Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 34 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Procederé a dar lectura a la orden del día.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 14 de enero de 1998.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Solicitud de prórroga de licencia del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado.

Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.

Iniciativa del Congreso del Estado de Baja California

Que reforma y adiciona el artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite el informe que contiene las razones y criterios para extinguir el fideicomiso 195, denominado Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal.)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Velázquez de Alba, pueda prestar servicios como asistente consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Guillermo Velázquez Martínez, pueda prestar servicios como vigilante, en la Embajada del Reino de Tailandia en México.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Javier Garza Zambrano, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Zambrano Benítez, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel González Calette, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

Cinco, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos José Luis Rangel y Rangel, Prócoro Godoy Pereira, Ramón Mejía Ramírez, Francisco Armando Meza Castro y Julio Antonio Ponte Romero, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Agenda política

Comentarios sobre los recientes acontecimientos en Ocosingo, Chiapas. (Deliberativo.)

Comentarios sobre la situación política y social en el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre los recientes cambios en la Administración Pública Federal. (Deliberativo.)

Comentarios sobre la situación de los ex trabajadores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre programas emergentes por las heladas y sequías en el país, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

Presidencia del diputado Arturo Núñez Jiménez

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con veintiocho minutos del miércoles siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de treinta y dos legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior que, se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con la solicitud de licencia del diputado Roberto Albores Guillén, del sexto distrito electoral federal del Estado de Chiapas y desde su curul, el legislador Pablo Gómez Alvarez solicita la palabra en contra, pero que antes de intervenir, la Presidencia explica la forma como se organizará el debate.

Desde su curul hace uso de la palabra el legislador Gil Rafael Oceguera Ramos, quien hace aclaraciones y el Presidente da a conocer la lista de quienes se han inscrito para hablar sobre el tema, pero el legislador Gómez Alvarez insiste; desde su curul, el legislador Pérez Jácome da explicaciones, al cabo de las cuales el legislador Gómez Alvarez pide que la solicitud de licencia se envíe a comisiones.

El Presidente explica el procedimiento reglamentario y solicita que la Secretaría dé lectura a los artículos noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete y ciento catorce del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que regulan la discusión del tema a tratar.

Para hablar en torno al tema, hacen uso de la palabra los legisladores: Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y acepta una interpelación del legislador Gómez Alvarez y José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.

El legislador Oceguera Ramos declina su participación y el legislador Gómez Alvarez solicita que se lean los artículos sesenta y ciento cincuenta y nueve reglamentarios y por su parte, el legislador Robledo Ruiz solicita que se lea el título del capítulo del reglamento al que pertenece el artículo sesenta, que se refiere a iniciativas de ley.

El legislador Gómez Alvarez se inconforma con el procedimiento y el Presidente hace las aclaraciones correspondientes, pero el legislador Gómez Alvarez insiste, por lo que la Presidencia una vez más informa al pleno sobre los artículos reglamentarios y legales aplicables.

La Asamblea considera suficientemente discutido el tema y desde su curul el legislador Oceguera Ramos hace una moción de orden, por lo que la Secretaría, a solicitud del Presidente, da lectura al artículo ciento quince del reglamento.

Nueva inconformidad de legislador Gómez Alvarez y se da lectura al artículo dieciocho reglamentario y el diputado Gómez Alvarez solicita que tanto la votación para que la Asamblea diga si el trámite realizado es el correcto, así como si se debe enviar a comisiones el punto de acuerdo, se haga en forma nominal.

La Asamblea considera que el trámite es el correcto por veinte votos a favor y diecisiete en contra. El punto de acuerdo que otorga licencia al diputado Albores Guillén se aprueba por veinte votos a favor y seis en contra.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se pone a consideración de la Asamblea la solicitud de licencia de la senadora María del Rosario Green Macías, misma que se aprueba en votación económica.

Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Se da cuenta con una comunicación del Congreso del Estado de Colima, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Quince oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Para comentar el procedimiento de distribución de la participaciones federales a los municipios, hacen uso de la palabra los legisladores Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones, las dos últimas para rectificar hechos; Alfredo Phillips Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional; Dionisio Pérez Jácome, del mismo partido; José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional.

Debaten sobre la situación política en el Estado de Chiapas, los legisladores: Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro ocasiones, las tres últimas para contestar alusiones personales; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones, las dos últimas para rectificar hechos; María del Socorro Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar López Velarde, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y proponer que los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Defensa Nacional, comparezcan ante las comisiones correspondientes y expliquen su actuación en el caso del Estado de Chiapas; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, para rectificar hechos; Manuel Cadena Morales, del Partido Revolucionario Institucional y José Antonio Valdivia, del mismo partido.

El Presidente informa que los dos temas que continuaban en el orden del día, fueron retirados, por lo que, agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con veintitrés minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

«Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por medio de la presente, solicito que la licencia que se me concedió para separarme del cargo de diputado federal y misma que surtió efectos a partir del 15 de diciembre de 1997 y hasta el 15 de enero de 1998, sea prorrogada por 30 días más.

En tal virtud solicito que la presente prórroga sea turnada al conocimiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se dé cumplimiento al trámite legislativo correspondiente.

Le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, D.F., a 13 de enero de 1998.- Diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, subcoordinador de Campo y Recuros Naturales.»

De conformidad con lo que establece el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

"Unico. Se prorroga la licencia concedida al diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, por 30 días más, a partir del 15 de enero de 1998."

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo ordenado en la sesión ordinaria celebrada el día de la fecha, nos permitimos hacer de su conocimiento el punto de acuerdo por el que esta soberanía comparte su pronunciamiento en contra de la aplicación de la pena de muerte en cualquiera de sus formas.

Por lo anterior, acompañamos al presente el punto de acuerdo de referencia para los efectos que correspondan.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 19 de noviembre de 1997.- Diputados: Víctor Manuel Pérez González y José Luis Palacios Espinosa, secretarios.»

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

El 25 de junio del año en curso, la diputación Permanente de la VIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se pronunció en contra de la pena de muerte en cualquiera de sus formas; para ello, previamente tomó en cuenta los siguientes razonamientos y consideraciones:

"...El respeto a la vida, como principio fundamental de la preservación de la especie humana y como valor supremo de la dignidad social, adquiere una relevancia de primer orden en toda comunidad que se precie de civilizada.

La privación de la vida, en cualquiera de sus formas, resulta un atentado contra ese principio y contra ese valor. La vida es un don de la naturaleza que sólo ésta debe suprimir. Es una potestad natural indiscutible e indelegable.

Imponer la pena de muerte como sanción a una conducta antisocial y antijurídica, por grave que ésta sea, no redime a ninguna sociedad de sus propias limitaciones para hacer prevalecer el orden jurídico, sino por el contrario, profundiza aún más la imperfección de sus instituciones preventivas del delito y desalienta las expectativas del sistema de readaptación social del delincuente.

La más severa de las penas no debe ser considerada como el último recurso del reproche social a las conductas criminales de lesa gravedad, porque esto equivaldría a reconocer el agotamiento de sus estructuras y de sus leyes.

Si la instauración de la pena de muerte se esgrimió como una medida ejemplificadora que desalienta prácticas delictivas, en los países en los que se ha aplicado ha demostrado su ineficacia ante el incremento de los delitos, no únicamente en cuanto a su incidencia, sino incluso en la diversificación de sus formas y métodos.

La enseñanza y la lección para las futuras generaciones debe tener como sustento fundamental la cultura del respeto a la vida y no del menosprecio a la misma..."

En consecuencia de lo anterior, la VIII Legislatura de Quintana Roo acordó asimismo, en apoyo a los términos de dicho pronunciamiento, hacer éste del conocimiento de todas las legislaturas de los estados de la República Mexicana, así como del Congreso de la Unión.

En tal virtud, el presidente de la diputación Permanente, mediante oficio número 325/97, recibido el 16 de julio próximo pasado, comunicó a esta soberanía los extremos a que alude el párrafo que antecede, mismos que fueron conocidos por la diputación Permanente de la LIV Legislatura del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio, en la cual recayó por acuerdo turnarse el asunto a las comisiones de Justicia y Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis.

En cumplimiento de esto último, previa valoración realizada al respecto, los diputados integrantes de ambas comisiones, nos permitimos elevar a la consideración de esta Asamblea legislativa, para su aprobación, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. En absoluto acuerdo con los términos de sustento y alcances con que la VIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se pronunció en contra de la aplicación de la pena de muerte, en cualquiera de sus formas, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a través de esta LV Legislatura, no sólo comparte tal pronunciamiento, sino que en nuestro caso nos encontramos en posición de ratificar la determinación tomada en el mismo sentido en nuestro Estado, puesto que a raíz de las recientes reformas dispuestas a la Constitución Política del Estado, publicadas en el periódico oficial el 20 de noviembre de 1996, hemos elevado a rango de norma constitucional dicha medida, misma que al quedar plasmada en el artículo 16 del expresado ordenamiento supremo, establece:

"...Artículo 16. El Estado de San Luis Potosí reconoce y respeta la supremacía de la vida humana. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso."

En virtud de ello, hágase lo anterior del conocimiento del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como del honorable Congreso de la Unión, para los efectos que conforme a nuestro régimen constitucional correspondan.

Atentamente.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 19 de noviembre de 1997.- Diputados: por la Comisión de Justicia, Jorge Ricardo Domínguez Casanova, presidente; Felipe Aurelio Torres, vicepresidente; José Carmen García Vázquez, secretario; Santos Gonzalo Guzmán Salinas, Marco Antonio Gama Basarte, Pablo Valladares García, vocales.- Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: Felipe Aurelio Torres Torres, presidente; Leticia Díaz de León Torres, vicepresidenta; Juan José Rodríguez, secretario; Jorge Luis Ramírez Martínez, Pablo Valladares García y José Luis Palacios Espinosa, vocales.»

De conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibo la comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí y túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Continuando con la orden del día, doy lectura a oficio que remite el Poder Judicial de la Federación.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de la Federación.- Consejo de la Judicatura Federal.- Presidencia.- México, D.F.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa Comisión Permanente, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal clausuró su segundo periodo de sesiones correspondiente al presente año.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

México, D.F., a 15 de diciembre de 1997.- El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, José Vicente Aguinaco Alemán.»

De enterado.

CODIGO PENAL

Se va a dar lectura al oficio del Congreso del Estado de Baja California.

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XV Legislatura.

Ciudadano diputado Juan José Cruz Martínez.- Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, D.F.

Por medio del presente remitimos a usted iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, dando cumplimiento en su punto resolutivo único que se contiene en el dictamen número 112 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de esta XV Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California; por lo que con fundamento en la fracción II del artículo 27 y fracción I del artículo 28, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el artículo 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos a bien anexar los siguientes documentos.

A) Copia certificada de la iniciativa de reforma de ley, presentada con fecha 9 de octubre de 1997;

B) Copia certificada del acta de sesión ordinaria celebrada por la XV Legislatura estatal, con fecha 16 de diciembre del presente año, en la cual se hace constar a fojas 16-19 de la misma, el debate verificado para su aprobación respecto del dictamen número 112 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y

C) Copia certificada del dictamen de referencia en la forma descrita.

Solicitamos se inicie el proceso legislativo con la presente iniciativa de ley y al efecto de que la misma sea turnada para su estudio, análisis y en su caso de aprobación, el dictamen correspondiente.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Mexicali, Baja California a 18 de diciembre de 1997.- Diputados: Javier Julián Castañeda Pomposo, presidente; Rogelio Appel Chacón, secretario.»

«Ciudadano diputado Javier Julián Castañeda Pomposo.- Presidente de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.- Presente.

CONSIDERANDO

1o. Que en la actualidad, uno de los problemas que afectan más a nuestra sociedad, son los delitos contra la salud; por desgracia, estos ilícitos son practicados por un mayor número de individuos, quienes por el hecho de obtener un lucro excesivo, aunado al poder que resulta del tráfico ilegal de drogas, celebran las operaciones de compraventa, participan en la siembra, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, producción, posesión, tráfico o comercio, transporte y al proselitismo de estupefacientes, narcóticos o sicotrópicos, comúnmente denominados como drogas.

2o. Que la Procuraduría General de la República, dentro de la cual está integrada la institución del Ministerio Público, es el órgano esencial del sistema federal de justicia y en representación de los individuos, de la sociedad y del Estado, promueve, vigila el cumplimiento del orden constitucional y procura justicia en el ámbito de su competencia; asimismo, participa en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública. Esta misión debe realizarse con estricto apego a los principios constitucionales y a las leyes que la rigen, así como en plena observancia de los derechos humanos, requisito indispensable para la vigencia del estado de derecho. La Procuraduría General de la República, en coordinación con las procuradurías de los estados, ha realizado múltiples esfuerzos por combatir el narcotráfico, no obstante, este delito se acrecienta no sólo en México, sino en el mundo entero. Como una medida de prevención, se han implementado campañas de información y orientación del consumo de drogas, toda vez que se ha llegado a pensar que "si no hay consumo no hay demanda", en virtud de que para que exista demanda debe haber consumidores, por lo que no habría delito alguno que perseguir, lo anterior resulta ser una fácil respuesta, pero por desgracia en la realidad parece ser imposible.

3o. Que el incremento a nivel mundial de la producción, tráfico y consumo de drogas, su notable incidencia en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de las naciones y las graves consecuencias que produce en la salud, desarrollo armónico y bienestar de la humanidad; ha motivado a que el Gobierno de México, combata el problema de las drogas y los delitos asociados a éstas, lo que constituye un importante reto, mismo que asumió como un problema de seguridad nacional, para lo que creó el Programa Nacional para el Control de Drogas 1995-2000 (PNCD), coordinado por la Procuraduría General de la República, este programa constituye la postura del Gobierno de México ante el problema de las drogas y el marco de acción en la materia que se canaliza en dos vertientes complementarias: por una parte la prevención que intenta abatir el número de fármacodependientes y proporcionar tratamiento y rehabilitación a quienes padecen problemas de adicción y, por la otra, la prevención y el combate a la delincuencia asociada.

4o. Que por otra parte ante la necesidad de combatir con más fuerza el narcotráfico, el 30 de abril de 1997 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud, como órgano técnico desconcentrado, dependiente de la Procuraduría General de la República; el cual tiene entre sus objetivos encomendados, el investigar y perseguir los delitos contra la salud y los conexos a éstos, así como ejercer la facultad de atracción para investigar y perseguir delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales contra la salud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8o. y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables; fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con dependencias y entidades de los tres ámbitos de gobierno; fomentar la corresponsabilidad interinstitucional en la lucha contra las drogas; participar en coordinación con las autoridades competentes en organismos internacionales especializados en la lucha contra las drogas, así como establecer y operar unidades de la fiscalía en el territorio nacional.

5o. Que dentro de los delitos contra la salud existen también los sujetos pasivos, los consumidores de drogas que resultan afectados, toda vez que se ocasionan severos daños físicos, biológicos, mentales y sociales por el uso y abuso de drogas y estupefacientes, ocasionando la destrucción del hogar, su seno familiar, la convivencia sana y positiva y los valores humanos y sociales que fortalecen el espíritu de nuestra sociedad. El consumo de drogas no es un fenómeno nuevo; de forma ritual y controlada por "especialistas" la utilización de drogas con fines determinados ha existido desde la más remota antigüedad. Actualmente, su uso ha dejado de ser restringido, no está controlado por especialistas y resulta muy fácil comprar cualquier droga en la calle. Esta situación ha provocado que la drogadicción sea hoy un problema que se extiende con toda rapidez por todas las esferas sociales y que afecta, fundamentalmente, a los jóvenes. El inicio en el consumo de drogas se presenta, en su mayoría, durante la adolescencia, etapa de la vida donde generalmente existe inestabilidad emocional.

6o. Que no existe una personalidad o un perfil sicológico definido del adicto; por lo que únicamente podemos asegurar que la adicción a las drogas impide el proceso de maduración personal, deteriora y finalmente anula la adaptación e integración social del individuo. La inmadurez personal, en cualquier caso, es la característica más acentuada del adicto. Ser una persona adicta no es simplemente consumir drogas; implica también asumir una determinada imagen y valoración de sí mismo y de la vida, con un rol, unas actitudes y unos valores que le identifican y le sirven de justificación así mismo y ante los demás. Sin embargo el adicto no es una persona diferente a las demás, por las características de su personalidad, sino que la grave inmadurez que padece es fruto de su propia responsabilidad. Los factores familiares y ambientales, aunque influyen, no son determinantes; en virtud de que éstos han afectado a otras muchas personas que en las mismas circunstancias, rechazan el uso de drogas.

7o. Que de igual forma, no existe una tipología familiar específica que origine el consumo de drogas, ya que esta adicción es un problema que se da en familias de todos los niveles sociales, económicos y culturales. Es importante analizar la estructura familiar, la calidad de sus relaciones y el tipo de actitudes y valores transmitidos por la familia. En ocasiones la familia y el modelo educativo no han favorecido el desarrollo y crecimiento de la identidad personal. La persona adicta suele implicar a la familia en su drogadicción y en los problemas que ésta origina, logra convertirse en el centro de la preocupación familiar e intenta servirse de todos los miembros en función de su adicción, creando tensión y desconcierto y con este "ritual de la confusión", consigue, la mayoría de las veces, beneficiarse. Nuestra sociedad, con su organización, funcionamiento y valores, influye decisivamente en las personas que la constituimos; en ella, encuentra la drogadicción sus profundas raíces socioculturales y serias consecuencias. Cuando uno no es capaz de encontrar en sí mismo y en la comunicación interpersonal la propia satisfacción, la buscará en una sustancia impersonal, como es la droga; que constituye hoy una mercancía valiosa y a la vez una forma de huir de sí mismo y del propio malestar.

REFLEXION

Lo anteriormente expuesto, originó el proyecto de entregar en favor de la entidad federativa, en cuyo territorio se cometa y se aseguren los bienes y recursos instrumento, objeto o producto de delitos contra la salud, para que se destinen en la rehabilitación de personas afectadas por el consumo y abuso de drogas, para rehabilitar y reintegrar a la sociedad a los individuos, que por el excesivo consumo de estas sustancias nocivas se han convertido en adictos o fármacodependientes, para ello existen en nuestro país algunos centros de rehabilitación para este tipo de personas, pero por desgracia ante la carencia de recursos económicos, no ha sido posible brindar una correcta y adecuada ayuda profesional a todos aquellos que tengan el firme deseo de alejarse del consumo y abuso de las drogas; por ende, es necesario analizar el marco legal que regula los delitos contra la salud y los bienes asegurados con la finalidad de analizar su vialidad.

FUNDAMENTO LEGAL

Que dentro del marco legal federal se analizó el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 24, 40, 41 del Código Penal para el Distrito Federal.

Así como el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los artículos 38, 55 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los artículos 1o., 2o., 4o., 29, 30, 31, 32, 33 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Y en razón de que estas leyes federales tienen consecuencia en el Estado, también se analizó la Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California, especialmente los artículos 6o., 7o. y 8o. Para lo cual se anexa al presente documento la transcripción de los artículos anteriormente señalados.

CONCLUSION

Por lo anteriormente expuesto, por ser este código un instrumento de carácter federal, es necesario presentar un proyecto de iniciativa de reforma de ley ante el honorable Congreso de la Unión, como lo consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de técnica legislativa, para lo cual nos permitimos con fundamento en los artículos 114 fracción I, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII y CXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el artículo 71 fracción III segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentar a consideración de esta XV Legislatura del Estado, iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona el Artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal, adicionándole un tercer párrafo, para quedar como sigue

INICIATIVA DE LEY

Primero. Se reforma y adiciona el artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal, adicionándole un tercer párrafo, para quedar como sigue

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

Penas y medidas de seguridad

"Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las...

Si los instrumentos o cosas decomisados...

Tratándose de delitos contra la salud, la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y se decomise o asegure los instrumentos, objetos o productos del delito, tendrá derecho a recibir el 50% del producto de lo que se decomise o se asegure o su equivalente en especie."

TRANSITORIO

Unico. La presente reforma y adición entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En virtud de la facultad que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71 fracción III solicitamos a esta legislatura del Estado de Baja California que mediante los trámites respectivos haga suya esta iniciativa de ley, para que mediante su aprobación se presente ante el Congreso de la Unión, como iniciativa de ley del Congreso en pleno de Baja California.

Atentamente.

Mexicali, Baja California, a 9 de octubre de 1997.- Fracción parlamentaria del PRI.- Diputados: Juan Hernández Rodríguez, Juan Pablo Valenzuela G., Rogelio Appel Chacón, María de la Luz Ocaña Rodríguez, Miguel Angel Barraza Chiquete, Ramiro Paz Hernández, César Baylón Chacón, Raúl Pompa Victoria, Daniel García Noriega, Luis Montijo Palacios y Jesús Salvador Minor Mora.

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

Penas y medidas de seguridad

"Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:

Del 1 al 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.

Del 9 al 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.

Y las demás que fijen las leyes."

CAPITULO VI

Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito

"Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso, se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el código de procedimientos penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia."

"Artículo 41. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de 90 días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si el notificado no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados.

En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el producto se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, se aplicará al mejoramiento de la administración de justicia."

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

CAPITULO II

Huellas del delito aseguramiento de los instrumentos y objetos del mismo

"Artículo 181. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, así como aquéllos en que existan huellas del mismo o pudieran tener relación con éste, serán asegurados; ya sea recogiéndolos, poniéndolos en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para el objeto de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Tratándose de delitos de imprudencia, ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, éstos podrán asegurarse por el Ministerio Público, en cuyo caso se entregarán en depósito a su conductor o a quien se legitime como propietario, quienes deberán presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta lo solicite. En caso de incumplimiento del depositario, se procederá conforme lo que dispone el artículo 385 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

De todas las cosas aseguradas se hará un inventario, en el que se las describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas.

Cuando se trate de plantíos de mariguana, papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades que actúen en su auxilio, procederán a la destrucción de aquellos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

Cuando se aseguren estupefacientes o sicotrópicos, el Ministerio Público acordará y vigilará su destrucción, si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias, en la que se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de éstas. Se conservará una muestra representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en el proceso, en su caso.

Cuando la autoridad investigadora asegure un bien distinto de los señalados en el párrafo anterior, deberá notificarlo al interesado dentro de los 10 días posteriores al aseguramiento, para que alegue lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de 30 días, transcurrido el cual, la autoridad resolverá lo conducente en términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Esa notificación y cualquier otra que se haya de hacer con respecto a sacar a subasta bienes no reclamados o a la aplicación del producto de la venta que no se reclame por el interesado, se harán en la siguiente forma: personalmente al interesado si se hallare presente; por cédula que se deje en su domicilio; con alguno de los moradores o de los trabajadores que ahí asistan o mediante publicación de la cédula en el Diario Oficial de la Federación, por dos veces con intervalo de tres días, si no se conociere el domicilio o la identidad del interesado.

Si los bienes asegurados, de acuerdo con el dictamen pericial que se recabe, son terrenos destinados o susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, no serán objeto de subasta, debiéndose entregar a las autoridades que por la naturaleza de ellos resulten competentes, para su regularización en términos de las leyes respectivas."

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA

CAPITULO I

Atribuciones

"Artículo 8o. La persecución de los delitos del orden federal a que se refiere la fracción V del artículo 2o. de esta ley, comprende:

I. En la averiguación previa:

a) al d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) Realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los términos de los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

f) al g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, el aseguramiento o el embargo precautorio de bienes, que resulten indispensables para los fines de la averiguación previa, así como, en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte. Al ejercitar la acción, el Ministerio Público de la Federación formulará a la autoridad jurisdiccional los pedimentos que legalmente correspondan;

i) al m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ante los órganos jurisdiccionales:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas precautorias de arraigo, de aseguramiento o embargo precautorio de bienes, los exhortos o la constitución de garantías para los efectos de la reparación de los daños y perjuicios, salvo que el inculpado los hubiese garantizado previamente;

c) al g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. En materia de atención a la víctima o el ofendido por algún delito:

a) al c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables."

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

"Artículo 38. Al frente de la dirección general de Administración de Bienes Asegurados habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes:

I. Recibir las actas de aseguramiento, los inventarios y los bienes asegurados que para su administración le sean puestos a su disposición por los agentes del Ministerio Público de la Federación;

II. Realizar la clasificación definitiva de los bienes asegurados, con auxilio de la dirección general de Coordinación de Servicios Periciales, cuando el caso lo requiera y actualizar permanentemente el registro de los referidos bienes;

III. Proponer, instrumentar y controlar los sistemas de administración, asignación y entrega de los bienes asegurados a las instancias administrativas que para su control, guardar custodia y conservación se determine, así como otras facultades que específicamente delegue el oficial mayor en materia de otorgamiento de depositarias, devolución, subasta y destrucción de bienes asegurados;

IV. Tramitar, en su caso, el destino final de los bienes asegurados, conforme a la resolución ministerial o judicial correspondiente y

V. Fungir como secretario técnico del consejo técnico para la supervisión y control de la administración de los bienes asegurados."

"Artículo 55. El consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados, se integrará por el procurador, quien lo presidirá; un subsecretario por cada una de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el oficial mayor de la Procuraduría General de la República. Contará con un secretario técnico que tendrá voz pero no voto.

Son facultades del consejo técnico para la supervisión y control de la administración de los bienes asegurados las siguientes:

I. Conocer sobre el aseguramiento, inventario y aplicación, de los bienes que sean objeto, instrumento o producto de algún delito;

II. Aprobar el otorgamiento en depósito de bienes asegurados, así como su revocación;

III. Autorizar las subastas públicas de bienes asegurados;

IV. Acordar los criterios que regirán sobre la disposición de los semovientes y bienes perecederos asegurados;

V. Recibir el informe sobre el estado que guarden las devoluciones ordenadas por autoridad competente;

VI. Aprobar el informe mensual de administración de bienes asegurados y

VII. Recibir el informe sobre la aplicación del fondo para investigaciones especiales, proveniente de bienes asegurados."

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, también contemplan el aseguramiento de bienes objeto, instrumento y producto del delito, pero el reglamento es el que contempla la facultad de autorizar las subastas públicas de bienes asegurados y la aplicación del producto de las mismas al fondo para investigaciones especiales.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPITULO UNICO

Naturaleza, objetos y aplicación de la ley

"Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio federal."

"Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada:

I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal;

II al V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

"Artículo 4o. Sin perjuicio de las personas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

I al II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes."

TITULO SEGUNDO

De la investigación de la delincuencia organizada

CAPITULO V

Del aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso

"Artículo 29. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de dicha persona, así como de aquéllos respecto de los cuales ésta se conduzca como dueña, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legítima de dichos bienes, en cuyo caso deberá ordenarse levantar el aseguramiento."

"Artículo 30. Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada o de que éste se conduce como dueño, podrán asegurarse con autorización judicial previa. Si se acredita su legítima procedencia, deberá ordenarse levantar el aseguramiento."

"Artículo 31. El aseguramiento de bienes a que se refiere esta ley, podrá realizarse en cualquier momento de la averiguación o proceso."

"Artículo 32. Los bienes asegurados se pondrán a disposición del juez de la causa, previa determinación del Ministerio Público de la Federación de las medidas provisionales necesarias para su conservación y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y 181 del Código de Procedimientos Penales."

"Artículo 33. El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomará las determinaciones que correspondan para la supervisión y control de los bienes asegurados conforme a las disposiciones de esta ley. La administración de bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación, conforme a las disposiciones de esta ley y, en su caso, la aplicación y destino de los fondos que provengan de dichos bienes, serán determinados por el consejo técnico de bienes asegurados, previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República."

La presente ley fue elaborada con la firme intención de frenar la celebración de actos ilícitos por parte de aquellos individuos que delinquen formando parte de la delincuencia organizada. Este cuerpo normativo contempla penas más elevadas que aquellas que señala el Código Penal, además contempla el aseguramiento de bienes, así como el destino de los mismos, remitiendo para ello a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

LEY DE REHABILITACION Y REINTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO PARA EL ESTADODE BAJA CALIFORNIA

TITULO SEGUNDO

CAPITULO I

Del órgano de coordinación

"Artículo 6o. El Estado, por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, creará una comisión interdisciplinaria, integrada por un presidente, un secretario y los vocales necesarios, quienes serán profesionales de la rama de la medicina, sicología, trabajo social y educación, procurando incluir a profesionales rehabilitados que reúnan en igualdad de circunstancias los requisitos señalados."

"Artículo 7o. El organismo a que se refiere el artículo que antecede tendrá como funciones las siguientes:

I. Otorgar autorización para la creación de centros de rehabilitación del sector público o privado.

II al III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

"Artículo 8o. Además la comisión interdisciplinaria mencionada tendrá las siguientes atribuciones:

I al II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Prestar asistencia financiera a los organismos a que se refiere el inciso anterior, con los recursos que aporte la Federación, el gobierno del Estado y los municipios, en cumplimiento a los acuerdos o convenios de coordinación asignados para fines de asistencia social en el Estado.

IV al VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, con la autoridad y organismos correspondientes que tengan como finalidad la entrega de bienes y recursos que provengan de confiscaciones que se generen por la Comisión de Delitos contra la Salud dentro del territorio del Estado, para ser destinados a los centros de rehabilitación a que se refiere la presente ley.

Del VIII al XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Marco Teórico Conceptual

Dentro del marco legal, encontramos que los cuerpos normativos estipulan la figura del "decomiso"; por ende, es necesario asentar su significado y la diferencia que guarda con la confiscación:

Decomiso. Es la privación de los bienes de una persona, decretada por la autoridad judicial a favor del Estado, aplicada como sanción a una fracción.

El decomiso de los bienes de una persona, debe efectuarse cumpliendo las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Para cubrir un crédito fiscal.

II. Ordenada por autoridad judicial, pues la autoridad administrativa únicamente puede imponer multas o arresto hasta por 36 horas.

III. Mediante la sustanciación de un debido proceso.

Diferencia entre decomiso y confiscación. La voz decomiso está íntimamente ligada a la de confiscación, ambas deben ser ordenadas por autoridad judicial diferenciándose en que la primera se refiere a una incautación parcial y sobre los bienes objeto del ilícito, mientras que la segunda puede recaer sobre la totalidad de los bienes y sin que éstos tengan relación alguna con la infracción. El decomiso es una figura típica del derecho penal y posteriormente del derecho aduanero.

Rehabilitación. Se entiende por rehabilitación el conjunto de medidas médicas, sicológicas, sociales, espirituales, educativas y ocupacionales que tienen por objeto que los alcohólicos y drogadictos puedan recuperarse a fin de realizar actividades que les permitan ser útiles a sí mismos, a su familia y a la sociedad. (Artículo 15 de la Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California.)

ANALISIS

Los citados cuerpos normativos contemplan el aseguramiento de bienes objeto, instrumento o producto de actos ilícitos, así como la tramitación de su destino; sin embargo la hipótesis de que los bienes asegurados sean subastados sólo la contemplan el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal para el Distrito Federal, consagrando el primero que el consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados tiene la facultad de autorizar las subastas públicas de esos bienes, siendo el destino de los recursos provenientes de las subastas el fondo para investigaciones especiales y, el segundo estipula que procederá a la venta inmediata en subasta pública de los bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, siendo el destino de los recursos provenientes de las subastas, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia.

En virtud de lo anterior, resulta fácil suponer la existencia de una partida en la que se aplican los recursos obtenidos por la subasta de bienes asegurados, cuyo monto debe ser considerable, en razón del valor estimado de cada bien subastado; además, en los citados ordenamientos legales no se contempla la forma en que se administran esos recursos, lo que nos lleva a pensar que no es correcta y adecuada la administración en el manejo de esos fondos.

Para que el Estado pueda contar con establecimientos de instituciones de carácter social o privado, que proporcionen el servicio de rehabilitación y reintegración de personas afectadas por el consumo y abuso de drogas, es necesario consagrar en un instrumento legal la necesidad de entregar en favor de la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y se aseguren los bienes y recursos, instrumento, objeto o producto de delitos contra la salud, para ser destinados en la rehabilitación de personas afectadas por el consumo y abuso de drogas, ante la necesidad de contar con centros de rehabilitación, en los que reciban atención profesional y especializada los individuos afectados por el consumo y abuso de drogas, especialmente aquellos que no cuenten con recursos económicos; contribuyendo así a que los bienes obtenidos por actos ilícitos, en especial los de narcotráfico, se utilicen en la rehabilitación de aquellos individuos afectados por el consumo de drogas.

Actualmente los ingresos recaudados de las subastas referidas son aplicados en beneficio de la administración de justicia, en la ardua y constante lucha que los organismos federales realizan contra el narcotráfico; no obstante, considerando el valor de cada bien asegurado producto de este delito, estimamos justo y sobre todo necesario, que una parte del valor de esos bienes asegurados, obtenidos por actos ilícitos, a costa de la salud de muchos seres humanos, contribuya a su rehabilitación, atención profesional y especializada, con la cual puedan afrentar el grave problema y la situación en que se encuentran y en un futuro no lejano se reintegren a la sociedad.

En nuestra legislación estatal encontramos la Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California, cuyo objeto es regular la prestación de asistencia integral a individuos con problemas de drogadicción y alcoholismo que deseen rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad, fomentando en ellos la dedicación al trabajo y al estudio, así como el respeto a la dignidad de su persona y la de sus semejantes.

La precitada ley nos revela el gran interés que tienen el Estado y la sociedad en rehabilitar y reintegrar a la vida productiva, a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo, mediante la creación de centros de rehabilitación y capacitación que otorguen tratamiento individual y progresivo y atienda los aspectos físicos, mental y social en forma conjunta con los padres, tutores, cónyuges, hijos o quienes mantengan lazos firmes de unión con el drogadicto o alcohólico. Por ende el Estado promoverá el establecimiento de instituciones, ya sea del sector social o privado, que proporcionen el servicio de rehabilitación y reintegración de drogadictos y alcohólicos, llegando hasta las comunidades marginadas.

El Estado es el facultado para crear, por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, una comisión interdisciplinaria, integrada por un presidente, un secretario y los vocales necesarios, quienes serán profesionales en la rama de la medicina, sicología, trabajo social y educación, siendo sus funciones otorgar la autorización para la creación de centros de rehabilitación del sector público o privado, asignar los subsidios que éstos requieran, vigilar el uso de los recursos entregados y vigilar que las instituciones existentes adopten las disposiciones que contiene la ley en comento.

La comisión interdisciplinaria está facultada para prestar asistencia financiera a los organismos públicos o privados con los recursos que aporten la Federación, el gobierno del Estado y los municipios, en cumplimiento a los acuerdos o convenios de coordinación, asignados para fines de asistencia social en el Estado; ejecutará en forma coordinada con las autoridades federales y municipales planes y programas aplicables a la materia; proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios o acuerdos de coordinación y concertación de acciones con las instituciones públicas de educación y salud que tengan como finalidad obtener y capacitar recursos humanos y técnicos especializados en el área a que se refiere esta ley; solicitar a la autoridad y organismos correspondientes y con base a los acuerdos celebrados, la habilitación de los hospitales, clínicas y centros de salud que tuvieren a su cargo, de acuerdo con sus respectivas competencias, para la prestación de servicios destinados a la rehabilitación de las personas con problema de adicción y, tendrá la atribución de proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, con la autoridad y organismos correspondientes que tengan como finalidad la entrega de bienes y recursos que provengan de confiscaciones que se generen por la comisión de delitos contra la salud dentro del territorio del Estado, para ser destinados a los centros de rehabilitación a que se refiere la presente ley, por ende, estimamos necesario que nuestra legislación federal contemple la hipótesis de otorgar los bienes y recursos provenientes de confiscaciones generados por delitos contra la salud a favor del Estado donde éstos se encuentren para ser destinados como centros de rehabilitación en beneficio de las personas afectadas por el consumo y abuso de drogas.

CONCLUSIONES

1o. Que existe la necesidad en el Estado de Baja California, de contar con centros de rehabilitación para personas afectadas por el consumo y abuso de drogas, con objeto de rehabilitarlos y reintegrarlos a la sociedad; toda vez que actualmente, el consumo de estos productos nocivos se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan a la sociedad y a nuestra entidad.

2o. Que una vez realizado el estudio y análisis de los lineamientos jurídicos en la materia, de carácter federal, resultó que estipulan la hipótesis de que los bienes objeto, instrumento y producto del delito de narcotráfico, se destinen en beneficio de la administración de justicia.

3o. Que la Ley de Rehabilitación y Reintegración Social de Personas con Problemas de Drogadicción y Alcoholismo para el Estado de Baja California, consagra la facultad que tiene el Ejecutivo del Estado para celebrar convenios o acuerdos de coordinación, con la autoridad y organismos federales competentes, con objeto de que el primero reciba bienes y recursos provenientes de confiscaciones, que se encuentren en el Estado, que resulten objeto, instrumento o producto de delitos contra la salud, para ser destinados como centros de rehabilitación.

4o. Que aun cuando el Código Penal para el Distrito Federal, contempla el decomiso y en una forma más específica el destino de bienes que sean instrumento, objeto y producto de actos ilícitos, no contempla la hipótesis de que los que se aseguren como resultado de delitos contra la salud, se entreguen en favor de la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y aseguren o decomisen bienes o recursos; para ser destinados en la rehabilitación de personas afectadas por el consumo y abuso de drogas.

En uso de las facultades que le confiere el artículo 41 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el suscrito diputado Rogelio Appel Chacón, secretario de la XV Legislatura constitucional del Estado.

CERTIFICA

Que la presente copia fotostática que va en 19 fojas útiles, corresponden en forma fiel y exacta en todas y en cada una de sus partes, con los originales que obran en el archivo de este Congreso, consistentes en la iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada en sesión ordinaria de la XV Legislatura del Estado, el día 9 de octubre de 1997.

Se expide la presente el 18 de diciembre de 1997; haciendo constar lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe, Rogelio Appel Chacón, diputado secretario.»

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- XV Legislatura.

Acta de la sesión ordinaria celebrada por la decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García", el día martes dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, noventa y ocho, ciento uno, ciento dos, ciento cinco, ciento ocho, ciento catorce y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Presidencia del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo

(Asistencia de veinticuatro diputados)

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con treinta minutos del día martes dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fecha señalada en la sesión anterior para que tenga verificativo la correspondiente sesión ordinaria de este honorable Congreso del Estado y encontrándonos constituidos en el recinto oficial de este Poder Legislativo, el diputado secretario de esta mesa directiva certifica la asistencia de los diputados: Juan Jesús Algravez Uranga, Rogelio Appel Chacón, Miguel Angel Barraza Chiquete, César Baylón Chacón César, Alfonso Becerril Sánchez, Javier Julián Castañeda Pomposo, José Cervantes Govea, Enrique José Echegaray Ledesma, Daniel García Noriega, Miguel Guerrero Cruz, Juan Hernández Rodríguez, Juan Meneses Jiménez, Jesús Salvador Minor Mora, Carlos Arturo Montejo Favela, Luis Montijo Palacios, Salvador Morales Riubí, María de la Luz Ocaña Rodríguez, Ramiro Paz Hernández, Raúl Pompa Victoria, José Raúl Ramos Popoca, José Manuel Salcedo Sañudo, María de Jesús Singh Castro, Juan Pablo Valenzuela García y Juvenal Vidrio Rodríguez.

Por consiguiente, habiéndose cerciorado y declarado la existencia del quorum legal, el Presidente declara abierta la sesión, solicitando al Secretario dar a conocer el orden del día que se propone, siendo el siguiente:

1. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.

2. Correspondencia recibida.

3. Correspondencia despachada.

4. Entrega de nombramientos a los consejeros ciudadanos del consejo estatal electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California y nombramiento y toma de protesta a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.

5. Informes de comisiones para actos especiales.

6. Informes o dictámenes que rinden las comisiones especiales o permanentes.

7. Asuntos generales.

Mismo que puesto a consideración de la Asamblea resulta aprobado en votación económica por la totalidad de los diputados presentes.

Se procede a desahogar el orden del día establecido, iniciando con el primer punto, en el cual se somete a consideración de los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado once de diciembre del año en curso, misma que es aprobada por la totalidad de los diputados presentes. Asi mismo, se somete a consideración de los diputados el acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad en votación económica.

Se continúa con los puntos segundo y tercero en donde se da a conocer la correspondencia recibida y despachada respectivamente.

Se pasa al cuarto punto del orden del día, "entrega de nombramientos a los consejeros ciudadanos del consejo estatal electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California nombramientos y toma de protesta a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado"; posteriormente el diputado Presidente les solicita a los siguientes ciudadanos que pasen al frente de la tribuna para hacerles entrega de sus nombramientos: consejeros ciudadanos numerarios, ratificados: licenciado Luis Javier Garavito Elías, licenciado Adalberto Silva García, licenciado Héctor Eduardo Martínez Padilla; consejeros ciudadanos numerarios: profesor Francisco Muñoz Ledo y Lasso de la Vega, ingeniero Enrique Carlos Blancas de la Cruz, licenciada Adolfina Escobar López, maestro Rodolfo García García y asimismo a los consejeros ciudadanos supernumerarios: arquitecto Octavio Alonso López y licenciado Guillermo Castro Rico. A continuación el diputado Presidente solicita al público asistente y a los ciudadanos designados ponerse de pie, para hacer la declaratoria correspondiente, en los términos siguientes: "señores ciudadanos, la honorable decimoquinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por los artículos cinco y veintiuno de la Constitución Política del Estado, ciento cincuenta y seis y cuarto transitorio de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, tiene a bien extender a ustedes los siguientes nombramientos, como consejeros ciudadanos numerarios y supernumerarios del consejo estatal electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California". Posteriormente, cita a los ciudadanos electos para el día ocho de enero a las once horas en este recinto oficial, a fin de que se les tome la protesta de ley.

Acto seguido, el diputado Presidente solicita la presencia al frente de la tribuna de los ciudadanos electos como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, numerarios: licenciada Dorina Valenzuela Millán, licenciado Braulio Gómez Verónica, licenciado René Rivas Sánchez y supernumerarios: licenciada María de Jesús Salcedo y licenciado Luis Rolando Escalante Topete, para hacerles entrega de sus nombramientos y realizar la toma de protesta correspondiente en los siguientes términos: "protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado que se les ha conferido. (Sí, protestamos.) Si así no lo hiciéreis que la nación y el Estado os lo demanden".

 Continuando en el mismo punto, hace uso de la voz el diputado Juan Pablo Valenzuela García, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para dirigir un mensaje en relación a los ciudadanos electos. En este mismo tema, hace uso de la tribuna el diputado José Cervantes Govea, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para expresar su postura en torno a los ciudadanos electos.

El diputado presidente, decreta un receso de sesenta minutos, para continuar con la sesión a las trece horas. Una vez reanudada la sesión, el diputado Presidente le solicita al diputado Secretario pase lista de asistencia para verificar el quorum legal: Algravez Uranga Juan Jesús, Appel Chacón Rogelio, Barraza Chiquete Miguel Angel, Baylón Chacón César, Becerril Sánchez Alfonso, Castañeda Pomposo Javier Julián, Cervantes Govea José, Echegaray Ledesma Enrique José, García Noriega Daniel, Guerrero Cruz Miguel, Hernández Rodríguez Juan, Meneses Jiménez Juan, Minor Mora Jesús Salvador, Montejo Favela Carlos Arturo, Montijo Palacios Luis, Morales Riubí Salvador, Ocaña Rodríguez María de la Luz, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Ramos Popoca José Raúl, Salcedo Sañudo José Manuel, Singh Castro María de Jesús, Valenzuela García Juan Pablo y Vidrio Rodríguez Juvenal.

Se pasa al quinto punto de la orden del día "informes de comisiones para actos especiales" y no habiendo informes de comisiones, se pasa al sexto punto "informes o dictámenes que rinden las comisiones especiales o permanentes", en donde el diputado Rogelio Appel Chacón, señala que se presentarán tres dictámenes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales los cuales son: noventa y uno, ciento once y ciento doce. Asimismo el diputado Presidente, informa que la Comisión de Hacienda y Administración, someterá a consideración de la Asamblea tres dictámenes: doscientos treinta y ocho, doscientos treinta y nueve y doscientos cuarenta.

Hace uso de la voz el diputado Miguel Angel Barraza Chiquete, para presentar el dictamen número doscientos treinta y ocho, el cual establece los siguientes puntos resolutivos: primero. Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública Patrimonial, de la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Egresos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Estado al licenciado Jesús Rubén Robles Félix, en su carácter de coordinador general, por el periodo del primero al veintitrés de enero y licenciada Yolanda Rentería Solano, en su carácter de directora general, por el periodo del veinticuatro de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Segundo. Con motivo de que la entidad, no ha efectuado una conciliación entre los registros contables y el padrón de recaudación de cuentas por cobrar por venta de terrenos propios y en mandato de la subdirección municipal de Tijuana, existiendo una diferencia de menos en registros contables por doscientos cuarenta y dos mil setecientos veintiún pesos, la cual se encuentra en proceso de depuración, desconociéndose el efecto de los posibles ajustes que pudieran resultar; porque la entidad no ha concluido con los trámites legales que acrediten la propiedad de diecisiete terrenos recibidos en donación a través de contratos de mandato y regularización, provenientes de los ejercicios de mil novecientos noventa y uno a la fecha, los cuales corresponden a la subdirección municipal de Tijuana, habiéndose registrado contablemente en cuentas de orden por un importe de cinco millones, cuatrocientos diez mil ochocientos sesenta y siete pesos y porque la entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doce y veintisiete de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, en cuanto a la obligación de presentar ante el Congreso del Estado, sus presupuestos de ingresos y egresos; túrnese a la dirección de control y evaluación gubernamental para que en un plazo que no exceda de treinta días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente. Acto continuo y al no existir oradores en contra, el diputado Presidente solicita al diputado secretario, someta a consideración de la Asamblea el dictamen antes expuesto, siendo aprobado en votación nominal por veinte votos a favor de los siguientes diputados: Ramos Popoca José Raúl, Cervantes Govea José, Becerril Sánchez Alfonso, Singh Castro María de Jesús, Salcedo Sañudo José Manuel, Meneses Jiménez Juan, Morales Riubí Salvador, Montejo Favela Carlos Arturo, Echegaray Ledesma Enrique José, Valenzuela García Juan Pablo, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Barraza Chiquete Miguel Angel, Hernández Rodríguez Juan, Montijo Palacios Luis, García Noriega Daniel, Guerrero Cruz Miguel, Appel Chacón Rogelio, Baylón Chacón César y Castañeda Pomposo Javier Julián. En este sentido, el diputado Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número doscientos treinta y nueve de la Comisión de Hacienda y Administración, en los términos en que fue presentado.

En seguida, hace uso de la tribuna el diputado José Manuel Salcedo Sañudo, para presentar: el dictamen número doscientos treinta y nueve, el cual establece los siguientes puntos resolutivos: primero. Es de otorgarse y se otorga la aprobación de la Cuenta Pública Patrimonial, de la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Egresos del Instituto de Cultura de Baja California, al ciudadano Francisco Bernal García, en su carácter de director general de la entidad por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Segundo. Con motivo de que la entidad no cuenta con una conciliación entre los listados de bienes por clasificación y áreas de inventarios, proporcionados por la unidad de adquisiciones, existiendo una diferencia global neta de menos en registros contables en las cuentas de equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de refrigeración y equipo de transporte por un importe de ciento noventa y ocho mil, cuatrocientos veinticuatro pesos y porque el resultado presupuestal de la entidad al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis fue deficitario y no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y artículo seis fracción primera y ocho fracción tercera de la Ley de Deuda Pública ambas del Estado de Baja California, que establecen que deberá elaborarse el programa financiero cuando los ingresos ordinarios y en su caso los extraordinarios, no sean suficientes para cubrir el Presupuesto de Egresos, para su presentación y autorización del Congreso del Estado; túrnese a la dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que en un plazo que no exceda de treinta días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente. Acto continuo y al no existir oradores en contra, el diputado presidente solicita al diputado secretario, someta a consideración de la Asamblea el dictamen antes expuesto, siendo aprobado en votación nominal por veintiún votos a favor de los siguientes diputados: Ramos Popoca José Raúl, Cervantes Govea José, Becerril Sánchez Alfonso, Singh Castro María de Jesús, Salcedo Sañudo José Manuel, Meneses Jiménez Juan, Morales Riubí Salvador, Montejo Favela Carlos Arturo, Echegaray Ledesma Enrique José, Valenzuela García Juan Pablo, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Minor Mora Jesús Salvador, Ocaña Rodríguez María de la Luz, Barraza Chiquete Miguel Angel, Hernández Rodríguez Juan, Montijo Palacios Luis, Guerrero Cruz Miguel, Appel Chacón Rogelio, Baylón Chacón César y Castañeda Pomposo Javier Julián. En este sentido, el diputado Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número doscientos treinta y nueve de la Comisión de Hacienda y Administración, en los términos en que fue presentado.

En seguida, el diputado Salvador Morales Riubí, interviene para presentar el dictamen número doscientos cuarenta, el cual establece los siguientes puntos resolutivos: primero. No se aprueba la Cuenta Pública Patrimonial del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California a los ciudadanos licenciado José Luis Hernández Silerio y licenciado Francisco E. Postlethwaite Preciado, en su carácter de directores generales de la entidad, por los periodos del veintiséis de abril al veinte de mayo y del veintiuno de mayo al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente.

Segundo. Es de otorgarse y se otorga la aprobación y la Cuenta Pública de Ingresos y de la Cuenta Pública de Egresos del Fideicomiso para la Administración y Desarrollo de las Reservas Territoriales del Estado de Baja California a los ciudadanos licenciado José Luis Hernández Silerio y licenciado Francisco E. Postlethwaite Preciado, en su carácter de directores generales de la entidad, por los periodos del veintiséis de abril al veinte de mayo y del veintiuno de mayo al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Tercero. Con motivo de que la entidad no ha efectuado el reconocimiento contable del costo de ventas de ciento veintidós hectáreas de terrenos aportados en asociación en participación que han sido titulados por haberse recibido su pago total, asimismo el ingreso recibido fue registrado en la cuenta acreedora denominada asociación en participación, debiendo haberse reconocido como ingreso; porque los resúmenes estadísticos que emite el sistema de contratación y cobranza de la coordinación municipal en Tijuana, presentan errores ocasionados por daños en la base de datos del sistema de cómputo, lo cual distorsiona la información; porque la entidad presenta como disponible para su venta una superficie de una y media hectáreas en el polígono uno del desarrollo urbano Chapultepec, la cual se encuentra ocupada por las instalaciones del "Lienzo Charro" de la Asociación de Charros de Ensenada, Asociación Civil, sin que se tenga evidencia de acción legal para su regularización; porque la entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doce y veintisiete de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California en cuanto a la obligación de presentar ante el Congreso del Estado, sus presupuestos de ingresos y egresos; y porque la entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo dieciséis de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California, en virtud de que su Presupuesto de Egresos no se formuló con apoyo en programas en el que se señalen objetivos, metas, beneficios y las utilidades responsables de su ejecución; túrnese a la dirección de Control y Evaluación Gubernamental para que en un plazo que no exceda de treinta días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se informe al Congreso del Estado para lo conducente. Acto contínuo y al no existir oradores en contra, el presidente solicita al diputado secretario, someta a consideración de la Asamblea el dictamen antes expuesto, siendo aprobado en votación nominal por veinte votos a favor de los siguientes diputados: Ramos Popoca José Raúl, Cervantes Govea José, Singh Castro María de Jesús, Salcedo Sañudo José Manuel, Meneses Jiménez Juan, Morales Riubí Salvador, Montejo Favela Carlos Arturo, Echegaray Ledesma Enrique José, Valenzuela García Juan Pablo, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Ocaña Rodríguez María de la Luz, Barraza Chiquete Miguel Angel, Hernández Rodríguez Juan, Montijo Palacios Luis, García Noriega Daniel, Guerrero Cruz Miguel, Appel Chacón Rogelio, Baylón Chacón César y Castañeda Pomposo Javier Julián. En este sentido, el presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número doscientos cuarenta de la Comisión de Hacienda y Administración, en los términos en que fue presentado.

Posteriormente, se continúa con los dictámenes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde interviene el diputado Rogelio Appel Chacón, para presentar el dictamen número ciento once, el cual establece el siguiente punto resolutivo único. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de Ley que Reforma la Fracción Sexta del Artículo Cincuenta y Cuatro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para quedar de la siguiente manera: artículo cincuenta y cuatro. La dirección de Servicios Periciales tendrá las siguientes atribuciones: I a la V... VI. Expedir las constancias de "no antecedentes policiales" cuando sean solicitadas por autoridades competentes. séptima y octava... Transitorio. Unico. La siguiente reforma y adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Organo del Gobierno del Estado. Acto continuo y al no existir oradores en contra, el diputado Presidente solicita al diputado secretario, someta a consideración de la Asamblea el dictamen antes expuesto, siendo aprobado en votación nominal por veinte votos a favor de los siguientes diputados: Ramos Popoca José Raúl, Cervantes Govea José, Singh Castro María de Jesús, Salcedo Sañudo José Manuel, Meneses Jiménez Juan, Montejo Favela Carlos Arturo, Echegaray Ledesma Enrique José, Valenzuela García Juan Pablo, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Minor Mora Jesús Salvador, Ocaña Rodríguez María de la Luz, Barraza Chiquete Miguel Angel, Hernández Rodríguez Juan, Montijo Palacios Luis, García Noriega Daniel, Guerrero Cruz Miguel, Appel Chacón Rogelio, Bayyón Chacón César y Castañeda Pomposo Javier Julián. En este sentido, el diputado Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número ciento once de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos en que fue presentado.

Interviene el diputado Enrique José Echegaray Ledesma, para dar lectura al dictamen número ciento doce, el cual establece el siguiente punto resolutivo: único. Es de aprobarse y se aprueba, para que sea enviada al Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona el Artículo Cuarenta del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: Código Penal para el Distrito Federal. Título Segundo. Capítulo I. Penas y Medidas de Seguridad. Artículo cuarenta. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo cuatrocientos de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por éste párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respeto de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia. Tratándose de delitos contra la salud, la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y se decomise o asegure los instrumentos, objetos o productos del delito, tendrá derecho a percibir el cincuenta por ciento del producto de la subasta pública de estos bienes asegurados y confiscados o su equivalente en especie, para ser destinados según su utilidad en beneficio y en los términos que determinen sus leyes en la materia artículos transitorios: primero. Aprobado que sea el presente dictamen de iniciativa de decreto remítase al Congreso de la Unión, en copia debidamente cotejada y certificada con firma del presidente y secretario de esta mesa directiva, así como del acta de sesión ordinaria en que se aprobó. Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. En un plazo de treinta días siguientes a la vigencia de esta reforma, la Procuraduría General de la República deberá adecuar el reglamento de su Ley Orgánica para implementar el mecanismo en los términos de esta iniciativa de reforma de ley, para la entrega de los recursos producto de la subasta pública de los bienes asegurados y confiscados, producto de la comisión de delitos contra la salud, en favor de la entidad federativa que corresponda. Acto continuo y al no existir oradores en contra, el diputado Presidente solicita al diputado secretario, someta a consideración de la Asamblea el dictamen antes expuesto, siendo aprobado en votación nominal por veintitrés votos a favor de los siguientes diputados: Ramos Popoca José Raúl, Cervantes Govea José, Becerril Sánchez Alfonso, Singh Castro María de Jesús, Salcedo Sañudo José Manuel, Meneses Jiménez Juan, Morales Riubí Salvador, Algravez Uranga Juan Jesús, Montejo Favela Carlos Arturo, Echegaray Ledesma Enrique José, Valenzuela García Juan Pablo, Paz Hernández Ramiro, Pompa Victoria Raúl, Minor Mora Jesús Salvador, Ocaña Rodríguez María de la Luz, Barraza Chiquete Miguel Angel, Hernández Rodríguez Juan, Montijo Palacios Luis, García Noriega Daniel, Guerrero Cruz Miguel, Appel Chacón Rogelio, Baylón Chacón César y Castañeda Pomposo Javier Julián. En este sentido, el diputado Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen número ciento doce de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos en que fue presentado.

En seguida, interviene el diputado José Cervantes Govea, para presentar el dictamen número noventa y uno, de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el cual establece el siguiente punto resolutivo: único. No es de aprobarse y se desecha en forma definitiva la iniciativa de Ley de Valuación del Estado de Baja California. Una vez leído el dictamen, el diputado Presidente decreta un receso de cinco minutos a solicitud de la diputada María de Jesús Singh Castro; una vez reanudada la sesión interviene la diputada María de Jesús Singh Castro para solicitar una moción suspensiva sobre el dictamen número noventa y uno, en virtud de que no se dio cumplimiento al artículo ciento cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el sentido de no haberse analizado lo suficiente dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; a su vez solicita la elaboración de un nuevo dictamen, relativo a la Ley de Valuación del Estado de Baja California. Asimismo hace uso de la voz el diputado Enrique José Echegaray Ledesma, para hablar en contra de la moción suspensiva y para hablar a favor intervienen los diputados: José Cervantes Govea y Ramiro Paz Hernández; agotadas las intervenciones, el diputado Presidente le solicita al diputado secretario someta a votación económica la moción suspensiva sobre el dictamen número noventa y uno, resultando aprobado por diecinueve votos a favor, tres votos en contra y una abstención del diputado Rogelio Appel Chacón, el cual manifiesta el sentido de la misma.

Concluido el sexto punto del orden del día, se pasa al séptimo punto, asuntos generales, haciendo uso de la voz el diputado Jesús Salvador Minor Mora, para presentar tres recomendaciones.

Uno. Respecto a un punto de acuerdo que se aprobó el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en donde se le solicita al contador público Manuel Muñiz y Márquez, director general del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja California, su intervención ante la empresa concesionada Teléfonos del Noroeste, Sociedad Anónima, en el Estado de Baja California, para que haga una revisión de la tarifa de larga distancia en el valle de Mexicali, buscando que se reoriente a llamadas locales las que por su naturaleza a distancia no justifica que se le considere larga distancia y se le recomienda a la mesa directiva de que lo envíe al contador público Manuel Múñiz y Márquez, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como lo marca el punto de acuerdo.

Dos. Respecto a una solicitud que está haciendo la Coordinadora Nacional de Usuarios de la Banca, Asociación Civil, en cuanto a una audiencia pública, de fecha julio dieciséis de mil novecientos noventa y siete, el exhorto para la mesa directiva, que se programe la audiencia para efecto de poder escuchar los planteamientos.

Tres. Relativo, y la misma ley lo contempla en el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica y artículo ciento veintiocho de la mencionada ley, el día dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, el diputado Jesús Salvador Minor Mora, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete, en su artículo dos numeral doce. Exhortando a la mesa directiva para que a su vez solicite esto a la comisión correspondiente para efecto de que sea presentado ante el pleno y se haga la votación respectiva.

El diputado Presidente manifiesta que serán atendidas las recomendaciones en los términos en que fueron expresadas por el diputado Jesús Salvador Minor Mora.

No habiendo ningún otro asunto general qué tratar y agotado lo establecido en el orden del día, el diputado Presidente cita a los diputados para el próximo jueves dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a las once horas en este recinto oficial; por lo que procede a declarar formalmente levantada la presente sesión siendo las quince treinta y cinco minutos del día martes dieciséis de diciembre del año en curso.

La presente acta fue aprobada en sesión ordinaria del día jueves dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, de conformidad con lo dispuesto por los artículos treinta y siete, fracciones segunda y quinta, cuarenta y uno, fracciones primera y quinta, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, noventa y ocho, ciento uno, ciento dos, ciento ocho y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ante la presencia del diputado presidente Javier Julián Castañeda Pomposo, quien autoriza la presente acta, asistido del diputado secretario de esta mesa directiva, Rogelio Appel Chacón, quien con su firma da fe.

En uso de las facultades que le confiere el artículo curenta y uno fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el suscrito diputado Rogelio Appel Chacón, secretario de la honorable Quinceava Legislatura Constitucional del Estado.

CERTIFICA

Que la presente copia fotostática que va en veintitrés fojas útiles corresponden en forma fiel y exacta en todas y en cada una de sus partes, con los originales que obran el archivo de este Congreso, consistentes en acta de la sesión ordinaria celebrada por la honorable Quinceava Legislatura del Estado, el día martes dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la que se aprueba el dictamen número ciento doce de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Se expide la presente el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete; haciendo constar lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe, Rogelio Appel Chacón, diputado secretario.»

«Escudo.- Poder Legislativo de Baja California.- Quinceava Legislatura.

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea: se turnó a esta comisión para su conocimiento y dictamen la "iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona el artículo cuarenta del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal", el cual se emite conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero. En sesión ordinaria del nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos veintisiete fracción primera y veintiocho fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ciento catorce y ciento quince de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentó ante el Presidente de la honorable Quinceava Legislatura Constitucional del Estado, la iniciativa en comento.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del artículo veintinueve de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y por instrucciones de la mesa directiva, se turnó la referida iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quien la remitió a la subcomisión de legislación estatal, ésta a su vez solicitó opinión jurídica respecto la iniciativa de ley, al departamento jurídico del Congreso del Estado de Baja California, mismo que emitió en su oportunidad; cumpliéndose con lo anterior la primera etapa del proceso legislativo, competencia de esta soberanía.

Tercero. La iniciativa de ley se presentó en los términos siguientes:

"Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo cuatrocientos de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercer propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el código de procedimientos penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia.

Tratándose de delitos contra la salud, la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y se decomise o asegure los instrumentos, objetos o productos del delito, tendrá derecho a recibir el cincuenta por ciento del producto de lo que se decomise o se asegure o su equivalente en especie".

TRANSITORIO

Unico: La presente reforma y adición, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Seguido el proceso legislativo por todas y cada una de sus etapas previstas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Baja California, la subcomisión de legislación estatal remitió a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma, el cual se emite bajo los siguientes

CONSIDERANDOS

Primero. Que es facultad del Congreso del Estado legislar sobre todos los ramos de la administración que sean de la competencia del Estado, asimismo reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo veintisiete fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Segundo. Que es facultad de los diputados iniciar ante el Congreso del Estado, leyes y decretos que redunden en beneficio del pueblo, conforme a lo establecido en la fracción primera del artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Tercero. Que esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, emite el dictamen correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos cuarenta y nueve, ciento veintiocho, ciento veintinueve y ciento treinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California.

Cuarto. Que la subcomisión de legislación estatal, es el órgano auxiliar especializado que coadyuva con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en el conocimiento, estudio y elaboración de los proyectos de dictamen que encuadran dentro de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo cincuenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Quinto. Que esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, deduce por los términos en que la iniciativa fue presentada y de su exposición de motivos, que la pretensión del autor de esta iniciativa de ley, consiste en establecer en el Código Penal para el Distrito Federal, el derecho a recibir el cincuenta por ciento del producto decomisado o asegurado, o su equivalente en especie, en favor de las entidades federativas en cuyo territorio se cometan y decomisen o aseguren, las cosas que sean objeto o producto de delitos contra la salud; sin embargo, no se especificó en la iniciativa referida, el destino que se daría a esos instrumentos, objetos o productos; sólo se hace mención a manera de reflexión, de la conveniencia de que se destinen a la rehabilitación y reintegración a la sociedad de los individuos, que por el excesivo consumo de estas sustancias nocivas, se han convertido en adictos o farmacodependientes.

Sexto. Que la intención del autor, se encuentra lejos de los lineamientos consagrados en nuestra legislación mexicana, en virtud de que nuestros ordenamientos jurídicos, al contemplar lo concerniente a los bienes asegurados por delitos contra la salud, estipulan el procedimiento que se sigue para determinar el destino de los mismos, consagrándose como una etapa del mismo "la subasta pública de los bienes asegurados", lo que no fue observado en la iniciativa, siendo este mandato imperativo olvidado por el autor y que constituye un obstáculo legal para la comentada pretensión legislativa.

Séptimo. Que nuestra legislación contempla el aseguramiento de bienes, objeto, instrumento o producto de actos ilícitos, así como la tramitación de su destino; pero la hipótesis de que los bienes asegurados sean subastados, sólo la contempla el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal para el Distrito Federal, consagrando el primero en las fracciones primera, tercera y séptima del artículo cincuenta y cinco, que el consejo técnico para la supervisión y control de la administración de bienes asegurados, está facultado para conocer sobre el aseguramiento, inventario y aplicación de los bienes que sean objeto, instrumento o producto de algún delito, para autorizar las subastas públicas de esos bienes, y recibir del fondo para investigaciones especiales, el informe sobre el destino de los recursos provenientes de las subastas. Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, estipula en su artículo cuarenta, que la autoridad competente determinará según su utilidad, el destino de los instrumentos, objetos o productos del delito, para beneficio de la administración de justicia. En el artículo cuarenta y uno del precitado código se señala que se procederá a la venta inmediata en subasta pública de los bienes que se encuentren a disposición de la autoridad.

Octavo. Que esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, estimó que del estudio de los cuerpos normativos señalados en el considerando que antecede, resulta fácil suponer la existencia de una partida en la que se aplican los recursos obtenidos por la comisión de delitos contra la salud, por la subasta de bienes asegurados, cuyo monto debe ser considerable, en razón del valor estimado de cada bien subastado; además, en los citados ordenamientos legales no se establece la forma en que se administran esos recursos, provocando con ello un estado de incertidumbre en cuanto a la adecuada administración de estos fondos públicos.

Noveno. Que esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, previo estudio y análisis, estimó que los ingresos recaudados de las subastas referidas, son aplicados en beneficio de la administración de justicia federal, en la ardua y constante lucha que los organismos federales realizan contra el narcotráfico; no obstante, estimamos justo y sobre todo necesario, que una parte del valor de esos bienes asegurados, se destine a las entidades federativas, a través del Ejecutivo, para ser destinados a la prevención del delito, a la administración de justicia o para la investigación y persecución de delitos; ello como una medida de compensación en favor de la entidad federativa en que se ejecute el delito contra la salud, por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad y autoridad pública correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos cuarenta y nueve fracción segunda y ciento veintiocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, la comisión que suscribe somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto,

RESOLUTIVO

Unico. Es de aprobarse y se aprueba, para que sea enviada al Congreso de la Unión, la iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo cuarenta del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

TITULO SEGUNDO

CAPITULO PRIMERO

Penas y medidas de seguridad

Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo cuatrocientos de este código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercer propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito.

Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Respecto de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la administración de justicia.

Tratándose de delitos contra la salud, la entidad federativa en cuyo territorio se cometa y se decomise o asegure los instrumentos, objetos o productos del delito, tendrá derecho a percibir el cincuenta por ciento del producto de la subasta pública de estos bienes asegurados y confiscados o su equivalente en especie, para ser destinados según su utilidad en beneficio y en los términos que determinen sus leyes en la materia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Aprobado que sea el presente dictamen de iniciativa de decreto remítase al Congreso de la Unión, en copia debidamente cotejada y certificada con firma del Presidente y Secretario de esta mesa directiva, así como del acta de la sesión ordinaria en que se aprobó.

Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. En un plazo de 30 días siguientes a la vigencia de esta reforma, la Procuraduría General de la República deberá adecuar el reglamento de su Ley Orgánica para implementar el mecanismo en los términos de esta iniciativa de reforma de ley, para la entrega de los recursos producto de la subasta pública de los bienes asegurados y confiscados, producto de la comisión de delitos contra la salud, en favor de la entidad federativa que corresponda.

Dado en la sala de comisiones de este Poder Legislativo, Francisco Dueñas Montes, en la ciudad de Mexicali Baja California, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.- Diputados: Rogelio Appel Chacón, presidente; Enrique Echegaray Ledesma, secretario; Carlos Montejo Favela, Javier Castañeda Pomposo, Abraham Correa Acevedo, José Cervantes Govea, vocales.»

«En uso de las facultades que le confiere el artículo cuarenta y uno fracción octava, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el suscrito diputado Rogelio Appel Chacón, secretario de la honorable Quinceava Legislatura Constitucional del Estado.

CERTIFICA

Que la presente copia fotostática que va en siete fojas útiles, corresponden en forma fiel y exacta en todas y en cada una de sus partes, con los originales que obran en el archivo de este Congreso, consistentes en el dictamen número ciento doce de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aprobado en sesión ordinaria de la honorable Quinceava Legislatura del Estado, el día martes dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete en el que se aprueba la iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo cuarenta del Código Penal para el Distrito Federal.

Se expide la presente el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete; haciendo constar lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe, Rogelio Appel Chacón, diputado secretario.»

De conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibo y túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

COMISION NACIONAL DE CAMINOS ALIMENTADORES Y AEROPISTAS

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

El ciudadano Ismael José Gómez Gordillo y Ruelas, procurador fiscal de la Federación, en oficio número 529-I-19500, de fecha 18 de diciembre último, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:

"El ciudadano Hugo Nicolás Pérez González, en su carácter de coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio número 5.-3106 de fecha 12 de diciembre de año en curso, remite a esta Procuraduría Fiscal de la Federación el similar número 3-2535, de fecha 11 de diciembre del presente año, firmado por el subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Manuel Rodríguez Morales, a través del cual se rinde el informe que contiene las razones y criterios para extinguir el fideicomiso 195, denominado Comisión Nacional de Caminos Alimentadores y Aeropistas (Conacal), a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión."

Lo que hago del conocimiento de ustedes, con objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 76 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997, acompañando al presente el documento que en el mismo se cita.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 7 de enero de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

De conformidad con el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recibo y túrnese a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 15 del mes en curso, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:

"Mucho agradeceré a usted, de no mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados Unidos de América.

Roberto Velázquez de Alba, asistente consular, Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Para tal efecto, se anexa copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que se solicita realicen los trámites correspondientes."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 22 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

REINO DE TAILANDIA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 30 de septiembre último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"En atención a la solicitud formulada por la Embajada del Reino de Tailandia en México, mediante nota verbal número 800/2540 del 25 de septiembre de 1997 de la cual le envío copia, mucho le agradeceré a usted girar sus apreciables instrucciones a fin de que se presente al honorable Congreso de la Unión, la solicitud para obtener el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado B fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el ciudadano Guillermo Velázquez Martínez pueda prestar sus servicios como vigilante en esa misión diplomática.

Asimismo, adjunto, le remito copia certificada de su acta de nacimiento, datos biográficos, copia de identificación y dos fotografías del interesado."

Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes y con fundamento en el artículo 37 apartado C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañando con el presente los documentos que en el mismo se mencionan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 23 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

REPUBLICA DE VENEZUELA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 15 del mes en curso, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:

"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Francisco Javier Garza Zambrano, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 22 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

REINO DE DINAMARCA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio fechado el día 20 de agosto último, manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Enrique Zambrano Benítez, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para tal efecto, se anexa acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado."

En atención a que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 2 de septiembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fecha 18 de agosto último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la solicitud del señor Miguel González Calette, a fin de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado."

En atención a que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 2 de septiembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Primera Comisión.

GRADOS MILITARES

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:

Por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, José Luis Rangel y Rangel (6097735), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general brigadier Diplomado de Estado Mayor, Prócoro Godoy Pereira (4053225), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Ramón Mejía Ramírez (4749887), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Francisco Armando Meza Castro (5000873), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:

"Por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Julio Antonio Ponte Romero (2812723), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»

Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.

REINO DE ARABIA SAUDITA

Doy lectura al siguiente documento:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 5 de diciembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, pueda prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 29 de diciembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México serán como secretaria y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 2 de enero de 1998.- Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Roberto Albores Guillén, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Juan Ramiro Robledo Ruiz.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en Grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en Grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 31 de diciembre de 1997.- Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Roberto Albores Guillén, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Juan Ramiro Robledo Ruiz.»

Es de primera lectura.

ESTADO DE CHIAPAS

Para referirse a los recientes acontecimientos en Ocosingo, Chiapas y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:

Dentro de la compleja problemática chiapaneca, el problema de los desplazados debe ocupar un lugar prioritario en la atención del Gobierno, los partidos y la sociedad civil. Al enorme agravio que padecen los indígenas de no poder ni siquiera disponer de los espacios que les son propios, hoy se le aúna la persecución, la violencia y la muerte, por eso la ayuda que debemos proporcionar a esos mexicanos en desgracia debe ser sin condicionamientos de ningún tipo y debe ser proporcionada por las instancias que no lastimen su dignidad y que no dé lugar a la intromisión de intereses poco claros o se levanten sospechas de la presencia de grupos gubernamentales federales o locales.

Nos debe quedar claro que la situación en Chiapas es una situación de guerra. Los recursos desplegados por las organizaciones partidarias y por el pueblo de México para impedirla, tuvieron su concreción en la Ley para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas, la cual permitió que la guerra fuera declarada en suspenso en tanto se buscaban las soluciones de fondo que dieron lugar al conflicto.

Conviene recordar esta cuestión al respecto. Por esta razón de origen, pero también por las graves condiciones imperantes, es preciso que la ayuda a los desplazados se realice a través de una reconocida institución cuya neutralidad ha quedado debidamente demostrada en más de un siglo de existencia.

La Cruz Roja Internacional ha intervenido en conflictos que nos son geográfica y afectivamente cercanos, tales como el de Nicaragua, El Salvador; en Europa, recientemente en la guerra de Bosnia-Herzegobina, por lo que dicha institución tiene la solvencia moral y la capacidad operativa suficiente como para auxiliarnos en este caso.

Una de las razones esgrimidas por los grupos de desplazados, es que no aceptan esa ayuda si el Ejército no abandona la zona del conflicto.

Por las condiciones anteriores, el Partido del Trabajo propone que se solicite la intervención de la Cruz Roja Internacional, la cual ha demostrado su eficacia en este tipo de tareas, para el efecto de que a los grupos de desplazados en el Estado de Chiapas, les sea proporcionada en forma oportuna la ayuda que les corresponde.

Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, hasta por 15 minutos, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, quiere dejar claro que para nosotros el conflicto de Chiapas y que tiene repercusiones de carácter nacional e internacional, no se resuelve sólo con el cambio de personas en el gabinete, que están encargadas de buscar un camino que nos acerque a la solución, sino que necesitamos un cambio de política.

La posición del Partido de la Revolución Democrática es que se requiere una sustitución de la política de fuerza por la del diálogo y la negociación con los verdaderos actores del conflicto chiapaneco.

También es una posición del Partido de la Revolución Democrática, la de encontrar el camino más adecuado, más expedito, que nos permita elevar a rango de ley el acuerdo sobre derechos y cultura indígenas, que fue aprobado en San Andrés y que ha sido uno de los obstáculos para encontrar la solución al conflicto chiapaneco.

También manifestamos que es necesario el retiro del Ejército a sus cuarteles y que sea la Procuraduría General de la República la que se encargue del desmantelamiento de los grupos paramilitares.

Asimismo expresamos que se hace necesaria la realización de elecciones democráticas en el Estado de Chiapas, porque no se puede continuar con el círculo vicioso de gobernadores supeditados al Ejecutivo, y que no tienen un papel adecuado ni eficacia en la búsqueda de la reconstitución del tejido social y político en el Estado de Chiapas.

Nos preocupan además, como elementos que han caracterizado los primeros días de acción de los nuevos funcionarios, especialmente el titular de Gobernación y los nombramientos que ha hecho más recientemente, que han seguido repitiendo el mismo libreto del anterior titular de la Secretaría de Gobernación y en ese mismo libreto han venido sucediendo una serie de equívocos en las declaraciones oficiales que han hecho a través de los medios de comunicación. Bastan dos ejemplos para revelar que hay un desacierto casi absoluto en los primeros pasos que han dado los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

El propio titular, pues continuó en este esquema de buscar siempre la continuidad de lo que hemos denominado muchos de los miembros del Partido de la Revolución Democrática y de otros partidos, una estrategia contrainsurgente por encima de una estrategia de la búsqueda de diálogo.

Entonces, se siguió ese plan anterior con un libreto que incluía en qué sentido se deben pronunciar todos los funcionarios que tienen que ver con el asunto, para no reconocer que hay un cambio en la situación y que el libreto ya no funciona. La secuencia es que dicen que encuentran un conjunto de armas que el EZLN tenía ahí para entrenar a sus militantes, a los miembros del Ejército Zapatistas de Liberación Nacional y luego esto sería para culpar al EZLN de que tiene armas y es uno de los sujetos que está involucrado en lo de la propia ley que creó a la Cocopa y después de ahí se deriva, con desacierto, una campaña orquestada desde el Poder Ejecutivo, particularmente desde la Secretaría de Gobernación, para acusar al obispo Samuel Ruiz, a quien por otro lado siempre se ha reconocido que tiene un papel importante en la mediación y se produce incluso una reacción del clero como corporación, del clero como cuerpo de la cúpula de la Iglesia Católica, de los obispos, que muestran también otra vez el desacierto de la Secretaría, porque luego dicen que se trata de declaraciones individuales de miembros del Ejército, que se ha dicho aquí siempre actúan con disciplina y no de manera individual.

Están correspondiendo a un libreto que ya estaba predeterminado, a una determinada estrategia que no es necesariamente la del diálogo, sino siempre a este camino simultáneo de declaraciones en el sentido de búsqueda del diálogo y de acciones concretas para consumar una política contrainsurgente que está en una fase de cerco y de aniquilamiento de bases sociales del zapatismo, como hemos reiterado aquí que tiene reflejo o que es reflejo de políticas seguidas por el imperialismo norteamericano en el sudeste asiático, que después tuvieron su modificación y su adecuación para atacar a la insurgencia en Centroamérica.

Por lo tanto, estamos preocupados de que los cambios de personas no están significando un cambio de política y se requiere un giro, porque esto continuará si no lo planteamos y si no hay una señal clara de que hay cambio de política.

Además, se derivan preocupaciones nuestras sobre los funcionarios que más recientemente ha nombrado el titular de Gobernación, porque lo que se conoce de ellos, del señor Rabasa, es que inmediatamente tuvo una declaración atropellada también, que tiene como mentís lo de Ocosingo ayer, de que en Chiapas todo estaba bajo control. Apenas toma el cargo, conoce poco, aunque tiene ascendientes en Chiapas y origen en Chiapas, el señor ha estado totalmente fuera de Chiapas, pero lo que preocupa es que dice que la situación está bajo control, muy probablemente por este manejo del libreto que está predeterminado y que habla de esta idea de control militar y no tanto de la búsqueda de caminos que nos lleven a un diálogo fructífero que concluya con una paz con justicia y dignidad.

También nos preocupa que haya asesores que en el pasado se han pronunciado ya por una estrategia contrainsurgente, aunque algunos de ellos tengan aparentemente o realmente, antecedentes de posiciones de izquierda, en este caso están siendo utilizados, como en el pasado, en un mecanismo de cooptación para contribuir como informantes calificados, según esto, pero en una estrategia no de diálogo, que podría ser algo útil, sino en una estrategia de aportar elementos para una solución militar al asunto y no para una solución de diálogo.

El Partido de la Revolución Democrática ha venido sosteniendo, y hoy lo reiteramos, que es necesario que la Comisión de Concordia y Pacificación tenga todo el respaldo, tanto del Poder Legislativo como todo el apoyo del Ejecutivo, para que sea fructífera su tarea, no debe haber ningún obstáculo, insistimos, para que cumpla su tarea.

Nos parece totalmente atendible y adecuado el planteamiento de una agenda que han planteado al titular de Gobernación, que tiene como primer punto el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que plantea también como segundo punto el de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, que plantea medidas de distensión integral que incluye el retiro de las tropas del Ejército mexicano de las comunidades y la eliminación de los retenes por parte del Gobierno y los zatapistas, plantea la operación de grupos paramilitares y la solución de esto.

Sobre este tema es el otro asunto candente que para nosotros no está resuelto y sobre el cual el Ejecutivo quiere tender una cortina de humo, el asunto de desarmar a los grupos paramilitares. Incluso otro conjunto de acciones que está realizando el Ejecutivo sí tiene esta intención de tender esta cortina de humo que está ocultando esta necesidad de desarmar a los grupos paramilitares, porque mientras tengan guardadas las armas seguirán operando y seguirán intimidando a comunidades zapatistas.

No resulta casual para nosotros que no haya ningún operativo ni de la PGR ni de las fuerzas de seguridad pública del Estado ni del Ejército, para desarmar a los grupos paramilitares que habían sido denunciados por muchas personas y por nosotros aquí en la tribuna, a través del senador Mario Saucedo más recientemente, igual que a través de nuestros miembros en la Comisión de Concordia y Pacificación.

Si estos asuntos no se resuelven será una lógica perversa de circulo vicioso, de una especie de esquizofrenia política del Ejecutivo a través de sus funcionarios, que declara por un lado que quiere resolver el conflicto a través del diálogo y por otro lado sigue operando esta maquinaria infernal de la cual en muchos casos puede perder ya el control, como sucedió el día de ayer en Ocosingo.

Esta es la consumación en una fase terminal de esta actividad que ha permitido ya y ha prohijado estas determinaciones de los de la fuerza de seguridad pública que cometieron ayer un crimen más, solapado por la autoridad estatal, solapado en principio por la autoridad federal, por la política que están siguiendo y que tiene esta conclusión. Por eso nosotros somos partidarios de que se cambie integralmente la política, de que no se siga con esta actividad de simulación, de que se dé todo el peso y apoyo a la Comisión de Concordia y Pacificación y de que no se quiera seguir arrinconando a la Conai, que también ha jugado un papel que es necesario y que opere también la Comisión de Seguimiento y Verificación.

Y volvemos a cuestionar el asunto de que en el Ejecutivo no está clara la línea o la línea que estamos observando es una línea inadecuada, es una línea que tendrá resultados funestos, que en lugar de acercarnos nos alejarán del diálogo que nos lleve a la paz con justicia y dignidad.

Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra el senador Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 15 minutos.

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

De nueva cuenta Chiapas, y particularmente los acontecimientos de anteayer en Ocosingo, vuelven a poner sobre el escenario de la vida pública nacional el conflicto y la serie de problemas en esa entidad, que han afectado al país, han sacudido a los ciudadanos mexicanos y han también impactado lamentablemente a la opinión pública internacional.

El Partido Acción Nacional ha sostenido que la situación de injusticia, abandono, discriminación y opresión que ha vivido el pueblo chiapaneco, y de manera especial los pueblos y comunidades indígenas asentados en Chiapas, es ya secular.

No han sido capaces de resolverla los gobiernos de la Colonia ni los de la Independencia ni los de la Reforma ni los de la Revolución.

Desde 1929, hasta hoy, los regímenes llamados revolucionarios no sólo mantuvieron aquellas condiciones lamentables, sino que las agravaron con el corporativismo, el caciquismo, el fraude electoral, la represión y las promesas políticoelectorales, reiteradamente incumplidas.

Hoy advertimos las consecuencias de este abandono y de esta marginación.

Se ha mencionado, y debemos señalarlo con preocupación, que los chiapanecos acudirán a un proceso electoral el próximo 4 de octubre.

Es justo el momento de que los chiapanecos, a través de su órgano legislativo, se planteen desde ahora si están dadas las condiciones para que los ciudadanos de esa sufrida entidad puedan acudir a un proceso electoral inobjetable.

En cada coyuntura electoral, sea ésta federal o local, ya se ha vuelto una costumbre promover y lógicamente propiciar con la razonable antelación, las reformas de carácter legislativo necesarias para que los procesos electorales puedan darse con normalidad y en forma pacífica.

Estamos a menos de 10 meses de estas elecciones. Es por lo tanto pertinente que se convoque a una reforma políticoelectoral integral en esa entidad para que dentro de 10 meses o menos no tengamos que lamentarnos desde las diversas tribunas y foros del país, no haber promovido esa reforma.

Es cierto, como se ha dicho, por otro lado, que los simples cambios en el gabinete, el Secretario de Gobernación o en la entidad, el gobernador del estado, nada resuelven y menos resuelven si el gobernador, el nuevo, nuestro antiguo compañero, el ex diputado Albores, entre las primeras declaraciones que hace, luego de tomar posesión en ese cargo de gobernador, es afirmar de manera triunfal que el PRI se alzará con la victoria el 4 de octubre.

Qué lamentable mensaje les hace llegar, no sólo a los ciudadanos de su entidad, sino a todo México, que en lugar de asumir el liderazgo para la pacificación por la vía del diálogo y los acuerdos, llega a asumir no un liderazgo, sino una posición francamente facciosa que en modo alguno le queda, siendo ya gobernador del Estado.

Es lamentable también que el propio gobernador, luego de los acontecimientos de anteayer en Ocosingo, haya señalado que él en su carácter de gobernador, solicitó la intervención del Ejército al titular del Ejecutivo Federal y que exactamente lo mismo haya dicho el Secretario de Gobernación, apuntando que se hizo con fundamento en el artículo 119 de la Constitución.

Este artículo, anteriormente la disposición a la que voy a dar lectura, estaba en el 122, es conocido como el de la cláusula federal y dice así: "los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de subversión o trastorno interior, les presentarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida". Ahora bien, como es del conocimiento público, porque así lo dispone la Constitución de Chiapas, el día de los hechos sangrientos de Ocosingo, el 12 de enero, estaba reunida en periodo de sesiones ordinarias el Congreso del Estado.

Cabe aquí preguntar: ¿por qué el titular del Ejecutivo local? ¿Por qué el gobernador Albores, se tomó una facultad que no tiene, y que como lo dice claramente la Constitución, sólo dispone de ella cuando el Congreso del Estado no esté reunido? Es decir, no esté en periodo de sesiones.

Y que de esta misma afirmación, es decir, atribuyéndose el ejercicio de una facultad, al margen de la Constitución, se haga eco también el Secretario de Gobernación, casualmente los dos funcionarios que entraron a sustituir a los removidos; es decir, al anterior gobernador y al anterior Secretario de Gobernación.

Es necesario que el nuevo responsable de la coordinación de la política interior en torno a Chiapas, el licenciado Emilio Rabasa, que ha declarado y hoy se publican sus declaraciones, que habrá un cambio de 180 grados en el manejo del asunto chiapaneco. Es pertinente que nos explique por qué habrá un cambio radical, ¿que quiere exactamente decir?

Si hubo una política desacertada, ¿significa que se reconoce esta política de pasividad, de ruptura del diálogo, de terminación de la interlocución y ahora habrá un cambio en la línea exactamente contraria? O bien, si reconoce que ha habido descuido y desinterés, pero al mismo tiempo una activa política de represión, ¿quiere entonces decir el señor Rabasa que se va a modificar también de manera radical y tajante esa política? Es necesario que nos lo aclare. En la víspera dijo que en Chiapas, como aquí se ha afirmado, todo está bajo control.

Señor Presidente; señoras y señores legisladores: el conflicto de Chiapas nos convoca a todos a asumir una posición y una disposición de diálogo, de apertura y de recorrer los caminos pacíficos, para llegar a la solución de este gravísimo problema, que ya no se circunscribe a las fronteras regionales de esa entidad.

Acción Nacional ha señalado la necesidad de volver al diálogo con este ánimo, ojalá y así sea, pero sobre todo fincado en los preceptos que previene el estado de derecho y no haciendo flexibles estos preceptos, como la invocatoria desacertada, que han señalado estos dos funcionarios: el Secretario de Gobernación y el gobernador del Estado, de hacer intervenir luego de que se produjo una nueva muerte sangrienta en Ocosingo.

Y entre paréntesis, porque es significativo, dos días antes de la intervención del ejército en Ocosingo, ya el EZLN en un breve comunicado había señalado la presencia creciente del Ejército en Ocosingo.

Es necesario reflexionar en todas estas cuestiones, en todos los ángulos del problema chiapaneco, para que nadie se llame sorprendido y para que el diálogo se pueda llevar a cabo sobre una premisa fundamental: escuchar al interlocutor y la buena fe de los dialogantes.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente:

Quiero referirme brevemente, pero con especificidad, a cada uno de los elementos de información o argumentos que mis compañeros de otras fracciones parlamentarias presentaron en torno al caso de Chiapas.

Y lo quiero hacer con un enfoque pretendida, supuesta, intencionadamente jurídica, de mi parte, para centrar los puntos que pudiera haber de desacuerdo en ese aspecto, en esa materia, dado que en principio convengo en que la mayor parte de los juicios que han sido externados por el PT, por el PAN y por el PRD, son coincidentes con preocupaciones también de mi fracción parlamentaria.

Nos decía el señor diputado Cantú que era menester reflexionar sobre la conveniencia de que la ayuda, la ayuda social, la ayuda humanitaria, la ayuda inclusive en términos de medicamentos, fuese proporcionada por instancias "que no lastimen -dijo él-, la dignidad de los indígenas, que no aceptan, en su concepto, al Ejército".

Definió la situación de Chiapas como situación de guerra y llegó a proponer inclusive que se buscara un camino alternativo, como sería el que una institución de neutralidad acreditada, internacional, la Cruz Roja Internacional, fuera como en Bosnia, la encargada de cumplir con estos apoyos.

Le faltó agregar a mi estimado compañero Cantú el que pudiera estar anticipando la petición de que también los "Boinas Azules", el ejército "de paz" multinacional, pudiera un día sustituir a nuestro Ejército, porque eso correspondiera a la exigencia social o a la petición expresa de quienes él ha escuchado.

Yo creo que aquí hay un punto de derecho muy importante. Independientemente de todos los méritos políticos, sociales, que ha tenido la acción del Ejército, una acción ejemplar, prudente, realmente que ha constituido una de las páginas más brillantes del instituto armado, y en una causa que definitivamente está más allá de banderas, de partidarismo, de pretensiones, de facciones distintas, el Ejército lo que ha hecho es cumplir con la ley.

Y les recuerdo a todos mis amigos diputados y senadores de otros partidos, que en 1996 aparece publicado el 26 de diciembre de 1986, rectifico, por consenso de todos los partidos, se aprobó por el Congreso de la Unión, la Nueva Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y, sin acudir a mayores menciones de su texto, en el artículo 1o. de ese precepto, se define que: "son el Ejército y la Fuerza Aérea, instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

II. Garantizar la seguridad interior.

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país e independientemente en caso de desastre.

V. Prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de personas y bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas."

El Ejército en México no es exclusivamente un ejército de guerra. Ha defendido con honor, con razón, con patriotismo, las instituciones nacionales, nuestras fronteras, lo que es México, lo que somos en el país. Pero ha tenido que cumplir también y por mandato legal, precisamente la función que ahora a juicio, al parecer de algún segmento de la población de Chiapas, pudiera no corresponder a su propósito, a su objetivo o al beneficio colectivo.

Reclamo aquí, no reconocimiento sólo a la institución, al cuerpo armado. ¡Reclamo respeto al estado de derecho, respeto a la ley que asigna esa función al Ejército!

Con el señor diputado Jesús Martín del Campo convengo en muchas cosas. En efecto, el conflicto no se resuelve en cambio de personas. Estamos planteando toda una sustitución, todo un mejoramiento, todo un perfeccionamiento de políticas básicamente sobre la línea del diálogo y de la negociación.

Pero hay que advertir que lo que él afirmaba no es preciso tampoco, en términos jurídicos. La conversión a rango de ley, la elevación a rango de ley de los Acuerdos de San Andrés no pudo ser ni fue responsabilidad exclusiva de la Cocopa, que no tenía y si ustedes recuerdan la ley que en la legislatura anterior aprobamos, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, jamás le atribuyó, en las funciones descritas en el artículo 9o. a la Cocopa, tareas legislativas.

Es una comisión especial, no es una comisión ni siquiera de dictamen legislativo y no sustituye a las cámaras ni puede ni debe hacerlo ni como lo explicaba el senador López Velarde hace algunas reuniones en esta Comisión Permanente, ni ha pretendido hacerlo.

La Cocopa presentó un proyecto a consideración de las instancias en conflicto, para que una vez afinado, para que una vez que pudiera tener las precisiones y conviniera a los intereses respetables de las partes, pudiera ser considerado por el Congreso de la Unión.

¡Definitivamente a ello se orienta la voluntad de toda la sociedad mexicana y de los diversos partidos! ¡No hay ya que manejar esa idea de que el Gobierno ha desconocido los acuerdos de San Andrés! ¡Los firmó y confirma, ratifica, su voluntad de respaldarlos!

¡Lo que ha advertido, y lo dijo también aquí el senador López Velarde con mucho acierto, lo ha advertido la propia Cocopa, es la necesidad de consultar expertos, académicos, conocedores del derecho constitucional para evitar que en la buena y sana intención de consagrar en el texto magno y en las leyes los derechos indígenas, se vulnere la Carta Magna!

¡Como decía ayer el Secretario de Gobernación: "pudiera llevarse a la fragmentación del país". Pudiera contradecirse un régimen tripartita de propiedad y tratar de instaurar una sola fórmula por convenir, al parecer, a los intereses tradicionales o seculares de esas poblaciones!

En lo que él afirmaba del retiro del Ejército y su sustitución por la Procuraduría, independientemente de infringir el mandato legal, al que ya aludía, no habría una operatividad, como ya se ha demostrado en los hechos, plena, una garantía de paz, de seguridad interior real, si no fuera por la presencia del Ejército mexicano, que además tiene, en nuestro estado de derecho, por qué estar ahí, por qué estar cumpliendo una de sus nobles misiones.

Elecciones nuevas a Chiapas. ¡El discurso recurrente de más amigos perredistas! ¡Perdieron las elecciones, reconózcanlo así! ¡Habrá un momento en que puedan consultar nuevamente la voluntad del pueblo y podrán, como ocurrió en el Distrito Federal, y soy el primero o fui de los primeros en reconocer el triunfo legítimo y transparente de la fórmula que su partido presentó para el Congreso local y para el Ejecutivo del Distrito Federal!

¡Pero volver a ese tema: nuevas elecciones o desconocimiento de poderes! ¡Arrebatémosle lo que no fuimos capaces de ganarle en las urnas al PRI, no es una fórmula necesariamente válida ni conveniente!

Que el libreto se repite. ¡Quizá en cuanto a que deba haber una estrategia constructiva, no contrainsurgente, una estrategia de paz y de concordia, convengo en ello; pero ha aclarado muy bien el Gobierno, el nuevo titular de Gobernación, lo hizo el propio Presidente de la República, en que lo que estamos buscando es otros medios, otras fórmulas, que puedan superar aquello en donde nos estancamos!

¡Definitivamente no cuestiono en esta tribuna la figura de Samuel Ruiz! ¡No soy de quienes condenan de principio su actitud, pero creo que la reflexión debe operar en él y, en su caso, la eliminación de protagonismos o de fórmulas parciales de interpretación para apegarse a lo que le corresponde hacer, primero como ministro de su religión, que es la mía, en segundo lugar, para cumplir la tarea de la Conai!

¡Yo creo que en ese aspecto es en que ha sido cuestionado Samuel Ruiz, no sólo por algunas autoridades gubernativas, sino por segmentos importantes de la sociedad mexicana! ¡A él corresponde, y a su iglesia, rectificar conductas en todo lo que sea conveniente para bien de la nación!

¿Desconfianza en Emilio Rabasa Gamboa? ¡Creo que es anticipar vísperas! ¡Es un abogado de prestigio! ¡Es un funcionario que cumplió! Me consta personalmente, le sustituí en la Secretaría de Gobernación y encontré un trabajo constructivo durante los años que tuvo tareas importantes a su cargo! ¡Creo que Emilio merece no el beneficio de la duda, merece el reconocimiento a su curriculum y la oportunidad de desempeñar una nueva e importante función en bien de México!

Apoyo absoluto a la Cocopa, firmo, suscribo totalmente ese acuerdo. En ello PRD, PAN, PRI, PT, todos estamos coincidiendo y demostrando en hechos lo que nuestra coincidencia representa para la subsistencia de esa institución.

Cortina de humo respecto al desarme. Creo que no, con toda franqueza los reclamos que ha hecho mi partido han sido reflejo también de una demanda social. Debemos desarmar a los grupos paramilitares y debemos limitar en su caso lo que la ley le tolera al EZLN, a su región, a donde verdaderamente estaba asentado y a donde quiso o reclamó, postuló la conveniencia de mantenerlo para garantizar su sobrevivencia.

Exportar grupos paramilitares parece haber sido también una tarea reciente del EZLN, haber armado alguna comunidad vecina o haber con ello pretendido defender a la población desarraigada o quizá procurar enfrentamientos estériles con quienes también, lo reconozco así, indebidamente hacían uso, ejercían funciones o pretendían tener responsabilidad gubernamental que no les corresponde.

Desarmemos a todos, evidentemente, respetemos los términos jurídicos, los términos geográficos de una ley que todos aprobamos, pero no permitamos que sea la violencia la que impere a través de esa permanencia de grupos armados en el Estado.

Convengo con García Villa en gran parte de su contenido. En efecto, la situación secular de injusticia, de explotación, que viene desde la Colonia, quizá, podría agregar, desde los tiempos prehispánicos en esa zona, debamos definitivamente erradicarlo. Creo que hay una deuda de todos los gobiernos, no sólo los revolucionarios, con Chiapas, con la población indígena y es una asignatura pendiente para México, en función de lo que los pueblos indígenas son y representan para todos nosotros.

Convengo también que una de las alternativas futuras, quizá cercanas para destrabar el conflicto, para procurar que transcurra sobre límites, sobre fórmulas, sobre procedimientos o métodos jurídicos, es la revisión de la legislación electoral. La hemos hecho en otras entidades federativas, a veces bajo el modelo federal, en otras ocasiones superando sus alcances. Creo que Chiapas, los chiapanecos, la legislatura de Chiapas podrá y deberá enfrentar ese reto y tratar de llevar a octubre la mejor plataforma jurídica en materia electoral que sea posible.

En cambio, en lo que no estoy de acuerdo es en su crítica respecto al gobernador Albores. Lo que Albores expresó y lo hizo aclarando que lo mencionaba o lo decía como priísta, es lo mismo que Fox viene haciendo, sólo que Fox no lo proclama respecto a su territorio o lo dice frente a un reto de unidad priísta, de unidad partidista para próximas contiendas electorales, Fox lo proyecta al año 2000. Que haga bien o mal en anticipar vísperas, yo creo que ése es juicio que no me corresponde hacer a mí, pero sí me corresponde defender a quien como Albores hizo una clara distinción de su responsabilidad como gobernante de todos los chiapanecos y su responsabilidad interna como priísta que asumía una responsabilidad política importante.

La pretensión de que el Ejército, la petición expresa de que el Ejército interviniera en Ocosingo, fue debido a la urgencia de los acontecimientos, a que no había ninguna otra fuerza capaz de desarmar, en términos de no procurar, de no propiciar mayor violencia a una fuerza policial.

En efecto, el 119 autoriza esa petición del Ejecutivo local y será él seguramente quien explique a su Congreso que si en ese momento no estaba sesionando tuvo que tomar y validará después una decisión de apoyo, una decisión de pedir apoyo al Gobierno Federal, porque era la única forma de transparentar su intención y, lo más importante, de evitar que el conflicto se agravara y que hubiera una contienda entre fuerzas de seguridad culpables o no de esos hechos y quienes pretendieran, probablemente sin mucho éxito, desarmarles y llevarles a juicio, como el Ejército mexicano logró hacer con la fortaleza de la institución y el respeto que se le tiene en Chiapas, en unas cuantas horas.

En otros temas podríamos derivar, perdón, creo que podría extenderme demasiado en ellas, estamos de acuerdo en buscar caminos pacíficos de solución para el conflicto. Creo que hemos progresado cuando menos en la consideración de los hechos, que hemos logrado convenir en aspectos sustanciales de lo que puede ser la decisión justa, digna y que puede llevar a una paz estable en Chiapas.

Lo que una vez más simplemente pediría es no politizar, no convertir en acciones de estrategia política lo que debe constituir una bandera común a todos los mexicanos.

Nosotros con nuestro Ejército y con nuestras instituciones, con nuestras autoridades civiles chiapanecas y nacionales, con la participación de partidos políticos y sobre todo con la acción de la Cocopa, podemos y debemos resolver ese desafío.

Muchas gracias, señor Presidente.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Martín del Campo.

Una pregunta nos hacemos insistentemente los del PRD y la planteamos aquí abiertamente, ¿cuántos asuntos, cuántos acontecimientos tremendos como el de Acteal y el de ayer de Ocosingo se requieren para que haya un verdadero cambio de política y se observe que ésa tiene eficacia en la consecución de la paz con dignidad? Por eso la mención insistente en que en buena parte el discurso del Gobierno va por un lado y por otro lado están ejecutándose operaciones que tienen como consecuencia nefasta ese tipo de hechos, el de Acteal primero, el de Ocosingo ayer, es un ciclo perverso que continuará, insistimos, si no hay pasos concretos que frenen esta posibilidad.

Por eso me resulta, aun cuando hay acuerdo en otras cosas en la mención general de lo de la paz con el senador Pérez Jácome, insisto que no es un asunto menor el hecho de que no se han dado pasos concretos para desarmar a los grupos paramilitares; el EZLN está involucrado en un acuerdo que motivó la Ley de Concordia y Pacificación sobre cuyo hecho ya se pronunció también el señor Labastida, cuando originalmente había homologado el asunto de desarmar al EZLN. Ese es el motivo del conflicto que creó una ley y que el que está en discusión y en debate y que ha hecho que haya el involucramiento de muchos sujetos políticos y sociales en este tema, no se puede homologar, eso está claro.

El propio Secretario de Gobernación lo dice y en lo que necesitamos va ahora para frenar este círculo inadecuado, este círculo perverso de acontecimientos como Acteal primero y ahora Ocosingo es desarmar a los grupos paramilitares y que sea la acción política la que opere, por eso aun cuando Ejército tiene posibilidades de hacer una política social, una actividad social, en realidad está siguiendo una campaña de cerco, de intimidación, pero el Ejército obedece órdenes, siempre hemos dicho nosotros que es un ejército institucional, eso sí, y obedece órdenes y a veces ha recibido, lo reiteramos, órdenes equivocadas porque es el Ejecutivo el que determina qué política seguir y qué papel va a jugar el Ejército en este caso.

El Ejército es una institución, y qué bueno que lo siga siendo, pero es real que ha recibido órdenes equivocadas y por ese libreto del que yo hablaba incluso un miembro del Ejército hizo una declaración inapropiada sobre el papel que tiene o no el señor Samuel Ruiz allá.

Podemos o no estar de acuerdo, ni siquiera los del PRD estamos totalmente de acuerdo en lo que haga o diga el señor Samuel Ruiz, pero todos reconocemos que juega un papel importante y que el atentado que sufrió junto con el coadjutor fue una revelación, un anticipo de lo que sucedería posteriormente en Acteal, que hay, esta campaña que permite que núcleos vengadores, eso si por supuesto reales agravios, estén tomando en sus manos ajusticiamiento de personas que están inermes y que no pueden seguir operando con la complacencia de los anteriores gobernantes y de los actuales, ésa es nuestra crítica, no hay cambio real, no se ha logrado frenar, como sí han logrado detener a muchas personas en muchos casos. Una ni siquiera tenía nada qué ver con el EZLN, en varias entidades, que eran miembros del EZLN. Hoy se sabe que ningún vínculo tenían, es posible hacerlo, tienen ya los nombres, se han dado responsables por parte de muchas personas de organizaciones políticas y sociales de quienes cumplen un papel de organización paramilitar, están identificados en algunos casos, está identificado el territorio donde operan y ahí no ha habido ninguna acción del Ejército, se necesita entonces si va a acudir el Ejército en auxilio del gobierno local, que ha sido rebasado desde hace mucho, también el actual, lo habíamos dicho por qué razones ha sido rebasado. Bueno, pues entonces que opere para desarmar estos grupos paramilitares que tienen nombre que operan en un territorio y que han tenido entrenamiento en algunos lugares que han sido señalados con precisión, eso es lo que necesitamos ahora y por ello sí convenimos, qué bueno que hoy lo repitió el senador Pérez Jácome, en que necesitamos una política de paz, pero eso necesita ser acompañado de tareas, de actividades precisas que den una señal al respecto.

Ha sido muy desacertado, y lo reitero, todo lo que ha venido diciendo el actual Secretario de Gobernación; por un lado se le puede ver como novato, pero, por otro lado, es una manera de eludir el asunto de dar pasos concretos para acercarnos más a ese camino que tanto necesitamos. El PRI, lo reiteramos, a nadie le conviene, no es por ningún revanchismo del PRI, que nosotros estemos planteando que se busque la solución de paz; nunca hemos venido planteando a lo largo de todo el conflicto que si el PRD ganó o perdió, no queremos arrebatar nada que no hayamos obtenido en las elecciones, pero quien ha quitado gobernadores es el Ejecutivo.

Es el Ejecutivo el que quitó gobernadores y el que vuelve correa de trasmisión al Congreso local, donde tiene mayoría el PRI, donde se anula la capacidad de decisión realmente deliberativa de los diputados en el Congreso local y ya hemos dicho aquí que es correa de trasmisión del Ejecutivo y ese ciclo se va a repetir también, no puede jugar el papel necesario, tiene que acudir en su auxilio, primero lo declara el señor Rabasa y luego lo tiene que declarar el gobernador y ahí hay ese ciclo que no va a permitir dar una salida.

Hay un rebasamiento real, un rebasamiento de los grupos paramilitares, de la acción eficaz de los funcionarios de gobierno y a eso me refería que esos elementos son constitutivos de un obstáculo para la labor en la que estamos todos de acuerdo, hay consenso aquí, de la Cocopa, en la entidad.

Por estas razones, sí reconozco que hay declarativamente coincidencia en todos los legisladores para que busquemos caminos de paz y reforzar la actividad en la Cocopa, pero nosotros ahí diferimos de los legisladores del PRI; somos críticos y señalamos las razones por las cuales no es evidente que se quiera seguir el camino de la paz y que sí se siga un camino de contrainsurgencia que tiene como resultados crímenes ominosos como los de Acteal y los de Ocosingo.

Gracias.

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Ha pasado casi un mes, de los acontecimientos violentos ocurridos en Chiapas, y no han desarmado a ningún grupo. Todavía se llega al extremo de que hace algunos días el señor gobernador Albores se reunió con contingentes del Partido Revolucionario Institucional y de manera pública los representantes del grupo paz y justicia declararon abiertamente, a través de su representante, el señor diputado local, Manuel Sánchez Sánchez, que ellos estaban armados.

¿Por qué ha pasado tanto tiempo y la acción del Secretario de Gobernación, de las autoridades militares, ha sido prácticamente omisa en llevar a cabo el desarme de los grupos que han estado promoviendo la violencia?

Una sola arma han quitado, incluso paz y justicia dice que tiene armas y lo declara ante el propio gobernador y el gobernador no solamente hace como que la Virgen le habla, sino que se va por la tangente y dice que está de acuerdo en retirar los elementos extraños que están perturbando la paz en Chiapas.

Ahí hay una responsabilidad, porque hay una declaración abierta en esta reunión de los priístas, donde miembros destacados de este partido asumen que están armados y no se ejecuta la orden de desarme dada por las más altas autoridades del país.

Yo creo, señoras y señores, que el Presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional han vulgarizado el papel del Ejército. Lo han sometido a una dinámica de desgaste y lo han enfrentado no solamente con la población chiapaneca, sino lo han enfrentado con la población mexicana.

Si el Ejército, como lo hace en muchos otros lados, estuviera desarrollando una actividad imparcial, de buena fe, de buena voluntad, tengan la plena seguridad que como en muchas otras ocasiones, no recibiría ninguna impugnación, sino al contrario, sería aplaudido, sería alabado por su labor social.

Pero el caso de Chiapas es otra cosa y aquí tiene que ver mucho el propio Presidente de la República. ¿Cómo aplaudirle a un ejército que tiene diseñado todo un plan de contrainsurgencia, cuya conclusión es el desmantelamiento y el aniquilamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Cómo aplaudirle a un ejército que a escasos kilómetros o a escasos metros de su cuartel, se comete una de las matanzas más atroces que la historia mexicana tenga? ¿Cómo aplaudirle a un ejército que se convierte en cómplice de los distintos grupos paramilitares y de los finqueros en aquella zona?

Que la ley le permite no solamente actuar para acciones de guerra, ahí no hay ninguna discusión, pero lo que se está haciendo con el Ejército mexicano, una de las instituciones mucho más nobles que ha tenido nuestro país, es materia a esta dinámica de desgaste promovida por el propio Ejecutivo Federal, es una vulgarización del papel del Ejército y al Ejército se le hace cómplice, incluso al Ejército se le usa para tratar de violentar la Ley de Pacificación y Diálogo acordada por el Congreso de la Unión.

Yo quisiera, como lo hacía el compañero Martín del Campo, señalar la recurrencia en los errores y en los desvíos del Secretario de Gobernación. Habla de un tal Guillén que tiene orden de aprehensión, que el Presidente de la República lo calificó como delincuente; habla de que va a desarmar a todos y un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. A lo mejor porque acaba de llegar, pero no es sólo eso, sino es porque está sustentada en una estrategia guerrerista, cuyo lenguaje agresivo así, aquí ha sido expuesto desde la sesión pasada por parte de muchos senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional.

¿Cómo comparar, lo dijimos desde hace tiempo, la acción del desarme generalizado que hoy, qué bueno que el senador Jácome especifica en qué términos se haría ese desarme, cuando el Ejército Zapatista no ha hecho uso de la acción militar, que sería el elemento para transgredir la ley aprobada por el Congreso? ¿Cómo generalizar eso? Eso fue ni más ni menos una acción provocadora del Ejecutivo Federal.

¿Cómo hablar de un tal Guillén cuando la ley reconoce como interlocutor a un organismo denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Cómo hablar de pacificación cuando han pasado tantos días, contésteme senador Jácome, por qué una sola pistola, un solo rifle, una sola navaja no le han quitado a los grupos paramilitares? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que se inicie la acción de desarme y la desarticulación de los grupos militares? ¿Otro Ocosingo?

¿Por qué se viene aquí con tanto celo a defender una situación que resulta indefendible en el comportamiento del Ejército, porque como bien se decía, ahí lo que existe en Chiapas, no es más que la toma de la plaza por parte del Ejército mexicano y ahora vemos las consecuencias? ¿Qué importa que el gobernador haya violado la ley y no le haya pedido en primer lugar al Congreso que estaba reunido, qué importa eso? Después pedirá disculpas y pedirá autorización.

Toda esta campaña de errores permanentes, de errores sistemáticos, es lo que a nosotros nos preocupa y nos preocupa además que esta situación cada día se descomponga con resultados totalmente graves para la vida nacional y particularmente para la vida de Chiapas y alertamos en la Comisión Permanente en la sesión anterior que no se trataba sólo de la persona de Albores, se trataba de una persona impuesta desde arriba, desde el Ejecutivo Federal, para gobernar a favor de los intereses de un solo grupo.

¿Por qué no se consultó a otros? El PRD es una fuerza significativa, hay organizaciones sociales que también son importantes, el Partido Acción Nacional tiene una presencia importante en el Estado de Chiapas ¿Por qué no se consulta para haber nombrado un gobierno que pudiera establecer todo un plan de conciliación y un plano de concertación, para llevar a cabo las reformas que tan urgentes se necesitan en Chiapas?, y lo vemos en la reunión con los priístas.

Un gobernador, Roberto Albores, reuniéndose con los grupos armados en la reunión anterior, con los miembros de su partido en el Estado de Chiapas, y no es capaz para ordenarle al Ministerio Público, a confesión abierta. Cuando el diputado representante de paz y justicia confiesa públicamente el tener armas, no es capaz de llevar a cabo la orden de desarme y exigirle al Ministerio Público que actué en consecuencia, para dar una muestra palpable, una muestra evidente de que se quiere marchar sobre un camino verdadero de paz que reconcilie aquella entidad y que no se sigan presentando más actos de violencia.

Muchas gracias.

La Presidencia tiene inscritos para rectificación de hechos al senador José Antonio Valdivia, al diputado Carlos Medina Plascencia, al senador Oscar López Velarde, al senador Mario Saucedo Pérez y al diputado Armando López.

Tiene la palabra para rectificación de hechos, y hasta por cinco minutos, el senador José Antonio Valdivia.

Señor Presidente; compañeros legisladores:

Una vez más vengo a esta tribuna y quiero repetirlo como lo expresé la ocasión anterior, lo hago como legislador y no puedo despojarme de mi condición de militar, de hombre de partido y de ciudadano, entre otras actividades que uno pueda abarcar.

Una vez más quiero expresar en esta tribuna, ya lo he hecho en legislaturas anteriores, que a mí me parece que cuando se da el debate sobre algún tema y en éste resulta por algunos compañeros legisladores mencionado el papel fundamental que tienen las fuerzas armadas en el concierto nacional, no estamos entrando al fondo, al centro del debate, que creo que debería de ocuparnos. Es por eso que quiero expresar y hago la aclaración que lo hago a título personal y no a nombre de las fuerzas armadas mexicanas, lo hago con la convicción de que en la solución del conflicto que se vive en la hermana entidad del sureste, es absolutamente necesario que hablemos con la verdad y que hablemos todos y que actuemos todos de buena fe, especialmente en las declaraciones que se hagan y en las demandas que se presenten, pues no podremos esperar una pronta solución si propiciamos el doble discurso que lastima la esperanza, si la pasión domina sobre la razón o si la respuesta pretendemos encontrarla en el quebrantamiento de la ley.

Aquí y en otras partes se han alzado voces exigiendo que el Ejército mexicano se retire de la zona del conflicto, haciendo creer que con ello se resolverán los problemas o que nuestras fuerzas armadas en la región son motivo para que persistan dichos problemas. Por ello, aquí y en cualquier lugar es necesario hacer ver que nada está más alejado de la realidad que tales aseveraciones, que más bien parecen declaraciones para encabezados periodísticos, porque si revisamos la actuación de nuestro Ejército en el Estado de Chiapas y en todo el país, encontraremos que sobre diversas circunstancias el Ejército se ha convertido, ha sido siempre un factor de estabilidad, seguridad y confianza entre la población, la cual ha reconocido puntualmente su actuación.

Yo creo que resulta conveniente, entonces, buscar cuáles son los intereses que sustentan la demanda que se retire el Ejército mexicano.

Creo que debemos buscar también a quién beneficia su salida, cuáles serán sus consecuencias y qué implicaría para el propio pueblo chiapaneco.

Lo creo así, porque para la mayoría de los mexicanos no hay lugar para dudas en lo que señala el artículo 119 de nuestra Carta Magna, como bien lo señaló el señor senador Dionisio Pérez Jácome, pues dicho precepto señala el deber de la Federación de auxiliar a los estados contra cualquier transtorno en su interior, nosotros conocemos que ésta es la llamada cláusula federalista.

No está de más recordar que el procedimiento para dicho apoyo fue completamente legal.

¿Acaso, señores legisladores, en Chiapas no se transtornó el orden desde el mismo 1o. de enero de 1994? ¿No existe también un conjunto armado que ha declarado la guerra al Gobierno Federal y al propio Ejército mexicano?

Además, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala expresamente al Ejército mexicano que sea el encargado de velar por su cabal observancia.

Y también, como aquí lo ha mencionado específicamente el senador Dionisio Pérez Jácome, los mexicanos, en acatamiento, los legisladores federales, el Congreso de la Unión, en acatamiento a las facultades que otorga el artículo 73 fracción XIV, le otorga al Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, la facultad no sólo de crearlo, de organizarlo, de levantarlo y de fijarle sus misiones, sus tareas, sus funciones y si no estamos nosotros de acuerdo y si el pueblo de México considera que deban ser éstas transformadas, modificadas, así lo hemos hecho en su momento.

La Ley Orgánica, actualmente vigente, promulgada en 1986, le da las facultades, con base en el ordenamiento constitucional, a las fuerzas armadas para poder desarrollar este tipo de actividades que se han mencionado.

Pareciera, pues, que lo que se desea es dejar de lado nuestro marco jurídico, hacer de lado nuestras leyes.

Me preguntaría entonces: ¿en manos de quiénes, señores, quieren que se deje el mantenimiento del orden interno del país? ¿A quién se pretende otorgar lo que el pueblo de México nunca dará? Por lo tanto, si no es al Ejército, ¿entonces a quién?

De ahí que en lo personal considere un absurdo, un desconocimiento de la ley y una postura sin argumento pedir que el Ejército se retire de la zona del conflicto, porque además también concurre en esta argumentación el artículo 89 de nuestra Constitución, en su fracción VI, que señala como facultad del Ejecutivo Federal disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea, el Ejército terrestre, de la Marina y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior de la nación.

¿Qué no nos parece esto un argumento suficientemente válido para explicar la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en la zona del conflicto, por mandato expreso del Presidente de la República, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas?

Es pues dicho artículo el que está regulando en parte, ya que existen otros ordenamientos, su presencia.

Por otra parte, ¿por qué parece extrañar a algunos que el Ejército mexicano esté brindando apoyo a la población chiapaneca, si es éste precisamente uno de los rasgos que han caracterizado a nuestros soldados, desde hace muchas décadas? Esto no es de ahora.

Allá, en Baja California Sur, nuestra tierra del senador Mario Vargas Aguiar, y él podrá confirmar la aseveración que hago, allá algunas pipas de la Comisión Nacional de Zonas Aridas, llevan el líquido tan preciado a poblaciones donde se carece de ella, y lo hacen en todo tiempo y en toda condición.

Así también elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas estuvieron en Chiapas cuando sucedió el accidente del Chichonal y nunca supimos o escuchamos en ningún lado que la población y los legisladores mexicanos se opusieran o señalaran críticamente esto.

Y en esta labor, el Ejército mexicano en todo momento ha sido impulsado por los sanos propósitos para la nación, con entrega, con desinterés y sobre todo con responsabilidad y eficacia.

Y aquí se ha venido a decir, y en lo personal yo digo, cuando se ha dicho: ¿cómo aplaudirle al Ejército mexicano? Y yo, que soy soldado, les contesto, el Ejército mexicano no está buscando un aplauso.

Una de las grandes máximas de los ordenamientos militares, que el soldado encontrará en la satisfacción y en su orgullo, el deber cumplido: es el servirle a la nación.

Por otro lado, se equivocan aquellos que piensan que las Fuerzas Armadas mexicanas no van a cumplir con el mandato de obediencia y lealtad, a quien el pueblo de México le ha otorgado el mandato supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Yo les digo: que están muy equivocados.

Y por otro lado también, les digo: al Ejército no se le usa, al Ejército se le emplea y se le emplea de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes dicen.

Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señores legisladores.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Carlos Medina Plascencia.

Muchas gracias, señor Presidente:

Les voy a suplicar a los del micrófono, señor Presidente, si me pueden dar un poco más de volumen, porque en algunas ocasiones y así nos sucede en el pleno, a algunos diputados nos llevan a forzar un poco la voz.

Señoras y señores legisladores: no me voy a referir a los hechos de Chiapas que ya extensa y profundamente, durante las sesiones de esta Comisión Permanente, mis compañeros senadores y diputados, han profundizado y puesto los puntos en las íes. Pero me parece que sí es necesario pasar a esta tribuna a hacer algunas rectificaciones y precisiones, de lo que aquí se ha vertido y de lo que aquí se ha dicho. Me parece que las comparaciones que aquí se hacen, las hacen muchos de ustedes, bajo una óptica tradicional, pensando el león que todos son de su condición.

Y por supuesto que no podemos comparar, por muchas razones, a los gobernadores de Guanajuato y al gobernador actual de Chiapas. No vengo a defender a Vicente Fox, no requiere que se le defienda ni tampoco la alusión que se ha hecho, nos llevaría a hacer alguna defensa de lo que aquí se le ha señalado, sino simplemente hacer la comparación, como hace un momento usted lo estaba refiriendo, senador y precisarles y compartirles a ustedes, a los medios y al pueblo de México, que Vicente Fox no hace campaña por el PAN ni por ningún partido político en Guanajuato.

No lo hace porque respeta a los panistas, respeta a los guanajuatenses y no lo hace porque también los guanajuatenses nos hacemos respetar.

Ese sometimiento al que nuestro país ha estado durante tantos años, durante estos gobiernos revolucionarios, nos ha llevado a ver en muchos lugares del país, que esas condiciones, que para otros serían muy simplistas, de mencionar que hoy declaro como militante de un partido, mañana declaro como ciudadano y pasado mañana declararé, como en este caso lo hace el gobernador Albores como chiapaneco.

Me parece que las declaraciones de Vicente Fox son convenientes y muestran abiertamente hacia el pueblo de México, un juego que nos da indicios, nos auspicia, un juego democrático, competitivo y abierto. Que parece, senador Pérez Jácome, que no se puede ser tan simplista ni tampoco se puede hacer la comparación, cuando el hoy gobernador Albores, ha llegado a mencionar en un Estado, en su propio Estado, bajo esas condiciones, una posición partidista, cuando aquí estamos hablando de despolitizar, despartidizar, ese conflicto que vivimos en este lugar de nuestra patria. Decirlo como priísta, decirlo como chiapaneco, como quieran, como quieran ustedes, es lo mismo.

Chiapas requiere entonces de personas, que por encima de sus intereses, busquen de veras llegar a la solución de sus propios problemas. De los problemas que se permean y transmiten a todo el país.

A mí me parece que deberíamos también en esta tribuna recordar cómo durante este periodo que estuvo el gobernador Ruiz Ferro, el propio Albores, como no fue del grupo beneficiario para estar ahí al frente del Poder Ejecutivo, hacía campaña por el Estado para que hubiera elecciones.

Entonces, ¿cuál es ese doble juego que juegan y que realizan normalmente desde el partido oficial y lo está haciendo hoy el senador Albores?

Me parece que sus pronunciamientos, sus declaraciones y como ya lo hemos señalado, estos cambios de personas en estas autoridades, no son esperanza ni para Chiapas ni para México.

Me parece que tanto el gobernador en Chiapas, como el propio Secretario de Gobernación, el primer reto que tienen enfrente, es cambiar su actitud y yo la verdad, no tengo mucha esperanza.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Oscar López Velarde.

Muchas gracias, señor Presidente.

Le pediría una solicitud a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, voy a tener una intervención para rectificar hechos y pedir un tiempo adicional para presentar un pronunciamiento a nombre de nuestra fracción, a la Comisión Permanente.

Yo quisiera aquí señalar que Chiapas, México, esta Comisión Permanente, ya está cansada de palabrería y de enarbolar banderas políticas.

Reitero lo que aquí señalé en varias ocasiones ya en la Permanente: "nadie tiene derecho a jugar con la sangre de los indígenas ni con la estabilidad del país". Ya es momento de construir consensos. Es momento de plantear soluciones.

A mí me inquieta y me preocupa en lo personal, que la historia nos presenta en este momento una ironía: hace poco más de 100 años, notables conservadores iban a Europa a pedir ayuda a gobiernos extranjeros para desconocer las instituciones nacionales. Ahora miembros del Partido de la Revolución Democrática, están en este momento en el parlamento europeo buscando la protección de gobiernos extranjeros o de parlamentos extranjeros, cuando el debate se debe de dar en México y en México tenemos la capacidad y la decisión de resolver nuestros conflictos por graves que sean, entre mexicanos. ¡Qué irónica es la historia!

Les recuerdo a los que están hoy en Estrasburgo, algunos miembros de la Comisión Permanente, lo que dijo la representación del parlamento europeo cuando a finales del año pasado hizo una visita a nuestro país, a la zona del conflicto y leo lo que señaló el eurodiputado español José Ignacio Zalafranca, presidente de la Comisión para América Central y México, del parlamento europeo, quien declaró que:

"La guerrilla zapatista debe encarar el diálogo de paz con el Gobierno, teniendo en cuenta que hay un nuevo contexto político tras las elecciones del 6 de julio. No es posible abstraerse de este contexto que orienta a México a un proceso de democratización todavía inacabado." Zalafranca dijo: "Cuando hay voluntad, siempre existe un camino".

Que triste que un parlamentario extranjero lo diga en México y sigan algunos parlamentarios mexicanos yendo a pedir la protección de parlamentos extranjeros sobre decisiones que nos corresponden a los mexicanos, quienes tenemos la capacidad de resolver un conflicto, por más grave que éste sea.

El conflicto requiere decisión política, requiere como lo ha señalado el presidente Ernesto Zedillo, una nueva estrategia de negociación y que en eso se entienda un cambio de actitud.

Si una de las partes está planteando un cambio de actitud para replantear la salida política dentro de la legalidad al conflicto de Chiapas, requiere la reciprocidad de su contraparte.

México y Chiapas están cansados de círculos viciosos, de callejones sin salida, de posiciones irreductibles. Requerimos todos los partidos políticos no ir al extranjero; requerimos construir un consenso en nuestro país. Lo podemos hacer.

Yo reconocí la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien por primera vez en voz del diputado José Francisco Paoli, planteó con concreción cómo formular un nuevo planteamiento jurídico de consenso para una reforma constitucional en materia de cultura y derechos indígenas. ¡Construyámosla! No lo busquemos afuera. Nuestra gente reclama la mayor responsabilidad de los mexicanos. Eso creo que nos debe de preocupar y nos debe de inquietar.

Existe una agenda planteada por una instancia, ratificada y reconocida por esta Comisión Permanente y aquí se ha seguido señalando, como es la Comisión de Concordia y Pacificación.

Algunos de sus miembros están hoy en Europa. Debieran de estar aquí planteando la salida política dentro de la legalidad, a un conflicto que nos duele y que como mexicanos tenemos que resolver.

Hay 13 puntos en la agenda, no los voy a repetir. La Comisión de Concordia y Pacificación, por mandato del Congreso de la Unión, ha estado atenta a todos los conflictos que se están suscitando en el Estado de Chiapas. No tengo el tiempo para desagregar los 13 planteamientos. Les pido su confianza, les pido la decisión de todos los miembros de este Congreso de la Unión, de responder como mexicanos ante México. ¡No busquemos fuera de México lo que tenemos que decidir aquí!

Y por eso quiero plantear a nombre del grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, un pronunciamiento, un pronunciamiento constructivo: no sigamos buscando culpables y reprochándonos lo que la ciudadanía, Chiapas y México no merecen. Chiapas y México merecen paz. ¡Nadie debe de jugar, reitero, con la vida de nuestros indígenas!

¡Y es increíble que la atención humanitaria que la Comisión de Concordia ha gestionado, que el Presidente de la República ha resuelto atender, sea obstaculizada por intereses que no responden a esos indígenas! ¡Es increíble que una atención humanitaria sea impedida de que sea canalizada! ¡Seguramente los que la impiden, algunas organizaciones de la sociedad civil que viven del conflicto, obviamente les dicen: que eso es en contra de la dignidad de los indígenas, pero ellos no sufren los problemas de salud que sufren esos niños y esas mujeres que requieren atención!

¡Obremos con dignidad, pero obremos con responsabilidad!

Señor Presidente, pregunte al orador si puedo hacerle una pregunta.

¿Que si el orador permite una pregunta del diputado Ramírez Cuéllar?

Sí, como no.

Adelante, diputado.

El presidente Ernesto Zedillo se reunió recientemente con los embajadores de México en Europa, para instruirlos a que dieran una versión en el exterior en torno al conflicto de Chiapas. ¿Cree usted que otro punto de vista no se puede difundir en el exterior?

Siempre y cuando sea el punto de vista que defienda el interés del país y el Presidente de la República, que marca las directrices de la política exterior y de las relaciones internacionales, fue lo que hizo. Lo que me preocupa es que utilicemos el conflicto para desvirtuar a nuestro país, para no defender a nuestro país. Así lo señalo.

Por lo tanto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión Permanente y con fundamento en los artículos 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia someta a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente pronunciamiento sobre la ayuda humanitaria a Chiapas:

«Ante la situación que prevalece en la zona de Los Altos, Las Cañadas y el norte del Estado de Chiapas, en donde se advierten apremiantes necesidades en materia de salud y alimentación para los grupos desplazados, esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado a los dirigentes y líderes de esas comunidades para que antepongan la salud de sus representados, en especial de las mujeres y de los niños, por encima de cualquier diferencia de orden político, étnico o religioso que pudiera en estos momentos obstaculizar la prestación de los servicios básicos indispensables para salvar la vida y evitar males mayores a nuestros compatriotas chiapanecos.

En este sentido, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce en el Programa de Ayuda Humanitaria para la Población de la Zona de Conflicto del Estado de Chiapas, emprendido por el Gobierno de la República, un programa emergente que no excluye a nadie ni condiciona posiciones políticas o de cualquier otra índole para su puesta en práctica de manera inmediata.

La salud y por lo tanto la vida de los mexicanos debe mantenerse como el valor supremo de nuestra sociedad, por encima de cualquier posición ideológica de partidos, grupos u organizaciones y por ello debe prevalecer en estos momentos la más absoluta cordura, comprensión y solidaridad para quienes están sufriendo la adversidad del hambre, el frío y la enfermedad.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Concordia y Pacificación, dará seguimiento y atención especial a la ayuda humanitaria para las comunidades referidas.

Asimismo, en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se le dé el trámite de urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de enero de 1998.- Diputados: por el grupo parlamentario del PRI, Arturo Núñez Jiménez, Fidel Herrera Beltrán, Laura Alicia Garza Galindo, Francisco Javier Gil Castañeda, José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jaime Moreno Garavilla, Rafael Oceguera Ramos, Sadot Sánchez Carreño; senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas, Rodolfo Becerril Straffon, Samuel Aguilar Solís, José Guadarrama Márquez, José Trinidad Lanz Cárdenas, Oscar López Velarde Vega, Laura Pavón Jaramillo, Dionisio Pérez Jácome, Juan Ramiro Robledo Ruiz, José Antonio Valdivia, Mario Vargas Aguiar y Manuel Cadena Morales.»

En virtud de que la Presidencia había registrado a varios oradores, desahogaremos su turno y posteriormente someteremos a consideración de la Asamblea, en los términos del 58 y 59 del Reglamento, la propuesta que acaba de ser formulada.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo.

Gracias, señor Presidente:

Todavía no había pasado la tragedia de Acteal, cuando una manifestación de repudio por la masacre y el genocidio en Chenalhó fue reprimida y asesinada Guadalupe Pineda López, de 25 años y herida su hija, además de herido el joven Lázaro López Vázquez.

En medio del repudio y de la protesta por esta política genocida de Acteal, de este crimen de lesa humanidad, del genocidio que se ha cometido contra esta comunidad, sucede este hecho en una escena dramática, recogida por la televisión, que está dando la vuelta al mundo, una imagen que habla mucho más que discursos y miles de palabras. Un hecho que se viene a añadir a lo que de manera reiterada la fracción del Partido de la Revolución Democrática ha venido planteando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en esta comisión: en el Estado de Chiapas no hay gobernabilidad, no hay estado de derecho.

Por eso, planteamos en su momento la necesidad de que el Congreso de la Unión asumiera su papel ante esta realidad, ante la incapacidad de los gobernantes de poder establecer un régimen de pleno derecho y de poder llevar el proceso de paz a feliz término.

Reconoció o hizo una declaración a la radio el día de ayer bastante desafortunada, yo diría estúpida, el actual gobernador, señalando que los tiros fueron al aire.

No es la solución, como estamos viendo, el cambio de los que directamente son responsables en esta situación allá. La policía ha sido entrenada para ser una organización que reproduzca como parte del mantenimiento del poder, como parte del mantenimiento del cacicazgo, ha asumido y ha tenido un comportamiento criminal.

Se ha señalado a los responsables, hay inclusive ya algunos detenidos y el conjunto de la organización para la seguridad pública actúa al margen de la ley y actúa de manera criminal. tuvo que pedir el gobernador Albores Guillén el auxilio a Gobernación, el auxilio al Ejército, porque hay una banda de asesinos que se llama la policía de Chiapas y que cometieron ante los ojos del mundo, porque esto ha dado la vuelta al mundo, esta agresión que tuvo por consecuencia el asesinato de Guadalupe Méndez.

Es un reflejo también de que la actuación de esta policía que tiene que ser desarmada por el Ejército, procesada debería ser por el Poder Judicial, está reflejando eso que señalábamos, la falta de gobernabilidad. Había un gobernador implicado en los grupos paramilitares, había funcionarios priístas, diputados locales, diputados federales que existen como responsables de las bandas paramilitares.

Un Poder Legislativo subordinado y supeditado al Ejecutivo que ha sido incapaz de poder instrumentar una solución real al conflicto que se está viviendo en el Estado de Chiapas, con todos los antecedentes que aquí se han marcado.

Por eso el PRD había planteado en coordinación con el PAN, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la necesidad de que fuera el Congreso, a través de la desaparición de poderes, el que asumiera la responsabilidad para empezar a impulsar una política distinta y no encontrarnos con quién sabe qué ira a pasar. Tendremos que plantearlo aquí la próxima semana, con el hecho desagradable de un gobernador inepto que en las primeras de cambio resulta que queda en evidencia su falta de capacidad.

Pero el problema central, lo hemos venido planteando y lo vamos a seguir de manera reiterada planteando aquí, del cual yo creo que el senador Pérez Jácome y el senador López Velarde están de acuerdo, es que lo que se está impulsando en Chiapas es una estrategia de contrainsurgencia, es una estrategia que bajo la doctrina norteamericana de guerra de baja intensidad se viene impulsando desde el propio Ejecutivo Federal, es una política de Estado que desde la Presidencia de la República se está impulsando para tratar de vencer y derrotar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una política que hemos venido señalando reiteradamente, esta política de contrainsurgencia que tiene qué ver con el adiestramiento del Ejército, ha salido en la prensa nacional, en 10 meses, señoras y señores legisladores, en 10 meses en 1977, se ha adiestrado a militares en las escuelas de Las Américas a 1 mil 500 militares; de 1982 a 1996, es decir, en 14 años, se había adiestrado a 1 mil 744 militares, prácticamente la misma cantidad en 10 meses de 1997.

Aumentó el 400% en 1997 la transferencia de tecnología militar de Estados Unidos respecto a años anteriores y aumentó en 800% el presupuesto de Estados Unidos de apoyo al adiestramiento de militares mexicanos. ¿Y qué fue, vamos a seguir reiterando, qué fue lo que hay detrás de esto, a qué fueron a adiestrarse allá? Tenemos el caso del general Mario Renán Castillo, que estuvo tres años en la quinta región que fue formado en Fuerte Brag, que es doctor en sicología militar, egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Sicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de este Fuerte Brag, que es uno de los responsables durante su estancia en la séptima región de por lo menos seis grupos paramilitares de los que formaron parte de este plan de campaña que aquí denunciamos la vez pasada, el plan de campaña de Chiapas, que es el armar a los grupos civiles para enfrentarlos como parte de esa estrategia de contrainsurgencia, tomada como lo señalamos aquí también, de la guerra de Vietnam, tomada de la guerra en Centroamérica, en El Salvador y en Guatemala.

Por eso necesitamos entre otras cosas, exigir además que nos informe el Gobierno mexicano qué tipo de acuerdos en esta orientación de adiestramiento de recursos tiene con el gobierno norteamericano, para que podamos conocer exactamente hasta dónde ha llegado el nivel de compromisos.

Señalábamos aquí también que el efecto de la estrategia de contrainsurgencia busca además de armar y enfrentar a la población civil para restar base de apoyo al movimiento zapatista, a través de lo que se llama en la contrainsurgencia la sicología del terror, la masacre de Acteal es un reflejo claro, seguramente desbordado, de las bandas paramilitares que ha armado el Gobierno, del efecto que se busca al tratar de inhibir, al tratar de aislar con esta idea, tomada también de la doctrina de contrainsurgencia norteamericana, de poder quitarle al pez, al movimiento guerrillero, el agua, que es el pueblo.

Hay en esta intención, entonces, la necesidad de tener una política de cambio de fondo, no solamente de personas, no solamente de limitarse a mantener la baja intensidad del conflicto, sino de un cambio de fondo, de un cambio de estrategia, de un cambio de la política de Estado.

Por eso hemos planteado la necesidad de una salida política al conflicto, de una estrategia política a lo que está sucediendo en Chiapas, que permita buscar una solución integral.

Es lamentable, yo no quiero poner en duda la capacidad jurídica de la propuesta para atención a Chiapas de Emilio Rabasa, que haya dicho que en Chiapas todo esta bajo control. Es lamentable que el enfoque que se quiera dar al conflicto chiapaneco, sea el enfoque jurídico. En Chiapas el problema no es que no haya estado de derecho, es que las leyes que existen no son respetadas. En Chiapas existe la impunidad, existe la corrupción, existen las bandas paramilitares cobijadas por funcionarios estatales.

El problema en Chiapas entonces no es un problema de carácter legal, en Chiapas el problema es fundamentalmente político y político no queremos decir con ello partidario, sino fundamentalmente político y nos preocupa que junto con este cambio que se ha presentado en gobernación, venga gente como Adolfo Uribe o Jorge Alcocer, que sean utilizados en esta política de contrainsurgencia.

Es muy común en el Estado, fue una experiencia en Chiapas, la acotación que hicieron de Eraclio Zepeda y de Uriel Jarquí, que fueron los que habiendo estado militando en un partido distinto y con un compromiso distinto, finalmente se ensangrentaron las manos y terminaron siendo parte de los responsables de lo que sucedió en Acteal.

Esperemos que en la concepción, en la incorporación de esta gente a Gobernación no esté la idea de seguir continuando con esta política de contrainsurgencia. Se necesita pues de una solución integral.

Y mire, señor López Velarde, senador... nosotros estamos porque se fortalezca el papel de la Cocopa, estamos porque se fortalezca y que ojalá pueda buscar una solución integral al conflicto; hemos planteado la cuestión del desarme de las bandas paramilitares y aquí hemos dicho que no ha habido ni una seña clara sobre esto.

Hemos planteado la necesidad de que el Ejército se retire. Hoy aparece una declaración del Secretario de Gobernación, de que el Ejército va a permanecer porque tiene funciones de labor social. Precisamente en los manuales de la doctrina de contrainsurgencia, están las labores sociales que desarrolla el Ejército, con la finalidad de hacer acciones de inteligencia, acciones de infiltración y acciones buscando encontrar la desmoralización y base de apoyo a lo que pudiera ser el movimiento guerrillero.

Eso es exactamente lo que plantea la doctrina de la contrainsurgencia y hoy lo reitera el Secretario de Gobernación, de que no se va a retirar el Ejército, cuando... y señor senador López Velarde, lo que ahí vimos no fueron... cuando rechazaron las mujeres zeltales al Ejército...

Senador Saucedo, ha excedido su tiempo en ocho minutos, le ruego concluir.

Sí, ya voy a terminar. Lo que vimos fue la resistencia de un grupo de mujeres que están indignadas por las mentiras del Gobierno; están indignadas porque permanentemente han sido burladas, porque no se ha respetado los acuerdos. Nada más quiero recordarle el hecho, la leyenda de cómo los tuxtlas, en Chiapas, aquella leyenda de cómo prefirieron suicidarse en El Cañón del Sumidero, a ser conquistados cuando llegaron los españoles.

Yo creo que es fundamental, para la cuestión de la ayuda humanitaria, ser sensibles a cuál es el sentir por la política que el Gobierno y el Ejército han venido manejando en muchos de los lugares afectados en la zona de conflictos. Por eso lo que nosotros planteamos es que esta ayuda y obviamente es fundamental que llegue, se haga a través de la Cruz Roja, a través de una institución que efectivamente le quite ese matiz de que sea parte de la política del Gobierno que no está en la perspectiva de buscar la solución.

Por eso, pensamos que además de desarmar a los paramilitares, de la propuesta de que la iniciativa de ley para la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Creo que es fundamental; se ha señalado algunas diferencias. Creo que es parte de la solución para poder alcanzar la paz definitiva en Chiapas.

Yo espero que la Cocopa plantee una solución integral, que tenga qué ver con el cambio de poderes total en Chiapas. Se necesitan nuevas instituciones, pero sobre todo nuevos funcionarios, porque esto es parte de la situación de complicidad de lo que está sucediendo en Chiapas. Se necesita, sería muy complicado, pensar que bajo estas condiciones pudiera haber procesos electorales; se necesita que la Cocopa, como representación de los partidos y del Congreso de la Unión, trabaje en una solución que tenga qué ver también en cómo elegir autoridades directamente por la sociedad chiapaneca, pero partiendo de una solución integral.

Es cuestionante, legisladoras y legisladores, finalmente señor Presidente, lo que está sucediendo en Chiapas. Parece que cada semana vamos a tener que venir a hacer referencia de un nuevo hecho lamentable como el que acaba de pasar en Ocosingo. Es muy seguro que con la permanente intromisión del Ejército a las zonas que anteriormente estaban siendo respetadas, se pueda producir una confrontación.

Esperemos que este Congreso de la Unión, esta Comisión Permanente, representante del Congreso de la Unión, asuma responsablemente su papel y su función. Sería muy lamentable para la sociedad y para nuestro país que en lugar de buscar una solución de fondo y que la política de 180 grados que decía Rabasa sea efectivamente quitar la estrategia de contrainsurgencia para una estrategia política de solución del conflicto, sea real y no ese doble discurso que se ha venido sosteniendo de manera permanente.

Y vamos a seguir movilizándonos. No sé si ustedes pudieran ver la movilización del 12 de enero. Como ésa, estaremos convocando a una y a muchas más, todas las que sean necesarias para parar esa política de Estado que está impulsando el Gobierno Federal en el Estado de Chiapas y vamos a recurrir a la opinión pública internacional, porque precisamente no es un problema localizado en el Estado de Chiapas de uno o dos funcionarios, es una política de Estado que estamos combatiendo de fondo, que es necesario para poder dar el cambio y vamos a recurrir, no al apoyo y al auxilio...

Señor orador, le reitero que se ha excedido en 12 minutos. Le pide por favor que termine. 

Termino finalmente, señor Presidente. Hubo ahí un problema, porque yo había solicitado como parte de las intervenciones de 15 minutos.

Y vamos a seguir recurriendo a la opinión pública internacional, porque hay que detener esta política que puede llevar a la masacre, que puede llevar a que aquellos que desde el Gobierno Federal están albergando la intención de que por la fuerza se solucione el conflicto de Chiapas, necesitamos recurrir de manera pacífica, pero con mucha decisión, a la sociedad, porque será la sociedad la que pueda detener esta política de contrainsurgencia y vamos a recurrir a la opinión pública internacional, porque es, y no quisiera entrar aquí en detalles, de cómo se ha violado la soberanía nacional en materia económica, financiera, crediticia, por parte de los gobernantes de nuestro país, pero es recurriendo a la opinión pública internacional, a la que es muy sensible el Gobierno de Ernesto Zedillo, como creemos que se puede empezar a modificar esta política, no para que vengan a intervenir, sino para que conozcan y presionen, porque hay cláusulas en el convenio con la Unión Europea, de democracia y derechos humanos, que deben estar vigentes y que han sido no respetadas por el Gobierno mexicano.

Gracias, señor Presidente.

Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Oscar López Velarde.

Gracias señor Presidente, quiero hacer de nuevo uso de la tribuna, muy concreto:

Reitero que ni Chiapas ni México merece que nadie utilice a esa miseria, a la vida y a la salud de esos compatriotas nuestros, como bandera política.

Muchas veces se ha dicho que se resista con dignidad hasta la última gota de sangre o que no se reciba una atención humanitaria por dignidad, pero lo dicen los que muchas veces se han aprovechado y se han aprovechado económicamente al recibir ayudas internacionales dudosas, organizaciones que no sufren en carne propia ni son los que pueden ante una agresión perder la vida.

Yo creo que Chiapas, reitero, le urge que entre mexicanos que tenemos la capacidad y debemos de tener la voluntad política, buscar esa salida política. No internacionalicemos un conflicto que podemos resolver entre mexicanos, no busquemos la opinión pública internacional para legitimar benderas políticas. Salvaguardemos la soberanía nacional, salvaguardemos la integridad del territorio.

Chiapas tiene una salida, los mexicanos la podemos encontrar.

Creo yo que si todos actuamos construyendo ese urgente consenso que permita generar las condiciones políticas para reanudar la única salida viable, justa, digna y definitiva, que es una salida política y la política se hace entre mexicanos.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.

Con su permiso, señor Presidente:

Hemos venido escuchando, y hoy a través del senador Pérez Jácome, la verdadera historia de la política del Ejecutivo y de Estado en el conflicto de Chiapas. Ha sido persistente el deseo de involucrar y desprestigiar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en esta estrategia obviamente se encuentra el armar a grupos paramilitares.

El señor senador Pérez Jácome habló de grupos paramilitares armados por el EZLN. Este es un viejo argumento, éste fue el argumento que se esgrimió cuando en la legislación pasada se aprobó la Ley de Pacificación y Conciliación.

Señor senador, las pruebas hasta ahorita nos han indicado que son los grupos paramilitares de miembros del PRI los que están armados, no ha habido prueba alguna de miembros de grupos paramilitares armados por el EZLN y esto obviamente está muy claro, si la idea es volver a poner en la discusión la actitud y la formación del Ejército Zapatista, entonces se nos olvida la Ley de Paz, Concordia y Pacificación.

Se pregunta al orador si acepta una pregunta.

Con muchísimo gusto.

Adelante.

Hace un mes había una estadística de 105 muertos de indígenas en la zona de Los Altos, según informes de nuestros compañeros de la Cocopa, de indígenas chiapanecos de filiación no zapatista a los que ustedes llaman priístas, ¿cómo se murieron entonces?

Mire, señor senador, no nada más han muerto miembros del PRD o de los zapatistas, sino también han muerto chiapanecos, pero el argumento que está usted utilizando para decir que son grupos armados paramilitares del EZLN, yo no veo hasta ahorita que en su argumento muestre también pruebas de ello.

Curiosamente quienes han mostrado las pruebas de los grupos armados ha sido la propia PGR y han sido identificados y oigamos también las declaraciones públicas de los grupos de paz y justicia, como miembros del PRI que tienen armas. Ahí están las pruebas, señor senador.

Yo creo que esto es el punto importante, lo demás es mera especulación también, señor senador, y este argumento, repito, de utilizar el desprestigio del EZLN para crear una condición no propicia para la paz.

La ley de paz que tenemos todos en conocimiento, reconoce al EZLN como una de las partes para el diálogo. Hasta la fecha el EZLN ha estado en los territorios donde inclusive se han retirado desde aquella invasión a Guadalupe Tepeyac, el 9 de febrero de 1995.

Si nosotros vamos a seguir con este argumento no estamos dando en ningún momento dando señales de tratar de empujar la paz en Chiapas. No es un conflicto otra vez más de poner en la mesa la discusión si el EZLN es el culpable o no, lo que queremos es empujar la paz y para eso se creó y se aprobó la ley, y yo creo que ése es el marco en donde tenemos que irnos refiriendo, lo demás, repito, no está ayudando a la pacificación en Chiapas.

Para continuar. Uno de los grandes problemas en donde estamos todos los días los mexicanos inmersos, es ver la situación jurídica del Estado de Chiapas.

Vimos las escenas de policías disparando directamente a un pueblo que venía manifestándose, que inclusive la propia Constitución y la ley establece el libre tránsito y también fue violado y esas muertes no tienen de ninguna manera ninguna explicación posible para decir que fueron amedrentados o amenazados este cuerpo policiaco.

Ya no, ya no podemos seguir igual. O le entramos de verdad a una discusión de fondo, sin anteponer ni siquiera el discurso de desacreditar al Ejército Zapatista por el hecho de que tengan armas, y que ése ha sido el razonamiento que han utilizado los grupos paramilitares para armarse.

Ya tampoco es establecer una discusión en declaraciones que hace el Ejército mexicano sobre la supuesta intromisión del obispo Samuel Ruiz.

Recuerdo que en las declaraciones sacadas y forzadas por los presuntos zapatistas, que después fueron liberados, detenidos en Yanga, Veracruz, en una de sus declaraciones, que quisieran hacerlas firmar, venía la acusación de que Samuel Ruiz estaba involucrado en este movimiento. Ya no podemos seguir utilizando este argumento. Entrémosle realmente, si eso queremos, a la solución del conflicto.

Y se hablaba de la actuación del Ejército. Recientemente un grupo de diputados de mi partido, que se encuentran en la zona de conflicto, estuvieron visitando esta zona, y propiamente el diputado Marcelino Díaz de Jesús, que acaba de regresar de La Realidad, hizo una visita por aquella zona. Nos trae el siguiente testimonio:

Primero. El señor diputado fue objeto de la más minuciosa revisión en un bloqueo del Ejército, en Guadalupe Tepeyac. El señor diputado se identificó como legislador, fue violado su fuero, y aquí está, y le voy a decir por qué, señor senador. Ahí le va: si tanto revisan, mi pregunta es: ¿cómo es posible que anden grupos militares armados y no sean revisados por el Ejército?

Segundo. Señor senador, a las 11:30, en Guadalupe Tepeyac, el compañero tomó fotografías de los retenes. Fue amenazado literalmente por el capitán segundo, Efraín Guillén Huerta, prohibiéndole, prohibiéndole que tomara fotografías. A lo mejor son primos y éste es el malo.

Y yo le quiero decir, señor senador y compañeros diputados, ¿si ahora para tomar fotografias por parte de un diputado hay que pedir permiso al Ejército mexicano?

Esto es obviamente una actitud irresponsable de un elemento del Ejército.

El artículo 129 de la Constitución, establece muy claramente que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Supuestamente estamos en tiempo de paz, ustedes lo han afirmado, el señor Secretario de gobierno lo ha afirmado y el Ejército no ha cumplido con este artículo.

Compañeros legisladores: no podemos seguir hablando y discutiendo, pero aquí lo importante es, ¿qué vamos a hacer por Chiapas? No es posible que siga la cuota de sangre y no es posible tampoco que vengamos a argumentar aquí que ha sido utilizado por partido o por la Iglesia o por alguna organización. Los muertos ahí están y que se cuente. Y yo creo que esto es lo que nuestra responsabilidad, es en donde tenemos que intervenir y lo decía la otra vez: ya no podemos permanecer quietos , ya no se puede más, ya esto es una demanda de la sociedad. De nosotros corresponde si les hacemos caso o no y que en nuestra culpa también llevemos nuestra falta de interés.

Muchas gracias.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras; compañeros legisladores:

Cuando propusimos en esta tribuna el que se solicite la intervención de la Cruz Roja Internacional, lo hicimos con el propósito de que, una realidad lacerante sea superada, no proponemos un intervencionismo que afecte a la soberanía nacional o que afecte la toma de decisiones económicas, que sólo a los mexicanos les corresponde. No proponemos la firma de cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional ni proponemos tampoco que se hipotequen los fondos petroleros a cambio de préstamos de emergencia.

Lo que proponemos es que para abatir las emergencias en materia de salud y alimentación, se solicite la intervención de un organismo internacional con prestigio reconocido.

Si usted, senador Pérez Jácome, piensa a futuro, sea usted quien haga la respuesta que mencionó de los "Cascos Azules". No ponga en nuestra boca palabras que no mencionamos ni ideas que no expresamos. Y por que queremos que se despolitice la ayuda humanitaria, es por lo que hacemos esta propuesta, para que no vayan funcionarios de salud, con pretensiones presidencialistas a tomarse la foto con los indígenas chiapanecos y que entonces si se vea como una actitud de aprovechar el dolor...

Diputado Oceguera, permítame el orador, ¿si le acepta una pregunta al diputado Oceguera?

Claro que sí.

Sí, adelante.

Señor diputado Cantú, usted está argumentando a favor de que el Gobierno de la República, no otorgue ayuda humanitaria a los indígenas de la entidad chiapaneca, que bien sabemos se encuentran desplazados y padecen condiciones muy lacerantes de pobreza extrema y de miseria también extrema.

Dice que el Gobierno de la República lo que busca con su presencia, es la fotografía, seguramente para ganar créditos de una manera indebida, así entiendo su razonamiento. Yo he visto que lo mismo Cuauhtémoc Cárdenas que Muñoz Ledo, van a tomarse fotografías auténticamente con el comandante Marcos, que es el cabecilla del ejército que se dice en rebelión. ¿Usted cree que esta toma de fotografía, por parte de los líderes del Partido de la Revolución Democrática, son votos auténticos para la solución del problema? ¿Cree usted que este tipo de actitudes, no contribuyen más a partidizar el problema, de la actitud noble, sincera del Gobierno de la República, de hacerle frente al problema de los desplazados, que nos ha conmovido a todos desde el punto de vista humano?

Si, compañero diputado Oceguera. Nosotros no nos oponemos a que el Gobierno Federal, estatal y municipal, lleve a cabo su labor de asistencia de ayuda humanitaria, simplemente lo que estamos aquí señalando, es que reconozcamos una realidad. Hay comunidades, hay un sector en Chiapas, que por los conflictos que se han dado, ve con desconfianza a las instituciones federales como al Ejército, a las instituciones como las de salud y no acepta esta ayuda humanitaria.

Entonces, en este caso tenemos que recurrir a otras instituciones, que no tengan este problema y que puedan acceder a estas comunidades indígenas y puedan brindar, mediante apoyo para salud y alimentos esta asistencia humanitaria.

En ese sentido es nuestra internación, no nos oponemos a que se haga. Si pensamos que se puede hablar más de politización, cuando lo hace algún funcionario público que tiene toda una carrera política y que se toma fotografías etcétera. Pero, sin embargo, bueno, no nos estamos oponiendo a que se haga, sino en esos casos pensamos que se puede hablar de politización. No en el caso de la intervención de la Cruz Roja Internacional...

Señor Presidente.

Senador, ¿con qué propósito?

Pregunte al orador si acepta una pregunta.

Si.

Muy breve, señor diputado. ¿Estaría usted de acuerdo en que fuera la Cruz Roja Mexicana la que participara en proporcionar esta ayuda humanitaria, la Cruz Roja de México?

Bueno, nosotros hablábamos de la Cruz Roja Internacional, en virtud de su participación en otro tipo de conflictos así difíciles, como en el caso de El Salvador o Nicaragua. Si la Cruz Roja Mexicana pudiera cumplir con esa función, obviamente que nosotros estaríamos de acuerdo.

Para terminar mi exposición, solamente señalamos que consideramos que se deben de tomar decisiones políticas y oportunas. Una de ellas debe de ser ordenar al Ejército el cumplimiento estricto del alto al fuego y de su repliegue a las áreas acordadas y que hoy ya no se están respetando.

Por último, compañeros legisladores, voy a hacer entrega a la Presidencia del escrito donde también solicitamos, al igual que el grupo parlamentario del PRI, que por urgente y obvia resolución se pida la intervención de la Cruz Roja Nacional o Internacional, a efecto de que pueda llegar esa ayuda humanitaria a las comunidades indígenas de Chiapas, que actualmente se están negando a recibirla, de las diferentes instituciones gubernamentales.

Para hacer una proposición, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Martín del Campo.

Sobre la base de las consideraciones que hemos expuesto aquí en tribuna a los legisladores del PRD, en coincidencia con legisladores de otras bancadas en relación a que somos partidarios de la búsqueda de todos los caminos que nos conduzcan a una solución negociada, pacífica y que obtenga también resultados benéficos para la población chiapaneca, nosotros hacemos la siguiente proposición:

"Por lo anteriormente expuesto, los argumentos que hemos dado aquí de la necesidad de buscar una salida negociada y pacífica, con justicia y dignidad y con fundamento en los artículos 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia someta a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Los grupos parlamentarios representados en esta Comisión Permanente, condenan enérgicamente la agresión sufrida por los pobladores de Ocosingo, Chiapas, a manos de agentes de la Policía de Seguridad Pública del Estado, en donde murió la indígena tzeltal Guadalupe Méndez López y otras personas más resultaron heridas.

La agresión sobre ciudadanos inermes enturbia más el clima político en la entidad, necesario para restablecer el diálogo y sentar las bases para la paz en Chiapas.

En consecuencia, solicitamos se aplique todo el rigor de la ley contra los responsables de estos hechos."

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jaime Moreno Garavilla.

Con la venia de las damas aquí presentes; compañeros legisladores. Con su venia, señor Presidente:

En medio de múltiples narraciones que intentan explicar ya su realidad, ya la exégesis de su conflicto, en medio de elaboradas consideraciones y de algunas, muy pocas por cierto, propuestas concretas de solución, aparece Chiapas en nuestros días.

Ese mismo Chiapas que estremece a la nación en el contraste elocuente del verbo libertario de Belisario Domínguez y del ignominioso y lacerante silencio que surge de sus selvas, de sus ríos y de su entrañable riqueza. Hoy, nuevamente teñida de rojo en Chenalhó y en Ocosingo.

Ya no es el Chiapas al que aludiera el poeta Casahonda, aquel que pudo haber brotado impetuoso del mar ebrio de espuma o del vientre cósmico de una aurora. Ya es el Chiapas que reclama la atención de los mexicanos, independientemente de la postura ideológica que asuman éstos, de los intereses partidistas que les caractericen, a recordar que nosotros desde 1813, en el Congreso de Anáhuac hemos pugnado históricamente por erradicar la indigencia, por moderar la opulencia. El Congreso de Querétaro pugnó por la justicia social, síntesis teleológica de nuestra Carta Magna, la vigente hoy en nuestros días.

Erradicar indigencia, moderar opulencia. Justicia social causa determinante, factotum reconocido por propios y extraños de los lacerantes conflictos que hoy preocupa a los mexicanos, que hoy nos preocupa a todos los que estamos aquí y los que están allá afuera.

Hechos que implican verdaderos registros cruentos en las páginas de la historia del libro nacional. ¡45 muertes! ¡Se supone muchas de ellas infringidas por la espalda! ¡A mujeres menores y a mujeres mayores: cuatro de ellas embarazadas! ¡Esto: la barbarie pura! ¡Evidentemente que genera la animadversión y reprobamos todos estos hechos, que advierten una característica y un registro que los mexicanos no merecemos que a nivel interno y que no vamos a aceptar a nivel externo!

Pero permítaseme aludir a esto que poco se ha escuchado en esta tribuna de la Comisión Permanente: a la necesidad ya no de traer narraciones y consideraciones, sino a la obligación moral que tenemos para formular propuestas viables. No que empujen a la paz sólamente, sino que la atraigan.

¡Propuestas que nos permitan defender como mexicanos la justicia y la libertad! ¡Recuérdese al célebre ginebrino Juan Jacobo Rosseau: "pueblos responsables, nunca olviden esta máxima eterna: La justicia y la libertad pueden costar sangre, se pueden adquirir con sangre, pero jamás se puede recuperar cuando los pueblos después de haberlas adquirido las dejan perder inocentemente"!

Una propuesta, pues, para que justicia y fundamentalmente me refiero en esta ocasión a la justicia social, cristalice en aquella zona de nuestro país y en donde pueda por ende florecer la libertad.

Se ha hablado de conflicto. Donde hay conflicto y la causa determinante son los grupos armados.

Compañeras y compañeros: ¡hay que desarmar a esos grupos! ¡Se tiene que proceder evidentemente al desarme de esos grupos, sea del signo que fueren! ¡Se tiene que aplicar la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos! La que por cierto no se escapa de la necesidad de revisar con conciencia moderna todo nuestro estado de derecho.

Hay en la citada ley, en la fracción II de su artículo 9o., una consideración que permite mantener a los ejidatarios, a los comuneros, con armas a las que se refiere el propio artículo 9o., simplemente con la sola manifestación de que pueden poseerlas o de las que poseen o las portan, una disposición que evidentemente fue construida para un tiempo y para un espacio distinto al que hoy por hoy vivimos en México. Hay necesidad de revisar disposiciones como ésta, pero fundamentalmente tenemos que realizar lo necesario para provocar el desarme, decía, de unos y de otros.

Después, en el seno de la Comisión de Concordia para la Pacificación, que ha sido la instancia pluralmente acordada para poder gestar la paz en Chiapas, que se discuta, que se analice con seriedad técnico-jurídica, con responsabilidad social y política, la conveniencia de un nuevo arreglo a la propuesta de reforma constitucional, que es, sin duda, la parte en la que se ha reconocido la suspensión del diálogo, una suspensión cuyo costo político y social evidentemente ha sido muy elevado; una nueva redacción, una nueva propuesta surgida de la Cocopa, para resolver esta incorporación de los derechos y de la cultura indígena a nuestro estado de derecho, sí, pero con respeto al estado de derecho, en donde haya respeto a la autonomía, sí, pero donde se advierta que la autonomía es capacidad de autodeterminación simplemente, no implica capacidad de autolimitación.

Inmediatamente después que se esclarezcan los hechos, que se deslinden responsabilidades y producto de las investigaciones que ya están en curso a partir de la Procuraduría General de la República, se sancione a los responsables intelectuales y materiales. Pero fundamentalmente, y que no se nos olvide esto, que haya responsabilidad en las declaraciones de todos los actores que tienen qué ver con la solución al conflicto.

Hay necesidad de recordar que una declaración hecha sin el sustento de pruebas contundentes, oponibles ante el veredicto de la opinión pública nacional, es rayar en la irresponsabilidad y lo que México hoy menos ocupa es irresponsabilidad de los actores que tienen la responsabilidad y la encomienda moral y jurídica de participar en la solución del conflicto.

Y definitivamente unos y otros nos sumamos a que si hoy queremos el respeto del Concierto de las Naciones, tenemos que ganárnoslo hoy. Hoy los mexicanos queremos ejercer nuestra capacidad de autodeterminación, sí y nuestra capacidad de autolimitación también, es decir, queremos ejercer nuestra soberanía. No acudamos a instancias del exterior que en un futuro quizá intenten, por haber acudido hoy, tener injerencias mañana en la vida político-jurídica del país.

Efectivamente, señoras y señores legisladores, los mexicanos somos capaces de discutir entre nosotros, de ponernos de acuerdo entre nosotros, de construir entre nosotros y de defender entre nosotros las benditas instituciones que han sido forjadas a base de hombres, de los mejores hombres, de las mejores luces y de las mejores instituciones, desde que México nació a la vida independiente en 1821. No acudamos en este momento a esas instancias y propongamos con conciencia, con responsabilidad social, una oferta de solución al conflicto que a todos, a todos nos preocupa por igual.

Habiéndose agotado la lista de oradores, vamos a proceder...

Adelante. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para rectificar hechos, el senador Mario Saucedo.

Quisiera, a partir de la intervención del senador López Velarde, dejar claro cuál es nuestra posición.

Nosotros no nos oponemos a la ayuda humanitaria, creemos que es a la mejor un poco tarde, porque esta estrategia de contrainsurgencia que yo mencionaba en mi intervención, parte es esta idea de la tierra arrasada, aldeas estratégicas, fue una política provocada, los desplazamientos son producto de esta estrategia y estamos de acuerdo en que es necesario y fundamental que les llegue la ayuda humanitaria, no lo queremos usar como bandera política ni mucho menos y planteamos, estamos de acuerdo también en la idea de que pudiera ser la Cruz Roja la que sea el organismo que interceda para que lleguen directamente a través de la Cruz Roja todos los apoyos que está requiriendo la población. Yo creo...

Permítame el orador.

Señor legislador, ¿con qué propósito?

Para hacer una pregunta al orador.

¿Acepta usted una pregunta?

Con mucho gusto.

Señor senador Saucedo, le agradeceré a usted precise si es la Cruz Roja Mexicana o Internacional.

La Cruz Roja Mexicana y también está la Cruz Roja Internacional, pero yo creo que la Cruz Roja Mexicana puede perfectamente cumplir con esta función.

Yo creo que sobre el asunto, no internacionalicemos el conflicto; mire, señor senador, quien ha internacionalizado el conflicto no somos nosotros, ha sido la política que se ha impulsado en el Estado y quizá ha sido reflejada a través de los medios de comunicación, la situación que vive el Estado de Chiapas, la masacre de Acteal, los hechos de Ocosingo, son los que están dando la vuelta al mundo y están poniendo en entredicho a la buena voluntad que supuestamente está manifestando el Gobierno.

Nos preocupa, por ejemplo y aquí ya lo he manifestado abiertamente, que exista este grupo de fuerzas especiales que se llama Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, que estuvo presente en Chiapas...

Permítame el orador

¿Con qué propósito, diputado Oceguera?

Para hacer una pregunta al orador.

Sí, cómo no.

Adelante, diputado Oceguera.

Señor senador, aquí ha habido consideraciones muy graves hechas públicas por parte del diputado López Velarde, en el sentido de que diputados, supongo yo que del PRD, han acudido a Europa, entiendo a la Reunión del Parlamento Europeo. Usted dice que el PRD no busca la internacionalización del conflicto, yo voy a ser muy directo en mi pregunta: ¿el PRD ha enviado diputados al parlamento europeo, quiénes son y con qué objeto los ha mandado? Por favor, senador Saucedo, senadores también.

Es una información pública, no tengo por qué estar ocultando, le contesto que está el compañero Carlos Heredia, diputado, está el diputado Pablo Sandoval, perdón Pablo Gómez y efectivamente están allá en la Unión Europea y estamos discutiendo la posibilidad de ir a la ONU y a la OEA, precisamente porque estamos preocupados que estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra la población, se sigan manifestando.

Es lamentable que a pesar de haber sido lo que aquí denominamos también como una crónica ampliamente anunciada del asesinato de Acteal, no solamente no se haya reparado esta política, se haya modificado, sino que se haya propiciado e impulsado. Se echaron a andar bandas de criminales que no vemos que se paren, es la denuncia que hemos estado haciendo y necesitamos, porque son crímenes de lesa humanidad, recurrir a la opinión pública internacional, no para que intervengan en conflictos, sino para que presionen al Gobierno mexicano a que modifique esta estrategia de exterminio que se está desarrollando en Chiapas.

Nos preocupa, por ejemplo y lo he dicho aquí, que este grupo especial de fuerza... aerotransportado, de fuerzas especiales que operó en San Juan de Ocotán, Jalisco, hicimos la denuncia aquí, están detenidos 18, que hayan operado, que hayan torturado y que hayan asesinado al joven Salvador Jiménez, que le hayan cortado la lengua, que hayan sido salvajemente torturados los 19 jóvenes restantes; que ése grupo especial, de fuerzas especiales, está dentro de la doctrina de contrainsurgencia que el señor Mario Renán Castillo llevó a implementar en la región séptima en Chiapas, sea la manera como nos estamos vinculando a Estados Unidos, que el propio Mario Renán Castillo, doctor en sicología y de la doctrina de la contrainsurgencia formada en Fuerte Bragg, haya establecido los mecanismos y el desarrollo para esta política de contrainsurgencia en Chiapas.

Por eso queremos ser reiterativos ante esta situación. Lo que está dando vuelta al mundo no es lo que está diciendo el PRD ni lo que están diciendo las fuerzas políticas, sino los hechos que aquí hemos venido condenando todos y que es necesario modificar la política. Nosotros no estamos atentando contra la seguridad nacional, senador López Velarde, sino están atentando, los que están lastimando los derechos humanos, la integridad, la misma vida en el Estado de Chiapas.

Sería lamentable que en algún momento aquí estemos denunciando una nueva masacre y externemos solicitando, como nos sucede en los conflictos en muchos países, porque lo que puede dividir al país no es aprobar la autonomía que está planteada en la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indios; lo que está dividiendo al país, lo que está balcanizando al país, es esta estrategia de contrainsurgencia que está armando grupos paramilitares para enfrentar a la sociedad civil.

Eso es lo que está dividiendo, eso es lo que está golpeando a la soberanía nacional y que tengamos que llegar, para parar esta guerra, nosotros hemos dicho que vamos a hacer cuantas veces sean necesarias, las movilizaciones aquí y en Chiapas, en el mundo. Sería importante que se dieran cuenta que el conflicto de Chiapas no se puede encerrar ni en cuatro municipios ni en el Estado de Chiapas. Eso está presente en la opinión pública internacional, que vamos a seguir movilizándonos para parar esta ofensiva del Gobierno y para que efectivamente exista un cambio real en la estrategia.

Creo que nuestra obligación como legisladores, como partidos políticos, como ciudadanos, es tocar todas las puertas que puedan permitir cambiar esta política, a través de la resistencia civil, pacífica. Estaremos movilizados, estaremos demandando que se respeten y que se cumplan las demandas y lo que se necesita para llevar una paz digna en Chiapas.

Gracias señor Presidente.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, solicita la palabra el diputado Jesús Martín del Campo. La tiene.

Muy brevemente quiero fundamentar, porque sí ha sido una inquietud a partir de la intervención del legislador López Velarde, miembro de la Cocopa, se ha planteado un asunto que pudiera no quedar claro: nosotros estamos en la ley, cuando salimos como legisladores o como miembros de nuestro partido y en intercambio con otros legisladores, podemos brindarnos información.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: en esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la unión.

México ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, de prevención y sanción del genocidio, de derecho a la información y otros sobre temas los cuales podemos tratar los legisladores del PRD cuantas veces así lo creamos conveniente, en el marco del respeto a nuestras normas, a nuestras leyes. Estas tienen valor legal en todo el territorio nacional, reitero y a la vez crean un compromiso de nuestro país con la comunidad internacional, en este caso centralmente se trata de cuestiones de información y de intercambio de la misma acerca del respeto a los derechos humanos y de la posibilidad de que se esté configurando una política genocida.

Señor Presidente, por favor pido la palabra.

¿Con qué propósito senador?

Para preguntar al orador si acepta una pre gunta.

Sí señor.

Adelante, señor senador.

Señor diputado Martín del Campo, ¿no considera usted que si en un conflicto hay dos partes, el EZLN y el Gobierno Federal, como lo considera la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, le quisiera preguntar si antes de acudir a la ONU, a la OEA, al Parlamento Latinoamericano, a la Unión Europea, por qué o cuándo su partido ha intentado tener una comunicación con el EZLN, que sería de mucho provecho en México y no en el extranjero?

Sí, permanentemente nos ha intentado denunciar alguno de los legisladores del PRI de si se tomaron la foto dirigentes del PRD con el subcomandante Marcos; también miembros enviados del Gobierno se la han tomado, negociadores y no se ha resuelto el conflicto y los negociadores del gobierno van con esa misión. Ha habido contacto, se busca en el respeto a la acción de la Cocopa, usted es miembro de ella, se han acordado incluso que se esté buscando el contacto permanente y así lo hacen, con el EZLN, es su función y los miembros de nuestro partido activamente, junto con usted, han estarlo buscando, a menos que usted haya rechazado esa posibilidad, el contacto con el EZLN; todos lo hemos impulsado, estamos aquí acordando que la Cocopa tenga un papel activo y una de sus funciones centrales era estar en contacto con el EZLN.

Se ha roto éste en muchas ocasiones porque no se ha respetado lo que ha firmado el Gobierno en San Andrés.

También existe una declaración interparlamentaria suscrita por el Parlamento Europeo y el Congreso mexicano, del 26 de noviembre de 1997. Entre sus principios plantea que las delegaciones del Congreso mexicano y del Parlamento Europeo ratifican su total adhesión a los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la declaración universal de los derechos humanos.

Sobre cooperación, ese acuerdo interparlamentario dice que esta cooperación se desarrollará con base en los siguientes criterios: intercambio de experiencias entre parlamentarios de ambas partes y debate conjunto de las cuestiones relativas a las relaciones entre México y la Unión Europea.

Los objetivos de nuestra legislación, de nuestra comisión de legisladores y dirigentes del PRD que van a Francia, para tener el dato concreto que pedía un legislador del PRI, a Francia, Inglaterra, Italia, España, Alemania, Bélgica y Holanda, coinciden con el espíritu, los principios, los criterios del acuerdo firmado en fecha reciente por el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo, en particular en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de los intercambios de experiencias entre parlamentarios.

Está claro que hemos conocido, ya por el papel de los medios, de otras cuestiones de falta de respeto a los derechos humanos, por ejemplo de nuestros connacionales en Estados Unidos, cuando a través de televisoras y de materiales filmados por los trabajadores de estas televisoras, se conoce de un asunto internacional. Ya tiene rato, antes de que llegaran los legisladores del PRD y dirigentes del PRD, que en Europa saben, sólo con la diferencia de que se emite el producto filmado por una televisora y el que se prende el televisor allá en Europa; de las televisoras principales de este país se ha conocido tanto lo que venía pasando antes de la masacre de Acteal por una de las televisoras, como lo que sucedió ayer en Ocosingo por otra de las más importantes televisoras de este país, entonces eso ya está internacionalizado desde antes y además el Gobierno está muy preocupado por dar ideas de una situación de que todo está bajo control.

Eso lo han dicho muchos funcionarios del Ejecutivo y lo hemos estado diciendo reiteradamente aquí, y ha salido en la prensa. Nosotros no hemos distorsionado la información; quien ha distorsionado la información es en buena parte el equipo que está destinado a resolver el conflicto, cuando se preocupa más de imágenes simuladas de que todo está bajo control y no está bajo control y la vigilancia del respeto a los derechos humanos sí puede ser un tema de discusión de intercambio de experiencias entre legisladores de distintos partidos.

Lo que quizá no les agrade a los del PRI es que no van, pero con todo gusto podríamos ir juntos a dar, si ustedes están de acuerdo, nada más que nosotros no esperaríamos la línea del Ejecutivo, sino que si ustedes gustan vamos juntos, puede ir toda la Cocopa y estaríamos de acuerdo, pero no pueden cancelar el derecho que tenemos ni tratar de encajonarnos y distorsionar nuevamente o poner una cortina de humo sobre el fondo del asunto que no está resuelto.

Muchas gracias.

¿Con qué propósito, diputado Monreal?

Para rectificar hechos.

Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Monreal, hasta por cinco minutos.

Gracias, señor Presidente:

Solicité el uso de la palabra por las últimas intervenciones y debo de decir que coincido con la apreciación última que expresara el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

El problema y el asunto de Chiapas es mucho más de fondo como se quiere plantear o se pretende plantear. En lo que no se discute, y no habré de discutir, es en el derecho que se tiene por parte de los legisladores a salir del país a visitar otros parlamentos, otras asambleas u otros organismos internacionales.

Lo que me parece francamente incongruente y absurdo son las expresiones que hoy salen publicadas de alguno de los que habrán de acudir a Estrasburgo, a Brucelas, a Francia y a otras partes de Europa.

Dice él que México no es un socio confiable ni en materia comercial ni en materia cultural ni en materia económica. Decir y afirmar que nuestro país no tiene viabilidad económica me parece verdaderamente grave, peligroso y preocupante que se diga por un legislador del partido que sea.

Me parece incluso que es contrario a la lógica de cualquier mexicano salir del país a denostar al país. No me parece lógico, no me parece congruente, no me parece sensato.

Yo me sentiría muy mal, y creo que deben de sentirse muy mal quienes, aprovechando estos acontecimientos que hemos condenado, que hemos lamentado, acudan a desprestigiar al país. No sólo un partido político, estoy de acuerdo que esto es una estrategia, y nosotros incluso como militantes de un partido político debemos de reconocer la dinámica de los medios de información y la dinámica política nos ha rebasado y sí es pertinente aclarar que como estrategia política nos preocupa que pareciera no tener límites, no tener fronteras ni éticos ni nacionalistas ni morales.

La táctica política de cualquier partido siempre habré de respetarla. No tengo por qué coincidir ni por qué compartir estrategias y tácticas de otros grupos parlamentarios, pero lamento profundamente, estoy preocupado por los efectos y las consecuencias que provocarán en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia política, en materia de relaciones internacionales con otras naciones.

Debo de decir, porque aquí se da por sentado en que todos los indígenas de este país, todos los indígenas chiapanecos apoyan al EZLN. Eso es una falsedad.

Es tiempo de decirlo y es tiempo de señalarlo a todos los mexicanos y a la comunidad internacional, que en Chiapas también existen comunidades y grupos indígenas que no apoyan al EZLN, y ahí está el problema social y ahí está el problema de los desplazados y ahí está el problema de los homicidios condenables y de los enfrentamientos estériles interétnicos.

A estos indígenas que no comparten la opinión y un movimiento que surge por razones, que no quisiera entrar al fondo de la justificación o injustificación de ellos, pero que se les ha negado la voz en muchos de los medios de comunicación. Su postura, su opinión sus creencias, no han merecido los mismos espacios que aquellos que simpatizan con la lucha armada del EZLN, sobre todo espacios internacionales y medios de comunicación fuera del país.

Nosotros nos preguntamos: ¿por qué el dicho de los indígenas que no apoyan al EZLN, no se les da la misma cobertura y la misma credibilidad que se le otorgó al dicho del subcomandante, que asegura es la voz de los indígenas? Quizá la respuesta sea harto sencilla: porque esos indígenas no tienen una estrategia maestra, sofisticada de medios ni una red tan amplia de difusión ni la elocuencia con la que se expresan sus dirigentes.

Miren ustedes, compartía las versiones de algunos sociólogos y antropólogos que estuvieron en la zona del conflicto y me decían que verdaderamente es preocupante lo que está sucediendo.

Si no asumimos una actitud de serenidad, de prudencia, me temo que seguiremos enrareciendo el clima político y social de Chiapas.

¿Cómo es posible que hoy se intente prácticamente dictar una condena y una sentencia contra los priístas, que somos los responsables de armar los grupos paramilitares? ¿Cómo pueden encasillar, unos y otros indígenas, los indígenas buenos y los indígenas malos? ¿Cómo se puede resolver el asunto de fondo? ¿Cómo es posible tolerar y permitir expresiones desafortunadas y exaltadas de quienes encabezan las iglesias o las agrupaciones religiosas? ¿Cómo no contribuir a distensar el conflicto? Ese es el problema de fondo. ¿Cómo aportar nuestros mejores elementos para que esto no siga manejando encono, profundizando rencor y provocando mayor odio entre los indígenas? ¿Cómo es posible que sigamos en tesis encontradas y en posiciones totalmente dispares en una sola realidad que es Chiapas? ¿Qué justificación existe por negarse al apoyo humanitario? No lo entendemos.

Y yo, se los digo con toda honestidad, cuando reviso los documentales que estos días lo he revisado, cuando veo a muchos de los compañeros indígenas leyendo una tarjeta en lo que deben de declarar y cuando veo sus expresiones, no dejo de preocuparme y no dejo de lamentar lo que está sucediendo.

Por eso, termino, señor Presidente, me parece oportuno el llamado, pero mientras sigamos haciendo crecer el abismo entre unos y otros, mientras privilegiemos el interés partidista por el interés por la nación, mientras sigamos alimentando odios, rencores, confrontaciones, me temo que ésa no es la salida correcta y sí nos conduce a un camino sin retorno.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos y hasta por cinco minutos.

Con esta lluvia de patrioterismo, el Partido Revolucionario Institucional, nos sorprende. Hace tiempo el Partido Acción Nacional recurrió a organismos internacionales para denunciar un fraude. Se rasgaron las vestiduras de porqué se hacía eso. Antes tenían ustedes el monopolio de la información hacia el exterior y lo que el mundo conocía era la versión, única y solamente de una de las partes, una información tergiversada, sesgada, pero que acontecía en el país, pero eso se acabo, señoras y señores legisladores, el mundo tiene el derecho de conocer las distintas versiones y las distintas informaciones de lo que acontece en el país.

Y es válido ir a hacer denuncias internacionales de la defraudación electoral, cuando ésta se comete y es válido también que los distintos actores políticos del país, vayan a dar su punto de vista a las instancias y a los organismos con los cuales México ha firmado convenios, precisamente en materia de defensa de derechos humanos. ¿Por qué se tiene que recurrir?

Cuando Salinas declaró la guerra, iba a hacer una matazón de indígenas. Solamente la presión internacional y la gran solidaridad de la opinión pública pudo detener ese hecho.

Cuando Zedillo tomó el papel de Ministerio Público y giró órdenes de aprehensión, con toda la provocación que esto encerraba y la agudización del conflicto, solamente la presión internacional y la opinión pública de nuestro país, pudo detener ese grave error.

¿Qué nos dejan, señoras y señores legisladores del PRI? Si ustedes cierran totalmente los espacios, donde se puede encontrar y buscar una solución concertada. Incluso reniegan de las facultades que esta Comisión Permanente puede tener y puede ejercer. ¿No les propusimos acaso que se convocara a un periodo de sesiones extraordinarias del Senado, para que en un ambiente de concordia, de consenso, se pudieran restablecer los poderes en el Estado de Chiapas? ¿Y no viene la decisión vertical? Sin ningún ápice de querer concertar absolutamente nada.

¿No les hemos propuesto, reiteradamente, que se convoque al periodo de sesiones del Congreso, para discutir las modificaciones constitucionales y podamos plasmar los acuerdos en materia de derechos y cultura indígena? Una negativa absoluta de total cerrazón.

Y mire, señor diputado Monreal, ¿cuál sería la mejor muestra de buena voluntad para dejarnos de tanta demagogia?, que el Gobierno honrara su palabra en lo que firmó, ése es el punto de partida que tiene a nosotros estancados en un conflicto que cada día se descompone más.

La muestra de buena voluntad tiene que venir del Ejecutivo y el primer paso, el paso elemental, es honrar la palabra que empeñó y en la que estuvieron de acuerdo todos los actores que están participando en el conflicto de Chiapas.

Pero es el lenguaje guerrerista que tienen los diputados del PRI, un lenguaje que se ha vuelto razón de Estado. Eso es lo que nos preocupa, porque lejos de distender las cosas, las hace mucho más conflictivas.

Se vienen a quejar de por qué solamente unos indígenas tienen voz, pero nunca levantaron la mano para decir, después de tantos años, a los indígenas de Chiapas nadie los escuchó.

Y es grave que haya habido necesidad de un conflicto armado, para que nosotros mismos, incluso, nos sensibilizáramos de qué es lo que está pasando allá. Eso sí es grave. Mucho tiempo estuvieron sojuzgados, sin posibilidad de tener acceso ni a los medios. Qué malo que el vehículo haya sido el estallamiento armado; pero qué bueno que hoy se conozca en el mundo entero cuál es la realidad lacerante que existe en esta entidad.

Que los otros no han tenido voz, lo han tenido y han tenido poder, el poder de los finqueros, el poder de los caciques, la base de la estructura con la cual se sostiene el gobierno en la zona de conflicto.

No nos rasguemos las vestiduras con tanto patriotismo, que a ustedes, señores del PRI, son a los que menos les queda.

No ha entregado el país prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito cultural; ¿no han suscrito primero los convenios financieros y económicos en las oficinas de Washington y después los traen aquí a nuestro país?

Se les acabó el monopolio de la política exterior, y hoy tanto el PAN como el PRD, como todos los organismos y como cualquier ciudadano, tiene la obligación y además el derecho de ir a difundir lo que considera que es la situación que atraviesa México.

Esa demagogia y esa idea de aparecer ante la opinión pública como los defensores de la soberanía, yo creo que a los que menos les queda son a las legisladoras y a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal.

Gracias, señor Presidente; señores legisladores:

Solicité el uso de la palabra para contestar alusiones personales.

¡No!, señor diputado, si para usted es patrioterismo estar preocupado por la economía del país, si para usted es patrioterismo intentar evitar que se hable fuera de mi país en contra de mi país; si para usted es patrioterismo aprovechar la coyuntura lamentable y desagradable para denostar, atacar, calumniar, vituperar a nuestro país, para mí simplemente ésta es una actitud seria, de reflexión incorrecta.

No puedo aceptar tanta violencia verbal, no puedo aceptar tanta violencia en la expresión. Cómo se puede llegar a caminos de entendimiento cuando de entrada se descalifica la expresión y la opinión de uno de los integrantes de la Permanente.

Mire usted, recordaba a un autor que decía, un autor clásico, alemán, sobre derecho político, que decía que: "la descalificación es la actitud más torpe para poder eliminar o intentar eliminar al adversario".

Yo creo que no, diputado. Usted y yo podemos compartir puntos de vista, pero no lo hagamos con intransigencia, no descalifiquemos, escuchemos razones, escuchemos argumentos.

Usted y yo provenimos de una región, quizá más pobre que la de Chiapas, usted y yo provenimos de Zacatecas y la región del semidesierto; está, quizá, en peores condiciones.

Y le voy a decir otra cosa: no se vale, de ninguna manera se vale, que las expresiones a manera de reflexión hechas aquí, las califique de demagógicas. Eso no es posible, porque en tal sentido, diría, viceversa, que la demagogia es la que ustedes utilizan, que la demagogia es la que han intentado armar como estrategia y que ahora una región de un Estado del país está totalmente internacionalizada.

Veremos los efectos, veremos las consecuencias. Yo puedo debatir con usted ésta y otras tesis, porque todavía sostengo y existe un documento, en el que en los últimos días he estado escribiendo y revisando analistas internacionales, extranjeros y nacionales, en donde el problema de Chiapas no termina con el reclamo indígena. En que el problema de Chiapas es más allá de este tipo de verborrea. En que el problema de Chiapas no es sólo el reclamo legítimo de los indígenas y de los rezagos tan graves y lacerantes que existen en esta parte del país.

Ahí hay otro asunto más delicado. Ahí hay petróleo. Ahí hay energéticos. Ahí hay agua. Ahí hay selva. Ahí hay intereses. Ahí hoy más que nunca la lucha está por los mercados.

Podrá parecerle a usted demasiado arriesgada mi aseveración. Simplemente es una hipótesis que usted debe de respetar y que estoy dispuesto a discutir con mayor profundidad y mayor seriedad.

Es hora ya de decir: que no se vale la manipulación. Es hora de decir que no se vale lo que se está haciendo: mayor confrontación, mayor odio, mayor violencia.

Dicen los indígenas en Chiapas y ayer hablaba con algunos de ellos por vía telefónica: "¿por qué, por qué aquí en la comunidad hay unos a los que se les permite traer armas? y, ¿por qué no todos entramos a un proceso de pacificación y mostramos la buena fe y la buena voluntad de entregar las armas?".

Es muy discutible desde el punto de vista jurídico y constitucional si la ley autoriza el que mantengan las armas, independientemente de las expresiones del Secretario de Gobernación, que hace unos días emitió. Yo tengo mi tesis y mi criterio, pero me parece que en este momento ya tenemos que buscar todos que Chiapas logre la paz digna, que Chiapas integre, realice, promueva un diálogo incluyente, un diálogo en el que todos participemos, un diálogo en que dejemos a un lado la descalificación, que dejemos a un lado el odio. Esta virulencia que a nadie ayuda y que sí en cambio va alimentando más y más los espíritus exaltados, que siempre, por cierto, conducen a la destrucción a la República.

Por eso, sí nos pronunciamos como grupo parlamentario porque concluyan las agresiones, porque ya concluya de una vez y para siempre la acusación permanente, sistemática, en contra del PRI. Porque se deje a un lado este tipo de protagonismos como los que ahora ustedes incluso, rebasando fronteras, estarán en Europa.

Yo eso no lo condiciono ni estoy en contra. Ustedes sabrán su estrategia, ustedes habrán de valorarla y los mexicanos van a valorarla. Los ciudadanos mexicanos seguramente van a valorarla.

¡No la descalifico, fíjese usted, llego hasta esa expresión!

Es que ahí el diputado Paoli y Bolio. Pero mire usted, señor diputado, la violencia siempre generará violencia, incluso la violencia verbal.

Y lo que yo sostuve fue una tesis: me parece incorrecta, negativa, incongruente, la actitud de ir a otros países a denostar al país de donde se es originario.

Muchas gracias.

Para rectificación de hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Gracias, señor Presidente:

Y no solamente eso, señor diputado, sino hay otras razones para considerar verdaderamente a patria la posición de los legisladores perredistas que están en Europa.

No van a ir, dicen ustedes, a hablar mal de México, van a ir a informar, no obstante, también dicen ustedes, que prendiendo la televisión algún país europeo ya se pueden informar de lo que pasa en Chiapas, van a ir a dar otra versión, ¿qué no se vale?, preguntaba, distinta a la que podría dar el cuerpo diplomático mexicano.

Van a ir a decir que hay políticas criminales del Presidente, como aquí lo dijeron hace un rato, la semana pasada; van a ir a decir que el Presidente hizo una declaratoria de guerra contra los indígenas chiapanecos; van a ir a decir que todo es culpa del gobierno de Chiapas y del Gobierno de México, van a ir a decir que es culpa del PRI; no van a ir a hablar de México, van a ir a hablar de los elementos del Estado mexicano que hoy tienen la mayor responsabilidad para resolver un problema, pero con la ayuda de muchos más; van a decir que los gobiernos priístas y el PRI no deben estar ya en México, que los apoyen a ustedes en la siguiente elección, porque ustedes sí podrán entonces representar a México.

Al final van a ir hablar mal de México y de los mexicanos. Al final, cuando vayan a pedir que se haga efectiva una cláusula democrática para que la Unión Europea no se anime a convenir con

México relaciones comerciales, económicas, en un tratado más libre, lo que van a hacer es dañar más a México, porque nos van a dejar con el primer socio comercial con que hemos trabado esas relaciones económicas ahora.

Si ustedes quieren que México sólo tenga libertad para comerciar con los Estados Unidos de América y con Canadá, con América, entonces yo creo que pueden ir a estropear la labor del Gobierno mexicano, para que no lleguemos a un tratado comercial con los países europeos.

El Presidente no ha declarado la guerra nunca. Es superior jerárquico del procurador y como tal puede instruirle y lo discutimos la vez pasada, que el Ministerio Público actúe como debe actuar y si en 1995, en febrero, se libraron órdenes de aprehensión, se terminaron averiguaciones y se identificó al personaje que en segundo lugar comanda la insurgencia del EZLN, fue porque el EZLN realmente había rechazado en febrero y marzo de 1994, el ofrecimiento de amnistía que le había dado el Congreso de la Unión, en la LV Legislatura, respecto de la cual algunos que estamos aquí pertenecemos.

Por eso había un estado de preguerra o de guerra declarada y una cesación de hecho de las hostilidades armadas; por eso se actuó jurídicamente, en seguida, en seguida, escuchando muchos sectores de la opinión pública mexicana, a los partidos políticos, al de ustedes inclusive, hubo una nueva propuesta con una ley que ahora todavía es válida, que debemos usarla, preservarla, darle más vigencia y conducirla a un diálogo para llegar a una negociación importante, de paz definitiva, duradera en Chiapas.

Sí hay espacios para debatir aquí, sí los hay, nada más hay que contar el número de intervenciones que tienen ustedes en cada sesión de los miércoles, el número de espacios que dedican los medios de comunicación escrita y no escrita en México, la capacidad de movilización que se da todos los días en las ciudades del país hablando de Chiapas; es noticia principal en los últimos días, semanas, Chiapas. ¡Claro que hay espacios y oportunidad de debatir, de discutir y de intentar resolver aquí éste gran problema!

Enumeren las medidas políticas y legales del Gobierno mexicano en los últimos días sobre el asunto de Chiapas. Que estaba estancado, quizá, sí, pero era viable y creo que sigue siendo, era viable el estado de cosas en que se encontraba la negociación del EZLN y el Gobierno mexicano, había que discutir y seguir discutiendo una propuesta de traducción a reforma constitucional de los acuerdos de San Andrés y es un paso que habrá de darse en seguida, un poco adelante; después de conseguir lo inmediato, después de apoyar todos para lo inmediato, la pacificación en Chiapas. Después hay que construir otras cosas, de eso se ha hablado mucho y no lo repito.

No es que no tengan derecho a ir al extranjero, claro que pueden ir, aun cuando allá en la televisión se pueda ver la información de Chiapas, pueden ir a dar su versión. Lo han hecho ustedes y lo han hecho otros, no recuerdo que aquí en México hayamos algunas vez recibido delegaciones de diputados, de senadores, de organizaciones que vengan a chismorrear con sus problemas internos; lo pueden hacer.

A ustedes como a nosotros, nos interesa lo principal. Si algo podemos hacer los partidos políticos es abstenernos de movilizar, de incentivar más, de enervar más el conflicto en Chiapas; ahí ganaríamos más. Esa instancia intermediadora, la Conai y la Diócesis, también mucho pueden hacer quitándose del punto de la controversia, dejando de pronunciar llamamientos a las dos partes en donde evidentemente demuestran que no son tan imparciales ni neutrales y pidiendo al EZLN que ponga su parte, que deje de patrocinar consejos en revelía, que deje de instigar rechazo a la ayuda o apoyo humanitario del Gobierno mexicano con recursos del pueblo mexicano, no de la parte contraria a esos indígenas zapatistas. Dineros del pueblo mexicano para ayuda humanitaria hacia ellos.

No hay ninguna calidad mental ni categoría lógica para sugerirle a un indígena que no acepte una ayuda que viene del resto de los mexicanos por conducto del Gobierno, no puede llegar de otra parte en este caso.

Estamos de acuerdo en lo principal. Ordenemos las ideas y las estrategias. Un abuso, señor Presidente, si me lo permite, de unos momentos, más para referirme a un hecho distinto que aludió un diputado de Acción Nacional hace rato.

Claro que Roberto Albores no se parece a Vicente Fox. En muchos aspectos, claro que no se parece a Vicente Fox. Lo que no es tan exacto es que el señor Fox no haga campaña ahora en Guanajuato ni en otros lados del país, claro que la hace y me consta y si fuera cierto que no la hace en Guanajuato por respeto a los panistas guanajuatenses, entonces le está faltando al respeto a los panistas de muchos otros lados del país.

Y con recursos y con bienes públicos va y hace campañas a otros estados. Me consta.

Permítame el orador.

¿Con qué propósito, diputado?

Para una interpelación, si me acepta el orador, señor Presidente.

Sí, como no.

Adelante, diputado Paoli.

¿Podría usted darnos, señor senador, pruebas de lo que está diciendo, de que con recursos públicos se hace campaña?

Sí, sí, porque me lo pide, porque me lo pide.

En varios estados, por medios indirectos pero con testimonios que podría calificar, pero en el mío personalmente, en San Luis Potosí, cuando menos en dos ocasiones ha llegado a patrocinar campañas de Acción Nacional, siempre campañas locales, no federales, porque en el terreno de competencias jurídicas, dentro de... entre una ley penal electoral de un Estado y de otra no se pueden aplicar, pero en vehículos oficiales llegó a hacer campaña por Acción Nacional en San Luis Potosí hace un par de años y le puedo precisar lugar, hora y fecha y para recoger dinero a favor del Partido Acción Nacional.

Claro que Roberto Albores y Vicente Fox no se parecen en nada. Claro que no, Roberto Albores es un hombre sensato y de pensamiento franco y honesto; quizá Roberto Albores se pudiera parecer un poco al diputado Medina, cuando menos en un aspecto o en la forma o en el procedimiento políticojurídico en que llegaron a ser gobernadores.

Gracias, señor Presidente.

Para contestar alusiones personales tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Señoras y señores legisladores:

Nosotros hemos ido y hemos enviado una delegación al extranjero, a decir lo que decimos aquí en México, no hemos ido a decir otra cosa que ustedes no tengan conocimiento ni vamos a inventar absolutamente nada de lo que aquí con entera libertad hemos expresado en todos los ámbitos.

Y hablar mal del PRI en el extranjero no es hablar mal de México, ya quítense esa idea, ustedes no son México. Eso era antes, cuando se conservaba el monopolio del poder, pero ahora no; son una fuerza pequeña y cada vez más insignificante. Con un gran retroceso y tampoco vamos ir a chismorrear, como usted utiliza esa palabra.

Pero miren, señoras y señores legisladores, ya que estamos...

Si me permite el orador.

¿Con qué propósito?

Para hacer una pregunta al orador.

¿Si acepta una pregunta?

Usted siempre hace provocaciones, pero si es pregunta, adelante.

Adelante, diputado.

Señor diputado Ramírez Cuéllar, efectivamente hablar mal del PRI no es hablar mal de México, pero reiteradamente usted, el diputado Martín del Campo, el diputado Pablo Gómez, también el diputado Armando López, han manejado la tesis absurda de que lo que ocurre en Chiapas es un genocidio, de que lo que ha motivado los acontecimientos de Chiapas, es la teoría también absurda del crimen de estado. ¿Cree usted que ir a manejar estas teorías, desde mi particular punto de vista descabelladas y propagandísticas, desleales al país, cree usted que manejar estas tesis en el extranjero es contribuir al respeto que el país debe tener por parte de todas las naciones y el reconocimiento a la legitimidad indiscutiblemente que el Presidente de la República ostenta?

Mire, vamos a llevar un informe y entre otras cosas es lo que se va a presentar en el Parlamento Europeo, el informe de la Procuraduría General de la República.

No fuimos nosotros los primeros que involucramos al PRI en los acontecimientos del 22 de abril, de diciembre, fueron los testimonios que el Ministerio Público recogió y que ubicó a muchos participantes en esta masacre, como miembros del Partido Revolucionario Institucional. Hay testimonios de una brutal masacre, llámele como le llame, como le guste a usted llamarle, es una brutal masacre y hay testimonios de cuál es la gente que está involucrada. No vamos a inventar absolutamente nada al exterior. Tenga la plena seguridad de que a diferencia de otros, no ocultaremos absolutamente nada ni cambiaremos la realidad del país y vamos a seguir ejerciendo ese derecho, y no les alarme, no se alarmen con esta actitud que hemos estado desarrollando y que vamos a continuar desarrollando.

Dice el diputado Monreal que hay petróleo y no dijeron nada cuando empeñaron las facturas de la venta del petróleo por los préstamos. No dicen nada cuando la principal riqueza maderera de Chiapas se queda en unas cuantas manos, que no son precisamente los indígenas a los que usted dice defender; que las plantaciones extranjeras son las principales usufructuarias del enorme potencial económico que tiene esa entidad.

Nunca el PRI alzó la voz para reclamar que se restituyera la aportación que hace Chiapas por ejemplo en materia de energía eléctrica y que la mayoría de los hogares indígenas no tengan ni siquiera posibilidad de consumo eléctrico.

 Yo creo que si estamos entrando, como ustedes quieren, al terreno de la buena voluntad, de la búsqueda de acuerdos serios, que también es nuestro propósito, yo digo, señoras y señores: honren su palabra, den ese primer paso.

Muchos meses, varios años, legisladores de distintos partidos políticos, como el senador López Velarde, pusieron sus mejores oficios y encontraron que un punto culminante para incorporar la diversidad de intereses y expectativas de las partes en conflicto eran los acuerdos de San Andrés y la iniciativa que elaboró la Cocopa y así lo asumió en ese momento el Gobierno Federal, porque el primer paso, para que no se vuelva retórica, que den absolutamente todos, sea el de honrar la palabra y la firma del Gobierno Federal y de los legisladores del PRI y así como ustedes nos quieren agarrar de intermediarios para hablar con una parte del conflicto, nosotros también les sugerimos que sirvan de intermediarios para que el Ejecutivo Federal de una vez por todas cumpla lo que firmó. Eso es lo más inmediato para hacer realidad los grandes esfuerzos que legisladores de todos los partidos políticos hicieron para encontrar los puntos de confluencia que quedan plasmados en la iniciativa de la Cocopa.

Muchas gracias.

Para contestar alusiones personales, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Monreal.

Gracias, señor Presidente; señores legisladores, les pido su tolerancia:

Hablar mal del PRI, dice el diputado Ramírez Cuéllar, no es hablar mal de México; es correcto, tiene usted razón. En mi intervención me referí a que mi preocupación era que se hablara mal de México.

Mire usted. Hablar mal del PRI para ustedes se ha convertido en el deporte nacional por excelencia, todos los días, a todas horas, en todos los lugares.

Entiendo y no me extraña, que el ejercicio de la función pública desgasta, genera estas situaciones y en ese sentido me parece que tenemos que deslindar una cosa de la otra.

Siempre lo han hecho, ésa es una estrategia que raya en la intransigencia y en la intolerancia, pero mire usted... ya se fue; me dirijo a la Asamblea, miren ustedes, el problema de la procuración de justicia tiene que diferenciarse del de administración y del de impartición de justicia.

La Procuraduría General de la República en efecto hizo comentarios desafortunados, desde nuestro punto de vista, involucrando al partido en el que militamos, con los hechos vergonzantes y condenables sucedidos en diciembre, por eso es que nosotros replicamos las aseveraciones inexactas, atrevidas, absurdas, del procurador y del subprocurador generales de la República. No las aceptamos y lo hemos expresado de manera abierta y pública, sin embargo, la propia averiguación previa cualquier, aficionado al derecho o abogado lo sabe, es el inicio de un proceso y no se nos puede condenar por el dicho del procurador. No lo aceptamos, porque en el proceso se tendrá que demostrar el dicho y el juez deberá de impartir justicia. Esa es la situación.

Pero además. Aquí se comentaba el problema agrario y se vuelve a retomar el problema de los finqueros, de los latifundistas, de los terratenientes.

Yo estoy convencido y soy convencido, de que sí es conveniente revisar en Chiapas el sistema agrario. Yo estoy convencido de que tenemos que aplicar una nueva política agropecuaria.

Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.

¿Acepta una pregunta del senador?

Sí, con mucho gusto.

Adelante.

¿Por qué razón entonces el presidente municipal de Chenalhó está en la cárcel ahorita y el alega precisamente ser miembro de su propio partido?

Sí, senador, pero usted no lo puede condenar ni nadie lo puede condenar hasta que concluya el proceso penal. No, sí, señor, perdóneme, si no puede consultar un abogado, si no le recomiendo uno del PRI.

Mire usted, senador, todo proceso penal inicia con una denuncia o con una querella, luego, el Ministerio Público que, de acuerdo con el 21 constitucional, ejerce el monopolio de la persecución de los delitos, integra una averiguación. Cuando integra la averiguación la perfecciona, y cuando la perfecciona y encuentra los elementos suficientes para consignar, consigna, eso es lo que ha hecho y consigna al Poder Judicial, es decir, al juez, porque el acusador es el Procurador o el Ministerio Público, pero no es juzgador. Es un proceso al que debe de sujetarse todo indiciado, todo presunto responsable y dura un proceso normal, un periodo...

Señor Presidente, si me acepta una interpelación el orador.

¿Acepta una interpelación?

Sí, la acepto.

Entonces ¿cómo se explica usted, señor diputado, estas declaraciones de Francisco Labastida Ochoa? En La Jornada, declaró Francisco Labastida Ochoa: "...del 12 de octubre al 2 de diciembre hubo hechos violentos. Algunos los provocan los priístas. Yo creo que algunos priístas están ahí provocando hechos sangrientos y que no tienen ninguna razón de ser...". ¿Por qué el señor Secretario de Gobernación se anticipó a esa sentencia que debió haber emitido un juez?

Le respondo, señor diputado, le respondo por cortesía para continuar con la pregunta, le responde simple y llanamente: ¡Pregúnteselo a él, por qué declaró eso!

Miren ustedes, bueno, para concluir, señor senador, su pregunta, seguirá pues un proceso, un proceso penal, en donde habrá presentación de pruebas, alegatos, situación de la sentencia, audiencia y sentencia y el condenado, en el caso de que se le condene o el presunto responsable, en el caso de que así lo acrediten los elementos de prueba que existen, habrán de condenarlo y ser sujeto a la sanción que el juez le imponga.

Es decir, senador, en resumen, está sujeto a proceso. Ni usted ni nadie puede en este momento condenarlo.

Ante la necedad no se puede discutir ni deliberar. Miren, concluí, señor Presidente.

En efecto, les comentaba, uno de los asuntos más importantes que me parece que tenemos que retomar y es parte de las propuestas que nosotros hemos hecho, es la revisión del sistema agrario en Chiapas, es la revisión del sistema agropecuario y es precisamente a través de mecanismos jurídicos, a través de acuerdos fundamentales entre los partidos y los legisladores que componen y conforman los partidos como llegaremos a acuerdo.

Nosotros lo hemos manifestado y ahora lo expresamos, éstas y otras propuestas podemos analizarlas, podemos revisarlas, pero no es necesario ir a plantearlas fuera del país.

Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Carlos Medina Plascencia.

Y menos tiempo, señor Presidente, muchas gracias; señoras legisladoras y legisladores:

No sólo Chiapas ha tenido una lista innumerable de gobernadores interinos, también en Guanajuato como en otros estados de la República, por esa cerrazón que hemos vivido para no avanzar hacia una democracia, en donde la población decida, hemos tenido muchos gobernadores interinos en nuestro Estado.

Señor senador Robledo, si su referencia a la forma como vino a hacer la designación de un servidor como gobernador interino de Guanajuato en 1991, es que fue hecha por el Congreso y ésa es la similitud, yo diría sí, efectivamente, el Congreso de Guanajuato fue el que hizo la designación.

Pero si su posicionamiento y su razonamiento va a lo que ya estamos cansados los mexicanos del doble discurso y del doble posicionamiento y las referencias que no tienen la comparación, y lo quiero aquí razonar, para hacer una alusión como la que usted ha hecho hace un momento, déjeme decirle que las razones por las cuales se dio ese interinato en Guanajuato, por supuesto que son muy diferentes a las que hoy se han dado en el Estado de Chiapas y las razones, por supuesto, que no son las mismas.

Y le recordaría a usted y a los legisladores, a los medios de comunicación y a los mexicanos, para que se precisen las cosas, de que los guanajuatenses han dado luchas heroicas por muchos años y por mucho tiempo y, yo podría recordar hoy, el 2 de enero de 1946, en la plaza principal de León, que hoy se denomina Plaza de los Mártires del Dos de Enero, y ese día que ahí estuvo mi madre, y que me lo pudo transmitir directamente, de la sensación de impotencia, de rabia, al ser masacrada la población en esta plaza, pues nos da señas de agravios que hemos venido viviendo de un sistema cerrado, de un sistema que protege la impunidad, y que no ha permitido que se desarrolle el pueblo de México en términos generales.

Podría hablar de otro ejemplo, la junta de Asociación Civil también en mi ciudad en 1977 o podría hablar cuando era regidor también comisionado de hacienda en León, y cuando cayó aquel presidente municipal, por desviar los recursos que les pertenecían a los leoneses.

Pero no fueron declaraciones que hicimos en la tribuna en el Congreso de Guanajuato, para tumbar a aquel alcalde; fueron denuncias penales que presentamos en el Congreso y fue una posición clara y abierta, de como se habían desviado esos recursos.

Yo le diría a usted, que si de veras tiene las pruebas y lo dudo, no las presente aquí, ahí está el Ministerio Público o ahí están los tribunales electorales, en donde también un servidor, cuando fui gobernador, tuve denuncias que contestar y demostrar, cómo los que andamos en la oposición tenemos que cuidarnos de no traer nada de mugre en la uña, porque nos tumban el dedo cuando somos gobierno; que no podemos tener ninguna cola que nos pisen, porque seguramente que nos la van a machucar, entonces yo le diría mucho de lo que acaba usted de aseverar.

Y yo le diría también que no presente aquí su denuncia verbal, sino que lo haga y la presente formalmente en los lugares correspondientes.

Ahora bien, en 1988, en las elecciones del 6 de julio, ganamos todas las diputaciones locales y todas las diputaciones federales en mi entidad, y por más de dos a uno gané la presidencia municipal también.

Yo le diría a usted que lo que en Guanajuato se dio en 1991, fue una reivindicación parcial de aquel atropello que se intentó cometer contra el pueblo de Guanajuato. Y yo les preguntaría a ustedes: si no fue así y fueron otras las razones, ¿por qué perdieron las elecciones el 28 de mayo de 1995?

A mí me parece que no se es claro ni de una forma honesta el comentar o decir las cosas parcialmente y que es conveniente decirles que en Guanajuato, como en otros lugares del país, ya nos hemos quitado el yugo de este partido oficial, que tanto oprobio y tanto ha lastimado a los mexicanos.

Para contestar alusiones personales y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo.

Gracias, señor Presidente:

Eso les pasa porque, hablando de otro tema, no tienen la oportunidad para golpear a algún gobernante priísta. Qué referencia y qué necesidad tenía de hablarse de una expresión como militante de Roberto Albores, la semana pasada también, qué necesidad hay de que involucren otros temas. Eso es lo que pasa y hasta entretenemos el debate en lo principal.

Y lo que yo dije, fue porque me interpelaron y lo que vine fue a hacer una rectificación de hechos. Pruebas si las tengo y las usaremos cuando nos convenga, cuando sea necesario y habrá oportunidad.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.

Con su permiso, señor Presidente:

Yo creo que tenemos que regresar al punto. Hemos oído una serie de desviaciones y argumentos que no nos llevan al punto. El punto es un evento público que todos vimos y que fue lastimoso una vez más, lo que ocurrió en Ocosingo.

Escucho como si fuera una situación meramente de confrontación entre partidos y yo le diría a mi buen paisano, al diputado Oceguera, que en primer lugar el gran problema que tenemos en Chiapas, son las matanzas indiscriminadas de indígenas, mujeres, niños; que seguimos viéndolo.

Yo lo he dicho, no apostamos y no creo que la culpabilidad esté en una institución. No es la institución culpable. Pero hay que reconocer y es algo muy importante sobre todo para el Partido Revolucionario Institucional, que si hay elementos de su partido involucrados en acciones de este estilo, yo creo que también en ese compromiso como institución, sería buscar efectivamente y encontrar a los culpables. Y no nada más como pasó con Salinas, que está ahí el juicio y no lo han corrido de su partido, no nada más correrlo de su partido; yo creo que procesarlos penalmente. Yo creo que no es esconder las verdades ni yo creo que tampoco se trata si desconocemos las investigaciones que hace la PGR, si las primeras declaraciones de los propios inculpados reconocen la participación como miembros del PRI. Repito, no es la institución el culpable, es cierto. Pero entonces que la institución y ustedes en esta vehemente defensa de la institución, también participe entonces con estos elementos, para que también hagan ustedes lo conducente y podamos todos los partidos políticos, organizaciones civiles y la ciudadanía, intervenir en la solución de la paz en Chiapas.

No podemos continuar así. Se hablaba de que no habíamos hecho propuestas. Yo creo que entonces hagámoslas. Entonces partamos y elaboremos en esta Permanente, un programa para elaborar un anteproyecto de ley que concuerde con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Entonces entrémosle a la discusión. Ya demos un paso más allá. Agarremos, hagamos la consulta jurídica que sea necesaria, elaboremos un periodo para que este anteproyecto se presente e inicie realmente la discusión en la mesa. Y entonces sí daremos pasos importantes. Y entonces sí intervengamos como Poder Legislativo, que es una responsabilidad que tenemos y lo he venido insistiendo cada vez que paso a esta tribuna.

Dejémonos simplemente de las defensas a ultranzas. Aceptemos nuestros papeles. Elaboremos este periodo donde se presente un anteproyecto y discutámoslo y presentémoslo a las partes para reiniciar el diálogo de paz y concordia en Chiapas.

Dejemos las simulaciones, efectivamente, no simulemos. Hagamos las acciones necesarias como Poder Legislativo, para empezar a echar a andar de nuevo el diálogo en Chiapas.

No podemos permitirnos una vez más levantarnos y que quede simplemente en una discusión sobre defensa-inocencia o no, culpabilidad o no. Es una responsabilidad en este momento, de nosotros, para que arranquemos esto.

Si en esto están de acuerdo todos los grupos parlamentarios, entonces elaboremos un acuerdo para que en la próxima sesión se presente, en donde convoquemos a la elaboración de este anteproyecto e iniciemos realmente un camino tan anhelado por la ciudadanía mexicana, como es la paz en nuestro país. Yo creo que esto es muy importante y no vengamos a decir si acciones o no acciones de nuestro partido son apátridas. La patria tiene un término muy claro, es aquel que no tiene patria. Nosotros tenemos patria y es una patria muy grande, formada a través de sangre de millones de mexicanos. Y yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que es lo que nos debe mover porque no se trata tampoco de venir a discutir asuntos que desgraciadamente son secundarios ante el asesinato de indígenas. Yo creo que esto es lo que nos debe de preocupar.

Hagamos nuestro trabajo legislativo, señores, y entremos entonces en materia.

Gracias.

Habiéndose agotado los oradores inscritos, vamos a proceder a desahogar las tres propuestas que se han formulado a esta Comisión Permanente, en el orden el cual fueron presentadas, conforme a los artículos 58 y en su caso 59 del reglamento del Congreso.

Por lo que se refiere a la primera proposición formulada por el senador Oscar López Velarde, para que esta Comisión Permanente emita un pronunciamiento sobre la ayuda humanitaria a Chiapas, en los términos del artículo 58 se pregunta a esta Comisión Permanente, ¿si habría un orador en contra y un orador a favor que quisiera hablar sobre esta propuesta?

El senador Juan Antonio García Villa, en contra y el senador Oscar López Velarde, a favor.

Adelante el senador Juan Antonio García Villa, en contra.

Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Dada la rigidez del reglamento, que establece que los oradores se deben inscribirse en estos puntos para hablar a favor o en contra, hemos decidido, sólo por lo que hace al registro de oradores, inscribirnos en contra para razonar nuestro voto, que será de abstención.

Pudiera alguien pensar que el señor filósofo de Güemes, asesorado por Perogrullo, dictó este planteamiento de punto de acuerdo que leyó aquí el senador Oscar López Velarde. Pudiera parecer a la opinión pública verdaderamente inadmisible que un grupo parlamentario vote en contra o se abstenga de una proposición que "en apariencia" es perfectamente pertinente y viable, pero sólo "en apariencia".

La propuesta de pronunciamiento dice en su parte medular "que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado a los dirigentes y líderes de esas comunidades, se refiere a las comunidades de la zona de Los Altos, Las Cañadas y el norte de Chiapas, para que antepongan la salud de sus representados, en especial la de las mujeres y los niños, por encima de cualquier diferencia de orden político, étnico o religioso que pudieran en estos momentos obstaculizar la prestación de los servicios de apoyo básicos indispensables para salvar la vida y evitar males mayores a nuestros compatriotas chiapanecos".

Casualmente, señor Presidente, el día de hoy tenemos la información de que se reunieron a discutir o comentar el tema de Chiapas, los diputados federales que lo fueron de la LVI Legislatura y formaron parte de la Cocopa, entre ellos dos ex diputados del PRI: el señor Marco Antonio Michel Díaz y el señor Jaime Martínez Veloz, quienes formularon un documento que seguramente habrán de divulgar, si no es que lo han hecho hasta estos momentos.

Y uno de los puntos que estos ex legisladores señalan, como integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación es "que observan con preocupación, observan con preocupación la negativa de la población de varias localidades a recibir atención humanitaria, ¡por parte de las instituciones gubernamentales!, para la población desplazada". Lo que al decir de ellos: "es un reflejo del clima de desconfianza que priva en la actualidad".

Entonces, nosotros no nos oponemos, señores legisladores, en forma gratuita. ¡Los ex legisladores de la Cocopa, entre ellos dos priístas, advierten con preocupación, como un signo de desconfianza en las comunidades indígenas de Chiapas, la presencia de representantes de instituciones gubernamentales que van, que acuden a brindar apoyo, atención humanitaria -se dice-, y seguramente será en materia de salud y otras afines!

No es, pues, una paradoja este planteamiento que se hace, no estamos en el fondo en contra de que se brinde apoyo humanitario, incluso por instancias gubernamentales, pero sí vale la pena tener presente y en cuenta esta reserva, este recelo, esta desconfianza, no sólo de los dirigentes de las comunidades indígenas, sino incluso de toda la población.

Nos parece, por ello mismo, limitado el alcance de este pronunciamiento que nos proponen los legisladores del PRI. Hay que establecer mecanismos que superen la desconfianza de los dirigentes de las comunidades indígenas y es una omisión grave, desde nuestra perspectiva, la que tiene el documento presentado a manera de justificación o de exposición de motivos por parte de los legisladores del PRI.

En resumen, si se planteara, como fue nuestra propuesta, algún mecanismo, algún procedimiento que haga superar efectivamente la desconfianza de los dirigentes sociales de las comunidades indígenas, nosotros hubiéramos apoyado este planteamiento como le llama el documento de pronunciamiento sobre la ayuda humanitaria en Chiapas. Esta es la razón que desde nuestro punto de vista explica la abstención que tendremos al llevarse a cabo la votación de este punto.

Gracias, señor Presidente.

Tiene la palabra, en pro, el senador Oscar López Velarde.

Gracias, señor Presidente:

Por las argumentaciones que el grupo parlamentario de mi partido hace para argumentar el planteamiento del pronunciamiento, en el que creemos que nadie puede escatimar ningún esfuerzo en ayuda humanitaria a esas personas que tanto lo necesitan, ni utilizarlos para que se evite esa atención y en aras de buscar cambiar el sentido del voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al que se refiere que le hace falta un mecanismo.

Yo quisiera proponer, aparte de argumentar a favor, por lo que ya hemos expresado de este pronunciamiento: la Comisión de Concordia y Pacificación solicitó el 30 de diciembre al entonces Secretario de Gobernación y el pasado, a principios del mes de enero con el nuevo secretario de Gobernación, el licenciado Francisco Labastida, que reconociendo esta serie de factores políticos, no humanitarios, reconociendo esta serie de factores políticos y para gestionar la canalización de la urgente ayuda humanitaria a estas mujeres y niños, se estableciera que en las comunidades no simpatizantes con el EZLN o que no se opongan a que sea una institución la que canalice la ayuda, que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien coordine la canalización de esa atención, como se hizo el pasado fin de semana y en aquellas comunidades simpatizantes con el EZLN, sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; lo cual fue aceptado por el Gobierno Federal y así se efectuó, de acuerdo a la atención que fue entregada en días pasados en el municipio de Chenalhó y en donde la Cocopa acudió como observadora.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admite o no a discusión la proposición.

Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica, si se admite a discusión la proposición.

Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...

Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie...Aceptada, señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición aquí hecha.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo...Se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

Procedemos a desahogar el punto de acuerdo propuesto por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, relativo a la solicitud para que la Cruz Roja tenga intervención en la zona del conflicto. Se somete a la consideración de esta Comisión Permanente si existen oradores en contra y a favor.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la proposición.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los que estén porque se deseche la proposición, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.

Procedemos a someter a la consideración de esta Comisión Permanente, el pronunciamiento propuesto por el diputado Jesús Martín del Campo, relativo a la condena de los hechos de Ocosingo.

Se pregunta a la comisión si existen oradores en contra y a favor de la proposición.

No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

En votación económica, se pregunta a esta Asamblea si se admite a discusión la proposición.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aceptada, señor Presidente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los legisladores que estén porque se rechace la proposición, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se considera, señor Presidente, de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición.

Y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Ha sido aprobada, señor Presidente.

ESTADO DE OAXACA

Para referirse a la situación política y social en el Estado de Oaxaca, tiene la palabra el senador Héctor Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Hemos escuchado durante más de tres horas, el problema de Chiapas; nos duele lo que sucede a nuestros hermanos chiapanecos, sin embargo, pregunto si las miles y miles de palabras que se han vertido acá, han logrado de alguna manera sensibilizar al grupo aún mayoritario aquí en la Comisión Permanente.

Recuerdo esas encendidas defensas que se hace de la política oficial, ya sea del Secretario de Gobernación o de los subsecretarios en turno cuando se defiende como infalible las políticas que llevan estos funcionarios y vemos cómo con un gran convencimiento los legisladores priístas afirman categóricamente que se está en el rumbo correcto cuando un Secretario, en este caso el de Gobernación, afirma estar preocupado y resolviendo los problemas de Chiapas.

Y de la noche a la mañana, sacan al secretario y esas voces encendidas apoyando a sus funcionarios priístas, se callan y admiten de que hemos perdido dos años de mal Gobierno en la Secretaría de Gobernación. ¿De qué otra manera se podría interpretar el hecho de que se va el secretario y se van los subsecretarios, qué quiere decir eso?

¿Acaso un ajuste de cuentas dentro del partido y dentro del poder? ¿Acaso apenas se dieron cuenta de la ineptitud y de la incompetencia de esos funcionarios para llevar adelante la política interior de nuestro país?

¿Qué está sucediendo? Esa política de mordaza en el que cuando el Ejecutivo Federal decide quitar a un funcionario, todos concuerdan de que fue un mal funcionario y no pudo resolver el problema que se le encomendó. Hoy, estamos viendo esas consecuencias. Hoy nos vienen a decir que cuando algunos legisladores de nuestro partido van al exterior es para denostar en contra del país.

Yo les pregunto: ¿qué acaso el gobernador de Chiapas representa a nuestro país y a nuestra patria?, ¿qué acaso el Procurador y los órganos policíacos de Chiapas representan a nuestra patria y a nuestro país? Lo que vamos a decir allá es que tenemos funcionarios incompetentes que no responden a las necesidades y al momento que vive el país. No vamos a decir nada en contra de México, vamos a denunciar para que ojalá eso sirva, para que los funcionarios priístas ahora sí trabajen por México y para México y no por intereses personales y de grupo, que es lo que más parece que se está dando en este momento con los ajustes en el gabinete presidencial.

Hablar de Chiapas, como dije hace rato, es hablar de todo México; hablar de los indígenas de Chiapas, es hablar de todos los indígenas del país. Pareciera ser que solamente en Chiapas, donde hay una declaración de guerra del EZLN contra el Ejército Federal, es donde existe la masacre, es donde existen los grupos paramilitares... a veces como que nos cerramos al ver que la desgracia de Chiapas es la desgracia también de muchos estados del país y de muchos indígenas de nuestra patria.

En Guerrero han habido masacres como la de Aguas Blancas, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, en Tabasco, en todos nuestros estados donde los indígenas existen, han habido actitudes de represión en contra de ellos para seguirse aprovechando de sus recursos naturales y de sus tierras. Es el caso también que nos toca en Oaxaca.

En Oaxaca, compañeros legisladores, mucha atención, porque también hay grupos paramilitares, porque también el Gobierno está fomentando la creación de grupos paramilitares para atacar a los indígenas que se están organizando para exigir sus tierras, para exigir tener derecho a la planeación de su desarrollo, a que sean respetados sus usos y costumbres.

En Oaxaca también hay militarización. En Oaxaca también hay un clima policiaco. Oaxaca, y lo digo, es el Estado más pobre, yo creo que más aún que Chiapas; hay más pobreza, hay más marginación, hay más analfabetismo, hay más mortalidad infantil, hay más incomunicación y sin embargo no hay la atención adecuada y expedita del Gobierno, para dar atención a estas demandas que han creado también violencia en algunas regiones del Estado de Oaxaca, en los Loxichas, en la costa, en la región de la sierra Mije Zapoteca, en donde también hay quema de casas, en donde también hay detenciones arbitrarias, en donde también el Ejército ha llegado para presionar y detener a dirigentes indígenas.

No podemos permitir que nuestros indígenas sean acosados permanentemente porque se atreven a luchar por sus recursos naturales, a luchar por sus derechos, a dejar de ser ciudadanos de excepción durante cientos y cientos de años.

Quiero decirles que en una comunidad indígena zapoteca, Guevea de Humboldt, se llevan a cabo sus elecciones por usos y costumbres y un ex presidente municipal, un cacique del lugar, cuando la comunidad se levantó y eligió a un ciudadano comprometido con las causas de su pueblo, intentó por todos los medios posibles, en contubernio con el solapamiento y complicidad de funcionarios del gobierno del Estado, para que esta comunidad no pudiera ejercer su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.

En la primera elección ni el Gobierno quizo validar las elecciones, sin embargo, después de una serie y múltiples reuniones que se dieron entre los comuneros, entre los ciudadanos que defendían sus usos y costumbres y el PRI, llegaron a un acuerdo de hacer sus elecciones por usos y costumbres. El ex presidente municipal, de ninguna manera aceptaba que estos pueblos ejercieran libremente sus derechos.

Nuevamente prevalecieron los usos y costumbres en Guevea de Humboldt. La comunidad entera decidió encarcelar al ex presidente municipal y levantaron un acta entre el PRI y la comunidad, para que se pudieran llevar a cabo las elecciones libremente. En esta acta el primer punto de acuerdo fue que el de Heriberto Orozco Ramos, se comprometía a deponer todas las demandas que los priístas, por cuestiones de diferencias políticas, han hecho en contra de ciudadanos del municipio de Guevea de Humboldt, firmado por el ex Presidente y el delegado de gobierno en la región del istmo y que se comprometía en el acta a permitir que se efectuaran las elecciones libremente el 12 de abril del año pasado. Las elecciones se llevaron a cabo, volvió a ganar nuevamente la comunidad a través de un candidato que no pertenecía a ningún partido político.

Sin embargo, después de este triunfo, las autoridades municipales han sido acosadas de manera permanente y sistemáticamente; no les han permitido trabajar. El delegado de gobierno, el gobierno del Estado ha mandado recursos a estos grupos, a estos grupos armados en Guevea de Humboldt, para que sean ellos los que dispongan de los mismos al margen incluso de la normatividad de la Sedesol; se dan recursos, como se da en Chiapas y como se da en otros lugares, para fortalecer estos grupos paramilitares.

Lo grave de esto, compañeras y compañeros legisladores, es que a partir de la solución política y pacífica del problema de Guevea de Humboldt, el ex presidente municipal, el grupo caciquil, el grupo paramilitar de Guevea de Humboldt, en complicidad con las autoridades locales, levantaron una demanda en contra de los ciudadanos de Guevea.

Hoy hay 34 órdenes de aprehensión, entre ellas la del actual presidente municipal, la del regidor de Hacienda, la de los agentes municipales de esa comunidad.

Tres de estas órdenes de aprehensión han sido ejecutadas ya y 31 órdenes quedan pendientes.

Esta es la manera en que el Gobierno y sus grupos utilizan no solamente la violencia física y las armas, sino incluso la ley, como instrumento de represión en contra de los ciudadanos que se atreven a luchar por sus derechos.

Los compañeros indígenas han mandando una carta al presidente Zedillo para su intervención. Me parece muy grave la carta y por eso quiero darle lectura, para que conozcan los términos y la situación de violencia que puede darse en pocos días, si la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Gobernación y Justicia de esta Cámara no intervienen.

La carta dice lo siguiente: "Los que suscribimos, autoridades y agentes municipales de Guevea de Humboldt, distrito de Tehuantepec, del Estado de Oaxaca, a través del presente escrito exponemos y denunciamos ante usted y a la opinión pública de nuestro Estado de Oaxaca y de todo nuestro país, México, que desde que nuestras autoridades actuales, elegidas por usos y costumbres, iniciaron su administración municipal, el caciquismo regional representado por el ex edil de afiliación priísta, Heriberto Orozco Ramos, no ha dejado de realizar provocaciones y agresiones, mismas que hemos determinado ponerles un alto definitivo, ya que en caso de continuar soportando sus hechos violentos y peligrosos en complicidad o contando con el apoyo de las autoridades y otras del gobierno del Estado de Oaxaca, nos estamos exponiendo, al igual que a nuestra población, a acciones violentas en perjuicio de nuestros derechos humanos, económicos y sociales fundamentales, amparados por nuestras leyes constitucionales y por aquellas que en el campo internacional protegen los derechos de los pueblos indígenas, que como el nuestro luchan por la democracia y el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo para nuestras familias, así como el cuidado de los recursos naturales de nuestros territorios.

Señor Presidente: con fecha 31 de octubre y 17 de noviembre de 1997, fueron detenidos por la Policía Judicial los ciudadanos comuneros de nuestro municipio, Tiburcio Guzmán Meléndez, Nicasio Zaragoza Quintana y Leopoldo Márquez Gazga.

Para la detención de estos dos últimos participó en apoyo de la Policía Judicial el ex edil priísta Heriberto Orozco Ramos y el Ministerio Público en ciudad Ixtepec, siendo esto presenciado por los pasajeros del autobús donde fueron detenidos sin haberles presentado de antemano ninguna orden de aprehensión.

Le aclaramos que en lugar de Leopoldo Vázquez Gazga se detuvo a Leopoldo Márquez Gazga, como aparece en el documento que se anexa.

De esto se responsabiliza de cualquier agravio en contra de nuestros compañeros a los dirigentes priístas en la región, encabezados por el ex edil Heriberto Orozco Ramos; el diputado local Cristóbal Carmona Morales, el subdelegado de gobierno en Santa María Guienagati, Ernesto Juárez Valvidieso y al gobierno del Estado de Oaxaca.

Señor Presidente: actualmente es de nuestro conocimiento que existe orden de aprehensión en contra de otros 31 comuneros auténticos, entre ellos autoridades municipales, como el presidente municipal constitucional actual, Leonardo Alonso Prieto y Ricardo Domínguez Morales, regidor de Hacienda, así como el compañero Paulino Peralta Gazga, agente de policía municipal de Jicalpestle. Los demás, señor Presidente, son todos comuneros pacíficos, pequeños productores de café, maíz y frijol.

¿Qué es esto, señor Presidente? ¿De qué se tratan estas agresiones? ¿Se trata de atemorizarnos? Exigimos de manera inmediata se investigue este procedimiento judicial, porque creemos que está oscuro y viciado, que está manipulado y controlado por priístas que tratan a toda costa de interponerse en todas las normas y costumbres comunitarias.

Exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros. Detrás de esto hay toda una historia que parte del 10 de noviembre de 1995, en que realizamos elecciones que ellos no respetaron.

También se le anexan documentos del proceso que se les sigue actualmente a nuestros compañeros, así como los escritos que se dieron como resultado de nuestros asuntos municipales. Entre ellos podrá ver cómo el ex edil, Heriberto Orozco Ramos, se compromete a respetar los resultados y no tomar represalias, pero estas agresiones de su parte, apoyado por las personas referidas, no han dejado de realizarlas, por lo que hacemos de su conocimiento para que usted disponga instrucciones para que se libere a los tres compañeros y cesen las agresiones contra nuestras autoridades y pueblo de Guevea de Humboldt.

Exigimos, señor Presidente, se anule y se disuelva la orden de aprehensión existente de los 31 comuneros de Guevea de Humboldt.

Esperamos, señor Presidente, de manera paciente, durante 15 días su respuesta favorable para los pueblos indígenas de Guevea de Humboldt, a partir de la fecha que usted reciba la presente; damos este tiempo, pues tenemos que prepararnos para hacer frente a estas agresiones.

Atentamente. El presidente municipal, todo el cabildo y todas las firmas de los agentes municipales."

Quiero decirles que en estas firmas aparecen las de las autoridades y en ellas están integrados algunos priístas que participaron en las elecciones y tampoco están de acuerdo con la actitud que ha asumido el cacique de Guevea de Humboldt.

Ojalá, compañeras y compañeros legisladores, tengamos sensibilidad y veamos que lo que sucedió en Chiapas puede suceder en Oaxaca, puede suceder en Guerrero, puede suceder en otros estados de la República, sobre todo cuando hay una carta desesperada al Presidente de la República y que incluso ponen un término de 15 días para que haya una respuesta positiva o, como ellos mismos dicen, "empezarán a prepararse para hacer frente a estas agresiones".

En ese sentido y con fundamento en los artículos 21 fracción III, 58, 90 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia turne a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, así como a las comisiones de Derechos Humanos, de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la siguiente

PROPOSICION

Unica. Que las citadas comisiones, con pleno respeto a la soberanía del Estado de Oaxaca, se entrevisten, si lo juzgan conveniente, con el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el procurador de Justicia de esa entidad federativa, con objeto de que se alleguen información y den a conocer al pleno de esta Comisión Permanente y, en su caso, al de las cámaras respectivas, sobre los 34 procedimientos judiciales que se les sigue a los comuneros del municipio de Guevea de Humboldt, distrito de Tehuantepec, Oaxaca, dentro de los cuales existen 31 órdenes de aprehensión obsequiadas y tres ya han sido ejecutadas.

Asimismo informen sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de que han sido objeto las autoridades del aludido municipio, desde que fueron electas e iniciaron su administración, por parte del ex edil Heriberto Orozco Ramos.

Hago entrega de esto y espero que haya una acción expedita de parte de las comisiones y evitemos un enfrentamiento entre indígenas, propiciados por caciques y por intereses oscuros del Estado de Oaxaca.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por 15 minutos, por el grupo parlamentario del PAN.

Con su permiso, señor Presidente:

Yo me pregunto, cuando debatimos largamente en el pleno, en la Comisión Permanente, ¿qué se busca con esta confrontación de opiniones? ¿Qué sale de estas ríspidas, agresivas, virulentas confrontaciones de ideas en que poco conservamos la mesura y el equilibrio? ¿Qué se busca al venir, las distintas fracciones parlamentarias, analizando la problemática nacional?

Yo creo que el debate es uno de los valores de la cultura democrática. Sin lugar a dudas se busca orientar la política nacional, hacer llegar la voz del Poder Legislativo, tratar de orientar a la opinión pública y, desde luego, hacerles llegar a los órganos en todos los niveles de gobierno cuáles son los puntos de vista de un Poder Legislativo que quiere ejercer plenamente sus funciones, y nuestro instrumento de trabajo es la palabra. Tenemos que discutir, tenemos que debatir.

Por eso a mí me sorprendió mucho la condena que el señor senador López Velarde hizo aquí de la "palabrería", ojalá se complemente su condena con alguna propuesta para ver de qué otra forma el parlamento pudiera cumplir su objetivo. Es muy factible que haya un debate entre señas, que tal vez sea más ríspido y más agresivo y tendría que condenar la participación de alguno de sus compañeros, del mismo diputado Moreno Garavilla, por ejemplo, que nos vino a ilustrar aquí con el canto a Chiapas del poeta Enoc Cansino Casahonda.

Yo creo que de alguna forma estamos arrancando un nuevo Poder Legislativo y no tenemos una experiencia histórica muy amplia ni muy rica; en realidad cuando ha pretendido el Poder Legislativo funcionar, se han dado casos inclusive en que se disuelve el Poder Legislativo.

Recordemos que Agustín de Iturbide lo disolvió, a escasos meses de haberse iniciado nuestra vida institucional. Antonio López de Santa Anna, lo hizo en varias ocasiones, por sí o por medio de otros titulares formalmente del Ejecutivo. Lo hizo Félix Zuloaga en 1858. Porfirio Díaz lo anestesió en todo su periodo. Victoriano Huerta lo disolvió en 1913. El partido hegemónico, es un hecho que lo consignan todos los politólogos, lo adormeció también de 1929 a la fecha. Estos son hechos consignados.

Yo creo que a este grupo de notables, que habría que insistir mucho en sus nombres, que son los más acérrimos enemigos del Poder Legislativo, de alguna forma también como que quiere sumarse también el señor Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Porque efectivamente, señor senador, aquí se discute y se discute todo lo que queramos pero, ¿se nos hace caso? ¿Esto repercute en las políticas de Gobierno? ¿De alguna forma, alguna sugerencia nuestra, se da indicios de que el Ejecutivo está conformando su política contra lo que aquí se dice? Y por las señales que hemos recibido, yo creo que son totalmente contrarias y adversas.

La oposición viene y hace sus planteamientos, ésa es la función de la oposición, hacer denuncias, señalar los lastres. Christlieb Ibarrola, posiblemente uno de los parlamentarios que con mayor empeño, entusiasmo y pasión asumió su deber, decía en un párrafo certero: "si se considera que la democracia es un régimen político, que realmente presupone la oposición, si un régimen se adhiere a los principios democráticos, no sólo para fines de clasificación internacional, como objetivos políticos o crediticios, debe aceptar que se ejerza el derecho ciudadano a la oposición, que no es una contrafuerza gubernamental externa, sino una limitación interna del poder". Y yo creo que aquí está diseñándose lo que es la teoría de la división de poderes y lo que está plasmado en nuestros textos jurídicos.

El mismo Mauricio Durveyer decía, que él no concebía mucho una auténtica división de poderes entre órganos de gobierno, sino entre los partidos de oposición y el partido que está en el poder. Que es ahí donde se daba verdaderamente la división en el ejercicio del poder.

Partidos de oposición que tienen que ejercer la crítica, la denuncia, pero también recibir una respuesta razonable, fundamentada, no una respuesta que defienda las políticas oficiales, sin ninguna diferenciación y siempre en el mismo sentido.

Creo que de las máximas parlamentarias hay que considerar siempre aquella de que hay que superar el mal político, que tal vez sea el más frecuente: la ineptitud para reconocer los mismos hechos del adversario.

Si no nos levantamos con todo que aquí se insista en despartidizar y se insista en darle nivel al debate, seguimos incurriendo en esa discusión partidista y a veces para aceptar el error, hay que luchar contra uno mismo o luchar para uno mismo y aceptar las consecuencias.

Por eso hoy, todos tenemos que levantar la mira. El conflicto no es sencillo o está circunscrito a Chiapas o a Oaxaca; es un conflicto nacional, aquí me parece muy oportuno citar a Octavio Paz en el Ogro Antropófago, cuando dice: "el PRI no es terrorista, no quiere cambiar a los hombres y salvar al mundo, quiere salvarse a sí mismo".

Y eso es, yo creo, lo que nos debe preocupar, para ver las políticas en estos estados del sureste. ¿Qué sucede en estos estados del sureste? No están asumiendo los titulares del Poder Ejecutivo sus funciones de gobierno, siguen siendo jefes de partido, jefes de una fracción y éste es el problema.

Este año va a haber elecciones en Oaxaca y va a haber elecciones en Chiapas. Si no logramos órganos electorales y también se agrega desde luego Yucatán, si no logramos transparencia, si no logramos que los gobernadores estén por encima, rompan esa implicación del partido y el Gobierno, se van a repetir los conflictos, como aquí lo ha señalado el senador en el uso de la palabra.

Desde luego que sí, señor senador.

¿Senador, con qué propósito?

Sí, con muchísimo gusto.

Bueno, yo creo que después de las 15 citas, que ya puedo agregar como dijo el senador López Velarde, hay que evitar la palabrería. De los cuatro libros recomendados, ¿cuál es el tema y la propuesta concreta, señor diputado?

Señor, estoy tratando de abordar el tema de lo que sucede en el sureste, vimos Chiapas, vimos Oaxaca, es un problema en todo el sureste. Imagínese si su antecesor, el poeta López Velarde, se entera de la condena a la palabrería.

Bien, entonces después de estas brevísimas palabras introductorias, y para beneficio del senador López Velarde, el problema es en el sureste, de estos gobernadores, hay una imbricación entre partido y estructura gubernamental.

Señores: hay una frase hermosísima en un panteón de Chiapas, de un municipio que desafortunadamente le cambiaron el nombre. Tenía el nombre bellísimo de Zapalutla, se lo cambiaron por La Trinitaria. No me explico por qué; es dentro de estas cosas mágicas en Chiapas, y en esa barda, en ese panteón, que lo relata Antonio García de León, otra cita, señor senador, anótela, Antonio García de León en ese hermosísimo libro: Resistencias o utopías, dice que en ese panteón hay una barda, que aparentemente en su primera lectura provoca cierta jocosidad y después lo lleva a uno a la reflexión. Dice: "aquí yacen los muertos que viven en Zapalutla".

¿Y cuál es el gran mensaje? Que hay un sentido de trascendencia, porque los muertos que están en ese panteón, siguen viviendo en la memoria de los habitantes de Zapalutla, ahí en esa zona muy cerca del conflicto, ahí en Chiapas.

Y eso requerimos; requerimos sentido de trascendencia de quienes están al cargo de dirigir los destinos de los estados, al cargo de estas instituciones.

Si no levantan la mira, señores, los conflictos se van a agravar. El problema fundamental es de mezquindad y es de mediocridad, es de falta de sentido de grandeza para poder encontrar soluciones.

En Chiapas, en Oaxaca y en Yucatán, si hablan las urnas en este año, les garantizo a ustedes que los mismos intentos de los grupos que buscan salidas violentas, se verán frustrados, porque se ratifica que hay una salida democrática, que se trata a ciudadanos, no a súbditos. Esta es la lección que nos están dando los hechos. Esta es la lección que debemos asimilar en todo el sureste.

¿Y qué implica una política de calidad? Calidad está muy mezclado con el término cualidad; de hecho tienen el mismo origen. Una política que privilegie el tiempo. El tiempo es el verdadero recurso escaso y el tiempo hoy nos está señalando que el aquí y el ahora, es lo que hay que privilegiar.

Veamos las noticias internacionales; veamos el contexto de la economía; veamos lo que está pasando con los precios del petróleo.

Entonces, señores, no nos podemos detener en pequeñeces y, sobre todo de quienes están en el ejercicio del poder. Una política de calidad requiere que se ejerciten virtudes públicas.

Y la tolerancia, se habla mucho como virtud pública. Pero la tolerancia debe ser transitoria. La tolerancia nos remite a un ejercicio de soportar algo que no nos agrade. La tolerancia debe de ser un camino para llegar al reconocimiento del otro como igual, y a contiendas que sean equitativas.

Este es el reto y ésta es nuestra insistencia como Partido Acción Nacional, lo mismo en Oaxaca, lo mismo en Chiapas, lo mismo en Yucatán, y tendré que agregar, lo mismo en Tabasco, Campeche, desde luego. ¿Me quiere usted interpelar, diputado? Pues sí, imagínese que usted intervenga. Sorprendería usted a toda la opinión pública.

Por favor, no se autorizan diálogos.

Yo creo que el héroe se hace en un momento de valor. Pero el político se cuaja en un momento de decisión. Y hoy requerimos del presidente Ernesto Zedillo, decisiones claras, manifiestas.

¿Cuáles han sido los grandes cambios en este sexenio? ¿Dónde están las sustanciales modificaciones a la política económica? ¿Con el incremento al IVA se resolvió el problema? En materia política, resolviendo las cuestiones del detalle electoral que todavía en este detalle queda mucho por andar, ya estamos en condiciones diferentes para evitar los riesgos de otra crisis cíclica de las que se han presentado en los últimos sexenios.

Yo creo que definitivamente hay que hacer un llamado de esta Comisión Permanente, del Poder Legislativo a un verdadero ejercicio de que sean estadistas y de que superen estos compromisos facciosos, como los llamó mi compañero Juan Antonio García Villa y puedan en realidad dar las condiciones adecuadas de acuerdo a las normas jurídicas, para que ahí en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, que hay procesos electorales locales, puedan de esos procesos salir autoridades que tengan la legitimidad de origen para poder establecer las condiciones de reconciliación y de armonía en esas entidades que urgentemente se requiere.

Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señor Presidente:

Si tuviéramos la versión estenográfica de la sesión del día de hoy, como las de las dos anteriores, veríamos la cantidad de veces que se ha repetido una palabra: la ley.

Y es que el hombre, el individuo, el ciudadano que vive en una relación con sus semejantes, podrá alterar el derecho, podrá ir en contra del derecho, pero jamás vivir sin el derecho.

Hace un momento, escuchando las intervenciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra sobre este tema, que estaba registrado en la agenda que aprobamos como los "comentarios a la situación de Oaxaca", se referían a que debe de existir de parte de los gobernantes y de parte de todos los actores de la sociedad un respeto al estado de derecho. Y precisamente en este marco se inscribe la solicitud que ha hecho el senador para que exista una aplicación de la justicia en situaciones que de manera precisa y en forma concreta mencionó, en el Estado de Oaxaca.

Y precisamente a ellas quiero referirme para que no quede la impresión de que en algún municipio o en el propio Estado de Oaxaca, existe una situación que se maneje con las autoridades, derivadas de usos y costumbres de aplicación al margen del derecho.

Y me refiero particularmente a los usos y costumbres porque es Oaxaca, sin demérito de otras entidades, en donde esta práctica ancestral cobra vida y se materializa de manera cotidiana en cada uno de los municipios y de las comunidades de Oaxaca.

Fue el primer Estado, con una anticipación de dos años a la reforma del artículo 4o. constitucional, la primera entidad que en el texto constitucional, derivado de una reforma publicada en el periódico Oficial del Estado, el 29 de octubre de 1990, en donde se reconoció y se elevó a rango constitucional el respeto a las formas tradicionales de elección a las autoridades. Y a partir de esta reforma ha habido una congruente actuación del Gobierno y de las administraciones sucesivas, no solamente en plasmar en el texto constitucional, sino en buscar que en los hechos, a través de las disposiciones reglamentarias, se haga un reconocimiento legal de estas prácticas.

Por eso llama la atención que en este contexto de respeto histórico que se tiene en la ciudad, se puede hablar de que existe hoy una situación que puede vulnerar a autoridades municipales que son derivadas de estos procesos de elección a través de usos y costumbres.

En efecto, conocemos la situación de Guevea de Humboldt, situación que prevaleció desde 1995, en la que se llevaron a cabo las elecciones de los 570 municipios de Oaxaca y en la que por disposición constitucional, y señalarlo así también el libro cuarto del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Oaxaca, se respetaron las decisiones de 403 municipios que han optado por lo que se denomina el régimen de usos y costumbres, frente a los otros municipios que nosotros denominamos régimen de partidos.

Y a partir de esta situación se da una transformación constante por este reconocimiento y este marco legal.

Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones, así como las constitucionales y reglamentarias en las que se asienta la formación de los poderes municipales, no excluye de ninguna manera las responsabilidades que quienes ocupan estos cargos tienen que enfrentar por hechos que la ley y nuestra legislación penal castiga con sanciones. Hacerlo así sería excluir en un estado de excepción que de ninguna forma contribuye a fortalecer nuestro régimen de derecho en el que todos estamos comprometidos.

Se han señalado aquí, de parte del señor senador, los procesos que se incoaron en contra de varias personas, que incluso algunas de ellas han resultado ahora, y hablo del proceso de 1995, con cargos en el gobierno municipal. Pero ha habido hechos que se registraron con anterioridad a este proceso y precisamente derivado de estos hechos, de los procesos penales en donde existió el señalamiento y se acreditaron los elementos para liberar las órdenes de aprehensión respectiva, es que se dieron dos acciones que se encuentran asentadas en dos procesos penales.

Por una parte, el proceso 229 del año de 1996, en que precisamente resultan inculpados quienes hoy ocupan el cargo de presidente municipal, Leonardo Alonso Prieto y existía con anterioridad...; este proceso, quiero mencionarle que se derivó de las denuncias que se hicieron contra un grupo que dirigía precisamente esta persona y que cometió lo que nosotros tipificamos como un secuestro, pero que es una privación ilegal de la libertad de varias personas y adicionándole varias conductas que se tipificaron como robo.

Pero además, dos de los implicados que se encuentran hoy recluidos en virtud del cumplimiento de órdenes de aprehensión, como son Leopoldo Márquez o Leopoldo Vázquez Gasca y Tiburcio Guzmán Menéndez; en el caso de este último que fue detenido en virtud del cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de un proceso de homicidio. Tiburcio Guzmán está señalado en el proceso 104/91, por el delito de homicidio en agravio de Artemio Jacobo Curiel.

No es posible que nosotros podamos hacer una excepción aun en el caso de aquellos indígenas, ciudadanos oaxaqueños, que cometen acciones que precisamente vulneran el régimen del derecho, porque el no hacerlo sería contribuir a la impunidad, que es la que empuja a situaciones como las que hoy hemos comentado durante el transcurso de la mañana.

Por otra parte, queremos decir que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Procuraduría de la Defensa y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una institución creada en Oaxaca precisamente por la gran cantidad de grupos étnicos que tenemos, de los 56 que existen en el país 16 etnias se encuentran asentadas en nuestro territorio; más del 50% de los más de 3 millones de habitantes, corresponden o son hablantes de lenguas indígenas. Esto ha contribuido a que se formen en Oaxaca instituciones y que se respeten instituciones de trabajo solidario de atención a los indígenas, que están incluso reconocidas en nuestra Constitución.

Uno de los aspectos importantes que señalaban, es efectivamente las condiciones sociales y económicas que atravesamos en nuestro Estado. Pero precisamente porque estamos conscientes de que sólo en la construcción de consensos, sólo en una convivencia armónica podremos acceder a otras etapas, a otros peldaños del bienestar, es que en Oaxaca buscamos que la aplicación del derecho, que la aplicación de la justicia, de ninguna forma se deshumanice ni se convierta por lo dilatado en una denegación de justicia.

Y en esto estamos comprometidos no solamente los representantes populares, los líderes de las organizaciones, los diferentes grupos de las ONG que han contribuido de manera mucho muy importante en una vitalización de lo que es nuestra estructura jurídica. Apenas hace un año el Congreso del Estado recibió las iniciativas para fortalecer precisamente el marco jurídico del respeto a los usos y costumbres. Hoy, en Oaxaca, están acreditados no solamente como formas de elección de sus gobernantes, sino también como procedimientos conciliatorios que adquieren el valor jurídico de cosa juzgada en el caso de la resolución de los conflictos agrarios.

Existen disposiciones que preservan una forma de trabajo que tenemos los oaxaqueños, que es el trabajo solidario que se lleva a cabo en las comunidades denominado El Tequio. Hay un marco profundo que se hinca en las raíces de nuestra historia y que se ha expresado en disposiciones constitucionales y legales que hoy avalan en Oaxaca el régimen de derecho.

Considero, señoras legisladoras y legisladores, que de ninguna forma podemos generalizar situaciones que pueden prevalecer en un Estado de nuestra República a condiciones que guardan particularidades y especificidades en otros tantos. Somos una convergencia pluriétnica y pluricultural como lo señala el artículo 4o. constitucional, tenemos en cada uno de nuestros estados una historia que se va forjando con instituciones, con ideas, pero también con un hondo compromiso hacia las clases, hacia los sectores, hacia los grupos más desprotegidos.

Por eso es que en esa aplicación del derecho, aun cuando nuestro objetivo, considero debe prevalecer en un aspecto central el bienestar de los hombres, de ninguna forma la obtención de estos objetivos, la búsqueda del bienestar, de la armonía y de la convivencia debe de dejar al margen la aplicación del derecho.

Quise puntualizar el contexto en el que se dio la atención de los problemas que se refieren concretamente a Guevea de Humboldt, porque las comunidades oaxaqueñas son muy respetuosas también de los procedimientos legales, se han incorporado incluso a sus usos y costumbres y que también éstos han tenido la influencia de aquellas tradiciones.

Hace apenas 14 días venimos de registrar una renovación de poderes en casi 47 municipios que siguen los usos y costumbres: San Juan Yatzona, San Francisco Cajonos, San Mateo Cajonos, San Martín, San Melchor Betaza, son algunos de los 47 municipios que en un ambiente de tranquilidad y de paz y con una convicción profunda del respeto a sus usos y costumbres, han renovado sus poderes.

Muchas gracias.

¿Con qué propósito, senador? Para rectificar hechos, tiene la palabra hasta por cinco minutos, el senador Héctor Sánchez.

Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros:

Creo que no venimos a hablar de que no impere el estado de derecho, creo que no venimos a hablar en contra de la aplicación de la ley, de lo que venimos a decir es que precisamente no se utilice la ley y los procedimientos legales para reprimir a indígenas y campesinos en el Estado de Oaxaca.

Es increíble que después de una elección por usos y costumbres, se emitan 34 órdenes de aprehensión de un expresidente municipal que tiene a lo mejor mirada fotográfica para saber exactamente el nombre y apellido de todos aquellos que participaron en una acción de esta naturaleza. Es claro que aquí hubo contubernio del Ministerio Público, es claro que aquí hubo solapamiento del gobernador del Estado, para que se pudieran girar estas órdenes de aprehensión en contra de ciudadanos de Guevea de Humboldt, es claro que mientras se cierre el gobierno del Estado a entender que hay un problema social no sólo en Guevea de Humboldt, sino San Agustín Loxicha y una serie de comunidades y municipios de Oaxaca puede darse por omisión, por no intervenir oportunamente situaciones de violencia en estos lugares, venir a decir, por lo que dijo el señor diputado, pues es que Oaxaca es un paraíso en la aplicación de las leyes, que no hay violación de los derechos humanos, que los policías actúan de acuerdo a sus facultades y que bueno, ahí los indígenas de Oaxaca se les aplica la ley y se les encarcela, sobre todo cuando luchan para tener una autoridad de acuerdo a sus intereses.

Quiero recordarles que efectivamente el PRI estuvo de acuerdo con los usos y costumbres que se palparon en la ley electoral y en la Constitución, pero más bien yo diría que cuando ellos lo hicieron, lo hicieron pensando no en los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas, sino en los abusos y costumbres que venía ejerciendo el PRI en las comunidades indígenas, de tal manera de que cuando se elegía a un presidente municipal, prontamente el PRI iba y lo registraba en el instituto estatal electoral, para que esta autoridad se comprometiera a ser una autoridad priísta.

Tan es así, que cuando el PRI empieza a perder la autoridad moral y política en esos pueblos, entonces los acosa, entonces los divide, entonces los encarcela y éste es el caso concreto de Guevea de Humboldt, un pueblo indígena con sus usos y costumbres para elegir sus autoridades.

Cuando estos pueblos se salen del control priísta, entonces a como dé lugar hay que arrebatarles la autoridad.

Vean, por ejemplo, un acuerdo de minutas que tuvieron en la delegación de gobierno. Dice: "acuerdos. 1o. Celebrar en Guevea de Humboldt una reunión de ancianos de ambos grupos, que sean 10 de un grupo y 10 del otro grupo, siendo estos mayores de 60 años y el lugar de la sesión sería en la casa-curato, la fecha será determinada entre los días 12 al 16...". Bueno, está hablando de que estos pueblos mantienen sus costumbres ancestrales, buscan mecanismos para poder resolver entre ellos las diferencias que se pudieran presentar y lo lograron hacer, y eligieron autoridad y los del otro bando se integraron a formar una sola autoridad en Guevea de Humboldt.

Sin embargo, el PRI, el que dice que respeta los usos y costumbres de las comunidades y municipios indígenas, pone en un punto de acuerdo, en la reunión con el delegado de gobierno y dice: "el registro de las planillas ante el instituto estatal electoral y ante las autoridades, se realizará de la siguiente forma: si la planilla triunfadora es la propuesta del PRI, será registrada por ese partido político....".

¿Dónde está, dónde está el respeto a los usos y costumbres de nuestras autoridades? Cuando en nuestros pueblos se salen del control priísta, entonces a fuerza tiene que ser como ellos quieren y si no lo aceptan, pues se van a la cárcel; los atosigan constantemente, los acosan y los meten a la cárcel. Eso es lo que venimos a denunciar, ese doble discurso de decir estoy con los pueblos indios, estoy con los usos y costumbres, estoy por las leyes que recuperen los derechos de nuestros pueblos.

El mismo compañero es un indígena de Oaxaca, y de verás que me da pena de que no sean ellos los que defiendan los derechos de nuestros pueblos y yo sí lo digo, orgullosamente zapoteca y defiendo los derechos de nuestros pueblos, los usos y costumbres de ellos y no me ando respaldando en un partido para encarcelar a ciudadanos que luchan por sus derechos.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente:

Efectivamente en Oaxaca nosotros tenemos una ancestral lucha de las comunidades indígenas. Los indígenas hemos venido ascendiendo en un camino que lo consideramos irreversible. Sin embargo, se ha sustituido la voluntad de muchas comunidades, se les ha empujado a situaciones en las que más que la ley, más que sus usos, más que sus costumbres, han sido inducidos al chantaje, a la presión y consecuentemente a la violencia.

Pero el hecho de que impere en algunas comunidades situaciones en las que la violencia pareciera que fuera el camino que las conduce a resolver sus problemas agrarios, sus problemas intercomunitarios, sus problemas, incluso que pudieran presentarse con motivos de posiciones políticas o religiosas, de ninguna forma quienes tenemos representaciones y quienes tenemos responsabilidades, debemos de avalar.

No es empujando a las comunidades, no es buscando el camino de la confrontación o de la violencia, la forma en que vamos a resolver los problemas ni en Oaxaca ni en ningún otro lugar de México. Tenemos un argumento que es el que debe de esgrimir, el que debemos esgrimir todos con responsabilidad y es la aplicación del derecho.

¿Cómo es posible que no podamos nosotros admitir que por el hecho de que algún individuo asuma una responsabilidad en su comunidad, en el municipio, quede excluido de aquel homicidio, que en forma brutal deja en orfandad y deja en desamparo a una familia?

Los cargos municipales no tienen de ninguna forma ni representan el fuero para que queden excluidos de que se les aplique la ley. Existen procesos y existen las pruebas suficientes que han acreditado los elementos, no solamente de haber librado la orden de aprehensión, sino que estos individuos, concretamente las tres personas de Guevea, están incluso sujetas ya a un auto de formal prisión, que fue sostenido con los elementos suficientes que hacían, no solamente presunta, sino la probable responsabilidad con la que han sido señalados.

No podemos admitir que los usos y costumbres sean el escudo o la falsa puerta en donde nosotros cobijemos la impunidad del signo que sea, es por eso que yo exhorto a que con un criterio de responsabilidad, viendo ante todo los intereses de nuestras comunidades, que busquemos la aplicación, sí, la aplicación del derecho y que deslindemos las responsabilidades políticas de estos conflictos que son estrictamente penales y a los cuales deben de enfrentarse con la debida resolución.

Muchas gracias.

Túrnese la proposición a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente, así como a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y de Senadores.

CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE

Esta Presidencia informa a la Comisión Permanente que se ha retirado el tema relativo a los recientes cambios en la Administración Pública Federal del orden del día, por lo tanto, para referirse a la situación de extrabajadores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, tiene la palabra el senador Mario Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos. 

Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Toda vez que se han agotado las instancias sin encontrar una solución de las autoridades competentes a sus demandas laborales, los trabajadores despedidos de Laguna Verde cumplen 44 días de plantón permanente.

Este problema que al parecer no existe voluntad de las autoridades para resolverlo, tiene su origen en el despido injustificado de 500 trabajadores de la nucleoeléctrica Laguna Verde, quienes laboraron por más de 20 años sin haber sido basificados durante todo ese tiempo, ya que se les incluyó indebidamente como trabajadores de la construcción, amparados por un contrato colectivo de trabajo que contiene prestaciones inferiores a las previstas en nuestra legislación laboral.

El 5 de junio del año pasado, el diputado Javier González Garza expuso ante la Comisión Permanente la situación por la que atravesaban los mencionados trabajadores, sin que hasta la fecha se haya atendido sus demandas.

Sus peticiones se encuentran dentro de lo que nuestra legislación laboral les otorga, mismas que se enumeran a continuación.

Uno. La reinstalación de 11 trabajadores en el puesto y categoría que venían desempeñandoon carácter de planta.

Dos. El pago de los salarios en los términos que establece la cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo vigente.

Tres. El pago de las diferencias de trabajo, ya que la legislación se realizó con cantidades iguales para los trabajadores.

Cuatro. El pago de los impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolvió a la Comisión Federal de Electricidad a favor de los trabajadores.

Cinco. El respeto a la conservación de la casa-habitación que tenían asignada y

Seis. Bonificaciones y pagos de gastos médicos que han solventado los enfermos como consecuencia del trabajo realizado.

Independientemente de lo anterior, hacemos del conocimiento de esta Comisión Permanente que como consecuencia de la labor realizada en la citada planta termoeléctrica, han fallecido lamentablemente los trabajadores Rafael Félix Ortega, José Luis López Islas y Marco Antonio Domínguez Cobos, cuyos familiares demandan el pago de la indemnización constitucional correspondiente.

Como pueden constatarse, las demandas de los citados trabajadores y las de los deudos de los que lamentablemente han perdido la vida, son justas y se encuentran apegadas a nuestra legislación laboral.

Considerando que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General señala que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en los que la hayan recibido, y en estos casos el Presidente de la Cámara tiene la obligación conforme a la fracción XIV, XVI del artículo 21 del mencionado reglamento, de excitar las comisiones a que presenten dictamen y, si no fuera suficiente, emplazar para día determinado y, si ni así se presenta el dictamen, el proponer a la Cámara que pase a otra comisión, que es evidente que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y que la comisión señalada no ha presentado el dictamen correspondiente, incumpliendo con lo dispuesto en el multicitado artículo, con base a las anteriores consideraciones solicito a esta Presidencia:

Unico. Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores a que presente el dictamen sobre la propuesta presentada por la senadora Rosa Albina Garavito Elías, el 3 de diciembre de 1997.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra hasta por 15 minutos el senador Mario Vargas Aguiar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario I nstitucional. 

Gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras; compañeros legisladores:

Sólo vengo a apoyar la solicitud que el compañero senador Mario Saucedo ha venido a hacer aquí; sin embargo quisiera, para conocimiento de la Asamblea, plantear algunos antecedentes que en esta legislatura y en esta comisión no se han expresado.

Ciertamente es un conflicto serio, delicado, en donde hay una litis bien definida, aquí expresada brevemente por el senador Saucedo, en el sentido de una interpretación en cuanto a la aplicación que el contrato colectivo único, que así lo plantean los trabajadores demandantes, y la aplicación del contrato colectivo por obra determinada, que la empresa, la Comisión Federal de Electricidad, en su gerencia de centrales nucleoeléctricas plantea.

Es conveniente recordar que fue motivo de debate en la opinión pública nacional la construcción de esta central nucleoeléctrica y que a pesar de una oposición muy fuerte de grupos que con buena fe, no lo dudo, expresaban sus dudas en cuanto a la conveniencia de la construcción de esta importante central nucleoeléctrica, finalmente ésta se construyó y para ello hubo necesidad de contratar personal que se encargara precisamente de la construcción de esta importante central.

Al irse concluyendo las etapas de construcción, tenemos los reportes, porque este asunto ya se planeó en Comisión Permanente pasada, se fueron dando de baja, por ejemplo, en 1994, 889 trabajadores, en 1995, 1 mil 278, en 1996, a 767, en 1997, a 159 trabajadores, en virtud de que se iban concluyendo las etapas de construcción.

Sin embargo, en este proceso de liquidación, ocho trabajadores no aceptaron su liquidación por el término de la relación laboral y demandaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, Junta Federal número cinco, su reinstalación y la aplicación del clausulado y contrato colectivo de trabajo único, que tiene contratada la CFE con el SUTERM.

Posteriorrnente se le unen tres trabajadores y este asunto, junto con otros 197 trabajadores que habían sido liquidados entre 1995 y 1996, demandaron diferencia de finiquitos y pretendieron algunas diferencias y algunos conceptos económicos que, a su ver y en su derecho, les correspondían.

Para sintetizar, compañeras y compañeros legisladores, no se han agotado las instancias ante las autoridades correspondientes. Eso yo creo que es necesario rectificarlo, porque aquí se dijo que las instancias se habían agotado.

Las instancias están abiertas porque existen 24 juicios acumulados donde se agrupan los asuntos de los 11 primeros trabajadores reclamantes y los 197 ex trabajadores.

Se están tramitando en esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número cinco bajo el expediente 85/97. Es un asunto sub judice, es un asunto que se está ventilando ante las autoridades jurisdiccionales del ámbito laboral, de tal forma que yo acepto el trámite y lo apoyo, el trámite que pide el compañero senador Saucedo, en el sentido de que se emita una excitativa a las comisiones correspondientes, a fin de que de acuerdo con las facultades y atribuciones que tenemos nosotros en comisiones en el Poder Legislativo, podamos exhortar a las autoridades correspondientes para que este asunto pueda solucionarse. No podemos decir que se han agotado las instancias. Es un asunto que deberá resolverse conforme a derecho y deberá emitirse el laudo correspondiente a fin de que se deslinde la situación de estos trabajadores.

De lo que sí quiero dajar constancia, es que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, está atento y pendiente para que se resuelva conforme a derecho.

Emitimos una solicitud muy atenta a las partes a que pudieran llegar a una conciliación, pero también una solicitud muy atenta para que no se desarrollen actividades que lesionen los intereses del pueblo de México, de la sociedad de mexicana, la toma de oficinas, la toma de instalaciones, de las instituciones prestadoras de un servicio importante para todos nosotros; creemos que se debe preservar.

Nuestra exhortación es a que se acelere el trámite, a que se defina el asunto conforrne a los elementos de valoración y de juicio que tienen las autoridades laborales y que podamos concluir este asunto a satisfacción de las partes en estricta aplicación de la ley. Es cuanto, señor Presidente.

Para hablar sobre el mismo tema tiene la palabra la diputada Socorro Aubry Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Con relación a la denuncia y solicitud que ha hecho el senador Mario Saucedo, en favor de los trabajadores despedidos de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en mi calidad de legisladora veracruzana, me permito proponer, como complemento y en apoyo a los planteamientos del senador Mario Saucedo, los siguientes puntos:

1o. Que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicite atentamente y con respeto a sus atribuciones legales, que la Comisión Federal de electricidad retire la demanda penal que su director general ha levantado en contra de los trabajadores despedidos de la nudeoeléctrica de Laguna Verde, como una prueba de buena voluntad, que permita la reanudación del diálogo y solución negociada del conflicto.

2o. Que la Comisión Pemanente integre un grupo especial de trabajo pluripartidista, que se entreviste con ambas partes y que visite las instalaciones de Laguna Verde, para constatar las condiciones laborales, ambientales y de seguridad que existen en esas instalaciones.

3o. Que con fundamento en el artículo 21 fracción III, 58, 90 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cite al doctor Rogelio Gasca Neri, director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que informe sobre el asunto de los despedidos en la nucleoelétrica de Laguna Verde.

Considero necesario insistir en que estas proposiciones, son complementarias y no excluyen las que ha formulado el senador sobre este mismo punto, por lo que solicito se les dé el trámite reglamentario correspondiente. Es cuanto, señor Presidente.

Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador Manuel Cadena Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Gracias, señor Presidente:

Señor Presidente, con la idea de obviar un debate que nos pudiera llevar hasta un par de horas y creo que no fuera lo más adecuado, yo sí propongo que pues como se ha comentado aquí, se turne a comisiones, pero con un compromiso que pudiéramos adquirir, de que se analizara de inmediato, pudiéramos solicitar a la Junta de Conciliación número cinco, al presidente de la junta, platicar con él, seguramente él tiene toda la información con el área de conciliadores de la Secretaría del Trabajo y poder definir a satisfacción de los compañeros trabajadores de este conflicto.

Por lo cual hago una propuesta, de que se haga en ese tenor.

Muchas gracias, señor Presidente.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, a que presente el dictamen sobre la propuesta presentada por la senadora Rosa Albina Garavito Elías el 3 de diciembre de 1997.

De la misma forma se turnan a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente, los planteamientos hechos por la diputada Socorro Aubry.

Informa esta Presidencia a la Comisión Permanente que ha sido retirado del orden del día el tema relativo a los programas emergentes por las heladas y sequías en el país.

ORDEN DEL DIA

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Procedo a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 21 de enero de 1998.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja Califomia Sur y Tamaulipas.

Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Myriam Vachez Plagnol de García de Quevedo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Guadalajara, Jalisco.

Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Harold Henry Rabling Torres, Juan José Braulio Cruz Bailón, Benito Medina Herrera, Jesús Javier Castillo Cabrera, Manuel Víctor Estrada Ricárdez, José Antonio Guzmán Coeto, Herminio Burgos Domínguez, Sergio Sanoja Castillo, Héctor Porfirio Petronio Guadarrama Reynoso y Ricardo Miramontes Vargas, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en Grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.

Sesión secreta.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO