DIARIO de los DEBATES

ORGANO OFICIAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Correspondiente al Primer Receso de la comisión Permanente del Primer Año de Ejercicio

AÑO I                             México, D.F., miércoles 25 de febrero de 1998                              No. 12

S U M A R I O

DIARIO de los DEBATES

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.

Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 32 legisladores. Hay quorum, señor Presidente.

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LVII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de febrero de 1998.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El gobierno del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CDLXXIII aniversario luctuoso del último emperador azteca Huei Tlatoani Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero a las 10:00 horas.

Comunicación del diputado Fernando Castellanos Pacheco.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tabasco.

Comunicación del coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, por los que comunica que los ciudadanos: María Elena Moedano Alvarez, Pascual Vargas Lucio, María Elena Gómez Montoy y Jorge Cavazos Vega, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera y Segunda comisiones, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional para realizar una visita de Estado a la República de Chile, del 13 al 17 de marzo de 1998. (Dispensa de la segunda lectura, discusión y votación.)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Roberto Miranda Sánchez, José Angel Gurría Treviño, Pedro José González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Javier Treviño Cantú, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, Rubén Pérez Ramírez y César Kuno Becker Cuéllar, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Luis Madrazo Cuéllar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella del Ministerio Público doctor Juan Germán Roscio, en su Unica Clase, que le confiere el Ministerio Público de la República de Venezuela.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Enrique Inocencio García Amaral y María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Elpidio Alberto Acosta Ibarra, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle Gutiérrez, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime López Velázquez, María Eugenia Cázares González y Angel Iván Arce Díaz, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la propuesta de la diputada Mónica García Velázquez, a nombre de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Trece, de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos: Luis Smith Jiménez, Jens Pedro Lohmann Iturburu, Víctor Manuel González Pérez, René Camarena Carrillo, Arnulfo Caballero Sánchez, Ernesto Rivera Rojas, Alejandro Rafael Flores Brito, David Córdova Campos, Fausto Solís Acosta, Sergio Alejandro Escobar Juan, Augusto Moisés García Ochoa, Eulalio Rodríguez Ruiz y José Antonio Díaz Izabal.

Agenda política

Comentarios sobre la situación de los trabajadores ferrocarrileros, en Sonora, a cargo de los grupos parlamentarios representados ante la Comisión Permanente. (Deliberativo.)

Comentarios sobre la situación de violencia en el Estado de Guerrero, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)

Comentarios sobre la Banca de Desarrollo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta minutos y con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, que se aprueba en sus términos en votación económica.

La misma Secretaría da lectura a los siguientes documentos:

Invitación del gobierno del Distrito Federal al acto cívico conmemorativo del octagésimo quinto aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Invitación de la Gran Comisión del Senado de la República a la última etapa de la Jornada Nacional de la Constitución y de los Símbolos Patrios. Se designa a la Comisión Permanente en pleno, en la fecha que se acuerde con la colegisladora.

Comunicación del diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado, con la que informa su reincorporación a las labores legislativas. Se da por reincorporado; comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tabasco, con las que informan de actividades propias de sus legislaturas. De enterado.

Se da cuenta con una iniciativa de los diputados Porfirio Durán Reveles y Alvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que adiciona el párrafo segundo del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Dos oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que remite los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al cuarto trimestre de mil novecientos noventa y siete, y del presidente del servicio de administración tributaria, con el que remite los informes sobre la actividad recaudatoria del año próximo pasado y el correspondiente a mil novecientos noventa y ocho. Se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Veinticinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile;

Herminio Alonzo Blanco Mendosa, José Angel Gurría Treviño, Rubén Pérez Ramírez, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, Roberto Miranda Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Pedro José González-Rubio Sánchez, Javier Treviño Cantú y Cesar Kuno Becker Cuéllar, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua;

Jaime Enrique Inocencio García Amaral, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Chile;

Jorge Luis Madrazo Cuéllar, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Venezuela;

María Natividad de la Luz Oñate Muñoz y Jaime Enrique Inocencio García Amaral, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa;

Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle Gutiérrez, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California;

Jaime López Velázquez, María Eugenia Cázares González y Angel Iván Arce Díaz, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California;

Lala Tofik Kizi Kafar-Zade y Elpidio Alberto Acosta Ibarra, puedan prestar sus servicios en las embajadas de los reinos de Arabia Saudita y de Dinamarca en México, respectivamente.

Se turnan a la Primera Comisión.

Diez oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Se pone a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Sandra Fuentes Beráin Villenave, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la República Francesa. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal, para los efectos constitucionales.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la embajadora Fuentes Beráin Villenave y designa una comisión para que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley.

Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña a la embajadora hasta las puertas del salón.

También se pone a consideración de la Comisión Permanente, un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jorge Carpizo Mac-Gregor, Francisco Olguín Uribe y Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa. Sin discusión se aprueba por treinta y un votos. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Se da cuenta con quince dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo con los que se ratifican los grados militares a un número igual de ciudadanos mexicanos. Aprobados sin discusión en votación económica, se turnan al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

Debaten sobre la reducción del presupuesto a la Secretaría de Educación Pública, los legisladores: José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone citar al Secretario del ramo para que comparezca ante las comisiones unidas de Educación Pública de ambas cámaras, y Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional;

Laura Alicia Garza Galindo, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales, y Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, quien contesta a una interpelación de la legisladora Garza Galindo.

Se turna a las comisiones solicitadas.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Socorro Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita una excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que informe sobre lo que calificó como requisa en el puerto de Veracruz.

Para rectificar hechos al respecto, hace uso de la palabra el legislador Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente formula la excitativa correspondiente.

Para referirse a la situación de visitantes extranjeros en el Estado de Chiapas, hacen uso de la palabra los legisladores: Eduardo Bernal Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional; Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, la segunda para contestar alusiones personales; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en cinco ocasiones, para rectificar hechos o contestar alusiones personales y, en la cuarta, contestar a las interpelaciones de los legisladores Robledo Ruiz y Oceguera Ramos,

Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, en la primera contesta a una interpelación del legislador Rodríguez Prats y la segunda para contestar alusiones personales; José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en la segunda para rectificar hechos;

Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones para rectificar hechos y en la segunda contesta a una interpelación del legislador Gómez Alvarez; Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Francisco Javier Gil Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones para rectificar hechos y contestar a una interpelación del legislador Gómez Alvarez; Oscar López Velarde Vega, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones, para rectificar hechos y contestar alusiones personales.

Se concede el uso de la palabra a la legisladora Antonia Mónica García Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a atender la convocatoria del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se reanude de inmediato el diálogo previsto por la ley para solucionar definitiva e institucionalmente el conflicto; pide al Gobierno Federal que haga valer con todo rigor en Chiapas las normas jurídicas migratorias, con respeto a las calidades de turistas u observadores y a los derechos humanos y exhorta a la Comisión de Concordia y Pacificación a que mantenga su interlocución para contribuir a la culminación de los trabajos de negociación indispensables en la pacificación de Chiapas.

Sube a la tribuna el legislador Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional, quien a su vez presenta un punto de acuerdo en el que se reconoce la labor de las instancias mediadoras del conflicto de Chiapas y se exhorta a todos los actores políticos y sociales a que apoyen y faciliten el cumplimento de los diez puntos propuestos en su comunicado conjunto.

El Presidente somete a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la diputada García Velázquez y hacen uso de la palabra los legisladores Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional, en contra.

La Secretaría somete a votación la propuesta cuyos resultados son veinte votos en pro y once en contra, por lo que se turna a la Primera Comisión.

La Asamblea desecha la propuesta del legislador Creel Miranda, por once votos en pro y veinte en contra.

Se refieren a la situación de inseguridad en el Estado de Morelos, los legisladores: Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la segunda para rectificar hechos; Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, y Armando López Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.

El Presidente informa que el tema sobre la violencia en el Estado de Guerrero, se tratará en la siguiente sesión.

La Secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, pueda ausentarse del territorio nacional del trece al diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fin de realizar una visita de Estado a la República de Chile.

Se turna a la Primera y Segunda comisiones.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Se va a dar lectura a una invitación:

«Ciudadano diputado Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El gobierno del Distrito Federal, a través de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDLXXIII aniversario luctuoso del último emperador azteca Huei Tlatoani Cuauhtémoc (1495-1525) que tendrá lugar en el monumento erigido a su memoria en Paseo de la Reforma e Insurgentes, delegación Cuauhtémoc, el día sábado 28 de febrero a las 10:00 horas.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El director general de Acción Social, Cívica y Cultural, Marco Buenrostro Hernández.»

Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores:

Diputados: Jaime Miguel Moreno Garavilla, Antonia Mónica García Velázquez, José Espina von Roehrich y el senador José Guadarrama Márquez.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

Se va a dar lectura a varias comunicaciones:

«Ciudadano Arturo Núñez Jiménez, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por este medio permito informar a usted que desde el día de ayer, 15 de febrero, me incorporé a mis labores legislativas, ya que estuve de licencia por un lapso de dos días 13 y 14 de febrero próximo pasado sirva la aclaración para los trámites que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que sirva a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 1998.- Fernando Castellanos Pacheco, diputado federal.»

Se le tiene por reincorporado a sus actividades legislativas.

Comuníquese a la Cámara de Diputados.

ESTADO DE CHIHUAHUA

«Escudo Nacional.- Congreso del Estado de Chihuahua.- Secretaría.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, D.F.

Atendiendo a lo acordado por la diputación Permanente que me honro en presidir, me permito remitirle a usted copia simple de la iniciativa con carácter de punto de acuerdo, presentada el pasado día 4 de febrero del año en curso en sesión ordinaria de la diputación Permanente por el diputado Pedro Domínguez Alarcón, referente a una serie de inconformidades de diversas organizaciones no gubernamentales en torno a la actuación de la empresa Teléfonos de México.

Al respecto, le anexo también en atención a lo solicitado en el mencionado punto de acuerdo, una copia de cada una de las ponencias y propuestas de solución que diversos usuarios presentaron el pasado día 30 de enero del año en curso, en ocasión de la celebración del foro estatal de análisis sobre inconformidades y propuestas legislativas en torno a la actuación de la empresa Teléfonos de México.

Sin otro particular por el momento y esperando pueda coadyuvar desde su esfera de competencia a la solución del problema referido, me despido de usted, reiterándoles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 6 de febrero de 1998.- La presidenta de la diputación Permanente del Congreso del Estado, diputada Yolanda Baeza Martínez.»

«Compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 30 de enero, el Congreso del Estado fue convocado a un foro estatal de análisis sobre inconformidades y propuestas legislativas en torno a la actuación de la empresa Teléfonos de México, promovido por diversas organizaciones no gubernamentales, entre las cuales destaca "Mujeres por México". A dicho evento fueron invitados, también, legisladores federales.

En el curso de los trabajos se presentaron diversas ponencias cuyo objeto fue examinar el desempeño de Teléfonos de México a la luz de la legislación que debe regular sus actividades, identificándose múltiples violaciones que vulneran los legítimos intereses de los usuarios, entre otras:

Cobros injustificados por concepto de servicio medido.

Cobros por largas distancias no realizadas.

Multiplicación de largas distancias a teléfonos conocidos.

En comunidades rurales, las llamadas por cobrar también son cobradas al emisor.

En ciudades rurales, como Guerrero, donde no se cobraba el servicio medido, de pronto es imposible pagar los recibos porque los costos se duplican o triplican, encontrando casi un 80% de teléfonos cortados.

Los empleados de Telmex atienden a los quejosos con despotismo, causando confusión en los usuarios a los que se les hace creer que se les cobra por tiempo, por descolgar o por recibir llamadas.

La invitación al acto fue dirigida a la presidenta de la diputación Permanente, diputada Yolanda Baeza Martínez, quien por estar fuera del Estado desempeñando otras comisiones me solicitó la representara en el citado evento.

Tuvimos, pues, la oportunidad de escuchar a los ponentes, analizar sus reflexiones, sus justas críticas y sus propuestas de solución a una problemática que mucho tiene qué ver con adecuaciones al marco legal que debe regir la actuación de la citada empresa telefónica.

Mi punto de vista como diputado es que se trata de un problema complejo, que tiende a agravarse y que exige un tratamiento legislativo de fondo, tratamiento que, como sabemos, no es materia que corresponda a la competencia de este Congreso, sino a la del Congreso de la Unión.

Los promotores del evento solicitaron nuestra intervención en el asunto, esto es, nuestra capacidad de gestión y buenos oficios, a efecto de que sumemos esfuerzos para superar el aludido problema.

Ante una situación conflictiva, como la señalada, que vulnera intereses de la sociedad, pues se refiere a la operación y uso de un medio de comunicación tan vital como lo es el servicio telefónico, el Congreso del Estado no puede permanecer al margen o ajeno.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de este cuerpo colegiado, los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se dé vista del documento que contiene esta intervención al Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Segundo. Se dé vista, asimismo, a los diputados federales y senadores chihuahuenses del Congreso de la Unión, solicitándoles, mediante oficio, su puntual intervención en el análisis del asunto que nos ocupa, rogándoles intervengan a efecto de adecuar el marco legal a que debe sujetar su actuación la empresa Teléfonos de México.

Tercero. Se anexen a dicho oficio las ponencias y propuestas de solución de los usuarios que, en este momento, me permito entregar a la Presidencia de esta diputación Permanente.

Cuarto. Se dé vista de este documento a la organización " Mujeres por México", así como al Departamento de Gobernación del gobierno del Estado a cargo del licenciado Mario René Escárcega Leos, quién ha estado muy atento de esta problemática.

Chihuahua, Chihuahua, 3 de febrero de 1998.- Diputado Pedro Domínguez Alarcón, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.»

«Foro Ciudadano Estatal.- Telmex: inconformidades y propuestas legislativas

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde la privatización de la paraestatal telefónica comenzaron a surgir infinidad de protestas por los altos cobros en el servicio: esto en todo el país y en Chihuahua sobre todo en el sur de nuestro Estado. Protestas que desgraciadamente sólo dejaron en muchas personas el sentimiento de que no es posible lograr la justicia ante el poderío de un monopolio privado, protegido y solapado por el Gobierno Federal.

En octubre de 1995 "Mujeres por México en Chihuahua" inicia su campaña denominada "pago justo a Telmex", después de realizar un sondeo en varias ciudades del Estado, donde encontramos las siguientes irregularidades: cobros injustificados por concepto de servicio medido; cobros por largas distancias no realizadas; multiplicación de larga distancia a teléfonos conocidos; en comunidades rurales, las llamadas por cobrar también son cobradas al emisor; en ciudades rurales, como Guerrero, donde no se cobraba el servicio medido, de pronto es imposible pagar los recibos porque los costos se duplican o triplican, encontrando casi un 80% de teléfonos cortados; los empleados de Telmex atienden a los quejosos con despotismo, causando confusión a los usuarios a los que se les hace creer que se les cobra por tiempo, por descolgar o por recibir llamadas.

La campaña "pago justo a Telmex" se inicio con quejas conjuntas ante la Profeco, de las cuales obtuvimos siete resoluciones contra Telmex por infraccionar la ley al no desglosar en cada factura el servicio medido y demás llamadas locales que se supone están incluidas en la renta. A pesar de esto, no se logra ni la reposición del daño ni se evita que Telmex siga infraccionando la ley y abusando mes a mes de los usuarios. Sostuvimos reuniones y audiencias públicas con altos funcionarios de esta Procuraduría, gracias a lo cual fue posible que la delegación de la Profeco, en Chihuahua, dictara las resoluciones mencionadas, pero, de cualquier manera, dejando a los quejosos en total estado de indefensión ante la voracidad de la empresa telefónica.

En el verano de 1996 iniciamos un movimiento de consignadores de pago justo ante los juzgados, como única forma de proteger el patrominio de nuestras familias. Este movimiento se ha extendido a otras organizaciones sociales como "El Barzón" en Delicias, Camargo, Jiménez, Cuauhtémoc y Namiquipa y el Frente Popular de Usurarios de Parral. Asimismo se extiende a otros estados del norte del país.

Igualmente hemos tenido que implementar acciones de resistencia civil cuando Telmex, alejándose de toda ética comercial, efectúa cortes de servicio telefónico a los consignadores.

A pesar de lo difícil que resulta para el ciudadano común el proceso de consignación y a pesar de la molestia por los cortes de servicio, este movimiento esté en aumento constante; pero somos conscientes de que el problema social generado por la voracidad de Telmex y la protección que le asegura el Gobierno Federal sólo puede solucionarse definitivamente y de raíz a través de nuestras autoridades legislativas.

De ahí la organización de este foro ciudadano sobre Telmex, gracias a la valentía, la constancia y la decisión de las organizaciones sociales convocantes y al apoyo recibido de la Secretaría de Gobernación del Estado de Chihuahua iniciamos nuestra campaña "pago justo a Telmex" con la gran esperanza de que en nuestro país y desde Chihuahua, es posible vivir en un mundo donde se respeten todos los derechos, donde las diversas autoridades cumplan cabalmente con su función y donde la sociedad civil, organizada y responsable participe eficazmente para lograr un mundo más humano y feliz.

Chihuahua, Chihuahua, 30 de enero de 1998.- Martha Graciela Ramos de Quintana, mujeres por México en Chihuahua.»

«Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, AC.

El servicio telefónico, es un servicio público y como tal conlleva una obligación del Gobierno Federal para proporcionarlo por sí mismo o a través de concesión otorgada a particulares, cualquiera que sea el caso, la prestación de un servicio público debe estar reglamentado y regulado por normatividad expedida por el Gobierno Federal que garantice que el público o la ciudadanía tengan acceso a ese servicio de acuerdo con sus posibilidades personales y sobre todo económicas.

En las diversas reuniones públicas de trabajo convocadas por la organización civil "mujeres por México en Chihuahua", se han puesto de manifiesto una serie de irregularidades en que ha incurrido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismas que favorecen irracionalmente a Teléfonos de México, S.A. de C.V., como es el hecho de autorizar aumentos a futuro sin conocer las condiciones económicas que priven en el país o en alguna entidad federativa en particular en el momento de materializarse dichos aumentos. Cada mes aumenta la renta y el costo de cada llamada de servicio local, cuando el poder adquisitivo del salario del trabajador va en picada, como consecuencia de la político económica del Gobierno Federal.

Teléfonos públicos

Los teléfonos públicos de moneda fueron retirados en forma sigilosa por Telmex y sustituido por aparatos que requieren una inversión anticipada del usuario, para la adquisición de una tarjeta conocida como "Ladatel", que presenta varios inconvenientes para el usuario.

Grave limitante para un gran sector de los mexicanos, cuya economía no les permite realizar la inversión forzosa que representa la adquisición de tarjetas de 50.00 y 100.00 pesos, ya que las de 30.00 pesos, por lo regular, no se encuentran en el mercado.

Falta de aparatos de moneda en barrios y colonias de la periferia de las ciudades; así como en los poblados rurales del campo chihuahuense.

Servicio caro

En unos cuantos años el costo de la llamada realizada en un teléfono público pasa de $0.20 de los de antes que le quitaran los dos ceros al peso a $0.50 por minuto que dicen que cuesta la llamada actualmente, de ser esto cierto tendríamos que hacer una pequeña operación aritmética, si le agregamos dos ceros a los $0.50 tenemos que éstos se convierten en $500.00 de los de antes; si dividimos $500.00 entre $0.20 tenemos que la llamada telefónica de un aparato público ha aumentado ni más ni menos que 2 mil 500 veces en unos pocos años, aumento escandaloso y exagerado que en ninguna forma se justifica.

Este es un ejemplo de las especialísimas prerrogativas otorgadas por el Gobierno Federal únicamente a una empresa particular, que lesiona gravemente la economía popular y viola fragantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de la materia.

Por lo antes expuesto y en atención a que la situación se agrava mes a mes, solicitamos a los señores legisladores del Congreso de la Unión que pongan toda su voluntad y en cumplimiento de su deber realicen lo siguiente:

Primero. Se estudie y analice con carácter de urgente:

a) El título de concesión a Telmex y sus reformas.

b) Libros de tarifas.

c) Contrato de adhesión, el que se vio obligado el usuario a firmar.

d) De más disposiciones relativas a la materia.

Una vez determinadas las violaciones al marco legal, así como las lesiones causadas a los usuarios, comunicar al señor Presidente de la República de todas las violaciones detectadas, así como el impacto que causan las mismas, en la economía de los usuarios.

Segundo. Por atentar contra la economía del pueblo de México, recomendar, al primer mandatario, la revocación de la concesión que actualmente usufructúa Teléfonos de México, S.A. de C.V.

Tercero. Se otorgue una nueva concesión mediante el concurso correspondiente, en favor de la empresa que, además de satisfacer todos los requisitos legales, garantice el respeto irrestricto de los derechos de los usuarios del servicio telefónico nacional.

Ojinaga 510-8, Chihuahua, Chihuahua, enero 30 de 1998.- Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural, AC de C.V.- Federico Sotelo Martínez, vicepresidente.»

«A los diputados federales, senadores por el Estado de Chihuahua, diputados locales del Congreso local del Estado de Chihuahua.- Presente.

El Frente Popular de Usuarios de Hidalgo del Parral, Chihuahua, inicia su lucha en el año de 1992 en contra del servicio medido, altas tarifas, llamadas fantasmas y el alza inmoderada de la renta, todo lo anterior hacia Teléfonos de México, S.A. de C.V., una lucha desigual como David contra Goliat, por la razón de que nos estamos enfrentando directamente contra el Gobierno Federal representado por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, ya que sabíamos que la privatización de dicha empresa paraestatal se dio en detrimento del pueblo mexicano y que la corrupción en su máxima expresión era dirigida precisamente por los compradores de dicha empresa, licenciado Carlos Salinas de Gortari y su grupo de prestanombres o testaferros, por lo que nuestro movimiento fue asilenciado con los antimotínes. Sin embargo, el espíritu de los ciudadanos chihuahuenses es combativo ante las injusticias y en 1997 volvemos a aparecer como Frente Popular de Usuarios contra lo mismo, o sea, servicio medido, llamado fantasmas de larga distancia, alzas inmoderadas de la renta y contra el IVA, con la participación de todos los partidos políticos y asociaciones civiles.

Sabemos que como legisladores se procura el bien de todos los mexicanos y por tal razón estamos solicitando de ustedes su intervención inmediata, para que se revise la privatización de dicha empresa paraestatal, en que términos se realizó la transferencia, cuanto dinero se recibió para la transacción, que se hizo con ese dinero y también por qué no investigar el origen de dicho dinero para la compra.

También queremos que por conducto de su intervención y estamos seguros de que pueden hacerlo se revise dicha concesión que se dio por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el servicio medido, concesión que consideramos injusta y anticonstitucional y que queremos quede sin efecto y en caso de ser necesario le sea devuelto a los usuarios el monto que ha pagado sobre dicho servicio medido desde que se implemente.

Y la petición más importante que queremos plantearles es de que propongan, como vanguardia en la democracia y que sea el Estado de Chihuahua la misma, la expropiación de Teléfonos, México, S.A. de C.V. para beneficio del pueblo mexicano, ya que consideramos que con pluralidad de los diferentes partidos en el Gobierno mexicano se puede estructurar una empresa paraestatal verdaderamente al servicio del pueblo sin que tenga el cáncer de la corrupción, por todo lo anterior les pedimos su valiosa intervención para que de inmediato se realicen los trámites pendientes a la solución de este problema que nos aqueja a la mayoría de los mexicanos que tenemos derecho a la comunicación sin la necesidad de estar enriqueciendo a un mínimo de personas que surgieron de la corrupción y para la corrupción.

Atentamente.

Frente Popular de Usuarios de Hidalgo del Parral, Chihuahua calle Minas Nuevas número. 16 colonia Fátima.- Ciudadanos: Elba Ruiz, presidenta; Teresa Castillo, secretaria de organización; Jorge Carrera Hernández, asesor jurídico.»

«LVI Legislatura de la Cámara de Diputados fracciones PAN, PRD, PT y PVEM Congreso de la Unión.- México D.F.

Estimados señores diputados:

Las organizaciones sociales abajo firmantes, solicitamos a ustedes su valiosa intervención para resolver el problema que afecta a todos los mexicanos en su economía, por el alto costo del servicio telefónico prestado por la empresa Teléfonos de México S.A. de C.V.

Por lo tanto, pedimos a ustedes que deroguen la concesión a Teléfonos de México S.A. de C.V., misma que fue aprobada sin un estudio concienzudo por parte de los diputados del PRI y quienes, de manera irresponsable la aprobaron, lo que generó inconformidad en toda la nación.

Asimismo, pedimos sea modificada la Ley de Protección al Consumidor, porque no cubre las necesidades de los mexicanos.

Con anterioridad enviamos a ustedes una petición, donde solicitamos su intervención para la solución de este problema. Requerimos a la mayor brevedad posible tenga a bien fijar una fecha para recibir a una comisión de representantes de diferentes estados de la República, que estamos luchando contra los cobros indebidos de esta prestadora de servicios. Nuestra finalidad es aportar a ustedes pruebas de los abusos cometidos por la compañía.

Agradecemos de antemano la pronta respuesta a nuestra solicitud, quedamos de ustedes.

Atentamente.

Chihuahua, Chihuahua, 22 de noviembre de 1997.- "C" Cudepo Durango, María Martha Gurrola Mercado; Coproci AC. Durango, Durango, Rebeca Valdés de Herrera; el Barzón de Durango AC, Juan Esteban Sánchez Casio; Alianza Cívica de Durango, María Guadalupe Palacio Casio; Alianza Social "C", Durango Durango, Javier Burciaga Rueda; Comité ProDerechos Humanos de Durango, Carlos Córdoba Rentería; Mujeres en Acción de Gómez Palacio, Durango, María de Jesús Carranza de Luna; Movimiento Ciudadano por la Democracia, María Atilano; Alianza Social de Consumidores SC, Katya Bojórquez; Barzón Estatal Baja California Sur, Soledad Saldaña de Molina; El Barzón La Paz BC, Luis Medina Vázquez; Comprometidos por México AC, Alicia M. Ayala de Campos; Mujeres por México en Chihuahua, Graciela Ramos; El Barzón de Jiménez, Arturo Rentería Duarte; Grupo Mujeres Unidas El Barzón, Camargo, Ernestina Hernández de Hernández; Frente Popular de Usuarios Parral, Imelda Rodríguez S.; El Barzón de Delicias, Araceli Olivas de Cázares.- Domicilio para recibir respuesta a esta solicitud: Mujeres por México en Chihuahua, Antonio de Montes 2118, Chihuahua, Chihuahua, CP 313240., teléfono y fax (14)13 80 14.»

«Violaciones a los Derechos Legales y Humanos en el Contrato Tipo Forma, Autorizado a Telmex por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El 26 de agosto de 1992 la SCT autorizó a Telmex una forma de contrato para ser utilizado obligatoriamente con cada usuario, de acuerdo al Título de Concesión, Capítulo IV, punto 10.

1o. En el transcurso de nuestra demanda ante la Profeco, Telmex no aportó ningún contrato a pesar de haberlo requerido en varias ocasiones.

2o. En la concesión no se establece que los contratos celebrados con anterioridad queden nulos y en los mismos no se establecía el cobro de servicio medido; sin embargo, Telmex lo cobra a todos los suscriptores.

Además, existen una cantidad incalculable de líneas telefónicas en pleno uso y derecho de los usuarios que ni siquiera tienen firmado algún contrato y también se les cobra el servicio medido.

3o. El Capítulo 4.10 de la concesión establece que el contrato no podrá ser contrario a las condiciones de la misma. Sin embargo, la SCT viola la concesión ya que sujeta el contrato al libro de tarifas y autoriza por medio de éste, cuotas excesivas a lo que señalan los puntos dos y cinco del Capítulo VI, tanto en lo que se refiere a los gastos de instalación como a las tarifas a la competitividad internacional.

4o. En la cláusula tercera inciso F del contrato, la SCT autoriza a Telmex a facturar el servicio medido anotando únicamente el total de llamadas, violando los artículos 12 y 55 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que lo obliga a proporcionar datos específicos de cada servicio que cobran.

5o. La cláusula vigesimoprimera del contrato obliga a Telmex a comunicar por escrito a los usuarios de las modificaciones que apruebe la Secretaría y jamás lo ha hecho.

6o. La cláusula decimoquinta del contrato habla de prohibiciones a los suscriptores y en el inciso B establece: "realizar llamadas en las cuales se utilice lenguaje que ofenda a la moral, el decoro y las buenas costumbres afectando intereses de terceros, así como llamadas intimidatorias o de amenazas".

Resulta absurdo que existiendo esta prohibición para los consumidores, a Telmex se le permita dar acceso a todas la líneas, sin pedir autorización a los usuarios y a todos los teléfonos públicos que funcionen con monedas o tarjetas para hacer llamadas que transmiten chistes para adultos y pornografía ("Hot Lines" Lada 91-801), que cínicamente se anuncian por Cablevisión para promoverlas y así cerrar el círculo entre Telmex y la TV.

Todos sabemos que el peor daño que se le puede hacer a un niño o a un adolescente es corromper la mente y degenerar la moral, que son las bases para un desarrollo sano y limpio de su vida. Telmex está convirtiendo al teléfono, que es una vía de comunicación cada vez más indispensable, en una vía de degeneración.

Violaciones de Telmex a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 1o. "La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores".

El cobro del servicio medido viola este artículo, ya que no existe equidad, pues los suscriptores nunca podemos verificar que las llamadas se hayan efectuado, a no existir un medidor en el domicilio.

Fracción I. "La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos".

La ley habla de "salud" en término amplio y la pornografía es nociva para la salud mental.

Fracción II. "La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen".

Telmex nunca ha dado información sobre los riesgos que representa tener acceso a Lada 91-801.

Fracción IV. "La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos".

Telmex no ha previsto los daños morales que ha podido ocasionar a una cantidad incalculable de menores y, por otra parte, muchos consumidores están perdiendo su línea telefónica ante la imposibilidad de pagar los altos cobros, afectando así su patrimonio familiar.

Fracción VII. "La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales correctivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios".

Los recibos que envía para suscribirse a un directorio de fax, son exactamente iguales a los del servicio telefónico y confunden a los suscriptores.

El Seguro de Vida Inbursa 20 por el que no extiende ninguna póliza, confunde a los usuarios con los mismos recibos del servicio telefónico.

Artículo 7o. "Todo proveedor está obligado a respetar los precios, garantías, cantidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio...".

Telmex viola este artículo modificando las tarifas de renta básica, larga distancia, disminuyendo la cantidad de llamadas sin cargo por servicio medido, haciendo cargos cuando se llama o se reciben llamadas de un teléfono celular, sin ningún aviso al usuario. Esta obligación de avisar por escrito esta estipulada también en la cláusula vigesimoprimera del contrato autorizado por la SCT.

Artículo 12. "Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado y operación realizada".

Telmex no entrega un recibo detallado donde consten los datos específicos de las llamadas que cobra como servicio medido.

Artículo 55. "Los proveedores deberán mantener registro e informar al consumidor todo lo necesario para que pueda identificar individualmente la transacción y cerciorarse de la identidad del consumidor".

Telmex mismo reconoce la violación cuando, durante la demanda, afirma que los consumidores nunca pueden probar que no han realizado las llamadas que cobra. Asimismo cuando se niega a entregar la lista de llamadas locales a los usuarios que lo solicitan o cuando modifica o ajusta cobros ante la reclamación de los usuarios.

Violaciones al Título de Concesión

(Modificación a la concesión publicada el 10 de diciembre de 1990 en el Diario Oficial de la Federación.)

Capítulo I punto 9 párrafo tercero. Telmex no podrá explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicio de televisión al público en el país.

No obstante se le permitió comprar el 49% de Cablevisión contra esta expresa prohibición.

Capítulo IV punto 9 párrafo tercero. Contrato de servicio. Telmex deberá firmar un contrato de servicio con todos los usuarios en el que se establezcan las condiciones generales de prestación del servicio. Dicho contrato no podrá ser contrario a las condiciones de la concesión y será voluntario entre las partes. Telmex someterá a la previa aprobación de la Secretaría, el contrato, tipo para líneas del servicio público de telefonía básica.

Telmex no ha presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación Chihuahua, los contratos a que está obligado, no obstante haber sido requeridos por los usuarios, tanto en la representación de la queja como en las audiencias posteriores.

Capítulo V punto 4 párrafo segundo. Telmex está obligado a publicar antes del 1o. de enero de 1994 una propuesta para interconexión de redes públicas de otras empresas de larga distancia.

Nunca fue publicada esta propuesta, lo que ha dado lugar a difíciles negociaciones para las empresas que a partir de 1997 darán servicio de larga distancia nacional e internacional.

Capítulo VI. Establece una serie de combinaciones matemático-financieras mediante las cuales garantiza a Telmex sus inversiones y rentabilidad vía aumento de tarifas de un servicio básico y elemental que la convierte en un empresa subsidiada a costa de los mexicanos. Además encontramos las siguientes violaciones:

Capítulo VI punto 2 párrafo cuarto. Los costos incrementales deberán ser comparables a las de una "empresa eficiente", de tal forma que las tarifas reguladas sean competitivas internacionalmente.

Capítulo VI punto 2 párrafo sexto. Modificación de tarifas. La proyección del gasto de los usuarios de la canasta básica se mantendrá constante en términos reales.

Telmex viola estas cláusulas, ya que la renta básica en Estados Unidos es entre 15 y 18 dólares, sin límite de llamadas locales y equivale al 1.2% de un salario mínimo mensual de 1 mil 550 dólares.

Con Telmex, a partir del 1o. de mayo de 1995, el servicio con 500 llamadas costaba hasta el 31 de diciembre de 1995, 239 pesos 70 centavos sin incluir el IVA. Esto equivalía al 47% de un salario mínimo mensual vigente al 1o. de abril del mismo año. Este servicio de Telmex equivalía a 35.25 dólares al tipo de cambio de esa fecha. En el caso de las líneas no residenciales el costo es mucho mayor, ya que no tienen derecho a ninguna llamada por el pago de la renta básica, todas las llamadas son cobradas como servicio medido.

Esto implica que Telmex no está cumpliendo con el título de concesión y además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le autorizó a partir de enero de 1996, un aumento de dos pesos mensuales que a través del año, representará un aumento promedio del 50% en el Estado de Chihuahua, asimismo, el aumento de dos centavos por cada llamada del "servicio medido" representa un 47% al finalizar el año.

Capítulo VI punto 5 párrafo quinto. Las tarifas por cargo de instalación del servicio residencial bajarán el 1o. de enero de 1995 al equivalente a 480 mil pesos de 1990 y el 1o. de enero de 1996, bajarán por lo menos a 290 mil pesos de 1990.

Actualizando el valor mencionado a enero de 1995, de acuerdo al INPC debió haber costado en 1995, 765 pesos, sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a Telmex a cobrar 1 mil 793 pesos a partir de marzo de 1995, violando ambos el título de concesión en contradicción a lo expresado por el presidente Ernesto Zedillo, que México es un país de leyes. El cobro de Telmex representa un 134% de exceso en este concepto y permanece cobrando en 1996 la misma cantidad, violando nuevamente la segunda parte de la cláusula que implica un precio aún menor.

Adicionalmente continúa violando el punto número dos de este mismo capítulo, que indica que debe ser competitivo.

Internacionalmente, ya que en Estados Unidos y Canadá el costo de instalación es entre 38 y 53 dólares, es decir 3.5% de un salario mínimo mensual en esos países, este costo equivale a 344 pesos 50 centavos al tipo de cambio de marzo de 1995, en lugar de 1 mil 793 pesos que cobra Telmex; esta cantidad representa más del 30% de un salario mínimo mensual.

Algunos artículos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi).

Artículo 2o. "Esta ley tiene por objeto:

I. En materia de metrología:

a) Establecer el sistema general de unidades de medida;

b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;

c) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados.

II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas".

Artículo 5o. "En los Estados Unidos Mexicanos el sistema general de unidades de medida es el único legal y de uso obligatorio".

Artículo 10. "Los instrumentos para medir y patrones que se fabriquen en el territorio nacional o se importen y que se encuentren sujetos a norma oficial mexicana requieren, previa su comercialización, aprobación del modelo o prototipo de parte de la Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias. Deberán cumplir con lo establecido en este artículo los instrumentos para medir y patrones que sirvan de base o se utilicen para:

I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio".

Artículo 15. "En toda transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúa a base de cantidad, ésta deberá medirse utilizando los instrumentos de medir adecuados, excepto en los casos que señale el reglamento, atendiendo a la naturaleza o propiedades del objeto de la transacción.

La Secretaría determinará los instrumentos para medir apropiados en razón de las materias objeto de la transacción y de la mayor eficiencia de la medición".

Artículo 18. "La Secretaría exigirá que los instrumentos para medir que sirvan de base para transacciones, reúnan los requisitos señalados por esta ley, su reglamento o las normas oficiales mexicanas, a fin de que el público pueda apreciar la operación de medición».

«Ciudadano diputado federal Jesús José Villalobos Sáenz. Presente.

Elba Ruiz de Rodríguez, Teresa Castillo y Jorge Carrera Hernández, en nuestro carácter de presidenta, secretaria de organización y asesor jurídico respectivamente, del Frente Popular de Usuarios, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle sor Juana Inés de la Cruz, número 11, de esta ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con el debido respeto exponemos lo siguiente:

El Frente Popular de Usuarios, es una organización que surgió en el mes de agosto de 1997 y aglutina diferentes organizaciones, como es el Comité de Patrimonio Familiar, AC, Unión Cívica Parralense, AC, Pensionados y Jubilados del IMSS, Cosyddhac, PVEM, PRD, PAN, PRI, dicha organización se constituyó para la defensa de nuestro patrimonio y en contra del servicio medido, así como el IVA del mismo, ya que consideramos que es un cobro anticonstitucional, ilegal e injusto, a pesar de que a través de la concesión que se le dio a Telmex, mediante decreto del 31 de marzo de 1996 y 10 de diciembre de 1990, el cual aparece en el Diario Oficial, el cobro del servicio medido más el IVA es improcedente, ya que en los recibos de pago no aparece desglosado o detallado dicho cobro injusto del servicio medido y con base en lo anterior hemos estado consignando el pago a través de juzgado, la renta y largas distancias.

Le solicitamos atentamente y de la manera más respetuosa que por su conducto haga llegar a la Cámara de Diputados de la nación nuestra inconformidad, solicitando se revise la concesión que se menciona en el proemio del presente escrito, ya que desde que se privatizó dicha empresa se ha cometido el abuso de hacer cobros indebidos, como es el caso de servicio medido y el IVA del mismo. Sabedores de que nuestra solicitud sea escuchada, le agradecemos de antemano la gestoría que usted realice.

Atentamente.

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 12 de enero de 1998.- Frente Popular de Usuarios.- Ciudadanos Elba Ruiz de Rodríguez, presidenta; Teresa Castillo, secretaria de organización y Jorge Carrera Hernández, asesor jurídico.»

«Licenciada Silvia Vázquez Lazcano.- Presidenta municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua.- Presente.

Elba Ruiz de Rodríguez, Teresa Castillo y Jorge Carrera Hernández, en nuestro carácter de presidenta, secretaria de organización y asesor jurídico, respectivamente, del Comité de Patrimonio Familiar, AC, señalando como domicilio el ubicado en la calle sor Juana Inés de la Cruz, número 11, en esta ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con todo respeto exponemos lo siguiente:

Mediante el presente escrito le solicitamos a usted y al honorable cabildo, analicen y en su caso aprueben la petición de un 50% de descuento para el pago del impuesto predial a nuestros socios, ya que la mayoría son de escasos recursos económicos y gente de avanzada edad, lo anterior lo basamos en las administraciones pasadas, que nos han considerado dicho descuento, así como la presente, con el ciudadano Jesús José Villalobos Sáenz, sabedores de que la mayoría de regidores entienden y comprenden dicha solicitud, esperamos que la respuesta sea satisfactoria para nuestra organización.

Atentamente.

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 12 de enero 1998.- Elba Ruiz de Rodríguez, presidenta; Teresa Castillo, secretaria de organización y Jorge Carrera Hernández, asesor jurídico.»

«Telmex: Inconformidades y Propuestas Legislativas.

Ciudadanos senadores y diputados federales y estatales, ciudadanos representantes del gobierno estatal. Presentes.

Mujeres por México en Chihuahua, como organización dedicada a proponer y llevar a cabo acciones específicas que contribuyan a defender, a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos, no ha podido quedar de brazos cruzados ante el enriquecimiento ilícito de Telmex, a costa de empobrecimiento de nuestras familias, que bien podían haber utilizado esos pagos injustos en mejorar nuestras condiciones de vida en educación, vivienda o esparcimiento. Por esto, nos decidimos a ejercer acciones prepositivas encaminadas a poner las cosas en su justo lugar.

En México vivimos y eso queremos creer, en un estado de derecho, se proclama y se desea la justicia y esperamos que se cumpla nuestra Constitución Política que afirma que todos somos iguales ante la ley. Pedimos que se respeten y se hagan cumplir las leyes que el Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, promulga para velar y proteger por la vida y el bienestar de las familias mexicanas.

Estas razones son las que nos impulsan a actuar, a ejercer nuestros derechos ciudadanos y a decirles a ustedes que es lo que queremos.

Sabemos que ustedes, señores diputados y senadores, y nosotros somos las dos cara de un misma lucha: el bienestar de los mexicanos y el engrandecimiento de nuestra patria. Ustedes promulgan las leyes que nos han de regir para lograr el concierto y la paz social. Nosotras y nosotros tenemos el compromiso de hacerles saber que queremos y como queremos vivir en paz y entendimiento. En un esfuerzo conjunto por salir adelante.

Consideramos que es necesario que las empresas progresen, que sus inversionistas reciban una renumeración proporcional a su riesgo. No es todo lo que está en duda, sino que estos ingresos se obtengan por la vía justa y legal, basado en el pago adecuado a su servicio telefónico.

Lo que no toleramos ya más, es que se abuse de nosotros y, en este caso, somos todos, ustedes y nosotros.

Por eso les pedimos que trabajen por nuestra causa, que también es su causa. Estamos "todos en el mismo barco".

Por lo anteriormente expuesto, les solicitamos de la manera más respetuosa, pero muy enérgica, que atiendan a la brevedad posible las siguientes propuestas:

1o. Creación de un comisión investigadora de las irregularidades en perjuicio de los mexicanos y en favor de la empresa privada Teléfonos de México, S.A. de C.V., en los siguientes aspectos:

a) Irregularidades y/o fraude a la nación en la venta de la paraestatal Telmex.

b) El destino de los impuestos sobre servicio telefónico y que durante años fueron entregados a Telmex para supuesta modernización, en lugar de aplicarlos al desarrollo social y económico tan urgente en nuestro país.

(Estas denuncias fueron presentadas ante la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, pero nunca obtuvieron una respuesta positiva).

c) Las modificaciones que sufrió la Ley Federal de Protección al Consumidor después de otorgar el título de concesión a Telmex y que deja en estado de indefensión a los consumidores, así como otras modificaciones en el mismo sentido a otras leyes, como la de telecomunicaciones.

d) Las autorizaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha concedido a Telmex y que son violatorias al mismo título de concesión en los capítulos I, IV y VI. (Adjuntamos especificación de estas y otras violaciones.)

e) Las violaciones a la Ley de Protección al Consumidor en sus artículos 1o., 7o., 12 y 55 efectuadas por Telmex con la anuencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

f) Las causas por las cuales la Secofi no ha establecido en todos estos años una norma para el servicio medido, de acuerdo a la Ley de Metrología y Normalización, favoreciendo la indefensión de los usuarios y el fraude de la empresa telefónica a las familias mexicanas.

g) Las violaciones a los derechos legales de los ciudadanos por el contrato tipo forma que se nos obliga a aceptar y que fue autorizado por la SCT y aceptado por la Profeco a pesar de contener clausulas violatorias a la ley de la misma Profeco. Asimismo, las violaciones que Telmex hace de su mismo contrato, específicamente las clausulas 21 y 15, esta última establece en su inciso B, la prohibición de llamadas que ofendan la moral pública y las buenas costumbres.

2o. Con relación a la Profeco solicitamos:

a) La modificación de la Ley de Protección al Consumidor, para que la Profeco se convierta en un tribunal ejecutivo y cumpla y haga cumplir dicha ley.

b) Que se solicite a las autoridades competentes ejercer acción legal necesaria para que la Profeco actúe de acuerdo al artículo 26 fracciones I y II y se proceda a la reparación del daño y a impedir las conductas que ocasionan daños y perjuicios a los consumidores. Asimismo, para que actúe de oficio, de acuerdo al artículo 97 de la Ley de la Materia, reteniendo todos los recibos de Telmex que se expidan y en donde se esté cobrando el concepto de servicio medido.

3o. La anulación inmediata del cobro de servicio medido por ilegal y porque lesiona el patrimonio de los mexicanos, además de que este tipo de cobro no se hace en ninguno de nuestros socios comerciales, países firmantes del Tratado del Libre Comercio, en los cuales por unos cuantos dólares al mes es posible hacer un número ilimitado de llamadas.

4o. Solicitar a las autoridades competentes que se ejerza la acción legal necesaria para que se reintegren a todos los suscriptores los excesos cobrados en tarifas de renta básica, servicio medido y gastos de instalación, derivados de las violaciones denunciadas.

5o. Solicitar que las autoridades competentes, auxiliadas por comisiones imparciales especializadas, realicen inmediatas auditorias y revisiones de equipos en las distintas centrales de la empresa Telmex, ya que se sospecha de que no se cuenta con aparatos de medición o, en todo caso, no se factura de acuerdo a los medidores, si es que existen.

Amigas y amigos, señores diputados y senadores:

De lograr lo planteado, estamos seguros que será un paso gigantesco para que los mexicanos y los chihuahuenses, en particular, recobremos la confianza y credibilidad en nuestras autoridades e instituciones y un importante avance, tan necesario en este momento, de los propósitos expresados por el señor presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de que en México nadie está sobre la ley, de que se acabo la impunidad y que se terminará con las injusticias.

Muchas gracias.

Chihuahua, Chihuahua, 30 de enero de 1998.- Mujeres por México en Chihuahua.»

«Presentes:

Nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta, para solicitar su intervención con la finalidad de reformar la concepción otorgada a Teléfonos de México, S.A., en marzo de 1976 y diciembre de 1990, publicadas ambas en el Diario Oficial de la Federación.

Dicha reforma tendría la finalidad de modificar el proceder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha permitido que la Ley se viole, autorizando indiscriminadamente los aumentos a las tarifas, dejándonos como usuarios en completo estado de indefensión.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha determinado que es ilegal en el cobro del servicio medido y que Telmex vulnera las normas de orden público e interés social, ya que nunca ha podido comprobar fehacientemente la procedencia del cobro.

Estudios formulados demuestran que comparativamente, el servicio telefónico en nuestro país, es 10 veces más caro que en cualquier parte del mundo. En efecto, no es lógico que con salarios tan bajos podamos pagar servicio tan caro.

La legislatura que autorizó la concesión referida, lo hizo, favoreciendo intereses particulares sin ponerse a pensar en los usuarios.

En este momento, que contamos con legisladores de varios partidos sin mayoría absoluta, y sin compromisos, ha demostrado un gran deseo de reestructurar las políticas económicas del país, por lo que tenemos una gran confianza en que las cosas van a cambiar, por lo que desde este momento les brindamos nuestro apoyo y reconocimiento.

Tenemos varios años luchando en contra de los abusos de Telmex, sin haber logrado que la ley y nuestros derechos humanos individuales se respeten, por lo que las organizaciones firmantes deseamos su apoyo para solucionar este problema que afecta grandemente nuestra economía familiar y ya es hora de cambiar y frenar los abusos cometidos por empresas como Telmex, que sigue convertido en un monopolio, ahora privado.

Reiterándole las seguridades de nuestra siempre atenta y distinguida consideración y en esperas de su pronta respuesta a nuestra petición, deseamos sostener con ustedes una audiencia en el lugar y hora que se determine.

Comprometidos por México, AC en el Estado de Nuevo León, Alicia M. Ayala de Campos, presidenta; Margarita Gutiérrez Martínez, vicepresidenta; por Central Campesina Urbana Democrática Popular, Cecilia Valdez de Vela, coordinadora Regional de Durango; por Asociación de Deudores de la Región Lagunera, AC, Juan Horacio Bustos Buitrón, secretario; por "El Barzón" de Durango, Javier Balas Barraza; por el Consejo de Protección al Ciudadano AC , del Estado de Durango, Rebeca Valdez Herrera; por Alianza Social "C" de Durango, Durango, ciudadano Javier Burciaga Rueda, coordinador; PA Norma Ochoa Ríos por Alianza Cívica AC, Estado de Durango; ciudadano ingeniero Socorro Soto Alanis, presidenta; Frente Mexicano PRD Derechos Humanos, AC en el Estado de Durango, Miguel Arrieta Salazar, delegado estatal; por Alianza PRD Garantías y Derechos AC en Martínez de la Torre, Veracruz, licenciado Armando Peña Ortega, vicepresidente; por Mujeres por México en Chihuahua, ciudadanas: Rosa María Ochoa Ortega y Ana Marcela Berlanga F., delegadas.

Recibo y túrnese a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.- Secretaría.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

Por este conducto nos permitimos hacer de su amable conocimiento que la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en su primer periodo de sesiones ordinarias, eligió la mesa directiva de la diputación Permanente, que coordinará los trabajos correspondientes al primer periodo de receso, dentro del tercer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente forma:

Diputados: Yolanda Baeza Martínez, presidenta; Miguel Angel González García, vicepresidente; Fernando Palma Gómez, secretario, Alvaro Terrazas Sánchez, Rogelio Loya Luna, vocales; Dagoberto González Uranga y Pedro Domínguez Alarcón, sustitutos.

Sin otro particular reiteramos a usted la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de diciembre de 1997.- El presidente del Congreso del Estado, Miguel Etzel Maldonado.»

Recibo y de enterado.

ESTADO DE GUANAJUATO

«Escudo Nacional.- Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

El honorable LVII Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, comunica que en sesión celebrada el día de hoy, procedió a la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional; eligiendo la diputación Permanente a fungir durante el periodo de receso respectivo, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Francisco Javier Chico Goerne Cobian, presidente; Arnulfo Vázquez Nieto, vicepresidente; Martha Lucia Micher Camarena, Miguel Cortés Lara, secretarios; José Aben-Amar González Herrera, Jesús Paz Gómez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, José Ramírez González, Miguel Refugio Camarillo Salas, José de Jesús Serrano Aguilera, Gerardo de los Cobos Silva; vocales Ricardo Torres Origel, Carlos Chaurand Arzate, Rodolfo Solís Parga, Miguel Gutiérrez Hernández y Rubén García Farías, suplentes.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 22 de diciembre de 1997.- José Rivera Carranza y Ricardo Padilla Martín.»

Recibo y de enterado.

ESTADO DE MORELOS

«Escudo.- Poder Legislativo.- XLVII Legislatura.- 1997-2000.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del Estado de Morelos, tenemos el honor de informar a ustedes que en sesión de esta fecha, el honorable Congreso del Estado clausuró los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la XLVII Legislatura del Estado, asimismo se eligió a los diputados que integrarán la diputación Permanente, quedando integrada como sigue, diputados: María del Rocío Carrillo Pérez, presidenta; Fernando García Gómez, vicepresidente; María Cristina Balderas Aragón, Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso y Albino Franco Escobar, secretarios.

Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, 31 de enero de 1998.- El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos, J. Joaquín Magdaleno González.»

Recibo y de enterado.

ESTADO DE TABASCO

«Escudo Nacional.- LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.

En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento que con fecha 29 de enero del presente año, en sesión pública ordinaria, la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva, que presidirá los trabajos legislativos durante el mes de febrero, quedando integrada de la forma siguiente, diputados: Miguel Cachón Alvarez, presidente; José González Domínguez, vicepresidente.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, 30 de enero de 1998.- El presidente del honorable Congreso del Estado, Oscar Argáiz Zurita.»

Recibo y de enterado.

COMISIONES DE TRABAJO

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.

Para los efectos conducentes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 y 47 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, me permito comunicarles que el diputado Fidel Herrera Beltrán suplirá al diputado Ricardo Monreal Avila, en la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente.

Sin otro particular, expreso a ustedes las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 23 de febrero de 1998.- Diputado, Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRI.»

De enterado.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha ocho del actual, manifestando lo siguiente:

"Me permito hacer de su conocimiento, que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.

María Elena Moedano Alvarez, empleada; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de enero de 1998.- Por acuerdo del Secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha ocho del actual, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita:

"Me permito hacer de su conocimiento que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.

Pascual Vargas Lucio; empleado; Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México."

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de enero de 1998.- Por acuerdo del Secretario. El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en oficio fechado el día ocho del presente mes manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Me permito hacer de su conocimiento que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.

María Elena Gómez Montoy; especialista comercial; Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco."

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de enero de 1998.- Por acuerdo del Secretario. El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el día ocho del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación lo siguiente:

"Me permito hacer de su conocimiento que la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría para solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en esta ciudad. Anexa sírvase encontrar copia de la carta del interesado.

Jorge Cavazos Vega; empleado; Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León."

Al comunicar a ustedes lo anterior, envío con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de enero de 1998.- Por acuerdo del Secretario. El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera y Segunda comisiones.

Honorable Asamblea: a las comisiones de trabajo Primera y Segunda, de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LVII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de permiso para ausentarse del país y la consiguiente iniciativa con proyecto de decreto presentadas por el Presidente de la República, para asistir en visita de Estado a la República de Chile, del 13 al 17 de marzo de 1998.

Las comisiones que suscriben, con fundamento en los artículos 79 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones relativas de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminan la solicitud correspondiente de acuerdo con las siguientes

CONSIDERACIONES

En la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del 18 de este mes, fue conocida la solicitud suscrita por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante la cual pide autorización para ausentarse del territorio nacional del 13 al 17 de marzo de 1998, a fin de asistir en visita de Estado a la República de Chile.

Turnada a las comisiones que suscriben, se procedió al estudio y análisis de la solicitud presentada y, en virtud del acuerdo adoptado por los diputados y senadores integrantes de los diversos grupos parlamentarios representados en estas comisiones de trabajo, se invitó a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, a que comisionaran a funcionarios de las dependencias a su cargo, a fin de que en reunión con los suscritos ampliaran la información aportada por el Ejecutivo Federal en su solicitud y apoyaran con mayor número de elementos de conocimiento la procedencia de la autorización solicitada.

La reunión de trabajo convocada para esos efectos tuvo lugar el día 24 de febrero de este año, a las 17:00 horas, en el salón de protocolo de la Cámara de Diputados y en ella los señores funcionarios Juan Rebolledo Gout y Carlos de Icaza, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Jaime Zabludovsky, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, expusieron las razones complementarias, agregaron los datos ilustrativos y respondieron a las preguntas formuladas por varios de los suscritos, ampliando y sustentando la solicitud multicitada del Presidente de la República, habiendo entregado a los miembros de estas comisiones de trabajo un documento ilustrativo de las relaciones políticas, económicas y culturales entre México y la República de Chile, que detalla ampliamente los objetivos y propósitos de la visita de Estado propuesta.

Las comisiones que suscriben reconocen las importantes coincidencias que han advertido los pueblos de México y Chile y sus gobiernos, tanto en materia de política exterior, como tratándose de las actividades económicas, financieras, comerciales, de cooperación técnica y culturales y, por ello, convienen en los beneficios que tendrá extender el diálogo y los acuerdos de apoyo mutuo, a otras áreas importantes en el marco de las relaciones bilaterales y de las acciones que deben cumplimentarse por ambos países, en su concurrencia a foros regionales e internacionales.

Es evidente que la invitación que recibió el señor Presidente para visitar la República de Chile, le permitirá no sólo celebrar un contacto político de alto nivel con las autoridades de ese país, sino fortalecer los vínculos con diversos sectores de la sociedad chilena, haciendo factible la ampliación del acuerdo de complementación económica, que fue firmado hace siete años entre ambos países, convenir políticas comunes a sustentar en próximos eventos internacionales y favorecer acciones conjuntas para combatir fenómenos delincuenciales contemporáneos, como el narcotráfico y el tráfico de armas, así como enfrentar con eficiencia otras tareas de gran significación política y social, como son el combate a la pobreza y la preservación del medio ambiente.

Durante la reunión de trabajo celebrada por estas comisiones con los funcionarios públicos comisionados por el Ejecutivo, en la que se recibió por separado un informe respecto a los resultados alcanzados en la reciente visita del señor Presidente de la República a Davos, Suiza, se convino en solicitar nuevamente que, concluido este viaje a la República de Chile, el Ejecutivo Federal se sirva presentar un informe con los comentarios pertinentes en torno a la referida visita de Estado.

Por todo lo expuesto y con fundamento en las facultades que a la Comisión Permanente le otorga el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas comisiones de trabajo se permiten someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 17 de marzo de 1998, a efecto de que realice una visita de Estado a la República de Chile.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 1998.- Primera Comisión: senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Fidel Herrera Beltrán, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas, Mario Vargas Aguiar.- Segunda Comisión: senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

De enterado.

Por lo que se refiere al dictamen del que acaba de dar cuenta la Secretaría, de conformidad con los artículos 107 de la Ley Orgánica y 158 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en los artículos 107 de la Ley Orgánica y 158 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a esta Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto...

No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Se emitieron 34 votos en pro y ninguno en contra.

Aprobado el proyecto de decreto por 34 votos.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

REPUBLICA DE CHILE

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito, en grado de Collar, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Chile.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE NICARAGUA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, José Angel Gurría Treviño, embajador Pedro González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Javier Treviño Cantú, Herminio Alonzo Blanco Mendosa, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, coronel de infanteria Diplomado de Estado Mayor Rubén Pérez Ramírez y César Kuno Becker Cuéllar, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz y de Gran Oficial, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo tercero. Se concede permiso al embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Javier Treviño Cantú, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendosa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta en Grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo octavo. Se concede permiso al coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rubén Pérez Ramírez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano César Kuno Becker Cuéllar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA DE VENEZUELA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Luis Madrazo Cuéllar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella del Ministerio Público doctor Juan Germán Roscio, en su Unica Clase, que le confiere el Ministerio Público de la República de Venezuela.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Madrazo Cuéllar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella del Ministerio Público doctor Juan Germán Roscio, en su única Clase, que le confiere el Ministerio Público de la República de Venezuela.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

REPUBLICA FRANCESA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Jaime Enrique Inocencio García Amaral y María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, puedan aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial y de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, respectivamente, que les confiere el gobierno de la República Francesa.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el artículo 60 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

REINO DE DINAMARCA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión. 

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 18 de agosto de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel González Calette, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 14 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora, serán estrictamente consular y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 16 de enero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 20 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Elpidio Alberto Acosta Ibarra, pueda prestar servicios como chofer, en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México, serán como chofer y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Elpidio Alberto Acosta Ibarra, para prestar servicios como chofer, en la Embajada del Reino de Dinamarca, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 20 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

REINO DE ARABIA SAUDITA

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 19 de enero de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, pueda prestar servicios como traductora, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana, con certificado de nacionalidad número 82/97 expediente................................. VII/521.21 (470)/2385/97.

b) Que los servicios que la propia interesada prestara en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México, serán como traductora.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, para prestar servicios como traductora, en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (II)

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficios fechados el 29 de enero y 3 de febrero de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle Gutiérrez, puedan prestar servicios como inspectores de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios solicitantes prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California serán como inspectores de campo en el Departamento de Agricultura.

c) Que las solicitudes se ajusten a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Felipe Salomón Monzón, para prestar servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Atienzo Pérez, para prestar servicios como inspectora de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Rangel Lucio, para prestar servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alfonso Parra Parra, para prestar servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Tirsa Pérez Castillo, para prestar servicios como inspectora de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Fausto Valle Gutiérrez, para prestar servicios como inspector de campo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de enero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Primera Comisión.

Honorable Asamblea: en oficios fechados los días 17 de diciembre de 1997, 20 y 23 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaime López Velázquez y María Eugenia Cázares González, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y el ciudadano Angel Iván Arce Díaz, en el Consulado General, en Tijuana, Baja California.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jaime López Velázquez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Eugenia Cázares González, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Angel Iván Arce Díaz, para prestar servicios como distribuidor de correo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 19 de febrero de 1998.- Senador: Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Ricardo Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es de primera lectura.

ESTADO DE CHIAPAS

Tiene la palabra el diputado Fidel Herrera Beltrán, para dar lectura al dictamen relativo a la propuesta de la diputada Mónica García Velázquez, a nombre de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea: a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la LVII Legislatura, fue turnada para su conocimiento la proposición presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por voz de la diputada Mónica García Velazquez durante la sesión del 18 de febrero pasado, por la que se propone exhortar al EZLN, pedir al Gobierno de la República y respaldar asimismo a la Cocopa, a que en sus respectivos ámbitos de competencia favorezcan la reanudación del diálogo en Chiapas, apliquen las disposiciones jurídicas vigentes en materia de regulación de la estancia de los extranjeros en suelo mexicano y mantengan e incrementen la interlocución conducente a culminar las negociaciones emprendidas para la pacificación de esa región de nuestro territorio.

Los miembros de esta comisión, después de conocer en detalle los considerandos y el punto de acuerdo propuesto en la referida intervención de la diputada Mónica García Velázquez, convinieron en respaldar dicho texto, incorporando algunos planteamientos hechos recientemente por la Cocopa y, en consecuencia, se encontró conveniente solicitar al pleno de la Comisión Permanente, la aprobación de un punto de acuerdo en torno a los siguientes

PRONUNCIAMIENTOS

Primero. Se exhorta al EZLN, a responder positivamente a la convocatoria del Gobierno de la República, expresada por conducto del Secretario de Gobernación y de la Cocopa, expuesta por su presidente en turno, a fin de que se reanude de inmediato el diálogo previsto en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y se negocie en los términos del acuerdo que solucione definitiva e institucionalmente el conflicto.

Segundo. Exhortamos al Ejecutivo Federal para que tome las provisiones pertinentes, a fin de crear las condiciones de distensión, que faciliten la realización del diálogo. Se pide al Gobierno de la República, por conducto de las autoridades competentes, aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias que regulan la estancia de extranjeros en suelo mexicano, con pleno respeto a su calidad de turistas u observadores y a los derechos humanos que les corresponden, en los términos de nuestra legislación y de las normas internacionales al respecto, brindándoles la consideración y apoyos que las instituciones del país otorgan a todos sus visitantes.

Asimismo se solicita al Gobierno Federal, que haga públicas sus cuatro observaciones a la propuesta de reformas constitucionales en materia de cultura y derechos indígenas.

Tercero. La Comisión Permanente manifiesta su absoluto respaldo a la Cocopa, a efecto de que su coadyuvancia permita la reanudación de la negociación indispensable para la pacificación de Chiapas.

Salón de comisiones de la Comisión Permanente.- México, D.F., a 25 de febrero de 1998.- Por la Primera Comisión: senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid Sauza, Fidel Herrera Beltrán; senadores: Jose Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»

Es cuanto, señor Presidente.

Está a discusión el dictamen en lo general.

Para estos efectos se han inscrito los siguientes oradores: el senador Rodolfo Elizondo Torres, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputados: Jesús Martín del Campo Castañeda, por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Ricardo Cantú Garza, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra el senador Rodolfo Elizondo Torres.

Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

La bancada del Partido Acción Nacional quiere manifestar ante esta Comisión Permanente, que está por supuesto de acuerdo en términos generales en la propuesta que ha sido leída hace un momento. Estará de acuerdo siempre, en términos generales en que se exprese el aliento, en que se exprese el espíritu de esta Comisión Permanente, para que las negociaciones en Chiapas avancen, mal haríamos, pues, en no estarlo.

Pero también pensamos que esta Comisión Permanente está consciente de que hay una comisión, que es la Comisión de Concordia y Pacificación, que es una comisión de ley bicamaral, la única en nuestro país, que atiende en todo sentido y en todo momento las negociaciones en Chiapas por parte del Poder Legislativo.

Por eso no queremos asumir responsabilidades que no nos competen como tal y somos respetuosos de esta propia comisión.

Estamos pues de acuerdo en lo general y será mi compañero Santiago Creel, el que exprese puntualmente en aquéllos de los puntos que se mencionan y algunos de los párrafos que se incluyen en el punto de acuerdo y que expresará los motivos por los cuales no estamos de acuerdo.

Estamos de acuerdo, por supuesto también, en que se le solicite al Ejecutivo, al Secretario de Gobernación, que dé a conocer los puntos que manifiestan haber hecho o haber elaborado en torno a la iniciativa de ley o al proyecto de iniciativa de ley que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación en su momento y estamos de acuerdo que se le solicite, porque creemos que hay un gran debate nacional en este sentido.

A mí me preocupa terriblemente que el Secretario de Gobernación, hace algunos días, haya manifestado que los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, que en su momento elaboramos esta iniciativa, no hayamos observado el espíritu y la letra de los acuerdos de San Andrés.

Y me preocupa porque pareciera que el ahora Secretario de Gobernación, quiere culparnos a los que fuimos miembros de esa comisión, de que no atendimos con puntualidad el espíritu y la letra. Cuando fue un acuerdo que firmó precisamente el comisionado para la paz en ese momento, nombrado por el propio Presidente de la República y refrendado por el propio Secretario de Gobernación.

Entonces hoy más que nunca se hace necesario que cualquier propuesta en este sentido sea pública, para que se pueda debatir en el espacio necesario, en los medios de comunicación, en todos aquellos lugares donde se pueda abonar y aportar a estos puntos. Independientemente de que no quiero entrar en el debate si fueron respetados, si han sido respetados o no por el propio Gobierno Federal en términos de la negociación.

Así que el Partido Acción Nacional está muy de acuerdo con este llamado que hará la Comisión Permanente para que estos cuatro señalamientos que se hacen al documento original, sean conocidos por todos en nuestro país.

Y por supuesto que es obvio decir que nuestro grupo parlamentario no sólo está de acuerdo, sino que ha venido apoyando todas y cada una de las acciones de la Comisión de Concordia y Pacificación, porque pese a que se quiera debilitar, que se quiera desgastar a la comisión, es la instancia que tenemos los legisladores para que realmente el problema de Chiapas sea solucionado en términos de la coadyuvancia.

A mí me parece que esta Comisión Permanente debe de dar por supuesto, un apoyo irrestricto a la Comisión de Concordia y Pacificación y que estaremos en todo momento pendientes, como lo hemos estado haciendo, del desarrollo de las actividades y de las intervenciones de la comisión.

Entonces, no me queda mucho más que decir, más que refrendar que el grupo, o sea la bancada del Partido Acción Nacional, en estos puntos que he mencionado, está totalmente de acuerdo.

Pero sí queremos dejar claro que no invadiremos funciones, responsabilidades que nosotros mismos le hemos dado a la Comisión de Concordia y Pacificación.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

No está en el ánimo de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, repetir discusiones hasta el cansancio, pero sí necesitamos precisar nuestra posición respecto a este dictamen, respecto a este texto que nos llega de la comisión de trabajo que ayer se reunió.

Hay que reiterar, es obligado en esta ocasión, que el Partido de la Revolución Democrática, desde el inicio del conflicto que se desarrolla en Chiapas con repercusiones nacionales, es partidario de lograr una salida pacífica, de lograr una paz con justicia y dignidad y hemos reiterado todas las veces que intervenimos al respecto, que en el fondo del conflicto hay causas que todos los mexicanos aprobamos y que tienen posibilidades de una salida precisamente con justicia y dignidad.

Somos también partidarios de fortalecer y hemos promovido de común acuerdo con todas las demás bancadas, las funciones de coadyuvancia y mediación de la Cocopa y la Conai. Es la fórmula que no tenía antecedente histórico en la vida parlamentaria de México, que hemos encontrado las distintas bancadas parlamentarias desde hace dos legislaturas, para que juegue un papel muy importante el Congreso de la Unión, ante un conflicto que nos involucra a todos los mexicanos y en eso no nos hemos movido de posición.

Por eso, congruentemente cada vez que lo podemos hacer, de común acuerdo con todas las bancadas, hemos reiterado nuestra postura de fortalecer las funciones de coadyuvancia y de mediación de la Cocopa y de la Conai.

Por estas razones generales sí conviene decir que la estructura del documento, los tres puntos que nos fueron propuestos la ocasión anterior y nuevamente se plantean hoy con algunas modificaciones importantes, no permiten su aprobación, porque tenemos la dificultad de que estamos de acuerdo, por ejemplo, desde la ocasión anterior lo dijimos, con el contenido del tercer punto, con una parte, después se precisará con mayor detalle por los compañeros de mi bancada en la intervención para las cuestiones particulares, del punto dos. Pero de entrada el punto uno es el que contrasta con la posición que la Permanente y todas las bancadas aquí representadas hemos planteado, de fortalecer las funciones de coadyuvancia y mediación de la Cocopa y la Conai.

Y plantear de entrada desde la Permanente, que nosotros exhortemos al EZLN para que esté de acuerdo con una propuesta del Secretario de Gobernación, es sustituir en los hechos a la Cocopa, en una de sus funciones fundamentales de coadyuvancia para que se acerquen las partes. Es una propuesta de una de las partes, la del Gobierno; respetable y quien tiene que hacer esa función de acercar a las partes con las propuestas que van surgiendo, es precisamente la Cocopa, donde están representadas todas las bancadas del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces no conviene sustituirlos como también decía el senador Elizondo en la intervención anterior.

No es pertinente sustituirlos; que ellos jueguen ese papel, que no nos brinquemos a estas instancias que estamos fortaleciendo con pronunciamientos permanentes de esta Comisión Permanente, para que fortalezcamos su actividad.

Más aún, en eso también hemos sido precisos, se ha creado una campaña publicitaria desde diversos lugares, desde diversos centros, tanto del poder como de los propios medios, de desacreditar tanto en lo individual como colectivamente, a la Cocopa. El lugar desde donde mayormente se ha fortalecido su papel, es esta Comisión Permanente, en el lapso en que llevamos funcionando y, desde otros centros, medios de comunicación específicamente, se ha desacreditado la función.

Además hubo también pronunciamientos desafortunados de algún legislador del Revolucionario Institucional, en días pasados, que ameritó una aclaración del propio Revolucionario Institucional, que era individual, desacreditando a los miembros de la Cocopa. Por eso insistimos nosotros en que la forma en que están presentados los puntos, no tiene congruencia y nos dificulta la votación en lo general. Necesitaremos ir al contenido particular de los puntos, porque sería injusto decir que estamos en contra de todos los puntos. Estamos aclarando que estamos a favor y que debiera de ser el primer lugar en el orden por lógica, el asunto de la Cocopa, de fortalecer la función de coadyuvancia y de intermediación; fortalecer esas instancias, nuevamente ratificar eso, en primer lugar. Lo habíamos sugerido ya a los legisladores del PRI y después pasar a los otros asuntos que se derivan de este criterio general en el que todos estamos de acuerdo aquí en la Comisión Permanente.

Y hacer una precisión: nosotros no estamos en desacuerdo en que las autoridades de Gobernación a quienes toca hacer cumplir las leyes en materia de población, de migración, las autoridades migratorias, las cumplan; pero suena extraño que se plantée sólo para Chiapas que cumpla con todo rigor y no hay evidencia o no se ha dicho aquí ni hay fundamento cuando se propuso en el documento, de que alguien en Chiapas, específicamente, haya violado las leyes migratorias y por eso se tendría que decir que sólo en Chiapas las están violando.

Nosotros decimos que tiene que cumplir la autoridad las leyes en materia de migración, en cualquier caso, no sólo en un caso específico, en cualquier caso y por eso nosotros decimos que esa materia no amerita, no es el asunto central, porque por los resultados publicitarios otra vez, quizá no se lo hayan propuesto así las autoridades, no sabemos, sí ha derivado en una campaña xenofóbica, específicamente contra activistas de los derechos humanos que sí ciertamente están en Chiapas y que recibieron las visas en los lugares que oficialmente están establecidos para recibir visas e internarse en el país y desarrollar las funciones para las que pueden estar autorizados.

Y en ese caso entonces sí hay una derivación xenofóbica de la difusión que se ha hecho de un planteamiento, tanto de las autoridades de Gobernación, como del uso que de estas declaraciones ha habido. Y eso sí es riesgoso porque entonces sólo se trata de perseguir a un cierto tipo de extranjeros que han pedido la autorización, que han exhibido sus documentos que les han requerido y que han recibido la autorización de las autoridades que están encargadas de ello, no de miembros de la Cocopa, no de miembros de la Conai, no de miembros del EZLN, para que se internaran al país. Si no querían que hicieran esas funciones, desde el principio las hubieran negado si es que hubiera fundamento legal para ello: las funciones de observadores.

Por lo tanto en todo caso hasta podría ser una crítica a que no las han cumplido bien y es otro punto de acuerdo distinto al de reforzar el papel de coadyuvancia que tiene la Cocopa, que es para nosotros el núcleo central de los pronunciamientos que puede tener esta Comisión Permanente.

Si hubiera otro punto de acuerdo, debiera separarse del cuerpo de reforzamiento de esta función de la Cocopa y de la Conai y aparte decir "que criticamos a las autoridades migratorias porque se les han filtrado, se les han escurrido" ¡no sabemos por qué! Podría llevarse incluso a la hilaridad el asunto diciendo "que no cumple bien o que les dieron una mordida a los funcionarios migratorios para que los dejaran pasar y no habían cumplido todos los requisitos".

Pero ése no es el asunto, en realidad es de más fondo, y reforzar nosotros una campaña que ha tenido derivaciones xenofóbicas en los medios de comunicación, en algunos particularmente, no es conveniente, no es tarea de la Permanente y en todo caso no debería formar parte fundamental del cuerpo que está inspirado, según entendemos, en la idea de reforzar las tareas del Congreso a través de la Cocopa.

Finalmente, quiero decir que también haremos señalamientos en lo particular de que no ha habido explicación suficiente de la función que están desempeñando las autoridades migratorias contra algunos activistas y que amerita aclaración, eso sí, para saber si se están cumpliendo todas las normas necesarias en esta actividad.

Cierro diciendo entonces que el Partido de la Revolución Democrática tiene dificultades para votar esto en lo general, por estas incongruencias; porque corresponde más desagregar los puntos, que son los que son de consenso y corresponden al espíritu y a las cuestiones que hemos venido proclamando los miembros de la Comisión Permanente de todas las bancadas y desagregados tenemos condiciones de votar partes de ese mismo asunto, porque ése es el ánimo del Partido de la Revolución Democrática.

Es un mal mensaje al exterior que dijéramos "que aquí a toda costa se quisiera sacar, que es el punto uno de la propuesta que nos hacen, un apoyo a una declaración del encargado del Gobierno para tratar los asuntos del conflicto chiapaneco". No sería conveniente que ése fuera el mensaje y que eso es lo que nos divide a los legisladores de las distintas bancadas frente al conflicto chiapaneco, porque hemos abonado mucho terreno en el otro camino: "de la salida con justicia y dignidad" y de reforzamiento, reitero, de las funciones de la Cocopa y de la Conai.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores:

Ayer que discutíamos este dictamen en la reunión de trabajo de esta Comisión Permanente, señalábamos que nos preocupaba la lectura que se le pudiera dar a estos pronunciamientos, ya que, en la discusión que tuvimos o el debate de hace una semana, en algunos medios se reflejó que había interés por parte de diputados de la Comisión Permanente de dar un ultimátum al Ejército Zapatista de Liberación Nacional para que se integrara al diálogo y bueno, obviamente esto de ninguna manera coadyuvaría a la solución del problema de Chiapas.

Y también señalábamos que en el punto número uno del pronunciamiento, aunque estamos de acuerdo con él, no deja de inquietarnos el asunto de que nosotros hemos delegado a la Cocopa el tratamiento de este tema, de este problema y que tal vez de manera oficiosa, sin que la Cocopa nos lo pida, demos un pronunciamiento de este tipo; más cuando sabemos que la Cocopa ha acordado una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios y con los dirigentes de los partidos políticos para analizar conjuntamente el problema de Chiapas y buscar fórmulas de solución.

Esa era una preocupación que nosotros teníamos. Sin embargo reconocemos el esfuerzo de los compañeros del PRI, de tratar de llegar a un acuerdo de este documento, cuando incluyen en el segundo punto el exhorto al Ejecutivo Federal para que tome las previsiones pertinentes a fin de crear las condiciones de distensión, para que faciliten la realización del diálogo.

En la segunda parte de este punto, de este pronunciamiento, donde habla sobre los extranjeros, aquí inicialmente se señalaba que se apliquen con todo rigor las normas jurídicas. Nosotros decíamos que esto puede también malinterpretarse, ya después se puso que se aplique con firmeza. Se puede malinterpretar el asunto de exigir demasiada rigidez por parte del Gobierno, cuando lo que se requiere es flexibilidad, es tacto ante estas situaciones tan delicadas que, como ya había señalado el anterior orador, en algunos medios de comunicación se ha exagerado al grado de decir que estos extranjeros deciden por los indígenas y obviamente que en los asuntos internos no podemos permitir que extranjeros decidan.

Lo que sí está permitido y eso debe estar claro, es que opinen, que se manifiesten. Acuérdense que ha venido gente muy prestigiada moral, políticamente, a nuestro país; un ejemplo es el Papa, se ha pronunciado por las condiciones sociales del país, de asuntos internos de nuestro país y eso debe ser bienvenido, venga de donde venga este tipo de pronunciamientos. Lo que no se puede tolerar o el límite es cuando se intenta decidir lo que solamente a los mexicanos nos toca decidir sobre nuestros asuntos internos.

Igualmente vemos cómo en el párrafo final del punto número dos, también estamos totalmente de acuerdo en que se hagan públicas las cuatro observaciones de la propuesta y en el punto número tres, de apoyo a la Cocopa, por supuesto que también debemos de refrendar nuestro apoyo.

En este sentido, es nuestra postura como Partido del Trabajo en esta Comisión Permanente.

Muchas gracias.

Habiéndose agotado los oradores inscritos para la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de dictamen.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está suficientemente discutido, señor Presidente.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar alguna propuesta para discutirla en lo particular.

Tenemos registrados a los siguientes oradores: el diputado Pablo Gómez, el senador Mario Saucedo, el diputado Santiago Creel y el senador Oscar López Velarde.

Diputado Pablo Gómez, tiene la palabra.

Quiero reservar los tres artículos del proyecto, los tres puntos, pidiéndole a la Presidencia que ponga a votación en lo general, mediante votación nominal y en su oportunidad también se tome la votación nominal de cada uno de los puntos. Y en su momento pediremos también que el artículo 2o. ó el punto dos pueda ser discutido en sus partes integrantes, si lo acepta la comisión, de acuerdo con el reglamento.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general...

Diputado Santiago Creel.

Señor Presidente, nosotros quisiéramos igualmente reservarnos el acuerdo primero y el acuerdo segundo de la propuesta que se acaba de presentar.

Procedo por instrucciones de la Presidencia, a recoger la votación nominal en lo general del dictamen.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 21 votos en pro, seis en contra y 10 abstenciones.

Está aprobado en lo general el dictamen por 21 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular las tres propuestas por parte del diputado Pablo Gómez y las propuestas primera y segunda por el diputado Santiago Creel.

Están a discusión en lo particular las propuestas del dictamen. Se registran oradores: en contra, en el caso del punto, la propuesta número uno, el senador Mario Saucedo.

En contra el diputado Santiago Creel, en pro el senador Dionisio Pérez Jácome.

Tiene la palabra el senador Mario Saucedo.

Gracias, señor Presidente:

El Partido de la Revolución Democrática ha manifestado desde la vez pasada, desde la sesión pasada de la Comisión Permanente, que no estábamos de acuerdo con varias de las propuestas importantes que el Partido Revolucionario Institucional está planteando en torno al caso de Chiapas.

Hemos dejado en claro, compañero diputado Martín del Campo, que el asunto de la exhortación al EZLN es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con la acción e intermediación y la función que la Cocopa se le ha otorgado; por eso nos oponemos, que la Comisión Permanente, cuya comisión del Congreso es la Cocopa, asuma una función que inclusive puede ser contradictoria y que vaya a restarle fuerza a la acción de la Cocopa, objetivo que hemos venido observando de parte del Gobierno Federal.

El tema central sobre la situación de la exhortación que el PRI quiere plantear en la Comisión Permanente al EZLN, tiene que ver con la discusión general que aquí se ha venido planteando y  que se plantea en la opinión pública, de quién es el responsable del estancamiento del proceso de diálogo en Chiapas.

El Gobierno insiste y ha lanzado una campaña en términos de situar al EZLN como responsable de haber suspendido el diálogo cuando el Gobierno no aceptó la propuesta que la Cocopa había hecho en torno al proyecto de iniciativa de Ley Sobre los Derechos y Cultura de los Pueblos Indios.

Este es un debate que hemos venido dando y obviamente que el Gobierno y su partido busca responsabilizar frente a la falta de cumplimiento del acuerdo, frente a la falta de sostener su compromiso y su firma en los acuerdos de San Andrés, quiera como parte de esta campaña para hacer responsable de la situación de Chiapas, en ésta se junta también esta campaña xenofóbica que se ha lanzado por la presencia de extranjeros en Chiapas, quiere hacer aparecer como responsable al EZLN, de la situación de crisis que se está viviendo en este Estado.

La afirmación que ayer hace el secretario de gobierno, Labastida, en torno al "basta ya" de diferir el diálogo, está encuadrada dentro de esta estrategia de propaganda para hacer aparecer al EZLN como responsable y retomando ése "basta ya" que usaran los zapatistas el 1o. de enero de 1994, quiere el Secretario de Gobernación hacer responsable de la situación que está privando en el Estado.

Y, por otro lado, buscando debilitar la presencia, de ahí la importancia del punto tres del cual estamos de acuerdo, de la resolución que se presenta a consideración, restar la importancia de la gestión de la Cocopa, acusándola, inclusive, de haberse alejado de los acuerdos de San Andrés y haber planteado o estar planteando que la Cocopa no mantuvo el espíritu de los acuerdos de San Andrés y se alejó de los mismos.

Recientemente acabamos de ver que es el fondo del problema y es lo que nosotros pensamos, por lo cual el Gobierno y aquí en la Comisión Permanente el Partido Revolucionario Institucional no quiere avanzar realmente en el proceso de diálogo en Chiapas, al plantear un documento que a través de una revista de circulación nacional e internacional da a conocer sobre los puntos distintos de las diferencias, los famosos cuatro puntos, que por cierto parece que discutió ampliamente el Secretario de Gobernación con los legisladores priístas y que se supone que todavía son secretos, en donde queda claramente en este documento cómo hay una negativa para aceptar esta iniciativa de ley que está apegada fundamentalmente a los acuerdos de San Andrés.

Hay pues la intención en esta exhortación que está haciendo el Gobierno, a que el EZLN reinicie el diálogo, la consideración de que ellos son los responsables de que se haya suspendido y no hay ninguna acción que acompañe a lo que se ha venido planteando por la Cocopa y la Conai, estos 10 puntos en que se ha planteado como medidas básicas para la distensión en Chiapas, entre ellas y la vuelve a reiterar en una carta que manda la Cocopa al EZLN, vuelve a reiterar el punto de la necesidad de que el Ejército regrese a los cuarteles y se quiten los retenes y dejen de incursionar en las comunidades indígenas. Nuevamente se insiste en que una medida de distensión real es que el Ejército se mueva y se puedan establecer condiciones mínimas para dar la negociación, para poder establecer los mecanismos y las condiciones del diálogo.

El riesgo de la confrontación inclusive accidental que se pueda dar con incursión del Ejército en la zona zapatista, es cada vez más alta, hay riesgos de que gente ajeno al conflicto, al EZLN como al Ejército mexicano, busquen, como en el caso de Chicoacén en el año de 1994, cuando hubo una provocación montada durante un enfrentamiento contra el Ejército que estaba cuidando la presa, durante más de cuatro horas, un enfrentamiento que tuvo un costo, tuvo bajas y que aparentemente jamás se supo quiénes fueron los responsables de esta provocación que se montó en contra de los soldados que estaban vigilando la presa de Chicoacén.

Hay gente dentro del Gobierno que está dispuesta o que está empeñada en actuar para que el Ejército intervenga, para que el conflicto en Chiapas se solucione por la vía de la fuerza y estando prácticamente en el terreno en donde se mueve el EZLN, el Ejército mexicano, haciendo rondines y haciendo incursiones, el riesgo de caer en una confrontación es cada vez más alta.

Por eso es fundamental lo que ha planteado hoy la Cocopa nuevamente y hacer vigente en la propuesta de los 10 puntos, el primer punto que es el retiro del Ejército, para poder establecer, por parte del Gobierno, una medida de distensión real, en donde se pueda mostrar claramente que tiene voluntad de conseguir la paz y no usar la fuerza, como el Ejército lo ha manifestado que no quiere usar la fuerza y como el propio Presidente ha señalado de que el Ejército está para dar una solución de paz y no de guerra en el Estado de Chiapas.

Por eso es importante dejar claro que a esta Comisión Permanente no le corresponde exhortar al EZLN, porque además de que va en detrimento de la acción de la Cocopa, acción de debilitamiento que busca el Gobierno, como fueron estas acusaciones de que se alejó de los acuerdos de San Andrés, como la necesidad de que quede claro ante la opinión pública que la posibilidad de poder reiniciar el diálogo está en el Gobierno, está en las medidas de distensión, como sería el retiro del Ejército a sus cuarteles, de evitar crear unas condiciones para que pueda darse una confrontación provocada, de gente, gente que quiere la salida militar en el Estado de Chiapas, y que sea un gesto real para poder mostrar que el Gobierno sí tiene voluntad de avanzar en lo que sería el diálogo para poder establecer las condiciones mínimas para la paz con justicia en Chiapas.

Por eso en el PRD nos oponemos a esta exhortación que hace el PRI, nos oponemos y estamos en esta idea, en que la Comisión Permanente apoye la gestión de la Cocopa, que es el punto tres y particularmente apoye lo que ahora su presidente en turno ha hecho, saber la necesidad de que el Ejército se retire y poder superar ese emplazamiento que ha hecho Labastida, que lo comentamos aquí en esta Comisión Permanente en la sesión pasada, en el sentido de utilizar al Ejército como un arma de presión política para obligar a los zapatistas a negociar.

El señalamiento de que no va a retirar al Ejército si los zapatistas no se sientan, entra en contradicción, primero con la idea de que el Ejército está siendo utilizado como un arma política para presionar a los zapatistas a sentarse y corresponde en estas condiciones al Gobierno dar el primer paso, dado que la incursión del Ejército es producto de una acción que viene acompañada o paralela a la acción de Acteal del 22 de diciembre.

Ya hemos comentado aquí cómo junto con esa matanza, el genocidio que se dio el 22 de diciembre por los grupos paramilitares en contra de las comunidades indígenas, llevaba a la par una acción de incursión particularmente en La Realidad, que se veía como asentado la dirección de los zapatistas, pero junto con ello acciones de incursión y de establecimiento de retenes en prácticamente toda la zona del conflicto; es decir, fue acompañada a esta acción que reprobamos aquí en la Comisión Permanente de Acteal, del genocidio de Acteal, fue acompañada con acciones militares de incursión del Ejército. Por eso corresponde al Ejecutivo Federal replegar al Ejército a los cuarteles, para que quede claro que efectivamente hay congruencia entre la propuesta que están haciendo de diálogo y de paz, con acciones. Es lo que no observamos y es por lo cual estamos en contra con esta propuesta de exhortación al EZLN.

Quien tiene que dar el primer paso, dado que es el que provocó la ruptura al no aceptar los acuerdos de San Andrés, dado que fue el que ha instrumentado la incursión del Ejército en la zona de conflicto, quien tiene que dar el primer paso y en ese sentido la exhortación no debe ser al EZLN, sino la exhortación debe ser al Gobierno por enésima vez, que retire el Ejército de la zona del conflicto, que las posiciones en los cuarteles, que se levanten los retenes y que se apruebe por enésima vez la iniciativa de ley, el proyecto de iniciativa de ley sobre los derechos de los indios, derechos y cultura de los pueblos indios que propuso la Cocopa.

Creemos que la exhortación debe de ser dirigida ahí y es la que deberíamos nosotros de manera reiterada en la Comisión Permanente sostener, al apoyar la iniciativa de la Cocopa, que ha planteado en términos de empezar a generar condiciones de distensión con el retiro del Ejército.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Santiago Creel, en relación con la discusión de la primera propuesta del proyecto de dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Antes de entrar al análisis detallado del acuerdo primero, con el cual no estamos de acuerdo, que ha sido propuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por su grupo parlamentario, quisiera referirme a las consideraciones que se hacen en ese mismo documento de propuesta, sobre todo a una parte del primer párrafo, en donde se está exhortando a la Cocopa, se hace la referencia de lo que ocurrió en la sesión pasada respecto a esa propuesta y del dictamen correspondiente de la Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.

En esa referencia se establece, se expresa, exhortar asimismo a la Cocopa, a que en sus respectivos ámbitos de competencia, favorezca la reanudación del diálogo en Chiapas.

Y posteriormente, en el segundo párrafo, en esos considerandos de esta propuesta, los miembros de la comisión, así se dice, después de conocer en detalle los considerandos del punto de acuerdo propuesto en la referida intervención de la diputada García Velázquez, convinieron en respaldar dicho texto incorporando algunas cuestiones nuevas.

Me parece que no podemos pasar por alto el hecho de que se esté exhortando a que la Cocopa favorezca la reanudación del diálogo en Chiapas, puesto que en el fondo se está planteando un crítica, una crítica velada, no demasiado clara, a las funciones, a los trabajos que ha venido desempeñando la Cocopa.

Si efectivamente se le exhorta a favorecer la reanudación del diálogo, es porque no lo ha hecho con eficacia, con la suficiente diligencia y ciertamente nosotros no podemos aceptar, no podemos avalar esa crítica implícita que se le está haciendo a esta instancia de coadyuvancia en el proemio, en los considerandos de la propuesta que está presentando el PRI, a través de su grupo parlamentario.

En términos del acuerdo primero, con el cual no podríamos estar de acuerdo, tendríamos los siguientes comentarios:

En primer lugar, se está proponiendo que esta Comisión Permanente tome parte de manera directa y pida a una de las partes, a el EZLN, que responda positivamente a la convocatoria que ha hecho el Gobierno de la República.

Nos parece que ese exhorto, por vía de esta Comisión Permanente, pudiera suplantar las funciones de coadyuvancia que tiene asignadas la Cocopa, esta instancia creada por la Ley del Diálogo, que se ha promulgado por este Congreso.

Casualmente o más bien diría yo, contradictoriamente, ese exhorto que se le pide al EZLN, se funda en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se dice, para que precisamente se lleve a cabo lo previsto en esa ley. Sin embargo, al repasar las distintas disposiciones de la ley del diálogo, concretamente el artículo noveno, en donde se establecen las funciones de la Cocopa, de la Comisión para la Concordia y Pacificación, se establece en el párrafo primero, una de sus facultades, que me parece que este exhorto estaría contraviniéndolas. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: "una de las atribuciones de la Cocopa, es coadyuvar a fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley, las que contendrán, entre otros aspectos, los lugares, las condiciones específicas de las negociaciones y la agenda de las mismas".

En consecuencia con la propia ley, a quien le corresponde fijar las condiciones de diálogo, facilitar el encuentro entre las partes, es decir, exhortar a las partes para que puedan dialogar entre ellas, es a la instancia de coadyuvancia, es decir, a la Cocopa, y esto es exactamente lo que dice la ley del diálogo.

Entonces a nosotros nos parece una incongruencia, una inconsistencia, que el exhorto propuesto en este planteamiento que hace el grupo parlamentario del PRI, precisamente se funde en la ley del diálogo, que nos parece que dice ciertamente otra cosa.

Es por ello que nosotros no podemos estar de acuerdo, a que esta Comisión Permanente suplante las funciones de esta instancia de coadyuvancia, tal y como se define en la ley del diálogo.

Por otra parte, y hablando de exhortos, respecto al exhorto que se le hace al Ejecutivo, tampoco podríamos estar de acuerdo porque no se dice qué se le exhorta, solamente establece un exhorto para que tome las provisiones pertinentes, pero no dice cuáles. Me parece que en todo caso debía ser mucho más específico, pero por supuesto esto le correspondería más bien a la instancia de coadyuvancia y no a esta Comisión Permanente.

Por estas razones que acabo de exponer, no podríamos nosotros acompañar en nuestro voto a la propuesta que ha efectuado el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Dionisio Pérez Jácome.

Señor Presidente, con su venia; compañeras y compañeros legisladores miembros de esta Comisión Permanente.

Nos ha llevado varias semanas, múltiples, prácticamente todas las jornadas de esta Comisión Permanente, hablar en distintos aspectos sobre un tema de preocupación nacional, sobre el tema de Chiapas. No es esta sesión una excepción a eso que se ha convertido, para bien o para mal, en la regla de procedimiento de la Comisión Permanente de este primer receso del primer año legislativo de la LVII Legislatura.

Sin embargo, advierto un avance notable, me congratulo de él, en cuanto a que lo que ahora, lo que hasta ahora han expuesto los muy respetables legisladores que me han anticipado, que me han precedido en el uso de la palabra, se refiere más bien a consideraciones semánticas o a previsiones, a consideraciones de temor sobre los alcances que pudiera darse a una expresión que quiero ahora desde ahora tranquilizarles, en ningún sentido lleva el propósito que de sus palabras pudiera desprenderse.

Es un pronunciamiento simplemente el que se propone de la Comisión Permanente, en el que se trata de recoger una preocupación nacional pero también, y esto es muy importante, una preocupación de mi partido, del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional y una preocupación, quiero suponerlo así, de todos los grupos parlamentarios que se integran en el Congreso de la Unión en sus diversas cámaras.

No hay otro propósito y un poco responden a esa práctica que se ha establecido de facto, obviamente que no de jure, de convertir la Comisión Permanente en un foro, en una tribuna nacional de gran envergadura, a la que se le concede la posibilidad de transmitir conceptos, planteamientos, proposiciones generales, aun cuando como lo ha dicho, docto conocimiento del derecho constitucional nuestro compañero, el senador Lanz Cárdenas, en ningún momento la Comisión Permanente está facultada precisamente para hacerlo.

Pero lo hemos hecho, lo hemos venido haciendo, y nuestros partidos adversarios, en este caso nuestros compañeros de legislatura, han venido sometiendo en diversas sesiones, planteamientos en los que indudablemente podríamos encontrarnos con la misma consideración, de que pudieran, en términos de la Constitución o de las leyes, exceder lo que normativamente se atribuye, se confiere a la Comisión Permanente.

Es, sin embargo, en este caso la costumbre, la que ha establecido ya una importante fuerza de convicción en la conciencia nacional y lo que en la Permanente se dice, como lo que se dice en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene un sentido constructivo, propositivo, en ocasiones de reclamo, de denuncia, de demanda, sin que este foro u otros foros legislativos tengan competencia o jurisdicción para hacerlo.

Creo que éste es el caso del pronunciamiento que se ha presentado a la consideración de ustedes.

Nos comentaba el señor senador Saucedo, su preocupación de que estuviéramos pretendiendo, a través de él, sustituir a la Cocopa, después lo confirmaba también en sus conceptos, con sus palabras, el diputado Creel y debo expresarles a ustedes que de la lectura que he hecho durante varias ocasiones del texto que se presenta a la consideración de ustedes, en ningún momento puedo desprender esa intención del grupo parlamentario de mi partido, al contrario, y si entendemos o interpretamos en congruencia dentro de un mismo contexto, los tres puntos que se presentan, la respuesta más clara la tendríamos en el punto tercero, cuando proponemos que esta comisión manifieste su absoluto respaldo a la Cocopa, a efecto de que su contribución, que hemos reconocido como muy valiosa en diversas ocasiones en este mismo receso legislativo, culmine los trabajos de negociación indispensables para la pacificación de Chiapas.

El señor diputado Creel, advertía lo que en su concepto parecería incongruente, que en un considerando, así el título en una exposición previa a la presentación de los pronunciamientos, se dijera textualmente, lo repito así, que se encontró conveniente exhortar a la Cocopa, aquí está en el primer contenido, "exhortar asimismo a la Cocopa, a que en sus respectivos ámbitos de competencia, favorezcan la reanudación del diálogo en Chiapas". Yo creo que aquí esa expresión se dejó en la introducción de este pronunciamiento, sin que tenga posteriormente efectos, sin que se traduzca en los puntos específicos que se propone.

Yo sugeriría inclusive suprimir ese contenido que obedecía a una exposición preliminar que fue objeto de deliberación ayer en la sesión, posteriormente de negociaciones parlamentarias entre los diversos grupos y que culminó precisamente con el reconocimiento de que en nuestro caso y respecto a la Cocopa, no es una exhortación, sino una manifestación de respaldo.

Propongo pues, que simplemente en lo que constituye el proemio o la exposición inicial, el primer párrafo que se ha presentado a la Asamblea y que no tiene por qué contenerse en los puntos de acuerdo o pronunciamientos posteriores, se elimine.

No pretendemos exhortar a la Cocopa, al contrario, reconocemos que la Cocopa ha cumplido su función. Mantenemos nuestra disposición de respaldarla en todo, a efecto de que pueda culminar los trabajos de negociación indispensables para la pacificación de Chiapas.

Y aquí quiero hacer referencia a algo que también comentaba mi muy estimado compañero Saucedo. Decía él que encontraba en las acciones del Gobierno, específicamente en un reciente discurso o en una intervención del día de ayer, del señor Secretario de Gobernación, una contradicción al usar una expresión que inclusive, reconoció él, acuñó para estos efectos hace cuatro años el EZLN, el, ¡ya basta! Yo creo que debe aquilatarse la validez de esa crítica en función de qué es lo que el Secretario de Gobernación ha dicho, que "ya basta", no sólo a juicio del Gobierno, sino creo, de toda la sociedad y particularmente inclusive de nosotros.

Basta de estar trabajando, basta de estar realizando tareas indudablemente importantes, sin poder llegar a un primer resultado, que es condición, que es elemento, que es sustento, que es fundamento, de todo los demás.

Queremos llegar, en efecto, a acuerdos importantes con el EZLN, que lleven a una paz digna y resuelvan el conflicto de Chiapas, que puedan incorporar al texto constitucional, a los textos reglamentarios de la Constitución, avances importantes en la relación entre la sociedad mexicana y los pueblos indígenas. Por eso se suscribieron precisamente los acuerdos de San Andrés.

Necesitamos traducir ciertamente esos acuerdos en normas, en reformas a la Constitución, en leyes y necesitamos derivar también de esa buena voluntad manifiesta, o que suponemos manifiesta de todos, otros acuerdos, otros resultados que puedan indudablemente contribuir, justificar y sustentar esa paz digna.

Pero para ello necesitamos, como el constructor de un edificio, cuando menos colocar los cimientos del mismo para poder después construir las bases, los pisos, para poder desarrollar toda la estructura que responda precisamente a nuestra preocupación nacional y lo que se está pidiendo, de lo que estamos proponiendo se exhorte al EZLN, no es de que acepten necesariamente alguna condición que el Gobierno o que la sociedad haya propuesto para la solución del conflicto.

Estamos proponiendo se exhorte a reanudar el diálogo, a sentarse a la mesa de negociación, a conceder esa apertura que como seres humanos y como mexicanos de buena voluntad todos nosotros, panistas, perredistas, priístas, sin partido, todos los mexicanos merecemos del EZLN, como lo merecemos del Gobierno y como lo merecemos de muchas otras organizaciones de la sociedad.

No hay, no se desprende en mi concepto de la lectura de este primer punto de acuerdo o pronunciamiento que se propone al respaldo de ustedes, nada que ate, nada que limite, nada que determine una forma de ser, una actitud, un resultado, una aceptación del EZLN a una propuesta del Gobierno o de alguna otra corporación pública o privada.

Estamos simplemente exhortando a dos cosas: a responder positivamente a la convocatoria del Gobierno de la República, expresada por conducto del Secretario de Gobernación y a la convocatoria de la Cocopa, precisamente de ese órgano al que no pretendemos sustituir, al contrario, respaldar, apoyar, fortalecer, expuesta por su presidente en turno, don Luis H. Alvarez, hace apenas dos días, a fin de que se reanude de inmediato el diálogo. Eso pedimos: diálogo; no pedimos ninguna concesión, no reclamamos ninguna toma de actitud o decisión respecto a lo que puede estar siendo materia de discusión entre las partes. Simplemente que se sienten a dialogar y que de tal manera se negocien los términos del acuerdo que solucione definitivamente e institucionalmente el conflicto.

Que el Gobierno ha dado muestras de esa apertura, ¡de manera absoluta! y muy clara.

Hace ocho días ante ustedes releía el párrafo conducente o cuando menos el que me pareció más claro de la exposición del secretario Labastida en torno a esta materia. El decía:

"La solución a los problemas de los mexicanos no puede toparse con el muro del dogmatismo, de la intransigencia, del todo o nada."

El Gobierno de la República reitera su convocatoria a reanudar el diálogo, no a ceder, no a renunciar a ninguno de los puntos en que ya han expuesto posiciones que pudieran ser distintas o diferentes a las del Gobierno o la de otros segmentos de la sociedad. Simplemente reanudar el diálogo para alcanzar la paz en Chiapas y el desarrollo de todos los pueblos indígenas por medio de la negociación política.

Y decía nuestro amigo Saucedo: "es que el Gobierno no ha contestado, inclusive los 10 puntos que se le presentaron por la Cocopa y por la Conai". Y aquí quiero refrescar la memoria de él, y de todos ustedes, de que sí, efectivamente se dieron a conocer esos puntos tanto al Gobierno como al EZLN y el EZLN no contestó; el Gobierno lo hizo precisamente el 12 de febrero a la Cocopa, el 13 de febrero a la Conai. Unos días después hubo esa expresión del EZLN, a través de un vocero oficial u oficioso, del "todo o nada". Y es hasta después de ese evento cuando el Secretario de Gobernación reaparece en público y manifiesta expresamente, con toda claridad, cuál es la posición del Gobierno para lograr el avance para poder sentarse a la mesa de negociaciones y poder empezar por fin, ¡basta ya de perder en otros aspectos el valioso tiempo de la sociedad mexicana!, de lograr por fin identificar aquello que nos separa y aquello que nos une para tratar de fincar en todo este conjunto la paz digna, duradera y estable para México.

No hay, como decía al inicio de mi intervención, puntos irreconciliables, quizá diferencias de interpretación a lo que es en quienes las han expuesto y en nosotros en todo caso un principio común de acuerdo. Estamos convencidos, lo dijimos ayer en la reunión de trabajo que me tocó el honor de presidir, de que podemos también darle a las palabras el sentido que todos deseen, pero lo importante es manifestar con firmeza nuestras intenciones.

Hay en todo este proceso un interlocutor ausente. A él hemos tratado de dirigirnos a través de las instancias de coadyuvancia, a través de la instancia de intermediación también. No pretende otra cosa, no es una condena pública, no es un ultimátum este planteamiento; pero sí es un exhorto firme que deseamos hacer los miembros del grupo parlamentario de mi partido y ojalá los representantes de otros grupos parlamentarios, para que impere en esto, como en tantas cosas ha sido factible, la sensatez, el buen juicio y el patriotismo que estoy seguro comparten todos los señores representantes de las fuerzas políticas de México.

Muchas gracias, señor Presidente.

Esta Presidencia saluda la presencia en esta sesión de la Comisión Permanente ,de la diputada propietaria del FMLN María Martha Valladares, conocida por Nidia Díaz, de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. ¡Bienvenida!

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta número uno del dictamen que está a consideración.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el primero de los pronunciamientos.

Las señoras y señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está suficientemente discutida, señor Presidente.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de la propuesta número uno del proyecto de dictamen a discusión.

Procedo a recoger la votación nominal en lo particular del primer pronunciamiento.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 21 votos a favor, 14 en contra.

Aprobada la propuesta uno por 21 votos.

Está a discusión la propuesta número dos del proyecto de dictamen a discusión.

En atención a la solicitud hecha por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 120 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a la Secretaría divida en tres apartados el punto dos del proyecto de dictamen a discusión, para efectos de su debate por los señores legisladores. Que se le dé lectura.

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura al segundo punto de los pronunciamientos.

"Exhortamos al Ejecutivo Federal para que tome las previsiones pertinentes, a fin de crear las condiciones de distensión que faciliten la realización del diálogo"; hasta ahí la primera parte.

Segunda: "se pide al Gobierno de la República, por conducto de las autoridades competentes, aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias que regulan la estancia de extranjeros en suelo mexicano, con pleno respeto a su calidad de turistas u observadores y a los derechos humanos que les corresponden en los términos de nuestra legislación y de las normas internacionales al respecto, brindándoles la consideración y apoyos que las instituciones del país otorgan a todos los visitantes"; hasta ahí la segunda parte.

"Asimismo, se solicita al Gobierno Federal que haga públicas sus cuatro observaciones a la propuesta de reformas constitucionales en materia de cultura y derechos indígenas"; hasta ahí la tercera de las partes del segundo pronunciamiento.

Están a discusión los tres apartados de la segunda proposición del proyecto de dictamen que está sometido a consideración de la Asamblea.

Se procederá a su discusión y posterior votación, la cual se tomará en carácter nominal, en una sola ocasión, señalando cada legislador el sentido de su voto en relación con cada uno de los tres apartados en que se ha dividido esta segunda proposición.

Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez.

Señoras legisladoras; señores legisladores:

Antes de entrar en el análisis de este texto que nosotros hemos impugnado, sobre la petición al Gobierno para la aplicación de las leyes migratorias, quisiera comentar que el punto anterior que se acaba de votar no agrega elementos nuevos al pronunciamiento que hizo ayer el Secretario de Gobernación, quizá el tono del Secretario de Gobernación es aún más fuerte que el que esta Comisión Permanente acaba de resolver, poniendo las cosas de tal manera que la interrupción del diálogo parece responsabilidad exclusiva de los rebeldes y en la cual no existe responsabilidad ninguna de la parte gubernamental.

Desde el punto de vista político sólo se agrega el pronunciamiento en favor hecho por el Partido Verde, habida cuenta que sentada la posición de parte del partido oficial por parte del Secretario de Gobernación y de los legisladores del PRI, aquí en la Comisión Permanente la situación política y el contenido mismo y el significado de ese pronunciamiento sigue siendo el mismo fundamental, básicamente.

Pero el pronunciamiento que tiene como propósito ubicar a los rebeldes como el único factor que impide la reanudación del diálogo haciendo a un lado las circunstancias en las cuales el diálogo se interrumpió, es decir, el rechazo de parte del Gobierno de partes esenciales de la propuesta de la Cocopa que había sido admitida en sus términos por el EZLN, tiene significado semejante al de la campaña contra la presencia de extranjeros en Chiapas o forma parte de lo mismo.

La campaña del Gobierno y de una televisora en contra de la presencia de los extranjeros en Chiapas, tiende a voltear la percepción que la opinión pública ha tenido o que partes importantes de la opinión pública han tenido en relación con el conflicto de Chiapas. Tiende a voltear o busca voltear principalmente la culpabilidad del partido oficial en la matanza de Acteal y la responsabilidad del Gobierno Federal, la responsabilidad política del Gobierno Federal en esa misma matanza.

El país está bajo escrutinio porque hay causas, del escrutinio, por parte del movimiento de los derechos humanos en otros países. México no está en situación de sufrir o de estar a punto de sufrir una agresión proveniente del exterior. Los problemas que México tiene con el exterior en este momento, como por ejemplo el procedimiento que en los Estados Unidos se lleva para sancionar las acciones del Gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico o los problemas derivados de la situación de la frontera norte y del trato que las autoridades migratorias norteamericanas le dan a los mexicanos que pasan la frontera.

Otros problemas quizá, no son de aquéllos; que sin embargo afecten la integridad o que pongan en peligro el ejercicio de la soberanía nacional. México no se encuentra en esa situación en este momento. Tampoco se encuentra en una situación en la cual los rebeldes tengan opción militar, creo que eso es comprendido por el propio EZLN, por el Gobierno de México, por el Ejército, por ésta... por el Congreso de la Unión, por los partidos políticos, en que el estado que guarda la rebelión en el sureste no tiene opción militar.

Lo que tiene opción militar, es la respuesta a la rebelión; lo que puede tener opción militar y la tiene de hecho, es lo que el Gobierno pueda hacer con el Ejército, a través del Ejército.

Y también existe opción de fuerza, a través de los grupos paramilitares adscritos, partes orgánicas integrantes del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, para reprimir la acción política no solamente de los rebeldes, sino también de otros partidos, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática y de otras organizaciones, entre ellas la organización directamente agredida en Acteal, que lleva el nombre de "Las Abejas, Sociedad Civil".

Ahí se encuentra en realidad el mayor problema, pero desde el punto de vista del partido oficial y de los legisladores del partido oficial y de la Secretaría de Gobernación y del Presidente de la República, a lo que hay que abocarse es a hacer exhortos y exigencias a los rebeldes para que se sienten a negociar lo que ya habían negociado anteriormente y había sido resuelto anteriormente y para que también a través del exhorto se impida la presencia de escrutadores extranjeros en el Estado de Chiapas.

Entonces, es poner las cosas al revés; es el intento de decir "si no se rediscute la propuesta de la Cocopa, la sociedad mexicana se enfrenta al peligro de la violencia". Insisto, la violencia en este momento como opción real, tiene en Chiapas una procedencia fundamental no sólo como posibilidad, sino como realidad y Acteal es el testimonio de la veracidad del argumento que estoy exponiendo. ¿Por qué entonces exhortar o pedir al Gobierno Federal, como propone el PRI, a que aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias que regulan la estancia de extranjeros en suelo mexicano?

Si lo sacamos del contexto y vemos esto tal y como se lee, pareciera que el Gobierno no las ha aplicado, de donde se crea la necesidad de que el Congreso le pida al Gobierno que aplique la ley.

Quizá los legisladores del Partido Revolucionario Institucional podrían decirnos en qué circunstancias, en qué situación, respecto de qué personas y cómo se llaman esas personas, el Gobierno se ha negado o por simple omisión no ha aplicado las leyes migratorias, pero si lo ponemos en el contexto en que está puesto, sabemos que esto no es más que una acción del PRI para sumar al Congreso a la campaña de xenofobia, que yo digo que es una xenofobia completamente convenciera, porque los agentes de la DEA siguen aumentando su número en el país, y porque una gran cantidad de extranjeros llega a México y hace toda clase de declaraciones de carácter político sobre la situación del país.

No creo que haya una verdadera actitud de odio a los extranjeros o de rechazo a los extranjeros, más que a aquellos extranjeros que vienen a hacer a México algo que al Gobierno le molesta, que vienen hacer una acción que al Gobierno políticamente le está molestando, aunque no necesariamente estén violando las leyes mexicanas.

El Partido de la Revolución Democrática no está pidiendo que los extranjeros sean tolerados cuando infringen las leyes; el Partido de la Revolución Democrática lo que está rechazando es la campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que está llevando a cabo el Gobierno con la ayuda de una estación de televisión.

Es por ello que no podemos admitir el texto; no podemos actuar en ningún sentido que lleve a contribuir a lavarle la cara al partido oficial como culpable de los hechos de Acteal y al Gobierno Federal como responsable político de ese atentado, que no solamente es una matanza, un homicidio colectivo, sino también una gravísima violación de derechos humanos, puesto que se ha evidenciado que había autoridades públicas involucradas en la matanza, por lo tanto podemos hablar de que la matanza de Acteal, independientemente de que la Procuraduría General de la República no ha actuado en consecuencia, es decir, no ha acusado a los homicidas de delitos relacionados con la violación de derechos humanos, se trata de un atentado gravísimo a los derechos humanos.

Entonces nos parece que toda esta situación que estamos viviendo, tiene como componente fundamental esto que describo y es muy grave, puesto que en lugar de actuar en favor de la paz, actúa justo en el sentido contrario. Que se olvide, pide el Gobierno y pide el PRI, la matanza de Acteal, la violencia que proviene de sí mismo, que se olvide la situación de provocación que hay contra los rebeldes en algunas zonas, y entonces el contexto que tenemos es un contexto en el cual puede seguir aumentando la violencia y pueden seguir aumentando las provocaciones que pudieran en un momento determinado generar una situación de enfrentamiento, una mayor violencia, una intervención masiva del Ejército contra los milicianos zapatistas, una reanudación de la guerra, como efecto de dichas provocaciones y por tal motivo no solamente votaremos en contra de este párrafo, sino que nos pronunciamos rotundamente en contra de que se continúe caminando por este camino que es el camino de la violencia, el camino de la guerra, el camino de la solución de fuerza, aunque esta solución deba escribirse entre comillas.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Santiago Creel.

Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En torno a esta segunda proposición, nos parece que no podríamos estar de acuerdo con los primeros dos apartados. El primero de ellos, por las razones que ya expuse en mi intervención precedente, y sobre todo porque es un exhorto que nos parece que no conduce a un objetivo claro, a una finalidad concreta el que se le hace al Ejecutivo.

Respecto del segundo apartado, en donde se pide al Gobierno de la República que aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias, respecto de este texto no podríamos estar en contra de lo que aquí se dice de manera específica. ¿Cómo podríamos estar en contra de que se aplique la ley, cómo podríamos contravenir lo dispuesto por las leyes de población o por la propia Constitución de la República?

El problema es el contexto, no el texto que está aquí enunciado. ¿Y cuál es ese contexto, qué implica esta petición de que se aplique con firmeza las leyes migratorias?

Como ya lo mencionaba el diputado Pablo Gómez, aquí parece como si el Gobierno no estuviera aplicando de manera eficaz las leyes migratorias, ésa es una posible interpretación, pero también me parece que se pudiera dar una segunda interpretación y es que los extranjeros que están ingresando al país ingresan violando las leyes migratorias. Es decir, que hay una especie de incumplimiento masivo, ¿por qué?, porque se está pidiendo que se aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias. Entonces la pregunta que nosotros haríamos, ¿quién las está incumpliendo, el Gobierno por su falta eficaz de aplicación o los extranjeros por ingresar al país en violación, en contravención a esas disposiciones que se concentran en la Ley de Población?

No está claro ciertamente; lo que sí está claro y es evidente, es la propia realidad. En las últimas semanas solamente hemos tenido noticias de cinco expulsiones y éstas se han dado no en el marco del artículo 33 de nuestra Constitución, en donde previene que el Gobierno puede en cualquier momento expulsar a un extranjero si está interviniendo en asuntos políticos del país.

Que yo recuerde, estas cinco expulsiones no han sido vinculadas con la violación al artículo 33 de nuestra Constitución, en todo caso se han referido a violaciones expresas de las distintas disposiciones de la Ley de Población.

Yo no voy a calificar si son violaciones menores o mayores, simplemente son violaciones.

Algunas disposiciones de esa ley generalmente están vinculadas con la calidad migratoria de los que han sido expulsados; es decir, lo que se ha aducido es que algunos han ingresado al país con su forma migratoria de turista, debiendo tener una distinta para venir a observar lo que está ocurriendo en Chiapas.

Pero en la fundamentación que ha dado el Gobierno para realizar estas expulsiones, en ningún momento ha expresarlo que están violentando la Constitución ni mucho menos alguna disposición de fondo, sino más bien son situaciones de forma.

Entonces nos parece que este reclamo, que está implícito en esta proposición de que el Gobierno aplique con firmeza las normas jurídicas, es un reclamo fuera de proporción y, sobre todo, fuera de contexto.

Nos parece que la historia es otra; la realidad es muy clara para todos nosotros. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, primero, que el Gobierno está facilitando la entrada a todos los extranjeros que así la solicitan. Hay ahí algunas cifras, que inclusive se dicen que han ingresado a nuestro país 15 millones de extranjeros en distintas calidades, de turista, para venir a hacer negocios, para venir a observar etcétera.

Estas facilidades las otorga el gobierno mexicano a través de sus distintas embajadas y a través de los diferentes consulados.

No sólo eso, respecto de los observadores. Según cuenta la prensa, el Gobierno también ha estado dialogando con ellos, en algunos casos les ha informado sobre su visión de las cosas, particularmente de Chiapas. Tengo entendido que el día de ayer se reunió la comisión de los organismos internacionales que vino a llevar a cabo la observación en Chiapas y que dijeron que el trato que habían recibido por parte de las autoridades era un trato aceptable.

Nosotros nos preguntamos: si se ha dado ese trato, si el flujo de turistas al país o de observadores es el que mencionan las cifras, 4 mil y tantos en los últimos años, entonces ¿por qué estamos pidiendo al Gobierno que aplique con firmeza las normas jurídicas migratorias?, inclusive, fijense ustedes, en algunos casos el Gobierno ha procedido a cambiar las formas migratorias de algunos de los observadores, aquellos que han ingresado al país con visa de turistas, se las cambia para la forma migratoria aceptable para que realicen su observación, inclusive, en algunos casos de figuras o personalidades importantes, el Gobierno ha proporcionado inclusive seguridad, seguridad física a los extranjeros, les ha proporcionado sus facilidades para que puedan conducirse adecuadamente.

Inclusive, en una declaración del propio comisionado, coordinador del diálogo, de Emilio Rabasa Gamboa, en una declaración que dio a un diario hace un par de días, acepta que la Conai haga estas invitaciones a las organizaciones internacionales y no sólo que las haga, sino que los atienda. Pero, ¿fíjense ustedes qué es lo que pasa? Esta es la realidad. Sin embargo, también hay que ver la otra cara.

Me quedo con este último comentario de Rabasa, que ciertamente lo contradice su jefe, el Secretario de Gobernación, al criticar la actuación de Miguel Alvarez, cuando ha formulado esta serie de invitaciones a los distintos grupos de observación internacional. Pero no sólo ello, también si ésta es la realidad, nosotros nos preguntamos: ¿bueno, cuál es la otra realidad? Que cuando se empiezan a dar estos informes por parte de los grupos de observación internacional y empiezan a tener efectos o incidencia en los distintos foros políticos mundiales, sea el parlamento europeo o como se dio el caso hace unos días en las cortes españolas y esas críticas que están realizando los observadores internacionales, empiezan a hacer mella, viene la resolución del parlamento europeo por la situación de Acteal, suscitada en el municipio de Chenalhó, posteriormente la de las cortes españoles. ¡Ah!, entonces el Gobierno olvida todas esas facilidades que ha otorgado en el ingreso, no solamente ello, en los informes, en el cambio de las calidades migratorias, en la declaración de Rabasa, en donde está de acuerdo en que la Conai haga esas invitaciones y cambia radicalmente, y ¿qué ocurre?

Empezamos a ver ya en imágenes impresas en los medios escritos, a través de los medios electrónicos, a los agentes de migración, no sé si el calificativo sea correcto o no, pero al menos así los presentan en las imágenes como acusando a los observadores extranjeros a la salida de los camiones, verificando pasaportes, entonces si las formas migratorias y claro, ya en algunos casos ya no las cambian, como fue la situación que ocurrió con Tomás Munsen, en donde tenía una visa de turista y tuvo que retirarse del país, porque debía haber contado, según las autoridades migratorias, con una divisa diferente para realizar la observación en Chiapas, entonces ya no vienen.

Claro, el Gobierno no puede proceder a hacer expulsiones masivas de extranjeros, que empiezan ya a dar cuenta en sus reportes de la situación que guardan los derechos humanos en el país. Ya esas facilidades como que empiezan a cargar en la conciencia del Gobierno, y ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a dar las expulsiones, no masivas, porque pues sería demasiado evidente, sino expulsiones que yo les llamaría estratégicas, como la que ocurrió con Tomás Munsen. Claro, una personalidad con mucha ascendencia en las iglesias de Canadá y de la parte norte de Estados Unidos. No se necesitan llevar a cabo múltiples expulsiones, con una que sea lo suficientemente simbólica para mandar esa señal de rechazo a la observación nacional, a la observación en Chiapas.

Pero no solamente ocurren esas expulsiones estratégicas, sino también entonces empieza haber declaraciones por parte de los funcionarios altos de la Secretaría de Gobernación, del subsecretario encargado del ramo de las cuestiones de población y empieza ya este nuevo contexto de pedir que se apliquen con firmeza las normas jurídicas migratorias, no se dice de manera expresa, pero se hace ver de manera implícita, como si estuviéramos ante la presencia de una intervención extranjera, de una intervención ilegal.

No es causal ni resulta en forma espontánea, que empiezan a darse los comentarios de asociar esta situación con Miramar, con Gutiérrez Estrada, con José María Hidalgo y recordar toda nuestra historia patria del Siglo XIX. Nos preguntamos, ¿por qué solamente porque alguien desea aplicar lo qué es obvio, que es la ley?

En este contexto en que se pide esta aplicación, respecto de la segunda proposición y particularmente el segundo apartado, no podríamos estar de acuerdo. Nos parece que esta política que está encauzando el Gobierno, perjudica la imagen de México ante el mundo, dificulta el camino de la paz en Chiapas y, sobre todo, dificulta la adecuada defensa de los derechos humanos.

Por esta razón, por este contexto, por estas circunstancias y no por las palabras que aquí están escritas, votaremos en contra de esta segunda proposición.

Sin embargo, y por último, estamos de acuerdo en solicitar y a esto nos sumamos a la proposición que hace el Partido Revolucionario Institucional en su tercer apartado, estamos de acuerdo en solicitar al Gobierno Federal a que haga públicas las cuatro observaciones a la propuesta de reformas constitucionales en materia de cultura y derechos indígenas.

Si el Gobierno es uno de los representantes de la República, de una República, tiene que actuar sobre todo en lo público y hacerle honor a la cosa pública.

Muchas gracias.

Tiene la palabra el senador Juan Ramiro Robledo. 

Gracias, señor Presidente; con permiso de ustedes compañeras y compañeros legisladores:

Lo primero que quiero señalar es que no me parece que sea lógico abstenerse en lo general o votar en contra en lo general y luego ponderar y valorar positivamente aspectos particulares, porque el voto negativo en lo general tiene por objeto, buscar, desbaratar el debate y regresar a comisiones. No me parece lógico eso, pero si ya se tomó la votación en lo general y para la discusión que tenemos ya no tiene trascendencia.

Yo creo que el Partido Revolucionario Institucional fijó una postura al respecto desde la semana pasada, antes de las últimas declaraciones de los funcionarios del Gobierno Federal sobre extranjeros y sobre todo respecto de una aparente y evidentemente posición del EZLN para no contestar la exhortativa del Gobierno Federal a reanudar el diálogo.

Declinó su posición desde que nuestra compañera diputada, la semana pasada, pasó a proponer este punto de acuerdo que hoy, después de haberse dictaminado discutimos.

Segundo punto que quiero destacar a ustedes. Ningún texto puede ser perfecto y menos si se trata de congeniar su composición gramatical entre muchas personas. Pero los propósitos y la inteligencia del texto, el tenor de una norma o de un punto de acuerdo, sí puede ser compartido. Yo creo que no hay detrás de este texto presentado por la comisión respectiva, ningún otro motivo ni antecedentes que no estén a la vista de todos y que no sean los que han expuesto aquí otros compañeros de la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

No podemos entonces más que hacer hincapié en que el lenguaje que se usa lleva, si bien puede ser discutido con algún término con algún adjetivo, lleva la intención clara de aportar un poco y de contribuir a que el proceso de diálogo termine con su interrupción. Que si el Gobierno Federal que es una de las partes que debe estar en ese proceso político-jurídico, que intente una negociación de fondo, dice de manera pública que quiere reanudar el diálogo para intentar acuerdos que lleven a cumplimentar los pronunciamientos de San Andrés Larráinzar, bueno, pues que la otra parte también coloque su posición en el mismo contexto. Eso es lo que se busca nada más y no sustituir a la Cocopa ni enmendarle la página a la Cocopa ni empujar hacia condiciones de desventaja al EZLN. No hay esos propósitos y no aceptamos que se argumente en contra de esos motivos, porque no son los que están detrás del documento.

Así, si en una parte de los puntos de acuerdo se dice que se exhorta al Gobierno Federal a determinadas acciones y luego se exhorta al EZLN a determinadas acciones y luego en dos puntos más dice, no que se exhorta, sino que se pide al Gobierno Federal a determinadas acciones.

Y en otra, que se pide al Gobierno Federal a determinadas acciones, quiere decir que le estamos intentando dar dos diferentes énfasis a nuestros pronunciamientos.

Indudablemente que "exhortar" no produce ningún efecto jurídico, no es un acto jurídico de la Comisión Permanente, no hay en la exhortación una vinculación que obligue a la parte exhortada; la puede haber en términos políticos y de opinión pública; luego entonces no podemos hablar de competencia o incompetencia al respecto del órgano Comisión Permanente.

Pero si además de exhortar decimos que pedimos al Gobierno Federal aplicar con firmeza las leyes migratorias y las disposiciones regulatorias de la estancia de extranjeros en el país y que haga públicas las cuatro observaciones que está presentando respecto a la del proyecto de iniciativa de la Cocopa y además en el punto tercero, en la parte primera o en el apartado primero del punto segundo que tome las medidas tendientes a buscar las condiciones de distensión, estamos queriendo decir al Gobierno Federal algo mucho más categórico que al EZLN; no lo exhortamos, le estamos haciendo una petición categórica, esperando una respuesta consecuente, desde luego.

¿Qué significa eso? Bueno, que si estamos en contra de alguna exhortación al EZLN, con mayor razón deberíamos de estar en contra de una petición al Gobierno Federal, porque entonces sí vendrá un voto a favor de la petición al Gobierno Federal y en contra de la exhortación al EZLN.

Más sencillo: ¿Por qué aceptamos que se exhorte a algo, que se le pida algo al Gobierno Federal y que no se le pida nada al EZLN?

No entendemos eso.

Pero el voto de cada quien clarifica las cosas.

El punto que más se ha discutido es el del alcance y la connotación del texto que se le ha puesto aquí al apartado dos, en el sentido de pedirle a la parte central del punto dos, en el sentido de pedirle al Gobierno Federal que aplique con firmeza las leyes, no exactamente en Chiapas, se entiende que en todo el territorio nacional, migratorias, particularmente lo que se refiere a estancia de extranjeros.

En todos los documentos, circulares y permisos que con las diferentes modalidades la autoridad migratoria extiende a extranjeros en su diversa condición con que ingresan al país, se reproducen los textos del artículo 3o. y particularmente del 8o. Es muy explicable que se reproduzca el artículo, perdón, 33, de la Constitución y me parece que no sólo el 8o. debiera de reproducirse como un decálogo, como un manual que entere al extranjero de las limitaciones que tiene para comportarse, como se dice, en el territorio nacional, sino varios artículos más del capítulo de las garantías individuales de la Constitución.

Entre el artículo 33, es verdaderamente una excepción, a otro artículo de la Constitución, es una excepción a la garantía de audiencia. Le permite al Presidente de la República, al Ejecutivo de la Unión, como facultad exclusiva, no a los tribunales, no a la Permanente, no a nadie más que el Ejecutivo de la Unión, hacer abandonar inmediatamente y sin juicio a cualquier extranjero, cuya permanencia juzgue inconveniente. La Constitución dice "inconveniente".

La inconveniencia derivará necesariamente no sólo, éste es el deber ser de esta norma, así lo interpretamos, de un desagrado de parte de la autoridad facultada constitucionalmente para expulsar, de lo que haya hecho o dicho un extranjero. Creo que eso sería rayar en la arbitrariedad.

Puede venir algún extranjero con una fórmula migratoria que le permita venir como turista o a trabajar en asuntos culturales o espectáculos y ser de tal manera desagradable al Ejecutivo o inconveniente que intentara el Presidente, a través de sus autoridades, aplicar el artículo 33 constitucional. Yo creo que estaría extralimitándose en lo que quiere decir el artículo 33 constitucional. La inconveniencia deriva de una violación a las leyes o a otras disposiciones constitucionales.

Y lo que se está pidiendo en este punto dos del dictamen, pues es que se apliquen las leyes migratorias no que se expulse a cualquier extranjero, que por desagrado aparezca inconveniente al Gobierno de la República o al Gobierno de Chiapas o a cualquier otro sector o institución mexicana; no es ésa la intención que se busca en este punto de acuerdo.

El artículo 33 constitucional, sí le pone una limitación clarísima a los extranjeros y si bien les entrega el disfrute, temporal desde luego, de garantías individuales, les advierte de manera textual que "no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Y no nomás en el artículo 8o. de la Constitución, sino en varios artículos más establece limitaciones expresas, por ejemplo, el de expresar ideas, el de cuestionar instituciones públicas y el orden jurídico del país, a que los extranjeros se metan en esto porque se los concede exclusivamente a los ciudadanos del país; los extranjeros no serán ciudadanos, nunca lo serán.

Entonces la limitación no es sólo en el artículo 8o. para asociarse, sino a muchos otros.

Luego entonces esas prohibiciones que a lo largo de la Constitución se encuentran para los extranjeros en nuestro país, tratan de ser ordenadas y clasificadas en las leyes migratorias, fundamentalmente en nuestra Ley de Población; también en nuestra Ley de Nacionalidad se anotan ahora ciertas condiciones de límite.

Bueno, cuando se vulneren estas disposiciones, es cuando aparecerá de manera objetiva que es inconveniente la presencia de un extranjero y que deberá entonces o que podrá entonces hacerse uso de la facultad constitucional a cargo del Ejecutivo de la Unión. Eso es lo que se trata de decir, simple y sencillamente.

No podemos llegar al absurdo de pedir, como lo hizo el ingeniero Cárdenas, creo que en el año de 1979, la expulsión del papa Juan Pablo II. No sé por qué, eso parecería una petición muy desatinada. Yo creo que hoy la opinión de todos los miembros del PRD estaría en desacuerdo con esa petición; lo supongo.

"Sábado 24 de mayo de 1997. Excélsior. El Cuauhtémoc del Mañana. Francisco Martín Moreno."

No creo que estuviéramos en esa opinión y condición. Las expresiones en tono irónico de los legisladores del PRD en este momento ante lo que estoy diciendo, pues supone que están de acuerdo conmigo y que nunca admitirían una expresión como ésa. Ahora si la inventé, pues también entiendo que estarían en desacuerdo de ese invento mío.

Estamos en lo mismo. No se está pidiendo que se expulse de manera indiscriminada a los extranjeros, sino a los que violen las leyes del país, desde luego. Pero, "con pleno respeto" dice aquí, compañero diputado Santiago Creel quiero hacer hincapié en este texto, "con pleno respeto a su calidad migratoria". Dice: "de turistas o de observadores", "y a los derechos humanos desde luego que les corresponden de acuerdo con nuestras leyes y las disposiciones que hemos convenido con otros estados u organizaciones extranjeras de acuerdo con los términos del derecho internacional". Esa es la intención.

Ahora se usa el adjetivo "firmeza" para calificar la petición de la aplicación de la ley. Pues no estamos suponiendo que hay una violación masiva ni estamos prejuzgando con esta calificación al verbo "aplicar", a la petición de que se aplique la ley. No estamos prejuzgando que no se haya estado aplicando antes. En el estricto rigor jurídico pues todas las leyes deben aplicarse con firmeza; todas.

¿Suponemos en este punto de acuerdo que el EZLN se niega a reanudar el diálogo? Pues sí lo suponemos, si no no estaríamos exhortando a que dialoguen.

¿Suponemos que el Gobierno Federal no ha aplicado antes con firmeza ni con no firmeza las leyes migratorias? Aquí no lo estamos suponiendo, no nos meteríamos a ese juicio previo, porque entonces si estaríamos descalificando la intención del documento, del punto de acuerdo. Pero el uso de este término lo que busca es darle énfasis a la petición, nada más. Claro que debe pedirse que sea con firmeza. ¡Estamos frente a un asunto de carácter excepcional, no es ordinario!

¡No hay 4 mil extranjeros en Guanajuato o en Tlaxcala, los hay en este momento en Chiapas y por virtud del conflicto de Chiapas! No vienen a trabajar exactamente, no vienen a exponer culturalmente, no vienen a presentar espectáculos, no vienen a estudiar, vienen a observar y francamente tendríamos que reconocerlo si no estamos en una Comisión Permanente de Babel; hay algunos que se han entrometido en asuntos que no les permite la Constitución; pero no son todos, a los que lo sean, ¿cuáles?, yo no sé cuáles en este momento, nadie los podría saber. ¿Cuáles? Pues los que resulten de una manera evidente, objetiva a la vista de quien le corresponde ejecutar de manera directa las leyes migratorias, particular y concretamente el Instituto Nacional de Migración.

Hay simplemente algo que lleva la intención de pedir a las partes involucradas en esta pausa de diálogo y negociación, que aporte cada quien lo suyo para reanudar ese proceso de diálogo. Una evidentemente ha hecho su petición y la otra no. ¿Qué tiene de escondido?, ¿qué tiene de indebido?, ¿qué tiene de inconveniente pedirle a la otra parte que también de manera expresa pida y proponga, acepte la petición y la propuesta de sentarse otra vez a dialogar?

No le podríamos de manera directa pedir a una de las partes que haga exactamente lo que la otra quiere, no estamos intentando eso. No le estamos pidiendo al EZLN que acepte cuatro observaciones del Gobierno Federal, sino que se siente a discutirlas; es algo muy lógico y racional.

Tampoco le podemos pedir al Gobierno Federal que acepte retirar de su actual posición al Ejército, porque ésa es la condición que está poniendo el EZLN o aparentemente creemos que ésa es la condición para no reanudar el diálogo. No le podemos pedir a una parte, a una de las partes en el conflicto, que acepte de antemano lo que la otra.

Hay pues una intención muy franca; trata de ser positiva en esta exhortación. Lamentamos que la estén interpretando de otra manera. Ojalá y lo que hemos dicho mi compañero Dionisio Pérez Jácome y su servidor sirva para aclararles que no lleva otro propósito este punto de acuerdo más que aportar como parte del Congreso de la Unión, al trabajo que está haciendo y que debe hacer otra parte del Congreso de la Unión. Si el Congreso de la Unión creó a la Cocopa, constituyó a la Cocopa y le atribuyó facultades, podría quitárselas, aumentarselas, sustituir a sus integrantes, lo podría hacer de pleno derecho. Todo lo contrario, lo que quiere hacer la Comisión Permanente, lo que propone el Partido Revolucionario Institucional que haga la Comisión Permanente, es que se respalde y ratifique atribuciones, función, constitución y objetivos de la Cocopa; nada más ni nada menos.

Muchas gracias.

Señor Presidente, pido la palabra para rectificación de hechos.

Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero, hasta por cinco minutos.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que vengo a esta tribuna simplemente para precisar términos que trajo el señor senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Yo creo que sí es válido el voto negativo en lo general y la discusión en lo particular, tan es así que así se prevé también de manera reglamentaria y en el sentido general obviamente también es muy importante discutirlo porque el contexto indica en lo general posiciones que obviamente no son posibles o en el cual nosotros con todo el argumento, aun escuchado, permita realmente distinguir las cosas.

Yo creo que se ha hablado aquí de la cuestión del cumplimiento de las leyes migratorias y estaríamos de acuerdo en el sentido de que no podemos estar en contra de la aplicación de la ley. El problema, y lo decían muy bien los compañeros, tanto Santiago Creel como Pablo Gómez, el problema es el sentido que tiene ese punto y es, si prejuzgar y yo diría si prejuzgar en una actividad en donde por un lado legalmente se autoriza la entrada pero de antemano se establece una condición que prejuzga, la aplicación de la ley no tiene más sentido que eso, inclusive acabamos de conocer hace dos días la intromisión de barcos de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos, en donde hacían funciones inclusive de vigilancia y desgraciadamente ahí no se aplica ni hay un concepto más allá de aplicar las leyes migratorias, lo cual es obviamente contradictorio. Es increíble que ahora tengamos una discusión en el sentido particular de la aplicación de la ley y no en el sentido general de la aplicación de la ley.

Por último, yo creo que el EZLN no es la única parte en el conflicto, efectivamente son dos partes: el Gobierno y el EZLN, porque el Gobierno no da trámite, no permite dar trámites entonces a la propuesta de los acuerdos de San Andrés y se abre la discusión en la arena legislativa; es decir, ¿cuál es realmente el objetivo del señalamiento en el sentido que también es la parte del Gobierno la que tiene también la facultad para registrar un acuerdo?; yo digo que esto precisamente estaría en la arena a la hora de estarse discutiendo en la arena legislativa.

Yo creo que no es el sentido y el EZLN tampoco lo creo que es el sentido, simplemente la oposición, yo creo que lo que se tiene que hablar muy claro y lo que sí se tiene que precisar y yo creo que en ese sentido la respuesta que se ha tenido por parte del Gobierno a esta propuesta, pues ha sido precisamente el imposibilitar o detener u obstaculizar la discusión legislativa que en un momento dado se pueda prestar.

Yo creo que es muy importante por eso y en el uso de la palabra digo que para precisar estos asuntos si nosotros tenemos la discusión y muy clara del sentido en lo general y obviamente en lo particular, hay condiciones que obviamente son aceptables, la aplicación de la ley es una de ellas; el problema es que yo creo que en lo general también el sentido que se plantea en la propuesta va en contra de un sentido de búsqueda de paz.

Muchas gracias.

Para rectificar hechos y hasta por cinco minutos, tiene la palabra el senador Mario Saucedo.

Sobre el punto dos, con las tres subdivisiones se ha fijado el partido la posición respecto a por qué se llegó inclusive a votar en contra de la propuesta en general.

Es preocupante en la cuestión del tema de los extranjeros, el cambio de política del Gobierno. La vez pasada comentábamos la preocupación de qué se está escondiendo detrás de esta campaña xenofóbica que ha tenido ya algunas víctimas, como señalaba aquí el diputado Santiago Creel, en el caso de Tomás Hansen, quien era director de la organización no gubernamental "pastores por la paz", detenido el miércoles 18 de febrero por autoridades del Instituto Nacional de Migración y acusado de haber realizado actividades como observador internacional en los diálogos de paz entre el Gobierno Federal y el EZLN, llevados a cabo en el año de 1996.

Y se le acusa de haber violado los artículos 120, 121 y 125 de la Ley General de Población; viene la referencia de cada uno de los artículos, dice el 120: "extranjero que realice actividades para las cuales no está autorizado, cuando fue autorizado para ser observador".

Dice el 121: "realización de actividades ilícitas o deshonestas", no queda claro cuál fue la deshonestidad o la actividad ilícita que realizó este pastor.

Y luego señala, en el 125, que va a cancelar la calidad migratoria y será expulsado del país.

El señor Hansen estaba en las comunidades chiapanecas en un proyecto auspiciado por la Fundación Rockefeller y el Centro Nacional de las Artes, que consiste en entregar viodeocámaras a las comunidades indígenas para que pudieran a través de este medio, dar a conocer cuál es la situación económica, política y social por la que están atravesando; seguramente ésta es una acción bastante subversiva y que está implicada o que es parte del conflicto.

Por los medios periodísticos nos hemos enterado que no se le permitió al señor Hansen la comunicación con sus autoridades consulares, además se le insultó y maltrató durante la detención, se le amenazó, se le mantuvo en la incertidumbre jurídica y se le recluyó en una cárcel insalubre. En general se señala que se violaron las garantías individuales que la propia Constitución en el artículo 33 concede a los extranjeros.

A esto se añade, a la gravedad de este hecho del señor Thomas Hansen, la deportación, la podríamos llamar como ilegal, toda vez que el juez segundo de distrito, Alejandro Navarro Farrera, había elaborado a las 22:00 horas del miércoles pasado, el amparo 142 a favor del norteamericano contra la eventual expulsión del país; es decir, inclusive en violación ya a una garantía que se contempla.

Entonces la preocupación en este punto es ¿qué hay detrás de esta campaña que se ha desatado en Chiapas y por la cual obviamente el PRD no está de acuerdo?

En relación al punto que tiene qué ver con dar a conocer los documentos, creo que es muy importante; yo comentaba en mi intervención que en Proceso, una revista de circulación nacional, salió la información de los dos puntos de vista: del Gobierno las observaciones que manda y las observaciones de la Cocopa.

Un compañero nuestro del PRD, de la Cocopa, me acaba de informar que ese documento no es el que se le envió al EZLN, es un documento distinto; el documento que se le envió al EZLN y que tuvieron la oportunidad de conocer los integrantes de la Cocopa, es un documento sobre todo de carácter general sobre las observaciones que tienen los documentos de la propuesta de iniciativa de Ley de la Cocopa y que lo que sale obviamente en Proceso son puntuaciones muy específicas, muy concretas, que no van en el documento.

No sabemos si esto que está presentando esta revista lo mandó Gobernación, ahí dice que "el Gobierno opina", no hay una claridad de quién es el que está emitiendo este documento, aunque evidentemente Proceso se ha distinguido en publicar con base en la fidelidad de quien está emitiendo.

La preocupación entonces y en ese sentido, estaríamos de acuerdo en que se conozca exactamente cuál fue el documento que se envió al EZLN, es nuevamente este doble juego que el Gobierno está haciendo, este doble lenguaje, por un lado dice una cosa y por otra está contradiciendo lo que está diciendo.

Nos parece muy sospechoso este documento que busca plantear a la opinión pública que existe ya una propuesta muy concreta, cuando en realidad las observaciones, según me comentaba nuestro compañero en la Cocopa, son de carácter genérico.

Y una última cosa, nos preocupa que en la propuesta que se está señalando, de acciones que permitan distender la situación allá, el senador Robledo esté planteando que no se puede pedir una acción unilateral si no se está pidiendo a la otra.

La propuesta de la distensión en torno a la cuestión militar, la hizo la Cocopa y la Conai.

Hay un pronunciamiento conjunto, del 23 de enero, en donde se plantea 10 puntos, entre ellos el de la situación militar, señalando que era urgente, urgente reducir la presencia y movilización militar en la zona de Los Altos, norte, cañadas y selva, de manera que se genere un clima de distensión que propicie las condiciones para la reanudación del diálogo.

La ubicación de las tropas del Ejército mexicano dentro de las comunidades indígenas, así como el establecimiento de retenes militares o de cualquier otro grupo, no contribuye a generar estas condiciones.

Si nosotros vemos en el punto tercero de la propuesta que estamos discutiendo, aprobar el que se respalde la actividad de la Cocopa en relación al conflicto de Chiapas, sería importante tener presente estos puntos y no es una acción unilateral. Ya he dicho en mi anterior intervención que la cuestión militar de la intromisión del Ejército en zona del conflicto fue una política que acompañó a los sucesos de Acteal.

Por eso sería importante que en este punto pudiéramos plantear claramente el respaldo a lo que la Cocopa está planteando, que es esto del retiro de la posición sobre la situación militar.

Gracias.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta número dos de este dictamen.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido este pronunciamiento.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Está suficientemente discutido, señor Presidente.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en la propuesta número dos, solicitándole a los señores legisladores que al emitir su voto diferencien su sentido en relación con el apartado uno, del apartado dos y el apartado tres de la propia propuesta número dos.

Se va a proceder a recoger la votación nominal del segundo pronunciamiento, solicitando a los legisladores hagan saber el sentido de su voto para cada uno de los apartados del pronunciamiento, para tomar en un solo acto la votación de este segundo pronunciamiento.

(Votación.)

Se emitieron en favor del apartado primero, 24 en pro y 10 en contra, del apartado segundo, 20 en pro y 14 en contra y del tercer apartado, 31 en pro y tres en contra.

Aprobados los apartados: el uno por 24 votos, el dos por 20 votos y el tres por 31 votos. Se considera aprobada la proposición número dos.

Está a discusión la proposición número tres del dictamen que se discute. Tiene la palabra el diputado Martín del Campo... Declina a favor de la propuesta.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gil Castañeda... Declina.

Proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en votación económica si se aprueba la tercera proposición del dictamen.

En votación económica, se pregunta si está suficientemente discutida...

Está suficientemente discutido, señor Presidente.

Y ahora procedo a recoger la votación nominal en referencia al tercer pronunciamiento.

(Votación.)

Se emitieron 34 votos en pro y ninguno en contra, por lo que se refiere al tercer pronunciamento.

Aprobada la propuesta tercera del dictamen a discusión.

Proceda la Secretaría a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día.

GRADOS MILITARES

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel intendente Diplomado de Estado Mayor Luis Smith Jiménez, como general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1963 y fue ascendido a subteniente de administración, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de enero de 1967;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses, siete días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Smith Jiménez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.» 

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann Iturburu, como coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970 y fue ascendido a subteniente de artillería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 27 años, tres meses, dos días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D,F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Víctor Manuel González Pérez, como coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1971 y fue ascendido como subteniente de zapadores, por acuerdo del Secretario de ramo, el 1o. de septiembre de 1975;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 26 años, tres meses, un día y

d) Se le confirieron en su oportunidad las condecoraciones de perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Víctor Manuel González Pérez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel ingeniero constructor René Camarena Carrillo, como general brigadier ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 29 de enero de 1966, fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1969;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 10 meses, tres días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier ingeniero constructor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano René Camarena Carrillo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor Arnulfo Caballero Sánchez, como coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1973 y fue ascendido a subteniente de caballería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1977;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 24 años, tres meses y tres días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de Quinta, Cuarta y Tercera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel del arma blindada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Arnulfo Caballero Sánchez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 6 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, Ernesto Rivera Rojas, como general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, en la Escuela Militar de Aviación, el 3 de septiembre de 1965 y fue ascendido a subteniente de Fuerza Aérea piloto aviador, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de julio de 1968;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, tres meses y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y Mérito Facultativo.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ernesto Rivera Rojas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres y Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel ingeniero constructor, Alejandro Rafael Flores Brito, como general brigadier ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1963 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de enero de 1966.

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 34 años, 10 meses y nueve días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases y Mérito Docente.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier ingeniero constructor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier ingeniero constructor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Alejandro Rafael Flores Brito.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres y Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Esta a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, David Córdova Campos, como coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete en el Heroico Colegio Militar, el 9 de noviembre de 1972 y fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1976;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 25 años y 27 días y

d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano David Córdova Campos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México D.F., a 12 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres y Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la suscrita comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel de infantería Fausto Solís Acosta, como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 18 de septiembre de 1968, fue ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1972;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 29 años, dos meses, 16 días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Quinta, Cuarta, Tercera y Segunda clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Fausto Solís Acosta.

Sala de comunicaciones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres y Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de Fuerza Aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Sergio Alejandro Escobar Juan, como general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como alumno, en la Escuela Militar de Aviación, del Colegio del Aire, el 8 de septiembre de 1965, fue ascendido como subteniente de Fuerza Aérea piloto aviador, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de julio de 1968;

b) A los siguiente grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, dos meses, 25 días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Alejandro Escobar Juan.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres y Mario Saucedo Pérez; secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, Augusto Moisés García Ochoa, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de noviembre de 1967, fue ascendido a subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1971;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con la leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 30 años, 15 días y

d) Se le confirieron en su oportunidad, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Augusto Moisés García Ochoa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del teniente coronel de infantería Eulalio Rodríguez Ruiz, como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como soldado de artillería en el tercer batallón del arma, el 25 de junio de 1965, fue ascendido como cabo de artillería el 16 de julio de 1967; causa alta como cadete en el Heroico Colegio Militar el 1o. de septiembre de 1970 y es ascendido como subteniente de infantería, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 32 años, cinco meses y ocho días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Eulalio Rodríguez Ruiz.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional.- Poder Legislativo Federal.- Comisión Permanente.

Segunda Comisión.

Honorable Asamblea: a la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la República, en favor del coronel de fuerza aérea piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo José Antonio Díaz Izabal, como general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos como cadete, en la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, el 1o. de agosto de 1964 y fue ascendido como subteniente de Fuerza Aérea piloto aviador, por acuerdo del Secretario del ramo, el 1o. de julio de 1967;

b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, cuatro meses y tres días y

d) Se le confirieron en su oportunidad por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se ratifica el grado de general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano José Antonio Díaz Izabal.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de febrero de 1998.- Senadores: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez y diputado Armando Neyra Chávez, secretarios; senadores: José Antonio Valdivia, Manuel Cadena Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Los legisladores que esten por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.

Esta Presidencia acaba de recibir dos oficios y se solicita a la Secretaría dar cuenta con ellos.

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Con fundamento en el artículo 27 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., 12, 27 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos proponer los nombramientos de magistrados del propio tribunal.

Agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la aprobación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la ratificación y designaciones que se mencionan en el documento que se acompaña.

Lo que hago de su conocimiento para los fines legales procedentes, acompañando con el presente los datos curriculares de los interesados.

Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 25 de febrero de 1998.- Por acuerdo del secretario.- El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.»

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Para atender el incremento en el número de asuntos que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica de dicho tribunal, la sala superior acordó la creación de seis nuevas salas regionales, por lo que corresponde la designación de los señores magistrados que las integrarán.

Por otra parte, el 8 de enero próximo pasado concluyó el periodo del señor magistrado Francisco Valdez Lizárraga, en la sala superior de dicho tribunal.

Como es de su conocimiento, el artículo 3o. de la citada Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, señala que corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Senado o de esa Comisión Permanente, nombrar a los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación.

En esa virtud, y con fundamento en los artículos 3o., 12, 27 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, he decidido realizar la ratificación y designaciones que a continuación se indican, de merecer la conformidad de esa Comisión Permanente.

a) Como magistrado de la sala superior, sería ratificado a partir del 8 de enero de 1998 el ciudadano Francisco Valdez Lizárraga.

b) Como magistrados de sala regional, serían designados los ciudadanos: Rubén Angeles Enríquez, Roberto Bravo Pérez, José Félix Delgadillo Vázquez, Mario de la Huerta Portillo, Martín Doniz Vázquez, Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, Irma Flores Martínez, María de Jesús Herrera Martínez, Manuel Lucero Espinoza, Gilberto Luna Hernández, Concepción Martínez Godínez, Francisco Javier Melo y Melo, Carlos Miguel Moreno Encinas, Francisco Manuel Orozco González, María Eugenia Rodríguez Pavón, Jorge Luis Rosas Sierra, Ana Bertha Thierry Aguilera y Miguel Toledo Jimeno.

Considero que las personas mencionadas, además de reunir los requisitos señalados en el artículo 4o. de la referida ley, son idóneos para cumplir con el cargo que, de aprobarlos esa comisión, les sería conferido.

Adjunto a la presente las currícula y documentación que acredita que las personas señaladas satisfacen los requisitos de la ley.

Reitero a ustedes, secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México D.F., a 25 de febrero de 1998.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

Recibo y túrnese a la Tercera Comisión.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

El titular del Ejecutivo Federal me ha invitado para desempeñar el cargo de director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 62 y 79 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente me permito solicitar a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por su apreciable conducto, me conceda la licencia correspondiente que me permita desempeñar dicho cargo.

Mucho agradeceré a usted se sirva dar el trámite correspondiente a la presente solicitud.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, D.F., a 25 de febrero de 1998.- Senador Gustavo Carvajal Moreno.»

De conformidad con lo que establece el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría poner a disposición de la Asamblea el punto de acuerdo.

Está a discusión el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se concede licencia al senador Gustavo Carvajal Moreno, para separarse de sus funciones como senador de la República por el Estado de Veracruz, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.

Comuníquese a la Cámara de Senadores.

FERROCARRILES NACIONALES

Para referirse a la situación de los trabajadores ferrocarrileros en el Estado de Sonora, tiene la palabra la diputada Martha Dalia Gastelum Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos.

Muchas gracias, señor Presidente:

En múltiples ocasiones el PRD ha manifestado sus críticas en contra de la legalidad de los procesos de privatización, el despilfarro de los bienes nacionales y los pobres resultados económicos de la mayoría de estos procesos.

El caso de la banca es el mejor ejemplo de ello, nuestra crítica es aún más firme en contra de las concepciones que parten de asumir que el principal pasivo de las empresas públicas, está constituido por sus trabajadores y por sus derechos laborales.

No es raro que en el actual proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales, realizado bajo esta óptica, se haya mutilado el contrato colectivo de trabajo, reducido dramáticamente la plantilla laboral y asumido el Gobierno Federal todos los pasivos financieros de las líneas hasta ahora vendidas.

En el caso particular el ferrocarril de la línea del norte, se está aplicando al pie de la letra la misma receta. Como todos sabemos, desde marzo de 1995 se dio inicio al proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales, mediante la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política, con el propósito de que la actividad ferroviaria dejara de ser exclusiva del Estado y permitiera la participación de los particulares en la prestación de los servicios ferroviarios, a fin de crear las condiciones para que este servicio fuera más competitivo.

Como consecuencia de la reforma en mayo de ese mismo año, se expidió la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para otorgar concesiones a personas morales mexicanas, para prestar el servicio público de transporte ferroviario.

Posteriormente se fueron dando los siguientes pasos de este proceso, mediante el cual se daba la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México.

El 4 de julio de 1997 se comunicó al grupo Ferroviario Mexicano, S.A. de C.V., el fallo como ganador de la licitación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Ferrocarril Pacífico-Norte, S.A. de C.V. y de la línea corta Ojinaga-Topolobampo.

Con esto pues, esta empresa se hacía cargo de otorgar el servicio ferroviario en 17 estados de la República del norte del país y del Pacífico. El lunes 16 de febrero de este año, 12 mil trabajadores del Ferrocarril Pacífico-Norte se presentaron a cobrar y se encontraron sin pago. Al acudir a reclamar les informaron que sus salarios habían sido incluidos en los cheques con el importe de las liquidaciones, de tal modo que si querían su pago quincenal debían firmar previamente los convenios de terminación "voluntaria" de su relación individual de trabajo con Ferrocarriles Nacionales de México, de lo contrario no habría pago.

Tan arbitrario proceder motivó que los trabajadores ferrocarrileros del Estado de Sonora iniciaran el paro indefinido como medida de resistencia. Este movimiento de resistencia de los ferrocarrileros de Sonora se inició la semana pasada mediante el paro indefinido, el bloqueo de carreteras, el bloqueo de algunos ramales que no permitían el paso de trenes de la "Ford" de Hermosillo, se dio una gran movilización en todo el Estado de Sonora, una gran solidaridad de todos los trabajadores a este movimiento, que fundamentalmente ha estado planteando que el haber dado por terminada la relación laboral y el contrato colectivo de trabajo, fue un acto arbitrario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, violando flagrantemente la Ley Federal del Trabajo y sobre todo y lo más importante, fue el artículo quinto transitorio de la ley reglamentaria que algunos senadores y senadoras aún presentes en esta legislatura, aprobaron en 1995 y que a la letra dice:

"Artículo quinto transitorio. Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo."

Este artículo de esta ley, fue flagrantemente violado al permitirse que la junta de conciliación y arbitraje, violara y diera por terminado el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Ferroviario, Sección octava y cuadragésima de Sonora, con la empresa que se había hecho cargo de ese servicio.

En el artículo 434 de la fracción I de la ley, dice:

"Son causas de terminación de las relaciones de trabajo, fracción I: la fuerza mayor, el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos."

No obstante lo improcedente de tal demanda, es evidente que la concesión de los ferrocarriles no provoca la terminación de los trabajos, pues la materia de trabajo subsiste y únicamente se está dando una sustitución patronal.

La junta de conciliación dio el fallo a favor, este 19 de enero, del patrón y declaró terminado el contrato colectivo.

Nosotros consideramos, por lo tanto, en el PRD, que siendo nuestro partido un partido que en sus principios establece el apoyo irrestricto a los trabajadores en el marco de nuestras leyes, consideramos indispensable hacer llegar hasta esta alta tribuna de la nación, este asunto y plantear que tomemos cartas en este asunto, para lo cual vamos a hacer una propuesta de punto de acuerdo que ya ha sido inclusive consensada con los otros partidos y estamos de acuerdo en suscribirla.

Antes quiero decirles que el día de ayer el paro de labores que se tenía en todo Sonora, fue suspendido; se llegó a un acuerdo de 11 puntos, que los trabajadores ferrocarrileros de Sonora firmaron con la empresa, firmaron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el gobierno del Estado, para dar por concluido su movimiento, en el cual se logra que se les paguen esas quincenas que se les habían retenido, en el cual se acuerda también que la Sección octava del sindicato, va a continuar su trabajo de relación con la empresa y que las nuevas contrataciones se van a hacer en base a una bolsa de trabajo que va a presentar la Sección octava.

Esta resistencia de los trabajadores de Sonora, ferrocarrileros a un proceso de privatización que viola los derechos de los trabajadores, que viola la Ley Federal del Trabajo, que pone por encima de los intereses de los trabajadores la famosa política neoliberal que se basa fundamentalmente en la privatización de los servicios públicos y los bienes de nuestra nación, consideramos que han dado un paso muy importante en obtener estos acuerdos.

Sin embargo, nosotros quisiéramos que quedara claro que en esta propuesta que estamos haciendo, de que el asunto se turne a la Comisión de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes, para que se revise puntualmente el expediente mediante el cual fue suspendida la relación y dada por concluida la relación laboral y el contrato colectivo, no solamente se dedique a eso, que es el acuerdo fundamental de este punto, sino que, además, tenga a bien vigilar que esos acuerdos que acaban de firmar a noche, amedia noche los trabajadores sonorenses ferrocarrileros, sean cumplidos.

Por lo tanto procedo a dar lectura a un punto de acuerdo que estamos proponiendo y que ha sido consensado con el resto de las fracciones parlamentarias y que a la letra dice:

"Que el presente asunto se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se revise y dictamine la terminación del contrato colectivo de trabajo de las secciones octava y cuadragésima del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y se informe del estado que guarda el proceso de privatización de la línea Pacífico-Norte y Ojinaga-Topolobambo, citándose para tal efecto a los titulares de la secretarías correspondientes, licenciado Javier Bonilla García e ingeniero Carlos Ruiz Sacristán, respectivamente.

Este es el punto de acuerdo que hemos consensado y que estamos proponiendo que se someta a consideración. De antemano decimos que nos sumamos a la otra parte del punto de acuerdo que va a leer la compañera del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Sergio César Jáuregui Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Ya escucharon ustedes de parte de la diputada Gastelum, que en 1995, precisamente en el mes de julio, se aprobó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y esa ley reglamentaria se aprobó en medio de grandes discusiones que, como bien señaló ella, tenían qué ver principalmente con el tema de las privatizaciones.

Se recordó con amplitud como se había dado el tema de las concesiones en el ámbito carretero, en el caso del servicio de la banca, en el caso de la telefonía y en todas ellas hubo discusiones muy interesantes respecto a la forma en que deberían de darse las privatizaciones atendiendo el esquema ferrocarrilero, que indudablemente necesitaba de un esquema de beneficio y de mejores condiciones para su desarrollo.

En Acción Nacional, en aquella ocasión, a través de su bancada en la LVI Legislatura, aprobó estas condiciones en que se dio la ley reglamentaria, siempre y cuando se tomaran en cuenta las propuestas que en su oportunidad se hicieron y que fueron muy atendibles y que hoy tienen qué ver con los problemas que estamos viviendo en materia de derechos laborales en el norte del país.

En aquella ocasión se propuso, y se logró, que se disminuyera el término de las concesiones de 50 a 70 años. También se propuso y se logró, que la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, fuera el conducto a través del cual se llevara a cabo la auditoría permanente de los términos en que se había llevado la concesión. Pero, principalmente se logró el establecimiento de un artículo quinto transitorio donde se contempla, sin lugar a dudas, una norma de carácter estrictamente social, pues ahí se dice que en el proceso de privatización se debe de velar con especial atención los derechos laborales para que no vayan a sufrir ninguna merma los trabajadores dependientes del sistema ferroviario, atendiendo el espíritu del artículo 123 constitucional. Me parece que ésta fue la parte medular, que hoy debemos de atender, quienes analizamos el conflicto ferrocarrilero que ya expuso la diputada Gastelum.

Dentro de los términos que nosotros entendimos, la aprobación de esta ley, desde luego que veíamos el objetivo claro de contar con un sistema de transporte moderno, eficiente, no contaminante, seguro, que fuera detonante del desarrollo regional y que desde luego fuera un eslabón más de la cadena del transporte multimodal que se vive hoy en México, pero que indudablemente no ha estado a la altura de lo que hoy vive el país en materia de transformaciones.

Creemos que estos objetivos de corte material no pueden supeditar el desarrollo humano y la garantía que los trabajadores deben de tener para desarrollar su trabajo de una manera acorde a sus necesidades y al logro de sus pretensiones en materias laborales.

Es por eso que estamos apoyando este punto de acuerdo que la diputada Gastelum propone y que posteriormente abundará más al respecto la compañera Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional; porque creemos que viene a ser un punto de acuerdo muy importante para atender los conflictos que se viven no solamente en el Estado de Sonora, sino en otras regiones del país, como es el de Durango o de Chihuahua.

Por señalar el caso de Sonora, sabemos que ya hubo acuerdo el día de ayer. Pero en el caso de Chihuahua subsisten aún contradicciones muy importantes que deben de ser atendidas y me refiero a la actitud que ha venido asumiendo la empresa concesionaria Grupo Ferroviario Mexicano, mejor conocido como Ferromex.

En Chihuahua se tiene conocimiento de que hay dos puntos que no han sido atendidos a cabalidad para lograr la sustitución patronal a que refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Concretamente es el problema de la recontratación, que no está siendo atendido, toda vez que se están otorgando liquidaciones, condicionándolas a la suscripción de un contrato de prueba a 28 días y en el caso de personas que tienen uno, cinco o 10 años trabajando en el sistema ferrocarrilero, resulta inadmisible que, además de lo ilegal que resultan los contratos de prueba, toda vez que se quiera condicionar a la demostración de facultades y capacidades para recontratar a personas que ya vienen laborando en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Esto es un punto que atenta desde luego contra la estabilidad en el empleo, debe de ser combatido y qué bueno que hoy, a través de un punto de acuerdo y mediante el trabajo de las comisiones correspondientes, se llegue a profundizar sobre el tema, para corregir esta irregularidad que atenta contra la máxima que da pertenencia a la relación laboral y al trabajador a su empleo.

Otro de los puntos concretos que son motivo de conflicto es el relativo a las jubilaciones. Como ya se comentó existe el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número cuatro, con sede aquí en la Ciudad de México, donde se contempla la forma en que se van a dar las liquidaciones y también la forma en que se establecen las jubilaciones, reduciéndose la antigüedad de 30 a 25 años en el caso de los varones y a 20 años en el caso de las mujeres. Sin embargo, esta jubilación anticipada está siendo condicionada a la aplicación de un tope que de manera aislada permanecía contemplado en el antiguo contrato colectivo firmado por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y este tope reduce hasta en una tercera parte y en algunos casos mucho mayor, el ingreso que los trabajadores ferrocarrileros vienen devengando, vienen ingresando en sus carteras y porque viene a darles la posibilidad de subsistir en el futuro cuando las fuerzas han menguado. Esta pensión dinámica o jubilación, como se le quiera llamar, hoy no está siendo considerada y está siendo reducida en demérito de los derechos laborales.

Por eso, nosotros creemos que es conveniente que este órgano, esta Comisión Permanente se pronuncie en los términos que han quedado aquí asentados por la diputada Gastelum y, desde luego, suscribimos y apoyamos el punto de acuerdo en beneficio de la clase trabajadora.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra la diputada Lourdes Angelina Muñoz Fernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Efectivamente, como ya lo mencionaron mi compañera diputada y coterránea Martha Dalia Gastelum y el diputado César Jáuregui, uno de los aspectos que mereció la atención de los legisladores a las reformas que se hicieron a los artículos 24 y 28, sobre los cuales se establece la operación de este servicio público ferroviario, fue el imperativo exactamente que se respetaran los derechos de los trabajadores y, en congruencia, la legislatura también promovió, en base a esa legislación laboral y en su caso, que los concesionarios también respetasen los derechos de los trabajadores en cumplimiento a los mismos.

Y en ese sentido todas las fuerzas políticas que conformaron esa legislatura, que fue la LVI Legislatura, se manifestaron a favor de que era un asunto de la mayor relevancia el que los derechos laborales de los trabajadores fueron respetados en todo este proceso de las concesiones.

En cuanto al asunto específico de los ferrocarrileros del Estado de Sonora, al que puntualmente mi compañera Martha Dalia hizo mención, efectivamente, el movimiento de los trabajadores obviamente se produce a raíz de una inconformidad por la falta de información, en primer término, sobre las condiciones en que iban a ser liquidados y, en segundo lugar, por el incumplimiento que se tradujo en un incumplimiento, por así decirlo, a la hora de que las quincenas, dos quincenas atrasadas, fueron integradas al propio cheque de la liquidación para todos aquellos trabajadores, obviamente ellos se manifestaron con diversas formas, sobre todo con el bloqueo de Villar pues arriesgándose propiamente también hasta caer en un delito federal y que afortunadamente ya el paro ha sido prácticamente, ha quedado ya solucionado este asunto.

Sí quiero señalar que obviamente esto se tradujo particularmente para las empresas que reciben sus insumos por la vía de Ferrocarril, se tradujo en estos últimos días en un impacto muy fuerte en sus actividades, la producción se vio mermada y los trabajadores que laboran en estas empresas, sobre todo en la planta Ford y las empresas conexas pues vieron de alguna manera también afectadas las economías de las familias de los empleados de estas empresas.

Quiero recordarles a ustedes que cuando inició el movimiento de los trabajadores ferrocarrileros ellos solicitaron al propio Congreso del Estado de Sonora su intervención a lo que las fracciones parlamentarias que integran en una forma además plural ahora en la conformación del Congreso del Estado de Sonora tiene este tipo de conformación, accedieron en una forma solidaria a las demandas de los trabajadores y en un punto de acuerdo del que hicieron conocimiento a este honorable Congreso de la Unión con fecha 13 de noviembre en el que prácticamente se hace referencia en este punto de acuerdo a que este órgano legislativo actúe en consecuencia como órgano facultado constitucionalmente para legislar y preservar las normas de trabajo y previsión social en el país.

En consecuencia a ello yo hago un llamado y un exhorto a todos los integrantes de esta Comisión Permanente a sumarnos a este punto de acuerdo aun cuando, como ya se señaló, la solución ha tenido un primer paso, aún quedan en el camino cosas por solucionar pero ya hay la intención del diálogo de todas las partes que era fundamental llevar a la mesa de la discusión y que hasta primeras horas de este día se pudo realizar con la consecuente aprobación por parte de los trabajadores, a recibir su liquidación en términos sumamente favorables además para ellos ya que estas liquidaciones comprenden cuatro meses de salario, 30 días de salarios por año más 12 días de salario por año laborado.

En el caso de las jubilaciones, como lo mencionó el diputado Jáuregui, se redujo los años de servicio para poder tener el derecho de la misma; sin embargo, no se limita al trabajador a que sea recontratado por la nueva empresa en términos de un mayor ingreso, ya que las recontrataciones están dándose en un incremento salarial en primera instancia y además el otorgamiento de bonos por productividad que pueden incrementar el salario del trabajador de más de un 40% en sus ingresos y en el caso de las jubilaciones se está estudiando una mayor indemnización para otorgar y además de pagar la diferencia a todos aquellos jubilados que ya se les otorgaron con anterioridad.

Es parte de los 11 puntos que llegaron a los acuerdos a principios de este día e implica también que las recontrataciones a través de la Bolsa de Trabajo que propone la Sección Octava del sindicato, se generarán empleos alternativos con la contratación, a través de la generación de los empleos que van a darse a través de la subrogación de los servicios de mantenimiento que no están en este caso siendo parte de la privatización.

Creo que hoy tenemos, a través del consenso, la oportunidad de construir un nuevo escenario para... de apoyo para los trabajadores ferrocarrileros, yo creo que todos coincidimos en la necesidad de que ellos tengan una justa solución a sus demandas, pero sobre todo que también exista la posibilidad de la oportunidad de generar mejores condiciones laborales, pero también mejores condiciones económicas para ellos y sus familias.

Y algo muy importante, que los trabajadores representen realmente para la empresa un activo humano mucho muy importante y que no se traduzcan en un obstáculo para el proceso de modernización de los ferrocarriles que tanto el país necesita para que su economía se vea fortalecida en los términos de una competencia por atraer inversiones y mejorar el propio comercio.

Hoy nos parece que a través de este punto de acuerdo, efectivamente podemos lograr que los sucesos que en Sonora se presentaron en este proceso de privatización y que sin duda existe la posibilidad de que se presenten en otros procesos, sean el ejemplo para que el diálogo prevalezca ante todo en éstos y que los derechos de los trabajadores sean en todo momento respetados.

Por ello, para complementar el punto, la propuesta y el punto de acuerdo, sumamos en primer término un pronunciamiento de los grupos parlamentarios en cuanto a que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se pronuncia solidariamente por el respeto, observancia y vigencia del estado de derecho en materia laboral para los empleados de Ferrocarriles Nacionales de México, a efecto de garantizar durante el proceso de concesión de este servicio público, el pleno respeto de los derechos de los trabajadores activos y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, junto con el punto que presentó la compañera Martha Dalia, para que se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se revise y dictamine la terminación del contrato colectivo de trabajo de las secciones octava y cuadragésima del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y se informe del estado que guarda el proceso de privatización de la línea Pacífico Norte y Ojinaga-Topolobampo, citándose para tal efecto a los titulares de la Secretaría de Estado correspondiente.

Lo signamos, por parte de los tres partidos, los diputados César Jáuregui Robles, por el Partido Acción Nacional; Martha Dalia Gastelum Valenzuela, por el Partido de la Revolución Democrática y su servidora, Angelina Muñoz, por el Partido Revolucionario Institucional.

Es cuanto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

En votación económica, se pregunta a esta Asamblea, si se admite a discusión la proposición.

Los que estén porque se admita, sírvanse manifestarlo...

Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Se admite, señor Presidente.

Túrnese a la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente, así como a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE GUERRERO

Para referirse a la situación de violencia en el Estado de Guerrero, tiene la palabra hasta por 15 minutos, el diputado Jesús Martín del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Hemos pedido intervenir sobre este punto los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, porque de acuerdo a las informaciones que recibimos de militantes de nuestro partido en la entidad, muchas de las cuales han sido difundidas a través de diversos medios de comunicación, se está repitiendo una política que creíamos había sido abandonada de la época del anterior gobernador del Estado de Guerrero, Rubén Figueroa.

En aquel periodo documentamos, los miembros del Partido de la Revolución Democrática, que hubo 65 asesinatos cometidos en contra de militantes o simpatizantes de nuestro partido, en todo el territorio del Estado de Guerrero, que teníamos en proceso de documentación también otros 13 asesinatos que podrían tener implicación política y 34 detenciones arbitrarias. Hubo también más de 30 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debían ser atendidas por el gobierno del Estado de Guerrero y más recientemente han habido otras para el actual gobernador, Angel Aguirre Rivero.

Nos preocupa que siendo uno de los estados que se encuentra entre los más pobres de la República Mexicana, han sido también víctimas estados como el de Guerrero de conductas políticas inadecuadas, en parte por quienes presiden el Ejecutivo, en parte también por caciques locales que han sido recurrentes en sus conductas de persecución de quienes tienen planteamientos políticos o pertenencias políticas distintas, en este caso al Partido Revolucionario Institucional.

Hemos recibido la información preocupante de que ya en el periodo de gobierno del actual gobernador Angel Aguirre, en la montaña hay retenes militares y que en particular han operado de manera intimidatoria en contra de miembros del Partido de la Revolución Democrática.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, denunció el pasado 24 de febrero que elementos militares del 93 batallón de infantería, que tienen su plaza en Tlapa de Comonfort, han instalado retenes militares e intensificado el patrullaje en la zona, en busca de 100 indígenas, habitantes del municipio de Metlatonoc, anotados en una lista y a quienes se les hace el cargo de pertenecer al Partido de la Revolución Democrática.

Esta denuncia de la Unión de Comunidades Indígenas de la Montaña, habla de que debido a esta persecución en la que participan 400 efectivos del Ejército mexicano, los indígenas se niegan a salir a trabajar en su siembra, las mujeres no realizan sus labores de acarreo de agua y los niños han dejado de asistir a la escuela.

En las comunidades de Chilistlahuaca, Ojo de Pescado, Llano de las Flores, San Marcos, colonia Vicente Guerrero y Colombia de Guadalupes, que son comunidades mixtecas, están siendo afectadas por esta persecución que no tiene una explicación o un fundamento claro que permita, insisto, que permita saber por qué se trata así a los habitantes de estas comunidades.

También han aparecido, ha sido difundido, grupos paramilitares que puede llegar a tener consecuencias negativas el no detenerlos, como las que hemos vivido en Chiapas y también en el Estado de Oaxaca y estos grupos paramilitares también están operando impunemente en Guerrero, generando desplazamientos de la población civil que huye de la violencia, en particular en lugares como el Cucuyachi y El Quemado, que son poblados de la sierra de Atoyac y han obligado a diversos habitantes de esa zona a refugiarse en la cabecera municipal. Recientemente decidieron retornar a sus poblados, debido a que en la cabecera municipal tampoco recibieron apoyo y protección de las autoridades.

Cornelio Barrientos Cortés, quien es comisario del Cucuyachi, ha denunciado que su pueblo está controlado por algunos caciques intolerantes que dicen pertenecer al Partido Revolucionario Institucional y que están armados y se hacen acompañar por policías judiciales e intimidan y amenazan a la población.

También fue del dominio público que hubo represión contra un grupo de estudiantes que el pasado 11 de febrero hicieron una manifestación en Chilpancingo y que reclamaban la libertad del dirigente estudiantil Macario Cruz Ventura, de Ayotzinapa. En esa represión hubo 20 heridos y se detuvo a 26 estudiantes. Afortunadamente dos días después se ordenó la liberación de 10 de los detenidos, pero el gobierno inició, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, la averiguación previa BRASC 00498, contra 16 estudiantes y manifestó y esto es altamente preocupante, la intención oficial de clausurar la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con un argumento que nos hace recordar también criterios políticos que en el pasado se usó en el régimen de Díaz Ordaz para cerrar la mitad de las normales rurales del país en 1969, cuando más que ahora hacían falta maestros para cubrir las necesidades de educación básica en muchas áreas del país, con el criterio de que ahí eran semilleros de agitadores comunistas.

Es el lenguaje de aquella época, inmediatamente ligada a los asuntos de 1968, todavía en 1969 y ahora vuelven a plantear miembros del gobierno del Estado de Guerrero, que es conveniente cerrar la Normal de Ayotzinapa, a la que acuden muchos jóvenes generalmente de familias de muy escasos recursos, como una opción de preparación en una carrera que tiene evidentemente y de entrada, vocación de servicio social, de una necesidad básica y prioritaria en nuestro país, como es la educación y ahora se habla de cerrarla que porque es semillero de agitadores.

E incluso, otra vez un diputado del Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Efraín Zúñiga, se suma a este coro y dice que efectivamente hay que cerrarla porque son agitadores ligados al PRD, quienes dirigen a los estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

En primer lugar no dirige ningún miembro del PRD a los estudiantes de la FECSM, es una organización estudiantil autónoma desde la creación de las normales rurales. Segundo, la propia Secretaría de Educación Pública aporta datos de que venturosamente, pese a que ahora se prolongó desde hace varios años por el reconocimiento de estudios de licenciatura en las normales, el número de años que tienen que cubrir los estudiantes para salir como normalistas en las normales del país, pese a ello se ha reincrementado el deseo de muchos jóvenes del país para ingresar a las normales, y que por carencia de recursos suficientes se han visto precisadas las autoridades de educación a restringir la matrícula.

Paradójicamente, en los últimos tres años se les han cancelado el otorgamiento de una plaza de maestros a los egresados de las normales rurales, que son normales públicas, cuya educación está a cargo de los presupuestos federal y estatales y sin embargo se les da plaza en muchos casos a egresados de normales particulares, dejando a un lado a los egresados de las normales públicas y eso ha venido haciendo que se genere un rezago en el otorgamiento de plazas de maestros de primaria a los egresados de las normales rurales, lo que ha llevado a que se cree una situación conflictiva que legítimamente han planteado los dirigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así se llama la federación de los estudiantes de las normales rurales y que ha implicado incluso que intervengamos miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para contribuir a la gestión de su demanda de que tengan plaza al terminar sus estudios, demanda totalmente legítima.

Y en esa Comisión de Educación hemos ido de todos los partidos, del Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, del PT, del PVEM y de la Revolución Democrática, a plantearle a la Secretaría de Educación que se atienda adecuadamente esta demanda de los estudiantes, ya han hecho mítines como el que hicieron en Chilpancingo, a las afueras de la subsecretaría de Educación Normal, que es la que se encarga de gestionar estas cuestiones y no ha habido ningún conflicto ni hubo necesidad de una represión con los estudiantes ni mucho menos un pronunciamiento, que sería a todas luces absurdo, de que conviene cerrar las normales rurales, porque en ellas sólo se están formando agitadores, que es, insisto, un discurso ya fuera de época.

Muchos militantes del Revolucionario Institucional y de los otros partidos han salido de las normales rurales y no creo que apoyen esta idea ahora exagerada, absurda, políticamente represiva, y contradictoria con el criterio general de que es una prioridad nacional la educación, la educación pública, sostenerla, entregar recursos crecientes.

En el fondo, entonces, de la movilización de los estudiantes de Ayotzinapan y de otras normales del país que se solidarizan con sus compañeros de Ayotzinapan, está este problema de que se ha disminuido arbitrariamente, por falta de recursos, la matrícula de los estudiantes en las escuelas normales rurales. Paradójicamente, insisto, se han dado plazas a egresados de normales particulares en muchos estados de la República, y se ha venido creando ese rezago del que hablo y por lo tanto esta declaración, que tiene visos de persecución política y que tiene también un señalamiento del vínculo de los estudiantes con miembros del Partido de la Revolución Democrática que yo desmiento aquí que ésa sea la razón por la cual hacen manifestaciones, pidiendo que se libere a sus compañeros, que han sido representantes de una demanda legítima del estudiantado de Ayotzinapan y de otras escuelas normales rurales, pues no debe ser algo que dejemos pasar de largo.

Han seguido incrementándose los asesinatos con claro vínculo político de caciques regionales. En las últimas dos semanas han sido asesinados más de 10 militantes del Partido de la Revolución Democrática en diversos municipios del Estado de Guerrero.

No queremos que se repitan casos como el de Aguas Blancas, en el Estado de Guerrero, como única respuesta a las protestas que legítimamente tienen, en ése y en cualquier otro Estado donde hay extrema pobreza y rezagos no resueltos, donde además se incrementaron los problemas ciertamente por el fenómeno natural, el huracán "Paulina", y que en muchos casos tuvo desaciertos de algunas autoridades locales para responder adecuadamente a la contingencia, pero que han recibido el respaldo, tanto de los legisladores del Congreso como de todas las instancias federales, no creemos, insisto, que lo correcto sea una campaña de linchamiento contra miembros del Partido de la Revolución Democrática o dirigentes estudiantiles que legítimamente plantean sus demandas.

Puse el ejemplo de los mítines afuera de la subsecretaría de Educación Pública, aquí en el Distrito Federal, porque con la gestión que hicimos diputados de todos los partidos, después de una reunión de seis horas, se llegó a algunos acuerdos con los estudiantes y de manera tranquila se disolvió un mitin que tenían en las afueras de la subsecretaría y creemos que esos caminos son los adecuados, sobre todo si partimos que hay demandas legítimas.

También hay demandas legítimas de campesinos indígenas de que se aclare por qué hay esta lista negra contra indígenas de algunas comunidades y por qué se tiene como elemento clave en la persecución de los mismos, el hecho de que estén vinculados o pertenezcan al PRD o hayan votado en sus municipios a favor de candidatos del PRD para elección de autoridades locales.

Entonces, no queremos dejar pasar este hecho, aun cuando a estas horas disminuye la concentración y la atención de los temas que tratamos aquí en la Permanente, creemos que es conveniente dejar sentada esta preocupación. No estamos de acuerdo los militantes del PRD, que se retome el camino que creíamos abandonado de políticas persecutorias, de apoyo a caciques y de que se permita el crecimiento de grupos paramilitares en el Estado de Guerrero, porque se crea un mayor grado de conflictividad. No hay ninguna amenaza, simplemente una referencia histórica.

En ese Estado, ciertamente profesores de educación básica, llegaron a convertirse en guerrilleros por causas muy pequeñas en el origen y que la no atención de las mismas llevó incluso a estas situaciones que obligaron a una participación exagerada del Ejército, y que incluso hemos dicho paradójicamente, porque existió la guerrilla de Lucio Cabañas, es que se preocupó el Gobierno Federal de construir carreteras con un sentido estratégico de persecución de las comunidades donde había recibido apoyo el profesor Lucio Cabañas.

Todos han leído un poco de eso y saben que hubo un conflicto en una escuela, un conflicto con una directora y a partir de una represión violenta en ese pequeño conflicto, después surgió el Ejército de los pobres desde el señor Lucio Cabañas.

Y por una serie de luchas democráticas también el profesor Genaro Vázquez, que originalmente no estaba opuesto al gobierno, pues tuvo que llegar incluso a la medida extrema de organizarse de otra manera.

En Guerrero, por las políticas represivas, no se ha permitido que se constituya la acción ciudadana libre; siempre que ha surgido la posibilidad de permitir cambios democráticos con la acción ciudadana libre, se ha impedido por la violencia o de gobernadores o de caciques locales o de ambos, y se ha interrumpido este proceso de ciudadanización verdadera de la vida política, ha motivado incluso ensayos y estudios.

Siempre que han surgido, particularmente en este siglo, movimientos ciudadanos, han sido cancelados brutalmente con represiones, los potreros, la AFG primero, hacen ER después, el movimiento de Lucio Cabañas, primero como dirigente estudiantil de las normales, precisamente dirigente de la FETSU y luego por unas demandas ahí de que no hubiera cuotas en una escuela ahí en la zona de Atoyac y se ha interrumpido siempre la posibilidad de actuar por caminos pacíficos ciudadanos de libre juego de ideas y de libre participación política.

Esta cancelación de la emergencia de ciudadanía, que pueda expresarse libremente en el Estado de Guerrero, está otra vez reapareciendo con las conductas del gobernador y la complicidad de éste con algunos caciques locales y ahora particularmente tienen como objetivo tratar de impedir o inhibir la acción de militantes del PRD, que participan directamente al lado de las causas y peticiones legítimas de habitantes de todo el Estado de Guerrero.

Queda pues expresada nuestra preocupación y esperamos estar atentos para que no sean pertinaces estas conductas y no tengamos luego que estar pidiendo juicios políticos o destituciones de gobernadores, como ha pasado en el mismo Guerrero, en Morelos más recientemente.

Muchas gracias.

Para hablar sobre el mismo tema y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

En esta tribuna hemos escuchado coincidencias y puntos de acuerdo, bueno, significan la construcción de consensos y en donde la objetividad guía el esfuerzo legislativo y sobre todo de conciencia y de responsabilidad.

Pero no es admisible que en la búsqueda de situaciones particulares, que privilegian sobre todo un protagonismo que estamos tratando de abandonar, busquemos de alguna forma distorsionar los hechos y sobre todo cuando existen evidencias en las cuales nosotros podemos apoyarnos de que las situaciones, que a veces se mencionan acá, ocurren de manera distinta.

Rechazamos totalmente que en nuestro hermano Estado de Guerrero se practique una política estatal de represión dirigida desde los altos niveles del gobierno del Estado.

Rechazamos igualmente que existan medios perniciosos, como las listas negras tras las que se hacen alusión, en donde se da la persecución indiscriminada de algunos militantes de partidos políticos.

Necesitamos entender que nuestro quehacer político y la política, debe de estar enderezada a dirimir los conflictos y a buscar la construcción de consensos; necesitamos abandonar uno de los miradores en los que parecen posicionarse algunas de las intervenciones y que solamente es a través del conflicto.

La política la entendemos con dos distintos miradores: la búsqueda del acuerdo, del consenso, la concordia y, el otro mirador distante y distinto es el que privilegia el conflicto, teniendo al vehículo de la violencia como su principal escudo.

En Guerrero, como de todos es sabido, es un Estado en el que subyace un esfuerzo importante por revertir inercias de un rezago social ancestral. Pero es un Estado que está actuando en torno de la coordinación de todos los esfuerzos que dirige el gobernador y que está saliendo y obteniendo niveles de desarrollo a los que todos aspiramos.

En efecto, en Guerrero como en muchos otros estados ha habido actos a los cuales hemos sancionado porque transgreden la ley, porque enrarecen el clima de convivencia y de armonía que debe de prevalecer y debe de empujarnos a desatar todas esas cadenas que nos tratan de encaminar a situaciones de postergación. Pero Guerrero con este esfuerzo que está haciendo de manera colectiva, tiene ante todo un principio que no solamente considera la convivencia armónica de las comunidades, sino fundamentalmente el camino por el que debemos de transitar, que es el respeto al derecho y el respeto a la ley.

En Guerrero recientemente y con una actitud de una franca, clara y evidente apertura política, se acaba de aprobar una nueva reforma a la legislación electoral, en la que hace apenas unas semanas todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos representados en el Congreso, firmaron la legislación electoral que va a permitir darle un mayor cauce, una representatividad más transparente a las fuerzas políticas en el Estado de Guerrero.

Ha habido, como en todos los estados, desafortunadamente, hechos que son contrarios a esta convivencia y que vulneran la legalidad y atacan a las instituciones.

Un valor fundamental que tenemos todos los mexicanos y que aprecian sobre todos lo guerrerenses, es la paz. Sin embargo, repetimos, no desconocemos una serie de hechos que han mostrado un rostro que no queremos que se aloje o que conviva con nuestra sociedad: el rostro de la violencia. Pero hay una pregunta que necesitamos hacernos: ¿quién genera la violencia? Y es ahí donde encontramos que a veces en las denuncias que se vienen a hacer aquí en esta tribuna, se esconde, se disfraza, se oculta, quiénes son los agentes que dirigen, que empujan, las manos, los rostros de muchos guerrerenses que atentan contra sus propios hermanos.

Se referían hace un momento a Metlatonoc, ahí hubo efectivamente un hecho de sangre, ahí perdió la vida el presidente del comité municipal del PRI, Viterbo León, un priísta cayó bajo el odio, encauzado por la violencia mal interpretada de una pasión política que debemos de abandonar.

Igualmente hemos tenido diversos hechos que nos han mostrado esa crudeza en donde han enlutado hogares y han dejado en la orfandad a niños de Guerrero, que deberían de tener otro horizonte más limpio y más promisorio.

Doy un caso concreto en el cual quisiera detenerme y es el referente a la Normal de Ayotzinapa.

Guerrero, que tiene el privilegio de haber tenido no solamente en su tierra, sino en su escuela, a uno de los profesores más importantes, a quien ha sido maestro no solamente de valores, sino de una ética y de principios jurídicos como Ignacio Manuel Altamirano, quien fue originario de Tixtla.

Pero hoy estos centros, como son las normales, como la de Ayotzinapa, como la "Rafael Ramírez", se encuentran sujetas a un agobio de organizaciones políticas que tratan de encontrar ahí la arena política que a veces pierden en otro tipo de escenarios donde debe de ser válida la competencia y la lucha que nos caracteriza para mejorar las condiciones de madurez de nuestro sistema político.

En Ayotzinapa, efectivamente, se ha dado una situación particular porque en esta institución y bajo el engaño, y sobre todo espoleados por situaciones que pueden traducirse en espejismos políticos, han empujado a los jóvenes, organizaciones políticas que no tienen ningún escrúpulo en ese sentido, han empujado a los jóvenes a que tomen acciones que son francamente violatorias de la ley.

El 18 de marzo del año pasado, jóvenes de Ayotzinapa bloquearon la carretera, detuvieron a personas y realizaron una serie de conductas que se encuentran tipificadas como actos ilícitos.

Posteriormente el 12 de septiembre, los mismos jóvenes recurrieron a este tipo de acciones en las que de manera evidente y de forma incontrastable, participaron miembros del Partido de la Revolución Democrática, dirigiendo estas acciones.

Con motivo de estos hechos se iniciaron dos averiguaciones en el fuero común, y una en el fuero federal, de las cuales se derivaron sendas órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas y que consecuentemente fue sujeto a proceso Macario Cruz Ventura, líder de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, con una clara voluntad política, el gobierno del Estado, por lo que se refiere al fuero común, a través de gestiones ante el Poder Judicial, logró la libertad de Macario Cruz Ventura, por lo que se refiere a la responsabilidad penal dentro del fuero común.

Las gestiones en el fuero federal tuvieron que empeñarse en más trámites, en virtud de que escapa a la competencia del Estado cualquier intervención o cualquier trámite que es competencia de la Procuraduría General de la República y de los juzgados de distrito.

Sin embargo, con motivo de estas manifestaciones en las que se buscaba de alguna manera expresar la inconformidad por estos hechos, el 11 de febrero y también dirigidos por militantes del PRD, los jóvenes hicieron un bloqueo en Chilpancingo, deteniendo y privando ilegalmente a personas que se encontraban en los recintos del palacio en Chilpancingo y con motivo de ello, como debe de proceder en todo régimen de derecho, se inició una averiguación que también determinó la responsabilidad y que fueron detenidos en ese mismo momento por encontrarse en flagrancia, 26 jóvenes que participaban en esos hechos.

Nuevamente la tolerancia, la ponderación privó en las esferas gubernamentales del Estado y se decretó la libertad inmediata de los 26 jóvenes que habían participado. Sin embargo, varios de esos jóvenes se dirigieron a la escuela Rafael Ramírez, en donde con una serie de hechos causaron daños en esa escuela, lo que motivó también que de parte de la escuela se iniciara una denuncia, constituyéndose también la indagatoria correspondiente por los hechos.

Existía un proceso que se seguía en el ámbito federal y en el cual no permitía la libertad del dirigente de los jóvenes normalistas. Sin embargo, con gestiones propias del Gobierno del Estado y atendiendo a situaciones particulares que buscaran tender precisamente esos puentes de comunicación y de aceptación a este tipo de expresiones, sin que ello significara transgredir el orden jurídico, el Gobierno del Estado logró, de parte del Poder Judicial Federal, que se obtuviera la libertad de Macario Cruz Ventura, el cual la obtuvo desde el día de ayer y se encuentra totalmente libre.

En estos hechos, lo que quiero subrayar también es la persistente presencia del Partido de la Revolución Democrática. No son hechos aislados estos de violencia que nosotros registramos en la capital de Chilpancingo. En Tlalchapa, Martín Mora Aguirre, distinguido militante del PRD, junto con Ubaldo Salgado Múgica, diputado local, encabezaron también una manifestación que se tradujo en una serie de actos violentos y que atentan contra la libertad, contra la garantía de seguridad de los guerrerenses.

Posteriormente en una organización de trabajadores al volante, Apolinar Oceguera Dorantes, también militante del Partido de la Revolución Democrática, el día 17 de este mes organizó una serie de plantones en los que fueron dañados vehículos y en los que se atentó también contra la propiedad de los particulares.

La misma situación prevaleció en Xochistlahuaca, en donde Cornelio Barriento Gómez, también distinguido y actual munícipe de Cucuyachi, participó en actos que no solamente la conciencia sino nuestras leyes penales sancionan.

Benito Juárez es otro de los municipios que también fue testigo de esta violencia por el dirigente local del PRD, César Benavides Torres.

Y tenemos una larga cadena de hechos en los que la violencia ha cobrado no solamente, repito, situaciones, de lesiones, de atentados, de daño en propiedad ajena, sino que incluso han desembocado en la pérdida de vidas humanas.

Apenas el día de antier en Tepetixtla murieron cuatro militantes del Partido Revolucionario Institucional, entre ellos el Comisariado de Bienes Comunales. Cuatro priístas que fueron victimados por Miguel Salgado Nájera y Eleutero Luna Benitez, de una organización filial a la del PRD.

¡Esta es la violencia que estamos encontrando en Guerrero! ¡Y éste es el escenario de los agentes que están generando esta violencia en el Estado de Guerrero!

Es por ello que en esta tribuna nosotros, además de hacer una condena a que a la violencia se recurra como un instrumento de lucha política, además de que condenamos la brutal situación en la que se recurre únicamente por diferencias ideológicas, exhortamos sobre todo a las organizaciones políticas en Guerrero, a quienes son actores del quehacer político en Guerrero, para que abandonemos esta posición de lucha y de enfrentamiento que únicamente se traduce en inestabilidad y en falta de garantías, que son propiciadas a través y a partir de estas organizaciones.

Hoy tenemos la oportunidad de que en la Cámara de Diputados, de que en la Comisión Permanente podamos impulsar las acciones que permitan a Guerrero y permitan a los mexicanos seguir construyendo estos consensos, que somos capaces de hacerlo, como aquí se ha demostrado precisamente en uno de los puntos anteriores; en donde coincidíamos abandonando posturas partidistas y a veces de una rentabilidad electoral, que podamos hacerlo también en otros hechos, sobre todo en éstos que lastiman y agravian tanto a los mexicanos y particularmente a los guerrerenses.

Hoy tenemos esta oportunidad y tenemos la responsabilidad de hacerlo. A esa convocatoria llamo a todos los compañeros que de alguna forma tenemos una especial intervención en lo que son los hechos de la política de nuestro país y particularmente de la política del Estado de Guerrero.

Muchas gracias.

Para rectificar hechos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.

Con su permiso, señor Presidente:

Yo no sé si aquí el compañero diputado que permanentemente se ha convertido en el Torquemada del PRD, porque obviamente cita a la institución a la que pertenecemos como si fuera la que instrumenta esta violencia, la ejecutora de esta violencia.

Recuerdo que cuando hablamos de Acteal y de que algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional participaron en esta matanza, recuerdo la defensa a ultranza que hicieron de que no era la institución, inclusive estuve yo aquí arriba diciendo: efectivamente, no es la institución la que es la asesina, hubo miembros del PRI que participaron en el asesinato de los indígenas en Acteal; y, digo, tan es así que la PGR la sigue sosteniendo, ahí no hay ninguna vuelta.

Pero regresando al problema en Guerrero, es muy fácil a mi compañero, amigo, que se ha convertido en el Torquemada, indicar tan elocuentemente la culpa de la institución. Mire diputado, hace un año en Xochistlahuaca, precisamente, en la supuesta intervención de la policía motorizada de un asalto que hubo en un vado, intervino la Policía Judicial y el Ejército en varios municipios curiosamente perredistas. La acusación que se les hizo era que eran grupos armados. De las ocho personas detenidas, que por cierto dos permanecen desaparecidas y líderes del PRD, la acusación que se les hizo era portación de armas de uso exclusivo del Ejército; nunca las presentaron.

Pero más allá, en el Estado de Guerrero ha sido muy significativa la lista de perredistas asesinados. Yo creo que es el Estado donde más perredistas han muerto. Pero el punto no es ése, el punto fundamental es que es uno de los tres estados más atrasados del país, más abandonados del país, donde los índices de educación, de vivienda, alimentación y salud son de los índices más bajos el Estado de Guerrero.

Y curiosamente cuando vino este problema del huracán "Paulina", se abocó terriblemente la ayuda al puerto de Acapulco, donde también hubo ciudadanos hermanos nuestros afectados y qué bueno que se les ayudó, pero fue muy curioso cómo se priorizó la parte turística de este puerto. Hoy podemos seguir visitando regiones de la Costa Chica de Guerrero totalmente destruidas y donde la ayuda nunca llegó. Estos hechos de violencia a que hace referencia el diputado que me antecedió, obviamente tienen todo una raíz en donde desgraciadamente no estamos observando lo que vino aquí a plantear nuestro compañero Jesús Martín del Campo, hizo una llamada de atención de lo que está pasando y que los asesinatos y que la violencia en el Estado, provenga de donde provenga, compañero diputado, debemos de condenarla, provenga de donde provenga y yo creo que eso es lo más importante para nosotros y que cuando hay un foco de atención como este, debemos de ser muy conscientes de que es importante intervenir, que es importante discutirlo, que es importante prever las posibilidades de que se desarrolle algún evento más peligroso.

Yo creo, compañeras y compañeros legisladores, que en nuestras manos está señalar la violencia que debe ser detenida y no argumentamos, repito, y citando a Torquemada, quememos en la hoguera a quienes yo creo que no deben de ser puestos como víctimas, yo creo que aquí lo importante es detener este proceso de violencia en el Estado de Guerrero, hacer un llamado a las autoridades gubernamentales del Estado, para que inicie a la brevedad posible detener esta ola de violencia y que atienda los problemas y que estamos aquí para apoyar a las autoridades en la solución de esto y si el problema en la normal y si el problema de otras comunidades requieren una atención inmediata, hagámoslo no vengamos aquí a prender la leña del pirul que luego no hace llamas.

Muchas gracias.

Ha solicitado hacer uso de la palabra para contestar alusiones personales el señor diputado Sadot.

Tiene el uso de la palabra.

Con su permiso, señor Presidente:

Uno de los abogados más importantes que fue voz constante de la ley en la Roma antigua, fue Marco Tulio Cicerón y ante el embate que de manera rutinaria, casi como una práctica recurrente trataba de hacer uno de los tiranos de Roma, Catilina, hay una frase muy famosa que la acunan principalmente los textos que se refieren al respeto de la ley: "quousque tandem agotare Catilina patintia nostra", "hasta cuándo Catilina la paciencia nuestra se verá agotada", así podríamos decir, hasta cuándo el PRD va a agotar la paciencia de la ley en varios estados que tenemos.

Quiero decirle a mi preopinante, que nosotros no solamente hablamos de militantes de la organización política a la que él pertenece, nosotros hablamos de la estructura y de la estrategia que pareciera diseñada como una forma de lucha y de competencia política; no es el acto aislado o como presumiblemente pudiera mencionarse en los casos a que se refería en Chiapas, aquí tenemos las evidencias, las fotografías, diputado, si quiere se las paso en un momento, de los diputados locales, de la estructura del PRD que está participando en estos hechos... y el diputado Saúl López, de la coordinadora de la fracción de diputados del Congreso local...

A ver, el señor diputado Armando López... a ver, señor diputado, están prohibidos los diálogos y si se requiere alguna interpelación, le rogamos solicitarle a la Presidencia.

Orden en la sala.

Y Sergio Tavira... se los voy a pasar, en un momento se los acerco. Bien. Bien.

Pero indudablemente lo que comentaba el diputado y en lo que coincidimos y lo mencioné aquí, la condena que hacemos hacia la violencia, si nosotros nos empeñamos en caminar sobre estas sendas de la violencia, estaremos despeñándonos a abismos cuyos efectos serán irreversibles.

Hoy, precisamente, no alimentemos esas hogueras con los discursos guerreristas que a veces venimos a escuchar y que pareciera que únicamente las acusaciones prosperan y tienen fundamento cuando se hacen en contra del Partido Revolucionario Institucional, pero cuando existen evidencias, cuando existen hechos en los que se constata la participación por caminos torcidos que no debemos abandonar, nosotros debemos abandonar cualquier violencia que se exprese en los distintos términos, tenemos afortunadamente la construcción magnífica que hemos hecho de un sistema jurídico que se va perfeccionando y que permite la voz y las voces en todos los tonos, de las distintas expresiones políticas.

Este es el camino y en eso coincidimos, pero necesitamos hacerlo de manera conjunta. No busquemos en un simplismo de un reduccionismo, únicamente señalar que las causas de la violencia en Guerrero, provienen de las esferas gubernamentales o de los órganos de gobierno. Son causas que están ahí como un escenario social y político, pero no empujemos a los agentes y en eso sí lo vuelvo a decir, el PRD tiene mucha responsabilidad para seguir transitando por ese camino que no va a llevarnos más que a una desestabilidad, a un quebrando de nuestras instituciones e indudablemente a que nos alejemos del bienestar que todos queremos para los mexicanos y para Guerrero.

Muchas gracias.

El siguiente punto en el orden del día... ¿Para qué?.. Para rectificación de hechos, tiene la palabra el senador Saucedo, hasta por cinco minutos.

Gracias, señor Presidente; diputado Sadot:

Igual que en su Estado de Oaxaca, lo que se está viviendo en estos estados y de ahí la importancia que tiene el asunto de Chiapas y disculpen, no, no voy a hablar también sobre Chiapas, porque hay... En Tabasco vamos a hablar ahorita a propósito de las amenazas de muerte, hay una política global que viene instrumentando el Gobierno y de la cual es instrumento el señor gobernador.

Gracias, señor diputado Sadot, porque oiga, diputado Sadot, gracias porque usted nos está clarificando cuál es la esencia que estuvo en la política de desaparición de las normales; resulta que a este Gobierno y a este sistema le preocupa que existan maestros, críticos y conscientes, que tienen que ser los maestros gente dócil al sistema, que tienen que ser maestros que no cuestionen la política gubernamental y nos está dando la razón con esta política de desaparecer aquellas normales que atienden preferentemente, que no es la preocupación del Gobierno a las comunidades marginadas e indígenas de nuestro país.

Qué bueno que también nos ayuda y nos ilustra, diputado Sadot, en el sentido de lo que hay en el conflicto en Guerrero, seguramente también en otros estados, es el problema de la disputa contra el PRD por el avance y presencia que está teniendo en los sectores críticos, en los sectores que están impugnando la política del Gobierno.

Pero lo que está pasando en Guerrero, como está sucediendo en Oaxaca, en su Estado natal; como está sucediendo en Sonora, ya la denuncia que hacen los yaquis frente a un grupo paramilitar que está participando en esta zona, la reciente acusación o anuncio que hace el gobernador de Jalisco de presencia de guerrilla, y lo que sí sabemos es la presencia de militares en la zona náhuatl del sur de Jalisco y en la zona del norte, en huicholes, la presencia de los militares que hemos venido denunciando como parte de esta política de contrainsurgencia que está impulsando a nivel nacional, no solamente en Chiapas, esta política de guerra de baja intensidad.

Y lo que pasa en Guerrero es más grave tal vez que lo que pasa en Chiapas, porque en Guerrero desgraciadamente no se tiene la presencia ni la observación nacional e internacional que sí se está teniendo en Chiapas.

La matanza de Aguas Blancas fue el preludio, igual que la de Acteal el 22 de diciembre de esta política de amedrentamiento, de confrontación en donde estaban involucrados directamente autoridades, las más altas autoridades del Estado de Guerrero y falta todavía el juicio político y la condenación de Rubén Figueroa, como responsable de la matanza de Aguas Blancas.

Hay evidencias claras de cómo estuvieron interviniendo en este asesinato hacia los 17 campesinos, de la Policía Judicial, del propio Procurador del Estado y es igual al mismo señalamiento que venimos haciendo en Morelos en cómo las instituciones, las organizaciones que supuestamente tienen que vigilar la seguridad pública, están involucradas con el crimen organizado, son los responsables de lo que está pasando en la represión en estos estados.

Por eso es preocupante lo que sucede en Guerrero. El Ejército se mueve, crea retenes, hay hostigamiento y violación de derechos humanos en contra de las poblaciones indígenas, particularmente en la Sierra de Atoyac, en la parte de la montaña, en donde hay prácticamente un estado de sitio, con una presencia muy grande de parte del Ejército.

Hay el anuncio ahora de que se están buscando a 100 perredistas y hay toda una política de apoyo a los grupos paramilitares. Inclusive en Atoyac se creó una especie de comisión por una política de desplazamiento a varias comunidades, la misma que estábamos observando en Chiapas; es decir, apoya a grupos paramilitares vinculados a las organizaciones responsables de la seguridad pública, impunidad y no aplicación de la ley a aquellos responsables intelectuales de la matanza de Aguas Blancas, amenazas a periodistas que se está haciendo por estar denunciando lo que está sucediendo en Guerrero, movilización del Ejército en varias de las regiones que se suponen o suponen con presencia del EPR, pero que va fundamentalmente a buscar la intimidación de los pobladores de las comunidades indígenas.

Hay por lo tanto, en Guerrero, una situación sumamente crítica, igual que la que está sucediendo en Oaxaca, igual que en Veracruz en la zona de la Huasteca, igual que en Chiapas y eso es lo preocupante, que ante el temor que se tiene de la rebelión, por cierto justa y legítima de los pueblos indios en contra de la opresión y los cacicazgos que su partido mantiene en estos estados, contra esa rebelión la respuesta que el Gobierno viene dando es la misma respuesta que está impulsando en el Estado de Chiapas, esta política de contrainsurgencia.

Y lo más grave y nosotros estamos denunciando la política guerrerista que se está usando en Guerrero, que se está impulsando en el Estado de Guerrero, se sigue solapando a los cacicazgos, se sigue manteniendo una política de confrontación de las comunidades civiles, igual que lo que está sucediciendo en Chiapas, por eso alertamos lo que está sucediendo en el Estado de Guerrero.

Nos preocupa porque es parte de la misma política para buscar inhibir. Ahora resulta que las comunidades indígenas, todas son susceptibles de ser investigadas, porque pueden estar o infiltradas o pueden ser subversivas frente a una política del Estado.

¿Cómo nos explicamos entonces la presencia del Ejército en todas estas zonas y también cómo nos explicamos que están alentando a los grupos paramilitares en Jalisco, en Sonora, en Oaxaca, en Guerrero, igual que en Chiapas, y cómo nos explicamos que no haya una política definitiva del Gobierno para detener esta política guerrerista que está llevando a la confrontación entre las comunidades y que está llevando a que en estos estados haya una violación permanente del estado de derecho?

Lo que exigimos es que se aplique la ley en Guerrero, se aplique en Oaxaca y se detenga esta política en contra de las comunidades indígenas y en contra de todos aquellos que se atreven a levantar la voz por las injusticias que están prevaleciendo en sus estados.

Gracias.

El siguiente punto en la agenda política registrado por el Partido de la Revolución Democrática, es el relativo a comentarios sobre la Banca de Desarrollo.

Esta Presidencia está informada que por acuerdo de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, se ha determinado transferir este debate para la agenda política de la sesión del próximo 4 de marzo, por lo cual se determina sea listado como el primer punto del orden del día en la agenda política de esa sesión, bajo el título de comentarios sobre la crisis de la Banca en México, a cargo de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (III)

En consecuencia, procede desahogar el debate convenido sobre la llamada certificación de Estados Unidos de América a México, en relación al combate al narcotráfico, para lo cual se han registrado el senador Mario Saucedo Pérez, el senador Norberto Corella Gil Samaniego y el senador Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Se concede el uso de la palabra al senador Mario Saucedo Pérez.

Estamos de acuerdo, va a proceder a leer un punto de acuerdo.

Con fundamento en los artículos 21 fracción III y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la adopción del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente se pronuncia en contra del proceso de certificación que en días próximos realizará de manera unilateral el gobierno estadounidense, respecto a varios países, incluyendo a México, para calificar su desempeño en la cooperación, en el combate contra las drogas, toda vez que entraña prácticas de intervencionismo que ponen en riesgo la soberanía y la autodeterminación de los estados e inhibe la cooperación internacional para combatir eficazmente el narcotráfico.

Suscriben el punto de acuerdo, las fracciones del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática.

Señor senador, si entrega a la Presidencia los puntos de acuerdo... No está solicitado así, pero la Presidencia suple esta situación, haciéndolo también si éste es el acuerdo de los grupos parlamentarios para que sea de urgente resolución.

Procederemos a darle lectura y a levantar la votación correspondiente para su aceptación.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 21 fracción III y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la adopción del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente se pronuncia en contra del proceso de certificación que en días próximos realizará de manera unilateral el gobierno estadounidense, respecto de varios países, incluyendo a México, para calificar su desempeño en la cooperación, en la lucha contra la droga, toda vez que entraña prácticas de intervencionismo que ponen en riesgo la soberanía y la autodeterminación de los estados e inhibe la cooperación internacional para combatir eficazmente el narcotráfico.

Por favor, el senador va a hacer la precisión del texto para poderlo someter a votación.

Combatir.