torres Duarte, candidato a diputado suplente y ex presidente municipal de La Huacana; los señores Jesús Vallejo y Moisés Cevallos, Ramiro Mendoza, presidente del PRD en "Aguililla", Alfredo Tapia, Benjamín González, Tonatiuh Mendoza, Pablo Causar, Brígido Briseño, Jesús Tapia y un grupo de militantes y miembros de las brigadas del Sol, del municipio de "Aguililla", así como un elemento de seguridad nacional que fue quien reportó el hecho a las autoridades correspondientes.

Por lo anterior, demandamos a las autoridades locales y federales, una exhaustiva y pronta investigación de los hechos, con el fin de garantizar que los comicios del 6 de julio, se desarrollen en Míchoacán, en un clima de paz y tranquilidad.

Este es el hecho compañeros. Evidentemente se trata de un acto de provocación al que es conveniente que todos estemos atentos.

Probablemente los señores que están chiflando también a ellos les pueda pasar en el futuro, si no se toman las medidas, un hecho de similares consecuencias.

Muchas gracias.

El Presidente:

Tomamos nota señor diputado.

PROBLEMATICA AGRARIA

El Presidente:

Sobre la problemática agraria actual, hará uso de la palabra la diputada Carlota Botey Estape.

La diputada Carlota Angela Rosa Botey y Estape:

Con su venia, señor Presidente: era un amplísimo relato de los 500 problemas agrarios que han llegado a esta Cámara y que con una violencia institucional dejamos como herencia.

Lo único que solicitaríamos que éste pueda ser insertado en el Diario de los Debates.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que este documento de la diputada Botey sea insertado en el Diario de los Debates.

«Contra la violencia institucional y el terrorismo de estado en el campo mexicano

En el México de hoy día, conviene preguntarse de dónde viene la violencia y quiénes son los verdaderos terroristas. Las respuestas son inequívocas. La violencia viene de las fuerzas policiacas, de las guardias blancas, del Ejército mexicano y de las autoridades políticas (municipales, estatales y federales).

En suma, el terrorismo hoy suele ser un arma policiacomilitar, de carácter seudolegal, que el Estado mexicano emplea contra la disidencia y sus opositores.

Cierto que el Estado como tal tiene derecho a la violencia, pero a una violencia legal y legítima.

No, como es el caso, a una violencia que violenta el propio estado de derecho; razón de ser del estado moderno; del estado democrático.

Al prohijar la violencia institucional y el terrorismo de Estado en contra de los disidentes y opositores; en particular en contra de los campesinos e indios, el Estado mismo se coloca al margen de la legalidad y de la legitimidad política y social: fomentándose de esta manera una permanente violación de los Derechos Humanos y las garantías individuales.

Esta situación ha conllevado a una lenta y silenciosa militarización de las regiones indias del país. Dándose en los hechos una Guerra de Baja Intensidad (GBI) o guerra sucia en contra de las comunidades indias de México; en contra del pueblo mexicano.

Es en este contexto que el pasado 28 de octubre se aprobó en esta Cámara de Diputados, la Ley contra el Crimen Organizado. Dicha ley supuestamente va dirigida contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo.

Naturalmente que nosotros estamos a favor de que se combatan estas tres plagas modernas; pero lo que vemos es que en el seno del propio Estado es donde se da el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo. Los casos del cardenal Posadas, de Francisco Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio, por citar los de mayor impacto en la opinión pública, por lo menos eso nos indican.

La impunidad y la corrupción de la burocracia política, de la que Raúl Salinas de Gortari no es más que el chivo expiatorio, (¿por qué no está en Almoloya Carlos Salinas?) y la falta de una real división de poderes podrían ayudarnos a explicar el hecho de que el narcotráfico y la delincuencia organizada hayan permeado incluso las filas del otrora glorioso Ejército mexicano.

Pero no es del narcotráfico y de la delincuencia organizada de lo que deseo hablarles. ¡No! Lo que a continuación voy a exponerles, en términos muy generales, tiene que ver con la violencia institucional que padecen los campesinos e indios de este país. De lo que quiero hablarles hoy, como despedida, es del terrorismo de Estado. De la violencia que viene de las fuerzas policiacas, de las brigadas blancas, de los grupos paramilitares como paz y justicia, del Ejército mexicano y de las autoridades políticas; tanto municipales, como estatales y federales.

En pocas palabras, les voy a exponer, compañeras y compañeros diputados, la violencia cotidiana a la que se enfrentan los indios y campesinos de este país; los más pobres. Los siempre explotados y jodidos. Los siempre olvidados.

Esta violencia cotidiana, que yo llamo institucional, ya ha costado la vida de más de 500 perredistas. Muchos de ellos campesinos e indígenas y como es obvio, esta violencia favorece a los caciques de las diferentes regiones del país; favorece a los dueños del dinero y del poder; es decir, a los políticos ricos como dijera Hank González, el prohombre del Grupo Atlacomulco.

A todo esto, en una intervención pasada le llamé La guerra sucia en México.

Esta guerra sucia o Guerra de Baja lntensidad (GBl), de acuerdo a los manuales militares de EUA, hoy tiene un claro objetivo político: desmovilizar la participación social y política de los ciudadanos; descabezar a sus organizaciones; intimidar, encarcelar, torturar, desaparecer y asesinar a los líderes y representantes del movimiento social del pueblo mexicano.

Lo que quiere el Estado mexicano es imponer el miedo y la parálisis política. Lo que se pretende es posponer el cambio y prolongar, por más tiempo, el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, la actual imposición de políticas antipopulares, el desempleo, la pobreza, la insalubridad, la inseguridad pública, la violencia institucional, el fraude electoral, el control de los medios masivos de comunicación, el analfabetismo, la marginación, la exclusión, la impunidad política.

En suma, lo que se quiere con la violencia institucional y el terrorismo de Estado, es prolongarle la vida al sistema de partido de Estado. Un sistema en el que el PRI y el PAN van de la mano, pese a sus diferencias. Lo vimos el jueves pasado, en esta Cámara de Diputados, con la aprobación de la nueva Ley Forestal. Una ley que atenta contra la propiedad social, pese a lo que diga la señora Julia Carabias; Secretaria de la Semarnap.

Es en este contexto de violencia institucional y terrorismo de Estado que quiero situar, para su mejor comprensión, la problemática agraria del país; en particular la problemática atendida en la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados, que es un reflejo de la problemática general.

Ello para demostrar varias cosas:

Primera, que la disputa por la tierra sigue siendo uno de los principales problemas de México.

Segunda, que la violencia institucional impuesta a los indios y campesinos proviene de las propias autoridades políticas y administrativas; por acción u omisión y

Tercera, que el terrorismo de Estado, como arma desmovilizadora, ilegítima e ilegal, proviene de algunos grupos que tienen la protección tanto de autoridades regionales como federales.

Pero antes de hacer la exposición de los problemas agrarios más acuciantes que llegaron, por diferentes vías a la Comisión de Reforma Agraria que me honro en presidir, quiero hacer una reflexión general sobre el hecho de que las instituciones encargadas en materia no resuelvan lo que tienen que resolver y no estamos hablando de los asuntos de Ripley.

Y es que no es posible culminar esta LVl Legislatura sin dejar constancia de que, a pesar de toda la retórica del Estado, la justicia no llega al campo mexicano. El derecho a la tierra tan exigido y defendido desde Zapata a Jaramillo, pasando por Villa, Lucio Blanco, Primo Tapia, Ursulo Galván y Lázaro Cárdenas, sigue siendo una cuestión vigente. Una meta por alcanzar, todavía.

De ello dan testimonio los casi 500 asuntos que hasta la fecha han sido atendidos por la Comisión de Reforma Agraria.

Es este sentido, si algo hay que reconocerle a las dependencias del sector agrario es su escrupuloso manejo democrático. Lo mismo han perjudicado a grupos e individuos del Partido Acción Nacional (PAN), que del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que del Partido del Trabajo (PT).

Hoy las dependencias del sector agrario son profundamente anticampesinas. El hecho de que uno de los ideólogos de las reformas salinistas al 27 constitucional sea hoy Secretario de la Reforma Agraria y otro sea el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, es una muestra de ello. De igual manera, hoy también es notoria la poca memoria y la escasa institucionalidad de las distintas dependencias agrarias.

Al respecto es muy sabido que un constante reclamo de las organizaciones campesinas y de los campesinos en particular, tiene que ver con la poca seriedad de las instituciones agrarias; pues éstas se niegan, sistemáticamente, a cumplir los acuerdos tomados por sus predecesores. Sin ningún argumento más que el del "borrón y cuenta nueva".

De ahí nuestra insistencia en no dejar esta tribuna sin dejar constancia de que la problemática del campo mexicano no se ha resuelto. Vamos a heredar, no por gusto, un cúmulo de asuntos recibidos, que muestran el profundo desinterés de las autoridades agrarias hacia los problemas del campo y de los campesinos de México. Lo que sigue, no son más que los casos más ilustrativos, a manera de muestra de la negligencia de las diversas dependencias agrarias, tanto estatales como federales.

Veámoslos de cerca. Repito, son simplemente una muestra. Son los casos representativos y los voy a exponer por estados; quiero empezar por Oaxaca, ese Estado fundamentalmente indio y pobre; últimamente acosado por el Ejército mexicano y por las fuerzas policiacas estatales y federales y dicen que también por el FBI.

De Oaxaca tenemos la acción de Bienes Comunales de San Mateo Río Hondo. A esta comunidad, de manera ilegal, le han saqueado y talado sus bosques. Y cuando los comuneros se han opuesto, han tenido como respuesta la cárcel. ¿Esta es la justicia agraria del régimen? ¿Esta es la justicia que se aplica en el Estado del Benemérito de las Américas?

También, tenemos en Oaxaca, la problemática agraria de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. Pese a la existencia de una resolución presidencial por 460 mil hectáreas para Santa María Chimalapa y por 124 mil hectáreas para San Miguel Chimalapa, hasta el momento no se han ejecutado, entre otras cosas, por problemas de límites con el Estado de Chiapas.

¿Qué es lo que piden los comuneros? Una cosa tan sencilla, compañeras y compañeros diputados: ¡qué se agilice la ejecución de las resoluciones presidenciales! ¿Por qué no lo hacen las autoridades agrarias? ¿Por qué tanta ineficiencia?

Ahora veamos Chiapas. Un Estado totalmente militarizado en el que actúan impunemente los grupo paramilitares cobijados por algunos diputados priístas del Estado. Con un diálogo extendido y una palabra gubernamental incumplida esto pese a la firma de los acuerdos de San Andrés.

Pues bien, ¿a poco realmente creen que la problemática agraria de Chiapas, como la del país, está resuelta con los famosos finiquitos agrarios, compañeras y compañeros diputados? ¿A poco creen que los campesinos se van a conformar con las migajas que les ofrecen a través de los fideicomisos si saben que sus resoluciones abarcan dos, tres o 10 veces más de la tierra que pretenden entregarles?

¿Qué justicia agraria quieren aplicar si de las 2 mil hectáreas a que tienen derecho en Rubén Márquez, en el municipio de Tonalá, les ofrecen tan sólo 200? ¿Acaso piensan las autoridades agrarias que los ejidatarios chiapanecos son tontos?

Ahora tenemos Jalisco. Donde los panistas, al igual que los priístas, se niegan a aplicar la justicia agraria. En el Estado, un magnate francobritánico posee entre 9 mil y 20 mil hectáreas. Al parecer este prohombre de negocios también sabe comprar a las autoridades agrarias , tanto estatales como federales. De lo contrario, ¿cómo explicar que posea tanta tierra, si en México están prohibidos los latifundios?

Pues bien, debido a las autuaciones, conclusiones y sentencias disímbolas de las autoridades agrarias, alguna de ellas probablemente de mala fe, donde se beneficia a alguna de las partes en conflicto y se propicia el enfrentamiento entre grupos, comunidades y poblados los ejidos de Francisco Villa, Emiliano Zapata y la Ley Federal de Reforma Agraria de la Huerta Jalisco, son un vivo ejemplo del carácter pernicioso del actuar de las autoridades agrarias. ¿Por que tanta ceguera en el proceder de las diversas dependencais agrarias? ¿Por corrupción?, ¿para favorecer a James Goldsmith?

Ahora voy a exponer un caso del Estado de México. Sucede Xalatlaco lleva ya más de 40 años, ¡más de 40 años, compañeras y compañeros diputados!, esperando que se cumpla una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia. Y luego el doctor Warman quiere que le creamos su cuento de que durante este año se termina con el rezago agrario.

Por eso a él y al doctor Zedillo les digo lo siguiente -parafraseando a León Felipe (ése gran poeta español)- que en materia agraria, yo no sé muchas cosas, es verdad, pero sé todos los cuentos.

En el Estado de Nayarit, concretamente en el municipio de Tepec, el poblado de Cerro de los Tigreses, tiene instaurado un expediente agrario sobre unos terrenos incautados por la siembra de estupefacientes. Aquí lo único que se pide es que se agilice su expediente agrario y que se regularice al posesión de los terrenos.

Pues bien, la SRA no respondió a ¡una solicitud de información!, presentada por la Comisión de Reforma Agraria. ¿Cuestiones meramente burocráticas? Al principio de la presente legislatura así lo hubiéramos creído, pero ahora, no sabemos por qué malévolas razones, empezamos a creer que a las autoridades agrarias no les interesa un comino resolver la problemática de los campesinos de este país. Ahí están los casos, por si quieren revisarlos.

Repito. Lo que les he presentado son sólo apenas unos cuantos casos de los casi 500 que tenemos en la Comisión de Reforma Agraria y los casos aquí presentados, al igual que los otros, que por razones de tiempo no puedo exponer ante ustedes, representan la violencia institucional: una violencia callada, burocrática, que no aparece en los medios masivos de comunicación, pero que es muy efectiva a la hora de sembrar el desaliento, la desesperanza y la desconfianza hacia las autoridades de este país. ¿Por qué a los banqueros el Estado mexicano les resuelven con tanta eficiencia y prontitud y a los campesinos no? Razones de pesos, dirán las malas lenguas.

En cuanto a la política del campo, centrada en la alianza para el campo y sus tres programas estratégicos: el Procampo, el Produce y el Procede, no vamos a decir nada nuevo. Sólo vamos a repetir lo que ya hemos planteado en esta tribuna. Que la política de Zedillo hacia el campo no es "incluyente" ni "participativa". De hecho es la continuación de la política salinista. Por lo que de ninguna manera es "opuesta", como quiere Zedillo, al "paternalismo y a los vicios del centralismo".

Lejos de ello, como lo afirmé en mi análisis del II Informe de Gobierno del doctor Zedillo, en el Senado de la República, gracias a la actual política neoliberal tenemos "un campo devastado y un acoso permanente al movimiento campesino y el predominio, cada vez más, de la extrema pobreza". En aquella ocasión también dije lo siguiente: "lo que nosotros leemos entre líneas es que el México agrario, lo mismo con Zedillo que con Salinas, ha sido condenado a la marginación".

Por eso lo dicho por el doctor Zedillo en el contexto de la XXVIII Asamblea Anual de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural en un lujoso hotel de la Ciudad de México, marco adecuado para reunirse con los hombres más ricos del campo y de la expoganadera Sonora 97, no es más que pura demagogia y retórica.

El viernes pasado, en la prensa nacional se presentaron los avances del Programa Sectorial Agrario 19952000. Como ha sido característico del presente sexenio, se nos ofrecen una serie de cuadros y estadísticas con los que se pretende dar cuenta de la política agraria y del sector.

En los mencionados avances, se destacaron varios puntos:

1) El rezago agrario; donde se destaca que al 15 de abril sólo quedan 50 expedientes agrarios pendientes (el 0.8%). De igual forma se destacan los famosos acuerdos agrarios con 12 organizaciones del sector social. Lo que obviamente no se dice en ese informe es que a las organizaciones campesinas independientes se les está presionando para firmar esos "acuerdos"; de no hacerlo no les atienden y resuelven sus asuntos agrarios.

2) El ordenamiento y regularización de la propiedad rural. El Procede. Según los datos ofrecidos, al 15 de abril, de un total de 27 mil 218 ejidos, ya se encuentran certificados 13 mil 488 (el 50%). Mientras que 19 mil 954 (el 73%), están incorporados al Procede. En múltiples foros he manifestado que el Procede es un instrumento técnico y jurídicoadministrativo para dar pie a la privatización de la tierra del sector social.

3) Procuración de justicia. Se dice que la Procuraduría Agraria tiene el carácter de defender los derechos agrarios. Aquí también se dan una serie de datos que no vienen al caso reproducir; pero sí quiero dejar constancia que de los casi 500 casos de la Comisión de Reforma Agraria, 65 son de la Procuraduría (el 14%). Es decir, que la eficiencia de la que se presume queda en entredicho.

4) Desarrollo agrario. Se habla de capacitación y organización agraria; investigación agraria; programa de la mujer campesina los fondos comunes. También se dan una serie de números, ante lo que nosotros argumentamos, como lo hemos hecho siempre, que se carece de una política integral de desarrollo rural y que los actuales programas son, a lo sumo, paliativos de la grave pobreza que se vive en el campo y que dicha pobreza no se va a combatir realmente mientras no se apueste por una política agropecuaria que incluya al sector del campo.

5) En otros renglones, como el de la regularización de asentamientos humanos y creación de reservas territoriales; terrenos nacionales y baldíos; expropiación de bienes ejidales comunales y actuación jurídico y administrativa, se ofrecen una serie de números que no vamos a detallar. Solo vamos a tomar el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y se dice que la Secretaría "ejecutó de 1996 a marzo de 1997, 168 resoluciones presidenciales en un total de 786 mil 973 hectáreas beneficiando a 12 mil 249 familias".

De los 500 casos de la comisión, 291 competen a la SRA (el 64%) y muchas veces ha predominado la negligencia, como lo detallamos en lo exposición de los casos que hemos escogido para ilustrarles la situación agraria de la comisión y del país entero.

Por último, a estos avances del Programa Sectorial Agrario 19952000 y sus cuentas alegres, nosotros oponemos la triste realidad del campo mexicano. De ninguna manera podemos permitir que las máximas autoridades gubernamentales sigan diciendo que sus políticas, económica, agropecuaria y agraria son las más adecuadas. El México real, tan distinto del México imaginario, no está dispuesto a aceptar más mentiras y simulaciones.

Por eso demandamos y seguiremos demandando, un nuevo pacto social democrático en el que las mujeres y los hombres del campo participen de los frutos del desarrollo integral de México.

No podemos concebir una recuperación económica que no incluya a los campesinos y, sobre todo, que no descanse en la autosuficiencia alimentaria, la justicia y la soberanía nacional.

En lo que respecta al terrorismo de Estado, fenómeno que también padecen los campesinos e indios de México, es cuestión de saber leer la prensa. Tanto la nacional como a veces la prensa de los estados.

En la prensa nacional casi a diario se lee en sus páginas, como muestra de lo mal que andamos en lo tocante a la justicia en el campo, los nombres de las víctimas tanto de la violencia institucional como del terrorismo de Estado.

Por ejemplo, el día de ayer, en La Jornada, aparecieron tres noticias que demuestran lo que en tribuna he afirmado: que la violencia institucional y el terrorismo de Estado se ceba, principalmente, en los campesinos e indios de este país. Estoy hablando de las noticias que aparecen en un día en la prensa, no de las que se leen durante un mes ni siquiera durante una semana.

1a. Noticia. Oaxaca. "Al ser emboscada una familia triqui, tres de sus miembros resultaron muertos y siete más heridos por impacto de bala".

2a. Noticia. Distrito Federal. "Comuneros de El Ocotal, en la delegación Magdalena Contreras, efectuaron ayer un plantón para pedir que cesen las invasiones de predios en esa zona, ya que hay riesgos de enfrentamiento".

3a. Noticia. Veracruz. "El grupo ecologista Guardianes de la Tierra informó que el gobierno del Estado pretende acabar con la forma de vida de los 500 pescadores ribereños que exigen detener la contaminación en el río Coatzacoalcos".

Estas tres noticias, como los casos agrarios aquí presentados, tiene un denominador común: la renuncia del Estado mexicano a sus actividades sustanciales: la justicia, la paz, la preservación de la libertad, la educación y el desarrollo económico del pueblo mexicano.

Hoy, el Estado mexicano, por sus compromisos contraídos con el capital financiero internacional, ha optado por la violencia institucional y el terrorismo de Estado. Todo en beneficio de unos cuantos, los Roberto Hernández, los Claudio X. González, los Carlos Slim etcétera, y en perjuicio de todo el pueblo mexicano. ¿Es casual que casi la mitad de la población mexicana viva en la pobreza, mientras que los nombres citados arriba son supermillonarios?

Muy lejos del consenso y la legitimidad, el Estado mexicano ha apostado por el endurecimiento y la represión. Así lo demuestran los más de 500 perredistas asesinados y los miles y miles de luchadores sociales que se encuentran, injustamente y por razones sociales y políticas, en las cárceles del país. Este es el Estado neoliberal de Salinas y del doctor Zedillo. Un Estado al servicio del capital financiero internacional y sus lacayos nacionales y no un Estado al servicio del pueblo de México. ¡Lástima!, que algunos diputados, en lugar de asumirse como poder independiente, prefieran ser cómplices de un Estado represor y violador de los derechos humanos. ¡Allá ellos!

En el pecado llevarán la penitencia, aunque por ahora lo ignoren.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 1997.»

DERECHOS INDIGENAS

El Presidente:

A continuación hará uso de la palabra el diputado Ramón Sosamontes Herreramoro, sobre el caso Colosio.

En ausencia del diputado Sosamontes, hará uso de la palabra el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, para referirse a los derechos indígenas.

El diputado Luis Andrés Esteva Melchor:

Con su permiso, señor Presidente:

El grupo parlamentario de Acción Nacional durante las últimas sesiones de este periodo ordinario, ha estado planteando su posición respecto de los temas de la reforma del Estado.

En el caso de los derechos indígenas, que es uno de los temas que menos discusión ha tenido en esta instancia, no hemos querido hacer la excepción.

Por lo tanto y en obvio de tiempo, quisiera solicitar a la Presidencia se sirva ordenar se inserte el texto que entrego en este momento, en el Diario de los Debates para que quede constancia de la posición de Acción Nacional respecto del tema.

Muchas gracias.

El Presidente:

Muchas gracias, señor diputado. Se instruye a la Secretaría para que el documento presentado por el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, se inserte en el Diario de los Debates.

«Con su permiso señor Presidente:

Ya se ha mencionado con insistencia en esta tribuna, que la realidad social y política del México actual impone la necesidad de promover la Reforma del Estado. En el marco de esa reforma, cuyo propósito fundamental debe ser el establecimiento de las condiciones para que la democracia tenga vigencia, se ha planteado el tema de los derechos indígenas. Precisamente, una de las mesas instaladas en el Congreso Mexicano para la discusión de la Reforma del Estado, se encargaría de trabajar al respecto. La importancia del tema provocó su inclusión en las discusiones y el diagnóstico del mismo, resulta coincidente en muchos aspectos para las distintas fuerzas políticas con representación en esta Cámara y aun fuera de ella.

Es decir, todos estamos conscientes de que la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y su integración al desarrollo ha ocupado distintas posiciones en la agenda política, pero el actual contexto exige una mayor capacidad propositiva para ofrecer estrategias que posibiliten la real adición de los indígenas a la vida nacional.

Las estimaciones del tamaño de la población indígena mexicana varían desde un mínimo de 6 millones 411 mil 972 hasta un máximo de 8 millones 701 mil 688; es decir, entre 7.9% y 10.7% de los 81 millones 249 mil 645 habitantes, según el último censo.

La consideración de 6 millones 411 mil 972 personas se basa en el criterio lingüístico; es decir, en la definición de indígena como aquella persona que habla una lengua indígena. Actualmente, en México existen alrededor de 56 lenguas indígenas excluyendo los dialectos (variantes de lengua). Las lenguas que más se hablan en el país son: náhuatl (22.7%), maya (13.5%), zapoteco (7.6%) y mixteco (7.3%).

La cifra máxima de 8 millones 701 mil 688 la proporciona el Instituto Nacional Indigenista, al considerar otras variables para estimar la población indígena en el país.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoce 62 pueblos indígenas dispersos en el país, registrando una mayor concentración los estados de Oaxaca (18%), Veracruz (13%), Chiapas (13%), Puebla (9%) y Yucatán (8%). Es decir, en cinco estados habitan el 61% de la población indígena del país. Si comparamos los índices de inmigración y pobreza resulta que los estados y municipios con mayor concentración de población indígena también son estados de alta y muy alta marginación.

Del total de la población de cinco años a más, hablante de lenguas indígenas, se tiene que en los municipios de mayor presencia indígena un mayor porcentaje es monolingüe, a diferencia de los municipios con muy poca presencia indígena, que en su mayoría habla el español, además de su lengua indígena.

En cuanto a los niveles de instrucción, se observa que en aquellos municipios con menor concentración indígena se tienen niveles superiores a la posprimaria, a diferencia de los municipios con mayor concentración, los cuales registran un índice de 40.7% de personas que carecen de instrucción; es decir, el nivel de analfabetismo en México se presenta principalmente en la población indígena.

A partir de los indicadores se podría inferir que la población indígena en México corresponde a los grupos de personas que viven en las peores condiciones sociales, conformando nuestro país y, por tanto, desprovistos de las mismas oportunidades de desarrollo.

Si vemos la población indígena por municipios, encontramos que en 428 de ellos (18% del total) los habitantes de lenguas indígenas, representan más del 70% de su población. Hay otros 245 municipios en los que la población de habla indígena está entre un 30 y un 70%. Esos 673 serían los municipios con los que pueden hacerse planteamientos especiales en el orden de la preservación de la cultura y de las formas de gobierno de la población indígena.

Ahora bien, Acción Nacional aborda la problemática indígena a partir de dos grandes perspectivas; discriminación y pobreza. Consideramos que ambos problemas sintetizan la causalidad de la condición indígena sobre la que pesa la marginación económica, política y cultural. De esta forma, se evalúan los elementos políticos, jurídicos y sociales que garanticen la inserción participativa de los indígenas en las decisiones que definan el rumbo de la nación.

Problematizar la marginación de las colectividades indígenas no es sencillo por dos razones; primero, porque las condiciones de injusticia y marginación en que se encuentran estas colectividades obedece a la ausencia de un estado de derecho que promueva una cultura política plural y democrática; segundo, porque lo indígena, al encontrarse socialmente desvalorizado, ha propiciado una actitud de discriminación social, económica y cultural de estas poblaciones. Ante esta situación, la marginación ha acumulado rezagos y necesidades irresolutos, al mismo tiempo que ha mantenido a las poblaciones indígenas en una posición de desventaja en cuanto al resto de la sociedad y de la nación.

Consideramos que la prioridad nacional debe ser que el sistema de derechos y libertades establecido en la Constitución se extienda a todas las personas que conforman los grupos indígenas. Este argumento parte de que el indígena como persona, tiene derecho a gozar, plena y efectivamente, de las prerrogativas y libertades que nos otorga la Constitución para alcanzar un desarrollo armónico y justo dentro y fuera de su comunidad, aunque esto a su vez no lo sustraiga de ser sujeto de obligaciones definidas por la propia ley.

Nuestra propuesta acepta la posibilidad de reconocer aquellos derechos colectivos de corte consuetudinario que puedan incorporarse al cuerpo jurídico nacional, estatal o municipal, según sea el caso. Sin embargo, llama la atención la inexcusable necesidad de asegurarse que estos derechos colectivos sirvan para afirmar y promover los derechos y garantías individuales y sociales de los indígenas como ciudadanos, no para preservar formas ancestrales de discriminación y marginación que solapan luchas entre caciques y fuerzas políticas, quienes explotan el sentimiento étnico en favor de sus intereses. No debemos perder de vista que en ocasiones, sobreponer lo colectivo a lo individual puede llevar a otro tipo de injusticias, como sucede actualmente, especialmente en contra de la mujer indígena, así como las minorías políticas y religiosas asentadas dentro de estas mismas colectividades.

Bien sabemos que una de las principales limitantes para combatir la injusticia es dar igual trato a los desiguales. Sin embargo, consideramos equivocadas las medidas que en vez de reducir las desigualdades, las perpetúan, cristalizándolas en leyes de corte paternalista y corporativo. La lucha contra la desigualdad y segregación en el trato a los marginados debe contemplar mayores oportunidades reales y efectivas para su desarrollo. La desigualdad en que se encuentran las colectividades indígenas, así como el trato discriminatorio al que se les somete económica, política y socialmente, sólo podrá resolverse cuando se garanticen las condiciones para ejercer sus garantías individuales y colectivas.

Para ello es fundamental instrumentar los mecanismos para que las colectividades indígenas expresen su voz, garantizando su representación política y, por tanto, la defensa de sus derechos ciudadanos. Se trata de establecer, con el espíritu de un auténtico federalismo, que las poblaciones indígenas mantengan relaciones políticas y sociales con el resto de la nación, en términos de cooperación y respeto a la pluralidad, de tal manera que las colectividades indígenas formen parte del proyecto de nación.

El tema de la discriminación quizá sea el menos abordado cuando se plantea el reconocimiento a los derechos de las poblaciones indígenas. Es fundamental, destacar que, en México, los prejuicios hacia los indígenas están marcados tanto por el racismo y la discriminación, como por sus condiciones de pobreza y marginación.

Este fenómeno se ha evidenciado durante mucho tiempo a través de las políticas indigenistas estatales, mismas que buscaban integrar o asimilar a las culturas nativas al conjunto social y a los proyectos de progreso y desarrollo nacional. Esto sugiere que los grupos étnicos, dada su condición de marginación generalizada, son considerados como un obstáculo para la modernización del país, sin capacidad efectiva para plantear un proyecto propio y mucho menos para participar en la vida política de la nación.

Sin embargo, la relación entre el Estado y las colectividades indígenas ha representado el carácter paternalista del sistema mexicano, en el cual la toma de decisiones responde en muy pocas ocasiones a las necesidades y demandas indígenas, por lo que sus relaciones con el Estado y con la misma sociedad se han dado en términos de subordinación, aunado al costo de la pérdida de su identidad étnica.

La discriminación a los grupos indígenas se sustenta, primordialmente, en la negación de lo diferente, en la desvaloración de aquellas características de las colectividades que no forman parte del modelo de progreso occidental y que no contempla diversas expresiones en el proceso de desarrollo; por ello, se adolece de la capacidad de reconocer la marginación a que se somete a ciertos sectores urbanos y rurales indígenas; es decir, grupos minoritarios o vulnerables al abuso del poder.

No obstante, debe reconocerse que dentro de las mismas colectividades también existen prácticas comunitarias que atentan contra la integridad física y moral de los miembros, principalmente en lo que se refiere a la pluralidad de opiniones políticas, libertad en las creencias religiosas, así como el papel productivo y social de las mujeres y niños dentro de la comunidad.

En este sentido, consideramos que la discriminación debe encararse en dos frentes:

1o. La discriminación de la sociedad hacia los grupos indígenas y

2o. La discriminación interétnica. Por lo tanto, romper el círculo de la discriminación implica sobreponer la persona humana real al colectivo social abstracto, pues de otra forma se le deja desprotegido contra las posibles arbitrariedades de la colectividad en materia de vocación profesional, libre movimiento, adquisición de propiedad, credo religioso y posición política, pero fundamentalmente, ante la propia cultura de las poblaciones indígenas, que puede atentar contra la integridad y dignidad humana de los individuos.

Para adoptar una decisión política que resuelva la problemática indígena es necesario que la sociedad mexicana revalore la identidad étnica, para ello tendremos que reconocer que la pluralidad es el principio fundamental de toda sociedad democrática. Lo anterior supone transformar la percepción que la sociedad tiene de lo indígena, a través de un complejo proceso de reeducación social que garantice la reproducción de un espacio para libre manifestación de las tradiciones y costumbres comunitarias que no transgredan las garantías individuales asentadas en la Constitución.

Hablar de colectividades indígenas nos remite inmediatamente a la pobreza y a la marginación. La reproducción económica, social y cultural de estas poblaciones y colectividades se ha desarrollado en condiciones de desigualdad e injusticia marcadas por la discriminación a sus culturas y formas de organización por parte de la sociedad no indígena y, lo más grave, sin pleno reconocimiento y respeto a sus garantías individuales.

América latina y el Caribe es la región que concentra la mayor parte de la población indígena del continente; tan sólo la región mesoamericana (México y Centroamérica) agrupa 47.5% del total.

De cada seis habitantes rurales uno es indígena; el 29% de los municipios de nuestro país son predominantemente indígenas. En ellos, 97% de los indígenas viven en condiciones de alto grado de marginalidad; esto, sin estimar la población que emigró y aún habita en las zonas urbanas.

Un ejemplo de la relación indígenamarginación es la clasificación del Consejo Nacional de Población (Conapo) para determinar las condiciones y grados de marginalidad en 1990. En este estudio seis estados del país presentaron condiciones de muy alta marginación: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Guerrero, estados en los que habita el 65% de la población indígena del país.

Con base en lo anterior se puede inferir que las garantías individuales, como la igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad no se han cumplido para la población indígena, lo cual estructuralmente ha derivado en relaciones económicas, sociales y culturales desiguales, en las que el marginado no goza de canales reales para acceder a los beneficios legales, políticos y económicos de pertenecer a la nación.

Como hemos afirmado hasta ahora, partimos de que el primer paso para romper el círculo de la discriminaciónpobreza de las poblaciones indígenas es reivindicar el papel del individuo, el ciudadano y el municipio, antes que la comunidad, la etnia y el territorio. En este sentido, nuestra proposición es sencilla: toda propuesta e iniciativa de ley que busque beneficiar a los indígenas debe tender a romper las desigualdades, no a reproducirlas de manera distinta.

No podemos coincidir con el argumento que afirma que, en tanto diferentes, los indígenas deben seguir teniendo un trato desigual que los coloca en el último lugar de las prioridades nacionales, especialmente en lo que concierne a la obtención de un espacio político autónomo, regido por una legislación diferente a aquella que se aplica al resto de los mexicanos. El brindar un permanente trato desigual a los no iguales, antes que romper los vicios de la desigualdad, se traduce en un nuevo tipo de segregación donde se perpetúa la idea de generar ciudadanos de primera y de segunda.

El establecimiento de iguales derechos y libertades para los miembros de un país se basa en dos principios fundamentales. Primero, se debe asegurar a todos el mismo acceso inmediato al sistema total de derechos, libertades y obligaciones, dentro de los principios establecidos por la Constitución; garantizar sin gradualismos común acceso a los derechos, libertades y obligaciones es el primer paso para instaurar canales igualmente abiertos para todos, accesos y oportunidades legalmente reconocidos a todos para gozar de los beneficios del sistema.

A diferencia de otras propuestas donde tiene prioridad el reconocimiento de derechos desiguales para los diferentes, invertimos la estrategia: primero hay que igualar a todos los individuos ante la ley para, posteriormente, proceder a identificar y suprimir sus desigualdades. En este sentido, advertimos la necesidad de identificar las diferencias, aunque no aceptamos el establecimiento de una legislación distinta, especial o paralela, a partir de este supuesto.

Por el contrario, partimos de que toda regla debe ser aplicable al conjunto de individuos de una nación, lo cual se traduce en que aspectos de la legislación de las colectividades, acordes al espíritu de la Constitución, sean incorporados al cuerpo de ésta y otros códigos y legislaciones, implicando obligación no sólo para los indígenas, sino para todos. Este argumento se basa en el supuesto de que no se pueden reivindicar principios en nombre de los indígenas, cuando no aceptaríamos su aplicación análoga para los no indígenas y para los indígenas de otras etnias.

De la misma forma, el reconocimiento de su diversidad debe llevar a la defensa del municipio libre como el espacio natural para la expresión de la vida política y las particularidades de la comunidad. Este criterio está en armonía con el principio de subsidiaridad que el Partido Acción Nacional ha defendido a lo largo de su historia, como pilar de la democracia municipal y el auténtico federalismo.

En este sentido Acción Nacional busca proponer una nueva aproximación a la estructura del pacto federal mexicano, a partir de su estructura básica: el municipio y, con ello asumir una solución que acerque, no que ahonde, las distancias entre el México indígena y el México mestizo.

Diputado Luis Andrés Esteva Melchor.»

El Presidente:

A continuación y para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Antonio Hernández Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio Hernández Cruz:

Con su venia, señor Presidente:

Ante la cerrazón gubernamental, los pueblos indígenas de México continuaremos nuestra lucha por la conquista de la autodeterminación y la autonomía.

Compañeras y compañeros diputados: antes quiero ofrecer disculpas por leer el documento

"Por resistencia de los pueblos indios de México".

"En las últimas décadas las organizaciones indígenas de México hemos venido planteando al país nuestras demandas fundamentales respecto a nuestros valores culturales, a nuestras lenguas, a nuestras formas propias de hacer producir la tierra, incluyendo el respeto a ella, a nuestra forma de organizarnos socialmente, a nuestra forma de gobernarnos y resolver nuestros asuntos. Todo ello se resume en un gran planteamiento: la demanda de autogobernarnos con autonomía en nuestros territorios.

No queremos con ello separarnos del país ni ponernos al margen de las leyes. Por el contrario, queremos ser parte de la sociedad nacional con derechos plenos, queremos entrar a la legalidad, a un país de leyes justas, de leyes que conduzcan, de leyes que reconozcan la diversidad cultural y étnica de la nación.

Pero durante toda esta historia republicana, se nos han negado estos derechos. Es imposible detallar aquí los innumerables esfuerzos que han realizado multitud de organizaciones y autoridades indígenas de todo el país, tan sólo durante los últimos años, para impulsar los cambios fundamentales que permitan a los pueblos indios de México, ser ciudadanos plenos.

Lo que puede decirse, en breves palabras, es que el Gobierno mexicano ha puesto oídos sordos a este justo reclamo, una y otra vez. A cambio ha ofrecido lo de siempre: acciones y programas indigenistas, que lejos de resolver los problemas los han agravado cada vez más.

El levantamiento de los compañeros indígenas de Chiapas, el 1o. de enero de 1994, es apenas un caso destacado de esta larga cadena de lucha de las organizaciones indias de México. Aparte de las numerosas iniciativas políticas de movimientos y luchas han habido también iniciativas legislativas de las organizaciones indias, que han recibido como respuesta el silencio y la indiferencia, la famosa "congeladora".

El Congreso de la Unión, compañeras y compañeros, no ha cumplido con su deber fundamental: dar leyes justas para los ciudadanos, en particular aprobar un marco jurídico que sea la base para resolver los grandes problemas de los pueblos indios de México. La indiferencia y la incomprensión son seguramente causas de esto. Pero como resulta evidente, hoy más que nunca la causa fundamental reside en la histórica dependencia del Poder Ejecutivo, quien ha dictado hasta hoy la norma a seguir: no reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indios, resumidos en el derecho de la autonomía.

Mientras tanto, el país va quedando entre los más rezagados del mundo en materia de derechos para los pueblos indígenas. Numerosos países del planeta han realizado avances notables en este campo, incluso en América latina. Baste citar los casos de Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, entre otros países.

Asimismo, la comunidad internacional avanza aceleradamente. Por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas existe ya un instrumento: el Convenio CLXIX de la OIT, signado por México pero no honrado en la práctica.

Además, se dispone ya de una propuesta de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el ámbito interamericano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el 26 de febrero de 1997, de este año, un proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. En los casos señalados se reconocen derechos a los pueblos indios, como el de la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno etcétera, que debería avergonzar a juristas y políticos que en nuestro país se oponen a los avances en materia de derechos indígenas.

No se debe pasar por alto que el Gobierno mexicano no sólo no promueve avances en las leyes nacionales, sino que además incumple sus compromisos internacionales. Mientras tanto, hace informes amañados a los organismos internacionales en los que dice que respeta sus obligaciones. Este es el caso del informe hecho el 19 de agosto de 1996 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

Más aún: cuando un instrumento internacional se convierte en ley nacional, como ocurre con el Convenio CLXIX, tampoco se cumple.

Cabe preguntarse: ¿México está condenado a ser un país de la discriminación, de la explotación, de la opresión de sus pueblos indios? ¿Estamos condenados nosotros los indios a vivir en la violencia, el desorden y los enfrentamientos que provoca la situación de desamparo legal y real en que vive un sector importante de la nación? ¿Se pretende que los pueblos indios esperemos otros 504 años más, sumidos como hasta hoy en la miseria, la dominación y la explotación más espantosa? ¿No hay voluntad política a la vista para dar una salida democrática, pacífica y justa a la situación?

En lugar de ello asistimos a una enorme campaña montada para dizque demostrar que es peligroso para el país reconocer los derechos indígenas. Se dice que queremos separarnos del país, queremos dividir la nación y hasta se llega a decir que de reconocerse la autonomía llegaríamos a pedir visas y otras tantas tonterías por el estilo. Se trata de disparates expuestos por quienes no tienen argumentos sobre el tema. Su objetivo no es formar la opinión pública sobre el importante tema, sino confundir.

En ningún momento los pueblos indios hemos manifestado tener tales propósitos. Por el contrario, con toda claridad una y otra vez hemos resumido nuestro pensamiento de esta manera: queremos ser parte de una nación unida, sólida, justa, plural, democrática.

Pero para que una nación con tales características crezca y se fortalezca, es necesario que se reconozcan nuestros derechos a fin de que no sigamos siendo considerados ciudadanos de segunda, como población prescindible.

Compañeras y compañeros diputados, es ilegítimo querer una nación así. ¿No tenemos derecho los indígenas a preservar y hacer florecer nuestras culturas? ¿Lo que ya es derecho pleno en muchos países desarrollados y prósperos es pecado en México?

Pese a todo lo dicho, es decir, a pesar de la negativa del Gobierno a cumplir con los compromisos asumidos durante el diálogo de San Andrés, de la deformación deliberada de nuestras demandas, de la cerrazón y ceguera del régimen, es necesario dejar constancia de lo siguiente:

Las organizaciones indígenas del país no cejaremos ni descansaremos hasta ver realizados nuestros derechos. Las organizaciones que participamos en los trabajos de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, la ANIPA, todos los sectores indios que dieron su palabra durante el diálogo de San Andrés, expresaron a la nación cuáles eran sus planteamientos y propuestas; ahí están, las asumimos como nuestro proyecto irrenunciable y las sostenemos. No vamos a renunciar a ellas.

Es deseo de los pueblos indios entrar a la legalidad, ver nuestros derechos en la letra de la Constitución y de las leyes. Si se nos niega esa posibilidad, como está ocurriendo hasta ahora, no nos retiraremos de la lucha, seguiremos insistiendo, pero al mismo tiempo vamos a desarrollar toda la fuerza creativa de nuestros pueblos y comunidades para impulsar en los hechos nuestras legítimas reivindicaciones y en particular, nuestro derecho a la autonomía.

Mientras se definía cuál sería la actitud del Gobierno sobre el reconocimiento constitucional de nuestros derechos, las organizaciones indígenas hicimos un receso. Hemos esperado pacientemente ya va siendo claro para nosotros y para la opinión pública nacional e internacional que la intención del Gobierno es una vez más desconocernos como pueblos y manipular la demanda de autonomía para dejarla sin contenido.

Por su parte, el Poder Legislativo no ha sido capaz de tomar en sus manos esta histórica responsabilidad, con lo que el reconocimiento jurídico de nuestros pueblos ha quedado en el limbo. Esta LVI Legislatura concluye sin que se haya conocido una iniciativa de reformas constitucionales que dé satisfacción a los anhelos de los pueblos indios de México. En suma, no ha habido ningún resultado.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, las organizaciones indígenas reafirmamos nuestro derecho a autogobernarnos en nuestros territorios, a mantener nuestros sistemas normativos, a desarrollar nuestras culturas y a ocuparnos de nuestros propios asuntos, viviremos y desarrollaremos nuestras autonomías, de hecho en nuestros territorios ampliaremos nuestras libertades con nuestro propio esfuerzo y resistiremos amparados en el vigor de nuestra historia y en la justicia que nos asiste.

El Presidente:

Para rectificar hechos, tiene uso de la palabra el compañero diputado Pedraza.

El diputado Roberto Pedraza Martínez:

Con su permiso, señor Presidente:

Solamente para comentar en relación al comentario que hiciera el diputado Antonio Hernández Cruz.

En efecto, habemos muchos culpables de la marginación y del olvido en que se encuentran muchos de los grupos indígenas, pero muchos tenemos también la culpa.

Usted manifestó que el Poder Legislativo no quiso tomar en sus manos este asunto y es cierto, el caso está palpable en usted señor diputado, muy pocas veces se presentó a la Comisión de Asuntos Indígenas a sesionar junto con sus compañeros diputados, que tuvieron la responsabilidad de sesionar en 26 ocasiones.

Hicimos una consulta nacional, la más grande y la más amplia de la historia en materia indígena, de lo cual queda constancia porque están aquí las memorias, porque consultamos a todo el país, consultamos a Chiapas también.

Los diputados de Acción Nacional y del PRD también estuvieron prestos y solícitos a atender las demandas de los indígenas. Sin embargo sabemos y lo entendemos que las reglas del juego estuvieron en la Cocopa y las reglas de procedimiento decían que había que esperar que en los diálogos de San Andrés llegaran los resultados a este recinto, a las instancias de decisión así lo decían textualmente, cosa que aún no ha llegado y por eso la comisión, quiero dejar a salvo el trabajo de esta comisión, insisto, 26 veces sesionamos y 26 veces discutimos esto que seguramente usted no escuchó señor diputado.

Nos causa también extrañeza el hecho de que todos hablamos de indigenismo, muchos hablamos de indigenismo y a la hora de seleccionar candidatos a diputados, muy pocos partidos, casi nada, seleccionaron candidatos indígenas para este Congreso. Es un tema que también se quedó en el olvido y que solamente aquí discutimos en algunas ocasiones.

Luego entonces, en ausencia señor diputado, quiero dejar, en ausencia porque casi nunca estuvo usted, quiero dejar constancia, el trabajo de muchos diputados incluyendo a los de su partido que sí estuvieron presentes, lo quiero dejar en la Secretaría. Ese es el trabajo donde están las propuestas de todos los grupos indígenas del país incluyendo al de usted, señor diputado, incluyendo a Chiapas, incluyendo los diálogos y esperemos que este trabajo quede como testimonio del esfuerzo de los diputados de esta comisión quienes sí asistieron responsablemente a las 26 sesiones y aquí está este esfuerzo.

Muchas gracias.

El Presidente:

A continuación hace uso de la palabra, el diputado Isidro Aguilera Ortiz, del PRD.

El diputado Isidro Aguilera Ortiz:

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Efectivamente este es un tema que da para mucha discusión, mi intervención era también bastante larga, yo quiero solicitarle a la Presidencia instruya a la Secretaría lo inserte en el Diario de los Debates, en obvio de tiempo.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el documento que presenta el diputado Aguilera.

«Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

En torno a este debate quisiera precisar algunos elementos. Mucho se habla de indígenas y no indígenas pero sería muy conveniente introducir algunos datos a la discusión a propósito de indígenas.

Nativo, aborigen, indígena, natural, son términos que definen, de igual manera, a quienes han nacido en determinado lugar. Cualquier diccionario de la lengua castellana puede dar fe de ello.

El significado de estos sencillos y claros términos, sin embargo, han sufrido una perversa transformación.

Durante el medio milenio a lo largo del cual los países de Europa occidental se lanzaron a recorrer el mundo y someterlo, impulsados por un montón de circunstancias ampliamente conocidas, se fue creando poco a poco una nueva versión, esta vez a escala planetaria, del clásico "nosotros y los bárbaros"; así como el vocablo griego para significar extranjero, distinto a mí, con el tiempo se fue convirtiendo en una voz peyorativa asociada a gente ajena a los refinamientos de la civilización, durante el Siglo XIX, cuando culminó el reparto del mundo no industrializado entre las potencias capitalistas, terminó por asociarse ese conjunto de palabras que define etimológicamente a gente, considerada por Europa, más o menos primitiva, generalmente oscura de piel, a la que había que civilizar de grado o por fuerza orillándola, obligándola a avergonzarse de sus formas tradicionales de vida, conceptuadas por ingleses y franceses, belgas, holandeses, alemanes y hasta por españoles y portugueses, como lastre de etapas de la historia que era necesario olvidar para siempre, a fin de abrir camino al "progreso", mágica palabra.

Un progreso que, por supuesto exigía la división internacional del trabajo y también de su producto: tu me vendes barato y yo te vendo caro, tu trabajas y yo acumulo, tu casi regalas tu fuerza de trabajo y tus conocimientos y yo hago nuevas inversiones, tu pierdes tierras, bosques, agua, animales, herramientas, formas probadas de organización y hasta identidad y yo te rescato de la semianimalidad y te convierto en un hombre moderno, jornalero semiesclavo o esclavo de plano, peón acasillado u obrero barato, baratísimo, en mis plantaciones, fincas, obrajes, talleres, fábricas, astilleros, ferrocarriles.

Cualquier resistencia, cualquier oposición al proyecto será reprimida sin consideraciones de ninguna especie. Muertes, torturas, exilios, marginaciones masivas, separación de familias, incendios de pueblos enteros con todo y sus habitantes. Todo era válido porque lo exige la modernidad y tus abominables formas de vida son "antiguas", "arcáica", sólo buenas, si acaso, como materia de estudio para los antropólogos. El adjetivo menos agresivo que merecen es el de "pintorescas".

Así los colonizadores dividieron a la humanidad en dos especies: los hombres propiamente dichos, es decir ellos y los "naturales, aborígenes, indígenas o nativos". Una colección de seudohombres, protohombres," proyectos infelices de hombres", con todo y su huesito atravesado en el molote.

En nuestros países de América hispanolusitana, las minorías propietarias y dominantes trataron y tratan desesperadamente de asociarse a la categoría de "hombres", deslindándose de todo vínculo con sus propios paisanos campesinos, jornaleros, peones en fincas y plantaciones, obreros baratísimos a los que también llaman "indígenas", con una carga de intención en que se mezclan el desprecio, la discriminación, el miedo y a veces la lástima y hasta una cierta simpatía paternal y condescendiente; sobretodo cuando pertenecen a alguna minoría o mayoría étnica, según la zona de que se trate, que conserva más acusados los rasgos culturales y raciales de orígenes anteriores a la presencia europea.

Pienso que deberíamos, en aras de la recuperación de la dignidad colectiva, repudiar un significado adulterado, producto del imperialismo económico y de todas las secuelas culturales y devolver a aquellos términos su verdadero sentido. Todos los nacidos en México, criollos, indios, mestizos, somos indígenas, nativos, naturales de México. Todos los nacidos en Chiapas, ladinos, tzeltales, tzotziles, tojolabales, etcétera, son indígenas de Chiapas, como todos los nacidos en Noruega son aborígenes de Noruega. Los únicos que no lo son es porque nacieron fuera.

El querido y recordado maestro Arturo Arnaiz y Freg, a propósito del tema que nos ocupa, relataba en clase la siguiente anécdota.

Cuando el joven Mohandas Karamachand se presentó a su primera clase en la facultad de derecho de la Universidad de Oxford acompañado de un primo suyo, ambos, por supuesto, impecablemente vestidos a la manera occidental, un condiscípulo inglés, queriendo humillarlos, le preguntó que cuantos indígenas se habían inscrito en aquel curso. El futuro Ghandi miró a su alrededor y con retadora calma respondió:

Todos son indígenas, me parece, salvo mi primo y yo, que somos indios.

Ahora quisiera introducir un elemento adicional: la identidad nacional.

¿Qué es la identidad nacional? Es el sentido de pertenencia.

Pertenencia a una comunidad o conjunto cultural (lingüístico sobre todo), que se identifica históricamente en base a una memoria colectiva compartida y que comparte también valores presentes y aspiraciones a futuro.

En otro estadio, la pertenencia a una nación puede serlo también a un Estado, es decir, a una instancia políticoadministrativa que regula las relaciones entre quienes se asumen a sí mismos como integrantes de un conjunto nacional o de varios conjuntos nacionales, vinculados entre sí por su reconocimiento y participación en la organización del Estado con todos sus atributos (jurídicos, fiscales, procesales, penales etcétera).

En el mundo moderno en que la sociedad se entiende como una suma de individuos, ciertos miembros del conjunto reciben, por voluntad de los demás (sus conciudadanos), la encomienda de hacerse cargo de la condición del Estado, es decir, reciben, de parte del depositario original de la soberanía, la responsabilidad de gobernar para bien de todos, es decir, de quienes les otorgaron la autoridad. Así el Estado es producto de un contrato; su función (que es por lo mismo una función colectiva), consiste en procurar el equilibrio y la armonía entre los integrantes del conjunto social y entre éste y quienes recibieron de él la autoridad para ejercerla en bien de todos.

Cuando el Estado no cumple con sus funciones (esto en una democracia moderna), el contrato se rompe y los gobernados dejan de identificarse con sus gobernantes, se alejan de ellos como enemigos, no como aliados y mandatarios (o mandaderos).

Entonces, los sentimientos de participación en la que se planteó como una empresa común se debilitan masivamente, porque las instituciones políticas y económicas se convierten en patrimonio exclusivo del grupo gobernante, que las utiliza a su arbitrio y para su beneficio.

Esto genera a su vez un profundo sentimiento de desconfianza hacia las instituciones públicas, cualquiera de ellas y en cualquier instancia o nivel y éstas caen en el descrédito total.

Los factores políticos de identidad, los que nos hacían sentir partícipes de un plan de conjunto, de un proyecto común, se debilita y termina por desaparecer.

(No así los elementos culturales del orden lingüístico, costumbrista e histórico que tienden a permanecer y son más persistentes, aunque sufren un debilitamiento y una degradación más o menos grave).

Ahora bien, ninguna persona o conjunto de ellas puede dejar de tener una identidad y un caracter, cualesquiera que éstos sean.

Lo que sucede es que esa identidad puede centrarse en torno a otros sentimientos de pertenencia y de participación.

Al desaparecer o debilitarse un polo de atracción o de integración de las características de la identidad (puede tratarse de una fe religiosa, de la memoria real o mítica de su origen o de su aparato estatal, consolidando a través y a lo largo de un proceso histórico más o menos largo y azaroso y que constituye la instancia alrededor de la cual articula la vida colectiva), surgen necesariamente otros centros o instancias. Estas pueden ser étnias que revaloren su caracter nacional originario y buscan romper o adecuar a sus propias exigencias sus vínculos con el Estado supranacional ya desacreditado y debilitado en cuanto eje de la identidad colectiva o pueden ser nuevas identidades nacionales o neoconciencias nacionales, orientadas hacia otros ejes o focos generadores de factores de identidad diferentes de los originales.

Para las naciones originarias de este país, la base y garantía de su posibilidad de sobrevivir como tales es el derecho al espacio propio, a la tierra como factor económico primordial (aunque el uso del suelo varíe en cuanto a su utilización: agrícola, forestal, industrial, turístico etcétera).

Las minorías o mayorías étnicas mexicanas y la comunidad, su expresión organizativa, por las circunstancias específicas de su historia constituyen un caso excepcional en el mundo, dada su capacidad para resistir a la extinción programada para ellas desde fuera. El pueblo comunero y la nación englobados en el imperio español o en la República mexicana adaptaron sus formas de lucha a las características de la agresión. Recordaron al rey de España que había contraído con ellos el compromiso de protegerlos como un padre cuando los funcionarios virreynales los amenazaban: pudieron sobrevivir a la furia usurpadora del Siglo XIX y en especial del fin del siglo y pudieron, condenados a muerte como estaban, ver morir a la hacienda, su orgullosa y avasalladora enemiga multisecular. Al término de la Revolución de 1910, hicieron que sus más preclaros luchadores, con la palabra y con las acciones de Gobierno, se erigieran en sus voceros y "valedores".

Ahora, los descendientes de aquellas viejas naciones pueden apoyarse en ese proceso de resistencia y de lucha para reivindicar su derecho a la utilización de todos los elementos que la técnica y la ciencia moderna ofrecen, decidiendo por sí mismos como hacerlos y conocer por vía de la escuela la herencia humanística acumulada por todas las sociedades históricas, exigiendo respeto a sus formas específicas de cultura (la lengua como factor diferencial fundamental).

Apelando a su condición de mexicanos con peculiaridades que los significan como miembros de tal o cual nación "india", sin menoscabo a los derechos civiles y políticos que la Constitución otorga a todos los nacidos en este país.

Sólo así, ser "indio", pertenecer a una minoría étnica o lingüística podrá deslindarse de la condición de campesino pobre, "ignorante", más o menos pintoresco y digno de curiosidad antropológica, de lástima y de menosprecio.

Ser moderno en el sentido de conocer a integrar a las propias formas de vida, los elementos más avanzados que ofrece la época en que se vive, no está reñido con conservar lengua (como medio de comunicación y aprendizaje) y costumbres ni universalizarse a través de los propios aportes a la cultura universal.

El sentimiento de identidad nacional; el sentido de pertenencia por parte de los mexicanos, que conformamos un Estado multinacional y multiétnico, sólo puede fortalecerse y en algunos aspectos y facetas recuperarse si nuestro Gobierno tiene su origen en la voluntad popular y responde al mandato popular; si los funcionarios se ven a sí mismos como servidores públicos y entre gobernantes y gobernados se tejen los lazos imprescindibles entre quienes comparten preocupaciones y metas. Si las leyes y recursos se utilizan y se aplican en beneficio de quienes los generan, es decir, los ciudadanos y si ese Estado respeta, estimula y fortalece la diversidad cultural (en el más amplio sentido de este concepto), que en México es la expresión de una diversidad nacional de origen histórico.

La democracia y la justicia social son la clave para que todos, cada uno con sus peculiaridades, podamos hacer oír nuestra voz y tengamos acceso al bienestar.

Es indudable que esa democracia y esa justicia social implican estímulo y apoyo especial a las expresiones culturales de los componentes indios de la mexicanidad. Implican asimismo opciones de superación y oportunidades de trabajo bien remuneradas en las propias comunidades y en las propias lenguas, para resarcir negativas consecuencias de la marginación de casi cinco siglos, porque no debemos engañarnos, mientras los grupos de hoy se identifican así mismos como descendientes de las antiguas naciones, no cuenten con los medios de bienestar material, de acceso a la tecnología moderna y de superación escolar en sus propias lenguas más allá del tercer año de primaria, ninguna ley que establezca el respeto a las expresiones culturales y a los derechos humanos de los mismos y de sus integrantes, modificará en nada sus condiciones de vida.

Ellos mismos se encargarán, como lo han hecho hasta ahora, de buscar las vías de inserción en el conjunto de la mayoría mestiza desembarazándose de todo aquello que los distingue y permite a los demás señalarlos como extraños en su tierra y desde luego como situados en un nivel inferior de la escala social.

A lo que quiero llegar es a que el reconocimiento a valores culturales no basta, debe ir acompañado de un replanteamiento del proyecto del país, de tal manera que se haga efectiva para todos la posibilidad de alcanzar niveles adecuados de vida en lo laboral, en lo doméstico, en la convivencia con los demás y en la participación en las tomas de decisiones.

Todos sentirnos parte activa de un conjunto en el que se respetan las diferencias.

Las diferentes identidades nacionales (o étnicas), se sentirán orgullosas de los que son cuando puedan plantear su identidad como factor consultivo integrador de la identidad del conjunto de los mexicanos.

Esto sólo será posible cuando se modifique estructuralmente el Estado mexicano, para crear las condiciones que permitan acabar con el autoritarismo vertical en el ejercicio del poder y con los mecanismos que hacen posible este inicio de desigualdad social y económica en que vivimos.

Para terminar: pienso que en México (a diferencia de lo que sucede en otros estados plurinacionales), la autonomía no puede entenderse en términos territoriales y/o políticos. Debe fundamentarse en la defensa de la legitimidad de las formas tradicionales (reconocidas en el artículo 27 constitucional), de tenencia y usufructo de la tierra y de la organización para el trabajo y su producto, que cada comunidad quiera darse.

También en la elevación de lenguas originarias del país a la categoría de lenguas cooficiales del Estado mexicano y finalmente, considero que la autonomía municipal, principio vigente en la Constitución, es la base para la aplicación de formas de vida económica, administrativa y cultural en el sentido amplio del concepto, que se decidan por consenso y que no sean violatorias de las garantías ciudadanas y el respeto de las personas.»

El Presidente

Para rectificar hechos la diputada Gloria Sánchez, hasta por cinco minutos.

La diputada Gloria Sánchez Hernández:

Gracias, diputado Presidente:

La legislación de los pueblos indios es un tema nacional, no es un tema que podamos abordar satisfactoriamente echándonos la culpa aquí a quienes asistieron o no a tal o cual reunión de tal o cual comisión.

Como Poder Legislativo debemos asumir que es un esfuerzo muy grande el que se ha estado haciendo con esa instancia que nosotros investimos de toda responsabilidad que es la Cocopa, a fin de que impulse el diálogo, la paz y la legislación decorosa para estos pueblos.

Por eso mismo llamo a todos ustedes para que hagamos un esfuerzo y que logremos un periodo de sesiones extraordinarias exclusivo para dejar de una vez por todas resuelta esta situación.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales tiene la palabra el diputado Antonio Hernández, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Hernández Cruz:

Yo le quiero dirigir algunas palabras al compañero Pedraza, que efectivamente tiene razón que si en algún momento no asistí a los desayunos que él invitaba porque se simplificaba este tema convirtiéndolo en muchas ocasiones en simples desayunos, pero también quiero dejar bien claro lo que dije en el documento.

La dependencia al Poder Ejecutivo, las líneas, las orientaciones de la política de la Comisión de Asuntos Indígenas se vino más bien directamente de Gobernación, yo me di cuenta y efectivamente yo me dediqué más al Estado de Chiapas por las mismas características del movimiento chiapaneco y porque también se programaba insertar en el proceso de la consulta; yo también contribuí en este paquete que se entrega y que ha entregado el compañero Pedraza, pero en esa consulta habla de autonomía también.

¿Qué tanto ha hecho el compañero Pedraza como presidente de la comisión para que se convierta en reconocimiento constitucional lo que de esa consulta ha resultado? Lo que es un hecho real es que este Poder Legislativo sigue dependiendo de un jefe, el jefe del Ejecutivo, eso es lo que yo quiero dejar bien asentado y reafirmo otra vez nuestra tarea, los pueblos indios, de continuar luchando sin el Poder Legislativo, nosotros vamos a terminar como diputados, pero los indios ahí mismo vamos a quedar sobre nuestros territorios y ejerceremos lo que nuestra historia nos permita, hasta donde nos dé, nosotros estaremos siempre luchando al lado de nuestros pueblos con o sin Poder Legislativo.

Aun al margen de las leyes, porque hasta ahora no nos han entendido aunque les hablemos ya un poco el castellano, todavía no podemos darnos a entender, necesitamos estudiar mucho, mucho más todavía y alfabetizarnos políticamente para poder entender los derechos de millones de mexicanos que todavía en el derecho no somos mexicanos, en el derecho no estamos todavía, es muy parcial todavía lo que el 4o. constitucional reconoce como derecho de nuestros pueblos.

Hay avances muy grandes en el mundo entero, desde el marco de las Naciones Unidas, aquí mismo en América, hay avances muy importantes, hay instrumentos jurídicos internacionales que se desconoce o se hace desconocer en este país desde su Gobierno hasta todos sus colaboradores y sus cómplices.

Muchas gracias.

El Presidente:

Para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Pedraza.

El diputado Roberto Pedraza Martínez:

Con su permiso, señor Presidente:

Quiero recalcar el inicio de mi participación pasada, al decir que todos éramos corresponsables de este problema. Qué bueno que reconoce que usted pasó más tiempo en Chiapas, se lo reconocemos, qué bueno, nunca crea que llegamos a pensar que era porque allá había reflectores y corresponsales extranjeros, sabemos que su tarea seguramente estaba por allá más que aquí con el Congreso del que dice usted que debemos de tenerle respeto.

Solamente así le conocemos y tenemos la propuesta de nuestra fracción. Celebramos que Acción Nacional presentó también su propuesta y sus consideraciones, lo quisimos hacer nosotros también pero el mejor resultado, el mejor resultado de esta comisión es lo que acabo de entregar a la Secretaría, son las propuestas, son 11 mil 900 y tantas propuestas de 7 mil participantes en la consulta en donde ellos mismos propusieron y fueron consultados.

Solamente hacemos esa aclaración.

Muchas gracias.

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

El Presidente:

Para un pronunciamiento político, tiene el uso de la palabra la diputada María Virginia Betanzos Moreno, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Virginia Betanzos Moreno:

Compañeras y compañeros legisladores:

El día 11 de diciembre de 1996, vine a esta misma tribuna, para renunciar 20 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional y ese mismo día anuncié mi incorporación al Partido de la Revolución Democrática, al que por cierto no me afilié formalmente.

En estos meses de participación he analizado mi responsabilidad de dirigente sindical para con mis compañeros trabajadores del Estado de Quintana Roo y he llegado a la conclusión que para avanzar más sólidamente hacia la democracia, es necesaria una labor sin etiquetas ideológicas ni partidistas.

Creo que para lograr ese cambio, el sustento que nos da a los representantes populares, son precisamente las inquietudes de nuestros representados, que en mi caso, se convierten en un mandato que a la postre resulta ser ley.

Tengo la firme convicción irrevocable de que me debo a mis votantes y a mis compañeros sindicalistas quintanarroenses, a esos amigos que junto conmigo han luchado por acabar con tanta prevaricación y vericundia, que han lastimado los sentimientos mismos de nuestro sistema de vida.

Me han sugerido y lo he aceptado, que desde una trinchera independiente, que también es válida, prosigamos en busca de ese cambio y en el caso de mi Estado, si hay acciones de la autoridad que debamos apoyar por su acierto en favor de las mayorías, así lo haremos, como también cuestionaremos razonada y civilizadamente las que perjudiquen a nuestra sociedad.

Esa labor que desde este día emprenderé al lado de mis compañeros, se me hace más creíble y convincente ante los ojos de la ciudadanía, desde un lugar como diputada independiente.

Agradezco el cálido recibimiento que me dieron los compañeros perredistas, con quienes sentí el verdadero calor de la amistad. También reconozco a los priístas que desde ese partido luchan por un México mejor y a los panistas y petistas, mi aprecio por su respeto mostrado hacia mí en mi condición de mujer y como diputada federal.

Desde este momento asumo mi nueva responsabilidad como diputada federal independiente, en respuesta a la petición que en ese sentido me hicieron mis compañeros sindicalistas, a mis propias convicciones y a la certeza de que desde esa posición podré contribuir, como todos los que así lo desean, priístas, perredistas, panistas o petistas, en la construcción de un México más justo, más democrático y más equitativo.

Muchas gracias, compañeros y buenos días.

El Presidente:

Tomamos nota, señora diputada.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente:

Sobre el Estado de Baja California Sur, hará uso de la palabra el diputado Luis Ruan Ruiz, del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Ruan Ruiz:

Seré muy breve, además les recuerdo que el reglamento establece que son dos sesiones por semana y aunque la va a haber mañana, algunos pocos, como ustedes saben, decidieron que no va a haber este tema.

Señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

En forma muy breve voy a presentar ante ustedes cinco puntos de problemas muy concretos pero muy graves que está sufriendo nuestro Estado de Baja California Sur, problemas que seguramente tienen en la mayor parte los estados gobernados por el PRI, que cuentan con condiciones geográficas similares.

1o. Hay una cantidad importante de vehículos nacionales robados en el centro del país y en el norte principalmente de la República, que circulan sin documentos y desde luego que los funcionarios públicos estatales son los principales poseedores de los mejores.

Tan es cierto esto, que hay muchos vehículos que han sido recogidos precisamente por la falta de papeles. Ustedes saben que el aislamiento que tiene nuestro Estado es propicio para que estos carros vayan a dar allá y luego se pinten de otro color y los legalicen, tanto funcionarios federales como estatales, para que ahí circulen.

2o. Hay un abuso grave y un grave riesgo también para los usuarios de la compañía distribuidora de gas y otra compañía de transporte público foráneo de pasajeros. La primera, Distribuidora de Gas de La Paz, S.A , y la segunda Autotransportes Aguila, S.A. de C.V.

Estas, la primera, hace una distribución de gas, desde luego con cilindros muy dañados; ha habido ya problemas serios y también con mucho menos kilos de los que dicen tener los cilindros. Esto es un monopolio, prácticamente un monopolio en el Estado; no le permiten a otras compañías que han intentado instalarse ahí trabajar, para que haya la competencia y pueda mejorar esto. Esto es algo que la ciudadanía está sufriendo permanentemente, igual respecto al transporte de pasajeros.

Esta compañía de Autotransportes Aguila, tiene una serie de camiones que ya son prácticamente chatarra. A mí en lo personal me han dejado tirado en el camino en varias ocasiones, pero lo más grave es que el sobrecupo que permiten, a veces hasta con 25 personas parada en los pasillos, les consta a los diputados surcalifornianos que estarán por aquí, lo cual significa un gravísimo peligro, porque ustedes saben lo angosto de la carretera transpeninsular y los animales que andan siempre sueltos por ahí, un frenón fuerte puede significar la muerte de muchos pasajeros que van de pie, y nadie ha podido poner coto a esto y ¿saben lo que dicen las autoridades responsables en el Estado del transporte público federal? Que no es posible, que la compañía no quiere permitir a otra que se instale para poderle hacer competencia, lo mismo que dice el presidente Zedillo cuando están envenenando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes con las barbaridades extranjerizantes, pornográficas, deshonestas y sobre todo corrientes, que están demeritando nuestra cultura y que dicen: bueno, les suplico a los señores de los medios de comunicación que por favor supriman esos programas que son de fases negativos, como si no hubiera una ley que aplicar y no fuera el Presidente de la República, el jefe de Estado y de Gobierno.

3o. La depredación pesquera, que por falta de respeto a las vedas y por el uso de inadecuados instrumentos de pesca se suceden ahí y la grave deforestación por la exagerada tala de árboles utilizados para convertirlos en carbón. Todo ello con la complicidad de las autoridades correspondientes.

Como ustedes saben, nuestro Estado es muy rico en recursos pesqueros, era más, ahora cada día lo es menos y nuestro Estado, que es una zona desértica, los pocos árboles que hay están siendo acabados, talados para convertirlos en carbón, para beneficio solamente de los intermediarios. Desde luego ahí están los funcionarios públicos del Gobierno y para explotación de la pobre gente que vive solamente y no tiene otro medio en la sierra que hacer carbón para llevarlo a los Estados Unidos y a la frontera.

Esto sobre todo lo denunciamos a petición de la propia ciudadanía y desde luego por la responsabilidad que tenemos de hacerlo, porque significa que tanto la Semarnap como todas las dependencias que derivan de ella, no solamente no están haciendo nada, sino que en muchas ocasiones son cómplices, son socios de los depredadores, de guateros, de los taladores y eso, señores, no es solamente una denuncia al aire; podemos probarlo e invitamos a la señora Carabias para que haga una visita o a quien ella designe y lo podemos probar. Tengo decenas de kilogramos de papeles enviados a ella, oficios de permisionarios de pesca, de cooperativas y de ejidatarios, en fin, en este sentido, y no ha habido hasta ahora ninguna respuesta, ninguna solución.

No solamente esto, sino que a partir de que se constituyó la Semarnap, la cosa es mucho peor, es mucho más grave. La depredación que están haciendo con los utensilios inadecuados, está acabando con la vida de los esteros y bahías de Baja California Sur, es evidente.

La compra, por ejemplo brevísima, la almeja catarina que se estaba capturando hace unas semanas, fueron unas cuantas toneladas las que pudieron capturar los que tenían permiso para ello, porque durante meses estuvieron extrayéndola gente sin permiso, porque siempre hay quien la compre y a esos compradores no hay quien los toque y por eso hay quien las saque porque hay quien la compre.

Cuando los permisionarios que tienen gasto, que tienen trabajadores, que tienen equipos de pesca y permisos legales, fueron a la captura, prácticamente se la habían acabado, incluso sacándola en tallas menores a lo establecido por la ley.

Eso es muy grave y vuelvo a repetir, invito a la señora Carabias o a quien corresponda, a comprobar lo que estamos diciendo y no solamente por su palabra, sino por los hechos y por los testimonios y las pruebas de tantos pescadores de diversas organizaciones en el Estado.

4o. El abatimiento y la salinización de los mantos acuíferos del Valle de Santo Domingo, causados por sobreexplotación y por falta de obras de retención en los arroyos para retener el agua de las lluvias, que podrían usarse para su recarga, toda esta falta de obras se debe precisamente a que las autoridades nunca han querido invertir en ello. Por tanto las aguas que cuando hay ciclones, cuando llueve, que allá son pocas las ocasiones que sucede, pero cuando llueve millones de metros cúbicos se van miserablemente al mar, pudiendo aprovecharse para la recarga de esos mantos acuíferos.

El problema ya es muy grave, está cerca una catástrofe para este Valle de Santo Domingo, que es el centro agrícola del Estado, donde 90 mil personas por lo menos casi en forma directa dependen de la agricultura ahí, están salinizando los mantos acuíferos, están bajando peligrosísimamente los niveles de esa cuenca acuífera.

Y sin embargo las autoridades federales en el Estado, de TNA, de las agrarias y otras, dicen que no es costeable las obras de retención de las aguas para el recargue de los mantos acuíferos o bien, que no hay recursos para hacer esas obras.

Simplemente aquí están algunos miembros de la Comisión de Asuntos Hidráulicos que recientemente estuvieron allá y les consta de parte, de viva voz de los productores agrícolas, los reclamos y los señalamientos que estoy yo aquí presentando.

Es brevísimo, no se apuren.

El último punto, es referente al narcotráfico. Es muy grave lo que está pasando ahí, más seguramente que en otros estados, quizá por el aislamiento que tiene nuestro Estado en muchas de sus regiones, las islas, la cantidad de lanchas con motores de muy alto caballaje que circulan por ahí, llevando droga para la frontera, pero dejando desde luego su cuota para los protectores, que son todas las autoridades de la Naval, por ahí hay una base naval en una isla cercana a puerto San Carlos.

Tanto el Ejército como la PGR es clarísimo que están protegiendo, resguardando y desde luego recogiendo su cuota en especie, porque abunda la droga en todos los pueblos costeros de Baja California Sur. De su gobernador allá y todos los demás, aún el que falleció aquí hace poco en México.

Por cierto que tengo cartas de la Asociación de Padres de Familia de puerto San Carlos y de otros lugares costeros, donde están haciendo este reclamo, se los puedo mostrar a quien quiera y desde luego las autoridades pueden constatar quien quiera que vaya a ver, porque la droga se expende a la vista de todos, lo cual quiere decir que cuenta con la protección de las autoridades, porque todo mundo se da cuenta, menos ellas. Esto es clarísimo y podemos probarlo, yo estoy dispuesto a acompañar y a testimoniar y a presentar los testigos de esto que estoy diciendo.

Es tan grave el asunto que decían dos maestros, hace poco tuvimos una reunión con pescadores, dos maestros de escuela, que el 50% o más de los jóvenes de secundaria en adelante están consumiendo alguna droga, esto es realmente grave y los niños en un salón de clase, otro testimonio de un maestro, que lo podemos presentar a quien guste, preguntando a un grupo de 30 alumnos, aproximadamente, "que querrían ser cuando sean grandes", cinco de ellos dijeron que "narcos, porque eso es lo que ven ahí de día y de noche".

Eso es una cosa muy grave, por eso me atreví a robarles estos minutos de tiempo, no porque yo quisiera, definitivamente comprendo el cansancio y lo tarde; sin embargo, sé que la legislación se hace en las comisiones, principalmente, no en el uso de la tribuna, a ustedes les consta que no he venido muchas veces pudiendo hacerlo, conforme a reglamento, pero esto tenía que decirlo porque es grave, es mi responsabilidad y es un reclamo del pueblo surcaliforniano que podemos probar a quien quiera la veracidad de lo que estamos afirmando aquí.

Muchas gracias.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

El Presidente:

Gracias, señor diputado. A continuación sobre Acapulco, Guerrero, el diputado Carlos Seferino Torreblanca Galindo...

En ausencia de él, hará uso de la palabra el diputado Carlos Chaurard Arzate, sobre el Estado de Guanajuato, del Partido Revolucionario Institucional... ¿No se encuentra en el salón de sesiones...

Sobre el libro de texto gratuitos, el diputado José Carmen Soto Correa.

El diputado José Carmen Soto Correa:

Con su permiso, señor Presidente:

Siempre es tiempo adecuado para hablar de la educación. Bueno, viniendo de los ignorantes todo se puede esperar.

Es un principio republicano que la educación es laica, gratuita, obligatoria. El libro de texto gratuito hace efectivo este principio donde una de las acciones más nobles es que a cada uno de los alumnos se le dote de sus libros según las diversas áreas del conocimiento en los diferentes grados académicos, por lo que podemos afirmar que en los libros de texto gratuitos se concretiza la vigencia del artículo 3o. constitucional.

Compañeras y compañeros legisladores: el valor y beneficio de los libros de texto gratuitos están sobradamente demostrados, millones de niños y jóvenes desde hace ya varias décadas han abrevado en ellos su formación y cultura, a la vez que han recibido de ellos una visión de nuestro país y del mundo que abre horizontes para su preparación y superación.

Los libros de textos gratuitos son, indudablemente, un eficaz elemento de apoyo para llevar adelante la garantía constitucional de la instrucción pública. En momentos en que la industria editorial mexicana presenta una elevación sustancial de sus costos, en momentos en que el precio de los libros se incrementa significativamente, cómo pensar que los padres de familia de la ciudad y del campo, particularmente aquéllos con ingresos modestos que por cierto son los más, pudieran distraer de sus bolsillos recursos para adquirir este material imprescindible para la educación de hijos.

La instrucción pública y los libros de texto gratuitos son para los niños la vía generosa para ingresar a un camino de oportunidades y, ¿por qué no?, a las expectativas de un porvenir digno.

Y precisamente con la participación de todos los mexicanos que estamos en posibilidades de construir el acceso a esta vía, hacerlo sin mezquindades, sin regateos es involucrarse en el cumplimiento de una obligación solidaria con nuestros hijos. Pero también con las generaciones por venir que dan viabilidad a la nación.

En síntesis, la gratuidad de los textos de la instrucción obligatoria, es garantía, es conquista, es estrategia y visión de un México en donde cada niña, cada niño, cada joven esté en condiciones de desarrollar sus talentos, capacidades y potencialidades.

Veamos el contenido de los libros de textos gratuitos como fuente de exigencia y de desafíos; exigencia porque la visión y conocimientos que aportan a la niñez y a la juventud, deben ser objetivos legítimos y honestos. Desafío, porque se trata de que estos materiales sean de utilidad a un universo vasto, diverso y complejo, ya que sus destinatarios son los de las fronteras, el altiplano y las costas, lo mismo que los de las etnias, los poblados y las grandes ciudades.

Desde luego el contenido no es asunto que se decida de una vez y para siempre, por el contrario, es un permanente proceso de enriquecimiento que demanda la participación abierta de los padres de familia, de los profesores, de los especialistas en técnicas de la enseñanza, de los intelectuales, en fin, de la sociedad toda.

Lo anterior en concordancia con la fracción II del artículo 3o. constitucional en referencia al progreso científico.

Nosotros nos pronunciamos porque el libro de texto gratuito se haga extensivo a la enseñanza secundaria y de esa forma sea congruente con el párrafo I del texto vigente del artículo 3o. constitucional: la educación primaria y secundaria, son obligatorias.

A continuación en base a lo anterior, pedimos al Presidente, instruya a la Secretaría para que se dé lectura a un punto de acuerdo suscrito por 42 diputados.

El Presidente:

Se instruye a la Secretaría, de acuerdo con lo solicitado, para que se dé lectura al punto de acuerdo que se menciona.

El secretario Martín Gerardo Longoria Hernández:

PUNTO DE ACUERDO

«Existe un amplio consenso acerca del valor que representa la educación como instrumento para promover la justicia social.

El Estado mexicano, en acato a lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, tiene la responsabilidad de hacer extensivo el derecho a la educación, garantizando la gratuidad de la misma, tomando en cuenta que la obligatoriedad de la educación actualmente es hasta el nivel medio superior.

Los diputados federales que al calce suscriben proponemos: que el beneficio que representa el libro de texto gratuito se amplíe hasta los niveles de enseñanza media, con ello se dará cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales vigentes.

A 28 de abril de 1997, y siguen las firmas de los diputados: Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas, Gabino Fernández, José Carmen Soto Correa, Carlos Flores Vizcarra, Rafael Ceballos, Humberto López Barraza, Martina Montenegro, Jaime Cleofas Martínez Veloz, Tito Rubín Cruz, María de la Luz Lima, Héctor Bautista López, Luis Fernando González Achem, María Elena Yrizar, Jesús Siller Rojas, Liberato Montenegro Villa, Luis Sánchez Aguilar, Ricardo Padilla Martín, Carlos Chaurard Arzate, Gaspar Avila Rodríguez, Manuel Hinojosa Juárez, Juan Manuel Tovar Estrada, Josué Valdés Mondragón, Olga Bernal Arenas, Florencio Cantú, Eduardo Guzmán Ortiz, Humberto Ortega Ríos, Rogelio Zamora Barradas, Víctor Manuel Rubio y Ragazzoni, Joaquín Cisneros, Vito Gómez Hernández, Irene Maricela Cerón, Virginia Betanzos Moreno, Salvador Martínez Della Rocca, Javier González Garza, Juan Guerra, Gloria Sánchez, Isidro Aguilera Ortiz, Zeferino Torreblanca, Alfonso Solórzano, Cuauhtémoc Sandoval y Adriana Luna Parra.»

El diputado José Carmen Soto Correa:

Gracias, señor Presidente:

De antemano quiero decir que no acepto preguntas y en base a lo anterior, también, señor Presidente, le quiero pedir que dé el trámite legal correspondiente al punto de acuerdo que se ha leído.

A continuación y por último, quiero referirme a tres aspectos que tienen mucho que ver con el comportamiento de los miembros del partido del campanario, los cuales se ahorcan con su propia soga.

En primer lugar, también para dejarlo como testimonio, esta Secretaría, este punto de acuerdo obedece a la campaña en contra del libro de texto en la prensa nacional, como voy a señalarlo, aquí tenemos los documentos donde, por ejemplo, los del Partido Acción Nacional, por medio de Eduardo Mendoza Ayala, sostiene que hay que romper el monopolio educativo, que hay que terminar con los libros de texto. Está escrito, está dicho por ellos y aquí yo creo que es un autogol, porque, entre otras cosas, es grave que dicen que los libros de texto provocan un rezago mental entre los educandos. Seguramente y está escrito por uno, lo dicen por los que en ustedes estudiaron en la educación pública. Si a ustedes los dejó con rezago mental, es problema de ustedes. Para nosotros los republicanos, el libro de texto lo defendemos y lo dejo también como prueba.

Quiero también felicitar desde esta tribuna a un diputado panista que a tiempo se dio cuenta y me refiero al diputado poblano Juan Molina Martínez y basta simplemente leer el punto número cinco de las razones que da porque abandona al partido del campanario, que dice:

5.El PAN es antimexicano porque sus representantes actuales han desatado una furiosa campaña contra los héroes que interpretaron y condujeron a nuestro pueblo por los principios de libertad, justicia, soberanía y democracia y esta innoble campaña definitivamente es inaceptable. Bienvenido, compañero Juan Molina Martínez, porque a tiempo se dio cuenta de qué lado están los traidores. También lo dejo como una prueba documental.

Quiero y aquí compañero Luis Sánchez Aguilar, quiero decirle que usted se equivoca cuando habla de prianismo. Sabemos a quién le decíamos "la ardilla mayor", al que no salía de Los Pinos, a aquel que ahora no menciona.

Bueno, quiero decirles, después de lo que opinan de los libros de texto... Después de todo esto quiero por último decir y les pido su comprensión a mis compañeros priístas, que yo creo que estarían de acuerdo de una razón: hoy estoy de acuerdo con el partido del campanario que ellos han hecho y si me dicen que es mentira, aquí están los documentos:

Primero, acepto que estoy de acuerdo con el Partido Acción Nacional cuando en conferencia de prensa el Secretario de Estudios del CDE, panista Eduardo Mendoza Ayala, admitió que sus ediles no encuentran la forma de gobernar y en materia de obra pública siguen sin aplicarse los planes de beneficio comunitario que prometieron en sus campañas. Justifico los casos de nepotismo.

¡Y quiero decir que también estoy de acuerdo con la afirmación de este dirigente panista cuando dice "que sus presidentes municipales y leo textualmente, de esta entidad se refiere al Estado de México son inexpertos en lo político y administrativo, por lo que se precipitan en sus actos de Gobierno", reconoció como decía el comité directivo estatal del Partido Acción Nacional!

¡No se molesten! ¡No son mis palabras, son las suyas y las dejo de prueba! También le manifiesto a la militancia de mí partido que también estoy de acuerdo con el partido del campanario y recuerdo que estoy de acuerdo con Fox, cuando también afirmó y dice textualmente: "también nos las gastamos, también hemos metido las patas y hay corrupción". ¡Y también lo dejo con documento! ¡No son mis palabras! ¡Son las palabras de los miembros del partido del campanario!

¡Y también quiero decirles que pasen a la tribuna, que den sus argumentos! Y por último quiero también a la Presidencia, estamos en sesión y quiero dejar, lamento que no esté un compañero que no se refiera a ustedes abiertamente, aunque en un debate público trabajan para ustedes los de la derecha. Por eso sin duda lo van a defender. Quiero dejar como el diputado Aguilar Zinser, que no pasó a la tribuna y que quiso ir a los pasillos, quiero dejar también para demostrar que sí es del club de la NED, porque en el NCD él está en la comisión ejecutiva.

Y también quiero dejar testimonio de dos documentos. En uno se señala como el NED le dio 70 mil al NCD, donde él es miembro y también una carta.

Y ahora compañeros del partido del campanario, ¡qué les puedo decir a ustedes que ya están rumiando su derrota!, ¡compañeros: que tuvieron que acarrear gente de San Felipe del Progreso, de Veracruz, de Puebla, para poder sus candidatos del DF tener contingente!

¡Mira compañero: de barbas de Diego! Ustedes, ustedes son tan demagogos y tan su doble moral que la otra vez le preguntaba uno: "¿Oye y ves su programa?", sí, sí lo veo y lo veo para criticarlo. Nosotros lo vemos por esparcimiento.

Y sabe qué. ¡No tengo sus inclinaciones para hacerles lo que les hace Brozo!

Muchas gracias.

El Presidente:

Túrnese el punto de acuerdo presentado por el diputado José Carmen Soto Correa, a la Comisión de Educación y tome nota la Secretaría de los documentos entregados por el diputado Soto Correa.

Para contestar alusiones personales, hasta por cinco minutos, hace uso de la palabra el diputado Luis Sánchez Aguilar.

El diputado Luis Sánchez Aguilar:

Con su venia, señor Presidente: compañeras y compañeros diputados:

La intervención del compañero diputado José Carmen Soto Correa, nos incita a una reflexión profunda, él dice que el PRI no participa en el PRIAN, lamento corregirlo, el PRI se apoderó del PAN de la misma manera que el PAN se entregó al PRI. Grave daño hizo a la nación mexicana la constitución del PRIAN, esa simbiosis de dos partidos oficiales.

¡No huyan cobardes! ¡Así empezó esta legislatura el primer día de sesiones cuando doña Cecilia Romero, ordenó la retirada de sus huestes! ¡Rudo golpe a la transición democrática constituyó la convergencia de las dos fuerzas de la derecha para concebir el prianismo tras las elecciones presidenciales de 1988! Antes de los comicios los líderes panistas muy orondos habían dicho: ¡No reconoceremos ninguna autoridad emanada del fraude!, pero el día de la elección afirmaron, primero: ¡Salinas perdió!; segundo: ¡Nosotros no podemos afirmar que ganamos!; pero tercero: ¡No sabemos qué pasó con el voto de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano!; cita textual.

Asombró a todos que, aquellos que con precisión sabían que el PRI perdía y que ellos no ganaban, nada supieran del tercer contendiente, cuando toda elección en la teoría de juegos y la elección es uno de carácter finito tiene un resultado preciso, es como en la ruleta, agotado que sea el giro, la bolita se posa en un solo número, blanco o negro, no queda por debajo de la mesa, tampoco en levitación. Esa maniobra políticaprianista denotaba ya la intención de incumplir el compromiso sellado en el seno de la asamblea democrática por el sufragio efectivo, la Adese, para reconocer lealmente el triunfo del verdadero y legítimo triunfador de los comicios.

A la Adese, se habían sumado como miembros fundadores todos los candidatos presidenciales a excepción del priísta, estaban los de oposición, entre otros Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Heberto Castillo y Manuel J. Clouthier. El de la voz principalmente los invitó y recabó sus firmas en la denominada proclama de la Adese, símbolo del compromiso para convertir a esta organización en un tribunal moral de los comicios presidenciales.

Sin embargo, en agosto de 1988 el PRIAN se galvaniza de la cúpula panista surge la obsoleta tesis: ¡Salinas es ilegítimo, pero si nos trata bien lo reconoceremos!, tesis contraria a la moral política. Se le conoce como la legitimación por el ejercicio ni siquiera aceptada por los sabios doctores de la Iglesia del medievo. Así quedó concebido el engendro denominado PRIAN; como progenitores por parte de la derecha extrema: Luis H. Alvarez, Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos y Manuel J. Clouthier.

El alumbramiento lo atestiguó la hoy diputada Cecilia Romero. ¡Valga la alegoría política, como partera prianista, por no decir ginecóloga o comadrona del caso, no se vaya a ofender la señorita diputada!

Estos personajes al negociar con el PRI por la antecámara traicionaron los principios de sus padres fundadores, de los Gómez Morín, de los Estrada Iturbide, de los González Luna, entre otros.

Posteriormente y preciso la fecha, antes de la toma de posesión de Carlos Salinas, antes de la toma ilegítima del poder por parte del usurpador Manuel J. Clouthier, aceptó públicamente el triunfo salinista con base en estudios de última hora, según dijo, Salinas había obtenido, si no el 50%, el 35% de la votación; Clouthier, no el 16%, sino casi el doble, el 31% y Cuauhtémoc Cárdenas sólo el 30%, así quedaba Salinas en primer lugar reconocido y legitimado, el panista en segundo lugar y Cárdenas en tercero.

Luego vendría la foto que le dio la vuelta al mundo, ¡Manuel J. Clouthier dándole la mano al usurpador en un acto solemne de legitimación!, hoy compañeros panistas, la víctima del fraude para su desgracia Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, emerge limpiamente y con reciedumbre, él no tranzó, no se sacó la foto, no entregó la plaza, alucinan ustedes prianistas como alucina Del Mazo, si creen que tienen la regencia hoy jefatura de Gobierno en la bolsa, el próximo 6 de julio la victoria está asegurada para el hombre que supo encabezar con dignidad la aspiración popular por un cambio pacífico y democrático aquí y ahora el patriota Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será el próximo jefe de Gobierno del D.F., aunque les pese compañeros del PRIAN.

Gracias, compañeros diputados.

COMISION DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS

El Presidente:

Solicito a la Secretaría sea insertado en el Diario de los Debates, el informe presentado a esta Presidencia por la diputada Ofelia Casillas.

«Intervención de la diputada Ofelia Casillas Ontiveros, ante el pleno de la Cámara de Diputados, con objeto de informar sobre el trabajo realizado por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, en la actual LVI Legislatura.

Con su permiso, señor Presidente:

He solicitado hacer uso de la palabra, con objeto de dar a conocer a este pleno una síntesis del trabajo realizado en lo que va de esta LVI Legislatura, por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas que me honro en presidir.

A lo largo de sus 17 años de existencia, la comisión ha hecho una importante aportación al trabajo de la Cámara de Diputados porque, si bien la tarea esencial de los representantes populares consiste en su labor legislativa, los usos y costumbres arraigados en la población y en la práctica diaria de los legisladores en nuestro país, le han otorgado a la gestión y a la información un papel relevante en las de este órgano de representación nacional en su conjunto y en las de los señores diputados en particular.

Esta labor se ha ido incrementando en los últimos años, en la medida que, la combinación de una serie de factores tales como: la complicación de los problemas económicos del país; la activa participación de los grupos emergentes de la sociedad en el debate de los grandes problemas nacionales; la acentuación de la pluralidad ideológica y política; el surgimiento de una enorme cantidad de organismos no gubernamentales en todos los campos del quehacer social y la creciente toma de conciencia ciudadana por exigir y defender los derechos humanos o comunitarios, entre otros, requieren de una mayor inversión de tiempo y esfuerzo por parte de los representantes populares.

Ello hace que, sobre todo la gestoría cobre cada vez mayor importancia como actividad política y se aleje de su concepción tradicional como acción meramente de trámite de escritorio o burocrática. De tal manera que ahora es necesaria una vinculación más estrecha entre la acción legislativa y la de gestión, pues el contacto diario con los problemas revela que la velocidad de los acontecimientos económicos, políticos y sociales, que son los que dan el marco para la demanda ciudadana y que se traducen en solicitud de información, de quejas o de gestión, rebasa, en muchos casos, a la norma jurídica o a la adecuación de ésta a las nuevas circunstancias.

Afirmamos que la gestión, como función de la Cámara de Diputados, es una actividad que cae, cada vez con mayor frecuencia, en el terreno político, porque ante la complicación de los problemas del país y la consecuente tensión social que se dan en diversos segmentos de la población, se requiere con mayor recurrencia de la atención directa de los problemas, ya sea en la sede de la Cámara o en cualquier parte del país; el estudio y análisis cuidadoso de los problemas; el diálogo con las partes; la concertación; el establecimiento de acuerdos y el seguimiento de los mismos. De ahí que la actividad y funciones de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, esté muy alejada de lo que puede considerarse como una Oficialía de Partes que se limita a la recepción de documentos.

A pesar del cambio trianual de los responsables de la comisión, existe, dado el manejo de problemas que trascienden la temporalidad de una legislatura, un trabajo institucional y continuo que se ha traducido en una amplia experiencia en la gestoría y en un reconocimiento de las instancias de los otros poderes tanto a nivel federal como estatal que le permite el trato fluido de los asuntos, de tal manera que es el canal por el que se tramitan las demandas que llegan directamente a la comisión presentadas por ciudadanos en forma particular o por grupos sociales.

Para el mejor desempeño del trabajo, la comisión se dividió en tres áreas operativas: gestoría, atención ciudadana y proyectos especiales. En materia de gestión y atención ciudadana, deseo informar que se recibieron demandas, denuncias y solicitudes de trámites de una gran diversidad de asuntos que resumimos en jurídicos, económicos, laborales, de servicios, empleo, políticos, agrarios, asistenciales, suelo urbano, legislativos, seguridad social, educativos, vivienda, ecológicos y de seguridad pública.

El total de asuntos turnados a la comisión, hasta el 11 de febrero del presente año fueron 2 mil 659. De ellos el 14.1% se encontraban en trámite; el 79.43% resueltos y el 6.46% atendidos, entendidos estos últimos como los que la comisión no ha obtenido un resultado definitivo y tampoco a pesar de haberse comunicado con los interesados, éstos no han atendido los llamados de la comisión.

Por su procedencia la mayoría de los casos fueron presentados por los ciudadanos en forma individual y representaron el 47.35% de los casos; le siguieron en órden descendente la Oficialía Mayor de la Cámara 22.52%; la Gran Comisión 14.29%, diputados 9.74%, Organizaciones y Manifestaciones 4.44%, Comisión Permanente 1.13% y finalmente, el pleno de la Cámara .53%.

El mayor número de asuntos fueron de carácter jurídico 20.73% y le siguieron en importancia los de tipo administrativo 20.59%; económico 9.62%; laborales 7.91%; servicios 6.4%; empleo 5.48%; políticos 5.29%; agrarios 4.68%; asistenciales 3.88%; suelo urbano 3.23%; legislativos 2.97%; de seguridad social 2.85%; educativos 2.78%; vivienda 2.47%, ecológicos .60% y de seguridad pública .57%. Los asuntos que ha conocido la comisión proceden de todas las entidades de la República Mexicana, originándose la mayoría de ellos en el Distrito Federal.

La comisión ha participado en la atención, gestión y concertación para las soluciones totales o parciales de los problemas más relevantes que han presentado a la Cámara de Diputados diversos grupos de ciudadanos, especialmente trabajadores y que, de una o de otra forma, han impactado a la opinión nacional. Entre los que podemos mencionar: el caso de los extrabajadores de la Ruta100, el de diversas organizaciones de deudores de la banca, organizaciones de jubilados, la agrupación de los barrenderos del municipio de Villahermosa, Tabasco, de campesinos de la Organización de los 400 Pueblos y el de los trabajadores azucareros, entre otros.

Por otro lado, el conocimiento acumulado en la comisión a través de la diversidad de demandas, denuncias y quejas que cotidianamente presenta la ciudadanía a la Cámara de Diputados, permitió formular propuestas de carácter legislativo, encaminadas a remover o abrir canales de tipo legal para la solución de algunos problemas de trascendencia para los mexicanos. Concretamente, fueron tres propuestas:

La primera, un anteproyecto de decreto para adicionar los artículos 119 y 120 fracción II, III, V y VI de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su artículo 4o. fracción X, con el objeto de fortalecer las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante los reclamos del público usuario de la banca que siente ser sujeto de hechos irregulares por parte de los prestadores de ese servicio.

La segunda, una iniciativa de adiciones y reformas a diversas disposiciones relativas a los derechos del menor, para ampliar los deberes de los padres con sus hijos; de las instituciones con aquellos niños que están privados de un medio familiar; proteger la confidencialidad de la adopción; fortalecer la paternidad responsable; obligar a los médicos a denunciar, ante el Ministerio Público, cuando así lo detecten, los daños, lesiones o presuman que algún niño, bajo su atención profesional, haya sido objeto de algún maltrato físico, sicológico o sexual; aumentar la responsabilidad de los educadores frente a sus alumnos; que los menores a quienes se atribuyan la comisión de una infracción, tengan derecho a ser informados del motivo o causa por el que se les detiene; proteger a los menores de las imágenes obscenas, tanto de las publicaciones impresas, como las de la televisión, entre otras.

La tercera, una iniciativa de Ley General de la Procuraduría de Defensa a los Derechos del Menor, que tendrá por objeto, en caso de ser aprobada, la promoción y protección de los derechos de los niños, mediante la efectiva procuración de la equidad y seguridad jurídicas y en razón de que los menores difícilmente puedan presentar, por sí mismos, quejas, demandas o denuncias por transgresión a sus derechos y para que el marco general existente del derecho se aplique con todas sus consecuencias la iniciativa, propone constituir un organismo que en su nombre, intervenga y funde lo que a derecho corresponda, promueva una justa y expedita impartición de justicia, tanto en casos particulares como en los de pública trasgresión, realice acciones de representación y defensa ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas o entidades sociales; y lleve a cabo convenios con entidades y organismos gubernamentales en el ámbito de su competencia.

En materia de información, se han elaborado y difundido en todo el país una serie de boletines que contienen los asuntos más relevantes abordados en los periodos de sesiones ordinarios y extraordinarios celebrados durante esta LVI Legislatura.

A la fecha se han elaborado siete números del boletín. El primero tuvo un tiraje de 500 ejemplares, el segundo se amplió a 1 mil, en tanto que los números tres, cuatro, cinco, seis y siete ampliaron su tiraje a 2 mil ejemplares.

También se ha realizado una importante labor de análisis de notas periodísticas, mismas con las que se ha formado un amplio archivo hemerográfico con asuntos de interés nacional, además de los problemas a los que se ha dado seguimiento en esta comisión. En esta labor se han compilado más de 80 rubros temáticos que son consultados, con regularidad, por personal de esta Cámara de Diputados, reporteros y público en general.

Asimismo, se ha elaborado y difundido la serie "Manual del Ciudadano"; el primero de ellos denominado "Consejeros Ciudadanos"; el segundo se publicó con el tema de "A, B, C de la Protección Civil", destinado a la población en general y en particular a los vecinos de la unidad habitacional Tlatelolco, dada la problemática que enfrentan por los daños registrados en los edificios que habitan. Dentro de esa misma serie el manual titulado "Comisión de Información, Gestoría y Quejas", en el que se da cuenta de los fundamentos y atribuciones de la citada comisión.

Otra actividad de la comisión ha sido el establecimiento de una serie de convenios de colaboración, para una más ágil atención de los problemas que se tramitan, así se celebró un convenio con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objeto de darle una solución expedita a las gestiones ante las autoridades de esa Procuraduría en los diversos niveles de decisiones.

Por otro lado y en el marco del federalismo y el respeto al ámbito legislativo de cada órgano de representación popular, se establecieron una serie de convenios con algunos congresos estatales como los de Morelos, Guanajuato, Michoacán y Yucatán a efecto de que los planteamientos que la ciudadanía formula a esta Cámara de Diputados, se resuelvan con mayor prontitud agilizando los trámites ante las instancias de gobierno correspondiente.

Con fecha 21 de junio de 1996, la comisión firmó el convenio de las bases de coordinación para realizar el programa de rehabilitación de espacios educativos con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), para atender las demandas sociales formuladas por los padres de familia y directivos de los planteles educativos de nivel primaria en el país a los 500 diputados, integrantes de esta legislatura, posibilitándolos para proponer las escuelas con mayores necesidades.

El programa ha tenido como objetivo, beneficiar a los 31 estados de la República y el Distrito Federal, con base en la relación de las necesidades que demandaron, se establecieron cinco paquetes de insumo de material que están permitiendo la rehabilitación de: instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, herrería, pintura y dotación de mobiliario. Estos recursos tienen mayor rendimiento en los casos en los que la aplicación de estos materiales se efectúa a través de la participación de mano de obra de los padres de familia. La cobertura de este programa logrará la atención de más de 4 mil edificios escolares, mejorando las condiciones de 800 mil alumnos de nivel primaria durante el presente año.

Para la formulación de las propuestas legislativas referentes al menor, la comisión realizó durante los meses de mayo y junio de 1996, siete foros legislativos regionales en las ciudades de: México, Distrito Federal; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Morelia, Michoacán; Hermosillo, Sonora; Mérida, Yucatán y Cuernavaca, Morelos.

Mediante las opiniones, comentarios y propuestas recogidas durante el desarrollo de estos foros, fue posible definir, con mayor precisión, la perspectiva general de la realidad de los niños y jóvenes mexicanos. Consecuentemente, con los resultados obtenidos, estuvimos en posibilidad de realizar una revisión del régimen jurídico vigente en materia de desarrollo y protección del menor; así como conocer e impulsar las propuestas ciudadanas que nos permitieron, en nuestra calidad de legisladores la actualización que, pensamos hacen factible configurar un más adecuado marco normativo, que otorgue a los menores el pleno goce de sus derechos y garantías sociales.

A esta convocatoria respondieron alrededor de 8 mil 500 ciudadano quienes a nombre propio y/o en representación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones abocadas a la procuración e impartición de justicia, institutos de educación superior, universidades y organismos internacionales, así como autoridades de gobiernos y entidades federativas representantes de legislaturas federal y locales, partidos políticos y asociaciones de padres de familia dedicados a la defensa y promoción de los derechos del menor, participaron activamente mediante 561 ponencias sustentadas en mesas de trabajo bajo los temas de: salud, educación, legislación vigente, marco jurídico para los niños en condiciones excepcionalmente difíciles, legislación laboral y economía informal, niños indígenas, la familia y evaluación de la relación entre los derechos de la mujer y los derechos del niño.

Los ponentes participaron en los diferentes foros, expresando sus puntos de vista, comentarios y experiencias, aportando planteamientos y propuestas que en virtud de su diversidad, enriquecieron ampliamente la consulta.

A efecto de establecer una relatoría general, la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, clasificó minuciosamente cada una de las ponencias, identificando la sede en que fueron expuestas, la mesa de trabajo en que se presentaron, el nombre del ponente, el título de la ponencia, la institución a nombre de la cual fue presentada y el tema en que quedó registrada. Adicionalmente se llevó a cabo un trabajo de clasificación de propuestas específicas y los argumentos en que se sustentó cada una de las ponencias.

Con el propósito de integrar una perspectiva jurídica, la siguiente fase consistió en agrupar las propuestas ciudadanas, clasificándolas por materias, asignándoles un número de identificación a partir del cual realizar su análisis y finalmente, proponiendo las modificaciones legales referidas y el establecimiento de la Procuraduría del Menor.

El trabajo realizado por la comisión, sólo ha sido posible con el concurso de todos los diputados integrantes de la misma y la orientación que, de una u otra forma, nos han dado los grupos parlamentarios presentes en esta LVI Legislatura. Les expresamos nuestro agradecimiento a todos y, en particular, a la Presidencia de la Gran Comisión.»

ORDEN DEL DIA

El Presidente:

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La secretaria Gladys Merlín Castro:

Se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVI Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de abril de 1997.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Protesta de diputados

Proposición de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Intervención de diputados de los diversos grupos parlamentarios que integran la LVI Legislatura.

Comisiones protocolarias.

Declaratoria de clausura de labores de la Cámara de Diputados del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LVI Legislatura.

Es todo, señor Presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente (a la 1:32 horas del día 29 de abril de 1997):

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar hoy martes 29 de abril a las 10:00 horas.