|
Presidencia
del diputado Arturo Núñez Jiménez: |
ASISTENCIA
Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 32 legisladores. Hay
quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:28 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 7 de enero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de legisladores.
Comunicación del Congreso del Estado de
Colima.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Quince, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos Raúl Pinedo Dávila, José Norberto González Cabrera, Pedro
Cervantes Aguirre, Noé Sandoval Alcázar, Gilberto Hernández Andreu, Jorge Campos
García, José de Jesús Hernández Rivera, Urbano Pérez Bañuelos, Sergio Ayón
Rodríguez, Bernardo Segura Nieto, José Leopoldo Martínez González, Carlos Campos de la
Concha, Jorge Isaac Jiménez García, Guillermo Esteban Virgen y Pablo de la Cruz Velasco
Alvarez, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agenda política
Comentarios sobre el procedimiento de
distribución de las participaciones federales a los municipios, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Chiapas. (Deliberativo.)
Comentarios sobre los recientes cambios en
la Administración Pública Federal. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política y
social en el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
|
Presidencia
del diputado Arturo Núñez Jiménez |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con cuarenta y un minutos del lunes veintinueve de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, con una asistencia de treinta y seis legisladores, el
Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en
votación económica.
Se da cuenta con la solicitud de licencia
del diputado Rafael Sánchez Pérez y la Asamblea, en votación económica, aprueba el
punto de acuerdo respectivo.
Dos invitaciones del gobierno del Distrito
Federal, al acto cívico luctuoso conmemorativo del septuagésimo cuarto aniversario de
don Felipe Carrillo Puerto y al acto cívico conmemorativo del octogésimo tercer
aniversario de la expedición de la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos
quince. Se designan comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Una comunicación del Congreso del Estado
de Querétaro, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tres oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los
ciudadanos: Jorge Chen Charpentier, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere
el gobierno de la República Federal de Alemania; Suzan Harfouche Harfuch, pueda prestar
sus servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México, y Arturo Quintero
Treviño, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Noruega, en
Monterrey, Nuevo León.
Se turnan a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el
que comunica que el ciudadano Vicente Calderón Ramírez, dejó de prestar sus servicios
en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Se turna a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la de Puntos Constitucionales del
Senado de la República, para su conocimiento.
Para referirse a los acontecimientos del
veintidós de diciembre próximo pasado en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, hacen
uso de la palabra los legisladores: María Elena Alvarez Bernal, del Partido Acción
Nacional; Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone
un periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República, para que dictamine
sobre la desaparición de poderes en el Estado de Chiapas y otro del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, para analizar y discutir sobre las reformas constitucionales
propuestas por la Comisión de Concordia y Pacificación; Roberto Albores Guillén, del
Partido Revolucionario Institucional; Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción
Nacional, quien acepta una interpelación del legislador López Velarde Vega; Luis Patiño
Pozas, del Partido del Trabajo; Auldarico Hernández Gerónimo, del Partido de la
Revolución Democrática y Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario
Institucional.
Para rectificar hechos o contestar
alusiones personales, suben a la tribuna los legisladores: José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una
interpelación del legislador Sánchez Carreño; Ricardo Monreal Avila, del Partido
Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los legisladores Martín del
Campo Castañeda y López Romero; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción
Nacional; Francisco Javier Gil Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional; Pablo
Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una
interpelación del legislador Gil Castañeda; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido
Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del legislador Gómez
Alvarez; Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar López
Velarde, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que se dé lectura a un
documento del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete, firmado por miembros de
la Comisión de Concordia y Pacificación y acepta una interpelación del diputado Gómez
Alvarez; Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, quien
acepta una interpelación del legislador Robledo Ruiz; Roberto Albores Guillén, del
Partido Revolucionario Institucional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución
Democrática; Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional; José Espina von
Roehrich, del mismo partido; Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario
Institucional; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional; José Trinidad
Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, y Mario Saucedo Pérez, del
Partido de la Revolución Democrática.
Por instrucciones del Presidente, la
Secretaría da cuenta con la propuesta de un punto de acuerdo firmado por representantes
de todos los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión Permanente, en la que la
Comisión Permanente manifiesta su solidaridad a la Comisión de Concordia y Pacificación
y se compromete a promover las condiciones necesarias para el diálogo.
A solicitud del legislador Pablo Gómez
Alvarez, también se da lectura a los artículos tercero y cuarto de la ley reglamentaria
de la fracción quinta del artículo setenta y seis constitucional y al artículo
cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
Se somete a consideración de la Asamblea
la propuesta firmada por representantes de los partidos de la Revolución Democrática,
Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México, con la que solicitan la
convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República y el
legislador Robledo Ruiz, desde su curul, manifiesta que debe considerarse como
suficientemente discutido; el legislador Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la
Revolución Democrática, manifiesta inconformidad y se le concede el uso de la palabra en
pro de la propuesta.
En contra de la misma se manifiesta el
legislador Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional; desde su
curul, el legislador Mayans Canabal, solicita que se dé lectura a la fracción cuarta del
artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agotado el procedimiento, la Secretaría
recoge la votación nominal respectiva y la propuesta se desecha por diecisiete votos en
pro y veinte en contra.
Se pone a consideración de la Asamblea la
propuesta de convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias del Congreso General,
para analizar y discutir sobre las reformas constitucionales respecto de los derechos de
los pueblos indios. En votación económica se desecha.
De la misma manera se pone a consideración
de la Asamblea el punto de acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios, que se
refiere al respaldo a la Comisión de Concordia y Pacificación, misma que se aprueba en
votación económica, después de considerarla de urgente resolución.
Para denunciar lo que calificó como
irregularidades en la operación de la base nacional de datos del Sistema de Ahorro para
el Retiro, hace uso de la palabra el legislador José Angel Conchello Dávila, del Partido
Acción Nacional y opina sobre el mismo tema el legislador Samuel Aguilar Solís, del
Partido Revolucionario Institucional.
Se turna a la Tercera Comisión.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las diecisiete horas con treinta y seis minutos, citando para la que tendrá
lugar el miércoles siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.»
Está a consideración el acta... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DIPUTADO
QUE SOLICITA LICENCIA
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura a una
comunicación.
«Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.- Presente.
Por este conducto, me permito
respetuosamente solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me conceda
licencia como diputado federal de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.
La razón principal que motiva esta
solicitud de licencia, es la decisión de dedicar mi tiempo y esfuerzo íntegros para
atender mediante el trato cotidiano con los chiapanecos, los asuntos políticos de mi
Estado, ya que deseo contribuir en la solución de sus delicados problemas.
Durante mi gestión legislativa tuve el
privilegio de exponer mis ideas políticas ante la más alta tribuna del país.
Primero, en los trabajos desarrollados
durante el periodo ordinario de sesiones y, después, como integrante de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión.
El trabajo legislativo ha sido una
experiencia extraordinaria. Durante las sesiones tuve el respeto y la consideración de
todos los compañeros diputados. Por esta razón deseo expresarles mi agradecimiento y mi
más amplio reconocimiento.
Atentamente.
Ciudad de México, D.F., 7 de enero de
1998.- Diputado Roberto Armando Albores Guillén.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 79 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se solicita a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Está a discusión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo
indefinido al diputado Roberto Albores Guillén, para separarse de sus funciones como
diputado federal, electo por el VI Distrito Electoral del Estado de Chiapas, a partir de
esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Pido la palabra en contra.
El diputado Pablo Gómez solicita la
palabra en contra. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Como punto de acuerdo, hablaría
primero un legislador en favor y después en contra.
Conforme a la práctica
parlamentaria, las solicitudes generalmente de licencia no se someten a un debate, pero si
quiere hacer uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, tiene el uso de la palabra.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Quisiera que me aclarara cómo se va
a llevar a cabo el debate.
Es un punto de acuerdo que se somete
a la consideración del pleno. ¿Si considera que apliquemos el artículo 58?
Le solicitaría a la Secretaría que dé
lectura por favor al artículo 98 del reglamento. Por favor también lea el artículo 96
del reglamento.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Artículo 96. El Presidente
formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra de los
que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión.
Artículo 98. Los miembros de la Cámara
hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el Presidente por el orden de
las listas, comenzando por el inscrito en contra".
Inscribira los oradores que quieran
hacer uso de la palabra, en este caso usted, en contra, en los términos que acabamos de
leer, el artículo 98. Tiene el uso de la palabra diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¿Cuál es el procedimiento que va a
establecerse?
El diputado Oceguera.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Quiero pronunciarme porque le demos
curso a la solicitud de licencia presentada por el diputado Roberto Albores, en los
términos que la Presidencia ha previsto y que son los del artículo 98, habida cuenta que
el Congreso se rige también por la práctica parlamentaria. No necesariamente por ser
ésta una solicitud de licencia, debe merecer un tratamiento diferente al que los
dictámenes suelen tener. Estamos hablando de una solicitud de un compañero diputado, que
es costumbre y práctica parlamentaria que la Permanente o la Cámara en general conozca
de la misma y proceda a su discusión. La Presidencia no tiene más recursos que los que
el reglamento prevé y creo que ha lugar a la aplicación del 98. Señor Presidente, ésta
es mi moción.
Para conocimiento de la Asamblea, se
han inscrito en este punto para hablar en contra el diputado Pablo Gómez y para hablar a
favor el senador Trinidad Lanz Cárdenas. ¿Si hubiese algún otro legislador? El diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar en contra, el diputado Sadot Sánchez Carreño, a favor.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Pablo Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Mire usted. Evidentemente que el
artículo 98 no se puede aplicar, está relacionado con el anterior, que es el 97, sobre
los proyectos de ley. Hay otra manera de tratar los asuntos. En efecto usted mencionó el
58, que son las proposiciones que no sean iniciativas de ley. No sé si éste sea el caso,
esta es una solicitud presentada directamente por un legislador. Ahí, si se aplicará el
58, los turnos serían al revés. Según usted mismo lo aplicó la sesión pasada.
Ahora, si ninguno de los dos preceptos es
aplicable, ¿díganos usted cómo va organizar el debate?
Yo estoy de acuerdo en que usted lo decida,
díganos cómo. ¿Quién va a hablar primero, quién después, cómo van a ser los turnos
etcétera, pero que quede completamente claro, y además las razones por las cuales está
usted determinando lo que vaya decidir?
El senador Dionisio Pérez Jácome,
tiene el uso de la palabra.
| El senador
Dionisio Eduardo Pérez Jácome (desde su curul): |
Lo que el señor diputado Gómez
pretende, es ligar el artículo 98, única y exclusivamente al 97. Se le ocurre así, sin
ningún fundamento y ninguna razón y debería saberlo porque es una persona que ha tenido
ya algunas incursiones por esa Cámara, aunque en este aspecto no haya aprendido mucho de
lo que no es su ciencia, porque está ligado el 98, como es natural, al primer precepto
que el capítulo, que es muy claro al decir: llegada la hora de la discusión, se leerá
la iniciativa, que sería a lo que quiere limitar, ya en términos de un dictamen
posteriormente don Pablo, la vigencia o la aplicación o la aplicatoriedad del 98, pero
agrega el 95,...
"Artículo 95. Llegada la hora de la
discusión, se leerá la iniciativa, proposición u oficio que la hubiere provocado y,
después, cuando sea el caso, el dictamen de la comisión a cuyo examen se remitiría el
voto particular, si lo hubiere". Aquí se trata de una solicitud de un diputado.
El 95 está precisamente señalando una
secuencia de aplicación de los preceptos sucesivos, de los cuales el 98 es muy claro,
cuando señala el orden en que se expondrán los argumentos en contra y en pro. Lo demás
es una discusión que, con el perdón que me merece el diputado Gómez, es totalmente
bizantina.
Lo que él pretendería es la aplicación
de un precepto, que él mismo descartó en su aplicatoriedad, que es el 58. Estamos ante
algo tan sencillo como ello y creo que perdemos el tiempo buscando una explicación que no
es en este caso la que el señor diputado Gómez pretende.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Pablo Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Pues en ese caso que se turne a
comisión si ya está presente el dictamen, para aplicar los preceptos que quiere aquí el
señor senador.
Si no es una iniciativa, entonces díganos
usted, señor Presidente, puesto que no lo es, ¿cuál es el orden y de que manera va
usted a organizar la discusión?
No eran necesarias todas esas parrafadas
que dio aquí el señor senador, no. Creo que además no sabe ni de qué está hablando,
para empezar. Yo lo que quiero simplemente es que se definan perfectamente bien los turnos
de oradores para que no haya ninguna equivocación y no nos salgan después con que pueden
hablar dos en contra y solamente uno a favor, como ocurrió la sesión pasada.
En los términos que se ha dado
cuenta en la sesión de los artículos 95, 96 y 98, registramos a los oradores que se
inscriban como lo han hecho, en contra el propio diputado Pablo Gómez y el diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar y a favor, el senador Trinidad Lanz Cárdenas y el diputado
Sadot Sánchez Carreño y en los términos del artículo 114, que señala y le pido a la
Secretaría que fuera tan amable de leerlo.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
"Artículo 114. Antes de
cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley y en lo particular cada uno
de los artículos, podrán hablar 6 individuos en pro y otros tantos en contra, además de
los miembros de la Comisión Dictaminadora y de los funcionarios a que alude el artículo
53 de este reglamento. En los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara,
bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que ésta acuerde ampliar el
debate."
Se anota en contra el diputado Jesús
Martín del Campo. ¿Alguien más? El diputado Rafael Oceguera. En los términos de que se
ha dado cuenta del reglamento, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez
Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras legisladoras y señores
legisladores:
El diputado Albores Guillén pide licencia
al Congreso para separarse de un cargo de elección popular, como es el de diputado, con
el propósito de atender -dice-, asuntos políticos de su Estado.
Sabemos, sin embargo, que el señor Albores
Guillén, será nombrado gobernador del Estado de Chiapas en el curso del día, por una
decisión que tomó el señor Ernesto Zedillo.
Aquí hemos tenido una discusión en la
sesión pasada de la Comisión Permanente del Congreso, en la que cuatro partidos
políticos se pronunciaron por la convocatoria a sesiones extraordinarias del Senado, con
el propósito de que el Senado recibiera la solicitud de varios legisladores, tal como lo
señala la ley de la materia, a efecto de que éste discutiera si se habían cumplido las
condiciones para declarar desaparecidos los poderes en el Estado de Chiapas.
Y uno de los argumentos que dio, es que
este precepto constitucional que permite que el Senado declare que han desaparecido los
poderes en una entidad federativa, sea usado para violar la soberanía de los estados y
que eso no es conveniente seguirlo aceptando.
Hoy, el Presidente de la República toma
una decisión, no puede ser el Congreso, no, que la Constitución faculta a través del
Senado, no, tiene que ser el Ejecutivo de la Unión, el que no tiene la menor facultad
para remover a ningún gobernador, ninguna y sin embargo, si se le confiere, por los
medios políticos al Presidente de la República, el que utilice una facultad no escrita,
de una Constitución no escrita y de un país que está perfectamente escrito. El país
que han construido a través de leyes y normas convenidas de manera facciosa, no por la
República, sino por el grupo dominante en el poder y ésas son las leyes y ésa es la
Constitución que se aplica aquí, la única posible que se aplica: la decisión del
Presidente de la República.
¿Por qué habríamos de estar de acuerdo
en este mecanismo? ¿Por qué habríamos que respaldar al Presidente de la República, en
una decisión que ha tomado de carácter político, después de haberse negado a que el
Congreso asumiera sus facultades constitucionales a plenitud?
Nos están entonces diciendo, admite que el
Congreso no puede, porque sólo el Presidente puede, a través de normas no escritas.
Nosotros no estamos de acuerdo con las
normas no escritas. No podemos estar de acuerdo tampoco con ninguna de las partes de esas
normas no escritas y una de las partes de esas normas no escritas, es decir, que el
Presidente sea quien quite a un gobernador y ponga a otro gobernador, pasa en este caso
por la licencia del señor Albores Guillén, porque forma parte de la decisión que ha
tomado el presidente Zedillo.
Y ésta es una de las razones por las
cuales no podemos estar de acuerdo, no podemos votar en favor de la licencia del señor
Albores Guillén, porque nos hace cómplices objetivamente, aún si fuera consciente
inconscientemente, de esta manera en que se tratan los asuntos de la República, por
medios que ni son republicanos y si son la peor tradición, que afecta y atropella a los
estados.
Ya veremos en el punto correspondiente de
la orden del día, nuestra opinión sobre la situación de Chiapas y lo que nosotros
creemos que debería ser parte de esa solución en el nombramiento por parte del Congreso
del Estado o del Senado de la República, a propuesta del Presidente como lo habíamos
proyectado en la sesión pasada de la Comisión Permanente del Congreso, a efecto de que
Chiapas cuente con un gobernador que tenga capacidad para aplicar un programa de reformas
políticas y sociales. Ya nos referiremos al hecho de que Albores y ningún otro dirigente
del PRI tiene esa capacidad, porque su partido está en contra y porque no va a poder
gobernar sin el concurso de su partido, como lo haría otro ciudadano chiapaneco que no
tuviera esa condición de dirigente del Partido Revolucionario Institucional y ahí
entraremos al debate de la situación de Chiapas.
Pero ahora se nos presenta una parte de ese
debate de la situación de Chiapas, que es la manera en cómo está articulando las cosas
el Presidente de la República, asumiendo él toda la responsabilidad, toda, de una
solución que no lo es, porque no lo ha sido hasta ahora y lo han intentado ya varias
veces y que bueno, nosotros no podemos ser cómplices; de ninguna forma, repito, ni por
acción ni por omisión, de esa decisión que ha tomado el Presidente y que no resuelve en
principio ningún problema de los que están planteados.
Entonces, si el señor Albores quiere que
lo licenciemos para cualquier otra cosa, no hay ningún problema; si fuera una cuestión
de orden personal desde luego que no la habría, pero no lo es. Pide que lo licenciemos
para que sea gobernador de Chiapas, porque ha sido nombrado por el Presidente de la
República y nosotros no estamos de acuerdo en esta forma en que está atendiendo el
asunto el Presidente ni mucho menos como decía, en la aplicación de esas normas no
escritas que tanto han lesionado la República, el federalismo y todos los elementos
políticos, jurídicos, de carácter constitucional y legal que deben regir el sistema
político mexicano. Entonces votaremos en contra de la licencia del ciudadano Albores
Guillén.
Tiene la palabra el senador Trinidad
Lanz Cárdenas.
| El senador José Trinidad Lanz Cárdenas: |
Con la venia de la Presidencia:
Lo que está a discusión es una solicitud
de licencia de un legislador. Lo primero que tenemos que establecer es: si es procedente
solicitar licencia y si es procedente otorgarla. Tan es procedente solicitarla y tan es
procedente otorgarla, que nada menos que en la sesión anterior se solicitó una licencia
o dos, no recuerdo exactamente y fueron otorgadas sin ninguna discusión de ninguna
índole y sin ningún planteamiento sobre supuestas violaciones reglamentarias. Esto le da
a este planteamiento y a esta discusión, un aspecto de subjetividad que no le debe
corresponder a esta Comisión Permanente. Debemos resolver con la objetividad que señalan
la Constitución y la ley.
El artículo 79, que reglamenta las
funciones de este órgano legislativo, de una manera categórica dispone lo siguiente:
"Artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos: la Comisión Permanente, además de las
atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
Fracción VIII: conocer y resolver sobre
las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores."
Creo que está fuera de toda discusión,
que es una facultad de la Comisión Permanente, el aprobar y resolver las licencias, como
también de manera implícita, el derecho de los legisladores de solicitar licencias para
retirarse de su cargo.
En este sentido, creo que no existe ningún
impedimento ni de carácter constitucional ni de carácter legal para que se plantee una
solicitud de licencia y para que esta Comisión Permanente pueda conocer y resolver sobre
ella. Es una de las pocas facultades que tiene este órgano Legislativo, al cual
lamentablemente, como lo he sustentado ya en otras ocasiones, se le ha convertido en
tribunal de todo y en decisión de nada. Se le ha convertido en una tribuna de escándalo
y en vez de asumir las facultades específicas que le concede la Constitución, conoce de
todo y no resuelve nada.
En este caso, afortunadamente estamos en
una facultad específica en donde sí conoce y debe resolver.
Creo que las razones que se aducen por el
legislador, son atendibles. Creo que las circunstancias que coinciden con su solicitud,
motivan una decisión razonada y motivada de esta Comisión Permanente, para acceder a su
petición.
Lo extraño del caso es que en situaciones
anteriores no ha habido objeción de ninguna especie. Como que se está queriendo
convertir lo que no es más que un trámite legal, en un asunto eminentemente político.
En esta tribuna se utilizaron algunas
afirmaciones, algunas que tal vez sean producto de una bola mágica de poder saber.
Sabemos o se sabe que será nombrado
gobernador el señor Albores por decisión del Presidente de la República. Esto yo no lo
sé. El señor que me precedió lo afirmó. No sé ni que vaya a ser nombrado gobernador
ni que ésta sea una decisión del Presidente de la República.
El comentario en el cotarro político, es
que el Congreso del Estado de Chiapas se reuniría, no sé si el mismo día de hoy, para
atender la situación política del Estado. Si en este Congreso del Estado que se pretende
que haya desaparecido y está demostrando que no ha desaparecido, si está en ejercicio de
sus funciones, no podemos resolver con base en simples conjeturas o en apreciaciones de
tipo personal.
Se ha dicho que el Presidente de la
República ha tomado una decisión y se ha hablado, inclusive, hasta de la incapacidad del
diputado Albores, en el caso de que pudiera acceder a ese cargo. Creo que no podemos
enjuiciarlo a priori. Los que lo hemos tratado como legislador, estamos conscientes de sus
méritos y de sus capacidades personales.
En la circunstancia en que se diera un
cambio político de esta índole, estaría bajo la calificación, primero, de la
ciudadanía chiapaneca y después de la opinión pública nacional.
Pero lo que sí me llama la atención en el
planteamiento que se hizo en esta tribuna, es que se dice que se atenta contra el
federalismo o que no se atenta contra el federalismo.
Tenemos que recordar, aunque sea ya un poco
política del ritornello, la discusión que se dio la semana pasada.
No es lo mismo, en el supuesto caso de que
el Congreso del Estado de Chiapas determinara aceptar una licencia o una renuncia y
designar a un gobernador, que una desaparición de poderes. Son dos cosas constitucional y
legalmente diferentes.
Por otra parte, es cierto que se argumentó
aquí que había que respetar el federalismo. Pero hasta el momento no ha habido ninguna
disposición por parte del Ejecutivo Federal, cuando menos que sea de nuestro conocimiento
oficial, en el sentido de que el Presidente de la República destituye y nombra a un
gobernador en Chiapas.
Y yo me pregunto: ¿en el supuesto caso de
que se hablara y que se propiciara la medida de la desaparición de poderes y no se
actuara por la propia legislatura del Estado de Chiapas, cuál sería, de las dos
situaciones, el atropello al federalismo: la intervención del centro, del Congreso de la
Unión, del Senado de la República en uso de sus facultades del artículo 76 para poder
declarar desaparecidos los poderes o una decisión que, en su caso, se tome por la
legislatura del Estado de Chiapas en ejercicio de la soberanía de este Estado?
Creo que para utilizar argumentos no
debemos caer en sofismas ni menos en contradicciones.
En resumidas cuentas y para no dilatar más
este debate, que lo considero estéril en la vida parlamentaria nacional, yo creo que debe
aprobarse la solicitud de licencia que ha hecho el señor diputado Roberto Albores
Guillén, por las razones y los motivos personales que él expresó en el documento y del
cual se dio cuenta al inicio de esta sesión.
Es todo, señor Presidente.
Tiene el uso de la palabra, el
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
| El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: |
Señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Esta polémica que se ha abierto el día de
hoy no es tanto ni tiene como fondo la validez o la legalidad de la petición, sino que se
ha abierto el debate porque esta solicitud de licencia está íntimamente vinculada con el
principal problema político que vive el país y nos enfrentamos a dos cosas: una es una
actitud de una fracción mayoritaria que ha mostrado una gran pusilanimidad para
enfrentar, con toda la responsabilidad que se quiere, el grave conflicto de Chiapas.
¡Recuerden ustedes, señores legisladores
del PRI, que en la reunión anterior de la Comisión Permanente, les propusimos que
hubiese un extrañamiento a la actitud del anterior Secretario de Gobernación; porque
requería de que hubiese cambios en esta Secretaría! ¡Y la actitud de todos ustedes fue
de una absoluta y obcecada defensa de las políticas y de la persona, del secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet!
¡Tiene que venir una orden del Presidente
para que este señor sea destituido! ¡Y el papel del Congreso se nulifica o el papel
político y la responsabilidad, incluso moral, de la fracción priísta prácticamente se
nulifica!
¡Les propusimos también que hubiese una
convocatoria para un periodo de sesiones extraordinarias del Senado, con el propósito de
que analizara si existían las causas y las condiciones para declarar la desaparición de
los poderes en el Estado de Chiapas! ¡Hubo una negativa! ¡Y hoy, ante la grave
situación que se vive y la salida de Ruiz Ferro, por decisión presidencial, la posición
de la fracción del PRI se torna evidentemente servil ante una determinación del
Presidente de la República!
¡Pero no solamente es este problema de
inconsecuencia de la fracción mayoritaria, sino de que se sigue con el viejo e ineficaz
procedimiento para enfrentar el principal problema político del país! Desde que empezó
el conflicto van cinco gobernadores, cuatro secretarios de Gobernación y todas estas
designaciones han sido bajo el mismo procedimiento político que hoy se pretende avalar
tras la propuesta de licencia del diputado Albores!
¿Qué quiere decir esto? Que se va a
continuar con el mismo problema, que Chiapas va a seguir teniendo un gobierno del PRI,
designado por el Presidente de la República, a su voluntad y también subordinado al
Presidente de la República. ¡Va a ser un gobierno que resulte incapaz para el impulso de
una reforma agraria en Chiapas, para promover la reforma jurídica que se requiere, para
ampliar el espectro político en la toma de decisiones y, sobre todo, un gobierno incapaz
para desarrollar un clima de reconciliación en aquella entidad! ¡Porque Albores seguirá
haciendo lo mismo que el resto de los gobernadores priístas, un gobierno de los caciques,
ligado a los grupos paramilitares, ligado a aquellas decisiones que desde la Secretaría
de la Defensa, desde el Ejecutivo Federal y desde Gobernación, tienen en marcha un plan
de contrainsurgencia que ha dado los primeros brotes negativos!
¡Estamos debatiendo la solicitud de
licencia, porque estamos impugnando también un procedimiento que solamente tiene como
objetivo dejar las cosas prácticamente iguales, porque no estamos ante el cambio de un
solo hombre; estamos ante la permanencia de un esquema totalmente ineficaz y ante la
permanencia de una misma estrategia!
¡Todos recordamos a Albores en la
discusión pasada de la Comisión Permanente, cuando planteaba el desarme generalizado,
planteaba la violación a la Ley del Diálogo y planteaba el mismo trato a los zapatistas
que a los grupos paramilitares! ¡Todos recordamos las tesis aquí expresadas por el
diputado Albores, tesis que lo único que van a hacer es volver a encerrar el conflicto en
un clima de mayor agudización de las contradicciones y sin ser capaz, por lo tanto, de
ser puente entre las distintas iglesias, entre los distintos grupos económicos, entre los
distintos sectores que en la actualidad se encuentran en conflicto!
¡Impugnamos la licencia no por el trámite
parlamentario ni por violaciones a la Constitución, sino por esta actitud obcecada del
Presidente de la República y también por la actitud que han tomado los priístas en esta
Comisión Permanente! ¡No hace nada, es una fracción extraviada, la del PRI, sin ninguna
ruta más que el faro del Ejecutivo y para repertir los mismos errores que se cometieron
en el pasado! ¡Es una fracción que no tiene voluntad ni capacidad para desplegar a
plenitud las facultades del Congreso!
¡Lo que propuso la oposición en la
sesión pasada de la Comisión Permanente, no era solamente la convocatoria a una sesión
extraordinaria del Senado, sino la apertura de un espacio para que en realidad en Chiapas,
ante la ingobernabilidad existente, pudiera abrirse cauce a un gobierno de amplia
coalición en el Estado, a un gobierno producto de la suma de los diversos intereses hoy
contrapuestos en aquella entidad! ¡Y hoy lo que se nos viene a decir y lo que se nos
viene a proponer es prácticamente la misma receta, poniendo un gobernador, el quinto, del
PRI, ligado a los caciques, un gobernador que solapa y alienta a los grupos más
retardatarios de aquella entidad, un gobernador que posiblemente no tenga ninguna
capacidad para ser una fuente de interlocución y de pacificación en aquella entidad; es
decir, se hacen los cambios para que nada cambie!
¡Pero yo quiero alertarlos de una cosa, ni
la sociedad mexicana, ni los partidos políticos de oposición, ni la comunidad
internacional se van a engañar queriendo aparecer el Ejecutivo como que se ha establecido
un verdadero cambio que restablezca el respeto a los derechos humanos en aquella entidad y
que sea una vía adecuada para la solución pacífica! Ya no puede haber engaño. Lo que
se requiere son cambios verdaderos, no la política gatopardista que se esconde detrás de
la licencia y la sumisión abyecta de la fracción mayoritaria del PRI a las decisiones
del Ejecutivo. Es hora compañeras y compañeros, que esta Comisión Permanente ponga en
marcha una estrategia propia para lograr la pacificación que todos estamos anhelando en
aquella entidad.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra, el
diputado Sadot Sánchez Carreño.
| El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Hemos escuchado aquí en las
intervenciones, en las que uno de los puntos coincidentes que señalan en la discusión
innecesaria y sorprendente de esta solicitud de licencia, es que una de las fracciones, y
se refieren a la fracción de mi partido, no es capaz de ejercer las funciones que tenemos
hoy en el Congreso.
Y precisamente quiero decirle a los
señores diputados que me han precedido en este sentido, que lo que queremos hacer hoy es
precisamente aplicar la ley. En la casa de la ley el principal argumento y el más
convincente que desarma cualquier tipo de discusión estéril, es precisamente la
aplicación de la ley.
Hoy estamos ante la solicitud de una
licencia que con la facultad que la propia Constitución le otorga a cualquiera de los
miembros de esta legislatura, está presentando uno de los diputados. Derivado de la
Constitución y en ejercicio de sus facultades, un diputado ha solicitado a esta Comisión
Permanente una licencia y es facultad, como se ha señalado aquí, de conformidad con el
artículo 79 en su fracción VIII, el que este órgano, como es la Comisión Permanente,
conozca y resuelva sobre la licencia presentada.
Se han señalado, de manera anticipada y
con el prejuicio político que esto implica, que esta licencia está encaminada dentro de
un procedimiento que se va a realizar para la sustitución del Ejecutivo en el Estado de
Chiapas y precisamente se comenta que esta facultad que hoy tiene la Comisión Permanente,
al ejercerla, sería constituir un acto de complicidad en la resolución del problema
político de Chiapas.
Muy lejos de estas afirmaciones,
compañeros legisladores, la actuación de la Comisión Permanente tiene una firme e
inamovible referencia y ésta se deriva de la propia Constitución; por el contrario, el
no acordar, conocer o resolver trámites como los que hoy se han presentado y que lo
hicimos en la sesión pasada sin que hubiese ninguna oposición y ninguna alternativa en
el procedimiento, toda vez que en el artículo 79 constitucional se señala expresamente
cuál es la diferencia que debe darse a los distintos trámites que no sean licencia.
El artículo 79 en su fracción III señala
expresamente, que aquellos asuntos, y quedan excluidos los de la fracción VIII, es decir,
quedan excluidos los que se refieren a las licencias, ésos sí, deberán de turnarse como
aquí se señalaba anteriormente, a las comisiones para que sigan el procedimiento
legislativo correspondiente, pero no es el caso porque lo expresa de manera particular y
con esto el Constituyente quiere excluirlo...
Se le pregunta al orador...
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Sí, desde luego, con mucho gusto.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Es una pregunta que cifraría de esta
forma. ¿Usted supone, señor diputado, que la Comisión Permanente del Congreso está
obligada a conceder licencia a cualquier legislador que se la pida?
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Le voy a leer textualmente el
artículo correspondiente para contestar su pregunta, señor diputado.
"El artículo 79 dice: la Comisión
Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución,
tendrá las siguientes:
Fracción VIII. Conocer y resolver sobre
las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores."
Habla de dos verbos que es el conocimiento
o sea el enterarse de esta solicitud como hoy estamos recibiendo y, segundo, resolver
mediante una decisión que corresponde en este caso a la Comisión Permanente en
sustitución del órgano a quien le corresponde por la competencia de acuerdo con las
solicitudes de cada una de las cámaras.
De conformidad con el artículo 77 en su
primera fracción, son facultades de cada una de las cámaras resolver desde el punto de
vista económico. Se refiere esto al interior de la organización y funcionamiento de las
cámaras, de las solicitudes que se presenten y, en los recesos, quien conoce y resuelve
es la Comisión Permanente. Es decir, la resolución será de acuerdo con la decisión que
se tome aquí por este órgano permanente.
¿Es todo?
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Sí, señor Presidente.
Continúe la medición del tiempo,
por favor.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Por lo que se refiere al orden del
día que nosotros hemos conocido, sabemos y lo hemos aprobado, que uno de los puntos que
se hará y en los que habrá, como se ha manifestado aquí, un debate, es el asunto de
Chiapas.
Relacionar en este momento un trámite que
representa la licencia a la cual debe de caer una resolución, sería distraer en este
momento y sería inoportuno llevar a debate el conocimiento y resolución de esta
licencia. Tenemos que resolver de acuerdo con la práctica y las disposiciones
reglamentarias. Hoy yo le solicitaría al señor Presidente que se ponga a discusión,
como ya está hecho y se consulte a la Comisión Permanente, para que en votación
reglamentaria se resuelva si se aprueba o no la solicitud presentada.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Jesús Martín del Campo.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
De manera muy breve ratificaré o
refrendaré los puntos de vista que mi partido, a través de otros dos legisladores, ha
sostenido en este tema; ciertamente no hay un antecedente, incluso no hay planteamientos
explícitos de cómo abordar una discusión cuando se dé, ésta es la primera vez que se
da sobre una licencia que pide un legislador y hay consideraciones al respecto que son
válidas; no estamos planteando que haya violación alguna al reglamento o a las normas
que rigen la vida de esta Comisión Permanente; simplemente estamos haciendo uso de un
derecho en torno a una petición de licencia sobre la cual tenemos una consideración
política.
La semana anterior, que es una referencia
obligada para este tema, los legisladores de la oposición, dentro de ellos los del PRD,
dijimos que había inestabilidad e ingobernabilidad en Chiapas, que había hecho
explosión evidente con la masacre reprobable de Chenalhó y que había también elementos
apoyados política y jurídicamente que nos hacían pensar en la necesidad de un periodo
extraordinario del Senado, para que se pudiera nombrar a un nuevo gobernador,
desapareciendo los poderes del Estado, por consideraciones evidentes, y se nos contestó
políticamente que tenían la consideración los legisladores del PRI de que no había tal
ingobernabilidad, no había necesidad de cambio de gobernador en el Estado de Chiapas.
Y se habló que, incluso se dijeron las
cifras que hoy estamos retomando, de muchos gobernadores en un lapso breve que hablan de
inestabilidad y de ingobernabilidad en el Estado de Chiapas, que han obligado en ocasiones
anteriores y nuevamente ahora, a que se designe a un nuevo gobernador como una secuela y
una cadena que no ha dado resultados en las condiciones en que este procedimiento se ha
determinado. Han nombrado siempre a un gobernador, con la anuencia del Ejecutivo que
después refrenda el Congreso local que tiene mayoría del Partido Revolucionario
Institucional y esto no ha dado resultado para dar cauce a la conflictiva política y
social que existe en el Estado de Chiapas. Simplemente estamos previniendo que siguiendo
esta secuela es un asunto inadecuado, que no ha dado resultado en Chiapas y que ha
obligado a una permanente intervención federal, que incluso nos permite sospechar que
todavía tiene como una de sus orientaciones centrales la de una salida autoritaria al
conflicto de Chiapas, que rebasa incluso el nombramiento de un gobernador; no se reduce a
eso.
Por eso hemos insistido en nuestras
consideraciones políticas, que lo que en Chiapas se necesita, además del cambio de
funcionarios, es un cambio de política global y dentro de estos cambios de política es
no repetir la misma dosis de que desde el Ejecutivo se toma la determinación de cuándo
conviene cambiar una pieza, en este caso al gobernador del Estado de Chiapas, para poner
otra pieza que dé salida al asunto, no de fondo, sino sólo superficialmente y esto es lo
que nos preocupa.
También se nos dijo aquí, la semana
pasada, que no era para tanto el efecto del conflicto de Chenalhó, de la masacre de
Chenalhó, que nosotros insistimos en que tenía fuertes vinculaciones ahí con el Partido
Revolucionario Institucional en la entidad, dijimos explícitamente que hay miembros del
Partido Revolucionario Institucional que están ligados a los grupos paramilitares que
objetivamente cometieron en el caso de Chenalhó una masacre y que por ello era
conveniente configurar un escenario distinto, políticamente hablando, en el Estado de
Chiapas, que permitiera que hubiera un gobernador distante de los grupos de poder local,
que son retardatarios y que han llevado a la comisión de crímenes como el de Chenalhó y
otros tantos que no tuvieron el mismo efecto, pero que son igualmente perniciosos y que
son igualmente negativos para buscar una salida de transformación democrática en la
entidad.
Es por esta razón también que decimos que
no es conveniente que un miembro del mismo partido al que se ha señalado en el Estado de
Chiapas con responsabilidades de varios de sus miembros que tienen cargos de elección
popular o son funcionarios del gobierno estatal, con responsabilidades de vínculo con
grupos paramilitares en la comisión de delitos que han llegado a masacres terribles como
la de Chenalhó.
Entonces, creemos que de continuar una
misma lógica y en una inercia de nombrar gobernadores con la anuencia o con la señal
desde el Ejecutivo, que ignoran las condiciones locales de la conflictiva, no va a dar
resultado para crear un ambiente adecuado. Nosotros creemos que hay que configurar otro
ambiente, que se necesitaría un gobernador que pueda guardar distancia con los grupos
caciquiles y retardatarios en la entidad y que pueda, junto con otras medidas que se
tomen, crear una verdadera distensión política.
Se puede, incluso se va a votar aquí con
la votación de la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente, pero es
inadecuado políticamente y es lo que querernos dejar sentado. No cometemos ninguna
violación a reglamento alguno, nosotros tampoco, al plantear nuestra consideración de
por qué emitiremos el voto en contra de la licencia.
Sí sabemos, lo sabe también el senador
Lanz Cárdenas, que hay esta petición de licencia porque ocupará, a propuesta del
Ejecutivo y con la votación muy probable en el Congreso del Estado de Chiapas, el cargo
de gobernador, el diputado Albores, que pide ahora licencia. No es un asunto personal, en
esto no hay nada personal; hay una consideración política y se están cubriendo las
formas dentro de la normatividad de esta Comisión Permanente, pero queríamos dejar clara
nuestra posición política sobre esta petición de licencia por sus implicaciones
políticas también.
Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el
diputado Rafael Oceguera.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, creo que
evidentemente éste es un asunto que se encuentra agotado en su discusión. Habida cuenta
que no hay argumentaciones de carácter jurídico que hablen de una discusión que pudiera
ser equivocada por parte de este órgano, le ruego acepte que yo decline participar en la
tribuna en esta discusión.
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Que se dé lectura al artículo 60
del reglamento y que la Presidencia ordene lo conducente a fin de que éste sea cumplido
en el caso del proyecto que está a discusión de la Comisión Permanente.
Solicito a la Secretaría lea por
favor el artículo 60 del reglamento.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Artículo 60. Ninguna
proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones
correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en
los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia
resolución.
Cuando la Cámara conozca de los permisos a
que se refieren las fracciones II, III y IV del inciso B del artículo 37 de la
Constitución General, la comisión legislativa correspondiente podrá formular dictamen
resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos
artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que puestos a discusión si un
legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado."
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Ahora solicito que se lea el 159 del
reglamento.
La Secretaría por favor lea el
artículo 159 del Reglamento.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Artículo 159. Para calificar
los casos en que los asuntos son de urgente u obvia resolución se requieren las dos
terceras partes de los votos presentes, de conformidad con los artículos 50 y 60 de este
Reglamento."
El senador Juan Ramiro Robledo.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Solicitar que se lea el título del
capítulo del reglamento al que pertenece el artículo 60.
Lea por favor la Secretaría el
título del capítulo del 60.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
De los proyectos de ley.
Aquí sí, diputado Gómez, está
acotado a las iniciativas de ley el procedimiento y estamos desarrollando un oficio de un
diputado en los términos ya previstos del artículo 95.
A sus órdenes, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
58 y 59 del reglamento, porque algo
debe aplicarse en este caso. No puede existir la no reglamentación de este proceso, algo
se tiene que aplicar que no sea la arbitrariedad del señor diputado, ya no lo menciono
porque tiene muy mal genio.
Así es, diputado Gómez.
En los términos del artículo 115,
solicito a la Secretaría dé lectura al mismo del reglamento, habiéndose agotado los
oradores inscritos a favor y en contra, conforme lo establecimos en el artículo 114.
Solicito a la Secretaría dé lectura al
artículo 115 del reglamento.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Artículo 115. Cuando hubieren
hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el Presidente mandará
preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso se
procederá inmediatamente a la votación. En el segundo continuará la discusión, pero
bastará que hable uno en pro y otro en contra para que se pueda repetir la
pregunta."
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Del reglamento o, dígame usted,
¿qué artículo estamos aplicando al efecto de aprobar la proposición que está
presentada ante la Comisión Permanente?
El procedimiento que estamos
aplicando, diputado Gómez, se ha hecho con fundamento en los artículos 95, 96, 98, el
114 y 115 y lo que procede, habiéndose agotado el turno de oradores, es consultar a la
Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Si me permite usted, yo pido que este
asunto se debata, porque el procedimiento no puede ser simplemente diciendo qué
artículos se están aplicando, sino qué dicen.
El 92 creo que no se aplica, lo mencionó
usted.
El artículo 95.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
El 95 creo que tampoco se puede
aplicar, porque no estamos en este momento en la discusión, diputado Presidente, estamos
en la fase de la votación. Entonces, si usted aplica el 95 ése no resuelve el menor
problema.
Yo le pregunto, ¿conforme a qué
procedimiento del reglamento pretende usted que se vote este asunto, conforme a qué
artículo? Yo estoy planteando la proposición, que no es iniciativa de ley y que sea
comprendida en el artículo 58 para que se cubran los trámites y de conformidad con la
urgencia que muestran aquí algunos legisladores, la aplicación del 59, que tiene
vinculación, señor Presidente, con el ya invocado, que se refiere al capítulo de las
votaciones, específicamente, y que dice: "para calificar los casos en que los
asuntos son de urgente y obvia resolución, se requieren las dos terceras partes de los
votos presentes, de conformidad con los artículos 50 y 60 de este reglamento".
Entonces, dígame usted, ¿qué artículo
está aplicando para votar este asunto, no para discutirlo, sino para votarlo?
Diputado Gómez, le reitero que el
procedimiento que hemos desarrollado a partir de la presentación de la solicitud de
licencia del diputado Albores, se fundamenta en los artículos 95, 96, 98, 114 y 115 y en
tal sentido lo que procede es que la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo, para que si así se proceda a la votación.
De no serlo, para que hable un nuevo turno de un orador a favor y un orador en contra. En
ese sentido solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el punto de acuerdo.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación económica, se pregunta
a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
Está... permítame, diputado Gómez,
estamos en el trámite de una votación, permita que concluya. Adelante la Secretaría...
Diputado Gómez, le pido que permita que
concluya la Secretaría el trámite de consulta a la Asamblea si está o no
suficientemente discutido.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Está suficientemente discutido.
Ahora tiene el uso de la palabra el
diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Lo que yo estoy solicitando es que se
ponga a votación de la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado
Albores Guillén.
Diputado Oceguera, tiene la palabra.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Para hacer una moción de orden,
señor Presidente.
Creo que es evidente que hay un interés
mucho muy especial de parte del diputado Gómez, por demorar la tramitación de una
licencia, como aquí se dijo por los oradores Lanz Cárdenas y Sánchez Carreño, que en
otras ocasiones, inclusive en la sesión anterior, las hemos otorgado ateniéndonos a las
disposiciones constitucionales que nos obligan como órgano representativo de Congreso
General.
Señor Presidente, le hago a usted una
atenta solicitud para que haga una moción de orden para que el diputado Gómez se
conduzca con propiedad y respete la tramitación, que aquí bien se ha explicado, se le ha
dado a este asunto en los términos reglamentarios, de acuerdo con el 95, 96 y demás
relativos.
Creo que lo que procede, señor Presidente,
es recoger la votación de nosotros los integrantes de este Colegio para que determinemos
si el punto de acuerdo se aprueba o se desecha, señor Presidente.
Le pido, por favor, le dé curso a mi
moción de orden.
Habiéndose determinado que está
suficientemente discutido el punto de acuerdo, le solicito a la Secretaría vuelva a leer
el artículo 115, para que procedamos de inmediato a la votación sobre el propio punto de
acuerdo.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
"Artículo 115. Cuando hubieren
hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el Presidente mandará
preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer caso, se
procederá inmediatamente a la votación; en el segundo, continuará la discusión; pero
bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la
pregunta."
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Una moción de procedimiento, señor
Presidente.
Diputado Gómez, lo que procede en
términos del 115, es pasar de inmediato a la votación. El punto de acuerdo sobre la
solicitud planteada por el diputado...
Permítame, diputado Gómez, por favor, se
lo pido también que lo...
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente, que se tome en
cuenta de que las sesiones de la diputación permanente tengan ese desarrollo. Yo le pido,
señor Presidente, por su conducto al diputado Gómez, respete las formas parlamentarias,
para que la forma pueda desahogar todos los asuntos que están atentados en el orden del
día de manera adecuada y de manera conveniente.
Así es, estamos en el trámite...
permítame, un momento, diputado Gómez.
Diputado Gómez, no le he concedido la
palabra... está agotado el procedimiento, habiendo hecho a la Asamblea la consulta,
procede en los términos del artículo 115 solicitar a la Asamblea la votación sobre el
punto de acuerdo.
Diputado Gómez, le ruego guarde la
compostura respecto al desarrollo de esta sesión. Estamos en el 115, diputado Gómez, el
punto de acuerdo sobre la solicitud de licencia del diputado Roberto Albores. Ese es... ya
lo que se solicitó fue considerar a la Asamblea, si se consideraba suficientemente
discutido o no el punto de acuerdo...
En los términos del artículo 18 del
reglamento, solicito a la Secretaría dé lectura, pido que se consulte a la Asamblea si
estamos en el trámite correcto del artículo 115, que una vez hecha la consulta sobre si
está suficientemente discutido o no el punto de acuerdo, lo que procede es pasar a la
votación sobre el mismo.
Ruego a la Secretaría leer el artículo 18
del reglamento.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
"Artículo 18. El Presidente en
sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara."
Solicito a la Secretaría someta a
consideración de la Asamblea, si estamos desarrollando el procedimiento correcto conforme
al artículo 115, para proceder de inmediato a la votación sobre el punto de acuerdo de
la solicitud de licencia del diputado Albores.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea...
Estamos en votación...
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación económica se pregunta a
la Asamblea...
Haber, permítame la Secretaría. Que
se someta a votación en forma nominal, conforme a la solicitud del diputado Pablo Gómez
y los otros cinco legisladores del PRD.
Si estamos en el trámite correcto del
artículo 115 del reglamento.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a recoger la votación nominal
para precisar si se está siguiendo en la mesa el trámite correcto.
Se instruye a la Oficialía Mayor haga los
anuncios del artículo 161.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 20 votos
aprobando el procedimiento y 17 en contra.
En este caso, conforme al artículo
115 se solicita a la Secretaría someta a votación económica el punto de acuerdo
relativo a la solicitud de licencia del diputado Roberto Albores.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo que se acaba de
discutir.
Por favor solicito a la Secretaría
someta a votación en forma nominal el punto de acuerdo del que estamos tratando.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación nominal se va a recoger
la votación del punto de acuerdo que concede licencia al diputado Roberto Albores
Guillén. Se instruye a la Oficialía Mayor, haga los anuncios del artículo 161 del
reglamento.
(Votación.)
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Señor Presidente, se emitieron 20
votos en pro y seis en contra.
Aprobado por 20 votos. Comuníquese a la
Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría
desarrollando el orden del día.
SENADORA
QUE SOLICITA LICENCIA
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Señor Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El titular del Ejecutivo Federal, me ha
invitado para desempeñar el cargo de Secretaria de Relaciones Exteriores. Por lo tanto,
con fundamento en los artículos 62 y 79 fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, atentamente me permito solicitar a esa Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, por su apreciable conducto, me conceda la licencia
correspondiente que me permita desempeñar dicho cargo.
Mucho agradeceré a usted se sirva dar el
trámite correspondiente a la presente solicitud.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente.
México, D.F., a 7 de enero de 1998.-
Senadora María del Rosario Green Macías.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia a la senadora
Rosario Green Macías, para separarse de sus funciones como senadora de la República,
para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública
Federal, a partir de esta fecha.
Se pone a consideración este punto de
acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta
si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
ESTADO DE
COLIMA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- 1997-2000.-
Honorable Congreso del Estado de Colima.- LII Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En sesión pública ordinaria celebrada el
día de hoy, por la LII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima,
se eligió al presidente y vicepresidente, que fungirán durante el tercer mes del primer
periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional, que comprende
del 16 de diciembre de 1997 al 15 de enero de 1998, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Marco Antonio García Toro y
vicepresidente: Adalberto M. Pineda López.
Lo que me permito comunicar a usted, para
los efectos legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, a 16 de diciembre de 1997.-
El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Colima, Jaime Salazar Silva.»
De enterado.
GRADOS
MILITARES
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se han recibido 15 oficios de la
Secretaría de Gobernación.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del
general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Raúl Pinedo Dávila (6156691),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del
general brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Norberto González Cabrera (6416548),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Pedro Cervantes Aguirre (6461968), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Noé Sandoval Alcázar (6652501), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual.
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Hernández Andreu (6462193),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Jorge Campos García (6103864), agradeciéndoles que
por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos
del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, José de Jesús Hernández Rivera (6772700),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Diplomado de Estado Mayor, Urbano Pérez Bañuelos (4454578), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio Ayón Rodríguez (5000875), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Diplomado de Estado Mayor, Bernardo Segura Nieto (495414), agradeciéndoles que
por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos
del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual,
la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta dependencia del Ejecutivo,
manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Diplomado de Estado Mayor, José Leopoldo Martínez González (4749038),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acompaño con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines
legales procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada, Carlos Campos de la Concha (490230), agradeciéndoles que por su digno
conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo
76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Diplomado de Estado Mayor, Jorge Isaac Jiménez García (5528145),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Esteban Virgen (6103911), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada Médico Cirujano, Pablo de la Cruz Velasco Alvarez (493824), agradeciéndoles
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnense a la Segunda
Comisión.
MUNICIPIOS
Tiene la palabra el senador Juan
Antonio García Villa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer
comentarios sobre el procedimiento de distribución de las participaciones federales a los
municipios, hasta por 15 minutos.
| El senador Juan
Antonio García Villa: |
Señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
Como seguramente se recuerda, en el ya
remoto año de 1980 se estableció el actual esquema en materia de coordinación fiscal.
De acuerdo con este esquema de lo que por concepto de participaciones en impuestos
federales reciben los estados, éstos deben hacer llegar, cuando menos, el 20%, la quinta
parte, a sus respectivos municipios. Así quedó establecido en este esquema desde 1980.
Posteriormente en la reforma constitucional
en materia municipal, hacia principios de 1983, se dejó plasmado en la Carta Magna, que
las legislaturas estatales cada año deberán determinar las bases, montos y plazos de las
participaciones que provenientes de la Federación deberán hacer llegar los gobiernos
estatales a los correspondientes municipios de cada entidad. Cada año, pues, se deben
establecer estos criterios de distribución o reparto de la proporción de las
participaciones en impuestos federales, la quinta parte cuando menos, que los gobiernos
deben hacer llegar a los municipios.
Resulta, señoras legisladoras, señores
legisladores, que como es también del conocimiento general en el periodo de sesiones
ordinarias recientemente concluido se produjo un notable avance en esta materia, en la
medida en que los municipios del país, por la vía de las participaciones en impuestos
federales y también ahora por la vía de las aportaciones establecidas tanto en la Ley de
Coordinación Fiscal como anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
verán como nunca fortalecidas sus haciendas, es decir, sus haciendas municipales.
Ocurre, señores legisladores, que como
esta ley es de aprobación anual, en el caso del Estado de Coahuila los diputados de la
mayoría que son del PRI, en la legislatura local, por insistencia de los funcionarios del
Ejecutivo estatal, se apresuraron a aprobar esta ley de vigencia anual que establece las
bases, plazos y montos de cómo se harán llegar durante 1998, las participaciones a los
38 municipios con que cuenta el Estado de Coahuila.
Se les hizo notar que aprobar el 2 de
diciembre esta ley de vigencia anual era prematuro, toda vez que no había culminado en
las cámaras del Congreso de la Unión el proceso que en buena medida estaba relacionado
con las aportaciones, las participaciones, en resumen los recursos federales que habrían
de hacerse llegar a los estados del país y por consecuencia a los municipios.
No obstante eso, el 2 de diciembre se
aprueba esta ley en el Estado de Coahuila, se publica en el órgano oficial del gobierno
local el 6 de diciembre y cuando en las cámaras del Congreso culmina lo relativo a las
reformas, pero sobre todo adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, y en la de diputados
el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998, en ese
Estado del norte del país se da marcha atrás, al ver que los municipios recibirían como
nunca recursos para fortalecer sus haciendas y el 26 de diciembre se envía, no se envía,
supuestamente los diputados locales del PRI presentan una iniciativa para reformar la ley
que distribuye los recursos entre los municipios, ley que, como es claro, aún no entraba
en vigor.
Pero lo curioso del caso es que los
diputados del PRI presentan la iniciativa y quien va a explicar los términos de esta
iniciativa de reformas a la ley que distribuye los recursos entre municipios, son
funcionarios de la secretaría de finanzas, con lo cual queda perfectamente claro que no
se trataba, sino de una posición gubernamental que tiene sin duda un determinado
propósito político.
Ocurre, señores diputados, que durante
1997, el año que acaba de concluir, se repartió hacia el final del periodo un total de
462 millones de participaciones a los municipios, provenientes de recursosfederales. Se
tenía previsto antes de las reformas en las cámaras del Congreso, que estas
participaciones se incrementarían a 555 millones de pesos. Pero cuando se advierte que
los recursos que iban a dar a los municipios, en ese Estado concretamente, no serían 555,
sino 856 millones de pesos, se cambia la fórmula de distribución de recursos a
municipios con un claro propósito político.
La fórmula tradicional para repartir estos
recursos era prácticamente, en Coahuila, de acuerdo con el número de habitantes de cada
municipio. La bolsa de participaciones a repartir entre los 38 municipios del Estado se
distribuía en un 97.5%, de acuerdo con la población de cada municipio. Cuando se
advierte la cuantía de recursos que llegarán en 1998 con destino a los municipios y
antes de entrar en vigor la ley anual, que había sido aprobada el 2 de diciembre, los
diputados del PRI modifican la fórmula de manera tal que en lugar del 97.5% de las
participaciones se distribuyan en función o en proporción directa a la población de
cada municipio, este elemento, la población, se queda apenas en el 40% y otro 40% de
acuerdo con las recaudaciones de impuesto predial que dentro del total del Estado tenga
cada municipio y de acuerdo con las recaudaciones por el cobro de derechos de agua potable
en cada municipio.
Da la casualidad que esta fórmula afecta,
como lógicamente se comprende el cambio en la fórmula, a los municipios de mayor
población y casualmente los municipios de mayor población son los gobernados por el
Partido Acción Nacional: Torreón, que significa el 25% de la población; Saltillo, que
representa el otro 25% de la población; Monclova, que es también gobernado por Acción
Nacional, Ramos Arizpe etcétera.
Pero si ahora se introduce como elemento
para la distribución de las participaciones la recaudación del impuesto predial,
cualquiera puede pensar que una administración municipal eficiente puede incrementar su
cobro de impuesto predial y con ello mismo tener derecho a reclamar, de acuerdo con este
cambio en la fórmula, mayores participaciones, pero da la casualidad que un Congreso
local claramente faccioso, ha venido deteniendo los incrementos en el impuesto predial a
los municipios importantes, casualmente que son los gobernados por Acción Nacional,
Torreón y Saltillo principalmente.
Y el otro elemento va a ser el cobro de
derechos de agua potable, resulta, señores legisladores, que esta información no se
tiene disponible, no sólo porque estadísticamente no esté accesible, sino porque
además contra lo que dice la Constitución General de la República, es todavía el
gobierno del Estado de Coahuila el que administra el servicio de agua potable en la gran
mayoría de los municipios del Estado.
Y va a ser el gobierno del Estado, con este
criterio claramente faccioso, el que va a decir qué recaudación por concepto de agua
potable tuvo cada municipio y seguramente no se va a estar midiendo, como es el
propósito, la eficiencia en el suministro, pero sobre todo en el cobro de este servicio
tan importante como es el suministro de agua potable y nadie nos asegura que la
estadística que al efecto se dé para determinar la fórmula de participaciones, sea la
correcta.
En resumen, señores legisladores,
claramente advertimos un juego que no es limpio, claramente advertimos un juego faccioso,
sectario que a nada nos va a conducir y si hoy pueden ustedes escuchar estos comentarios
en son de queja, tengan presente que el ejercicio de aprobación anual del presupuesto,
que el procedimiento para la aprobación del paquete fiscal para 1999 a la luz de cómo se
comporta el priísmo nacional, puede hacer que nosotros tengamos que tomar otro tipo de
consideraciones cuando estas cuestiones se pongan en juego el próximo ejercicio.
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Alfredo Philips Olmedo, del grupo
parlamentario del PRI.
| El diputado Alfredo Phillips Olmedo: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Antes de dar respuesta a los
cuestionamientos y apreciaciones y, ¿por qué no?, amenazas que preocupan al senador Juan
Antonio García Villa, en relación al nuevo criterio de distribución de las
participaciones federales que le corresponden a los municipios de Coahuila para este año
de 1998, considero necesario detenerme brevemente y hacer una referencia sobre los
antecedentes de este tema, que se dieron justamente en el seno del Congreso.
Hago esta reflexión con el propósito de
establecer un marco general que permita ubicarnos mejor en las reformas que emprendió
libre y soberanamente la legislatura de Coahuila. Que no se nos olvide que el pasado mes
de diciembre, el Congreso de la Unión, a través de las reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal para 1998 reafirmó las premisas que deben orientar cualquier debate
en la vida nacional sobre el régimen tributario.
Se dijo en esa ocasión en el dictamen de
referencia, y cito: "que las reformas se realizaban con objeto de fortalecer y
renovar el federalismo, no sólo desde el punto de vista político, sino también del
ámbito económico." Termina la cita .
Se señaló de igual forma y cito
nuevamente: "... que existe un régimen fiscal de coordinación entre la Federación
y las entidades, cuya finalidad es el de fortalecer las haciendas locales redistribuyendo
la recaudación federal, lo más justo y equitativamente posible y equilibrado".
Las reformas se realizaron teniendo como
premisa el terminar con el centralismo, que al concentrar recursos, oportunidades y
estímulos, limita la capacidad de desarrollo de estados y municipios; se realizaron con
el fin de hacer respetar el espíritu del pacto federal que representa el logro de una
relación más justa e igualitaria entre los tres órdenes de gobierno; se realizaron para
eliminar las desigualdades regionales fomentando con ello una mayor justicia social en el
desarrollo de nuestras regiones y del país en general.
Con estas perspectivas, los legisladores
tuvimos a bien incrementar las participaciones y las aportaciones federales que les
corresponde en derecho y en justicia a los gobiernos locales. Es así que surgieron nuevas
aportaciones económicas a los estados y municipios como son las del fondo de aportaciones
para el fortalecimiento de los municipios y del Distrito Federal; el fondo de aportaciones
para la infraestructura social y el fondo de aportaciones múltiples.
Además, la descentralización de recursos
económicos para que los gobiernos locales cubran directamente los gastos derivados de la
educación básica y normal, así como los servicios de salud, todo dentro de este
contexto de privilegio de una manera especial a estados y municipios.
El legislador brindó su apoyo con su voto
en favor de un desarrollo armónico, de un mejor equilibrio en las haciendas de las
diversas instancias de gobierno y del fortalecimiento municipal además de otros
principios fundamentales, como lo fueron menos gasto discrecional y más justicia social.
Por ello, resulta desafortunada una concepción sobre las haciendas locales como es el
caso de Coahuila que ahora intente politizar lo que en su momento fue y debe de seguir
siendo una acción de gobierno de buena fé, del más puro espíritu republicano que no
registró colores partidistas, porque estuvo impregnado de compromisos justos hacia la
entidad.
¿Qué determinación tomó la legislatura
de Coahuila que es autónoma, en su estricto ámbito de competencia en relación con los
recursos federales que le corresponden al gobierno del Estado de distribuir a los
municipios? Simple y sencillamente hizo suyos los mismos principios rectores, que los
motivaron a aprobar las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal y en muchas de sus
atribuciones como entidad libre y soberana, determinó en su régimen interior, darle un
sello de justicia y equidad a los municipios con mayor rezago social, con más pobreza,
con más desigualdad y lo anterior sin distingo de colores y partidos políticos.
Hay dos aspectos que nos deben de quedar
muy claros: primero, la legislatura de Coahuila actuó estrictamente dentro de su
competencia local, sin quebrantar el sentido y la orientación que dimos los legisladores,
y en segundo lugar, se buscó un mejor equilibrio entre los grandes y pequeños
municipios, porque gobernar es justamente eso, conciliar intereses, equilibrar fuerzas,
erradicar legislaturas y administrar para todos.
Los legisladores locales coahuilenses,
incluidos los diputados del PAN, votaron las reformas hacendarias estatales, que
garantizan que todos los municipios de esa entidad reciban al menos el mismo monto de
recursos económicos que el año que terminó, o sea 1997. ¿Es acaso sensurable que los
municipios rurales tengan la garantía de recibir al menos los mismos recursos del año de
1997 sin demérito de incremento sustancial que recibirán las grandes ciudades?
¿Es justo que en el seno de un mismo
Estado se marquen y recrudezcan las diferencias entre las grandes y las pequeñas ciudades
con criterios hacendarios desproporcionados? ¿No es ese mismo el reclamo y la lucha
ancestral en que las entidades federativas y todo federal por el cual peleamos la inmensa
mayoría de los legisladores federales?
Nunca será criticable que la legislatura
de ese Estado norteño haya orientado su fórmula de redistribución, de participaciones
federales a los municipios, tomando justamente criterios y parámetros que fortalecen el
federalismo, ¿o acaso lo que es bueno para las entidades es malo para los municipios?
¿Acaso también es cuestionable que el
legislador coahuilense sea sensible a su realidad y apruebe la creación de un fondo de
contingencia, de menos del 4% del total de participaciones federales que le corresponden a
los municipios, como garantía de equidad hacendaria para apoyar a aquellas pequeñas
ciudades que, sumando participaciones y aportaciones federales no logren obtener la misma
cantidad de recursos económicos que el año que terminó?
Que no se nos olvide que nuestros
compromisos fundamentales están con los que menos tienen, están con la promoción de un
desarrollo equitativo que rechace los contrastes y rezagos, están con la promoción de un
federalismo que sea un eficaz instrumento para mitigar disparidades e impulsar una
redistribución más justa de recursos y oportunidades.
El Congreso local cumplió con su tarea y
dio paso a una reforma trascendental. Dejemos que la legislatura de Coahuila confirme en
su contexto, la idea prioritaria de nuestra reforma que es en síntesis la redistribución
de recursos económicos bajo principios de justicia y equidad, sin descuidar las zonas
marginadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
| El senador Juan
Antonio García Villa (desde su curul): |
Señor Presidente, solicito la
palabra.
¿Con qué propósito, señor
senador?
| El senador Juan
Antonio García Villa: |
Para rectificar hechos.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra el senador Juan Antonio García Villa, hasta por cinco minutos.
| El senador Juan Antonio García Villa: |
Señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
El primer hecho que deseo rectificar, es la
afirmación que acaba de hacer en esta tribuna el señor diputado Phillips Olmedo. Yo no
lancé ninguna amenaza; él así lo dio a entender porque seguramente por alguna traición
del subconsciente así lo entendió.
Lo que sí afirmamos con toda claridad, es
que a la luz de este juego que hace que lo que aquí se apruebe en la letra y en el
espíritu, cuando se tiene que reflejar, como ocurre en materia de coordinación fiscal,
se traicione el espíritu de la reforma.
Tendremos que ser, los legisladores de
Acción Nacional más cuidadosos en este juego, porque advertimos que nuestros
interlocutores y con quienes tomamos las decisiones, están muy lejos de ser escrupulosos
en ese trato.
Yo creo que tomar previsiones adicionales
no es una amenaza; simplemente la respuesta a una realidad que ahora advertimos se da en
un claro y evidente doble juego.
Usted dice que la decisión de modificar la
fórmula de cómo se habrá de distribuir durante 1998 esta proporción de participaciones
federales que van a los municipios, en este caso del Estado de Coahuila, la tomó
soberanamente el Congreso del Estado.
La primera pregunta que yo le hago a usted
y a quienes como usted piensen, es: ¿qué no ya había tomado esta decisión el 2 de
diciembre, aprobando una ley que entraría en vigor el 1o. de enero de 1998 y que incluso
se había publicado en el periódico oficial del gobierno de ese Estado?, o ¿explica en
algo su afirmación, que por supuesto considero inexacta, de que fue la legislatura de ese
Estado la que cambió la fórmula, cuando ya había aprobado una, cuando se le pidió que
demorara la aprobación hasta ver en qué terminaba este capítulo dentro del paquete
económico en las cámaras del Congreso? Y este ejercicio tan poco serio de que la
iniciativa de reformas a una ley que todavía no entraba en vigor, pero que ya había sido
promulgada, dizque fue promovida por los diputados del PRI, se dirá, forman parte de esa
soberanía del Estado de Coahuila, pero las explicaciones las fueron a dar funcionarios de
la secretaría de finanzas del Estado de Coahuila.
Usted habla de un fondo de contingencia,
sería interesante que nos diga en qué parte de la legislación de Coahuila está
contenida esta figura del fondo de contingencia. No está y usted lo dice porque fue el
argumento que los funcionarios del Ejecutivo en Coahuila manejaron a la opinión pública,
pero si usted revisa la ley no viene ese fondo de contingencia, viene una proporción
equivalente al 10% de las participaciones federales que serán destinadas a municipios,
que se van a distribuir de manera igualitaria entre los 38 municipios, pero eso no
garantiza, ese reparto igualitario de esta proporción del fondo no garantiza que los 38
municipios reciban cuando menos las mismas participaciones que recibieron en el curso de
1997, pero además resulta ocioso.
Si las participaciones nominalmente en ese
Estado en 1998, según estimaciones de la propia secretaría de finanzas, se van a
incrementar en casi, en más de un 85%, yo les aseguro que cualquiera que sea la fórmula
que se aplique, de hecho difícilmente podrá haber estados en los que disminuya esa
participación. Pero aún así hay municipios en los que va a disminuir y se supone que
por un mecanismo ajeno totalmente a la ley que establece conforme a la Constitución,
criterios, bases y montos para hacer este reparto, lo hará el gobierno del Estado, porque
para su conocimiento fue tan precipitada la fórmula y su diseño que 16 municipios
pequeños, en efecto, ven disminuida su participación de acuerdo con las estimaciones de
la secretaría de finanzas.
Y pudo haber dicho usted aquí, y no lo
dijo, que los municipios que yo mencioné, los demográficamente más importantes del
Estado de Coahuila, gobernados por ayuntamientos emanados de Acción Nacional, es cierto,
no van a ver disminuidos los montos de sus participaciones durante 1998, pero con
relación a la fórmula ya inicialmente aprobada y promulgada que entraría en vigor a
partir del 1o. de enero, sí van a ver disminuidas sus participaciones.
Entonces, señor diputado, señoras y
señores legisladores, insistimos, aunque usted diga lo contrario, porque las cosas están
más que claras, el ánimo, el propósito, el objetivo de modificar esta fórmula tuvo una
clara intención política y más que política facciosa y sectaria.
Gracias.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome, hasta por cinco minutos.
| El senador Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Con su venia, señor Presidente:
En primer lugar, y nobleza obliga, advierto
el espíritu de la intervención, de esta intervención del señor senador García Villa,
me queda muy claro que quizá desprendimos erróneamente algún sentido de amenaza en su
comentario, y por tanto estimo que ha sido en este aspecto muy útil su intervención para
ubicar su propuesta en términos de la prudencia que generalmente le ha caracterizado.
Por lo que toca al tema, creo que poco
podría decir en adición a lo que ya expuso el señor diputado Phillips Olmedo. Por una
parte estamos ante una decisión evidentemente autónoma de una legislatura local y hemos
en eso sido coincidentes todas las fracciones, todos los partidos políticos representados
en el Congreso, en sustentar como una aspiración común el federalismo.
La Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos consagra en el artículo 115 expresamente lo siguiente. Dice el artículo
115 en su fracción IV: "Los municipios administrarán libremente su hacienda, la
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, y en todo
caso: -agrega- inciso B. Las participaciones federales, que serán cubiertas por la
Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se
determinen por las legislaturas de los estados".
Es muy claro para todos nosotros que los
ayuntamientos no tienen una potestad legislativa y que en el marco constitucional del
artículo 115, y del 116, son los congresos estatales los que determinan, los que fijan,
los que preceptúan, la manera de, primero, integrar la hacienda y posteriormente de
distribuirla. Creo que estamos simple y sencillamente ante ese caso. Ante ese caso, que
ahí sí difiero técnicamente de la afirmación del licenciado García Villa, él no
presenta la incongruencia respecto a un derecho histórico o a una resolución tomada en
conciencia por toda la legislatura, apenas semanas antes de esta disposición.
Es evidente que el reconocer el esfuerzo,
el esfuerzo tributario propio, el esfuerzo administrativo, el incremento en la
contribución predial, es un avance en el manejo de las finanzas públicas locales y que
evidentemente el Estado, que en este sentido reconoce o premia lo que puede incrementarse
la hacienda pública a través de ese esfuerzo propio de los municipios, no está
desconociendo un principio también rector que en otros términos o bajo otra proporción
se reconoce, que es el de las necesidades expresadas en términos de población.
Podría yo decir, ciertamente, los
municipios más grandes son los que tienen más población, pero finalmente son quizá los
que tienen menos necesidad, comparativa o proporcional, de apoyo de la hacienda estatal y
de la hacienda federal a través de un mecanismo posterior de distribución de las
participaciones en impuestos federales.
Puede haber discrepancia de criterios en
casos específicos, pero el principio tiene sustento.
Me recuerda mucho lo que ocurrió en Baja
California, precisamente cuando asumió el poder mi buen amigo don Ernesto Ruffo, cuando a
los pocos días de haberlo asumido, se varió, también se trataba de la materia de
participación de ingresos en favor de los municipios, el mecanismo o sistema que había
venido operando, y en este caso la decisión tomada con base en las facultades que le
correspondía a la entidad bajacaliforniana, fue motivo de impugnación. Se planteó,
inclusive, recuerdo, a través de un amparo, por el ayuntamiento de Mexicali, que fue
sobreseído y la Suprema Corte, con un criterio evidentemente técnico, determinó que no
era el amparo el camino, sino la controversia constitucional que en este caso debiera
haberse intentado. No entró al fondo como tal y sin embargo desestimó la impugnación
que se habrá planteado por el municipio.
Podrá haber, evidentemente, algún
criterio distinto de nuestros amigos, de mis queridos compañeros de bancada panista, pero
me recuerda exactamente la situación anterior el mismo caso que se presentó entre
compañeros priístas que se sintieron afectados por una decisión que en términos
numéricos podría reducir sus recursos.
Contra el argumento que sí no puedo,
indudablemente convenir, estar con él, es el de que una legislatura no pueda variar, no
en cuatro semanas, al día siguiente, una determinación adoptada.
Ciertamente el nuevo marco de aplicación,
de distribución, de participación de ingresos entre los diversos niveles de gobierno,
pudo haber motivado alguna reflexión seria en torno a este tema, pero no lo veo ni como
una decisión caprichosa y con todo el respeto que me merece el señor senador García
Villa, no siento que lo haya orientado ningún propósito discriminatorio ni partidario.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra para rectificar
hechos, el senador Juan Antonio García Villa, hasta por cinco minutos.
| El senador Juan Antonio García Villa: |
Menos, señor Presidente; señoras y
señores; señores legisladores:
La afirmación que acaba de hacer el señor
senador Pérez Jácome, de una reforma que en efecto se introdujo en materia de
coordinación fiscal, concretamente también de reparto de participaciones federales a los
municipios de Baja California, como no la mencionó, pudiera haber quedado en el ambiente
de que fue una reforma facciosa, sectaria, como la de última hora antes del ejercicio
fiscal de 1998, se hizo por la legislatura de Coahuila.
Para que quede claro de que se trata,
contra lo que él dijo, lo que se reformó en Baja California, no fue el criterio o las
bases, montos y plazos de entrega de las participaciones, fue el porcentaje de las
participaciones federales, que la Ley de Coordinación dice que debe ser cuando menos del
20% de lo que recibe un estado se distribuye entre los municipios. Y los diputados del PRI
salientes de la legislatura en la que tenían mayoría, aprovecharon esa mayoría para
incorporar una modificación, que no hicieron cuando era gobernador del PRI e incrementar
la proporción de participaciones destinadas a municipios.
De tal manera que cuando la nueva
legislatura reforma esa modificación de última hora, no lo hizo con el ánimo de afectar
sólo o afectar al municipio de Mexicali, que tenía ayuntamiento del PRI; de hecho al
disminuir el porcentaje de participación, afectó también a los municipios de Acción
Nacional, que eran si no recuerdo mal, Tijuana, Ensenada y Tecate probablemente.
Esa es la aclaración, para que no se vaya
a poner en la misma tesitura de actitud facciosa, la del Congreso de Baja California, ya
con el gobernador Ruffo, y la que tomó a todas luces sectaria, el día 26 y 27 de
diciembre el Congreso del Estado de Coahuila con mayoría del PRI.
¿Con qué propósito, senador?
| El senador José
Trinidad Lanz Cárdenas (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos, tiene
el uso de la palabra y hasta por cinco minutos, el senador Trinidad Lanz Cárdenas.
| El senador José Trinidad Lanz Cárdenas: |
Con la venia de la Presidencia:
Paso a esta tribuna en función de que se
ha mencionado un caso, en el cual tuve la ocasión de intervenir y creo que los datos que
se han dado no son exactos. Y digo que tuve ocasión de intervenir, porque en aquella
época era yo ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuando se discutió el amparo
intentado por el ayuntamiento de Mexicali, en contra de la legislatura del Estado de Baja
California y del gobierno cuyo titular era el señor Ruffo Appel.
En aquel histórico asunto en donde la
Suprema Corte de Justicia decretó el sobreseimiento del juicio por mayoría votos, debo
decir, en contra de mi voto y de otros siete ministros, se sostuvo que era improcedente el
juicio de amparo y que lo que procedía era la controversia constitucional, en virtud de
que se hablaba de un conflicto de poderes.
El ministro oponente de aquel asunto,
sostuvo contra la opinión minoritaria de los ministros, que el ayuntamiento era un poder,
haciendo una interpretación muy parcial de la reforma que se había hecho al artículo
115 de la Constitución en el año de 1983. La realidad planteada en ese juicio de amparo,
discrepa de los datos que se han dado en esta tribuna.
En aquella ocasión se planteó que el
señor Ruffo Appel, como presidente municipal de Ensenada, Baja California, había logrado
a través de sus gestiones partidistas y personales, que se reformara la Ley de
Coordinación Municipal del Estado de Baja California y se estableció que en vez del 20%
que es el mínimo, debemos aclararlo, es el mínimo, no es un porcentaje fijo, la Ley de
Coordinación Fiscal Federal establece que cuando menos será el 20% de las
participaciones que reciba el Estado, las que se deban distribuir a los municipios.
La reforma que se hizo antes de que entrara
al poder el señor Ruffo Appel, por la legislatura del Estado, fue en el sentido de que a
partir de la fecha en que se cambiara la administración, el porcentaje sería el 25% de
las participaciones. Y contra lo que podía esperarse, a instancias del propio gobernador,
manejando la ley de las dos pesas y de las dos medidas, lo que había sostenido como
presidente municipal de Ensenada, no lo sostuvo como gobernador del Estado.
Y el día que iba a entrar en vigor, a
instancias del gobernador del Estado, la legislatura derogó la reforma que se había
hecho y volvió las participaciones del Estado de Baja California, para ser distribuida
entre los municipios al 20%.
Yo no quiero calificar ni la intención ni
los propósitos políticos. Pero el hecho objetivo es ése y así está registrado en los
archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quede hecha esta aclaración.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué propósito, diputado?
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Para rectificación de hechos.
Para rectificación de hechos, tiene
el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Muy breve, señor senador. Con su
permiso, señor Presidente:
Tiene usted un dato equivocado en Baja
California. Baylón Chacón presentó la iniciativa a un Congreso priísta, ya siendo
Ruffo Appel gobernador electo y se manipuló para aprobarse y entonces tratar de forzar en
los primeros meses de gobierno, de la nueva administración panista, a que se
incrementaran sustancialmente las participaciones atentando contra una estructura
financiera que estaba precisamente ya estructurada en un cierto criterio y que hubiera
planteado una crisis económica de entrada al gobierno de Ruffo Appel. Un albazo
legislativo que afortunadamente el Congreso impidió al ya tener una mayoría de
oposición.
Es un dato equivocado de su parte, señor
senador.
Para rectificar hechos tiene, el uso
de la palabra el senador Lanz Cárdenas, hasta por cinco minutos.
| El senador José Trinidad Lanz Cárdenas: |
Con la venia de la Presidencia:
Yo no soy testigo de oídas, señor
diputado. Yo tuve ese expediente en la mano y vi exactamente los planteamientos, tanto los
planteamientos que se hicieron por el ayuntamiento de Mexicali al promover su demanda de
amparo, como por los argumentos que se sostuvieron por el Congreso del Estado y por el
gobernador constitucional del Estado, el señor Ruffo Appel, y lo que se está mencionando
aquí, el equivocado es otra persona, no su servidor.
Senador Lanz, ¿permite una pregunta
que quiere hacerle el diputado Rodríguez Prats?
| El senador José
Trinidad Lanz Cárdenas: |
No quiero que lo interprete como una
descortesía personal. Por razones de congruencia, en las dos épocas en que he sido
legislador, no he aceptado la interpelación porque no está regulada ni en la
Constitución ni en el derecho.
Y si es una pregunta, tampoco.
No acepta, diputado.
ESTADO
DE CHIAPAS
Para referirse a la situación
política en el Estado de Chiapas, tiene la palabra hasta por 15 minutos el diputado
Francisco José Paoli, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
La conmoción que representan para nuestro
país los acontecimientos de Chiapas, nos deben llevar a reflexión profunda y a la
búsqueda de soluciones de fondo en este momento especialmente difícil y dramático de la
República.
Una solución a fondo de este conflicto
requiere de varias condiciones, además de un acuerdo o de un conjunto de acuerdos entre
el Ejército Zapatista y el Gobierno y también un conjunto de reformas constitucionales
que pudieran derivarse de este acuerdo, si bien estos últimos, los acuerdos y las
reformas constitucionales son indispensables para empezar a caminar hacia un camino, para
empezar a ir hacia la solución de fondo de los problemas.
Pero no voy a abundar mucho al indicar que
con muchas reformas constitucionales y legales que se han hecho, no se han conseguido las
soluciones de fondo de la problemática y por eso ahí están colgados de nuestra
Constitución un sinnúmero de derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, a
la vivienda, a las cuestiones más básicas que requiere la población y sin embargo
sabemos de la enorme marginación, de la ignorancia, del desamparo en el que viven
millones de mexicanos en extrema pobreza.
Así pues, si bien es necesario tener un
conjunto de acuerdos que dan cuenta de una voluntad de concertación, de entendimiento a
la cual se llega a través del diálogo, éstos no son suficientes.
Algunos de estos acuerdos que se han
empezado a formular, hasta el año de 1996, a partir del conflicto armado que arranca en
1994, precisamente el primer día de ese año, condujeron a una serie de planteamientos
nacionales que vale la pena repasar.
Es importante tener en cuenta estos
acuerdos llamados "de San Andrés Larráinzar" en los cuales el Gobierno de la
República y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de una etapa de
diálogo, apuntan una serie de cuestiones fundamentales sobre las cuales se difunde a la
nación la necesidad de establecer modificaciones en la Constitución y en las leyes, a
fin de dar cumplimiento a estos puntos.
Y es indispensable que repasemos, si no
todos los acuerdos y sus anexos, lo cual sería un tanto difícil en el breve tiempo de
esta intervención, sí recoger algunos de los puntos fundamentales que en ellos están,
para poder derivar en alternativas de cambios legales y de cambios que pudieran ejercerse
en la operación misma de la política general, de la política social y de la política
económica, que estos cambios constitucionales deben llevar.
Una de las condiciones indispensables,
además de los cambios constitucionales y legales, es la modificación de la organización
para el control político que ha sido montado largamente en Chiapas y en otros estados de
la República.
Destacan esos controles corporativos en los
pueblos rurales, como lo es mayoritariamente Chiapas. Ahí es donde con mayor fuerza, con
mayor vigor, con sedicia, diría yo, se han organizado controles férreos sobre la
población, hasta llegar al punto de los últimos años en los cuales no sólo se ha hecho
una organización corporativa de control, no sólo se ha utilizado la política social y
las derramas que hace el Ejecutivo a través de diversos programas para mantener,
auspiciar y dejar vivo ese control, sino que ahora, de acuerdo con lo último que hemos
estado testimoniando, se han formado no ya las guardias blancas de las que teníamos
conocimiento y que funcionaban a partir de esquemas caciquiles tradicionales, sino nuevas
bandas armadas en función de los actuales intereses corporativos que existen en el Estado
de Chiapas.
Y esto es lo que ha propiciado todo un
ambiente erizado de armas, por diversos lados, que hace propicio en cualquier momento la
colisión, el enfrentamiento, la matanza, que hemos visto dramáticamente aparecer en la
superficie del poblado de Acteal, municipio de Chenalhó.
Debo decir que la solución a fondo implica
este desmontaje, este compromiso de desmontaje de una estructura de control y de
dominación que ha sido innoble y que se ha mantenido largamente y por supuesto su
expresión en la forma de bandas armadas que protegen este control corporativo, ahora a
partir ya no de las derramas populistas, no ya de la utilización sólo de programas
sociales, sino también del ejercicio de la violencia más brutal que pretende ser
ejemplarizante para el conjunto de la población chiapaneca y que agravia a la nación
entera.
Necesitamos, también, condiciones de
desarrollo, necesitamos aplicar la solidaridad y la subsidiaridad para que aquellos
pueblos que se encuentran con un retraso tan marcado, como los chiapanecos en las
distintas áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, tengan oportunidades especiales
y la nación debe hacer un esfuerzo especial para sacar adelante a esta población
rezagada.
Por 16 meses, compañeros legisladores, se
ha suspendido un diálogo que venía mostrando posibilidades de acuerdo. Aquí voy a hacer
un alto para señalar que se puede establecer una grave responsabilidad.
En diciembre de 1996 se discutieron
alternativas. El Ejecutivo pidió 15 días para considerar los puntos que la Cocopa había
propuesto.
Hizo contraformulaciones a esos puntos. Y
después se interrumpieron por todos estos meses del año de 1997 y los días que van de
1998 el diálogo en Chiapas.
¡Aquí hay una gran responsabilidad!
¡Este diálogo tenía que haber sido buscado nuevamente con un afán especial, con
demostraciones de buena voluntad! Pero lo que ha ocurrido es que se ha utilizado, así lo
suponemos, en una hipótesis que va siendo confirmada día a día por los acontecimientos,
como este terrible de Acteal, para organizar y erizar con armas más aún los poblados de
la zona de conflicto.
¡No sólo no se hizo nada en materia de
recuperar el diálogo iniciado! ¡No sólo no se buscó una nueva renegociación de los
principios que podrían dar lugar a una iniciativa, sino que se dejó en el vacío! ¡Y
este vacío requiere de ser llenado con un esfuerzo notable de negociación de buena
voluntad; pero debe ser llenado en función del espíritu y de los términos que los
acuerdos de San Andrés plantearon y no tratar de remontar y de ir mucho más allá de
esos acuerdos para plantear cuestiones que no se sostienen en los acuerdos!
Yo quisiera simplemente referir algunas
consideraciones en términos de los acuerdos que marcan la necesidad de encontrar
soluciones para los siguientes problemas.
"Garantizar acceso pleno a la
justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del
Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a las especificidades culturales y a sus
sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos.
Promoverá, dice este mismo punto, que el
derecho positivo mexicano reconozca a las autoridades normas y procedimientos de
resolución de conflictos internos a los pueblos y comunidades indígenas, para aplicar
justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos y que mediante procedimientos
simples sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales
del estado."
Es decir, que se les dé una intervención
material para la resolución de sus conflictos, pero éstos tienen que ser convalidados
por órganos oficiales, formales, del Estado mexicano, no por órganos propios y
exclusivos.
Y el otro punto que quisiera recordar es el
cuarto, de los compromisos del Gobierno Federal con los indígenas, que están tomados del
pronunciamiento conjunto que hacen el EZLN y el Gobierno Federal a las distintas
instancias que deben intervenir en este debate.
"Cuarto. Promover las manifestaciones
culturales de los pueblos indígenas. El Estado debe impulsar políticas culturales
nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos
indígenas, para la producción, recreación y difusión de sus culturas; la promoción y
coordinación de las actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas
indígenas, con la participación activa de los pueblos indígenas, y de incorporación
del conocimiento de las diversas prácticas culturales, de los planes y programas de
estudio de las instituciones educativas, públicas y privadas. El conocimiento de las
culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar
incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas."
Es decir, al recoger este tipo de
planteamientos, a lo que me refiero es a que los acuerdos de San Andrés, y en este punto
específico, giran en torno de reconocer y fortalecer la identidad de los pueblos
indígenas, sus expresiones culturales con algunas limitaciones; que no se violente el
orden jurídico-político del Estado mexicano, que no se establezcan nuevas entidades de
poder, además de los tres niveles de Gobierno que marca ya la Constitución, que se pueda
descentralizar lo intensamente que se quiera este conjunto de facultades para que los
pueblos indígenas puedan fortalecer esa identidad y proteger su cultura, sus formas de
expresión, de educación, de trabajo y de relación social.
Pero hay otras dos limitaciones que
establecen los propios acuerdos de San Andrés y que son: el proteger la integridad del
territorio, la unidad de la nación y del territorio nacional y que solamente haya un
ejercicio de la soberanía nacional. Dice expresamente este conjunto de acuerdos:
"sin menoscabo de la soberanía nacional".
Los puntos a los que llegó inicialmente la
Cocopa fueron planteados al Ejecutivo, porque existe dentro del cuerpo de acuerdos el
compromiso de que deben ser todas las partes involucradas en el conflicto las que acepten
lo que podría ser una iniciativa para modificar la Constitución. Pero una de las partes
en conflicto no acepta la formulación inicial de estos puntos y propone modificaciones.
Esto debiera llevarnos a reflexionar, en
primer lugar, que para tener una solución que empiece a ir al fondo del problema, se
requiere que esta posición tenga consenso de todas las partes involucradas. Al no haber
consenso de una de ellas necesitamos hacer un esfuerzo especial, que es lo que realmente
nuestra organización, nuestro partido plantea, un esfuerzo especial de interpretación de
los acuerdos de San Andrés para llegar a una formulación de consenso de una iniciativa
de cambio constitucional que desate todo un conjunto de soluciones.
Lo que no podemos es seguir dejando pasar
el tiempo, seguir esperando a ver si como pensaba aquel presidente Ruiz Cortines en los
años cincuenta, se resuelven las cosas guardándolas en el escritorio. Hemos visto a qué
nivel de tragedia lleva guardar ciertas cosas en el escritorio y ahora tenemos que
ventilarlas, tenemos que discutirlas con una urgencia mucho mayor tras estos
acontecimientos brutales que hemos presenciado en el Estado de Chiapas, que nos anuncian
desgraciadamente nuevos acontecimientos de violencia.
Nosotros consideramos, que a partir de los
acuerdos de San Andrés pero que no son formulados en una sola posibilidad, deben
estudiarse alternativas que acepten todas las partes involucradas, de tal modo que
pudiéramos dar paso a una iniciativa de reformas constitucionales con todo lo que se
sigue a continuación. Porque, de qué nos serviría que tuviéramos una iniciativa que de
antemano sabemos, hay fuerzas políticas que van a objetarlas de nada, para perder el
tiempo inútilmente, más valdría entonces que ocupáramos ese tiempo en la búsqueda de
alternativas reales aceptadas de consenso por todas las fuerzas involucradas para poder
empezar a solucionar el problema.
Para nosotros ésta es la posición
fundamental y declaramos nuestra más firme y decidida convicción de que requerimos
buscar nuevas fórmulas en las cuales el consenso se concretó y la concordia pueda
realizarse.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del PRD, hasta
por 15 minutos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras legisladoras, señores
legisladores:
En el Estado de Chiapas hemos vivido desde
antes del 1o. de enero de 1994 una crisis del poder, no estamos hablando de
acontecimientos fortuitos como tampoco estamos frente a situaciones pasajeras. Esta crisis
se profundizó notablemente a partir del 1o. de enero de 1994, pero hay también una
crisis de la dominación, de la manera en como una parte de la ciudad chiapaneca dominan a
otras partes de esa misma sociedad.
Y éste es un fenómeno económico que lo
podemos ver en el desdoblamiento de las comunidades indias, en la crisis de algunas
ciudades, en la exacerbación del racismo, en las ciudadelas de la sociedad mestiza como
San Cristóbal, el alejamiento respecto de la actividad general del estado de zonas como
la Costera y Soconusco, en la irrupción del Gobierno Federal y de su sector paraestatal
en la economía con las implicaciones que ha tenido la modificación del entorno del
equilibrio ecológico en las condiciones de vida tradicionales de partes muy importantes
del Estado.
Cuando nosotros escuchamos hablar a los
voceros del Gobierno, en el sentido de que en Chiapas hay confrontaciones dentro de las
comunidades, lo que estamos oyendo es en estricto sentido una mentira, porque decirlo así
es decir una mentira; decir que los asesinos de Acteal eran también indios, es estar
tratando de encubrir cómo, como producto de un fenómeno de carácter económico las
comunidades se... han vivido un proceso de diferenciación de carácter social.
Y ustedes pueden ver a los caciques
invariablemente en las filas del Partido Revolucionario Institucional y ustedes pueden ver
el surgimiento de organizaciones revolucionarias en el sentido estricto del término, que
abrazan la bandera del EZLN o del PRD o de otros agrupamientos que tuvieron origen social,
que se organizaron para la lucha por la tierra o por la comercialización de los productos
agrícolas y que han estado convirtiéndose en virtuales partidos políticos y ustedes lo
han visto en el caso también de la Diócesis de San Cristóbal, que tiene su propia
organización, ustedes lo pueden ver en el caso de las abejas, que son los muertos de
Acteal, los menos violentos, los menos agresivos, los que en lugar de responder a la
fuerza con la fuerza responden con los rezos, con las invocaciones religiosas, pero nunca
con la violencia. Ellos fueron los asesinados.
Esa diferenciación en el seno de las
comunidades indias, esa diferenciación también en el seno de otras comunidades rurales,
esos problemas de carácter urbano y del entorno de las ciudades, no ha sido ni siquiera
analizado por el poder público.
Quien ha gobernado, sucesivamente, porque
ahí hay una fila larga de gobernadores, de la manera más pragmática, buscando la
mediatización de aquellos sectores de la sociedad chiapaneca que se van organizando por
sí mismos y que van actuando en contra de las condiciones de la dominación tradicional.
Nosotros hemos visto durante años cómo el
PRI no ha podido establecer un gobierno estable, no lo ha logrado y no lo logrará, eso no
tiene retorno. Ha habido una larga sucesión de gobernadores, cada vez que existe un
acontecimiento dramático, pues hay que enviar otro encomendero a Chiapas. No va a lograr
el PRI estabilizar su sistema político una vez más en el Estado de Chiapas, aunque los
priístas creen que sí pueden, lo han intentado durante años y no lo han logrado; en lo
sucesivo no lo lograrán, porque las cosas han cambiado tanto que los métodos de gobierno
que el PRI puede poner en acción, son los más contraindicados en Chiapas.
Y lo hemos visto y pongan al gobernador que
quieran, y mientras la misma estructura política siga vigente, ocurrirán acontecimientos
uno tras otro del mismo tipo de los que hemos venido viendo.
Es el caso de la matanza de Acteal. Dice el
señor Procurador que ahora es sociólogo General de la República o antropólogo General
de la República, que pudo haber sido una venganza... ¿contra quién era la venganza?..
¿contra quienes habían cometido actos violentos en contra de los priístas en algunas
comunidades de ese municipio?
Ellos estaban en gran parte retenidos por
los priístas en sus comunidades. ¿Por qué en Acteal estaban mujeres, niños y ancianos?
Porque los otros, los jefes de familia, por decirlo así, estaban muchos de ellos
retenidos en sus comunidades y estaban a merced de los priístas; ¿por qué no los
asesinaron a ellos? ¿Por qué asesinaron a mujeres y niños? Porque así son los actos de
terrorismo, porque lo de Acteal no es una venganza, sino un acto de terrorismo y hay una
diferencia entre una y otra cosa, que habría que ver bien y con muchos detalles, porque
una venganza se puede producir en cualquier momento contra alguien que ha cometido o se
supone que ha cometido un determinado acto, pero cuando de lo que se trata es de hacer un
escarmiento, de generar una situación de terror para de esa manera obligar a las personas
a comportarse de la manera que se desea, eso es un acto de terrorismo y Acteal yo creo que
fue un acto de terrorismo.
Ahora, es indudable que el PRI tiene
responsabilidad en ese acto de terrorismo, porque en su seno se albergan los homicidas,
los terroristas. Pero los terroristas en Chiapas han sido muchos y entonces el nuevo
señor, Secretario de Gobernación, al igual que el anterior, pretende poner en la misma
tesitura a estos terroristas y a los rebeldes del EZLN.
Pero yo les recuerdo a ustedes que los
rebeldes del EZLN no han cometido actos de terrorismo. En los lugares en donde están los
rebeldes, que es la zona de Las Cañadas, no ha habido violencia en esa zona, no la hubo
antes de la irrupción del Ejército, tampoco la hubo después de la irrupción del
Ejército y esto nos está diciendo algo evidentemente.
Yo creo que al EZLN habría que aceptarlo
hasta ahora al menos, no se ha ido por la vía del terrorismo y ha condenado al
terrorismo.
Muchos países quisieran tener unos
rebeldes como éstos, que renuncian conscientemente al terrorismo, porque el terrorismo de
los grupos rebeldes es tremendo. Vean ustedes el Medio Oriente, vean ustedes en este
momento Argelia, vean ustedes Irlanda del Norte, por poner solamente algunos casos en los
cuales las organizaciones rebeldes realizan de manera sistemática y permanente actos de
terrorismo.
En Chiapas, quien realiza actos de
terrorismo, no discutamos otros casos, hablemos para no generar más discrepancias el caso
de Acteal, como acto de terrorismo, son las fuerzas del gobierno, son las fuerzas del
poder que está en crisis.
Como analiza este problema el Presidente de
la República, es enteramente erróneo. El Presidente supone que la presencia del
Ejército, más la presencia de la Sedesol, más la presencia de algunos operadores
políticos, es suficiente para hacer frente a la crisis del poder y a la crisis de la
dominación social en Chiapas y está equivocado. Lo que se requiere en Chiapas es
reconocer que ningún partido en este momento puede gobernar, no por regla general, desde
luego que no, los partidos son quienes deben gobernar, son las organizaciones que hacen
posible el acceso de los ciudadanos al poder público, pero no son las únicas, no son las
únicas y cuando estos partidos carecen de capacidad de gobierno, entonces deben ser
sustituidos por acuerdos temporales que permitan que ningún partido tenga la hegemonía,
que ningún partido esté colgado del poder para defender su hegemonía, porque en el caso
del PRI, este partido está perdiendo de manera creciente su hegemonía y se aferra a ella
y utiliza la violencia, incluso para aferrarse a ella. Este es el problema, porque vías
democráticas no hay, no nos digan a nosotros eso, porque no las hay donde no las hay,
ahora sí, como dijo Perogrullo.
Aquí se habla de vías del diálogo, pero
las vías del diálogo se abren cuando hay un escenario posible para llegar a los
acuerdos. Cuando el escenario para llegar a acuerdos no existe entonces el diálogo no
tiene sentido, nadie lo busca, nadie lo quiere, nadie lo necesita.
Si no está a la vista la posibilidad de
llegar a acuerdos, como parece que no está a la vista, entonces el diálogo será
simplemente algo sin trascendencia.
Vean ustedes cómo opera en este caso el
poder. Si se envía a Albores o al que fuera, no es éste un asunto personal, ya lo hemos
dicho a Chiapas, es para que el PRI siga gobernando en Chiapas, para que el Presidente
pueda gobernar en lo Federal y en lo local y el Secretario de Gobernación tenga
controles, control en la situación, pero no controlan la situación controlando al
gobernador, eso es lo que se ha creído, porque el gobernador no controla ninguna
situación, esa es la realidad.
Entonces, el nuevo gobernador no podrá
gobernar en condiciones de normalidad y aplicación de la ley porque tiene que apoyarse en
el PRI y el PRI no quiere ceder la hegemonía política que ha tenido en amplias regiones
del Estado de Chiapas, sencillamente.
Estas personas no eran delincuentes
organizados, como yo les llamé la semana pasada en esta Comisión Permanente, cuando
nacieron y cuando eran niños, no lo eran por serlo, en eso se han convertido, porque esa
delincuencia organizada, ese terrorismo es el medio para poder seguir manteniendo el
poder.
Entonces, por último quiero decirles que
eso de la balcanización, que es el espantajo que se maneja en contra de los acuerdos de
San Andrés y de la propuesta de la Cocopa de reforma constitucional, es otra mentira.
¿Cómo poder decir desde la sociedad mestiza dominante mexicana, que en este país la
nación se puede disgregar a partir de una acción de los indios? ¿Se puede decir eso, de
los indios de México? ¿Ellos se pueden convertir en el factor para que la nación
mexicana se despedace, se balcanice? La acusación es grave.
El PRD, señor diputado Oceguera, es el
menos. Para la balcanización pregúntele al PRI de Tabasco, que es el que ha planteado su
separación de la Federación mexicana, pregúntenle a ellos.
Díganme un solo perredista que haya
planteado, aun en momentos de locura permanente o pasajera, semejante tarugada, uno, pero
priístas sí hay, pero priístas hay y ahí están, en el Estado de Tabasco por lo pronto
y no son precisamente indios, sino que son perfectamente mestizos.
Los indios de México han defendido la
soberanía de este país, pero nunca lo han hecho escribiendo su propia historia, sino
escribiendo la historia de los mestizos dominantes y a algunos les parecerá rudo decir
estas cosas así, pero creo que ésa es una conclusión que se puede sacar y creo que lo
seguirán haciendo si fuera necesario.
Entonces, hablar de la balcanización a
partir de los derechos de los indios es una mentira monstruosa, además de ser una ofensa
contra esos pueblos, pero también hay que admitir la diferenciación entre pueblo indio y
comunidad india. Lo que el poder ha querido es tratar a las comunidades indias por
separado, lo que el poder no quiere es reconocer y tratar con los pueblos indios como
tales pueblos y ahí es donde está la diferencia, no en la posibilidad de la
balcanización.
La diferencia es que las comunidades indias
en algunas regiones del país, no en todas, han venido uniéndose y reconociendo entre
ellas que pertenecen a pueblos, no sólo a comunidades y la acción que realiza el PRI en
Chiapas, como en otros estados, Oaxaca por ejemplo, es para impedir el creciente proceso
de identificación de las comunidades indias en su conjunto, como pertenecientes a un
pueblo indio.
Y estos pueblos hoy reclaman sus derechos
como pueblos y México como nación, fue formar parte de un concierto internacional en
donde esos derechos están consagrados, debe reconocer la existencia de los pueblos
indios, a plenitud, no sólo de las comunidades indias.
La vía de la Reforma Agraria, como vía
para resolver el problema indígena de México, demostró su insuficiencia, su
insuficiencia. No fue suficiente, aunque sí necesaria. Se planteó durante los años
treinta, cuarenta y cincuenta.
Hoy hay que dar el otro paso, el que
permita unir la idea del derecho de los indios a su tierra, que los liberales nunca
terminaron de reconocer en el Siglo XIX, al contrario, desamortizaron masivamente
propiedad social y la Revolución Mexicana les reconoció por primera vez y lo llevó a la
Constitución, en contra del criterio dominante liberal del Siglo XIX y completarlo con el
derecho político, el derecho del pueblo indio a constituir sus propios poderes locales,
en el marco naturalmente de la unidad de la nación y del Estado y de la Constitución del
país, desde luego. Pero, señores, de lo que se trata es de que estos derechos sea
reconocidos en la Constitución, en la Constitución, en la Carta Fundamental. No sea algo
que ofenda o rompa con ninguno de los sistemas incluidos en la Constitución ni el
federativo ni el sistema representativo ni el sistema político constitucional ni la
justicia en la Constitución, sino como partes integrantes y equilibradas de los sistemas
incluidos en la actual Constitución.
De esta manera, debemos discutir ya en el
Congreso la cuestión de la propuesta de la Cocopa. Con ello no resolveríamos el problema
de Chiapas, quiero decirlo, pero nos ayudaría mucho a resolverlo. ¿Qué tanto nos
ayudaría? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que no empeoraría la situación de
Chiapas y si en cambio mejoraría la situación de Chiapas. Sería insuficiente, sí, lo
sería, pero hay que hacer una cantidad de pasos que nos vayan aproximando a una
solución.
El Ejército, yo creo que debe dejar de
hacer toda clase de funciones de policía en Chiapas y debemos hablar este asunto con el
señor Secretario de la Defensa, porque creo que se está extralimitando en las funciones
que le da la Ley de Armas y Explosivos. Me parece que el Presidente debería de ordenar
también el desalojo de las cañadas para volver a la situación que teníamos antes, que
era mucho más estable y permitía mucho más el diálogo. Me parece también que debería
respetarse a las comunidades y a los pueblos en Los Altos y en el norte de Chiapas, porque
el Ejército no impide las masacres ni los actos de terrorismo. Esta es una cosa, que es
una lección de Acteal, ahí lo tenemos. La policía desde luego no, porque es cómplice,
pero el Ejército parece que también lo fuera, quizá lo es, es probable que lo sea,
porque ocurre que las matanzas se dan y los actos violentos se dan y ahí está el
Ejército metido en todas partes.
Creo que hay que cambiar de raíz las
concepciones que tiene el Presidente de la República, que los cambios, lo de Chuayffet,
lo de Ruiz Ferro, no van a servir absolutamente de nada, porque al quitar al funcionario
hay que modificar la concepción que ese funcionario estaba llevando a cabo y que ha
generado todo lo que hemos visto que ha generado.
Muchas gracias, señores legisladores
indignados por mi discurso.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, hasta por 15 minutos, del grupo
parlamentario del PRI.
| La diputada Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Coincidimos en algunas cosas que aquí se
han planteado; muchas con el diputado Paoli, algunas, curiosamente, con el diputado
Gómez.
Hace casi cuatro años, en esta misma
tribuna, lamenté profundamente lo que pasaba en ese Estado entrañable, en Chiapas, en
donde en la zona de Las Cañadas, una de las áreas más inhóspitas por su pobreza,
tomaba asiento un grupo guerrillero, el EZLN, con liderazgo si, por cierto cada vez más
erosionado y deslegitimado, pero liderazgo al fin, que tristemente sigue ejerciendo sobre
grupos indígenas.
El conflicto se localizaba en 1994 en
cuatro municipios de la zona de Los Altos, insertada en lo más agreste y árido de la
Sierra Madre Occidental y de la zona de Las Cañadas, al borde de la selva Lacandona en
Chiapas.
En su inicio el movimiento reivindicaba la
pobreza ancestral, por demás real, de los indígenas de esa zona, asentada en una de las
áreas del país con mayor distanción poblacional, fragmentada en pequeñísimos núcleos
urbanos, menores de 300 habitantes y de ésos existen más de 21 mil en Chiapas, y cabe el
comentario, de que es muy difícil que en ese escenario sea factible lograr, que los
recursos federales que se han volcado, en serio, en Chiapas y desde hace muchos años se
note, pero el esfuerzo reiterado ha existido.
Coincido con el diputado Paoli, en la
necesidad de revisar esquemas de trabajo en Chiapas. También en parte de su alocución
con el diputado Gómez.
Eran entonces las reivindicaciones sociales
de los indígenas y, sin embargo más pronto de lo esperado, pues no era el fondo del
problema, éstas se dejaron de lado para entrar de lleno a la disputa por el poder
político, hoy exacerbada. Ha habido desde entonces muchos muertos y muchos heridos,
muertos y heridos cuyo número se acrecentó el pasado 22 de diciembre, con el asesinato a
mansalva de mujeres, de niños y de varones, que fueron brutalmente masacrados y que antes
habían sido perseguidos.
Si, la lucha por el poder político se
exacerba. Muertos, heridos, desplazados, búsqueda de descomposición política, no sólo
en esa zona de Chiapas, se busca, pareciera descomponer a todo México y no sólo a su
interior, sino ante el mundo.
¿Qué podrá quedar de México si se
lograra? ¿Si nuestro país se convirtiera en cenizas? ¿Para qué serviría México y los
mexicanos así? ¿Qué acaso no se puede entender que de las cenizas sólo será posible
recoger cenizas?
Hoy me lamento y mucho más profundamente
de lo que ha ocurrido en Chiapas. La aparición misma del conflicto, su largo proceso de
negociación, de mediación, de cese al fuego, de evitar los derramamientos de sangre, de
evitar la violencia. Esa a la que a nadie beneficia, la que nada resuelve, ésa es a la
que nadie razonable quiere.
Nadie podrá negar seriamente los esfuerzos
del Gobierno ni del honorable Congreso de la Unión, a través de la Cocopa, por mantener
un clima de distensión en Chiapas, que lo propiciara. Esperemos que eso se logre, muy
especialmente por los desplazados, que espero de todo corazón que puedan regresar y vivir
en paz en sus hogares, la recuperación de la paz y la concordia en ese Estado.
Está la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, la Cocopa, la Conai, así como la Coseder, todas
instaladas. Ha habido cientos de foros, ponencias, propuestas etcétera. ¿En dónde
quedaron esos esfuerzos? No podemos aceptar que esos esfuerzos se pierdan.
Negociaciones y más negociaciones y
llegamos a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, y todos dijimos: al fin se hará la
paz en Chiapas. Pero no, la transformación de una parte, sólo de una parte, de los
acuerdos citados en la ley, a pocos de los enterados convencen e, insisto que es una de
las partes, sobre todo en aquello que no es posible adaptar a nuestra Constitución.
¿Cómo voy a aceptar, como mexicana, que
desmembren al país? ¿Las zonas indígenas autónomas se podrían establecer no sólo en
Chiapas, no nada más hay indígenas en Chiapas? ¿Cómo voy a aceptar, como legisladora,
las propuestas separatistas?, que a eso conducen los ayuntamientos rebeldes que se han
establecido en Chiapas. ¿Cómo voy a aceptar la rotura implícita del pacto federal que
eso significa? ¿Acaso los que redactaron los acuerdos eran el Constituyente reunido en la
selva?,no; el Constituyente somos nosotros y esa parte de los acuerdos en conflicto sólo
dañaría al país. Pero acepto la propuesta, pongámonos a trabajar, avancemos nosotros,
abatamos a través de ese medio y hasta que desaparezcan el desorden, la división, en y
entre los municipios, entre las comunidades y sobre todo la tensión social.
Yo advertí en 1994 en esta misma tribuna,
les dije que se escuchaban las voces separatistas en la selva Lacandona. Y como los
acuerdos no se han convertido en ley, ahí va el EZLN a romper el orden legal en medio del
más absoluto silencio. ¡Caray!, de repente ni siquiera comunicados, eso sí nos
extrañó. Pero eso sí, la actuación soterrada del "sub" para romper el estado
de derecho. Y ahora que lo ha logrado, ahora sí comunicados y más comunicados, que es
por cierto lo que mejor sabe hacer.
Además, y esto nos tiene indignados a
muchos, además de mandar a niños y a mujeres por delante, cuando piensa paranoico que el
Ejército mexicano lo va a atacar. ¿Por qué no reconoce que el Ejército tiene palabra?
Y cuando se da cuenta que no es así de que lo van a atacar, entonces sí manda a los
varones igual que él, a hombres.
El diputado Ramírez Cuéllar, quiere
hacerle una pregunta.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
No. Quiero que me escuche como yo los
he escuchado a ustedes.
No acepta, diputado.
Adelante, diputada.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo: |
¿Cómo es posible que el EZLN se
atreviera a instalar en Polhó un consejo autónomo en rebeldía? ¿Como así en el mismo
municipio, en Chenalhó, en donde había autoridades elegidas constitucionalmente y en
donde por supuesto trató el EZLN de boicotear la elección en su momento y en donde
también se quemaron urnas en la elección federal de 1997? ¿Así concibe el EZLN el
avance de la democracia? ¿Así es como se concibe un mejor futuro para los indios,
usándolos como carne de cañón? Y por supuesto, no pasó sólo en Chenalhó ¿En dónde
más tiene consejos autónomos en rebeldía el EZLN?, en nueve municipios más. ¿Y el
estado de derecho qué? ¿Eso no es terrorismo? Ese, el estado de derecho, el que por
supuesto exigimos todos a las autoridades, ¿acaso en Chiapas y para sus muy particulares
propósitos no sirve?
De eso, de la violación flagrante de la
Constitución mexicana que hizo el EZLN, ¿acaso le ha informado Marcos al resto del
mundo? ¿Cómo se vería, diputado Gómez, delegaciones autónomas en rebeldía paralelas
a las delegaciones en el Distrito Federal?
¿Ha informado acaso?, no, pero ustedes
bien que lo han propiciado en Chiapas. Pareciera tierra de nadie. ¿Ha informado acaso el
EZLN, que rompiendo el orden elemental entre esas comunidades se inició el
enfrentamiento? ¿Por qué hay tantos indígenas desplazados?, no sólo zapatistas o
perredistas; también priístas.
¿Quién puso el huevo de la serpiente en
Chiapas?, y la serpiente nació, porque en Chiapas han muerto no sólo zapatistas y/o
perredistas, diputado, también han muerto muchos priístas, por eso hay desplazados de
los dos bandos, porque huyen de la violencia.
Es menester llegar a acuerdos políticos
que generen confianza y recuperen la paz en Chiapas. Esa es nuestra obligación como
representantes populares y también como integrantes del sistema de partidos de esta
nación: calmar y no atizar.
En la Comisión Permanente de enero de
1994, los entonces compañeros del PRD, habían descubierto que la zona de Los Altos en
Chiapas, no se daba al alto vacío. No era sólo la presencia de una etnia ni sólo la
presencia armada del EZLN, y le señalé que en la zona de Los Altos, que no en todo
Chiapas, no nos confundamos, hay que conocer Chiapas, existía todo un entramado social
delicado y complejo, con una sociedad de la cual los indígenas forman parte, pero que
también existían, existen otros grupos con intereses propios, unos legítimos, otros no
tanto; grupos, algunos, ésos, los que con seguridad son los que instigan; ésos, los que
con seguridad articulan; ésos, los que con seguridad proporcionan las armas.
¿Priístas? ¿Perredistas? ¿Zapatistas?
¿Tirios? ¿Troyanos? ¿Quién rompió el orden conservado hasta hace relativamente poco
tiempo? ¿Quién financia? ¿Quién compra las armas y pertrechos? ¿Quién?
Esperemos el fin de las averiguaciones, no
obstante la renuncia del gobernador.
En esa zona existía una correlación de
fuerzas que era por natulareza dinámica y que llevaba siglos coexistiendo y logrando
precarios equilibrios; fuerzas que, sorprende, no eran necesariamente antagónicas;
fuerzas que coexistían más o menos respetándose.
Se les advirtió que se estaban fracturando
los equilibrios. Se coincidió con los entonces compañeros diputados del PRD, que había
un exacerbamiento social en Los Altos y también se les advirtió que ni ustedes ni el
EZLN deberían ni de atizar el fuego ni de trastocar esos precarios equilibrios.
Mis compañeros del PRD, ya desde entonces
enderezaban las culpas a los priístas, que no al PRI, como ahora y aprovecho para
preguntarles: ¿se trata acaso de las elecciones de 1998 que tendrán lugar en la mitad de
los estados del país o son ya los preámbulos del 2000? ¿A quién ha beneficiado la
masacre? ¿A quién benefician los desplazados? ¿A quién beneficia el trastocamiento de
las relaciones sociales, económicas, políticas, religiosas etcétera, de esa zona de
Chiapas? ¿A quién beneficia el desprestigio que se hace del país? ¿A los mexicanos?
Las cenizas, compañeros, recuerden, de
ésas, sólo van a recoger cenizas.
En Chiapas, como bien lo señaló el
procurador Madrazo, y yo me permito agregar que especialmente en esa zona de Los Altos:
San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar, Chenalhó, Simojovel etcétera, prácticamente
todo posee algo de sincretismo y a la mejor se podría agregar que de barbarie.
Lo político: priístas, perredistas y
otros que por ahí se han atrevido; lo religioso: católicos, evangélicos y varias sectas
más, gracias al Instituto Lingüístico de Verano en lucha constante, vieja y soterrada.
Y me parece interesante el comentario del
diputado Gómez, en tanto que la organización de la Iglesia.
Los indígenas: Tzotziles, tzeltales,
choles, tojolabales y cinco etnias más, sierra y selva; tierras en disputa perenne,
minifundismo, brutal fragmentación de la tierra.
Dicen que a Chiapas ni aún poniéndole
otro piso se lograría resolver uno de sus nudos gordianos: la tenencia de la tierra.
Pero entendamos que ahí, en esa zona de
Chiapas, nada se mide con los raseros con que en el resto del país se miden las cosas.
Son otros los raseros.
Chiapas es un insondable pozo de
complejidades, de misterios y de sorpresas.
En esta misma tribuna, a principios de
1994, les dije a mis compañeros diputados perredistas de entonces, que "era menester
tener cuidado. Que Chiapas ni era todo México ni Chiapas era sólo Los Altos de Chiapas
ni tampoco era sólo la Catedral de San Cristóbal, ni sólo el obispo, ni sólo era una
etnia ni sólo era el EZLN, que ni todos eran buenos ni todos eran malos".
Les dije entonces y lo sigo señalando
ahora: "que no se valía que fueran ustedes o el EZLN a reavivar fuegos ni a buscar
remover los nuevos o los viejos agravios. Estos en la mayoría de los casos se dirimen por
la vía de la violencia y de la muerte".
Se los advertí que intervenir en esos
precarios equilibrios, enrarecería brutalmente el ambiente en todos los órdenes ya
mencionados.
Y hoy estamos aquí. Con todo lo pasado, el
escenario es mucho más complejo y de más difícil solución su problemática. En el
impasse del diálogo unilateral del EZLN, porque el Gobierno sí buscó la reanudación
del diálogo, se fomentó la división de las comunidades, la aparición de ayuntamientos
paralelos en rebeldía que sojuzgan fuera de la ley a quienes no coinciden con ellos, que
son muchos.
Es falso cuando se afirma que en el área
en donde se encuentra el EZLN todos son zapatistas. Eso es falso.
Hay además del conflicto militar por
declaración de guerra del EZLN planteado en 1994, serios conflictos: división entre
familias y entre comunidades, tensión social, violencia y, lo más triste, los
desplazados.
Hoy, además del EZLN hay muchos más
agentes involucrados en la problemática y en la solución: iglesias, partidos, ONG
nacionales e internacionales muy activas por cierto, organizaciones sociales de muchos
tipos y los propios habitantes, unos zapatistas y muchísimos no; unos indígenas, los
más, y otros no. Todos son variaciones sobre el mismo tema.
La solución del conflicto es una solución
a largo plazo que habrá que construir con todos los agentes involucrados. Sólo el
Gobierno, por supuesto diputado que coincidimos con usted, no lo va a lograr. Tendremos
que construir con mente abierta las soluciones y las salidas que tendrán que empezar por
el diálogo, que, no puede ser de sordos. ¡El desarme de todos, incluyendo al EZLN, que
es el origen de todo el problema! ¡Restableciendo el estado de derecho, reforzando la
infraestructura de procuración de justicia e iniciando con el castigo ejemplar a los
culpables no sólo de la masacre, sino de la tensión que reina especialmente en amplias
zonas de Chiapas!
¡Hay que bajarle a la tensión! ¡Es
indispensable el desarme, como es indispensable la desactivación de los consejos
autónomos en rebeldía para restablecer el estado de derecho en los ayuntamientos
constitucionales, en donde aquéllos se han instalado!
Está ahí congruente la agenda recién
planteada por la Cocopa. Espero entonces que los compañeros del PRD se sumen a ella.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, por el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo, hasta por 15 minutos.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros legisladores:
Cuando analizamos en la Cámara de
Diputados el desglose del informe presidencial, ahí señalamos que había una omisión,
porque no se tocaba el tema de Chiapas, y señalamos que era un tema muy importante al que
ya se le debería de poner atención.
En esa ocasión veíamos que la situación
en Chiapas requería del esfuerzo de todas las fuerzas sociales del país y en este
esfuerzo creemos que es de suma importancia rectificar los errores que se han cometido.
Nosotros hacemos votos porque en el cambio
de gobernador que se está gestando en el Estado de Chiapas, no solamente haya un cambio
de persona, sino un cambio de actitud, de visión del problema y de posibilidades de que
se avance en el proceso de construcción en el Estado de Chiapas.
Pensar que el camino de solución es
solamente militar o jurídico, es no aprender de las experiencias de los países vecinos o
de otros países que han tenido este tipo de problemas y que se han desangrado durante
muchos años y que después de muchos años algunos han entendido que el camino es: el
diálogo, la negociación, los acuerdos, el cumplimiento fiel de estos acuerdos para poder
revertir la tendencia de la violencia y llegar a la paz.
En ese sentido, nosotros creemos que es
importante avanzar en la ley que concretice los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Es
importante en el Estado de Chiapas crear mesas de trabajo por regiones, para ver qué
problemas concretos hay, qué medidas concretas hay que tomar para solucionar los
conflictos, los problemas que se presentan en cada una de las regiones del Estado de
Chiapas.
Decir que el origen del problema sólo es
el Ejército Zapatista, como decía la diputada que me antecedió en la palabra, yo creo
que no. El origen son las condiciones económicas, políticas, sociales; la miseria, la
injusticia, la opresión que se vive y, bueno, esto requiere de un gran esfuerzo de toda
la nación para revertir esas condiciones y, desde ese punto de vista, el Partido del
Trabajo hace un llamado para que todos nos esforcemos en ese sentido y hace un llamado
también a esta Comisión Permanente, al Congreso de la Unión, para que estemos atentos a
las investigaciones que se están haciendo sobre los hechos lamentables de Chenalhó, para
que no haya impunidad en el Estado de Chiapas, que sean castigados todos los culpables,
tanto materiales como intelectuales, para que este tipo de hechos no se vuelvan a repertir
en el país, porque son muy dolorosos y a todos nos avergüenzan.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema,
tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por 15 minutos, por el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Este gran filósofo español, Fernando
Savater, dice una definición que me parece muy prudente recordar hoy, "que la
política no es más ni menos que el conjunto de opiniones por las cuales unos ciudadanos
obedecen y otros se sublevan". Curiosamente esta definición coincide con un
pensamiento de hace más de 450 años, pronunciado por ese extraordinario humanista, fray
Bartolomé de las Casas, en aquella polémica histórica en 1547, contra Giner de
Sepúlveda, cuando Bartolomé de las Casas defendía la condición humana del indígena y,
Fray Bartolomé de las Casas dijo: "si hoy hay sublevados es porque anteriormente
hubo súbditos". Y yo creo que aquí están dos ideas fundamentales que nos permiten
sirven de herramientas para entender lo que sucede en Chiapas.
La semana pasada el que ya con toda lógica
debe estar tomando posesión como gobernador, Roberto Albores Guillén, nuestro ex colega,
decía una verdad de Perogrullo o que podría suscribir también el filósofo De Güemes:
"las instituciones no cometen crímenes". Algo verdaderamente claro y evidente y
por sí mismo. Pero yo insistiría en que el problema en Chiapas de alguna manera deriva
de instituciones obsoletas, de política social equivocada, de política de un sistema
agotado.
¿Qué son las instituciones? Derivan de un
verbo muy noble "instruir", emparentado con "constituir"
"establecer", "ser", "estar" con el Estado mismo; todo eso
quiere decir instituir. Pero al final de cuentas son ideas que se incorporan a la
normatividad jurídica, que se plasman en organizaciones que buscan y tienen un fin.
La CNC en Chiapas. ¿Cómo surgió la CNC?
Surgió por decreto presidencial en el régimen de Lázaro Cárdenas. ¿Viene de una
organización de abajo? ¿En qué se ha convertido en Chiapas la CNC? Se sigue insistiendo
aquí, y éste es el punto del debate, en que no hay culpables, en que es una situación
muy compleja, pero que los gobernadores chiapanecos se han dejado atrapar por una maraña
de instituciones y de políticas que no les permiten desempeñar hoy la función que
requiere esa entidad para que avance y pueda estar a la altura del desarrollo del país.
Javier López Moreno me platicaba en alguna
ocasión, que siendo secretario de Educación del gobierno de Absalón Castellanos, se
hizo una encuesta, se hizo un estudio en 12 municipios indígenas de Chiapas: Oxchuc, en
Mitontic, en Amatán, en Ixtapa, Chenalhó, Pantelhó y en la encuesta todos los que
participaron en ella, todos los encuestados coinciden, fíjense ustedes qué cosa más
sorprendente, quién sabe de dónde sacaron esta idea, pero todos coincidían en que el
PRI y el Gobierno es lo mismo.
En todos estos municipios, en todas estas
etnias coincidían en que es lo mismo; entonces, mientras no se camine en Chiapas a romper
esta implicación, a que el gobernador se separe, se deslinde de estas instituciones
implicadas, de organización política, de partidos, de organizaciones sociales y
gubernamentales, simple y llanamente repito, mientras eso no suceda, el problema se verá
cada vez más agravado. Ese es el reto de Roberto Albores, lo dudo que lo pueda cumplir,
está tratando, viene de una inercia, corresponde a una serie de compromisos, pero éste
es su reto, ojalá y él pueda estar por encima de los compromisos partidistas, sobre todo
cuando en este año hay elecciones en Chiapas en sus 110 municipios y Chiapas tiene el
récord de consejo municipal, casi son excepciones los ayuntamientos que terminan.
Ha habido trienios donde en más del 50% el
Congreso local tiene que instalar consejos en municipios en que no se puede gobernar pues
surgen conflictos internos.
Y yo creo que también debemos hacer un
ejercicio para tratar de ponderar cuáles pueden ser las modificaciones legales y sus
efectos, no sobreestimemos al derecho como un instrumento de cambio; recientemente en el
Congreso, en la discusión de la Ley de Ingresos, yo insistía repitiendo aquella
anécdota que me permito repasar hoy cuando el general Castellanos en San Cristóbal ahí
les explicaba a los líderes tzeltales, tzotziles, zoques, mames, lacandones, choles, de
nuestra Constitución, la Carta Magna, la estructura que orienta, el Gran Faro, la
síntesis de nuestras gestas históricas y cuando se dio cuenta que aquellos líderes no
conocían nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, mandó a buscar maestros y durante
varios meses se dieron clases de la parte orgánica, de la parte dogmática, de la
Constitución, en muchos casos empezaron por el español, porque eran monolingües y
después de varios meses regresó el general Absalón y les preguntó: ¿Qué les parece
nuestra Constitución? El líder fojoloval dijo: "a qué rete bonita, oiga usted, el
derecho de petición, el municipio libre, el federalismo, el juicio de amparo, el derecho
de asociación, el derecho de tránsito, qué rete bonito oiga usted, pero ¿a qué país
se refiere?".
Por esa enorme distancia que precisamente
es una de las denuncias que Manuel Gómez Morín hizo desde que era estudiante de derecho,
entre lo que las normas prescriben y/o que en la realidad conteste. Entonces no sobre,
estimemos, en el PAN hay una gran preocupación por ver los derechos indígenas, por
incorporar modificaciones a la Constitución y a todo el derecho vigente, pero sería una
enorme torpeza y otra vez caer en simplificaciones absurdas, creer que porque se modifican
normas jurídicas se resuelven problemas tan de fondo como aquí los relató tanto Pablo
Gómez como Laura Garza Galindo, que conoce perfectamente los problemas de allá de aquel
Estado.
Entonces también Manuel Gómez Morín en
aquel espléndido ensayo en 1915 nos hablaba de algo que es fundamental tratar de detectar
los bienes hipócritas, "no hay peor error -nos decía ese gran jurista liberal del
siglo pasado, Vicente Rocafuerte- no hay peor error que un error de legislación",
que genere expectativas, que rompa las estructuras para poder satisfacerlas;
"preparémonos contra los bienes hipócritas", decía Manuel Gómez Morín,
porque son peor que los males en sí mismos, contra los males en sí mismos uno está
viendo que es un mal, se trata de un mal, pero el bien hipócrita y en muchos casos lo que
se ha sucedido en Chiapas es consecuencia de bienes hipócritas, es consecuencia de las
falsas políticas sociales que pretenden sacar de la marginación a muchos mexicanos, pero
que no respetan su dignidad y se canalizan a través de estructuras y de instituciones que
ya no corresponden a la nueva realidad en Chiapas.
Hay un libro excelente, extraordinario, de
Julieta Campos, que utiliza una frase de Ignacio Ramírez: "¿qué hacer con los
pobres?", y hace un relato, hace un relato detallado de todo lo que el Estado
mexicano ha hecho para tratar de abatir la marginación, es un libro que yo sugiero mucho
su lectura, es un trabajo espléndido de recopilación en donde hay una frase que yo creo
que se aplica perfectamente en Chiapas: se han empalmado los tiempos, el prehispánico, el
colonial, el de las plantaciones de finales del Siglo XIX, el de la Revolución y la
posrevolución sin que ninguno quedara cancelado y sin que la modernidad acabara por fin
de instalarse.
Y ésta es, el enorme sincretismo, la
mezcla terrible que viven los chiapanecos en una realidad efectivamente sumamente
compleja, pero no hay soluciones fáciles a la pobreza.
Cuando se han instrumentado soluciones
fáciles, soluciones inmediatistas, se cae en la demagogia, se cae en la mentira; ¿qué
espera entonces el Partido Acción Nacional del futuro en Chiapas? De ninguna manera
estamos prediciendo o estamos esperando o confiando en el fracaso de Roberto Albores.
Nadie lo desea, todos quisiéramos que cumpliera una finalidad.
Pero coincido con Pablo Gómez, que si no
puede desprenderse de esta estructura, y veo muy difícil que se desprenda, el conflicto
va a profundizarse. Recordemos las novelas de Bruno Traven, en el quinto libro del ciclo
de La Caoba, cuando relata cómo el general "Tierra y Libertad", 16 años
después de que había caído el dictador seguía en una revolución.
Precisamente Eraclio Zepeda insiste mucho
en que Chiapas y México están desconectados, no están sincronizados, tienen un reloj
diferente; -dice Eraclio Zepeda-: "cuando en la República hay paz, en Chiapas hay
conflicto; cuando en Chiapas hay paz, en la República hay conflicto".
Entonces: tiene que poner al día el reloj
Roberto Albores y esto es algo que lo puede convertir en un auténtico estadista, pero no
servir a los intereses de su partido; no servir a esas estructuras que lo van a atrapar,
debe saber escuchar. Nosotros no hemos señalado que Ruiz Ferro haya sido culpable de las
masacres, pero sí fue culpable de no escuchar; sí fue culpable, por ejemplo, del acoso
que sufrieron las administraciones panistas, ahí en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, al
presidente municipal en Occaraujo, cómo le hizo la vida imposible y creó estructuras
paralelas, violando la Constitución, para decir: "ya vieron que la oposición no
puede gobernar, solamente le queda un solo remedio, regresar a las viejas
estructuras".
Eso lo hizo Ruiz Ferro, lo hizo en Tuxtla
Gutiérrez y lo hizo en otros municipios, acosando cuando la oposición está haciendo un
esfuerzo por demostrar que se puede gobernar en forma diferente. Hay que escuchar; a veces
el carismo en este pueblo nuestro, es tan mágico este pueblo nuestro, que no se adquiere
hablando, sino que se adquiere escuchando.
A mí me tocó una vez en Tuzantán, ver
una barda que decía: "con Patrocinio diálogo y concentración" y le dije al
que había pintado, "ya te fijaste que dice una estupidez lo que pusiste
ahí"... No, está bien, "diálogo y concentración". Es diálogo y
concertación. Mire usted, lo de concertación no lo entendemos, ¿pero, usted ha
dialogado con un funcionario que no está concentrado?, tiene la pupila fija y quién sabe
en qué está pensando.
Que el gobernador escuche, que escuche a
todas las fuerzas, que escuche a todas las voces y que se levante por encima de los
intereses para tomar decisiones.
Se citó aquí a don Adolfo Ruiz Cortines,
don Adolfo Ruiz Cortines en alguna ocasión le dijo a Antonio Carrillo Flores, que le
pidió por escrito alguna decisión y le dijo: "por escrito nada, todo verbal y si es
posible por señas".
Esa política crítica, esa política
socarrona ya no opera, ya no funciona. Roberto Albores debe, desde hoy, deslindarse y
modificar instituciones, transformar todas esas estructuras para que pueda -como lo ha
dicho aquí Francisco José Paoli- para que pueda estructurarse una política social
eficaz; y éste es gran reto del Siglo XXI, no nada más en Chiapas, digamos que es el
reto de los estados rumbo al Siglo XXI: cómo estructurar una política social eficaz.
Rescatar muchas cosas positivas del estado de bienestar, tal vez habría no que hablar del
estado de bienestar, sino de la sociedad de bienestar, esto sería un término más
adecuado.
Tratar de revisar toda esta política
agraria que ahí, insisto, no es una lucha de clases lo que hay en Chiapas, es una lucha
de los marginados contra el gobierno, donde hay un empleo; donde se preservó la propiedad
en Chiapas, no hay conflicto. Tampoco podemos hablar de que hay un desarrollo total, pero
aquí es y en eso insistí la semana pasada, donde se actualiza esa obra de Vivian
Forrester del horror económico, hay una cosa peor que la de ser explotado y es la de no
ser explotado.
Recordemos los primeros pliegos petitorios
de Marcos, cómo lo que se está pidiendo es empleo, inclusive en el mismo discurso de
los... Ejército Zapatista y yo recuerdo muchísimas declaraciones que señalan y critican
esa política que creyó resolver todo dando la tierra, destruyó la riqueza y no generó
riqueza, habría que recorrer la carretera, por ejemplo, de Pichucalco a Tuxtla
Gutiérrez, ahí en los municipios de Ixtacomitán, Tapilula, Jitotol, Pueblo Nuevo
Solistahuacán, Solusuchiapa, Rayón, Bochil, para ver cómo había propiedades de 200,
250 hectáreas que tenían ganadería de doble propósito y generaban siete, ocho empleos,
dos jornaleros, los que ordeñaban, las dos familias o tres familias que vivían de esa
propiedad fueron invadidas y el gobierno compró la tierra y ahorita están totalmente
improductivas.
Eso hay que denunciarlo y hay que decirlo,
porque las soluciones fáciles nos han llevado a hacer más complicado el problema.
Felipe Calderón lo señalaba en el sentido
de que los cambios de hombres, y aquí también Adolfo Ruiz Cortines insistía en esto,
cuando se dan muchos cambios se está fallando en el titular de esa dependencia y yo creo
que el problema en Chiapas es un poco eso. Si hablamos de cambios, pues ya llevamos una
buena fila de gobernadores y un promedio yo creo que mucho menor de dos años, habría que
hacer las cuentas tal vez desde que Jorge de la Vega pidió licencia en el primer año de
gobierno, por un atentado del federalismo, del llamado y después con subterfugios buscar
la licencia y seguir ahí con el interino y con el sustituto, que es una de las cosas que
también está sucediendo, o sea la legalidad simulada, el violar la ley y pintarla de una
fachada de que se respetan ciertas formalidades.
Pero, repito, ha habido gobernadores
sustitutos, interinos, todas estas figuras con un promedio que no permite la continuidad
de un programa. Entonces, yo creo que esto nos lleva a reflexionar de una solución
integral que es precisamente en lo que insistía mi compañero diputado Paoli y Bolio, ver
el problema en su conjunto, analizarlo, pero sobre todo si el gobernador no se desprende,
si el gobernador sigue atrapado por esas instituciones obsoletas, anacrónicas que ya no
corresponden para la solución de un conflicto, Roberto Albores será una cruz más en ese
terrible viacrucis de políticos chiapanecos que han fracasado para resolver un problema
tan complejo y de tantas aristas.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra la diputada María del Socorro Aubry Orozco, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| La diputada María del Socorro Aubry Orozco: |
Con el permiso de la Presidencia:
Pareciera que ya todo se ha dicho sobre
Chiapas y que hablar sobre lo mismo sería reiterativo. Sin embargo, pienso que no importa
machacar, machacar y machacar sobre el tema, si con eso movemos conciencias.
Chiapas es una herida que permanece
abierta, que al paso de cuatro años se ha contaminado y hoy, de esa herida brota pus que
amenaza con infectar a otras regiones de nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores:
como integrantes de uno de los tres poderes de este país, como representantes populares,
Chiapas también es nuestra responsabilidad. Asumámosla, asumámosla dando respuestas a
las permanentes interrogantes que flotan en el ambiente a lo largo y ancho de México,
interrogantes que se hacen millones de mexicanos que hasta ahora no han tenido respuestas,
interrogantes como éstas: ¿por qué no se ha resuelto el conflicto chiapaneco? ¿A
quiénes conviene que no se resuelva? ¿Por qué no se respetaron los acuerdos de San
Andrés Larráinzar? ¿Dónde están las cuantiosas inversiones, que dice el Gobierno ha
realizado en el Estado de Chiapas? ¿En qué se invirtieron esos miles de millones de
pesos?, ¿a quiénes beneficiaron? ¿Por qué no se frena a los famosos "guardias
blancas" y a los grupos paramilitares que amenazan, intimidan y matan? ¿Por qué se
sigue militarizando la zona del conflicto?, ¿por qué Acteal?
Todas estas interrogantes, repito, hasta
hoy no han tenido respuesta y la sociedad mexicana permanece expectante y angustiada. Toca
a nosotros como representantes de esa sociedad dar respuestas a esas exigencias, pero para
que nosotros podamos dar respuestas, también a nosotros nos tienen que dar respuestas.
Hoy ocupo esta tribuna para invitarlos,
compañeras y compañeros legisladores, a que nos quitemos la camiseta partidista y nos
pongamos la camiseta de México y con esa camiseta puesta y como integrantes del Poder
Legislativo, pidamos, exijamos al Ejecutivo respuestas claras y puntuales.
No podemos darnos el lujo de seguir
permaneciendo indiferentes ante la terrible tragedia en la que sobreviven miles de
hermanos indígenas en la selva chiapaneca. Sólo un ser desnaturalizado y sin
sentimientos no se conmueve con lo que está sucediendo en esa bellísima y riquísima
región de nuestro país, pero en la que paradójicamente una simple gripe mata a los
niños.
Yo no sé si después de haber visto las
imágenes que se transmitieron a través de la televisión, yo no sé, repito, si alguno
de ustedes pueda comer a gusto y pueda dormir tranquilo sabiendo que miles de niños,
mujeres y ancianos en lo más recóndito de la selva chiapaneca, huyendo de la muerte
comen raices hervidas y duermen sobre la tierra mojada, teniendo como única cobija la
helada noche.
Señoras legisladoras, señores
legisladores: es tiempo de actuar, es tiempo de exigir resultados. No basta con cambiar a
los hombres de su cargo, se requiere, se necesita cambiar de actitud, de una clara
voluntad política para resolver el conflicto, de acciones concretas, de compromiso moral.
Señores, déjenme recordarles que los
muertos están entre quienes en este momento y durante siglos han sido reprimidos y que
las armas y la violencia provienen de los terratenientes, del gobierno local y de los
grupos paramilitares.
Era grave la actitud del anterior
Secretario de Gobernación, quien aplicaba al problema de Chiapas la política del
avestruz, pero es más grave aún la actitud del nuevo responsable de la política
interior de nuestro país, que mientras habla de reconciliación amenaza con aplicar todo
el poder del Estado en contra de simpatizantes del EZLN y anular con ello la mínima
esperanza de reencontrar el camino de la paz.
Una vez más hacemos un llamado a sumar
esfuerzos para restaurar las heridas en Chiapas y encontrar el camino de la paz y la
concordia, generando condiciones para una convivencia pacífica y digna para todos los
chiapanecos.
Reitero la posición del PRD, de que los
esfuerzos para solucionar el conflicto en Chiapas pasan por aceptar los acuerdos de San
Andrés Larráinzar; integrar la Comisión de Verificación de dichos acuerdos; reformar
la Constitución para introducir los cambios propuestos por la Cocopa; desmilitarizar la
entidad; esclarecer, llegar al fondo sobre la masacre de Acteal y acabar con la impunidad
de los grupos paramilitares.
Sólo con hechos concretos habremos de
demostrar nuestra disposición de trabajar sinceramente en la búsqueda de la paz.
El recuerdo de los muertos, de quienes
sufren las consecuencias de este conflicto, la historia y nuestra propia conciencia nos lo
demandan.
Nunca como hoy cobra vigencia el
pensamiento de ese ilustre veracruzano, Salvador Díaz Mirón: "nadie tiene derecho a
lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto". Ustedes tienen la palabra.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Oscar López Velarde, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El senador Oscar López Velarde Vega: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Yo me congratulo de las propuestas que
aquí legisladores de todos los partidos han hecho para dar una salida política en
Chiapas, que es la única salida viable, justa, digna y definitiva.
Nadie puede obstaculizar esta salida dentro
de la legalidad.
Creo que aquí todos hemos quedado claros
los sucesos de Acteal y otros más; hemos quedado claros de que nadie debe utilizar la
vida de los indígenas o la estabilidad del país como bandera política.
El gran consenso que en esta Comisión
Permanente se construye el día de hoy, y celebro posiciones, planteamientos, como los del
diputado José Paoli y Bolio, como la diputada que me antecedió en la palabra, de
anteponer los interés de México y de Chiapas por encima de cualquier interés de
partido, de persona o de grupos. Nadie puede propiciar ganar votos de sangre; politizar la
situación en Chiapas y digo politizar y no generar iniciativas políticas, como yo aquí
veo que por primera vez empezamos a construir consensos en el Congreso de la Unión en
esta Comisión Permanente.
El Presidente de la República, Ernesto
Zedillo, recientemente, con objetividad, con responsabilidad señaló que Chiapas requiere
una nueva estrategia, una nueva estrategia de negociación política. Eso acredita una
voluntad y una decisión política tomada desde el 1o. de diciembre, que tomó posesión
como Presidente de la República; significa un cambio de actitud.
Yo veo un cambio de actitud en el Congreso
de la Unión el día de hoy. Ojalá tengamos la capacidad, porque la tenemos entre
mexicanos, de dar una salida política dentro de la legalidad.
Este cambio de actitud a que el Presidente
exhorta y que si estamos hablando de salidas políticas, que a nadie le extrañe que haya
cambios de estrategias. Se han respetado las estrategias de las partes. El silencio del
EZLN en 1997 y su suspensión unilateral del diálogo por más de 15 meses, es una
estrategia y una resolución de una de las partes.
Si la otra parte recientemente declara que
se requiere una nueva estrategia, requiere la responsabilidad de su contraparte que es el
EZLN.
Yo exhorto a que los sucesos dramáticos
que nos avergüenzan y nos causan dolor, de Chenalhó, sea una sangre de inocentes que, si
me vale la expresión, no dejemos que se cuaje y se vuelva costra en el olvido.
En ese sentido me parece muy positivo que
aquí estemos buscando cómo construir un consenso para que el Congreso contribuya a una
salida política.
El Congreso de la Unión, y no tiene caso
hacer una recapitulación de su intervención, no sólo en la LVI y en la LVII
Legislatura, por conducto de la Comisión de Concordia y Pacificación, sino de anteriores
legislaturas, ha estado atento al conflicto.
Pero creo que llegó el momento de que
construyamos consensos. Que haya cambios de actitud, en la que coadyuvemos a que no haya
posiciones irreductibles, que atentan contra cualquier salida política, la política se
hace acercando posiciones. La política y el consenso se construye dirimiendo
controversias.
Yo creo que es muy importante la
contribución que la Permanente el día de hoy está tomando conciencia. Por primera vez
respetuosamente veo una fracción política, a través del diputado José Francisco Paoli
y Bolio, donde señala con precisión, que le preocupan ciertos aspectos técnicos de
interpretación, de como formular jurídicamente, en una norma constitucional, la cultura
y los derechos indígenas, resultado de un acuerdo suscrito en San Andrés por el Gobierno
Federal y por el EZLN.
Pero no podemos olvidar la naturaleza de
esos compromisos. Las reglas que con base en la ley, suscribieron el Gobierno Federal y el
EZLN, precisan muy bien los alcances de los compromisos, aquellos compromisos que tienen
un carácter de alcance nacional, son vinculatorios políticamentes y son vinculatorios
políticamente, porque como aquí se ha dicho el Congreso de la Unión no puede dejar de
ejercer constitucionalmente sus atribuciones, nos corresponde concretizarlos en una norma
jurídica.
Pero nos corresponde concretizarlos
reconociendo la gravedad de la situación, en donde por estrategias y decisiones del EZLN,
está estancado un diálogo.
Nos corresponde al Congreso de la Unión,
construir un consenso político en estas reformas. Debemos de entender y en mi
intervención en la sesión de la Comisión Permanente anterior, los acuerdos de San
Andrés. ¿Cuál fue la posición de la Comisión de Concordia y Pacificación?, y lo
hablo a título personal.
Pedí a la Secretaría, en la sesión
pasada, que leyera la respuesta de la comisión, ante el intento que hizo de un
procedimiento para acercar a las partes, que no se pudo concretizar, porque una de ellas
consideró que tiene observaciones para perfeccionar esa norma constitucional y que hoy
celebro que uno de esos partidos esté planteando también cuestiones para poder formular
jurídicamente una reforma constitucional, que no solamente corresponde a un acuerdo entre
el EZLN y el Gobierno Federal, sino represente las aspiraciones de las 56 etnias del
país.
Creo que la reforma constitucional es
fundamental. Que como aquí se ha dicho no va a resolver todas las causas políticas,
económicas, sociales y culturales que originaron el conflicto, pero tenemos que avanzar,
tenemos que tomar la palabra de una nueva estrategia de negociaciones.
Contribuir a generar las condiciones
políticas para la reanudación del diálogo, que será la única forma de que dos partes
diriman controversias.
Pero también es importante construir el
consenso, como aquí se ha dicho, y veo por primera vez un acercamiento de que todas las
fuerzas políticas contribuyamos a construir un consenso en ejercicio de nuestras
facultades constitucionales.
Lo he dicho y lo reitero, la Comisión de
Concordia y Pacificación lo señaló, sería inviable aprobar una propuesta
constitucional, que fue un proyecto y un procedimiento de acuerdo, si después es
descalificada por una de las partes por el EZLN.
Sería inviable considerar que el Congreso
de la Unión va abdicar a sus funciones constitucionales y no reconocer la nueva
integración plural y las corrientes políticas que aquí representamos en el Congreso de
la Unión, todos los partidos políticos que somos parte de la sociedad y representamos
plataformas e ideología.
Es el momento de construir esa reforma
constitucional. Dar salidas coyunturales o que solamente respondan a banderas políticas,
no contribuyen al proceso de paz en Chiapas.
De nada hubiese servido convocar a un
periodo de sesiones extraordinarias, si las fuerzas políticas representadas en el
Congreso de la Unión no han construido un consenso, con relación a esas reformas
constitucionales.
Qué bueno que no solamente está ya
expresando sus inquietudes el Gobierno Federal. Que todas las fracciones políticas
construyamos un consenso en estas reformas constitucionales para que pueda concretizarse
en nuestra Constitución Federal y garantizar la cultura y los derechos indígenas.
Tenemos que tener la iniciativa, la
imaginación para construir el consenso entre todos los partidos políticos, entre el
Gobierno Federal y el EZLN. Ni el EZLN ni el Gobierno Federal pretenden desconocer los
acuerdos de San Andrés, los acuerdos de San Andrés son compromisos para la instancia de
debate y decisión nacional.
En esa nueva actitud, la Comisión de
Concordia y Pacificación, el día de ayer tuvimos una reunión de más de tres horas con
el Secretario de Gobernación y nos volveremos a reunir el próximo viernes. Pero
requiere, en una apertura donde el Gobierno Federal ha señalado que va a revisar esas
observaciones para poder hacer viable la construcción de un consenso, y esto demanda un
cambio de actitud, de romper con círculos viciosos, de romper con posiciones
irreductibles que no construyen ni contribuyen la paz en Chiapas.
Chiapas no puede permitir un nuevo Acteal,
como también hemos reiterado en la Comisión Permanente y todos los partidos y que no
politicen la actuación tratando de etiquetar a un partido unos hechos lamentables. Se
deben deslindar responsabilidades en todas las líneas de investigación y se está
actuando y estamos atentos en la Comisión de Concordia y Pacificación y en el Congreso
de la Unión, de deslindar responsabilidades. Pero no nada más de Acteal; de deslindar
responsabilidades de otros hechos ilícitos que se han suscitado en el Estado de Chiapas.
No es una cuestión aritmética de decir que en los últimos tres años en la zona norte
del Estado de Chiapas habían muerto 74 no simpatizantes del EZLN y 31 simpatizantes del
EZLN.
No se trata de que con Acteal se
emparejaron las cuentas; se trata de ver cómo conciliar los intereses legítimos de la
sociedad chiapaneca para evitar que nos enfrentemos entre mexicanos. Tenemos todos la
capacidad de contribuir a ello.
Yo creo que de aquí tiene que partir, y
así lo vemos en la Comisión de Concordia y Pacificación, con el respaldo que la
Comisión Permanente le hizo a la Comisión de Concordia y Pacificación, tiene que partir
la construcción de un consenso inmediato sobre la reforma constitucional en materia de
cultura y derechos indígenas.
No podemos seguir viendo este tema como una
condición para reanudar un diálogo, que es la única vía viable para solucionar las
causas que originaron un conflicto inicial armado, son el tema mismo de la negociación.
Tenemos que ver los aspectos de militarización dentro del tema de distensión integral.
No podemos olvidar que subsiste una declaración de guerra del EZLN al Ejército mexicano;
que no se ha negociado un acuerdo de paz y por lo tanto, el armisticio y la amnistía,
como los señala la ley, sólo será consecuencia de un acuerdo de paz. Pero tenemos que
ver también cómo evitar esos enfrentamientos entre mexicanos; tenemos que evitar que
nadie utilice la sangre de los indígenas para enarbolar banderas políticas; no se puede
permitir que se traslade a los indígenas como se traslada al ganado, con rumores.
Se dice que se va a matar a todas las
comunidades en Acteal, como en Acteal la gente se traslada en puntos como en Polhó, donde
hay más de 5 ó 10 mil indígenas que nos duele la situación dramática en la que están
y se requiere atender a esos desplazados.
Pero no olvidemos que hubo 30 mil
desplazados en la zona del conflicto al inicio del conflicto, que no eran simpatizantes
del EZLN. Tenemos que buscar las vías de conciliación de los intereses legítimos. Se
tienen que resolver las causas políticas, económicas y sociales que generaron el
conflicto. Se tiene que incorporar legalmente a la vida política al EZLN.
Esos son los cuatro grandes temas de la
negociación, eso es lo que se tiene que negociar con base en la ley, entre el Gobierno
Federal y el EZLN. En la medida que no haya negociación no habrá una salida viable para
el conflicto en el Estado de Chiapas y seguirán tensionándose las cosas en Chiapas,
rebasando los hechos de violencia al propio EZLN y al Gobierno Federal.
Yo quiero aquí ser insistente en cuanto a
que se ha dicho que el Ejército mexicano actúa al margen de la ley. No podemos
desconocer que la intervención del Ejército mexicano en Chiapas es con fundamento en el
artículo 119 de la Constitución Federal, ante un conflicto interno donde se ha declarado
la guerra al Ejército mexicano, y que tenemos, para buenaventura de México, un Ejército
de paz, no un Ejército de guerra.
Desde la tregua ofensiva declarada
unilateralmente en enero de 1994 por el Gobierno Federal, el Ejército mexicano no se ha
enfrentado con el EZLN ni ha matado a nadie en la zona del conflicto en Chiapas.
Se ha discutido mucho aquí sobre el
desarme, es un tema que se debe de ver integralmente. El Gobierno Federal está fincando e
investigando responsabilidades a los sucesos de Acteal. Pero se requiere desarmar la zona,
distinguiendo el aspecto, como ayer nos señaló el Secretario de Gobernación, de que el
desarme del EZLN es consecuencia de un artificio pactado entre las partes. Pero que no se
puede permitir, en los términos de la propia Ley para el Diálogo, la Conciliación y la
Paz Digna en Chiapas, no se puede permitir que exista impunidad. La ley suspende las
ordenes de aprehensión libradas en febrero de 1995.
Pero el artículo 13 es muy claro:
"con base en la ley, las autoridades federales, en coordinación con el gobierno del
Estado, no abdican a ejercer sus atribuciones de salvaguardar la soberanía nacional, la
integridad del territorio y coadyuvar en la procuración de justicia.
Si queremos distensionar la zona, se tiene
que convocar a una tregua social de todos los grupos y se tiene que desarmar la zona en
las vías que establece la ley.
Yo creo que la salida es viable; que no
requerimos a nadie del extranjero que nos venga a decir cómo podemos negociar entre
mexicanos, un conflicto que todos reconocemos los grados de marginación y de pobreza
extrema, de no solamente los indígenas de Chiapas, sino de 10 millones de indígenas de
este país.
Construyamos con iniciativas políticas,
salidas políticas. No enarbolemos banderas que no contribuyen al proceso de paz en
Chiapas. Tengamos la iniciativa de contribuir como Congreso de la Unión, como Comisión
Permanente, a generar esas condiciones políticas que se requieren para una nueva
estrategia de negociación, para un cambio de actitud de las partes, que pueden resolver
un conflicto por la vía legal y que es la única forma de garantizar una paz justa, digna
y definitiva.
Reitero, mucho tenemos que hacer todos los
partidos políticos para construir ese consenso y ejercer las atribuciones que tiene el
Congreso de la Unión, para concretizar en una norma constitucional y salvaguardar los
derechos y la cultura indígena.
Muchas gracias.
En relación con la situación
política en Chiapas y para rectificación de hechos, se han inscrito cuatro legisladores:
Mario Saucedo y Juan Ramiro Robledo, Jesús Martín del Campo y Jaime Miguel Moreno
Garavilla.
Para rectificación de hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo.
| El senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Lo que han venido a plantear los
legisladores priístas, obviamente en dos tonos muy distintos, nos lleva a preguntarnos si
realmente existe consenso en lo que aquí se ha planteado cuando de entrada, y ya se dio
una discusión del cambio presidencial, del gobernador Ruiz Ferro, negando el Congreso de
la Unión a través de su Comisión Permanente, el derecho y la responsabilidad de
intervenir en Chiapas, cuando se solicitó en la sesión pasada, de que fuera la Comisión
Permanente la que convocara a un periodo extraordinario para decretar la desaparición de
poderes y discutir si decretaba la desaparición de poderes.
Y aquí mismo me tocó plantear de que
antes de que lo hiciera el Presidente, sería importante que el Congreso de la Unión, a
través de la Comisión Permanente, asumiera esta responsabilidad.
Yo no sé en dónde están los consensos. A
no ser el reprobar el crimen, a no ser el que estamos exigiendo justicia. Lo que estamos
viendo en Chiapas es que hay un enfoque distinto.
La diputada Garza plantea una serie de
cuestiones muy importantes porque creo, no sé si ella es la que ha dado forma a esos
pensamientos o la que ha retomado esos pensamientos, que es lo que de alguna manera está
planteado como el tema central para el asunto de Chiapas. El problema central es que hay
una estrategia de contrainsurgencia, impulsada desde el Gobierno Federal, que viene
ajustándose desde 1994 y, ya hay un documento, que la revista Proceso hace público, de
la Secretaria de la Defensa, que denomina "Plan de Campaña Chiapas 1994".
Y en este documento deja claramente
establecido cómo hay que empezar una política de contrainsurgencia, en que uno de los
aspectos fundamentales es la propaganda. Y trata de tomar la experiencia de intervenciones
extranjeras, particularmente de Estados Unidos y de Guatemala tanto para el adiestramiento
de las fuerzas militares y paramilitares. Ya hemos denunciado en el Senado de la
República al "Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales" que intervino en San Juan
de Ocotán, Jalisco, secuestrando y torturando a 20 jóvenes y asesinando a uno de ellos,
y que vuelve a aparecer en el conflicto de Acteal y que planteamos aquí también la vez
pasada que 20 militares fueron graduados en Petén, Guatemala con los "Kaibules"
ese grupo militar de fuerzas especiales guatemaltecas, que desarrolla toda una estrategia
en Guatemala en contra de la insurgencia.
El problema central entonces no es que haya
un cambio de gobernador, lo fundamental es que haya un cambio de estrategia, de esta
estrategia de contrarrevolución, que tiene como principal objetivo derrotar o vencer a
los zapatistas, debilitando su base de apoyo. Y por eso aprovechando los conflictos que
existían y que existen en Chiapas instrumenta toda una política para armar a los grupos
paramilitares. ¡Aquí hemos dado nombres de los responsables priístas que están al
frente de los numerosos grupos paramilitares que operan en Chiapas!
¡Acaba Samuel Sánchez, del grupo
"Paz y Justicia", asumir y aceptar que efectivamente tienen armas y que sí es
un grupo paramilitar! ¡Y hay los documentos que prueban que recibió cuatro millones de
pesos de Julio César Ruiz Ferro, que se los dio a este grupo, que sirvieron efectivamente
para armar e instrumentar esta estrategia de contrainsurgencia!
¡Acteal no es un hecho aislado, Acteal es
la consecuencia de un vacío de responsabilidad del Gobierno Federal que se instrumentó
en Chiapas, para que mientras aparentemente no avanzaba por negligencia y esa es parte del
discurso que ha venido a leer la diputada Garza por falta de voluntad de los zapatistas, y
ese fue el mensaje que el Gobierno ha querido estar imprimiendo permanentemente, cuando la
responsabilidad es del Gobierno, mientras se mantenía ese vacío en el diálogo en San
Andrés con los zapatistas; se instrumentaba la estrategia contrainsurgente!
Y esa, que tiene qué ver con esa
estrategia de tierra arrasada, de aldeas estratégicas, que se instrumentó en Vietnam y
después en Guatemala,en la lucha contrainsurgente en El Salvador, es la que han venido
instrumentando desde hace ya varios meses en el Estado de Chiapas.
¡Acteal, por lo tanto, lo que hace es
poner al descubierto esa estrategia! La aceptación oficial de más de 11 mil desplazados
en Chiapas, es parte de esta estrategia de socavar la base social, la base de apoyo, que
el propio Ejército en este documento que hemos señalado que hace la revista Proceso del
"Plan de Campaña Chiapas 1994" acepta en más de 200 mil simpatizantes del
Ejército Zapatista, viene la política contrainsurgente para mermar, para acercar, para
aislar a los zapatistas, para tratar de derrotar moralmente y tratar de aislar la base de
apoyo. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Chiapas, ha sido una estrategia y sería
importante para ello que el Secretario de Defensa, dado que éste es un documento que sale
de la Secretaría de la Defensa en la región séptima de Chiapas, una explicación sobre
esto, porque él plantea nítidamente cuál es el objetivo en torno a cómo derrotar a los
zapatistas, a cómo adiestrar y armar a los grupos paramilitares, a cómo utilizar, como
ha hecho la diputada Garza, este discurso reiterativo del Gobierno de decir que no son
ellos los responsables, que no es el Gobierno Federal el que está implicado en la
estrategia contrainsurgente que ha llevado a la masacre de Acteal y de otros asesinatos
que ha habido, producto de la formación y armamento de estos grupos paramilitares.
Es esta lógica de quitar el agua al pez;
está en los manuales de la contrainsurgencia norteamericana. Y mientras por un lado, con
un discurso que está reflejando esta doble moral, este doble discurso, el Gobierno
aparentaba tener voluntad y fue reiterativo Emilio Chuayffet en el sentido de que había
voluntad de cumplir los acuerdos, cuando en la práctica se estaba instrumentando esta
estrategia para tratar de quebrar la moral de los zapatistas y tratar de debilitar la base
social.
Entonces, el problema fundamental,
compañeras y compañeros legisladores, no es que se desarme a los zapatistas. Hay una ley
muy clara que está reconociendo inclusive la justeza de las demandas por los cuales los
zapatistas se levantaron.
El problema central es que el Gobierno
tiene que cambiar, el Gobierno Federal tiene que cambiar de estrategia. Por eso
planteábamos que se decretara la desaparición de poderes, porque lo que no hay en
Chiapas es gobernabilidad, lo que no hay en Chiapas es la legalidad, lo que no hay en
Chiapas es estado de derecho. Y con las buenas intenciones que le puede augurar el
diputado panista al nuevo gobernador, lo que se necesita ahí es un cambio de estrategia
radical, se necesita una salida política y abandonar esta estrategia de
contrainsurgencia.
Estamos planteando la necesidad de que las
bandas paramilitares, esas que están reconocidas y hay todo un expediente de quiénes las
conforman, sean desarmadas y sean los responsables que han estado al frente de ello, por
cierto diputados locales y federales y de diputados locales y federales priístas, reciban
el castigo por haber estado incitando y ser parte de esta estrategia de contrainsurgencia;
de que el Ejército no entre a las comunidades, es parte de esa estrategia de atemorizar,
esta estrategia de imprimir miedo, que se enfocó ahí con unas mujeres, como se pudo ver
o apreciar en la televisión, unas mujeres zeltales que con sus manos detuvieron al
Ejército; de que el Ejército regrese a los cuarteles, que el Ejército no esté...
Senador Saucedo, si me permite: ha
duplicado su tiempo. Le ruego concluir.
| El senador Mario
Saucedo Pérez: |
Termino.
Sería importante si hay esta iniciativa
como el Presidente, diputado Arturo Núñez, dijo a la prensa que estaba dispuesto a un
periodo extraordinario del Congreso, para que se debatiera sobre la iniciativa de los
derechos y cultura indígena de la iniciativa de la Cocopa, impulsar esto.
Y finalmente, creo que es necesario, dejo
una proposición a la directiva, de que las comisiones, con base en las facultades del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 fracción III, 58, 90
y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se turne a las comisiones de
Justicia y Defensa Nacional de las cámaras de Diputados y de Senadores, la siguiente
PROPOSICION
"Unica. Que las citadas comisiones
consideren la pertinencia de celebrar una conferencia con el ciudadano Jorge Madrazo
Cuéllar, procurador General de la República, con objeto de que informe al seno de dichas
comisiones sobre el estado que guardan las investigaciones sobre los acontecimientos
acaecidos el 22 de diciembre del año pasado en Acteal, Chiapas y los avances alcanzados
por la dependencia a su cargo en relación a la identidad de los responsables
intelectuales de la masacre.
Asimismo, que dichas comisiones consideren
la pertinencia de celebrar una conferencia con el ciudadano Enrique Cervantes Aguirre,
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con objeto de que en el seno de las
referidas comisiones explique e informe detalladamente sobre la situación que priva y los
hechos acaecidos en el Estado de Chiapas, así como de las acciones que ha emprendido el
Ejército mexicano en esa entidad federativa."
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruíz: |
Gracias, señor Presidente;
compañeros legisladores:
Cuando nos ponemos a discutir sobre un tema
tan difícil como éste de Chiapas, encontramos muchas notas discordantes entre nosotros
en los diferentes aspectos que tiene el problema y en los planteamientos que hacemos las
fracciones partidistas; pero cuando menos es tranquilizante y no podría ser de otra
manera, que en el fondo todos quienes vengamos a esta tribuna y quienes tengamos un
mínimo de responsabilidad por nuestro país, estamos de acuerdo en los objetivos. Nos
cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en los temas que tienen qué ver con la
asignación de responsabilidades sobre lo que ha pasado y sobre los antecedentes y en la
manera en que interpretamos los últimos sucesos, pero al final todos estamos de acuerdo
que es deseable, necesario, infaltable, buscar que el territorio chiapaneco en conflicto
se pacifique de una manera perdurable.
Pero la pacificación de la zona en
conflicto en Chiapas no es el objetivo más importante o mejor dicho nuestro objetivo
último que estaríamos buscando. ¿Pacificar para qué? ¿Para que vivan en paz y como
están y como han estado antes, en las mismas condiciones materiales y culturales? No.
Desde luego todos desearíamos que los niveles de vida en su aspecto material y cultural
de los pueblos indígenas de Chiapas y de otras partes del país ascendieran y mejoraran
en todos los sentidos, que tuvieran cuando menos los promedios que tienen otras zonas
medianamente desarrolladas de la sociedad mexicana en el resto del país.
Pero desde luego, no podemos estar pensando
en que aumenten los niveles de educación y de salud de las comunidades aisladas,
desplazadas, encontradas, peleadas, de los indígenas chiapanecos, si unos y otros grupos
tienen una gran lista de agravios mutuos y unos y otros grupos tienen armas de todo tipo,
algunas de fuego y otras propias de los habitantes del campo.
Difícilmente podemos pensar una cosa si
antes no hay paz en Chiapas y no podemos pensar en que haya paz en Chiapas sino cuando
menos en dos fases; una, que en lo inmediato, en los tiempos siguientes, en las semanas
siguientes haya un mejor control de armas y una mucha mejor vigilancia en los territorios
en conflicto. Eso ayudará bastante, pero será un inicio. Una pacificación sólo se
podrá lograr cuando las condiciones sociales de convivencia sean de tal manera que en
verdad puedan cohabitar pueblos indígenas, mestizos, en el territorio de Chiapas y en
otras partes del país.
En lo primero todos podemos contribuir un
poco, los partidos quizá no estemos haciendo lo más acertado en Chiapas, de alguna
manera los discursos de las intervenciones de los dirigentes partidistas no han
contribuido a que los ánimos se serenen en Chiapas y también los gobiernos, desde luego
el federal y el estatal, tienen mucho que hacer aquí.
Pero lo importante es que no haya tantas
armas, en la calle, en los caminos, en los pueblos y en los lugares públicos de aquel
territorio y no puede evitarse eso sino por muchas más acciones de vigilancia.
La ley que aprobamos en marzo de 1995 nos
da pautas, aquí las ponderó muy bien el senador López Velarde, usa la palabra
"duradera", que nunca me ha gustado, pero si tratamos de buscar la paz
perdurable para el territorio chiapaneco, necesariamente tiene que haber un acuerdo, una
negociación de carácter político con el EZLN que se traduzca en condiciones suficientes
para intentar una gran acción del Estado mexicano que lleve apoyos y recursos materiales
a aquella zona tan marginada.
Yo nunca he estado muy de acuerdo con la
parte sustantiva del artículo 4o. constitucional, no estoy tan seguro, finalmente haría
todo lo necesario para contribuir a lo que todos buscamos: paz y mejoría social para
Chiapas; pero no estoy tan seguro que aislando culturalmente, preservando las condiciones
autóctonas, culturales y sociales, sobre todo de los pueblos indígenas de México,
vayamos a contribuir a que ellos mejoren.
Los norteamericanos exterminaron
simplemente a los indígenas y sustituyeron la habitación de uno de los mejores
territorios del planeta con población europea. Los españoles afortunadamente no lo
hicieron así, pero la preservación y la reserva cultural, elevada a norma jurídica, en
mi opinión quizá haga más largo el proceso de integración de las culturas indígenas a
la sociedad mexicana, la gran nación mestiza mexicana, quizá facilitando su integración
a través de la generación hoy joven sea más fácil si intentamos otro tipo de vías;
quizá sea más fácil que use la medicina nuestra a la botánica simplemente, si nuestra
norma constitucional y nuestras leyes no limitan la frontera ante lo indígena y lo no
indígena.
Es una opinión personal nada más,
finalmente repito yo, haría todo lo necesario para contribuir al mismo objetivo que todos
ustedes buscan y buscamos.
Un acuerdo entre el EZLN y el Gobierno
Federal y el Gobierno del Estado mexicano, pudiera dar esas condiciones; abonémoslo,
tenemos como miembros de partidos políticos en la posición legítima y tenemos como
miembros de un poder constitucional, una comisión formada de manera paritaria, muy
equilibrada, que ha hecho un gran papel y que avalamos en la sesión pasada; creo que
apoyar a esos legisladores que contribuyen a reencauzar el proceso de negociación
política en Chiapas es algo que bien podemos aportar.
Pacificación en la primera fase; intentar
las verdaderas condiciones que den paz a Chiapas para después buscar que la respuesta de
sociedad y Gobierno mexicano puedan llevar los apoyos materiales suficientes, para que la
generación de niños indígenas crezca con posibilidades de integrarse a los niveles
aceptables de bienestar que merecen ellos como seres humanos y que les debemos como
mexicanos.
Sí, estamos de acuerdo en el Partido
Revolucionario Institucional en que los acuerdos de San Andrés se conviertan en norma
constitucional y legal. Leyéndolos, podemos descubrir que tienen aristas cuyas
interpretaciones nos puede llevar a largas discusiones y hay que tomarlas y afrontarlas,
hay que volver norma constitucional y ley los acuerdos de San Andrés Larráinzar, ahí
hay una primigénea voluntad de ambas partes en un sentido de acuerdo y de conciliación,
es importante tomar lo bueno que hay detrás de esa negociación.
Para convertirlos en normas tenemos que
hacer un gran esfuerzo de entendimiento y de buena razón en los argumentos, cuidar mucho
que no se vulnere ni afecte ninguno de los aspectos fundamentales, constitucionales del
Estado mexicano que con respeto a la intención de esos acuerdos, hacer que prevalezca la
identidad de las comunidades indígenas en México, se dé al mismo tiempo un paso, una
correa que comunique un ámbito con otro, que al mismo tiempo que sean indígenas sean
mexicanos y pertenezcan por ahora y para el futuro, de manera mucho más integral a la
nación mexicana.
Creo que la propuesta de iniciativa de la
Cocopa es un muy buen esfuerzo que hay que estudiar muy bien. Al final, la soberanía
constitucional para resolver cómo queda exactamente una norma constitucional y legal, es
de las dos cámaras del Congreso de la Unión y del resto de los estados que también
tienen que opinar y aprobar, en su caso, una reforma constitucional.
En los objetivos estamos de acuerdo...
Ha concluido su tiempo, le solicito
concluir su intervención.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Abreviemos. Lo hago señor
Presidente:
En el resto de las cuestiones en donde nos
ponemos de acuerdo más difícilmente, pues también hagamos el esfuerzo por abreviarla.
El objetivo es común, abordémoslo.
Muchas gracias.
Con fundamento en el artículo 106 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 21
fracción III y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, túrnese la propuesta
presentada por el senador Saucedo a las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional de
las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.
Para rectificar hechos y hasta por cinco
minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Pese a que hemos hecho ya muchas
intervenciones, igual que en la semana anterior, en este caso no es el problema de la
cantidad, sino el contenido lo que importa, para que podamos efectivamente buscar aquello
en lo que tenemos acuerdo y también sentar las posiciones cuando no hay acuerdo en la
búsqueda ciertamente de un camino mejor para resolver el conflicto chiapaneco, que en
realidad es un conflicto nacional.
Creo que hay un reconocimiento, pero que
sólo se queda en lo verbal, de todos los partidos; en el caso del PRI mi apreciación es
que se queda en lo verbal, de que hay una estructura de mediación que está agotada como
fórmula de relación con las comunidades, con la población en Chiapas, que es la
estructura del caciquismo y que en buena medida el tratar de mantener esta estructura de
mediación del caciquismo chiapaneco, puede llevar, incluso, a idealizar el pasado,
utilizo un término de la diputada Laura Alicia Garza Galindo, con quien en 1994 también
tuvimos un debate aquí, cuando el inicio del conflicto también en la Comisión
Permanente, en la LV Legislatura.
No podemos idealizar el pasado; no podemos
hablar de que las plantaciones eran el paraíso idílico en el cual los indígenas sí
pueden vivir tranquilos, bajo la subordinación de patrones extranjeros o nacionales, como
peones acacillados a quienes se les conculcaban no unos, sino todos sus derechos, no sólo
como sujetos sociales o ciudadanos, sino como seres humanos en muchos casos.
Todavía, recientemente, incluso algunas
ocasiones recordando elementos aparentemente anecdóticos, también el diputado Juan José
Rodríguez Prats ha dicho que para muchos finqueros recientemente en Chiapas, era de más
valor curar a un animal de su ganado que a un indígena cuando se enfermaba en alguno de
los ranchos ganaderos en el Estado de Chiapas.
Entonces, creo que esta mentalidad
predomina todavía en muchos casos involuntariamente, como un reflejo, ése sí, de
siglos, porque hay el reflejo de esos siglos de racismo, en muchos casos involuntario, en
la población mestiza de nuestro país y en muchos políticos. Siempre se cree que aquello
que era el orden autoritario, pues era lo que mejor convenía, porque cuando emergen
sujetos activos en cualquier coyuntura, en cualquier etapa de la historia de un país,
entonces se cuestionan esos elementos activos que reclaman ser incluidos e incorporados en
el diseño de las políticas públicas, en el diseño de las orientaciones del conjunto de
las políticas en un país y lo que ha sucedido ahora en Chiapas, y en eso se refleja
hasta nuestra participación como diputados, como legisladores de los distintos partidos
existentes ahora en nuestro país, son nuevos sujetos sociales activos que reclaman ya no
ser tratados como menores de edad, ya no ser tratados sólo a través de estos mediadores
tradicionales arcaicos, que son los caciques que todavía predominan en muchas zonas del
país y que ahora, además, actúan con brutalidad, con la complacencia de muchos
políticos de la entidad en el caso de Chiapas y con la complacencia voluntaria o
involuntaria o debida a una estrategia general de políticos en el ámbito Federal, de los
más altos niveles.
Si es que está no es la idea del
Ejecutivo, debe plantearse categóricamente en hechos, para cortar esta vía de
reproducción de un modo de dominación agotado, en absoluto, porque lo único que produce
son, al final de cuentas, masacres como la que nos acaba de indignar.
Ciertamente queremos actuar con serenidad.
El senador Robledo, que me antecedió en el uso de la palabra habla de la serenidad, pero
frente a una masacre de la dimensión de Chenalhó, no podemos hablar con serenidad,
debemos indignarnos y no sólo para dramatizar artificialmente el asunto, sino para cortar
de tajo esta forma de llamar la atención de esos sujetos arcaicos que son los caciques,
los guardias blancas y los políticos que los protegen en todos los ámbitos, igual que
actuamos con indignación con la masacre del 2 de octubre de 1968, que sigue recordándose
para que no se repita en la historia de nuestro país esa manera de resolver conflictos.
No queremos entonces, lo aclaro, regresar a
falsos paraísos. Ya la literatura y la participación activa de las personas ha
demostrado que no había paraíso en Chiapas, en el precario equilibrio, que efectivamente
lo era, existente antes del alzamiento del EZLN.
Hay, eso sí y no sólo en Chiapas, una
demanda mayor de la sociedad para cambiar las fórmulas de relación del gobierno con los
gobernados, las fórmulas de relación de todas las instancias del Estado con los
indígenas del país y es lo que está en juego en el fondo, no es un asunto técnico para
de una vez decirlo. Lo saben los miembros de la Cocopa de todos los partidos, no se trata
de técnica jurídica.
Cuando hoy la diputada Laura Alicia Garza
Galindo nos dice casi que automáticamente la aprobación que el PRI, con sus miembros de
la Cocopa, había aceptado la primera formulación de esta propuesta de ley, que
automáticamente nos llevaría esta aprobación a un secesionismo de las comunidades
indígenas de nuestro país.
Con ese criterio en el Siglo XIX, también
fueron masacrados pueblos indígenas. De cualquier cosa se les puede acusar siempre que se
rebelan contra los de pantalón largo, como decían en las huastecas. La serie larga de
rebeliones de los pueblos indígenas está cargada de respuestas autoritarias e implícita
o explícitamente racistas y siempre hubo ese criterio geopolítico: es peligroso que
tomen decisiones por cuenta propia y eso es lo que ahora está en riesgo, que se dice que
es peligroso que tomen decisiones por cuenta propia, porque hay un criterio
integracionista homologante que resulta absurdo frente a la realidad que históricamente y
tercamente se ha mantenido como de expresión realmente plural, realmente heterogénea de
la población mexicana.
Si siguiéramos el mismo criterio
tendríamos que llegar a la necesidad final, exagero con toda intención, del exterminio
de lo diferente, en este caso de los pueblos indígenas.
¿Quién es el que califica que ponen en
riesgo la soberanía del país o la integridad nacional o el territorio, porque plantean
que en el artículo 4o. de la Constitución se hable con toda claridad de que tienen
algunos usos y costumbres, que son lazos de reciprocidad hasta para organizar o
principalmente para organizar las fiestas de los santos patronos de los pueblos? ¿Eso
cuándo ha sido dañino? ¿Eso qué tiene de secesionista?
¿Qué tiene de secesionista que en muchas
comunidades de Oaxaca se decida el nombramiento de las autoridades por usos de costumbres
en un plebiscito, figura que no existe en la Constitución y que los indígenas practican?
¿Qué tiene de malo también que las
comunidades indígenas que tienen base agraria, principalmente ahora en tránsito por el
agotamiento de los recursos tanto naturales como económicos? ¿Qué tiene de malo que
decidan plebiscitariamente muchas cosas?
¿Por qué nosotros sí podemos hablar que
la ciudadanía del Distrito Federal o de otras entidades necesita figuras plebiscitarias y
por qué los indígenas del país no? ¿Qué hay de secesionista en eso? Es francamente
equivocado decir que automáticamente la aprobación de los acuerdos de San Andrés nos
llevaría al peligro de desintegración de la nación involuntariamente.
Comparto muchos puntos de vista a veces con
la diputada Laura Alicia Garza Galindo, ahora no. En este caso, para este punto,
involuntariamente estamos ocultando un criterio racista. Insisto, creo que es involuntario
en la diputada Laura Alicia Garza Galindo.
Quiero decir también que en Guatemala, y
para concluir, se llevaron 25 años de política autoritaria muy parecida a lo que
significa o revela la masacre de Chenalhó, 25 años. Se empeñó el grupo mayoritario o
dominante políticamente, porque ni es mayoritario, se hablaron de criterios étnicos, el
grupo mestizo dominante en la política en Guatemala se empeñó en siempre hablar de que
las decisiones de las comunidades eran riesgosas. Ningún maya de Guatemala pidió nunca
asimilarse a México ni ningún maya de Guatemala pidió crear una República separada del
territorio guatemalteco y sin embargo fueron castigados brutalmente con el exterminio, con
prácticas de grupos parecidos al que ahora en Chenalhó ejecutó la masacre y que se
puede repetir y finalmente tuvieron que terminar con acuerdos que el Gobierno mexicano
auspició y que hablan de la necesidad de incorporación plena a la vida política de
todas las comunidades en aquel país.
¿Por qué se niega eso en nuestro país?
¿De qué clase de hipocresía estamos hablando?
Políticamente es necesario dar pasos
firmes y no conviene que los diputados del PRI, que, incluso o los legisladores del PRI,
que incluso participan en la Cocopa, por un lado ahí apruebe y por otro lado, de manera
solapada, en los hechos justifiquen, a veces, quizá, sin voluntad, insisto, que se siga
una política autoritaria.
El camino de la guerra no es el
conveniente. Ese sí puede poner a peligrar la soberanía de la nación.
Gracias.
Para contestar alusiones personales,
tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que uno de los principios del Poder
Legislativo es que estamos obligados a un debate racional. Creo que la lógica es para el
pensamiento, lo mismo que la moral para la conducta y nuestro primer compromiso es con los
hechos.
Nadie ha hablado aquí de nostalgias ni
mucho menos mencioné los datos que el diputado Jesús Martín del Campo me atribuye.
Sin embargo, sí surge un viejo debate que
hemos tenido desde que se propusieron las reformas al artículo 27 constitucional.
Yo creo que un buen diagnóstico de Chiapas
es necesario para ayudar a resolver los problemas.
Creo que la litis aquí hoy de los
distintos participantes, no se ha precisado con toda objetividad.
El senador que me antecedió hace unos dos
turnos en la palabra, hablaba de los consensos, pero no se han referido a la imputación
fundamental que aquí se ha hecho del PRD y del PAN de estructuras agotadas. Ese es el
punto. Ahí es en donde no se han referido y se soslaya ese tema. Podemos encontrar
grandes coincidencia, pero aquí lo que se ha afirmado es que hay estructuras que no
corresponden a la problemática actual y esa es nuestra desconfianza en la designación de
Roberto Albores, que no pueda liberarse de esa inercia.
Y con el diputado Martín del Campo,
entramos a un problema en el que el discurso perredista insiste mucho: el problema de la
tierra.
Señores, en Chiapas hay 75 mil kilómetros
cuadrados, 7.5 millones de hectáreas, 4 millones son de la llamada propiedad social, mal
llamada "propiedad social", que están al menos del 10% de su productividad.
Zonas cafetaleras de Simojovel; zonas cafetaleras de Los Altos de Chiapas, de La
Frailesca, que fueron repartidas y se sembraron de maíz; el café genera entre 80 y 120
jornales al año, el maíz genera 20 jornales al año. En el maíz no se alcanzaba una
productividad de una tonelada por hectárea de maíz; el reparto de la tierra fue una
salida absurda, ilógica en Chiapas, que se vino a realizar en los años setenta, que se
vino a realizar como una respuesta a un gran clamor de justicia, añejo, es cierto, pero
vino un brinco del ejido, restitutivo, que señalaba muchísimas comunidades indígenas al
ejido dotatorio y ahí se creó una política viciada que generó corrupción, que generó
autoinvasiones, que generó una gran desconfianza.
Por eso, señores, no es gratuito que en
Ocosingo y Margaritas son los dos municipios que tienen el récord de ejidos en todo el
país.
Si esto no lo entendemos, no se entiende el
problema de Chiapas.
Yo aquí le exijo al PRD, a Jesús Martín
del Campo, que inclusive sean congruentes, porque Cuauhtémoc Cárdenas, todavía en
agosto de 1996, hablaba en La Laguna de regresar al reparto de la tierra. Hagan la
iniciativa y preséntenla, sí. En agosto y ahí tengo sus declaraciones. En La Laguna él
habla de que debe regresar el derecho a la tierra. Eso es lo que provocó la demanda de
los desesperados. El Estado no puede garantizar acceso a un bien finito y esto lo
sostenemos en cualquier foro y hay que recorrer Chiapas y toda su geografía para ver en
qué estado de ociosidad y de miseria están las tierras repartidas en Chiapas.
El creer que el solo reparto satisfacía un
viejo añejo de justicia, repito, fue una política equivocada. Lo dijo José María
Gurría, que era fundador del PAN y chiapaneco también y lo dijo... ¡Perdón!
Como dijera el senador Lanz Cárdenas: ¡si
su objetivo era distraerme, usted lo ha logrado..!
Entonces, retornando al tema, el fundador
del Partido Acción Nacional, José María Gurría Urgel, dijo una frase contundente:
"la tierra no tan sólo debe ser de quien la trabaja, sino de quien la trabaja
mejor". Esa es la auténtica propiedad social. Si eso no se entiende, señores, vamos
a aplicar medidas equivocadas.
La social democracia en el mundo, los
países, los partidos de la social democracia han evolucionado, al no ver en la propiedad
una adversidad ni una cuestión que hay que destruir. Sin embargo, ahí debo decir que el
PRD tiene un grave rezago para actualizarse con los países social demócratas y que creo
que tienen una política equivocada, en relación a lo que significa el añejo problema de
la tierra y sobre todo en el Estado de Chiapas.
Diputado Gómez, ¿con qué
propósito?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Para hablar.
Para hablar, tiene la palabra el
diputado Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señores legisladores:
Voy a dar una respuesta al señor diputado
Prats, con quien no es el debate esta tarde, ésta es una especie de paréntesis, pero de
todas maneras requiere un respuesta.
En Simojovel, señor diputado Prats, nadie
concedió nada. Todo fue obtenido en las fincas cafetaleras, a base de sacrificio y a
veces de machetazo. Ellos primero hicieron un sindicato, pidieron salario, Seguro Social,
días de descanso y acabar con el derecho de pernada que tenían los sacrosantos finqueros
de la región, los que trabajaban bien la tierra, por eso producían tan bien.
Ellos, después que les negaron el derecho
de sindicalizarse, viví esto ahí, en el lugar, en la región, con ellos, por eso conozco
muy bien la historia, tomaron en un solo día 101 fincas cafetaleras y desde entonces
están ahí y hubo una guerra con los finqueros y hubo muchos muertos, porque los
finqueros no querían soltar las fincas y fueron poco a poco ganando.
Y también hubo la otra guerra, la
económica, porque los mecanismos de distribución no están en manos de los indios, sino
de los mestizos, de los mismos que eran finqueros. Y el valor de su producto es muy bajo,
a pesar de que el precio internacional del café es bastante alto. Y el crédito no existe
ni siquiera el servicio de transporte, que no es de ellos y que tienen problemas para
transportarse, no sólo los productos, sino también las personas. Hay que caminar en
leguas, ahí, señor diputado, se camina en leguas, ésa es la medida.
Ahora, porque se vive como en el Siglo
XVIII, ahora ya estamos como en el Siglo XIX y estamos dando la lucha por entrar al Siglo
XX.
Ellos producen maíz, donde deben producir
café, pero por hambre, no por una decisión, no por un amor al maíz, si lo pudieran
comprar en el mercado lo comprarían para hacer la tortilla, pero cuando no está
garantizada la alimentación por la vía de la comercialización del producto, entonces no
hay más remedio que producir, aunque sea una tonelada de maíz por hectárea. Conozco
lugares en Las Cañadas, no ahí en Simojovel, sino en Las Cañadas, en donde se producen
500 kilos por hectárea. Bueno, ésa es otra realidad.
¿Por qué tienen los tojolabales? ¿Los
tzeltzales en Las Cañadas? Porque ahí fueron llevados, porque ellos fueron despojados de
sus tierras en los lugares más prósperos o de condiciones agrícolas mejores. Ellos
fueron llevados a la selva, ahí les repartieron la tierra, a ellos sí. ¿Por qué
producen maíz? Porque necesitan comer tortilla, aunque también producen otras cosas,
cerdo, entre otras.
Pero le quiero decir, éste no es un
problema agrario, señor diputado, para acabar pronto. Problemas agrarios en Chiapas ha
habido muchos y nunca los problemas agrarios en Chiapas llevaron a las confrontaciones que
hemos visto. Este es un problema de lucha por el poder político, ¿por qué confeso?
Lucha por el poder político que es la cosa más válida que ha habido en la historia de
la humanidad. Lucha por la vía armada y por la vía pacífica por el poder político. Si
no entiende eso el PRI o le parece escandaloso, porque considera que los únicos que
pueden luchar por el poder político son ellos, porque ya lo detentan y tienen el derecho
de mantenerlo con los guardias paramilitares, con la masacre de Chenhaló. Así se
defiende el poder político.
Y también, como lo hicieron los
zapatistas, con la rebelión; como lo hicieron otros antes en la historia de México con
sus rebeliones por el poder político, sí, el problema de Chiapas es una lucha por el
poder. Si entendemos eso, entonces ya podemos entender las cosas. Si mantenemos esa idea
de descalificar la lucha por el poder, de ver en cada acto algo ilegítimo o de pensar que
alguien utiliza a los indios como carne de cañón, como se dijo aquí en la tribuna, cuan
equivocados están, no conocen esa gente, nunca han hablado con ellos. Esa gente no es
usada como carne de cañón y tampoco los priístas, los priístas saben de qué lado
están, en qué bando están: en el bando del poder y lo están defendiendo a punta de
machete.
Y cuando venga la despistolización o
desarme, le quiero decir, señor senador, la mayoría de los muertos de Chenhaló, fueron
a machetazos, según dice el responsable de la Cruz Roja que levantó los cadáveres.
Y esa historia es una historia larga,
efectivamente. Con todas las tropas que tienen ahí no van a resolver ningún problema, se
los quiero decir, por más que sea la garantía para que el poder tenga ahí una cara
armada muy fuerte, que de nada les sirve y ése es el error de Zedillo, cree, porque no
tiene más elementos de presencia política que la Sedesol, el gobernador del Estado y el
Ejército. Con eso no resuelve el problema; hay que soltar el poder en Chiapas, sí, si me
permite decírselos a los del PRI, aunque les va a dar escozor; hay que renunciar al poder
en Chiapas porque en este momento no lo puede ejercer ningún partido; porque eso es lo
más dañino; porque eso no es lo que pone orden, sino lo que pone desorden.
En este momento hay que buscar
imaginativamente otra solución provisional para llegar a corto plazo a una cierta
estabilización política, que permita el desarrollo de las formas democráticas y la
actuación de los partidos y la competencia entre ellos. Pero eso no se le puede ocurrir
al señor Zedillo, porque está completamente embarcado en la idea de que su partido es el
único que puede gobernar en Chiapas, y yo diría que es el que menos puede.
En síntesis, termino, señor Presidente,
la discusión sobre la cuestión agraria es en efecto muy interesante, no está en el
escenario central de Chiapas en este momento, se puede y se ha demostrado que la unión de
los productores libremente asociados, puede generar riqueza, sobre todo si se atienden las
cuestiones de carácter técnico y las cuestiones de la comercialización en donde hay
quienes se llevan la parte del león y forman parte de esos cacicazgos que están
defendiendo el poder político en Chiapas en este momento.
Y en segundo, el problema de los medios de
fuerza y de las armas. No será por esos medios, los zapatistas están dispuestos a usar
otros medios, por lo menos eso es lo que dicen, lo que han dicho hasta ahora y lo que han
reiterado. El Gobierno está dispuesto a usar ¿cuáles otros?, ésa es la pregunta. Yo
todavía no escucho. Yo no creo que haya aquí el menor consenso de nada. Yo creo que
aquí en esta discusión hemos visto más claramente que hace una semana, las diferencia
sobre el análisis y lo que hay que hacer en el Estado de Chipas, entre el PRD y el PRI
por lo menos.
Y yo creo que si siguen insistiendo en esa
política, van a encontrar los chenalhós, las violencias. Pueden ir a "La
Realidad" y provocar a Marcos a ver si responde con sus armas. Pero eso, eso no es
actuar con responsabilidad. El Presidente de la República ha dado órdenes
irresponsables, que rayan en lo criminal. Si esos 60 soldados que envió a "La
Realidad" y que rodearon el poblado de "La Realidad" y que se metieron al
monte por primera vez desde que están ahí las tropas, hubieran recibido fuego del lado
zapatista, ¿qué hubiera pasado? Yo les pregunto.
Si el Presidente va a seguir con esas
actitudes irresponsables y provocadoras, lo que vamos a tener en Chiapas es más sangre y
ya no sólo chenalhós, vamos a tener masacres de indios y de mestizos armados y
desarmados, porque los hay de todos.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Señor licenciado Pablo Gómez: me
satisface mucho que usted haya terminado diseñando una política agropecuaria que
coincide casi textualmente con lo que Manuel Gómez Morín sugería desde allá de los
años treinta en relación a las técnicas, a los créditos, a las soluciones integrales.
Punto uno.
Punto dos. No conoce usted Chiapas,
licenciado. Y le voy a hacer una pequeña historia de lo que es Simojovel, camino a Jovel.
Fue el primer nombre que recibió San Cristóbal de las Casas. Se llega por carretera, se
baja uno por Bochil, Rayón, después pasa al bosque y se llega a Simojovel. Estuve ahí
en una asamblea en la que salí corriendo porque hubo un fuerte conflicto en relación a
la Comisión Federal de Electricidad, cuando se compraron ahí 15 mil hectáreas para
hacer la hidroeléctrica de Ixantú, en el municipio de Huitiopán, que está pegado a
Simojovel, pegado por cierto a la zona de Tabasco, en el municipio de Tacotalpa y, fíjese
usted lo que sucedió, licenciado: una frase fatal.
Yo trabajaba en la Comisión Federal de
Electricidad y buscábamos rescatar ese proyecto que era necesario para generar
hidroelectricidad; una frase fatal de Patrocinio González Garrido que dijo: "ya
Chiapas cubrió su cuota de energía con México". Y le voy a relatar lo siguiente,
para que vea qué complejo es Chiapas: resulta que Isabel López, que en paz descanse, que
era líder de la SUJAC es de los que habían propiciado la invasión de lo que iba a ser
el vaso de la presa. Ahí se invadió las 15 mil hectáreas y Renato Vega, siendo
subsecretario de Reforma Agraria, le pidió a la comisión que de alguna manera se
legalizaran aquellas tierras con algún título precario que otorgara la Comisión Federal
de Electricidad y se pudiera seguir cultivando. Cuando llegué con el licenciado Renato
Vega, estaba ahí Isabel López y estaba muy orgulloso de que se había suspendido la
hidroeléctrica y le dije:
"No digas eso. Le hiciste un gran
daño a Chiapas. Se evitó una inversión de 500 millones de dólares que iba a generar 7
mil empleos; se evitó que se hiciera la carretera a El Bosque, Simojovel, Huitiopán, se
evitó que se compusieran los pueblos y que se hiciera una reubicación con todo lo de
rigor para mejorar a esos pueblos que estaban ubicados en esa zona."
Isabel López me dijo algo que nos debe
dejar reflexionando:
"Licenciado: si nosotros no queríamos
que la presa se suspendiera, estábamos tratando de obtener más y Patrocinio suspendió
la presa."
Fíjense hasta qué grado ha llegado el
deterioro de las relaciones políticas y de los liderazgos equivocados y del lenguaje que
nos debe llevar a solucionar el problema.
Efectivamente, Simojovel estaba en el Siglo
XVIII, pero no está en el Siglo XIX, licenciado; regresó al Siglo XVII.
Hoy hay una miseria terrible en Simojovel,
es un pueblo muerto.
Yo acabo de estar ahí y le quiero decir
que el PAN ganó Simojovel en 1955. Fue el primer municipio. Y ¿sabe usted cómo evitó
que el PAN volviera a ganar en 1958? ¡Con el Ejército!
Ahí existe un profesor que gobernó en
1955; era un hombre muy querido, muy respetado. Se sorprendieron en Tuxtla Gutiérrez
porque el señor...
Fíjese licenciado que está usted
equivocado.
No se permiten diálogos, señores
legisladores.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats: |
Fíjese usted que el profesor relata
y yo escribí esta historia en La Nación, debe usted leer La Nación, es muy prolija su
cultura, pero en esa historia, ¿sabe usted qué sucedió? Los candidatos del PRI y del
PAN se encontraron en el parque, se dieron un abrazo y el candidato del PAN le dijo:
"yo confío en usted y usted esté al frente de la casilla, de la mesa directiva de
casilla".
Y se hicieron dos colas para votar por el
PRI y por el PAN. Tuvieron que interrumpir la votación porque estaban votando por la
banderita y les tuvieron que explicar cómo era esa votación. En 1955, cheque usted la
historia, lo ganó, el Partido Acción Nacional; primer municipio que gana el Partido
Acción Nacional en todo Chiapas.
Y fui director de Inmecafé. Licenciado,
sobre eso estoy todavía más fresco y conozco la problemática del café y ahí
efectivamente la política equivocada del Gobierno, que por eso yo insistí en liquidar
Inmecafé, porque distorsionó a través de los centros de acopio y generó coyotaje y
ayudó mucho a los explotadores en las fincas de café.
Ahora bien, licenciado, podemos hablar de
Chiapas y podemos meternos en toda la problemática de cada una de estas zonas, porque
creo conocerlas.
Pero el PAN no trajo aquí el debate
agrario; lo trajo el diputado Jesús Martín del Campo. Yo coincido en sus análisis,
también lo hizo el diputado Paoli y Bolio y estábamos perfectamente de acuerdo en casi
todos los planteamientos que aquí se hizo.
¡Usted nos está exhortando a que no
entremos a ese tema; ese tema lo tocó su compañero de partido! Por eso me han obligado,
dolorosamente, a tener que incursionar en esta tribuna.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos, tiene el uso
de la palabra y hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Oceguera Ramos.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Señor Presidente:
Me parece que es muy evidente cual es el
espíritu que ha movido a la mayoría de los compañeros legisladores que han pasado por
esta tribuna, para referirse a un tema que, efectivamente, ha conmocionado a todo el país
y que todos queremos con una aportación civilizada, con una actitud de lealtad con el
estado de derecho, de lealtad hacia las instituciones, resolver.
Pero me parece que en el desarrollo del
debate, por parte del diputado Pablo Gómez ha habido actitudes que rayan en la cobardía
y en la mezquindad. ¡Referirse al Presidente de la República como el responsable de
acciones criminales, me parece a mí, aparte de desmesurado, me parece una actitud cobarde
y desleal hacia las instituciones!
No me extraña cuando proviene de parte de
un elemento que pertenece a un grupo parlamentario, como es el grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. No me extraña porque habiendo dicho el diputado
Gómez que, efectivamente, "lo que está de por medio en Chiapas es la lucha por el
poder". ¡Aquí no se hace con estas expresiones más que ratificar una actitud que
raya en la antidemocracia!
¡Lo vimos en diciembre de 1994, cuando el
Presidente de la República asumía después de haber obtenido una votación que lo dotaba
de una legitimidad sin precedentes, la Presidencia de la República, el PRD con Lázaro
Cárdenas... con Cuauhtémoc Cárdenas, que hay una gran diferencia entre ambos, perdón,
con Cuauhtémoc Cárdenas, proclamaba la renuncia del Presidente de la República, que
había accedido al poder de manera democrática! ¡El PRD clamaba en aquellos años y en
aquellas épocas, por la disolución de un gobierno legítimamente constituido; de un
gobierno que, sin lugar a dudas, en una competencia democrática que no había tenido
precedente en el Siglo XX, había alcanzado el poder por la vía de los votos!
¡Qué lamentable es que siendo nosotros
parlamentarios, que siendo nosotros los más obligados a respetar y a promover el estado
de derecho, a respetar y a promover las prácticas civilizadas, seamos quienes tengamos, a
veces por excepción, qué venir a esta tribuna a hacer este tipo de planteamientos!
¡Los rechazo, repito, por injustos y por
cobardes! ¡Creo que la figura del Presidente de la República, por el hecho sólo de
haber alcanzado el poder en una elección inobjetable desde el punto de vista legal,
merece reconocimiento y merece respeto!
¡Hay empeño, hay compromiso de parte de
nosotros, la mayoría de los diputados y senadores que estamos aquí presentes, para
comprometer nuestra acción y nuestra voluntad con algo que verdaderamente nos conmueve y
nos motiva: queremos la paz.
¡Aquí ha hablado la compañera Laura
Alicia del diálogo, de la necesidad de reanudar el diálogo!
¡Aquí ha venido Paoli y Bolio, con una
exposición impecable, a hablar de la necesidad de revisar aquello en lo que no mantenemos
coincidencias!
¡Aquí han venido oradores diversos a
hablar de la necesidad de que reanudemos el diálogo!
¿Dónde está la voz, diputado Gómez, del
Partido de la Revolución Democrática, a propósito de este llamamiento? ¿Dónde está
el compromiso con la democracia? ¿Dónde el compromiso con las leyes? ¿Dónde el
compromiso con la paz que todos queremos para nuestro país, por la grandeza, por la
igualdad, por la libertad de Chiapas y por la grandeza y la igualdad de México?
Es cuanto, señor Presidente.
El diputado Jesús Martín del Campo,
para contestar alusiones personales, tiene la palabra.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
La primera, le digo al diputado Juan
José Rodríguez Prats, que efectivamente la alusión no fue en el sentido de que
consideremos nosotros que el problema agrario es el problema central o el reparto de
tierra sea el problema central en Chiapas; era por recordar otro debate, efectivamente,
pero donde salió a colación el comportamiento en otra legislatura de los finqueros, una
mentalidad, en eso creo incluso que usted coincide conmigo, en que esa mentalidad debe
cambiar, creo que coincide cuando recuerda también decisiones de gobernadores en el
Estado de Chiapas con una determinada mentalidad; se prefiere la inercia del predominio
caciquil como modo de relacionarse con la población y aparentemente resolver los
conflictos, que el cambio, que la necesidad de un cambio incluyente, democrático, que es
el que pregonamos todos.
Segundo, no creo que el PRD haya estado
planteando ni la semana anterior ni ahora, que el camino es el de la violencia o el de la
guerra o el de la disolución de las instituciones. Por el contrario, hemos planteado que
hay una estrategia y hay responsabilidades. No hay cobardía, al contrario, hay claridad
cuando uno dice abiertamente, y no por debajo del agua, que consideramos que hay
responsabilidad del Ejecutivo.
No, es decir,...
Sin diálogos, por favor. Sin
diálogo, diputado Oceguera, por favor.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Que tiene resultados criminales, se
lo haya propuesto o no, yo hablé aquí incluso de que a veces no se lo han propuesto, hay
resultados criminales como en Chenalhó, cuando se auspicia a grupos paramilitares si no
hay la voluntad política expresada categóricamente en hechos para cortar. Hubo avisos a
los funcionarios estatales, hubo avisos a los funcionarios federales de que había riesgo
inminente de acción de los grupos paramilitares, quienes habían venido siendo dotados de
armas de alto poder para uso exclusivo del Ejército y que eso alteraba la idea de
conducir por el diálogo, con la Cocopa como mediadora y entre las partes, la solución al
conflicto en Chiapas.
Y hay responsabilidad del Ejecutivo, no es
la primera vez que lo decimos. Desde que inició el conflicto dijimos que se podía
equivocar, en ese entonces era Carlos Salinas el Presidente de la República, y dijimos
que había órdenes equivocadas, porque la primera orden fue de que el Ejército
reaccionara para dar una solución militar al asunto y cuando se conoció el manifiesto de
los del EZLN y la inmediata suspensión de las acciones bélicas, se comenzó un largo
proceso que aún no concluye, que debería ya concluir con acuerdos de paz, y eso le dio
una característica diferente, incluso a este grupo rebelde, que explícitamente hizo sus
acciones, que categórica y contundentemente actuó y que también dijo que buscaba el
diálogo para plantear problemas que atañen a todos los mexicanos, aun cuando se refieran
al asunto de la población indígena del país y que tiene qué ver con la democracia en
su conjunto.
Entonces sí hubo responsabilidad del
Ejecutivo y lo dijimos y ésa no es ninguna actitud cobarde, creo que es una exageración;
es nuestra posición de partido y los hechos han demostrado que ha habido decisiones
equivocadas y el Ejército de nuestro país sólo actúa por decisión del Presidente de
la República, porque es un Ejército institucional.
Y también ahora ha habido una actitud
equivocada...
Diputado Martín del Campo, ¿acepta
una pregunta del diputado Oceguera?
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Sí.
Sí diputado Oceguera. Adelante.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta es el orden de saber si usted,
diputado Martín del Campo, avala expresiones del diputado Pablo Gómez, que es
prácticamente el coordinador de su grupo o uno de los coordinadores, en el sentido de que
hay responsabilidad criminal por parte del señor Presidente de la República, en
relación a los acontecimientos en Chenalhó y de Chiapas en general. Por favor
contésteme, si es tan amable.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda. |
Bueno, mencionó otro lugar, el de La
Realidad, pero la derivación de las decisiones equivocadas resulta en crímenes, la
derivación de las decisiones equivocadas del Presidente resulta en crímenes. Creo que
mientras no se lancen adjetivos o majaderías o improperios contra algún funcionario, que
es lo que nos permite la normatividad existente, políticamente sí podemos decir lo que
le respondo al diputado Oceguera, es que nosotros sí valoramos que hay decisiones
equivocadas del Ejecutivo respecto al conflicto en Chiapas.
Continúo para concluir en el tiempo que me
queda, diciéndoles que estas responsabilidades no corresponden a lo proclamado y que
aquí, en eso sí hay coincidencia verbal dije, ahora falta que se concrete a la idea de
dar una solución integral al problema de Chiapas. Debemos dar una solución integral,
claro que sí, pero están eslabonadas de tal manera las cuestiones ahí, están
imbricadas, están sobredeterminadas y por eso cuando hay una solución o una aparente
solución parcial sólo resultan lo que en el argot político o en el argot en general se
dice como un parche y no hay esa visión integral, el solo cambio de gobernador, que es el
tema que hoy se tocó desde temprano en esta sesión, no implica un cambio integral, el
solo cambio del titular de Gobernación no implica un cambio integral. Necesitamos que se
le dé su verdadero papel activo a la Cocopa, hasta firmamos un acuerdo la semana pasada,
nosotros queremos que la Cocopa cumpla cabalmente con el papel activo que de origen tuvo y
que ahora se ha visto disminuido porque hay una sobredeterminación; por un lado está
avanzando, es nuestro criterio, una contrainsurgencia, una política de contrainsurgencia
se ha detallado hasta el cansancio con testimonios, crónicas y elementos válidos, que
hay una política de contrainsurgencia y que esta salida, la de la guerra, dije en mi
intervención anterior, sí puede producir efectos peores de desintegración en la
sociedad mexicana.
Queremos que se retome ese camino, sí con
el PAN, con el PRI, con el PT, con el Ecologista y nosotros, hay posibilidades de acuerdo,
impulsar desde esta Comisión Permanente que retome su papel activo la Cocopa y que se
deje de lado ya la táctica de contrainsurgencia militar, estaremos aportando la paz
verdaderamente a nuestro país.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, hasta por cinco minutos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Quisiera responder las, no sé cómo
llamarlo, lo que dijo el diputado, me parece a mí que es una política criminal del
Presidente de la República haber aprobado los planes contrainsurgentes en Chiapas, esa es
mi opinión.
El diputado Oceguera...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Voy a decir cuáles son, yo sé que
hay algunos diputados, todos los del PRI se ponen muy nerviosos cuando uno critica al
Presidente, otros se ponen más nerviosos, Oceguera es de los más nerviosos. Voy a decir
por qué me parece criminal.
Cualquier política contrainsurgente como
en el caso de Chiapas, que genera una división tremenda de las comunidades, una
utilización del gasto social para financiar a los leales, una utilización del gasto
social para quitarle base política a los rebeldes y no sólo, sino también a los
perredistas, a las hormigas, a todos los que no son del Gobierno, aunque no sean rebeldes,
el problema de Chiapas no sólo son los rebeldes, los rebeldes son parte de la situación
política de Chiapas, pero no son la única fuerza que están luchando contra el Gobierno
y por el poder, por un nuevo poder, hay otras fuerzas.
A mí me parece que eso es criminal y tan
lo es, que esa política lleva a los chenalhoes, pero no es a eso a lo que me refería
cuando hablé de la actitud criminal, simplemente estoy ampliando mi declaración, la
estoy llevando también a la otra parte, a Los Altos de Chiapas, Hablé de La Realidad, si
en el lugar, donde operan básicamente los mandos militares del EZLN, que son las
cercanías de La Realidad, el Presidente manda a un grupo de soldados, 60 ó 120, hay dos
versiones, aceptadas incluso por la propia Secretaría de la Defensa, y si éstos se
internan en el monte dizque buscando armas, yo creo que esa es una actitud de provocación
criminal, se lo sostengo y se lo sostengo a usted y se lo sostengo en su cara al
Presidente de la República, si fuera posible, aunque dudo que lo sea porque no tiene un
diálogo con nosotros, por lo menos conmigo mucho menos.
Aquí la cuestión es, que ahí pudo
haberse reanudado la guerra y yo estoy segurísimo que el Ejército mete todo su potencial
y derrota rápidamente a esos rebeldes, porque están muy mal armados y porque no son
tantos como los miembros del Ejército, como los soldados, pero hubiera sido una matazón
espantosa ésa y yo no creo que el problema de Chiapas y de la rebelión en Chiapas se
vayan a resolver con enfrentamientos entre el Ejército mexicano y los zapatistas, no lo
creo sinceramente, creo que en el momento en que se dé un enfrentamiento eso va a
profundizar la crisis y la violencia misma en el Estado de Chiapas, y el que dio las
órdenes no pudo haber sido otro más que el Presidente, porque esa situación esta bajo
control presidencial, no se trata de un mando militar que en algún lugar del país de
repente se le ocurre hacer algo y lo hace mal, eso no.
En el caso de Chiapas, en el caso concreto
de esta cañada y en general de las cañadas y en el caso concreto de la zona de la
realidad, evidentemente que eso está bajo control del Presidente de la República y de
las órdenes del Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; entonces que
asuma su responsabilidad.
Si lo que Zedillo quería era ese
enfrentamiento que afortunadamente no se dio, quién nos garantiza que en otra ocasión
Zedillo vuelva a tener la maravillosa idea de meter soldados ahí al monte, a ver si
encuentra unos zapatistas que le respondan y que se arme un enfrentamiento con los
soldados del Ejército mexicano. Es lo que yo pregunto.
¿Para qué estar haciendo esas cosas? Esa
es una actitud criminal, lo digo y lo sostengo y no es una cuestión de falta de respeto,
porque no estamos hablando aquí de respeto, sino estamos hablando aquí de la manera como
enjuiciamos los hechos y las acciones del poder, que porque el Presidente... ahora habló
el señor diputado una bola de cosas muy incoherentes que tenían que ver con... cuando
fue presidente Salinas.
Yo nada más le quiero decir esto: Salinas,
más vale que no hubiera sido Presidente de México, y eso es un casi consenso nacional.
Si hubiera renunciado cuando fue declarado
por la Cámara como presidente electo, nos hubiera... este país se hubiera ahorrado
muchos problemas, se lo garantizo 100% y creo que la historia ya nos dio la razón; no era
ni siquiera era presidente, presidente electo.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pidió
su renuncia, estaba en lo correcto, no solamente desde el punto de vista de la elección
de 1988, sino que además, adelantándose un poco a lo que después vendría. Ojalá
hubiera sido posible la renuncia de ese individuo,... el país hubiera salido ganando,
todos hubiéramos salido ganando.
Para contestar alusiones personales
el diputado Rafael Oceguera. Y han solicitado la palabra para rectificar hechos, el
senador Manuel Cadena y el senador José Antonio Valdivia.
Tiene al palabra el diputado Oceguera.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Señor Presidente; compañeros
legisladores: El diputado Gómez, dice, que el diputado Oceguera se pone muy nervioso
cuando desde la tribuna el diputado Gómez se refiere al señor Presidente de la
República en los términos en que lo ha hecho.
Yo quiero dejar perfectamente sentado aquí
lo siguiente: no es una cuestión de temple, creo que está suficientemente demostrado que
somos un grupo parlamentario que tiene temple y que tiene actitud de compromiso con el
país.
No nos asustamos de todo, pero queremos que
por parte de los otros grupos parlamentarios haya una actitud de corresponsabilidad con el
país y con el estado de derecho. Yo aquí dije que no me asombra la forma en que el
diputado Gómez aborda el tema de Chiapas, implicando de manera irresponsable al señor
Presidente de la República, porque sé perfectamente bien que las motivaciones que lo
llevan a ello son de naturaleza antidemocrática. Aquí nadie ha referido a la fecha de
1988 ni a los personajes de 1988.
Yo he hablado de la elección de 1994, en
donde en una competencia que no tiene precedente, Ernesto Zedillo ganó la Presidencia de
la República a uno de sus contrincantes, que fue Cuauhtémoc Cárdenas y he dicho que en
el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero, que es muy importante
analizar los acontecimientos de aquellas fechas, fueron el espacio a partir del cual el
Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza y con
Porfirio Muñoz Ledo de corifeo, le demandaron al Presidente de la República, inaudito,
su renuncia por considerarlo incompetente a raíz de la crisis que hizo en diciembre
nuestra economía y que provocó una de las devaluaciones tan dolorosas en nuestra
historia de nuestro desarrollo económico.
Creo que habiendo dicho el diputado Gómez,
que en Chiapas lo que realmente existe es una disputa por el poder, es muy pertinente que
aquí en esta tribuna todos convengamos que al poder se accede única y exclusivamente por
la vía del voto y por la vía legal; no por la vía de los fusiles ni por la vía del
chantaje ni por la vía del discurso agresivo, pugnaz, insolente, que pretende
descalificar a la autoridad legítima, con la ilusión perversa de destronar a aquel que a
través del voto y de una lucha electoral democrática ha alcanzado la representación
popular.
Ese es el asunto de fondo, ésa es la
cuestión sustantiva. Estamos comprometidos los grupos aquí representados, con una lucha
civilizada, con una lucha democrática que represente el respeto al derecho del voto, que
es la piedra de toque de nuestro sistema jurídico, de nuestro régimen de derecho o vamos
a utilizar la tribuna y vamos a utilizar cobardemente esta tribuna para cuestionar a un
presidente, que como Zedillo, después de haber heredado los problemas que en Chiapas ya
conocemos están haciendo crisis y después de haber convocado a una reforma política del
Estado y después de haber realizado una reforma electoral que no tiene precedentes por su
trascendencia y por las garantías que nos dan todas las organizaciones políticas y a los
ciudadanos que estamos por las libertades, el hecho real y concreto, compañeros, es que
no es válido venir a esta tribuna a descalificar, insisto, al Presidente de la
República, de una manera tan irresponsable y tan cobarde. Eso es todo.
Para rectificar hechos, tiene la
palabra el senador Manuel Cadena, hasta por cinco minutos.
| El senador Manuel Cadena Morales: |
Gracias, señor Presidente:
La verdad es que yo he escuchado con mucha
atención a mis compañeros senadores y diputados y al diputado Pablo Gómez con singular
y especial atención lo he escuchado y diputado, le reconozco que dice cosas muy
interesantes, sin embargo, también dice muchas mentiras e inventa muchas cosas.
Yo no he visto, no he escuchado más que
ataques, infundios y otra serie de calificativos y juicios, pero yo creo que usted se ha
fijado, pero con la atención que lo he puesto no le he escuchado un planteamiento claro,
de fondo, que contribuya a la solución de este problema que estamos viviendo.
Que si hoy revisaremos la grabación
habría muy poco ya que decir, porque todo lo hemos dicho ya, sin embargo, creo que
solamente el compañero senador López Velarde hizo una propuesta y además reconoció que
todos estábamos de acuerdo en lo fundamental, pero claro, se acabaría el problema y eso
no nos daría la oportunidad de hacer protagonismos.
Yo le sugeriría, diputado Pablo Gómez,
que en la logística de su forma de expresar y de comunicar, que además me parece buena,
proponga algo positivo. Dígalo, ¿qué es lo que propone usted para que el problema de
los chiapanecos y de Chiapas se resuelva?
Y además agregaría algo. Le sugeriría
con respeto que localizará usted la entrevista que hoy le hicieron a una gran autoridad
eclesiástica de Tapachula, a un obispo, que me parece muy interesante. Reconoce que se ha
avanzado en la solución del problema, reconoce los grandes esfuerzos del gobierno de la
República, reconoce los grandes esfuerzos que ha hecho todos los partidos, sin embargo,
también dice que es un problema muy complejo, el cual no lo vamos a poder resolver si no
todos tenemos la voluntad de resolverlo, pero si cada quien jala para su molino va a ser
muy difícil que nuestros hermanos chiapanecos recuperen la paz.
Generalizar es muy malo, siempre ha sido
muy malo. Esta autoridad eclesiástica dice que en gran parte de Chiapas se vive
tranquilamente y que solamente en la montaña y en la parte norte existen conflictos que
solamente con la voluntad de todos podemos resolver.
Diputado Pablo Gómez, yo lo exhorto y lo
invito en la tribuna o donde usted guste, a que analicemos con sensatez y con prudencia un
programa que pueda contribuir a la solución del problema de Chiapas.
Muchas gracias, señor Presidente.
Diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Quisiera hacer uso de la palabra,
para contestar alusiones personales.
Para contestar alusiones personales,
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, hasta por cinco minutos.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Le voy a contestar con mucha
brevedad, porque creo que no me ha escuchado usted, señor senador. Posiblemente estaba
escuchando otras cosas.
Yo hice las siguientes propuestas: un
compromiso de las fuerzas políticas chiapanecas para un programa de reformas políticas y
sociales. Hay que hacer la reforma municipal urgente que ya está madura, que no se ha
hecho porque no ha querido su partido, señor senador. Hay que hacer la reforma de la
administración pública de Chiapas, la reforma presupuestal para la cuestión de los
fondos y la organización de los fondos de combate a la pobreza y desarrollo social. Hay
que hacer también otras reformas de carácter político que tienen que ver con la manera
en como opera el gobierno de la entidad y también el gobierno de la Federación.
Hay que hacer algunas otras reformas
sociales. Ya algo de esto ha dicho, hay que acabar no sólo con los cacicazgos políticos,
sino también con los cacicazgos económicos, con los acaparadores en los procesos de
intermediación, con los acaparadores en otro tipo de procesos de transporte, etcétera.
Hay que dar la posibilidad a que los productores efectivamente puedan recibir mayores
beneficios, legítimos, por sus productos. Hay que darles el apoyo económico que
requieren para defender los cafetos, por ejemplo, que se mueren continuamente, hay que
estarlos reponiendo, son inversiones muy altas etcétera. Todo esto que no se ha hecho.
En relación con las cañadas, hay que
meter a las cañadas los medios de vida que no sean las de esa precaria agricultura y esa
muy precaria agricultura y esa muy precaria ganadería porcina que existe en manos de los
indios tojolabales y tzeltales.
Estas son, entre otras, reformas sociales.
Pero hay que hacerlas en el conjunto de Chiapas. A esto me referí en mi primera
intervención.
Hay que poner un gobernador, por acuerdo de
esas mismas fuerzas alrededor de esa plataforma, que no sea de ningún partido, señor
senador, porque ningún partido puede hoy gobernar ni mucho menos gobernar solo.
¿Con quién gobierna el PRI? Consigo
mismo, con el PRI mismo, con el Ejército y con la Secretaría de Desarrollo Social.
Solamente así gobierna, no gobierna de otra forma. Por eso no gobierna bien. Por eso no
gobierna, en síntesis. Por eso ha habido desgobierno y lo va a seguir habiendo, porque se
basa sólo en esos instrumentos.
Entonces creo yo que esa idea se va a
considerar que no es sensata, pero no quiere decir que no sea idea, no quiere decir que no
sea propuesta, pero su partido la rechaza sin discusión.
El señor Zedillo no quiere ni hablar de
este asunto. Dice que ya le está colmando la paciencia el tal Guillén, que no ha de ser
Albores Guillén.
Eso se los dice a todos los que van a verlo
y le plantean el asunto de Chiapas, nacionales y extranjeros. ¿Dígame usted si ésa es
la actitud de un jefe de Estado? Está preocupado y ya le está colmando la paciencia. Un
jefe de Estado actúa de otra manera.
¿Qué quiere? Que el PRI siga siendo el
hegemónico en la política chiapaneca o que se abra un espacio, un paréntesis, la vida
política de Chiapas, de reordenamiento para que después los partidos o lo que quede de
ellos, participen en la contienda democrática.
La lucha por el poder se ha hecho en la
historia de México por varias vías. Creo que Carranza lo logró a través de los
fusiles, creo, no estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que sí y otros muchos a
quienes les rendimos homenaje, así que no hay que satanizar, porque es un boomerang, es
empezar a criticar nuestra historia.
Yo no creo que sea correcta la forma de
lucha armada, en este momento ni siquiera en Chiapas. Si creyera estaría allá y no
haciendo discursos en la Comisión Permanente, sino otras cosas, pero no creo en eso ni mi
partido cree en eso y no creemos en eso sinceramente. Tenemos otras formas de lucha.
Nosotros que luchamos por el poder, no
queremos en este momento el poder en Chiapas, no estamos planteando eso: "quitate tú
para ponerme yo".
Hagamos un paréntesis, hagamos un impasse
que nos permita reorganizar la situación, concebirla mejor.
Por último, señor Presidente, yo no sé
por qué Oceguera dice que yo he venido aquí a atacar al Presidente con cobardía. Yo he
venido a atacar al Presidente, lo atacaré cada vez que considere yo que es necesario.
¿Diputado Pablo Gómez, permite una
pregunta del diputado Oceguera?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, cómo no, hasta respuesta.
Adelante, diputado Oceguera.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
¿Diputado, considera usted muy
valiente y muy viril, a partir del fuero y la protección que la Constitución nos da a
nosotros los diputados, emitir juicios como los que usted ha emitido y calumniar y
difamar, como lo ha hecho, como lo está haciendo ahorita mismo en su intervención,
cuando atribuye al Presidente dichos que, según usted por tercero, han llegado a oídos
de usted mismo? ¿Considera usted que esto puede ser valiente, puede ser viril por parte
de un diputado federal que está obligado a la grandeza con el país y no a la ruindad y a
la mezquindad?
Gracias.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Aunque en su pregunta usted mismo la
está respondiendo con una cantidad de calificativos impresionantes, ofensivos, que
también lo tomo, tomo esas ofensas por de quien viene, no crea usted que me ofende en
absoluto.
Quiero decirle lo siguiente: en primer
lugar, yo he criticado y atacado a los presidentes de México con y sin fuero
constitucional, nunca he necesitado el fuero. Lo he hecho desde varias tribunas y lo haré
siempre que considere que ése es mi deber como ciudadano y como persona que tiene sus
propias convicciones.
Segundo. No busco la valentía, y en cuanto
a la virilidad, no es con usted con quien tengo que hablar de ese tema.
Pero si una cosa que es importante, no es
ya intocable hace mucho el Presidente en este país. No por cierto, por nada que haya
hecho su partido, sino por muchas cosas que han hecho los opositores y es algo que hemos
ido ganando, hemos desacralizado al poder Ejecutivo, lo hemos puesto al Presidente en tela
de crítica, lo hemos puesto al Presidente en tela de juicio, como debe estar un
mandatario en una República. No quiere decir que lo hayamos logrado plenamente, pero
hemos avanzado en esa dirección.
Lo que sigue siendo todavía un hecho, es
que cuando se crítica en una tribuna como ésta al Presidente de la República, con
afirmaciones fuertes, entonces haya quien se persine, hablo en sentido figurado, porque
Dios guarde la hora, en que el Presidente sea puesto en esa tesitura.
Por lo demás, señor diputado, mire, no es
una persona la que me ha dicho la manera como se expresa Zedillo de Marcos, han sido
muchas. Algunos extranjeros que ha recibido el Presidente y que les ha dicho lo mismo. El
Presidente fue advertido de lo que estaba a punto de pasar en Los Altos de Chiapas, no
sólo por Andrés Manuel López Obrador, si es a él a quien está usted pensando que no,
no es a él a quien le dijo lo que yo me refería al Presidente, pero si le dijo otras
cosas.
No le hizo el menor caso, fue muy comentada
la conversación entre Andrés Manuel López Obrador y el Presidente de la República, y
uno de los temas fue el de Chiapas. No voy a cometer ninguna confidencia, pero si le voy a
decir una cosa, que él y otros políticos y personalidades nacionales y extranjeras, han
hablado recientemente con el Presidente de la República y le han dicho que la situación
en Los Altos, requería de una modificación de la política del gobierno y de otra manera
era analizar los problemas.
No nos venga ahora el señor Zedillo a dar
a entender que Chuayffet era el único culpable, no. Porque los presidentes mexicanos son
especialistas para eso, quitan a un Secretario de Estado y se lavan las manos y eso ya no
da resultado, señor diputado, porque nadie va a creer que aunque Chuayffet era el
operador, si, ciertamente lo era por el cargo que tenía y estaba de acuerdo con todo lo
que se hacia, todo era sólo por cuenta de Chuayffet, porque todos conocemos a Chuayffet y
sabíamos que esto no podía ser así.
Era el Presidente de la República.
Entonces ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Pues ahí están los hechos, ahí están los
resultados en una política concreta. El Presidente de la República asume actitudes, pero
después no responde. ¿En que se ampara? Bueno, pues tampoco es sujeto de juicio
político, de acuerdo con la Constitución, habría que hacerle juicio político a los
secretarios de estados y por esa vía, sancionar las conductas del Presidente, tal y como
lo manda la Constitución, ése es el sistema constitucional mexicano. Pero entonces, que
ocurre, ¿ya nos vamos a olvidar de la crítica? Si el Presidente estuviera dando señas,
que no las está dando, de que quiere cambiar la política de una nueva estrategia en
Chiapas, ¿a qué se está refiriendo? Cuando acaba de mandar unos soldados allá al
monte, a La Realidad. Es una provocación criminal, lo reitero.
Bueno, pues no hay ningún cambio. Está
haciendo todas las cosas para provocar a sus adversarios en Chiapas, rebeldes y no
rebeldes, nos provoca a nosotros también. ¿Qué le vamos a decir? Gracias, señor
Presidente. Por favor, señor diputado.
Está usted pues no en su derecho, no voy a
pedir que se utilice, diputado Presidente, no voy a pedir que se aplique el reglamento y
se le pregunte al diputado Oceguera si retira los insultos contra mí. No me importan sus
insultos, la verdad, no me importa nada de eso, y no me importa, hoy menos que nunca,
porque de lo que estamos hablando, aunque no lo entienda, es de la sangre de gente
inocente, es de provocaciones que pueden llevar a mayor violencia. Es de un gobierno
irresponsable que promueve la violencia y ha abierto el camino de la violencia y lo sigue
abriendo con sus actitudes, y el principal responsable de esa política es el señor
Zedillo a quien defiende simplemente por obligación.
Para rectificación de hechos tiene
la palabra el senador José Antonio Valdivia, hasta por cinco minutos.
Posteriormente el diputado Oceguera.
| El senador José Antonio Valdivia: |
Con su permiso, señor Presidente;
diputadas y diputados; senadoras y senadores:
Cuando en esta tribuna se han expresado, se
han vertido opiniones, expresiones de acuerdo con las convicciones de compañeros
legisladores que nos han antecedido en el uso de la palabra, creo que no debe extrañar
que eleve mi voz ante este cuerpo deliberativo, cuando mi persona pueda ser identificada
como militar. Como tampoco puedo despojarme de mi carácter de legislador federal, de
ciudadano, de hombre de partido, entre otras actividades que cualquier ser humano puede
abarcar.
Por eso, ahora en mi carácter de
legislador federal y de militar, vengo a hablar de una de las instituciones más limpias e
íntegras con que cuenta la República. Vengo a hacer acotaciones que considero
convenientes y necesario expresarlas.
Ya durante tres legislaturas sucesivas,
durante varios años, durante los últimos años; los miembros de esta Comisión
Permanente y de las cámaras de Diputados y Cámara de Senadores, hemos sido testigos de
intervenciones que se han centrado exclusivamente en denuncias, quejas y acusaciones. Pero
también hemos observado que a ellas no han seguido argumentos y pruebas suficientes que
permitan darle veracidad y autenticidad a las palabras, como es el caso de ese llamado
"Plan Chiapas 1994", que aparece editado a la población. Pese a tal empeño, a
tal esmero, las condiciones de tensión que se generan en cualquier conflicto son terreno
fértil de en una revista semanaria de circulación nacional.
Desde luego que no podemos aceptar que se
diga que el Ejército está violando las normas que rigen la obligación del Estado y de
todo gobierno y de dar seguridad a la nación. No lo podemos aceptar porque de lo
contrario estaríamos ignorando todo el marco constitucional y legal que nos rige y en el
cual se definen muy claramente las funciones y competencia de toda instancia pública.
El objetivo que elementos de las fuerzas
armadas actúen en tareas de seguridad, no es violatorio de la Constitución y de las
leyes, sino por el contrario, consiste en cumplir cabalmente con las tareas que le ha
encomendado el pueblo de México.
Por ello, de cierto modo extraña que se
digan inexactitudes, cuando las Fuerzas Armadas sólo han dado muestras en todo momento de
brindar desinteresadamente su servicio a nuestra nación. Por eso, cuando surgen
inquietudes acerca de la participación de nuestro Ejército en la vida nacional yo me
pregunto, y creo que nos debemos preguntar, muchos nos preguntamos, ¿qué intereses
particulares se afectan con su intervención? ¿Qué perversas y oscuras ambiciones se
lastiman como para criticar el alto y noble papel que se le ha otorgado a nuestras Fuerzas
Armadas?
Cuando ha sido necesaria la actuación de
nuestro instituto armado, éste ha actuado siempre con prudencia, extremando precauciones
para no afectar a la población. Pese a tal empeño, a tal esmero, las condiciones de
tensión que se generan en cualquier son terreno fértil para que brote la acusación
insidiosa y la magnificación de los hechos. En la mayoría de los casos con proclividad
de unos cuantos a la justificación de las conductas subversivas, y como otra parte de
esta maniquea actitud, proyectar injustamente la figura del Ejército mexicano y de su
comandante supremo, todo aquello que los mexicanos en su conjunto, no han podido resolver.
¿De dónde surgen, yo me pregunto, estas
lastimosas dudas? ¿Quién las origina pretendiendo darlas como verdades, pero que por su
falsedad caen por sí solas?
En lo personal no creo que provengan de
nuestro pueblo, que sabe perfectamente qué tipo de Ejército tiene y sabe qué formación
le ha dado a sus integrantes.
Hacia donde debemos voltear es hacia
aquellos que están viendo afectados sus intereses económicos y políticos, por la
implantación del orden. Por lo tanto quiero expresar ante ustedes, estimados compañeros,
que tengo la convicción de que el Ejército mexicano se encuentra en el Estado de
Chiapas, no desde el 1o. de enero de 1994, en Chiapas y en toda la República el Ejército
mexicano se encuentra cumpliendo con su misión constitucional y legal, desde hace muchos
años. Sin embargo, es conveniente resaltar que a raíz del surgimiento y yo sí lo puedo
decir, del supuesto, del llamado así Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque
en México solamente legal y constitucionalmente podemos aceptar la existencia del
Ejército mexicano, normado y regulado por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es conveniente resaltar entonces, que a raíz del surgimiento de este
contingente, nuestro instituto armado se ha convertido, no solamente en garante del orden
y la seguridad, sino que también ha coadyuvado a la realización de las diversas etapas
del diálogo político en la entidad y todo ello se ha efectuado en el más estricto apego
a la Constitución General de la República, dando margen para que puedan darse las
condiciones que lleven a una negociación y una salida a este problema, siendo respetuoso
de las poblaciones indígenas.
Oportuno es señalar que sin la
intervención del Ejército mexicano, pudo haber más derramamiento de sangre; por parte
del Ejército solamente se ha visto y se sigue viendo, firmeza y seguridad ante los
panegiristas de la lucha armada que continúan apostando a la crisis y que quieren alargar
el conflicto.
La actitud para pacificar y clarificar
Chiapas ha sido bien recibida por amplios grupos de la población. El instituto armado ha
cumplido su papel y mucha gente califica su actuación como oportuna, prudente y adecuada
a las circunstancias imperantes.
De ahí que la presencia del Ejército ha
despertado no sólo confianza, sino también seguridad y manifestaciones de
reconocimiento; especialmente porque desde un principio quedó claro que el Ejército
mexicano, ha sido y es un Ejército de paz y para la paz, como se comprobó al no
emprender acciones de ametrallamiento ni bombardeo en Chiapas, sino solamente se repelió
la agresión empleando armas de escasa potencia.
En Chiapas el Ejército mexicano no actuó
como lo han hecho fuerzas armadas en otras partes del mundo, como en Yugoeslavia o en
Rusia, por ejemplo, y esto ha sido ejemplo de que los soldados mexicanos no son capaces,
no están adiestrados para actuar con crueldad ni son asesinos de sus hermanos de origen
de sangre, de anhelos y de esperanzas. Por eso también me extrañan los cuestionamientos
de algunos acerca de la supuesta ilegalidad de la actuación del Ejército en Chiapas.
Es pertinente entonces, hacer, así sea
brevemente un recuento de los pasos constitucionales que se dieron para que las fuerzas
armadas institucionales intervinieran en el conflicto; para tal efecto, con fundamento en
el artículo 119 constitucional, el gobierno del Estado de Chiapas solicitó al Gobierno
Federal la participación de las fuerzas armadas y con base a ese mismo precepto
constitucional...
Senador Valdivia: ha duplicado su
tiempo. Le ruego proceder a la conclusión de su intervención.
| El senador José
Antonio Valdivia: |
Y sirva este artículo, así como el
29 constitucional que frecuentemente se aduce, para dejar claro que la actuación del
Ejército mexicano es, conforme a las facultades que le otorga al Presidente de la
República el artículo 89 fracción VI, el 73 fracción XIV que otorga las facultades
para organizar, reorganizar y darle el funcionamiento al Congreso de la Unión.
Pero no quiero terminar, y yo pido su
tolerancia, señor Presidente y compañeros legisladores, sin expresar lo siguiente:
Yo entiendo la preocupación, entiendo
algunas razones que aquí se han expresado, pero no las apoyo porque si observáramos que
nuestras fuerzas armadas no estuvieran cumpliendo con su deber o si el papel del Ejército
mexicano en su conjunto estuviera fuera de la ley, pero los mexicanos tenemos pruebas
fehacientes de que la labor y el enorme trabajo que vienen desempeñando nuestras fuerzas
armadas se está cumpliendo a cabalidad.
En los últimos años nos hemos enterado de
constantes señalamientos, de ataques permanentes contra la actuación de las fuerzas
armas. Pero, señores legisladores, poco se ha visto que se destaque y se valore en su
justa dimensión la actuación de nuestro instituto armado. En estos momentos, cuando el
Ejército está efectuando un gran esfuerzo, cuando las penurias y sacrificios personales
han quedado olvidados con el único fin de dar a la patria paz y justicia, los soldados de
México necesitan palabras de aliento, que reconozcan su labor, que se les haga ver que su
función produce beneficios a la nación y que los mexicanos tienen confianza y seguridad
en su actuación.
En estos momentos, cuando diversos hechos
han conmocionado a la opinión pública, yo sí voy a reconocer que ha sido el Presidente
de la República, el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, los que vienen
dando la pauta para enfrentar con verdad, con honestidad, con justicia y con toda
verticalidad los actos que denigran la confianza del pueblo mexicano. No se oculta, por
doloroso que sea, y de este modo, porque de este modo podemos enfrentar todo tipo de
retos.
Y es por eso y para terminar, señores
legisladores que yo me permito otorgar, a manera personal, un voto de confianza y de
estímulo al señor Presidente y a las Fuerzas Armadas en lo general.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos, tiene
la palabra el diputado Rafael Oceguera Ramos.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Voy a declinar, señor Presidente.
Correcto.
Para rectificación de hechos tiene la
palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Declino, señor Presidente.
Correcto.
Y nuestro último orador inscrito
inicialmente, el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, para rectificación de hechos.
| El diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde su curul): |
También declino, señor Presidente.
Correcto.
Informo a la Comisión Permanente que los
dos siguientes puntos del orden del día han sido retirados por los grupos parlamentarios
que los propusieron y ruego a la Secretaría proceder en el desahogo del orden del día.
ORDEN DEL
DIA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Procedo, señor Presidente.
Se han agotado los asuntos en cartera y
daré lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 14 de enero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de
San Luis Potosí.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Velázquez de Alba, pueda prestar
servicios como asistente consular en el Consulado General de los Estados Unidos de
América, en Guadalajara, Jalisco.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Velázquez Martínez, pueda
prestar servicios como vigilante, en la Embajada del Reino de Tailandia en México.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier Garza Zambrano, pueda
aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con
circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Zambrano Benítez, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción
consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Miguel González Calette, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción
consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
Cinco, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos José Luis Rangel y Rangel, Prócoro Godoy Pereira, Ramón
Mejía Ramírez, Francisco Armando Meza Castro y Julio Antonio Ponte Romero, para los
efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto relativo a la solicititud de la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, para que pueda
prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México.
De la Primera Comisión con proyecto de
decreto relativo a la solicitud del embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Gran Oficial,
que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.»
CLAUSURA Y
CITATORIO
| El Presidente (a
las 17:23 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la próxima que tendrá lugar el miércoles 14 de enero, a las 11:00 horas.
RESUMEN DE
TRABAJOS
* Tiempo de duración: 5 horas con 55
minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 32
legisladores.
* Temas de agenda política: 2.
* Oradores en tribuna:32
PRI-13; PRD-10; PAN-8; PT-1.
Se recibieron:
* 1 comunicación de Congreso
estatal;
* 15 hojas de servicios, para los efectos
del artículo 79 fracción VII constitucional.
 
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