|
Presidencia del diputado Arturo Núñez Jiménez |
ASISTENCIA
Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
¿Faltó algún legislador de pasar
lista?..
Hay una asistencia de 36 legisladores. Hay
quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:41): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats:: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Primer Año. LVII Legislatura.
Orden del día
Lunes 29 de diciembre de 1997.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del diputado Rafael Sánchez
Pérez.
El gobierno del Distrito Federal, invita al
acto cívico que con motivo del LXXIV aniversario luctuoso de don Felipe Carrillo Puerto,
tendrá lugar el 3 de enero de 1998, a las 10:00 horas.
El gobierno del Distrito Federal, invita al
acto cívico que con motivo del LXXXIII aniversario de la Expedición de la Ley Agraria
del 6 de enero de 1915, tendrá lugar el 6 de enero de 1998, a las 10:00 horas.
Comunicación del Congreso del Estado de
Querétaro.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el embajador Jorge Chen Charpentier, pueda aceptar y
usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le
confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, pueda prestar
servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Arturo J. Quintero Treviño, pueda aceptar
y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega en Monterrey, con circunscripción
consular en el Estado de Nuevo León.
Por el que se comunica que el ciudadano
Vicente Calderón Ramírez, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados
Unidos de América en México.
Agenda política
Declaración de los grupos parlamentarios
re-presentados en la Comisión Permanente, en relación a los acontecimientos ocurridos el
pasado 22 de diciembre en Acteal, municipio de Chenalhó, Estado de Chiapas.
(Deliberativo.)
Denuncia de irregularidades en la
operación de la base nacional de datos del SAR, a cargo del senador José Angel Conchello
Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Comentarios sobre el procedimiento de
distribución de las participaciones federales a los municipios, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintidós de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia
del diputado Arturo Núñez Jiménez: |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos del lunes veintidós de
diciembre de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta y tres
legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y posteriormente al acta de instalación de la Comisión Permanente, misma que sin ninguna
observación se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con un oficio del Congreso del
Estado de Quintana Roo, con el que informa de actividades propias de su legislatura. De
enterado.
Es aprobada propuesta de la mesa directiva,
para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.
El diputado Juan José Rodríguez Prats,
del Partido Acción Nacional, presenta excitativa para que sean dictaminadas diversas
iniciativas referentes a los deudores de la banca. Sobre el mismo tema hablan los
legisladores: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Laura
Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos o contestan alusiones
personales, los legisladores: Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución
Democrática, en dos ocasiones; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional;
Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones;
Roberto Armando Albores Guillén, del Partido Revolucionario Institucional, y Francisco
José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, en la segunda acepta
interpelaciones de los diputados Gómez Alvarez y Ramírez Cuéllar.
El Presidente realiza la excitativa a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que realice el estudio necesario.
Respecto a salarios mínimos, se concede el
uso de la palabra a los legisladores: Jesús Martín del Campo, del Partido de la
Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Felipe de
Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional y Manuel Angel Nuñez Soto, del
Partido Revolucionario Institucional.
El senador Mario Saucedo Pérez, del
Partido de la Revolución Democrática, presenta propuesta sobre la situación de
violencia en San Juan Ocotán, Jalisco. Sobre el tema habla el senador Raúl Juárez
Valencia, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Gómez
Alvarez.
La propuesta presentada se turna a la
Primera Comisión.
Agotados los asuntos en cartera, el
Presidente recuerda el centésimo octagésimo segundo aniversario luctuoso del Siervo de
la Nación, José María Morelos y Pavón y clausura la sesión a las catorce horas con
treinta y ocho minutos y cita para la que tendrá lugar el lunes veintinueve de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
Gracias.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Cámara de
Diputados.— LVII Legislatura.
Honorable Comisión Permanente del Congreso
de la Unión.— Avenida Congreso de la Unión s/n.— Colonia el Parque.—
Presente.
He sido distinguido por los miembros del
honorable cabildo electo para la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el periodo 1998-2000,
con la invitación que se me hizo para fungir como secretario general de dicha
institución.
Habiendo valorado en conciencia el bien que
desde ese alto cargo, se le puede hacer al pueblo de mi ciudad, he aceptado tal
distinción. En consecuencia y siendo incompatible con el cargo de diputado federal que
desempeño dentro de esta LVII Legislatura, me permito solicitar una licencia por el
término de seis meses, para dejar de desempeñar el cargo de diputado federal y poder
integrarme a los trabajos que me requiere el ayuntamiento que he comentado.
En consecuencia, la licencia solicitada
será a partir del día 1o. de enero y hasta el día 30 de junio de 1998.
Solicitando a esta Comisión Permanente, me
sea concedida la licencia aludida y se cite a mi suplente, el ciudadano Constancio Ríos
Sánchez, para que se le tome la protesta de ley y proceda a ocupar el cargo, mientras
dure mi licencia.
Sin otro particular por el momento me es
grato reiterarles la más alta y distinguida de mis consideraciones.
México, D.F., a 29 de diciembre de
1997.— Diputado Rafael Sánchez Pérez.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicita a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo respectivo.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al diputado
Rafael Sánchez Pérez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el
XI distrito del Estado de Jalisco, para estar en posibilidad de desempeñar el cargo de
secretario de ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, a partir del 1o. de enero y por
seis meses.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se dará lectura a la invitación del
Departamento del Distrito Federal.
«Ciudadano diputado Arturo Núñez
Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
El gobierno del Distrito Federal, a través
de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXIV
aniversario luctuoso de don Felipe Carrillo Puerto, que tendrá lugar en el jardín
Salesiano, ubicado en las calles de Colegio Salesiano y Laguna del Carmen, colonia
Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, el día sábado 3 de enero de
1998, a las 10:00 horas.
Al respecto, me permito solicitar muy
atentamente si para ello no existe inconveniente, se sirva girar sus respetables
indicaciones, a efecto de que esa Comisión Permanente a su digno cargo, designe a un
representante que asista a la ceremonia de referencia.
Agradeciendo en todo lo que vale su
apreciable colaboración, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social,
Cívica y Cultural, Marco Buenrostro Hernández.»
Para asistir en representación de
esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: Laura
Pavón Jaramillo, Sadot Sánchez Carreño, Armando López Romero y María Elena Alvarez
Bernal.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Ciudadano diputado Arturo Núñez
Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.—
Presente.
El gobierno del Distrito Federal, a través
de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXIII
aniversario de la Expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, que tendrá lugar
en el monumento a don Venustiano Carranza Garza, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso
y fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena, delegación Venustiano Carranza,
Distrito Federal, el día martes 6 de enero de 1998, a las 10:00 horas.
Al respecto, me permito solicitar muy
atentamente, si para ello no existe inconveniente, se sirva girar sus respetables
indicaciones, a efecto de que esa Comisión Permanente a su digno cargo, designe a un
representante que asista a la ceremonia de referencia.
Agradeciendo en todo lo que vale su
apreciable colaboración, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social,
Cívica y Cultural, Marco Buenrostro Hernández.»
Para asistir en representación de
esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: José
Guadarrama Márquez, Francisco Javier Gil Castañeda, Auldarico Hernández Gerónimo,
Francisco José Paoli y Bolio y Ricardo Cantú Garza.
ESTADO
DE QUERETARO
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo.— Querétaro.—
Poder Legislativo.— LII Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la LII Legislatura Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en sesión celebrada el día 27 de
noviembre del año en curso, realizó elección de mesa directiva que presidirá los
trabajos correspondientes al mes de diciembre del primer periodo de sesiones ordinarias
del primer año de ejercicio legal, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidenta, Ana Bertha Silva Solórzano;
vicepresidente, Francisco Borbolla Alegría; primer secretario, Manuel Marrufo Esparza;
segunda secretaria, Patricia Carrera Orea; primer secretario suplente, Martín Mendoza
Villa; segundo secretario suplente: Jesús Martínez Gómez.
Lo que comunicamos para los fines legales
procedentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de
noviembre de 1997.— Diputados: María del Carmen Quintanar Jurado, presidenta;
Víctor Manuel Perrusquía Nieves, vicepresidente; Manuel Marrufo Esparza, primer
secretario y Jesús Martínez Gómez, segundo secretario.»
De enterado.
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de
Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 27 de noviembre próximo
pasado, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El ciudadano Jorge Chen Charpentier,
solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania. Para tal efecto
y a fin de que integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al
honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de
su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le
otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Túrnese a la Primera Comisión de
Trabajo.
REINO
DE ARABIA SAUDITA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de
Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual,
enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Ruego a usted tenga a bien solicitar
al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado C
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la
ciudadana mexicana Suzan Harfouche Harfuch pueda prestar sus servicios como secretaria del
embajador del Reino de Arabia Saudita en México, señor Hasan Bin Talat Nazer.
Para la consecución de lo anterior, anexo
me permito remitir copias: del texto de la solicitud de la Embajada, acta de nacimiento
certificada, certificado de nacionalización y pasaporte vigente de la interesada."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Túrnese a la Primera Comisión de
Trabajo.
REINO DE
NORUEGA
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato
remitir a usted la solicitud del ciudadano Arturo J. Quintero Treviño, a fin de que tenga
a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar
el cargo de cónsul honorario de Noruega en Monterrey con circunscripción consular en el
Estado de Nuevo León.
Para tal efecto, se anexa también acta de
nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento
del interesado."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para
su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el
mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Túrnese a la Primera Comisión de
Trabajo.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| La secretaria
senadora María Elena Bernal Alvarez: |
«Escudo Nacional.— Estados
Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores
dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 21 del actual, enviándoles con el presente el
anexo que en el mismo se cita:
"Me permito hacer de su conocimiento,
que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para
solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de
la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en
esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.
Vicente Calderón Ramírez, como agente de
compras en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 26 de noviembre de
1997.— Por acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos
Pinto.»
Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
ESTADO
DE CHIAPAS
Para referirse a los acontecimientos
ocurridos el pasado 22 de diciembre en Acteal, municipio de Chenalhó, Estado de Chiapas,
ha solicitado el uso de la palabra la senadora María Elena Alvarez Bernal, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 15 minutos.
| La senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
La masacre de Acteal en el municipio de
Chenalhó, en el Estado de Chiapas, no debe analizarse en el contexto inmediato anterior
al 22 de diciembre ni siquiera en los violentos acontecimientos que durante todo el año
de 1977 se han registrado en la zona ni menos aún desde los sucesos de hace tres años.
El origen de este lamentable y doloroso hecho debe analizarse en el comportamiento del
sistema político mexicano, que por más de medio siglo se ha movido con la lógica, no de
perseguir como autoridad la consecución del bien común para todos los gobernados, sino
con una lógica de conservación del poder y para ello se ha valido del apoyo de caciques
locales que especialmente en ese Estado de Chiapas, han llegado a niveles de control y
sojuzgamiento aberrante, sobre una población mantenida para el mismo fin en la
ignorancia, la miseria y la marginación.
Durante muchas décadas las comunidades
chiapanecas fueron elementos manejables para apuntalar al sistema con su pasividad y
ausencia en todo proceso de participación en la toma de decisiones.
Durante muchas décadas los caciques se
apoderaron de las fuentes de producción y riqueza y mantuvieron a los indios y demás
moradores del Estado en la miseria, sin empleo, explotados, sin participar casi de ningún
servicio social y al mismo tiempo propiciando rivalidades entre ellos, alimentadas además
por divisiones entre credos y militancias partidistas.
Otro elemento que fraguó la violencia que
ahora contemplamos es la existencia de gobiernos municipales constitucionales que se
enfrentan a autoridades de etnias, que funcionan sin un sustento constitucional firme. El
sistema cuidó de mantener a los caciques sumisos a la autoridad central, ya que esto les
permitía el enriquecimiento fácil de algunos grupos y por ello no se les impidió
continuar con la injusticia y la violencia que ejercían sobre sus dominados.
Esta sumisión logró que la democracia que
en otros estados empezaba a establecerse, en Chiapas no se diera por una evolución
pacífica de fuerzas opositoras. La oposición era cooptada, la voracidad de los caciques
y la cerrazón del sistema llevó al estado de la desesperación, al enfrentamiento de
grupos en los mandos locales. Todo esto ha colocado al Estado en los niveles de violencia
que ahora se padecen.
Su antecedente está en esa insensibilidad
del poder que no ha estado dispuesto a dejar que la voluntad ciudadana se exprese para
establecer una democracia real, acorde con la realidad local, como la que se empieza a
generar en otras regiones del país y también se ha gestado por la falta de voluntad
política del Gobierno para alcanzar el bien común de todos los gobernados.
Pero en este Estado no sólo se ha detenido
la implantación de la democracia y el bienestar de todos los ciudadanos, sino que en gran
número de comunidades se ha generado una enorme descomposición social. Los ciudadanos no
creen ya en su Gobierno. El Gobierno no tiene autoridad moral; la solidaridad ciudadana
casi no se conoce, valores como: verdad, justicia, honradez, han desaparecido.
Las rivalidades, por uno u otro motivo,
activan la violencia y la autoridad en todo esto por lo menos ha sido cómplice por
omisión. No ha impedido que todo esto ocurra, a veces hasta lo ha propiciado.
La masacre de Acteal a todos enlutó, pero
no a todos sorprendió.
Quienes han seguido la historia de estos
pueblos, saben que estas comunidades del norte de Chiapas, en ellas la violencia y la
muerte ya forma parte de la vida cotidiana; saben que de mayo a la fecha
han muerto por lo menos ocho personas en
ese municipio. La zona ha sido víctima de tortura, en ella se ha herido a decenas de sus
moradores; se ha saqueado y quemado muchas de sus humildes viviendas.
Desde junio de 1977 en que dos grupos se
disputaron la posesión de un banco de arena, era evidente que la violencia iba a aflorar
de un momento a otro.
¿Por qué permaneció pasivo el gobierno
municipal? ¿Por qué el gobierno estatal tampoco actuó?
La autoridad debió prevenir la situación.
Hubo omisiones graves en el cumplimiento del deber.
Para quienes han seguido la información de
los medios, la masacre ha sido luto pero no sorpresa, porque en repetidas ocasiones se ha
informado que algunos integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo han propiciado el
tráfico de armas y el entrenamiento de grupos paramilitares.
En marzo, la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos ya alertaba sobre esto. También en marzo, el presidente Zedillo fue
informado de las armas que estaban llegando a la zona.
El Secretario de Gobernación se concretó
a rechazar estas afirmaciones, pero nunca pudo desmentirlas con pruebas que señalaran a
otros causantes de estos actos.
El presidente municipal de Chenalhó, que
se señala ahora como responsable, puede ser un intermediario, pero a nadie convencería
el quererlo señalar como cerebro y motor de estos hechos.
Es evidente que en todos estos sucesos hay
complicidad de las autoridades que tienen a su cargo la salvaguarda del orden.
Si el Secretario de Gobernación fue
avisado de lo que podía ocurrir; si se le informó que los grupos paramilitares se
estaban multiplicando peligrosamente en la zona; si todos los elementos observables
hacían previsible la masacre, por lo menos la responsabilidad de la autoridad es la
omisión y con ello está demostrando que no ha cumplido con eficacia el cargo que detenta
y el señor Presidente deberá pensar ya, de inmediato, en sustituir al Secretario de
Gobernación por alguien que pueda cumplir debidamente.
Claro que la Secretaría de Gobernación es
responsable también de la suspensión del diálogo establecido y que había logrado
avances a través de la Cocopa y del incumplimiento de los acuerdos a que se había
llegado en San Andrés por este organismo.
Muchos ciudadanos del Estado se preguntan
si actualmente hay gobierno en el Estado, pues no parece desarrollar ningún tipo de
autoridad.
El señor Luis Ferro no crea confianza ya
en los gobernados. Está procediendo con lenidad y negligencia. El pudo prevenir también
la situación. El desenlace no debe haber sido sorpresivo para él.
Si la masacre fue brutal, inhumana, injusta
y absurda, también era evidente que pudo ser previsible y evitable y que fue la autoridad
quien no la previno ni la evitó.
El Ejecutivo estatal es pues responsable de
lo ocurrido, ya que no tomó las medidas necesarias para impedirlo.
Si el gobernador tenía información más
cercana, no sólo es culpable por omisión; pudiera empezar a ser sospechoso de
complicidad, pero por lo menos hay una evidencia clara de incapacidad, porque la
ingobernabilidad se está extendiendo en el Estado a su cargo.
Por todo esto, el Senado deberá analizar
el caso para declarar, dado el lugar, la desaparición de poderes en el Estado, o la
Comisión Permanente, que puede también fungir como tal.
Es urgente dar solución real, a fondo, al
problema y este fondo no se va a arreglar ni con la desaparición de estas autoridades,
aunque sea urgente hacerlo, porque hay un trasfondo político más profundo y arraigado
por mucho tiempo.
Es en el ámbito del poder central, del
Poder Federal, donde debe dársele a fondo la inaplazable solución.
Los cuantiosos recursos que se han dirigido
al Estado de Chiapas, se han hecho con criterio clientelar, partidista y sólo han
aumentado la corrupción. En muy poca escala han aminorado el problema.
El gobernador está demostrando, repito,
incapacidad, al igual que el Secretario de Gobernación, y no podemos esperar a que nuevas
víctimas inocentes paguen con su vida la incapacidad de los gobernantes.
Y no podemos esperar a que se siga
deteriorando el nivel de vida, que ya es grande en estas zonas del Estado. No podemos
esperar más a que nuestros estados más ricos, como es el de Chiapas, en recursos
naturales, además de despreciarlos así, se siga destruyendo el valor más importante que
tiene el Estado, y que el Gobierno "revolucionario" ha conducido a la
desesperación, a este recurso tan valioso que son sus habitantes, que son los seres
humanos chiapanecos.
Los moradores de ese Estado no pueden
continuar siendo rehenes de la ingobernabilidad ni de las indecisiones o ambiciones de sus
gobernantes.
El Partido Acción Nacional pide que se
atienda de inmediato los siete puntos prioritarios:
1o. Vigilar que en el proceso de
investigación se actúe en todo conforme a derecho y que la indagación no se reduzca a
los actores materiales, sino que se llegue al fondo de los verdaderos responsables y
actores intelectuales de los hechos.
2o. Que se proceda de inmediato a desarmar
y disolver a los grupos paramilitares que están a las órdenes de los caciques
ancestrales y que el Secretario de Gobernación explique cómo han llegado y siguen
llegando armas a esas zonas de conflicto.
3o. Aplicar todas las medidas necesarias,
políticas, económicas y sociales, para garantizar la plena protección de las
comunidades en situación de riesgo en el Estado de Chiapas.
4o. Que el Ejecutivo nombre un nuevo
Secretario de Gobernación que sea capaz de desempeñar adecuadamente su encargo.
5o. Que la Comisión Permanente, hecho el
estudio correspondiente, declare desaparecidos los poderes en el Estado de Chiapas.
6o. Que se reanude el diálogo de la Cocopa
y los grupos locales y se cumplan los acuerdos de San Andrés en todo lo que no violen la
Constitución nacional vigente y
7o. Que las nuevas autoridades que se
nombre tomen como acción prioritaria el eliminar la descomposición social y el rehacer
el tejido social en la región.
Es necesario que el Gobierno vuelva a tener
autoridad entre los ciudadanos chiapanecos. Que los ciudadanos se sientan solidarios los
unos de los otros y aunque esto va a ser una tarea a muy largo plazo, deberá iniciarse de
inmediato.
Los chiapanecos tienen que redescubrir los
valores que llevaban en su alma sus antepasados, para volver a ser un pueblo solidario,
orgulloso de ser mexicano y capaz de vivir en una armónica convivencia.
Para hablar sobre el mismo tema tiene
la palabra hasta por 15 minutos el senador Mario Saucedo Pérez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática,
| El senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente;
legisladoras, legisladores:
La patria está de luto. El genocidio de
Chenalhó en contra de mujeres, hombres y niños indefensos, es un crimen de lesa
humanidad. El crimen cometido en contra de los indígenas por los grupos paramilitares, es
un crimen en contra de la nación, en contra de la humanidad, es un crimen en contra de la
paz.
Indigna y avergüenza que en nuestro país
se den estas atrocidades, que ofenden y deshonran a nuestra patria.
La masacre ya ha sido condenada por
organismos internacionales, por varios países y por personalidades de diversas partes del
mundo. Diferentes sectores en nuestro país, así como partidos políticos, organismos
sociales, organismos no gubernamentales y personalidades de la sociedad civil, condenamos
este asesinato colectivo y exigimos a las autoridades competentes la investigación
imparcial, objetiva y a fondo de los sucesos, y castigo a los responsables materiales e
intelectuales de esta matanza.
Se ha derramado sangre inocente. La
historia se repite, los de siempre, los de abajo, los marginados y excluidos, los
prescindibles, los indios, los niños, las mujeres y los hombres de los pueblos indios,
pagan tributo con su vida a la intolerancia, a la soberbia y a la prepotencia de los que
ostentan el poder. Son los gobernantes y los poderosos de Chiapas y del país los que no
quieren paz, los que arman y organizan a las bandas paramilitares para mantener abierta la
puerta de la guerra, para usar la fuerza militar y terminar así esa pesadilla que
incomoda tanto a los gobernantes, ocasionada por aquellos que han osado alzarse y alzar su
voz, hacer oír su palabra de justicia y dignidad, reclamando que también son mexicanos,
que también son parte integrante de la nación.
Veintiún mujeres, nueve hombres, 14 niños
y un niño de brazos, fueron asesinados cuando se encontraban en el templo de la comunidad
de Acteal, municipio de Chenalhó. Fueron sorprendidos y ejecutados salvajemente por el
grupo paramilitar conocido como "máscara roja".
Este episodio recuerda aquellas ejecuciones
en los campos de concentración nazi.
El genocidio de Chenalhó es la
consecuencia de una política deliberada que el gobierno estatal ha venido implementando
dentro de un esquema de estrategia de guerra contrainsurgente denominada "de baja
intensidad" y que desde oficinas del propio Gobierno Federal se viene diseñando.
El Gobierno le apuesta al desgaste del
movimiento zapatista, a su debilitamiento político que lleve a una negociación favorable
para el Gobierno y que en caso de usar las fuerzas armadas, represente el menor costo
político.
El Gobierno Federal, después de romper las
negociaciones e incumplir con ello su palabra, optó por no hacer nada. Sólo reitera en
voz del Secretario de Gobernación su supuesto compromiso con los acuerdos de San Andrés.
Los hechos lo desmienten, como si a fuerza de repetirlo buscara convencer de la buena
voluntad del Gobierno y hacernos creer que el responsable de la ausencia de diálogo son
los zapatistas.
A la par de la táctica gubernamental de
ausencia de una iniciativa en la negociación, se fue preparando desde 1995 los grupos
paramilitares con el objetivo de exterminar las bases sociales zapatistas, primero en la
zona norte de Chiapas, después en Los Altos y luego en Las Cañadas.
Denuncias reiteradas de los organismos de
derechos humanos e investigaciones de distintos medios de comunicación revelan la labor
de policías estatales y municipales y presidentes municipales priístas, para conformar
los distintos grupos paramilitares.
Después de la infiltración empezaron a
repartir droga y alcohol, a proporcionar dinero y armas de fuego de alto calibre. Luego
los fueron a entrenar militarmente policías vestidos de civiles.
Hoy son varios los grupos paramilitares que
actúan impunemente y se mueven al amparo de la autoridad, asolando la región como el
grupo "máscara roja", responsable del genocidio de Chenalhó.
Identificados los adversarios a los
gobiernos priístas, estas bandas paramilitares se han dedicado a intimidar, a amenazar, a
robar, a violar mujeres, a desplazar comunidades enteras, a quemar casas, a torturar, a
reprimir, a asesinar.
Solamente en Chenalhó, en siete meses
fueron asesinados 75 indígenas y 90 más resultaron lesionados con armas de fuego y
objetos punzocortantes; una centena de casas han sido quemadas, robadas o destruidas por
grupos paramilitares armados que recorren los parajes y los caminos, actuando con toda
impunidad y solapados por la policía de seguridad pública del Estado.
Desde 1995, más de 1 mil 500 asesinatos se
registran en el Estado de Chiapas. La presencia y las acciones delictivas de los grupos
paramilitares han sido objeto de denuncias reiteradas desde hace tiempo; se han dado los
nombres de quienes los integran y dirigen, en qué lugares operan y cuál es su filiación
partidista, pero la obvia complicidad del gobierno estatal permite que estos grupos sigan
actuando impunemente.
Los grupos señalados como paramilitares
son: "Paz y Justicia", que tiene su centro de operaciones en Tila y opera en los
municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Chilón y Salto de Agua; además de la selva
Lacandona. Es dirigido, entre otros, por Samuel Sánchez Sánchez, diputado local del PRI.
El Grupo Alianza San Bartolomé de los
Llanos, que se mueve en Los Altos de Chiapas y en el municipio Venustiano Carranza, de
filiación priísta.
El grupo de los Chinchulines, cuya área de
influencia es el municipio de Chilón y la población Bachajón, dirigido por el diputado
federal priísta Rafael Ceballos.
El grupo MIRA (Movimiento Insurgente
Revolucionario Antizapatista) se localiza en la zona norte, Los Altos, selva y selva
fronteriza de Chiapas y está involucrado el diputado federal Norberto Santiz López, del
PRI, del municipio de Oxchuc, donde el grupo tiene su sede.
El grupo "Máscara Roja", en el
municipio de Chenalhó, responsable del asesinato del 22 de diciembre, vincula
principalmente al presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz.
El grupo "Los Degolladores" que
opera en San Juan Chamula y se vincula al PRI y a los caciques del lugar.
El grupo "Tomás Munzer", que
actúa en la zona norte y en la selva Lacandona, de filiación priísta.
La información sobre estos grupos es
pública. De tiempo atrás diversas instituciones y organizaciones civiles, como los
organismos de derechos humanos, han hecho denuncias detalladas sobre estos grupos.
¡Nuestro propio partido ha denunciado en distintos foros la presencia de los mismos y la
gran complicidad del Gobierno!
Recientemente el senador Carlos Payán, del
PRD, presentó en la Cámara de Senadores la lista de los integrantes del grupo
paramilitar "Paz y Justicia". ¡Los crímenes de estos grupos paramilitares de
filiación priísta están bien documentados en una gran cantidad de testimonios de los
sobrevivientes de los ataques y en los propios acusados de perpetrar el genocidio de
Chenalhó!
¡El Gobierno Federal conoce bien desde
hace tiempo la presencia delictiva de estos grupos, como recientemente lo acaba de afirmar
el Secretario de Gobernación y se sabe que operan con la tolerancia y el apoyo de las
autoridades locales y federales!
¡Sin embargo, todas las denuncias han sido
en vano, pues todo parece indicar que la presencia de cuerpos paramilitares es parte de la
estrategia de "la guerra de baja intensidad"!
La presencia de estos grupos paramilitares
en Chiapas y el genocidio cometido por el grupo "Máscara Roja", recuerdan a los
escuadrones de la muerte en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en El Salvador, en Chile,
en tiempos de las dictaduras militares. ¡La manera como fueron abiertos los vientres de
las mujeres asesinadas en Acteal, es similar a los operativos de "Los Caibules",
ese grupo de élite del Ejército guatemalteco que se distingue por su cru-eldad!
¡La utilización de grupos paramilitares
por el Gobierno es una modalidad de terrorismo, que al cobijo del Estado se utilizó para
la guerra sucia, la guerra clandestina, en contra de supuestos insurgentes y al margen de
cualquier legalidad, violando sistemáticamente los derechos humanos!
¡Por ello, resulta francamente
decepcionante la afirmación del Procurador General, "de que el caso de genocidio en
Chenalhó fue de un conflicto intercomunitario"! ¡Con ello el Gobierno Federal
pretende minimizar la cruel matanza y eximir de toda responsabilidad a las autoridades
federales y estatales!
Pero preguntamos: ¿qué garantía va a
haber en las investigaciones sobre los homicidios, si ya el titular de la Procuraduría
General de la República pretende explicar el genocidio como un conflicto entre
comunidades, dejando de lado la responsabilidad de las autoridades estatales y federales?
¿Quién podrá garantizar una
investigación imparcial, objetiva y a fondo que juzgue no sólo a los responsables
materiales, sino también a los intelectuales, a las autoridades que por omisión,
negligencia o comisión son cómplices del genocidio?
Los acontecimientos en Chenalhó son parte
de una situación provocada por la incompetencia y complicidad de las autoridades locales
con las bandas criminales.
¡En Chiapas se vive ya una situación de
ingobernabilidad! ¡Las autoridades no son capaces de garantizar la legalidad o la
justicia, no sólo no pueden asegurar los más elementales derechos humanos como el
derecho a la vida, sino que aparecen como los principales causantes de la situación de
ilegalidad e impunidad!
¡En Chiapas se ha quebrantado el estado de
derecho! ¡Las autoridades locales no pueden asegurar más la vigencia de los preceptos
constitucionales locales y federales; son los responsables de la grave crisis de
ingobernabilidad!
Por lo anterior, la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática plantea ante la Comisión Permanente, ¡que es
prioritario que esta Comisión condene públicamente el genocidio perpetrado en contra de
indígenas indefensos y haga llegar su solidaridad a los familiares de las víctimas y a
las comunidades agraviadas por el crimen!
Exigir el pleno esclarecimiento de los
hechos, circunstancias y antecedentes y la estricta aplicación de la ley a los
responsables materiales e intelectuales de la masacre.
¡Asimismo planteamos a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión que se convoque al Senado a un periodo extraordinario
para que, de acuerdo a la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la
Constitución General de la República, la Cámara de Senadores declare desaparecidos los
poderes en el Estado de Chiapas, toda vez que en este estado se ha quebrantado la
legalidad y el orden constitucional ha desaparecido!
Hace apenas unas semanas, nuestra fracción
señaló en el Senado la necesidad de que la Cámara de Senadores estuviera atenta a la
situación que se vivía en el Estado de Chiapas, porque los síntomas de descomposición
social, la complicidad de las autoridades protegiendo a las bandas paramilitares y la
permanente violación a los derechos humanos, prefiguraba en la hipótesis de la fracción
V del artículo 76 constitucional.
La declaración de desaparición de poderes
no deberá dejar impune la responsabilidad de todas las autoridades implicadas en los
delitos por omisión, negligencia o comisión. Desde el actual gobernador de Chiapas hasta
las autoridades municipales, incluyendo al secretario de gobierno, a los subsecretarios, a
las autoridades policiacas y judiciales, deberán ser sujetos de juicio político y penal.
La falta de orden constitucional en el
Estado de Chiapas podrá ser resuelta de manera republicana asumiendo el Congreso de la
Unión su responsabilidad de mantener el pacto federado ante una situación de gravedad,
de graves violaciones constitucionales por parte de las autoridades. Es importante que el
Poder Legislativo Federal asuma su responsabilidad y facultades ante los hechos derivados
del genocidio en Chenalhó.
Por otra parte, es urgente desarmar a las
bandas paramilitares y procesar judicialmente a sus integrantes. Lo acontecido en
Chenalhó ha puesto en riesgo la paz, con consecuencias impredecibles no sólo para el
Estado de Chiapas, sino para todo el país.
Además, para el restablecimiento de la
legalidad, es necesario demandar que el Gobierno Federal retire su contrapropuesta a la
iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena, elaborada por la Comisión
de Concordia y Pacificación. La Cocopa está formada por todos los partidos y esta
comisión representativa del Poder Legislativo Federal fue quien elaboró la Iniciativa de
Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena.
Por la importancia nacional e internacional
que en estos momentos de tragedia vive nuestro país, solicitamos a esta Comisión
Permanente convoque a un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, para aprobar la
iniciativa de ley elaborada por la Cocopa y se permita así sentar bases sólidas para la
reanudación del diálogo en Chiapas.
Con fundamento en los artículos 67 y 79
fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de
la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la
República, los legisladores y fracciones abajo firmantes, solicitamos a la Presidencia
someta a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente
PROPOSICION
"Unica. Se convoque a un periodo de
sesiones extraordinarias del Senado de la República, para que en ejercicio de sus
facultades constitucionales discuta y acuerde respecto a:
1. Determinar que se ha configurado la
desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el Estado de Chiapas y
haga la declaratoria de que se debe nombrar un gobernador provisional.
2. El nombramiento, en su caso, de
gobernador sustituto en el Estado de Chiapas, a propuesta interna del Presidente de la
República."
Esta propuesta la firman: el Partido del
Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional.
La siguiente proposición:
"Con fundamento en los artículos 67 y
79 fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores del Partido de la Revolución Democrática solicitamos a la Presidencia
someta a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente
PROPOSICION
"Unica. Se convoque a un periodo de
sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, para que en ejercicio de su facultades
constitucionales discuta y acuerde respecto a:
1. Las reformas constitucionales sobre
derechos de los pueblos indios, conforme al proyecto de la Comisión de Concordia y
Pacificación y los acuerdos de San Andrés Larráinzar."
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Albores Guillén.
| El diputado Roberto Armando Albores Guillén: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores:
A nombre de los diputados chiapanecos, como
priísta y como diputado por mi Estado, lamentamos profundamente los acontecimientos
dolorosos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Estado de
Chiapas.
Ante la más alta tribuna del país lo
denunciamos como un acto criminal y de barbarie, que lesiona elementales normas de
convivencia humana y viene a trastocar nuevamente el esfuerzo de la sociedad por construir
sobre bases sólidas una paz digna en Chiapas y el fortalecimiento de la estabilidad
política de esta importante entidad federativa.
Frente a este dramático escenario,
exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva de los hechos, para
que en forma inmediata el Ministerio Público Federal deslinde responsabilidades e
identifique a los culpables, para aplicarles con todo el rigor el peso de la ley, sin
importar su condición económica, política, social o religiosa.
Debe ponerse un alto definitivo a la
impunidad dentro del Estado de Chiapas, para evitar que vuelvan a repetirse este tipo de
acontecimientos que avergüenzan a todos y que lesionan severamente la convivencia humana.
Todos tenemos el compromiso de aportar algo
para la paz; en momentos difíciles y dolorosos como éste, se requiere prudencia,
equilibrio y un alto sentido de responsabilidad y, al mismo tiempo, claridad y
determinación para la toma de decisiones que conduzcan a la normalización de la vida
comunitaria y, por supuesto, al cabal esclarecimiento de los hechos.
En el asunto de Chenalhó se ha querido
implicar a supuestos militantes priístas. No lo aceptamos, los delincuentes no tienen una
relación orgánica con el Partido Revolucionario Institucional; el PRI es una
organización política seria, con doctrina, programa y suficiente fuerza territorial, que
no necesita recurrir a estos lamentables actos deleznables para reafirmar su fortaleza.
Los condenamos y exigimos justicia.
Probablemente entre los implicados en estos
actos criminales encontremos personas con inclinaciones religiosas o afinidades
políticas. Sería una falsa apreciación el considerar culpables a las instituciones,
éstas no delinquen, son actos de responsabilidad individual que no corresponden a las
directrices y políticas institucionales de sus organizaciones.
El fenómeno de la violencia en Chiapas es
más complejo y tiene facetas y manifestaciones que requieren de mayor análisis, rigor y
responsabilidad política. Estamos convencidos, antes y ahora, de que la fuerza de la
política es el instrumento fundamental para la construcción de consensos y la única
salida viable que garantizará una paz digna y productiva. Desechamos categóricamente la
política de la fuerza.
Por supuesto, también desechamos y no
aceptamos que al priísmo se le responsabilice de hechos tan delicados que nos
avergüenzan como sociedad; el PRI no es el partido de la violencia, más de seis décadas
de paz lo ratifican.
A partir del movimiento armado en 1994, las
cosas cambiaron en Chiapas; se trastocaron, nada volvió a ser igual, la dinámica del
conflicto hizo añicos usos y costumbres políticas, rompió inercias, desterró mitos y
generó su propia dinámica; entramos a un proceso acelerado de descomposición y
reacomodo social, emergieron fuerzas de diversos signos y banderas que convirtieron en
violencia las contradicciones sociales. Entonces, vale la pena subrayarlo ahora en esta
tribuna, el Gobierno optó por una salida política, privilegió el diálogo y la
negociación en lugar de la fuerza, se decretó una amnistía general y se inició un
trabajo de pacificación.
Ningún gobierno tiene vocación suicida,
el Gobierno de Zedillo ha abierto las partes, ha invitado a la negociación y a la salida
política, hoy lo sigue reiterando y en consecuencia no aceptamos culpabilidades que no
existen; le seguimos jugando al diálogo y a la pacificación.
Se avanzó entonces hasta donde fue posible
en la negociación, se llegó a los primeros acuerdos de Larráinzar, en los que las
partes tuvieron diferencias de interpretación jurídica, principalmente en lo que se
refiere a la iniciativa de Ley Sobre Derechos y Cultura Indígena, por la que junto con
otras consideraciones del EZLN, se suspendieron las pláticas que no se han podido
reanudar desde entonces.
La nueva Cocopa elaboró un documento de
propuesta a las partes, con base en las exigencias que el propio EZLN puso como condición
para volver a la mesa del diálogo. El Gobierno Federal ya le dio respuesta; su
contraparte insiste en que no puede existir ninguna negociación hasta que el Congreso de
la Unión apruebe su propuesta de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena.
Ante la gravedad de lo ocurrido en
Chenalhó, hacemos un llamado a las partes nuevamente a flexibilizarse y a sentarse a la
mesa de las negociaciones.
Quienes pensaron que con la suspensión del
diálogo las cosas en Chiapas seguirían estáticas, se equivocaron. Larráinzar quedó
atrás y se agudizaron los conflictos en el norte y altos del Estado, pugnas
intercomunitarias, conflictos de tierras, asuntos partidistas, cuestiones religiosas y la
movilidad de las bases pertenecientes al EZLN, así como a grupos de resistencia al
cambio, formaron el cuadro completo de un detonante de violencia que se ha traducido en
muertes, precaria observancia de la ley, desplazados y falta de seguridad.
Si a esto le sumamos que con razón o sin
ella, pero sí violentando la ley, se ha procedido a declarar consejos autónomos en
rebeldía, desconociendo las autoridades constitucionales y desechando e imponiendo nuevas
formas de convivencia, se redondea un cuadro que genera confrontación y violencia.
En estas condiciones empezaron a proliferar
grupos armados, que han impuesto el terror, la incertidumbre y el miedo, y que con el
pretexto del movimiento zapatista encubren su verdadero rostro. Son los emisarios de la
resistencia y la reacción y lo que quieren es la inestabilidad política. En estas
circunstancias Chenalhó es un nuevo foco de conflicto, tal vez el más dramático.
Chiapas está en un círculo vicioso. Cada
persona o grupo tiene su versión de la historia, tiene su propia versión de los
acontecimientos, dependiendo de su inclinación o filiación política. Para unos es una
región de violencia e ingobernabilidad, tierra promisoria para otros. Ni unos ni otros
tienen la razón; son ópticas sesgadas, visiones interesadas, diagnósticos subjetivos.
La realidad es otra. Es necesario el justo medio, el análisis objetivo y la postura
política equidistante, para evitar extremos y distorsiones de la realidad. Los dos
Chiapas se enfrentan entre sí, luchan por sobrevivir. La lucha es definitiva, el saldo es
doloroso.
Todos debemos hacer algo para la paz, dar
paso a acciones concretas que permitan definir y precisar un destino cierto. El dejar
hacer y el dejar pasar, no ayuda a nadie. En momentos difíciles y dolorosos como el que
nos ocupa, se requiere de prudencia, equilibrio, responsabilidad y claridad de acciones.
Vale la pena tomar la iniciativa, dejar atrás el temor y el miedo.
Que los acontecimientos nos sirvan para
entender que en la zona del conflicto de Chiapas está en juego una de las causas
superiores de México. No podemos equivocarnos ni sustraernos. Cometeríamos un error
histórico, atentaríamos contra nuestra propia existencia y a nuestro compromiso de
trascender como seres humanos; nos convertiríamos en hojarasca de la historia. No lo
permitamos. Asumamos nuestras obligaciones políticas y humanas. Que nadie se sienta
marginado. Nunca más el olvido y la omisión debe ser el pretexto. No se vale. ¡Ya
basta!, dicen los chiapanecos; ya estamos cansados de ser los aportadores de cadáveres,
de muertes de ciudadanos chiapanecos y quienes disfrutan de los dividendos es una mano
invisible de quienes irresponsablemente alientan la violencia, atentan contra la paz,
contra el estado de derecho y contra nosotros mismos. ¡Ya basta. señores legisladores!
En Chiapas se da un choque de mundos, de
cultura y de distintas visiones cosmogónicas, diferencias sustanciales de la concepción
del mundo y de la vida, contradicciones seculares, búsqueda permanente de identidad.
Los diputados chiapanecos proponemos en
forma enunciativa 13 medidas que pueden ayudar a tomar acciones concretas y que pueden
abonar en el camino de la paz, que son las siguientes:
Primero. El liderazgo político se
fundamenta, como así ha sucedido, con autoridad moral y honradez en las acciones de
gobierno. Exigimos a las autoridades resultados concretos e inmediatos, sin desdoro de la
calidad de la investigación, para fincar las responsabilidades a los culpables de este
acto criminal, sin importar su condición económica, política, social o religiosa.
Segundo. Demandamos justicia en su más
amplia acepción y el fortalecimiento del estado de derecho en la zona de conflicto, con
la convicción que sólo la aplicación estricta y rigurosa de la ley garantizará una
convivencia social armónica, civilizada y desterrará la impunidad.
Tercero. Reclamamos el desarme generalizado
en el Estado de Chiapas, que permita restaurar la confianza ciudadana, la libertad y la
dignidad humana, derechos y prerrogativas consagradas en la Constitución General de la
República.
Cuarto. Pedimos que se honre el espíritu y
la letra de lo que establece la Ley de Concordia y Pacificación para una paz digna y
justa en Chiapas, y de esta manera salvaguardar la seguridad de los militantes zapatistas.
Quinto. Requerimos que se eviten las
acciones ilegales y unilaterales de los consejos autónomos rebeldes que están al margen
de la Constitución y que incitan al enfrentamiento con las autoridades legítimamente
constituidas.
Sexto. Pedimos un acuerdo estatal para la
paz y la reconciliación en Chiapas, que incluya a todos los sectores de la sociedad, para
que se comprometan a trabajar conjuntamente en aras de esta causa superior.
Séptimo. Planteamos una amnistía general
con base en el derecho, para liberar a los supuestos presos políticos indígenas.
Octavo. Demandamos un programa de
distensión integral, aceptado por ambas partes previamente convenido, para crear el clima
adecuado de negociación.
Noveno. Urge profundizar, transparentar y
difundir el programa gubernamental para el desarrollo de Chiapas, precisando objetivos,
metas y cumplimiento, estableciendo los mecanismos sociales de vigilancia y seguimiento
para su cumplimiento y que en el fondo se busque un acuerdo para el desarrollo y la
estabilización.
Décimo. Se debe reiniciar inmediatamente
el proceso de negociación entre las partes, flexibilizando las posturas asumidas por las
mismas y conformando una agenda para la reconciliación y para la paz. Hay que fortalecer
los trabajos y la interlocución entre el Gobierno y el EZLN.
Decimoprimero. Una vez más solicitamos la
continuación de diálogo y exhortamos a que se aceleren las negociaciones para la paz en
Chiapas, que este lamentable acontecimiento dé pie a una reflexión colectiva y permita
asumir un compromiso concreto y definitivo para construir la paz digna y duradera que
merece la comunidad chiapaneca.
Decimosegundo. Al EZLN le demandamos que
independientemente de su postura frente al diálogo, abra la posibilidad urgente de
empezar a definir y a dirimir cuestiones perentorias que permitan distensionar tanto a la
región de Los Altos como a las regiones adyacentes. Esto no implica que abata su demanda,
sino que sea corresponsable de mecanismos locales de acuerdo y convivencia con las partes
de la población que no asuman su postura ni sus demandas.
Decimotercero. Sigue siendo la Cocopa un
instrumento fundamental en la coadyuvancia del diálogo. Pediremos un acuerdo político y
el apoyo de las fracciones parlamentarias para su fortalecimiento, para que adquiera mayor
rango y para que pueda ser una coadyuvancia más efectiva y duradera.
Estos son algunos apuntamientos
propositivos para superar la crisis chiapaneca, que seguramente mejorados con las
ediciones y propuestas que planteen los partidos, se podrá lograr y avanzar en la
negociación política.
Los legisladores chiapanecos hacemos un
llamado para evitar una escalada de violencia que agrave la situación en Chiapas y limite
los esfuerzos de paz y reconciliación.
Exigimos serenidad, prudencia y energía
para hacer valer la ley ante los hechos que ofenden a la nación.
Reclamamos a los diferentes actores de la
vida política nacional una actitud responsable ante la tragedia.
Que no se busque rentabilidad política
derivada del luto que hoy ensombrece a todos los mexicanos.
Es necesario, a partir de los
acontecimientos y su esclarecimiento y ante visiones partidistas, que asumamos una
conducta de respeto ante el dolor de las familias víctimas de este acto de barbarie.
Que Chenalhó no se convierta en un
pretexto más para golpear y vulnerar a nuestras instituciones.
La historia nos ha enseñado que ante
cualquier circunstancia debemos estar alertas para defender nuestra soberanía.
Surgen voces del exterior, no sólo
recriminando los hechos, que los mexicanos lamentamos y que castigaremos, sino que, fuera
de la cortesía diplomática, conminan al Gobierno Federal a dar explicaciones.
A ellos les queremos decir que somos un
país libre y soberano, con capacidad de autodeterminación, respetuoso de los demás y en
consecuencia exigimos reciprocidad y respeto. No permitiremos ninguna intromisión, venga
de donde venga.
Ante estas circunstancias, llamamos a la
unidad de los mexicanos. Los partidos políticos, sin menoscabo de sus posiciones
ideológicas, su legítima capacidad de protesta y su demanda sobre el esclarecimiento de
los hechos, deben asumir un papel serio y responsable y no aprovechar el momento para
tratar de lograr ventajas pasajeras de dudosa autenticidad para el país.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema, y
hasta por 15 minutos, tiene el uso de la palabra el senador Rodolfo Elizondo Torres, del
grupo parlamentario del PAN.
| El senador Rodolfo Elizondo Torres: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Más de 15 meses han pasado, hasta hoy, de
la suspensión del diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal. Yo me pregunto si no
será tiempo suficiente para que en cualquier conflicto armado se propicien crímenes tan
reprobables como el acontecido en el municipio de Chenalhó el pasado 22 de diciembre.
Pese, quiero ser muy claro, a que en la
descripción de los hechos hasta hoy se mencionan como posibles involucrados a personas
con filiación política diferente a la de nuestro partido, no tenemos la mayor intención
de convertir este hecho en un debate partidista, porque creemos que lo que está en juego
está muy por arriba de los intereses de cualquier institución política.
Esto no quiere decir, por supuesto y desde
luego, que no estemos resueltos, como ya se denunció por nuestra compañera, a denunciar
y exigir desde esta tribuna el cumplimiento de la ley y la aplicación de la misma hasta
sus últimas consecuencias. Pero nosotros creemos que debemos hacerlo conscientes del
papel que estamos jugando, obedeciendo sólo a los hechos que sean comprobables, sin
anteponer por supuesto nuestros intereses de partido al interés nacional.
La paz en nuestro país sin duda alguna
está siendo y se está viendo amenazada; la credibilidad y la confianza de nuestras
instituciones se encuentran en entredicho, por lo que el problema requiere que todas las
fuerzas políticas asumamos con seriedad y responsabilidad tan delicados hechos y nos
demos a la búsqueda inmediata de soluciones de fondo.
Yo no estoy de acuerdo en que hoy se repita
la historia de hace tres años, de venir a decir que estamos proponiendo o que estamos
dispuestos a solucionar los problemas en Chiapas.
Yo no creo que el pueblo de México, que el
pueblo de Chiapas, tenga que cargar con esta culpa de omisión, con esta culpa de abandono
de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.
No es posible que los legisladores, que
tenemos una comisión creada por ley, no estemos empeñados en participar seriamente en la
solución de los problemas nacionales y en los problemas de paz, como es el problema de
Chiapas.
No podemos esperar otros tres años, otros
seis días u otros 15 días, a que nuevamente tengamos otra masacre, como la que hoy
estamos viviendo.
Necesitamos pues poner seriedad, dar con
responsabilidad soluciones, que nos lleven de una vez por todas a encarar el problema en
Chiapas. A que nuestros hermanos indígenas, tengan realmente la solución de sus
problemas, en una iniciativa de ley que puede tener muchas modificaciones, pero que
requiere de la absoluta dirigencia de los legisladores para que sea revisada en estas
condiciones en el propio Congreso.
Desde aquí hago un llamado pues al
Ejecutivo de la nación, para que también con la responsabilidad que le merece el caso,
se decida de una vez por todas, a poner cartas en el asunto, no solamente buscando a los
culpables, sino solucionando de fondo los problemas de los indígenas. Los indígenas
requieren de la atención de todos nosotros. Los indígenas están esperando una respuesta
de esta Comisión Permanente del Congreso y debemos dársela.
No vamos a buscar culpables que no son,
pero yo creo que en los tres niveles de Gobierno hay culpables. Y hay culpables por parte
de las autoridades municipales, y hay culpables por parte de las autoridades del Estado, y
por supuesto que hay culpables por parte de las entidades federales.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que no
solamente en la investigación se busque a los responsables materiales de los hechos, sino
a los involucrados intelectualmente en el asunto de la masacre.
Pero a mí me parece que no es suficiente,
que no es suficiente desde ningún punto de vista, que se busque exclusivamente a los
culpables y que esto no vaya acompañado de una serie de acciones que aquí se han
propuesto y que me parece que algunas de ellas son muy buenas, como la que hizo el
compañero del PRI, pero no son suficientes desde ningún punto de vista.
Y no me dejarán mentir algunos compañeros
que aquí han estado involucrados, no solamente como miembros de la Cocopa, sino como
autoridades, como es el propio presidente de esta mesa, en donde de alguna manera la
suspensión del diálogo se debió principalmente al rechazo del Ejecutivo, por no aceptar
la propuesta; no de una ley que formuló la Cocopa arbitrariamente, no, de una ley que las
partes acordaron que fuera propuesta para ser autorizada de antemano por las mismas, para
ser propuesta en el Congreso de la Unión.
Todavía hace 15 meses, o más, hace 10 ó
12 meses de esto, y todavía estamos esperando una decisión.
El país ya no puede estar posponiendo las
decisiones que requiere, no solamente de paz, sino de muchas otras que de alguna manera
crean el estado de derecho que requiere este país.
Yo los invito pues a todos ustedes,... sí
cómo no, por supuesto.
| El senador Oscar
López Velarde Vega (desde su curul): |
Quisiera preguntarle, por los
comentarios que hizo de su trabajo previo al Senado y en la Cocopa, si su fracción
estaría dispuesta a aprobar en sus términos la propuesta presentada por la Cocopa como
un documento para conciliar las partes.
| El senador
Rodolfo Elizondo Torres: |
Usted sabe, señor senador, con todo
respeto, que el trabajo que realizó la Cocopa, un trabajo exclusivamente de trasladar los
acuerdos de San Andrés a un documento, es iniciativa de ley, que usted y yo conocemos.
Que este documento lo debería de suscribir el Ejecutivo, no los diputados del PAN o los
diputados del PRI o los diputados del PRD.
Mi partido está totalmente de acuerdo a
que en el momento en que si ya fue propuesto, se discuta en el pleno del Congreso dicha
ley y en ese momento nosotros habremos de puntualizar en qué estamos de acuerdo y en qué
no estamos de acuerdo.
Por último, yo quisiera decir, que aunque
esto tal vez no sea tampoco la solución y la varita mágica, la verdad es que nosotros
creemos e insistimos e insisto, en que no podemos salir de aquí, como legisladores, sin
dar un mensaje claro a la ciudadanía, al país y, por supuesto, al pueblo de Chiapas, de
que queremos ayudar.
Hoy más que nunca la Comisión de
Concordia y Pacificación, que fue votada por muchos de nosotros en el Congreso, en la
Cámara de Diputados y de Senadores, necesita verse reforzada.
Nosotros no necesitamos crear comisiones
especiales. Ya está creada una comisión por ley, conjuntamente por el Ejecutivo y el
Legislativo. Démosle esa importancia que tiene la Cocopa, démosle la posibilidad a la
Cocopa de servir realmente de puente para que nuevamente se instale el diálogo en
Chiapas.
Yo les pido a ustedes que no piensen
únicamente en su partido, que no piensen de alguna manera que lo que queremos aquí es
ver cómo sacamos raja diciendo que ustedes están involucrados en el problema. ¡No! Que
piensen en serio, como deben de pensar las autoridades, que se requiere de una solución,
que México no puede estar posponiendo las soluciones. A eso los invito y estoy en la
mejor disposición de participar en cualquier cosa que ustedes requieran.
Muchas gracias.
Para el mismo tema, tiene la palabra
hasta por 15 minutos, el diputado Luis Patiño Pozas, del Partido del Trabajo.
| El diputado Luis Patiño Pozas: |
Compañeras legisladoras; compañeros
legisladores:
En Chiapas se ha cometido un terrible
genocidio en contra de los indios. La sociedad mexicana está profundamente indignada y
sorprendida por este hecho atroz.
Si bien es cierto que en el norte de
Chiapas se venía generando un clima de terror, nunca pensamos que pudiera ocurrir algo
semejante como el nefasto crimen en el municipio de Chenalhó.
Al unísono se han levantado las voces que
reprueban este hecho sangriento. En el interior y en el exterior se ha protestado por tan
terrible suceso. Desde diversas posiciones políticas se ha condenado la masacre.
México está de luto, porque los más
débiles, los indígenas, han sido nuevamente pisoteados por las fuerzas oscuras y
prepotentes parapetadas en los poderes públicos.
El pueblo chiapaneco está dividido por
cuestiones de orden religioso, civil y militar. Chiapas está entrecruzada por el odio, la
violencia y el dogmatismo. Chiapas requiere que las fuerzas políticas más sensibles y
progresistas abran un camino de paz y reconciliación.
No es posible que mantengamos más esta
terrible situación. Es preciso que unamos nuestros esfuerzos desde nuestra trinchera
parlamentaria, para que en conjunto derivemos en una pronta e inmediata solución.
Ha terminado el tiempo para la resolución
de este conflicto. No es posible mantener este impasse que no conduce a nada. Es el
momento de actuar y a ese respecto existen asignaturas pendientes. Es preciso reactivar
cuanto antes los acuerdos de San Andrés.
El Ejecutivo debe no sólo mostrar su
sorpresa e indignación sobre lo sucedido, sino también actuar en consecuencia y proceder
de conformidad a los compromisos contraídos con los chiapanecos y en general con el
pueblo de México. El tiempo, señor presidente Zedillo, se le ha terminado.
Por otra parte, es necesario que las
autoridades competentes resuelvan a la mayor brevedad el genocidio chiapaneco. Es preciso
también terminar con la presencia de guardias blancas y de los grupos paramilitares.
Compañeras y compañeros legisladores: el
Partido del Trabajo exhorta a que esta soberanía tome en sus manos el asunto chiapaneco y
le dé una solución expedita, dentro del marco de los acuerdos entre las partes y en
estricto apego a la ley.
Por eso solicitamos, señor Presidente, que
turne a comisiones la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso
de la Unión, para que efectivamente fortalezcamos la Cocopa, que hagamos cumplir los
acuerdos de San Andrés.
Al grupo parlamentario del PRI lo convoco a
demostrar con hechos, y no solamente con discursos, su compromiso con el pueblo pobre de
México.
¡Vayamos juntos, compañeros! ¡Vayamos
todos los grupos parlamentarios a resolver este problema en Chiapas! ¡Fortalezcamos la
Cocopa y cumplámosle al pueblo de Chiapas!
El pueblo de México y los chiapanecos ya
no pueden esperar más! ¡La dignidad ciudadana ha sido ofendida por ese monstruoso
crimen!
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, el senador Auldarico Hernández
Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
| El senador Auldarico Hernández Gerónimo: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Al hacer uso de esta tribuna, lo hago no
precisamente como un legislador más, sino como un indio, un indígena más; que no
estamos lejos ni del Estado de Chiapas en cuanto a territorio, ni estamos lejos de sufrir,
cada día, la represión y la opresión de este sistema de Gobierno.
¿Qué acaso, señores legisladores, es
necesario que mueran niños, hombres y mujeres indígenas, para que otra vez todos, los
legisladores, las autoridades, responsables de esta masacre, vuelvan los ojos de nuevo a
los pueblos desplazados, a los pueblos marginados de siempre? ¡No tienen nombre!
¡Autoridades desde el más alto nivel son autoridades con mentalidad sanguinaria;
necesitan ver sangre de indios, de hermanos nuestros, para que otra vez el tema sea objeto
de discusión!
¡Y ya basta, como aquí se ha dicho! ¡Y
yo no quiero polemizar ni echarle la culpa a partidos políticos! ¡Este es un llamado de
"ya basta", efectivamente, y no hagamos de esta tribuna "el muro de las
lamentaciones"; hay que actuar en consecuencia!
Y yo le pregunto también al Ejército
mexicano: ¿qué hace ahí en Chiapas? ¿Qué hacen todos esos efectivos militares ahí,
si en sus narices están matando a civiles?
¡No pido que se salgan de Chiapas, pero
que aclaren, de una vez por todas, cuál va a ser su papel al estar allá; porque se
están gastando dineros de la nación, dineros del pueblo, porque no están de gratis!
Compañeras y compañeros: estos
repudiables acontecimientos que se presentaron el pasado lunes y que conmovieron a todos
los mexicanos y a la comunidad internacional, no puede calificarse más que como un
agravio para la conciencia de la nación. ¡El asesinato de niños, mujeres embarazadas y
hombres de la comunidad de Acteal en Chenalhó, Chiapas, a manos de grupos paramilitares,
no puede calificarse como un simple conflicto intracomunitario ni mucho menos como un
conflicto entre partidos! ¡Es un hecho que debe estar por arriba de la simpleza con que
el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el propio
Presidente, lo han estado observando y declarando!
¡El grupo de asesinos, de ese crimen de
lesa humanidad, miembros del Revolucionario Institucional, solapados y protegidos por las
autoridades, por el gobernador Julio César Ruiz Ferro, tienen que ser castigados!
¡Es repudiable, desde cualquier punto de
vista, que los miles de desplazados por el conflicto que vive el Estado de Chiapas, no
hayan contado en ningún momento con el apoyo del Gobierno Federal y estatal!
Desde meses atrás los senadores del
Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República advertimos, en voz
del senador Carlos Payán, que en Chiapas podían suscitarse hechos como el que aconteció
el pasado lunes. Ahora, después de estos acontecimientos, organismos internacionales de
protección a los derechos humanos han denunciado, sin pretender intervenir en asuntos de
la exclusiva competencia de las autoridades de este país, que el Gobierno mexicano tiene
la responsabilidad de que los culpables materiales e intelectuales de esta masacre, sean
juzgados y no pase lo mismo con los asesinos de los campesinos en Aguas Blancas; ahí
tenemos a Rubén Figueroa y sus cómplices tranquilamente; sólo chivos expiatorios, como
siempre, son encarcelados.
No podemos permitir que pase lo mismo con
Ruiz Ferro, Tobía Cristiani y otros responsables de esta matanza que enluta a la nación.
Los responsables de esta matanza no pueden seguir siendo protegidos por el Presidente o
por Emilio Chuayffet.
Pero lo más grave es que hasta este
momento el Gobierno Federal no está haciendo nada para proteger a los cientos de hermanos
indígenas que se están desplazando a los estados vecinos como Tabasco, para garantizar
su propia seguridad.
El Gobierno Federal tiene que estar atento
para que el gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien tampoco es un alma de la
caridad, brinde protección a las familias chiapanecas que se han desplazado a Tabasco y
se encuentran asentados en estos momentos en los municipios de Jalapa y Tacotalpa.
El Gobierno Federal tiene que proteger a
los grupos de hombres, mujeres y niños, a familias enteras que hoy se encuentran en
Jesús Carranza, los Reyes Zaragoza, Oxolotán y Aguas Blancas, al norte de Tabasco,
garantizarles seguridad, pero sobre todo protección a los derechos humanos de quienes hoy
viven en la incertidumbre. Es una tarea que compete al Gobierno Federal y a los gobiernos
estatales, vecinos del Estado de Chiapas. Pero también esperemos que el Gobierno Federal
acepte que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos puedan ser
observadores del cumplimiento de esta cabal tarea.
Es necesario que la Secretaría de
Relaciones Exteriores no se convierta en cómplice de la masacre cometida. México, en los
años de las sangrientas guerras en países hermanos de Centroamérica, desempeñó un
papel importante para alcanzar la paz y nunca se le trató como injerencista.
Las declaraciones de gobiernos con los que
nuestro país mantiene relaciones, de miembros de la Sociedad Civil Internacional
Defensores de los Derechos Humanos, han sido en el sentido de que el Gobierno mexicano no
debe dejar que esta masacre quede sin castigo.
Si para el Gobierno Federal o para los
priístas la masacre de 45 hermanos no es causa suficiente para declarar, junto con el
Senado de la República, la desaparición de poderes y el castigo a los culpables,
entonces ¿cuánta sangre de mis hermanos indígenas habrá de correr por las selvas
chiapanecas para alcanzar la paz en aquella entidad y garantizar el pleno cumplimiento de
los acuerdos de San Andrés Larráinzar?
El presidente Zedillo no puede permitir, si
es que no quiere pasar a la historia como el Presidente que protegió a los asesinos de
niños y mujeres indígenas, que la República siga siendo presa de los caciques. Tenemos
suficiente ya con Madrazo, Bartlett, Carrasco Altamirano y Chirinos, como para que la
República siga en manos ahora de asesinos.
¡Las pruebas son contundentes! ¡La
opinión pública reconoce quiénes son los culpables, la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que intervenir para que
este crimen sea castigado! ¡La conciencia nacional reclama que no podemos seguir
protegiendo la impunidad!
Esperemos que exista la suficiente voluntad
política por parte del presidente Zedillo, para realizar los cambios y ajustes necesarios
en el área de los responsables de seguridad de este país, pero sobre todo para que se
castigue a los responsables, a quienes por todos los medios permitieron que se presentaran
estos hechos que avergüenzan hoy al país entero.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene el uso de la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Con la venia del señor Presidente;
compañeras y compañeros; diputados y senadores integrantes de esta Comisión Permanente:
Los senadores miembros de la fracción
parlamentaria del PRI en este órgano legislativo, deseamos también fijar nuestra
posición ante los lamentables hechos acaecidos en el Estado de Chiapas el pasado día 22.
Al cumplir con ese cometido desde esta alta
tribuna, no persigo otro propósito que presentar con objetividad los dramáticos
acontecimientos, sus diversas causas y sus implicaciones políticas y jurídicas, con
absoluto respeto a los demás partidos y a las organizaciones sociales que se han
pronunciado sobre esta materia, pero con la firme exigencia de una actitud similar de
ellos para con nosotros, ya que rechazamos categóricamente ser responsables, en forma
alguna, de un crimen que hemos sido los primeros en condenar y en exigir su investigación
plena y un castigo ejemplar para sus autores materiales e intelectuales.
Como todos los mexicanos, condenamos el
cruel homicidio múltiple perpetrado en Acteal, que más allá de cualquier consideración
étnica, económica, social, política o religiosa, se nos representa como un acto
criminal que merece reprobación absoluta.
Al tenor de esa primera estimación,
exigimos en su oportunidad una investigación inmediata y exhaustiva. A ocho días de la
tragedia, debemos reconocer la prontitud y la eficacia con la que ha actuado el Gobierno
de la República, al haberse detenido y consignado ya a los presuntos responsables del
ilícito.
Creemos que fue una decisión afortunada
del señor presidente Zedillo, ordenar a la Procuraduría General de la República el
ejercicio de la facultad de atracción prevista en el artículo 10 del Código Federal de
Procedimientos Penales, no sólo por la evidente conexidad de delitos del fuero común con
delitos del orden federal, sino por haber evitado se pudiera generar el temor de que las
autoridades locales protegiesen y ocultasen eventuales acciones punibles de servidores
públicos municipales.
Como se ha hecho evidente en las últimas
horas, quienes resulten responsables del crimen serán castigados con todo el peso de la
ley, sin importar su credo, filiación o cargo político que detenten.
Estaremos pendientes de que a los culpables
se les apliquen las sanciones más severas que contemplan nuestros ordenamientos
punitivos. La posición que reiteradamente hemos sustentado de decir no a la impunidad,
adquiere en este caso una relevancia especial y constituye el reclamo unánime de nuestros
dirigentes y nuestros militantes; pero con la misma autoridad moral, debemos oponernos al
pretendido usufructo político de una tragedia de tal magnitud, particularmente por
quienes han sido proclives a la amenaza y a la violencia misma, como supuestos
instrumentos de reivindicación social.
Nos ha lastimado profundamente este acto de
barbarie inaudita, pero nos ha indignado también que se pretenda aprovechar su comisión
para proyectar toda una campaña de calumnias y desprestigio en México y en el exterior,
contra un partido político como el nuestro, que preconiza y practica la convivencia
pacífica, que privilegia la tolerancia sobre cualquier manifestación de autoritarismo,
que procura el diálogo plural para resolver las divergencias y estima que la democracia
es la única vía para alcanzar y justificar el ejercicio legítimo del poder.
Enfáticamente rechazamos las implicaciones
que se pretenden hacer en contra nuestra y del Gobierno de la República, máxime si
provienen de alguien que desde hace cuatro años se ufana de mantenerse al mando de un
grupo armado, en territorio chiapaneco, al margen de toda autoridad legítimamente
constituida.
Por nuestro indeclinable propósito de
alcanzar la paz en ese Estado, hemos sido tolerantes de esa situación e inclusive
respaldamos la actitud del Gobierno de proteger su integridad física en sus diversas
incursiones fuera de su zona de influencia; pero hoy resulta particularmente incongruente
que quien actúa así, se queje de la existencia de organizaciones paramilitares y a la
vez que reclama la desmilitarización de Chiapas, exija al Gobierno mayores medidas de
seguridad en protección de sus supuestos simpatizantes; critica el comercio clandestino
de armamentos y paradójicamente se aproveche de él para sustentar la pretendida
beligerancia de su grupo; condene los gobiernos municipales espurios y fomente la
constitución de ayuntamientos en rebeldía; culpe al Gobierno de rechazar el diálogo y
no aporte la menor muestra de buena voluntad para reanudarlo, después de haberlo roto por
decisión unilateral múltiples ocasiones.
Chiapas no es sólo Chenalhó, pero tampoco
puede entenderse este aberrante acontecimiento de la semana anterior, sin recordar todas
las acciones realizadas por diversos actores en contra de la voluntad nacional de
propiciar para ese Estado una paz justa, digna y duradera.
No datan sus conflictos de ayer ni de enero
de 1994; se remontan efectivamente a varias décadas y se manifiestan como una disputa
permanente por el poder político y económico de pequeñas comunidades, a la que
contribuye su diversidad étnica y religiosa. Pero la sociedad mexicana y la chiapaneca,
los partidos políticos y el Gobierno, han empeñado su mejor esfuerzo en evitar el
recrudecimiento de ese escenario de violencia social y en superar en definitiva ese
fenómeno histórico.
En esta misma tribuna, muchas veces hemos
expresado nuestro reconocimiento a esa actitud y especialmente a la labor desarrollada por
la Comisión de Concordia y Pacificación, que ha asumido con entereza la enorme
responsabilidad que la ley le encomendó.
Reconocemos el mérito de su trabajo y
aunque somos conscientes de que la propia ley que creó la comisión delimita expresamente
sus funciones, confiamos en que la reanudación de sus tareas institucionales en esta
nueva legislatura les permita coadyuvar en todos los diálogos y negociaciones que se
requieran, para contribuir a la pacificación integral de la sociedad chiapaneca.
Sobre todo, confiamos en que su gestión
directa ante el EZLN haga posible que vuelvan sus representantes a sentarse a la mesa de
negociaciones, a procurar el afinamiento de los textos jurídicos por los que deban
incorporarse a la Constitución los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que nadie y menos
aún el Gobierno, ha pretendido desconocer o renegociar.
El grupo parlamentario del PRI en esta
Comisión Permanente, advierte así su coincidencia plena con lo que la sociedad mexicana
ha expresado unánimemente en los últimos días: repudiamos la masacre de Chenalhó y la
calificamos como un crimen que revela, además de la deleznable calidad humana de sus
autores, un clima de intolerancia que debemos superar, junto a la miseria, la explotación
y la marginación ancestrales de la población indígena de Chiapas.
Estamos convencidos de que el Gobierno de
la República ha asumido y reivindica la necesidad de establecer una nueva relación del
Estado mexicano con los pueblos indígenas y que en ese horizonte se inscribe su decisión
de atender no sólo los efectos, sino las causas mismas que han originado conflictos en
diversos municipios del Estado de Chiapas.
Actuando así el Gobierno Federal y
particularmente la Secretaría de Gobernación, refrenda su compromiso con la vía
política e institucional. A través del diálogo y la negociación debemos todos
contribuir a que se preserve esa vía, con tolerancia y paciencia y con respeto absoluto
al sistema federal que la Ley Suprema postula y garantiza.
Somos respetuosos de la Constitución
General de la República y de la normatividad reglamentaria del Poder Legislativo, por esa
razón estamos conscientes de que no es esta Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, el órgano competente para conocer y resolver en torno a una supuesta
desaparición de poderes en la entidad sureña y, además de ello, estamos plenamente
convencidos de que no se actualiza en este caso ninguno de los supuestos contenidos en el
artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la fracción V del 76 constitucional, que sería
requisito fundamental para una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias del
Senado.
La ley invocada es muy clara cuando
menciona cinco hipótesis para que se configure la desaparición de los poderes de un
Estado, y dice expresamente el texto normativo: "únicamente en los casos de que los
titulares de los poderes constitucionales quebrantaren los principios del régimen
federal, abandonaren el ejercicio de sus funciones, estuvieren imposibilitados
físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo o con motivo de
situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, prorrogaren su
permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo a que fueron electos o nombrados
o promovieren o adoptaren forma de gobierno o bases de organización política distintas
de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la
República".
Una investigación penal y un proceso
judicial están en curso. Las autoridades actúan con prontitud, con transparencia y con
apego absoluto a la ley. La opinión pública nacional e internacional están atestiguando
estos hechos día con día.
Deseamos se castigue severamente a los
responsables y se prevenga por todos los medios posibles que estas conductas criminales no
se repitan ni generen nuevas acciones de represalia en perjuicio de un segmento tan
sufrido de nuestra población. Queremos firmemente que se haga justicia y no que se
pretenda aprovechar la muerte de 45 inocentes para exhibir a nuestro Gobierno como
culpable directo o como cómplice de este terrible crimen, ignorando los múltiples hechos
por los que los más altos funcionarios del Ejecutivo Federal han demostrado
fehacientemente su inquebrantable voluntad de resolver de manera pacífica los conflictos
de Chiapas.
Si en este año que está por terminarse el
presidente Zedillo ha hecho patente su auténtica voluntad de transformar para bien la
realidad política, económica y social del país, sólo quienes teman al éxito de sus
reformas y del proceso consistente de recuperación de México podrán ser capaces de
inventar patrañas en un vano intento por negarle el reconocimiento de sus conciudadanos y
el juicio favorable de la historia.
Recapitulemos nuestra posición para que no
quede duda alguna respecto a la misma.
Nos pronunciamos por el esclarecimiento
absoluto de los hechos y el castigo a sus responsables, por la vigencia del estado de
derecho, por el desarme integral, por la tranquilidad social, por la paz y la justicia.
Estamos categóricamente en contra de la
explotación y la marginación de los pueblos indígenas, así como de la impunidad y la
violencia de la que todos hemos sido víctimas sin distinción de credos ni partidos. Nos
oponemos a la existencia de autoridades paralelas o autónomas que contravienen el orden
constitucional, pretenden sustituir la voluntad electoral del pueblo y son causa
permanente de enfrentamientos y disputas.
Rechazamos las imputaciones calumniosas y
carentes de todo fundamento que pretenden culpar de acciones u omisiones a funcionarios
que han aplicado todos sus esfuerzos a procurar la solución definitiva de los conflictos,
en un marco permanente de promoción de consensos y con respeto absoluto a las posiciones
de todos los partidos y de la sociedad.
Exigimos la reanudación del diálogo, que
puede incorporar a la ley los acuerdos concertados por las partes a fin de dar un
reconocimiento pleno en la Constitución a los derechos de los pueblos indígenas.
En conclusión, nuestro partido condena la
violencia, pero exige justicia y reclama respeto.
Muchas gracias.
Tenemos a tres oradores anotados,
anotamos con mucho gusto al diputado Pablo Gómez y al diputado Armando López.
Para rectificación de hechos ha solicitado
el uso de la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del PRD.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Nunca imaginó la antropóloga
Calixta Aguiteras, en los años cincuenta, cuando hizo una investigación en el pueblo de
Chenalhó, que el título de su investigación etnográfica "Los Peligros del
Alma", se convertiría en una dramática realidad brutalmente llevada a cabo por un
grupo paramilitar, que para nosotros evidentemente tiene auspicios y se concretaron no
peligros del alma sino una masacre hacia los pedranos, como se les dice en la zona, a los
habitantes de San Pedro Chenalhó en Chiapas.
Se está ocultando deliberadamente
criterios racistas y, en algunos casos involuntariamente, criterios racistas cuando se
dice que el conflicto es intracomunitario o intercumunitario o interfamiliar. Esa es una
manera abusiva que disfraza lo que está detrás, porque nadie puede engañarse que aquí
se trata de un crimen mayúsculo, de una provocación nacional, como en otros casos ha
sucedido en la historia reciente de nuestro país.
Tiene comparación esta masacre, para no
reducirla a un problema intrafamiliar, con el 2 de octubre, tiene comparación con la
masacre de Aguas Blancas. Hay detrás una maquinación que incluso está queriendo
involucrar a todos los actores políticos y a todos los niveles de Gobierno de nuestro
país.
Este es nuestro planteamiento, y por ello
creemos que aun cuando hay una condena a estos hechos por todos los partidos, y ahora me
refiero a la que explícitamente han hecho los representantes del PRI en los dos turnos
anteriores, el último el senador Pérez Jácome, pudiera, sin desearlo, estarse
encubriendo este hecho porque hay una condena, pero se trata de aislar el problema o se
trata de remitirlo, como se hizo al inicio del levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, de un problema de cuatro municipios, a un problema local.
Nunca ha sido un problema local el que se
ha expresado en Chiapas, como ha quedado de manifiesto. De no ser así, ni los partidos ni
el Ejecutivo hubieran aprobado una Ley de Concordia y Pacificación; de no ser así no se
hubiera invertido tanto esfuerzo para tratar de llegar a una solución por la vía del
diálogo a un problema que no es local, que no es de una comunidad.
Por otra parte, quiero reiterar que para
nosotros existe ingobernabilidad calculada. La masacre ocurrida el pasado 23 de diciembre
en Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, no hubiese ocurrido si las autoridades
del Estado hubieran cumplido su deber de proporcionar seguridad pública a la población
de ese lugar. Hubo avisos previos, están documentados, de muchas instancias, de muchas
personas en el Estado de Chiapas y fuera del Estado de Chiapas, de que iba a ocurrir un
acontecimiento semejante.
Está documentada la existencia de grupos
paramilitares. No se puede ocultar con una declaración verbal y hay responsabilidades de
personas. Nadie puede creer que es espontáneo el hecho de que un grupo de personas de
Chenalhó tuviera armas de alto poder, que son para uso exclusivo del Ejército y que
cometieran ese acto de barbarie que todos conocemos.
Hay entonces una deliberada omisión de los
encargados del gobierno en la entidad para resolver los problemas sociales que aquejan a
los chiapanecos y muy especialmente a los grupos indígenas del Estado.
Hay una situación de ingobernabilidad...
Permítame el orador, por favor.
¿Con qué objeto, diputado?
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño (desde su curul): |
Si el orador me acepta una pregunta.
¿Acepta una pregunta, diputado?
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Sí, cómo no.
Sí la acepta.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño (desde su curul): |
Señor diputado, en todos estos actos
de ingobernabilidad que señala usted, ¿cuál a su criterio o en qué medida juega el
papel de organizaciones autónomas al margen de la ley, que en abierto desacato a la
legislación y a las autoridades legalmente constituidas, están actuando, vulnerando las
disposiciones que constituyen la organización en Chiapas?
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Bien, este problema se ha venido
presentando aún antes de las elecciones de 1995. Aprovecho la pregunta para documentar mi
respuesta; siendo yo delegado especial del PRD en la entidad, tuve que entrevistarme en
varias ocasiones con el gobernador Julio César Ruiz Ferro, para tratar en ese caso la
existencia del grupo denominado los "Chinchulines", que decía el gobierno del
Estado no existía. Tuvieron que aprehender a veintitantas personas de este grupo,
después de que hubo un incendio, en el que amagaron con el asesinato del presidente
municipal de Chilón, miembro del PRD, y en ese caso estuve hablando mucho con las
autoridades del Estado sobre este planteamiento ciertamente de grupos simpatizantes de los
zapatistas, que hablan de municipios autónomos, por defensa de un concepto que es el de
la autonomía de las zonas indígenas.
Pero de la documentación que nosotros
tenemos y del reporte, en Chenalhó mismo no habían cometido ningún hecho delictivo,
salvo la declaración de que se requiere de la autonomía y de municipios autónomos.
Y cuando fueron masacrados algunos de los
habitantes de Chenalhó, incluso como se sabe ésa no es versión que estemos inventando
nosotros, estaban orando, pertenecen según se sabe todos los que fallecieron, los que
fueron asesinados, a la religión católica, igual que muy probablemente muchos de los que
asesinaron a estas personas.
De manera que no estaban ahí al orar,
siendo desplazados por la coacción, por la violencia que han ejercido sobre ellos,
quienes discrepan de sus puntos de vista y por lo que se han visto precisados a abandonar
su territorio de habitación, muchos, miles de chiapanecos en muchas comunidades, entre
ellas Chenalhó; entonces no vemos ahí nosotros, no veo yo por la pregunta que me hace,
la comisión de algún delito ni mucho menos que amerite el exterminio.
Creo que usted estará de acuerdo conmigo,
que incluso aunque hicieran declaración política de que no reconocen que sería lo que
usted me quiere preguntar, que no reconocen a un municipio, porque plantea la autonomía,
si no cometen un delito además de la declaración verbal, pues no hay motivo de ninguna
sanción, que esté documentado que haya algún delito en esta declaración de un punto de
vista polí-tico.
Abiertamente se han dicho simpatizantes del
Ejército Zapatista, quienes fueron exterminados en grupos de desplazados, que tienen un
punto de vista distinto al del presidente municipal, pero ahí no hay ninguna comisión de
delito y mucho menos eso sería justificante, que sería el implícito de la pregunta, de
que es posible que haya masacres por este antecedente.
La violencia se ha generalizado,
reconocemos todos, porque en la entidad hay falta de gobernabilidad generalizada en varias
regiones y hay deliberadamente complacencia de la autoridad local respecto a los grupos
paramilitares.
Si hubiera de la parte que se ha declarado
en la búsqueda de autonomía de las zonas indígenas, habido una respuesta semejante, no
habría, que las víctimas están en este caso sólo de un lado y hay deliberadamente ahí
omisión del gobierno estatal y hay complicidad con estos grupos armados. Debe aclararse
quién les hizo llegar las armas, debe aclararse los nexos que tienen con autoridades de
varios niveles y hay responsabilidad evidente del Estado, por lo que nosotros planteamos
la necesidad de desaparición de poderes, siguiendo los trámites que la ley nos permite
en este caso.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos tiene
el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
| El diputado Ricardo Monreal Avila: |
Gracias, señor Presidente; señores
legisladores:
Desde nuestro punto de vista como grupo
parlamentario tenemos que decir que en esta tribuna se han expresado aseveraciones falsas
y tendenciosas. Es cierto, desde enero de 1994 se vulneró el estado de derecho y la
presencia de organizaciones paramilitares inició públicamente ese día, primero, aun
cuando se reconoce y se presume que existieron indicios y elementos de existencia de
organizaciones paramilitares en el Estado de Chiapas.
Desde entonces nuestra posición ha sido
invariable. Repudiamos todas las organizaciones su presencia en el Estado de Chiapas,
organizaciones, por supuesto, paramilitares, y todos los grupos armados llámense como se
llamen, denomínense como se denominen.
Sin duda las posiciones extremas y
exaltadas sólo alimentan odios y resabios; no soluciones, sino confrontaciones.
Aquí se han expresado inexactitudes,
aseveraciones graves, acusaciones endebles e incluso se adelantaron ligeramente
culpabilidades que no son sino expresiones torpes y hasta perversas, en contra del partido
en el que muchos mexicanos, millones de mexicanos militamos.
No podemos aceptar la generalización que
aquí se ha hecho. De ninguna manera aceptamos el maniqueísmo y el artificio en contra
del PRI; sí suponemos que es una estrategia y una táctica política que intenta vincular
los hechos suscitados y que hemos condenado, por parte de nuestro partido.
Es claro que se intenta deteriorar,
desprestigiar al partido en el plano nacional e internacional. Son claras las miras
electoreras y son claros los propósitos eminentemente partidistas.
Es hora de abandonar posiciones facciosas e
ilegales.
Nos preguntamos, a propósito del orador
anterior: ¿quién promovió, alentó y protegió a los ayuntamientos denominados "en
rebeldía"?
¿Cómo puede solaparse la suplantación de
autoridad?
¿No realizaron acaso actos de apropiación
paralelos de autoridad grupos protegidos por algún partido político y que fue
desafortunadamente uno de los elementos que está generando odio interétnico?
¿Cómo hablar del estado de derecho cuando
se actúa en la práctica agrediendo al estado de derecho?
La maquinación y la suplantación de
autoridad, por supuesto que existe y por eso solicitamos su aclaración, su
profundización y el castigo ejemplar para todos aquellos que han delinquido y para todos
aquellos que han incurrido en vulneración grave del estado de derecho.
Por supuesto que también estamos de
acuerdo en que se investigue cuál es el origen de las armas que tienen los grupos armados
Por supuesto...
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Señor Presidente, pregunte al orador
si acepta una pregunta.
Permítame, el orador. ¿Acepta una
pregunta del diputado Martín del Campo?
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Sí, la acepto.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
La pregunta que le quiero hacer al
diputado Monreal, es si reconoce él o no la existencia de grupos armados y que uno de
estos grupos armados, fuera de la ley, es el que cometió el ataque a los habitantes de
Chenalhó, que están desplazados de su lugar y que es imposible que un grupo de esa
naturaleza de manera espontánea obtenga las armas si ahí no se fabrican, si ahí no hay
condiciones de tenerlas caseramente. Y si cree o no, que hay responsables detrás de este
grupo armado que cometió la masacre de Chenalhó.
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Cómo no, diputado.
Me da pie su pregunta para en la respuesta
concluir mi intervención.
Mire, diputado Martín del Campo: los
diccionarios más antiguos y más actualizados, el de la Lengua Española y cualquier
diccionario mínimo, establecen que "los grupos paramilitares" son aquellos que
disponen de armas de alto calibre, sofisticadas o prohibidas por la ley y que su uso sólo
le queda reservado al Ejército y a las Fuerzas Armadas y de seguridad pública. Todos
aquellos grupos ciudadanos que tengan esas armas, son, por supuesto, "grupos
paramilitares".
Y si se tienen armas, se tiene que
investigar el origen. ¿Cómo se adquirieron esas armas? Y también considero que dentro
de estos grupos armados se encuentra el EZLN.
La investigación es la que se está
llevando a cabo en este momento y por eso no conviene prejuzgar y condenar antes de
tiempo. ¡Por eso nosotros exigimos como grupo parlamentario que se llegue hasta las
últimas consecuencias y que se aplique toda la ley a aquél que delinquió y a aquél
causante material o intelectual del homicidio contra muchas de las personas inocentes,
crimen que nosotros hemos condenado y que seguiremos condenando!
Por esa razón, señor diputado Martín del
Campo, nuestra exigencia sí es que se desarmen todos los grupos con estas
características. Sin excepción. Llámense como se llamen, la denominación que obtengan.
¿Por qué tratar de calificar a grupos armados buenos y grupos armados malos? ¿Hay
guerrillas y hay guerrillas demoniacas? ¿Hay guerrillas duras y hay guerrillas blandas?
¡No, señor diputado! ¡Sólo hay un tipo
de guerrillas y sólo hay un tipo de grupos armados y paramilitares! ¡A todos se les
tiene que aplicar la ley sin distingos, sin excepciones! ¡Este país tiene que retomar en
esa parte del sur del Estado de Chiapas, retomar el estado de derecho y aplicar la ley a
quien le resulte...
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué propósito?
| l diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Hacer una pregunta al orador.
¿Acepta una pregunta, diputado
Monreal?
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Sí, la acepto.
Adelante, diputado López Romero.
| El diputado
Armando López Romero (desde su curul): |
Señor diputado Monreal, nada más
quería hacerle una pregunta: ¿estaría usted de acuerdo que en la ley que se aprobó de
pacificación, se reconoce al EZLN como un grupo de mexicanos?
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Sí, claro, estoy de acuerdo, porque
nosotros creamos esa ley y está vigente; pero eso no da, de ninguna manera, impunidad
para que se cometan delitos y se delinca de manera recurrente y permanente.
Señores legisladores: me parece que éste
es el momento de la reconciliación. Sin duda quienes alimentan esos ánimos virulentos y
exaltados sólo provocarán más caos y más odio, más anarquía. Los priístas apoyamos
el proceso de paz. Los priístas exigimos se reinicie el diálogo lo más antes posible y
si es necesario modificar la ley de la materia; nosotros estamos dispuestos a modificarla,
analizarla y a revisarla para que sea congruente y se dé cauce legal y pacífico a los
conflictos que se viven en este Estado de Chiapas.
Señor Presidente, la violencia en donde
quiera que se dé, como se dé, para los priístas siempre será repudiable y condenable.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos, tiene
el uso de la palabra el señor diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción
Nacional.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Desde luego que me honra y me satisface
mucho suscribir conjuntamente con algunos que me han antecedido en el uso de la palabra,
en algunas afirmaciones que aquí se hicieron.
Mi entrañable amigo y maestro, Dionisio
Pérez Jácome, señalaba que en Chiapas no todo es Chenalhó. Un extraordinario priísta,
el doctor Jesús Cancino Casahonda, me decía: "no te confundas con estados que son
uno y que están integrados"; es diferente en Chiapas de Soconusco con Tapachula,
como centro vital o la costa con Tonalá y Arriaga o el norte de Chiapas, a veces más
integrado con el mismo Estado de Tabasco o las tres ciudades que impusieron su hegemonía
política, San Cristobal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez o lo que es la zona del conflicto y
la zona Lacandona.
Desde luego que también coincido en que
hay viejos problemas y que son causas antiguas. Pero hay una afirmación que me dejó un
tanto inquieto: "las instituciones no cometen delitos; los cometen los hombres".
Pero las instituciones obsoletas sí permiten condiciones para que se den los delitos y
aquí es donde quiero hacer una serie de reflexiones, porque si no hay un buen
diagnóstico de la realidad de Chiapas, vamos a caer en simplificaciones o en atrevidas
afirmaciones.
La realidad, decía Antonio Caso, es
maternal e inagotable, que dos adjetivos más bien puestos: "la realidad es maternal
e inagotable", da para mucho en su análisis y en sus conclusiones.
Y yo quisiera que, por ejemplo,
comparáramos Costa Rica, 50 mil kilómetros cuadrados, Chiapas 75 mil kilómetros
cuadrados, la misma población, geografía muy similar, productos agropecuarios muy
similares. Costa Rica tiene el primer lugar de bienestar social en latinoamérica y
Chiapas uno de los últimos en su rezago en todos los órdenes.
¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Ojalá y se
me venga a decir de estos seis grupos de decisiones que se han tomado en Chiapas, que son
aseveraciones falsas o aseveraciones tendenciosas. Creer que el reparto de la tierra
resolvía las viejas demandas de justicia y, esto es muy importante señalarlo: el
conflicto surgió en Ocosingo y en Las Margaritas, en donde hay el mayor número de ejidos
del país por municipio. Quiere decir que no es un problema de trabajadores contra sus
patrones, ¡no es una lucha de clases! Aquí, en la zona de conflicto, se actualiza lo que
decía el economista Joan Robinson, de que hay una cosa peor que la de ser explotado y es
la de no ser explotado, y que con esa tesis precisamente Bibian Forrester escribió su
libro El Horror Económico.
¡No le pedían permiso los trabajadores a
sus patrones para hacer las prácticas guerrilleras. Surgió, lo describe Carlos Tello
Díaz, ahí, en las cañadas de Ocosingo! Por eso, una de las primeras políticas y de las
que más nefastas consecuencias tienen, fue ese simplemente distribuir o destruir riqueza
que no ha generado empleo y hay tierras ociosas en miles de hectáreas en Chiapas que
fueron repartidas.
La inversión inútil. Basta mencionar ese
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez o bien el gran Puerto Madero, en Tapachula o ese centro de
convenciones en San Cristóbal, inversiones que bien lo decía hace muchos sexenios un
gobernador, Samuel León Brindis: "Chiapas no requiere imaginación ni requiere
planes de Gobierno; hay que construir carreteras, hospitales y escuelas". Si se le
hubiera hecho caso a Samuel León Brindis, yo creo que el conflicto hoy no estaría en
Chiapas.
Me tocó participar en una decisión de lo
más absurda y de lo más aberrante. Durante 28 años en Chiapas se construyeron grandes
proyectos hidroeléctricos. En 1958 comenzó Malpaso, de 1962-1963 La Angostura, en los
setenta vino Chicoasén y en los ochenta Peñitas. Venía después la presa de Inzantún,
ahí en el municipio de Huiyupán, en el río Amandro, muy próximo a Simojovel, de las
zonas más miserables de Chiapas y, Patrocinio González Garrido dijo una frase:
"Chiapas ya cubrió su cuota de energía con México". Se suspendió una
inversión de 500 millones de dólares. Se iban a generar más de 7 mil empleos en los
picos de la obra y más de 600 empleos en forma permanente y se iba a generar la forma
más limpia de generar energía, que es la hidroelectricidad y que tanto se requiere para
surtir el sureste.
Después vino lo fácil, las vedas, los
delitos ecológicos. Recuerden ustedes los primeros escritos de Marcos cuando se queja de
cómo muchos indígenas fueron castigados por haber tirado árboles. Señores, si un
campesino tiene un árbol y significa algún valor en su parcela, lo va a tirar, lo va a
tirar de noche, de día, a dentadas, a empujones, pero lo va a tirar. ¿Qué nos está
llevando a esto? Una política totalmente equivocada, Chiapas ya está deforestada, ¿para
que sirvieron todas estas prohibiciones, todas estas autoridades forestales?, para generar
corrupción y, en la madera se puede escribir toda una enciclopedia, comenzando con aquel
ciclo de la caoba, de Bruno Traven, de cómo vino la corrupción por cualquier requisito
burocrático para hacer un trámite ante cualquier inspector forestal. Ahí está también
la preciosa novela de Rosario Castellanos: Oficio de Tinieblas, que nos habla también de
estos desajustes sociales.
Vino Juan Sabines y empieza a comprar lo
invadido, y comenzó una de las historias más terribles de corrupción, en donde muchos
ganaderos propietarios se autoinvadieron, comenzaron a alterarse los avalúos en la
Comisión Nacional de Avalúos, y vino una coalición tremenda que destruyó totalmente la
confianza, la credibilidad, porque había el dinero, había los recursos para poder pagar
aquellas tierras. Inclusive recordemos un poco aquel primer pliego petitorio que se logra,
de 35, 36 puntos, como el punto 12 ó el 18, no recuerdo, Marcos insiste: ¡queremos
empleo!, ¡queremos trabajo!
El atropello al federalismo: ¿por qué
José López Portillo invita en el primer año a Jorge de la Vega Domínguez y, Jorge de
la Vega Domínguez deja la gubernatura y vienen los gobiernos sustitutos simulando
petición de licencias o petición de permisos? Eso ha sido nefasto para los estados.
¿Por qué los presidentes de la República despojan a los estados de gobernadores
electos, como si no tuvieran otras opciones para integrar su gabinente y para integrar
funcionarios federales? Este fue un gran atropello, se cometió en el sexenio de López
Portillo y se cometió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se trajo a
Patrocinio González Garrido en el cuarto año de Gobierno.
No quiero decir que la permanencia de ellos
hubiera evitado el conflicto, pero sin lugar a dudas no se entra en esa irregularidad de
tener sustitutos y de tener gobiernos provisionales, recordemos después de la salida de
Jorge de la Vega... En unos minutos más termino, señor Presidente, si me permite usted
con su habitual tolerancia.
Recordemos que después de Jorge de la Vega
vinieron los dos años de Salomón González Blanco y los tres años de Juan Sabines, y
Chiapas empezó totalmente a acumular problemas, y después los interinos o los
sustitutos; después de la salida de Patrocinio, el frustrado gobierno de Herman Zeltzer,
de Javier López Moreno, y ahorita ya van en el segundo gobierno sustituto.
¿A qué nos lleva todo esto? A que hay una
política social equivocada, que en Chiapas se ha creado una estructura intermedia y
totalmente viciada, para hacer llegar los beneficios de esa supuesta política social,
porque no se ha respetado la dignidad del ciudadano ni se ha buscado el bien común.
Han surgido los nuevos cacicazgos, en el
Instituto Nacional Indigenista, en la CNC, en la SARIC, en las sociedades de solidaridad
rural, todas estas estructuras corporativas de intermediación se han viciado, se han
convertido en estructuras partidistas, han condicionado a determinada militancia electoral
las políticas sociales y han distorsionado en forma total la capacidad del ciudadano y
las posibilidades de desarrollo de Chiapas.
Yo por eso sí creo que tengamos que pensar
en Chiapas en un gobierno diferente y no porque quiera yo encontrar culpables o
responsabilizar a partidos políticos o a los actuales funcionarios de gobierno, sino
porque estoy convencido que hay que desarticular todas estas estructuras, porque bien lo
han dicho varios sociólogos; el cacicazgo surge cuando hay dos culturas diferentes y hay
una entidad de intermediación: ése es el líder de la CNC, ése es el presidente del
comisariado ejidal, que son los nuevos explotadores, que son los nuevos organizadores de
estos grupos paramilitares. Esto lo tenemos que desarticular totalmente para darle una
mayor vida democrática, mayor transparencia y que sea una auténtica política social con
democracia, la democracia es contraria al populismo y es contraria al paternalismo, porque
respeta la dignidad del ciudadano y porque va hacia la autodeterminación de las
comunidades.
Se quiere aquí señalar que el presidente
Ernesto Zedillo no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo que sí la tiene el presidente
Ernesto Zedillo y me parece que hoy las declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa son muy
claras: el Gobierno está obligado a ir por delante de la realidad, está obligado a
conducir la realidad conforme a un proyecto.
El problema de nuestra transición,
señores, es que tal parece que estamos avanzando por omisiones del Presidente, tal parece
que cuando el Presidente se equivoca, la democracia avanza; cuando no triunfa su partido y
se rompe esa cercanía y se integra una Cámara de Diputados más plural que todos,
incluido el coordinador de la fracción priísta que reconoce que ha aportado beneficios
una Cámara de Diputados en donde no hay una mayoría que coincida con el Ejecutivo,
entonces la democracia avanza...
¿Sí, señor?
Sí, concluya.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
En un minuto termino, un minuto
tabasqueño.
Entonces la política social, la política
que debe propiciar el desarrollo en estos cuetro años, no se ha dado en Chiapas, se
tenía que haber canalizado inversión, generado empleo, invitar iniciativa privada,
tratar de conformar un proyecto auténtico en donde se pudiera enderezar toda la vida
política de Chiapas.
El presidente Ernesto Zedillo está
obligado a un proyecto de transición hacia la democracia, que nos oriente, que nos dé
confianza. Las democracias no pueden, las transiciones no pueden avanzar si no tienen un
fin, si no tienen un objetivo. Bien se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del
paraíso, Adán le dijo a Eva: "querida, hemos iniciado una transición". Así
está un poco el país, en esa misma confusión.
Tenemos que modificar al sistema político,
darle una nueva cultura y nuevos valores que nos lleven a una solución de fondo, a una
solución total en el grave problema que Chiapas confronta.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda.
| El diputado Francisco Javier Gil Castañeda: |
Con su permiso, señor Presidente;
señores legisladores:
Alguien lo dijo aquí ya: es momento que
esta Cámara, que esta legislación tome un papel destacado y significativo en la
búsqueda de soluciones de Chiapas.
Nosotros ratificamos esa decisión. Creemos
que estamos en la ocasión de sumar esfuerzos y voluntades todas, en la búsqueda de la
solución de aquel conflicto en el Estado sureño.
Sin embargo, los discursos nos obligan a
hacer algunas consideraciones para ratificar, y permítanme sumar mi voz a la de los
demás, que como Partido Revolucionario Institucional condenamos los hechos y como
institución política nos deslindamos de toda responsabilidad directa que se nos quiera
adjudicar. No aceptamos argumentación ninguna en esa dirección.
Como aquí también se dijo, no hagamos de
esto un conflicto partidario. Hoy más que nunca se requieren los esfuerzos de todos los
partidos para llegar a la solución.
No fomentemos un discurso que aleje
nuestras posibilidades de actuar convergente; sumemos nuestras voluntades. Aquí se ha
dicho que el conflicto es grave y está aceptado por todos; aquí se ha dicho: lo
condenamos, y todos lo condenamos, condenamos esos hechos violentos. Aquí se ha dicho:
proponemos que se investigue y se castigue a los culpables, y todos estamos de acuerdo con
ello. Aquí se ha dicho que requerimos fortalecer a la Cocopa, y nosotros estamos en esa
tesitura. Aquí se ha dicho que debemos de redoblar esfuerzos para la gestión del
diálogo y para iniciar las negociaciones; nosotros estamos totalmente de acuerdo con
todas esas consideraciones, pero aún más, aún más, y permítanme ir un poquito a los
antecedentes también.
En un contexto de congelamiento de la
confrontación militar, en ese compás de espera del diálogo, la lucha política
continuó y la lucha política persiste. Se ha desquebrajado en nueve de los 110
municipios del Estado de Chiapas, se ha puesto en tela de juicio el estado de derecho;
ahí se han establecido ayuntamientos en rebeldía. Ante esa situación, ante esa
promoción de rebeldía en esos nueve municipios de los 110, nosotros no podemos soslayar
la importancia de desactivar estos nudos de provocación, de violencia, de confrontación.
No basta el congelamiento de las acciones
militares; no es suficiente, como se ha comentado, el inicio del diálogo, el inicio de
las negociaciones. Hoy tenemos que ir más allá, tenemos que trabajar por la
restitución, como aquí se ha comentado, del tejido social, en esos nueve municipios que
lamentablemente son concurso también de acciones violentas y también delictivas. En esos
nueve municipios tenemos que trabajar para restituir esto.
Nosotros no podemos sino llamar a restituir
también al estado de derecho, a todo lo que aquí se ha dicho. Tenemos que trabajar
también por el desarme, desarme y restitución del estado de derecho son dos cuestiones
que queremos sumar a las que aquí se han dicho ya, para llamar a esta legislatura, a este
Congreso General, a esta Comisión Permanente, a abocarnos al esfuerzo constructivo.
Dejemos atrás los calificativos, están dichas las cuestiones, sumemos los esfuerzos y
vayamos a Chiapas, vayamos a la zona de conflicto, vayamos a restituir el estado de
derecho. Llevemos un mensaje de paz, que esta Comisión Permanente se pronuncie
verdaderamente en discurso y en acción por la paz en la zona de conflicto, por la paz en
Chiapas y evitar la violencia en el país.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra el diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores legisladores:
La facultad de atracción, como se le
llama, de la Procuraduría General de la República en los acontecimientos en el municipio
de Chenalhó, no pudo haber sido ordenada por el Presidente, aunque el Presidente la
ordenó, porque el Presidente no tiene facultad para ordenarle nada al Ministerio
Público, y sin embargo lo hizo, pero al hacerlo estaba estableciendo con mayor claridad,
que lo que ocurre es que no hay poderes ni instituciones locales en el Estado de Chiapas.
No existe gobierno.
Muchos gobiernos municipales tampoco
existen, no existe Congreso, no existe Poder Judicial, no existe Procuraduría de
Justicia. Eso es lo que no existe en Chiapas.
La Procuraduría General de la República
ha tenido que llegar ahí a hacer todas las averiguaciones, porque no hay quien haga las
averiguaciones, ésa es la razón, independientente de que el Presidente quiso, por
razones de orden político y meramente partidistas, indicarle al Procurador, de manera
indebida, sin duda alguna, lo que tenía que hacer en este asunto.
La población civil está haciendo
funciones de autoridad, como bien lo sabe el diputado Albores, que lo vio ayer. No veo por
qué no menciona eso.
Dice un diputado del PRI, cuyo nombre en
este momento ya no me acuerdo quién fue de todos los que han hablado, que eso de los
municipios autónomos y de las autoridades paralelas es ilegal. Bueno, es una forma de
verlo, es que la otra, la autoridad no existe, no hay autoridad legal constituida. La
sociedad se organiza e improvisa sus propias autoridades circunstanciales, porque no está
vigente el estado de derecho en Chiapas.
Detienen gente, población civil,
deteniendo gente en los caminos, buscando a los asesinos, porque no hay policía que se
encargue de eso. También lo vio ayer el diputado Albores en el Estado de Chiapas. Que son
perredistas, zapatistas o "abejas", sí, como puede ser cualquier otro tipo de
personas organizadas, que están haciendo funciones que normalmente no les
corresponderían, pero que tienen que hacerlo porque no hay autoridades.
Los señores que fueron detenidos el día
del entierro de las víctimas en la carretera por parte de los amigos, compañeros o
familiares de los victimados, de las víctimas, venían escoltados por un camión de
policías. Los agentes judiciales federales debieron haber detenido también a los que
venían dándoles escolta a esos criminales, que los bajaron de un autobús, de un camión
de redilas, y que todo el país se enteró a través de la televisión de lo que había
ocurrido.
Dicen los judiciales que no detuvieron a
los policías porque no se dieron cuenta y porque no sabían si venían custodiándolos,
venían dándoles protección o los iban a llevar a la cárcel o simplemente era una
coincidencia de que un camión venía adelante del otro.
Pero es evidente que la policía del Estado
está protegiendo a los asesinos; es evidente que el secretario general de gobierno, y
decir secretario general de gobierno, es decir el señor Luis Ferro, que sabía de la
llegada de los llamados paramilitares al campo donde se realizó la matanza, no hizo
absolutamente nada, no envió ni siquiera a la policía. Cuando la policía llegó
recogió los cuerpos para meterlos a una cueva. No se puso a perseguir a los criminales,
se puso a ocultar los cuerpos de las víctimas.
Ahí no hay gobierno evidentemente. Pero el
PRI, en lugar de aceptar que su gente es la que organiza las bandas de criminales, viene a
decirnos que las instituciones no asesinan, que son los seres humanos los que asesinan.
Pues, en este caso fueron seres humanos con credencial del PRI y, es la organización del
PRI en vastas regiones rurales del Estado de Chiapas la que se ha convertido en una banda
de criminales organizados.
El PRI, por razones de orden moral y
congruencia con el discurso, debería admitir que los asesinos son su gente.
El presidente municipal de Chenalhó está
hoy en la cárcel. Cuando gana una elección, el PRI, con bombos y platillos, proclama que
ha logrado la victoria electoral porque sus candidatos crean los mejores, sus programas
era lo mejor que había.
Y cuando esos mismos arman, dirigen,
organizan y le dan órdenes a los asesinos de mujeres y de niños, entonces no tiene nada
qué ver con el PRI y las instituciones están por encima de los hombres.
Esa hipocresía es la que no estamos
dispuestos a seguir tolerando simplemente...
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda (desde su curul): |
Señor Presidente, quisiera hacerle
una pregunta al diputado Gómez.
¿Acepta una pregunta, diputado
Gómez?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, cómo no.
Adelante.
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda (desde su curul): |
Diputado Gómez, con el respeto que
me merece, quiero preguntarle a usted: ¿cuál es la disposición de su partido y el
compromiso concreto en el esfuerzo por la paz en Chiapas, ahora?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Son muchos.
Primero. Que se acepten los acuerdos de San
Andrés, que fueron expresados por la Cocopa en un texto de reforma constitucional.
Segundo. Que se prosiga el esfuerzo de paz,
integrando la Comisión de Verificación de los Acuerdos, y en el marco del cumplimiento
estricto de ellos.
Tercero. Que se establezcan autoridades
verdaderas en el Estado; que se acabe con los gobiernos facciosos, los gobiernos que
están del lado de los opresores, de los finqueros, de la gente que ha oprimido durante
siglos a esa gente que vive en esos lugares de Chiapas.
También estamos nosotros trabajando por un
acuerdo de carácter político de las fuerzas chiapanecas, no para establecer en este
momento un gobierno de partido, que es lo más inadecuado y que es lo que han tratado
ustedes los priístas e insisten en tener en Chiapas, sino un gobierno de transición con
la participación de exponentes y representantes de diversos partidos para ir haciendo las
reformas sociales y las reformas políticas que requiere la entidad.
Pero no, el PRI lo que hace es sostener al
señor Luis Ferro, que no gobierna porque es un títere de intereses, como los que se
expresaron en la matanza en el municipio de Chenalhó, y porque hace lo que le dice el
señor Chuayffet. Y el señor Chuayffet que por ley debe garantizar el pleno ejercicio de
las garantías individuales, lo que hace es hacernos preguntas. Es el colmo del
desgobierno en este país. El señor Chuayffet nos está haciendo preguntas, mismas que
hace el señor Pérez Jácome aquí, como buen empleado del señor Chuayffet.
¿Qué dice el señor Chuayffet y qué dice
el señor Pérez Jácome? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo es posible preguntarle al Gobierno de
dónde salieron las armas, por parte de quien está armado? Que eso nos responda el señor
Chuayffet.
Que nos diga el señor Chuayffet, ¿de
dónde salieron las armas de los paramilitares de Chenalhó? y, ¿de dónde las del
Ejército Zapatista? Que nos lo diga. El debería saberlo, y si no lo sabe que renuncie,
como ya se ha planteado aquí.
Los grupos parlamentarios del Partido de la
Revolución Democrática en el Congreso, compartimos plenamente la idea de que debería
haber en México otro Secretario de Gobernación.
Y quiero decirle, señor diputado,
respondiendo su pregunta, lo que estamos planteando es efectivamente constitución de
órganos verdaderos, operativos, auténticos, legítimos de gobierno, y no lo que hay en
Chiapas, que ése es uno de los grandes problemas. Pero insistir en el gobierno monocolor,
insistir en el sometimiento del Estado a un solo partido, cuando hay una rebelión, es
simplemente el camino del desastre y el camino de los Chenalhós.
El EZLN no es una organización
paramilitar, es una organización militar, déjense de cuentos, son rebeldes alzados en
armas. El Estado mexicano frente a la rebelión del alzamiento armado, ha dado algunos
pasos, como la ley y, sin embargo, se ha atorado. Y dice el señor Zedillo que ya se le
está agotando la paciencia. A un Presidente no se le puede agotar nunca la paciencia,
¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de gobernantes hay en este país?
Lo que hay que hacer son tomar las medidas
políticas necesarias, para impedir el derramamiento de sangre, en Chiapas hay una
revolución en curso, diputado Albores, se inició no ahora, no se inició el 1o. de enero
de 1994, se inició hace por lo menos 20 años. Esa revolución en curso no ha logrado
obtener el triunfo, pero no ha sido derrotada, está viva.
Y yo creo que si la revolución esa hubiera
triunfado en Chiapas rápidamente, hubiera habido mucho menos muertos que todos los que ha
habido en estas largas décadas de contrarrevolución. Porque se ha impedido a través de
la violencia, que el cambio político y social de las condiciones más terribles de
opresión y atraso social, se ha sustituido por un nuevo curso de progreso, de democracia,
de entendimiento, de desarrollo. Que el país entero, a través de sus poderes, ha
impedido.
Porque uno de los grandes problemas, es la
manera cómo la Federación se mete en el Estado de Chiapas. Como no hay autoridad, ni hay
verdadera fuerza política de nadie, en ese tremendo enfrentamiento entre la revolución y
la contrarrevolución en grandes agregados sociales y políticos, el Gobierno dirige desde
Bucareli, y lo hace perfectamente mal, como lo hace el señor Chuayffet.
Y los otros secretarios que estaban ahí,
teníamos un secretario que era ex gobernador de Chiapas en el momento del alzamiento
zapatista, lo cual fue una ironía de la vida sin duda alguna.
Hoy tenemos una situación semejante, no
pasa nada, es la respuesta. El señor Zedillo se lo ha dicho a 20 personas, que han ido a
verlo a Los Pinos, a pedirle que actúe con decisión, con fuerza, patriotismo, en el
Estado. Se me está acabando la paciencia, le dice a todo el mundo, los manda a volar, no
hizo absolutamente nada, mantiene sus objeciones al texto elaborado por la Cocopa y
aceptado por el Ejército Zapatista, y Chenalhó es la terrible respuesta de esta
situación de inactividad, de cruzamiento de brazos, de dejar que los mecanismos
contrainsurgentes funcionen.
Porque quiero decirle, señor diputado, eso
de Chenalhó, no es otra cosa más que ver en la práctica como operan los mecanismos
contrainsurgentes y la técnica contrainsurgente. Se arma a la población enemiga de los
rebeldes y aún porque las abejas no son rebeldes, las abejas son neutrales y se los
llevan entre las patas.
Mire usted, señor diputado, hay miles de
desplazados que son refugiados. Nosotros tenemos una situación en la que no pasa nada,
según el señor Ruiz Ferro, que no gobierna, y según el señor Chuayffet que le responde
al EZLN haciéndole preguntas, una situación así. Miles de refugiados...
Señor diputado, por favor gire su
intervención en la respuesta al diputado Gil.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Voy a concluir la respuesta, señor
Presidente.
Tenemos miles de refugiados. La autoridad
no es capaz de garantizar que la gente se mantenga en sus casas y en sus tierras.
Cuando una autoridad que se dice serlo, si
no lo es evidentemente, no es capaz de garantizar las propiedades de las familias, el
trabajo de las familias, ¿de qué estamos hablando si no de la ausencia de gobierno?
Y también hay priístas que están
desplazados. No sólo se trata de perredistas, zapatistas, abejas, sino también de
priístas que han sido desplazados de sus comunidades, aunque en muy poca cantidad, por
cierto. Son los menos, pero también existe ese problema. Y la autoridad no es capaz de
ejercer con actos legales de autoridad, sus facultades jurídicas. No hay autoridad.
Ustedes podrán decir lo que quieran.
Podrán, en la hipocrecía nacional, que es todo un capítulo de la historia
contemporánea de México, decir que los priístas no eran priístas. El que está en la
cárcel, el presidente municipal de Chenalhó, quién sabe qué cosa será. Ni siquiera
han sido capaces de expulsarlo del PRI ni siquiera eso, porque no quieren tocar el tema. Y
dicen que las instituciones no delinquen.
El gobernador o dizque gobernador, Ruiz
Ferro, protegerlo a toda costa al principio de la autoridad, porque es el representante de
manera virreynal del Presidente de la República. Hasta donde tope.
Y ahí siguen los problemas, ahí siguen
las cosas, lo mismo que con el texto de la Cocopa.
Todo mundo habla aquí o muchos hablan
aquí hipócritamente de la Cocopa, pero, ¿por qué no aceptaron el texto de la Cocopa?,
¿por qué no lo convirtieron en constitución el texto de la Cocopa? y, ¿por qué no se
hizo la comisión de verificación? Esta es una auténtica retahíla de hipocrecías, en
donde hay responsabilidad. Y la responsabilidad política o se enfrenta o simple y
sencillamente es el suicidio de la fuerza política que actúa de esa manera.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos, el senador
Juan Ramiro Robledo, del Partido Revolucionario Institucional.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores:
Si ése es el tono que están usando los
líderes de las organizaciones políticas y sociales en Chiapas, es perfectamente
explicable lo que está pasando. Si ése es el lenguaje con que hay que abordar un
problema en donde han muerto más de 40 mexicanos, entonces sí que nos vamos a enredar
más. Si ésa es la lógica, señor diputado Gómez, con la que debe entenderse la manera
de encontrar una solución, si es la lógica con la que se deben explicar los
acontecimientos, entonces con esa lógica el señor ingeniero Cárdenas es y será
responsable del 5 de diciembre para acá y para adelante, de todo lo malo que suceda en el
Distrito Fe-deral.
Y si el día de mañana en esta tribuna o
en cualquier lugar, en un periódico se le pregunta al señor ingeniero Cárdenas: ¿de
dónde sacaron las armas los delincuentes que robaron en la vía pública?
Entonces será responsable de no saber de
dónde sacaron las armas esos delincuentes.
Yo creo que no podemos llegar ni con el
tono ni con el lenguaje, a ninguna solución positiva...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, pregunte al orador
si acepta una pregunta.
¿Acepta una pregunta, del diputado
Pablo Gómez?
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
¡Sí! ¡Claro que sí!
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul) |
La pregunta es ésta, mire, si
el delegado de Coyoacán, que es de donde yo soy, acopia armas, las entrega y organiza una
matanza, yo le digo desde ahorita: el gobierno de la ciudad tendrá responsabilidad y
tendrá que enfrentar esa responsabilidad.
Ahora dígame usted: ¿qué hay de su
partido?
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Le voy a decir dos cosas. Si el
delegado de Coyoacán, que es de donde usted es y además de una connotada y notable
filiación partidista del PRD, acopia armas y manda a varios más a cometer delitos, desde
luego que será responsable él, primero; segundo, no creo que por ser del PRD fuera
responsable el PRD de esos delitos que hubiera mandado cometer el delegado de Coyoacán y
tercero, es muy probable que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, "o como se
llame", sí sea responsable de lo que hagan sus delegados, porque hoy por hoy
dependen administrativamente de él, no así el presidente municipal, bueno o malo, de una
organización autónoma en este país respecto del gobierno del Estado.
Yo creo que el Presidente de la República
como...
Terminó su respuesta, senador.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Sí.
Me parece que el Presidente de la
República, como titular y jefe de todo el Poder Ejecutivo y por lo tanto depositario de
la facultad para designar a los secretarios del despacho y para proponer su caso al
Procurador General de la República, sí puede instruir a cualquiera de ellos a que hagan
o que dejen de hacer un acto de autoridad y en este caso haberle pedido al Procurador
General de la República que ejerciera la facultad de atracción en un asunto tan
lamentable, tan notorio, tan escandaloso, pues fue algo acertado no solamente por la
eficacia con que mejor podrá trabajar la autoridad de Procuración de Justicia Federal,
sino para dar una muestra muy simple y muy clara a todos los mexicanos de la preocupación
del Gobierno Federal en este asunto; ¡pero no porque implícitamente esté reconociendo
que no hay autoridades en Chiapas; no que no haya ni ministerios públicos ni policías ni
agentes de policía vial ni tribunal de justicia ni diputados ni titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico de allá!
Hoy en Tapachula creo que afortunadamente
la vida es normal y en Tuxtla Gutiérrez también y en una buena parte del centro del
Estado también. Pero la razón por la que se ejerció esta facultad de atracción no es
porque no haya autoridades ni poderes. Claro que los hay y tan los hay que están pidiendo
que se desaparezca o que se reconozca que no los hay.
No me parece que sea una buena lógica
tampoco, es hasta contradictorio provocar la causa o intentar provocar la causa de nulidad
o de un mal cualquiera, jurídico o material y luego invocarla.
Hay una asamblea estatal de la democracia
del pueblo chiapaneco o algo por el estilo y su denominación, que organizó y presidió y
que todavía comanda el señor Amado Avendaño. Notoriamente toda la organización
perteneciente a esta asociación es de filiación perredista. Ellos, entre otras cosas,
entre otras cosas, hace rato el diputado Monreal mencionaba algunas, han propiciado la
institución de autoridades, simulación de autoridades paralelas de consejos municipales
en rebeldía. ¿Para después qué? Para después invocar que como hay un concejo
municipal en rebeldía, entonces no hay ayuntamiento y tampoco hay gobierno del Estado.
Ni estamos de acuerdo ni lo admitiremos hoy
ni nunca, porque ni es verdad ni corresponde a la buena lógica, al sentido común, que
alguien con una determinada filiación partidista haga todo lo que hace en su vida por esa
condición de política o de filiación partidista.
Yo creo que el presidente municipal, en
este momento encarcelado, acusado de ser el instigador o el determinador, autor
intelectual de esos hechos, acusado en este momento y que ha sido también depuesto desde
luego por el ministerio constitucional del cargo que tenía del presidente municipal
sustituto; sustituto, porque el titular electo hace un año o tiempo parecido fue depuesto
por razón de las presiones del Partido de la Revolución Democrática allá.
No se puede dar causa, no se pueden
provocar hechos y condiciones para después invocarlos como causales, en este caso de la
desaparición de poderes. No es jurídico ni éticamente político eso.
Yo creo que ese señor presidente municipal
tendrá que responder de lo que haya hecho o de lo que haya pensado hacer. Por sí solo,
por su persona, será responsable; nunca por su condición partidista, de hombre de
partido. Probablemente él y los demás perpetradores de ese homicidio masivo, colectivo,
que no genocidio, que nunca podríamos aceptar que tenía el propósito de acabar con todo
un segmento social, con todo un grupo étnico, con toda una raza, ese masivo homicidio
perpetrado el día 22.
Yo creo que ese señor presidente municipal
aparte de pertenecer a un partido político pertenecerá a otras organizaciones civiles.
Estoy seguro que pertenecerá a otra organización civil intermedia, a cualquiera, de
cualquier carácter, de servicio, de promoción deportiva, hasta la asociación de padres
de la escuela donde probablemente tenga un hijo. ¡No por eso esas organizaciones tendrán
responsabilidad alguna! Tampoco el delegado de Coyoacán hará responsable a su partido el
día que se le ocurra semejante torpeza.
Señor Presidente y compañeros
legisladores: Ni estamos de acuerdo con esa imputación de responsabilidad a nuestro
partido, se reitera, y lo vendremos a repetir muchas veces, cuantas veces y al doble de
todas las que ustedes vengan a decir algo por el estilo. Ni tampoco estamos de acuerdo en
que se pueda aceptar la propuesta para que esta Comisión Permanente convoque al Senado de
la República a una sesión extraordinaria para declarar que acepta que han quedado
desaparecidos los poderes en Chiapas.
No puede ser por las razones que dijo aquí
con claridad mi compañero Dionisio, mi legislador independiente y gran profesionista,
Dionisio Pérez Jácome, independiente en su forma de pensar, en su forma de juzgar, pero
con una gran responsabilidad como legislador y como miembro del Partido Revolucionario
Institucional. No solamente por esas razones, sino por algo mucho más sencillo, algo más
simple. La Comisión Permanente no puede simplemente convocar al Senado porque lo pida un
legislador, un diputado o un senador. La ley que reglamente esa facultad exclusiva del
Senado, exige una votación calificada para hacer esa convocatoria.
Luego entonces, si hay la necesidad de que
se convoque al Senado por una votación calificada, quiere decir que debe haber un
razonamiento y una motivación suficiente como para hacer esa convocatoria. No es nada
más un asunto de que le dejemos al Senado que pueda decidir si existe alguna causa para
declarar que han desaparecido los poderes. Es necesario que esta Comisión Permanente lo
aceptara, lo razonara; es necesario que quienes lo proponen nos convenzan, nos den
argumentos y de veras nos demuestren que hay una ausencia total de autoridad en todo el
territorio de Chiapas.
No es así, no lo aceptamos, no encontramos
razones convincentes. Nos vamos a oponer a eso, señor Presidente.
Compañeros legisladores, gracias por su
atención.
En uso de la palabra, para
rectificación de hechos, el diputado Armando López, del Partido de la Revolución
Democrática.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras legisladoras, legisladores; amigos todos:
Yo creo que la discusión aquí y lo que
hemos venido oyendo en el transcurso del día, es obviamente la condena a un hecho que ha
conmovido a la sociedad mexicana. Un hecho que además nos ha venido indicando no nada
más la culpabilidad de autoridades, sino también, y aquí tenemos que hacer un alto en
el camino, la culpabilidad de todos nosotros de no haber escuchado durante mucho tiempo
las señales que venían dándose de asesinatos, de una guerra de baja intensidad en
Chiapas.
No se trata de acusar a las instituciones,
se trata de buscar la solución de fondo a este problema. No se trata tampoco de acusar a
un partido o acusar a cualquier organización política, se trata de conocer de fondo el
problema, de conocer cuáles han sido las raíces y cómo tenemos que intervenir en la
solución de este caso. Todos debemos de comprometernos a la solución final, a una paz
justa y con dignidad.
Se aprobó en la legislatura pasada la Ley
de Diálogo, Concordia y Pacificación. En esta ley se reconoce, en su artículo 1o., al
EZLN como una organización de ciudadanos mexicanos mayoritariamente indígenas; se
reconoce la problemática que originó este movimiento; pero hasta ahí, hasta ahí no
fuimos capaces de entrar a la solución final, hasta ahí y el Gobierno no tuvo la
capacidad tampoco de entrar a la solución final.
Ya es hora, pues, compañeros, de iniciar
ya esta solución, no es posible esperar más, los hechos están ahí, 400 tzotziles
retenidos y teniendo que ser liberados por el Ejército, la Cruz Roja y ONG, no puede ser,
compañeros, que esto esté pasando, que pasó durante mucho tiempo.
No es posible dejar de reconocer la dureza
del pensamiento criminal, genocida, de planear el asesinato de mujeres y niños, de
mujeres embarazadas. No busquemos argumentos que imposibiliten la verdad, no estamos aquí
para eso, ¿dónde se encuentra la razón? ¿En dónde tenemos que encontrarla? Los hechos
ahí están, lo vimos, escuchamos las declaraciones, escuchamos las declaraciones del
procurador, no se trata de acusar a un partido político; lo que sí hay que reconocer es
que desgraciadamente hubo toda una planeación criminal genocida que los llevó a ejecutar
un grupo de indígenas, uniformados y utilizando armas prohibidas y de uso exclusivo del
Ejército.
No se puede argumentar el que utilicemos
esto en beneficio de alguien, no se puede usar en beneficio de nadie una desgracia ni se
pretende utilizarla, no se puede decir que no permitiremos la intromisión, no, hay que
meternos a este problema y hay que meternos como una responsabilidad de este Congreso.
Yo creo, y así lo ha marcado la sociedad,
que los autores intelectuales no pueden andar por ahí libres, no puede permitirse no
descubrir la verdad, este Congreso debe meterse de fondo a descubrir esto.
No es posible que los acuerdos de San
Andrés, firmados por la representación del Gobierno, la Cocopa, el EZLN, establezca en
el artículo 3o., "compromiso del Gobierno Federal con los pueblos indígenas",
y hoy, señores, lo volvemos a traer a discusión.
Es el momento pues de sensibilizarnos a un
problema que lo hemos dejado correr y hagamos posible que estos compromisos pactados por
las partes inicien ya con el proceso de paz.
Convoquemos a todas las partes, pero antes
que nada, que la historia no se repita, no dejemos impunes a los asesinos. Este es el
verdadero compromiso. Quienes planearon, quienes de manera intelectual, que
desgraciadamente están autoridades electas o autoridades, en fin, inmiscuidas en este
problema, no podemos dejarlo pasar.
He escuchado de todos aquí que reprochamos
este acto. Hagamos algo, hagamos algo para que después en nuestras manos no quede la
culpabilidad de no haber hecho nada. Señores legisladores, ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.
En el uso de la palabra para
rectificar hechos el senador Oscar López Velarde, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El senador Oscar López Velarde Vega: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Para ilustrar la fundamentación de los
argumentos que voy a expresar, y quiero ser muy preciso, a nombre de la fracción de mi
partido, el Revolucionario Institucional, en la Comisión Permanente y no en otra
categoría, le pediría a la Presidencia que me autorice que la Secretaría lea la
posición del 4 de marzo de 1997, de la Comisión de Concordia y Pacificación, y que se
descuente su lectura del tiempo de argumentación que voy a hacer respecto a la reforma
constitucional en materia de cultura de derechos indígenas.
Suspendan el uso del reloj. Proceda
la Secretaría.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Comisión de Concordia y
Pacificación, al EZLN, al Gobierno Federal, a la Comisión Nacional de Intermediación, a
la opinión pública:
El 16 de febrero de 1996, el EZLN y el
Gobierno Federal firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena.
Los acuerdos incluyen pronunciamientos y propuestas a las instancias de debate y decisión
nacional y compromisos para el Estado de Chiapas
Previo a la suscripción de los acuerdos,
con el apoyo de la Cocopa, del 3 al 8 de enero de 1996 se celebró en la ciudad de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Foro Especial sobre Derechos y Cultura Indígena,
convocado por el EZLN. Los resultados de dicho foro fueron remitidos al Congreso de la
Unión.
En paralelo, las comisiones de Asuntos
Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, conjuntamente con el Ejecutivo Federal, realizaron una consulta nacional sobre
derechos y participación indígena.
El 29 de agosto de 1996, en la víspera de
la plenaria final sobre democracia y justicia, el EZLN declaró suspendido el diálogo con
el Gobierno Federal y planteó condiciones como exigencias mínimas para su reanudación.
La Cocopa, por determinación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas y del reglamento pactado por las partes, se abocó de inmediato a coadyuvar
para propiciar las condiciones políticas que permitieran la reanudación del diálogo,
gestionando lo conducente en las condiciones planteadas por el EZLN: liberación conforme
a derecho de los presuntos zapatistas presos; fortalecimiento de la interlocución
gubernamental; garantías de acuerdos concretos sobre democracia y justicia; procesos de
distensión y reconciliación social en las zonas indígenas de Chiapas; instalación de
la Comisión de Seguimiento y Verificación y cabal cumplimiento de los acuerdos sobre
derecho y cultura indígenas.
En el mes de noviembre pasado, el EZLN y el
Gobierno Federal, por conducto de la Cocopa, habían intercambiado propuestas de reformas
constitucionales distintas entre sí. Ante esta situación y para mantener el impulso del
proceso de paz, la Cocopa resolvió, con el acuerdo de las partes, dar un nuevo paso y
proponer al EZLN y al Gobierno Federal un procedimiento dirigido a conciliar las
propuestas de éstas, que diera por resultado la elaboración de un texto con base en los
acuerdos de San Andrés por parte de esta comisión.
Tomando en cuenta los antecedentes
descritos, la Comisión de Concordia y Pacificación comunica al EZLN, al Gobierno
Federal, a la Comisión Nacional de Intermediación e informa a la opinión pública lo
siguiente:
1o. En todo momento las acciones de la
Cocopa han estado determinadas por el superior interés de propiciar la celebración de un
acuerdo de concordia y pacificación, con justicia y dignidad que resuelva los problemas
que originaron el conflicto armado en el Estado de Chiapas, iniciado el 1o. de enero de
1994.
2o. La Cocopa tiene por ley el mandato de
coadyuvar en el proceso de paz, sin sustituir a las partes en las negociaciones.
3o. La Cocopa, con las consideraciones que
a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en
materia indígena, de fecha 29 de noviembre de 1996, que es el resultado de un esfuerzo
honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes.
4o. La Cocopa, para fijar una posición
pública, razonada e imparcial, se ha reunido con especialistas independientes, con
expertos en derecho constitucional consultados por el Gobierno Federal y con asesores del
EZLN. La mayoría de éstos consideraron que la propuesta de reformas constitucionales
recoge en esencia los acuerdos de San Andrés, pero estiman que la redacción del texto es
perfectible, por lo que sugieren se le hagan adecuaciones de técnica jurídica, para
evitar imprecisiones o confusiones en su alcance, interpretación y contenido.
5o. Tomando en cuenta que el procedimiento
planteado por la Cocopa no alcanzó el objetivo de que las dos partes aceptaran el texto
propuesto, esta comisión considera que puede consensuarse con el EZLN y el Gobierno
Federal otra alternativa para resolver las diferencias actuales y restablecer el diálogo
y la negociación entre las partes, en el marco de la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
6o. La Cocopa considera que enviar
unilateralmente la propuesta original como iniciativa al Congreso de la Unión, es una
opción que no tendría viabilidad de aprobación legislativa.
7o. Finalmente, la Cocopa, habiendo
coadyuvado para que se atiendan las condiciones planteadas por el EZLN para la
reanudación del diálogo y la negociación, exhorta al Gobierno Federal y al EZLN a que
resuelvan la situación que guarda el proceso de paz y solicita una reunión con cada una
de ellas para encontrar alternativas de solución, como sería entre otras la
reconstrucción de la interlocución directa entre las partes.
México, D.F., a 4 de marzo de
1997.—Aparecen los nombres, no las firmas, de los senadores: Luis Héctor Alvarez
Alvarez, Benigno Aladro Fernández, Heberto Castillo Martínez, Pablo Salazar
Mendiguchía, Oscar López Velarde; diputados: Juan Carlos Gómez Aranda, Juan Roque
Flores, Rodolfo Elizondo Torres, César Chávez Castillo, Juan N. Guerra Ochoa, Jaime
Martínez Veloz, Marco Antonio Michel Díaz, José Narro Céspedes y Oscar González
Yáñez. Fernando Pérez Noriega, presidente en turno de la comisión.Sin firma."
| El senador Oscar
López Velarde Vega: |
Muchas gracias, señor Secretario.
Me permití solicitar que se leyera este
posicionamiento que fue fruto del consenso de la Comisión de Concordia y Pacificación en
la LVI Legislatura, integrada por representantes diputados y senadores de todos los
partidos políticos, porque se hace hoy un planteamiento de convocatoria a un periodo
extraordinario para resolver esta reforma constitucional.
Yo exhorto a mis compañeros miembros de la
Comisión Permanente a que no caigamos en decisiones que no van a resolver el fondo del
asunto. El fondo del asunto es una cuestión de decisión política, es una cuestión de
decisión y de voluntad de las dos partes, que con base en una ley aprobada por el
Congreso de la Unión está negociando un proceso de paz, suspendido unilateralmente por
una de ellas desde el mes de septiembre de 1996.
La última vez que la Comisión de
Concordia y Pacificación tuvo contacto con el EZLN fue el 11 de enero de este año, pero
eso nos lleva a que precisamente debemos ahora más que nunca ratificar la prudencia, la
objetividad, la neutralidad, la representación plural y nacional que tiene el Congreso de
la Unión. Si algo ha permitido estar atento el Congreso en todo momento al conflicto
desde la LV Legislatura, cuando intervino en el cese unilateral del fuego, de la ofensiva,
cuando intervino una Ley de Amnistía que no se aplicó porque no estuvo negociada entre
las partes y no fue consecuencia de un proceso de paz entre el EZLN y el Gobierno Federal,
no volvamos a cometer un error de, sin considerar a las partes y la pluralidad que
representa este Congreso, aprobar una reforma constitucional que puede ser inviable.
Yo me pregunto, y nos lo preguntamos en la
Comisión de Concordia y Pacificación, si presentar una propuesta, mas no iniciativa, que
pretendió acercar las posiciones de las partes y en donde todas han aclarado, el Gobierno
Federal y el EZLN, que no se pretende renegociar San Andrés, sino concretizar los
acuerdos en una reforma constitucional que garantice los derechos y la cultura indígena,
si no es exactamente como en una posición irreductible, una de las partes pretende que el
Congreso de la Unión, cuyo compromiso acordado por ambas, por el EZLN y el Gobierno
Federal, era enviar a la instancia de debate y decisión nacional esa iniciativa, si esta
soberanía modifica esa propuesta ante una posición irreductible y ésta a su vez es
descalificada por una de las partes, por el EZLN, ¿qué viabilidad política realmente
tiene una reforma que no sea fruto de una negociación? Y la esencia de la política es el
acercar posiciones, el de limar diferencias.
Con esta argumentación considero que no
podemos olvidar también que todos los partidos políticos habían resuelto que el punto
dos de la reforma del Estado, que es fundamental para avanzar a resolver a fondo las
causas que originaron el conflicto armado iniciado en 1994, era el tema de "Cultura y
Derechos Indígenas".
Tenemos que construir consensos al interior
de las fracciones parlamentarias y los partidos políticos representados en este Congreso
de la Unión, porque aquí, como bien se ha dicho, hay personas de fracciones que han
venido a defender esta propuesta y no sabemos si en el fondo están de acuerdo o en contra
de la propuesta. Se tiene que construir la viabilidad política de este consenso.
La Comisión de Concordia y Pacificación
ha estado intensificando...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, quisiera hacerle
una pregunta al orador.
| El senador Oscar
López Velarde Vega: |
Sí, nada más que se me descuente el
tiempo.
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Estoy escuchando con mucha atención
lo que usted dice, y usted ya ha estado en la Cocopa antes de la actual legislatura.
Entiendo que el EZLN está de acuerdo con la propuesta de la Cocopa, que quien no está de
acuerdo es el Presidente... Eso no lo sabemos porque no ha habido... José Luis Lamadrid,
eso no lo sabemos.
No se permiten diálogos.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Apúntate en una lista entonces, de
los que están en desacuerdo; pero no te has apuntado porque no se ha pasado la lista.
No sabemos, el caso es que la Cocopa está
integrada mayoritariamente por legisladores federales. Ellos hicieron la propuesta y el
EZLN la apoyó. Yo digo que estaba 100% de acuerdo. Ahí ya había el punto de enlace. El
Presidente dice que no, José Luis Lamadrid también dice que no, pero eso no tiene tanta
importancia; lo que tiene importancia es lo que está diciendo en este momento el
Presidente.
Entonces le pregunto a usted, como miembro
de la Cocopa: ¿cuál es la ruta en materia de reforma constitucional sobre derechos y
cultura indígena, para destrabar un proceso en el cual la Cocopa y EZLN tenían la misma
postura y el Ejecutivo tiene una postura diferente? ¿Qué va a hacer la Cocopa o qué
propone usted que haga la Cocopa para que el Ejecutivo modifique, y actúe de alguna forma
en cuanto a su posición frente a la iniciativa que, insisto y subrayo, es un texto de la
Cocopa y de nadie más, aunque aceptado el 100% por el EZLN? ¿Qué propone usted, cómo
le hacemos? ¡Díganos!
| El senador Oscar
López Velarde Vega: : |
Respetablemente porque si algo ha
hecho neutral, activa, objetiva y responsable a la Cocopa, es construir consensos. No
puedo contestar en esta tribuna a nombre de la Cocopa. Mi intervención es como
representante de una fracción.
Creo que la solución es muy sencilla:
voluntad de negociar.
Creo que sí, por eso me permití solicitar
que se leyera el consenso de la Cocopa, la Cocopa intentó un procedimiento para acercar a
las partes, pero no la puede sustituir y no podemos nosotros sustituir por una propuesta
coyuntural un proceso de negociación que no podemos desvalorar.
El Congreso de la Unión, y es uno de los
grandes avances, nacional e internacionalmente reconocidos, aprobó una ley que da como
única salida, la salida política dentro de la legalidad.
¿Qué se debe de hacer? Yo siento que
deben de participar el EZLN y el Gobierno Federal en un cambio de actitud que represente
acercar y en eso hay apertura ratificada el día de ayer por el presidente Ernesto
Zedillo, acercar cómo concretizar, respetando el espíritu de los acuerdos de San
Andrés, esos acuerdos en una norma constitucional y eso sólo se logra con la
negociación.
Hay muchos mecanismos que no es el momento
aquí de aclararlos y decir cómo se pueden conciliar posiciones con intervención y no
podemos dejar al margen del Congreso de la Unión la decisión de una reforma
constitucional, es de una soberanía legislativa y también la soberanía legislativa
está integrada por diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios.
Lo que quiero convocar es a que retomemos
que dentro de la reforma del Estado el tema, después de la reforma electoral, como había
sido acordado, sea el tema de la cultura y derechos indígenas, para que entonces sí se
construya un consenso que permita modificar la Constitución, respetando los acuerdos de
San Andrés.
Muchas gracias.
En uso de la palabra para rectificar
hechos, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD.
| El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Señor Presidente:
Yo creo que la única forma de poder darle
una respuesta congruente a lo que sucedió hace algunos días en el Estado de Chiapas, es
precisamente condensar los frutos de la comisión de diputados y senadores, que han venido
trabajando y que han venido proponiendo distintas alternativas de solución política al
conflicto en esa entidad.
Aquí podemos desgarrarnos las vestiduras.
Lamentar con sinceridad y en muchos casos con una gran hipocresía lo que aconteció
allá, pero si no tomamos una resolución el día de hoy que le dé certidumbre a nuestros
compañeros chiapanecos, y esta certidumbre no puede venir de ningún otro lado, más que
de un fruto que ya tenemos lo suficientemente consolidado, que es el acuerdo de la
Comisión de Concordia y Pacificación y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La alternativa aquí es la convocatoria a
ese periodo de sesiones extraordinarias, para que el Congreso discuta esta iniciativa de
reformas legales y constitucionales; de otra manera llamar a las partes al diálogo suena
muy bien, pero este llamado al diálogo, cuando al mismo tiempo acelera la militarización
del Estado de Chiapas y al mismo tiempo fomenta y fortalece los grupos paramilitares, tal
parece que sólo es una cortina de humo, para desgastar a una de las partes en conflicto y
para hacer uso en un momento determinado de la fuerza militar.
La congruencia de esta Comisión
Permanente, ante la gravedad de lo ocurrido en Chiapas, es el llamado a ese periodo
extraordinario para la discusión de esta iniciativa aprobada por el EZLN y por la Cocopa.
Yo quiero decirles que además nos
encontramos, ya desde hace tiempo y sobre muchos otros acontecimientos, pero que no
habían sido tan violentos como éste, ante la presencia de un Ejecutivo y de un
Secretario de Gobernación, que se encuentran extraviados en la gestión política
nacional y éste es el asunto de fondo.
La voluntad política del Gobierno Federal
y particularmente del Secretario de Gobernación, para resolver de fondo este conflicto, a
estas alturas no solamente no se ve que exista, sino lo que se ve que hay, es una
predisposición y la decisión de alentar por omisión o también por decisión, a los
grupos más retardatarios que operan en distintas zonas de Chiapas.
Hablar de la condena en general, cuando lo
que se requiere es la desaparición de los poderes de la entidad. Hablar de la condena en
general tiene congruencia, cuando aquí se saque una iniciativa y una determinación para
llamar a ese periodo de sesiones extraordinarias.
Tiene congruencia lamentar los
acontecimientos de Chiapas, cuando esta Comisión Permanente, independientemente de las
fracciones parlamentarias, solicitemos formalmente la renuncia del actual Secretario de
Gobernación.
Lamentar y ser congruentes con esta condena
pasa, simple y sencillamente, por la exigencia de que el Secretario de Gobernación
presente de manera inmediata su renuncia, porque él también es partícipe de estos
acontecimientos que se han presentado.
Yo quiero decir que sí hay que buscar
responsables. No estamos frente a cualquier acontecimiento. Los responsables tienen nombre
y apellido. Nosotros no fuimos los que dijimos, que las bandas paramilitares tenían una
clara identificación con el Partido Revolucionario Institucional, fue la propia
Procuraduría General de la República la que a través de sus investigaciones ha
constatado los vínculos, no solamente del presidente municipal de Chenalhó, sino
también de organismos corporativos que se encuentran en las filas de este partido, de
diputados locales y de diputados federales inmiscuidos en el aliento, en el apoyo y en el
otorgamiento de cobertura a los grupos que perpetraron la matanza de hace algunos días.
Sí, esto tiene que conocerlo, tiene que
esclarecerlo la autoridad, pero también es una responsabilidad para que nosotros actuemos
en consecuencia.
Hoy se quiere lanzar una nueva cortina de
humo para tratar de lavarse la cara y quieren comparar al EZLN, un organismo reconocido
por la ley, un organismo con el que el Gobierno tendrá que pactar, un organismo el cual
entrará en un proceso de desarme cuando se cumplan todos los requisitos y todos los
postulados y los supuestos que se parten de la ley, para el diálogo y la conciliación.
No podemos comparar a "los
chinchulines" con un grupo que reconoce la ley, con un grupo que tiene la obligación
el Gobierno de pactar con él; no podemos comparar los grupos paramilitares con algo que
está debidamente formalizado y al cual le damos un status de interlocutor para la
solución final del conflicto chiapaneco.
Yo creo que más allá de los lamentos,
aquí esta Comisión Permanente debe hacer un llamado para que el Senado sesione de manera
extraordinaria, investigue los hechos, haga acopio de pruebas y en su caso, declare la
desaparición de los poderes en Chiapas.
Esta Comisión Permanente también debe
definir el día de hoy si quiere ser congruente, si quiere ser responsable, enviándole un
mensaje de certidumbre a la población tanto del Estado de Chiapas como al país entero,
para decirle que tenemos plazos, procedimientos y además una comisión fortalecida para
que en un próximo periodo de sesiones extraordinarias, esta iniciativa de reformas
constitucionales sea aprobada para restituir la libertad y la cultura de los pueblos
indígenas.
Y algo que no puede pasar desapercibido: la
matanza duró cerca de seis horas. La Secretaría de Gobernación sabía y sabía desde
antes; el gobierno local también lo conocía...
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Señor Presidente, si el orador
acepta una pregunta.
¿Acepta, señor orador?
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Claro que sí.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Entre las varias cosas que usted ha
dicho, se refiere a la necesidad de que el Congreso conozca de esa propuesta de forma
constitucional, que, según sabemos, se deriva de la elaboración que hicieron algunos
miembros de la Cocopa y como premisa tiene los acuerdos firmados en San Andrés.
Hace rato le preguntaron a un orador del
Partido Acción Nacional, si su partido estaría de acuerdo en aprobar, en sus términos
—dijo el senador López Velarde—, con puntos y comas, como quiere el EZLN, si su
partido estaría de acuerdo en aprobar esa propuesta aquí en el Congreso.
Yo pregunto si conoce usted o si sabe o si
se imagina cuál sería la reacción del Ejército Zapatista, si este Congreso en uso de
todas sus facultades y atribuciones constitucionales modifica esa propuesta de iniciativa
de ley.
| El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Yo quiero aclarar primero que no es
de algunos miembros de la Cocopa, es de toda la Cocopa y es también una propuesta del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Lo que nosotros estamos proponiendo, si es
que queremos darle certidumbre, si es que queremos contribuir de fondo a que no se
presenten más acontecimientos como los que sucedieron, que esta Comisión Permanente haga
la convocatoria explícita para que en el próximo periodo de sesiones extraordinarias,
esta iniciativa se discuta.
¿Cuál será la reacción de las distintas
partes? Antes de preguntarme a mí cuál será la razón del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, lo que tenemos que preguntarnos es por qué si hay un trabajo previo
de mucha intensidad, de muchos meses, y hay un acuerdo esencial de puntos y comas entre la
representación del Congreso y la representación del grupo de rebeldes, ¿por qué el
Ejecutivo Nacional no aprueba esto que ha costado un gran esfuerzo, un gran trabajo? La
pregunta no es al EZLN, es al Ejecutivo.
¿Por qué está imponiendo un tortuoso
proceso tanto en las negociaciones como en la discusión, como en la aprobación de esta
iniciativa que ha sido fruto de una gran negociación nacional? ¿Por qué con esta
tardanza tan peligrosa, inducida desde la Secretaría de Gobernación; se están abriendo
las puertas, se está desbrozando el camino, para que sigan operando estos grupos de
paramilitares? ¿Por qué el Ejecutivo no hace caso de los legisladores de su propio
partido, que vieron de cerca, se conocieron con detalle y que además consensaron las
propuestas?, ¿por qué no hace caso para aceptar y para que de manera inmediata esto
cobre forma de Constitución y cobre forma de ley?
¡Esa es la pregunta que tenemos que hacer!
¡Y por eso la responsabilidad también es explícita en las autoridades federales y
particularmente en el Secretario de Gobernación! ¡Yo creo que ya no hay otro camino!
¡Si queremos que la discusión avance, si queremos nosotros que tengamos con prontitud
una ley que verdaderamente dé concordia y pacifique al Estado de Chiapas, tiene que haber
otro interlocutor al frente del Gobierno Federal; un interlocutor que permita que se
avance en los acuerdos ya construidos, un interlocutor y un representante del Presidente
de la República que no esté alentando, por omisión o por decisión, que no esté
permitiendo que sigan presentándose más acontecimientos tan dramáticos como esos!
¡Y como decía Pablo Gómez: los lamentos
de muchos diputados del PRI es, al final de cuentas, simple y sencillamente mera
hipocresía! ¡Los responsables están claros, pertenecen a organismos corporativos, son
alentados por diputados locales y federales por autoridades municipales! ¡Y todos éstos
son del Partido Revolucionario Institucional!
¡Y no decimos que esto fue planeado en las
oficinas de Insurgentes o que esto fue a través de una confabulación en el Comité
Ejecutivo Nacional de ese partido! ¡De lo que si damos cuenta es de que el PRI armó y
estructuró toda una banda de paramilitares y caciques en distintas zonas del Estado de
Chiapas, que hoy son el soporte principal para detener las justas exigencias de paz, de
dignidad, de justicia, que están demandando desde hace muchos años distintos pueblos
indígenas de esta entidad! ¡Esto es lo que decimos! ¡Y la acusación no es nuestra, la
acusación es del propio Procurador General de la República!
¡Los testimonios han salido en la
televisión, en la radio, en los distintos medios de comunicación; hay responsables
directos en las legislaturas local y federal, hay presidentes municipales, hay organismos
a los cuales pertenecen todas estas bandas de paramilitares! ¡Y no comparen, como lo hizo
el diputado Ricardo Monreal, un organismo reconocido por ley, a las bandas de verdaderos
asesinos auspiciados desde distintas esferas del poder! ¡Y "no de una mano
invisible" como dijo el diputado Roberto Albores; la mano y la cabeza están
visibles, aunque se escondan detrás de esas máscaras, aunque las máscaras sean rojas
como "los máscaras rojas" que perpetraron el asesinato de hace unos días!
Para rectificar hechos tiene el uso
de la palabra el señor diputado Roberto Albores Guillén, del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado Roberto Armando Albores Guillén: |
Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
No cabe duda que en este debate los
planteamientos que han hecho los legisladores del Partido de la Revolución Democrática
caen en desuso y faltan a la objetividad.
Voy a platicarles, compañeros
legisladores, lo que aconteció el día de ayer en una visita de trabajo para acercarnos a
la realidad, para dimensionarlos en su mayor forma y para normar nuestro criterio, de los
legisladores que integramos la Cocopa.
El día de ayer, desde muy temprano,
estuvimos en la zona del conflicto, en el escenario de los acontecimientos dramáticos y
quiero decirles que no dudo de la autenticidad, de la buena fe y del sentido de
responsabilidad de quienes asistimos. Que fuimos con la mente abierta, con el espíritu
sereno, con un espíritu alto de responsabilidad para evaluar, en lo que se puede evaluar
en una visita de trabajo. Lo hago con respeto, porque no queremos traer a esta tribuna y
hacernos especialistas y doctos en este lamentable acontecimiento.
En las 13 propuestas que hemos anunciado
como legisladores chiapanecos, hay una, diputado Gómez, que dice que el asunto de Chiapas
no se reduce a un esquema simplista. Es fácil recurrir al expediente de que sólo es un
asunto religioso. Es discutible y poco creíble que también globalicemos el esquema
partidista que, en efecto, también existe en la zona y es evidente, también, que
faltamos a la realidad cuando queremos identificar asuntos de militancias partidistas como
incriminaciones de estos lesivos acontecimientos.
El asunto de la paz y del conflicto en la
zona de Chenalhó trasciende a las generalizaciones y a los comentarios irresponsables;
¡ahí tenemos un conflicto que habría que profundizar, que habría que tener un alto
grado de sensibilidad, de responsabilidad y de prudencia! Pero también en el documento
apuntamos que en paralelo a estos atributos y a estas exigencias, también decimos que
deberíamos de tener la claridad y la objetividad para tomar las acciones concretas, que
consensadas con los distintos grupos parlamentarios pudiéramos abonar en algo, en sumar
nuestro espíritu y nuestro esfuerzo, para adelantar ahora las posibles negociaciones.
Dejémosle al Ministerio Público Federal,
compañeros legisladores, que haga su trabajo, que la Constitución define con precisión
las dimensiones y los alcances. ¡No asumamos actitudes de ministerios públicos que no
nos corresponde! Y cuando venimos a la tribuna a lamentar hechos, también venimos a la
tribuna a exigir justicia, pero una justicia que no sea el adelanto de vendettas, que no
sea el atributo anticipado de culpabilidades; eso me huele al viejo espíritu de las
brujas de Salem, construyen por los días y atropellan por las tardes, esto me huele
también a tener un doble discurso. Cuando nos conviene apoyamos las acciones y decimos
que hay Gobierno y cuando no nos conviene decimos que hay un total desgobierno.
A propósito, nosotros reconocemos que el
avance democrático es producto de una necesidad y de una exigencia social, pero también
reconocemos que ha sido el Gobierno de Zedillo el que hizo la reforma democrática
nacional, el que ha permitido que en la LVII Legislatura se abra el espacio de las voces
democráticas de México; ¡no reconocerlo es una acción y una perspectiva de una óptica
comprometida que no corresponde a la realidad; no reconocer que en el Estado de Chiapas, y
reconocemos que hay problemas de todo tipo, pero también reconocemos que hay un Gobierno
que ha hecho su esfuerzo y que tanto el Federal como el estatal ha puesto lo mejor para
conducir un proceso de gobernabilidad fortalecido en el Estado!
Finalmente, porque se me ha acabado mi
tiempo, señor Presidente, yo quisiera nada más decir que la impunidad sólo se combate
con la ley, que la impunidad sólo se combate con la aplicación estricta de la ley y
finalmente, dos pláticas, dos versiones, dos afirmaciones de dos grupos que usted
mencionaba, que conversamos el día de ayer: uno, con una sola cara de la moneda, eran los
zapatistas los atrabiliarios, eran los que habían vulnerado la estabilidad, eran las
viejas querellas y ahí las viudas con lágrimas en los ojos hablaban de atropellos, los
escuchamos, los buscamos, eran sus verdades; y en Polhó, con las autoridades autónomas,
era la otra parte de la medalla, eran vendettas de los priístas, eran ellos los que
habían atentado, eran ellos los que habían que responsabilizar, y en eso estábamos en
la discusión, en el análisis, cuando automáticamente nos informaron que dos de los
interlocutores de la primer reunión habían sido aprehendidos y querían aplicarles la
ley por el municipio autónomo.
Ahí dijimos que precisamente somos una
instancia mediadora, que no se podía hacer justicia por su propia mano, que existe una
Constitución en la República, que debemos respetar la ley, esto es lo que está en juego
en Chiapas, por eso es importante que tengamos un acuerdo para la estabilización y que
exijamos a las partes flexibilidad para poder avanzar en el proceso de pacificación de
Chiapas.
Muchas gracias.
A ver, proceda el diputado Gómez,
para contestar alusiones personales. Hasta por cinco minutos, diputado Gómez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
El diputado Albores se refiere,
respondiéndome, a hechos de los que él fue testigo ayer en Chiapas, en Polhó y en otros
lugares: personas deteniendo a otros que acababan de hablar con los de la Cocopa, tratando
de entregarlos a la autoridad; personas interrumpiendo el tránsito, haciendo una especie
de retenes buscando asesinos, pero también fueron a hablar con otros, con priístas, con
viudas de personas que han sido asesinadas.
¿Qué tenemos ahí, diputado Albores? El
diputado Albores dice que él llegó a decir que había que aplicar la Constitución y que
la ley y que esto y que lo otro. Por favor, diputado Albores, ¿qué Constitución?,
¿cuál ley?, ¿de qué están hablando?, ¿de qué hablan? Ahí no funciona nada de eso,
eso funciona en lugares donde existe el estado de derecho, más o menos, donde hay
violaciones a la ley, pero esas violaciones se pueden perseguir, en Chiapas no, diputado
Albores, nada de eso ocurre en Chiapas, porque en Chiapas no hay gobierno.
Todo lo que ha relacionado aquí el
diputado Albores, es simplemente darnos la razón, no se trata de este gobernador o del
otro, se trata de la inexistencia de las autoridades, las autoridades que se dicen serlo
no actúan como autoridades, ellos están en unos mecanismos ahí, utilizando la fuerza
que tienen, para llevar a cabo determinadas acciones políticas y criminales como ya
vimos, pero eso no quiere decir que estén actuando como autoridades.
Los otros, los rebeldes, así como las
abejas, así como los perredistas, actúan también con su propia ley, diputado Albores,
ellos imparten justicia como pueden y como la entienden, porque no hay ley ni hay justicia
ni hay gobierno.
Entonces, dice el diputado Albores: que el
Ministerio Público haga su trabajo.
El Ministerio Público habría que
aclararle federal, que el otro no existe.
Bien, y el Congreso ¿qué trabajo es el
que tiene que hacer? ¿Conversar aquí? ¿Discutir aquí? ¿Eso es su trabajo? Su trabajo
es hacer leyes.
Yo después de escuchar a algunos diputados
del PRI, senadores sobre todo, le decía yo al senador Mario Saucedo y al senador
Auldarico, que si no sería mejor, para construir la paz en Chiapas, hacer una mesa de
negociaciones con el PRI. ¿Qué quieren para que haya paz en Chiapas, vamos a ver qué
exigencias tienen, qué planteamientos hacen, de qué manera todo el resto del país puede
satisfacer sus requerimientos y podemos llegar a una negociación con el PRI para
garantizar una situación de paz, de legalidad, de tranquilidad?
Porque el elemento fundamental de la
violación de la ley, diputado Albores, quisiera que si no está usted de acuerdo conmigo
lo dijera, no es en este momento el EZLN; eso ocurrió allá en enero de 1994. En este
momento el elemento fundamental de la violación de la ley, de la inexistencia del estado
de derecho, es su partido, el partido de usted, diputado Albores; son los presidentes
municipales del PRI, son las bandas paramilitares, son la gente que hace masacres tipo
Chenalhó. Ese es el problema fundamental.
Entonces, el hecho de que ustedes sostienen
a un dizque gobernador, que no gobierna absolutamente nada, absolutamente nada. Es el
instrumento de un mecanismo de lucha en contra de los rebeldes, en contra de los neutrales
y en contra del PRD, y que ahí, el asunto, es cierto, no es tan sencillo.
Y diría yo por último: estamos nosotros
aquí haciendo anticipo de culpabilidades, estamos queriendo mandar al Senado una
petición que además la ley nos faculta para hacerlo y la ley dice que el Senado debe
reunirse cuando se está en receso, para recibir el planteamiento de que no existen
poderes en una determinada entidad. No estamos haciendo otra cosa, que el Senado lo
resuelva.
Los que están anticipando el veredicto son
ustedes que no quieren que este asunto se discuta en el Senado. Nosotros lo queremos
llevar allá para que se debata. ¿Por qué anticipar veredictos que en este caso serían
de existencia frente a la presunción de inexistencia de los poderes públicos en Chiapas?
Lo que conviene, lo que es correcto, es que
el Congreso, cuando una parte de sí mismo está diciendo que en Chiapas no hay poderes,
que han desaparecido los poderes, se reúna en la Cámara que corresponde de acuerdo con
la Constitución, que es el Senado, a recibir el planteamiento y hacer el análisis del
mismo.
Si el señor Ruiz Ferro puede demostrar que
él es gobernador y está fungiendo como tal, que lo demuestre, pero yo creo que es
indemostrable.
Ya el Presidente, indebidamente dando
órdenes al Ministerio Público, pero al fin de cuentas, para subrayarlo, envió al
Procurador General de la República. Ya el procurador fue, ya tomó en sus manos la
procuración de justicia, porque no hay quien lo haga en el Estado de Chiapas. Entonces
vamos a discutir ese asunto en el Senado, donde corresponde de acuerdo con la
Constitución. ¿Por qué negarse desde antes?, ¿por qué darle carpetazo a las cosas?
¿Eso es lo que tiene que hacer el Congreso, mientras el Ministerio Público hace las
averiguaciones el Congreso solamente discute, no hace absolutamente nada? Esa es mi
pregunta. Quisiera que me la contestara.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional.
| El diputado Santiago Creel Miranda: |
Muchas gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Vengo a esta tribuna para rectificar hechos
y paralelamente para argumentar a favor de la propuesta que hemos efectuado los diferentes
partidos de oposición, para que esta Comisión Permanente convoque al Senado de la
República con una agenda exclusiva, para que determine si hay o no las causas y los
supuestos jurídicos de la desaparición de poderes en el Estado de Chiapas.
Aquí ya se ha hecho alusión al artículo
2o. de la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General
de la República. Este es el precepto en donde se indican los diferentes supuestos al
amparo de los cuales debería el Senado considerar la desaparición de poderes en alguna
entidad de la República.
Yo no quisiera anticiparme a una
atribución que exclusivamente la tiene el Senado, sin embargo, aquí ya ha habido al
menos dos referencias muy claras a esta disposición: una por parte del senador Pérez
Jácome y otra por parte del senador Ramiro Robledo. Yo quisiera hacer un repaso de esta
disposición, sin anticiparme a lo que pudiera resolver el Senado de la República, simple
y llanamente para motivar y fundar la proposición que hemos hecho los cuatro partidos de
oposición: el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el
Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
La proposición es muy clara, consiste en
que esta Comisión Permanente convoque al Senado de la República para determinar si
efectivamente se ha configurado la desaparición de poderes en el Estado de Chiapas.
¿Por qué hacemos esta propuesta? En
primera instancia porque pensamos que hay indicios suficientes para configurar y para
materializar uno de los supuestos contenidos en el artículo 2o., precisamente en la
fracción III, que por cierto aquí fue leído, pero no fue leído de manera completa.
Me voy a permitir darle lectura a esta
disposición y fundar precisamente los motivos que nos han inducido a los cuatro partidos
de oposición a fundar la motivación para pedir que el Senado revise este asunto.
Dice así el artículo 2o.: "primero.
Se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que
los titulares de los poderes constitucionales y me voy a remitir directamente a la
fracción III, dice lo siguiente. estuvieren imposibilitados físicamente para el
ejercicio de las funciones inehrentes a su cargo". Ciertamente éste no es el
supuesto es el primero de ellos.
Segundo supuesto de esta fracción III que
dice así: "...con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por
ellos mismos, es decir, por los titulares de esos poderes en las entidades federativas,
que afecten la vida del Estado, y aquí es lo más importante, impidiendo, y vean ustedes
el calificativo que se utiliza, impidiendo la plena vigencia del ordenamiento
jurídico".
En consecuencia, aquí tenemos dos
supuestos dependientes uno del otro en esta disposición, cuales sea. El primero de ellos
es que los titulares propicien ellos mismos esas causas que inhabiliten el orden
jurídico, de tal suerte que se impida la plena vigencia de un estado de derecho.
Se puede propiciar una cosa por dos causas:
por acción o por omisión.
Me parece que en este momento es prematuro
hablar de acciones directas, aunque ciertamente hay ciertos indicios, pero eso me parece
que sería más bien tema que debía de abordar el Senado de la República en su momento,
pero ciertamente hay acciones por omisión que nos parecen han propiciado que precisamente
no se den esas condiciones, que aquí lo marca, la plena vigencia del orden jurídico en
Chiapas.
¿Por qué? Bueno, a mí me parece que si
hablamos de omisiones, las situaciones se vuelven ya mucho más transparentes. En primera
instancia, desde marzo pasado el gobierno local ha estado recibiendo informes, llamadas de
atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del surgimiento de todos
estos grupos paramilitares y particularmente en el municipio de Chenalhó, pero también
ha recibido informes por parte de las diferentes iglesias, desde hace muchos meses, de los
propios partidos políticos y no solamente de los partidos, también de las organizaciones
intermedias no gubernamentales.
Aparte de ello, los medios de comunicación
han informado profusamente de la escalada de violencia que ha tenido el Estado de Chiapas
en los últimos meses.
Hace un par de semanas, en una cadena
nacional, vimos un informe muy pormenorizado de lo que estaba ocurriendo en esa región.
Yo creo que estos lamentables
acontecimientos han sido quizá para registro de nuestra historia, como la masacre más
anunciada que yo haya tenido memoria.
Ciertamente la escalada de violencia que se
dio en el Estado de Chiapas, era algo conocido para todos o para todos los que quisieran
informarse, pero, sobre todo, para el gobierno del Estado de Chiapas.
¿Qué hizo el gobierno del Estado de
Chiapas? Aquí me parece a mí que es donde se materializa claramente el supuesto de la
omisión que da como resultado la violación al precepto contenido en el artículo
segundo, la fracción tercera de esta ley reglamentaria que acabo yo de citar.
Simplemente si hablamos del surgimiento de
grupos paramilitares, públicamente conocemos ya siete de ellos: el de Paz y Justicia, el
que perpetró los lamentables acontecimientos de Chenalhó; Los Chinchulines; el
Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista; La Alianza San Bartolomé de los
Llanos; El Ejército Popular del Pueblo; el Tomás Muster; La Máscara Roja, por citar
solamente unos cuantos. Siete grupos paramilitares que tienen actualidad y vigencia en el
Estado de Chiapas.
A mí me parece que el supuesto del
artículo tercero, se materializa plenamente en el sentido de que no hay un pleno estado
de derecho. Así está la redacción de esta disposición. Así lo quiso especificar el
legislador.
En consecuencia, las cuatro fracciones que
acabo de mencionar de los grupos parlamentarios, deseamos que se convoque por esta
Comisión Permanente y esperemos que podamos tener la anuencia de los compañeros y
compañeras del PRI para sumarse a esta propuesta, dado que requerimos las dos terceras
partes de los votos de los integrantes de esta Comisión Permanente, para solicitarle al
Senado que pueda llevar a cabo su proceso de reflexión y análisis que le corresponde en
esta materia.
Le pediría, señor Presidente, su anuencia
para que, de acuerdo con el artículo 148, que cuando esta proposición se ponga a
consideración de este pleno, la votación sea nominal, para ello se han sumado cinco
diputados, el diputado José Espina, el diputado Luis Patiño Pozas, el senador Juan
Antonio García Villa, el diputado Jesús Martín del Campo, el diputado Francisco José
Paoli y la diputada Verónica Velasco.
Hago esto con objeto de que se sepa, de que
el pueblo de México sepa, en caso de que se deriven futuras situaciones, que se sepa
quién votó a favor y quién votó en contra de la propuesta que acabo yo de hacer.
Muchas gracias.
En uso de la palabra, para rectificar
hechos, el diputado José Espina, del PAN.
| El diputado José Espina von Roehrich: |
Con su venia, señor Presidente.
Vengo a esta tribuna para presentar algunos
otros planteamientos y reflexiones que compartimos los legisladores del PAN.
Cuando se habla del problema de Chiapas, se
han venido asumiendo dos posiciones extremas que no hacen justicia a la realidad que ahí
se vive. Una: minimizar el conflicto de Chiapas, señalando que es un conflicto
intercomunitario; que se trata de un pleito de familias; que son sólo brotes de violencia
en algunas comunidades de unos cuantos municipios del Estado.
Sin duda, se trata de una visión miope e
irresponsbale, pues impide abordar el problema con una perspectiva integral, que permita
encontrar soluciones verdaderamente de fondo. La otra, habla de internacionalizar el
conflicto, esto es, que debe ser un asunto de los foros internacionales y de la opinión
pública mundial, por encima incluso de las instancias y autoridades mexicanas.
Nosotros consideramos que no, que quede
claro. El conflicto no es de dimensiones locales, sus causas y repercusiones son de nivel
nacional, así debe ser tratado y resuelto y, en consecuencia, tanto el Poder Ejecutivo
Federal como el Congreso de la Unión, debemos asumir con plena responsabilidad nuestras
funciones, para encontrar de manera decidida y pronta la solución a este problema.
En Chiapas existen vacíos preocupantes;
Primero, un vacío de autoridad; por
incapacidad, indolencia o complicidad, el gobierno estatal no detiene la escalada de
violencia; el Gobierno Federal tampoco aplica medidas eficaces. Su indecisión para
resolver el conflicto ha sido la manera más eficaz para atizar los enconos, las
diferencias y con ello posponer y complicar la solución del mismo.
Segundo, no hay estado de derecho. Los
testimonios de las diferentes comunidades, priístas y prozapatistas, coinciden en la
impunidad con que actúan grupos armados fuera de la ley, en ocasiones ante las fuerzas
del orden, que se mantienen al margen o actúan parcialmente a favor de un grupo. Las
comunidades priístas o prozapatistas imponen condiciones a los habitantes: cobran
impuestos, desplazan, operan retenes en los caminos etcétera.
No existe razón alguna que justifique
cualquier acto de violencia en ninguna comunidad que se precie de vivir en un estado de
derecho y esto es precisamente de lo que se carece en Chiapas.
Tercero, no hay trabajo efectivo de
reconciliación. El encono y rencor entre los grupos se acrecientan. Las instancias
gubernamentales no tienen autoridad de facto ni moral, para convocar a la unidad.
La Conai parece más interesada en su
propio proyecto, que en trabajar de manera decidida y efectiva por la paz. La Cocopa, por
su conformación plural y su criterio de proceder siempre por consenso, se ha visto
envuelta en calidad de rehén de los intereses de las partes, y en particular de los
intereses del PRI y del gobierno de Chiapas y está por ello seriamente lastrada.
Por su parte, el Gobierno ha emprendido una
intensa campaña para dar a conocer el gasto social, pero aunque esto se magnifique en su
propaganda, no logra resolver el problema, porque buena parte se desvía gracias a la
corrupción y porque se trata de una estrategia que no ataca la raíz de la problemática
que padecen desde hace muchas décadas los chiapanecos.
El Gobierno, con sus acciones y omisiones,
parece apostar al progresivo deterioro del tejido social en la zona de Chenalhó, para que
las partes beligerantes se eliminen entre sí sin la intervención directa del Ejército.
Este proceso está ya avanzado y las consecuencias pueden ser mucho más graves que las de
la matanza de Acteal y de tantos otros asesinatos y atropellos.
El deterioro del tejido social afecta la
integración de las comunidades y de las familias. Las rivalidades atraviesan militancias
partidistas, creencias religiosas, identidades raciales, regionales, pero pese a su
gravedad, estas diferencias no son el problema; lo grave es que hayan llegado a tal
extremo por la falta de autoridad, de poco respeto al estado de derecho y por la
deliberada exacerbación que ha provocado lo que parece un plan deliberado de
confrontación.
Se requiere que a nivel federal y local, la
autoridad se ejerza con sentido de responsabilidad, con vocación de servicio, con
capacidad y legitimidad democrática.
Un simple relevo del titular del Ejecutivo
estatal o de cualquier funcionario, no será suficiente si no se impulsa un cambio en la
manera de asumir la autoridad y de ejercer el poder.
Es imprescindible que se restablezca el
estado de derecho en la zona, no sólo entendido como el respeto a la ley vigente, en
cuanto a criterio para organizar la vida de los hombres y las comunidades, sino como el
esfuerzo de incorporar a este marco jurídico, los derechos de los pueblos indios. Esto
requiere un serio esfuerzo de los partidos y de acciones consecuentes con las palabras de
parte del Gobierno para arribar a consensos en el marco de los acuerdos de San Andrés.
Concluyo, señor Presidente.
Hay que fortalecer las instancias de
reconciliación porque sólo reconstruyendo el tejido social, estaremos dando solución de
raíz al conflicto.
La auténtica reconciliación no puede
fundarse en la amnesia, sino en la justicia y el respeto por los derechos de todos y cada
uno de los miembros de esas comunidades.
Por eso Acción Nacional se manifiesta
decidido a fortalecer el trabajo de la Cocopa y refrendar contra quienes tienen manifiesto
interés de que fracase, su confianza en esa instancia de concordia y pacificación. Es
una instancia institucional, es una instancia del Congreso, plural y representativa. No
podemos permitir que sea neutralizada por intereses particulares que deben dejar paso al
supremo interés general.
Muchas gracias.
En uso de la palabra, el diputado
Sadot Sánchez Carreño.
| El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Coincidimos todos, y retomo las últimas
frases del orador que me antecedió, en que la búsqueda en la que debemos empeñarnos, es
en la reconciliación a través del diálogo. Pero ésta sólo podrá darse en la medida
que con lucidez y desinterés partidista ejercitemos las armas del derecho y de la ley.
Es la aplicación de la ley, es el
ejercicio de nuestros derechos, excluyéndolos de los rencores y de los resentimientos, lo
que nos permitirá arribar con decisión a las propuestas decisiones, y respuestas que se
espera de este debate a nivel nacional.
Hemos escuchado y a veces parece
contradictorio, el discurso que han venido a expresar algunos miembros del Partido de la
Revolución Democrática. Señalaban algunos que no están en contra de la militarización
expresaban otros que el Ejército debe salir de Chiapas. Comentaban otros que no debe de
haber un debate partidista y mencionan otros que es precisamente éste el ámbito en el
que se debe de discutir.
La fracción del PRI rechaza, lo ha hecho,
lo hacemos ahora y lo hará de manera categórica, la imputación que se hace sobre la
responsabilidad de los hechos acaecidos el 22 de diciembre.
A nosotros nos queda muy claro que la
atadura en la que se suman una serie de causas que podemos enlistar, externas e internas,
religiosas y económicas, culturales y sociales, políticas y de enfrentamiento ancestral,
han producido este resultado cuyo rostro de tragedia a todos nos entristece y agravia a
los mexicanos.
No podemos decir los priístas que el 23 de
septiembre, cuando fallecieron dos militantes: Joaquín Velázquez y Mariano Vázquez, en
Los Chorros, militantes priístas, se haya debido a una situación de enfrentamiento
propiciada por algún partido de oposición. No podemos decir que en Tila y en Chenalhó,
el 5 de octubre murió otro militante nuestro y que imputemos a alguna organización
política la autoría intelectual de este hecho.
Como el caso sucedido el 17 de octubre en
Sienevuelón, comunidad de Chenalhó, donde murieron también miembros que estaban
identificados con una afiliación partidista de mi partido.
Lo sucedido el 25 de octubre, cuando 12
priístas fueron heridos en Majomut.
Como tampoco podemos argumentar, en un
reduccionismo simple, que fueron simples enfrentamientos partidarios los que en Tila, la
comunidad de Aguacaliente, se produjeron y que ha sido identificada la agrupación Abu Zhu
Arrieta Noc Tul.
Ni tampoco cuando en agosto en Tenejapa fue
secuestrado Sebastián Santís Luna, alcalde de ese lugar.
No caigamos en esa reducción simple, que
sabemos y no nos extraña, viene aquí a expresarse en un linchamiento político, que
obviamente busca el lucro de los acontecimientos y busca aumentar más las papeletas
electorales en los procesos.
En cambio nosotros buscamos que a través
del derecho, pero de la aplicación serena de las facultades que tiene esta comisión, no
solamente se atienda, sino se responda con eficiencia y en forma expedita, como lo
solicitan hoy el pueblo de Chiapas y el pueblo de México.
Tampoco estamos de acuerdo en vulnerar
precisamente la competencia de esta comisión, al admitir la solicitud de una convocatoria
de periodo extraordinario, para que el Senado analice y determine la declaración de la
desaparición de poderes en el Estado de Chiapas.
Esta fracción, que queda señalada con el
número V del artículo 76 constitucional, es sumamente clara en el sentido de conferir,
que es un hecho que viene a certificarse ante una situación que existe en la realidad y
en ella, en esta fracción V, se habla de que "solamente procederá la declaración
cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado" y los
poderes constitucionales de un Estado se integran no solamente por el Ejecutivo, sino por
todo el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por todo el conjunto de los miembros del
Congreso de la legislatura local.
Y precisamente para evitar que se dieran
medidas arbitrarias de parte de algún órgano de la Federación, como en este caso el
Senado, fue que Paulino Machorro, el Constituyente de 1857, introdujo esta reforma en el
Congreso de 1917, para evitar la redacción que estaba en 1857, en donde se admitía que
fuese el Poder Legislativo y Ejecutivo los que pudieran tener o actualizar esta hipótesis
y que no era necesario que fueran todos los poderes.
A partir de 1917, con esta lucidez que tuvo
el Congreso reunido en Querétaro, trató de atajar y de encadenar irrestrictamente al
cumplimiento del derecho el que en un Estado se diera la totalidad de un vacío, en donde
no existiera el ejercicio de ninguna de las competencias y facultades que tuvieran los
titulares de los poderes.
Por eso es que no coincidimos en que se
actualice la fracción III, a que se refiere el artículo 2o. de la ley reglamentaria.
En efecto, ahí se habla como lo ha leído
el diputado Creel, "que se configura la desaparición de poderes cuando existen
conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del estado e
impidiendo la plena vigencia del orden jurídico".
Si nosotros interpretáramos que en el
quebrantamiento del orden jurídico necesariamente se satisface esta hipótesis,
estaríamos diciendo que aquí en el Distrito Federal, donde se cometen 800 delitos,
habría 800 causales para la desaparición de poderes porque se está rompiendo un orden
jurídico.
Aquí habla de la vigencia del derecho en
todo su conjunto y tan no es así que estamos aplicando, como Estado, se está aplicando
en Chenalhó el orden penal y tan es así que hay consignadas 40 personas que están
sujetas a la indagatoria correspondiente; se está aplicando el derecho, el derecho penal,
con una facultad que la ejerce el Ministerio Público Federal y que corresponde como
titular a quien es titular del Ministerio Público, el Procurador General de la
República, que es dependiente del titular del Ejecutivo.
El Ejecutivo si tiene facultades para poder
indicar a quien a quien es titular del Ministerio Público, el llevar a cabo algunas
acciones, como lo hizo a petición y para que se llevaran a cabo las condiciones
políticas en las que permitieron reunir a ambas partes. Fue precisamente a través del
desistimiento penal cuando el 1o. de noviembre de 1996 se puso en libertad a ocho
presuntos zapatistas; el 3 de enero de 1997 fueron liberados otros presuntos miembros del
EZLN; el 15 de mayo de este mismo año fueron liberados tres indígenas del norte de
Chiapas; el 23 de mayo de 1997 se logró con 11 indígenas en las mismas condiciones. Son
éstos los hechos que hablan de la voluntad política del Ejecutivo Federal, para poder
abonar y propiciar las condiciones que permitan un restablecimiento de las situaciones que
deben existir para la reconciliación y el diálogo.
Es dentro del régimen del derecho donde la
única forma que podemos construir es a través de la ley y la aplicación estricta de las
normas jurídicas.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Paoli, del Partido
Acción Nacional.
| El diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
Brevemente quiero recapitular sobre los
puntos fundamentales que hemos discutido esta mañana, en torno de este grave
acontecimiento que agravia fundamentalmente a todos los mexicanos.
Primero, nadie sostiene que por lo que unos
delincuentes hubieran cometido y que éstos militen en un partido político, se transfiera
la responsabilidad de esos crímenes al partido; este sería un planteamiento absurdo. Lo
que hemos sostenido los partidos políticos de oposición, es que los modos de control
político corporativo, que las responsabilidades acumuladas por largos años, que las
malas decisiones en inversiones, que el manejo de control que se ha hecho a través de una
política social que ha tenido como propósito fundamental mantener en el poder a un
partido político, ha causado y ha acumulado por largas décadas, en los últimos años
muy marcadamente, un acontecimiento tan brutal como éste.
Y, por tanto, nosotros estamos sosteniendo
una tesis política, estamos sosteniendo que los responsables políticos de esta
situación deben salir del gobierno, porque han sido incompetentes, porque han sido
incapaces, porque han sido corruptos y porque han manejado un conjunto de elementos y un
patrimonio que debería ser nacional y para el bien común, para favorecer a un partido
político; ése es el que debe dejar hoy el poder en Chiapas.
En segundo lugar, no se discute aquí sobre
las responsabilidades individuales de los que hubieran cometido material e
intelectualmente delitos graves. Se discuten las causas de la violencia y las condiciones
sociales y políticas que condujeron a la matanza de Chenalhó; se discute la
responsabilidad política, por lo cual se propone la desaparición de poderes. Por eso
podemos anticipar que el voto de los priístas será en contra de que pase a ser analizada
esta responsabilidad política siquiera por el Senado, en donde por cierto tienen
mayoría. Ni siquiera se permiten que sea analizada con seriedad una responsabilidad
política fundamental que ha sido mostrada por el Senado en el que tienen mayoría y por
eso proponen un documento de declaraciones al aire y generales, en lugar de establecer la
responsabilidad política que puede establecerse con la desaparición de poderes en el
Estado de Chiapas.
Esto es todo, muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene el uso de la palabra el senador Trinidad Lanz Cárdenas, por el
Partido Revolucionario Institucional.
| El senador José Trinidad Lanz Cárdenas: |
Con la venia de la Presidencia.
No haré referencia a los hechos que de
manera tan amplia se han expuesto en esta tribuna y en relación a diferentes
planteamientos y posturas; el propósito de tomar la tribuna es solamente justificar la
negativa de los priístas a aceptar que se convoque a un periodo de sesiones
extraordinarias.
Dentro de las pocas facultades que tiene
esta Comisión Permanente, está ésta, que está establecida en la fracción III del
artículo 79, pero no es una facultad que deba ser minimizada simplemente por
planteamientos hechos y por solicitudes abiertas; tan es así que la propia Constitución
establece, como ya se rubricó en alguna intervención anterior en esta tribuna, que tiene
que hacerse por una mayoría calificada; lo cual está revelando el deseo del
Constituyente, en el sentido de que la convocatoria a un periodo de sesiones
extraordinarias, en este caso que se ha planteado en el Senado y que también se ha
planteado en el Congreso de la Unión, debe obedecer a razones y no simplemente a
peticiciones.
Bien es cierto que no es facultad de la
Comisión Permanente, el juzgar sobre si han desaparecido los poderes o no del Estado de
Chiapas, ésta es una facultad exclusiva del Senado de la República; pero también lo es
que obedeciendo a motivaciones políticas de otras épocas, se cayó, inclusive, en el
absurdo constitucional de que fuera la Comisión Permanente la que declarara desaparecidos
los poderes de un Estado y se cayó en el absurdo constitucional de que fuera la Comisión
Permanente la que designara a un gobernador.
No deja de resultar curioso el discurso y
el planteamiento político. En algunas de las intervenciones de Acción Nacional y del
PRD, se ha hablado del atropello de la soberanía de los estados y se ha hablado también
del desdoro del federalismo... no acepto contestar preguntas. Pregúnteselo usted.
Adelante, diputado Paoli.
| El diputado
José Francisco Paoli y Bolio (desde su curul): |
Quisiera hacer una interpelación al
señor senador.
| El senador José
Trinidad Lanz Cárdenas: |
No acepto interpelaciones porque no
existen en la ley y si es pregunta tampoco. Si era para cortarme la idea, a lo mejor lo
consiguió el señor. Pero seguimos sobre esta línea.
Traigo en la mano un libro que se llama
Callero, fue un libro escrito en el año de 1979, donde se analiza política,
jurídicamente, el abuso que se ha cometido por la Federación contra la soberanía de los
estados, aquí habla de 67 gobernadores derrocados entre 1929 y 1979. Hace ya algunos
años de esto y la suma se ha aumentado.
Ahora que se habla del nuevo federalismo,
que se habla de la necesidad de fortalecer al federalismo, resulta totalmente increíble
que se venga a plantear usando sofismas de interpretación jurídica el que procede, el
que se declaren desaparecidos unos poderes.
¿Qué se quiere con ello? ¿Contravenir
esencialmente el deseo compartido por todas las fuerzas políticas nacionales, de la
necesidad de fortalecer al federalismo con un desdoro más?
No creo que sea nuestra facultad de
decisión en este momento, pero tampoco podemos quedar los priístas que votaremos en el
momento de la discusión, como simplemente arbitrarios. No puede ser arbitrario lo que es
razonado y aun cuando no aceptemos las razones de los demás y aun cuando los demás no
acepten las razones nuestras, no es un simple capricho ni una posición arbitraria el
sostener que en casos como éste, aunque no vamos a juzgar sobre el Estado de
desaparición de poderes, si tenemos que hablar de los indicios de que se hablaba
anteriormente en la tribuna.
No hay indicios de que exista desaparición
de poderes, los poderes constituidos del Estado de Chiapas siguen funcionando, fucinona el
Poder Ejecutivo legalmente constituido, funciona el Congreso del Estado legalmente
cosnstituido, funciona el Tribunal Superior de Justicia legalmente cosntituido. ¿En
dónde está entonces la desaparición de poderes?
Las fracciones que establece la ley
reglamentaria, que es una ley que vino a surgir tadíamente en la historia política
de la nación, establecen de manera categórica en una interpretación auténtica hecha
por el legislador de lo que había dado lugar a tantos abusos del Poder Ejecutivo Federal,
en donde los gobernadores que no aceptan las decisiones del centro, eran destituidos
prácticamente por diferentes medios.
En la reforma política que se hizo en el
año de 1978 se tomó esto en reclamo que había surgido en todos los círculos
académicos y políticos de México. Una de las cosas que más afectaban ere la
desaparición de poderes y que más lesionaban en sí mismas la esencia federal de esta
nación, con atropello de las autoridades constituidas en los estados.
Así ha sido plenamente reconocida en una
ley aplaudida por todos los constitucionalistas mexicanos y cabe referirnos a cualquiera
de ellos, de cualquier istmo en que podamos colocarlos, en que vino a establecer un freno
a lo que había sido un abuso desorbitado contra la soberanía de las entidades
federativas.
Dentro de estos indicios, que se han
hablado con verdadera suficiencia en esta tribuna, no advertimos ninguno que pueda
encajar, cuando menos a nivel de un prejuicio ni siquiera de un juicio, la necesidad
de convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, para que el Senado ejerza su
facusltad constitucional.
Desde este punto de vista, nosotros nos
oponemos a que esta Comisión Permanente se convierta en mecánica y automática en una de
las pocas facultades que tiene. Que si las va a ejercer, las ejerza de manera razonada,
con motivos que justifiquen su decisión y no simplemente acudiendo a protagonismos y a
hechos que, por lamentables que sean, no justifican el cambio de la vida constitucional de
esta nación.
Estas son las razones que nos orientan a
rechazar estas propuestas para que sea el Senado de la República quien venga a intervenir
en un conflicto que no tiene por qué intervenir.
Si somos juristas en términos
constitucionales, más que una desaparición de poderes podríamos hablar de una
aplicación del artículo 29 constitucional, de una suspensión de garantías en donde se
ha perturbado el orden público en una región determinada.
Los caminos que la Constitución señala
son los caminos que nosotros debemos seguir, no los que simplemente nos indiquen nuestras
buenas o malas intenciones. Esta es la situación constitucional, ésta es la situación
legal que se advierte del contenido del artículo 79 de la Constitución, del artículo 76
en sus fracciones V y VI y de la ley reglamentaria del artículo 76 fracción V, expedida
en diciembre de 1998, 1988, perdón, 1978, que vino a señalar una clarificación en
procedimientos que enturbiaban totalmente la visión política del federalismo mexicano.
Por estas razones nosotros nos opondremos a
que se apruebe esta medida.
Habiéndose agotado los oradores
inscritos... El senador Saucedo solicita la palabra para rectificar hechos, hasta por
cinco minutos.
| El senador Mario Saucedo Pérez: |
El legislador que me antecedió ha
planteado que no existen motivos para declarar desaparecidos los poderes, porque existe un
gobernador, existe un Congreso y existe un sistema judicial vigente y efectiva,
nominalmente hay un gobernador, hay un Congreso, hay un sistema judicial y hay una
institución judicial.
Lo que aquí hemos venido planteando es que
estos poderes que están en Chiapas, los poderes en el Estado de Chiapas no pueden
garantizar más el orden jurídico vigente. Que son corresponsables de la situación de
ingobernabilidad que vive ese Estado, y que por lo tanto es preferible que el Congreso de
la Unión, como un poder autónomo e independiente, asuma la responsabilidad ante un
Estado que supuestamente soberano, se ha quebrantado la ley por las propias autoridades.
Es preferible, señoras y señores
legisladores, que sea este Congreso, que sea el Congreso de la Unión, a través del
mecanismo del Senado, el que evalúe, analice y declare la desaparición de los poderes, y
no nos encontremos con la novedad, que seguramente se puede dar, que el gobernador es
removido por el Presidente de la República y se nombra a otro gobernador interino y que
de esa manera la representación popular en el Congreso de la Unión no asuma su
responsabilidad al cuidado del pacto federal.
Se ha señalado que en la fracción III del
artículo 2o. de la ley reglamentaria, del artículo 5o., fracción V del artículo 76,
señala que ha habido de parte de las autoridades en Chiapas una serie de acciones,
omisiones, negligencias por las cuales no se puede asegurar, como lo señala la fracción
III, la plena vigencia del orden jurídico.
Los hechos de Chenalhó, como aquí se han
narrado ampliamente y se ha hecho inclusive una analogía a esa novela que escribiera
García Márquez, de La Crónica de una Muerte Anunciada, son producto de una serie de
acontecimientos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de denuncias que en
el Senado, que en la Cámara de Diputados, que los partidos políticos, que las
organizaciones sociales han venido haciendo en distintos foros, acerca de la falta de
garantías más elementales de los derechos humanos, de las garantías constitucionales.
No hemos acusado aquí, ninguno de los
compañeros de nuestra fracción, del PRD, al PRI como una organización criminal,
responsable de estos asesinatos.
Hemos dicho, porque no estamos, no estamos
aquí, al menos no estamos aquí, al menos yo así lo veo, frente a una organización de
criminales representada por la fracción del PRI.
He hecho una denuncia y esta denuncia la
hizo el senador Carlos Payán y aquí hace unos momentos cuando hizo uso de la tribuna, de
nombres responsables de los grupos paramilitares, de quiénes han estado auspiciando y
fomentando la existencia de estos grupos y quiénes son los que están al frente. No
quisiera repetir, pero esta denuncia no es de ahora ni las denuncias de los atropellos de
las acciones que han hecho con la quema de casas, con los asesinatos, con la represión,
con el desalojo de comunidades enteras, son parte de una historia que se ha venido dando
en el Estado de Chiapas, producto, y ahí está tal vez el problema central, de una
estrategia que desde Gobernación se ha diseñado para que a partir de la ruptura del
diálogo en Chiapas, el Gobierno no pase nada. Para que el Gobierno, lo ha confesado,
inclusive el titular del Poder Ejecutivo, de que su política en Chiapas es buscar que se
desgaste el movimiento zapatista para que haber si de esa manera pueden doblegar a este
movimiento.
Hemos dicho, y señores priístas, ustedes
son responsables de que en su organización haya corporativismo, que haya organismos
sociales en su seno, de que existen grupos paramilitares armados que han violentado la
legalidad, que son los responsables de los asesinatos en Chiapas y que se dicen son
cobijados por priístas, por presidentes municipales priístas, por un gobernador priísta
y así lo hemos venido señalando, no de ahora, sino de antes, la complicidad de los
cuerpos policiacos, alentando a estas organizaciones.
Es cierto, el PRI no es una organización
criminal, pero en el PRI se cobijan organizaciones criminales y se cobijan individuos que
han delinquido. Ahí está el caso del señor Muñoz Rocha o el caso del principal
priísta del sexenio pasado, el señor Salinas de Gortari, que tiene en su haber muchos
actos delictivos en contra de la nación.
Por eso planteamos que es necesario que la
Comisión Permanente, en representación del Poder Legislativo, asuma la responsabilidad
convocando al Senado, para que éste evalúe y analice la acción de la desaparición de
poderes.
No es menor lo que ha sucedido en
Chenalhó. Hemos también denunciado reiteradamente si existe en la formación de los
soldados o de los grupos paramilitares la presencia de los kaybiles.
Preguntarías al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, conocido por aquí por varios diputados y senadores, el Cisen y a la
inteligencia militar involucrada en Chiapas, si nos pueden proporcionar información sobre
cómo operan estos grupos paramilitares, ya que en la forma de actuar y ejecutar a las 45
personas de Chenalhó, se asemeja mucho a los kaybiles, aquel grupo que dice que se
reconoce a sí mismo como monjes de la guerra y arcángeles de la muerte.
Sobre todo que nos expliquen en el Cisen,
¿por qué 25 elementos élite, graduados en la Escuela de Comandos en Guatemala, han sido
entrenados como máquinas para matar por este grupo.
Lo de Chenalhó no es un capítulo más en
la historia de Chiapas y en la historia del país, reclama que la Comisión Permanente sea
sensible y asuma como responsabilidad de vigilar el pacto federal, la necesidad de
convocar al Senado y pueda de esta manera decretarse lo que es una realidad: la
ingobernabilidad en Chiapas, que cada día se agrava más, es producto de un desgobierno,
de una ausencia total de autoridades judiciales, legislativas y ejecu-tivas.
Por eso pedimos, señores priístas, porque
en ustedes, señores legisladores, diputadas, diputados, senadoras y senadores, en ustedes
está, dado que los cuatro partidos de oposición hemos planteado claramente la necesidad
de que esta comisión asuma su responsabilidad, frente a la ciudadanía en Chiapas y
frente a la nación y frente a la opinión pública internacional, lo que está demandando
en estos momentos, es poner las bases seguras, para poder en Chiapas restablecer el orden
constitucional.
Muchas gracias.
Durante el desarrollo de esta
sesión, los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente, han hecho
llegar a la Presidencia una propuesta que contiene un punto de acuerdo en relación con el
tema que nos ocupa.
Solicito a la Secretaría dar cuenta con el
documento mencionado. Diga diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Le ruego, señor Presidente, que la
Secretaría dé lectura al artículo 3o. y al artículo 4o. de la ley reglamentaria, de la
fracción V del artículo 76 constitucional.
Artículo 76; proceda la Secretaría
a dar lectura.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Atendiendo la instrucción de la
Presidencia:
Artículo 3o. La petición para que el
Senado conozca de las causas a que se refiere el artículo anterior, podrá ser formulada
por senadores, diputados federales o por ciudadanos de la entidad. Recibida la petición,
si el Senado la estima procedente, la turnará a la comisión correspondiente para que
formule dictamen. La resolución, en su caso, se producirá dentro de los cinco días
siguientes al recibo de la petición.
Artículo 4o. En los recesos del Congreso
de la Unión, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias, a fin de que
el Senado se reuna dentro de los tres días siguientes, para conocer de las peticiones a
que se refiere el artículo anterior. El acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias,
deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de
la Comisión Permanente.
Proceda la Secretaría a dar cuenta
del punto de acuerdo propuesto por varios legisladores de diversos grupos parlamentarios.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Con fundamento en el artículo 58 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos
parlamentarios representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión, proponen:
«Unico. La Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión manifiesta su respaldo a la Comisión de Concordia y
Pacificación en sus trabajos pendientes a propiciar el diálogo y la negociación,
encaminados a la obtención de los acuerdos previstos en la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, así como promover entre las autoridades
competentes para realizar el diálogo. Dado en la Ciudad de México, D.F., 29 de diciembre
de 1997. Firman diputados: Arturo Núñez, Fidel Herrera Beltrán, Pablo Gómez, Jesús
Martín del Campo, Francisco Paoli y Bolio, Luis Patiño, Santiago Creel, José Espina;
senadores: María de los Angeles Moreno, Oscar López Velarde, Rodolfo Elizondo, Mario
Saucedo y José Angel Conchello.»
Es todo, señor Presidente.
Tres proposiciones que se han hecho a
la Asamblea, que serán votadas en el orden en que fueron presentadas y a partir de la
propuesta que hizo el diputado Creel, sometemos a la consideración que las tres
propuestas sean votadas de manera nominal.
Para normar el criterio de la Asamblea,
solicito a la Secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del
Congreso.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Artículo 58. Las proposiciones que
no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar
los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas
por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en
que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los
fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de
la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o
proposición.
III. Inmediatamente se preguntará a la
Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la
comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
Proceda la Secretaría a dar cuenta
de la primera propuesta presentada a la consideración de esta Asamblea.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Propuesta de los partidos de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo:
Con fundamento en los artículos 67 y 79
fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y IV de
la ley reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la
República, los legisladores abajo firmantes, solicitamos a la Presidencia someta a
consideración de esta Comisión Permanente la siguiente
PROPOSICION
"Unica. Se convoque a un periodo de
sesiones extraordinarias al Senado de la República, para que en ejercicio de sus
facultades constitucionales discuta y acuerde respecto a:
Primero. Determinar que se ha configurado
la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el Estado de Chiapas
y haga la declaratoria de que se debe nombrar un gobernador provisional.
Segundo. El nombramiento, en su caso, del
gobernador sustituto en el Estado de Chiapas, propuesta en terna del Presidente de la
República."
Expreso que el Partido Verde Ecologista se
ha sumado a esta proposición.
Se pregunta a la Asamblea si alguien
quisiera hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Pablo
Gómez...
Perdón, senador, pero es el procedimiento
previsto en el artículo 58 que hemos invocado y da la oportunidad de que se inscriba un
orador a favor y uno en contra, en su caso.
¿Alguien quisiera hacer uso de la palabra
en contra de la propuesta? El senador Lanz, en contra.
Adelante, diputado Pablo Gómez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores legisladores:
Yo sostengo que no está discutido el
planteamiento que se hace para convocar al Senado. He pedido al Presidente que la
Secretaría leyera el artículo 3o. y el artículo 4o. de la ley reglamentaria, de la
fracción V del artículo 76 de la Constitución y nos encontramos la respuesta que
estamos pidiendo en estos dos artículos:
"Es facultad constitucional del Senado
recibir las peticiones para que se considere que han desaparecido los poderes en una
entidad."
Cuando se pide el voto en contra en la
Comisión Permanente se está pidiendo que se vote en contra de que el Senado reciba la
petición y la reciba de acuerdo con la ley. Existe, en efecto, una ley que dice cómo el
Senado la recibe y tiene dos hipótesis esa ley: la del artículo 3o., cuando hay sesiones
ordinarias, dice quién puede hacer la petición, qué debe hacer el Senado con la
petición, si considera necesario turnarla a la comisión, a una comisión
correspondiente, que sería una Comisión de Gobernación probablemente; para que ésta
produzca dictamen y le señala plazo para la producción del dictamen.
Y el artículo 4o., se refiere a la
hipótesis en la que el Congreso esté en receso, en cuyo caso le da entonces a la
Comisión Permanente la encomienda de convocar a sesiones extraordinarias, "a fin de
que el Senado se reúna dentro de los tres días siguientes, para conocer de las
peticiones a que se refiere el artículo anterior".
Y dice el artículo 4o.: "en los
recesos del Congreso de la Unión la Comisión Permanente convocará a sesiones
extraordinarias".
Es natural que el mismo artículo pida a la
Permanente que al convocar a una sesión extraordinaria de una de las Cámaras, cumpla con
el requisito constitucional de las dos terceras partes, que no se hicieron, no se hicieron
como dice el diputado Lanz Cárdenas...
| El senador José
Trinidad Lanz Cárdenas (desde su curul): |
¡Senador!
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Es lo mismo. Dicen algunos senadores
que ser senador es ser más que diputado; creo que Lanz es uno de ellos. Pero, pero, se
equivoca. Los dos tercios necesarios en la Comisión Permanente para convocar a sesiones
extraordinarias se deben al presidencialismo; antes ni siquiera hacían falta los dos
tercios: ¡hacía falta que el Presidente de la República convocara! Originalmente en la
Constitución del 1917. El era el único que podía convocar al Congreso.
De acuerdo con lo que está aquí señalado
en esta ley, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para conocer de
las peticiones a que se refiere el artículo anterior.
¡Si la Comisión Permanente se niega a
convocar a la sesión extraordinaria del Senado para conocer la petición que se está
haciendo aquí, el Senado no podrá conocer dicha petición! ¡Y ésa es una de sus
funciones: la de conocer las peticiones presentadas por legisladores federales, a efecto
de que se considere si han desaparecido o no los poderes de una entidad! ¡Y el Senado no
podrá siquiera analizar la petición!
Esto es lo mismo que cuando el señor
Gamboa Pascoe, siendo presidente de la Comisión Permanente del Congreso en la LI
Legislatura, decidió que se rechazaba una denuncia para juicio político en contra de un
gobernador y él la rechazó violando la Constitución.
Se volvió a presentar y se volvió a
presentar. Se volvió a presentar incluso una acusación para juicio político contra él,
que yo presenté porque estaba violando la Constitución al impedir el funcionamiento de
una institución democrática, que es el juicio político.
Pero ésta, la petición a la que nos
referimos ahora, tiene también el carácter de una institución o forma parte de una
institución democrática, aquella que se refiere a que cuando han desaparecido los
poderes en un estado, el Congreso pueda actuar.
Aquí no se está entonces cumpliendo con
la Constitución y con la ley por parte del grupo priísta, sino se está impidiendo el
cumplimiento de la Constitución y de la ley, puesto que se está anticipando la respuesta
del Senado. Se está impidiendo que el Senado responda a la petición y se está
anticipando en tal virtud dicha respuesta; eso es lo que está por ocurrir con la
votación en contra del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Están haciendo lo mismo que intentó hacer Gamboa Pascoe en la LI Legislatura, al
desechar de plano la denuncia de juicio político del gobernador de Coahuila; exactamente
eso se está tratando de hacer aquí.
Yo no creo, entonces, que el asunto esté
ni medianamente discutido, porque no se ha discutido lo que la ley dice, la ley que se
está pidiendo que se aplique y porque ninguna razón se ha dado para impedir que una de
las dos Cámaras del Congreso, el Senado de la República, reciba la petición que por ley
tenemos derecho a hacer y a hacerle al Senado, no a la Comisión Permanente.
Entonces a nosotros, quienes patrocinamos
la petición para que se considere si han desaparecido los poderes en el Estado de
Chiapas, se nos está coartando, también, el derecho para ejercer esa petición,
petición que nos reconoce claramente la ley, expresamente la ley.
No les estamos pidiendo a los miembros de
la Permanente que reconozcan que han desaparecido o no los poderes en Chiapas, sino que
nuestra petición vaya al Senado y el Senado la analice; eso es lo que estamos planteando,
que quede muy claro y lo que el PRI está tratando de hacer aquí con su voto en contra,
es impedir que nuestra petición llegue al Senado y, por lo tanto, que el Senado pueda
emitir su opinión y decidir y dictaminar sobre la petición. Ni petición ni el ejercicio
de la facultad senatorial de resolver sobre las peticiones; eso es lo que se está aquí
atropellando. ¿Por qué? Para cuidar a un gobernador.
Si el PRI tiene tanta convicción, como lo
ha dicho aquí un senador priísta ídem, para considerar que no hay la menor razón ni el
menor indicio que nos lleve a suponer que en Chiapas los poderes no existen, por cierto,
el Congreso del Estado no existe sin lugar a dudas, no hay Comisión Permanente y todos se
fueron de vacaciones; ni siquiera Comisión Permanente hay; ¡nada! ¡En este momento no
hay Poder Legislativo en el Estado de Chiapas sencillamente!, punto, para acabar pronto.
Entonces, como no hay el menor indicio se
está cometiendo un atropello. Pero si no hay el menor indicio ¿por qué tienen miedo de
hacer el debate en el Senado y tomar nuestra petición y quizá ahí rechazarla? ¡Ah no!,
porque eso abre un impasse de cuatro, cinco, seis días, siete días quizá, para que la
gente opine, para que la opinión pública, sobre todo la chiapaneca, se pronuncie en
relación con la situación política y del gobierno de Chiapas y eso no puede ser, pero
entonces lo que se está tratando de impedir es que esto se ventile bien, abierta,
públicamente, como corresponde a la situación.
¿Qué quieren? ¿Ya el Ministerio Público
está haciendo cosas, el federal, porque el local no existe, entonces el Congreso de la
Unión tiene que actuar políticamente? ¿Cómo se actúa políticamente en esta
situación? Aquí hay unos políticos del PRI que vieron a la tribuna con frecuencia a
hablar en contra de las posiciones de partido, ¿entonces qué cosa hacen en su partido?
La política es lo que se requiere para
enfrentar la acción de Chiapas, acción política y si el Presidente de la República,
que es otra instancia de acción política del Ejecutivo muy importante, no está haciendo
nada en este momento, pues que el Congreso lo haga entonces, porque el Presidente es el
que podría arrancarle la renuncia a Ruiz Ferro, porque lo puso el Presidente, aunque haya
sido otro o el que haya sido, ya ni sé qué presidente lo puso. El caso es de que él sí
lo puede hacer. Nosotros también lo podemos hacer, podemos analizar el asunto desde el
ángulo político, pero lo que el PRI nos viene aquí a proponer es la paralización de
las instituciones constitucionales de México, que no hagan nada, que ni siquiera se
analice una petición legal, nada, porque dicen que esto es un linchamiento de carácter
político.
Linchamientos de otro carácter y no
precisamente políticos, son los que, y ése es el riesgo, pueden ocurrir en Chiapas, como
ha ocurrido la matanza, y así nos vamos a ir. Mientras tanto el PRI sigue siendo el
partido más paralizado del país, el que no puede tomar una sola decisión, el que no
puede hacer absolutamente nada porque el Poder Ejecutivo, el señor Zedillo y el señor
Chuayffet, han metido a su propio partido en una camisa de fuerza y éste carece de toda
iniciativa y ahora pretende, con la votación que se va a pedir, impedir que el resto de
los partidos puedan hacer valer su derecho de petición al Senado.
Este es el problema de fondo.
Gracias.
Ha solicitado el uso de la palabra en
contra el diputado Monreal.
Le solicito a la Secretaría que dé
lectura al artículo 58 fracción II, para ilustrar el conocimiento del diputado Gómez.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
"Fracción II del artículo 58.
Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra,
prefiriéndose al autor del proyecto o proposición."
| El diputado Ricardo Monreal Avila: |
Honorable Asamblea:
Quisiera su atención para razonar nuestro
voto en contra de la propuesta aquí señalada y me voy a remontar a algunos de los
antecedentes históricos de esta figura jurídica denominada "desaparición de
poderes" o como la Constitución en 1874 por primera vez la denominó,
"desaparición de los poderes".
En efecto, cuando se introdujo esta figura
jurídica, primeramente incluía, en 1874 con la reforma de Lerdo de Tejada, sólo a dos
poderes, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
Desde 1874 hasta 1917 no existió ley
reglamentaria alguna y se cometieron algunos excesos y abusos que vulneraban de manera
artera el federalismo y el pacto federal. En 1917 la única adición que se contempla en
este artículo 76, fue la de incluir también en la hipótesis jurídica de la
desaparición de los poderes al Poder Judicial y fue desde 1917 hasta 1978 como esta
disposición constitucional no tuvo legislación reglamentaria o norma reglamentaria y fue
al amparo de esta disposición constitucional, contenida en el artículo 76, como se
cometieron agravios graves en contra del federalismo y agravios que el Constituyente
Permanente de 1978 consideró debían de acabar y debían de quedar sepultados para
siempre.
En 1966, muchos lo recordarán, en Durango
la Comisión Permanente declaró que era el caso de nombrar en ese Estado un gobernador
provisional. No sólo declaró esta situación, sino que incluso la Comisión Permanente
en aquella ocasión se permitió nombrar al gobernador provisional en una sesión
extraordinaria. Por esa razón los legisladores, senadores y diputados del grupo
parlamentario del PRI, decidieron establecer y proponer una iniciativa de ley
reglamentaria de este artículo 76 de su fracción V.
¡Qué bueno fue que con esta iniciativa el
espíritu del Constituyente, del Legislativo, plasmado en el dictamen y en los debates
contenidos en el diario correspondiente, se plasmaba y se establecía que lo hacían con
el propósito de terminar con esta interpretación que había venido aplicándose para
quitar, así decían, a gobernadores que no les eran de ninguna manera correspondidos con
el centro o con las autoridades federales!
Me extraña que aquí se pretendan atender
razones políticas profundamente centralistas y provocadoras del rompimiento del pacto
federal. Por esa razón no podemos aceptar este punto de acuerdo o esta propuesta de los
distintos grupos parlamentarios que actúan en esta Comisión Permanente.
Si alguno de ustedes se detiene un día de
éstos, de navidad o de año nuevo o antes de que concluya el año y revisan el Diario de
los Debates, se van a dar cuenta en la reelectura que fue precisamente éste el motivo por
el cual se insistiera en la ley reglamentaria.
Decía la exposición de motivos de la
iniciativa y más tarde el dictamen sujeto a la aprobación del pleno, que la
introducción y la legislación que en este momento estaban revisando, discutiendo y en su
caso sería aprobada, era para que se terminaran de una vez y para siempre los criterios
estrictamente políticos que habían dado pie a abusos, repito y a que se interpretara y
se aplicara la norma constitucional a juicio de actitudes centralistas y de actitudes
contrafederalistas.
No sé si ahora se pretenda retornar a ese
viejo estilo, porque por un lado se habla y se dice cómo fortalecer el federalismo y
cómo mantener vigente el pacto federal, conservando la autonomía de los estados, la
autonomía de los municipios y por otro se pretende vulnerar el pacto federal y el
federalismo.
Hace unos días leía en alguno de los
medios de comunicación, cómo la renuncia del gobernador constitucional del Estado de
Chiapas con licencia, se debió a una negociación política. Qué grave esta confesión y
qué grave para miles de chiapanecos darse cuenta ahora que su voto fue burlado y que su
decisión fue violentada.
Por esa razón no podemos admitir de
ninguna manera que vía otra negociación política, se pretenda atacar, agredir y
agraviar al pueblo de Chiapas. Sí, insistimos en la investigación profunda de los hechos
que ahora provocan la petición de la celebración del periodo de sesiones extraordinarias
en el Senado de la República.
Cuando se discutió la ley reglamentaria y
me reduzco sólo a aspectos de estricto contenido jurídico y legislativo, porque me
parece que son los de mayor valor y son los antecedentes más fidedignos en la
interpretación auténtica de quien hace las leyes y de quien construye las leyes.
Se decía en la exposición de motivos que
el propósito era precisamente mantener incólume y fortalecer el pacto federal. Hasta la
fecha, después de la reforma, se han presentado distintas eventualidades y distintas
ocasiones en las que se ha pretendido vulnerar con esta petición de desaparición de
poderes, a los estados federados; por fortuna hasta ahora no se ha logrado.
Si acepta una pregunta o
interpelación del diputado Paoli.
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Señor Presidente, el día de hoy he
sido demasiado tolerante con las preguntas; no la acepto para concluir, porque de lo
contrario creo que sería interminable.
Dije en la Cámara, en la Cámara de
Diputados, ha sido interminable y son verdaderamente repetitivos los argumentos y ante
necedades difícilmente con argumentos podríamos establecer con claridad criterios
jurídicos.
Diputado Paoli, dije en la Cámara de
Diputados. Si usted lo recuerda bien, siempre... ésta es Comisión Permanente.
Continúe el orador en el uso de la
palabra.
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Lo que pasa, señor Presidente, es
que están provocando, como siempre, los compañeros del PAN, siempre yo los escucho...
Ya está contando su tiempo, diputado
Monreal.
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Estaba en la interpretación
auténtica... señor Presidente, trataré de retomar la discusión jurídica sobre la
interpretación auténtica del Constituyente y del Legislativo.
En el dictamen aprobado sobre la reforma de
1978, se señala y esto quisiera dejarlo muy claro, precisamente que se actúe en el
momento de la aplicación de la norma reglamentaria, frente a
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Lo que pasa, señor Presidente, es
que están provocando, como siempre, los compañeros del PAN, siempre yo los escucho...
Ya está contando su tiempo, diputado
Monreal.
| El diputado
Ricardo Monreal Avila: |
Estaba en la interpretación
auténtica... señor Presidente, trataré de retomar la discusión jurídica sobre la
interpretación auténtica del Constituyente y del Legislativo.
En el dictamen aprobado sobre la reforma de
1978, se señala y esto quisiera dejarlo muy claro, precisamente que se actúe en el
momento de la aplicación de la norma reglamentaria, frente a situaciones estrictamente
jurídicas, porque, dice el propio dictamen y el debate que se presenta en esta ocasión,
en ocasiones la naturaleza de la materia y del tema de la desaparición de los poderes se
confunde y se adentra a problemas estrictamente políticos, como aquí se ha aceptado y
como aquí se ha evidenciado.
Al escuchar los razonamientos jurídicos de
hace un rato por alguno de los diputados de los grupos parlamentarios distintos al mío,
me preguntaba la habilidad de poder interpretar de distinta manera la norma constitucional
y la ley reglamentaria, y me preguntaba cómo con esa habilidad podrían tener
credibilidad para que los priístas, que sostenemos criterios serios, jurídicos,
pudiéramos aceptar esas tergiversaciones y esas interpretaciones totalmente distintas y
distantes a lo que el propio Constituyente estableció y generó y que está plasmado,
repito, en los documentos legislativos pertinentes.
Es por eso, señor Presidente, compañeros
legisladores, por lo que nos oponemos al punto de acuerdo, a la propuesta que en este
momento se está discutiendo.
Podríamos adentrarnos a la propia
naturaleza jurídica de la norma, al alcance y a las consecuencias, pero me parece que por
el momento queda aquí la parte de mi argumentación y el razonamiento de mi voto como
grupo parlamentario del PRI.
Agotado el procedimiento... ¿Con
qué propósito, senador?
| El senador
Humberto Mayans Canabal (desde su curul): |
Para el trámite y en referencia a lo
que ya se ha expuesto aquí por los oradores que hablaron en pro y en contra, y
fundamentalmente porque el diputado que habló en pro, me permitiría solicitarle muy
atentamente se sirviera instruir a la Secretaría diera lectura a la fracción IV del
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de
recabarse la votación.
Proceda la Secretaría a dar lectura
a la fracción IV del artículo 79 de la Constitución.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Fracción IV: acordar por sí o
a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara, a sesiones
extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones
extraordinarias."
Agotado el procedimiento previsto por
el artículo 58, se pregunta a la Asamblea si admite o no a discusión la propuesta.
Solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación en forma nominal en términos del
artículo 148 y en obsequio a quienes así lo solicitaron expresamente.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación nominal se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta
leída con anterioridad.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior de este Congreso.
(Votación.)
Se emitieron 17 votos en pro y 20 votos en
contra. Desechada, señor Presidente.
Se tiene por desechada la propuesta.
Proceda la Secretaría a dar cuenta de la
segunda propuesta que se ha sometido a consideración de la Asamblea.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Propuesta del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido del Trabajo y del
Partido Verde Ecologista:
Con fundamento en los artículos 67 y 79
fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores abajo firmantes, solicitamos a la Presidencia someta a consideración de esta
Comisión Permanente la siguiente
PROPOSICION
"Unica. Se convoque a un periodo de
sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus
facultades constitucionales, discuta y acuerde respecto a:
Primero. Las reformas constitucionales
sobre derechos de los pueblos indios, conforme al proyecto de Comisión de Concordia y
Pacificación y, segundo los acuerdos de San Andrés Larráinzar."
Gracias.
¿Se pregunta a la Asamblea si alguien
quiere hacer uso de la palabra, un orador en pro y un orador en contra de esta
propuesta?.. No habiendo ningún orador que se inscriba, se le pide a la Secretaría que
se someta a votación económica la propuesta.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica se pregunta
si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, sírvanse
manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
Proceda la Secretaría a dar cuenta
de la tercera propuesta que se ha sometido a la consideración de esta Asamblea.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Con fundamento en el artículo 58 del
reglamento, los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, proponen:
«Unico. La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, manifiesta su respaldo a la Comisión de Concordia y Pacificación,
en sus trabajos pendientes a propiciar el diálogo y la negociación, encaminados a la
obtención de los acuerdos previstos en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz
Digna en Chiapas, así como promover entre las autoridades competentes, las condiciones
para realizar el diálogo.
Dado en la Ciudad de México, D.F., a 29 de
diciembre de 1997.— Lo firman los diputados: Arturo Nuñez, Fidel Herrera, Pablo
Gómez, Jesús Martín del Campo, Francisco Paoli, Luis Patiño, Santiago Creel y José
Espina; los senadores: María de los Angeles Moreno, Oscar López Velarde, Rodolfo
Elizondo, Mauro Saucedo y José Angel Conchello.»
¿Alguien desea hacer uso de la
palabra en pro o en contra de esta propuesta? No habiendo quien haga uso de la palabra,
sométase a votación económica la misma.
| La secretaria
senadora Laura PavónJaramillo: |
En votación económica se pregunta
si se acepta.
Los que estén porque se apruebe, sírvanse
manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Está aceptada, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se considera de urgente resolución.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de
este Congreso, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo...
Se considera de urgente resolución, por
unanimidad.
En consecuencia, está a discusión dicha
proposición. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente, por unanimidad.
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Tiene la palabra el senador José
Angel Conchello Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una denuncia sobre irregularidades en la operación de la base nacional de datos
del Sistema de Ahorro para el Retiro.
| El senador José
Angel Conchello Dávila: |
Señores senadores: ¡No se vayan!
Digo, señores legisladores, allá en mi pueblo hay un dicho que yo quisiera que
hiciéramos nuestro esta tarde que dice: "del agua mansa me cuide Dios, que de la
brava me cuidaré yo".
Esta mañana hemos estado en la cresta de
las aguas bravas en materia política, viendo graves acontecimientos en el horizonte del
país.
Sin embargo, yo quisiera someter a la
consideración de ustedes algo que parece que es agua mansa y que siendo agua mansa, corre
muy profunda. Pudiera dejarlo para otra ocasión pero el tiempo corre en contra nuestra.
Es una denuncia de hechos, al parecer
triviales, una denuncia CQRR contra quienes resulten responsables, de hechos que en su
nimiedad pueden ser la punta de iceberg o el retoño de raíces podridas y tiene que ver
con la llamada "reforma de la seguridad social".
Antes de la denuncia y para imbuirle la
importancia que tiene esta reforma de la seguridad social, permítanme traer a ustedes una
nota casi perdida en un periódico donde nos dice que en Londres, en una reunión
convocada por el Instituto Kato, consideraron a la privatización del Seguro Social, como
la reforma más importante del momento en todo el mundo. Allá no se pierde el tiempo en
eufemismos que no es privatización, que es reorganización, que es reforma. Allá, a esta
reforma de las pensiones le llaman por su nombre:
Es la privatización del sistema de
pensiones y por tanto la desaparición del sistema de seguridad social en materia
provisional y le llaman, ciertamente, la reforma más importante del momento, la madre de
todas las reformas.
En ese panorama macro, nosotros en México
estamos empezando esa reforma. Llevamos unos cuantos meses de que finalmente se aprobaron
leyes y están en todos los preparativos para echarlos a andar y por eso es urgente que
nosotros tomemos conocimiento de los errores que pueden o que se están cometiendo.
Ya con ese antecedente, quiero contarles
que hace unos días un compañero de trabajo se reinscribió en el Seguro Social, y una
semana después de haberse reinscrito en el Seguro Social, recibió una carta de Banorte,
Afore Sólida Banorte, una constancia de registro en Administradora de Fondos de Retiro,
donde le informan al ingeniero de referencia: "usted ha quedado debidamente
registrado en esta administradora, en cumplimiento a su solicitud de registro presentada.
Este documento podrá ser usado... etcétera".
Y a continuación le dicen: "estimado
afiliado: por requisito marcado en la ley es indispensable que en su expediente nos mande
su acta de nacimiento".
Lo grave del asunto es que este compañero
de trabajo no ha hecho ninguna solicitud en ninguna Afore. Y esto o puede ser un error o
puede ser un negocio insuperambulante in tenebris, uno de esos negocios que rapiñan en
las sombras y me refiero a que con los antecedentes que tenemos de cómo está operando,
esto puede ser un gran negocio en contra de los nuevos asegurados.
Saben ustedes que los promotores, esos
enganchadores de obreros para entrar a las Afore cobran una jugosa comisión. Al parecer
la Consar ha encontrado la forma de que las Afore se deshagan de todos sus promotores:
simplemente repartiendo a los nuevos asegurados, por el orden que ustedes quieran o con la
comisión que ustedes quieran, le entregan ya las solicitudes a las Afore para que, ¡sin
su consentimiento, sin firmar ningún convenio ni ningún contrato, simplemente los
enganchen y los metan en el nuevo Sistema de Seguridad Social! Es decir, todo lo que nos
prometieron, todo en lo que se fundaron de que sería la voluntad popular, libre y sin
ninguna presión la que decidiría las Afore, ahora la Consar o alguien dentro de la
Consar o en la base nacional de datos se está burlando de todas las promesas que nos
hicieron en materia de reforma a la seguridad social.
Y digo que es grave porque teníamos un
pésimo antecedente, que ya me permití denunciar en el Senado y ahora someto en esta
Comisión Permanente.
Para la litis contestasio, para que nos
pongamos de acuerdo en lo que estamos hablando, quiero mencionarles el procedimiento por
el cual se registra uno en las Afore o el procedimiento que se sigue actualmente en la
reforma del Seguro Social:
Los patrones depositan las cuotas de los
obreros en bancos llamadas instituciones receptoras, de los que hay 17. Este banco tiene
que informar al Instituto del Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda para que forme
el Catálogo Nacional de Asegurados y al Banco de México, para que maneje los centavos y
los entregue en su momento a cada una de las Afore.
Pues bien, conforme al artículo 58 de la
ley, para manejar esa base nacional de datos, que es propiedad exclusiva y única del
Gobierno Federal, porque es el catálogo nacional de asegurados, ¡10 millones de cuentas
con sus cuentahabientes!, para manejar eso se crean en la ley unas operadoras nacionales
de la base de datos SAR, que reciben en concesión el manejo de ese catálogo.
Pues bien, la Secretaría de Hacienda es la
que debe de autorizar estas Afore, según el artículo 58. Aquí comienzan los graves
errores o culpables omisiones de esta ley. Conforme al artículo 58 de la ley, la
concesión para operar los datos la concede discrecionalmente la Secretaría de Hacienda,
escuchando la opinión de la Consar. Sólo que la Secretaría de Hacienda está presidida
por el doctor Ortiz Martínez y la Consar está presidida por el doctor Ortiz Martínez.
Y entonces, en una burla imperdonable nos
dicen que el Secretario de Hacienda autoriza discrecionalmente la operadora de datos,
escuchando al doctor Ortiz Martínez cuando se pone la toga de presidente de la Consar.
Y en esa discrecionalidad, en diciembre del
año pasado, en 1996, se autorizó una sola operadora nacional de datos, una sola
operadora del catálogo nacional de asegurados, casi confidencialmente, porque nunca se
publicó en el Diario Oficial.
Esa operadora, esa empresa, el 50% de su
capital es propiedad de los 12 bancos que reciben los centavos y el otro 50% de su capital
es propiedad de las 17 Afore que están funcionando. Esto equivale, digo yo, a poner las
llaves de la casa en manos del ladrón.
Desde entonces no se ha registrado ninguna
otra operadora de la base de datos, no sé si porque ninguna se ha inscrito o porque el
Secretario de Hacienda no ha autorizado ninguna otra. Lo cierto es que ésta es la única
y está en manos de los beneficiarios, está en manos de las Afore.
Este manejo de los datos está sujeto,
según una circular tardía que hizo la Consar, a la más estricta confidencialidad,
quiere decir que nadie más que los interesados deben manejar esos datos. Sin embargo,
cuando la Consar declaró contra el texto de la ley, que aquellos que no se inscribieran
en una Afore, aquellos cuyo dinero iba a dar a la cuenta concentradora del Banco de
México, iban a pagar el 1.15% de su salario, lo cual es una barbaridad, se presentaron
varios hechos delictuosos, por lo menos dos Afore se presentaron en las compañías
diciendo a los directores de las empresas: "en esta compañía te falta inscribir a
estos operadores, a estos asegurados, que no se han inscrito en ninguna Afore. Yo vengo
del Banco de México y te estoy diciendo que te metas en la Afore que yo represento.
Se hizo un escándalo, porque era el manejo
indebido de la confidencialidad de la gran base nacional de datos. La Consar culpó y
multó a dos Afore, pero nunca quiso investigar quién le dio los datos a las Afore. Debe
haber alguien en la base nacional de datos o en la Consar que esté manejando esos datos.
Pasa el tiempo y ahora nos encontramos con
que todas las personas que después del 1o. de julio se están inscribiendo en el Seguro
Social, las están asignando sin su consentimiento a una Afore. Y, ¿por qué digo que en
esto puede haber no un delito aislado, sino casi una organización delictuosa, dejándoles
el beneficio de la duda? Porque la empresa nacional operadora de los datos, la llamada
Procesar, es, señores, una sociedad, S.A. de C.V., (Sociedad Anónima de Capital
Variable). Pero resulta que tiene como socios a los bancos y conforme al artículo 106 de
la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de crédito tienen prohibido
invertir en cualquier sociedad que no sea de responsabilidad limitada.
Cuando los 12 bancos están invirtiendo en
la Afore que es de capital variable, están violando el texto expreso de la fracción XII
del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, violación que se hizo con dos
vistos buenos: el de Guillermo Ortiz, como secretario de Hacienda y el de Guillermo Ortiz,
como presidente de la Consar. El lo permitió y si lo hizo sin darse cuenta, resulta tan
malo como si se hubiera dado cuenta.
Pero si esto es así, la gran Procesadora
Nacional de Datos, la que tiene el manejo monopólico del catálogo nacional de
asegurados, que por lo visto lo está entregando contra el texto de la ley para el
beneficio de la Afore en particular, esa gran Procesar, está contra el texto de la ley y
además de estar contra el texto de la ley, ya vemos que está haciendo un uso indebido de
esa confidencialidad.
Por eso cuando vengo ante ustedes, ya con
la adrenalina gastada, a hacer esta denuncia, me quedan muchas preguntas que alguien tiene
que contestar y mientras más pronto mejor. Por ejemplo, por qué no se publicó en el
Diario Oficial la concesión de la Procesar, si se publicaron las reglas de operación,
por qué se le permitió que se creara con inversión bancaria una institución que está
contra el texto expreso de la fracción XII del artículo 106; por qué la Contraloría de
la Federación no ha dado su opinión respecto al otorgamiento de esta concesión.
Yo diría que también habría que
preguntarle a la Comisión Nacional de Competencia, si esto no constituye un monopolio
indebido, puesto que maneja todas las cuentas de todos los asegurados.
¿Qué responsabilidad tiene el doctor
Ortiz Martínez como presidente de la Consar?, ¿qué responsabilidad tiene el doctor
Ortiz Martínez como Secretario de Hacienda?, ¿por qué se están repartiendo las Afore
los nuevos asegurados?; tantos porqués que puede ser que algunos sean simplemente exceso
de cuidado de parte mía, pero otros pueden ser la comisión de delitos administrativos o
de faltas administrativas. Si la Consar lo sabía y lo permitió, es lenidad de la Consar,
pero si no lo sabía y lo autorizó, es incapacidad o ineptitud de la Consar y en esas
manos está el patrimonio del retiro de los obreros mexicanos.
Señores, y como dicen en los pueblos, un
error al principio puede causar grandes quebrantos en el camino, estamos al principio de
la operación de esta reforma y por tanto no debemos rehuir nuestra responsabilidad,
actuemos cuanto antes para que mañana los asegurados no nos echen en cara nuestra
indiferencia.
Muchísimas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene el uso de la palabra el senador Samuel Aguilar Solís, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El senador Samuel Aguilar Solís: |
Gracias.
Con su permiso, señor Presidente:
En obsequio del tiempo de los señores
legisladores de la Comisión Permanente, permítanme referirles que exactamente esta
discusión y prácticamente hasta con los mismos dichos, el senador Conchello hizo uso de
la palabra en el Senado de la República el pasado 17 de noviembre y a quien guste de esa
intervención que es prácticamente un refrito de la misma, le puedo obsequiar una copia
de la versión estenográfica.
Aclaro una serie de puntos que aquí se han
mencionado de manera muy concreta: primero, el presidente de la Consar es Fernando Solís
Soberón y no es Guillermo Ortiz Martínez, quien es el Secretario de Hacienda y sí es el
presidente de la junta de gobierno del órgano desconcentrado.
En segundo lugar, efectivamente no se
licitó la concesión de la empresa operadora de la base de datos, puesto que la Ley para
el Sistema de Ahorro para el Retiro no lo establece, la reglamentación y la normación
sobre el particular está establecido en el Capítulo III, Sección IV, y ahí se
establecen todos y cada uno de los procedimientos que habrán de seguirse en la base
operadora de datos.
Tercero, efectivamente se dio la
concesión, tal y como lo establece la propia ley, pero no tenía por qué darse en base a
otra normatividad, puesto que no se establece en la misma ley.
Por otro lado, la correcta interpretación
del artículo 106 fracción XII de la Ley de Instituciones de Crédito, debe ser en el
sentido de hacer referencia no a un tipo específico de sociedad mercantil denominado
Sociedad de Responsabilidad Limitada, sino entendiéndose aplicable a toda aquella persona
moral en la cual, conforme a la ley o a sus estatutos, se pueda limitar la responsabilidad
de los socios respecto de las deudas sociales.
Efectivamente también, de conformidad con
el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Sociedad Anónima, es la que
existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se
"limita al pago de sus acciones".
A mayor abundamiento, en diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito se prevé la posibilidad de que estas
instituciones participen en el capital social de empresas, tal como es el caso de los
artículos 88, 89 y por lo que se refiere a la Ley del Mercado de Valores podemos citar el
artículo 56 fracción II.
Por último, se reitera que efectivamente
existe en este momento una sola empresa operadora de la base de datos, pero está abierto,
la propia ley lo establece en el Capítulo III de la propia Sección Cuarta, para que
cualquier empresa, quien reúna los requisitos, pueda hacer la solicitud y de esa manera
se pudiese dar otra concesión si existieran los condicionamientos que la propia ley
establece.
Por lo mismo, hay que hacer una
aclaración. Aquí el senador Conchello ha hecho referencia, no dudo de su autenticidad,
de una persona que sin haber solicitado su registro ante alguna Afore, le llegó
supuestamente ya la solicitud prácticamente para su firma. Nada más hay que recordar que
son alrededor de 10 millones de trabajadores. No con esto estoy exculpando de que si se da
un caso dentro de 10 millones sea comprensible; por supuesto que no y por supuesto que
también, como desde el pasado 17 de noviembre, nos sumamos a esta preocupación, en el
sentido de que la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro realice las
averiguaciones correspondientes para que no se sucedan ese tipo de hechos. El propio
senador Conchello hizo una denuncia ante la propia Consar y dos de las Afore que él mismo
señaló fueron multadas en su oportunidad.
Por su atención, muchas gracias.
Túrnese a la Tercera Comisión de
Trabajo.
Se informa a la Asamblea que el siguiente
punto del orden del día, relativo a comentarios sobre el procedimiento de
distribución... Senador Conchello.
| El senador José
Angel Conchello Dávila (desde su curul): |
Señor, por favor, ¿cuál fue la
resolución que usted tomó respecto a la denuncia que yo hice?
Que se turne a la Tercera Comisión
de Trabajo de esta Comisión Permanente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se retiró el punto relativo a los
comentarios sobre el procedimiento de distribución de las participaciones federales a los
municipios, que había planteado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
ORDEN DEL
DIA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera. Procederé a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.— Primer
Receso.— Primer Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 7 de enero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Quince, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos: Raúl Pinedo Dávila, José Norberto González Cabrera, Pedro
Cervantes Aguirre, Noé Sandoval Alcázar, Gilberto Hernández Andreu, Jorge Campos
García, José de Jesús Hernández Rivera, Urbano Pérez Bañuelos, Sergio Ayón
Rodríguez, Bernardo Segura Nieto, José Leopoldo Martínez González, Carlos Campos de la
Concha, Jorge Isaac Jiménez García, Guillermo Esteban Virgen y Pablo de la Cruz Velasco
Alvarez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 17:36 horas):: |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 7 de enero de 1998, a partir de las 11:00
horas.
RESUMEN
DE TRABAJOS
• Tiempo de duraión: 5 horas con 55
minutos.
• Quorum a la apertura de sesión: 36
legisladores.
• Comisiones reglamentarias y
protocolarias: 2.
• Puntos de acuerdo: 1.
• Temas de agenda política: 2.
• Oradores en tribuna: 28
PRI-11; PRD-9; PAN-7; PT-1.
Se recibieron:
• 1 comunicación de Congreso estatal;
• 2 invitaciones del Gobierno del
Distrito Federal, para asistir a actos cívicos;
• 1 solicitud para aceptar
condecoración del gobierno de Alemania;
• 2 solicitudes para prestar sevicios
en reprersentaciones diplomaticas;
• 1 solicitud para desempeñar el
cargo de consul honorario.
|