Proceda la Secretaría a pasar
lista de asistencia.
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los
miembros de la Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 29 legisladores. Hay quorum, señor
Presidente.
| El Presidente (a las
11:31 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Primer
Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 21 de enero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Solicitud de licencia de la diputada Arely Madrid
Tovilla.
Comunicaciones de los congresos de los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas.
Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal.
Propuesta de la mesa directiva.
Comunicación de la mesa directiva.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud del permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 29 de enero
al 2 de febrero de 1998, a efecto de que participe en la reunión del Foro Económico
Mundial, en Davos, Suiza.
Por el que se remite la propuesta del Presidente de la
República, para la designación de magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los
Tribunales Unitarios Agrarios.
Por el que el Presidente de la República, somete a la
aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la
designación del licenciado Everardo Elizondo Almaguer, como miembro de la junta de
gobierno del Banco de México.
Por el que se solicita el permiso constitucional
necesario para que la ciudadana Myriam Vachez Plagnol de García de Quevedo, pueda aceptar
y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Francia en Guadalajara, Jalisco.
Por el que se solicita el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Artemio Santos Santos, pueda aceptar y desempeñar el
cargo de cónsul honorario de Brasil en Cancún, Quintana Roo.
Diez, con los que se remiten las hojas de servicios de
los ciudadanos Harold Henry Rabling Torres, Juan José Braulio Cruz Bailón, Benito Medina
Herrera, Jesús Javier Castillo Cabrera, Manuel Víctor Estrada Ricárdez, José Antonio
Guzmán Coeto, Herminio Burgos Domínguez, Sergio Sanoja Castillo, Héctor Porfirio
Petronio Guadarrama Reynoso y Ricardo Miramontes Vargas, para los efectos de la fracción
VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que
concede permiso a la ciudadana Suzan Harfouche Harfuch, para prestar servicios como
secretaria, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que
concede permiso al embajador Jorge Eduardo Chen Charpentier, para aceptar y usar la
condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere
el gobierno de la República Federal de Alemania.
Agenda política
Comentarios sobre la situación política en el Estado de
Chiapas. (Deliberativo.)
Comentarios sobre los ajustes presupuestales anunciados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Deliberativo.)
Comentarios sobre los recientes cambios en la
Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Socorro Aubry Orozco, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la sequía que afecta a varios estados
de la República, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Sesión secreta.»
ACTA DE LA
SESION ANTERIOR
| El secretario diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, celebrada el miércoles catorce de enero de mil novecientos noventa
y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Séptima Legislatura.
| Presidencia
del diputado Arturo Núñez Jiménez |
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a
las once horas con treinta y un minutos del miércoles catorce de enero de mil novecientos
noventa y ocho, con una asistencia de treinta y cuatro legisladores, el Presidente declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y
posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en
votación económica.
A continuación se da cuenta con los siguientes
documentos:
La solicitud de prórroga de la licencia concedida al
diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado. La Asamblea aprueba sin discusión el punto
de acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Una comunicación del Congreso del Estado de San Luis
Potosí, con la que remite un pronunciamiento en contra de la aplicación de la pena de
muerte. Se turna a las comisiones de Justicia de ambas cámaras.
Otra del Consejo de la Judicatura Federal del Poder
Judicial de la Federación, con la que informa de actividades propias de su encargo. De
enterado.
Una iniciativa del Congreso de Baja California, que
reforma el artículo cuarenta del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que remite el informe que contiene las razones y criterios para
extinguir el fideicomiso ciento noventa y cinco, denominado Comisión Nacional de Caminos
Alimentadores y Aeropistas. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados.
Cinco oficios de la misma Secretaría, con los que se
solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Roberto Velázquez de Alba, pueda prestar sus servicios
en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco. Se
turna a la Primera Comisión.
Guillermo Velázquez Martínez, pueda prestar sus
servicios en la Embajada del Reino de Tailandia en México. Se turna a la Primera
Comisión.
Francisco Javier Garza Zambrano, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Venezuela en Monterrey, con circunscripción
en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.
Enrique Zambrano Benítez, pueda aceptar y desempeñar el
cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Monterrey, con circunscripción en los estados
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se turna a la Primera Comisión.
Miguel González Calette, pueda aceptar y desempeñar el
cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción en los estados de
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. Se turna a la Primera Comisión.
Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los
que remite las hojas de servicios del mismo número de ciudadanos mexicanos, para los
efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Se da primera lectura a dos dictámenes de la Primera
Comisión, con proyectos de decreto con los que se conceden los permisos constitucionales
necesarios para que los ciudadanos: Suzan Harfouche Harfuch, preste servicios en la
Embajada del Reino de Arabia Saudita en México y Jorge Eduardo Chen Charpentier, pueda
aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federal de
Alemania.
Debaten respecto a los recientes acontecimientos en
Ocosingo, Chiapas, los legisladores: Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, en dos
ocasiones. En la primera propone la intervención de la Cruz Roja Internacional y en la
segunda rectifica hechos y responde a las interpelaciones de los legisladores Oceguera
Ramos y Vargas Aguiar; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la
Revolución Democrática, en cuatro ocasiones.
En la segunda para responder a alusiones personales, en
la tercera para proponer que la Comisión Permanente condene los hechos de Ocosingo y en
la cuarta para rectificar hechos y contestar a una interpelación del legislador López
Velarde; Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional; Dionisio Pérez
Jácome, del Partido Revolucionario Institucional; Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido
de la Revolución Democrática, en tres ocasiones, para rectificar hechos y en la última
contesta a una interpelación del legislador Oceguera Ramos; José Antonio Valdivia, del
Partido Revolucionario Institucional; Carlos Medina Plascencia, del Partido Acción
Nacional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Oscar López
Velarde Vega, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones.
En la primera, contesta a una interpelación del
legislador Ramírez Cuéllar y propone un pronunciamiento respecto de la prestación de
apoyos básicos para la ayuda humanitaria en el Estado de Chiapas; Mario Saucedo Pérez,
del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar
hechos y contestar a las interpelaciones de los legisladores López Velarde y Oceguera
Ramos; Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar
hechos en dos ocasiones y en la primera contestar a una interpelación del legislador
Robledo Ruiz; Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional y
Ricardo Monreal Avila, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones y en la
tercera contesta a las interpelaciones de los legisladores Molina Ruiz y Rodríguez Prats.
Agotada la lista de oradores, el Presidente pone a
consideración de la Comisión Permanente las propuestas hechas durante el debate y
respecto a la del legislador Oscar López Velarde Vega, habla en contra el legislador Juan
Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional y en pro el ponente, quien presenta
modificaciones a su propuesta original.
Se acepta a discusión, se considera de urgente
resolución y se aprueba en votación econó-mica.
La propuesta del legislador Ricardo Cantú Garza no se
acepta a discusión y se desecha.
La presentada por el legislador José de Jesús Martín
del Campo Castañeda, se acepta a discusión, se considera de urgente resolución y se
aprueba.
Solicita y se concede el uso de la palabra al legislador
Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones. En
la primera denuncia hechos que calificó de ilícitos en el municipio de Guevea de
Humboldt, Oaxaca y en la segunda rectifica hechos.
Para referirse al mismo tema, hacen uso de la palabra los
legisladores: Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional y Miguel Sadot
Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional, este último en dos
ocasiones, la segunda para rectificar hechos.
Se turna la Primera Comisión y a las comisiones de
Derechos Humanos de ambas cámaras.
El Presidente informa que el tema sobre los recientes
cambios en la administración pública federal fue retirado, por lo que, para referirse a
la situación laboral de trabajadores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde,
Veracruz, concede el uso de la palabra a los legisladores: Mario Saucedo Pérez, del
Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se excite a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, para que dictamine sobre la
propuesta de su partido del tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete; Mario
Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional; María del Socorro Aubry Saucedo,
del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que las denuncias penales en
contra de trabajadores de Laguna Verde se retiren y que se designe un grupo de trabajo
pluripartidista de la Comisión Permanente que cite a comparecer al director general de la
Comisión Federal de Electricidad, y Manuel Cadena Morales, del Partido Revolucionario
Institucional.
Se hace la excitativa y se turna a las comisiones
correspondientes.
El Presidente informa que el tema sobre programas
urgentes por las heladas y sequías del país fue retirado, por lo que, agotados los
asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con tres minutos, citando para la
que tendrá lugar el miércoles veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, a
las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso
de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DIPUTADA
QUE SOLICITA LICENCIA
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
«Diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en los artículos 62 y 79 fracción VIII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ruego a usted someter a la
consideración de esa Comisión Permanente, mi solicitud de licencia para separarme de las
funciones como diputada federal por el XI distrito electoral del Estado de Chiapas, para
estar en posibilidades de desempeñar un cargo en la administración pública de mi
Estado.
Agradeciendo su fina atención, me es grato reiterarle mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 19 de enero de 1998.—
Diputada Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria.»
De conformidad con lo que establece el artículo 79
la fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega
a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
Por instrucciones de la Presidencia, está a
discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia a la diputada Arely Madrid
Tovilla, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el XI distrito
electoral del Estado de Chiapas, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro
de la administración pública del Estado, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE
AGUASCALIENTES
| El secretario diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.— Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Aguascalientes.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente.—
Honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En forma atenta nos permitimos hacer de su conocimiento
que la honorable LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión
ordinaria celebrada en esta fecha, eligió la mesa directiva que presidirá los trabajos
correspondientes al mes de diciembre de 1997, misma que quedó integrada en la forma
siguiente:
Alfonso de Jesús Bernal Sahagun, presidente; Luis
González Rodríguez, vicepresidente; Pedro Pablo Rodríguez García, Manuel Esparza
Marchan y Alicia Ibarra Rodríguez, secretarios.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos es grato
reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 26 de noviembre de
1997.— Diputados: Jesús Medina Olivares, presidente; Fernando Herrera Avila y
Gerardo Raygoza Mejía, secretarios.»
De enterado.
ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.— Estado de Baja California
Sur.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
El Congreso del Estado de Baja California Sur, comunica a
ustedes que con esta fecha se clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias y se
instaló la diputación Permanente que fungirá durante el receso del segundo periodo del
segundo año de ejercicio constitucional, que comprende del 15 de diciembre al 15 de marzo
de 1998; la mesa directiva quedó integrada de la siguiente manera:
Diputados: Reyes Barrón Bustamante, presidente; Paulino
Molina Romero y Francisco Guadalupe Mendoza, secretarios; César de Jesús Ortega Salgado,
Valente de Jesús Salgado Cota y María del Lourdes Orduño Ortiz, suplentes.
Lo que me permito hacer de su conocimiento para los fines
conducentes. Sin otro particular nos reiteramos a sus apreciables ordenes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz, BCS, a 15 de diciembre de 1997.— "Año
del Tricentenario de Loreto y las Californias".— Diputado Jorge Alberto Cachu
Ruiz, secretario.»
De enterado.
«Escudo Nacional.— Estado de Baja California Sur.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
En sesión solemne celebrada el día 15 de diciembre del
año en curso, fueron clausurados los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias
del segundo año de ejercicio constitucional; en la sesión citada se eligió mesa
directiva del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio
constitucional, que fungirá del 15 de marzo al 15 de junio de 1998.
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 34 y 222
de la ley reglamentaria del Poder Legislativo, la directiva quedó integrada de la forma
siguiente:
Diputados: César de Jesús Ortega Salgado, presidente;
Francisco Javier Obregón Espinoza, vicepresidente; Jesús Redona Murillo, secretario y
Guillermo Bermúdez Almada, prosecretario.
Lo que me permito hacer de su conocimiento para los fines
conducentes. Sin otro particular de momento, reiteramos nuestra atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
La Paz Baja California Sur, a 15 de diciembre de
1997.— Diputado Jorge Alberto Cachu Ruiz secretario.»
De enterado.
ESTADO DE TAMAULIPAS
| El secretario diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Gobierno de
Tamaulipas.— Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente.—
Honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. y
23 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en relación con los numerales 23 y 25
del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, nos permitimos comunicarles que en
sesión pública ordinaria, celebrada en esta fecha, fueron electos los diputados:
Guadalupe González Galván y Enrique Garza Tamez, como presidenta y suplente,
respectivamente, para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos del pleno
legislativo, durante los días del mes de diciembre del actual, que sean necesarios,
dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de
ejercicio legal de la LVI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra
consideración atenta y distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de diciembre de
1997.— Diputados secretarios: Enrique Duque Villanueva y Enrique Javier Navarro
Flores.»
De enterado.
CONSEJO
DE LA JUDICATURA FEDERAL
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.— Poder Judicial de la
Federación.— Consejo de la Judicatura Federal.— Presidencia.— México,
D.F.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Ruego a ustedes atentamente se sirvan comunicar a esa
honorable Comisión Permanente, que el día de hoy el Consejo de la Judicatura Federal
inició su primer periodo de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración
atenta y distinguida.
México, D.F., a 2 de enero de 1998.— El presidente
del Consejo de la Judicatura Federal, ministro José Vicente Aguinaco Alemán.»
De enterado.
COMISIONES DE
TRABAJO
| El secretario diputado
Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.— Poder Legislativo
Federal.— Comisión Permanente.
Proposición de la mesa directiva de la Comisión
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la
Ley Orgánica y para los efectos de lo establecido en los artículos 111 de la misma ley y
175 del Reglamento Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente
PROPOSICION
Primero. El diputado Rafael Oceguera Ramos, se integra
como titular, en sustitución del diputado Roberto Albores Guillén y se propone como
secretario de la Primera Comisión de Trabajo.
Segundo. El senador Mario Vargas Aguiar, se integra como
titular en sustitución de la senadora Rosario Green Macías y se propone como miembro de
la Primera Comisión, en lugar del senador Juan Ramiro Robledo.
Tercero. El senador Juan Ramiro Robledo, se propone como
secretario de la Segunda Comisión de Trabajo, en sustitución de la senadora Rosario
Green Macías.
México, D.F., a 21 de enero de 1998.— Diputados:
Arturo Núñez Jiménez, Jesús Martín del Campo, Juan José Rodríguez Prats; senadoras:
Laura Pavón Jaramillo y María Elena Alvarez Bernal.»
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
REPUBLICA
DE TRINIDAD Y TOBAGO
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.— Poder Legislativo
Federal.— Comisión Permanente.
Comunicación de acuerdo para la celebración de otra
sesión durante la presente semana.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el
artículo 174 del Reglamento para el Gobierno Interior, y con motivo de la visita oficial
que realizará el primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, señor Basdeo
Panday, a la Comisión Permanente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Presidencia
de la mesa directiva en consulta con los grupos parlamentarios, convoca a una segunda
sesión en esta semana, la que tendrá lugar mañana jueves 22 de enero, a las 15:30
horas, para desahogar el siguiente:
Orden del día
I. Dictamen de la Primera Comisión de Trabajo de esta
honorable Comisión Permanente.
II. Visita del excelentísimo señor Basdeo Panday,
primer ministro de la República de Trinidad y Tobago.»
De enterado.
PERMISO
AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
| El secretario diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos de los artículos 71 fracción I y 88 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente
iniciativa de decreto por el que se solicita autorización al señor Ernesto Zedillo Ponce
de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional del 29 de enero al 2 de febrero de 1998, a efecto de que participe en la reunión
anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 20 de enero de 1998.— Por acuerdo del
Secretario.— El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Me permito hacer del conocimiento de esa Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, que he recibido una invitación para
participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial, que habrá de efectuarse del
29 de enero al 2 de febrero del presente año, en la ciudad de Davos, Suiza.
El Foro Económico Mundial, establecido en 1971, es un
importante y prestigiado espacio independiente de debate que congrega a jefes de Estado y
de Gobierno, a personalidades políticas de diversos niveles y tendencias, así como a
altos representantes de los sectores empresarial, financiero y académico, interesados en
intercambiar puntos de vista sobre el estado y perspectivas de la economía mundial y
sobre otros temas contemporáneos que afectan a la sociedad internacional.
El Foro Económico Mundial busca, además, la promoción
de un espíritu comprometido con el "interés público global", por lo que en
sus reuniones anuales se discuten también las consecuencias políticas, sociales y
ecológicas de la globalización.
A 27 años de su creación, el Foro de Davos es uno de
los escenarios de influencia y proyección económica y política de mayor peso
específico en el orbe. Durante este tiempo, ha desempeñado un papel clave en la
identificación de nuevas tendencias económicas, políticas y sociales, así como en la
definición de estrategias y acciones novedosas, tanto para países como para empresas de
proyección internacional. Las discusiones de alto nivel que se llevan a cabo en las
reuniones anuales permiten, por lo tanto, no sólo conocer información relevante sobre
las perspectivas de los distintos campos de acción económica en el mundo, sino también
transmitir mensajes a quienes asisten a dichas reuniones.
Este año, el foro se reúne en torno a la temática
"prioridades para el Siglo XXI", por lo que es una ocasión pertinente para
reflexionar sobre las repercusiones del proceso de globalización y las medidas destinadas
a aprovechar cabalmente las oportunidades que ofrece y enfrentar mejor los retos que
implica. Se discutirán, asimismo, las políticas orientadas a fortalecer el sistema
multilateral de comercio e inversión, con el fin de lograr intercambios más
transparentes y atender los efectos negativos de la volatilidad de capitales.
Una vez más, el Ejecutivo Federal ha sido invitado a
participar en este influyente foro, donde tendría la oportunidad de establecer contacto
con actores relevantes de la economía y de la política mundiales y de presentar una
visión actualizada y objetiva de la realidad mexicana, así como nuestra posición en los
diversos temas que se debaten en los mecanismos de cooperación económica y financiera.
Por tal motivo, estimo de gran importancia, previa
autorización de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, asistir a
Davos, donde daría a conocer los resultados del esfuerzo realizado por el pueblo de
México para superar los problemas que ha afrontado nuestra economía, así como las
medidas que nos han permitido iniciar una nueva etapa de crecimiento y hacerla cada vez
más estable.
Mi participación en esta reunión anual sería también
ocasión propicia para sostener encuentros bilaterales con jefes de Gobierno, con
empresarios, financieros y representantes del mundo académico, que tienen gran influencia
en la orientación de la economía mundial, a efecto de compartir con ellos asuntos de
interés de la agenda internacional de México.
Estoy convencido de que la presencia y proyección de
México en el Foro de Davos, el contacto personal con funcionarios y agentes económicos,
el conocimiento de primera mano de las experiencias de otros países en materia económica
y de las perspectivas de la economía mundial, así como la previsión de los efectos de
los fenómenos globales, habrán de permitirnos anticipar medidas para avanzar con mayor
certidumbre hacia el próximo siglo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los
artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esa Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se conceda autorización al señor
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para
ausentarse del territorio nacional del 29 de enero al 2 de febrero de 1998, a efecto de
que participe en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 20 de enero de 1998.— El
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
TRIBUNAL
SUPERIOR AGRARIO
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente.—
Honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.— Presentes.
El Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León, con fundamento en los artículos 27 fracción XIX segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios, somete a la consideración de esa honorable Comisión Permanente,
la siguiente propuesta para la designación de un magistrado numerario del Tribunal
Superior Agrario: Armando Alfaro Monroy, Ricardo García Villalobos, Jorge Joaquín Gómez
de Silva Cano y Sergio Luna Obregón.
Para la designación de la actual plaza vacante de
magistrado numerario de los tribunales unitarios, así como la que en su caso se desocupe
por la designación en el Tribunal Superior, somete a consideración a los siguientes
ciudadanos: Simplicio Canales Santos, Jorge Juan Mota Reyes y Julio Zúñiga Mongue.
Al remitir con el presente los datos curriculares de los
candidatos, reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 20 de enero de 1998.— Por acuerdo del
Secretario.— El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente.—
Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El Presidente del Tribunal Superior Agrario me ha
comunicado que existe una vacante de magistrado numerario en dicho tribunal, así como una
vacante de magistrado numerario de los tribunales unitarios agrarios.
Como es de su conocimiento, de conformidad con los
artículos 27 fracción XIX segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 15 y 16 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al
titular del Ejecutivo Federal proponer a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a esa
Comisión Permanente, la designación de los señores magistrados del Tribunal Superior
Agrario y de los tribunales agrarios.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos antes
citados, someto a consideración de esa honorable Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente propuesta para la designación de
un magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario: Armando Alfaro Monroy, Ricardo
García Villalobos, Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano y Sergio Luna Obregón.
Para la designación de la actual plaza vacante de
magistrado numerario de los tribunales unitarios, así como la que en su caso desocupe por
la designación en el Tribunal Superior, someto a consideración de esa honorable
Comisión Permanente, la propuesta siguiente: Simplicio Canales Santos, Jorge Juan Mota
Reyes y Julio Zúñiga Mongue.
Me permito adjuntar a la presente las currículas de
todos los candidatos propuestos.
Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de enero de 1998.— El Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
BANCO DE MEXICO
| El secretario diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de
León, en uso de las facultades que le conceden los artículos 28 párrafo séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 39 de la Ley del Banco de
México, ha tenido a bien designar al maestro en economía Everardo Elizondo Almaguer,
como miembro de la junta de gobierno del Banco de México, en sustitución del ciudadano
Francisco Gil Díaz, quien dejó de ser miembro de la junta de gobierno del referido Banco
Central, a partir del 13 de diciembre de 1997.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines
legales procedentes, enviándoles con el presente los datos biográficos del ciudadano
Elizondo Almaguer.
Reitero en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 20 de enero de 1998.— Por acuerdo del
Secretario.— El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
El artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala, en su párrafo séptimo, que la conducción del Banco
Central estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la
República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o de esa Comisión Permanente,
en su caso.
A su vez, la Ley del Banco de México en su artículo 38
señala que el ejercicio de las funciones y la administración del banco estarán
encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias, a una junta de gobierno y a
un gobernador; y que la junta de gobierno estará integrada por cinco miembros, designados
conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional, antes
referido.
Asimismo, el artículo 39 de la citada ley establece los
requisitos que los miembros de la junta de gobierno del Banco de México deben reunir para
su designación.
Por otra parte, y como es del conocimiento público, el
pasado 13 de diciembre el doctor Francisco Gil Díaz dejó de ser miembro de la junta de
gobierno del referido Banco Central, por lo que procede cubrir esa vacante.
En esa virtud y con fundamento en los artículos 28
constitucional párrafo séptimo y 38 de la Ley del Banco de México, someto a la
aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la
designación del licenciado en economía Everardo Elizondo Almaguer, como miembro de la
junta de gobierno del Banco de México.
Considero que el licenciado Elizondo Almaguer, además de
reunir satisfactoriamente los requisitos mencionados en el artículo 39 de la referida
ley, por su amplia trayectoria profesional, experiencia en la materia y comprobada
capacidad dentro del sistema financiero mexicano, así como por sus cualidades personales,
es idóneo para cumplir debidamente con el cargo que le sería conferido de merecer la
conformidad de esa Comisión Permanente.
Para los efectos correspondientes, acompaño la
documentación que acredita que la persona señalada satisface los requisitos exigidos por
la ley.
Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de enero de 1998.— El Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»
Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.
REPUBLICA FRANCESA
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para su conocimiento y fines legales procedentes,
transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta
de Gobernación, con fecha ocho del actual:
"Adjunto al presente me es grato remitir a ustedes
la solicitud de la señora Myriam Vachez Plagnol de García de Quevedo, a fin de que
tengan a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que pueda desempeñar
el cargo de cónsul honoraria de Francia en Guadalajara, Jalisco.
Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento
original, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento de la
interesada."
Al comunicar lo anterior, envío con el presente los
anexos que en el mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de agosto de 1997.— Por acuerdo
del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
| El secretario diputado
Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En oficio fechado el día seis del actual, la Secretaría
de Relaciones Exteriores manifiesta esta de Gobernación, lo siguiente:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted la
solicitud del señor Artemio Santos Santos, a fin de que tengan a bien disponer se
gestione ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo
37 inciso C fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Brasil en Cancún,
Quintana Roo.
Para tal efecto, se anexa acta de nacimiento original,
carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento del interesado.
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines
legales procedentes, acompañando al presente los documentos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS MILITARES
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.— Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de
Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Harold Henry Rabling Torres (6103880),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En oficio fechado el día dos del actual, la Secretaría
de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo
siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Juan José Braulio Cruz Bailón (6103973),
agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con
el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona para los fines legales
procedentes.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a
esta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Benito Medina Herrera (6772662), agradeciéndoles que
por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos
del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
Lo que trascribo a ustedes para su conocimiento y fines
legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de
la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el
anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, Jesús Javier Castillo Cabrera
(6460686), agradeciéndoles que por su digno conducto se
haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que trascribo a ustedes para su conocimiento y fines
legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del honorable Congreso de
la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el presente el
anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de
Gobernación, con fecha tres del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general de ala
piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Manuel Víctor Estrada Ricardez
(4817196), agradeciéndoles que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso
de la Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-- Por acuerdo
del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de
Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier José Antonio Guzmán Coeto (5000908), agradeciéndoles que por su digno
conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo
76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes,
a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha dos del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Herminio Burgos Domínguez (3686255), agradeciéndoles que por su digno conducto
se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 76
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes, en esta oportunidad, las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de
Gobernación, con fecha tres del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general de
brigada médico cirujano Sergio Sanoja Castillo (481632), agradeciéndoles que por su
digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del
artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a ésta de
Gobernación, con fecha tres del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier Héctor Porfirio Petronio Guadarrama Reynoso (8225683), agradeciéndoles que por
su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del
artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del Secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.— Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes,
a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha cuatro del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de la Defensa
Nacional, adjunto remito a ustedes en un legajo, la hoja de servicios del coronel de
infantería Ricardo Miramontes Vargas (6458878), agradeciéndoles que por su digno
conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo
76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión, ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes, en esta oportunidad, las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.— Por
acuerdo del secretario.— El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REINO DE ARABIA
SAUDITA
| El secretario diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.— Poder Legislativo
Federal.— Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 5 de diciembre
del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Suzan
Harfouche Harfuch, pueda prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de
Arabia Saudita en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, el día 29 de diciembre, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana
con la copia certificada del acta de nacimiento.
b) Que los servicios que la propia interesada prestará
en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México, serán como secretaria.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la
fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Suzan
Harfouche Harfuch, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada del Reino de
Arabia Saudita en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 2 de enero de 1998.— Senador
Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Roberto Albores Guillén, Santiago Creel
Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del
Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz
Cárdenas y Juan Ramiro Robledo Ruiz.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo
quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.— Poder Legislativo
Federal.— Comisión Permanente.
Primera Comisión de Trabajo.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que
suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se
solicita el permiso constitucional necesario para que el embajador Jorge Eduardo Chen
Charpentier, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de
Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de Alemania.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite
someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador Jorge
Eduardo Chen Charpentier, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito,
en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federal de
Alemania.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 31 de diciembre de 1997.—
Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Roberto Albores Guillén, Santiago
Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín
del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz
Cárdenas y Juan Ramiro Robledo Ruiz.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo
quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y
del anteriormente reservado.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Tomarán la votación por la afirmativa, María Elena
Alvarez de Vicencio, su servidora.
Y por la negativa la senadora Laura Pavón Jaramillo.
Se va a proceder a recoger la votación de la mesa
directiva.
(Votación.)
Se emitieron 35 votos en pro y ninguno en contra.
Aprobados los proyectos de decreto por 35 votos.
| La secretaria senadora
María Elena Alvarez Bernal: |
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
ESTADO DE CHIAPAS
Para referirse a la situación política en el
Estado de Chiapas, tiene la palabra hasta por 15 minutos el diputado Francisco José Paoli
y Bolio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Francisco
José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
Continúa siendo motivo de gran preocupación la
situación por la que atraviesa el territorio en conflicto dentro de la entidad federativa
de Chiapas.
A un mes, que se vencerá mañana, de la matanza en el
poblado de Acteal, municipio de Chenalhó y tras la oferta o propuesta del nuevo
Secretario de Gobernación de que presentaría una solución integral a la problemática
chiapaneca, seguimos sobre una perspectiva de incertidumbre y sin ninguna claridad en
cuanto al tipo de acciones que deben de emprenderse para que agresivamente, en la mejor de
las acepciones de este término, podamos dar pasos en función de la paz, de la
reconciliación.
Encontramos que hay un retraso que no se justifica otra
vez y que era tiempo ya de tener esta propuesta de solución integral que había sido
ofrecida por el Secretario de Gobernación, en la asunción misma de su mandato al frente
de esa Secretaría, fundamental responsable de la concertación y el diálogo por lo que
al Gobierno atañe.
Se nos ha informado extraoficialmente, a través de la
Cocopa, que el Secretario manifiesta tendrá los elementos fundamentales de esta solución
integral para el día 29 de este mes, hacia el final del mes.
Creemos que esto debiera acelerarse porque los días
avanzan y corremos el serio riesgo de ser informados con el erizamiento tan vasto y tan
detallado de armas, de conflictos, de controversias que hay en el Estado de Chiapas y
particularmente en la zona en donde el conflicto está radicado, de que tengamos noticia
de que hubo nuevas matanzas, nuevos hechos de armas, nueva sangre corriendo por el
territorio.
Requerimos con urgencia de la reanudación del diálogo y
esta reanudación, necesitamos presionar con todos los elementos a nuestro alcance, para
que ambas partes en diálogo, por ser ambas en conflicto o por estarlo, tengan elementos
que nos permitan avanzar en este diálogo. Necesitamos pedir que se den pasos
significativos, pero no sólo a una de las partes. La Conai tiene que hacer su mejor
esfuerzo, que es la única que tiene interlocución con el Ejército Zapatista, para
convencerlo de que debe sentarse nuevamente al diálogo.
Nosotros, a través de la Cocopa, a la cual debemos
reforzar en la realidad y no solamente en las declaraciones, tenemos que encontrar
fórmulas también para que la coadyuvancia en este diálogo se produzca y los integrantes
del partido del Gobierno presionen a su propio titular y al Secretario de Gobernación, a
fin de que encontremos algunas fórmulas que den noticia de la buena fe, de la
disposición al diálogo y que podamos de una vez por todas ver a los dos elementos en
conflicto: al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Gobierno Federal,
nuevamente sentados en la mesa del diálogo.
En cuanto a la llamada internacionalización del
conflicto, nosotros consideramos en primer lugar, como grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional en esta Permanente, que no es lo más conveniente propiciar esta
internacionalización como en un llamado para que otros vengan a resolver problemas que
nosotros debiéramos resolver. Pero también entendemos que puede haber ante
circunstancias de extrema lentitud, de torpeza, de ineficacia política, necesidades para
que pudieran plantearse observación e incluso, llegado el caso, participación de
organismos internacionales, siempre y cuando esto esté previsto, como lo señala el
artículo 133 de nuestra Constitución, en tratados, los cuales debieron haber sido
suscritos por el titular del Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado.
Si en estos tratados se previene que hay la intervención
o puede haber la intervención tanto a nivel de observación como de emisión de opiniones
de otros organismos, como esos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, tal
como señala la Constitución en otro de sus artículos, entonces estaríamos de acuerdo,
pero solamente ante esta circunstancia y operando con gran prudencia y buscando que la
solución de nuestros conflictos, que los pasos fundamentales para resolverlos los den los
mexicanos con los órganos del Estado mexicano y con la participación de los nacionales.
No estamos, pues, en una posición absoluta de defensa
del escándalo internacional. No hemos mandado, como otros grupos parlamentarios, miembros
del nuestro, aun pudiendo hacerlo, a cultivar con mayor amplitud en el escenario
internacional esta disputa. No creemos que esto es lo conveniente, por eso no lo hemos
hecho.
Creemos que tenemos que reforzar nuestra acción interna,
llevar a los que están en conflicto formal y real a ir superando estas condiciones de
guerra que realmente existen en el territorio chiapaneco, sobre todo en estos cuatro
municipios en donde se establece el con-flicto.
No creemos por tanto que debe solamente tomarse una
posición parcial. No podemos pedir en exclusiva el retiro del Ejército de todas las
comunidades, si no pedimos paralelamente que haya manifestaciones de buena voluntad para
desalentar el conflicto por parte del otro elemento que se encuentra en él.
Para nosotros es importante, sí, que pudiera haber
manifestaciones serias, notables, objetivas, de que se retira el Ejército en función de
obtener de algunas comunidades que también se distensionan, por el otro lado. Pero sólo
un retiro parcial no nos asegura nada. Necesitamos tener, pues, una vigilancia muy
afinada, un reforzamiento de nuestras capacidades institucionales, un respaldo consistente
a las dos entidades intermediarias que están en el escenario: la Conai prevista en la ley
y también la Cocopa, prevista en la misma ley y necesitamos también hacer un esfuerzo de
definición para que los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los términos en que
fueron previstos, lleguen a una iniciativa de cambios constitucionales que puedan
proteger, reforzar, defender de manera constitucional a los pueblos indígenas y sus
derechos.
Nosotros creemos que los pueblos indígenas, que ya
están por cierto asentados y reconocidos en el artículo 4o. constitucional, deben ser
protegidos, deben ser impulsados, debe cuidarse su cultura, su forma de trabajo, su forma
de diversión, su organización social, su manera de producir sus relaciones laborales.
Pero también creemos que esto debe hacerse, como dicen por cierto los acuerdos de San
Andrés, sin menoscabo de la soberanía nacional, sin poner en riesgo la división del
territorio, sin subdividir y separar a los mexicanos y sin violentar los derechos humanos,
porque muchas tradiciones de los pueblos indígenas desafortunadamente se quedaron en una
etapa en la cual hay una violación sistemática y es una violación que está arraigada
en sus culturas, que hay mutilaciones, que hay castigos infamantes que se desarrollan
entre los pueblos indígenas y sobre todo hay un trato de discriminación criminal hacia
el sexo femenino.
Esto no puede ser aceptado, las formas constitucionales
requieren de un consenso, como aquí se ha planteado, muy amplio. De nada nos serviría
solamente llegar al punto de conseguir los dos tercios que se reclaman formalmente para
que las modificaciones constitucionales puedan tener vigencia, si una de las fuerzas
principales en la escena política no está de acuerdo con las fórmulas que se van a
llevar; más vale que no las llevemos todavía como iniciativa de cambio constitucional.
Y esto es lo que está requiriendo un gran esfuerzo, una
penetración profunda de la situación compleja y múltiple que informa esta problemática
de Chiapas y este erizamiento brutal que ha llegado a situaciones tan dramáticas como las
que se expresan en la matanza de Acteal de hace aproximadamente un mes.
No quisiéramos escuchar en los próximos días que ante
la lentitud, ante la incapacidad, ante el tiempo excesivo invertido en las propuestas que
debieran ser agresivas y son de paz, volvamos a tener información de sangre derramada de
comunidades agredidas o masacradas. Requerimos que haya un esfuerzo que la población
pueda notar con claridad y este esfuerzo nos corresponde a todos.
El PAN y en particular su grupo parlamentario en ambas
cámaras, está trabajando para tener una visión lo más profunda de esta problemática y
poder proponer una solución que se sobreponga a los intereses parciales, sean
comunitarios, sean regionales o sean partidarios, una solución que sea capaz de traernos
no sólo la pacificación inmediata, no sólo fórmulas constitucionales que sean
aceptadas por todos, sino una estrategia general en la cual los tres poderes de la Unión
y la sociedad civil, como se desprende del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, se
comprometan en un proceso de paz y de solidaridad para superar estos enormes retrasos,
estas terribles injusticias seculares que han registrado los chiapanecos desde hace varios
cientos de años,
Es pues para nosotros fundamental, que los tres poderes
tengan responsabilidad porque habrá cuestiones que deberemos llevar al Poder Legislativo
como las que he referido, estableciendo qué cambios hay que hacer a nivel constitucional
y de leyes reglamentarias en el plano federal.
Pero también habrá que establecer con toda claridad
qué corresponde a los legislativos locales, porque muchas de estas peticiones deberán
aterrizarse a nivel de los legislativos de cada estado y particularmente en el de Chiapas
y ahí recoger en fórmulas adecuadas que protejan estos principios fundamentales
establecidos en nuestra Constitución, que protejan la soberanía, la integridad del
territorio y los derechos humanos, fórmulas que permitan a los pueblos indígenas tener
una presencia, tener capacidad para intervenir en la decisión de sus propias necesidades,
de la solución de sus necesidades en la formulación de planes de desarrollo, contar con
la solidaridad.
Y necesitamos que el Ejecutivo tenga establecidos planes,
programas para apoyar, subsidiar y establecer una nueva forma de relación con los
habitantes de esta zona de Chiapas y necesitamos que el Judicial también tenga la
capacidad para que en la intervención en la resolución de los conflictos en la cual
tomen parte, sobre todo materialmente las autoridades locales... Las autoridades
indígenas tradicionales, sean validadas en lo que no violenten el marco jurídico general
por el Poder Judicial.
Pero necesitamos también un apoyo de la sociedad civil
de muchas de estas organizaciones de las cuales sabemos que hay algunas con una
extraordinaria voluntad y una gran decisión y necesitamos desde luego el apoyo de los
medios masivos de información que no están solamente para destacar lo más escandaloso,
lo más estridente, lo más amarillo, sino que están también para buscar la
conciliación; para encontrar no el enfrentamiento, el amarre de navajas, sino para
encontrar fórmulas de conciliación que frecuentemente en los medios informativos lo que
ocurre es lo contrario.
Necesitamos pues, una colaboración nacional generalizada
en donde todos juguemos nuestro papel pero en la cual todos demostremos que tenemos un
interés fundamental por una paz justa y digna en Chiapas.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra
hasta por 15 minutos, el senador Auldarico Hernández Gerónimo, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
| El
senador Auldarico Hernández Gerónimo: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
El principal problema que en estos momentos causa mayor
angustia al país, a los mexicanos, a la sociedad política, a las comunidades y los
partidos, es la incapacidad de las autoridades para la elaboración de una solución
pacífica integral e integradora, civil y sensata de la cada vez más profunda crisis por
la que atraviesa el Estado de Chiapas.
La angustia reside en que nadie en la sociedad política
ni en los partidos y el Gobierno parecen tener esta solución en las manos; peor aún,
todos los discursos, los actos de fe, las declaraciones de culpa y responsabilidad que
pro-dujo la masacre en Acteal, no parecen estar correspondidas por una efectiva voluntad
política de hacer frente a los problemas de Chiapas.
Y en realidad es aquí donde reside el problema. La
impresión generalizada de la impotencia del Gobierno y la sociedad política frente a
Chiapas, la impresión de la ausencia de soluciones viables no es más que en realidad la
ausencia de una o varias voluntades políticas decididas, cuyo interés auténtico sea el
encontrar soluciones duraderas y permanentes para el desarrollo y la paz en la región.
No se observa una voluntad política en la Presidencia,
que más bien parece estar interesada en diferir y posponer su responsabilidad frente a
Chiapas; las declaraciones van y vienen, como si estuvieran dirigidas a tranquilizar a la
prensa nacional; los actos espectaculares se suceden de vez en cuando, como si alguien
creyera que atraer a jurisdicción federal las investigaciones sobre la masacre en Acteal
bastara para crear condiciones de paz y concordia.
Para nuestros hermanos chiapanecos, las decisiones de
apoyo social y económico urgente son envueltas por una retórica que privilegia el
fantasma de la balcanización por encima de los problemas reales de las comunidades. El
Presidente ni siquiera se ha dignado a visitar el Estado para observar y conocer de
primera mano los terribles momentos por los que atraviesan las comunidades indígenas.
Tampoco ha hecho nada visible para que sus representantes
auténticos lo visiten en Palacio Nacional; ni hablar del menor indicio destinado a
retornar al diálogo con los zapatistas; por el contrario, ha emprendido una campaña
retórica contra los acuerdos de Larráinzar.
Nadie en este momento cree realmente que el nuevo
Secretario de Gobernación y su disímbolo gabinete, estén interesados en una solución
que fomente y promueva la reconciliación de todas las partes. Por su pasado y su
trayectoria parece más bien un gabinete dedicado a propiciar una solución dura y
autoritaria, mientras gana tiempo el rearme de los grupos paramilitares, aumenta el cerco
militar a la selva y se posiciona a las fuerzas federales en la estructura política y de
seguridad estatal.
Envueltos en una retórica insoportable, populista, su
accionar parece dedicado, como ha estado desde 1994, a propiciar el desmantelamiento
social, político y militar de las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y no a resolver los gravísimos problemas de rezago social, la marginación y la falta de
empleos.
Las instituciones dedicadas a proteger los derechos
humanos, en particular de la población indígena, son acaso las más lastimosas. No puede
decirse que no han hecho esfuerzos para recabar los informes terribles sobre las
violaciones a los derechos humanos, pero en principio son tan escasos sus recursos y tan
limitado su poder, que sólo pueden abocarse a la denuncia de lo que ha sucedido y no a
implementar una política para que estas violaciones dejen de pasar en otras ocasiones,
para acusar y después desdecirse de sus propias afirmaciones.
La violación a los derechos humanos permanente y
cotidiana, es la característica principal no sólo en la región de Chiapas, sino en las
comunidades chontales de Tabasco, en los mayas de Yucatán y en los zapotecas y teques de
Oaxaca.
Aquí mismo se denunció en la sesión pasada, de que en
este Estado los asesinatos de indígenas a manos de cuerpos paramilitares es de todos los
días, sin que el gobernador de ese Estado haga algo para solucionar los conflictos.
En el sureste, la situación de los derechos humanos es
crítica. En primer lugar están las violaciones producidas, inevitablemente por la
militarización federal de la zona. La presencia del Ejército impone condiciones
terribles a la vida cotidiana de las comunidades indígenas; se violan los derechos de
libre tránsito, los de manifestación y expresión, el derecho de las comunidades al
libre uso del agua, los de la intervención del Estado en la vida comunitaria, pero lejos
de desmilitarizar la zona y enviar ejércitos de médicos, ingenieros, maestros,
enfermeras, agrónomos y trabajadores sociales, que sí podrían imaginar la manera de
hacer frente a los problemas más ingentes, el gasto federal se destina a la
militarización y a la paramilitarización creciente.
No es con soldados como se puede hacer frente al rezago
de salud, educación y empleo. Por eso estamos exigiendo que los militares regresen a sus
cuarteles.
En segundo lugar están las violaciones producidas por
los cacicazgos locales, como lo son del gobernador Madrazo, en Tabasco y del gobernador
Diódoro Carrasco, en Oaxaca. Estos son gobernadores, tienen mucho de similiar y se
parecen sobre todo en que frente a los intentos de democratización de la vida pública y
en particular de las regiones indígenas, han optado por multiplicar las fuerzas de la
represión y por fomentar escuadrones de la muerte cuyos devastadores resultados los
podemos observar en la trágica historia de Guatemala y El Salvador.
En tercer lugar, ésta es una política dedicada a
fomentar la paramilitarización de la región a través de militarizar al PRI y convertir
a muchos de sus grupos de base en escuadrones del crimen.
Es urgente detener el grave proceso de transformación de
la antigua estructura priísta en un conjunto de falanges militares que capitaliza la
pobreza de sus propios militantes.
La comunidad europea está a punto, una vez más, de
condicionar el acuerdo económico con México al establecimiento de un régimen que cumpla
con los mínimos requisitos del estado de derecho. En Chiapas y en Tabasco y cada vez
menos en Oaxaca existen hoy día un régimen de derecho.
En el Partido de la Revolución Democrática vamos a
enviar una larga, larguísima lista de las violaciones cometidas por los órganos del
Gobierno Federal y regionales de esos estados al parlamento europeo. Les vamos a explicar
por qué no se trata de una política casual, sino de una visión sistemática que parece
preferir la militarización de la región y no su pacificación, es decir, que por
negligencia o por voluntad se acerca mucho más a una política que fomenta conflictos y
no pretende reconciliarlos.
También vamos a enviar esta lista a la ONU y vamos a
solicitar tanto al parlamento europeo como a la propia ONU, que se mantenga al tanto de
las violaciones que de manera sistemática se están llevando a cabo en Chiapas y en el
sureste del país.
La política de diferencia, las contradicciones sociales,
culturales y religiosas de la región, es una política que crea las condiciones para una
escalada cada vez mayor. El Poder Federal no piensa ni actúa en función de las
necesidades de sobrevivencia de los pobladores de Chiapas y Tabasco, sino sólo en la
forma en cómo los próximos años habrá de preservar el poder, sólo quiere capitalizar
el sufrimiento de los pueblos indígenas y no hallar soluciones reales para transformar
radicalmente la situación.
No podemos estar dispuestos a seguir jugando el juego de
la guerra, tampoco la indiferencia ni la posposición, y porque la fuerza de las
comunidades indígenas no es suficiente para hacer despertar a las instituciones federales
de la obsesión de preservar no el orden constitucional, sino el Revolucionario
Institucional.
No podemos permitir que se use el dolor de los pueblos
indígenas para que tres neoliberales sigan desbastando la nación. El Gobierno mexicano
siempre sirvió como una palanca para la mediación de paz en Centroamérica, pero parece
que en materia de política internacional, estamos convencidos de ello, de ser candil de
la calle y oscuridad de su casa, para contribuir a la solución de los problemas.
El Gobierno mexicano debe aceptar frente a los pueblos
indígenas la misma medicina que él aplicó en otros países, porque simplemente no es
capaz ni probablemente está interesado en encontrar una solución real a los derechos
humanos de los indígenas del país.
En estos momentos es necesario reactivar el proceso de
pacificación, no podemos seguir en este camino de la guerra. La República exige la paz,
los mexicanos la demandan. Este es el momento, no dejemos pasar más tiempo, que después
pese sobre la conciencia de sólo unos cuantos que del gobierno y en su partido se oponen
a alcanzar esa paz.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15
minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Francisco Javier Gil Castañeda: |
Con su permiso, señor Presidente; señoras
legisladoras, señores legisladores:
Quizá nos estamos acercando como comisión a uno de los
momentos de mayor trascendencia en estos días, al momento del verdadero esfuerzo por la
paz, al momento del verdadero compromiso partidario y legislativo por alcanzar en Chiapas
la solución que mejor beneficie a los chiapanecos y mejor beneficie al país.
No es momento de antagonizar posiciones, no es momento de
hacer señalamientos infundados, no es momento de críticas sin sustento. Nosotros no
aceptamos en ningún momento, como grupo parlamentario, que se esté llevando a cabo
ningún proceso de militarización del PRI. Rechazamos por infundada y por incorrecta esa
afirmación.
En poco ayuda compañero, poco ayuda alejarnos en esta
situación, es momento de cuidar el contenido del discurso y la forma, es momento de poner
en primer término la suma de los esfuerzos.
El Ejecutivo Federal ha señalado su compromiso por
garantizar a las comunidades indígenas, a los pueblos indios, la oportunidad similar a
todos los mexicanos, la oportunidad al desarrollo y ha señalado su compromiso por el
respeto a sus costumbres y a sus tradiciones y a su cultura.
Tomemos la palabra, vayamos en esa dirección, avancemos
en ese sentido. No es momento de descrédito a las instituciones ni nacionalmente tampoco,
mucho menos internacionalmente.
El desarrollo internacional en las vías de comunicación
socializa inmediatamente la información de cualquier hecho, pero ésa es una cuestión,
la otra es promover la participación de agentes internacionales en la solución del
conflicto. No se trata de eso. Independientemente de la difusión de la noticia, la
solución es nuestra. Nuestro grupo parlamentario reclama para nosotros la solución del
compromiso, la solución del conflicto de Chiapas. A eso nos comprometemos.
Compartimos con el licenciado Paoli los señalamientos
que hizo, concordamos con él.
En estos momentos distinguimos las urgencias en la
necesidad de conocer la propuesta de atención a Chiapas.
Esta comisión, consideramos, deberá solidarizarse con
la Cocopa, en su planteamiento de obtener con urgencia esta propuesta.
Quiero señalar que el compromiso que tuvo el coordinador
del diálogo con nosotros, fue para darla a más tardar el sábado de esta semana. Es en
días, no en semanas, como esperamos la respuesta.
En ese sentido deseamos y nos pronunciamos porque esta
propuesta esté a tono con la nueva circunstancia que vive el Estado de Chiapas. Es una
circunstancia en donde el conflicto se ha complejizado; es una circunstancia en donde
participan muchos más agentes que el EZLN; es una circunstancia que tiene dimensiones y
especificidades regionales. Luego entonces, una propuesta de atención integral, deberá
ser el primer principio que deberemos de esperar por parte de la institución abocada al
respecto.
Mas no tan sólo eso, como aquí se ha dicho. Requerimos
de una propuesta de solución que esté consensuada con las distintas fuerzas nacionales y
locales. Como aquí se dijo, poco ayudaría cualquier propuesta si no tiene el consenso de
las partes.
Hoy por hoy, es de reconocer los esfuerzos de los
partidos en esta vía, en declaraciones y en acciones, los esfuerzos de las iglesias, los
esfuerzos de la Conai, los esfuerzos de la Cocopa, los esfuerzos incluso de organismos
civiles y organizaciones sociales en el Estado. Bueno, requerimos entonces de una
propuesta que compagine, que le dé convergencia a los intereses de todos estos agentes.
Poco ayudaría una propuesta parcial que atendiera
exclusivamente a una o a alguna de las partes.
Hoy, sin embargo, pese a los esfuerzos y declaraciones de
todos los agentes sociales, tenemos un ausente: el "EZLN"; todo mundo se ha
expresado en la búsqueda de una solución mediante el diálogo y la conciliación.
Conviene, como aquí se ha mencionado también, hacer un llamado nacional al EZLN, a que
se ponga en la disposición seria del diálogo.
Nosotros, contra algunas notas que aparecen hoy, queremos
señalar que la propuesta integral de atención a Chiapas, no es un ultimatum, no es un
exterminio, no debe ser de ninguna manera eso. Será necesariamente una propuesta que
conlleve las posibilidades del desarrollo y la suma de esfuerzos de toda la sociedad.
Desde ese punto de vista, nuestro pronunciamiento claro,
hoy, es por una solución pacífica al conflicto de Chiapas y lo queremos subrayar: nos
pronunciamos en ese sentido; rechazamos cualquier otra vía que se pretenda dar a la
solución del conflicto en Chiapas.
Ahora bien, en el grado de complicación que tiene el
esquema hoy en la coyuntura de Chiapas, buscar una solución pacífica que compagine
intereses locales, interregionales, intereses estatales etcétera, es una discusión que
habrá que trabajar mucho, desde su propia elaboración y consenso. Vamos, no es una
salida técnica, es una salida de amarres políticos, de consensos políticos, de
compromisos políticos y en ese sentido es que quiero reiterar mi primer planteamiento: es
momento entonces de comprometernos íntegramente por la solución pacífica al conflicto
de Chiapas.
Compañeros: consideramos que en los días por venir
podremos contar con líneas de acción del Ejecutivo Federal, que nos permita sumar no tan
sólo pronunciamientos, sino acciones en este esfuerzo por la pacificación en Chiapas.
Creemos que es momento, sin perder el espíritu de la
crítica, es momento de conjuntar esfuerzos, es momento de favorecer nuestros
acercamientos, es momento de establecer nuestros propios consensos, en las direcciones de
la búsqueda reiterada de la paz y la reconciliación en Chiapas.
Muchas gracias.
En un segundo turno de oradores para hablar sobre
el mismo tema, tiene la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, hasta por 15 minutos,
por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El
diputado Santiago Creel Miranda: |
Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Ni los terribles acontecimientos que se han suscitado en
el Estado de Chiapas, particularmente en el municipio de Chenalhó y la urgencia por
resolver los conflictos, han impedido que se siga utilizando una estrategia que lleva a la
inmovilización y a la falta de acción política. Todos debemos de estar preocupados,
sobre todo por tratar de encontrar una solución que sea aceptable, no a una parte, sino a
las partes en conflicto.
Esa solución, esa propuesta de solución integral que
había prometido el Secretario de Gobernación en su toma de posesión, aún no llega. La
llevamos esperando desde hace más de dos semanas y hasta este momento hemos encontrado
algunos puntos que nos preocupan en las acciones gubernamentales.
Por ejemplo, el nuevo comisionado para el diálogo, habla
de un cambio de 180º. El comisionado no nos ha informado cuál es su punto de referencia,
por lo tanto no sabemos qué implica un cambio de 180o en la política gubernamental,
respecto a encontrar una solución en el problema de Chiapas.
Dice el comisionado que hay que aplicar la ley. Nosotros
nos preguntamos: ¿cual? ¿La ley del diálogo? ¿La castrense? ¿Cuál de esas leyes hay
que aplicar para la solución del conflicto en Chiapas?
Es fundamental conocer cuál es ese punto de referencia,
a partir del cual hace estas declaraciones el comisionado, para ver qué significa ese
cambio de 180o que está proponiendo. Igualmente el día de ayer hizo unas declaraciones,
en donde se manifiesta por una posición unilateral. Entendemos nosotros que si es un
comisionado para el diálogo, forzosamente el diálogo requiere de dos partes y no de
acciones unilaterales.
Todo esto nos lleva a ver una gran confusión, por parte
de los inicios de los trabajos de ese comisionado y nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo
se quiere reiniciar ese diálogo, con la parte en conflicto, con el EZLN, con acciones
unilaterales, aplicando qué leyes, con cambios de 180o, que no son claros? Ciertamente
eso abona a las fuentes de confusión en materia de las acciones políticas.
Pero también han sido motivo de confusión, las
recientes declaraciones del Presidente de la República, cuando dice que los pueblos
indígenas no requieren de un trato especial, al menos eso fue lo que se difundió en la
prensa nacional, como si los distintos sectores y grupos, sobre todo minorías, no
estuvieran a tratos especiales en nuestra actual legislación.
Pero no solamente en el caso de nuestro país, sino
también contamos con experiencias de muchos otros países, en donde precisamente
estatutos especiales, han permitido una mejor integración de esos grupos minoritarios, de
esos grupos alejados del bienestar social. Claro, este trato o este estatuto especial
está fundamentado no en esa justicia conmutativa entre iguales, sino más bien en una
justicia distributiva en donde debe haber un trato desigual en virtud de las desigualdades
que imperan en la realidad y en esos grupos sociales minoritarios.
¿Qué significan esas declaraciones del Presidente de la
República? ¿Qué no se van a honrar los acuerdos de San Andrés, que ciertamente
plantean un estatuto especial? ¿Simplemente para hablar de uno de ellos las autonomías
de los pueblos indígenas? ¿Qué significan esas declaraciones del Presidente de la
República? ¿Que no se van a honrar los acuerdos tendientes a lograr una reforma
constitucional?
Todo ello abona a la confusión que existe en el ámbito
político del país y ello redunda en que la solución al conflicto de Chiapas sigue en
espera del "sueño de los justos".
Otras fuentes de confusión se han dado en el Gobierno,
no han sido únicamente por parte de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación o
por parte del propio Presidente de la República, también la Cancillería ha abonado para
que se dé esta situación de poca claridad en las acciones gubernamentales.
Por una parte, la Cancillería declara que la imagen del
país no ha sufrido merma con los asuntos que han ocurrido en Chiapas. Después hace una
rectificación, tampoco con la suficiente claridad y por la otra, el partido que aquí
defendió en la sesión pasada, que el conflicto no debía de internacionalizarse y que
criticó las posiciones de algunos miembros de esta Comisión Permanente, por haber
acudido a los foros internacionales a explicar y a dar su parte de lo aquí acontecido,
paradójicamente toma una posición contraria y envía a una comisión para que vaya
precisamente a los foros internacionales a donde acudieron esos legisladores que se
habían criticado, a tratar de fijar una posición en los foros europeos.
Ciertamente hay una falta de congruencia en estas
posiciones. Aquí se habló de Miramar como asociando este triste acontecimiento en
nuestra historia, con Estrasburgo, para hacer una similitud de lo que había acontecido
hace 120 años que no 100, en los anales de nuestra historia, con respecto a algunas
posiciones que habían tenido legisladores de esta Comisión Permanente.
Pero vamos a ver, ¿por qué se ha internacionalizado el
conflicto? ¿Se ha internacionalizado porque los actores de los distintos grupos
políticos desean internacionalizarlo? Yo creo que primero los terribles acontecimientos
son fuente suficiente para internacionalizar el conflicto, son delitos que van más allá
de algo que podríamos calificar como común, como ocurre de manera regular, sino más
bien delitos que se dan en una situación de gran excepcionalidad, que son atentatorios
contra la humanidad.
Pero también me parece a mí que se ha
internacionalizado el conflicto no solamente por la gravedad de los acontecimientos de
Chiapas, sino también por la discordancia que ha existido entre la visión oficial y los
hechos ocurridos. Eso es precisamente lo que, por ejemplo, en el viaje pasado del
Presidente a Francia, fue lo que suscitó que se internacionalizara, si así se le quiere
denominar, la problemática que se había dado con Amnistía Internacional. ¿Por qué?,
porque las visiones ciertamente oficiales, no concuerdan con la realidad. No podemos estar
ajenos a la internacionalización del conflicto, no la podemos negar. Quererlo hacer
también ciertamente es fuente de confusión en todo esto.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
también ha puesto lo suyo en esta confusión que vive el conflicto de Chiapas, sobre todo
respecto a la participación del Ejército. Una cosa se dice en su informe y otra en la
rectificación que acaba de formular la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué fue lo que ocurrió? Todavía ello nos queda en
duda.
Todas estas confusiones por parte del Gobierno, de sus
distintas dependencias, ciertamente no ayudan a encontrar una solución justa, una
solución equilibrada, incluyente que permita efectivamente reiniciar el diálogo.
Aquí se ha dicho y me parece que estamos todos de
acuerdo en que es fundamental generar un ambiente de distensión tal, para que el diálogo
pueda fluir con plena eficacia y para ello me parece que es muy importante que los actores
políticos principales, los partidos, declaren y honren los acuerdos que se han suscrito
en San Andrés Larráinzar y que a partir de ellos se pueda empezar a buscar una solución
al conflicto de Chiapas.
Hacer lo contrario, generar confusión, lo único que va
a resultar es que este conflicto se potencialice.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15
minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda: |
Otra vez los mexicanos frente al conflicto
chiapaneco, estamos siendo colocados en una situación de incertidumbre y de frustración,
particularmente por las últimas señales que nos dan desde el Ejecutivo, el Presidente de
la República y el Secretario de Gobernación, quien al fin y al cabo es el que expresa la
línea política del Ejecutivo frente al conflicto chiapaneco.
La respuesta que da el Presidente de la República a una
carta del presidente del Partido de la Revolución Democrática en las que se aluden a
declaraciones hechas por el presidente Zedillo, en Nayarit, sobre su visión de lo que es
el trato a las comunidades indígenas, nos indican o nos permiten afirmar aquí que no hay
deseo de llevar adelante los acuerdos de San Andrés, en los que se comprometió el
Ejecutivo Federal.
La no asistencia del secretario Labastida a la reunión
que tenía pactada con la Cocopa el día de ayer, también así nos lo indica y otra vez
una declaración desacertada pero que al fin y al cabo refleja la línea general que el
Ejecutivo ha planeado para el conflicto chiapaneco, de que se necesita una estrategia
unilateral y no la búsqueda del consenso por parte del señor Rabasa, nos indican
también que no hay deseo de buscar este camino concertado respetando los acuerdos de San
Andrés Larráinzar.
Nuevamente nos enfrentamos a una situación de
ambigüedad que hace que se agrave el conflicto, hace que se tensen las fuerzas políticas
en relación a esta situación y que estemos encontrando pocos caminos o cada vez menos
caminos para acercarnos unificadamente todos los mexicanos, todas las fuerzas políticas,
todas las instancias de Gobierno y del Estado, en la búsqueda de una solución pacífica
que tan urgente es para que nuestro país camine resolviendo también otros problemas.
¿Cuál puede ser la fuente de esta estrategia, que el
Ejecutivo está planteando por encima de la del diálogo y la negociación?
El predominio de una visión autoritaria que se ha
derivado en la acertación de estrategias de contrainsurgencia por encima de los caminos
inicialmente señalados en 1994, al inicio de la negociación. Lo que hace que pensemos,
como lo hemos señalado reiteradamente en la tribuna los legisladores del PRD, que estamos
evolucionando en la búsqueda de soluciones y no avanzando.
Esta idea de contrainsurgencia militar, que sí
internacionaliza el conflicto, que sí acepta manuales de contrainsurgencia de la Escuela
de Las Américas y de una negativa tradición de régimenes autoritarios del sureste
asiático y de Centroamérica, ésa sí internacionaliza, contradice la aceptación
original en 1994 y generalizada en los ambientes de opinión y políticos de este país de
que en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hay causas
profundas y no cuestiones superficiales que se reduzcan a la posibilidad de atenderlas con
una salida militar, autoritaria, que no sería el camino adecuado.
¡Estamos también asistiendo al predominio de una
visión o al renacimiento, que se creía superado, de una visión etnocéntrica,
mestizocéntrica, con raíces en la predominante visión que a este respecto habrá en el
Siglo XIX en nuestro país y que tuvo consumación de dichas ideas, con fórmulas
represivas, brutales, hacia comunidades indígenas y mestizas del país!
¡Tomochic es la estrategia que pueden seguir! ¡Sólo
quedó vivo un perro y ni las mujeres ni los niños quedaron vivos cuando el Ejército
mexicano fue a destruir a esa comunidad, por un prejuicio, porque creían en la Santa de
Cabora y porque tenían ahí a una persona que decían que "los estaba llevando a no
sé qué disolución social, a no sé qué atentado a la soberanía nacional"!
¡Y otra vez predomina la idea de Tomochic: hay que
cercar a los cuatro municipios, dicen los estrategas de la contrainsurgencia, para que
acabemos de una vez con el asunto! ¡Y ahora con el consejo de algunos de la cúpula
patronal, que nunca consultan a sus agremiados, y que ahora dicen "que valdría la
pena el riesgo de eliminar a unos cuantos cientos o miles"! ¡Técnicamente hablando
es posible! ¡Como técnicamente hablando fue posible en Tomochic!
¡De igual manera se trató a los yaquis, porque eran
rebeldes! Tenían una rebeldía intrínseca, genética, ¿verdad?, y entonces había que
tratarlos brutalmente; porque eso era lo que merecían, porque atentaban contra la
integración nacional mestizocéntrica que en algún ideólogo tenían ahí la base de que
el elemento fuerte de los mexicanos era el criollo, el mestizo, bien dicho, y no el
elemento indígena que era el atraso.
¡Creíamos que estas visiones estaban superadas, porque
incluso en los años ochenta fue aceptada la reforma al artículo 4o. constitucional de
que nuestra nación es pluriétnica, plurilingüística, pluricultural y que esta
integración plural es parte de una diversidad que nos fortalece y de que es la
demostración de que eso somos! ¡Solamente se está planteando avanzar más en lo que se
reconoció en los años ochenta y ahora frente al conflicto no sólo no avanzamos, sino,
desde el punto de vista de quienes están dominando en el Ejecutivo, no sabemos si pocos o
muchos, si unos cuantos del gabinete o todos, está predominando una idea de retroceso,
que incluso aceptaban ya, ampliamente, casi todas las capas y sectores de opinión en la
población!
La idea de que las costumbres comunitarias son un peligro
es un riesgo. ¡Algunas costumbres comunitarias, pero no de los indígenas! ¡La
brutalidad hacia la mujer no es sólo de los indígenas!
¡Los mestizos lo hacemos cotidianamente, no me incluyo
en lo personal, pero hay las demandas y las denuncias en todos los ministerios públicos
de la violencia! ¡Incluso acaba de ser aplaudida por nosotros y aprobada la Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar! ¡Porque sucede, porque existe eso y no se reconocía como
delito! ¡Es una cosa generalizada, si no no hubiéramos discutido ese tema como algo
trascendente!
¡Entonces quiere decir que ese problema de la violencia
contra la mujer no es peculiar o intrínseco de los indígenas, se manfieste cuando están
"bolos" y golpean a la mujer! ¡Los mestizos a veces no necesitan estar
"bolos" y la golpean! ¡No hay justificación a ese hecho, a ese hecho tenemos
que avanzar y globalmente en toda la sociedad! ¡No es algo intrínseco de los indígenas,
mucho menos, qué riesgoso sería decirlo, genético!
Tampoco el hecho de la violencia en general es algo
peculiar de las comunidades indígenas. ¡Por favor! ¡Es el problema número uno! El
secretario Labastida tendrá que decirlo, cuando comparezca ante la comisión de Cámara,
que es uno de los problemas centrales de este país: el de la violencia. ¡No hay
violencia sólo en las comunidades zapatistas ni en las no zapatistas de Chiapas ni de
Oaxaca; hay violencia en todo el país! ¡Tenemos primer lugar ya, desafortunadamente, en
muertes por violencia de distinto grado y tipo en todo el país!
¡El narcotráfico penetró a muchas actividades de la
vida cotidiana! ¡Penetró al Ejército mismo! ¡Corrompió a miembros del Ejército que
se consideraban antes invulnerables en lo personal y ahora ya no!
¿Por qué ahora nos dicen que si aceptamos los acuerdos
de Larráinzar, estaríamos permitiendo la reproducción automática de formas de
violencia intrínseca que tienen los indígenas? Eso lo tenemos que ir resolviendo todos
los mexicanos juntos y junto con nosotros los indígenas.
Como hemos dicho, lo único que se está planteando en
los acuerdos de Larráinzar, ahora sólo dichos por mí de manera muy general, es que haya
también la consideración de que son sujetos sociales activos los indígenas de nuestro
país. Sus formas de organización son válidas y no atentan en modo alguno contra la
soberanía ni tampoco contra las instituciones en general existentes; simplemente se está
queriendo encontrar un cauce de inclusión verdadero. La historia de nuestro país ha sido
la de la exclusión de los indígenas. La historia del trato con los indígenas en nuestro
país los obligó, como dijo un antropólogo, Aguirre Beltrán, a irse a unas regiones de
refugio...
Permítame, diputado Martín del Campo.
¿Con qué propósito, diputado?
| El diputado Miguel Sadot
Sánchez Carreño (desde su curul): |
Quisiera hacer una pregunta, si me permite el
diputado Martín del Campo.
¿Acepta una pregunta del diputado Sadot?
| El diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Sí, claro que sí.
Sí, adelante.
| El diputado Miguel Sadot
Sánchez Carreño (desde su curul): |
Señor diputado:
Quisiera que me diera usted su opinión respecto a
ciertas costumbres que constituyen un código interno en las comunidades
"triquis", de tener varias esposas, la principal y que las segundas, terceras o
cuartas esposas queden subordinadas a la principal, así como la exclusión que se hace de
manera expresa en la participación política de las mujeres en las comunidades
indígenas. En la elección de las autoridades, y de eso tengo una constancia plena, se
excluye para que sean electas las autoridades, no solamente el voto, sino incluso la
participación de las mujeres. ¿Cree usted que esto contribuiría a la unidad y al
respeto que nos debemos todos los mexicanos y elevar los niveles de bienestar hacia todos?
Gracias.
| El diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Bueno, en la respuesta me permitirá decirle, usted
es oaxaqueño, de la sierra de Oaxaca, yo viví en una comunidad de la sierra de Oaxaca,
Yalala, un buen tiempo y en otras he vivido también tanto por mi profesión como por mi
vocación política de vincularme a las causas sociales.
Le quiero decir irónicamente, primero, con toda
intención, lo anticipo para no generar malestar, digo, eso de las varias mujeres, pues
también aquí se hace sin que sea código, ¿verdad?, en la sociedad mestiza y se hace
broma.
No, legalmente no se están escapando a ninguna
legalidad. Hay que ir discutiendo, igual que se discute en la sociedad mestiza, con los
indígenas todos, esos asuntos y todos los temas. Nadie debe sustituirlos en la discusión
como nadie sustituye a ninguna pareja mestiza en la decisión de que si tienen tantos
hijos o de cómo resuelven sus conflictos cuando se descubre que practican el adulterio o
tienen varias mujeres o varias parejas simultáneamente.
Entonces, insisto, ver el asunto prejuiciadamente de que
automáticamente se reproducirá en toda la sociedad esto que consideramos vicios
intrínsecos de las comunidades indígenas, es no reconocer que todas las sociedades
transitamos por mecanismos de relación, por cuestiones que vamos superando en tanto las
consideramos injustas, incorrectas, y vamos avanzando. Los indígenas son capaces de
avanzar en la discusión de ésos y otros problemas, usted lo sabe.
También allá en Oaxaca hay aprobada ya una fórmula de
usos y costumbres para elegir a las autoridades, que no hay en otras partes y eso no ha
significado atentado alguno contra las formas democráticas de participación. Tampoco
desaparece automáticamente el cacicazgo, porque también dentro de las comunidades no hay
armonía total. Sólo una visión equivocada de la sociedad puede hablar de sociedades
armónicas, ésas no existen en ninguna parte. Eso sí, las sociedades son
intrínsecamente conflictivas y el equilibrio siempre es precario y eso va generando la
transformación.
Aquí de lo que estamos hablando no es de justificar
alguna forma particular. Yo no me asimilaría a esas costumbres, si es la pregunta que
usted me dice, pero tampoco puedo violentar procesos de imposición, sobre todo violenta,
de cuestiones que necesitan irse tomando.
Insisto, tomo el ejemplo de lo de la planificación
familiar. Muchas familias mestizas por cuestiones religiosas no aceptan esto, cada familia
lo va decidiendo con una propaganda que se hace induciendo lo de la planificación
familiar. Entre los indígenas también se puede discutir todo este tipo de temas. Lo que
no convendría, eso sí, es apoyar a caciques por ninguna consideración, que incluso
ahora usan mecanismos armados.
He terminado mi respuesta.
En Camboya primero y en Guatemala después, las
estrategias del Pentágono y sus ayudantes criollos usaron técnicas bárbaras surgidas
supuestamente de las culturas locales y ahora se quiere hacer lo mismo con esa estrategia
seguida con la masacre de Acteal para decir que ahí tienen costumbres bárbaras, son
estrategias entrenadas, hasta en las películas que ahora ha producido Estados Unidos como
una fórmula de inculpación y de renegar de esas prácticas que hicieron, pues ha salido
que usaban esas prácticas bárbaras recomendadas en el Pentágono de sacarles las
vísceras a los guerreros camboyanos que estaban con el Kemer Rojo o a los Vietcong,
porque decían que ésta era una tradición local de que se sacaban las vísceras y
bebían la sangre fresca y que eso daba valor.
Bueno, eso lo quisieron hacer en Acteal, ahí no hay
ninguna práctica de ese tipo, ésas son cuestiones que hicieron los Kaibiles en
Guatemala, 25 años y no dieron resultado y el Gobierno mexicano tuvo que participar y
ayudó a que se hicieran pláticas de paz en Guatemala porque el camino de la
contrainsurgencia que está dictado primero por el Pentágono en el Medio Oriente y luego
en América latina, sobre todo en Centroamérica, no dio resultado. Los indígenas de
Chiapas y de todo este país son tan modernos como los mestizos, no son el atraso, cuando
han tenido ahí actividades con tecnologías modernas las hacen, más aún de Oaxaca de
donde es el diputado que me hizo la pre-gunta, el diputado Sadot, bueno pues están en
Estados Unidos y tienen altos niveles de productividad muchos oaxaqueños, zapotecos y
mixtecos y tienen grados de organización muy importantes y no han disuelto las
instituciones de Estados Unidos ni han atentado contra nada cuando reproducen sus formas
comunitarias de organización en Los Angeles, en San Diego y en otras tantas ciudades
donde hay muchos indígenas mexicanos trabajando en Estados Unidos.
Se van porque aquí no hay fuentes de trabajo, ésa es
una de las causas profundas de la inconformidad, se tienen que ir en muchos casos y para
estar arraigados ahí han tenido que soportar cacicazgos, han tenido que soportar
autoritarismos, fórmulas de exclusión, de desprecio que todavía predominan en todos los
servicios públicos que hacia ellos van dirigidos.
La violencia en México, repito, no sólo está en
Chiapas, sólo que ahí ahora con mucho mayor peligro están actuando impunemente los
grupos paramilitares, individualmente, ya lo aclaramos con la bancada con los legisladores
del PRI, no estamos cuestionando al PRI en su conjunto; a mi partido, al de ustedes y a
cualquiera le hace daño que alguien que sea miembro de su partido lleve a cabo acciones
violentas de asesinar a miembros de su comunidad, varios miembros han dicho que son, que
militaban en el PRI, si ustedes dicen que no militaban, ése no es el problema ahora, sino
que hay que castigar severamente y encontrar además a estos autores materiales del crimen
de Acteal, a los autores intelectuales y de algún modo, insisto, los estrategas que
están tratando esta estrategia de contrainsurgencia están detrás de estos autores
materiales de la masacre de Acteal.
Se aplica ahora a las comunidades, a los habitantes de
las comunidades zapatistas de Chiapas el título de un estudio de Oaxaca sobre la
violencia en Jamiltepec, "Viviré si Dios Quiere", de una antropóloga que se
llama Veronik Flanett. Ahí habla de la violencia entre mestizos e indígenas y de cómo
ya se volvió estructural, éste sí es el peligro y dice el título del libro, se llama
Viviré si Dios Quiere, porque dice que ya todo varón está condenado a seguir un ciclo
de violencia brutal que ha sido impuesto ahí por intereses de caciques mestizos en contra
de habitantes indígenas de la zona donde además comparten habitación con población de
origen negro.
Hay que desterrar para que nos acerquemos al camino de la
paz, el predominio de la estrategia contrainsurgente, sobre eso necesitamos señales
claras y no enojos momentáneos del Presidente, por el tono de una carta o por el
contenido de una carta del presidente del PRD; hay que hacer a un lado los prejuicios
autoritarios, intolerantes y a menudo con fuerte sesgo racista que se tiene sobre
las comunidades zapatistas, en este caso, para que no justifiquemos en modo alguno estas
campañas de cerco y aniquilamiento que se tiene ahora contra las comunidades zapatistas.
No se trata, coincido con los oradores anteriores de los
otros partidos, de banderías políticas, el PRD no ganará para sí nada con la paz,
ganaremos todos los mexicanos y si para esta idea de una búsqueda real, eficaz, pronta,
de una salida de paz con justicia y dignidad en Chiapas, todos ponemos nuestros esfuerzos,
nosotros estaremos felices y no reclamaremos ninguna bandería partidista o particular.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15
minutos tiene la palabra el senador Oscar López Velarde, del grupo parlamentario del PRI.
| El
senador Oscar López Velarde Vega: |
Gracias, señor Presidente; Compañeras y
compañeros legisladores de esta Comisión Permanente:
Creo que en todas las sesiones de esta Comisión el tema
Chiapas ha estado presente y acredita la justificación de esta tribuna como tribuna
abierta para el debate político constructivo y de cómo el Congreso de la Unión debe
estar atento, aun en su periodo de receso, de los problemas nacionales, como lo es
Chiapas.
Yo recibo con beneplácito de nuevo, las propuestas
constructivas y positivas del diputado Francisco Paolo y Bolio; rechazo que algunos de los
diputados de la oposición que prosiguieron en su intervención al diputado Paoli,
utilicen Chiapas con protagonismos, con descalificaciones en las que no veo una sola
propuesta de ninguno de estos diputados.
Nadie debe de seguir jugando con la vida de los
indígenas, lo he señalado y con la estabilidad del país y lo reitero como bandera
política, así se utilice en el país y se pretenda fuera del país.
Hay diferencia, señores legisladores, el porqué algunos
legisladores de mi partido se encuentran en este momento en la Unión Europea; no están
pretendiendo desvirtuar los hechos ni utilizar los problemas nacionales para utilizarlos
como banderas políticas que en nada ayudan a nuestro país.
Yo quiero también aquí dejar asentado porque ha sido
recurrente aunque lo quiera negar, que mi partido, el Partido Revolucionario
Institucional, tiene complicidad en los hechos de Acteal y tiene, pareciese, grupos
orgánicos armados promovidos por el PRI. Lo reitero, al PRI y a cualquier partido, es
antagónico la lucha armada; los partidos son para enarbolar luchas políticas.
Con esas manipulaciones partidistas que quieren hacer,
reiteradamente se quieren hacer en esta tribuna, con esos criterios simplistas, yo los
convocaría a la siguiente reflexión, compañeros:
Si ustedes recuerdan, los encargados de la seguridad
pública en el Estado de Chiapas, era el secretario general de gobierno, Eraclio Zepeda, y
el subsecretario de gobierno Uriel Jarquín; con esos, criterios el PRD es cómplice de
los hechos de Acteal, ¿qué está haciendo el PRD para investigarlos?.. digo, esos
criterios simplistas que no los sigamos utilizando.
De la intervención militar se ha dicho mucho, del
fundamento constitucional de la intervención del Ejército mexicano hemos reiterado que
actúa en los términos del artículo 119 de la Constitución Federal y de la Ley para el
Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Tenemos un Ejército de paz, no un
Ejército de guerra; un Ejército que está salvaguardando la soberanía nacional, la
integridad del territorio y coadyuvando la procuración de justicia con base en esos
ordenamientos, pero yo les pregunto a los diputados de la oposición, que me señalen en
la última semana de la sesión anterior a esta de la Comisión Permanente, ¿en qué
comunidades concretas ha habido hostigamiento del Ejército mexicano a las comunidades
zapatistas? ¿En dónde está habiendo cateos?, que vengan y lo denuncien, no simplemente
sigamos reiterando hechos que no tienen justificación.
Yo creo que Chiapas ya está cansado de palabrerías y de
debates estériles, no lo merece ni Chiapas ni lo merece México y yo quisiera considerar
qué piensan los chiapanecos y si los partidos de oposición los están consultando. Es
momento de anteponer los intereses, reitero, de Chiapas y de México por encima de
cualquier interés personal, de partido o de grupo.
No descalifiquemos una estrategia de negociación
ofrecida recientemente por el presidente Ernesto Zedillo, quien viene ratificar lo que él
ha sostenido desde el día que tomó posesión; la salida política dentro de la legalidad
en Chiapas, es la única salida viable, justa y digna. Construyámosla, no hagamos simples
enfrentamientos estériles y discursos en los que no observo ninguna propuesta concreta.
No descalifiquemos la nueva estrategia de negocaciación
si no la conocemos; no tratemos de interpretar politiqueramente afirmaciones de algunos de
los actores involucrados en esta estrategia. Chiapas requiere prudencia, Chiapas requiere
responsabilidad, Chiapas requiere compromiso con México. Esperamos que una de las partes,
que está en su derecho de modificar sus estrategias y sus actitudes, presente esta nueva
estrategia de negociación.
Respetamos la otra estrategia, la del EZLN que ha estado
en silencio, la del EZLN que no ha señalado cuál es su estrategia y su voluntad de
negociación y los que trabajamos por la paz, no para enfrentar a las partes, sino para
construir el camino de la salida política, tenemos que ser pacientes, prudentes,
neutrales y objetivos, para conocer esa nueva negociación que con toda responsabilidad ha
ofrecido el Presidente de la República.
Yo creo que no entendieron bien cuando se refería a
criterios unilaterales. Las estrategias las deciden las partes; las decisiones las
resuelven el Gobierno Federal y el EZLN; las instancias de mediación reconocidas por las
partes, como la Conai o de coadyuvancia como la Comisión de Concordia y Pacificación, no
las pueden sustituir ni las pueden descalificar. Estamos para contribuir al proceso de
paz, no para complicarlo o enfrentarlo y es una propuesta unilateral, porque precisamente
el Gobierno va a hacer un planteamiento a su contraparte, que es el EZLN; esperamos que el
EZLN también tenga una propuesta para salir del callejón sin salida, del círculo
vicioso, de la posición irreductible.
Será a la Conai y será al Congreso de la Unión, quien
ha estado atento de las negociaciones de paz en Chiapas por conducto de la Comisión de
Concordia y Pacificación, a quienes nos corresponda acercar las diferencias y construir
los consensos. No descalifiquemos lo que está pendiente de construir.
Ni tampoco desviemos la atención interpretando
parcialmente el sentido de las palabras del presidente Ernesto Zedillo en Nayarit el 16 de
enero de 1998. Quiero dar una lectura, aprovechando mi tiempo, de los tres párrafos
concretos y una reflexión. El Presidente de la República señaló: "si bien el
Gobierno de la República está absolutamente convencido y actúa en consecuencia de que
siempre se deben respetar su cultura, sus costumbres y sus tradiciones, también es
nuestro convencimiento que la solución a sus problemas está precisamente en ofrecerles
las mismas oportunidades que tienen otros mexicanos; por ende, la solución a sus
problemas nunca estará en tratarlos de manera distinta, por el contrario, ustedes los
indígenas, deben tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos y
sería un error pensar que los problemas de los indígenas de México habrán de
resolverse estableciendo una distinción en nuestra Constitución, para los indígenas
tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos".
"La respuesta —señaló el Presidente de la
República—, está en apoyarlos, la respuesta está en mantener nuestra unidad y al
mismo tiempo respetar sus costumbres, sus creencias, sus valores y su cultura. A luchar
por eso me obligo", señaló el Presidente de la República.
Señores, podemos hacer un debate largo; analicemos la
naturaleza de la garantía de igualdad ante la ley. El artículo 1o. de nuestra
Constitución Federal señala muy claro que todos los mexicanos, y por todos están los 10
millones de indígenas y los 85 millones de mestizos, todos los mexicanos tenemos los
mismos derechos ante la ley. En efecto, la justicia distributiva, pero no se olvide la
justicia social, compensa las desigualdades, pero no podemos entender que hay unos que son
mexicanos de segunda o que por ser otro tipo de mexicanos, no forman parte del contexto.
Veamos la intención, vemos con objetividad esas
referencias; no las utilicemos para desviar la atención. Reitero, la nueva estrategia de
negociación es una estrategia que plantea una de las partes, que está en su derecho,
para destrabar un diálogo suspendido unilateralmente desde el mes de agosto de 1996 y
tendrá que construirse su consenso, su acercamiento por conducto de las instancias de
mediación y de coadyuvancia, como lo son la Conai y la Cocopa.
La nueva estrategia tiene que tener una visión integral,
no de condiciones o precondiciones para restablecer un diálogo, sino de compromisos y
acciones concretas para negociar los cuatro puntos fundamentales de una agenda de paz.
Primero. Medidas de distensión integral, lo he
señalado. No podemos hablar de retiro o de desarmes o de armisticios, si no se pacta
entre las partes y si no se generan las condiciones proporcionales y recíprocas que
implican el retiro de una declaración de guerra y que implican redensificación militar
recíproca y proporcionalmente, que implican tratar el desarme de los grupos armados y
bandas, a diferencia, como lo señala la ley, del EZLN por vía de un armisticio, pero es
un tema fundamental y complicado en la negociación, que se tiene que aportar por vías
políticas.
Segundo. Los temas políticos, culturales, sociales y
económicos que están en las causas que originaron un conflicto, que si bien es cierto no
se justifica el método, se reconoce por todos la justeza de las demandas. Mientras más
dilatemos el diálogo y la negociación más se aleja la resolución a esa marginación
extrema.
Y yo vuelvo aquí a exhortar, con base en el
pronunciamiento que hiciera nuestra fracción, el Partido Revolucionario Institucional en
la sesión pasada de la Comisión Permanente, que no juguemos con la sangre de otros
mexicanos impidiendo la atención humanitaria a esos niños y mujeres que la requieren. No
hagamos que haya organizaciones no gubernamentales que pretenden impedir esa atención,
cuando los que se están muriendo son esos niños y no los representantes, muchos de ellos
extranjeros, de esas organizaciones no gubernamentales que simplemente quieren justificar
los apoyos que en algunos casos reciben del exterior y no para México, sino para su
beneficio.
Requerimos atender humanitariamente. Aquí planteamos que
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y la Cruz Roja, Mexicana, atendieran a esas poblaciones.
Hoy aparece un informe parcial y es parcial porque se
requiere permitir esa atención.
El tercer punto es fundamental si hablamos de
distensión. Tenemos que conciliar los intereses legítimos que se han afectado por el
conflicto en Chiapas, pero en esos intereses legítimos mientras más nos perdemos más
grandes son los odios acumulados, los revanchismos y las heridas que se tendrán que
cerrar.
Es urgente conciliar con una visión integral estos
intereses.
Y el último tema fundamental de una agenda de
negociación y que tiene que ver entre dos partes, es la incorporación legal del EZLN a
la vida política de este país.
Reitero, Chiapas y México merecen paz, construyámosla,
no enfrentémosla nada más.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
| El
diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo
representado ante esta Comisión Permanente, le preocupa la carencia de voluntad política
por parte del Gobierno Federal, para resolver en definitiva el problema de Chiapas.
Nos encontramos ante una lacerante situación de pobreza
y marginación que afecta a un sector importante de la sociedad chiapaneca. En esta
tribuna mucho se ha discutido sobre las distintas alternativas para solucionar el
conflicto, sin embargo, como constante nos encontramos ante una cerrazón del Ejecutivo
Federal, por una parte, para ser sensible al cumplimiento de los compromisos avalados con
la firma de sus representantes en San Andrés Larráinzar, y por otra el no tener voluntad
para ofrecer por sí mismo una solución definitiva.
Entendemos que el Ejército mexicano como garante de la
soberanía nacional, tiene la misión de proteger en ese Estado las zonas petroleras y las
centrales hidroeléctricas, sin embargo, consideramos que no se justifica su presencia en
la zona del conflicto, pues en tanto ahí permanezcan se corre el riesgo de que la
contraparte, por sentirse agredida, se rehuse a continuar en el diálogo.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se
pronuncia por el fortalecimiento de la confianza y credibilidad a las instancias de
intermediación y coadyuvancia como la Cocopa y la Conai.
Se debe privilegiar al diálogo y la conciliación de
intereses, por encima y más allá de la imposición unilateral de soluciones verticales
provenientes del Ejecutivo Federal.
Por tanto, esta Comisión Permanente debe exhortar a que
las instancias aludidas y el Gobierno de la República, cuanto antes concrete las
propuestas que al respecto han manifestado y que a la fecha no han sido sujetas de
discusión ni de contrastación de sus puntos de vista.
En los últimos días se han sucedido una serie de
reuniones entre dichas instancias y los resultados de las mismas han sido infructuosos.
El cuello de botella se encuentra en el Ejecutivo.
Necesita implementar los acuerdos de San Andrés. No se puede decir que se está dispuesto
al diálogo y a la negociación cuando aún no se ha cumplido lo que se pactó y se
implementa toda una estrategia de acoso y contrainsurgencia.
Hay que crear las condiciones para el diálogo y la
negociación, dando cumplimiento en los acuerdos ya tomados y dispensando la zona del
conflicto con el retiro del Ejército de esa zona; que cumplan su función en las
hidroeléctricas e instalaciones petroleras. Pero se necesita crear condiciones para el
diálogo con el repliegue del Ejército a sus cuarteles y a las áreas estratégicas de la
economía.
Por otra parte, es prioritario instrumentar medidas que
hagan llegar a los grupos de desplazados en el Estado de Chiapas, la ayuda necesaria y
suficiente para atacar las graves desigualdades en las cuales se encuentran.
En la sesión anterior de esta Comisión Permanente,
nosotros propusimos que se solicitara a la Cruz Roja Internacional, su intervención para
proporcionar ayuda humanitaria a los grupos de desplazados. Sin embargo, la mayoría de
esta Comisión Permanente se opuso. Ahora nos encontramos con la noticia de que las
medicinas de la Cruz Roja Mexicana, que han hecho llegar a la zona del conflicto, no son
útiles en virtud de que se encuentran caducas.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, reitera
que es indispensable dar los primeros pasos en firme para la búsqueda de soluciones, que
en un plazo inmediato permitan vislumbrar la terminación de este conflicto.
Gracias.
Para rectificar hechos, y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño.
| El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Hace un momento se refería un legislador que existen
fuentes de confusión. Coincido en que es la interpretación y a veces la intención de
determinados grupos o representantes populares, que incluso han hecho uso de la palabra,
los que han contribuido precisamente a crear esta confusión.
Hace un momento escuchábamos una petición que durante
varios debates se ha mantenido en el mismo tono: que en el caso de Chiapas, el Ejército,
las autoridades, no cumplan con las obligaciones que constitucionalmente y que en forma
legal se precisan en los ordenamientos y algunos argumentan que la Ley de Concordia y
Pacificación da las suficientes razones para que se impida la actividad de estas
autoridades.
Yo quisiera y aprovecho para leer textualmente el
artículo 13 de esta ley, en donde, por el contrario, se establece que las propias
autoridades deben de continuar ejerciendo sus atribuciones y cumpliendo con la ley.
El artículo 13 señala: "las autoridades federales
en el ámbito de sus respectivas competencias, mantendrán la soberanía, seguridad y
orden público internos, guardando la debida coordinación con las autoridades estatales
para tales efectos. Las disposiciones de esta ley, o impiden el ejercicio de las
facultades otorgadas a las autoridades competentes y fuerzas de seguridad, para que
cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y la procuración de
justicia". Eso es lo que están salvaguardando y cumpliendo las autoridades.
No podemos, al margen de cualquier situación, nosotros
los legisladores, proponer acciones que se coloquen al margen de la ley. Es la
Constitución y el sistema jurídico, el que debe ser la más importante referencia de
nosotros.
Por eso también quiero referirme a otra interpretación,
que juzgo yo de manera equivocada y que pudiera ser alimentada por una falsa intención o
de mala fe, que sería lo peor, de sacar de contexto algunas afirmaciones que en su pasada
gira por Nayarit hizo el Ejecutivo Federal.
De ninguna forma se ha establecido y ha quedado
debidamente aclarado con la misiva a la que dio respuesta cuando se aludía, que se
estaban descalificando los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Ha sido una voluntad permanente del gobierno mexicano de
honrar los acuerdos, pero como lo ha expresado aquí ya un diputado de Acción Nacional,
estos acuerdos deben tener una traducción en nuestra norma constitucional, que garantice
la seguridad y la igualdad de todos los mexicanos y en este sentido es en donde no debemos
hacer, a partir de la ley, desigualdades que provoquen una mayor hondura, en la situación
que prevalece desde el punto de vista jurídico y social entre los mexicanos.
Tenemos y ésta es nuestra obligación como
representantes populares, de cuidar que estemos legislando, de acuerdo como debe hacerse
una ley en un sentido abstracto en general. No podemos crear estados de excepción en
nuestro sistema jurídico.
La primera garantía que establece nuestra Constitución,
es precisamente la garantía de igualdad y en ésta en su ejercicio, en su cabal
cumplimiento, debemos de contribuir y comprometernos todos.
Creo que está suficientemente claro, incluso así lo han
reconocido los miembros del PRD, cuando hacen referencia a que ha quedado debidamente
aclarado, que no se refería a las declaraciones a que se aluden a alguna alusión al caso
de Chiapas o a los acuerdos de San Andrés.
Por otra parte, ninguna generalización tiene un
argumento que pueda sostenerla y hacerla válida. Señalar, como lo ha hecho el senador
del PRD, de que todo el sureste vivimos en condiciones similares a la de Chiapas. De que
existe una represión sistematizada, es volver con una retórica, como la señalaba el
envolvente, pero hacía la provocación y hacía desacreditar los esfuerzos que están
haciendo, no solamente los gobiernos, sino las instituciones sociales y las instituciones
públicas.
Es en el sureste efectivamente donde se dan condiciones
de una alta marginalidad, pero ha habido distintas respuestas, señor senador y esas
respuestas se hacen, en lo que se refiere al Estado de Oaxaca, acompañadas de un gran
consenso y de un gran respaldo social a través de diferentes comunidades.
Ha sido en el Estado de Oaxaca, y aquí lo hemos
señalado, en donde tenemos desde el punto de vista jurídico, el marco referido a las
comunidades indígenas de mayor avance y no solamente desde el punto de vista jurídico
formal, sino desde el punto de vista material. Desde marzo de 1994 se estableció un nuevo
acuerdo, que establece o que señala, nuevas relaciones con las comunidades indígenas, en
donde son ellas las que planean y dirigen las acciones que se hacen en obra pública.
Se han constitituido consejos indígenas regionales, que
son los que dirimen, en el seno de las organizaciones y de las instituciones de
planeación, cuáles son las obras prioritarias.
Buscamos dirimir los conflictos a través del diálogo, a
través del derecho y a través de la justicia. Pero sí rechazamos el doble lenguaje que
se emplea aquí, por una parte viene su fracción a hablar de paz, a hablar de concordia,
cuando en Oaxaca hace apenas 24 horas, una organización del PRD emboscó y asesinó a
cinco trikis. Tenemos aquí las constancias y las averiguaciones en donde sólo porque un
ex agente municipal conducía una camioneta, fueron emboscados 11 trikis, 11 de los cuales
murieron y otros se encuentran heridos.
Este es el lenguaje de concordia y de paz que viene el
PRD a querer engañar y sobre todo a querer confundir a la opinión pública. Rechazamos
la violencia venga de donde venga; de ninguna forma sería contribuir a que nosotros, en
Oaxaca, hoy nos alzáramos en una acusación exclusivamente simplista. Pero sí señalamos
este hecho para evitar que queden enmascaradas tendencias que hoy se asoman hacia el
proceso electoral que nos toca vivir precisamente en este año.
Muchas gracias.
| El senador Auldarico
Hernández Gerónimo (desde su curul): |
Pido la palabra.
¿Con qué propósito, senador?
| El senador Auldarico
Hernández Gerónimo (desde su curul): |
Para alusiones personales.
Tiene la palabra el senador Auldarico Hernández
Gerónimo.
| El
senador Auldarico Hernández Gerónimo: |
Muchas gracias, señor Presidente:
Desde esta alta tribuna rechazo categóricamente de que
sean miembros del Partido de la Revolución Democrática. El MUI no pertenece al PRD, no
pertenece.
Se me hace que con esa actitud de usted, va a ser el
próximo gobernador de Chiapas, quizá, porque están saca y pone. Sí, porque están
quitando y poniendo y no vemos claro. Igual como está haciendo el presidente Zedillo,
están cambiando de posiciones, pero no vemos ninguna señal de que la situación, el
problema en el país vaya solucionándose. Rechazo que sean miembros del Partido de la
Revolución Democrática.
Ahorita sí que es al revés, dado de que se ha
comprobado fehacientemente, que son miembros de su partido, incluso de su partido, quienes
están en la cárcel en Chiapas. Eso está claro; eso lo sabe el país; la misma actitud.
Es lo mismo, no hay ninguna diferencia, es la misma actitud.
Entonces, vuelvo a repetir, rechazo categóricamente que
sean miembros de mi partido, ¡lo rechazo! Ustedes, ustedes, ustedes se la pasaron cuando
Salinas igual, todo el tiempo. El Partido de la Revolución Democrática señalado como el
partido de la violencia. Ustedes, ¿se acuerdan verdad?, era al revés y nosotros dábamos
los muertos, ¿se acuerdan de ello?, entonces, señores, vuelvo a repetir aquí, debo
reiterar de que el Partido de la Revolución Democrática va a incurrir en esos actos
violentos.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el senador Mario Saucedo.
| El
senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
El tema Chiapas será evidentemente un tema reiterativo
en esta Comisión Permanente, tal vez después estén las cámaras del Senado y Diputados,
porque no se ve claro, no está manifiesta la voluntad del Gobierno para poder resolver el
conflicto o los conflictos derivados de la situación que se está viviendo en ese Estado.
En esta tribuna hemos sido reiterativos respecto a lo que
nosotros consideramos como lo que está ocasionando, los problemas que están ocasionando
el conflicto en Chiapas y cuáles podrían ser propuestas para tratar de resolver esta
situación.
Hay una situación, podríamos señalar dos elementos
fundamentalmente: un elemento histórico social y un elemento de carácter político, lo
que está presente allá. Se ha señalado en la cuestión histórica-social, que hay una
estructura injusta en el Estado de Chiapas, inclusive hemos señalado que se han dado
momentos de ingobernabilidad.
El problema central en este asunto es que de parte del
Gobierno no hay intención de resolver el problema planteado en San Andrés Larráinzar.
Hay, de entrada, una negativa y eso es lo que evidentemente llevó a 15 meses de un vacío
intencionado.
Y las recientes declaraciones, aquí no leyó el senador
López Velarde, lo que el Presidente dijo; le faltó añadir otras cosas; ese 16 de enero
en Rosa Morada, Nayarit.
El dijo que:
"Podemos avanzar en la corrección de la desigualdad
social y económica sin caer en una nueva desigualdad ante la ley que signifique que unos
mexicanos sean tratados de manera diferente por su condición de indígena. Podemos
hacerlo sin afectar la integridad del territorio nacional, podemos hacerlo sin dañar la
unidad de la nación, podemos hacerlo fortaleciendo el estado de derecho."
Y ahí frente a los huicholes, señaló:
"Ustedes deben de tener exactamente los derechos que
tenemos los mexicanos y sería un error pensar que los problemas de los indígenas de
México habrán de resolverse estableciendo una distensión en nuestra Constitución para
los indígenas, tratándolos como si no fueran igual que los otros mexicanos."
Eso lo dijo el señor Presidente, en Nayarit. Y está
reflejando esto que de manera reiterativa se ha venido enunciando por distintos
funcionarios, por el propio funcionario Labastida.
Recientemente Emilio Rabasa hace una declaración poco
afortunada en donde se ve claramente que no conoce cuáles son los acuerdos de San
Andrés, señalando que hay una contradicción con el artículo 27 constitucional, en
relación a lo que se estaba planteando ahí. Hay un desconocimiento y es grave que el
encargado de la negociación por parte del gobierno de Chiapas, desconozca la situación.
Y el propio Labastida ha señalado que hay un riesgo de
balcanización, de desunión, que se atenta contra la integridad del territorio nacional.
Este es el fondo. El Gobierno no está dispuesto a
aceptar, inclusive sería bueno, a la mejor en este planteamiento que hace el Presidente,
revisar la Constitución, porque ya el artículo 4o. hace una diferenciación, y como se
ha señalado ya aquí en esta tribuna, la igualdad, que ojalá se cumpliera hacia los
pueblos indígenas, que es una de las causas del levantamiento, la falta de reconocimiento
de sus derechos constitucionales elementales, derecho a la tierra, el derecho a la vida,
el derecho a la alimentación. Es decir, ni siquiera lo que se considera en la
Constitución han cumplido hacia los pueblos indios, no solamente de Chiapas, sino que se
está marcando que no puede haber una diferenciación, cuando aquí se ha planteado
claramente de que es fundamental el reconocimiento de lo que vendrían a ser los derechos
negados de los pueblos indios.
Quisiera citar al doctor Miguel León Portilla, en un
reciente artículo, a propósito de esta reivindicación de las autonomías. Dice:
"Lo que los pueblos originarios demandan, autonomía
en sus territorios ancestrales, representación en las cámaras, respeto a sus lenguas y
costumbres, apoyo para su desarrollo sustentable, no es una quimera, tan no lo es que como
lo ha mostrado en varias ocasiones el iniciador de la moderna antropología en México, el
doctor Manuel Gamio, señaló todo esto como requerida respuesta nada menos que desde
1916."
Y añade:
"Es decir, que cuanto está ocurriendo en Chiapas,
desemboque en una transformación. Al fin se ha oído a los pueblos originarios y se
reconocen sus derechos. Autonomía no es soberanía. Los pueblos originarios tienen
derecho a la autonomía y a ser atendidos en sus otras demandas. Esto en modo alguno
fragmentará al país."
Hay un debate de fondo y es, si el Gobierno está
dispuesto a reconocer los derechos ancestrales de los pueblos indios, que están plasmados
en los acuerdos de San Andrés o va a impedir o a regatear lo que ahí se ha planteado.
El otro punto, el punto político, es lo que hemos venido
denunciando también en esta tribuna. Señalamos un documento de una revista de
circulación nacional, que estaba planteando para Chiapas una estrategia que se llama:
"Campaña Chiapas 1994", emitido en la séptima región militar de Chiapas. Y
ahí se plantea claramente esta estrategia de contrainsurgecia, de guerra de baja
intensidad, en donde el objetivo fundamental es buscar la derrota de los zapatistas y la
religión incondicional.
En ese mismo documento —y aquí ya lo hemos
planteado—, están haciendo la consideración de que hay 200 mil, de menos, 200 mil
simpatizantes del EZLN, y entonces se ha aplicado una política de contrainsurgencia que
desde octubre de 1994 —donde está este documento—, se ha venido impulsando y lo
hemos señalado quién fue el responsable, que ha sido ya cambiado, el general Mario
Renán Castillo, que fue formado en Fuerte Back en contrainsurgencia, doctor en sicología
militar en la tarea de contrainsurgencia. Hay una responsabilidad del impulso de esta
política de contrainsurgencia, de guerra a baja intensidad, que llevó, como parte del
enfrentamiento para debilitar la base de apoyo de los zapatistas, de la simpatía a los
zapatistas, para buscar moralizar, aislar, a esta política de armar a los grupos civiles.
Por eso es fundamental empezar a contravenir esta
estrategia desarmando a los grupos paramilitares, porque es parte de esta concepción.
Tenemos la lista de los que se han formado en la Escuela
para Las Américas en Estados Unidos. Se sabe bien que la Escuela para Las Américas, y
queremos manifestar aquí una preocupación, que en la Escuela para Las Américas se han
formado 926 militares mexicanos; se da adoctrinamiento, así como tácticas operativas y
de contrainsurgencia:
El general de brigada Carmelo Terán Montero, que es
consejo de guerra del Distrito Federal, Campo Militar Número Uno.
El general de brigada Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.
El general de división Diplomado de Estado Mayor Gastón
Chacón Arias.
El general de división Miguel Leyva García.
Los generales de brigada: Manuel García Ruiz, Adrián
Maldonado Ramírez, Edmundo Elpidio Leyva Galindo, Rubén Rivas Peña.
El coronel Arnold Leyving Torres. Por cierto está
propuesto para un ascenso. Y tenemos información fidedigna de que está en Chiapas, como
parte de esta operación de contrainsurgencia.
Los coroneles: José Luis Ruvalcaba, Germán Antonio
Bautista, Enrique Alonso Garrido y Renato García González.
Estos son los que han sido denunciados, inclusive en
Estados Unidos, por los organismos no gubernamentales que están insistiendo a su gobierno
de que se investigue si la ayuda que se está proporcionando ha sido utilizada para la
guerra en Chiapas.
Por eso queremos dejar claramente establecido que es
fundamental modificar la estrategia. No solamente el cambio de las autoridades, sino de la
estrategia que se está desarrollando en Chiapas.
Y por lo tanto planteamos, para que la estrategia que
Labastida ha señalado que puede ser de consenso:
1o. La salida inmediata del Ejército de las comunidades
y que se retiren a los cuarteles. El retiro de las tropas y de los retenes que se han
establecido.
Es muy lamentable que la doctora Mireille Roccatti
señale que el Ejército permanezca, porque todavía no se ha desarmado a las bandas
paramilitares. Yo tengo entendido que ésta es una función del Ministerio Público y al
Ejército se le está minimizando, inclusive exponiendo con una función de Ministerio
Público. Y que sería muy importante que a la doctora se le pudiera ubicar en el mapa, en
Chiapas, dónde se ubican los grupos paramilitares y dónde se ubica la influencia y la
incidencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
2o. Es la importancia de que los grupos paramilitares
sean desarmados y disueltos y sancionados los responsables . No hay en esto una política
clara . Se ha detenido a algunos autores materiales de lo que pasó en Acteal, Chenalhó,
y es fundamental que se empiece a desarmar esos grupos paramilitares.
3o. El cumplimiento cabal de los acuerdos de San Andrés.
Lo que aquí se ha reiterado: que el Gobierno cumpla con su palabra.
Queremos plantear finalmente dos aspectos que tienen qué
ver con está situación delicada: que es el problema de canalizar la ayuda humanitaria a
través de organismos no gubernamentales. Aquí se planteó la vez pasada, no apareció
después publicado, de que fuera la Cruz Roja Mexicana la que hiciera llegar la ayuda
humanitaria.
Y nos hemos encontrado o se han encontrado los habitantes
de Polhó, con la desagradable sorpresa de que: ¡se les envió medicinas caducas!
No hay confianza en las autoridades ni siquiera en la
Cruz Roja, en donde no se ha puesto el cuidado, ante una situación tan delicada en donde
hay más de 10 mil desplazados en esta región.
Y el aspecto de revisar a fondo la elección total.
Quisiera, si me permite, señor Presidente, con
fundamento en el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo firmantes ponemos a consideración
de la Comisión Permanente la siguiente
PROPOSICION
«Unico. Los grupos parlamentarios representados en la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncian por el regreso inmediato de
los elementos del Ejército que ocupan diversos municipios del Estado de Chiapas a sus
cuarteles. Esta medida contribuirá a la distensión política en la zona y propiciará
mejores condiciones para restablecer el diálogo y el clima de concordia en las partes del
conflicto.
Firma la fracción del Partido de la Revolución
Democrática; la legisladora Verónica Velasco a nombre del Partido Verde Ecologista
Mexicano y el diputado Ricardo Cantú, a nombre del Partido del Trabajo.»
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera Ramos.
| El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
No me va a resultar fácil, señor Presidente;
compañeros diputados; compañeros senadores miembros de esta Comisión Permanente:
Ocuparme de las intervenciones y de los hechos que
representan las distintas intervenciones de diversos diputados en relación a la
situación que prevalece en Chiapas. No me va a resultar fácil porque por razones de
reglamento estoy obligado a la brevedad, estoy obligado a la puntualidad, estoy obligado
también al manejo en esta tribuna con apego a la verdad.
Todos los parlamentarios estamos obligados a ejercer una
representación política que se ciña por entero a las disposiciones de derecho y que
moralmente corresponda al compromiso de honestidad que todos tenemos con nuestros
re-presentados.
No es casual que yo haga este preámbulo, porque veo que
sesiones van y sesiones vienen de esta diputación, de esta Comisión Permanente, y cual
si se tratase de un disco rayado, repetidamente encontramos aquí en las intervenciones de
los compañeros diputados, sobre todo de dos o tres diputados del grupo parlamentario de
la Revolución Democrática, la mentira y el engaño como instrumentos de convencimiento y
de trabajo político.
Tengo perfectamente claro que los partidos políticos
tenemos derecho a la propaganda y muchas veces las prácticas de propaganda no se apegan a
los motivos de carácter moral, a los principios y a los valores que mueven a los partidos
políticos en su esencia.
Escucho que aquí se descalifica de manera constante y
permanente a las instituciones de la República. Veo en el centro de esta campaña
propagandística del Partido de la Revolución Democrática, una obsesión por
descalificar y por restarle autoridad a instituciones fundamentales de este país, como es
el Ejército mexicano. Veo cómo a través de la mentira, escucho cómo a través del
engaño se pretende descalificar la acción del Ejército, que como aquí ya fue explicado
por el diputado Sadot, se ciñe por completo a las disposiciones del artículo 13 de la
Ley para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación de Chiapas, que fue suscrito por
este Congreso. No obstante, el voluntarismo de los diputados perredistas nos habla de
nueva cuenta, para venderle a la nación una imagen falsa respecto del compromiso y la
voluntad democrática que ha inspirado al Ejército mexicano.
Veo también cómo se recurre el expediente repetido,
reiterativo y redundante de descalificar al Presidente de la República. Se acusa a los
diputados del PRI, cuando los diputados damos la cara por el Presidente de la República;
cuando damos la cara por el Ejército mexicano, se acusa de hacer esta defensa en función
de intereses que no corresponden a la dignidad de los diputados.
Creo que nada más falso que cuestionar, como lo han
hecho los diputados del PRD, la voluntad y el compromiso del presidente Zedillo, dándole
una lectura sesgada y mal intencionada a los discursos del municipio de La Yesca y del
municipio de Rosamorada, Nayarit. Hoy de nueva cuenta el PRD pretende restarle autoridad,
quitándole el reconocimiento a su compromiso democrático, al Presidente de la
República, que gestos de voluntad y de compromiso en la solución de los problemas los ha
tenido y los ha hecho públicos en repetidas ocasiones.
¿De qué se trata, compañeros miembros de esta
Comisión Permanente? ¿De hacer de esta Comisión Permanente la caja de resonancia de
marchas de carácter propagandístico o de carácter electoral para ocultar la verdad con
el asentimiento por omisión de nosotros los miembros de esta Comisión Permanente?
Yo como diputado, representante que soy del sur del
Estado de Sinaloa, me niego rotundamente a aceptar como ciertos los hechos que aquí se
han dicho o los dichos que aquí se han expresado en relación a la voluntad que mueve al
Ejército mexicano y al compromiso con la democracia que el Presidente de la República
tiene y por ende con las leyes y con la solución pacífica del problema.
Más tardó el Gobierno, más tardó el Presidente de la
República en reorganizar su gabinete, en reorganizar a la Administración Pública
Federal, que el PRD de nueva cuenta en descalificar al recientemente Secretario de
Gobernación y qué lamentable, soy miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que un diputado del grupo de Acción Nacional, como es el diputado
Santiago Creel, tenía que venir de nueva cuenta haciendo el papel de vocero del PRD a
hacerse eco de infundios y de nueva cuenta emprender una acometida en contra de todo el
Gobierno Federal, acusándolo de incompetente y de incapaz y de ser generador de
desinformación y de confusión.
Se nos cuestiona, se nos pregunta ¿cuáles son las
aportaciones del Gobierno de la República por la solución de los problemas que confronta
Chiapas? Yo pregunto, ¿cuál es la aportación del PRD al respecto? Se nos acusa de
buscar unas estrategias que se están llevando a cabo en Chiapas, asestar el último golpe
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se ha levantado en contra del Gobierno
de la República en una declaratoria unilateral de guerra que todos conocimos en enero de
1995.
Pero, en cambio al Ejército Federal, Ejército
legítimo, Ejército popular, Ejército de origen y de extracción constitucional, se le
pide realizar una rendición, la rendición del poder democrático, la rendición del
poder legítimamente alcanzado a través de las elecciones de 1994 y la capitulación del
poder democrático, del poder de leyes, al chantaje, a la amenaza y a la violencia.
Sirvan mis palabras, compañeros miembros de esta
diputación, de esta Comisión Permanente, para que todos trabajemos con una actitud que
se finque sincera y honestamente en la verdad y en el compromiso con el pueblo, creo que
el pueblo no tiene por qué pagar las desbocadas marchas electorales y políticas de los
partidos que buscan mantenerse o ampliar su radio de poder o su radio de acción con base
en la descalificación, llegando al extremo de acudir al extranjero para tratar de
encontrar en el extranjero soluciones, que bien dijo aquí Paoli y Bolio, se tienen que
resolver conforme a derecho y acudiendo a las instancias legales, a las instancias
constitucionales que, en tratándose de un país soberano, son las verdaderamente
obligadas conforme a derecho, a resolver el tipo de problemas que provocan este tipo de
controversias o este tipo de hechos criminales o supuestamente criminales.
Gracias, compañeros, por escucharme con atención, creo
que es muy importante una reflexión en torno al compromiso que esta representación del
Congreso de la Unión tiene con el país, al compromiso que el mismo tiene con las
instituciones, aun en la oposición se puede actuar con lealtad, aun en la oposición se
puede actuar con compromiso; nada que implique el abandono de principios y de valores de
carácter moral, todo aquello que se identifique con el estado de derecho y con la
preservación de país de leyes que somos.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales, tiene la
palabra hasta por cinco minutos, el diputado Santiago Creel Miranda.
| El
diputado Santiago Creel Miranda: |
Con su venia, señor Presidente; compañeras y
compañeros legisladores:
Una vez más, tratando de elevar el debate nacional sobre
este tema que aqueja, que nos agravia, que nos aflige a todos, nos vemos imposibilitados
en que este nivel de dignidad, de respeto y de tolerancia, prospere ante las
provocaciones, como acabamos de escuchar por parte del diputado Rafael Oceguera.
Señor diputado...
Permítame el orador. ¿Si acepta una
interpelación?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Sí, con mucho gusto.
Adelante.
| El
diputado Gil Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Diputado Creel: siempre en mi relación personal,
que la tengo con usted desde hace tiempo, he buscado observar una actitud respetuosa
respecto de su ideología, respecto de su manera de pensar, pero lo que he dicho no es una
provocación, lo que he dicho entraña la denuncia de un hecho: usted finalmente me da la
razón, se está haciendo eco de lo que el PRD dice, porque el PRD en algún momento
también ha llamado provocación a un manejo civilizado que su servidor ha tenido en la
tribuna.
Yo no busco adjetivarlo, le pregunto a usted: ¿es
correcto que usted, hombre de derecho, hombre de leyes, de la manera en que lo ha hecho
descalifique por entero todas las gestiones que el Gobierno de la República realiza?
Estoy correcto que ello entraña una actitud de identificación en los hechos y en los
dichos con el Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Señor diputado Rafael Oceguera:
En primera instancia, la provocación fue de usted al
tratarme de denominar como "vocero" de un partido en el cual no milito ni soy
miembro de esa bancada; ¿cómo le llamaría usted a esa calificación?¿Un saludo
amistoso de un legislador que desea entablar y facilitar un diálogo de altura,
respetuoso, tolerante? ¿Qué por el hecho de que yo haga juicios de crítica hacia el
Gobierno y en lo particular hacia el Presidente de la República, ello me vuelve militante
y miembro del cual usted dice que yo soy vocero?
Le quiero recordar, diputado Oceguera, que el Partido
Acción Nacional lleva fundado 60 años y que casi cotidianamente su función ha sido de
partido de oposición y como tal ha venido juzgando, evaluando, criticando las gestiones
gubernamentales, en donde su partido ha hecho gobierno y eso ciertamente al Partido
Acción Nacional no lo ha convertido y no lo ha transformado en otro partido, sino
simplemente en un partido de oposición que se asume como tal y que intenta hacer una
evaluación crítica de la realidad.
Es por ello que yo no le puedo aceptar a usted ni a
nadie, que me califique como miembro integrante o vocero de un grupo político al cual no
pertenezco por el solo hecho de osar, volverme crítico del Presidente de la República.
Diputado Oceguera, no se vale, no se vale su doble discurso. Si quiere debatir conmigo, si
quiere dialogar, si quiere discutir sobre cuestiones que atañen a la vida nacional, estoy
a su disposición para ello; si quiere solamente provocar, quitar la atención de lo
principal, se quedará dialogando solo, por lo que a mí respecta.
Ahora bien, se decía aquí que Chiapas y toda la
conflictiva que se ha derivado en ese Estado, no se va a solucionar con protagonismos; yo
estoy de acuerdo con esa frase y con esa afirmación y quiero dar constancia de que si un
partido político y los miembros de una bancada no han sido protagonistas en este asunto
de Chiapas y sobre todo en los últimos acontecimientos, ha sido la bancada de Acción
Nacional, tanto sus diputados como sus senadores.
Compañeras y compañeros: nosotros no hemos acudido a
las instancias internacionales; no hemos medrado ni hemos utilizado de los hechos o
acontecimientos para tratar de hacer una promoción o una bandera política de ello. Creo
que la prudencia del Partido Acción Nacional ante estos acontecimientos ha sido
manifiesta; pero, por otra parte, es muy claro que vamos a seguir evaluando las políticas
públicas, particularmente las políticas que llevan a cabo el Presidente de la
República, sus subordinados, los miembros del gabinete.
Y yo vuelvo aquí a tratar de entrar otra vez al debate.
Yo me pregunto si lo que declaró el Presidente de la República en Nayarit no fue algo
contradictorio, también contestando una intervención de un diputado del Partido
Revolucionario Institucional.
Por una parte el Presidente, en esas declaraciones ya tan
mencionadas, habla de que los pueblos indígenas no deben tener un trato diferente, deben
de tener un trato igual, pero en esas mismas declaraciones, si ustedes las leen con
detenimiento, pide un apoyo y un trato especial para esas comunidades. Ahí hay una obvia
contradicción y yo podría hablar de otras muchas, en donde ciertamente se ve que por lo
menos esas declaraciones dan pauta para una legítima y una válida confusión, aunque
aquí algunas compañeras y compañeros la quieran negar.
¿Con qué propósito, senador López Velarde?
| El senador Oscar López
Velarde Vega (desde su curul): |
Para hacer una interpelación al orador.
¿Permite una pregunta, diputado Creel?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Con mucho gusto.
Adelante.
| El senador Oscar López
Velarde Vega (desde su curul): |
Señor diputado Santiago Creel, conociendo como es
su formación jurídica, me permitiría preguntarle, ¿cuál es concepción jurídica o
filosófica y constitucional de la garantía de igualdad que establece nuestra
Constitución?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Con mucho gusto: la garantía de igualdad, senador
López Velarde, no debe entenderse en un plano lineal, es decir, no puede ser un concepto
absoluto; los mismos seres humanos son distintos y se manifiestan de esa manera.
Si tomamos en cuenta a la garantía de igualdad como una
categoría absoluta, entonces vea usted en dónde quedarían por ejemplo una minoría como
los menores de edad. ¿Qué no les estamos dando un trato especial cuando en ciertas
circunstancias, por ejemplo, requieren de tutor, de patria potestad? Claro, porque no
pueden entrar de lleno a la legalidad y tener una condición de iguales. En tanto que no
entran en una condición de iguales, su trato debe ser diferenciado y ello en ningún
momento contraviene a la garantía de igualdad que dispone la Constitución.
De esa misma manera se debe ver a los pueblos indígenas,
en donde ciertamente ya el mismo artículo 4o. constitucional establece este trato y este
trato diferenciado que se ratifica en los acuerdos de San Andrés y que estoy de acuerdo
deben de tener una correcta traducción, ya desde el punto de vista legislativo.
Bien, para concluir...
Si permite el orador, si acepta una pregunta del
senador Conchello?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Con mucho gusto, senador Conchello.
Adelante.
| El diputado José Angel
Conchello Dávila (desde su curul): |
Señor diputado, ya que está usted tocando el tema
del trato preferencial, ¿usted diría que el artículo 123 de la Constitución que otorga
un trato preferencial y proteccionista, altamente protector para los obreros viola la
Constitución?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Muchas gracias, señor senador:
Yo creo que va en términos de la explicación que yo
acabo de expresar y creo que el artículo 123 da claras muestras como el 27
constitucional, pero habría otros muchos, en donde la garantía de igualdad manifiesta en
la parte relativa de nuestra Constitución, en nada se merma dando esas situaciones de
trato desigual a los distintos grupos y sectores de nuestra sociedad.
La teoría de los subsidios, por ejemplo, que todavía
existen en nuestro país por más que se quiera negar y muchos de ellos ayudan a promover
el buen desarrollo social del país, sobre todo en aquellas áreas donde menos bienestar
existe, bueno, pues está fincada precisamente en esta concepción amplia de una
categoría que no puede ser cerrada tal y como se desea interpretar.
Finalmente yo quisiera terminar con la siguiente
reflexión...
¿Con qué propósito, senador?
| El senador Oscar López
Velarde Vega (desde su curul): |
Para hacer una pregunta al señor orador.
¿Si le permite una pregunta al señor senador
Velarde?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Con mucho gusto, señor senador, una segunda
pregunta le permito a usted realizarme.
| El senador Oscar López
Velarde Vega (desde su curul): |
Que no es diálogo porque la interrumpió el
senador Conchello.
Quisiera yo, precisamente en la reflexión que le hacía
y con base en su respuesta, preguntarle lo siguiente: ¿si la garantía de igualdad
jurídica ante la ley que establece el artículo 1o. de la Constitución, no es a lo que
se refería el Presidente de la República, de considerar a los indígenas como mexicanos
en igualdad de condiciones ante la ley y precisamente esa garantía es compensada por
otras garantías individuales y sociales, como la del 123 o la del 27 o el artículo 4o.
de la Constitución a la que usted se refería?
Mi pregunta concreta es: ¿si la intención de las
palabras del Presidente de la República no era precisamente de tratar como mexicanos a
los indígenas que también lo son?
| El diputado Santiago
Creel Miranda: |
Señor senador López Velarde, ojalá y usted fuera
el asesor del Presidente de la República y lo digo con toda sinceridad.
Ciertamente si hubiera dado esa explicación el
Presidente no hubiéramos tenido que estar entrando en este debate. Pienso que esas
declaraciones en todo caso fueron cortas y dan pauta para que tengamos esta discusión. No
soy solamente el único de los legisladores que ha puesto el tema a debate, han sido
igualmente muchos otros.
Todas estas confusiones que pienso ha tenido el
Presidente de la República y algunos miembros de su gabinete, han dado pauta para que se
venga difiriendo la solución al problema de Chiapas. Yo estoy de acuerdo, aquí nadie
debe de seguir jugando con el conflicto, no lo merece Chiapas ni tampoco lo merece México
y es por ello que desde esta tribuna convoco al Presidente de la República, para que
asuma plenamente su responsabilidad sin confusiones de ninguna especie, y que atienda la
política como intenta atender otras cuestiones de las acciones de las políticas
públicas que le toca ejercer.
Por ejemplo, y ya con esto quisiera yo concluir, hemos
visto que ante la baja de los precios del petróleo y nada más lo doy como ejemplo,
porque sé que es el tema que viene a discusión hubo una inmediata respuesta, no tardó
ni 24 horas en dar ya una explicación, bien o mal, ya lo discutiremos, discutiremos
también sus efectos, pero vean ustedes cuánto tiempo se ha tardado en la respuesta
política para el asunto de Chiapas.
Me parece a mí que ello demuestra que la atención del
Gobierno está en un lugar muy distinto a nuestro sureste y particularmente a Chiapas.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales, tiene la
palabra el diputado Rafael Oceguera, hasta por cinco minutos.
| El diputado Gil Rafael
Oceguera Ramos: |
Señor Presidente; compañeros legisladores:
Porque en los hechos políticos públicos, Santiago Creel
tiene un pie en el PAN y otro pie en el PRD, se molesta porque ahora yo he venido a decir
a la tribuna que ha actuado como vocero o cual si fuera vocero del PRD.
Cometí el error, efectivamente utilicé un adjetivo.
¿De cuántos adjetivos están llenas las intervenciones de quienes le apuestan al fracaso
y a la derrota del régimen que encabeza el presidente Zedillo?, no solamente de
adjetivos, sino, ¿de cuántas falsedades, de cuántos engaños, de cuántas mentiras?
Efectivamente, el tema reclama de una actitud de
compromiso, insisto en lo que ya dije y reclama de la urbanidad política en la conducta
de nosotros los parlamentarios.
Yo no he tratado ni he buscado faltar a la cortesía, le
dije a Creel que actuaba como vocero del PRD, porque en los hechos lo que aquí dijo nada
tiene que ver con lo que dijo Paoli. Mientras Paoli nos remite a la Constitución y a la
obligación que el Gobierno tiene en materia internacional de cumplir con los tratados y
las convenciones internacionales que son aprobadas por el Senado de la República, y en
ese contexto permitir la observación o la opinión o la "intervención" de
organismos internacionales, mientras Paoli sostiene esa tesis que está consignada en la
Constitución, viene Santiago Creel a decir y a justificar el activismo internacional, que
tiene como base y como divisa la mentira y el engaño, porque se propalan verdades a
medias o verdades o hechos sesgados; se difama y se realiza actividad proselitista en el
extranjero, apostándole a la pérdida de credibilidad de un Gobierno que tiene un origen
democrático y que todos aquí, los aquí presentes, de alguna manera u otra, sancionamos
su erección o su unción.
No, compañero Creel, sé que los riesgos del debate
entrañan que muchas veces se usen adjetivos que a uno no le acomodan. Usted, haciéndose
eco de lo que alguien del PRD alguna vez dijo, me llama provocador. No soy provocador; soy
un hombre de debate; soy un hombre de ideas; soy un hombre con propuestas y soy un hombre
que sabe respetar las opiniones de los contrarios. Puedo estar en contra, como dijo el
clásico, de lo que usted piensa y de lo que usted sostiene, mas no en contra del derecho
que tiene que decirlo, mucho menos tratándose de un compañero parlamentario. Pero es del
conocimiento público, diputado Santiago Creel, que usted en su manejo político es de
reciente incorporación al PAN; que antes usted era un ciudadano común y corriente que,
inclusive, actúa como consejero, no tenía partido ni tenía ideología. Finalmente sí
tiene ideología, sí tiene partido, sí es ciudadano y sí tiene compromiso y está de
acuerdo en combatir al Gobierno.
Yo aquí he dicho que se puede criticar al Gobierno, pero
he hablado de que todos, inclusive los hombres de oposición, podemos actuar en la lealtad
y en el compromiso con el país. En la lealtad y en el compromiso con la verdad; en la
lealtad y en el compromiso con los hechos y los hechos puros y rotundos, son en el orden
de que las pruebas de buena voluntad, de que las pruebas de buena fe, de buena
disposición al desarrollo democrático las ha dado el Gobierno de México y el partido
gobernante.
Aquí dijo algo que me llamó enormemente la atención el
diputado Francisco Javier Gil. Dijo: "hoy, más que nunca, estamos cerca de alcanzar
acuerdos que nos permitan encontrar la ansiada paz para Chiapas y para México".
Mientras Chiapas siga en la circunstancia en que se encuentra, en la conciencia de
nosotros los legisladores, no puede haber lugar para la paz y para la tranquilidad ni
mucho menos para el regocijo.
Ese es el compromiso de mi grupo: compromiso con la ley;
compromiso con la verdad; compromiso con el derecho. Lamento mucho que a ello le llamen
provocación.
Tiene la palabra, para la pregunta, el diputado
Santiago Creel.
| El diputado Santiago
Creel Miranda (desde su curul): |
Quisiera preguntarle al diputado Rafael Oceguera,
si conoce las razones por las cuales opté por buscar una candidatura en el Partido
Acción Nacional y por ser miembro de la bancada de Acción Nacional.
Esas razones fueron plenamente difundidas en la prensa
nacional.
Quisiera peguntarle, de manera concreta, si leyó esas
razones, si las ha evaluado o si las conoce.
Muchas gracias por su respuesta, aunque haya sido
después de su intervención.
| El diputado Gil Rafael
Oceguera Ramos: |
Mi estimado compañero y respetado abogado,
Santiago Creel, no las he leído, mas sin embargo las respeto. No las conozco, mas no
obstante reconozco el hecho que usted tiene de afiliarse a un partido que tiene 50 años
de historia. Yo no he hecho aquí una discusión en relación a la calidad moral del PAN o
a la respetabilidad que el PAN me merece. Aquí he hablado de que usted, lo vemos en los
medios, lo escuchamos en los programas de la radio, con mucha frecuencia asume actitudes
ambivalente en el plano político partidista, que pudiera ser válido que esas actitudes
se manifestasen siempre y cuando se reconocerá también el derecho que otros diputados
tenemos de denunciar estas actitudes, cuando las mismas están fincadas en la mentira y en
el engaño.
Mi intervención aquí obedeció al hecho de que usted
apuntó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la Secretaría de Gobernación,
que el gobierno del presidente Zedillo, que el presidente Zedillo, el Ejército, el PRI,
que todos, absolutamente todos lo único que hacíamos era generar desinformación y
desorientación.
Yo, diputado Creel, soy orgullosamente miembro del
partido que gobierna este país, de un partido que ganó las elecciones de manera
legítima en 1994 y que ganó 239 curules en las elecciones de julio pasado.
Eso, lejos de llenarme a mí de soberbia, me obliga a
entender que hay un compromiso, antes que nada con la verdad y que tenemos que cerrarle el
paso a la mentira y al engaño.
Chiapas requiere de posiciones auténticas, de actitudes
honestas. No le reprocho, estimado y respetable diputado Creel, que usted frecuentemente
coincida con el PRD en su manejo político. Que usted permanentemente como estrategia,
haga valer los valores, valga la expresión, de la oposición perredista, con la
oposición que usted recientemente acaba de abrazar de filiación panista y que no por ser
reciente no merece mis respetos al contrario.
Gracias.
| El diputado Jesús
Martín del Campo. |
| El diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Diputado Oceguera, quiero preguntarle, si nos puede
explicar, si la comisión de legisladores priístas que fue a Europa, ¿fue para completar
la información que han dado los legisladores del PRD o para internacionalizar el problema
y si esto se sale de ley porque vayan en una comisión de legisladores?
Y segundo, ¿si es usted de la Comisión de Afiliación o
de Honor y Justicia del PAN, preocupado porque esté vinculada la bancada panista el
diputado Santiago Creel?
Muchas gracias.
| El diputado Gil Rafael
Oceguera Ramos: |
Vean compañeros, qué bonita es la práctica
parlamentaria. Nada menos adecuado que en este momento yo me desgarrara las vestiduras y
dijera: me provoca el diputado Martín del Campo, está insinuando que yo pertenezco al
PAN y que formo parte de la Comisión de Honor y Justicia del PAN. Son gajes del oficio,
compañeros diputados.
Ustedes, el Partido de la Revolución Democrática, son
un partido con poca tradición parlamentaria, bueno, dependiendo de donde se le vea,
porque muchos de ustedes tienen una extracción procomunista y pertenecieron al PSUM y ya
son viejos lobos en estas tribunas, porque ustedes no explican su presencia a partir de la
fundación del PRD.
Ustedes vinieron aquí, cuando nosotros, los diputados de
la mayoría, yo era miembro de la LV Legislatura, promovimos una reforma de avanzada y
sacamos al Partido Comunista de la clandestinidad y le dimos y le reconocimos el derecho
de participar en la actividad parlamentaria, por la figura de los diputados de minoría y
después por la figura de diputados pluris.
Bueno, pero tienen actividad y tradición parlamentaria,
unos mucha, otros recientemente incorporados, muy poca tradición parlamentaria, pero a
mí no me asusta que en la tribuna por defender mi manera de pensar, me tilden de
provocador.
Yo pudiera decirle a usted que en la pregunta que me hace
está tratando de adjetivarme o en los hechos me está adjetivando como panista. No me
preocupa, me conocen demasiado bien todos los que están aquí presentes y nada más
absurdo que yo pudiera hacer actos de comunión con el Partido Acción Nacional, en lo que
es su esencia ideológica; muchas cosas se las respeto e inclusive se las promuevo. Pero
evidentemente soy distinto a los panistas, soy diferente y lo digo con el orgullo
legítimo y con la honestidad que ello puede causar.
Y para contestar en concreto la pregunta que usted me
hace, déjeme decirle que nosotros no acudimos a Estrasburgo, porque entendimos que
nuestra obligación primera y entendemos, es defender al país y buscarle soluciones al
problema de Chiapas aquí mismo. En ello coincidí y coincido con Paoli, ya lo dije.
¿A qué fuimos a Estrasburgo? ¿Por qué anda el
diputado Phillips Olmedo allá, porque es takú, que es un representante también
orgullosamente indígena? Pues fuimos a tratar de defender la dignidad del país a partir
de una visión y de una explicación objetiva y veraz de los acontecimientos. Por que
insisto, ustedes han propalado mentiras y engaños; ustedes han recurrido al expediente de
descalificar a Zedillo, ustedes le apuestan al fracaso de Zedillo, ustedes saben que en la
realidad actual el crédito en el mundo que el país tiene, es condición o premisa
fundamental para que la democracia se mantenga y para que el destino de justicia social,
por el que lucharnos todos los mexicanos, se pueda alcanzar en los hechos y en la
realidad.
Señor diputado Martín del Campo, contestándole su
interpelación, aprovecho para ratificar a usted y a su grupo parlamentario, el compromiso
de nosotros de recurrir siempre al debate y a la discusión civilizados. De esa manera
también contesto algo que aquí se preguntó en la intervención anterior de Creel.
Jamás va a encontrar ni usted ni ninguno de sus compañeros perredistas, una actitud de
desprestigio y de adjetivación. En cambio sí, habrá de encontrar una disposición
abierta para la discusión y para el debate, tanto más cuando se trata de esclarecer en
un momento de importancia crucial para el país, la situación política que prevalece y
tanto más cuanto se trata de encontrar para esa entrañable entidad chiapaneca tan cara
para nosotros, la paz, el sosiego, la tranquilidad y la armonía que todos deseamos para
Chiapas y para México.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales, está primero
el diputado Paoli y después el diputado Martín del Campo.
| El
diputado Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente; señoras y
señores legisladores:
A fin de aclarar alguna alusión hecha por el diputado
Oceguera, he pedido el uso de la palabra.
Yo quisiera dejar perfectamente establecido que en mi
intervención no toqué un tema que tocó en la suya, el diputado Santiago Creel, lo cual
no quiere decir que estemos ante un diferendo entre nosotros.
Yo no traté el tema de las excepciones, el tema de los
regímenes especiales a los que están sujetos distintos sectores, grupos sociales, por
las condiciones de equidad y de justicia que ese tratamiento requiere. Ya lo aludía con
gran tino el senador don José Angel Conchello, de que hay un tratamiento especial de
protección a los trabajadores. Hay un régimen especial en el ejido, hay regímenes
especiales de tratamiento en función de necesidades, de justicia y de equidad en diversos
ámbitos para los menores, etcétera.
No fue un tema que yo toqué en mi intervención y lo que
quisiera dejar perfectamente claro, es que no es conveniente tomar un tema de los que yo
no tomé, de los que yo no toqué, porque con los temas que yo no toqué, probablemente se
podría llenar en microfilme esta sala, para contraponerlo a uno que tocó mi
correligionario amigo Santiago Creel, con el que yo coincido.
No sería difícil que encontráramos contradicciones y
específicamente en términos de la problemática chiapaneca, entre diputados o dirigentes
del Partido Revolucionario Institucional. Por ejemplo, podría yo preguntar:
¿suscribirían todos los legisladores priístas las declaraciones y promociones que
hicieran en su momento el diputado Jaime Martínez Veloz o el diputado Pablo Salazar
Mendicuchía?
Yo no quisiera sembrar cizaña, pero entrar en esta
perspectiva, es una entrada que en nada nos ayuda a lo que estamos proponiendo.
Yo quisiera ser consecuente con mi primera intervención,
para señalar que la búsqueda de contradicciones en partidos que tienen libertad, en
donde no se aplica, como en el nuestro, una disciplina autoritaria para quienes emiten
opiniones divergentes, como no sea que éstas dañen gravemente una posición de
principios, nos va a ayudar a resolver el asunto que tenemos enfrente.
Yo creo que tenemos que trascender confrontaciones. Es
fácil hacerlas. Estamos hechos al debate para descubrir y encontrar gazapos en uno y otro
grupo. Pero ¿Será esto lo importante en este momento?
Creo que lo que tenemos que hacer no es sembrar nuestro
camino de dificultades, de recriminaciones, cuando no de sarcasmos, de ironías y de otro
tipo de expresiones que lo que hacen es establecer condiciones difíciles para llegar a
acuerdos.
Estamos en presencia de un tiempo especialmente
dramático y el llamado es un llamado a remontar estas diferencias y estas opiniones que
pudieran llegar incluso a contraponerse.
Y ésta es la exhortación en la que el Partido Acción
Nacional, a través de esta presentación y de esta aclaración de alusiones personales,
está haciendo.
Vamos a remontar esto por el bien del país, por el bien
de la República.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
| El diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda: |
Creo que sería inconveniente que en el parlamento
mexicano, en esta Comisión Permanente, se cuestionara a diputados de cualquier bancada o
senadores, legisladores en general, porque plantean públicamente, haciendo uso de su
derecho constitucional, de expresar sus ideas, expresar sus discrepancias y su desacuerdo;
mas aún no constituye en ninguna posibilidad de que seamos censurados por ello, según
las normas a las que se atiene la vida parlamentaria; están tanto en la Constitución,
como en la Ley Orgánica y en el Reglamento. No podemos ser los legisladores censurados
porque expresemos opiniones sobre los funcionarios del Gobierno, así sea el Presidente de
la República.
Al contrario, debería ser práctica común que sin
ninguna taxativa podamos decirlo siempre en el respeto que puede plantearse esto, con el
respeto necesario.
Entonces seguiremos haciendo uso de ese ejercicio y
además fundamentaremos siempre, como lo hemos hecho ahora, por qué discrepamos de la
política ahora seguida en Chiapas, de la cual es responsable fundamental, principal, el
Presidente de la República, porque es el jefe del Ejecutivo. Eso no lo cuestiona como el
jefe del Ejecutivo, al contrario, estamos diciendo que como jefe del Ejecutivo, desde
nuestro punto de vista, está llevando adelante una política errónea y seguiremos
insistiendo. No hay ningún disco rayado ni de los antiguos ni de los compactos.
Hay simplemente nuestra posición política respecto a
los errores del señor Presidente de la República, que es el responsable también de que
su gabinete ahora expresamente dedicado a atender el conflicto de Chiapas, no acierte a
tener una posición que no se acerque a la medida que se desea de tener el contacto
necesario con el EZLN y que no se continúe con esta práctica de aislamiento de las
comunidades, que nos llevará, como hemos señalado nosotros, a que se use más al
Ejército y no a los políticos para el diálogo.
Alguno de los generales, el que estaba encargado del
cuartel que está en las afueras de San Cristóbal, cuando en 1994 fuimos una comisión,
que no se llamaba Cocopa, entonces de legisladores, la de seguimiento, la primera, nos
comentó, "que como los políticos no habían resuelto el problema que pudiera
impedir rebeliones como la del EZLN, pues tenía que entrar el Ejército y que el
Ejército sabe hacer una cosa: actuar militarmente en lo fundamental".
Y que entonces, bueno, aquí los que habían fallado eran
los políticos. Estamos reivindicando incluso este planteamiento del general encargado del
cuartel que está en las afueras de San Cristóbal y que nos comentó directa y
francamente a algunos diputados que estuvimos con él en San Cristóbal, su opinión sobre
este asunto. Porque le decíamos, desde entonces: "que no conviene que se empeñe al
Ejército en un conflicto en el que puede haber la vía de diálogo, como ya se abrían
las posibilidades desde entonces".
De manera que sí estamos diciendo por qué discrepamos.
Los elementos, las evidencias de las que disponemos son de las que disponen todos y no
queremos decir verdades a medias, queremos decir lo que observamos.
También quiero aquí señalar que no es irresponsable
plantear la autonomía; al contrario, la autonomía, no debe confundirse ningún
legislador, los brillantes legisladores o los brillantes abogados que tienen todas
bancadas, saben que autonomía no es equivalente de soberanía.
Por lo tanto, plantear autonomía para regiones
indígenas no implica atentar contra la soberanía, no lo ha implicado en ninguna nación
donde la figura de autonomía ha sido utilizada y ha tenido resultados exitosos para tener
políticas incluyentes que den cuenta de la diversidad étnica, cultural, política, que
existe en algunas otras naciones.
Aquí se está planteando eso con bastante
responsabilidad. Es de larga data la discusión en los medios de investigadores, en los
medios también de legisladores, sobre que autonomía no es equivalente a soberanía ni la
concesión acotada de autonomía significa atentar en modo alguno contra la soberanía.
También se ha dicho para otros casos, el de las
universidades, que no es extraterritorialidad, como bien se sabe.
La autonomía tiene como antecedente, en el caso de las
comunidades indígenas de México, procesos de autodeterminación comunitaria que en grado
diverso han venido ejerciendo las comunidades indígenas de varios estados, entre otros
Oaxaca. Hasta así se llamó una asamblea de autoridades de la sierra, autoridades no
partidistas en general o de distintos partidos en la sierra Zapoteca que se llamó:
Asamblea de Autoridades de la Sierra por la Autodeterminación Comunitaria.
Son antecedentes que existen y ahí no hay ninguna
vulneración del asunto de la soberanía.
Sobre la internacionalización. Ningún legislador del
PRD ha planteado ni ningún militante la internacionalización. Hay intercambio de
experiencias en el marco, como lo dijimos en la sesión anterior, del respeto a acuerdos
internacionales, en el marco de acuerdos bilaterales entre legisladores de la Comunidad
Europea y los de México. En ese marco hay intercambio de experiencias y de información
sobre distintas materias, entre otras, el respeto a los derechos humanos.
No cuestionamos que vaya el PRI. Por eso hice la
pregunta, sin ningún dolo ni mala fe. Simplemente que están ejerciendo un derecho de
información y de intercambio con políticos de Europa y nosotros no vamos a decir
"si dicen medias verdades o no". Los elementos que aporten servirán a los
legisladores de otros países, a los dirigentes políticos de otros países para normarse
un criterio.
No estamos contra el Ejército, no estamos contra la
institución del Ejército. Hemos dicho "que no conviene que el Ejército sea
utilizado como elemento fundamental y central en la solución del conflicto chiapaneco,
que hay que agotar todas las vías políticas antes de que tenga que operar el Ejército,
que efectivamente es una institución, que efectivamente tiene lealtad a los poderes de la
Unión y que tiene lealtad al Ejecutivo, que es el Presidente el jefe máximo del
Ejército".
Hemos dicho "que es inconveniente para la salida del
conflicto chiapaneco que sea el Ejército el elemento central, porque se verá involucrado
cada vez más en acciones contra la población que le generarán desprestigio".
Y finalmente creo que sí hemos hecho propuestas, sí
hemos hecho propuestas consistentes: que se fortalezca y hemos coincidido todos y espero
que el diputado Rafael Oceguera no se avergüence de coincidir con el PRD, hemos
coincidido todos: PAN, PRD, PRI, Partido Ecologista y el PT, en que se fortalezca la
actividad de la Cocopa, ¡y con los desaires como el de ayer, no se está fortaleciendo la
actividad de intermediación de la Cocopa; se le está queriendo hacer a un lado, aunque
los esfuerzos de los legisladores de la Cocopa son en el sentido que aquí se acordó
desde la primera sesión, en la que empezamos a abordar el asunto de Chiapas.
Pedimos que se retire el Ejército por las razones antes
expuestas y creemos que es conveniente respetar los acuerdos de San Andrés, ¡y se
podrán dar todas las discusiones, pero les digo que el asunto no es de corchete! ¡Lo
debatiremos con los abogados de todos los partidos, pero no es de corchete! ¡No es sólo
de técnica jurídica, aquí antes que lo de técnica jurídica está el problema de cómo
se está atendiendo el conflicto! ¡No va a ser de técnica jurídica si hay más masacres
como la de Acteal!
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos y hasta por cinco
minutos, tiene la palabra el diputado Armando López, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
| El
diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Miren, compañeros, yo creo que es muy importante
reconocer que la cuestión en Chiapas es apremiante y que nos dejemos de recurrir también
a discursos simplistas que nos vienen a mostrar, desgraciadamente, la sordera o la amnesia
de debates anteriores de los compañeros legisladores, del senador López Velarde y del
diputado Oceguera, sobre lo que aquí hemos discutido.
Y me gustaría primero precisar el problema que tenemos.
Primero los nuevos eventos sobre este caso, y el primer evento que sale a flote es la
frustración que tiene la Cocopa y utilizo este término porque fue utilizado por un
miembro del PRI en la reunión que tuvieron ayer en la Secretaría de Gobernación y es
muy importante atender este asunto.
Esta Permanente mandó un acuerdo donde apoyábamos
plenamente la función de la Cocopa. El mensaje de ayer del señor Secretario y, no sé si
por su conducto, del señor Presidente, es precisamente minimizar y achicar a la Cocopa.
Ojalá no lo sea, pero está ahí plasmado en una declaración que hace un miembro del
PRI.
El siguiente evento que tenemos y que obviamente corre el
riesgo, repito, de hacer este conflicto mucho más agudo, es la lentitud y el silencio de
la PGR, lentitud en no interesarse plenamente en el desarme de los grupos paramilitares
plenamente identificados. Están totalmente identificadas las zonas donde se encuentran.
¿Por qué la PGR no interviene, cuya función inclusive el Ejecutivo lo planteó, en el
desarme de estos grupos militares o paramilitares? ¿Por qué el silencio en las razones
de la matanza de Acteal? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje está dando en realidad? ¿Qué es
lo que está pasando? Tiene que ser muy claro.
Y la crítica al Ejecutivo, primero no se trata ni
obviamente de derrocarlo ni tirarlo, como aquí mi paisano vino a decir, al contrario, lo
que queremos es que nos responda a este Poder Legislativo que la Constitución nos da la
facultad en la autonomía y la fortaleza.
Y sí quiero decirle, señor senador López Velarde, que
sí hemos propuesto. Que es muy fácil venir a decir en un discurso, que no se ha
propuesto. Repito, a lo mejor es la amnesia, señor senador o la sordera que a veces
tienen unos para no escuchar las propuestas.
Propusimos el respeto a la ley, a la ley que
efectivamente aprobamos o se aprobó en este Congreso, en esta Cámara de Diputados.
Insistimos en la fortaleza de la Cocopa también como propuesta. Insistimos como propuesta
el retiro del Ejército a sus cuarteles, y no oímos el debate de estos puntos, sino
simplemente venir con un discurso de descrédito.
Y yo le diría, señor senador, primero, que aquí no se
trata de disculpar o no sé si ésa fue la intención, la presencia de legisladores
priístas en el extranjero. Quiero recordarle primero que tanto Laco, Laco pidió licencia
antes de tomar el puesto y después fue expulsado del partido, por cierto señor senador,
y que Uriel Jarquil nunca formó parte del PRD.
Y le voy a decir: sí venimos a denunciar. El día de
antier el Ejército se posesionó de las tomas de agua de Polhó, destruyó la tubería,
hace tres días esta comunidad no tiene agua. Han prohibido con su presencia, hostigando a
la población, el poder reparar estas tuberías; esto, señor senador, lo denunciamos
aquí, esto es precisamente lo que venimos a hacer, esta fotografía muestra la presencia
del Ejército en esta comunidad donde se encuentran actualmente todos los desplazados, la
presencia es de hostigamiento, la destrucción de las tuberías y el sistema red de agua
es obviamente un hostigamiento a la comunidad y ojalá la Cocopa intervenga
inmediatamente, no es posible esperarnos o venir a decir aquí que el señor Secretario el
sábado va a presentar su propuesta.
Los hechos de Chiapas obligan a la inmediatez, obligan la
extrema urgencia para presentar efectivamente qué quiere el Gobierno y desde aquí
denunciamos y emplazamos al Gobierno para que hoy mismo defina y haga pública su
posición. Estas fotos son prueba de lo que está haciendo el Ejército, en una zona
conflictiva, en una zona donde hay más de 10 mil desplazados, donde desde hace tres días
no tienen agua; esto es denuncia, señor senador y aquí tiene las fotos para que usted
las pueda utilizar en la Cocopa.
Señor orador, le pregunto si acepta una pregunta.
| El diputado Armando
López Romero: |
Con muchísimo gusto, señor Presidente.
| El senador Oscar López
Velarde Vega (desde su curul): |
¿Por qué no se la ha canalizado al diputado
Gilberto López y Rivas o al senador Payán, aunque anda en Europa, al diputado Gilberto
López y Rivas para haberla presentado el día de ayer?
| El diputado Armando
López Romero: |
Le contesto, señor senador, porque estas fotos y
esta denuncia nos acaban de llegar ahorita y efectivamente hemos citado a nuestro
compañero diputado y también quiero hacérsela llegar a usted y a todos los miembros de
la Cocopa, porque yo creo que ésta es responsabilidad y con mucho gusto lo haremos.
Pero también me gustaría decir que se habló del
silencio del EZLN, el silencio también es una forma de respuesta, es una forma de
respuesta a los mensajes de inestabilidad en el diálogo. Ustedes recordarán que después
de los acuerdos de San Andrés, cuando entramos en un proceso de desconocimiento, de
posiciones antagónicas, obviamente el mensaje fue que dichos acuerdos no tenían vialidad
en esos momentos.
Y aquí, señor senador, yo propuse en la sesión pasada,
que iniciemos a dar pasos y elaboremos un anteproyecto, iniciemos entonces sí a caminar
en esto, ésta es la propuesta que estamos haciendo los del PRD. Ahora yo, como creo que
lo declarara el señor Presidente, cuando una persona requiere interpretación, pues el
mensaje no fue muy claro y obviamente no supo decir su mensaje. El PRD insistirá, sí
somos el eco de la sociedad y debemos serlo todos los legisladores.
Aquí vino mi paisano a decir que nosotros, a través de
mentiras y engaños; ahí están las pruebas. Yo no sé si no quiera ser caja de
resonancia de una gran marcha, no partidista, de una gran marcha de la sociedad que
reclama la paz y yo creo, señor diputado, paisano, que tenemos la obligación de ser caja
de resonancia e intervenir directamente.
Ya no podemos seguir ni con el discurso fácil ni con el
descuido y entremos ya no a desviar la discusión, sino qué vamos a hacer con el problema
de Chiapas. El PRD lo ha dicho y lo seguiremos diciendo: la paz es necesaria, paz con
justicia; la paz que todos anhelamos.
Esta es la posición del PRD.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo.
| El
senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Compañeros legisladores:
Si fuéramos todos racionales en este debate, de verdad
ya no tendríamos nada que decir, en lo principal, que es una interpretación en
cuestionamiento válido desde el punto de vista de las suposiciones a las palabras del
Presidente de la República, pero equivocado en las insinuaciones o en la interpretación
que se le ha dado.
Si fuéramos racionales en el debate, no habríamos
tenido ni debido venir aquí, a agregar nada después de que el propio Presidente, a
través de un funcionario muy autorizado, su secretario particular, aclara de manera
explícita en los medios de comunicación nacional de este país, que sus palabras en ese
discurso comentado de Nayarit hace unos días, no puede atentar ni entenderse con una
interpretación indebida respecto a los acuerdos de San Andrés.
Si el Presidente dice que no puede entenderse de otra
manera que no sea con apego al cumplimiento exacto de los acuerdos de San Andrés, que
discutimos aquí sobre lo que quiso hacer el Presidente, pero como insisten y reiteran en
sus argumentaciones, pues nos obligan cada vez a hacer aclaraciones y a argumentar
también y este discurso ha continuado cuando fuera innecesario.
Me parece que el problema está en que no hemos leído
bien o completamente todos los acuerdos de San Andrés; se refieren a muchas cosas, a
medidas de administración pública, a medidas legislativas, a acciones políticas, unas
están a cargo del Gobierno Federal, otras a cargo del gobierno del Estado de Chiapas,
otras a cargo del EZLN, otras a cargo de todos en su conjunto, pero sólo alguno o algunas
se refieren al asunto de la igualdad jurídica o legal de las comunidades indígenas y al
principio del reconocimiento de su autonomía para autodeterminar su forma de organizarse
en los términos de su cultura, de sus costumbres y de sus relaciones sociales.
Sólo algunos de esos acuerdos se refieren a esos puntos
y cuando el Presidente habla de que no podemos hacer nada, que por el contrario llegue a
considerar de manera desigual a los indígenas, sino que hay que tratarlos de manera
igual, pues no puede referirse a otra cosa que a la que se refieren las propuestas
conjuntas firmadas por el Gobierno Federal y el EZLN en febrero de 1996, pero precisamente
en el apartado número 1.3, que yo le pediría al señor Presidente que autorizara a uno
de los secretarios que leyera, porque me parece que si lo leemos, no se ha leído en esta
reunión, se nos pueden acabar todas las dudas de interpretación y entender que lo que
quiso decir el Ejecutivo es algo de gran responsabilidad, muy compatible con esos acuerdos
de San Andrés.
Proceda la Secretaría, por favor.
| El senador Juan Ramiro
Robledo Ruiz: |
Aquí están por favor, compañera. El uno, aquí
en la página 11 y este parrafito.
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
"Reconocer a los pueblos indígenas en la
Constitución general. El Estado debe promover el reconocimiento como garantía
constitucional de derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que son los
que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la
colonización, y del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera
que sea su situación jurídica conserven sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena, deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas; el derecho a la libre determinación, se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad nacional; podrán en
consecuencia, decidir su forma de gobierno interno y sus maneras de organizarse política,
social, económica y culturalmente.
El marco constitucional de autonomía, permitirá
alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con
respecto a su identidad.
Las reformas legales que se promuevan, deberán partir
del principio jurídico fundamental de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y
los órganos jurisdiccionales y no creación de fueros especiales en privilegio de persona
alguna, respetando el principio de que la nación mexicana tiene una composición
pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas."
| El senador Juan Ramiro
Robledo Ruiz: |
Muchas gracias.
No me meto tanto al asunto de la autonomía, cuando al
último párrafo leído por la compañera Laura Pavón, no hizo otra cosa el jefe del
Ejecutivo que reproducir una parte de los acuerdos firmados por el Gobierno Federal y el
EZLN.
Las reformas legales que se promuevan, cualquiera, de la
anterior Cocopa o de cualquier otro partido, deben partir del principio jurídico
fundamental de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. A esa igualdad conmutativa
es a la que se puede referir en este caso la interpretación adecuada de esas palabras del
Ejecutivo y los órganos jurisdiccionales y no la creación de fueros especiales en
privilegio de persona alguna.
Hace rato, una pregunta del senador Conchello me parecía
que nos debería dar la pauta para clarificar todo esto. Sí se trata de crear un status,
un régimen especial para las comunidades indígenas del país, pero no de sobreponer ese
status ni a los principios constitucionales principales del Estado mexicano ni mucho menos
al principio de la jurisdicción igualitaria para todos los mexicanos ni mucho menos
todavía algo que pueda llegar a interpretarse como la creación de fuero especiales en
privilegio de persona alguna.
Hace rato también al compañero Martín del Campo le
hicieron una pregunta interesante y respondió con ingenio, pero me parece que no fue la
respuesta correcta, relativa a la violencia que se da también en el resto de la sociedad
mestiza mexicana.
Es correcto que la violencia y la poligamia se da en
muchos estratos de la sociedad mexicana, no nada más en las comunidades indígenas. La
diferencia está en que el orden jurídico mexicano, el orden jurídico nacional establece
a esas conductas como delitos y algunas costumbres el derecho penal no escrito de algunas
comunidades indígenas, no lo consideran como una falta social ni sancional. Ese es el
tipo de jurisdicción especial a la que no podemos llegar mal interpretando los acuerdos
de San Andrés.
Si recuerda el compañero Martín del Campo, en aquel
antecedente de la Cocopa por abril de 1994 en San Cristóbal las Casas, comisión de
legisladores de la Comisión Permanente, nos tocó asistir al Instituto Indigenista de
aquel lugar y vimos, visitamos un conjunto de familias no católicas de origen chamula,
que habían sido expulsadas por las autoridades de facto, que en este momento existía en
San Juan Chamula, y nos tocó ver escenas verdaderamente trágicas y fotografías de casas
y de niños quemados. Era una sanción que impuso la comunidad indígena de ese municipio,
una comunidad indígena de ese municipio de San Juan Chamula, de acuerdo con sus
costumbres. No puede aceptarse en el orden jurídico mexicano el derecho penal, nacional,
de la sociedad mestiza mexicana, que eso no afecta los derechos humanos y que no deba
sancionarse.
Ese tipo de jurisdicciones y de fueros especiales, no
podríamos concebirlos siquiera. Lo dicen claramente los acuerdos de San Andrés. Si nos
atenemos a ello, creo que no debemos entablar discusión.
Si recordáramos que el Presidente aclara que lo que
quiso decir y lo que dijo no lleva la intención de darle una interpretación indebida,
incorrecta, equivocada, distinta a los acuerdos de San Andrés, la discusión debe
terminarse. Estamos todos porque estos acuerdos se respeten, se cumplan en sus variados
sentidos de administración pública, de inversión, de desarrollo, de promoción, de
iniciativa legislativa y para eso estamos, estaremos en el Congreso de la Unión
dispuestos a recibir cuanta propuesta legislativa intente de manera cabal y legítima, en
el cumplimiento en esa parte, de los acuerdos de San Andrés.
La soberanía no reside en ninguna comisión paritaria de
negociación ni en San Andrés ni en ningún lado; reside en ambas cámaras del Congreso
de la Unión. Aquí podrán venir, aquí estaremos dispuestos a estudiar y a conocer de
cualquier propuesta que lleve esa intención.
No sé qué trámite vaya a dar la Presidencia a la
propuesta que hizo el senador Mario Saucedo, respecto de que esta comisión emitiera un
acuerdo en el sentido de que el Ejército nacional, el Ejército mexicano saliera de los
posicionamientos que tiene ahora en el territorio de Chiapas, pero si fuera para tramitar
a comisión, simplemente expresamos que no estamos acordes con esa propuesta; si fuera
para discutirse después con el trámite que da el reglamento, nos reservaremos nuestra
argumentación. En principio, lo único que podemos decir es que nadie más que el
Ejército nacional, tendría la capacidad para establecer las condiciones que devuelvan la
incipiente paz en el territorio chiapaneco, que permita continuar con la negociación
política adecuada.
La PGR, por ejemplo, tiene sólo 5 mil policías
judiciales federales en todo el país, no hay manera de pensar en que puedan sustraerse de
otros lugares del país para llevarlos a Chiapas. Creo que no hay otra institución más
adecuada, y sobre todo capaz hasta en términos materiales, físicos, de hacer esa labor
con todo cuidado y respeto a los derechos humanos. Más bien lo que tenemos que hacer es
repetidamente aportar todos un poco, primero los partidos políticos, a la negociación y
a la paz en Chiapas.
Me disculpa por el exceso.
Gracias.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el senador José Antonio Valdivia.
| El
senador José Antonio Valdivia: |
Con su venia señor Presidente; compañeros
legisladores:
Cuando existe el clamor generalizado de dar solución al
conflicto que se vive en el Estado de Chiapas, y cuando se hace urgente la participación
de todos, parece que algunas voces pretenden que la respuesta provenga tan sólo de unos
cuantos, por eso, cuando se habla de la exigencia de pocos y que el Ejército mexicano se
retire de la zona del conflicto chiapaneco, a muchos mexicanos nos surgen diversas
interrogantes que es preciso reiterar en esta tri-buna.
¿Qué intereses particulares se afectan con su
presencia, qué perversas y oscuras ambiciones se lastiman como para criticar el alto y
noble papel que el pueblo de México le ha otorgado a las fuerzas armadas o pretenden
acaso que con su salida pueda imperar su ley y no las que nos hemos dado todos los
mexicanos?
Aquí reiteradamente se ha pedido el regreso de las
tropas a sus cuarteles, se ha dicho que no se justifica la presencia en la zona de
conflicto. También se ha dicho, se ha hablado de militares formados en las escuelas de
Las Américas, se ha pedido la salida inmediata de la zona y también se ha venido a
decir, y yo tengo datos que contravienen lo que se ha dicho, que el Ejército se ha
apoderado de tomas de agua.
En este asunto parece dejarse de lado cuestiones que son
indispensables considerar, por un lado las circunstancias de la región, como son la falta
de servicios de salud, educación y apoyo a los desplazados, así como una preocupante
presencia de armas entre diversos grupos locales.
Por lo que hace al Ejército mexicano, yo tengo para mí
la más profunda convicción de que éste se ha convertido en un sólido apoyo para las
distintas instancias de gobierno y para las organizaciones sociales, para que puedan
llevar su ayuda, su labor social a la zona del conflicto.
Yo creo, compañeros diputados y senadores, que existe un
marco legal y constitucional que debemos preservar con toda puntualidad. Si queremos
lograr efectivamente la paz en la zona del conflicto, si permitimos la salida del
Ejército mexicano estaremos violando nuestra Constitución y nuestras leyes.
Cabe señalar que la presencia de nuestro Ejército, como
aquí se ha dicho, también responde a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de
Concordia y Pacificación para Chiapas. Si bien es cierto que algunas naciones no
utilizan, no emplean a su Ejército, a sus fuerzas armadas en algunas tareas, ello se debe
a sus propias circunstancias, a lo limitado o numeroso de los recursos con que cuentan, a
las propias circunstancias del problema y que son diferentes a las nuestras.
¿Para qué queremos un Ejército encerrado en sus
cuarteles, como mera figura decorativa, si el país enfrenta hoy rezagos e insuficiencias,
como son la pobreza, el analfabetismo, la insalubridad, la inseguridad, que exigen la
participación de todos los mexicanos? Aquí se ha venido a decir que se envían militares
mexicanos al extranjero a adiestrarse, a adquirir más formación, pero en ningún momento
yo he escuchado que médicos militares, enfermeras militares, enfermeros militares,
laboratoristas militares, técnicos en rayos x militares y otros técnicos en ingeniería,
en diversas especialidades, también van a diversas universidades e institutos
especializados del extranjero y se suman en la labor que realizan no solamente para los
propios miembros del Ejército, sino para toda la sociedad del país en su conjunto.
Cuando empieza la labor, cuando se continúa la labor,
hace unas semanas apenas, el Ejército mexicano realizaba 500, 600 atenciones médicas,
consultas médicas y consultas dentales. Hoy, exactamente el día de ayer, se aplicaron 5
mil 468.
Por eso, el papel de nuestras fuerzas armadas no puede
ser pasivo ni contemplativo cuando tenemos varios problemas.
No debemos ignorar que el nuestro es un Ejército
preparado, preparado para la paz y capacitado para enfrentar un sinnúmero de
eventualidades. Ha sido capaz de enfrentar incendios, terremotos, inundaciones y
catástrofes a las que nos hemos enfrentado los mexicanos.
En ocasiones me pregunto, me vuelvo a preguntar aquí en
esta tribuna: ¿por qué cuando nuestras fuerzas armadas asisten a la población en
desastres naturales nadie dice nada ni una crítica por el papel desempeñado? ¿Por qué
cuando en 1985 y en otros años, el Ejército auxilia a la población de esta Ciudad de
México y de otras, no escuchamos ninguna voz en su contra? Esto siempre ha sido en
beneficio de nuestra sociedad, que no quepa la menor duda.
¿Por qué si a nuestro instituto armado se le asigna la
misión de participar, en crear mejores condiciones de seguridad, saltan voces en contra
que exigen su retiro? ¿No nos parece esto sospechoso?
Si bien es cierto que el conflicto en Chiapas es un
problema que debemos resolver, no podemos dejar de lado que éste tiene múltiples facetas
que demandan una más amplia intervención por parte del Gobierno y de la sociedad en su
conjunto.
Tampoco podemos quedarnos con la idea de que las fuerzas
armadas son los únicos que intervienen contra la inseguridad, pues el Ejército es tan
sólo una parte de la estrategia, de esta lucha que tiene más trincheras que las que
aquí se quiera hacer ver.
Si tomamos en cuenta y en su justa dimensión el
problema, nos vemos obligados a no poner nada más los ojos en uno de los elementos que
buscan defender y preservar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos.
De ahí que yo creo que debemos redimensionar la
cuestión, plantear nuevas estrategias, como ya lo está haciendo el Gobierno mexicano y
buscar nuevos mecanismos que hagan más eficaz la tarea que nos compete a todos.
Llevar la paz a Chiapas no es únicamente responsabilidad
de unos, lo es en igual grado de todos los partidos políticos, de las organizaciones
empresariales, de los sindicatos, de las iglesias y de este Congreso de la Unión.
Nadie debe sustraerse de esta responsabilidad. Todos
tenemos la obligación den o cejar en nuestro empeño, en lograr una más armónica y
pacífica convivencia entre los mexicanos.
En lo que se debe centrar nuestra preocupación, no es en
el papel del Ejército, que está cumpliendo cabalmente, sino en el problema que está
dañando las relaciones entre los mexicanos.
El soldado de México y nuestro pueblo lo sabe
perfectamente bien, está consciente de su papel; está dispuesto a seguir enfrentando los
retos sin importar la dimensión de éstos. Además, la participación de nuestras fuerzas
armadas es razonada, prudente y mesurada, porque sabemos que es a favor del país entero,
sin mezquindades ni oscuros intereses.
Más allá de lo estrictamente militar, el soldado de
México, nuestras fuerzas armadas, han empeñado y empeñan y seguirán empeñando, no
sólo su prestigio, sino su energía y, con frecuencia, su sangre, sin más satisfacción
que el deber cumplido.
Es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que
las fuerzas armadas no regatean su participación a favor de México. Estoy profundamente
convencido que el pueblo de México reconoce que el Ejército juega un importantísimo
papel en la defensa de la tranquilidad, la legalidad y el futuro de la nación.
Como miembro del instituto armado, me siento orgulloso de
su trayectoria patriótica y pacifista, y como representante popular, me es grato externar
el reconocimiento y el aprecio que le tiene el pueblo de México.
Muchas gracias.
Vamos a proceder... Para rectificar hechos, tiene
la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Mario Saucedo.
| El
senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Nosotros estamos insistiendo en uno de los puntos en que
distintos organismos, civiles, sociales, políticos, en la necesidad de que el Ejército
se retire a los cuarteles, porque tenemos el temor y lo hemos expresado así, de que
prevalezca la salida de fuerza, la salida militar al conflicto de Chiapas.
Hay preocupación, aquí ya se ha hecho una denuncia en
el caso de Polhó, preguntamos si ahí están concentrados zapatistas, hay 10 mil
desplazados en un cerco. Se está controlando el abastecimiento del agua de 10 mil
personas que están ahí desplazadas, producto de esta política de contrainsurgencia y
nos preguntamos qué hace ahí el Ejército.
Nos preguntamos cuáles son los objetivos que persigue
cuando incursionan en comunidades y zonas, en donde se sabe está presente el Ejército
Zapatista.
Hemos aquí documentado ampliamente, como el propio
Ejército en una estrategia, que se llama "Campaña Chiapas 94", ha diseñado su
política de guerra de baja intensidad en el Estado.
Hemos denunciado aquí también la formación de grupos
de élite, que aparecen en Chiapas, pero que en San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco,
pudimos observar para qué están preparados estos grupos de élite. Hay 28 soldados
presos ahorita por estos acontecimientos de San Juan de Ocotán, en donde ampliamente se
ha señalado, denunciado como fueron torturados salvajemente, los jóvenes que no eran ni
narcotraficantes ni insurgentes ni guerrilleros, sino ciudadanos común y corriente, de
San Juan de Ocotán jóvenes, en donde inclusive el que murió, Salvador Jiménez, fue
torturado, se le arrancó la lengua, con prácticas parecidas como las que sucedieron en
Acteal, Chiapas, cuando abrieron el vientre de las mujeres una vez que fueron asesinadas.
Hemos denunciado aquí que también hay militares, 20
militares que estuvieron en Peté, con los "kaibiles", en la escuela del
ejército guatemalteco de este grupo de élite.
Hemos denunciado de que han estado militares en la
Escuela de Las Américas, que no es una escuela no solamente para tener mejor capacidad de
combate, sino que es parte de una política, de una doctrina de contrainsurgencia, que
tuvo su mayor auge en los setenta y en los ochenta en contra de movimientos insurgentes de
Centroamérica y de América latina.
No estamos en contra de que los militares se capaciten,
estamos en contra de que se capaciten en guerra de contrainsurgencia y que a través de
métodos que obviamente violan todos los derechos humanos, busquen tratar de controlar las
situaciones generadas por el conflicto de Chiapas. Queremos parar la guerra, ésa es
nuestra posición.
No estamos en la idea de venir a apostar al fracaso del
presidente Ernesto Zedillo, al contrario, lo estamos llamando a él, como responsable,
como jefe supremo de las fuerzas armadas y como el principal responsable político de la
situación, en términos de poder solucionar el conflicto en Chiapas, le estamos haciendo
un llamado para que detenga esta estrategia de contrainsurgencia, para que deje de ser una
estrategia de guerra de baja intensidad y pase a ser una estrategia política de diálogo,
para encontrar la solución ahí.
Los que están apostando al fracaso están dentro del
mismo PRI y dentro del mismo grupo político. Están en aquéllos, como la Coparmex, como
su presidente en Monterrey, que ha señalado que se recurra directamente a la detención
de Marcos y de los zapatistas. Están en los grupos políticos, los que quieren que
fracase Ernesto Zedillo dentro del Gobierno. Están apostando a la salida de fuerzas, a la
salida militar del conflicto.
Lo hemos dicho en esta tribuna, hemos recurrido y lo
vamos a seguir haciendo, a la opinión pública internacional no para que venga a mediar,
aunque México haya sido mediador en los conflictos de El Salvador y Guatemala. No para
que venga a dar solución a los conflictos que tienen que ser resueltos por los propios
mexicanos.
La resolución de Estrasburgo señala claramente una
condena enérgica a la matanza de Acteal. Está exhortando al Gobierno mexicano a que se
realice una investigación de fondo sobre la masacre. La desaparición de los grupos
paramilitares en la zona, eso que hemos venido planteando de manera reiterada y que al
parecer los nueve, 10 grupos que hemos denunciado con nombres diferentes, los priístas,
diputados locales y federales involucrados al frente de estos grupos, en donde se
localizan, no se ha actuado.
Plantea también la resolución de Estrasburgo, que se
ponga a disposición de la justicia los autores materiales e intelectuales de la matanza
para evitar que impere la impunidad y a movilizar todos sus esfuerzos para alcanzar una
solución pacífica al conflicto armado en Chiapas.
Están preocupados en el parlamento europeo, compuesto
por más de 500 representantes de las 15 naciones que integran la Unión Europea, por lo
que hay de fondo en todo este deterioro político en Chiapas y plantean a su delegación
de la comisión en México, que dé seguimiento a la situación de los derechos humanos y
a la aplicación de los acuerdos de paz.
Espero que esto no sea interpretado ni leído como una
intromisión a la soberanía nacional porque, señores legisladores, el artículo 1o. del
acuerdo con la Unión Europea, plantea el respeto a los principios democráticos y a los
derechos humanos fundamentales, tal como se anuncia en la declaración universal de los
derechos humanos.
Así como en su momento también el Partido Acción
Nacional recurrió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en las cuestiones de
fraude y en las cuestiones que tuvieron que ver con los procesos electorales, nos
preocupa, señoras y señores legisladores, que la salida que el Gobierno mexicano esté
dando para Chiapas, sea la profundización de esta política de contrainsurgencia.
Por eso, vamos a alzar la voz para evitar que ésta se
siga instrumentando, que ésta se siga desarrollando y vamos a demandar la salida del
Ejército. Esta es una demanda no solamente del Partido de la Revolución Democrática,
sino de organismos no gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales
internacionales, de la sociedad, porque el conflicto en el momento en que entre en una
confrontación armada, que en cualquier momento se puede dar, va a ser una escalada que
difícilmente se va a poder detener.
Gracias, señor Presidente.
Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos,
tiene la palabra el senador Mario Vargas.
| El
senador Mario Vargas Aguiar: |
Gracias, señor Presidente; compañeras;
compañeros legisladores:
He solicitado hacer uso de la tribuna para rectificación
de hechos, porque hemos escuchado aquí de manera recurrente, un planteamiento que dos
sesiones atrás, en esta misma sesión en otra intervención del compañero senador Mario
Saucedo, se ha repetido, ha sido recurrente. Tal pareciera que a base de repetir el mismo
argumento se pretende que se crea como una realidad.
Yo creo que nosotros debemos de actuar de manera muy
responsable y no creo que esta retórica permanente de hablar de una política de
contrainsurgencia, de repetir exactamente los mismos argumentos, las mismas anotaciones
sesión tras sesión, puedan contribuir en algo a resolver el problema de Chiapas.
Es claro para todos nosotros y para el pueblo de México
que el Ejército Nacional ha actuado de manera seria, de manera prudente, de manera muy
responsable.
Los argumentos de una política de contrainsurgencia no
concuerdan con la realidad y con la actuación de los miembros del Ejército mexicano en
la zona de conflicto; muy por el contrario, hemos visto en los medios de comunicación,
sobre todo en las tomas de la televisión nacional, cómo a pesar de las provocaciones que
contingentes bien adiestrados han tratado de acercarse al Ejército mexicano, se han
plantado frente a ellos. La actitud de las fuerzas armadas ha sido de extrema prudencia,
de absoluto respeto y de una digna actuación como mexicanos y como soldados que tratan de
preservar la paz, que tratan de preservar la seguridad en aquella zona del conflicto.
No es pues, compañeros, tratando de asumir una actitud
de desconcierto ante la sociedad mexicana, como vamos a procurar y a aportar elementos
propicios para la solución del conflicto.
Se trata de desgastar la figura de las instituciones,
aquí se ha dicho, de hacer aparecer al Ejército mexicano como vulnerador de los derechos
humanos, lo cual es absolutamente una mentira.
No se habla en esta tribuna nunca, de algunos grupos
armados, simpatizantes del Ejército Zapatista, como "Arriera Nocturna", que ha
participado en hechos violentos y ha propiciado enfrentamientos en las comunidades
indígenas, ha matado familias y ha participado con violencia a través del uso de las
armas.
Nuestra invitación, pues, compañeras y compañeros
legisladores, es ponderar, moderar nuestra participación y nuestro discurso.
Yo creo que muy bien puede el Poder Legislativo a través
de la Comisión Permanente, promover con seriedad, con responsabilidad, una salida para la
paz en Chiapas.
Los exhortamos, compañeras y compañeros legisladores, a
cambiar ese discurso, a no reiterar las mismas especulaciones y a apoyar con toda nuestra
fuerza y autoridad legal y moral, que el Ejército mexicano siga preservando la seguridad
interior del país, siga preservando la seguridad de las comunidades, siga preservando las
vidas, la integridad física y material de las personas de aquella región y podamos todos
contribuir a salir de este asunto con dignidad, para que exista finalmente paz en el
hermano Estado de Chiapas.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Mario Saucedo, para
rectificar hechos y hasta por cinco minutos.
| El
senador Mario Saucedo Pérez: |
Quisiera, señor Presidente, si me permite hacer
llegar a esta directiva de la Comisión Permanente, la siguiente proposición:
"Con fundamento en los artículos 21 fracción III y
179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito a esta Presidencia turne a la Comisión de Defensa Nacional,
Gobernación y Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, la siguiente:
PROPOSICION
Unica. Que dichas comisiones con pleno respeto a la
investidura que tiene el Ejecutivo Federal como jefe supremo de las fuerzas armadas, haga
un llamado al Presidente de la República para que disponga el retiro inmediato de los
elementos del Ejército mexicano que ocupan diversos municipios del Estado de Chiapas, con
el fin de que esta medida contribuya a la distensión política en la zona y propicie
mejores condiciones para establecer el diálogo de clima de concordia entre las partes en
conflicto."
Esta es otra, estamos solicitando un turno, la otra es un
pronunciamiento de la comisión.
Esta Presidencia va a proceder a desahogar la
proposición hecha inicialmente por el senador Mario Saucedo, por lo que solicito a la
Secretaría dé lectura a la misma.
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar
lectura a la proposición:
"Con fundamento en los artículos 79 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores abajo firmantes ponemos a consideración de la Comisión Permanente la
siguiente
PROPOSICION
Unica. Los grupos parlamentarios representados en la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncian por el regreso inmediato de
los elementos del Ejército, que ocupan diversos municipios del Estado de Chiapas, a sus
cuarteles."
Esta medida contribuirá a la distensión política en la
zona y propiciará mejores condiciones para restablecer el diálogo y el clima de
concordia entre las partes en conflicto."
Es todo, señor Presidente.
Gracias.
Conforme al artículo 58 fracción II se abre el registro
de oradores. Un orador en pro y un orador en contra.
En pro el diputado Armando López Romero y en contra el
diputado Sadot Sánchez Carreño.
Tiene la palabra el diputado Armando López Romero.
| El
diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Yo creo que hemos estado estableciendo aquí, en esta
discusión, qué pasos tenemos que dar para buscar realmente empezar a distensar los
conflictos en Chiapas.
Nosotros entendemos, el Partido de la Revolución
Democrática entiende la labor del Ejército en salvaguardar, sobre todo la seguridad y
obviamente entendemos también el conflicto que esto ha generado.
Pero también yo creo que es importante tener la
sensibilidad de que uno de los factores que han generado esta situación y que ha sido
riesgosa, es identificar al Ejército como la base sustantiva de mantener el
enfrentamiento, la presencia de manera conflictiva en la zona zapatista.
La propuesta de nosotros de solicitar el regreso del
Ejército a los cuarteles no implica la derrota del Ejército. Yo diría que debemos de
dejar esto muy claro: aquí no se trata ni de vencedores ni de vencidos y éste es el
primer punto que tenemos que reflexionar.
Nuestra propuesta va a establecer condiciones que
distensen, que generen un estado de confianza ante la comunidad chiapaneca y también de
crear responsabilidades. Porque yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que
estas zonas, que al inicio de la firma de la Ley de Pacificación y Concordia se
establecieron, aunque no específicamente, zona zapatista y zona de Gobierno. ¡Que
desgraciadamente fue rota aquel 9 de febrero de 1995!
Yo creo y repito, que esta propuesta lo que pretende es
crear y mandar un mensaje en donde las partes den los pasos necesarios para crear la
confianza y romper con esta visión de confrontación.
Y que el retiro del Ejército a sus cuarteles, repito,
debe ser tomada también para establecer zonas de responsabilidad. Donde realmente se
establezca esta condición que fuerce el regreso al diálogo y utilizo este término de
"forzar", porque yo creo que la sociedad, todos, estamos comprometidos a esto.
Desgraciadamente las informaciones que nos llegan de la
presencia del Ejército, ahorita comentaba con el compañero senador, que desgraciadamente
las informaciones pueden venir de muchos canales que nos estén planteando una reacción
diferente. Pero lo que es un hecho es que la presencia del Ejército ha generado la
desconfianza de las comunidades. Más allá de ver a esta institución como una
institución que guarde y asegure la pacificación, desgraciadamente ya ha entrado como
parte de este conflicto y digo "desgraciadamente" porque es precisamente en esta
propuesta la intención de nuestro partido de establecer claramente que el Ejército, el
Ejército nacional mexicano, no debe formar parte de una estrategia de desconfianza en la
población.
Que debemos, como responsabilidad entender, repito, que
no se busca y el mensaje no es tampoco ése para las fuerzas armadas, que el retiro a sus
cuarteles a las zonas donde está establecido constitucionalmente el Ejército, sea una
derrota.
Y yo les pido y los invito a los legisladores del PRI, a
los otros legisladores, a todos nosotros, a entender cuál es el mensaje que queremos
enviar, cuál es la condición necesaria para que realmente reinicie el diálogo y el
primer mensaje es claro, es crear la confianza, las posibilidades de la población civil
de encontrarse con un medio donde su vida diaria no sea alterada por la presencia del
Ejército, donde desgraciadamente hemos visto en lugares en donde ha estado posesionado el
Ejército, la llegada alrededor de ellos de una serie de elementos que no respetan las
tradiciones que desgraciadamente rompen con la posición indígena en su concepto de
comunidad.
No culpo ni quiero culpar, pero hemos identificado la
presencia y el aumento de la prostitución, hemos visto desgraciadamente la entrada de
bebidas embriagantes, hemos visto los que hemos estado ahí, desgraciadamente, una
alteración de la armonía de las comunidades indígenas.
Yo creo, y repito, y ésa es la intención de nuestra
propuesta, es dar un paso, que nos aventuremos a dar un paso por la paz, que nos
arriesguemos y apostemos por la paz.
No buscamos vencedores ni vencidos; lo que queremos ante
todo es que se inicien ya, de inmediato, las condiciones para el diálogo para la paz en
nuestro Estado hermano de Chiapas.
Los invito a hacer esta reflexión, a que nos aventuremos
con responsabilidad, a establecer claramente que la posición de nuestra propuesta es
crear esta condición y que invitemos a todos a adquirir la responsabilidad para poder
elaborar estas condiciones. El retiro del Ejército a sus cuarteles, la aplicación del
espíritu en las funciones del Ejército que establece la Constitución, es
primordialmente una condición para iniciar el diálogo.
Muchas gracias.
Para hablar en contra de la proposición, tiene la
palabra el diputado Sadot Sánchez Carreño.
| El
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Señoras senadoras, senadores; compañeros
diputados:
El rechazo que hace mi fracción respecto a la propuesta
a la cual se le acaba de dar lectura hace un momento, no se finca en una actitud
arbitraria o partidista, sino por el contrario, buscamos que en Chiapas prevalezca una
situación de seguridad que asegure el ejercicio y la integridad de todos los chiapanecos.
Aquí se han mencionado varias razones por las cuales
diversos representantes, tanto diputados como senadores, han solicitado el regreso del
Ejército a sus cuarteles. Pero existen razones de peso no solamente de orden legal sino
de orden social, que nos comprometen a que antepongamos cualquier posición partidista
para poder actuar con responsabilidad frente a los sucesos de Chiapas.
Constitucionalmente el Ejército está cumpliendo una de
las atribuciones que le confiere nuestra propia Carta Magna, el artículo 119 establece
muy claramente que en el caso de que exista un trastorno interior, el Gobierno de la
República, en lo que se ha llamado el ejercicio de la cláusula federalista, puede, a
excitativa del gobierno local, darle la protección para que en ese estado se garanticen
las condiciones del ejercicio de las garantías individuales.
Y en Chiapas, desde el 1o. de enero de 1994, hubo una
alteración al orden interior, una alteración que no fue provocada ni por el Ejército ni
por las instituciones, que provino del grupo inconforme, como lo llama la ley, que provino
del EZLN, ellos son los que han provocado la situación anormal que tuvo como una
reacción legal y constitucional, aplicar el artículo 119 de nuestra Constitución.
Pero no solamente es éste el precepto que fundamenta la
permanencia del Ejército en Chiapas, el propio artículo 129 de nuestra Constitución en
su interpretación a contrario sensu, así como el 89 fracción VI, le da facultades al
Gobierno de la República para poder garantizar con las instituciones que tienen esta
atribución, el que todos los mexicanos, no importa en dónde nos encontremos del
territorio nacional, gocemos con seguridad de nuestras garantías.
Existe también, en abundamiento a estos preceptos
constitucionales, las disposiciones legales, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza
Armada y también la propia ley que aquí le hemos dado lectura; la Ley para el Diálogo,
la Concordia y la Pacificación de Chiapas establece de manera clara y de manera expresa,
que el Ejército, como una de las autoridades federales que tiene a su cargo la
salvaguarda de la soberanía y del orden interno, debe de cumplir con sus atribuciones. De
manera muy clara y reitero la lectura en lo conducente de esta ley en su artículo 13.
Las disposiciones de esta ley no impiden el ejercicio de
las facultades otorgadas a las autoridades competentes y fuerzas de seguridad para que
cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad interior y de procuración de
justicia; actuar en sentido contrario, permitir que el Ejército regresara a sus cuarteles
sería exponer a la ciudadanía a situaciones que contrarían la responsabilidad del
propio instituto armado.
Pero, además de estas razones constitucionales y
legales, existen las razones que son de mayor peso, las que constituyen el argumento
convincente que nos hace pronunciarnos en contra de la propuesta, que son las razones
sociales, que van más allá de las fronteras con que los miran algunas posiciones
partidistas. Hoy estamos buscando que en Chiapas regrese la armonía, la convivencia
pacífica y la única institución que hasta hoy ha demostrado en los hechos que puede
garantizar esta atmósfera y este clima de reconciliación, sigue siendo nuestro
Ejército.
Yo preguntaría, ¿qué pasaría en Tila, en Tumbalá o
en Sabanilla donde las comunidades han hecho de manera airada un reclamo para que no
salgan las fuerzas de seguridad y particularmente el Ejército? ¿A qué nos conduciría?
¿En que forma quedarían expuestas las vidas y los bienes de muchos hermanos
chiapanecos?, porque en esta propuesta que nosotros recibimos, de ninguna forma hemos
advertido o escuchado que también el EZLN estaría dispuesto entregar las armas o que los
grupos y las comunidades que son auspiciadas por el EZLN, también se desarmarían.
¿Cuál es la proposición que venimos a escuchar?, que
de una manera parcial, porque son dos las partes en conflicto, como se han señalado aquí
y quien hizo la declaración de guerra no fue el Ejército mexicano. ¿Cómo es posible
que expongamos en una actitud irresponsable a las comunidades y las vidas de nuestros
hermanos chiapanecos, si no garantizamos un clima real de ejercicio de garantías y de
salvaguarda de los intereses y de los bienes.
El Ejército indudablemente que cumple una función y no
queda la menor duda de que su decisión invariable será regresar a los cuarteles, pero
cuando las condiciones que permitan la convivencia de paz en Chiapas esté garantizada y
en eso y por ello todos debemos de contribuir a que el proceso de pacificación de Chiapas
se acelere; no es obstaculizando el ejercicio de la ley y de las instituciones como vamos
a lograrlo, por el contrario, será abonando en este terreno, ya lo hemos hecho aquí en
la Comisión Permanente, al respaldar de manera unánime el trabajo de la Cocopa. Hoy el
tránsito de la paz tiene que pasar por el derecho y por la ley.
Muchas gracias.
Senador Saucedo.
| El senador Mario Saucedo
Pérez (desde su curul): |
Quisiéramos, señor Presidente, que en consulta
con los que hemos firmado la propuesta, esta proposición, la posibilidad de retirar la
propuesta, dado que se contempla en la segunda proposición que es turno en las
comisiones.
Gracias.
Sobre esto no hay una disposición expresa, pero
ante la petición de los firmantes que se retire la proposición, la Presidencia la
acepta.
Por lo que se refiere a la segunda proposición,
presentada por el senador Mario Saucedo, con fundamento en el inciso b del artículo 27 de
la Ley Orgánica y 21 fracción III del reglamento, túrnese a las comisiones de Defensa
Nacional, Gobernación y Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y de Senadores.
AJUSTE PRESUPUESTAL
Para referirse a los ajustes presupuestales
anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la palabra el
diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, hasta por 15 minutos.
| El diputado Ricardo
Cantú Garza: |
Con el permiso de la Presidencia, compañeras y
compañeros legisladores:
La decisión unilateral de la Secretaría de Hacienda de
reducir el gasto público presupuestado por el Congreso de la Unión para el presente
año, constituye un hecho grave que vuelve a exhibir la errónea política económica del
Gobierno Federal y el carácter autoritario y discrecional con que se manejan las finanzas
públicas.
Independientemente de que las facultades que le asigna el
artículo 45 del Presupuesto de Egresos con el que el PT no estuvo de acuerdo y votó en
contra, el Poder Ejecutivo debió contemplar la compleja situación política y económica
que vive el país y debió participar al Congreso de la Unión de esta decisión.
En sí mismo el monto de la reducción presupuestal no es
todavía de una gran magnitud y es factible de ser manejada sin consecuencias económicas
y sociales muy graves. Un punto, 6% del presupuesto, no es efectivamente demasiado grande
si es correctamente manejado; lo que importa sobre todo ahora, es discutir los criterios
precisos de su aplicación y distribución entre las distintas partidas del ejercicio, por
ello se hace necesario que la Secretaría de Hacienda modifique su postura excluyente y
someta estas cuestiones a la consideración del Congreso de la Unión.
Pero esto no es todo y ni siquiera lo más importante. La
necesidad de reajustes planteados por la caída de los precios internacionales del
petróleo, remiten a otras dos cuestiones muy importantes que no puede soslayarse de
manera alguna.
La primera de estas cuestiones es la constatación de la
fragilidad del conjunto de la estrategia fiscal planteada por los dos últimos gobiernos
de nuestro país, de repetrolización del ingreso federal con el propósito de desgravar a
los grandes beneficiarios del actual modelo de desenvolvimiento de la economía nacional.
Esta estrategia ha llevado a que casi el 40% de los
ingresos de la Federación provengan de una empresa pública como Pemex, como condición
de la desgravación de la gran empresa transnacional extranjera y mexicana y de las
minorías privilegiadas de multimillonarios.
Como la Secretaría de Hacienda ha reconocido en la
fundamentación del último Presupuesto de Ingresos, la carga impositiva en México sobre
la rentabilidad del capital se ha reducido a una tercera parte de la que existe en los
países de OCDE y América latina, convirtiendo de hecho a México en un paraíso fiscal
para unos pocos.
Lo que está sucediendo hoy es que el país está
empezando a pagar por la irresponsable política de depender de ingresos inciertos para
favorecer a unos pocos, a costa de la descapitalización de Pemex. En ese sentido la
responsabilidad de lo que está sucediendo le corresponde a los dos últimos gobiernos
priístas, a la Secretaría de Hacienda, que elaboró el último presupuesto y en una
buena medida al Partido Acción Nacional, que refrendó con su voto la actual estructura
presupuestal.
En contraposición a esa política inequitativa y
aventurera, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo planteó la necesidad de
incrementar la carga fiscal a los ingresos derivados del capital, particularizando sobre
todo en los ingresos bursátiles y vinculados al endeudamiento externo.
Hoy los hechos confirman plenamente la corrección de esa
política y la necesidad de una reforma profunda de la legislación tributaria para que en
México paguen, de una vez por todas, los que deben y pueden pagar.
La otra cuestión importante involucrada en la actual
discusión, es la de si el reajuste presupuestal provocado por la caída del precio del
petróleo fue algo que ya pasó o que está terminando de pasar o algo que recién
comienza. Si lo anterior es cierto, la imprevisión del Gobierno no habría tenido
consecuencias fiscales exageradamente graves, salvo en lo referente a la
descapitalización de Pemex y los costos sociales de esa política fiscal, pero si lo
segundo es cierto, la cosa puede ser mucho más grave para todos los mexicanos, incluso
para la mayoría de las empresas que se trata de proteger.
En contraposición a la tesis planteada por el director
de Pemex, de que no cabe esperar mayores descensos, existen fuertes elementos para pensar
que no es así, conforme tienden a plantear la mayor parte de los especialistas.
La actual caída del precio del petróleo obedece a la
conjunción de diversos factores de distinto grado de importancia y duración, tanto de
demanda como de oferta; las consecuencias climatológicas de "El Niño" que
redujo la demanda invernal de combustible en el hemisferio norte, la crisis económica en
Asia oriental que afectó a la demanda de los mercados más dinámicos del mundo, la
sobreoferta de los países petroleros o un aspecto menos conocido pero no menos
importante, como es la existencia de una verdadera revolución tecnológica en la
perforación en aguas profundas, que ha provocado una fuerte disminución de costos en
este segmento de importancia creciente de la oferta petrolera.
De estos factores de reducción de precios, el menos
importante es el estacional climático, que tenderá a concluir con el invierno. La
sobreoferta petrolera también puede controlarse mediante acuerdos entre países
productores, pero la crisis asiática recién comienza afectar a la producción y cabe
esperar todavía sus más graves efectos sobre la demanda y el precio del petróleo. A
ello habría que agregar el papel abaratador de costos y precios que seguirán jugando las
nuevas tecnologías de extracción.
Todo ello lleva a constatar que no estamos ante un hecho
fortuito ya pasado, sino ante el comienzo de un nuevo ciclo bajístico en el mercado
petrolero, que casi con seguridad llevará a los precios del crudo por debajo de los 13.5
dólares por barril, presupuestado por Pemex y la Secretaría de Hacienda, que sirvió de
cálculo para el reajuste fiscal de 1998.
La Secretaría de Hacienda se equivocó cuando
presupuestó el anterior precio de 15.5 dólares el barril para 1997, y casi seguramente
está volviendo a equivocarse cuando lo sitúa en 13.5, cuando lo más probable es que
esté por debajo de 12 dólares. Si esto es así, ¿qué hará entonces la Secretaría de
Hacienda? ¿Volverá a hacer nuevamente ajustes supuestamente menores sin consultar a
nadie, cuando quede ya muy poca tela para cortar, sin afectar aspectos cruciales del
gasto? Para evitarlo, la única salida es la convocatoria a sesiones extraordinarias del
Congreso de la Unión para elaborar una nueva estrategia fiscal flexible, que dé
respuesta a la nueva coyuntura petrolera mundial.
Por su atención, muchas gracias.
Para hacer una proposición, tiene la palabra el
senador José Guadarrama Márquez.
| El senador José
Guadarrama Márquez: |
Señor Presidente; señoras y señores
legisladores:
El tema sobre los ajustes a los ingresos del Gobierno
Federal y al Presupuesto de Egresos de la Federación, es de primordial importancia para
todos los grupos parlamentarios y para el pueblo de México. En tal virtud, me permito
hacer las siguientes proposiciones a nombre de todos los grupos parlamentarios
representados en esta Comisión Permanente.
La primera proposición.
Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 53 y 126 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso, los que suscribimos, diputados y senadores
firmantes, solicitamos que las comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas
Cámaras, así como la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados, analicen la posibilidad, si así lo consideran, de entrevistarse con el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que les informe sobre los ajustes a los
ingresos del Gobierno Federal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 1998, con motivo de la caída que ha experimentado el precio del
petróleo y la crisis de los mercados internacionales que prevalece en la economía
mundial y los efectos potenciales para la economía mexicana.
Salón Legisladores de la República, a los 21 días del
mes de enero de 1998.— Por el PRI, diputados: Arturo Núñez Jiménez, Fidel Herrera
Beltrán y Laura Alicia Garza Galindo, senadores: María de los Angeles Moreno Uriegas,
Rodolfo Becerril Straffon y José Guadarrama Márquez; por el PAN, diputados: Carlos
Medina Plascencia y Francisco José Paoli y Bolio, senadores: Juan Antonio García Villa y
José Angel Conchello Dávila; por el PRD, diputados: Jesús Martín del Campo Castañeda
y Alfonso Ramírez Cuéllar, senadores: Mario Saucedo Pérez y Auldarico Hernández
Gerónimo; por el PT, diputado Ricardo Cantú Garza; por el Partido Verde Ecologista
Mexicano, diputada Verónica Velasco Rodríguez;
Otra proposición, señor Presidente.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, LVII Legislatura.
Considerando que las actuales normas, procedimientos y la
legislación en materia fiscal, provocan elevados desequilibrios en materia de ingresos,
alteran el principio de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31 fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dado el acuerdo
existente entre los grupos parlamentarios para iniciar mediante consulta la construcción
de espacios e integrar las propuestas de distintos sectores sociales, económicos,
partidos políticos, académicos, asociaciones de contribuyentes, sindicatos y a las
personas físicas y morales interesadas en sumar sus esfuerzos para lograr una reforma
fiscal integral, que de conformidad con el artículo 79 fracción III de la Ley Suprema de
la Unión y con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que se turne a cada una de las comisiones de
Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Cámara de Diputados, para que se reúnan a la brevedad posible, con objeto
de establecer las bases de la convocatoria para el inicio de la Consulta Nacional en
Materia de Reforma Fiscal Integral.
La firman diputados: Alfonso Ramírez Cuéllar, Laura
Alicia Garza y senador Rodolfo Becerril.
Por lo que se refiere a la primera propuesta, con
fundamento en los artículos 27 inciso B y 106 de la Ley Orgánica y 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
túrnese la proposición presentada por los señores diputados y senadores, a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas cámaras, así como a la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para lo que
corresponda.
Por
lo que se refiere a la segunda proposición, expuesta por el senador Guadarrama, con
fundamento en los artículos 27 inciso B y 106 de la Ley Orgánica, 21 fracción III del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
túrnese la proposición presentada por los señores diputados y senadores, a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados,
para lo que corresponda.
Esta Presidencia da cuenta que los grupos parlamentarios
han consultado y, en consecuencia de su acuerdo, se determina que en la sesión del
miércoles 28 del presente mes, fi-gure como primer punto del orden del día de la agenda
política el análisis de los ajustes presupuestales y la situación de la economía.
También esta Presidencia informa que los puntos
relativos a los recientes cambios en la Administración Pública Federal y los programas
emergentes por las heladas y sequias en el país, se han retirado del orden del día de
esta sesión.
Proceda la Secretaría al desahogo del orden del día.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria senadora
Laura Pavón Jaramillo: |
Señor Presidente, se han agotado los asuntos en
cartera de la sesión pública.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima
sesión.
«Comisión Permanente.— Primer Receso.— Primer
Año.— LVII Legislatura.
Orden del día
Jueves 22 de enero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que
concede permiso al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 29 de enero al 2 de febrero de
1998, a efecto de que participe en la reunión del Foro Económico Mundial, en Davos,
Suiza. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación).
Visita del excelentísimo señor Basdeo Panday, primer
ministro de la República de Trinidad y Tobago.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé
cuenta.»
CLAUSURA Y
CITATORIO
| El Presidente (a las
16:16 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá
lugar mañana jueves 22 de enero a las 15:30 horas, en la que se recibirá al primer
ministro de Trinidad y Tobago.
Se pasa a sesión secreta.