|
Presidencia
de diputado Arturo Núñez Jiménez |
ASISTENCIA
Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va a proceder a pasar lista de
asistencia de los miembros de esta Comisión Permanente.
Hay una asistencia de 28 legisladores. Hay
quorum, señor Presidente.
| El Presidente (a
las 11:30 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 18 de febrero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El gobierno del Distrito Federal invita al
acto cívico que con motivo del LXXXV aniversario luctuoso del licenciado José María
Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero a las 10:00 horas.
La Gran Comisión de la Cámara de
Senadores, invita a la última etapa de la "Jornada Nacional de la Constitución y de
los Símbolos Patrios", que tendrá lugar del 24 de febrero al 2 de marzo, en su
recinto.
Comunicación del diputado Felipe de Jesús
Preciado Coronado.
Comunicación de la I Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tabasco.
Iniciativa de diputados
Se adiciona un párrafo a la fracción II
del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre
de los diputados Porfirio Durán Reveles y Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Oficios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al
cuarto trimestre de 1997.
Del presidente del servicio de
administración tributaria, con el que se remiten los informes sobre la actividad
recaudatoria en 1997 y el relacionado con el presupuesto de 1998.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Mérito, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de Chile.
Nueve, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Herminio Alonzo Blanco Mendosa, José
Angel Gurría Treviño, Rubén Pérez Ramírez, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet,
Roberto Miranda Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Pedro José González-Rubio Sánchez,
Javier Treviño Cantú y César Kuno Becker Cuéllar, puedan aceptar y usar las
condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Dos, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: Jaime Enrique Inocencio García Amaral y
Jorge Luis Medrano Cuéllar, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren
los gobiernos de las repúblicas de Chile y Venezuela, respectivamente.
Dos, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: María Natividad de la Luz Oñate Muñoz
y Jaime Enrique Inocencio García Amaral, puedan aceptar y usar las condecoraciones que
les confiere el gobierno de la República Francesa.
Seis, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo
Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle
Gutiérrez, puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, Baja California.
Tres, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos: Jaime López Velázquez, María Eugenia
Cázares González y Angel Iván Arce Díaz, puedan prestar servicios en la Embajada de
los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja
California, respectivamente.
Dos, por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que los ciudadanos Lala Tofik Kizi Kafar-Zade y Elpidio
Alberto Acosta Ibarra, puedan prestar servicios en las embajadas de los reinos de Arabia
Saudita y Dinamarca en México, respectivamente.
Diez, con los que se remiten las hojas de
servicios de los ciudadanos David Roberto Bárcena Ríos, Carlos Marín Jiménez, Jorge
Serrano Gutiérrez, Benito Jiménez Flores, José Emilio Carmona Gómez, Juan Francisco
Tovia Mazón, Luis Martínez Domínguez, Lorenzo Cano Jiménez, Luis Alberto Brito
Vázquez y Humberto Jara Villagómez, para los efectos de la fracción VII del artículo
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de
acuerdo, relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Fuentes Beráin Villenave, como
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, ante el gobierno de la República
Fran cesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos: Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín
Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno de la República Francesa.
Quince, de la Segunda Comisión con puntos
de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos: Jesús Javier
Castillo Cabrera, Benito Medina Herrera, Juan José Braulio Cruz Bailón, Harold Henry
Rabling Torres, Manuel Víctor Estrada Ricárdez, Herminio Burgos Domínguez, Héctor
Porfirio Petronio Guadarrama Reynoso, Ricardo Miramontes Vargas, José Luis Gutiérrez
Velarde, Juan Rafael García Serna, Gonzalo Arias Cortés, Víctor René Castro Ibarra,
Reynaldo Torres Cárdenas, Guillermo Moreno Serrano y Tirso Leopoldo Valverde Altamirano.
Agenda política
Comentarios sobre la reducción del
presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación derivada de
la requisa en el puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Socorro Aubry Orozco, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación de los
extranjeros en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación de
violencia en el Estado de Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Sesión secreta.»
ACTA
DE LA SESION ANTERIOR
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Se va a dar lectura al acta de la
sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de febrero de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
| Presidencia del
diputado Arturo Núñez Jiménez |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo las once horas con treinta minutos del miércoles once de febrero de mil
novecientos noventa y ocho, con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin ninguna observación se
aprueba en votación económica.
La Secretaría da lectura a oficio del
gobierno del Distrito Federal, con el que se invita al acto cívico conmemorativo del
centésimo sexagésimo séptimo aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero
Saldaña. Se designa comisión que represente a la Comisión Permanente.
Se da lectura a solicitud de licencia para
separarse de su cargo del diputado Fernando Castellanos Pacheco. Se aprueba el punto de
acuerdo respectivo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con seis oficios de los
congresos de los estados de Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, con los que
informan de actividades propias de sus legislaturas. De ente rado.
Es recibido un oficio de la Secretaría de
Gobernación, por el que se comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
nombró a la ciudadana Sandra Fuentes Beráin Villenave, embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa. Se turna a la
Segunda Comisión.
De igual forma son recibidos diez oficios
de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicio de un número
igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo
setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a
la Segunda Comisión.
Por instrucciones de la Presidencia, la
Secretaría da lectura a dos dictámenes de primera lectura, que conceden los permisos
constitucionales necesarios para que los ciudadanos:
Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín
Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, puedan aceptar y usar las condecoraciones
que les confiere el gobierno de la República Francesa;
Ana Yadira Urroz Castillo, pueda aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua, en Monterrey, Nuevo León.
Sin discusión, se aprueban los puntos de
acuerdo que contiene el dictamen de la Primera Comisión, relativo al nombramiento de
magistrado del Tribunal Superior Agrario. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente designa comisión que
introduzca al salón de sesiones y acompañe en la toma de protesta correspondiente al
licenciado Ricardo García Villalobos, nombrado como magistrado del Tribunal Superior
Agrario.
Se da lectura y son aprobados sin
discusión, diez dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se
ratifican los grados militares de igual número de ciudadanos. Comuníquese al Ejecutivo.
Realizan comentarios respecto a la Ley de
Planeación del Estado de Tamaulipas, así como a Ley de Coordinación Fiscal, los
legisladores: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Alfonso
Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta punto de
acuerdo; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos o contestan alusiones
personales, los legisladores: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción
Nacional; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en cuatro
ocasiones, aceptando interpelación de la diputada Garza Galindo, durante su tercer
intervención; Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en
dos ocasiones; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional, en dos
ocasiones; Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en tres
ocasiones aceptando pregunta de la diputada Garza Galindo, durante su tercer
intervención; Alfonso Ramírez Cuéllar, del Partido de la Revolución Democrática, que
acepta interpelación del diputado Rodríguez Prats; Manuel Angel Núñez Soto y Miguel
Sadot Sánchez Carreño, ambos del Partido Revolucionario Institucional, el segundo en dos
ocasiones aceptando interpelación del diputado Gómez Alvarez, durante su última
intervención, y Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, con una
interpelación del diputado Oceguera Ramos.
La propuesta presentada por el diputado
Alfonso Ramírez Cuéllar se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
Sube a la tribuna el senador Auldarico
Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta propuesta
referente a la situación de los Loxichas en Oaxaca, después de los desastres ocasionados
por fenómenos meteorológicos recientes.
| Presidencia del
diputado Fidel Herrera Beltrán |
Sobre el mismo tema, habla el
diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional.
La propuesta presentada se turna a las
comisiones de Desarrollo Social, de Fortalecimiento Municipal y de Derechos Humanos de
ambas cámaras.
Comentan sobre el funcionamiento de las
Afore, los legisladores: José Angel Conchello Dávila, del Partido Acción Nacional, en
dos ocasiones, en la primera presenta propuesta; Samuel Aguilar Solís, del Partido
Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos, y
Manuel Cadena Morales, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público de ambas
cámaras.
El diputado José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios sobre el
discurso del Secretario de Gobernación en el acto conmemorativo del octagésimo primer
aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y su relación con la paz en Chiapas.
| Presidencia del
diputado Arturo Núñez Jiménez |
Tratan el mismo tema y se refieren
también a diversas citas que llamaron académicas, los legisladores: Juan José
Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; y José Trinidad Lanz
Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.
Continúan sobre el tema del discurso
pronunciado por el Secretario de Gobernación, rectificando hechos, los legisladores:
Oscar López Velarde Vega, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones;
Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Creel Miranda,
del Partido Acción Nacional, y Francisco Javier Gil Castañeda, del Partido
Revolucionario Institucional.
El senador Norberto Corella Gil Samaniego,
del Partido Acción Nacional, presenta punto de acuerdo sobre el rechazo al confinamiento
de residuos peligrosos en Sierra Blanca, Texas, Estados Unidos de América. Se considera
de urgente resolución y para su discusión se concede el uso de la palabra a los
legisladores: Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática y Norberto
Corella Gil Samaniego, del Partido Acción Nacional. Es aprobado el punto de acuerdo.
La Secretaría da lectura a solicitud de
excitativa, con el propósito de evaluar y gestionar la obtención de financiamiento para
los programas de estímulo al desempeño docente y administrativo de la Universidad
Nacional Autó noma de México. El Presidente turna la excitativa a la Segunda Comisión,
para que dé seguimiento al asunto.
La Presidencia informa sobre los temas no
tratados del orden del día y su cambio para la próxima sesión.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las dieciocho horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el
miércoles dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.»
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura a varias
invitaciones.
«Diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El gobierno del Distrito Federal, a través
de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXV
aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, en la Rotonda de los
Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, delegación Miguel Hidalgo, el día domingo
22 de febrero a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy
atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante
de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general de Acción Social,
Cívica y Cultural, Marco Buenrostro Hernández.»
Para asistir en representación de
esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes
legisladores: Jaime Miguel Moreno Garavilla, José Espina von Roehrich y Alfonso Ramírez
Cuéllar.
CAMARA
DE SENADORES
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Senadores.- México, D.F.
Gran Comisión.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por su digno conducto, hacemos del
conocimiento de la Comisión Permanente, que la mesa directiva de la Gran Comisión del
Senado de la República, ha suscrito un acuerdo en relación con la exposición itinerante
de la Constitución General de la República y de los símbolos patrios.
Para los fines procedentes, remitimos copia
del referido acuerdo.
Atentamente.
México, D.F., febrero 17 de 1998.-
Senadores: Genovevo Figueroa Zamudio, presidente; María de los Angeles Moreno Uriegas,
Gabriel Jiménez Remus, vicepresidentes; José Murat, secretario; Héctor Sánchez López,
coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
«Acuerdo de la mesa directiva de la Gran
Comisión.
La mesa directiva de la Gran Comisión del
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley
Orgánica del Congreso General y
CONSIDERANDO
Que el Senado de la República tiene
especial interés en coadyuvar al fortalecimiento de la conciencia nacional y al aprecio
por la historia y los símbolos patrios;
Que es importante fomentar el
reconocimiento a los símbolos que representan la unidad nacional y la lucha de nuestro
pueblo por alcanzar y defender la independencia y la soberanía y
Que al honrar a los símbolos patrios y a
la Constitución General de la República, rendimos tributo a los hombres y mujeres que a
lo largo de la historia consagraron su vida a la construcción de una nación justa, libre
y soberana, suscriben el presente
ACUERDO
Primero. Exposición itinerante de la
Constitución General de la República y de los símbolos patrios, que inició su
recorrido el 5 de febrero de 1995 por el interior de la República, que tendrá como
última etapa el recinto del Senado de la República, del 24 de febrero al 2 de marzo del
presente año y con la cual se dará por concluida la "Jornada Nacional de la
Constitución y de los Símbolos Patrios".
Segundo. Envíese invitación a los
titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Federación; asimismo a la
colegisladora.
Senado de la República, a los 17 días del
mes de febrero de 1998.- Senadores: Genovevo Figueroa Zamudio, presidente; María de los
Angeles Moreno Uriegas, Gabriel Jiménez Remus, vicepresidentes; José Murat, secretario;
Héctor Sánchez López, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.»
Se designa a la Comisión Permanente
en pleno para asistir a estos actos, en la fecha que se acuerde por la comisión
organizadora.
DIPUTADO
QUE SE REINCORPORA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Cámara de
Diputados.- LVII Legislatura.
Licenciado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Por medio de la presente, solicito se me
habilite en el ejercicio de mis funciones, toda vez que con ésta fecha vence la prórroga
de licencia que por 30 días me concedieron, para separarme del cargo del diputado
federal.
En tal virtud solicito que este aviso sea
turnado al conocimiento del pleno de la Cámara de Diputados, para que se dé cumplimiento
al trámite legislativo correspondiente.
Le reitero a usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 16 de febrero de 1998.-
Diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado.»
Se le tiene por reincorporado a sus
actividades legislativas. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.- I Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por este conducto, nos es grato informar a
ustedes que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, abrió hoy su primer
pe riodo de sesiones extraordinarias correspondiente a su primer año de ejercicio,
eligiendo la mesa directiva que coordinará los trabajos de la Asamblea durante este
periodo, quedando integrada de la siguiente forma, asambleístas: José Narro Céspedes,
presidente; Guillermo Hernández Reyes, Alejandro Vázquez Enríquez, Rigoberto Nieto
López, Alejandro Rojas Díaz Durán, vicepresidentes; Luis Miguel Ortiz Haro, Juan
González Romero, David Sánchez Camacho, Esveida Bravo Martínez, secretarios.
Reiteramos a ustedes nuestra consideración
atenta y distinguida.
Recinto legislativo, a 28 de enero de
1998.- Por la mesa directiva, María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo.»
Recibo y de enterado.
ESTADO
DE COAHUILA
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo.- Coahuila de Zaragoza.-
Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México D.F.
El pleno del honorable Congreso del Estado
de Coahuila de Zaragoza, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1997, acordó,
por votación unánime de sus 32 integrantes:
Primero: la declaratoria de clausura del
segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio de esta
LIV Legislatura local y
Segundo: la declaratoria formal de
instalación de la diputación Permanente, que funcionará durante el primer periodo de
receso del segundo año de ejercicio constitucional de este órgano colegiado, quedando
integrada la misma de la siguiente manera, diputados: Evaristo Pérez Arreola, presidente;
Ricardo A. Maldonado Escobedo, vicepresidente; Trinidad Morales Vargas, secretario; Sergio
Reséndiz Boone, José Guillermo Anaya Llamas, Alfonso Martínez Pimentel, Roberto Garza
Garza y Francisco Navarro Montenegro, vocales.
Lo anterior lo hago de su conocimiento para
los efectos legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 2 de enero de 1998.-
Diputado Fernando Orozco Cortés, presidente de la Gran Comisión del Congreso.»
Recibo y de enterado.
ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Congreso del
Estado Libre y Soberano.- San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En atención a lo dispuesto por el
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos
comunicar a ustedes que con esta fecha, la LV Legislatura del honorable Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, instaló la diputación
Permanente que fungirá del 16 de enero al 31 de marzo del presente, la cual quedó
conformada de la siguiente manera, diputados: Nazario Pineda Vargas, presidente; Jorge
Ricardo Domínguez Casanova, vicepresidente; María Magdalena Vega Escobedo, secretaria;
Pablo López Vargas, Pablo Valladares García, Oscar Hernández Rayón y Antonio Rivera
Barrón, vocales.
Lo que hacemos de su conocimiento para los
efectos procedentes, propiciando la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 15 de enero de 1998.-
Diputada María Magdalena Vega Escobedo, secretaria.»
Recibo y de enterado.
ESTADO
DE TABASCO
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 19 párrafo V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su
conocimiento que con esta fecha, la LVI Legislatura al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, inició su primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al
primer año de ejercicio constitucional y se llevó a cabo la instalación de la Gran
Comisión, quedando integrada de la forma siguiente: diputados: Manuel Andrade Díaz,
presidente; Luis Felipe Madrigal Hernández, secretario; Mariano T. Cano Cantoral y Luis
Felipe Oropeza Luna, vocales y Miguel Hernández Ríos, representante de la fracción
parlamentaria minoritaria.
Asimismo, se comunica el nombramiento de
los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en este Congreso,
habiendo quedado de la siguiente manera, diputados: Manuel Andrade Díaz, fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional; Adolfo Pérez Cabrera, fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, enero 1o. de 1998.-
Diputado Oscar Argaiz Zurita, presidente del Congreso del Estado de Tabasco.»
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer
de su conocimiento que con esta fecha, la LVI Legislatura al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de la primera mesa directiva que
presidirá los trabajos legislativos durante el presente mes, quedando integrada de la
forma siguiente, dipu tados: Oscar Argaiz Zurita, presidente; Jaime Lastra Escudero,
vicepresidente; Raymundo Rosado Mendoza y Víctor Gongora Romero, secretarios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, enero 1o. de 1998.-
Diputado Oscar Argaiz Zurita, presidente del Congreso Estado de Tabasco.»
Recibo y de enterado.
CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va dar lectura a una iniciativa de
diputados.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de
Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Los abajo firmantes, miembros del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo que dispone el artículo
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente escrito sometemos
a la consideración de la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional al
artículo 116 de nuestra ley fundamental con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 53 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: "la demarcación territorial
de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la
población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los
distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en
cuenta el último censo general de población".
Con base en el criterio demográfico se
divide a la población del país en 300 unidades electorales perfectamente delimitadas, de
lo que resulta que el número de electores por distrito es aproximadamente el mismo para
cada uno de ellas.
Por su parte, el primer párrafo fracción
II del artículo 116 de la misma ley suprema establece: "el número de representantes
en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno".
La observancia de esta disposición y su aplicación en las entidades federativas da como
resultado legislaturas locales más numerosas en aquellas entidades con mayor número de
población y menos numerosas en aquellas que tengan menor número de habitantes.
En buena parte de las entidades
federativas, al efectuar su respectiva distritación se observa el principio de la equidad
demográfica, pero hay muchos ejemplos de entidades federativas en cuya distritación no
se encuentra el principio citado. En efecto, hay distritos electorales uninominales dentro
de una misma entidad federativa con diferencias abismales y aberrantes por el número de
electores.
Basta citar algunos ejemplos para comprobar
la veracidad de la afirmación anterior. En el Estado de Quintana Roo, el distrito XI
contiene un listado nominal de 44 mil 924 electores, mientras que el distrito XIV de esa
misma entidad tiene un listado nominal de 5 mil 92 electores.
Otro caso de clara iniquidad es el del
Estado de México. Por ejemplo, el distrito XXXVIII contiene un listado nominal de 318 mil
209 electores, en tanto que el distrito VIII tiene un listado nominal de 48 mil 111
electores.
De los ejemplos mencionados se desprende la
falta de equidad demográfica en la distritación de referencia, siendo que en el
artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya citado, se
encuentra claramente establecido el criterio de equidad demográfica entre los 300
distritos federales.
De observarse este principio en la
distritación de todas las entidades federativas habría más equidad y proporcionalidad
entre el número de diputados electos por el principio de mayoría relativa y su
respectivo número de electores.
De lo contrario, se dan situaciones
desproporcionadas y aberrantes que se reflejan en el consiguiente desequilibrio de fuerzas
políticas representadas en los congresos locales.
En efecto, la democracia representativa se
ve lesionada cuando el número de votos emitidos en favor de un partido político y sus
candidatos no se ven reflejados en el número de diputados en los congresos de los
estados.
Por lo expuesto proponemos una adición a
la fracción II del primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de que los constituyentes permanentes de los
estados observen la equidad demográfica y la proporcionalidad que se manifiesta en el
ámbito federal y que ambas sean respetadas en la integración de las legislaturas de los
estados en los siguientes términos: "la demarcación territorial de los distritos
electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total de la entidad
federativa de que se trate entre los distritos señalados. La distribución de los
distritos electorales uninominales se hará teniendo en cuenta el último censo general de
población".
Por todo lo anterior sometemos a la
consideración del Constituyente Permanente, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se adiciona un párrafo a la
fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo único. Se adiciona con un
párrafo la fracción II del artículo 116 en los siguientes términos:
"La demarcación territorial de los
distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total de
la entidad federativa entre los distritos señalados. La distribución de los distritos
electorales uninominales se hará teniendo en cuenta el último censo general de
población".
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaciones locales que lo
requieran deberán ser modificadas de conformidad con el presente decreto en un plazo no
mayor de 90 días.
Atentamente.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a los cinco días del mes de febrero de 1998.- Diputados: Porfirio Durán Reveles
y Alvaro Elías Loredo.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Oficios de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez,
presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Por instrucciones del Presidente de la
República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 75 del decreto
aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997,
1o. y 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1997 y 9o.
de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar los informes sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto
trimestre de 1997.
En caso de requerir información adicional,
me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición.
Sin otro particular, le reitero a usted la
seguridad de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de febrero de 1998.- El
secretario, José Angel Gurría Treviño.»
Recibo y túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Con fundamento en lo previsto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 de la Ley de Servicio
de Administración Tributaria, por su digno conducto, envío una exposición sobre los
programas a ejecutar por el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que represento, la información relacionada con el presupuesto
correspondiente al ejercicio de 1998 y la información sobre la actividad recaudatoria
correspondiente al ejercicio de 1997, en el contexto de la situación económica nacional,
para su conocimiento.
Al cumplir con lo anterior, me es grato
reiterar a usted la seguridad de mi mayor respeto.
México, D.F., 13 de febrero de 1998.-
Tomás Ruiz González, presidente de servicio de administración tributaria.»
Recibo y túrnese a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
REPUBLICA
DE CHILE
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, transcribo a ustedes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores
dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 13 del actual:
"Ruego a usted atentamente tenga a
bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la
fracción II apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política para que el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda aceptar
y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Collar, que le confiere el
gobierno chileno, en ocasión de la visita de Estado que el doctor Zedillo realizará a la
República de Chile, del 14 al 17 de marzo de 1998.
En virtud de que la imposición de la
condecoración se llevará a cabo el lunes 16 de marzo próximo, mucho le agradeceré que
el trámite correspondiente se realice con carácter de extraurgente."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de febrero de 1998.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA
DE NICARAGUA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigio a ésta de Gobernación, con fecha 23 del actual, enviando con el
presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano Herminio Alonzo Blanco
Mendosa, secretario de Comercio y Fomento Industrial, solicita se tramite ante la
Comisión Per manente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la
fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en
oficio número PRO00309, de fecha 12 del presente mes, manifiesta a esta dependencia del
Ejecutivo, lo siguiente:
"El ciudadano José Angel Gurría
Treviño, secretario de Hacienda y Crédito Público, solicita se tramite ante el
honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C
del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el
gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior,
envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para su conocimiento y
fines legales procedentes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 13 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 23 del actual, enviándoles con el
presente los anexos que en el mismo se citan:
"El coronel de infantería Diplomado
de Estado Mayor Rubén Pérez Ramírez, solicita se tramite ante la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado
C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Oficial, que le confiere el
gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 23 del presente
mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo
siguiente:
"El ciudadano Fernando Solís Cámara
y Jiménez Canet, subsecretario de población y Servicios Migratorios de la Secretaría de
Gober nación, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden José de Marcoleta, en grado de oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para
su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el
mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación con fecha 12 del actual, enviándoles con el
presente los anexos que en el mismo se citan:
"El general de brigada Diplomado de
Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial, solicita se
tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción
III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar
y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Oficial, que le
confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio fechado el día 12 del actual, que la
Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, enviándo con el
presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano Juan Rebolledo Gout,
subsecretario "A" de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el
honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C
del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere
el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo para su
conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, de fecha 6 del actual manifestando lo
siguiente:
"El embajador Pedro José
González-Rubio Sánchez, jefe del protocolo de México, solicita se tramite ante el
honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C
del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere
el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 12 del actual, la
Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación, manifestando
lo siguiente:
"El ciudadano Javier Treviño Cantú,
subsecretario de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere
la fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que se integren
en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior, envío
con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 13 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en
oficio número PRO00805, de fecha 23 del presente mes, manifiesta a esta dependencia del
Ejecutivo, lo siguiente:
"El ciudadano César Kuno Becker
Cuéllar, director general de Talleres Gráficos de México, solicita se tramite ante la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la
fracción III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la
Unión, solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento,
curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la
condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior,
envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para su conocimiento y
fines legales procedentes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA
DE CHILE (II)
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día seis del actual,
la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"El ciudadano Jaime Enrique Inocencio
García Amaral, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República
de Chile. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted
carta del interesado dirigida al Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo,
copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le
comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al transcribir a ustedes lo anterior, para
su conocimiento y fines legales procedentes, envío con el presente los anexos que en el
mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 11 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA
DE VENEZUELA
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio fechado el día seis del actual, que
la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, enviando con el
presente los anexos que en el mismo se mencionan.
"El ciudadano Jorge Luis Madrazo
Cuéllar, procurador general de la República, solicita se tramite ante la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción
III apartado C del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar
y usar la condecoración de la Orden Estrella del Ministerio Público doctor Juan Germán
Roscio, en su Unica Clase, que le confiere el Ministerio Público República de Venezuela.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del
interesado dirigida al Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, copia
certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le
comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 11 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REPUBLICA
FRANCESA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado al día 29 de enero
último, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de Gobernación,
manifestando lo siguiente:
"La ciudadana María Natividad de la
Luz Oñate Muñoz, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno del
República Francesa.
Para tal efecto y a fin de que integren en
su expediente, remito a usted carta de la interesada, solicitando el permiso respectivo,
copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le
comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Al comunicar a ustedes lo anterior envío
con el presente los anexos que en el mismo se citan, para los fines legales procedentes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 11 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para
su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha seis del actual, enviando con el
presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano Jaime Enrique Inocencio
García Amaral, solicita se tramite ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de
nuestra Constitución Política, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la
Orden de las Artes y las Letras, en grado Oficial, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Para tal efecto y a fin de que se integren
en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al Congreso de la Unión,
solicitando el permiso respectivo, copia certificada de su acta de nacimiento, curriculum
vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración
relativa."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 11 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de
Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de enero último,
enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tanga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere al artículo 37 inciso C párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación, pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América.
Felipe Salomón Monzón, inspector de campo
en el departamento de agricultura en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que se solicita se realicen los trámites correspondientes."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 29 de enero
próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de
Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América:
Martha Atienzo Pérez, inspector de campo
en el departamento de agricultura, Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Lo que transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 4 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en
oficio fechado el 29 de enero próximo pasado, manifiesta a esta dependencia del Ejecutivo
lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América.
Enrique Rangel Lucio, inspector de campo en
el departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América
en Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Lo que transcribo a ustedes para los fines
legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 4 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de Gobierno, Sergio Orozco Aceves. »
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio fechado el día 29 de enero último que
la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, manifestando lo
siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América.
Alfonso Parra Parra, inspector de campo en
el departamento de agricultura en el Consulado General de los Estados Unidos de América
en Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Al comunicar a ustedes lo anterior anexo al
presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 4 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en
oficio fechado el día 29 de enero último, manifiesta a ésta de Gobernación lo
siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América:
Tirsa Pérez Castillo, inspector de campo
en el departamento de agricultura, Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Al transcribir a ustedes lo anterior para
los fines legales procedentes, anexo al presente los documentos que en el mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 4 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha tres del actual, la Secretaría
de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América:
Fausto Valle Gutiérrez, inspector de campo
en el departamento de agricultura, Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Lo que hago del conocimiento de ustedes
para los fines legales procedentes, acompañándoles con el presente los anexos que en el
mismo se citan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 10 de febrero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha veinte del actual, enviándoles con
el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona mencionada a continuación
pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de los Estados
Unidos de América.
Jaime López Velázquez, de chofer en la
Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que se solicita se realicen los trámites correspondientes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración."
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 27 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día veintitrés del
presente mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación
lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América:
María Eugenia Cázares González,
secretaria, Embajada de los Estados Unidos de América, en la Ciudad de México.
Para tal efecto se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes."
Lo que hago del conocimiento de ustedes
para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el
mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 28 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.-- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para su conocimiento y fines legales
procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones
Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 17 de diciembre último,
enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted, de no
mediar inconveniente para ello, tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión,
el permiso a que se refiere el artículo 37 inciso C párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a
continuación, pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional al gobierno de
los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexa copia certificada
del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito
en que solicita se realicen los trámites correspondientes.
Angel Iván Arce Díaz, distribuidor de
correo; Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja
California."
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 15 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REINO
DE ARABIA SAUDITA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de
Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 19 del actual,
enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Ruego a usted tenga a bien solicitar
al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37 apartado C
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la
señora Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, de nacionalidad mexicana por naturalización, pueda
prestar sus servicios como traductora en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en
México.
Para la consecución de lo anterior, anexo
me permito remitir el texto de la solicitud de la Embajada, copias del acta de nacimiento
y certificado de naturalización."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 23 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general del gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
REINO
DE DINAMARCA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el día 20 del actual, la
Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"La Embajada del Reino de Dinamarca en
México solicitó a esta Secretaría gestionar ante las autoridades competentes, el
permiso a que se refiere la fracción II apartado C del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el señor Elpidio Alberto Acosta
Ibarra, de nacionalidad mexicana, según consta en la copia certificada de su acta de
nacimiento, pueda prestar sus servicios en la citada representación diplomática, como
chofer.
En relación con lo anterior, anexo al
presente remito a usted la solicitud dirigida al honorable Congreso de la Unión por el
interesado, el curriculum vitae y copia certificada de la correspondiente acta de
nacimiento, con la atenta petición de que esa dependencia sea el amable conducto para
solicitar el permiso mencionado."
Lo que transcribo a ustedes, para los fines
legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 26 de enero de 1998.- Por
acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
Recibo y túrnese a la Primera Comisión.
GRADOS
MILITARES
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual, manifestando lo
siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de brigada David Roberto Bárcena Ríos (4144039), agradeciéndole que por su digno
conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo
76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha cuatro del actual, manifestando lo
siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier ingeniero industrial Carlos Marín Jiménez (4454513), agradeciéndole que por
su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del
artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha cuatro del actual, manifestando lo
siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
brigadier de justicia militar y licenciado Jorge Serrano Gutiérrez (7753124),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa nacional, adjunto remito a usted en el legajo, la hoja de servicios del general
brigadier ingeniero en comunicaciones y electrónica Benito Jiménez Flores (5000048),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración,
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del general
de grupo piloto aviador José Emilio Carmona Gómez (4817273), agradeciéndole que por su
digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del
artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha ocho del actual.
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
de caballería Diplomado de Estado Mayor Juan Francisco Tovia Mazón (8208334),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta Gobernación, con fecha seis del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
intendente Diplomado de Estado Mayor Luis Martínez Domínguez (8208469), agradeciéndole
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para
los fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a
ésta de Gobernación, con fecha seis del actual:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
de infantería Diplomado de Estado Mayor Lorenzo Cano Jiménez (8518952), agradeciéndole
que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los
efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el
artículo 79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
envío con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines
legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la
Defensa Nacional dirigió a ésta de Gobernación, con fecha seis del actual.
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
de artillería Diplomado de Estado Mayor Luis Alberto Brito Vázquez (6469523),
agradeciéndole que por su digno conducto se haga llegar al honorable Congreso de la
Unión, para los efectos del artículo 76 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos."
En atención a que la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión ha concluido sus funciones y con fundamento en el artículo 79
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con el
presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero en esta oportunidad las seguridades
de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se
ha dirigido a ésta de Gobernación, con fecha cinco del actual, manifestando lo
siguiente:
"Por acuerdo del general Secretario de
la Defensa Nacional, adjunto remito a usted en un legajo, la hoja de servicios del coronel
de infantería Humberto Jara Villagómez (6461949), agradeciéndole que por su digno
conducto se haga llegar al honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículo
76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su
conocimiento y fines legales procedentes y en atención a que la Cámara de Senadores del
honorable Congreso de la Unión ha concluido sus funciones, con fundamento en el artículo
79 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envío con
el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de diciembre de 1997.-
Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Juan Burgos Pinto.»
Recibo y túrnese a la Segunda Comisión.
REPUBLICA
FRANCESA (II)
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente integrado al nombramiento que el señor Presidente de la República hace en
favor de la ciudadana Sandra Fuentes-Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa, enviado a esta
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción
VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con la fracción XVI del artículo 89 de la propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento
en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea
señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por la
ciudadana Sandra Fuentes-Beráin Villenave, consta que nació en la Ciudad de México,
Distrito Federal, el 13 de junio de 1950. En tal virtud, reúne los requisitos de
nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para
el cual ha sido designada. A su vez se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles
y políticos.
La comisión que dictamina desea expresar
que en el curriculum vitae de la embajadora nombrada se establece que obtuvo el título de
licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente
realizó un curso de maestría sobre derecho económico internacional en el London School
of Economics de Londres, Inglaterra.
Los miembros de la comisión dictaminadora
deseamos mencionar que la licenciada Fuentes-Beráin Villenave cuenta con una amplia
experiencia en el servicio exterior mexicano al cual ingresó mediante concurso en el año
de 1971. En tal virtud, ha estado adscrita con diversas categorías en las embajadas de
México en: el Reino Unido de la Gran Bretaña, de 1971 a 1974; en Francia, de 1974 a
1979; en Italia, de 1983 a 1986, y en Estados Unidos de América de 1986 a 1989. Además
fungió como cónsul general de nuestro país en Hong Kong de 1989 a 1991. A partir de
enero de 1993 a la fecha venía desempeñándose como embajadora de nuestro país ante el
gobierno de Canadá.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores
la embajadora designada actuó como directora general para Europa Occidental de 1979 a
1983 y como directora general para el Pacífico, de 1991 a 1993.
La comisión dictaminadora desea mencionar
que la licenciada Fuentes-Beráin Villenave ha representado a México en numerosas
reuniones de organismos internacionales, tales como la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental, la Organización Internacional del Café, la Comisión Internacional
de la Ballena y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.
En acatamiento del acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó a la ciudadana Fuentes-Beráin Villenave a
una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la
circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en
la actualidad guarda la relación de México con el gobierno de la República Francesa.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de
hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina dialogamos
sobre los citados temas con la embajadora nombrada, pudiendo comprobar por este medio el
grado de experiencia y preparación que en materia internacional posee. De igual forma
quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista la embajadora
designada demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y
cultural de la República Francesa, así como el momento actual y perspectivas de la
relación bilateral con esa nación. A su vez expuso con solvencia diversos puntos de
vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de conocimiento, como una firme convicción
en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la
entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido
constatar que la ciudadana Fuentes-Beráin Villenave posee los requisitos ordenados por el
artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designada
embajadora.
Por lo antes expuesto, los suscritos
miembros de la comisión consideramos que la ciudadana Fuentes-Beráin Villenave reúne en
su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República
Francesa, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea
la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le
confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor de la ciudadana
Sandra Fuentes-Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de
México ante el gobierno de la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., 17 de febrero de 1998.-La
Comisión.- Senador, José Angel Conchello Dávila, presidente; senadores: Juan Ramiro
Robledo Ruiz, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio
Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López;
diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco
Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este
recinto la ciudadana Sandra Fuentes-Beráin Villenave, cuyo nombramiento como embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa,
acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que la introduzcan a este salón y la
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes
legisladores: senadores: José Guadarrama, Laura Pavón Jaramillo; diputados: Alfredo
Phillips Olmedo y María del Socorro Aubry Orozco.
Se pide a la comisión designada cumpla con
su cometido.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Se ruega a los presentes ponerse de
pie.
Ciudadana Sandra Fuentes-Beráin
Villenave: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa
que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión?
| La ciudadana
Sandra Fuentes Berain-Villenave: |
Sí Protesto"
Si no lo hiciera así, que la nación
se lo demande.
Se ruega a la comisión designada,
acompañar a la Embajadora, cuando desee retirarse.
Continúe la Secretaria con los asuntos en
cartera.
REPUBLICA
FRANCESA (III)
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación,
por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge
Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguin Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna,
puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de la Legión de Honor, en los
grados de comendador y de Oficial, que les confiere el Gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
ciudadano Jorge Carpizo Mac-Gregor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de
la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República
Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso al
ciudadano Francisco Olguín Uribe, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la
Legión de Honor, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República
Francesa.
Artículo tercero. Se concede permiso al
ciudadano Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de honor, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de
la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 30 de enero de 1998.-
Senador, Dionisio Pérez Jacome, presidente; diputados: Santiago Creel Miranda, Socorro
Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús
Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José
Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 31 votos en pro.
Aprobado el proyecto de decreto por
31 votos.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Pasa al Ejecutivo para sus efectos
constitucionales.
GRADOS
MILITARES (II)
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.-Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor, Jesús Javier
Castillo Cabrera, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de noviembre
de 1967 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo,
el 1o. de septiembre de 1971;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años y 13 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Cuarta, Tercera y Segunda clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Jesús Javier Castillo Cabrera.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de enero de 1998.-
Sena dores: José Angel Conchello Dávila, presidente, Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Benito Medina
Herrera, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de
1967 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de septiembre de 1970;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años, 10 meses, 26 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Benito Medina Herrera.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.- Se
nadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo
Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales,
Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot
Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios
que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Juan José
Braulio Cruz Bailón, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo
de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de
1964 y fue ascendido como subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo,
el 1o. de enero de 1967;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 33 años, 10 meses y siete días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Juan José Braulio Cruz Bailón.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.-
Sena dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; Jo sé Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Harold Henry
Rabling Torres, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de
1965 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de noviembre de 1967;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 32 años, 10 meses y cinco días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Harold Henry Rabling Torres.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de enero de 1998.-
Sena dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo,
Manuel Víctor Estrada Ricárdez, como general de ala piloto aviador Diplomado de Estado
Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete, en la Escuela Militar de Aviación, el 1o. de agosto de
1961, fue ascendido como subteniente de fuerza aérea piloto aviador, por acuerdo del
secretario del ramo, el 1o. de julio de 1964;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 36 años, tres meses y 25 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y la Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor
aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes
para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de
ala piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión
expidió en favor del ciudadano Manuel Víctor Estrada Ricárdez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.-
Sena dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de caballería Herminio Burgos Domínguez como general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero
de 1960 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo,
el 1o. de enero de 1963;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 37 años, 10 meses y un día y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Herminio Burgos
Domínguez.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 22 de enero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el ciudadano Presidente
de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Héctor Porfirio Petronio
Guadarrama Reynoso, como general brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta
Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 13 de enero de
1962 y fue ascendido a subteniente de infantería por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de enero de 1965;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses y 16 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Héctor Porfirio
Petronio Guadarrama Reynoso.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente, Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del teniente coronel de infantería Ricardo Miramontes Vargas, como
coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente,
para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de noviembre
de 1967 y fue ascendido a subteniente de infantería por acuerdo del secretario del ramo,
el 1o. de septiembre de 1971;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años, cero meses y 16 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería, se deduce que reúne los
requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le
ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de coronel de
infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ricardo
Miramontes Vargas.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 23 de enero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor José Luis
Gutiérrez Velarde, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de
la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingreso al Ejército y Fuerza Aérea
mexicanos, como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 29 de enero de 1966,
fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o.
de septiembre de 1969;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 31 años, 10 meses, un día y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta y Tercera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Se ratifica el grado de
general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en
favor del ciudadano José Luis Gutiérrez Velarde.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Juan Rafael
García Serna, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como soldado de infantería, en el primer grupo mixto de armas de apoyo
del Cuerpo de Guardias Presidenciales, el 14 de abril de 1965; causó alta como cadete
numerario el 1o. de febrero de 1966, fue ascendido como subteniente de infantería, por
acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1969;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 32 años, siete meses y ochos días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Juan Rafael García Serna.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Gonzalo Arias Cortés, como general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de febrero
de 1960 y fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del
ramo, el 1o. de enero de 1963;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 37 años, nueve meses y 28 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y la Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Gonzalo Arias
Cortés.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Víctor René Castro Ibarra, como general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del analisis de los antecedentes del
interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 20 de enero de
1961 y fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del secretario del ramo,
el 1o. de enero de 1964;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos:
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 36 años 10 meses, ocho días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de
Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases así como la Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado,
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Víctor René
Castro Ibarra.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Sena dores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de caballería Reynaldo Torres Cárdenas, como general
brigadier, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los
efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de
1963 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de enero de 1966;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses, seis días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier se deduce que reúne los requisitos
legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado
sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Reynaldo Torres
Cárdenas.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, Guillermo
Moreno Serrano, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de enero de
1967 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de septiembre de 1970;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años, 10 meses y 29 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad por
satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de
Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión, expidió en favor del
ciudadano Guillermo Moreno Serrano.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
| El secretario
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
«Escudo Nacional.- Poder Legislativo
Federal.- Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel médico cirujano Tirso Leopoldo Valverde Altamirano, como
general brigadier médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión
Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de enero de 1962 y fue
ascendido a capitán primero pasante de medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el
1o. de enero de 1967;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 35 años, 10 meses, 13 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda, Primera clases y la
Especial.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier médico cirujano se deduce que reúne
los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se
le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano
Tirso Leopoldo Valverde Altamirano.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.-
Senado res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Para referirse a la reducción del
presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, tiene la palabra el diputado Jesús
Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por 15 minutos.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Los legisladores del Partido de la
Revolución Democrática queremos expresar nuevamente nuestra preocupación por la
reducción anunciada por el Ejecutivo Federal del presupuesto y las implicaciones que
puede tener en diversas políticas sociales, particularmente la de educación.
Primeramente quiero reiterar que diremos
algunas opiniones, algunas preocupaciones de conjunto para luego pasar tanto a través
mío, como por conducto de otro diputado de mi partido, a expresar preocupaciones
concretas sobre el presupuesto destinado a la educación:
Nos preocupa la decisión del Gobierno de
responder a la baja de los precios internacionales del petróleo, con la recurrente receta
del recorte presupuestal que en años pasados ha demostrado inutilidad como correctivo y
también su gran potencial de freno y daño a la economía.
Aunado a ello la Secretaría de Hacienda
continúa sin responder a nuestra petición de aclarar el procedimiento de cálculo del
impacto de esa reducción de precios sobre los ingresos federales, 15 mil 273 millones de
pesos contra los 6 mil 973 millones calculados por nuestro grupo parlamentario.
El día 28 de enero se le hizo llegar a la
Secretaría de Hacienda dicha petición por escrito, sin que hasta la fecha haya
respuesta.
Para nadie es alentador que después de
lograr un crecimiento de más del 7% el año pasado, las proyecciones para este año se
basen en expectativas decrecientes del 5.2% primero, según los Criterios de Política
Económica para 1998 y ahora del 5% o menos con las medidas de contracción presupuestal
que se están adoptando. Todo esto desalienta a los agentes económicos y los aleja de la
recuperación sostenida para la que el país se ha sacrificado de manera aguda en los tres
años recientes.
Además ver cómo paso a paso se van
reeditando las condiciones de desequilibrios agudos en el sector externo de nuestra
economía que una y otra vez, desde los años setenta y la última de 1994, terminan
hundiendo al país en crisis crecientemente graves.
El déficit de 29 mil 662 millones de
dólares acumulado en la cuenta corriente de la balanza de pagos en 1994, fue uno de los
elementos claves de la crisis desatada en diciembre; al alto costo de una severa
contracción económica y de gran sacrificio social, ese déficit logró disminuirse en
1995 a sólo, mil 577 millones de dólares. Sin embargo para 1997 se estima que este
déficit se eleve a cerca de 6 mil millones de dólares y para este año es posible que
dicha cifra se duplique.
El creciente déficit que desde mediados
del año pasado viene presentando cada vez la balanza comercial de mercancías, apunta en
esa dirección.
Estos déficit se cubren tradicionalmente
con inversión extranjera y con préstamos del exterior, mismos que invariablemente acaban
representando altísimos costos para el país, no sólo en materia de intereses y salida
de divisas, sino incluso en términos de reducción del patrimonio y la soberanía
nacionales.
Estos desequilibrios van minando la fuerza
del país y lo hacen fácil víctima de contingencias externas fuera de nuestro control
que afectan excesivamente a nuestra economía.
Un ejemplo claro lo tenemos en la actual
caída de los precios petroleros o en la volatilidad de los capitales especulativos que a
partir de Asia están generando una reacción en cadena.
El grado de vulnerabilidad que presenta la
planta productiva nacional, y en particular los empresarios y productores de menor
tamaño, tanto en la industria, como en la agricultura, el comercio y los servicios, son
también materia de preocupación.
La política económica del país parece
estar interesada y estarse concentrando sólo en las grandes empresas ligadas a circuitos
internacionales dejando en el olvido y marginando incluso, a cientos de miles de unidades
productivas que son el verdadero sustento económico y social de la nación.
La forma, la velocidad y la impreparación
con que se ha dado la apertura externa, ha generado no sólo la quiebra de miles de
empresas, sino que está arriesgando incluso la viabilidad de ramas enteras de la
producción nacional en el campo de la industria y la banca.
El desastre financiero y las carteras
vencidas son una muestra de lo anterior y son problemas no resueltos ya a tres años de
distancia.
Hablar de competitividad internacional es
positivo, pero para ello se requieren condiciones equitativas en crédito, en tecnología,
en comercialización, en apoyos y facilidades que no tienen los productores de México.
La ineficiencia, la iniquidad y el tremendo
atraso que caracterizan al sistema fiscal del país es también otra preocupación. Este
es un sistema que grava excesivamente a trabajadores cautivos de ingresos medios, en
desventaja frente a los muy altos ingresos, incide sobremanera en los impuestos indirectos
como el IVA y en menor medida en los directos como el ISR, que deben ser los más
equitativos.
Su operación es sumamente complicada y
costosa, favorece y permite una enorme evasión a todos los niveles. Sus resultados de
captación son sumamente bajos, de acuerdo a estándares internacionales y para colmo hace
depender los ingresos públicos hasta en un 40% de gravámenes al petróleo, aun a costa
de constreñir excesivamente los recursos de Pemex y dificultar o frenar sus inversiones y
crecimiento.
Muchos otros problemas persisten en la otra
cara, en el destino y uso de los recursos fiscales, en su asignación a gastos e
inversiones, en su descentralización a los estados, municipios y al Distrito Federal y en
la transferencia y formas de supervisión ciudadana del buen destino de esos recursos.
En el PRD nos preocupa sobremanera la
adjudicación en los últimos años de las ya de por sí graves desigualdades sociales que
han marcado el atraso, nunca superado, de nuestra nación. Logros y avances penosamente
alcanzados en muchas décadas se han perdido en los últimos 15 años en un retroceso que
mucho costará remontar. Las remuneraciones al trabajo como porcentaje del producto
interno bruto han caído estrépitosamente de más del 40% a cerca del 25%; es decir ni
siquiera a la mitad de lo que representan dichas remuneraciones en la sociedad europea
moderna.
Como contrapartida, el ingreso se ha
polarizado en torno a un número reducidísimo de familias y grupos cuyas fortunas han
crecido exponencialmente. Esto, además de la inaceptable iniquidad social que representa,
ha dislocado la estructura económica, el ahorro, el consumo, las inversiones, el
ejercicio del poder y ya atenta incluso contra la convivencia social y la paz de la
República.
Recientemente la Secretaría de Educación
Pública anunció el ajuste de 911 millones de pesos al presupuesto destinado al sector
educa tivo, que representa el 6% del recorte total del Gasto Federal provocado por la
caída del precio internacional del petróleo. Así, el presupuesto para el presente año
será finalmente de 145 mil 800 millones de pesos. Esta disminución afecta, según el
subsecretario, al Programa de Becas, Educación a Distancia, la Red Escolar de
Computadoras conectadas a Internet y en menor medida a la construcción de nuevos
planteles escolares a través de los recursos destinados al Comité Administrador del
Programa Federal de Construcción de Escuelas, (el CAPFCE).
El gasto programable del sector público
presupuestario en educación aprobado por la Cámara de Diputados para 1998, fue de 146
mil 711 millones de pesos, lo que representa un aumento real respecto al año anterior de
10.53% en términos reales y se refleja como proporción del producto interno bruto en
3.87%.
Con los impactos económicos por la caída
de los precios del petróleo, el presupuesto en educación queda de la siguiente manera:
145 mil 800 millones, lo que representa un aumento real respecto al año anterior de 9.85%
en términos reales y se refleja como proporción del producto interno bruto el 3.85%.
Como podemos ver, existe una caída del
.68% en tan sólo un mes 15 días de aprobado el presupuesto.
El gasto programable en educación en años
anteriores en relación al producto interno bruto es distinto. En 1993, durante el periodo
presidencial de Carlos Salinas de Gortari hubo un repunte de la cifra en educación. El
presupuesto programable en educación llegó hasta el 4.05% del producto interno bruto de
ese año.
Para 1995, primer año del sexenio actual,
el presupuesto cayó en 11.87% en términos reales y continúa en los años posteriores
con la misma tendencia.
En la actual administración no se ha
logrado alcanzar la recuperación del 4.05% del producto interno bruto en 1993 ni el
aumento del 19.60% en 1991 respecto al de 1990. Por el contrario, lo que si ha logrado
esta administración, a pesar de que el presidente fue antes Secretario de Educación
Pública y de que considera que la educación es de altísima prioridad nacional, según
sus propias palabras, es un regreso al pasado en términos de inversión global para
educación.
En 1982 el gasto programable en educación
logró alcanzar el 3.8% del producto interno bruto de ese año, cifra que se acerca cada
vez más al 3.87% del producto interno bruto del presente año, es decir, 16 años
después, dos sexenios presidenciales y el presupuesto programable para la educación
sigue siendo el mismo. Sin lugar a dudas esto es consecuencia y responsabilidad de la
política económica de la actual administración, que tiene signos de preocupación
fundamental por cifras macroeconómicas y no tanto por el destino de recursos que lleven a
un verdadero desarrollo y a un verdadero bienestar de las familias mexicanas.
Expresadas estas preocupaciones, voy a
proponer un turno ante esta Comisión Perma nente.
Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión, LVII Legislatura.
Con fundamento en los artículos 79
fracción III y del 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
respectivamente, los legisladores abajo firmantes solicitamos a la Presidencia de esta
honorable Asamblea, turne a las comisiones unidas de Educación del Senado de la
República y de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, la siguiente
"PROPUESTA
Unica. Se cite al secretario de Educación
Pública, Miguel Limón Rojas, a una reunión de trabajo de ambas comisiones unidas, para
que detalle el impacto de la reducción presupuestal en las metas programáticas aprobadas
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
Firmamos los legisladores del Partido de la
Revolución Democrática."
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Juan Antonio García Villa, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El senador Juan Antonio García Villa: |
Señor Presidente; señoras y
señores legisladores miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Estamos totalmente de acuerdo con la
proposición que a nombre de su grupo parlamentario ha presentado hace un momento el
diputado Jesús Martín del Campo.
Nos parece interesante su planteamiento,
porque concluye en una proposición sensata, aceptable, positiva y que ayuda mucho a
mantener en un asunto tan importante como es el presupuestario, las relaciones que en esta
materia, la presupuestaria, se deben ir definiendo entre el Congreso de la Unión y
específicamente la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva, dice la
Constitución, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Y todavía más relevante, porque se trata
nada menos que de un rubro significativo del gasto público como es el destinado a
educación, significativo por su monto en los diversos renglones del Presupuesto de
Egresos de la Federación para 1998; destinados a Educación Pública los recursos suman
más de 152 mil millones de pesos; y también significativo porque se trata de un aspecto
sensible como es la educación para el presente, el futuro y el desarrollo de nuestro
país.
Estamos totalmente de acuerdo en que las
autoridades hacendarías, más allá del boletín expedido el día 14 de enero del año en
curso, en el que dieron a conocer la modificación al precio de referencia del crudo
internacional de exportación mexicano y el monto que esta disminución del precio de
referencia estimado del petróleo de 15.50 dólares promedio durante el año a 13.50
dólares también promedio durante el año, el monto que impactará en las finanzas
públicas, obviamente tanto desde el lado de los ingresos como por supuesto del lado del
gasto gubernamental.
Se han hecho distintas consideraciones en
torno a que o se tenía prevista una exportación durante 1998 en materia petrolera muy
superior a la registrada durante 1997 de forma tal que por eso se afectan los ingresos
estimados durante 1998 por el Gobierno Federal en más de 15 mil millones de pesos o hay
algo ahí que no alcanzamos a entender entre precio de referencia, precio internacional de
referencia del petróleo, monto de ingresos derivados de las exportaciones o como se
llamó en un tiempo plataforma de exportación petrolera mexicana.
Ha pasado más de un mes desde que esa
noticia se dio a conocer a la opinión pública y poco es lo que se ha agregado en torno a
este asunto, por lo menos información adicional relevante y la opinión pública y, por
supuesto, los miembros del Congreso tienen no sólo el derecho de conocer cómo afectarán
finalmente estas variables al ingreso y al gasto público gubernamental, sino también
cómo se va a afectar el conjunto de la economía.
Aprovechamos esta oportunidad para hacer un
comentario con el mejor propósito en torno al artículo 45 del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio de 1998; porque es probable que en su
intervención el legislador del PRI señale e invoque lo establecido por este precepto
como respuesta al planteamiento que aquí se ha formulado y que el grupo parlamentario del
PAN aprueba o está de acuerdo con él.
Es cierto que el artículo 45 es la
respuesta dada por la Cámara de Diputados, cuando con respecto a los ingresos estimados
para el ejercicio se sufre una reducción en los mismos. Trae tres hipótesis este
artículo 45 del decreto de presupuesto; una primera cuando la reducción de los ingresos
tributarios y enfatizo el concepto ingresos tributarios, es hasta del 1% del total de los
mismos; otra, cuando esta reducción es de más del 1% y pudiera interpretarse de más de
1% de nuestros ingresos tributarios y pudiera interpretarse que es hasta del 10% y una
tercera hipótesis de cuando los ingresos ya no tributarios, sino ordinarios del Gobierno
Federal, se desploman en más del 10%, en términos reales.
¿En dónde está esta falla del artículo
45?, se encuentra en que mezcla distintos conceptos; no es lo mismo ingresos tributarios
que ingresos ordinarios, porque hasta donde alcanzamos a ver, los ingresos ordinarios
suman los tributarios y los no tributarios. Porque entonces tenemos que advertir que la
respuesta del Ejecutivo y la exigencia, concretamente de la Cámara de Diputados, varía
según la proporción de la disminución de los ingresos. Porque cuando la disminución de
los ingresos tributarios es hasta del 1%, el artículo 45 dice que el Ejecutivo podrá
recurrir al financiamiento, es decir, al endeudamiento público, para cubrir el monto del
presupuesto, tal como está establecido en el decreto.
Cuando la disminución es superior al 1% de
los ingresos tributarios, dice el artículo 45 que el Ejecutivo podrá reducir los montos
aprobados en el presupuesto, pero establecer, para esta reducción o ajuste dos
condiciones.
La primera condición es que se deberán
tomar en cuenta las circunstancias económicas que priven en el país y que se escuche la
opinión de los órganos de gobierno, de las entidades y dependencias que van a ser
afectadas por la reducción.
Y el segundo requisito es que los ajustes,
las disminuciones al presupuesto, se realicen en forma selectiva y leo textualmente:
...sin afectar las metas sustanciales del gasto social Sin afectar las metas sustanciales
del gasto social, es probable, casi seguro que incluiría de entrada todo el gasto
destinado a educación, pero éste es un comentario aparte.
De acuerdo con esta hipótesis, si alguien
puede interpretar que el tercer supuesto es cuando los ingresos tributarios se excedan del
10%, entonces es cuando tiene alguna intervención la Cámara de Diputados, pero, ojo, el
artículo ya no dice "10% de los ingresos tributarios", sino, 10% de los
ingresos ordinarios", que sin duda es este porcentaje mucho muy superior al 10% de
los ingresos tributarios. Pero hasta entonces es cuando el Ejecutivo modifica el
presupuesto, tomando en cuenta para entonces a la Cámara del Congreso, que tiene como
facultad exclusiva la aprobación del presupuesto.
Y asómbrense ustedes, señores
legisladores, esta intervención del Congreso consiste en que, luego que el Ejecutivo
proceda de inmediato a adoptar las medidas que considere hubiera lugar y dará cuenta,
simplemente dará cuenta, informará, hará que se conozca, también de inmediato -dice el
texto del artículo 45-, a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Sin duda, así se hizo -dice la senadora
Laura Alicia Garza Galindo- y por eso digo que es inobjetable, a lo que nos queremos
referir es que este artículo 45 no puede subsistir en siguientes ejercicios fiscales
porque, no es una crítica malsana, sino una expresión de lo que aún se puede hacer en
esta relación nueva que de establecerse en un aspecto tan importante como es el gasto
público, entre el Ejecutivo que lo ejerce y el órgano del Congreso que lo examina, lo
discute y lo aprueba.
No es posible que cuando los ingresos se
desplomen, quizá entre un 15%, 20% o más; sea cuando la Cámara de Diputados, a través
de su Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tome nota solamente de lo
que el Ejecutivo tuvo a bien de modificar o de ajustar el presupuesto.
Parece, pues, que es un artículo, el 45%,
que no refleja el cambio sustancial que a partir de septiembre del año pasado ha tenido
en una de las cámaras del Congreso, como es la de Diputados.
Y, señor Presidente, considerando la
oportunidad del planteamiento en el que estamos de acuerdo, formulado por el diputado
Jesús Martín del Campo, creímos conveniente, legítimo, aprovechar esta oportunidad
para hacer la reflexión que me he permitido formular.
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| La diputada Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
A mí me parece suficientemente válida la
preocupación de mis compañeros legisladores, diputados y senadores, sobre ajustes
presupuestales, que fue menester realizar en función de la caída de los precios del
petróleo, y me parece muy válida la preocupación de que más allá del gasto de
infraestructura se tenga que tocar o hacer ajustes en gasto social.
Si decirle al compañero senador García
Villa, que además tiene experiencia como diputado que fue y enterado de las materias
presupuestales, hacendarías y económicas, bueno, en principio no sé, no se ajusta a lo
sucedido totalmente, no se da el supuesto que él comenta relativo al 45 del decreto de
Egresos de la Federación y que si se cumplió estrictamente con todos los considerandos
de atención de las autoridades hacia la Comisión de Programación y Presupuesto, hacia
la Cámara de Diputados, entraña el decreto correspondiente.
Pero que sin duda estamos en una nueva
etapa mucho más compleja y que tendremos que discutir ampliamente muchas de las
cuestiones de la Ley de Ingresos, de la Ley de Coordinación Fiscal y de Presupuesto, de
Egresos, y que en su momento a mí me parecería válido e interesante, que tuviésemos
conversaciones, no obstante que el presupuesto como bien lo señalaba el senador García
Villa, es materia exclusiva de la Cámara de Diputados, sería muy enriquecedor que
conversáramos al respecto.
En lo que si no nos podemos llamar a
engaño, cuando menos aquí en la Cámara de Diputados, cosa de la cual el senador no
tiene por qué estar enterado, es de que el Presupuesto de Egresos se ajustó a 15.50 de
dólar, fue el precio que se tomó, dada la importancia de los ingresos tributarios
petroleros, fue el precio que se tomó para hacer el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
Yo recuerdo muy bien que en este mismo
salón, en octubre, a finales de octubre del año pasado, en una reunión con el
presidente del sistema de administración tributaria, Tomás Ruiz, él nos señalaba que
estaba bajando el precio del petróleo.
Señaló esto con toda claridad, diciendo
incluso que la semana anterior había bajado un dólar. En un principio el presupuesto se
había calculado en 16.70 de dólar, al observar la tendencia que se estaba manifestando,
se tomó la decisión de que el presupuesto se ajustara a 15.50 en lo que correspondía a
ingresos tributarios petroleros y manifestó con toda claridad que había una tendencia
hacia la baja, pero el presupuesto se hizo en ese sentido a 15.50.
Acordémonos que es en diciembre cuando
viene el problema de la crisis asiática, que baja más aceleradamente el precio del
petróleo, que la OPEP se manifiesta por incrementar su plataforma y que por supuesto se
acelera la problemática con Irak.
Además de un invierno más benigno que
hace que se incrementen los inventarios en materia petrolera. pero bueno, como ya no hay
mucha atención al respecto, voy a comentar más de cerca las cuestiones, los ajustes
estrictos presupuestales.
Primero creo que valdría la pena recordar
que a solicitud de esta Comisión Permanente vendrá el próximo viernes el Secretario de
Hacienda, a dar cuenta a la Cámara de los ajustes presupuestales. A mí me hubiera
encantado que este tema se hubiera abordado entonces. Pero dada la preocupación, bueno,
pues es buen momento.
Pero yo quisiera que hiciéramos cuentas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación como se presentó aquí en la Cámara de
Diputados, era de 871 mil millones de pesos. Recordemos cómo se le restó al Presupuesto
5 mil millones de pesos de recorte para sustentar baja en ingresos, como fueron el IMPAQ y
algunas otras cuestiones que incluso están señalados en los artículos transitorios.
Después se recortaron otros 2 mil 840
millones de pesos directo al presupuesto del ramo 23 del IFE, pues no me acuerdo, de una
serie de partidas y se dijo que el gobierno lo recortara de donde quisiera. Así quedó
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para darle sustento al ramo 33
y ahora se vienen a sumar los 15 mil 273 millones de pesos por la baja del petróleo y no
porque el Gobierno sea omiso en esta situación. Nos encontramos ante una situación en la
que es preferible actuar a tiempo y no dejar que las cuestiones corran. Yo prefiero que se
hagan ahorita las determinaciones y buscar participar en dónde se debe de ajustar el
gasto y no dejar que corran concursos, que corran licitaciones o que después incluso
tengamos que parar obras, que creo que sería bastante más costoso.
Creo que el silencio al que se refería el
senador García Villa, ha sido porque sea una parte fundamental de la normatividad en la
materia, que es la de hacer propuestas a todas las dependencias y entidades federales para
que también opinen y también hemos opinado nosotros. Los compañeros del Partido
Revolucionario Institucional hemos estado muy cercanos exigiendo que los recortes se hagan
en aquellos lugares presupuestales que lesionen menos tanto al crecimiento económico en
gasto de infraestructura, porque después nos va a repercutir en tasas de crecimiento como
en gasto social.
Tenemos entonces en realidad, con los
recortes que se hicieron en diciembre, previos a la aprobación del decreto, un gasto de
23 mil 113 millones de pesos, ya aunado a los ajustes necesarios por la baja del precio
del petróleo.
Si nosotros a esto le quitamos el servicio
de la deuda, le quitamos las participaciones, las obligaciones del IMSS, del ISSSTE y la
nómina de todos los empleados de la Federación, que obviamente es un gasto intocable,
irreductible, ya comprometido, nos quedan 271 mil millones de pesos en gasto programable.
Y sobre ellos se hicieron, tanto las
reducciones de diciembre, como éstas actuales, provocadas por la caída del precio del
petróleo.
¿Quiénes han sido los más sacrificados,
los sectores más sacrificados? Obviamente los que han tenido más presupuesto.
No obstante que el ramo de educación o los
ramos de educación aglutinan una parte considerable del gasto programable, fueron de los
que menos se tocaron y ahorita me voy a referir; pero los más sacrificados en este
recorte actual, fueron: Pemex, CFE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Pero tampoco se les podía recortar a ellos
los 15 mil 273 millones de pesos. Consideramos que esto no hubiera sido lo más atinado y
así se hizo saber en su momento.
Nosotros consideramos que el gasto de
inversión, obviamente además de incidir en la tasa de crecimiento y en las generación
de empleo, es un factor de equilibrio en un país cada vez más grande, cada vez más
complejo, con cada vez mayores exigencias y con un Estado en proporción, cada vez más
pequeño y también con un sector privado que tiende a crecer y obviamente también a ser
más demandante y más exigente.
El gasto, este ajuste del gasto, debió de
repartirse en todos los sectores y se ajustaron y se tuvo especial cuidado en estar viendo
a qué programas era menos lesivo tanto en materia de gasto social como en materia de
crecimiento económico hacer las reducciones.
Hay sin duda crecimiento en los sectores
sociales, hay un crecimiento real del gasto.
En educación se recortó lo menos posible,
manteniendo programas y pagos sustantivos, y esto me interesa mucho reiterárselo e
insistírselo a mi compañero Martín del Campo, que yo sé que él además de ser un
legislador experimentado, es maestro y entiendo perfectamente su preocupación.
En el presupuesto original, antes de hacer
todos estos recortes que ascienden hoy a más de 23 mil millones de pesos, de cada peso,
56 centavos se destinaban al gasto social. Hoy, no obstante todos estos recortes y
obviamente derivado del mayor impacto en el gasto para infraestructura económica o de
inversión económica, de cada pesos 58 centavos se destinan al gasto social.
Si el gasto social es más de la mitad del
presupuesto del gasto programable, era imposible no tocar el gasto social. Pero quiero
insistir que había que cuidar dónde, en dónde fuera menos lesivo.
No se tocaron los sueldos de los maestros;
no se alteran las metas de educandos en todos los niveles.
Nosotros consideramos que especialmente el
gasto en educación es un gasto que debe de ser prácticamente intocable.
No se afecta ni el ramo 25:
"aportaciones para educación básica y normal" ni el 33 en lo que toca a
"educación" ni el ajuste lesiona todo el contexto del gasto que busca
fortalecer el federalismo nacional.
El ajuste en materia educativa se aplicó
estrictamente en el ramo 11, en el ramo de "educación básica".
Yo no quisiera, ya se me va a acabar el
tiempo, abundar en exceso. Tengo información suficiente porque nos preocupamos en el
partido por estar al pendiente de cómo y dónde se estaban haciendo estos ajustes, pero
por poner un ejemplo, quiero comentarle a mis compañeros que por ejemplo en educación
media y superior, en donde el presupuesto asignado era de 37 mil 990 millones de pesos
incluyendo el paquete salarial, con los que se cubrían los gastos operativos y de
inversión de los niveles de media superior, superior y posgrado en la UNAM, UAM,
universidades de provincia y colegios de bachilleres, entre otros, estos recursos se
incrementaban 10.8% real con respecto a 1997.
De esos 37 mil 990 millones de pesos, se
hizo una disminución de 350 millones de pesos, ¿sí?
¿En dónde se aplican estos 350 millones
de pesos? Por ejemplo en la UNAM en el programa UNAM-VIT, que obliga a diferir la
construcción y equipamiento de laboratorios y talleres para investigación. Además se
reduce el renglón de servicios personales y eso no quiere decir que se reduzcan plazas,
sino que las plazas que están desocupadas se difiera su ocupación para el momento en que
se pueda retroalimentar con ese gasto y se modere el ritmo de crecimiento del programa de
estímulos al personal docente.
Por ejemplo en el "Poli", se deja
de atender el equipamiento de los museos Tezozómoc y Zacatenco, así como la biblioteca
de Ciencia y Tecnología.
O sea que sólo se buscó hacer los
recortes en aquellos programas que no incidieran ni en el proceso educativo, desde la
primaria, la educación básica, hasta la educación superior, sino en aquellas cosas que
podían diferirse. Estamos ante un problema real y reales son las soluciones.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Lo que vino a decir aquí mi querida amiga
Alicia...
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Laura Alicia.
| El diputado
Armando López Romero: |
Perdón, Laura Alicia... obviamente
nos refleja, una vez más, el gran problema en la prioridad de la educación. ¡Centavo
que se reduzca a cualquier renglón en la educación impacta, se proyecta, más allá de
esto!
Yo me preguntaría: ¿por qué no se reduce
en el gasto de las fuerzas armadas? ¿Por qué no comprar menos armas e invertir más en
educación?
Y les voy a poner un ejemplo: se nos
informa que la reducción va a afectar a cuatro renglones. Mi querida amiga, decías
"que no eran o que se buscó los que menos impactos tuvieran". Bien. Y resulta
que el que preponderantemente se va a afectar, que es muy curioso, es precisamente el
programa de becas, lo anuncia la Secretaría de Educación Pública.
Quiero decirle a todos ustedes que el
impacto es terriblemente grave, porque a través de este programa de becas... el programa
de becas le permite, le permite a la mayor parte de la ciudadanía, en este país,
asistir...
Diputado López: ¿acepta usted una
interpelación que le quiere hacer la diputada Laura Alicia Garza Galindo?
| El diputado
Armando López Romero: |
¡Claro! ¡Con mucho gusto!
Adelante. Un micrófono, por favor.
Puede usted proceder al desahogo de su
interpelación.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
Señor diputado.
| El diputado
Armando López Romero: |
Mi querida amiga.
| La diputada
Laura Alicia Garza Galindo (desde su curul): |
¿Sería usted tan generoso en
decirme cuál programa de becas?
| El diputado
Armando López Romero: |
Sí, cómo no.
Este programa es el que establece tanto el
programa de Progresa como el programa de asistencia a las becas en primaria.
Y quiero decirle, mí querida compañera,
que afecta precisamente a cerca del 56% de la población infantil y si es o no es
prioritario y si eso no afecta, yo me preguntaría: ¿entonces qué es lo que es
prioritario en la educación?
Y le voy a decir también otra cosa, mi
querida amiga: afecta a educación a distancia. Usted sabe lo que significa este renglón.
Bien. La educación a distancia afecta directamente a lo que son las poblaciones rurales
indígenas en este país. Entonces tampoco es prioritario. ¡Hay que comprar más armas y
educar menos a nuestra población!
Y por otro dice: "que en menos escala
o en menor cantidad al programa del CAPFCE". Primero no especifican qué es menor
cantidad, pero es increíble que se afecta a un programa que sostiene fundamentalmente la
infraestructura escolar, es decir, todo lo que son las escuelas.
Y si en este país nos preguntamos: ¿si
necesitamos o no escuelas, si necesitamos o no recuperar escuelas? Es increíble, pues,
que estemos planteando que se le reduzca lo menos posible al gasto social y principalmente
a educación, en donde supuestamente se le afecten los programas menos importantes.
Repito, centavo que se le quite a educación es no un centavo, son miles de pesos en el
efecto que tiene y yo creo que debemos de dejar de simular y dar explicaciones del porqué
la educación en este país interesa muy poco en el programa económico y debemos de
preguntarnos si nos interesa más llenar de armas este país, en lugar de llenar más
aulas, porque lo que trabaja por la educación trabaja por la paz.
Me voy a permitir leer, citar, dice:
"a lo largo de nuestra historia la educación ha sido el medio más importante de la
superación individual y de justicia social. Por décadas el esfuerzo constante de
maestros, padres de familia y autoridades, hizo que la educación llegara a muchos; es
tiempo que llegue a todos, es tiempo de que avancemos decididamente en su calidad. Por eso
la educación será una prioridad indiscutible de mi gobierno", 1o. de septiembre de
1994, palabras del presidente Ernesto Zedillo.
Otra cita: "compartimos la firme
determinación de emprender una gran cruzada para que todos los mexicanos tengan acceso a
una educación pertinente y moderna, útil y formativa, humanista y universal. Por eso hoy
ratifico que un objetivo central de mi gobierno y con seguridad del Plan Nacional de
Desarrollo, será fortalecer el carácter prioritario de la educación en el gasto
público y en los programas gubernamentales" 27 de abril de 1995; palabras del
presidente Zedillo.
Pregunto: ¿ésta es la respuesta que da a
este compromiso el señor Presidente? ¿Esta es la posición de prioridad de la educación
para el señor Presidente?
Una vez más, miren, dejémonos de estar
tratando de explicarnos, de dar razones, el porqué se reduce el gasto de educación.
Repito: ¿por qué no quitamos ese gasto a la compra de armas en este país? ¿Por qué no
quitamos o reducimos? ¿Será porque realmente este país prefiere invertir en fuerzas de
represión para asegurarse, que educar a su pueblo? ¿O desaparecer a la mejor también la
educación, les interesa mucho más a la mejor, mi querido paisano? Y eso sí sería
grave.
¡No! Digo, todos aquí, por lo menos los
que venimos de la educación pública, yo creo que tenemos una obligación. No vengamos
aquí, pues, a tratar de explicarnos el porqué se escogió a la educación para
reducirlo. ¡Entrémosle! ¡Discutámosle!, pero ¿saben qué?, ni un centavo menos a
educación. ¡No se puede reducir!
Y yo les digo una cosa. Miren, en el
Programa 1995-2000 del señor Presidente, el famoso Programa Nacional de Educación,
establecía metas de crecimiento en la inversión en el PIB. Hoy, como lo decía mi
querido compañero Jesús Martín del Campo, estamos a la altura de hace 16 años; es
decir, que las metas en educación de este Programa de 1995-2000, simplemente fue un
sueño guajiro y que obviamente no se va a cumplir. Entonces, ¿a dónde estamos
conduciendo a este país?
Es increíble que hoy discutamos
situaciones de paz en Chiapas, que discutamos problemas de violencia en nuestro país,
cuando obviamente, y repito, no creo que haya uno de ustedes que no esté conmigo, la base
fundamental del desarrollo de un país es la educación. ¡No deberíamos permitir no nada
más el aumento que se aprobó, que obviamente no significó nada, llegamos al 3.8 del
PIB, recordemos por ejemplo que en el caso de Costa Rica se invierte más del 4.9% del PIB
y países como Argentina y Brasil están por arriba de nosotros, estamos hablando de
países en nuestras mismas condiciones! Entonces ¿qué vamos a hacer, qué vamos a
esperar? ¿Vamos a esperar que este país siga explotando el petróleo o a lo mejor
encontremos otra fuente de ingresos y sigamos sacrificando a la educación? No hay ningún
fundamento ni ninguna razón para disminuir un centavo en educación.
Yo quisiera saber, y repito, si alguno de
nosotros está dispuesto a empezar a cerrar escuelas, porque a lo mejor, como dice mi
querido paisano, lo más importante será desaparecer otras cosas, la desaparición de un
aula, de un pupitre, porque muchos de nosotros hemos recorrido este país y hemos visto
escuelas totalmente destruidas, hemos recorrido este país y hemos encontrado en el suelo
a niños estudiando y más grave aún, los índices que tenemos, de cada 100 niños que
entran a primaria sólo dos terminan hasta la superior, tenemos un alto índice de
mexicanos, niños y jóvenes, que están fuera de la protección que da nuestra
Constitución.
¿Queremos aumentar esto? ¿Queremos seguir
arriesgando este país y decir que hay otros renglones que podemos seguir afectando?
Porque miren, el hablar que se afecta, como oíamos ahí el programa para el
"Poli", ¿saben lo que significa un museo de la ciencia en este país? ¿Saben
lo que significa? Significa uno de los focos de mayor atracción para la formación e
interés en la ciencia y la tecnología. Los de antes y los de ahora siguen teniendo la
misma importancia, no está en el debate esa importancia, el debate es precisamente darles
mayor importancia, no podemos seguir sacrificando esto.
Es increíble, repito, que estemos
debatiendo qué tiene de efecto lo que se le quita a educación, si no son programas
prioritarios. No, no, no; no nos hagamos tontos, la educación es prioritaria y no podemos
quitarle un quinto más, no podemos quitarles un quinto más, no vamos a llegar al México
del Siglo XXI con un México de hace 20 años, ¿ése es el interés que presenta el
Presidente y todo el equipo económico de la educación? ¿No se contradice el mismo
Presidente de sus discursos? ¿Dónde está su palabra comprometida con la educación?
Aquí está, aquí mero y miren no hay razón, a mí no me parece, y estoy seguro que al
pueblo de México no lo van a convencer, de que se le está quitando en los renglones el
menor impacto. No, no, no; centavo que le quitemos a la educación estamos quitando
precisamente la vida a este país.
Que no se contradiga el Presidente, que el
Presidente asuma su responsabilidad, exijamos que no se le quite un centavo a la
educación, que busque otros renglones, quitémosle a otros proyectos.
Yo no sé si los equipos económicos tan
ilustres que tiene el señor Presidente lo hayan podido detectar. ¿A cuáles?, es
increíble pensar a todos éstos con maestría y doctorado que tiene el Presidente en su
equipo, y muchos otros, es increíble que no tengan la luz los señores y digan: "lo
único que le podemos quitar es a la educación", es increíble.
Yo creo que el señor Presidente entonces
pues dé un poco más, salga más a la calle y no nomás vaya a los discursos que hace en
sus visitas a los estados y ojalá y pudiera ir de incógnito a una de estas escuelas,
para que vea lo que posiblemente le produciría. Yo no sé si cuando fue Secretario de
Educación tuvo esa capacidad, yo no sé si la responsabilidad que tuvo cuando fue
Secretario de Educación es ahora esta respuesta, ¿esto es lo que está enseñando, que
pasó por la SEP y lo que menos le importó fue precisamente la educación?
Yo realmente convoco, no nomás a este
Poder Legislativo, sino al Ejecutivo y a toda la sociedad, a que realmente digamos no a la
rebaja de un quinto o de un centavo a educación.
Y señor Presidente, desde aquí le diría:
sea congruente con sus palabras, no nos venga a decir en sus informes de cada septiempre
que la educación es prioritaria para su país y unos meses después nos demuestra lo
contrario.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra la diputada Laura Alicia Garza Galindo, hasta por cinco minutos.
| La diputada Laura Alicia Garza Galindo: |
Con su permiso, señor Presidente;
honorable Asamblea:
Por supuesto que es muy cómodo venir aquí
a convertirse en el adalid de la educación. La educación, compañero, es un problema que
efectivamente nos preocupa a todos y nos atañe a todos, no en balde aquí, prácticamente
todos y si no, el que no que lo señale, nos hemos formado en la educación prácticamente
gratuita de México.
Y creo que es doloso y no se vale, decir
que no hay un compromiso del Presidente de México con la educación; no en balde una
cuarta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación es para educación, no obstante
que este país tiene requerimientos muy altos en muchísimas materias; creo que es doloso.
Sería importante que bastante más allá
de las mentes brillantes que a su juicio no logran encontrar en dónde es mejor, pudiese
usted, el próximo viernes, hacerle sugerencias al Secretario de Hacienda, que por acá
estará y que estoy segura serán tan brillantes que serán tomadas en consideración.
A la mejor valdría la pena decirle al
Secretario de Hacienda, que el presupuesto del Legislativo no se tocó y que se podría
tocar... a la mejor, ¿por qué no?.. También si resuelven ustedes el problema de
Chiapas. Ya resuélvanlo.
Gracias.
Con fundamento en el artículo 106 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21
fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior, se turna a las comisiones unidas
de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, la solicitud
planteada por el diputado Jesús Martín del Campo.
ESTADO
DE VERACRUZ
Para referirse a la situación
derivada de la requisa en el puerto de Veracruz, tiene la palabra la diputada Socorro
Aubry Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta
por 15 minutos.
| La diputada
María del Socorro Aubry Orozco: |
Con el permiso de la Presidencia;
honorable Asamblea:
Me permito distraer su atención para
abordar un asunto que por su naturaleza e implicaciones afecta profundamente la vida de
miles de familias veracruzanas, víctimas de una injusticia cometida al amparo de la
supuesta política de modernización.
Me refiero al conflicto que viven los ex
trabajadores de Servicios Portuarios de Veracruz, a quienes desde 1991 se les privó
injustamente no sólo de su fuente de trabajo, sino también de su patrimonio colectivo,
sindical y accionario y que como dolorosa secuencia ha sido la causa del suicidio de
varios de estos ex trabajadores.
Conviene recordar, que con fecha 30 de mayo
de 1991, el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, por conducto
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular era Andrés Caso Lombardo,
ordenó la requisa de los servicios portuarios, los de maniobra y todos los bienes que
utilizaba para su operación el puerto de Veracruz, con fundamento en lo previsto en la
fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y el 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, según se desprende de la
publicación de la orden de requisa en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1o. de
junio del mismo 1991.
Esta requisa tuvo como propósito real
despojar a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz del control de puerto, y de la cual
sus trabajadores poseían el 75% de sus acciones y que a pesar de ello, en el momento de
la requisa no recibieron ninguna indemnización por concepto de su calidad de accionistas.
La requisa afectó con la privatización de
su fuente de trabajo y de su patrimonio, a todos los integrantes de la Unión de
Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz y del Sindicato de Maniobristas,
Carretilleros y Cargadores, Abridores y Conexos de la zona marítima y comercial del
puerto, quienes solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus
respectivos pagos a título de indemnización, por ser propietarios, de algunos miembros
de las empresas requisadas y por concepto de daños y perjuicios.
Ante la ausencia de respuestas a estas
solicitudes, los trabajadores afectados por la requisa demandaron por la vía civil, con
fecha 5 de julio de 1995, el pago y cumplimiento de las prestaciones que les
correspondían por ley, instaurándose el expediente 79/95 en el Juzgado Primero de
Distrito en Materia Civil, que resolvió en contra sus solicitudes alegando la falta de
facultades legales de representación de los solicitantes.
El fondo del problema, más allá de
formalidades jurídicas, radica en el uso y el abuso que las autoridades han hecho
tradicionalmente de la figura jurídica de la requisa, para violar los derechos de los
trabajadores.
Según el mencionado artículo 112 de la
Ley de Vías Generales de Comunicación, la requisa sólo procede y puede aplicarse bajo
los siguientes supuestos: "...en caso de guerra internacional de grave alteración
del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del
país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisa en
caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía del país, de las vías
generales de comunicación, de los medios de transporte, de servicios auxiliares,
accesorios o dependencias, bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos como lo juzgue
conveniente.
El Gobierno podrá igualmente utilizar el
personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate. En este caso la nación
indemnizará a los afectados, pagando los daños por su valor real y los perjuicios con el
50% de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los
montos se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios tomando como
base el promedio del ingreso neto en los años anteriores y posterior de la
incautación". Hasta aquí la cita del artículo 112 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación.
Es evidente que la requisa de Servicios
Portuarios de Veracruz la hizo el Gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari, de manera total y absolutamente inconstitucional, ya que no se acreditó ni se
comprobó ninguno de los supuestos jurídicos que justifican la requisa.
En realidad la requisa del puerto de
Veracruz se hizo para facilitar la privatización de los servicios portuarios,
entregándolos al capital privado. No importó para ello la privación de la fuente de
trabajo de los obreros veracruzanos, que hasta la fecha ven violados sus derechos
laborales, no obstante que en el decreto de requisa se ordena respetar íntegramente, como
lo dispone la ley, los derechos de los trabajadores.
Toda vez que la requisa practicada en el
puerto de Veracruz en 1991 se encuentra viciada de nulidad absoluta, dicho acto es
legalmente imprescriptible, razón por la cual los ex trabajadores del puerto de Veracruz
han presentado demanda por la vía administrativa, solicitando la nulidad del acto en
mención, demanda y solicitud que el Partido de la Revolución Democrática apoya
totalmente.
El PRD ha sostenido como uno de sus
planteamientos programáticos, su oposición a la aplicación abusiva de la figura legal
de la requisa, como instrumento que se emplea para burlar los derechos de los trabajadores
cuya actividad se vincula con las vías generales de comunicación.
Asimismo, ha plantado su oposición a las
irregularidades y fraudes con que se han realizado en México los procesos de
privatización.
En congruencia con estos principios y en
defensa de los derechos burlados y escarnecidos de los ex trabajadores del puerto de
Veracruz, en mi calidad de legisladora representante de esa entidad de la República es
que hago esta denuncia y propongo esta excitativa.
En virtud de lo anterior y para reivindicar
los derechos de los ex trabajadores del puerto de Veracruz, con ánimo de reparar las
injusticias que he denunciado, me permito proponer a la Presidencia de esta Comisión
Permanente, con fundamento en los artículos 79 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turne una formal
excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados,
para que presente su dictamen respecto al problema que los ex trabajadores del puerto de
Veracruz sometieron a su consideración, con la aprobación de esta Comisión Permanente,
con fecha 30 de septiembre de 1992 y para que se actualice el seguimiento de este asunto
pendiente, rindiendo su informe en el plazo reglamentario.
Es cuanto.
Para rectificar hechos, tiene la
palabra el senador Dionisio Pérez Jácome.
| El senador
Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados y senadores miembros de esta Comisión Permanente:
El anuncio de la presentación de este tema
en tribuna de este órgano colegiado, nos fue hecho desde la semana pasada, estaba
incluido en una agenda tentativa que muchos de ustedes recordarán. El hecho de que no se
haya presentado formalmente obedeció a dos razones. Por una parte lo abundante de la
agenda prevista para esa ocasión, pero en segundo lugar también, para darnos la
oportunidad de recibir a una comisión de peticionarios, de trabajadores de la zona
portuaria de Veracruz y poder también programar una reunión con funcionarios competentes
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos pudieran ilustrar sobre el tema
y sobre la posición que el Gobierno Federal ha sustentado.
De común acuerdo, la diputada Aubry y su
servidor asistimos a una reunión e inclusive se prolongó algún tiempo después de que
tuviese que retirarme, pero sé que fue en todo momento cordial y productiva, entre un
número aproximadamente de 20 trabajadores del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y
Abridores de Veracruz y de la Unión de Estibadores y Jornaleros también, ex trabajadores
de esas agrupaciones con don Pedro Pablo Zepeda, que es coordinador general de puertos, de
la Secretaría de Comunicaciones y el licenciado Hugo Cruz, director general del área
competente de esa coordinación.
En dicha reunión conocimos o recordamos
algunos detalles de este problema, que efectivamente se suscitó desde el año de 1991.
He tenido la oportunidad, por mi vecindad
con Veracruz y por haber precisamente desempeñado funciones laborales por muchos años,
muy cerca de la Unión de Estibadores, del Sindicato de Maniobristas, en esa época eran
diversas agrupaciones que posteriormente se fusionaron en la que ahora ostenta tal
representación y conocemos los distintos pasos, las instancias que se han seguido en las
reclamaciones consecuentes al proceso de requisa.
Procuramos encontrar puntos de avenimiento.
Nos ofreció la Secretaría de Comunicaciones acompañarnos a alguna reunión con los
representantes de los trabajadores en Veracruz, que se tendría que realizar después de
esta semana, esta, es decir, dentro de dos días se inicia, es la semana de Carnaval y en
Carnaval en Veracruz ni las gallinas ponen.
Quedamos en que nos veríamos en Veracruz
aproximadamente en 10 días, pero en fin, el asunto se ha anticipado, se ha presentado ya
en esta tribuna y eso nos obliga a hacer algunos planteamientos sobre el mismo.
En primer lugar, deseamos presentar con
toda firmeza nuestra posición.
Queremos que la solución a la que se
llegue, que la resolución que se adopte sea la más justa, que favorezca, en efecto, a
los trabajadores que tuvieran derecho, que hubieran sufrido demérito, deterioro, daño
por la situación ya descrita por mi querida compañera Socorro, pero también que la
decisión que se adopte no entorpezca el extraordinario avance que se ha logrado en la
eficiencia portuaria de Veracruz en los últimos años, para beneficio no sólo de sus
trabajadores, el 95% de los cuales sigue laborando en los muelles, sino de muchos otros
que se han incluido como beneficiarios de este desarrollo, de esta eficiencia, de este
incremento tan notable de más del 100% en las operaciones del primer puerto de la
República.
Por los documentos que se nos hicieron
llegar, y algunos que gentilmente la propia diputada Aubry me acaba de pasar hace unos
minutos, estamos informados de que los trabajadores han escogido dentro de diversas
alternativas, legales o jurídicas que pudieran adoptar, la vía de plantear, a partir del
13 de enero pasado, esa fecha lleva su reclamación, una instancia de naturaleza
administrativa, a través de una reclamación o demanda de nulidad en término de lo
dispuesto por los artículos 19, 26 y 35, relativos de la Ley Federal del Procedimiento
Administrativo.
Esa reclamación obviamente se encuentra
pendiente de ser resuelta, dentro de los términos legales a que está constreñida la
autoridad, por el Poder Ejecutivo Federal, por la Secretaría y por la Presidencia de la
República.
Naturalmente, si la resolución fuese
desfavorable, existen también en el marco jurídico vi gente e inclusive por la vía de
amparo, la posibilidad de los trabajadores de obtener, del Poder Judicial Federal, la
rectificación a una decisión que pudiera serles perjudicial.
Lo que entiendo pues, es que es un asunto
sub judice en todo el sentido que esa palabra tiene, planteado apenas hace un mes o un mes
y día ante una instancia competente para conocerlo y en el que naturalmente los derechos
de los trabajadores no se verían agotados en el caso de que la resolución no
correspondiera a sus planteamientos justos o desacertados.
Estimo prudente lo que la diputada Aubry
propone también, de que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que no es una
comi sión de dictamen, que no es una comisión de dictamen legislativo y por tanto, que
no culmina la función que se le encomienda con la presentación de un documento de tal
naturaleza, pero comisión que ha conocido ya con anterioridad esta materia. Yo recuerdo
que en la legislatura anterior, en que fui diputado federal, en 1996 se hizo un
planteamiento que, inclusive, condujo a algunas actuaciones de parte de esa comisión.
Creo que es oportuno, en efecto, que se
turne la propuesta que ha hecho Socorro a esa comisión, para que tome conocimiento de la
misma y actúe dentro de los términos que como legisladores podemos hacerlo.
No es la Comisión Permanente tribunal de
alzada, no es inclusive el Congreso de la Unión el que pueda resolver una controversia
judicial de esta naturaleza, pero evidentemente el interés ciudadano y nuestro papel de
representantes ante un problema tan seriamente planteado como es éste, nos debe hacer,
nos hace factible el compenetrarlos, el participar y en su caso el poder aportar
soluciones al respecto.
Agradecería a la Presidencia tenga por
expuesta la posición de mi partido a este respecto y naturalmente estaremos atentos, en
mi caso, desde el Senado de la República, a las resoluciones que pudieran pronunciarse,
darse en este tema y a su vez las gestiones y resultados que pudiera obtener la Comisión
de la Cámara de Diputados, cuya actuación ha sido invocada.
Muchas gracias, señor Presidente.
De conformidad con el artículo 21
fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se formula la
excitativa correspondiente a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la
Cámara de Diputados.
ESTADO
DE CHIAPAS
Para referirse a la situación de los
extranjeros en el Estado de Chiapas, tiene la palabra hasta por 15 minutos, el diputado
Eduardo Bernal Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
| El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez: |
Con su venia, señor Presidente;
honorable Comisión Permanente:
La polémica que se ha dado en los últimos
días en torno de la presencia en México de organismos no gubernamentales internacionales
y derechos humanos, vinculados a actividades políticas, si bien se encuentran limitados
en su actuación por los señalamientos que la Constitución establece para la actuación
de extranjeros en nuestro país, no resta de manera alguna la preocupación de distintos
sectores de la sociedad, en torno a una realidad cada vez más recia y patente.
Desde hace algunos años la cifra nos lo
señala, de 1994 a la fecha han ingresado más de 4 mil extranjeros a Chiapas, de los
cuales muchos tienen citatorios para presentarse ante la autoridad migratoria, otros han
sido expulsados conforme al artículo 33 constitucional.
La pregunta que se hace la sociedad es:
¿quién los promueve? ¿A quiénes informan? ¿A quién sirven? ¿Quiénes los subsidian?
Si bien es cierto algunas de estas organizaciones han sido positivas y su labor loable,
otras han sido de intromisión directa en la política interna del país.
Por lo anterior, en el marco de los
últimos acontecimientos en el sureste de nuestro país, cabe hacer algunas precisiones:
1. Es importante señalar que la situación
que se vive en el Estado de Chiapas es motivo de un profundo análisis y merece especial
atención, es de reconocer que la solución a la cadena de conflictos que se vive en esa
entidad, solamente será resuelta con la colaboración y disposición de todos los
factores involucrados.
La encomiable labor que realizan las
diferentes instancias en la búsqueda de una solución pacífica y concertada, que logre
hacer patentes los ideales de dignidad y justicia, debe ser ampliamente reconocida, así
como fortalecida a través de la apertura de diferentes canales de diálogo, dirigidos al
cumplimiento de los objetivos antes señalados.
Es nuestra obligación ser pieza
fundamental en la deliberación y resolución de los ya conocidos conflictos. No podemos
permanecer pasivos ni mucho menos desconocer la realidad que prive y que vulnera las
prerrogativas de nuestros hermanos chiapanecos.
Sin embargo, no podemos permitir que
agentes externos, no solamente a los problemas, sino a las condiciones que rodean dicho
conflicto, pretendan influir en el rumbo que ha de tomar el diálogo, la negociación, el
consenso o bien la solución y mucho menos que un integrante de la Conai, Miguel Alvarez,
pida articulado el movimiento internacional que apoye al proceso de transición en México
y más aún que señale que el Gobierno entorpece el proceso de paz, cuando es el EZLN
quien señala el "todo o el nada", pero lo más grave que su esperanza en la paz
de Chiapas, depende de un nuevo tipo de intervención internacional, violando plenamente
con su señalamiento el artículo 9o. constitucional.
Nosotros estamos convencidos que ningún
país ni extranjero debe intervenir por ningún motivo y en ninguna forma en los asuntos
interiores de otros, como lo establecen casi todas las constituciones del mundo: la
española, la italiana y las de la nacionalidad que hoy nos visitan como observadores.
Deben someterse estrictamente esos observadores y sin excepción a las leyes que marcan en
nuestra Constitución.
No puede permitirse hacer de un ciudadano,
en calidad de extranjero, un título de protección y de privilegios. Que se entienda que
la diplomacia y el respeto a nuestros visitantes, no debe servir para la obtención de
intereses particulares o de grupos ni para poner al servicio de manos extranjeras la
fuerza de una nación ni mucho menos debe utilizarse para ejercer presión sobre un
Gobierno autónomo y soberano.
Es cierto que nuestro país no puede
permanecer aislado en la cuestión de la observancia internacional, está reglamentada;
pero México cuenta afortunadamente con instituciones adecuadas para analizar y resolver
sus problemas. Nadie niega que las ONG están en libertad de ejercer su derecho,
garantizada por acuerdos internacionales, pero con estricto apego a nuestra Constitución.
Ya México ha padecido en su vida política
la presión extraña y la cohesión al aceptar la injerencia extranjera en asuntos
internos. Es una práctica de migrantes que lastima la soberanía del país y la coloca en
el caso de que sus asuntos internos puedan ser calificados en cualquier sentido a la
conveniencia de otros gobiernos.
El Gobierno mexicano se ha caracterizado en
los últimos años en su lucha al respeto y protección de los derechos humanos, lo
demuestra el ser partícipe de la Convención Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales de los Derechos de Protección a las Mujeres y los Niños.
No obstante, el ejercicio de este derecho
no implica la posibilidad de que participen los extranjeros en asuntos que sólo competen
a los mexicanos. Ratificamos que los visitantes extranjeros son bienvenidos. Saludamos su
interés por México, pero deben ejercer su noble tarea con estricto respecto a nuestra
Constitución, a las leyes mexicanas y a las disposiciones migratorias correspondientes.
No calificaremos ni precipitadamente ni a
posteriori, el derecho de nuestros visitantes, pero sí cuidaremos sus actitudes, ya que
no permitiremos ninguna intervención extranjera para solucionar los conflictos de Chiapas
que afectan sólo a los mexicanos.
Veremos que sus observaciones sean
objetivas e imparciales, no hay nada que esconder en nuestro país. Pero que no sea esto
un pretexto como en otras épocas históricas, para intervenir en los asuntos internos de
nuestra patria.
Partimos del hecho y estamos de acuerdo de
que la desigualdad es causa y origen de la mayoría de las desavenencias; que la misma ha
generado injusticias y reconocemos que el mantenernos ajenos a las circunstancias que
rodean estos hechos, lo han agravado. Por tanto, debemos decir que sólo el reconocimiento
de estos grandes y profundos diseños para posiblemente alcanzar una solución negociada
pacífica y real, debe ser una función permanente entre los mexicanos.
Hemos sido capaces los mexicanos, de crear
diversas fórmulas de adecuación a las instituciones, ya sean jurídicas o políticas. El
momento histórico que hoy vivimos, nos exige lograr establecer mecanismos de compromiso
dentro de los diversos actores que se desarrollan en el aspecto político del conflicto
chiapaneco.
Hoy día, nadie puede cuestionar la
verticalidad y dinamismo de las instancias de intermediación, tales como la Cocopa y la
Conai. Sin duda, el papel que han desempeñado ambas, ha logrado generar un ambiente de
certidumbre y optimismo en el trabajo político cotidiano.
El Gobierno Federal ha dado muestras de su
indeclinable voluntad de lograr una solución política, pacífica y concertada a la
situación de Chiapas, así lo demuestra la decisión presidencial dada a conocer por el
doctor Ernesto Zedillo y refrendada por el Secretario de Gobernación, en el sentido de
honrar y cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, cuidando la integridad del
territorio nacional, la unidad del Estado mexicano y los derechos de todos los indígenas.
Eso denota, compañeros legisladores, voluntad política.
La postura del Gobierno de la República,
por siempre, ha sido de apertura y debe reconocerse la intención de realizar una salida
política que está cada vez más encaminada a dialogar e integrar las propuestas de sus
interlocutores, a un posible texto legal que ratifique lo expuesto en los ya citados
acuerdos de San Andrés.
La política del Gobierno no es del todo o
nada; es de consenso y respeto a las partes, porque ha sido el Gobierno de la República,
quien ha propuesto a los indígenas de Chiapas, que la negociación y el diálogo se
reanuden para que de esta forma se pueda continuar con los trabajos correspondientes en
sus mesas.
En este contexto de apertura, diálogo y
negociación, debemos ser conscientes que no es necesaria la presencia de agentes o
factores externos que no hacen más que generar confusión y desconfianza en el ánimo de
los actores y del propio pueblo mexicano a quien se pretende reivindicar.
En México, ha sido práctica común el
descalificar cualquier tipo de intervención ajena a nuestros intereses. Lo anterior nos
ha permitido llegar a acuerdos comunes y a compromisos cabales entre mexicanos. El
reconocimiento de otro tipo de instancias sería tanto como reconocer nuestra incapacidad
para resolver conflictos de competencia meramente interna.
México, desde sus orígenes, se ha
levantado usando sus propias fuerzas. No podemos olvidar los principios jurídicos y la
lucha de nuestros antepasados, de no intervención. Seguiremos promulgando la política
exterior mexicana en sus cuatro principios: el respeto a la libre determinación, la
independencia, la no intervención en los asuntos internos y la igualdad entre países.
México no cerrará sus puertas a los
observadores que quieran venir a conocer el grave problema que los mexicanos tenemos en
Chiapas o que quieran proporcionar ayuda humanitaria; pero la participación es facultad
exclusiva de los mexicanos.
Abrigamos la certidumbre que así lo
comprendan nuestros visitantes, con los cuales nos ligan afinidades morales e
intelectuales; les reiteramos nuestra mano amiga, pero como siempre, nuestra conducta
internacional se ajustará a dos normas fundamentales:
1o. No aceptar que nada vulnere nuestra
soberanía.
2o. Tampoco negar nuestro concurso a
cualquier esfuerzo que pueda servir efectivamente para la concordia y la paz de los
mexicanos.
Con ello queremos hacer referencia a que
cualquier postura que no provenga de alguno de los actores ya reconocidos con presencia y
personalidad en este proceso, nos pone frente al grave riesgo de sacar en un contexto su
intencionalidad y alcances y provocar desconcierto, así como correr el riesgo de
retroceder en lo que hasta hoy hemos logrado.
No caigamos ni en la xenofobia ni en el
chauvinismo, que son extremos netamente radicales. Se debe aceptar la observación por
parte de extranjeros, pero nunca su presión al Gobierno ni su manifestación en favor o
en contra de la actuación de alguna de las partes, pues estarían vulnerando el estado de
derecho y eso es causal suficiente conforme al artículo 33, para su expulsión.
El no otorgar validez a voces que provienen
del exterior, no obedece a caprichos, sino simplemente a obsequiarnos la oportunidad, como
mexicanos, de resolver los asuntos que son de nuestra total y exclusiva competencia, a
reconocer, finalmente, que somos capaces de responder a las inquietudes y necesidades del
pueblo mexicano y que además seremos capaces de generar expectativas que den certidumbre
a la propuesta política y seguridad en el destino de nuestra nación.
Debemos entender, en este momento, que
México transita por momentos difíciles. No creemos que con observadores internacionales
se solucione. Ya ha habido más de 4 mil y no ha servido de nada. Yo creo que la solución
depende de nosotros, de todos: Gobierno, partido, sociedad civil; sin dobles discursos ni
dobles interpretaciones.
Por último, ante el problema que se
suscitó con el aterrizaje de un helicóptero de Canal 13 de televisión, en la comunidad
de "La Realidad", donde se demuestra en imágenes la presencia de extranjeros,
no sólo como simples turistas u observadores, sino como dirigentes, organizadores y
activistas políticos, solicitamos que la autoridad correspondiente investigue el status
migratorio de los ahí presentes y el objetivo de su visita y exigimos que el Gobierno
mexicano no permita la injerencia de extranjeros que limiten la libertad de tránsito que
se consagra en el artículo 11 constitucional, a que tienen derecho únicamente los
mexicanos y sobre todo, nuestros medios de comunicación. No podemos seguir permitiendo
que personas y organizaciones políticas que piensan que debilitando y atacando a las
instituciones y solicitando intervención extranjera, puedan obtener beneficios. No se dan
cuenta de que con sus actitudes internas y externas, provocan únicamente el deterioro de
su propia patria.
México reconoce que está ante los ojos de
la comunidad internacional; pero más importante, está consciente de que tiene que
resolver sus conflictos, por el bien de su población y no simplemente por salvar su buena
imagen ante otras naciones.
Ya basta que se tenga con el conflicto de
Chiapas, como rehén al país. La política de "el todo o el nada", no conlleva
una solución del conflicto.
Es momento de que el Gobierno demuestre al
lado de su ya acreditada voluntad de conciliación, una inequívoca vocación de
liderazgo; tiene que hacerlo, lo respalda la ley, su legítimo mandato y la esperanza de
la mayoría de los mexicanos que busca la solución del problema de Chiapas y es su
esperanza de resolverlo.
Concluiría diciendo como mi amigo
Rodríguez Prats, con alguna mención. Decía López Mateos:
"La paz exige tanto heroísmo como la
guerra y la única forma de preservarla, es conquistándola todos cada día."
Gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
| El diputado Ricardo Cantú Garza: |
Con el permiso de la Presidencia;
compañeros legisladores:
A la presencia de extranjeros en México y
Chiapas no es importante señalar quién los invitó, sino a qué han venido. Para
nosotros no hay duda de que los sucesos de Acteal, Chiapas, conmocionaron no sólo a los
mexicanos, sino al mundo y una cualidad humana es sentir cualquier injusticia cometida
contra cualquiera, en cualquier parte del mundo y si no sólo se siente, sino además se
actúa para tratar de impedirlo, estamos hablando de seres humanos comprometidos con las
mejores causas de la humanidad.
El que haya organizaciones no
gubernamentales, parlamentarios de otros países, preocupados por el respeto a los
derechos humanos, es algo que no nos debe de preocupar, porque ese tipo de
intervencionismo no es nocivo para nuestro país. ¡México intervino en las negociaciones
de paz de Guatemala y de Nicaragua y ésta fue una intervención loable! ¡No debemos
descalificar, de antemano, cualquier tipo de intervención!
El conflicto de Chiapas ha atraído la
atención mundial, la presencia masiva de los medios de comunicación, el proceso de
globalización y el papel preponderante que México tiene en el ámbito regional y
mundial, son razones suficientes para que los reflectores se posaran sobre nuestro
territorio.
Esta situación tampoco es exclusiva de
México o de América Latina, sino en general donde se presentan conflictos internos, como
es el caso reciente de Argelia. Cuando ocurren hechos tan graves y sangrientos los medios
de divulgación, las organizaciones no gubernamentales y organizaciones defensoras de los
derechos humanos, hacen presencia en dichos sitios para observar, vigilar y, en su caso,
hacer público cualquier atropello a la sociedad civil.
De esta suerte, podemos afirmar que la
presencia de extranjeros no es exclusiva de nuestro país, sino de un fenómeno de orden
mundial, que es expresión de las nuevas formas en que la sociedad globalizada se
manifiesta en los lugares de conflicto.
Por eso y en este momento llama la
atención que un hecho común y corriente tome de repente una connotación distinta y nos
remita a tácticas macartistas en la que todo extranjero o sospechoso se piensa que es un
aliado de no sé qué intereses oscuros. Pareciera que volvemos a la época de la guerra
fría, en donde las conjuras internacionales estaban a la orden del día.
Como bien lo ha demostrado este Gobierno,
para atentar contra el interés público y de la sociedad no se requiere de ninguna
conjura, basta simplemente con entregarse a los dictados del Fondo Monetario Internacional
o de gobiernos extranjeros con los cuales firmamos sin el menor rubor acuerdos, con los
cuales se hipotecan nuestros recursos petroleros o disciplinadamente aplicamos un modelo
económico antipopular y en beneficio de los especuladores que tanto daño han hecho a
nuestro país.
La presencia de extranjeros en México y en
Chiapas debe de situarse en el contexto que hemos señalado y debe de ajustarse a los
preceptos normativos que nos regulan.
¡Debemos desterrar cualquier postura
macartista y trasnochada que pretenda realizar acciones en contra de individuos que están
cum pliendo con las tareas que les son propias de sus organizaciones!
¡Debemos orientar nuestros esfuerzos para
que el Gobierno asuma responsablemente los Acuerdos de San Andrés!
¡Debemos demandar un diálogo responsable
entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista, que permita tener una plataforma de
despegue para una solución definitiva que considere por sobre todo los intereses de los
indígenas!
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Francisco José Paoli y Bolio, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio: |
Con su venia, señor Presidente;
señoras y señores legisladores:
A nuestro entender es necesario ubicar el
problema que se ha venido tratando en sus justos términos y sacar las conclusiones
políticas que puedan impulsar y acelerar la llegada a una solución de paz en Chiapas.
Se ha dicho ya que los extranjeros pueden
ingresar al territorio nacional y particularmente al territorio de Chiapas y a la zona de
conflicto, siempre y cuando se atengan a los términos legales que se establecen en la
Constitución, en la Ley de Población y en los permisos que la autoridad respectiva
otorga a cada uno de ellos.
En principio, los extranjeros que están en
Chiapas y en la zona de conflicto, según declaración expresa del subsecretario de
Gobernación encargado de esta área, se encuentran con los permisos respectivos y están
operando sea como periodistas, sea como observadores, en términos de esos permisos.
Y sin embargo hay inquietud, porque se
habla de que algunos de estos extranjeros han ido más allá de lo que sus permisos de
internación al país les autoriza o bien directamente han violentado lo que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y éste es el punto fundamental
que debemos dirimir.
Los extranjeros que se incorporan al país
no pueden en ninguna forma y por ningún motivo, violentar los límites que se establecen
con toda claridad en los artículos 9o. y 33 de la Constitución y éstos son para
recordarlos brevemente y citar en extenso, lo que el artículo 9o. dice es lo siguiente:
"no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar
parte en asuntos políticos del país".
Y el artículo 33, en su último párrafo,
que nunca está de más recordar, señala: "los extranjeros no podrán de ninguna
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".
Observados estos términos no hay nada qué
reclamar y sin embargo, sabemos que es esta terrible situación de conflicto, de guerra
latente, declarada, aun cuando en un impasse por la negociación virtualmente suspendida,
al menos en el tiempo, aunque no cancelada, que ha incrementado el número de extranjeros
que vienen a suplir distintas funciones de organismos internacionales, de observadores o
de medios informativos.
Sostenemos que deben establecerse o
recordarse, como lo hacemos ahora y señalarse con toda claridad y por tanto difundirse
como una acción política preventiva, las reglas a las que deben sujetarse los
extranjeros en nuestro país. Sabemos que en ocasiones algunos que se internan en calidad
de turistas van más allá de esta condición y realizan otras actividades.
Y también hemos escuchado informaciones
respecto de que algunos extranjeros establecen controles dentro del país y pueden operar
materialmente, que no legalmente, que no formalmente, como autoridades, al requerir
identificación a mexicanos y autorizarles o no el paso por determinadas partes del
territorio nacional y particularmente en el territorio en conflicto del Estado de Chiapas.
Si esto fuera así, estos extranjeros
estarían violentando nuestro orden constitucional y para nosotros es fundamental que se
haga una investigación a fondo y se aplique la ley, a fin de que estos extranjeros
pudieran ser sancionados de la manera que nuestras disposiciones legales establecen o los
expulsa del país en los términos del artículo 33, si el caso de gravedad así lo
ameritara. Es inaceptable que ningún extranjero tome decisiones de autoridades, es
indispensable que en sus tareas de observación, que son bienvenidas, que deben seguirse
realizando, observen una neutralidad y no se pongan ni real ni mucho menos formalmente por
encima de las autoridades y las instancias establecidas en nuestro país y en particular
por encima de los negociadores oficialmente reconocidos en nuestra ley, como son la Cocopa
y la Conai.
Debiéramos tomar como referente para
establecer con toda claridad las reglas y tal vez profundizar en ellas, lo que hemos hecho
en materia de observación electoral, si en este campo que es tan delicado porque toca una
de las actividades fundamentales para la constitución de nuestros poderes que son los
procesos electorales, se han aceptado observadores nacionales e internacionales, creemos
que esto en paralelo debe ocurrir y con toda claridad establecer qué pueden y qué no
pueden hacer en este ánimo de difundir nuestras disposiciones a aquellos extranjeros que
visitan la nación.
Y habría que decir con toda claridad que
así como los observadores o visitantes, que también se les llamó así en la Ley
Electoral, extranjeros no pueden intervenir en la toma de decisiones, no pueden establecer
apoyos reales o virtuales a ninguna fuerza en conflicto o en contienda electoral.
Así, los observadores que vengan con el
propósito de contribuir a la paz, no pueden intervenir en el establecimiento de reglas en
las formas, en los tiempos de negociación que están reservados a los mexicanos.
Quisiera concluir manifestando una
preocupación en este ámbito: sea como fuere y teniendo presente el resultado de la
investigación que pudiera llevarse a cabo en torno de la presencia de los extranjeros en
la zona de conflicto en Chiapas, no podemos negar que desde el punto de vista político es
preocupante la inter nacionalización, como se ha llamado, del conflicto.
Pero esto debe llevarnos a reflexionar, que
esta internacionalización del conflicto, esta presencia creciente que se ha venido
incrementando en los últimos tiempos y que muy naturalmente ha fluido después de la
matanza de Acteal hacia la zona de conflicto, se da porque ha habido un exceso de
lentitud, porque no ha habido solución del conflicto lograda por los mexicanos y que
vamos a seguir teniendo los mexicanos esta presencia que de una u otra manera representa
presión para resolver los problemas fundamentales en el país.
Entendemos que hay quienes deliberadamente
están intensificando esta presión sobre los organismos nacionales, sobre las fuerzas en
confrontación y nos preocupa que pudiera desatarse un conflicto en el orden
internacional, así como hemos tenido recientemente la violencia en Acteal que fue
ejercida sobre nacionales.
Pero no está descartado, en una zona con
la tensión que tiene la de conflicto en Chiapas, que se pueda producir en un momento
determinado una agresión que podría traernos a los mexicanos una grave calificación en
el concierto internacional; por tanto, es indispensable que las autoridades, y éste es
nuestro punto de vista, sean especialmente escrupulosas en la aplicación de la ley,
porque entendemos que ha habido flexibilidad extrema, por una parte y que por la otra ha
habido encubrimiento de actividades de las cuales la Constitución deja fuera a los
extranjeros para que en la práctica se desarrollen.
Se trata de una situación sumamente
delicada, pero no por eso podemos dejarla de lado y atenderla en sus términos.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo Pérez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El senador Mario Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
A dos años de la firma de los acuerdos de
San Andrés y a dos meses ya casi de la matanza de Acteal, se ha iniciado una campaña
orquestada desde el propio Gobierno, en contra de la presencia de extranjeros
particularmente en la zona de conflicto de Chiapas; se habla o se quiere tratar de hacer
aparecer que este conflicto... en este conflicto están involucrados extranjeros Habría
que recordar cómo muy al principio, allá por enero de 1994, se trató de descalificar al
EZLN señalando que había extranjeros, particularmente centroamericanos, conformando las
fuerzas del EZLN.
Como avanzó el proceso de negociación,
habría que tener presente que se reconoció por parte del Gobierno de que el EZLN era una
organización de mexicanos formados mayoritariamente por indígenas.
Ahora, después de cuatro años, en donde
existe una presencia militar, la más densa tal vez inclusive en la historia del país,
concentrada en el Estado de Chiapas, desde el inicio del conflicto hubo presencia de
extranjeros en Chiapas y entonces la pregunta es: ¿por qué ahora o por qué hasta ahora
se ha iniciado esta campaña? ¿Cuál es el objetivo que se persigue por parte del
Gobierno, cuando inclusive pone en cuestión el servicio de inteligencia militar y el
servicio o función de Gobernación?, porque resulta que después de cuatro años ahora se
dan cuenta de que existen algunos extranjeros que posiblemente estén vinculados o sean
parte del conflicto en Chiapas. ¿Será esto para tratar de desviar la atención sobre lo
que está sucediendo en relación a las investigaciones de los grupos paramilitares, para
tratar de dejar de lado lo que pasó el 22 de diciembre?
En un breve recuento nosotros podemos
observar cómo después de la matanza hubo una movilización de cerca de 5 mil militares,
más de 102 camiones, el 25 de diciembre, dirigidos hacia Los Altos, cómo pudimos
observar una maniobra del Ejército en La Realidad, este punto donde ahora resulta que fue
escena de este encuentro de extranjeros que ha sido explotado por este medio de
comunicación, el Canal 13, cómo se pretendió y aquí sería ingenuo dejar de lado, que
detrás de Acteal había una intencionalidad política, no fue simplemente una masacre, un
genocidio, sino que se buscó golpear a la medicación; se sabía perfectamente que el
Grupo Abejas, que fue el que resultó victimado por este genocidio, por grupos
paramilitares, era un grupo vinculado a la diócesis y que había rechazado tomar partido
por el EZLN o por los priístas y que inclusive cuando fueron encontrados o fueron
masacrados, estaban en rezo a pesar de que habían sido advertidos que pudieran ser
masacrados.
Este intento de estar golpeando a la
Cocopa, pareciera que lleva la función o que la Cocopa se pliegue a las condiciones del
Gobierno o que la Cocopa se achique como un organismo de coadyuvancia en la situación de
Chiapas.
Nuevamente ayer, el Secretario de
Gobernación, como desde el inicio, busca restar e inclusive señalar que la Cocopa se
alejó, reitera nuevamente el día de ayer en su conferencia de prensa, se alejó de los
acuerdos de San Andrés y que hubo un error de parte de la Cocopa respecto a la
elaboración de esa ley, que viene y señalan esta idea de que detrás de la autonomía
está la balcanización, está la desintegración del territorio, este intento de buscar
que el EZLN cumpla frente a una respuesta aún no formal de que no están dispuestos a
cambiar ni un punto ni una coma sobre el acuerdo, que el EZLN cumpla con algo que para el
Gobierno estos cuatro puntos que ya dijo el señor Labastida que son irrenunciables para
el Gobierno y además amenaza con señalar que no va a dar ningún paso si no se sienta a
negociar el EZLN, entre ellos la puesta de que el Ejército no se va a replegar.
Desde la primera declaración de Labastida
se buscó no aceptar los acuerdos de San Andrés y ha sido de manera reiterada, en el
sentido de que hay un rechazo a la iniciativa de ley de la Cocopa, señalando que hay
problema en este sentido y en el fondo la argumentación es en contra de la autonomía, en
contra de los municipios autónomos zapatistas, argumentando que puede haber en el país
desintegración y separatismo.
A la par de la iniciativa, de la
discusión, de la negación por parte del EZLN de esta iniciativa, el Presidente de la
República, argumentando la Ley de Uso de Armas de Fuego y pretextando evitar el
enfrentamiento entre los indígenas, señala una campaña que poco tiene qué ver con el
desarme de los grupos paramilitares a estas alturas.
Después de dos meses, ahora resulta que
hay una información que en el municipio de Margaritas encontraron siete cuerpos, al
parecer victimados también de un grupo paramilitar y el propio Renán Castillo, quien
estuvo al frente de la región séptima, estuvo como testigo en la entrega de los recursos
de paz y justicia y sigue sin haber un claro, una clara intención de desarmar a los
grupos paramilitares.
Hay una política que el Gobierno ha venido
instrumentando en contra de los organismos no gubernamentales y que hoy se extiende
claramente a la presencia de extranjeros en este lugar.
¿Qué pretende el Gobierno con esta
campaña? Es una campaña claramente xenofóbica, en donde queda muy claro a los que han
podido estar presentes en la región, de que el Ejército perfectamente tiene
información, porque toma hasta dos o tres veces por día fotografías de todo el personal
de los extranjeros y no extranjeros que pasan los retenes y sabe perfectamente quiénes
son, qué hacen y dónde están.
En este sentido nos preguntamos si el
Gobierno está por la idea o está en contra de la mediación. Hemos venido observando de
manera reiterada, hoy resulta que por una declaración de un integrante de la Conai, la
intermediación está llamando a que intervengan los extranjeros y viene la acusación a
la Conai.
Ya también aquí hemos señalado cómo hay
la intención de restarle fuerza, a pesar de que esta Comisión Permanente sacó un punto
de acuerdo de fortalecer los trabajos de la Conai y de la Cocopa, lo que observamos por
parte del Gobierno y particularmente del señor Labastida, secretario de Gobernación, el
restarle la mediación, fuerza a la mediación, restarle a la coadyuvancia y hay una
crítica a la Cocopa señalando que se aleja de los acuerdos de San Andrés con su
iniciativa de ley y empieza a golpear también a integrantes de la Cocopa, como en el caso
del senador Carlos Payán, al que una pluma también de ese mismo medio, que es el señor
Sarmiento, de Televisión Azteca, que también está ahí, acusa de haber llamado a la
fuerza para que Salinas interviniera en ese entonces con el ejército, buscando de esa
manera desprestigiar la labor de los integrantes, particularmente del PRD, en la Cocopa.
Y entonces nos preguntamos si lo que busca
el Gobierno con esta campaña en contra de los extranjeros, de la presencia de los
extranjeros, que sabemos perfectamente que los extranjeros, a propósito de lo que dijo el
diputado del PRI, que los extranjeros no vienen a resolver el problema, porque él señala
que después de 4 mil y tantos extranjeros no se ha resuelto el problema.
Mal haríamos esperar que los extranjeros
vinieran a resolver el problema.
Nos preocupa que lo que se esté buscando
es quitar testigos de la zona de conflicto para limpiar la escena de lo que pudiéramos
llamar de un posible crimen.
La gente que está en los campamentos de
alguna manera ha servido de freno humano frente a acciones impunitivas o de acciones de
las bandas paramilitares que actúan impunemente en la zona de Los Altos y en la zona
norte o ¿por qué no? Y ésa sería la pregunta y la gran duda, si no se está buscando
dar un golpe a la dirección del EZLN y por lo tanto que no haya testigos extranjeros, que
pueden ser muy incómodos para el Gobierno Federal.
El hecho de que pueda haber represión
hacia un extranjero puede obligar la intervención del país al cuál pertenezca él y
entonces estaría llevando a un alto costo político la posibilidad de una acción
impunitiva.
Pareciera que se está implementando una
táctica de tierra arrasada de extranjeros, para evitar los costos políticos de una
acción de fuerza, tal vez quirúrgica, es decir, aquella que busque un golpe certero,
inmediato, hacia la dirección del EZLN y que tenga un bajo costo político y, por lo
tanto, le sobran o le molestan los testigos que pudieran estar en esta zona de conflicto.
Nos parece una retórica y una demagogia
esta campaña que se ha lanzado por la presencia de extranjeros, porque se permite, y
hemos podido documentar ampliamente la presencia de extranjeros de la DEA, de la CIA, del
Pentágono, y que nos preguntamos si ellos sí están cuidando la soberanía de nuestro
país. Nos preguntamos si la seguridad e inteligencia en México, que pareciera que está
muchas veces en manos de estas agencias, son lo que realmente permiten darle integridad a
nuestro país.
¿Quién defiende la integridad
territorial? Aquellos extranjeros que se hacen presencia, inclusive como parte de los
convenios que nuestro país ha firmado en la defensa de derechos humanos y que de alguna
manera vienen como observadores para ver que no se violen los derechos humanos, para
presionar y se hagan vigentes los derechos humanos, para que se haga la paz o aquellos
extranjeros que hacen inteligencia y que inclusive después, como ahora sucedió con la
CIA, acusan al Secretario de Gobernación o acusan a gobernadores como Carrillo Olea, como
Bartlett o en su momento como Manlio Fabio Beltrones, a partir de información que ellos
recogen aquí en nuestro país.
Preguntamos si este Gobierno es el que
puede hablar de integridad territorial cuando en las modificaciones del artículo 27, que
fueron en lo fundamental una traición a la lucha que se diera de 1910-1917 y entregó
prácticamente la tierra a las trasnacionales.
La modificación de ley a las inversiones
extranjeras, la privatización de la petroquímica que busca entregar a los extranjeros el
subsuelo a trasnacionales.
Nos preguntamos, ¿qué es la soberanía
que está defendiendo el Gobierno? En el fondo, pensamos que el Gobierno no quiere la paz
en Chiapas, que no quiere la intermediación y que no quiere que haya una medicación que
permita avanzar en la solución del conflicto.
Se ha criticado la posible intervención
frente a conflictos en México y habría que recordar el papel que México ha jugado en
los conflictos internacionales de mediación, como fue el documento franco-mexicano, en el
caso de El Salvador o en el caso de la política contraria al dictador Somoza, apoyando al
FSLN o en el caso de Guatemala o en el caso de Colombia.
El grave problema que se vislumbra con esta
campaña en contra de los extranjeros, es que a lo mejor estamos ante un nuevo tipo de
autoritarismo con rasgos fascistoides, con una política xenofobia, chauvinista, en donde
se busca a través del ataque de los extranjeros dejar sin testigos a lo que pudiera pasar
en una región tan complicada como en Chiapas y que se extiende, que es parte de este
racismo de la clase política a los indígenas que también ven como extranjeros.
Nos preocupa que en esta campaña se busca
encubrir lo que pasó en Acteal y la presencia de los paramilitares, que siguen presentes
y que siguen actuando de manera impune.
Es parte esta campaña de lo que se ha
señalado en los manuales de contrainsurgencia de lo que le llaman a la "propaganda
negra", que a través de la mentira, de la calumnia, de la alevosía, premeditación
y ventaja, se busque entregar una información que no tenga correspondencia con la
realidad, a preparar con métodos de distracción a la opinión pública, de desinformar,
a partir de presentar una realidad distinta.
Nos preocupa que se esté preparando a la
opinión pública y esperemos que no sea así, puede haber otro Acteal o para que pueda
haber una solución distinta a la de negociación y a la del diálogo. ¿Qué es lo que se
prepara entonces con esta campaña extrajerizante en contra de la presencia de extranjeros
por parte del Gobierno?
Creemos que lo que está en riesgo es la
transición hacia la democracia, lo que está en riesgo es que la paz en Chiapas hoy se ve
más alejada y que la política del Gobierno, las posiciones que ha venido manejando el
Gobierno Federal en boca de su Secretario de Gobernación, son posiciones que vienen a
dificultar el avance, para lograr la solución en Chiapas.
Se viene argumentando e insiste el Gobierno
de no aceptar la iniciativa de la Cocopa y busca que la Cocopa o cambie de posición o que
prácticamente deje de tener esta función para coadyuvar en el asunto de la solución en
Chiapas.
Golpea a la Conai, no hay una acción
definitiva en torno a los grupos paramilitares, y ahora una campaña xenofóbica, en
contra de la presencia de extranjeros, que desde nuestro punto de vista, además de estar
llena de chauvinismo y de una política para tratar de encubrir o hacer olvidar lo que ya
ha dado la vuelta al mundo, que fueron esas escenas de la matanza de Acteal, las
agresiones en Ocosingo y lo que está sucediendo en Chiapas, se busque a través de esta
campaña, disminuir o inclusive restar completamente la presencia de los extranjeros en la
región del conflicto.
Si hay extranjeros que han violado la ley,
igual lo estaríamos planteando para aquellos que están en labores de inteligencia por
parte de los organismos, fundamentalmente del gobierno norteamericano, se aplique todo el
rigor de la ley y esperemos que haya una correspondencia también.
Pero no hagamos de esta campaña, que busca
con la presencia de defensores de los derechos humanos a nivel internacional, en base a la
normatividad internacional que el Gobierno mexicano ha afirmado, lo hagamos de esta
campaña, una campaña para ocultar lo que está detrás y que para nosotros nos preocupa
que es una política de posible agresión y romper el diálogo en Chiapas.
Gracias, señor Presidente.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Dionisio Pérez Jacóme.
| El senador
Dionisio Eduardo Pérez Jacome: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeros legisladores:
No era mi intención, lo advierto así,
ocupar la tribuna mucho tiempo, sino que mi deseo al pedir el uso de la palabra en esta
sesión, mi deseo era simplemente rectificar algunos hechos que mi estimado compañero el
senador Saucedo presentaba.
Y creo que es innecesario que pretendiese
abordar sobre este tema con la amplitud que me concede la Presidencia, porque
definitivamente yo suscribo y respaldo plenamente las intervenciones que el señor
diputado Bernal, que el señor diputado Paoli han tenido, que son para mi evidencia plena
de que hay un sentimiento común entre legisladores de nuestro país de diversos partidos,
sobre la seriedad del problema que se plantea y la necesidad de enfrentarlo con base en
nuestra Constitución.
De ahí que mi preocupación se dirigiese o
se intente proyectar en este caso fundamentalmente a cuestionar el sentido que ha tenido
en la intervención del senador Saucedo, el término de "xenofobia". Afirmar que
el Gobierno de la República, que el Gobierno del presidente Zedillo, que ha dado muestras
de una apertura plena, que ha facilitado, que ha agilizado todos los trámites de
internación a nuestro país, que han hecho posible que nos visiten 15 millones de
extranjeros.
Que ha tenido también una política de
naturalización amplia, generosa, confirmando la mejor tradición de nuestro país desde
las épocas de mi general Cárdenas, que ha planteado para Guatemala una política
particularmente de atención a sus problemas y a sus necesidades, que por nuestra vecindad
sólo los mexicanos podemos ayudarles a resolver.
Tachar de xenófago a un Gobierno que ha
abierto sus puertas, sin más limitación que el cumplimiento de sus disposiciones
internas a nacionales de todos los países, definitivamente lo considero injusto.
Comentaba el senador, y lo había escuchado
ya en algunas otras sesiones de esta Permanente, la conveniencia de entender lo que
representa en la geografía del país ese paraje del territorio chiapaneco, conocido o
definido por los zapatistas, como "La Realidad".
Hace unos días advertí que al descubrir
por primera vez la verdadera realidad de ese poblado, encontraba o confirmaba lo que ya de
alguien había escuchado sobre una realidad virtual.
"La Realidad" no es el centro de
una expresión política contemporánea de libertad, no es tampoco el reducto de un grupo
de mexicanos predominantemente indígenas que tratan de rescatar lo que a través de
muchos siglos se les ha negado.
"La Realidad", según pude
advertirlo de la manera más evidente, más clara, a través de imágenes presentadas por
un medio de comunicación, es ciertamente una realidad, una realidad muy distinta a la que
nos habían pintado.
Cuestionar la labor de un medio de
comunicación se me hace comparable a cuestionar la actitud de un Gobierno, cuando ha dado
muestras tan evidentes de una política de apertura y de respeto a los extranjeros que
quieran visitarnos.
Hace apenas unos meses y todavía en el
cumplimiento de otra comisión defendí, lo hice públicamente, el derecho que tenía un
medio y un prestigiado comentarista de Televisa, de llegar a la selva chiapaneca, de
realizar una investigación con los medios con que contaba y presentar sus impresiones;
podían ser parciales, lo reconozco así, pero impresiones respaldadas en todo caso por
imágenes que podían demostrar en algún sentido, una problemática que meses después se
actualizaría en Acteal.
Defendí también, la posición de otro
periodista de un acreditado diario de esta capital de la República, que escogió un
camino seguramente no muy tranquilo, no muy feliz, no muy cómodo, de irse a vivir a
"La Realidad" para poder estar pendiente de todo lo que ocurriera ahí y desde
ahí transmitir su versión o la versión que pensábamos correspondía a la verdadera
realidad de ese paraje.
Pero ahora que cámaras y micrófonos de
otro muy respetable medio de comunicación llegan a "La Realidad" y nos
presentan de una manera incontrastable, quiénes ordenan, quiénes mandan, quiénes viven,
quiénes imperan en "La Realidad", ése es un acto fraguado por el Gobierno.
Este es como infelizmente decía el compañero diputado López Rivas, "una
instrumentación dolosa de parte del Gobierno" de lo que en Chiapas legítimamente
está ocurriendo.
Observamos todos, creo que sería
innecesario invitarlos a ustedes a ver nuevamente esas imágenes, quiénes son los
indígenas que ordenan, que mandan, que imperan, en "La Realidad", cuál es lo
sofisticado no de sus argu mentos, sino de sus cámaras, de sus aparatos de
intercomunicación, seguramente también de otros instrumentos de mando o de imperio. Lo
vimos claramente; contra ello no hay argumento que en ésta o en ninguna otra tribuna
nacional pueda presentarse.
Pero pensar que esa acción profesional,
valiente, hay que reconocerlo así, de unos periodistas mexicanos merezca el calificativo
de "instrumentación dolosa" del Gobierno de la República, lo estimo un crimen
no sólo contra la verdad, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión,
contra el respeto que me merecen todos los comunicadores, compartan o no las opiniones que
yo sustento.
Afirmar también que los señores
representantes de la Conai, que deben, lo dije en esta tribuna hace apenas tres sesiones,
cumplir su función de intermediación en términos de ley; no han ido a Milán a
solicitar, a plantear e inclusive un medio también muy respetable el periódico El
Reforma lo plantea en su edición de ayer, una intervención internacional porque la
esperanza depende de este nuevo tipo de acción para poder llevar la paz a Chiapas. Negar
este hecho o negar que la firma de miembros de esa organización se encuentra apoyando una
acción que puede ser positiva o no, pero que no es la que la ley le confiera, la que la
ley le asigna, creo que definitivamente también es desvirtuar en este caso, otra
realidad.
Milán y Miramar están muy cerca,
geográficamente, pero les separan, mis queridos amigos, siglo y medio de distancia. No
estamos ya en términos de ir a pedir al extranjero lo que en México no podamos darnos.
Definitivamente, y podría, parafraseando a algún ex amigo de esta Cámara, decir que
bajo esa misma óptica, bajo ese mismo criterio el error de Maximiliano no fue proclamarse
el Emperador de los mexicanos, si él se hubiera simplemente definido en los términos que
ellos quisieran como observador de la realidad nacional, todavía estaría en el Castillo
de Chapultepec.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores legisladores:
La solución del problema de Chiapas, no
depende de los observadores o turistas; no depende de los movimientos que defienden los
derechos humanos. Depende de que el Presidente de la República defina una estrategia de
solución política y el Presidente carece de una estrategia, actúa simplemente de
conformidad con los eventos que se presentan, responde, organiza ya una campaña de prensa
de una forma, de la otra; defiende en sus discursos algunos de sus puntos de vista; expone
algunos planteamientos; pero no nos ha presentado nunca una estrategia de solución
política del problema.
Ahora que empezamos a recordar los eventos
de 1968, el movimiento estudiantil de 1968 con motivo del XXX aniversario, hemos visto
cómo el Gobierno de entonces nunca definió una estrategia política para la solución
del problema y todas las cosas fueron llevando hacia la solución de fuerzas.
Cuando no existe una estrategia política
de solución política, valga la redundancia, se van imponiendo las soluciones de fuerza.
Entonces, como ahora, el Gobierno hablaba
de diálogo, los estudiantes también lo hacíamos, pero siempre pasaba algo que
interrumpía o que hacía que no fuera posible ningún encuentro.
El primero de ellos fue el 2 de octubre por
la mañana en la casa del rector Barrios Sierra y los que acudieron al diálogo, fueron
detenidos por la tarde de ese mismo día, en la Plaza de las Tres Culturas.
Siempre usando al Ejército como el ariete
político de una serie de acciones de orden gubernamental. Pero la estrategia política
nunca existió en el Gobierno y es el Gobierno quien debe elaborar la estrategia política
de solución pacífica de los conflictos, es una de sus funciones principales.
Tenemos que ante la falta de una estrategia
política de solución se van tratando de usar una serie de elementos para desprestigiar
al que se considera adversario, se le pretende presentar como intransigente.
¡Se presenta como intransigente al EZLN
que llegó a una negociación y firmó unos acuerdos! ¡Se presenta como intransigente al
EZLN que convino con la Cocopa un texto de reforma constitucional! ¡El que está pidiendo
un cambio, una mejoría, una transformación, es presentado como intransigente!
Hoy se habla "de un movimiento
internacional de intervención". En 1968 el gobierno hablaba "de un plan
subversivo de proyección internacional elaborado en el extranjero". Las cosas operan
en función de un impulso exterior. El movimiento de 1968 fue un movimiento en plena
guerra fría, que surge al margen de la guerra fría. Ninguna potencia apoya al
movimiento, todos ven al movimiento con desconfianza y ningún gobierno lo apoya
finalmente, todos envían a sus delegaciones deportivas a las olimpiadas. ¡Nadie
protestó por un crimen de Estado en Tlatelolco, sólo un embajador mexicano en la India
señaló que eso era un crimen de Estado y no se hizo eco! ¡Quiso dejar de ser
representante de un Estado que había cometido un crimen!
¡Sí, las instituciones delinquen! ¡Hay
terrorismo de Estado y hay crímenes de Estado! ¡Lo hemos visto a través de la historia!
Aquél plan subversivo de proyección
internacional elaborado en el extranjero, cito textualmente la versión del Gobierno,
"no existía".
Existe hoy el movimiento internacional de
intervención. Evidentemente que existe un movimiento internacional de defensa de los
derechos humanos. Hay muchas organizaciones mexicanas que forman parte de lo que podría
considerarse o denominarse Movimiento Internacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Son activistas de los derechos humanos.
Dice Pérez Jácome que ya se vio quien
manda en "La Realidad". ¿Qué lejano está de "La Realidad"? ¿No
tiene idea de lo que es ese lugar? No tiene la menor idea. Nunca ha estado ahí,
naturalmente, pero ni siquiera se ha informado ni siquiera ha preguntado a las personas
que han estado ahí: ¿qué clase de lugar es eso? ¿Cómo se gobierna ese lugar? Y dice
"que ahí están los extranjeros dando las órdenes y gobernando".
¡Usted no ha visto nada, senador Pérez
Jácome! ¡No por el hecho de que sea corto de vista, sino corto de ideas!
El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional es una organización rebelde, muy cerrada, como corresponde a este tipo de
organizaciones rebeldes, que no permite que ninguna persona que no sea parte integrante
orgánica tenga intervención en las decisiones de esta organización. Esta
característica no es propia del EZLN. Dice: "no es propia de todo este tipo de
organizaciones, en cualquier parte del mundo tienen que establecer una serie de medidas de
protección".
Hoy día la organización más
disciplinada, militarmente disciplinada y organizada, de cuantas organizaciones políticas
existen en el país, es probablemente ésa, el EZLN. No admiten ya no digamos de
extranjeros ni siquiera de mexicanos, la intervención en sus decisiones.
El gobierno en "La Realidad" es
un gobierno que está a cargo de las personas nombradas para ese efecto y lo que han hecho
es recibir la solidaridad, pero no reciben la solidaridad de cualquier persona que llega a
"La Realidad", tienen toda una serie de instrumentos y a las personas que no
conocen, que no tienen referencia o que les parecen sospechosas, no las reciben en
"La Realidad", tampoco a los helicópteros, mucho menos a los helicópteros que
se plantan enmedio de las casas con la irresponsabilidad de aquel que no entiende que en
el momento en que el helicóptero se va a elevar, va a destruir necesariamente algo,
porque las casas son muy precarias, porque los techos de las casas vuelan ya no digamos
con la fuerza de la hélice de un helicóptero, sino muchas veces cuando cae una tormenta
simplemente.
El piloto que aterrizó ahí es una persona
completamente desconsiderada e irresponsable, no solamente porque pudo haber consecuencias
mayores de las que de por sí hubo, sino porque alguna consecuencia iba a haber. ¡No es
un helipuerto el poblado de "La Realidad"!
Yo creo que no es... y quiero detenerme
aquí en el asunto de lo que a Pérez Jácome le parece la revelación del misterio de
"La Realidad" y, por lo tanto, del EZLN.
¿Quién llevó a Televisión Azteca a
"La Realidad", para que nos mostrara la realidad a través de las cámaras de
televisión? Pues fue el señor Albores, él fue el que los llevó.
Yo no sé si las aeronaves públicas,
gubernamentales, pueden funcionar como alquiladas por una empresa privada. Yo creo que no
se permite eso, yo creo que no hay base legal para hacerlo. No se trataba de una misión
oficial, no se trataba de apoyar por parte del gobierno del Estado a la Procuraduría, al
propio Ejército, al Congreso de la Unión, a la Conai, a la Cocopa, que son instrumentos
legales que están influyendo en el conflicto; no, sino a un canal de televisión privado.
No iban a llegar los habitantes de "La
Realidad" a hablar con los del helicóptero.
Hace algún tiempo fueron unos muchachos a
"La Realidad" y estuvieron ahí viviendo un par de meses e hicieron una especie
de actividad educativa o algo por el estilo y una de las cosas que hicieron fue pedirle a
los niños que hicieran dibujos con crayolas y otros utencilios que no existen ahí, que
ellos llevaban, ¡ni siquiera existen cartulinas, no las hay, no hay manera de
conseguirlas! Entonces, los niños dibujaban lo que querían, se les pedía que dibujaran
algo de su entorno y algo curioso ocurrió.
"La Realidad" es una especie de
puerto de montaña que está entre dos cañadas. Ningún niño dibujó las montañas, que
es el paisaje diario, cotidiano, pero una gran cantidad de niños dibujaron los
helicópteros. Es un lugar en donde cada rato pasan los helicópteros muy bajos y pasan
los aviones y los niños pintaron aviones y helicópteros, algo que les llamaba
poderosamente la atención. Es un lugar muy vigilado por el Ejército, por la Secretaría
de Gobernación y ahora por lo que se ve, también por, uno que otro senador que debería
ir más, debería ir por lo menos un día a ver algo ahí.
No, no creo que nuestros indios deban ser
tratados en esa forma, de una manera racista, pero de un racismo idiota francamente,
suponer que ellos van a ser manipulados, suponer que esta gente que además de todo se ha
rebelado, se ha levantado en armas, independientemente del juicio que nos merezca ese
levantamiento y la implicación política que tenga o lo que pensemos nosotros de lo que,
es eso, pero que ha tomado, digamos, una acción extrema arriesgando todo, dando, pues, un
paso vital, crucial. Viven ahí en un gobierno que no es propio, que no es de ellos, ya no
hablemos de que sean extranjeros, simplemente que no sean ellos, que sea impuesto, que se
han dejado manipular después de haberse rebelado, es, digo yo, el racismo más idiota que
puede haber.
Y eso sí es preocupante, es preocupante
que en los órganos del Estado, donde debe haber un análisis de nuestra realidad, se
digan esos disparates; pero quizá esta xenofobia convenenciera que en realidad no tiene
más objetivo que mostrar a los rebeldes zapatistas como instrumentos de unos extranjeros
perniciosos, a quienes debe aplicárseles el artículo 33 de la Constitución, como lo
está asentiendo con la cabeza este senador que no conoce nada, quizá eso no sea lo más
importante de la coyuntura del momento que estamos viviendo, a pesar de que es la gran
campaña del Gobierno en contra de los extranjeros, que están manipulando a los
tojolabales de La Realidad.
Si no lo pudo hacer el PRI con todo el
poder del Estado y contra el PRI se rebelaron los tojolabales, nadie más creo que pueda
hacerlo. Entonces, bueno, decía yo que lo más grave ni siquiera es eso, me parece esta
campaña de xenofobia convenenciera y este racismo tan imbécil, no, yo creo que lo más
grave dentro de la gravedad de todo lo demás, son las últimas palabras del Secretario de
Gobernación ayer en su conferencia de prensa.
Dijo el Secretario de Gobernación:
"que cuando la dirigencia del EZLN defina la fecha en que reanudará el diálogo para
avanzar en el logro de la paz digna y para analizar conjuntamente las cuatro observaciones
sobre el proyecto de la Cocopa que permitan cumplir los Acuerdos de San Andrés, el
Gobierno de la República revisará las posiciones que actualmente ocupa el Ejército
mexicano en Chiapas".
La primera cuestión es que, como ustedes
saben, de poca importancia relativa, en la agenda que está pactada entre el EZLN y el
Gobierno, no está la revisión del proyecto de Cocopa ni por lo tanto las cuatro
observaciones del Gobierno Federal.
El tema de los derechos y cultura indígena
está agotado en San Andrés y fue firmado. Los acuerdos están firmados por las dos
partes y concluyó, concluyó este tema; se puede reabrir, digo, no estoy diciendo que no,
pero formalmente está concluido el tema.
El EZLN dice: "bueno, ya está
concluido el tema, ya están firmados los acuerdos y no pasa nada, nada, todo sigue
exactamente igual que antes de que se iniciaran las conversaciones" y pregunta el
EZLN, ¿tiene sentido seguir con el tema número dos, cuando que ni siquiera hay el
intento de aplicar las resoluciones o los acuerdos sobre el tema número uno?
Debo decir que el EZLN fue en buena medida
intermediario en relación con este tema; el EZLN originalmente, en su constitución,
después en el momento de la rebelión, no planteó un programa específicamente de
derechos y cultura indígenas; el movimiento indígena del país nutrió al EZLN con su
programa y ellos negociaron con el Gobierno pues el programa del movimiento indígena de
ninguna manera era algo exclusivo de ellos.
Bien, pero claro, esto tampoco es muy
significativo; lo que sí es muy significativo, demasiado, es que el Gobierno no está
diciendo no al EZLN, sino a todo el país, que está utilizando al Ejército como medio de
presión política; que no está utilizando el Ejército para la seguridad interior de la
nación, sino como medio de presión política y le dice al Secretario de Gobernación en
nombre del Gobierno Federal al EZLN y al país entero, "siéntate a la mesa a
negociar y reviso las posiciones que ocupa el Ejército Mexicano. No te sientas a
negociar, no muevo a un soldado de la posición que tiene".
Y yo creo que el Presidente no tiene
derecho a utilizar al Ejército como medio de presión política frente a cualquier grupo,
partido, sean o no rebeldes etcétera, no pueden estar en el plano de la presión
política las funciones constitucionales del Ejército mexicano.
Me parece que se está violando la
Constitución. Me parece que se está manifestando con cinismo una vez más, pero nunca de
la manera tan clara como lo hizo Labastida el día de ayer, que el Gobierno de México
utiliza al Ejército como medio de presión política. A mí me parece que esto es algo
verdaderamente grave.
Debería preocupar a todos los partidos. Ya
no estoy hablando aquí de las personas cuya función es siempre lanzar panegíricos y
repetir lo que está diciendo el Gobierno, bueno, yo no estoy hablando de eso, estoy
hablando de verdaderas formaciones políticas; ésta es la pauta, esto es lo que nos está
planteando el Pre sidente de la República.
¿El país puede admitir que el Ejército
sea un instrumento de presión política? Es demasiado peligroso admitir eso... es
demasiado peligroso. Entonces, yo pienso que si alguna resolución debería haber de parte
del Congreso a través de esta Comisión Permanente, es una llamada de atención al
Secretario de Gobernación e indirectamente también por lo tanto al Presidente de la
República, para que se abstenga de este tipo de medios políticos, ilegítimos e
inconstitucionales.
Esto es lo que deberíamos hacer. Creo que
puede ser para muchos interesante estar discutiendo el carácter de la visa de unos
militantes de los derechos humanos, pero qué grave es el que el Secretario de
Gobernación abiertamente esté poniendo en la mesa de las presiones políticas los
movimientos y las posicio nes del Ejército.
¡Qué grave es que esté asumiendo, que
usa al Ejército como instrumento para obligar a una acción política a un determinado
grupo de mexicanos, el que sea!
Eso es todo.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome.
| El senador
Dionisio Eduardo Pérez Jácome: |
Con su venia, señor Presidente:
No voy a recurrir al fácil camino de
retornar a los insultos que hemos escuchado en otras ocasiones de parte de uno de nuestros
compañeros. Lo único de que podría acusar al diputado Gómez, además de su corta
vista, de su incapacidad para advertir en la pantalla doméstica de su televisión, lo que
las imágenes mostraron claramente a todos los mexicanos y a los extranjeros que quieran
verlo y quieran advertir también qué papel han venido a desempeñar algunos de sus
paisanos.
Independientemente de ello, lo que me
asombra y lo que me lleva a ocupar esta tribuna para contestar al señor diputado Gómez,
es su profunda ignorancia en materia constitucional. Pero bueno, ahí podría excusar su
falta de formación. Fue ya en la LIV Legislatura definido, caracterizado, apodado el
"abogado Gómez" y de ello no voy a extrañarme o voy a pretender hacer también
toda una prolongada alocución.
Simplemente no leyó el día de ayer el
comunicado del señor licenciado Labastida, del que particularmente quiero destacar su
punto número ocho, donde expresó: "la nación no puede ser rehén de nadie,
obviamente ni de extranjeros ni de mexicanos que pretendan, por su causa, convertir a la
nación en su rehén. La solución a los problemas de los mexicanos no puede toparse con
el muro del dogmatismo, de la intransigencia del todo o nada. El Gobierno de la República
reitera su convocatoria a reanudar el diálogo para alcanzar la paz digna en Chiapas y el
desarrollo de todos los pueblos indígenas por medio de la negociación política" y
es en ese contexto cuando expresa el Secretario de Gobernación: "el Gobierno convoca
una vez más a que el EZLN recapacite sobre el daño que la situación actual le ha hecho
al Estado de Chiapas, muy especialmente a sus comunidades indígenas".
Reiteramos que cuando la dirigencia del
EZLN defina la fecha en que reanudará el diálogo para avanzar en el logro de la paz
digna y para analizar conjuntamente las cuatro observaciones sobre el proyecto de la
Cocopa, que permitan cumplir los Acuerdos de San Andrés, en ese momento en que haya
verdaderos signos de paz, formas elementales de diálogo importantes para poder
solucionar, para salir de la encrucijada en que nos encontramos, en ese momento el
Gobierno de la República entenderá que esa noble función que el Ejército mexicano
está realizando, que no es un Ejército represivo, que no ha agredido a nadie desde enero
de 1994, podrá inclusive en cuanto a sus posiciones, posiciones solicitadas por gran
parte de la sociedad chiapaneca, posiciones que garantizan paz, que evitan
confrontaciones, que evitan choques violentos, en ese momento las posiciones del Ejército
se revisen".
No es una amenaza ni el Secretario de
Gobernación pretendió nunca darle ese cariz, al contrario, constituye el colofón de un
plantea miento pacífico de buena voluntad, de una reiteración más del Gobierno de la
República a quienes sí han tomado el todo o nada como su bandera, a los que han afirmado
que es menester que acceda el Gobierno, que acceda la sociedad, que acceda el pueblo de
México a todo lo que ellos pretenden, para que pueda reiniciarse lo que alguna vez
constituyó una esperanza para todos nosotros, que era el diálogo de paz en Chiapas.
Muchas gracias, señor Presidente.
Para contestar alusiones personales
tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Diputado Presidente, en realidad no
voy a responder unas alusiones que no tienen ninguna importancia.
Aquí el que preside no es usted, señor
senador, usted no preside aquí.
Solamente para precisar el aspecto
constitucional. El Presidente tiene facultad para disponer de la totalidad de la fuerza
armada permanente o sea, del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza
Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, no para negociar,
no para poner en la mesa de una negociación política la presencia de unos soldados en un
determinado lugar.
Si el EZLN mañana se sienta en San
Andrés, el Gobierno decide ordenarle al Ejército un repliegue de efectivos en
determinados lugares, ¿está en realidad el Presidente disponiendo a la totalidad de la
fuerza armada permanente para la seguridad interior?, está disponiendo del Ejército para
otra cosa que no es la seguridad interior. Este es el punto.
El Presidente no tiene más facultad que lo
que esta Constitución le da, de aquí se derivan todas sus funciones y aquí están
también sus límites y el Secretario de Gobernación está diciendo otra cosa
completamente distinta, está diciendo que si el EZLN decide o toma mejor dicho, una
decisión política, el Gobierno dará otras órdenes al Ejército.
Bueno, quiere decir que las posiciones que
actualmente ocupa el Ejército mexicano no son para la seguridad interior, sino para la
presión contra el EZLN, para que se siente a negociar. Esto es lo que está diciendo el
señor Labastida, cualquier persona lo está entendiendo así, que el problema no es
entonces la necesidad de utilizar al Ejército para la seguridad interior, sino como un
medio de acoso contra una organización rebelde que está en una relación con el Gobierno
fundada en una ley y en la que en este momento no se está persiguiendo el delito de
rebeldía, por suspensión expresa dada por una decisión del Congreso de la Unión, que
tiene desde luego facultad para ello, como la tiene para dar amnistías.
Entonces, el asunto es grave, yo diría que
muy grave. Estos incidentes, estas cosas que ha habido en La Realidad, el helicóptero, lo
que grabó Televisión Azteca, la campaña de Televisión Azteca reforzada por las
declaraciones del Gobierno, tienen alguna importancia y reitero, lo más importante es
este asunto, lo que nos está diciendo el Secretario de Gobernación.
Pero más importante aún, aun más
todavía, es que se ve con toda claridad que el Gobierno no dispone de una estrategia de
solución política, y reitero, cuando un gobierno no dispone de una estrategia de
solución política, vendrá la solución de fuerza.
Yo creo que estamos a punto de que ocurra
una desgracia y se va a acusar desde luego, el gobierno siempre acusará, como ya lo ha
hecho siempre, no es nuevo, a sus adversarios y si se busca una provocación, si lo que se
busca con estos actos es provocar cualquier incidente que desencadene la guerra otra vez,
es cuestión de tiempo, así será, así será.
Debemos estar absolutamente seguros de que
vendrá la solución de fuerza si no hay solución política, si no hay estrategia de
solución política.
Esa es nuestra preocupación fundamental,
independientemente de estas cortinas de humo, de esta xenofobia convenenciera, de este
racismo absurdísimo, que de todas maneras va a seguir de alguna forma y que son
subterfugios, instrumentos circunstanciales para estar escondiendo la carencia de una
visión de conjunto, de solución de este problema, que realmente opere en beneficio del
país, en beneficio de la paz, de la democracia, de las libertades de los mexicanos, de la
solución pacífica de las confrontaciones entre los mexicanos, que son los valores
fundamentales, que es lo que hay que poner en primer término.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Rafael Oceguera Ramos.
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Señor Presidente; compañeros
senadores; compañeros diputados:
En primer lugar, quiero advertir que la
motivación de esta discusión con el tema de Chiapas, es básicamente un acontecimiento
de carácter noticioso que pone en entredicho el rol y la autenticidad con que están
actuando muchas de las partes que están involucradas en el conflicto.
Efectivamente, hemos visto cómo un grupo
de reporteros, en un helicóptero, aterrizó en lo que ahora denominan La Realidad, Estado
de Chiapas, creo que anteriormente se llamaba La Trinidad, aterrizó en este punto un
grupo de informadores, de profesionales de la comunicación y dio cuenta de la presencia
de muchos extranjeros que hacían votos activos de apoyo al movimiento guerrillero en
aquel punto del sureste mexicano. Yo creo que es el punto que ha motivado esta discusión.
Pero quiero declarar también, en nombre de
mi grupo parlamentario, que nosotros rechazamos de manera tajante la sugerencia de volver
a esta comisión una especie de tribunal que enjuicie el trabajo de los medios de
comunicación.
Nos negamos a ejercer el rol de modernos
torquemadas; que sea la opinión pública la que juzgue, la que califique el desempeño
profesional de los agentes de la comunicación social.
Una de las divisas de nuestro desarrollo
democrático es el respeto al desempeño de la labor de los comunicadores.
Efectivamente, la noticia ha cimbrado a la
opinión pública y ha molestado sobremanera a muchos exponentes o a muchos representan
tes oficiosos o efectivos del movimiento zapatista. Muchos diputados se han indignado por
este acontecimiento que sabemos se registró en el sureste y que corresponde, repito, a la
presencia que los medios de comunicación social están obligados a mantener en el
acontecer, para difundir el acontecer político, el acontecer social, el acontecer
económico de este país.
Dicho esto, me parece que es conveniente,
compañeros senadores, compañeros diputados, dejar perfectamente establecido, porque
aquí han coincidido, tanto el diputado Saucedo como el diputado Gómez, de que hay de por
medio una campaña xenofóbica, una campaña antiextranjeros, que pone en entredicho la
vocación libertaria del país mexicano y pone en entredicho el compromiso con las leyes y
con las mejores tradiciones del derecho internacional, pone en entredicho el compromiso
con ellas del Gobierno del presidente Zedillo; nada más falso.
Yo creo que hay hechos públicos, que son
bastante bien conocidos, que hablan de una vocación de este Gobierno por la democracia.
De una vocación con las mejores tradiciones del derecho internacional. Hay acciones,
repito, que están publicadas, que hablan del sentido humanitario que rige la política en
relación a los fenómenos de migración que encabeza el Presidente de la República.
Yo quiero recordar que en 1996, como parte
de esta política de un alto sentido humanitario, se creó una forma migratoria que
facilita la entrada de personas de negocios y técnicos de 33 países diferentes, en lugar
de ir al Consulado pueden llenarla en el avión a su llegada a México.
Otra acción de profundo sentido
humanitario es la siguiente: los 28 mil refugiados guatemaltecos, que se ubican en 113
campamentos en Campeche, Quintana Roo y Chiapas, tienen ya un documento jurídico
promovido por el Gobierno mexicano, que los protege y les permite integrarse plenamente a
la sociedad mexicana.
Otra acción también promovida por el
gobierno del presidente Zedillo en materia de política migratoria, es que por primera vez
se otorga protección jurídica, mediante una forma migratoria, a todos los trabajadores
fronterizos de Guatemala, esto no tiene precedente.
¿Qué decir de las facilidades para la
entrada de turistas de los países de Europa del Este y balcánicos? Igualmente el permiso
que ya no se otorga desde la Ciudad de México, sino de las propias oficinas de México en
el exterior.
Yo pudiera abundar en esto, pero creo que
no es necesario puntualizar, porque evidentemente en un análisis de esta naturaleza,
quedará otra vez demostrado que lo que se está haciendo es recurrir a expedientes de
carácter político, propagandístico, político, para descalificar a un Gobierno, que
está empeñado de manera reiterada y permanente en encontrar la paz por la vía del
diálogo.
Pero escucho cómo los oradores del Partido
de la Revolución Democrática, tienen y hacen una exposición que pretende demostrar que
una de las instituciones fundamentales de este país está en crisis y está siendo
utilizada por un Gobierno en crisis, más bien ésa es la lógica, para ejercer presión.
No se dice, pero se presume ilegal desde esta lógica, en contra de un movimiento rebelde,
que deliberada e intencionada o mal intencionadamente se soslaya, declaró este movimiento
de manera unilateral y sorpresiva la guerra al Estado mexicano, al Gobierno de México y
al Ejército nacional.
Aquí se le olvidó al diputado Pablo
Gómez, y se le olvidó al senador Saucedo, que ése es el origen del conflicto. Que el
Ejército mexicano, de acuerdo con las estipulaciones del artículo 129 de nuestra
Constitución y también con las del 119 de nuestra Constitución, en donde hablan de la
obligación que el Estado nacional tiene de proteger a los estados frente a desórdenes o
a problemas de sublevaciones a solicitud de las autoridades estatales por la vía de la
presencia del Ejército.
Y se nos viene a hablar de la necesidad de
detener esta acometida bárbara por parte del Estado mexicano que practica el terrorismo,
que raya en la criminalidad de contenerla, porque ello se dice corresponde a una vocación
antidemocrática que data desde los años de 1968
Yo entiendo que al compañero Pablo Gómez,
¿por qué no?, al senador Saucedo, le han quedado infinidad de traumas resultados de
aquella época y lo digo en sentido positivo, no lo digo en el sentido peyorativo; digo
que han sufrido y/o que adolecen de muchos traumas en el plano político, en el plano
social, que los llevan a desconocer una realidad por entero diferente que vivimos 30 años
después, respecto de aquellas que vivimos aquel fatídico 2 de octubre.
Acaso en el análisis, debiéndose actuar
con rigor, no se debiera asumir que el México de ahora es el México de la pluralidad, es
el México de los partidos políticos que como actores principales en el acontecer social
y en el acontecer político, están comprometidos con la legalidad.
Yo puedo explicar la actitud de un
militante de la oposición en 1968 por cuanto entonces el Partido Comunista en el cual se
formó Saucedo y en el cual se ha formado Pablo Gómez, eran formaciones clandestinas, no
se había iniciado un procedimiento de reforma política de un calado suficiente que
permitiese que los hombres que profesan la ideología marxista o la ideología comunista,
pudieran tener actividad en esta Cámara de Diputados y actividad pública, lícita.
Entonces pues, no hay rigor en el
análisis, lo que hay es una actitud de corte propagandístico para tratar de justificar
lo que es injustificable.
Yo he leído, se los protesto con todo
detenimiento, el documento que ayer por la tarde dio a conocer el secretario de
Gobernación Francisco Labastida. He visto cómo enumera las acciones más importantes que
se han realizado en las últimas semanas para poder lograr la distensión. Mas aquí el
PRD, que tiene representantes en la Cocopa, deliberadamente soslaya que en los primeros
acuerdos de San Andrés, se suscribió en el artículo 1o. de este documento, el
compromiso de luchar por una distensión integral, ahora le dicen al Estado: "retira
tu Ejército y si no retiras al Ejército y si no sacas unilateralmente y a cargo de ti
particularmente señor Presidente de la República, una nueva Constitución o unas
reformas a la Constitución, para darle cabida a los planteamientos de autonomía
indígena, entonces yo no participo en el diálogo".
Y yo me digo, si con tanto celo luchamos
por la autonomía de los pueblos indígenas, ¿dónde está el celo con que debemos
defender la autonomía de este Congreso?
Recuerdo perfectamente bien las palabras
primeras en esta legislatura, del diputado Pablo Gómez, que acabó proclamando el
desempeño y el desenvolvimiento de los valores de la República. Yo me pregunto: ¿dónde
ha quedado aquel discurso en donde se proclamaba la verdadera y auténtica división de
poderes? ¿Por qué ahora reclamarle única y exclusivamente al Presidente de la
República, la obligación de legislar? ¿Acaso no hay Congreso? ¿Acaso no hay Poder
Legislativo? ¿Acaso no hay una representación política? ¿Acaso la representación
política de este país está a cargo de un grupo de rebeldes que apoyados en un
hiperactivismo internacional que realizan los diputados del PRD, hoy se niegan a
establecer la fecha que el Gobierno de la República les pide fijar para proceder a hablar
del retiro del Ejército, de ciertas posiciones? ¿De qué se trata, de que impere la
amenaza y el chantaje, el desorden y la ilegalidad por sobre el estado de derecho? ¿De
qué se trata, de convencer al país de que enteramente renuncie al compromiso de vivir en
la legalidad y de defender la aplicación de las disposiciones de carácter
constitucional? ¿Dónde está el compromiso, compañeros diputados, que todos tenemos con
el estado de legalidad, con el estado de derecho, del cual formamos parte?
No se nos olvide, el Partido de la
Revolución Democrática está aquí presente, entre otras razones, porque el estado que
en 1968 existía, en buen grado se replanteó...
Señor Presidente, me está mandando la
tarjeta de "tiempo".
| Presidencia del
diputado Fidel Herrera Beltrán |
Señor diputado Oceguera, tiene usted
siete minutos en el uso de la palabra y se había autorizado su intervención para...
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
¿No me registró con un turno? O
¿me registró para rectificar hechos?
¡No!, era para rectificación de
hechos.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Paso a concluir, señor Presidente.
Gracias.
Compañeros diputados; compañeros
senadores:
Un acontecimiento de carácter noticioso
pone en entredicho la voluntad de una de las partes de resolver este problema o el reto de
encontrar una paz digna y justa para Chiapas, por cuanto queda visto que la presencia de
extranjeros, obedece a un planteamiento de carácter político y no se da única y
exclusivamente en función de la normatividad que en el plano internacional existe para
quienes practican la observación.
Este país tiene compromisos con la
observación internacional. Los observadores son bienvenidos, mas éstos no tienen derecho
a actuar, valga la redundancia, como actores o como protagonistas políticos. Los
protagonistas, los arquitectos de nuestro destino -como dijera el vate nayarita-, somos
nosotros mismos los mexicanos y creo que en tratándose de decidir la proporción del
compromiso que a todos nos obliga, tendríamos que hablar de que precisamente en nosotros,
los representantes políticos del pueblo, los diputados y los senadores, somos...
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor Presidente: pegunte al orador
si acepta una interpelación.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Al terminar, señor Presidente.
Somos los mayormente obligados a hacer
prevalecer la política por sobre la incertidumbre, la ley por sobre el desorden, el
estado de legalidad por sobre la algarada y la amenaza política.
Chiapas merece la paz. Los ciudadanos de
Chiapas, más que ningún otro ciudadano de México, demanda la paz. Es evidente la
presencia del Partido de la Revolución Democrática, que es parte en el conflicto y que
le apuesta a la permanencia o al conflicto o a la solución violenta del problema en
Chiapas.
Más de 30 compañeros diputados de esta
legislatura, con el pretesto de participar en una asamblea permanente, están en Chiapas
constantemente. Me pregunto yo: ¿qué, construyendo la paz? ¿Apostándole al arreglo y
el entendimiento que debe haber entre las partes que están involucradas en el conflicto?
Habría mucho que decir, señor Presidente;
pero en mérito de apegarme a las disposiciones reglamentarias, doy por concluida esta
intervención.
El diputado Prats le había
solicitado preguntarle si aceptaba una interpelación. ¿Está usted dispuesto a
aceptarla?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Sí, señor Presidente.
Adelante, diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor diputado, muchas gracias por
aceptar mi interpelación.
Yo coincidiría con usted en relación a
que una de las partes, de las formas en que se puede resolver el conflicto, es mediante
iniciativas, sobre todo si hay compromiso ya efectuado, en donde ya hay de alguna manera
la certeza de que se elaborará una iniciativa y en ese sentido tanto el Ejecutivo como el
Poder Legislativo, obviamente, tenemos la facultad constitucional de presentar la
iniciativa,
Yo le preguntaría: ¿a que poder pertenece
Marco Antonio Bernal, que fue el que suscribió los acuerdos de San Andrés? y, ¿a qué
poder compromete ese acuerdo que suscribió Marco Antonio Bernal?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Bueno, estamos hablando de que los
intentos por encontrar la paz justa y digna para Chiapas, se desenvuelven con apego a la
ley para el diálogo que este Congreso aprobó y expidió en mérito de encontrarle una
solución al problema que nos ocupa y que el Poder Ejecutivo, a través de la designación
de un comisionado, está realizando el esfuerzo de encontrar la paz con acercamientos
sucesivos sobre la base de discutir y exponer razones por parte de cada una de las
instancias o de las partes involucradas.
Yo de manera general le contestaré
diputado Rodríguez Prats. Yo asumo que bajo ninguna circunstancia el Gobierno se arrogó
facultades que le correspondían a este Congreso. El hecho de que el comisionado Bernal
haya suscrito acuerdos de San Andrés, ha llevado al Presidente de la República a decir
en Kanasín, Yucatán, hace apenas 20, 25 días, "que hay un compromiso insoslayable
para hacer efectivos los acuerdos de San Andrés". Han llevado al Secretario de
Gobernación, que hable en nombre del Estado mexicano como Secretario de Gobernación, a
decir apenas ayer: "que el compromiso con el cumplimiento de los acuerdos de San
Andrés es insoslayable".
Pero también es importante decir que los
acuerdos de San Andrés merecieron una interpretación por parte de la Cocopa y esta
interpretación que estuvo a cargo de la Cocopa ha merecido consideraciones por parte del
Estado mexicano.
El camino hacia la paz, diputado Rodríguez
Prats usted lo sabe, no es un camino lineal ni vertical, es un camino lineal y vertical
cuando lo postulan los partidarios del autoritarismo o los apostadores del conflicto, los
que quisieran que Chiapas permaneciera, para a partir de Chiapas resolver la famosa lucha
por el poder, que aquí asumió Pablo Gómez en una intervención en la tribuna: es lo que
está de por medio en Chiapas.
Yo le dije desde abajo: "estás
confeso Pablo, estás admitiendo que lo que está de por medio no es precisamente la
solución de los problemas de la pobreza", que tanto lacera en la conciencia de todos
nosotros. Se está asumiendo que lo que se está intentando es derrotar al Estado
mexicano.
En aquel debate yo dejé establecido
"que en una nación de leyes, en un país civilizado, la única vía para acceder al
poder era la vía del voto". Para eso fue la reforma de 1982, para eso fue la reforma
política que recientemente construimos: para que haya voces. Para eso ha sido la
petición de que el Ejército Zapatista se integre como fuerza civilizada, como fuerza
política y no como fuerza beligerante...
Diputado Oceguera: el señor diputado
Sadot Sánchez Carreño desea hacer una moción relativa a la intervención del...
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Las mociones, señor Presidente, es
que yo no acababa todavía de contestar la interpelación.
Quiere hacer una moción de
procedimiento a la Presidencia.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño (desde su curul): |
Con fundamento en el artículo 104 y
105 del reglamento, solicito a usted instruya a la Secretaría que lea el acuerdo firmado
el 16 de febrero, en el inciso d, de los acuerdos de San Andrés.
Proceda la Secretaría desahogar ese
punto.
Le ruego al diputado Oceguera su
comprensión, porque resulta procedente para el tema que se está desahogando.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Defiéndeme Pablo...
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente: yo pido la palabra
para rectificación de hechos, contestar alusiones personales y hablar.
Queda registrado para todos esos
fines en su tiempo y oportunidad.
Proceda la Secretaría, por favor.
| El secretario
diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Acuerdo respecto a los documentos:
Pronunciamiento conjunto que el Gobierno
Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional.
Propuestas conjuntas que el Gobierno
Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las ins tancias de debate y decisión nacional
correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento y
Compromisos para Chiapas del Gobierno del
Estado Federal y el EZLN correspondientes al punto 1.3 de las reglas de procedimiento.
"d). Las partes harán llegar a las
instancias de debate y decisión nacional y a las instancias que correspondan los tres
documentos que se acompañan, mismos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados
por las partes".
Continúe el diputado Oceguera, en el
desahogo de la interpelación del diputado Rodríguez Prats.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Ya, para concluir a propósito de lo
que Rodríguez Prats planteaba.
El Gobierno tiene un compromiso
insoslayable e irreductible con la paz, porque el Gobierno está comprometido con la
defensa y el fortalecimiento del estado de derecho, con la defensa y el fortalecimiento de
los valores de la República.
Para concluir con esta interpelación, con
la respuesta a la pregunta que me hiciera el compañero Rodríguez Prats quiero, porque lo
considero a propósito y también a propósito de lo que acaba de leer la Secretaría por
instrucciones de la Presidencia, leer, de manera rápida, los siguientes párrafos de un
documento expedido por la Comisión de Concordia y Pacificación, en el mes de marzo 4 de
1997. Dice:
"La Cocopa podrá fijar una posición
pública, razonada e imparcial. La Cocopa se ha reunido con especialistas independientes,
con expertos en derecho constitucional consultados por el Gobierno Federal y con asesores
del EZLN.
La mayoría de éstos, obviamente de los
asesores y de los especialistas consideraron que la propuesta de reformas constitucionales
recoge en esencia los acuerdos de San Andrés, pero estiman que la redacción del texto es
perfec tible, por lo que sugiere se le hagan adecuaciones de técnica jurídica para
evitar imprecisiones o confusiones en su alcance, interpretación y contenido."
Dice el punto cinco de este mismo
documento: "tomando en cuenta que el procedimiento planteado por la Cocopa no
alcanzó el objetivo de que las dos partes aceptaran el texto propuesto, esta comisión
considera que puede consensuarse con el EZLN y el Gobierno Federal otra alternativa para
resolver las diferencias actuales y restablecer el diálogo y la negociación entre las
partes en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en
Chiapas".
"La Cocopa considera que enviar
unilateralmente la propuesta original como iniciativa al Congreso de la Unión, es una
opción que no tendría viabilidad...". Insisto, punto seis, documento del 4 de marzo
de 1997, reza: "la Cocopa considera que enviar unilateralmente la propuesta original
como iniciativa al Congreso de la Unión, es una opción que no tendría viabilidad de
aprobación legislativa".
Con esto, señores diputados, señores
senadores, queda debidamente contestada la pregunta que se hace en relación a la apuesta
que cada una de las partes ha hecho valer.
Lamento mucho que los acontecimientos
informativos del día sábado o del día domingo, hayan puesto en evidencia cuál es la
naturaleza y el compromiso de los militantes de esta fuerza en rebeldía. Lamento mucho,
porque me temo que con la evolución tan vertiginosa de los hechos y de los
acontecimientos políticos, más temprano que tarde quedará demostrado que aquí un
partido político que debiendo sostener un compromiso con la democracia, con la paz y con
el país, de leyes, hizo uso de su derecho a participar y a expresarse en esta tribuna,
para atizar y para propiciar un ambiente de beligerancia y de confrontación.
Es cuanto, señor Presidente.
Tiene la palabra el diputado Jesús
Martín del Campo, estaba inscrito. Si cede, por ser del mismo grupo parlamentario....
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Pido la palabra para contestar
alusiones personales.
Si se trata de contestar alusiones
personales, que serían en términos del reglamento preferentes a la intervención de
hechos registrada, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señores legisladores:
La gran cantidad de alusiones que hizo
quien estaba antes aquí en la tribuna, no fueron pocas, pero creo que no vale la pena
entrar en una relación caracterizada por la pura palabrería.
Es decir, el problema de la iniciativa de
la Cocopa no es un asunto de técnica jurídica, es un asunto de contenido. De ninguna
manera es un problema técnico y, sin embargo, es un problema político, porque no todos
los partidos que forman parte de la Cocopa o que tienen representantes en la Cocopa
asumieron realmente el compromiso de impulsar ese texto.
Y este es un problema que sí afecta al
país, porque pone en entredicho la relación entre las fuerzas políticas. Si las fuerzas
políticas operan hacia la consecución de acuerdos y una vez que los textos están listos
desconocen esos acuerdos, esos textos y carece de valor el compromiso que asume, pues hay
una subversión de las relaciones políticas; los partidos ya no saben a qué atenerse...
Y éste es un problema que sí afecta al
país, porque pone en entredicho la relación entre las fuerzas políticas. Si las fuerzas
políticas operan hacia la consecución de acuerdos y una vez que los textos están listos
desconocen esos acuerdos, esos textos y carece de valor el compromiso que asume, pues hay
una subversión de las relaciones políticas; los partidos ya no saben a qué atenerse, la
Cocopa es un organismo legal en donde están justamente los partidos con representación
parlamentaria para coadyuvar, para llegar entre ellos a determinados acuerdos que
coadyuven a la solución del problema y cuando esos acuerdos no se sostienen entonces no
hay salida, señores legisladores, y mucho menos cuando ahora el Gobierno asume que esa
falta de cumplimiento también es de los partidos, de sus compromisos tomados en la
Cocopa, tiene que ser resuelto por el EZLN.
Y el EZLN responde diciendo que ése no es
un problema creado por el EZLN, sino por la inconsistencia de los partidos políticos y la
actitud intransigente de no aceptar el texto por parte del Gobierno.
A mí me gustaría que se abriera mañana
el diálogo de San Andrés, en mi opinión, bueno, pues ahí pueden estarse dos años
discutiendo los cuatro puntos objetados por el Gobierno, que antes eran veintitantos, pero
que siguen siendo los cuatro puntos más importantes, tampoco nos engañemos.
Entonces yo digo todo esto, porque fuera de
toda esa palabrería de decir que el PRD es esto y es lo otro, cosa que no tiene sentido
en este problema; finalmente estamos todos involucrados en el problema de la rebelión, en
la medida en que afecta a México, que no seamos del bando de los rebeldes o no estemos en
el bando del Gobierno Federal, todos estamos involucrados.
Entonces, el problema aquí está en que el
Gobierno carece de una estrategia de solución política, no quiere elaborarla el
Presidente, creo que el Presidente se está equivocando en la conducción de este
problema, muy gravemente.
Por último, diputado Presidente, esto que
ha dicho el diputado Oceguera, es en relación con los diputados del PRD que han ido
recientemente a Chiapas, es una completa difamación. Los diputados del PRD que han estado
en Chiapas, que han hecho sus actividades públicas, han llevado 70 toneladas de alimentos
costeados por cooperación personal de los integrantes del grupo parlamentario del PRD,
han ido junto con la Policía Judicial Federal a varios poblados a hacer posible que las
personas que querían abandonar esos lugares lo pudieran hacer, porque consideraban que
estaba su seguridad amenazada, han hecho innumerables gestiones para promover la ayuda a
las víctimas de esa guerra sucia, tan condenable que están llevando a cabo las
organizaciones priístas en la región y que el gobernador del Estado no se muestra
dispuesto a detener y que se lleva a cabo a través de los llamados grupos paramilitares.
Hemos estado muy activos y lo vamos a
seguir haciendo, creemos que es una de nuestras múltiples obligaciones, no podemos
renunciar a tener que ver en este asunto, como mexicanos, como partido político, como
representantes de la nación, en un problema tan importante, tan grave y tan trascendente
para la vida nacional, pero de ninguna manera hemos ido a Chiapas a plantear situaciones
que encajonen o que promuevan hechos de violencia.
Yo he de decir, sobre todo a las personas
que no conocen esa región, de La Realidad; en La Realidad hace mucho tiempo que no se
comete ni un delito; en La Realidad nunca hubo ningún enfrentamiento de carácter armado,
cuando se produjo la rebelión en Los Altos y en Ocotsingo, Margarita, La Realidad está
demasiado lejos de ahí, de ahí salieron los rebelde, unos rebeldes como de otros pueblos
y lugares de esa región; entonces, ahí no hay problemas de seguridad; el Ejército
atraviesa la población ni siquiera población se le puede llamar a eso, 20 veces al día,
a través del precario camino que hay ahí; ha puesto un campamento muy cerca de ese
poblado... no son tareas, no son asuntos de seguridad interior.
Cerca de ahí se supone que están algunos
de los grupos de milicianos zapatistas, pero ellos tienen una libertad de acción y un
status de no perseguidos por la ley, por una ley que emitió el Congreso de la Unión;
entonces no hay tampoco un problema de seguridad, no estamos planteando que no haya en
Chiapas ningún miembro del Ejército.
Le estamos pidiendo al Presidente que en
lugar de usar el Ejército como ya lo dijo el Secretario de Gobernación, para presionar
políticamente al EZLN, repliegue efectivos de esa zona para evitar un posible encuentro
violento entre los milicianos del EZLN y los miembros del Ejército, los militares.
Le hemos estado pidiendo al Presidente que
haga eso desde que empezó con sus provocaciones irresponsables en ese lugar, eso es ati
zar el conflicto, la violencia y la confrontación.
Yo les pido... desde luego no tengo mucha
esperanza, a los diputados del PRI, sobre todo a los del PAN, sí, porque ellos por lo
menos son independientes, tienen un criterio propio, malo o bueno pero lo tienen, bueno,
pues por lo me nos, pues ésa es la realidad política de México, el partido de Estado se
comporta como partido sumiso, no elabora la línea del Gobierno, el Gobierno asume las
decisiones y después los del PRI tienen que apoyar esas decisiones en las que no tomaron
parte, es un problema de... esto es un asunto, aunque le duela, señor se nador, pero
usted sabe muy bien que es la verdad y todo mexicano lo sabe.
Entonces, yo llamo a todos los legisladores
con estas advertencias que no ignoro, no quiero ser ingenuo, a que apoyen, a que apoyen la
exigencia para bajar el nivel de presión militar en esa parte de Chiapas, de la misma
manera que estamos exigiendo el desarme de los grupos paramilitares, en Los Altos y en el
norte de Chiapas. Estos son dos puntos importantísimos en la coyuntura actual, demos la
lucha por lograr eso, para evitar otros enfrentamientos, matanzas o un enfrentamiento
entre el Ejército mexicano y los efectivos o los milicianos zapatistas.
El asunto entonces es muy serio y yo
lamento la manera tan irresponsable como están tratando el asunto los diputados del PRI,
que entre el lenguaje diazordacista y las acusaciones gratuitas aquí contra el PRD,
están llevando a un plano demasiado superficial,... yo sí veo, se los digo con
franqueza, el peligro de que en cualquier momento vayan a ocurrir enfrentamientos de una
violencia tremenda. Esa es nuestra preocupación.
Hagamos algo ahora; no lamentemos después,
no lamentemos después y culpemos al EZLN, al PRD, al comunismo internacional, a los
derechos humanos internacionales, a conspiraciones de fuera etcétera; no hagan diazorda
cismo a estas alturas, pongamos los pies en la tierra y ofrezcamos vías que por lo menos
distiendan, que es lo que puede llevar al camino de la conformación de una estrategia de
solución política para renunciar a las vías de fuerza. Ese es nuestro planteamiento.
La Presidencia reconoce el derecho de
alusiones personales del diputado Oceguera. Le ruego al diputado Jesús Martín del
Campo...
| El diputado Gil Rafael Oceguera Ramos: |
Señor Presidente, antes que nada le
quisiera dejar asentada mi protesta, porque usted, a través de una tarjeta, me reconvino
por excederme en el tiempo y Pablo Gómez, sin ser reconvenido, ha hablado inclusive más
tiempo del que yo tuve.
Diputado, le ruego ver ahí a su lado
derecho la tarjeta de tiempo que se le hizo llegar al señor diputado Gómez y que la
Secretaría dio cuenta.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Se la llevó Pablo.
Aprovecho esta oportunidad para
rogarles a los oradores que con objeto de seguir desahogando este debate, respetemos el
tiempo.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos: |
Retiro la propuesta, señor
Presidente, retiro lo dicho.
Efectivamente el asunto es bastante serio.
Lamentablemente al compañero Pablo Gómez se le paró el reloj. Pareciera como si
estuviese aún en los años aquéllos de 1968 y efectivamente viene a la tribuna y con sus
expresiones hace aflorar los distintos traumas que le han quedado.
Aquí habla de que no hagamos
diazordacismo, aquí habla de partido de Estado. ¿Qué diputado, medianamente informado y
medianamente comprometido con la dialéctica social y política que ha vivido el país,
puede manejar una categoría que los estudiosos del marxismo-leninismo acuñaron y que es
la teoría del partido de Estado? Digo, ya estamos a punto de concluir el segundo milenio,
ya va a concluir la década de los años noventa, ya estamos prácticamente en la antesala
del Siglo XXI.
Venimos aquí a la tribuna, como en los
tiempos aquéllos del pensamiento único, a hacer valer la tesis de que en México existe
un partido de Estado. ¡Caray! ¿De veras no existe capacidad para analizar o se recurre
al expediente de repetir los retruécanos que durante años se han estado repitiendo y que
a nada nos han conducido?
Ciertamente la situación es muy seria,
pero esto no nos habla de que en el país exista un partido de Estado. Partido de Estado
compañeros, en los años de la Unión Soviética, cuando todo aquel que se permitía el
derecho de opinar era perseguido y exterminado por una actitud intolerante para defender
el método o la práctica del pensamiento único. Aquí no hay partido de Estado; ya
olvidémonos de mitos de tribuna que repetidamente vienen a enunciarse aquí, cuando no se
tiene otro tipo de argumentos para debatir.
Yo sostengo que efectivamente es muy grave
la situación que prevalece en Chiapas y es responsabilidad de todos asumirla. Lo que
aquí ha dicho el diputado Gómez, verdaderamente no tiene desperdicio. Ojalá que pronto
tengamos, de manera instantánea, las versiones estenográficas.
Aquí se ha hablado de que no hay en
Chiapas un trabajo de agitación y que el PRD no le apuesta a la violencia y al desorden.
¡Caray!, pero al mismo tiempo se dice que el PRD está presente, desarrollando labores de
carácter humanitario. ¿Qué ya se nos olvidó que aquí votamos un punto de acuerdo, a
propuesta de nosotros los legisladores, para que la Cruz Roja se hiciese cargo del reparto
de los víveres y de los apoyos que en la ayuda humanitaria se daban a los grupos de
desplazados, por considerar que el Estado mexicano, que a través del doctor De la Fuente,
secretario de Salud, al entregar este tipo de apoyos estaba llevando agua para su molino?
Entonces, aquello que es prohibido y que es
indebido en el Gobierno, gobierno legítimo, con 17 millones de votos de apoyo, aquello
que cierta oposición le quiere, le niega al Gobierno ejercer, que es la obligación de
ejercer, de apoyar humanitariamente a los desplazados, entonces sí es correcto en los
diputados del PRD, que repito, permanentemente en promedio 30, 35 de ellos están
presentes en la entidad chiapaneca. Ahora se me viene a decir que están repartiendo
víveres, que están apoyando y que no están de ninguna manera apostándole a la
violación del estado de derecho, del estado de leyes.
Les digo, no tiene desperdicio lo que ha
dicho nuestro colega Pablo Gómez, nos viene a decir que en La Realidad, que en el pueblo
de La Realidad todo es orden y concierto. Creo que trata de ensalzar los postulados
aquéllos del socialismo utópico donde todo era felicidad, donde todo era orden, en donde
todo era dulzura, pero los últimos reportes periodísticos nos hablan de una cosa muy
diferente, nos dicen que no se violan las leyes en La Realidad, en el sitio de La
Realidad.
Pero qué decir de la violación a las
leyes, si ahí estamos viendo que hay una especie de comuna extranjera, que trata de
impedirle a comunicadores nacionales ejercer el derecho a la información, ejercer la
libertad de prensa. Se les pide identificarse, arrogándose facultades que son exclusivas
del Estado mexicano, pidiéndoles documentos como si verdaderamente entrasen a un
territorio que no es el territorio nacional.
Si esto no es violar las leyes, diputado
Gómez, si esto no es atentar en contra de la soberanía de un país, en contra de
derechos tan caros para nosotros, como es el derecho a la libertad de prensa o el derecho
de libre tránsito, entonces mejor no hablemos de estas cosas, mejor pongámonos a
platicar de otro tipo de asuntos, porque veo, y aquí lo que predomina, insisto, es el
discurso doble, la actitud de realizar propagandismo de carácter político.
En Chiapas, hace poco más o casi dos
años, el PRD perdió las elecciones, en 80 y tantos municipios, ocho de ellos supuesto
territorio zapatista, el PRD perdió las elecciones y luego descalificó el proceso, dijo
que las elecciones obedecían al interés de los caciques y después de esto el PRD formó
los consejos paralelos.
¿Quién está, compañeros diputados, del
lado del país de leyes y quien del lado de la violencia?
Eso es todo.
Finalmente, tiene la palabra el
diputado Jesús Martín del Campo.
| El
diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Quiero recordar que el tema de origen
fue traído a tribuna por diputados del Revolucionario Institucional y es el asunto de las
declaraciones hechas ayer por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, que
tiene encomendada una responsabilidad muy importante frente al conflicto de Chiapas y que
lo que importa es decir qué implicaciones tiene esta declaración hecha ayer por el
secretario Labastida, frente a la cual, sí, lo hemos venido reiterando los del PRD,
clarísimamente tenemos un enfoque, por lo que se ve, opuesto entre los del Revolucionario
Institucional y los de la Revolución Democrática en esta Comisión Permanente.
Una primera implicación que reiteramos
tiene la declaración hecha ayer por el Secretario Labastida y es de la más alta
gravedad, es que se pospone por tiempo indefinido el respeto y la culminación de los
acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el Gobierno Federal y que estaban
representados por la Cocopa en su momento.
Esta posposición indefinida, sólo deja la
posibilidad, ante lo declarado por el secretario Labastida, de una salida de fuerza en la
que se tiene la idea de arrodillar al EZLN como contraparte del Gobierno en este conflicto
con las tanquetas, la metralla enfrente y como cerco que se estrecha cada vez más, para
decirles que acepten lo que ahora se vuelve irrenunciable para el Gobierno, no
suficientemente difundido, que son los cuatro desacuerdos con los originales acuerdos de
San Andrés Larráinzar con el texto de la Cocopa.
Entonces esto es lo que realmente está de
fondo; esto es lo que representa verdaderamente una situación preocupante, nos preocupa a
todos, es evidente, pero tenemos un en foque opuesto, diametral y eso es lo que conviene
aclarar.
Ya se ha dicho aquí que resulta por lo
tanto superfluo todo el asunto de una cortina de humo, que habla de quién está detrás
del EZLN, de quién está detrás de las ONG, quién está detrás de la asistencia de
diputados del PRD a Chiapas.
Sólo quiero recordar que un indígena
chamula, que enfrentaba un conflicto, la población de Chamula, cuando fue alguna vez
requerido de que quién estaba detrás de él por sus protestas, en relación a un
conflicto en la comunidad chamula, le contestó, a un reportero que le preguntaba,
volteando a sus espaldas, de manera ingeniosa, que no miraba a nadie, no estaba detrás de
él nadie, pero que tenía razones por las cuales protestaba.
Hay una satanización absurda, ésa sí,
del Gobierno, y que nos parece grave que los legisladores del Revolucionario Institucional
se hagan eco de ello sin fundamento, sin pruebas adecuadas de extranjeros que
supuestamente están ahí invitando a consumar una conjura internacional, a partir de unos
datos absurdos, endebles, de quien ahora pretende sustituir a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Rosario Green, la señora Lolita de la Vega, con una llegada ahí planeada, en
la que le presta el gobierno del Estado un helicóptero y creía encontrar, porque le
habían dado el libreto, Ak-47, y lo único que encontró fueron lentes 2.4 de zoom, 2.4
de Yashika o de otros, pero no encontró ningún arma, encontró a unos extranjeros,
efectivamente, que tienen un cinturón de paz, que no portaban ninguna metralleta, ningún
Ak, sino tenían algunas camaritas, casi casi domésticas, por lo que la evidencia no
centraba, y entonces ese montaje es francamente grotesco y es también grotesco y ab surdo
que legisladores del Revolucionario Institucional hayan traído el tema, incluso por esa
evidencia, por esa prueba contundente de que hay una conjura internacional.
Contribuyen, creo que sin proponérselo
algunos, sólo por inercia seguidista de lo que el Gobierno está decidiendo por encima de
una voluntad de discusión en su partido, a esta cadena de absurdos que están
justificando una salida de fuerza que puede darse próximamente.
Nos preocupa también, lo decimos
categóricamente, que se asocien este tipo de afirmaciones que hace el diputado Oceguera,
de trau mas, que son francamente consideraciones limitadas de lo que es una visión
política de cualquier signo ideológico, en este caso de izquierda, de la que procedemos
muchos diputados del PRD y que haya mencionado ayer el señor secretario Labastida, que
casi casi está amenazando en su seguridad, en su integridad, al señor Miguel Alvarez,
sin ninguna prueba, sin ninguna prueba contundente que permita decir que ha generado una
conjura internacional. Y corren riesgos iguales o semejantes, derivados de estas
afirmaciones irresponsables del Secretario de Gobernación, el compañero Gilberto López
y Rivas, que además de que tuvo una discrepancia con la señora Lolita de la Vega en su
programa, está queriendo ser puesto también como partícipe de esa conjura internacional
y corre el riesgo también el senador Payán, que ha estado asistiendo a Chiapas y que
ahora aquí un legislador nos viene a decir que no pueden ir los del PRD.
Sólo no tienen ánimos de conjura
internacional los del Revolucionario Institucional, cuando van a cumplir comisiones o
encomiendas de su partido en entidades distintas a las cuales pertenecen como
representantes de distrito. Es también una cosa extraña, es una cosa paradójica
además, justamente porque hemos reconstruido, porque hemos logrado ganar la posibilidad
de que los legisladores tengamos un papel más activo en situaciones tan difíciles como
la de Chiapas, tanto es así que se creó la Comisión de Concordia y Pacificación, con
representantes de todos los partidos.
¿Qué tendrán que hacer los legisladores
de la Cocopa, para que no sean acusados aquí, de que tienen algún ánimo de consumar una
conjura internacional?
Hay también la imposibilidad de que ahora
se dé el diálogo. Quiero decir, lo reitero en este caso, sí, directamente a la
intervención del diputado Oceguera, que no hay ningún trauma detrás de las críticas
que en ejercicio de nuestro derecho hacemos al Gobierno.
Yo no me preocupo de que tenga trauma de
apoyar al Gobierno de manera acrítica, de manera seguidista, que lo hace continuamente
aquí, oficiosamente, no sabemos que le hayan dado un nombramiento de apoyador al gobierno
permanentemente, pero me preocupa que ése sea el ánimo que está determinando la
política que el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación quieren
llevar en Chiapas.
Que hay gente deleznable de la sociedad,
porque critica al Gobierno, al gobierno del PRI en este país, porque decimos
concretamente por qué lo criticamos y entonces nos convertimos en enemigos de la patria,
en representantes de una conjura internacional y entonces deberemos ser exterminados, se
nos debe de aplicar no sé con que rigor qué ley, que es así, no me preocupa como
obsesión, insisto, sino como la política que el Gobierno está siguiendo, de la que se
hace eco aquí de manera irresponsable el diputado Oceguera, cuando se refiere a las
motivaciones de los miembros del Partido de la Revolución Democrática, en nuestra
opinión, sobre los asuntos de Chiapas.
Quisiera que no concluyera la vivencia, la
experiencia de los habitantes de las distintas comunidades indígenas de Chiapas, como en
el cuento del diosero, donde le ponen el nombre de la huella del Chulel, que la noche
anterior pasó antes del nacimiento de un niño que nace; así como hay un "Anselmo
Bicicleta" en el cuento del diosero, no quisiera que hubiera un "Anselmo
Metralleta", "Anselmo Tanqueta" o "Anselmo Crímenes de Estado",
que están queriendo cometer en ese lugar, para eludir la responsabilidad de concluir con
acuerdos de paz a los que se había comprometido el Gobierno mexicano.
Creo, entonces, que aunque ahora tenemos un
punto de vista totalmente diverso los del Partido Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática, vamos a ser responsables si no tomamos medidas reales para
obligar al Gobierno a que retome el camino del diálogo y la paz, al que ahora se está
alejando por las declaraciones muy preocupantes del secretario Labastida ayer.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Juan
Ramiro Robledo.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente; con
permiso, compañeras y compañeros legisladores:
Me voy a referir particularmente a dos
cosas: una, a que distinguí en los acuerdos de San Andrés, elaborada de buena fe, la
iniciativa de reforma constitucional de la Cocopa, que es una manera de contribuir
lúcidamente a que la solución se dé por vías políticas.
Aclarar en qué consisten los compromisos
del Gobierno Federal, entendido como Poder Ejecutivo del Gobierno Federal y en qué no
consisten en esos compromisos y dilucidar si tiene o no derecho el Gobierno Federal,
entendido como Poder Ejecutivo, a objetar, a observar, a pedir que se modifique un
proyecto de iniciativa, formulado por una tercera persona, un organismo, la Cocopa,
respecto de lo cual ciertamente hay anuencia de una de las partes, pero la otra también
tiene derecho de opinión.
Para empezar el diálogo, para empezar a
aplicar la ley que aprobamos en marzo de 1995, las partes, EZLN, el Gobierno Federal,
Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, empezaron por establecer un procedimiento de
trabajo, le llamaron agenda, formato y reglas de procedimiento del protocolo de bases para
el diálogo y la negociación de lo que sería el objeto principal de la ley: un acuerdo
de concordia y pacificación con justicia y dignidad.
Aquí establecieron plazos, tema y
procedimiento para trabajar. Pusieron cuatro principales temas, uno de ellos, el de
derechos y cultura indígena, concluyó felizmente con la firma de varios acuerdos el 16
de febrero en San Andrés. Los demás no se han abordado, no se han empezado a discutir,
solamente existen enunciados en el papel. No repito cuáles son, los conocemos
perfectamente.
¿En qué consistieron esos acuerdos?
Hablamos mucho de ellos, pero creo que si los recordamos y releemos algunos párrafos,
podemos dar pasos adelante de una solución política del problema. ¿Consisten esos
acuerdos en el tema de derechos y cultura indígena en proponer que haya una nueva
relación político-social y jurídica entre el Estado mexicano y las comunidades
indígenas de todo el territorio nacional, no nada más de Chiapas? Para ello, hay que
tomar ciertas medidas, adoptar muchas acciones y comprometer a varias instancias de
gobierno. Pero la primera es crear un nuevo orden jurídico que rija esa nueva relación
entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano.
¿Cuál sería ese nuevo orden jurídico?,
el que resultara de impulsar, de impulsar varias reformas constitucionales y después las
consecuentes modificaciones a las leyes federales y a las constituciones y leyes de los
estados.
¿A qué se obligó el EZLN y el Gobierno
de la República entendido, no como los tres, los órganos de gobierno de los tres poderes
del Gobierno Federal, sino nada más como los órganos de gobierno del Poder Ejecutivo,
del Gobierno Federal y así logramos entender, no creo que haya duda sobre eso, por una
pregunta que hizo hace rato Juan José Rodríguez Prats, relativo a la posición personal
del hoy senador Marco Antonio Bernal, su firma fue en nombre del Poder Ejecutivo del
Gobierno Federal y compromete al Gobierno Federal, al Poder Ejecutivo.
¿A qué se obligó? A impulsar las
siguientes acciones, son cinco puntos, los voy a resumir mucho, seis puntos:
A que haya el reconocimiento en la
Constitución Política Nacional, entiéndase federal, de las demandas indígenas en los
siguientes términos: sobre sus derechos políticos; sobre sus derechos de jurisdicción,
procedimientos, derecho penal consuetudinario; sobre sus derechos sociales, su
organización social; sobre sus derechos económicos, entre otros aprovechamiento de los
recursos territoriales de las zonas indígenas.
Derechos culturales: reconocimiento en la
Constitución de estos derechos. Luego reconocimiento concomitante en la legislación
secundaria de todo esto y particularmente de tres aspectos: que se reconociera a los
pueblos indígenas como entidades de derecho público; que se les reconociera el derecho
de asociarse como municipios mayoritariamente poblados por indígenas y que se reconociera
también el derecho de asociarse o confederarse, no es ésa la palabra que se usa aquí,
entre estos municipios de carácter mayoritariamente indígena.
¿A qué más?, a que el reconocimiento de
estas características de libre determinación y autonomía se indujeran hacia las
legislaciones estatales.
Y luego dice los puntos de acuerdo, de
manera muy importante y destacada: que en la determinación del marco jurídico y a la
definición de las particularidades de la nueva versión del Estado con los indígenas,
dice: "el Poder Legislativo será decisivo", eso dijeron "el EZLN y el
Gobierno Federal" y que para ello el Gobierno propondrá al Congreso de la Unión que
establezca un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas y a los congresos
de los estados que consagren legalmente las especificidades que se dieran respecto a los
pueblos indígenas de cada territorio estatal.
Luego dice: para ello en la Constitución
Política deberán reformarse varios artículos. El Gobierno se compromete a impulsar una
reforma al artículo 4o., una al 115 y a otros. Luego a la ley reglamentaria y otra vez a
las constituciones de los estados.
¿Qué quiere decir que el Gobierno Federal
se comprometa a impulsar? ¿A iniciar una reforma constitucional? ¿A comprometer el voto
de cuanto legislador en las dos cámaras federales y en las legislaturas de los estados,
para reformar la Constitución, pueda hacer caso a esas sugerencias de ideas y de
contenido de lo que impulsa el Gobierno Federal, el Ejecutivo? ¿Se comprometió a obligar
a los legisladores priístas a aceptar un determinado texto de iniciativa? ¿Hasta allá
deberíamos de entender este compromiso de "impulsar"? ¿Podrían los
legisladores de Acción Nacional o de cualquier otro partido sentirse comprometidos con
este acuerdo que obliga al Gobierno Federal a impulsar una reforma constitucional?
"Impulsar" entendemos que puede
ser elaborar una iniciativa, estudiar una iniciativa elaborada por una tercera persona,
consensarla con la otra parte que es el EZLN o auspiciar que un grupo de legisladores
presenten otra iniciativa.
En ningún momento los acuerdos de San
Andrés dijeron o permitieron o sugirieron, que la Cocopa era la encargada de elaborar una
iniciativa de reforma constitucional que diera cuerpo y concreción jurídica a la parte
conducente de los acuerdos. Lo hizo la Cocopa, los miembros anteriores de la Cocopa de la
LVI Legislatura. Creo que lo hicieron de buena fe; creo que es un documento muy
rescatable, no en todas sus partes.
Me parece, en mi opinión personal, que
algunos aspectos van más allá, descuidadamente, en términos jurídicos, de los acuerdos
de San Andrés. De todas las observaciones que hizo inicialmente el Gobierno Federal, el
Poder Ejecutivo Federal se ha quedado con cuatro, tratando de allanar los pasos para una
estrategia política de solución al conflicto. Eran 29, se queda con cuatro
fundamentales.
Uno, por ejemplo, nunca los acuerdos de San
Andrés, -dicen- "que los pueblos indígenas podrán explotar de manera colectiva los
recursos naturales de sus territorios". Nunca lo dice. Dice que:
"Tendrán derecho preferencial a
recibir concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales. Que tendrán
derecho a que de acuerdo con disposiciones y compromisos internacionales de México, a que
se prevea la sustentabilidad del desarrollo", es decir, que se haga compatible la
estabilidad del medio ambiente con el aprovechamiento económico de los recursos
naturales.
No dice lo que la iniciativa de la Cocopa
sí dice. Entonces si en un conflicto hay dos partes que llegan a un primer acuerdo para
producir jurídicamente ese acuerdo y una tercera persona de buena fe viene y propone un
texto, las dos partes pueden opinar. Una ya opinó y le pareció correcta. El EZLN dice
que está de acuerdo con esa primera versión de la iniciativa. Bueno, la otra parte dice
que no, que la dejen opinar. Si no se pusieran de acuerdo con alguna nueva versión de la
iniciativa de reforma constitucional, primer paso para cumplir una parte del primer punto
de los acuerdos de negociación política, bueno, pues habría que intentar otra fórmula
jurídica.
Un grupo de legisladores de varios partidos
pueden elaborar un proyecto de iniciativa de reforma o bien, también podríamos todos
contribuir, pedir a una de las partes que no se quiere sentar a negociar, a que haga un
esfuerzo para ver qué opina el Gobierno Federal, dentro de la mínima lógica y sensatez
política, pues es correcto que se siente a ver qué opina el Gobierno Federal y a
discutir.
Los acuerdos de San Andrés en el primer
formato de discusión, dice:
"Que después de la plenaria en donde
se haya aprobado algo como eso, tienen que volver a sentarse las mesas de trabajo y a
desglosar por subtemas, cada uno de los acuerdos."
No hay ninguna otra obligación que no sea
"impulsar".
Propongamos que ustedes y nosotros hagamos
un proyecto de iniciativa de reforma constitucional. Ustedes y nosotros, ¿qué les
parece?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¡Ya tenemos un proyecto..!
Diputado Gómez, no ha solicitado la
palabra.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¡Ustedes lo firmaron..!
Diputado Gómez: mantenga el orden.
Continúe el orador. ¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado Gómez?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¡No!, señor Presidente.
Gracias. Adelante el orador.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Yo creo que apenas hubo un intento de
lograr una reforma concreta constitucional. Si no satisface a las dos partes, pues habrá
que intentar otro. Una manera es reanudar las mesas de trabajo en San Andrés o en
cualquier otro lugar propicio en Chiapas.
Los acuerdos de San Andrés no comprometen
al Congreso de la Unión a aceptar textualmente sus términos. Yo creo que podemos
conseguir que su contenido, su verdadera esencia, con respeto a la voluntad de ambas
partes, pueda traducirse en una cabal reforma constitucional que deje a todos satisfechos.
Creo que lo podemos hacer los legisladores federales de México.
Y, finalmente, yo si le encuentro una
explicación al último párrafo de la intervención del día de ayer del Secretario de
Gobernación, cuando dice, creo que aquí se leyó ya este párrafo, "que pide al
EZLN que señale fecha para la reanudación del diálogo y que después de esto el
Gobierno Federal revisará las posiciones que actualmente ocupa el Ejército mexicano en
Chiapas".
Nosotros no lo interpretamos como una
condición política que quiera poner en desventaja en la negociación a la otra parte y
que por lo tanto fuera una propuesta desleal; no lo entendemos así y les pediríamos a
quienes lo entienden de esa manera, pues que reflexionaran sobre lo que les voy a decir.
Es una condición jurídica para remover el
diálogo. La ley que aprobamos en el año de 1995, dice en el último párrafo del
artículo 6o., después de afirmar que el diálogo es un procedimiento jurídico para
llegar al acuerdo principal de concordia y pacificación, "que en los espacios de
negociación, determinados de común acuerdo, no se permitirá la portación de ningún
tipo de armas, que el Gobierno Federal en coordinación con el Estado de Chiapas, ¡el
Gobierno Federal en coordinación con el del Estado de Chiapas!, con la intervención que
corresponda a la Cocopa, generará medidas de distensión y las demás condiciones
físicas y políticas para el diálogo".
Si hoy las posiciones del Ejército están
en determinados lugares territoriales, al momento en que se reanude el diálogo,
dependiendo del lugar y de las fechas, tendrá que revisarse necesariamente la posición
de las fuerzas de seguridad pública, del Ejército y de las demás fuerzas de seguridad
pública que estén en Chiapas para garantizar el libre tránsito, la seguridad y la
integridad de negociadores de líderes de las partes y de cualquier habitante de aquel
rumbo.
Es una condición jurídica, así lo
entendemos. Es una condición jurídica y me parece que tiene respeto a la ley y desde
luego a la personalidad política con que ha asumido el EZLN su posición en esta
negociación interrumpida.
Tiene la palabra para rectficar
hechos y hasta por cinco minutos, el diputado Armando López Romero.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Estamos otra vez en algo que deberíamos,
desde hace tiempo y lo dijimos aquí en la tribuna, en el interés precisamente de
encontrar los caminos, empezar todos nosotros con plantear obviamente las
responsabilidades, respetando el marco de la negociación.
El interés general es la paz y yo creo que
en eso ninguno discutimos en ese sentido. Donde hay divergencias, obviamente, es la
óptica y la óptica legal por un lado los acuerdos de San Andrés. Por otro lado,
obviamente, la participación de las partes en este sentido.
Yo creo que la solución a este problema es
obvio, nuestro partido lo ha planteado, es obvio que es entre nosotros los mexicanos. Pero
que también se ha tratado de una estrategia que están dando luz y que sabemos y lo hemos
discutido durante mucho tiempo, obviamente parte desde desacreditar a los actores y lo
vemos cada vez que estamos inmersos en una discusión, más allá de entrar al fondo del
problema seguimos en la superficie.
Por otro lado, se pretende radicalizar el
enfrentamiento y muestras de ello obviamente son los eventos terribles de Acteal, los
eventos y situaciones de enfrentamientos supuestamente civiles, pero obviamente de grupos
paramilitares contra la sociedad.
Y luego viene a satanizar el concepto de
los extranjeros, de la presencia de los extranjeros y creo que ésta es la otra parte, yo
creo que nadie teme en ningún país y mucho menos en el nuestro, que observadores de
derechos humanos participen, yo creo que son elementos simplemente de observación y la
ley es muy clara y nadie va a estar en contra de la aplicación de la ley.
Y obviamente un punto que es muy
importante, es trasladar la responsabilidad al Ejército Zapatista y éste es el punto en
que nos encontramos ahora.
Yo quiero leer rápidamente lo que
apareció el día de ayer en el periódico El Financiero, declaraciones que quiero traer
aquí para que vea mi buen paisano que las posiciones cuando se critica al Ejecutivo no es
una posición ni violenta ni como el camino para tomar el poder. Nosotros, el PRD sigue
apostando en el proceso electoral y en los votos para llegar al poder.
Aparece y dice: "del Ejecutivo Federal
tenemos una estrategia errática, llena de contradicciones y bandazos que se traducen en
la práctica en desencuentros. Tal actitud dividida del Gobierno Federal estaría llevando
a un arrepentimiento extemporáneo, por lo que se firmó en San Andrés, causado
posiblemente porque en su momento no hubo la comunicación y la vinculación necesaria
entre la delegación gubernamental y los otros niveles del Ejecutivo".
"Afirmar que el texto de la Cocopa se
aleja de San Andrés, es una manera de acusarla de que no es fiel a lo que las partes
acordaron y es una acusación muy grave que sin duda en este momento se suma a todos estos
eventos que parecieran aislados y no lo son, en contra de miembros de la comisión".
Palabras del senador priísta Pablo Salazar Mendiguchia.
Yo creo que el punto que hoy debatimos es
en qué responsabilidad se encuentra la Cocopa y sobre qué puntos tenemos que empujar,
porque obviamente la responsabilidad que tenemos en esta representación es del Poder
Legislativo y yo creo que lo más importante es precisamente el fortalecimiento de esto.
Estamos discutiendo la validez o no de los
acuerdos de San Andrés y yo diría que eso es justamente lo que no deberíamos de hacer.
Hay acuerdos que están planteados, hay acuerdos firmados y pactados por las partes y que
tenemos que empezar por este camino y que aquí en esta tribuna dijimos que había que
tomar medidas que permitieran un ambiente diferente. Y pedir el retiro de los militares no
era el simple hecho de encuartelarlos ni de declarar vencedores o derrotados, no; lo que
queremos es establecer un medio propicio para que se desarrolle la negociación y
obviamente lleguemos a la paz tan anhelada.
Yo no sé por qué tanta insistencia y
vehemencia sobre la presencia de extranjeros. Desgraciadamente aquí hemos tenido y en
otras legislaciones pasadas, la presencia del Secretario de Relaciones, diciéndonos el
porqué se le permitía a organismos policiacos extranjeros pasar por nuestro espacio
aéreo, participar en operaciones policiacas.
Yo creo que tenemos que ser muy claros, no
ensuciemos y no distraigamos el debate sobre lo que tenemos que hacer. Los acuerdos de San
Andrés están firmados por el Ejecutivo, bajo su representante y obviamente por el
Ejército Zapatista y los miembros de la Cocopa. Yo creo que esto de ahí nos enseña que
no tenemos por qué andar buscando otras razones u otros razonamientos para no entrar a
este acuerdo que obliga a las partes, la declaración de que la Cocopa se aleja de los
acuerdos de San Andrés es una muy mala señal del Secretario de Gobernación y obviamente
se entiende por las declaraciones del senador priísta, que inclusive en ellos también
los afectó.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda.
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda: |
Muchas gracias, señor Presidente:
¿Será posible proceder con trascendencia
hoy a la siguiente etapa del diálogo sin la participación de EZLN? ¿Podemos lograr algo
sustantivo y sustancioso en el camino de la paz, hoy, en 1998, en este febrero, mañana,
podemos ir más allá sin la participación de EZLN? Permítanme responder que no es
posible, podemos hacer muchas cosas, pero las sustantivas no las vamos a poder lograr bajo
los lineamientos que están trazados sin la participación de EZLN, ahora, a menos de que
quiera otra cosa.
Considero, como lo hemos comentado desde
esta tribuna, diversos legislaciones de las distintas fracciones parlamentarias, que cada
día se vuelve más urgente la necesidad de pasar a una nueva etapa de diálogo que
permita a la sociedad mexicana y a su Gobierno construir una relación distinta con las
comunidades indígenas de México, particularmente con los que hoy están ubicados en la
zona de conflicto, ésa es la estrategia y fue planteada desde el I Informe de Gobierno
del presidente Zedillo, construir una nueva relación con los pueblos indígenas de
México, ese es el objetivo estratégico fundamental.
De los acuerdos de San Andrés a la fecha
han pasado dos años, podemos decir que pese a todo y pese a muchos intereses hemos
evitado la guerra, hemos evitado la guerra durante todo este tiempo y no ha sido un costo
barato, nos hemos desgastado muchísimo, las comunidades indígenas están fragmentadas,
la sociedad está dividida y pese a que estamos de acuerdo en los objetivos fundamentales
de este esfuerzo nacional, hoy los discursos y las palabras nos antagonizan entre los
partidos; no puede ser, ya no podemos continuar por ahí.
Por lo tanto, pese a que hemos evitado la
guerra y pese a que mi partido ha dicho aquí y decimos y digo que ése será nuestro
esfuerzo incansable de evitar la guerra, considero que ninguna de las partes, directa o
indirectamente involucradas en el conflicto se puede sentir satisfecha por el estado que
hoy guardan las cosas, si sus intereses son el legítimo interés de los pueblos
indígenas en lo que se refiere a su bienestar y desarrollo.
Si ese es el verdadero interés, si el
verdadero interés es el bienestar de los pueblos indígenas, nadie se puede sentir
satisfecho el día de hoy, después de los acuerdos de San Andrés a la fecha.
Se han producido hechos que lamentamos y
acciones que condenamos con energía, evitémoslos y pongámonos en otra ruta de trabajo.
Podemos autocriticarnos, podemos decir que no hemos hecho lo suficiente, podemos, incluso,
emitir críticas rigurosas sobre agentes, instituciones o acciones, pero más allá de
esto, tenemos que aceptar, por mucho que nos duela, tenemos que aceptar que los
condicionamientos a las fórmulas de salida elaboradas en las jornadas de octubre y
diciembre, impidieron el resultado esperado entonces. Léase "La Paz" o al menos
hasta la fecha.
Luego entonces vale preguntarnos si dichos
condicionamientos de entonces a aquellas fórmulas, siguen siendo apropiadas en el
contexto actual, a la luz del desenvolvimiento de los hechos.
Es obvio que me refiero al todo o nada de
la iniciativa de la Cocopa. Por ahora, el consenso de las partes en materia de reforma
sobre derechos y cultura indígena, nos parece una condición imprescindible para tejer
las soluciones al resto de la agenda pendiente y no tan sólo nos parece a nosotros, forma
parte del punto uno de las condiciones mínimas del EZLN para sentarse a dialogar; el EZLN
si lo señaló, el cumplimiento en esta materia era la primera condición: libertad de los
presos, distensión militar, eran las otras, pero ésta era la primera.
La Cocopa y la Conai lo reconocen así y lo
establecen en sus primeros 10 puntos de planteamiento para salir de conflictos, pero no
sólo la Cocopa y la Conai, el secretario Labastida toma el planteamiento y así lo
considera y trabaja en esa dirección.
Como todos reconocemos, avanzar en esa
dirección es la exigencia que cumplida, nos permitirá construir un conjunto de medidas
que en el mediano plazo podrán cambiar radicalmente las condiciones socio-políticas y
económicas de los pueblos indígenas; si no hay consenso con el EZLN, será muy difícil
encontrar soluciones de fondo, porque siempre tendremos ahí el dedo en el gatillo
amenazante.
Necesitamos del consenso del EZLN para
avanzar en esa dirección, para llegar a las verdaderas soluciones de fondo, si no serán
soluciones parciales o unilaterales que tampoco nos ayudan mucho.
Hoy, ante una necesidad inaplazable de
solución y el surgimiento de nuevas expresiones del conflicto, reiteramos que necesitamos
encontrar nuevas fórmulas de salida; a nada ayudan actualmente las posiciones
irreductibles de todo o nada, no nos sirve para la etapa actual que vive el conflicto. Si
como está dicho por el EZLN, la Cocopa y la Conai, la reforma es condición para avanzar
en la solución del conflicto, aferrarse al proyecto conocido como iniciativa de la Cocopa
íntegramente como fue elaborado, aferrarse a esto cuando una de las partes y no cualquier
parte, la parte que tiene en sus manos la responsabilidad en la conducción del país, esa
parte, esa parte es la que tiene cuatro observaciones a esto.
Luego entonces, aferrarnos a esta
iniciativa, cuando ésta es la parte que tiene esas observaciones, me parece que ya no nos
permite seguir positivamente en la búsqueda de la solución del conflicto.
Efectivamente, como algunos de los
compañeros aquí lo dijeron, aferrarse a eso nos coloca en una perspectiva sin salida,
porque una parte se aferra al texto y la otra parte tiene cuatro observaciones y luego
entonces si nos aferramos a esa iniciativa con las condiciones o precondiciones de hace
dos años, objetivamente, efectivamente como aquí se ha dicho, no hay salida.
Luego entonces, ¿eso es lo que queremos?
Queremos que no haya salida o como aquí alguien advirtió, queremos otro tipo de salida,
nosotros no queremos otro tipo de salida, la salida que queremos es la salida de la vía
pacífica, ésa es la que queremos y tendrá que establecerse negociando y para negociar
hay que hablarle a los señores y que los señores acepten negociar, porque está claro
que de la posición de hace dos años no hemos avanzado un milímetro en este punto.
De otra manera, otro escenario podría ser
ya no el Ejecutivo, alguien aquí, algún grupo parlamentario aquí podría aceptar la
condición todo o nada del EZLN; es decir, la tomo tal cual y le pongo tal cual y sale tal
cual, creo que tampoco el Congreso puede estar en esa condición.
Luego entonces, la posición de todo o
nada, no nos ayuda en esta dirección.
La pretensión de aplicar mecánicamente
los requisitos de negociación planteados por el EZLN hace dos años para llegar a la paz,
que en aquel tiempo se veía próxima, hoy, al menos en esas condiciones, no nos sirve. Es
indispensable avanzar en nuevos consensos para retomar el camino hasta una solución
pacífica del conflicto con la participación de los diferentes agentes implicados.
Hoy son útiles, pero no resuelven la
problemática tan compleja en la que nos encontramos, los discursos y los esfuerzos
dispersos y aislados de cada uno de nosotros y de cada quien en el país por la paz. Sin
cancelar ninguna de las demandas, es fundamental la participación del EZLN para sentar
las bases de la nueva etapa de diálogo y negociación.
El Ejecutivo Federal ha definido su
posición y reiterado su convocatoria a reanudar el diálogo, cito textualmente:
"para alcanzar una paz digna en Chiapas y el desarrollo de todos los pueblos
indígenas por medio de una negociación política". Ojalá este mensaje se entienda
así. Ojalá se entienda como lo que es. Desde nuestro punto de vista lo que es y lo que
significa, es un esfuerzo más de una de las partes, la parte del Ejecutivo Federal, para
llegar a la solución del conflicto con los lineamientos trascendentales de hoy: solución
pacífica mediante el diálogo y la negociación.
Sinceramente, como integrante de la Cocopa,
como integrante del Partido Revolucionario Institucional, esperamos una señal positiva
del EZLN para poder avanzar en esta dirección.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Cuán preocupante, señoras y
señores legisladores, es que un vocero del PRI pida una señal positiva del EZLN, cuando
está representando al partido del Presidente. Eso es muy preocupante.
El tono que han asumido en los últimos dos
años los voceros del Gobierno y del partido oficial, ha sido el de denunciar a entidades
determinadas, quejarse de la conducta de otros, asumir posiciones y actitudes a veces
también provocadoras por desgracia. Eso no corresponde a la función de gobernar y yo
creo que lo que se ha perdido, no hay en ese escenario, es en efecto una responsabilidad
del Gobierno.
¿A qué está obligado el Presidente? Si
él debe impulsar los acuerdos a que se llegó, la primera pregunta es, ¿por qué no lo
ha hecho? No ha hecho nada en absoluto.
El texto de la llamada iniciativa de la
Cocopa, no es un texto del EZLN y es así como lo quiere poner el Gobierno. Ese texto no
lo escribió el EZLN, no lo escribió Marcos. A ver, dígame, senador, ¿qué sabe usted
de eso?, dígame, explíqueme, ¿cómo fue que lo escribió Marcos?
Es que yo creo que aquí se está tratando
esto con mucha ligereza, con mucha irresponsabilidad, hasta con frivolidad. Un asunto tan
grave para la nación, porque si las cosas se empeoran en Chiapas, esto va a repercutir en
todo el país gravemente. Es un asunto muy delicado y yo he visto, sí, aquí,
irresponsabilidad y frivolidad en el manejo de estos asuntos.
Permítame, diputado Gómez. Senador
Robledo, ¿con qué propósito?
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Quisiera hacer una pregunta al
orador, señor Presidente.
Diputado Gómez, ¿acepta usted una
interpelación del senador Robledo?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, señor Presidente.
Sí, adelante.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz (desde su curul): |
Es un tema a discusión muy
importante, pero yo quisiera que centrara usted su opinión, si lo puede hacer. Dice que
el Gobierno Federal está obligado a impulsar y no lo ha hecho; hasta donde nosotros
entendemos, lo que ha sucedido es que el Gobierno Federal no está de acuerdo con ese
proyecto de iniciativa y que el EZLN no quiere cambiarle una sola coma.
¿Qué hay que hacer entonces? Le repito,
pero cuidando el procedimiento y el respeto a la Presidencia, mediante este permiso que
solicité, le repito la pregunta que me hizo usted aquí, ¿qué hay que hacer entonces?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, yo le voy a contestar con mucho
gusto.
Yo creo que el Gobierno debería hacerse
cargo, ya que su partido participó en la redacción del documento de la Cocopa, estuvo de
acuerdo que fueran junto con los demás a dárselo a los representantes del EZLN y que los
representantes del EZLN dijeron que estaban de acuerdo con ese texto que los legisladores
habían redactado.
El EZLN pudo haber dicho: no estoy de
acuerdo, porque no están. Quiero decirle, senador Robledo, usted no sé qué tanta
comprensión, tanta información tenga de esto, pero debo decirle que tanto los acuerdos
de San Andrés como la redacción que hizo la Cocopa no reflejan todo el programa del
movimiento indígena que fue consultado por el EZLN antes de la apertura de San Andrés,
que ellos tuvieron que hacer una cantidad enorme de concesiones, que estuvieron haciendo
una detrás de otra concesión y también el Gobierno estuvo haciendo otras concesiones y
que lo que realmente llegó a ponerse sobre la mesa en un momento determinado después de
lo de San Andrés, fue precisamente ese texto elaborado por legisladores y hubo quienes
criticaron al EZLN por haber aceptado el texto elaborado por la Cocopa y hay quienes no
están de acuerdo con el texto elaborado por la Cocopa, desde el bando de quienes estaban
planteando las reivindicaciones de carácter indígena, no usted, senador Robledo, usted
está en el otro bando.
Yo puedo hacer la crítica de la propuesta
de la Cocopa desde mi punto de vista y decir que eso es insuficiente, pero asumo que mi
partido dentro de la Cocopa coadyuvó en la resolución y le pareció al PRD que ese texto
era un texto aunque no completamente satisfactorio, aceptable. Se lo llevaron a los
zapatistas y ahí estábamos todos, señores legisladores, no era cuestión de un partido
o de otro, era cuestión de todos los partidos políticos con representación
parlamentaria en este país.
La crisis que estamos viviendo en relación
con la situación de Chiapas no es una crisis, señor diputado, provocada por quien
aceptó la propuesta que le llevaron, sino por aquellas fuerzas políticas que habiendo
llevado una propuesta al EZLN, no la sostienen hoy. Ese es el problema de fondo.
Y le doy la respuesta, senador Robledo.
Esto se ha manejado de manera muy irresponsable. Si se tratara en efecto de un texto del
EZLN, creo que sus palabras y las del legislador que acaba de hablar tendrían sentido.
¿Por qué los partidos van a aceptar un texto del EZLN? Tienen que discutirlo, ver si
están de acuerdo o no, negociar con el EZLN si quieren, en lugar del Gobierno Federal. Se
trata de una iniciativa de tipo legislativo. ¿Qué no puede ser el Congreso de la Unión
el que negocie directamente con quien sea? Pero no es así.
La Cocopa es un instrumento del Congreso,
creado por una ley del Congreso, para cumplir determinadas funciones y desde el punto de
vista político, no es aceptable que el Presidente de la República desconozca eso; si él
no está de acuerdo, el problema no es él, el país no es él.
Dice el Secretario de Gobernación: ¿por
qué piden al Ejecutivo una acción legislativa, cuando el Congreso la puede hacer? Es que
el Congreso la hizo, la hizo a través de la Cocopa, los partidos la hicieron, que se
encarguen en la Cocopa. ¿O entonces no hay la menor seriedad de los grupos parlamentarios
y de los partidos políticos? ¿Entonces para qué están en la Cocopa y a quién
representan ahí? Este es el problema y no se trata de una ley secundaria, de algún
artículo, de una ley, en la que de repente hay que cambiar la posición porque se les
vino el mundo encima. Se trata de una cosa muy importante para el país.
Yo no creo que los legisladores hayan
redactado el texto llamado así de la Cocopa, simplemente con irresponsabilidad y sin
tomar en consideración la importancia de ese texto.
Se le está exigiendo ahora al EZLN que
asuma una actitud flexible, que acepte las propuestas de la Secretaría de Gobernación.
Pero si es que antes también se le pidió que aceptara el texto que le llevó la Cocopa y
lo acepto. Algunos pensábamos que no iba a aceptarlo, se los digo francamente y nos
preocupaba eso. Pero lo aceptaron los zapatistas.
Entonces, bueno, ¿quién es el que tiene
que dar los pasos? Yo creo que tienen que desandar más bien pasos dados, en el sentido de
la guerra y de la violencia y ahí está Acteal y ahí está todo lo que ha ocurrido y
ahí está nuestra gente que ha muerto y que sigue muriendo en Chiapas. Todo porque se
echaron para atrás, señores legisladores, perdonen, pero estrictamente hablando el PRI,
se echó para atrás como partido en el poder.
¿Qué le piden a la oposición, señor
senador Robledo?, estoy respondiendo su pregunta. ¿Qué le pide usted a la oposición?
¿Qué hacer? Nosotros nos sostenemos en ese texto. No podemos llegar con el EZLN,
perdóneme senador, a decirle: "lo que yo vine aquí a plantearte y a decirte que
firmaras, ya no, ya no...". ¡Estamos hablando de política naturalmente, ¿verdad?,
estamos hablando de política, no de otra cosa!
Nosotros no podemos, se lo digo con toda
franqueza, para que la posición del PRD quede muy clara, y aquí estoy hablando
estrictamente en nombre del PRD, no estamos dispuestos a ser instrumento de una falta al
compromiso político contraído en el seno de una comisión legislativa con vistas a
coadyuvar o a contribuir a la solución de un problema tan grave como el de Chiapas. No
podemos hacerlo. Es un problema no sólo de orden político, es un problema también de
orden moral y es un problema de que de esa manera no contribuiríamos nosotros a promover
la paz en el Estado de Chiapas, como no se ha podido contribuir con esos dos años de
regateo sistemático que el Presidente de la República le ha hecho al país para no
resolver parcialmente, en el primer punto de la agenda, el asunto de la rebelión.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Señor Presidente.
¿Con qué propósito, diputado
Oceguera?
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Con el propósito de hacer una
pregunta.
¿Acepta una pregunta del diputado
Oceguera?
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Sí, sí, espero que sea seria.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Diputado Gómez, usted dice que no
está dispuesto a contribuir; bueno, no lo puedo citar textualmente porque usted habla en
exceso.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
No me cite diputado, pregunte.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Me refiero a su voluntad, diputado,
¿está hablando usted, por usted mismo? ¿Por su grupo parlamentario o está hablando por
el grupo rebelde? ¿Está hablando por el EZLN? Es que llega un momento, por lo largo de
su intervención, en que no entiendo si usted está hablando como diputado o como
guerrillero. Contésteme por favor.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez: |
Bueno, lamento, diputado Presidente,
la falta absoluta de seriedad de la pregunta, es una cosa que no tiene ningún sentido; si
yo fuera rebelde no estaría aquí.
Y he dicho con claridad la posición del
Partido de la Revolución Democrática, es que no podemos por razones de orden político,
por razones de orden moral, por lo que creemos que es nuestra responsabilidad frente al
país y en favor de la paz, desconocer la palabra empeñada y la firma que le dimos a los
compromisos hace dos semanas, no podemos echarnos para atrás.
Si el Presidente de la República supone
que la inmensa presión que está ejerciendo en Chiapas contra los rebeldes, también
contra el PRD, contra las organizaciones católicas y contra otras organizaciones de
carácter social y también de carácter político, será suficiente para que renunciemos
al contenido y al texto y le pidamos y le exijamos al EZLN, que hoy, lo que antes le
propusimos conjuntamente con ustedes, con el PAN, con el PT, tiene que ser cambiado,
nosotros no podemos, no estaríamos contribuyendo en nada a la paz.
Porque la paz no se va a hacer sobre la paz
de la imposición del Presidente, de condiciones sobre textos ya pactados entre nosotros y
no admitimos que el Presidente de la República tenga el poder para deshacer acuerdos
políticos entre los partidos de México, por más poder que tenga. Porque no le
conferimos al Presidente de la República tampoco esa función, porque no es el papel que
debe desempeñar el Presidente de México.
El debe poner toda su energía y toda su
inteligencia para apoyar los acuerdos que abran el camino de la paz y no tratar de
burlarse de los rebeldes, que están en una franca situación de inferioridad militar y
todos lo sabemos. No, no se vale espantar al país con el petate del muerto. La rebelión
puede ser ahogada en sangre por el Ejército mexicano en cuestión de días.
No hay una amenaza de guerra civil en el
país. No hay una amenaza de subversión de las instituciones en el país. No hay una
amenaza contra el Estado, incontenible, imparable, no hay, ésa no es la situación que
vive México. La situación que vive México, en especial en la cuestión de Chiapas, es
la existencia de una rebelión india, de las familias más pobres de los pobres de este
país.
Nosotros no hemos tomado parte en la
rebelión ni hemos apoyado la rebelión, pero apoyamos todos los esfuerzos para superar el
estado de rebelión por las vías democráticas, por las vías reivindicativas. Esa ha
sido desde siempre la posición del Partido de la Revolución Democrática, pero no nos
podemos hacer cómplices de ningún acto tendiente a llevar la situación a los extremos
de la presión y de la provocación, porque eso va a generar violencia y en este ínterin
como partido hemos sido víctimas de la violencia.
Y hay mucha sangre en Chiapas de
compañeros del PRD y repito una vez más, la matanza de Acteal no fue contra el EZLN, fue
contra las organizaciones católicas, ellos pusieron los muertos. Entonces el asunto es
muy enredado y muy complicado, como para que hoy los partidos políticos, una parte de
ellos vengan y nos digan que lo que fueron a buscar, el acuerdo, la aquiescencia del EZLN,
pues tiene que ser modificado porque el Presidente está necio, perdónenme que lo diga de
esa manera, pero sí veo necedad e intransigencia.
No estamos pidiendo que el Congreso acepte
la iniciativa de la Cocopa sin hacerle ninguna modificación, sino que los partidos
políticos que elaboraron esa iniciativa sepan honrar la palabra y la firmen.
Ahora si ustedes participan en el Congreso
no como partido, sino como individuos, bueno, entonces vamos precisando las cosas, que a
la hora de apoyar las leyes que manda el Ejecutivo, rara vez alguno de ustedes vota en
contra, siempre votan a favor, siempre las defienden, siempre acatan las disposiciones que
vienen de Los Pinos. Sí, sí es cierto y así ha sido durante todos estos años. Esto es
un problema de registro estadístico pues, no discutamos cosas que todo México sabe y
todo el mundo conoce.
Entonces, entonces no se vale decir eso; si
van a dar pasos como partido ¡denlos!, honren sus compromisos; pero no los están
honrando y sale en apoyo de ustedes el Presidente de la República ahora, diciendo que
compromiso no hay y que el papel de la Cocopa no vale más que lo que vale el papel en el
que está escrito.
Señores legisladores, esto es una cosa que
trasciende incluso en cierta forma lo de Chiapas y afecta la situación en las relaciones
políticas del país. En ese sentido hacía yo mi llamamiento a Acción Nacional también,
para que honre su firma y para que ayude, al honrar su firma, a una solución pacífica en
Chiapas. No esperamos menos frente a los titubeos que hemos observado en relación con el
texto de la Cocopa.
¿Cómo vamos a crear las nuevas
condiciones y las nuevas relaciones políticas en este país? si frente a cualquier crisis
actuamos conjuntamente y después todo se disuelve en el aire, no hay nada, a fin de
cuentas estamos peor que antes de los acuerdos de San Andrés y eso es muy grave; en lugar
de caminar hacia la paz, se ha ido caminando en la dirección contraria.
Por eso yo decía, cuando las situaciones
se crean como las que tenemos ahora y las hemos vivido en México, no son traumas, en
cierta forma lo son, el 2 de octubre es un trauma de este país; Acteal es otro y no
queremos más traumas, porque no son traumas personales, son traumas nacionales que para
superarlos después es muy difícil, ¡muy difícil! Se llena a la nación de
resentimientos y de pugnas y de problemas mucho más graves. Entonces, es ir hacia atrás
todo el tiempo y hacia atrás todo el tiempo, en lo que se ha hecho en los últimos dos
años. Por eso hay que actuar con responsabilidad.
Esta no es una pelea entre los partidos,
señores diputados, esencialmente es un problema en el camino de la paz y el que ha metido
más ruido en todo esto es el Presidente y el que ha actuado menos congruente con la
situación es el Presidente, porque, y yo reivindico eso, el Congreso con todos los
problemas que tiene y los conocemos, actuó más a la altura de la situación del país y
le hizo frente a su responsabilidad hasta que el Ejecutivo vino a echar todo por tierra.
Este señor va a dejar de ser Presidente,
recuerden eso, recuerden eso. Pero eso no tiene importancia, senador, porque no tengo
poder. Pero este hombre que tiene ahora el poder, dejará de tenerlo. La pregunta es
¿cómo va a dejar al país?, porque ya hemos visto que un solo hombre en este país es
capaz de llevar a todo un Estado a situaciones catastróficas y es capaz de ofender a la
nación, un solo hombre, un solo individuo, gracias a un sistema en el que no hay los
suficientes contrapesos y el propio partido del Presidente le permite que haga lo que
quiera, porque es al que nadie puede criticar dentro del PRI; no hay el ejercicio de la
crítica al poder, la más mínima.
Entonces este problema se complica; pero
entonces no ayudan. El Congreso avanzó, el Ejecutivo regresa todo lo que el Congreso hizo
y ahora se quiere con el discurso de Querétaro, el Secretario de Gobernación, venir a
ocultar tras las naguas del Congreso y eso no se vale. El Congreso funcionó, el Congreso
hizo la iniciativa de la Cocopa, las fuerzas políticas de este país, los partidos que
están en el Congreso. ¡Sí!, honren la palabra; actúen en favor de la paz, actúen en
contra de las provocaciones y de la violencia; ayuden a desmantelar las guardias
paramilitares, ayuden a evitar las provocaciones militares en la zona de la selva.
¡Ayuden! Eso es lo que un patriota tiene que hacer en México en este momento, en lugar
de estar con esa palabrería acusando a un partido, a otro partido de que fue, de que
vino, de que regresó, de que hace una gestión o la otra. El asunto es mucho más grave
que todo eso.
Si tuviéramos conciencia de eso, creo que
ya hubiéramos avanzado muchísimo en el camino de San Andrés.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Juan
Ramiro Robledo.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente.
Una forma de no contribuir a que esto se
destrabe, es tomar un tono furibundo en algo que podría ser tan racional como son las
discusiones parlamentarias. Eso es más grave todavía.
Yo creo que nadie ha dicho y nadie hemos
confundido el texto de la Cocopa con la posición, con la firma del EZLN.
El proyecto de los miembros de la anterior
Cocopa, lo hicieron ellos, no lo hizo el EZLN. Le pareció bien al EZLN, qué bueno.
Debería de reconsiderarlo, sobre todo el punto de vista de la otra parte.
Le hice una pregunta al diputado Gómez. No
la contestó categóricamente, pero sí la contestó en el fondo.
En realidad lo que dijo y dijo que era a
nombre del PRD, es que para usted o para ustedes, como partido, la solución estaría en
que el Ejecutivo aceptara textualmente un primer proyecto de iniciativa elaborado por la
anterior Cocopa. Que no le quite una sola coma; primero el Ejecutivo, porque es el
Gobierno Federal el que está obligado a impulsar, entre otras cosas, reformas
constitucionales y legales, a que renuncie a su derecho de opinar. Eso en realidad es lo
que contestó.
Pero, además, en el fondo de su respuesta,
a ver si entendí bien, además usted lo que sugiere es que el Ejecutivo nos pida, nos
induzca, nos comprometa, o use cualquier recurso jurídico o político, para obligar a los
legisladores, a obtener el voto de la mayoría calificada constitucional, para pasar ese
texto, exactamente ese texto.
| El diputado Gil
Rafael Oceguera Ramos (desde su curul): |
Sí, entendiste bien.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Sí, entendí bien. Esa es en
realidad la respuesta.
La solución para ustedes es simplemente
que se acepte esa primera versión del proyecto.
Yo no creo que lo hayan hecho con mala fe
ni con carencia de técnica jurídica y creo que detrás de esa primera versión de
iniciativa de reforma constitucional, hay un techado de trabajo político de concertación
entre los miembros de todos los partidos políticos acreditados en el Congreso de la
Unión, que formaron a la Cocopa. Creo verdaderamente que sí lo es, pero como individuo y
como miembro de un partido, como legislador, como ciudadano, por ejemplo yo tengo derecho
a apreciar de manera distinta el punto número 6 del pronunciamiento conjunto que el EZLN
y Gobierno Federal envían a las instancias de debate y resolución nacional. Tengo
derecho a interpretarlo de manera distinta. Puse un ejemplo sobrado, de pertinencia, que
es el de la explotación colectiva de los recursos naturales en favor de las comunidades
indígenas. Puse un ejemplo sobrado de pertinencia, para entender que hay una diferente
apreciación entre los ocho miembros o 16, me corrigen ocho por cada Cámara, 16 miembros
de la Cocopa y los 500 y 127 senadores.
No podríamos ganarle terreno a la buena
política si nos vamos por esa solución que para usted, diputado Gómez o para su
partido, es lo que debería hacerse: aceptar sin cortapisa alguna esa primera y única,
hasta hoy, versión conocida de iniciativa de reforma constitucional.
Bueno, en un conflicto laboral, en donde
hay arbitraje, no precisamente un sentenciamiento, no hay un mandamiento jurisdiccional,
sino arbitraje de una tercera parte que es el Poder Ejecutivo, frente a dos partes
representantes de los factores de la producción como dice la Teoría del Derecho del
Trabajo. El laudo es la propuesta de conciliación.
| Presidencia del
diputado Arturo Núñez Jiménez |
¿Acepta una pregunta del diputado
Gómez, senador?
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Sí.
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Senador, yo me voy a permitir
pedirle, sin ánimo de ofenderlo ni mucho menos, que nos centremos en el asunto que
estamos viendo. Porque..., independientemente de las provocaciones aquí del otro senador,
pues que tenemos que aguantar, porque es "la condición parlamentaria" e
independientemente de ellas, que me está insultando "aquí en corto" y me está
diciendo algo que no voy a repetir por respeto a la audiencia, le quiero decir lo
siguiente, vaya, ahora son dos, bueno, así será. Qué vamos a hacer, porque, mire usted,
señor senador, la Cocopa es un instrumento político que tiene rango de ley. No sé si
usted esté de acuerdo en esta primera aseveración y le pregunto su opinión.
Segundo. Si usted acepta que la Cocopa es
un instrumento político que tiene jerarquía legal, ¿aceptaría usted que en el seno de
la Cocopa las fuerzas políticas de México actúan para promover una solución de paz y
que sus actos no son los actos aislados de los legisladores, sino la concurrencia de los
partidos, una mesa de partidos para resolver la cuestión de la rebelión en Chiapas?
Por ejemplo, la mesa que se hizo cuando se
firmaron las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, por todos, se
trasladaron al Congreso y el Congreso las votó por dos tercios, lo mismo que las
legislaturas de los estados. Habla una mesa de partidos.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Pero todos estaban de acuerdo.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Aquí también, señor senador,
porque la iniciativa la hicieron en el seno de esta mesa. Eso es otra cosa que le quiero
preguntar: ustedes advierten que éste no es un instrumento político. Le pregunto: ¿qué
ésta no es una mesa de partidos que tiene rango legal y que la firma del Partido
Revolucionario Institucional no es la que se da en los esfuerzos de paz de la Cocopa o que
está sujeto al jefe de un partido?
¡Quiero que lo diga con claridad, para que
el país también lo sepa, para que sepa qué es lo que está pasando a fin de cuentas y
qué es lo que ha pasado en todo este tiempo! Por su respuesta, le doy mi agradecimiento
de antemano.
| El senador Juan
Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, diputado.
Yo había hecho una pequeña nota rápido
sobre lo que usted iba diciendo y al final traía algo que es la respuesta a su pregunta y
ya iba a abordarlo cuando usted lo hizo.
Antes de contestarle, nada más quiero que
me permita abordar otro de los puntos que había aquí anotado.
El cuello de todo está en la concepción
que tienen ustedes de la Cocopa, desde luego y la que tenemos nosotros; creo que ahí
está la diferencia tan importante.
Lo que quiero repetir por enésima vez,
reiterar, parecería que el auditorio o la opinión pública encontrara necias mis
repeticiones, pero después de tantas veces en que intervienen ustedes, particularmente
del PRD, para este tema, aparece necesario volver a decirlo: el proyecto de iniciativa de
los anteriores miembros de la Cocopa no son los acuerdos de San Andrés, ¡no son lo
mismo!, ¡no son lo mismo!
En los acuerdos de San Andrés ninguna de
las partes ni el Gobierno de la República, por Ejecutivo ni el EZLN, le encargaron a
nadie que hiciera un proyecto de reforma constitucional. Se hizo uno, porque lo quiso y lo
pudo hacer la Cocopa. Esos acuerdos son resultado de una negociación importante en donde
ambas partes concedieron, es cierto.
Le voy a decir lo que el EZLN concedió,
¿sabe qué es? Lo que no aparece en los acuerdos y, ¿sabe en dónde están esos puntos
que demandó el EZLN que no aparecen en los acuerdos firmados? En un documento que le
llaman ellos: "acuerdo respecto de todos los demás documentos" y que es como
una carta de presentación de los demás.
Y el EZLN, en el apartado B, pide que se
introduzcan ocho puntos diciendo que quedaron fuera del texto de los acuerdos de San
Andrés, pero que insisten en ello.
Uno. Reforma al artículo 27
constitucional, para restituir la acción agraria de dotación de tierras, ejidos, aguas y
bosques, suprimida con la reforma del año de 1992. Eso pide el EZLN. Concedió que no
pasará a formar parte de los acuerdos de San Andrés; lo sigue pidiendo.
Dos. Que el Gobierno Federal indemnice a to
dos los chiapanecos que hayan sufrido algo de manera directa o indirecta, por el conflicto
que se suscitó desde el 1o. de enero de 1994 para acá, que indemnice en numerario.
Tres. Que se legisle en materia de derechos
de la mujer indígena. Me parece que esto era innecesario ponerlo aquí, porque todavía
no se abordaba el tema de derechos de la mujer indígena, pero bueno.
Cuatro. Que se le pongan tiempos de
cumplimiento a los acuerdos. No se le pusieron tiempos de cumplimiento, porque dependía
de las instancias de debate y resolución nacional obviamente.
Cinco. Que se legisle en todos los códigos
de procedimientos penales del país, no lo dice así pero exactamente eso quiere decir, la
introducción de una figura procesal que consista en intérpretes aceptados previamente
por un indígena procesado o encausado en procedimiento civil.
Seis. Que se legisle para proteger a los
derechos de los migrantes indígenas y no indígenas; guatemaltecos, salvadoreños, de
paso por el territorio nacional rumbo a Estados Unidos; es evidente que no tenía qué
hacer este punto en los acuerdos de San Andrés. El EZLN cedió, no apareció en los
acuerdos de San Andrés, pero insistió en que se anotara.
Siete. Que se fortalezca a los municipios
con compromisos explícitos y se les dé recursos económicos adecuados para
infraestructura y capacitación, punto que debería abordarse en otra de las mesas de
trabajo de otros de los temas de la agenda anotada para iniciar la negociación política
entre esas partes en conflicto.
¿Qué es lo que concedió el EZLN?, esto.
¿Qué es lo que concedió el Gobierno Federal? Todo lo que aparece en los acuerdos de San
Andrés y si los releyéramos es bastante, nos ocupamos nada más de un punto, de un tema:
reforma constitucional.
Sí, es la Cocopa un instrumento jurídico,
no de resolución del conflicto, sino de contribución, de coadyuvancia. Me tocó en
suerte, diputado, hacer el proyecto de dictamen de esta ley en el Senado, marzo de 1995,
presentarla por las comisiones en la Cámara de origen que fue el Senado, dos puntos
quedaron, otro día se discutirán porque es un tema muy importante, fuera del rigorismo
jurídico que merecía una ley tan singular como ésta; dos puntos que han salido a
relucir en las discusiones, aquí y afuera del Congreso; uno, el desarme del EZLN y dos,
la validez jurídica en una negociación con personas no identificadas.
Jurídicamente es difícil aceptar que
valga un acuerdo entre dos partes cuando una no está identificada, no hay voluntad, no
hay consentimiento, no hay un elemento de existencia del acto jurídico; políticamente es
una expresión de la buena imaginación política de los mexicanos esta ley,
políticamente era la oportunidad de sentar a la dirigencia del EZLN, de enviar una
representación del Gobierno Federal, de intentar acuerdos preliminares y después de
llegar a un acuerdo político al que después con el desarme pudiera dársele validez
jurídica plena con la identificación de los suscriptores.
Todos los legisladores abogados sobre
entendimos políticamente estas dos omisiones deliberadas en aras de conseguir debilidad
política al planteamiento de una estrategia de solución pacífica y la Cocopa se ideó,
a petición de los partidos de oposición al nuestro, principalmente, como un instrumento
de coadyuvancia para que participe en las mesas de trabajo, para que haga propuestas, no
para que resuelva.
El problema es que nosotros no podemos
entender, al contrario como piensan ustedes, que la Cocopa es una comisión mucho más
importante que cualquier comisión de dictamen o cualquier comisión auxiliar del Congreso
de la Unión, que la firma de cualquiera de los miembros de la Cocopa no puede obligar
política y jurídicamente a todo el resto de los legisladores de las dos cámaras, no lo
podemos entender así, ya le hemos dicho cómo entendemos la función de la Cocopa, como
creemos que hizo su buen esfuerzo, pero reiteramos mucho que entiendan una razón ajena a
ustedes, una razón ajena a ustedes, no podemos caminar con una posición que consiste en
pedirle al Presidente de la República y a todos los legisladores que aceptemos, con
puntos y con comas, un proyecto de iniciativa de reforma constitucional.
Bien hecho, pero no es convincente para
todos, ¿por qué? Porque son 16 legisladores que tienen su concepción, sus puntos de
vista, su formación profesional, pero principalmente por algo, porque el texto que
redactaron ellos, señor diputado, es producto de una negociación política interna, no
precisamente de una inatacable técnica jurídica que hiciera compatible los principios
constitucionales del Estado mexicano con los acuerdos de San Andrés.
Como es paritaria, como el partido que
tiene ocho asientos en la Cámara de Diputados, vale lo mismo que el que tiene 120 ó 300,
como es paritaria, el voto paritario se vuelve veto paritario, necesariamente tiene que
llegar a un texto y para llegar a un texto de conciliación hay que quitarle y ponerle
palabras; consecuencia: redactaron un proyecto de reforma constitucional más allá de los
acuerdos de San Andrés. Eso es todo. Intentemos otro proyecto.
Muchas gracias.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda.
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda: |
Muchas gracias, señor Presidente:
El diputado que intervino después de mi
intervención, advirtió una cuestión que quizá es consenso en esta sala y también
preocupación nacional. Efectivamente, el proceso de diálogo no tan sólo ha sido
suspendido o congelado, está en una situación crítica, cuestión que compartimos y
entendemos que como cualquier situación de crisis, las posiciones inamovibles en
conflictos similares a éstos nos pueden servir para advertir no salidas positivas y
constructivas, sino de choque y destrucción.
¡Cuidado!.. cuidado con aquellos que se
solidarizan en una situación de crisis de diálogo con las posiciones inamovibles, porque
son tan responsables de la consecuencia como los que la toman. ¡Cuidado!.. lo está
diciendo tu servidor y no es vocero...
Legisladores, jamás, jamás... las
imposiciones jamás, las imposiciones son salidas, llevamos dos años, dos años llevamos
en posiciones lejanas, en posiciones de todo o nada. Insisto, el balance no es positivo,
no contribuyamos al endurecimiento de las posiciones y aquí sí es una directa
invitación al post, al posopinante, a que flexibilice sus posiciones muy duras y
contribuya a "flexibilizar" "flexibilizando" las suyas, las de los
demás.
Debo decir, así como se llama a cuenta a
la participación de mi partido, que el 27 de enero, compañeros del partido del
posopinante, con mayor... a cuando yo intervine,... con mayor sensibilidad política,
tuvieron a bien consensar y acordar lo siguiente,... tome nota, señor diputado.
Comunicado de la Comisión de Concordia y
Pacificación: el licenciado Emilio Rabasa Gamboa, coordinador del Diálogo y la
Negociación, acudió ante esta comisión para dar seguimiento a lo expresado por el
secretario de Gobernación, licenciado Francisco Labastida Ochoa, en la reunión con la
Cocopa del sábado pasado y en su comparecencia del día de ayer lunes, ante la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
En el encuentro, el licenciado Rabasa
solicitó a la comisión su atenta respuesta sobre la vía más adecuada para avanzar en
el proceso de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Cabe recordar que el titular de la
Secretaría de Gobernación planteó a la coadyuvancia cualquiera de estas dos vías:
primero, discutir las observaciones del Gobierno Federal al texto jurídico de la Cocopa,
de fecha 29 de noviembre de 1996, comprometiéndose a reducir de 27 a cuatro las
observaciones. Segundo, recuperar un texto ajustado de la propia comisión, que no fue
presentado a ambas partes y por lo tanto retirado con fecha 9 de enero de 1997. Aquí
viene la parte sustantiva de la nueva etapa y el nuevo contexto que estamos viviendo
todos.
La Cocopa, donde también participa su
partido, expresó su acuerdo de tomar como punto de partida la primera vía.
Consecuentemente solicitó, consecuentemente solicitó al coordinador del diálogo y la
negociación, presente las observaciones a su proyecto de iniciativa; que las presentara.
No le dijo: no te admito nada, como usted nos dijo aquí; le dijo: presente las
iniciativas, a la brevedad posible, es más, lo urgió y no tan sólo le dijo eso, le dijo
para qué y cómo a fin de que sean analizadas en el interior de la misma y sometidas a
consideración del EZLN por medio de la Conai.
Desde nuestro punto de vista o el mío en
lo particular, ésta es una posición de flexibilización, de buscar nuevas salidas. A
eso, a eso invitamos a usted, lo invito yo, señor diputado.
Diputado Gil Castañeda, ¿que sí
acepta una pregunta del diputado Gómez?
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda: |
Sí, señor Presidente.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
No se mide, señor diputado, el texto
que usted leyó fue asumido por el PRD con todas sus consecuencias. La siguiente sesión
de la Cocopa, cuando el Gobierno presentó sus observaciones, la Cocopa después de una
sesión de 10 horas, decidió que no iba a asumir posición alguna, sino a remitir a
través de la Conai las observaciones del Gobierno Federal al texto de la Cocopa, por
considerar que esto es un hecho superviniente, en la medida en que ya no son las 27
objeciones, sino solamente cuatro, que sabemos que en el fondo se trata de lo mismo.
Usted ha afirmado aquí en tribuna que
nosotros hemos dicho: no te acepto nada. Creo que es un exceso de su parte. Entonces, yo
le pregunto esto: después de que el PRD, junto con el PAN y el PRI, el Partido Verde y el
Partido del Trabajo asumieron la actitud que usted leyó en tribuna, consecuentemente con
las funciones de la propia Cocopa, ¿sigue usted pensando lo mismo de la Cocopa, que no es
una mesa de diálogo entre los partidos, que no están representados ahí, a plenitud los
partidos, que lo que se acuerda en la Cocopa no es necesariamente la voluntad y la
posición de los partidos políticos? Pregunto y espero su respuesta señor diputado.
| El diputado
Francisco Javier Gil Castañeda: |
Espero que la admita con otra
pregunta: ¿y cómo sabe usted que yo pienso eso?
Gracias, señor Presidente.
Para rectificación de hechos y hasta
por cinco minutos, tiene la palabra el senador Oscar López Velarde.
| El senador Oscar López Velarde Vega: |
Gracias, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Me había propuesto no intervenir el día
de hoy, porque con tristeza veo que llevamos más de siete sesiones de la Comisión
Permanente discutiendo estrategias políticas de partidos y no la construcción de un
consenso que merece Chiapas y que merece México y no que nos lo vengan a dictar del
extranjero.
Qué triste que en el fondo muchos de los
planteamientos que reiteradamente aquí hemos escuchado, no ponen a Chiapas y a México
por encima de los intereses de partido, de persona o grupo. Llevamos un sinnúmero de
discusiones en más de siete sesiones de la Comisión Permanente, en donde yo, como aquí
lo he señalado, veía con optimismo posiciones de algunos legisladores del PRD y varios
más del Partido Acción Nacional, junto con los del PRI, de que viéramos hacia México y
no hacia estrategias políticas que pueden estar ligadas a las elecciones electorales de
este año o del 2000.
Creo que, señores, los he convocado a la
congruencia, los he convocado a la imaginación, a la iniciativa política. Construyamos
de consenso una reforma constitucional en materia de cultura y derechos indígenas, que le
corresponde a la instancia de debate y decisión nacional, que es el Congreso de la
Unión.
Aquí se han dicho muchas mentiras e
inexatitudes. Se ha dicho que los partidos representados en la Cocopa firmamos la
iniciativa; ni firmamos nada ni era iniciativa, era un procedimiento que en mi primera
intervención en la Comisión Permanente le pedí al secretario, diputado Martín, que se
sirviera él leerlo y lo hemos reiterado durante siete sesiones, un posicionamiento de
todos los partidos, firmado por todos los partidos ése sí, de que era un procedimiento
para acercar a las partes.
No hagamos cortinas de humo, los que las
están haciendo, atentando contra la estabilidad del país y la solución de los problemas
de Chiapas y poner en riego la vida de indígenas como desgraciadamente las cuestiones se
siguen tensionando en la zona y mantengamos aquí de que la propuesta de la Cocopa era una
iniciativa legislativa.
Señores legisladores, no lo era, era una
propuesta para acercar a las partes y ni la crisis la suscitó la Cocopa, el EZLN
suspendió unilateralmente el diálogo y la negociación que no hemos querido declarar
roto por lo que esto representa en base a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la
Paz Digna en Chiapas, desde el mes de septiembre de 1996, y ante planteamientos hechos por
el Gobierno Federal y aquí nadie los ha querido tomar en cuenta, al mes de noviembre de
1996 había propuestas de reforma constitucional del Gobierno Federal, y propuestas de
reforma constitucional del EZLN, que cada vez eran más distantes entre sí.
La Comisión de Concordia tomó esas
propuestas y trató de conciliar no una propuesta ni de los partidos ni de las fracciones
parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión, sino una propuesta de una
instancia de coadyuvancia, que se entienda, no es una comisión legislativa de dictamen,
señor diputado Pablo Gómez.
Usted ha dicho ahí que era una iniciativa
y una iniciativa en los términos del artículo 71 de la Constitución Federal tiene un
proceso legislativo que no es común...
Pido orden, señor Presidente, volverá a
pasar el diputado Pablo Gómez seguramente.
No olvidemos que precisamente un proceso
legislativo tiene el origen de un conflicto armado, iniciado el 1o. de enero de 1994 con
una declaración de guerra, no queramos seguir un proceso legislativo, un procedimiento
legislativo que no es normal en el proceso legislativo del Congreso mexicano.
La Comisión de Concordia y Pacificación
utilizó textos de las partes y trató de acercarlas en el espíritu de los acuerdos de
San Andrés, pero no se digan mentiras.
Como fracción, ninguna fracción contó
con el apoyo de su fracción parlamentaria y de sus partidos para suscribir una iniciativa
legislativa.
Y quiero también aquí hacer otra
aclaración, porque yo lo único que veo son ganas de no buscar la paz en Chiapas. Quiero
tener y reiterarles que los asuntos de alcance nacional, como es una modificación en
materia de cultura y derechos indígenas, donde el Congreso de la Unión, no solamente la
Cocopa, que es una parte de representación del Congreso de la Unión, siempre ha estado
atento, convocó a una consulta nacional, en donde de acuerdo a las reglas pactadas
después de muchas reuniones entre el EZLN y el Gobierno Federal, los asuntos y
compromisos de alcance nacional y voy a dar lectura por siguiente ocasión, son resueltos
por la instancia de debate y decisión nacional.
Dice: "los compromisos, propuestas y
pronunciamientos conjuntos pactados por las partes en el diálogo y la negociación,
serán políticamente vinculatorios por éstas firmado por el EZLN y el Gobierno Federal,
aquellos compromisos conjuntos cuya aplicación esté en el ámbito directo de las partes
y su cumplimiento no dependa de la intervención de otras instancias distintas al
Ejecutivo Federal y, en su caso, al Ejecutivo de Chiapas, serán obligatorios para las
mismas en los términos y plazos pactados.
Los temas de carácter nacional serán
enviados a la instancia de debate y decisión nacional y que se integrarán como tales al
acuerdo de concordia y pacificación."
Señores: Chiapas no merece debates
estériles. No podemos seguir jugando con el país y con la vida de más de 10 millones de
mexicanos indígenas.
Si tanto interés tiene el PRD de presentar
una iniciativa con base en la Constitución, que la presente, pero si no, construyamos con
inteligencia la reforma constitucional que merece Chiapas y que merece México. No
utilicemos como bandera política posicionamientos encontrados. Primero querían que el
Congreso de la Unión lo resolviera; cuando con otra vía lo plantea el Ejecutivo Federal,
por conducto del Secretario de Gobernación, cerramos la vía porque no podemos deshonrar
a la palabra de quienes firmaron.
Señor diputado Pablo Gómez, le voy a
entregar lo que firmaron personas como don Heberto Castillo, el 4 de marzo, para entender
que hay que anteponer al país por encima de cualquier estrategia política.
Muchas gracias.
Para contestar alusiones, tiene la
palabra hasta por cinco minutos, el diputado Pablo Gómez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
El señor senador dice que se han
dicho mentiras aquí y quiero decir que la gran mentira es el desconocimiento del texto de
la Cocopa, la palabra "iniciativa de la Cocopa" la usó el senador Robledo. El
dijo "iniciativa" como 10 veces.
Para nosotros, el texto de la Cocopa, el
texto de la Cocopa, el texto de reforma constitucional elaborado por diputados y senadores
al Congreso de la Unión que están ahí porque los han enviado sus partidos.
El Secretario de Gobernación conocía el
texto de la Cocopa, porque a él le reportan los miembros del PRI de la Cocopa, y actúan
en consonancia con las indicaciones del Secretario de Gobernación. Esta es la verdad, no
es ninguna mentira y así opera ese partido llamado PRI, y todos lo sabemos.
No señor, yo consulto a la dirección de
mi partido, pero no me avergüenzo de ello, lo digo con claridad.
Y ha venido aquí a la tribuna un miembro
de la Cocopa a lanzar acusaciones, cuando forma parte de una instancia de coadyuvancia
para la solución, y acusa al EZLN de ser el responsable. ¿De esa manera se coadyuva a la
solución del problema? No. De esa manera se suma a las voces que se levantan hoy para ir
presionando hacia una salida de fuerza en Chiapas, y ésa es la diferencia.
Como nosotros sostenemos que en este
momento el único camino que está abierto es el camino de las soluciones de fuerza, no el
camino, no el camino de la solución negociada y pacífica. Este es el problema.
Entonces, ¿qué se nos presenta aquí? Que
los esfuerzos que hace el PRD y otros partidos en la Cocopa para buscar la distensión,
como son los 10 puntos, conjuntos con la Conai, que ni siquiera se han resuelto ni se han
cumplido, porque entonces el señor Presidente establece sus propios puntos, los puntos en
el que el poder político exige cosas, cosas que no hubo en este país nunca, el que
parece peticionario el Presidente de la República, cuando él es el que ejerce la
función de gobernar, él es el que debe crear las condiciones para una salida pacífica
más que nadie, más que nadie en este país.
Y lo que le exigimos nosotros, señor
senador, al Presidente, es que cree esas condiciones para una salida pacífica. Que cierre
la situación de una salida violenta por una razón elemental, la salida violenta no puede
partir de los rebeldes en la medida en que están en debilidad, en inferioridad militar.
El que tiene la superioridad en el terreno, es el que tiene que generar el camino de la
solución pacífica, que es el Presidente de la República, ésta es la diferencia.
Pero el Presidente se comporta como si
fuera miembro de un partido de oposición, y hay ahí una diferencia muy grande, muy
grande, no puede estar presentando exigencias. Entonces, ¿en qué situación queda la
Cocopa cuando le plantea un documento al EZLN?, el EZLN a fin de cuentas y después de
ciertos regateos y titubeos lo admite. Pues ese documento ya llevaba la firma de usted,
que ahora dice que no firmó, pues claro que firmó... bueno, entonces manda anónimos.
Firma la Cocopa, y la Cocopa toma los
acuerdos por consenso o sea el consenso de los partidos.
Entonces yo lo que les pregunto, y le estoy
diciendo al senador Robledo: bueno, senador Robledo, si el consenso de los partidos no
vale nada, díganlo claro, ya no buscamos ningún consenso de nada, nunca más. Esa es la
vía política para este país; así vamos a construir un mejoramiento del país, que la
vía del consenso es desconocida de buenas a primeras, pues ahí se hizo un consenso.
Ahora dice una cosa que no sostiene, ¿que
por qué negocian los partidos? Estamos hablando de una reforma constitucional, senador,
no pueden negociar los partidos una reforma constitucional, pues si no hacen eso, ¿pues
qué hacen? Es una de sus funciones, eso es lo que tienen que buscar siempre y hacer
siempre, ¿entiende?
Pero entonces se dice que la idea de que la
Cocopa es una mesa de partidos con rango jurídico, es algo falso y los señores de la
Cocopa son líberos, líberos. Esta es la tesis que ha planteado aquí el PRI, y es muy
raro que lo digan a estas alturas, pues si no son representativos y no honran sus
compromisos, ¿pues entonces de qué se trata? ¿Cuáles son las relaciones políticas que
están formando en México?
Entonces, y se dice, que aquí por lo tanto
el PRI no tiene responsabilidad ninguna. ¡Ah!, pero cuando sacan otro documento en el que
se dice otra cosa, entonces dice el diputado aceleradamente: "su partido lo firmó,
acéptelo, disciplínece". Yo lo admito, lo acepto y me disciplino. Eso es lo que les
estoy reclamando.
Y no estamos hablando de cuestiones de
procedimiento, que en ese caso se pueden cambiar por otros mejores, sino la cuestión es
sustantiva. El senador Robledo entonces dice que el texto de la Cocopa rebasa los acuerdos
de San Andrés, pero no admite que su partido coadyuvó y formó parte de esa redacción,
se consensó.
Fíjense, el texto de la Cocopa es un
consenso, está hecho con el mecanismo del consenso, ésa es la cualidad que tiene.
Yo pienso que la Cocopa es una mesa de
partidos y los acuerdos entre los partidos no atropellan la Constitución, como han
sostenido los del PRI, que las iniciativas presidenciales, que siempre son votadas en
favor por diputados del PRI, y antes por la mayoría y antes por los dos tercios,
atropellan la Constitución, porque es una cuestión de voluntades, una coincidencia de
voluntades, sea por disciplina o por lo que sea, pero así es.
Y nunca se dijo que la aprobación de un
texto legal en la Cámara o en el Senado atropellara la Constitución, se criticaba eso de
otra forma, por otras causas, con otros argumentos.
Es muy grave que se venga a decir que el
camino del consenso en materia constitucional, es un camino que está cerrado y que no se
puede transitar.
En esto no está el EZLN y hay unas
reclamaciones entre partidos políticos que el EZLN asuma la posición que asumirá, no
sé cuál sea finalmente en relación con los cuatro puntos de modificación que ha
planteado el Gobierno Federal. Pero el problema es nuestro y ha sido nuestro todo este
tiempo, porque el Presidente de la República es el jefe de un partido y el Presidente de
la República conocía el texto de la Cocopa antes de que oficialmente lo enviaran y la
condición era: si lo acepta el EZLN y ese era el entendido.
Lo acepta el EZLN pero entonces ya todo
viene para atrás, hay que desandar el camino y vienen dos años en los cuales se incuba
la violencia en el Estado de Chiapas y crece todo esto y bandas paramilitares y la
respuesta hay un bando y el otro y el otro y el otro, porque en Chiapas hay varios bandos,
señores, que se reunen en dos a fin de cuentas, pero son varios partidos y varias
organizaciones y cada quien tiene sus núcleos de dirección, sus bases y su manera de
actuar. Y no vamos aquí ahora en un reduccionismo, a decir que todo se debe a que Marcos
se rebeló el 1o. de enero de 1994. No queremos hoy discutir por qué se rebeló, ese tema
ya lo discutimos mucho y ya lo aceptó en cierta forma el PRI y el Gobierno, en algún
momento reconocieron que no eran extranjeros, que no eran guatemaltecos como dijo al
principio la Secretaría de Gobernación.
Y ni siquiera reconocen hoy los errores que
han cometido antes, evaluaron mal lo que era esa rebelión y siguen evaluando mal ese
fenómeno y siguen evaluando mal lo que es un proceso de paz. Y ¿qué queda? y dicen:
"bueno, a este Presidente le faltan tres años, pues puede armar un desgarriate en
este país en tres años" Y eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué esperar tres
años a que lo haga? hay que impedirlo. Yo así lo veo ya a estas alturas.
Señores legisladores, perdónenme, pero yo
ya veo aquí que hay que tratar de impedir por los medios legales, democráticos,
razonables, que los presidentes aquí sigan armando los desastres a los que ya nos tienen
acostumbrados, porque éste puede ser todavía más grave. Y ésa es nuestra intención.
Nosotros no representamos al EZLN, señor senador ni pretendemos hacerlo.
No nos parece que coadyuvar a la paz sea
estar desandando todos los consensos penosos que vamos haciendo entre los partidos
políticos de este país. Ese es el punto.
Tiene la palabra y hasta por cinco
minutos, el senador Oscar López Velarde.
| El senador Oscar López Velarde Vega: |
Gracias, señor Presidente; señores
legisladores:
¡Qué triste que sigamos en un debate de
provocación y estéril!
Convoco al diputado Pablo Gómez, a su
fracción y a todas las fracciones, a que construyamos una reforma constitucional de
consenso que respete los acuerdos de San Andrés.
Aquí se han dicho muchas mentiras, señor
diputado. Está usted muy mal informado ni nadie conocía la propuesta de reforma sino
hasta las 10:00 de la noche que se envió aquel viernes de noviembre de la última semana
de noviembre de 1996, salvo que sus diputados hayan logrado enviársela. Pero quiero
decirle que se enviaron simultáneamente y creo y le pido, que lea el documento que le
entregué firmado por los senadores y diputados de su fracción, en donde dice que era una
propuesta, no una iniciativa legislativa, de reformas constitucionales en el ánimo de
acercar a las partes y cuya propuesta estaba sujeta en un procedimiento de reacción de
las partes. Si una de las partes no estuvo de acuerdo con la propuesta, no cumplió con su
objetivo de procedimiento, le pido lea el punto cinco.
Pero yo creo que seguimos discutiendo y
cada vez me convenzo más que usted le apuesta, al desastre el país está cansado de no
tener soluciones y las soluciones lo convoco a que las construyamos con responsabilidad
con este país y con Chiapas. La política se hace por medios políticos, no por
obstinaciones ni "todo o nada", sino precisamente por la construcción
exactamente, diputado, de consensos, consensos que no han sido construidos, reitero lo que
he dicho en las últimas seis sesiones: el segundo paso después de San Andrés, no lo
dimos los partidos políticos.
Le recuerdo que en el mes de septiembre de
1996, su partido, junto con las demás fracciones, señaló que después de la reforma
electoral, el segundo tema de la reforma del Estado sería la reforma indígena. Se
levantaron de la mesa; no se ha reintegrado. Convoquemos en el Congreso de la Unión a que
dentro de la reforma del Estado construyamos una reforma constitucional de consenso. Lo
demás, vuelvo a reiterar, es estar jugando con el país.
Para contestar alusiones, tiene la
palabra, hasta por cinco minutos, el senador Juan Ramiro Robledo.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente; por su
atención y comprensión, gracias, compañeros legisladores, a estas horas:
Claro que el consenso de partidos puede
convertirse en reforma constitucional, pero aquí en el Congreso.
La Cocopa no es el Congreso; es una
comisión del Congreso.
Los acuerdos de cualquier comisión, cuando
son formales, cuando están firmados, cuando de veras responden a un consenso completo,
todavía no son reforma de ley, todavía no son ley, es un principio de acuerdo
legislativo. Con eso comienza el procedimiento legislativo.
El problema es de veras cómo entendemos de
manera diferente la función, la naturaleza y los objetivos de una comisión ciertamente
muy importante como la Cocopa.
No sé si haya oído hablar de los votos
particulares. No sé si haya escuchado que un magistrado puede diferenciar su punto de
vista de un proyecto de sentencia e ir contra votos mayoritarios de otros magistrados
colegiados, dar su punto de vista. No sé si nunca haya leído un voto particular de
algún legislador respecto a un dictamen de una comisión.
Después de escuchar la larga y repetida
argumentación de usted, diputado Gómez, estoy empezando a entender algo distinto, que en
verdad quienes quieren alargar hasta el año 2000 el conflicto, dejándolo estancado,
entrampado, es el Partido de la Revolución Democrático, si no no tendría lógica la
pertinaz, rei terada, inexplicable posición de pensar que la solución está en pedirle
al Ejecutivo y luego a todos los legisladores, que acepten con puntos y con comas un
proyecto, una versión de iniciativa que no alcanzó todos los consensos.
Si se presentara ese proyecto de
iniciativa, y ustedes lo saben perfectamente, si llegara mañana ¿qué es lo que
sucedería? Que le vamos a hacer aquí más enmiendas de las que le hacemos a cualquier
iniciativa presidencial, que se cuentan por decenas de fondo y de forma. Si lo que quieren
es que llegue una iniciativa sin consenso para que aquí se desbarate todavía más y
provoque una polarización de las posiciones entre el EZLN y el Gobierno Federal, entonces
insistan en que ese proyecto de iniciativa venga a dar como está a alguna de las cámaras
del Congreso. Va a ser regresado.
Si hay un acuerdo político importante para
una reforma constitucional de carácter político-electoral entre representantes de
partidos políticos que se firma en Palacio Nacional, es porque de veras ahí hay un
acuerdo sobre un texto de iniciativa y por congruencia, por lealtad política, por
convicción, por necesidad, los representantes de los partidos en las dos cámaras,
estamos y somos anuentes con un proyecto de reforma constitucional verdadera mente
consensado.
Sabe usted cuántas veces se consultó a
ambas partes el proyecto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en
Chiapas? Cuando menos dos veces entre la Secretaría de Gobernación, que representaba
para fines de la iniciativa a una de las partes del Gobierno Federal y lo que después fue
la Conai.
Vinieron los seis miembros de la Conai,
vieron el texto y la iniciativa, vieron el texto y el proyecto de dictamen, nos hicieron
propuestas de cambio a la ley y dio dos vueltas: una y otra. Después, después salió un
dictamen consensado.
Acá, acá precisamente todavía no
alcanzaba a consensarse. Iba apenas en una primera vuelta con una parte y regresando con
la otra. Quizá después de que acepte el EZLN cuatro observaciones o dos o tres y agregue
una más, tenga que regresar con la otra parte con el Gobierno Federal y volverá a
regresar. Eso es natural en una negociación política.
Si de veras quieren contribuir a una
estrategia política de paz, por lógica, por congruencia, no insistan en que exactamente
ese proyecto, proyecto de iniciativa, sea el que venga a dar aquí porque no va a
prosperar.
Si de veras quieren que esto no se lleve y
se alargue hasta el año 2000, pues entren en razón.
Muchas gracias, señor Presidente.
Para rectificar hechos tiene la
palabra el diputado Jesús Martín del Campo.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda: |
Igual que el senador López Velarde,
no quisiéramos estar tomando la tribuna si no tuviera como destino la posibilidad de
llegar a acuerdos. Infortunadamente lo hacemos nuevamente sabiendo que no estamos en
condiciones de tener un acuerdo, aunque declarativamente decimos que queremos el mismo
camino; tenemos un enfoque, insisto, totalmente diferente.
Al principio de esta sesión no creíamos,
pero se confirma que sí, la Secretaría de Gobernación y ahora los legisladores del
Partido Revolucionario Institucional "están tomando la situación de Chiapas, ahora
y lo de los extranjeros, como un exorcismo por lo de Acteal". ¡Fue tan fuerte la
masacre, tuvo tal repercusión y hay implicaciones del Gobierno, de la complacencia del
gobierno local para permitir que estuvieran los grupos armados y responsabilidad de
miembros del PRI en el Estado, que ahora parece que hay que exorcizar esta
responsabilidad, poniendo por delante esta exagerada campaña contra extranjeros. Que
ahora nos permite en el debate actual, que salga a flote lo que ya habíamos dicho desde
la primera de las siete sesiones anteriores, donde hemos tocado el problema de Chiapas,
que ni el Gobierno ni el Partido Revolucionario Institucional están en condiciones, pero
no lo habían dicho tan claramente como hoy, de aceptar por ningún motivo la propuesta de
la Cocopa, aunque como se ha reiterado aquí ahí sí la habían aprobado como propuesta
los legisladores del Partido Revolucionario Institucional.
¡No han apoyado esa propuesta, de la que
formaron parte!
Nuestra pregunta ha sido también, de los
miembros de la LVII Legislatura del Partido de la Revolución Democrática: ¿por qué no
se propuso la propuesta de la Cocopa a la anterior legislatura, para que se debatiera,
como ahora se plantea? Porque sabían, lo que nos acaba de decir el senador Robledo,
"¡que no la apoyaba el Gobierno!", y que no habiendo apoyo del Gobierno ellos
veían que no tenía sentido discutirla aquí, porque iba a ponerse en evidencia el asunto
de que no había ninguna disposición de respetar esa propuesta, que inicial mente fue
firmada de consenso por los representantes de la Cocopa de todos los partidos.
Por eso hemos dicho este día "que el
discurso de ayer del secretario Labastida que es el punto de partida de esta discusión
hoy, ya larga es que no hay disposición a la salidad pacífica y a través del diálogo,
que ésta se aleja, que no sabemos para cuándo tenga pensado el Gobierno y que se ha dado
paso a los consejeros que ha tenido sucesivamente el Gobierno, ya muchos". ¡Quieren
probar estrategias que aprendieron en alguna escuela: no sabemos si la de Panamá o en
dónde y le han aconsejado al Gobierno que siga una estrategia de fuerza!
Y le dicen: "¡es un pequeño grupo de
rebeldes!" y le dicen: "¡te conviene que se le dé una campaña de cerco y
aniquilamiento y que entonces sí se verá que se respeta el poder del Estado y el poder
del Ejecutivo que hace uso del Ejército, para que sostengan esta campaña de cerco y
aniquilamiento!".
¡Ya lo había hecho Bernal y ahora
suponemos que lo hacen Alcocer y el otro señor que acaban de nombrar en Gobernación para
relaciones políticas, Orive, que quieren probar. Orive incluso diciéndose de izquierda,
que quieren probar, que porque estos señores son de otra izquierda es necesario
reprimirlos, para que no se pruebe que tienen éxito en la busque a de la solución de los
problemas que ha planteado el lanzamiento de 1994!
Los del PRD no somos del EZLN, no somos su
brazo político, ¡sería un absurdo!, comparar eso sería una mala lectura de realidades
de otros países como Irlanda o como el caso de España con los vascos. Nosotros somos un
partido que le está apostando a la transición democrática, una comparación al canto.
Cuando se firmaron los acuerdos de reforma
política que ahora son vigentes, no estábamos totalmente satisfechos con el resultado y
se firmaron primero o se acordaron primero fuera del Congreso, hasta hubo una ceremonia en
Palacio Nacional y nosotros respetamos esos acuerdos, aunque dentro del Partido de la
Revolución Democrática había insatisfacción por el resultado de ese diálogo, porque
todavía considerábamos insatisfechos algunos requerimientos que volveremos a plantear en
discusiones posteriores; y, sin embargo, respetamos y así entendemos honrar los acuerdos
y con todo e insatisfacción sí pasaron aquí en la Cámara, porque ya había consenso
entre los partidos y con el Ejecutivo. La mesa de Barcelona se llamó y sucedió a unos
seminarios en el castillo y ahí no dijeron nada los del Revolucionario Institucional, de
que no se estuviera llevando a cabo la discusión aquí en el Congreso, primero, y se
honraron y se respetaron los acuerdos.
Así entendemos que debiera ser el
procedimiento de los legisladores del Revolucionario Institucional, respetar esos acuerdos
aun cuando no 100% satisfagan expectativas que paticularmente como partido tienen, porque
ése es el consenso que se había logrado respecto al conflicto de Chiapas.
Hay una fobia que reaparece ahora,
reaccionaria, contra las personas, las organizaciones sociales que disienten del Gobierno
hay una fobia que fortalece un retroceso en la concepción política de lo que es la
transición democrática y han querido por eso cercar ahora al Partido de la Revolución
Democrática, y concretamente en esta sesión, haciendo parecer como el problema central
palabras más, palabras menos, estilos particulares y obsesiones y cosas calumniosas que
no son el problema de fondo. Por eso también algunos no habíamos intervenido antes, pero
es conveniente decir categóricamente que con todas las intervenciones que han hecho los
del Revolucionario Institucional finalmente y con mayor énfasis me refiero a la del
senador López Velarde, está claro que el Revolucionario Institucional comparte la tesis
del Gobierno de que hay que tener una salida de fuerza, que hay que aplastar y arrodillar
a los del EZLN y que hay que hacer calumnias y difamaciones de que somos voceros del EZLN,
para desechar y desestimar los planteamientos serios de la gravedad que tiene el tipo de
declaraciones que ayer hizo el Secretario de Gobernación como representante del
Ejecutivo.
Y por eso sí lo decimos clara y
abiertamente: ¡No hay otro responsable; sería un error muy grave que legisladores
dijeran eso, de la salida de fuerza que puede tener el asunto de Chiapas en los próximos
días o semanas; que el Presidente de la República y todo su gabinete; ellos son los
responsables, no hay otros y sería un asunto baladí, trivial y absurdo, el que se
quisiera ahora responsabilizar al Partido de la Revolución Democrática de eso!
¡El Partido de la Revolución Democrática
no le reparte fusiles AK47 ni de ningún tipo al EZLN, ellos los tenían por sí mismos!
¡En cambio, miembros del Partido Revolucionario Institucional sí le ayudaron a tener
rifles y metralletas a los priístas locales de Acteal, que asesinaron a indígenas en
Acteal y no pueden exorcisarse siendo irresponsables seguidores de la política del señor
Labastida!
¡Orden en la sala!
Para rectificar hechos y hasta por cinco
minutos, tiene la palabra el diputado Eduardo Bernal.
| El diputado Eduardo Guadalupe Bernal Martínez: |
Con su venia, señor Presidente:
Hoy quisiera hacer algunas precisiones en
base a lo expuesto aquí por algunos compañeros legisladores y agradeciendo que haya
soltado la tribuna nuestro compañero Pablo Gómez.
Una vez más utiliza el PRD esta tribuna
para expresar su verdad, la verdad que le da votos a su partido, cree que le va a dar
votos a su partido, una verdad que sólo él conoce o que cree, como es lógico, como se
ha dicho en esta tribuna, una actitud estudiada con expresión radical y protagónica para
buscar impactar a la opinión pública, insultando a compañeros legisladores y al
Ejecutivo.
Pero la realidad es la siguiente, es una
política entreguista al permitir que gente y visitadores extranjeros promovidos por ellos
mismos estén en Chiapas, es una falta de ética y es inmoral porque no es moral ni ético
ni mucho menos nacionalista, ir a falsear los acontecimientos de Chiapas y mucho menos
moral utilizar las vidas humanas en hechos lamentables para hacer proselitismo político.
Yo considero que debemos buscar los
factores externos que nos unan para que no se propicie el encono y la confusión, queremos
los mexicanos que se aplique la ley de manera estricta, sin que para ello existan
pretextos que velados detrás de argumentos de respeto a las justas demandas y al servicio
social, no sólo realizan algunas personas de un partido, sino realizan los extranjeros.
Quisiera hacer algunas precisiones por
algunos comentarios que hizo el diputado Martín del Campo. No estamos en contra de los
observadores, estamos en contra de aquellos que utilizando este status hacen proselitismo
y actividad política y utilizan a los indígenas para sus fines protagónicos y
políticos. ¿Sí, diputado Gómez?
Yo le pido, señor Presidente, que he sido
muy respetuoso en mi actividad legislativa con los legisladores, si el señor diputado
quiere hacer una pregunta, la puede hacer y si no tiene todo el derecho a hacerlo por
hechos o por alusiones personales, pero que permita que yo haga mi exposición.
Se ruega al diputado Gómez atender
al reglamento.
Prosiga, diputado.
| El diputado
Eduardo Guadalupe Bernal Martínez: |
Decía el compañero Armando López,
que el problema era la presencia de extranjeros, no diputado, lo dije muy claramente en mi
intervención y ahí está la versión estenográfica, son bienvenidos, lo que no es
bienvenida son sus actividades proselitistas que van en contra de nuestra Constitución.
Asimismo -decía-, que no hay una
estrategia para poder solucionar el problema en Chiapas, sí la hay, esa estrategia es del
diálogo, la conciliación. Decían que algunos extranjeros, por eso había un problema,
no diputado Martín del Campo, son más de 4 mil de los cuales más de 160 ya fueron
sacados del país por sus actividades proselitistas, por sus actividades políticas y
otros que están en proceso de citatorios para que aclaren esas situaciones.
Yo creo que lo más importante en este
asunto es que busquemos los consensos para solucionar el problema de Chiapas. Se usa este
tono de discurso porque ya no es posible seguir aguantando que con telas de mártires,
quieran lograr el consenso de los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos de este país
están cansados del conflicto de Chiapas, quieren que se resuelva, la sociedad civil es lo
que quiere, pero pareciera que otros partidos lo único que quieren es seguir con este
proceso de guerra para tener votos para su partido.
Y no se utiliza el doble discurso, utiliza
un discurso pidiendo paz en tono de guerra, se pide paz con marchas aparentemente
pacíficas, entre comillas y utilizando pancartas y mantas con agresiones directamente a
las instituciones, así no se logra la paz señores diputados, reitero, una vez más, ¿a
quién repu diamos? A los Gutiérrez Estrada y hoy como hace más de un siglo, como decía
Sadoc, acuden a intervencionismo extranjero para recibir orientaciones ideológicas,
además de económicas y supuestas soluciones a nuestros problemas.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos tiene la palabra el diputado Armando López Romero.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Hablando de las precisiones, diputado, el
diputado que me antecedió, amigo, el PRD no hizo ninguna promoción ni invitó a las
organizaciones civiles que se encuentran hoy en nuestro país. Es muy importante precisar
esto, porque obviamente inclusive ha sido de conocimiento público quién hizo esta
invitación.
Tampoco, tampoco estamos haciendo nosotros
de esto una promoción electoral, digo, porque es muy claro, obviamente las campañas que
tienen cada uno de nuestros candidatos promueven un programa político y nunca han
promovido la aparición de fenómenos similares.
Y también otra precisión que es muy
importante y lo hemos dicho y en esta tribuna... apostamos por la paz, efectivamente,
ésta es nuestra posición como partido. El 1o. de septiembre se estableció y se dijo muy
claro que la prioridad en lo que cruzaba la estabilidad de nuestro país era solucionar el
problema de Chiapas, esto está claro.
Ni pretendemos alargarlo ni lo contrario;
lo que pretendemos es acortarlo y aquí creemos algo muy importante de reflexión:
Primero, es que aquí también sea
aprobado, apoyar a la Cocopa, fortalecer a la Cocopa como una instancia de inmediación y
yo creo que lo que estamos discutiendo no es ni representatividad ni mucho menos, estamos
discutiendo nuestro instrumento del Poder Legislativo que es la Cocopa y que en esto hemos
apostado todos, en fortalecer a la Cocopa; en que sea una instancia que coadyuve en la
búsqueda de la paz y que parece ser que hemos estado analizando el trabajo de la Cocopa
con calificativos o a veces inclusive son desmentidos.
Y yo creo que no se trata de eso, mal
haríamos, mal haríamos porque es el instrumento que nosotros creamos, creo y recuerdo
muy bien un acuerdo que aquí mismo se firmó por todas las instancias, por todos los
partidos, era darle fortaleza a estas instancias, a la Cocopa, al reconocimiento como otra
instancia que es la Conai y buscar estos caminos de consenso.
Si de eso se trata y estamos de acuerdo,
entonces excitemos a la propia Cocopa a que realmente como una instancia representativa y
repito, creo que ésa es la responsabilidad de los miembros de la Cocopa, representan a
cada uno de los partidos que se encuentran en el Poder Legislativo y la discusión ahí
son posiciones precisamente para consensar en todas las fuerzas políticas y obviamente
presentar, en su momento, el instrumento que todos deseamos, que es la reforma de la ley.
Pero entonces, que la discusión no sea la
debilidad de la Cocopa, porque parece ser que ahora estamos discutiendo ante una serie de
calificativos, que la Cocopa tiende realmente a ser una representación individual o
tendiera a ser simplemente un paliativo de la discusión que hemos hecho durante años.
Yo creo que es la hora de retomar esto.
Queremos o no queremos la paz. Apostamos por la paz, no más sangre que por cierto la
mayoría ha sido sangre perredista, pero yo creo que en este momento lo que nos interesa
es que fortalezcamos el instrumento que tenemos que es la Cocopa y yo creo que en ese
sentido deberíamos todos avocarnos a que los miembros de la Cocopa hagan lo más rápido
posible su trabajo, presenten la propuesta que tenga que ser consensada por los partidos
y, obviamente, como este instrumento y se ha planteado, también se presente a las dos
partes en el conflicto: Gobierno y EZLN, pero nuestro trabajo está aquí; somos
legisladores y nuestro instrumento es la Cocopa.
Queremos o no que la Cocopa trabaje,
queremos o no que funcione la Cocopa, ese es el punto. Entonces no discutamos más allá
más que lo que hemos apostado y lo que hemos dicho aquí, fortalezcamos este instrumento.
Nosotros no apostamos nunca a que la
solución de México está fuera de este país; al contrario, estamos comprometidos como
partido y que hemos apostado por la vía pacífica a pesar de poner tantos muertos durante
más de dos sexenios, hemos apostado a continuar por la vía pacífica y no es ningún
argumento hablar de presencias extranjeras simplemente por el hecho de desacreditar lo que
todos buscamos.
Buscamos el mismo camino o no. Démosle la
fuerza a la Cocopa y en eso es el compromiso, quitémonos más de todas estas broncas que
a veces parece ser que simplemente son interpretaciones y a veces pleitos personales.
Para hacer una proposición, tiene la
palabra la diputada Mónica García Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
| La diputada
Antonia Mónica García Velázquez: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente:
Esta tarde manifiesto a ustedes un
pronunciamiento por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
exhorta al EZLN, a aceptar la convocatoria del Gobierno de la República para reanudar el
diálogo que conduzca a la solución del conflicto de Chiapas y se pida al propio Gobierno
aplicar estrictamente a los extranjeros en el territorio de esa entidad, las leyes
migratorias del país, con pleno respeto a sus derechos, considerando que está en el
interés superior de la nación el arreglo de los conflictos que dividen a los mexicanos y
desvían hacia la confrontación la energía de la sociedad, esa energía que debe ser
destinada a la superación de sus carencias, la realización de una convivencia más justa
y productiva, el perfeccionamiento de su vida institucional y el ejercicio democrático de
la política.
Hay fundadas expectativas de que nuestro
país consolide su crecimiento económico y que su recuperación se vea acompañada de
programas que beneficien a los grupos marginados, en particular a las comunidades
indígenas, lo cual exige soluciones inmediatas y perdurables a la grave situación que se
vive en diversas zonas del Estado de Chiapas, pues su retardo pone en perjuicio y corre en
perjuicio de aquéllos a quienes la acción conflictiva ha pretendido beneficiar.
A nadie conviene y a nadie puede interesar
que respecto a la situación de Chiapas, México en su conjunto y el pueblo chiapaneco en
particular, recienta los efectos negativos del mantenimiento de una situación de aparente
indiferencia y mucho menos de beligerancia o amenaza de violencia.
Es el momento de probar ante la opinión
pública universal que a lo largo de los cuatro años transcurridos desde el inicio de las
hostilidades por parte del EZLN, la fuerza de la razón y la tolerancia de la que dan
prueba la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y los propios
acuerdos de San Andrés Larráinzar, han madurado un ambiente resolutivo del conflicto al
que hace falta ratificar la buena voluntad de las partes, para reanudar las pláticas y
fijar los extremos de acuerdo final.
Para construir y alcanzar el escenario de
la conciliación, la concordia y la paz digna que merece Chiapas y sus comunidades
indígenas, es indispensable eliminar intransigencia, intolerancia y dogmatismo que
provocan una situación inestable y peligrosa y reanudar de inmediato el diálogo al que
está convocando el Gobierno de la República al EZLN, para que todos honremos la Ley para
el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y quede abierto el cauce para
cumplir plenamente los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
La continuidad del diálogo y la
negociación es igualmente el reconocimiento de que la restauración de la vida
institucional en Chiapas, requiere una interlocución sincera, inteligente, con visión de
Estado, con vocación de justicia, con sentido histórico y con definición
constitucional, que parta de la convicción de que si bien nadie tiene todavía la última
palabra, ésta debe ser la consecuencia indefectible del diálogo, la negociación, el
consenso y el acuerdo.
Como legisladores federales, debemos
contribuir a convertir las coincidencias en decisiones políticas fundamentales y
transformar los acuerdos en normas de observancia obligatoria y en trazos jurídicos, que
conformen el nuevo perfil de la sociedad plural, democrática y justa que reclama la
nación, por lo cual está en nuestro interés primario y superior apremiar soluciones ya
maduras y construir puentes de entendimiento que franqueen el encuentro y la negociación,
de manera que es oportuno pedir igualmente a la Cocopa, intensifique sus acciones de
interlocución para el logro de los fines que la justifican y a los que ha contribuido
decididamente.
Es ya el momento de que la situación en
Chiapas quede resuelta, pues su prolongación en el tiempo de manera indefinida genera
confusión e incertidumbre en la comunidad chiapaneca y en la sociedad nacional, al tiempo
que propicia extrañamiento en la opinión pública mundial y tentativas, a todas luces
impugnables e ilegítimas, de injerencias desautorizadas en los asuntos internos, que
sólo competen a los mexicanos, sin menoscabo de los derechos y prerrogativas que asisten
y pertenecen a todos los seres humanos para transitar por el territorio nacional, lo cual
está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las
obligaciones contraídas por el Gobierno de la República en diversos instrumentos de
derecho internacional en materia de derechos humanos, de la inveterada tradición
sostenida por México para solidarizarse con los valores universales de la convivencia,
objetivada en su respeto al derecho de asilo, en su anfitrionía a toda prueba a favor de
perseguidos políticos, en su apoyo a los numerosos guatemaltecos cobijados en nuestro
territorio, cuyos hijos nacidos en nuestro suelo han obtenido, sin rechazo alguno, la
nacionalidad mexicana.
Entre otros muchos ejemplos al respecto, es
a todas luces indispensable que los extranjeros circunscriban su estadía en el territorio
chiapaneco a las normas de la calidad migratoria que en términos de ley les haya otorgado
el Gobierno Federal, sin inmiscuirse en los asuntos políticos internos de México, por lo
que el Estado mexicano está constitucionalmente autorizado a aplicar con legitimidad las
leyes migratorias y a hacer cumplir las determinaciones de los artículos 9o. y 33 de la
Constitución General de la República.
Los senadores y diputados que suscribimos
este documento proponemos, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso, esta propuesta al pleno de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.
Proponemos la aprobación de los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO
CON PRONUNCIAMIENTOS
Primero. Se exhorta al EZLN a responder
positivamente la convocatoria del Gobierno de la República, expresada por conducto del
Secretario de Gobernación, a fin de que se reanude de inmediato el diálogo previsto en
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y se negocie en los
términos del acuerdo que solucione definitiva e institucionalmente el conflicto.
Segundo. Se pide al Gobierno de la
República, por conducto de las autoridades competentes, haga valer con todo rigor en
Chiapas, las normas jurídicas migratorias que regulan la estancia de extranjeros en suelo
mexicano, con pleno respeto a su calidad de turistas u observadores y a los derechos
humanos que les corresponden en los términos de nuestra legislación y de las normas
internacionales al respecto, brindándoles la consideración y apoyos que las
instituciones del país otorgan a todos sus visitantes.
Tercero. Se exhorta a la Cocopa a que
mantenga e incremente en este momento su interlocución, a efecto de que su contribución
culmine los trabajos de negociación indispensables para la pacificación en Chiapas.
Dado en el pleno de la Comisión
Permanente, hoy, día 18 de febrero.- Firmado por diputados y senadores que integran la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucio nal, diputados: Arturo
Núñez Jiménez, José Luis Lamadrid Sauza, Fidel Herrera Beltrán, Laura Alicia Garza
Galindo, Manuel Angel Núñez Soto, Rafael Oceguera Ramos, Sadot Sánchez Carreño,
Eduardo Bernal Martínez, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Lourdes Angelina Muñoz
Fernández, Alfredo Phillips Olmedo, Francisco Javier Gil Castañeda; senadores: María de
los Angeles Moreno, Juan Ramiro Robledo Ruiz, José Trinidad Lanz Cárdenas, Laura Pavón
Jaramillo, Dionisio Pérez Jácome, Mario Vargas Aguiar, José Guadarrama Márquez, Manuel
Cadena Morales, José Antonio Valdivia, Oscar López Velarde Vega, Samuel Aguilar Solís,
Héctor Jiménez González, Víctor Hugo Islas Hernández y una servidora, Antonia Mónica
García Velázquez.
Muchas gracias.
Para hacer una proposición, tiene la
palabra el diputado Santiago Creel Miranda.
| El diputado Santiago Creel Miranda: |
Con su venia, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Participamos en la etapa inicial de este
debate, que fue convocado para el tema de la condición de los extranjeros en este asunto
de Chiapas y dejamos pasar los temas subsiguientes del debate, no porque pensemos que no
sean importantes o que tengan trascendencia o porque no deban ser debatidos, sino porque
pensamos que es el momento de fortalecer a las instancias de mediación, a las instancias
que tienen su fundamento en la ley y que han sido acordadas por las partes para tratar de
facilitar el diálogo y la negociación en este conflicto.
Es por ello que hemos dejado a un lado los
temas del debate del día de hoy, que ciertamente tenemos opiniones respecto a la
naturaleza jurídica de los acuerdos de San Andrés, a quien debe de iniciar la reforma
constitucional, la cual es el papel que deben de cumplir la Cocopa y la Conai, pero lo
hemos dejado a un lado precisamente por esas razones.
Queremos fortalecer las instancias de
mediación y en ese tenor deseamos proponerle al pleno de esta Comisión Permanente un
proyecto de acuerdo que tiene una propuesta única, que me voy a permitir leer y turnar al
Presidente de la mesa, en términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del
Congreso.
Leo de manera textual:
"PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION
Unico. Se reconoce la labor de las
instancias mediadoras del conflicto en Chiapas, la Cocopa y la Conai y se exhorta a todos
los actores políticos y sociales a que apoyen y faciliten el cumplimiento de los 10
puntos propuestos en su comunicado conjunto de fecha reciente."
Esta propuesta está suscrita por diversos
diputados de las distintas fracciones de los partidos de oposición: por el diputado Juan
José Rodríguez Prats, por el diputado Ricardo Cantú Garza, por el diputado Juan Antonio
García Villa, por el diputado Jesús Martín del Campo, por la diputada María Aubry, por
el diputado Armando López Romero, por el diputado Carlos Medina Plascencia, por el
diputado Francisco José Paoli y por el diputado que tiene el uso de la voz.
Respecto a la propuesta que acaba de ser
leída por la diputada que me precedió en el uso de la palabra, yo lo que propondría
sería aceptar su punto tercero, fusionarlo, y para recordar su texto me voy a permitir
leerlo. Dice así: "se exhorta a la Cocopa a que mantenga e incremente en este
momento su interlocución, a efecto de que su contribución culmine los trabajos de
negociación indispensables para la pacificación de Chiapas".
Me parece que este punto es complementario
de la propuesta que acabo de leer, efectuada por los distintos grupos parlamentarios.
No podríamos aceptar el punto primero y el
punto segundo por las siguientes razones: el primer punto, es en el cual se exhorta al
EZLN a responder positivamente la convocatoria del Gobierno de la República. Me parece
que esa exhortación en todo caso la debe de hacer la Cocopa, que es la instancia de
mediación y no la Comisión Permanente. Si estamos fortaleciendo las instancias que
tienen como misión mediar, pues me parece que no debemos nosotros exhortar directamente a
ninguna de las partes.
La propuesta contenida en el acuerdo
segundo, me parece que tampoco la podríamos aceptar por la siguiente razón. Es en la
cual se pide respetuosamente al Gobierno de la República, por conducto de las autoridades
competentes, para que haga valer con todo rigor en Chiapas, las normas jurídicas
migratorias etcétera.
Me parece que esta propuesta pudiera
implicar de alguna manera, que se está violando masivamente, recurrentemente, nuestras
leyes migratorias. Nosotros no tenemos esa información, lo único que sabemos es que el
día de ayer efectivamente se aplicó la ley migratoria, concretamente a través de las
distintas disposiciones de la Ley de Población y del artículo 33 de nuestra
Constitución y se reconvino a un estadounidense por ciertas violaciones, que por cierto o
al menos en la prensa, no fueron suficientemente explícitas o explicitadas por parte de
la Secretaría de Gobernación.
Quizá sería conveniente, para ir forjando
estos criterios necesarios para saber cuáles son el marco de referencia de actuación de
los observadores en estos casos, que se fueran explicitando esas razones, no solamente
dando fundamento de los artículos correspondientes de la Ley de Población, si no mal
recuerdo el 25 y el 27, sino también darle la correcta fundamentación legal, porque el
artículo 33 de la Constitución no obsta para que se fundamenten las acciones que tenga
que adoptar el Gobierno en esta materia.
Es por esa razón que no podríamos
aceptar, dado que solamente ha habido un caso, un caso que hemos conocido recientemente,
quizá hay más, pero no los conocemos, entonces esta propuesta pues implicaría eso, que
hay una especie de violaciones recurrentes y por parte de muchos de los observadores.
Y me parece que para ser consecuentes y
congruentes con la posición que hemos fijado esta mañana por conducto del diputado
Francisco José Paoli y en donde le damos la bienvenida a todos los extranjeros que deseen
visitar nuestro país, en términos del marco constitucional vigente y de las leyes
aplicables, pues me parece que con esto estaríamos dando una señal contradictoria.
En consecuencia y resumiendo, quisiera yo
proponerles a ustedes el proyecto de acuerdo que acabo de leer y de alguna manera si se
pudiera con las compañeras y compañeros del PRI, fusionar su punto tercero del acuerdo
con el que estamos proponiendo, de tal suerte que después de esta discusión larga, ya de
muchas horas, en donde hubo ciertamente enconos, diferendos, puntos de vista muy
distintos, podamos después de todas estas horas de trabajo y discusión, salir con algo
constructivo, apoyando y que se sientan los compañeros de la Cocopa avalados en su
trabajo, respetados en su actuación, para que puedan actuar y en consecuencia, dado que
lo que viene no se ve fácil de resolver y van a requerir un apoyo contundente nuestro,
dado que son, no hay que olvidarlo, una comisión de este Congreso de la Unión.
En consecuencia entrego la propuesta y
espero que la valoren, la reflexionen y ojalá nos brinden su apoyo.
Muchas gracias.
Vamos a proceder a desahogar las
proposiciones que se han hecho en esta sesión.
En primer término la que presentó la
diputada Mónica García Velázquez, para estos efectos se pone a su consideración si
alguien desea hacer uso de la palabra en pro o en contra.
Tiene la palabra para hablar en pro, el
diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla.
| El diputado
Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Compañeras y compañeros
legisladores; con su venia, señor Presidente:
A estas alturas ya solamente resta
recapitular la propuesta que la fracción del Partido Revolucionario Institucional hace a
través de mi compañera la diputada Mónica García Velázquez, en el sentido de que se
reflexione sobre algunos puntos medulares que implican o que se derivan de la necesidad de
no seguir insistiendo en la división de los mexicanos.
Es menester que la solución al conflicto
no sea objeto de más retrasos; es menester recordar que a nadie conviene la beligerancia
ni la indiferencia en la solución. También es menester recordar que este marco ante la
opinión pública nacional e internacional nos convierte en instancia vulnerable y en su
momento podría justificar las indeseadas pretensiones de intervención que los mexicanos
hemos rechazado ayer, rechazamos hoy y rechazaremos siempre.
En tal virtud y advirtiendo que el punto de
acuerdo que propone el Partido Acción Nacional identifica a la Cocopa como una instancia
mediadora, carácter que sí se le puede adjudicar a la Conai en tanto que la Cocopa es
una instancia de intermediación, de coadyuvancia, perdón, en consecuencia nosotros
sostenemos la propuesta del pronunciamiento conformado por los tres puntos, toda vez que
en el tercero de esta propuesta, se puede considerar implicado el punto que propone el
Partido Acción Nacional.
Me voy a permitir en obsequio de la mejor
reflexión de todos ustedes compañeras y compañeros, dar de nueva cuenta lectura a estos
tres puntos, a efecto de que se pudiera reconsiderar que el propuesto por Acción
Nacional, queda implícito en el tercero que propone mi partido.
Primero. Se exhorta al EZLN a responder
positivamente la convocatoria del Gobierno de la República expresada por conducto del
Secretario de Gobernación, a fin de que se reanude de inmediato el diálogo previsto en
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y se negocie en los
términos del acuerdo que solucione definitiva e institucionalmente el conflicto.
Segundo. Se pide al Gobierno de la
República, por conducto de las autoridades competentes, haga valer con todo rigor en
Chiapas, las normas jurídicas migratorias que regulen la estancia de extranjeros en suelo
mexicano con pleno respeto a su calidad de turistas u observadores y a los derechos
humanos que les corresponden en los términos de nuestra legislación y de las normas
internacionales al respecto, brindándoles la consideración y apoyos que las
instituciones del país otorgan a todos sus visitantes.
Tercero. Se exhorta a la Cocopa a que
mantenga e incremente en este momento su interlocución, a efecto de que su contribución
culmine los trabajos de negociación indispensables para la pacificación de Chiapas.
Si no fuese el caso de que esta redacción
diese satisfacción a los compañeros del Partido Acción Nacional, entonces
solicitaríamos que se fuera a votación, señor Presidente. Es todo.
Muchas gracias.
¿Alguien quisiera hacer uso de la
palabra en contra? El diputado Santiago Creel.
| El diputado Santiago Creel Miranda: |
Con la venia del señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Me parece que el punto tercero como está
redactado, que acaba de leer el diputado Moreno Garavilla, no lleva implícitas dos
cuestiones que para nosotros resultan fundamentales:
Una es el reconocimiento a la labor que ha
desempeñado no solamente la Cocopa, como instancia de coadyuvancia, y la Conai, como
instancia mediadora, sino que además lo que estamos solicitando es el apoyo a la
declaración conjunta que se llevó a cabo el mes pasado por ambas instancias, a estos 10
puntos fundamentales que tienen qué ver con acciones muy urgentes. Por ejemplo, en
términos de la desmilitarización, en términos de los desplazados, del desarme y de
otras cuestiones que independientemente de la discusión respecto a la reforma
constitucional, tienen que abordarse de manera urgente.
Es por ello que si hubiera la aceptación
por parte de los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
de expresar estos dos reconocimientos, primero a la labor de la Cocopa y segundo a los 10
puntos conjuntos suscritos por la Conai y por la Cocopa, entonces podríamos a partir del
tercer punto de acuerdo, construir un acuerdo y me parece que podría obtener el consenso
de los que han suscrito la propuesta que originalmente planteé.
Respecto al primer punto y al segundo
punto, no voy a reeditar los mismos argumentos que ya expresé, por los cuales no serían
aceptados.
Muchas gracias, señor Presidente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se admite o no a discusión la proposición formulada por la diputada Mónica García
Velázquez.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Queremos plantear a nombre de la
bancada del PRD, que sea nominal la votación de este punto de acuerdo.
Con mucho gusto.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación económica se pregunta
si se admite la proposición.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Para la admisión.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Nada más es si se admite.
Para la admisión también, diputado.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
La admisión es lo único que se va a
votar.
¡No! Se le va a dar el trámite de
urgente y obvia resolución.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
¡Ah! bueno, pero eso no se ha
planteado todavía. No se ha planteado.
¡Sí!, en las dos propuestas. En las
dos propuestas está formulada la urgente y obvia resolución.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se
admite o no a discusión la proposición, en votación nominal.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a tomar la votación nominal,
si se admite o no a discusión la proposición.
(Votación.)
Señor Presidente: se emitieron 20 votos
por la afirmativa y 11 votos por la negativa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea
si se considera de urgente resolución, en votación nominal.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Por instrucciones de la Presidencia
se va a consultar, en votación nominal, si se considera de urgente resolución.
(Votación.)
Se emitieron 20 votos a favor y 11 en
contra. Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión
la proposición.
¿Alguien quisiera hacer uso de la palabra?
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en
votación nominal, si se aprueba la proposición.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a recoger la votación nominal
para saber si se aprueba la proposición.
(Votación.)
Señor Presidente: Se emitieron 20 votos a
favor y 11 en contra... Aprobada, señor Presidente.
Ya fue declarada aprobada por la
Secretaría, Diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Yo sé que sí, pero las matemáticas
también tienen su jerarquía, señor Presidente. Tienen su jerarquía en este sentido o
sea, para tener dos tercios de 31 hace falta tener más de 20, 20 no es suficiente, falta
algo y ese algo no está. Entonces creo que hubo un error. No estoy discutiendo el
contenido, estoy discutiendo simplemente la operación aritmética hecha por la
Secretaría y que usted aceptó inmediatamente, sin considerar cuál era la aritmética de
la votación. Es decir, para completar los dos tercios hace falta algo más que 20.
Entonces tiene que ser completo, completa la cantidad, pero no se da. Es decir, 20 es
menos de dos tercios de 31.
Tiene la palabra el diputado Fidel
Herrera Beltrán.
| El diputado Fidel Herrera Beltrán: |
Ahí brevemente: aun cuando este
trámite ha sido concluido, se votó y se acordó correctamente por el cómputo de la
Secretaría y le voy a decir por qué brevemente, diputado Gómez.
El quorum es 31 ¿sí o no? La tercera
parte de 31 son 10. Las dos terceras partes con aproximación matemática con precisión
son 20.3, es menos que 20.5, consecuentemente se aplica la regla: mayor 20 hacen dos
terceras partes.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Señor Presidente, pido la palabra
para hacer una moción.
Diputado Gómez está concluido el
trámite de la proposición; pero tiene la palabra el diputado Gómez, para una moción.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Mire usted, señor Presidente,
independientemente de que el trámite esté concluido si el trámite fue erróneo debe
reponerse; aceptará usted porque así tiene que ser sencillamente ¿no? Si ha habido un
error se tiene que corregir. No puede ser que una vez cometido el error ya hasta la
muerte. Entonces, ésa es la primera parte de la discusión. Una vez que se comete el
error y una vez que entendemos que ha habido un error, se corrige inmediatamente. La
sesión no ha sido levantada.
Mire usted, la cantidad necesaria de votos
para tener dos tercios no lo da el tener 20 legisladores. En efecto, no hay fracción de
legisladores y por lo mismo se tiene que hacer la cuenta en enteros, pero no hacia abajo,
porque entonces hay la insuficiencia de la cantidad; es decir, si consideramos que 20 es
igual que 20.3 ó 20.6, lo que sea, entonces estamos considerando mal, porque no existen
los dos tercios; ése es el punto.
Entonces, creo yo que usted estará de
acuerdo en que en una votación de 31 personas, para tener dos tercios hace falta tener
más de 20 y como ha habido un error de la Secretaría, que fue además un error
absolutamente sin mala fe, sin dolo, yo le pido a usted que corrija el trámite que dio, a
fin de ajustarnos estrictamente al reglamento. No tiene caso que una resolución salga sin
la cualidad matemática que requiere de acuerdo con el reglamento.
Diputado Gómez, el trámite ha sido
concluido, la proposición ha sido declarada, aprobada y procedemos al análisis de la
proposición hecha por el diputado Santiago Creel.
La votación fue hecha en su tiempo y
forma. Ha sido concluido el trámite con la aprobación de la proposición y está
desahogado este punto de esta proposición. Pasamos a discutir la proposición formulada
por el diputado Santiago Creel.
| El diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): |
Quiero reiterar que no convendría
que la Presidencia hiciera pasar como válido este asunto, porque incluso la misma lógica
del diputado Fidel Herrera, siguiendo criterios de estadística aplicada a muestreos, 20.6
es más que la mitad de uno y 20.6 era lo que necesitaban no 20.3; de manera que siguiendo
la lógica del diputado Fidel Herrera Beltrán, al contrario, favorece el criterio de que
es errónea la decisión de dar por válido lo de dos terceras partes necesarias. Pero
además del criterio, siguiendo la misma lógica del diputado Fidel Herrera, de
estadística aplicada, de que por debajo de la mitad se considera válido el punto
anterior entero y por encima de la mitad se requiere pasar al siguiente punto, entonces
necesitarían 21, según eso, y no hay 21 que hayan votado por la proposición.
Pero políticamente sería inadecuado que
se hiciera pasar como de aprobación de urgente resolución algo que no tiene la votación
necesaria. Por eso pedimos reposición del procedimiento, para que la cuenta nos permita
satis facer esta inquietud.
Diputado Martín del Campo, lo cierto
es que en la normatividad no hay disposición expresa para este tipo de fracciones, por lo
tanto tendríamos... ¿En qué disposición expresa, diputado Gómez?
Lo cierto es que el trámite ha sido
concluido y procederíamos a la siguiente proposición.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Si me permite, sí le explico.
Perdóneme diputado... ¿Qué les pasa hoy
a los priístas?
Adelante, diputado Gómez.
| El diputado
Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): |
Mire, señor Presidente, la
disposición reglamentaria al igual que la constitucional para casos de reforma de la
Constitución, que es estrictamente la misma, requiere dos tercios de los presentes, 20 es
menos que dos tercios de 31, ésa es la disposición concreta que hay, si no se tiene por
lo menos dos tercios no hay acuerdo.
¡No!, evidentemente que eso no está ni
siquiera a discusión, senador, no tiene sentido que discutamos si hay fracciones de
personas, no tiene seriedad. Lo que el reglamento señala es que se requieren dos tercios,
20 es menos que dos tercios de 31. Que la Secretaría cometió un error, seguramente no se
dio cuenta de este hecho. Yo creo que en este momento ya nos dimos, usted se está dando
cuenta... No importa, no, está votado y la votación es la que manda, no es la decisión
de un Presidente, no importa, yo creo que si ha habido un error se puede subsanar, no me
parece justo, señor Presidente, que la Comisión Permanente del Congreso apruebe al
margen del reglamento cualquier resolución, esta proposición puede ser turnada a la
Primera Comisión regresado un dictamen y votado conforme al reglamento.
El hecho de que el Presidente haya dicho
aprobado no quiere decir que esto esté aprobado evidentemente a la luz del reglamento no
lo está porque no se cumple con la cualidad que indica el reglamento de dos terceras
partes.
El diputado Sadot Sánchez Carreño.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño (desde su curul): |
Si me permite una moción, señor
Presidente. Todas las sesiones y el funcionamiento de las cámaras, y en este caso de la
Comisión Permanente, debe de sujetarse estrictamente a las normas que son propias tanto
la Ley Orgánica como el reglamento.
Por ese motivo pido y solicito instruya a
la Secretaría dar lectura al artículo 18 de nuestro reglamento.
Proceda la Secretaría a dar lectura.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
"Artículo 18. El Presidente en
sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara."
El diputado Paoli tiene la palabra.
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio(desde su curul): |
Señor Presidente, en nuestro
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todas aquellas resoluciones que marque la Constitución y este reglamento,
como de dos tercios para ser aprobada, tienen que serlo, está establecido claramente en
el 158 y específicamente en el 59 se establece que en los casos de urgencia u obvia
resolución calificado por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la
Cámara que estén presentes podrá esta, a pedimento... "etcétera"; es decir,
aquí estamos en presencia de una votación que se acogió al 59 para que fuera de obvia y
urgente resolución.
La aritmética es muy sencilla, si hay 31
de quorum son 20.46, es decir, más de 20 los que se requieren; habiendo solamente 20 no
está aprobada, yo pongo a consideración que nos acojamos y respetemos el reglamento de
nuestro Congreso.
Mire esta Presidencia reitera que no
hay una disposición expresa respecto de las fracciones del legislador para la
determinación de las dos terceras partes podríamos desahogarlo por la vía que propone
el diputado Sadot Sánchez Carreño. Sin embargo, en aras de darle la mejor solución a
este punto, la Presidencia decide turnarlo a la Primera Comisión de Gobernación de esta
Comisión Permanente para desahogarla en próxima sesión.
Al desahogar la proposición formulada por
el diputado Santiago Creel está abierta la posibilidad de hacer uso de la palabra en pro
o en contra.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición en
votación económica.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación económica, se pregunta
si se admite la proposición.
Los legisladores que estén porque se
acepte, sírvanse manifestarlo...
¿Es nominal?..
Perdón, ésta no se ha solicitado
nominal, ¿hay alguien que la solicite nominal?
En votación nominal le pido a la
Secretaría que tome la votación.
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
En votación nominal tomamos la
afirmativa y la negativa del diputado Martín del Campo.
(Votación.)
La votación fue: 20 por el no, 11 por el
sí.
Desechada.
ESTADO
DE MORELOS
Para referirse a la situación
política en el Estado de Morelos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos.
| El senador Mario
Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Hemos observado con preocupación los
acontecimientos en el Estado de Morelos...
| El diputado
Francisco José Paoli y Bolio (desde su curul: |
Perdón, fue desechada o se admitió
la proposición.
Es otro punto. Fue desechada,
diputado Paoli; adelante el orador.
| El diputado
Mario Saucedo Pérez: |
Se ha procedido en el Estado de
Morelos... Solicito al Presidente...
Orden en la sala, por favor, para
escuchar al orador.
Adelante, senador Saucedo, orden en la sala
para escuchar al orador; diputados Gómez y Lamadrid, por favor, escuchemos al orador.
Adelante, senador Saucedo.
| El senador Mario
Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
Se ha dado la destitución del licenciado
Carlos Peredo Merlo, como Procurador General de Justicia de la entidad.
Esta decisión del gobernador, se dio en un
contexto vergonzoso y reprobable al ser llamado a comparecer ante las autoridades de la
Procuraduría General de la República, en relación al caso del ex comandante del Grupo
Especial Antisecuestros, Armando Martínez Salgado, le fue decretado arraigo, ello siendo
aún procurador General de Justicia de la entidad.
Junto con el procurador de Morelos, están
señalados el subprocurador Rafael Augusto Borrego Díaz, jefe de la Policía Judicial con
licencia; el capitán Jesús Miyazawa Alvarez y los comandantes José Luis Estrada
Aguilar, director metropolitano de la Policía Judicial y Rafael Reival Martínez,
encargado de la zona de Jiltepec.
Todos estos funcionarios señalados por la
unidad especializada contra la delincuencia organizada de la PGR.
Este hecho viene a confirmar la existencia
del cártel de Cuernavaca, organización delictiva que desde la Procuraduría de Justicia
del Estado de Morelos organizó, coordinó e impulsó a distintas bandas de secuestradores
y protegió a distinguidos capos del narcotráfico en nuestro país, entre ellos a Amado
Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza.
Evidentemente, la salida del gobernador
Jorge Carrillo Olea es necesaria e inaplazable, debe solicitar licencia y ponerse a las
órdenes de la PGR para esclarecer su responsabilidad, ya que por omisión, o sea... o ya
por participación plena.
El Congreso del Estado debe asumir su
responsabilidad constitucional y convocar inmediatamente a la realización de un periodo
extraordinario para designar a un gobernador interino. El nuevo gobierno tendrá como
tarea fundamental y es el compromiso del Partido de la Revolución Democrática, sanear la
Procuraduría de Justicia del Estado y coadyuvar con la PGR en el esclarecimiento de las
responsabilidades políticas y penales del licenciado Jorge Carrillo Olea y el ex
procurador Carlos Peredo Merlo.
Esta acción sin precedentes está
reflejando la crisis y el proceso de descomposición que se viene dando en nuestro país a
partir de las pugnas internas del grupo en el poder; de la falta de control en que está
planteando una situación de creciente ingobernabilidad. Estamos en un contexto de ajuste
de cuentas al interior del sistema político mexicano.
Jorge Carrillo Olea no es el único
gobernador priísta con dudosa reputación moral y política; Roberto Madrazo, Manuel
Bartlett, tienen un expediente similar o peor al que hoy estamos conociendo del ex
coordinador de la lucha contra el narcotráfico. Del tabasqueño son millones de dólares
provenientes del lavado de dinero del narco para su campaña política, en sociedad con
Roberto Cabal Peniche; el gobernador de Puebla no sólo fue responsable del mayor fraude
electoral en la historia reciente de nuestro país, sino que cuando estuvo en
Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad al mando de José Antonio Zorrilla
Pérez, esa corporación empezó a derivar su función y trabajo hacia el narcotráfico.
Planteamos también así, en su momento,
como se están solicitando abrir los archivos relacionados a los acontecimientos de 1968,
que también relacionados a esto, a lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y su
guerra sucia que desató en contra de los movimientos armados en México, que estuvieron
permanentemente violando derechos humanos y que se haga una investigación a fondo de lo
que fue en los setenta la guerra sucia.
Estamos pasando por momentos de una crisis
política al interior del sistema; está en juego la posibilidad y es parte de esta pugna
al interior del bloque dominante, de la continuidad o no del PRI en el Gobierno. Por lo
pronto, en Morelos crece la indignación ciudadana y en caso negativo de que el gobernador
no renuncie, seguramente su caída será producto entonces de la movilización social a la
cual ha estado ya respondiendo la ciudadanía en Morelos.
Pensamos entonces que por el bien del
Estado de Morelos y del estado de derecho en nuestro país, debe renunciar el gobernador
Jorge Carrillo Olea.
Gracias, señor Presidente.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, por el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor Presidente:
Nada me preocuparía más que de parte de
ustedes nos pudieran considerar como imprudentes por agregar al largo debate y al orden
del día este asunto del Estado de Morelos; sin embargo, la situación lo reclama, el tema
requiere de nuestra atención.
Coincidirán conmigo que el valor
fundamental para ejercer poder, es la confianza en la autoridad. Para no desvariar
recuerdo en alguna ocasión, en Chiapas, que iban a solicitar un consejo municipal y el
argumento que sostenían los ciudadanos era que el gobernante había perdido confianza,
había perdido la confianza.
La confianza es, sin duda, el medio por el
cual el gobernado confía, le da credibilidad, tiene fe en quien ejerce el poder. Ya es
una máxima, muy frecuente que se puede prescindir de los ejércitos, se puede prescindir
de producir alimentos, pero no se puede prescindir de la confianza para poder gobernar.
Y yo creo que aquí esta, señores
legisladores, la base de lo que es el estado de derecho, porque al final de cuentas,
¿qué es ser confiable? Ser confiable es ser predecible, es precisamente saber a qué
atenerse en relación al respeto a la ley, es cuando hay congruencia en las autoridades,
en lo que dicen y en lo que se hace y yo creo que lo que ha acontecido en el Estado de
Morelos, es precisamente que no hay, esa confianza ni en el gobernante en sí mismo ni en
el estado de derecho ni en los gobernados en relación de lo que pueden esperar y predecir
de la conducta de los gobernantes.
Y yo creo, señores legisladores de la
bancada priísta, que se debe reflexionar hasta dónde llega el compromiso partidista. Yo
creo que ustedes pagan un precio muy alto al defender todo tipo de causas, aun las causas
perdidas. No veo aquí, por ejemplo, al senador Becerril Straffon, que es precisamente
representante de esa entidad y que con toda certeza tiene conocimiento de lo que ahí
sucede.
Todavía recuerdo cuando ustedes defendían
a Ruiz Ferro, y una semana después tenían que enterarse de que éste había solicitado
licencia. Entonces, yo creo que los compromisos partidistas tienen un límite, el límite
de la verdad, el límite del respeto a la ley, el límite de defender una causa que
proceda conforme al deber ético, conforme al compromiso que tenemos como representantes.
Por lo tanto, yo creo que ustedes deben
coincidir con nosotros en relación a la necesidad de que el gobernador Carrillo Olea se
retire del cargo de gobernador. Yo creo que debe solicitar licencia definitiva para
retirarse del cargo y que permita este acto la recomposición de la seguridad del estado
de derecho en esa entidad federativa.
Definitivamente los gobiernos siempre de
alguna manera o por alguna razón son detestables, pero cuando más detestables son es
cuando no gobiernan. La inseguridad en que se ha incurrido en Morelos, pero sobre todo la
contradicción en las palabras, lo que ha aceptado el mismo gobernador como un
reconocimiento de sus fallas, precisamente en lo que es su especialidad, porque Carrillo
Olea se le reconoce como un profesional de la seguridad y ahí es en donde ha fallado y yo
creo que ninguna insensatez en política queda impune, siempre alguien la paga,
desgraciadamente las insensateces de los gobernantes a veces la pagan los gobernados.
Y por otra parte, ningún triunfo tampoco
puede ser gratuito, siempre hay que sustentarlo y el triunfo, cuando se está en el cargo
hay que sustentarlo en la legitimidad diaria, hay que sustentarlo en el consenso de los
gobernados.
Por lo tanto, la posición del Partido
Acción Nacional es precisamente hacer un pronunciamiento para que, en la búsqueda de la
seguridad pública, en la búsqueda de la recomposición en esa entidad federativa, en la
búsqueda de que se fortalezca y de que se recupere el estado de derecho y de nuevo haya
este valor fundamental, que es requisito sine qua non, para ejercerla, la autoridad, que
es la confianza, el gobernador Carrillo Olea en su conciencia, en su compromiso con los
morelenses, debe retirarse del cargo.
Esta es nuestra posición y éste es el
pronunciamiento que hoy hace el Partido Acción Nacional.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo Ruiz, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El senador Juan Ramiro Robledo Ruiz: |
Gracias, señor Presidente; con
permiso, compañeros:
Al final de la discusión de otro tema que
comento aquí, para tratar de inducir un poco las conclusiones de este asunto que tiene
carácter de deliberativo, el Partido Acción Nacional anunció que será congruente con
sus principios y con su conducta, interponiendo un recurso de acción de
inconstitucionalidad en contra de una ley de otro Estado que le perjudica.
No es el tema, pero es una muestra de que
independientemente de las discusiones en los foros públicos, los asuntos, por más
delicados que sean, hasta donde la imaginación de la ley alcanza, tienen una respuesta en
los procedimientos legales.
En la ocasión pasada, en que, hace dos
semanas, en que se discutía este tema, el senador Becerril, que hoy no está aquí,
desconociendo que se iba a abordar este tema, desde hacía dos días, según sabemos,
había anunciado que no podría estar aquí, sus sustitutos están en funciones y este
tema se incluyó ahora en la mañana, porque no rige un acuerdo parecido que tienen los
señores diputados hoy en la Cámara de Diputados, en donde previamente se tiene que armar
el orden del día y entonces hay una certidumbre más precisa de las condiciones.
Entonces esa insinuación del compañero
diputado Rodríguez Prats no tiene fundamento.
El compañero senador Becerril hizo, si
ustedes recuerdan, alguna observación atinada respecto de los índices de criminalidad en
Morelos, cómo después de un esfuerzo de dos años fueron atenuándose, que yo reafirmé
aquí en la tribuna.
Me parece que la razón por la que, o el
motivo, mejor dicho, por el que se viene a presentar una posición pública como partidos
políticos solicitando una renuncia del gobernante, no es exactamente por los índices
reales de criminalidad del Estado de Morelos, sino porque a raíz de un suceso individual
bastante grave, se provocó y se ha auspiciado también una reacción de ciertos sectores
de la sociedad morelense, del Estado de Morelos, que han colocado la situación en
posición tal que permite que legisladores de dos partidos vengan a decir lo que han dicho
aquí.
Si nos atuviéramos estrictamente a los
asuntos legales, tendríamos que concluir, como debería ser, como nosotros proponemos que
sea, tendríamos que concluir que todos somos personas, parte de una autoridad, muy
interesados en que se deslinden perfectamente responsabilidades y que las indagatorias
previas de la Procuraduría Federal, que ha traído la investigación de un caso
particular, detonante pues de esa situación social en el Estado de Morelos, deben
llevarse hasta donde lo permita la acción del Ministerio Público; es decir, agotarse de
manera exhaustiva, profunda. Nadie más interesado en que se haga ese deslinde que el
propio gobernador, que solicitó la renuncia de quien era su procurador, pues, no lo
entiendo yo, no lo entendemos nosotros como una confesión o como una admisión de
responsabilidad, sino precisamente para permitir la total libertad de la indagatoria de la
Procuraduría Federal y en ese tenor la Procuraduría ha continuado con sus
investigaciones.
Quien conociera al procurador
personalmente, al ex procurador de Morelos, podría convenir conmigo, como lo conozco, que
era innecesaria una providencia de arraigo, porque ésta no se da, se da precisamente
cuando hay una averiguación y cuando no se tienen los elementos suficientes para una
orden de aprehensión. Yo creo, temiendo que pueda evadirse de la jurisdicción del
Ministerio Público y de un juez, un posible indiciado, yo creo que si hay alguna persona
aquí interesada en que se deslinden también las responsabilidades jurídicas es el ex
procurador y para eso se sometió a la jurisdicción de quien está investigando
prejudicialmente, es decir, del Ministerio Público Federal. Esa es la posición del
Partido Revolu cionario Institucional.
No estaríamos de acuerdo con nadie que
pudiera poner en duda la necesidad y conveniencia de que las investigaciones del
Ministerio Público desembocaran en una resolución judicial que ponga, pues, con justeza,
con justicia, atribuya con precisión la responsabilidad de cada quien.
Estuvimos pensando que un hecho por grave
que sea, no puede llevar a inducir una situación general.
También admitimos que los hechos, cuando
son graves y afectan las reglas de convivencia social, propician las expresiones
políticas de una sociedad que tiene pues la libertad de posicionarse, si aceptamos que
hay una investigación abierta y que en este caso se han dado todas las condiciones para
que esa averiguación transcurra en la forma en que marcan precisamente las leyes
procedimentales, entonces también tendremos que aceptar que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, pues no es órgano que pueda admitir una petición como la que han
hecho los dos legisladores del PRD y de Acción Nacional.
Y una petición de esa naturaleza tiene
foro y procedimiento para plantearse, que no corresponde ni por competencia ni por razón
u oficio político a los legisladores de esta Comisión Permanente atenderla. Que si la
han venido a hacer para ganar algún lugar en medios de comunicación, bueno, pues ya la
hicieron. Quizá los procedimientos para formular este tipo de planteamientos pudieran ser
más eficaces de otra manera, pero cada quien escoge la forma de hacerlo.
El PRI no acepta que un asunto como éste
deba ser tratado en la Comisión Permanente, ni éste ni ninguno otro, y el PRI sostiene
en este caso como cualquier otro particularmente grave, en donde se involucre a
funcionarios públicos por delitos como éste, del que nos hemos ocupado, del Estado de
Morelos, investiguen hasta el final y terminen con el ejercicio de la procuración de
justicia en el sentido que corresponda.
Muchas gracias, señor Presidente.
Para rectificar hechos tiene la
palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Cuatro puntos muy breves, como es mi
costumbre, señor senador, la precisión de un hecho. Yo nada más dije que estaba ausente
el señor senador Becerril Straffon, usted justifica su ausencia con una serie de
argumentos, yo señalé un hecho: que está ausente.
Lo respeto mucho como jurista, sé que
conoce usted el derecho y me sorprende que diga usted que la ley tiene imaginación. La
imaginación de la ley, dijo usted, ahí sí mis respetos, voy a anotar esa frase porque
yo no sabía que la ley tuviera imaginación. Ahí sí me ha usted desconcertado
totalmente, pero en fin anoto la frase, porque me parece un recurso extraordinario de la
imaginación de la ley.
Habla usted de que la Comisión Permanente
no es un foro idóneo, yo creo que la Comisión Permanente, como el Congreso de la Unión,
como la Cámara de Diputados, es una caja de resonancia.
Y por último, no venimos a denunciar un
hecho aislado. No venimos a denunciar la investigación del procurador, que por cierto no
fue renuncia, sino fue licencia y está arraigado; venimos a denunciar y a hacer eco de
una de manda de la sociedad del Estado de Morelos, que está viviendo periodos de
angustia, de un gobernante que ha perdido el control, que ha perdido el ejercicio del
poder, que ya no tiene el consenso de la ciudadanía y que por eso y a ese hecho nunca se
refirió y que por eso debe retirarse del cargo.
Esa es la posición del Partido Acción
Nacional, puntualmente reafirmada en esta otra intervención.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor Presidente:
Pues realmente, desgraciadamente en este
tiempo y ya después de tantas horas, es obvio el cansancio, pero este punto es muy
importante.
Yo creo que en Morelos presenciamos una
comedia de equívocos, de repente cuando aparece este lamentable hecho, las primeras
declaraciones que empezamos a escuchar, tanto del jefe de la policía, del procurador y
obviamente el gobernador, era asentar la calidad y la eficiencia de los elementos.
Cuando se estableció la renuncia, si así
se puede decir, del jefe de la policía, el señor Miyazawa, el gobernador insistió en la
probidad del procurador, insistió en declarar la eficiencia del procurador y obviamente a
través de su discurso, la defensa de éste. Pero después nos encontramos con que el
señor procurador obviamente está inmerso en un proceso, está arraigado y bueno, una vez
más la autoridad que hasta ahorita queda, que es el gobernador, pues obviamente siguió
siendo el culpable de esta comedia de equívocos.
Pero la gravedad es mayor y esto es lo
importante del punto: la gravedad es mayor. Yo concuerdo con mi compañero diputado del
PAN, que me antecedió, en que somos una caja de resonancia. La manifestación del día de
ayer, yo creo que nos debe de llamar la atención, yo creo que inclusive la reseña de los
propios morelenses establece esta marcha como la más grande nunca vista en Morelos, en
Cuernavaca.
Yo creo que si la sociedad hace una
indicación, bien debemos de insistir nosotros también, hacer eco de esto, es una
responsabilidad como legisladores y es una responsabilidad como representantes populares,
de tomar atención en este asunto.
Yo creo que el gobernador ha perdido la
credibilidad y obviamente el apoyo. Yo en ese sentido haría mi reflexión. El problema
es: no debemos de encontrarnos, no debemos de dar pasos en donde simplemente hagamos
reflexiones, yo diría que a veces en el sentido de exculpar las cosas. Yo diría que hay
que precisar sobre la delicadeza de la situación en Morelos y que obviamente nos podemos
enfrentar con una situación mayor y que es el momento de discutir.
Nuestro partido, a través de la voz del
senador Mario Saucedo, deja muy clara la posición que tiene ante un gobernador que
repito, ha sido impugnado, que desgraciadamente dejó correr sin tomar decisiones de
gobierno importantes y que esto obviamente demuestra pues la situación en la que se
encuentra.
Yo creo que es muy importante pensar en la
remoción de este señor, del señor gobernador, como parte o punto de partida de
encontrar la reconciliación, palabra tan nombrada este día entre la población, entre
los ciudadanos morelenses.
Yo creo que es muy importante la discusión
plena para buscar estas alternativas y de verdad ir siendo eco de las peticiones, de las
posiciones que la propia ciudadanía expresa.
Yo creo que es de verdad un asunto muy
delicado y que lástima que durante tanto tiempo, digo, estemos cansados después de tanto
tiempo. Pero que debemos de recapacitar muy claro. Yo creo que ya no tiene razón de ser
la estancia del señor gobernador en Morelos, yo creo que debe de tomarse una decisión
muy clara para buscar repito, estos caminos en donde una sociedad como la morelense, un
Estado como Morelos encuentre la reconciliación y yo diría, los caminos de la
convivencia y la convergencia de todos los habitantes, de todos los interesados.
Este sería el punto nodal, éste es el
punto de reflexión, la importancia para que en este país realmente la sociedad sea
escuchada, que la decisión de una sociedad se refleje en posiciones en donde cada uno de
nosotros, legisladores responsables, enviemos el mensaje de apoyo, solidaridad y
obviamente solución a es te problema.
Muchísimas gracias.
Esta Presidencia informa a la
Asamblea que el punto relativo a la situación de violencia en el Estado de Guerrero, se
ha retirado para ser abordado en la próxima sesión de la Comisión Permanente.
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio
de la Secretaría de Gobernación. Se solicita a la Secretaría dar cuenta con él.
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE
DEL TERRITORIO NACIONAL
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos de los artículos 71
fracción I y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño
con el presente iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda
ausentarse del territorio nacional para realizar una visita de Estado a la República de
Chile, del 13 al 17 de marzo de 1998.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de febrero de 1998.-
Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»
«Escudo Nacional.- Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Entre las prioridades de nuestro país en
materia de política exterior se encuentra la de estrechar los vínculos con las diversas
naciones de América del Sur y la de fortalecer los mecanismos de diálogo político y de
integración económica con esa región.
Como lo hemos sostenido en diversas
ocasiones, América latina es el ámbito natural de convivencia de México en el mundo,
por esta razón las relaciones de nuestro país con las naciones que la integran resultan
trascendentales para el desarrollo de nuestra política exterior.
Los gobiernos de México y Chile hemos
profundizado en las importantes coincidencias que caracterizan nuestras respectivas
políticas exteriores, tanto en el plano bilateral como en el de la acción en foros
regionales e internacionales. Hemos, asimismo, impulsado un amplio proceso de expansión
de nuestros vínculos comerciales, económicos, financieros, de cooperación técnica y
culturales. Esta fructífera relación tiene aún un amplio potencial de expansión, tarea
en la cual continuamos trabajando.
En este contexto, el Ejecutivo Federal a mi
cargo ha recibido la invitación del señor presidente de la República de Chile, Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, para realizar una visita de estado a ese país, del 13 al 17 de marzo del
presente año. Lo anterior representa una gran oportunidad para México, pues nos
permitiría sostener un diálogo político al más alto nivel con las autoridades de ese
país, así como sostener encuentros con representantes de diversos sectores de la
sociedad chilena, lo cual, sin duda alguna, ayudará a estrechar los lazos culturales,
políticos y económicos que nos vinculan con esa nación suramericana.
Asimismo, la conformación de espacios
económicos regionales a lo largo y ancho del continente nos impulsa a acrecentar nuestras
interacciones y a fortalecer nuestras relaciones económicas. El Acuerdo de
Complementación Económica firmado entre México y Chile en 1991, el primero suscrito por
México con cualquier país, fue una clara respuesta a los desafíos de principios de la
década. Su ampliación, que tenemos intención de suscribir durante mi visita, responde
al éxito ya alcanzado en dicho acuerdo.
Por otra parte, mi visita a Chile será una
oportunidad para reanudar y fortalecer el diálogo político y las convergencias, así
como para articular consensos regionales en temas de interés para ambas naciones, como el
de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, los preparativos
para la Cumbre de las Américas, los avances para la reforma de la Organización de las
Naciones Unidas, entre otros.
También existen temas como el
narcotráfico y el tráfico de armas, que trascienden las fronteras del Estado. Estos
problemas no podrán combatirse de manera eficaz si no existe una estrategia de
cooperación internacional adecuada que contemple las particularidades del fenómeno en
cada país y que se instrumente en forma conjunta y soberana. México y Chile compartimos
esta preocupación, por lo que el diálogo directo posibilita mayores oportunidades para
ejercer acciones concertadas para enfrentar estos males.
Mi visita buscará también encontrar
nuevas y novedosas fórmulas de cooperación que nos permitan enfrentar con mayor
eficiencia problemas sociales tales como el combate a la pobreza y la preservación del
medio ambiente.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 71 fracción I y 88 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para
ausentarse del territorio nacional del 13 al 17 de marzo de 1998, a efecto de que realice
una visita de estado a la República de Chile.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes, señores secretarios,
las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a los 18 días del mes de
febrero de 1998.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de
León.»
Recibo y túrnese a la Primera y Segunda
comisiones.
Continúe la Secretaría con los
puntos del orden del día.
ORDEN
DEL DIA
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Señor Presidente, se han agotado los
asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la
próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.-
Primer Año.- LVII Legislatura
Orden del día
Miércoles 25 de febrero de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El gobierno del Distrito Federal invita al
acto cívico que con motivo del CDLXXIII aniversario luctuoso del último emperador azteca
Huei Tlatoani Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tabasco.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Cuatro, por los que se comunica que los
ciudadanos María Elena Moedano Alvarez, Pascual Vargas Lucio, María Elena Gómez Montoy
y Jorge Cavazos Vega, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos
de América en México y en sus consulados generales en Guadalajara, Jalisco y en
Monterrey, Nuevo León.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo
Ponce de León, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de
Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.
Cuatro, de la Primera Comisión, con
proyectos de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Jaime Enrique Inocencio García
Amaral, Roberto Miranda Sánchez, José Angel Gurría Treviño, Pedro José
González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Javier Treviño Cantú, Herminio Alonso
Blanco Mendoza, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, Rubén Pérez Ramírez, César
Kuno Becker Cuéllar, Jorge Luis Madrazo Cuéllar, Jaime Enrique Inocencio García Amaral
y María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar las condecoraciones que
les confieren gobiernos extranjeros.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción
consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
Cuatro, de la Primera Comisión, con
proyectos de decreto que concede permisos a los ciudadanos Elpidio Alberto Acosta Ibarra,
Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo Pérez, Enrique Rangel
Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo, Fausto Valle Gutiérrez, Jaime López
Velázquez y María Eugenia Cázares González, para prestar servicios a gobiernos
extranjeros.
Dictámenes a discusión
Trece, de la Segunda Comisión, con puntos
de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos: Luis Smith
Jiménez, Jeans Pedro Lohmann Iturburu, Víctor Manuel González Pérez, René Camarena
Carrillo, Arnulfo Caballero Sánchez, Ernesto Rivera Rojas, Alejandro Rafael Flores Brito,
David Cordova Campos, Fausto Solís Acosta, Sergio Alejandro Escobar, Juan Augusto Moisés
García Ochoa, Eulalio Rodríguez Ruiz y José Antonio Díaz Izabal.
Y los demás asuntos con los que la
Secretaría dé cuenta.»
CLAUSURA
Y CITATORIO
| El Presidente (a
las 20:10 horas): |
Se levanta la sesión y se cita para
la que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de febrero a las 11:00 horas.
RESUMEN
DE TRABAJO
* Tiempo de duración: 8 horas con 40
minutos.
* Quorum a la apertura de sesión: 28
legisladores.
* Diputado que se incorpora: 1
(Felipe de Jesús Preciado Coronado).
* Comunicaciones reglamentarias y
protocolarias: 3.
* Excitativas a comisiones: 1.
* Puntos de acuerdo: 1.
* Temas de agenda política: 4.
* Oradores en tribuna: 41
PRI-19; PRD-15; PAN-6; PT-1.
Se recibieron:
* 1 invitación del gobierno del Distrito
Federal a acto cívico conmemorativo;
* 1 invitación de la Cámara de
Senadores;
* 1 oficio de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal;
* 4 comunicaciones de congresos estatales
* 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
* 14 solicitudes para aceptar y sus
condecoraciones que otorgan los gobierno de Chile, Venezuela y República Francesa;
* 11 solicitudes para solicitar servicios
en representaciones diplomáticas;
* 10 oficios que remiten igual número de
hojas de servicio, para los efectos de la fracción VII del artículo 79
constitucional;
* 1 solicitud del Presidente para
ausentarse del territorio nacional;
Se aprobó:
* 1 dictamen que aprueba el nombramiento de
embajador ante el gobierno de la República Francesa;
* 1 dictamen que concede permiso para
aceptar 3 condecoraciones que confiere el gobierno de Francia;
* 15 dictámenes con punto de acuerdo por
los que se ratifican los grados militares de igual número de ciudadanos.
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