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Presidencia del diputado Arturo Núñez Jiménez |
ASISTENCIA
Proceda la Secretaría a pasar lista
de asistencia.
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La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Hay una asistencia de 27
legisladores. Hay quorum, señor Presidente.
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El Presidente (a las 11:28 horas): |
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
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La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
Se va a dar lectura al orden del
día.
«Comisión Permanente.Å Primer Receso.Å
Primer Año.Å LVII Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de marzo de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Solicitud de licencia del diputado Patricio
Martínez García.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guerrero, Jalisco, México, Sinaloa y Tabasco.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de
acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Mauricio de María y Campos, como embajador
extraordinario y plenipotenciario en comisión especial, para representar a los Estados
Unidos Mexicanos ante los gobiernos del Reino de Suecia y de la República Portuguesa.
Dos, de la Segunda Comisión, con puntos de
acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Guillermo Esteban
Virgen y Raúl Pinedo Dávila.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Roberto Miranda Sánchez, José Angel Gurría
Treviño, Pedro José González-Rubio Sánchez, Juan Rebolledo Gout, Javier Treviño
Cantú, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, Rubén
Pérez Ramírez y César Kuno Becker Cuéllar, para aceptar y usar las condecoraciones que
les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Luis Madrazo Cuéllar, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden Estrella del Ministerio Público, Doctor Juan Germán
Roscio, en su Unica Clase, que le confiere el Ministerio Público de la República de
Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Enrique Inocencio García Amaral y
María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar las condecoraciones que les
confiere el gobierno de la República Francesa.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción
consular en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a la ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo, para aceptar y
desempeñar el cargo de cónsul honorario de Nicaragua en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Elpidio Alberto Acosta Ibarra, para prestar
servicios en la Embajada del Reino de Dinamarca en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a la ciudadana Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, para prestar
servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos: Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo
Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra, Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle
Gutiérrez, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, Baja California.
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto que concede permiso a los ciudadanos: Jaime López Velázquez, María Eugenia
Cázares González y Angel Iván Arce Díaz, para prestar servicios en la Embajada de los
Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja
California.
Comunicaciones de particulares.
Agenda política
Comentarios sobre el Parlamento de Mujeres
de México, a cargo de la senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la crisis de la banca en
México, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Deliberativo.)
Comentarios sobre los efectos de la
disminución del presupuesto educativo en las universidades públicas, a cargo del grupo
parlamen- tario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre la situación política
en el Estado de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Deliberativo.)
Comentarios sobre el Movimiento Estudiantil
de 1968, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Deliberativo.)»
ACTA DE LA SESION
ANTERIOR
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La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
El secretario diputado Juan José
Rodríguez Prats:
Se va a dar lectura al acta de la sesión
anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y ocho, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
de la Quincuagésima Séptima Legislatura.
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Presidencia del diputado Arturo Núñez Jiménez |
En la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del miércoles cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y ocho, con una asistencia de veinticuatro legisladores,
el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día
y la Asamblea, en razón de que copias del acta de la sesión anterior fueron distribuidas
entre los legisladores, le dispensa la lectura y la aprueba en sus términos en votación
económica.
La misma Secretaría, da cuenta con los
siguientes documentos:
Diversas comunicaciones de los congresos de
los estados de Aguascalientes, Campeche, Jalisco y Puebla, con los que informan de
actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación,
con el que se informa del nombramiento del ciudadano Mauricio de María y Campos, como
embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante los gobiernos del Reino de
Suecia y de la República Portuguesa en preparación de una reunión internacional. Se
turna a la Segunda Comisión.
Ciento diez oficios de la Secretaría de
Gobernación, con los que remite las hojas de servicio de igual número de ciudadanos,
para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Comisión de
Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
La Secretaría da lectura a un dictamen de
la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los nombramientos de diecinueve
magistrados de la Sala Superior y de Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación.
A discusión, habla en pro el legislador
Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional.
Suficientemente discutido el dictamen se
aprueba por treinta y cuatro votos. Comuníquese al Ejecutivo.
El Presidente saluda la presencia del
presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, licenciado Luis Carballo Balvanera y
designa comisión que acompañe a los magistrados nombrados para introducirlos en el
salón y acompañarlos en el acto de rendir su protesta de ley.
Se da cuenta con diez dictámenes de la
Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican los grados militares de
los ciudadanos: David Roberto Bárcena Ríos, Juan Francisco Tovía Mazón, Luis Alberto
Brito Vázquez, Carlos Marín Jiménez, Luis Martínez Domínguez, Jorge Serrano
Gutiérrez, Benito Jiménez Flores, Lorenzo Cano Jiménez, Humberto Jara Villagómez y
José Emilio Carmona Gómez. Aprobados, comuníquese al Ejecutivo.
Se da segunda lectura a dos dictámenes de
la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales
necesarios para que los ciudadanos: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos y Jaime Enrique Inocencio García Amaral, puedan aceptar y usar
las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República de Chile. Se aprueba el
primer dictamen por treinta votos y el segundo por veintinueve votos. Pasan al Poder
Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
El Presidente anuncia que a solicitud del
Partido de la Revolución Democrática, el tema sobre la crisis de la banca en México, se
cambia para la próxima sesión.
Sobre los riesgos de un basurero de
desechos tóxicos en el Estado de Sonora, se concede el uso de la palabra a los
legisladores: María del Socorro Aubry Orozco, del Partido de la Revolución Democrática,
quien presenta punto de acuerdo; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción
Nacional; Lourdes Angelina Muñoz Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, hablan los
legisladores: Martha Dalia Gastélum Valenzuela, del Partido de la Revolución
Democrática, en dos ocasiones y Lourdes Angelina Muñoz Fernández, del Partido
Revolucionario Institucional.
El punto de acuerdo presentado se turna a
las comisiones de Salud y de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Respecto al discurso pronunciado por el
Secretario de Gobernación, el primero de marzo, en relación al proceso de paz en el
Estado de Chiapas, expresan sus opiniones los legisladores: Pablo Gómez Alvarez, del
Partido de la Revolución Democrática; Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción
Nacional; Gil Rafael Oceguera Ramos, del Partido Revolucionario Institucional; José de
Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Creel
Miranda, del Partido Acción Nacional y Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Partido
Revolucionario Institucional.
Contestan alusiones personales o rectifican
hechos los legisladores: Francisco José Paoli y Bolio, del Partido Acción Nacional;
Mario Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Oscar López Velarde
Vega, quien propone punto de acuerdo en el que se pide a la Comisión de Concordia y
Pacificación que intensifique su trabajo para buscar aproximación entre las fuerzas
políticas del país que coadyuve a la solución pacífica del conflicto; Santiago Creel
Miranda, del Partido Acción Nacional y Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la
Revolución Democrática.
Se aprueba el punto de acuerdo presentado
por el senador López Velarde Vega.
El Presidente informa que por acuerdo de
los coordinadores de los grupos parlamentarios, los temas sobre los efectos de la
disminución del presupuesto en las universidades públicas, la situación política en el
Estado de Morelos y el movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho, se
debatirán en su oportunidad.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura
la de hoy a las quince horas con veinticinco minutos, citando para la que tendrá lugar el
miércoles once de marzo de mil novecientos noventa y ocho, a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
DIPUTADO QUE
SOLICITA LICENCIA
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Ciudadano Presidente de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
Patricio Martínez García, diputado de la
LVII Legislatura, ante usted respetuosamente expongo:
Que en virtud de haber resultado electo
candidato del Partido Revolucionario Institucional para la gubernatura del Estado de
Chihuahua, a través de este escrito solicito licencia al cargo de diputado federal por el
VI distrito de la misma entidad, que actualmente desempeño.
El periodo de dicha licencia es a partir de
esta fecha y hasta el día 13 de julio del presente año.
Agradezco de antemano la atención que se
preste a mi solicitud y quedo a sus órdenes.
Atentamente.
México, D.F., a 10 de marzo de 1998.Å
Patricio Martínez García, diputado federal.»
De conformidad con lo que establece
el artículo 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Está a discusión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
"Unico. Se concede licencia al
diputado Patricio Martínez García, para separarse de sus funciones como diputado federal
electo en el VI distrito electoral del Estado de Chihuahua, del 10 de marzo al 13 de julio
del año en curso."
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE
AGUASCALIENTES
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.Å Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
La honorable LVI Legislatura del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en sesión ordinaria efectuada hoy, acordó
por mayoría de votos de sus integrantes, un punto de acuerdo en el sentido de solicitar a
ese respetable cuerpo colegiado, se contemple la posibilidad de que a la brevedad posible
se realicen los trabajos preparativos para la celebración de un periodo de sesiones, en
el que se lleve a cabo una reforma integral del Estado, que permita establecer una nueva
relación de la Federación con las entidades federativas y sus municipios, así como una
reforma electoral y a la vez se revisen todos los acuerdos sobre derechos humanos e
indigenistas.
Lo anterior, por considerar que son
aspectos medulares que requieren estar contemplados en una nueva legislación que
garantice una resolución favorable a diversos problemas de carácter social que
actualmente se viven en nuestro país.
Por lo expuesto, agradecemos cumplidamente
las atenciones que se sirvan otorgar a la presente solicitud, reiterando a ustedes las
seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Aguascalientes, Aguascalientes, a 14 de
enero de 1998.Å Diputados: José Alfredo González González, presidente; Anselmo Sotelo
Mondragón y Francisco Javier Luévano Martínez, diputados secretarios.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
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El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo.Å Poder Legislativo de Baja
California.Å XV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Por este conducto, nos permitimos hacer de
su conocimiento que en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la XV Legislatura
constitucional del Estado de Baja California, celebrada el día 4 de febrero del año en
curso, se tomó el acuerdo de solicitar a usted su rápida intervención ante las
instancias que correspondan a efecto de
lograr impedir que se restrinja el uso de la carretera interestatal 94, del condado de San
Diego, California, al uso de tractocamiones de carga mayores de 38 pies de largo. (Se
anexa fotocopia del punto de acuerdo.)
Sin otro particular aprovechamos la
oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 6 de febrero
de 1998.Å La Comisión Permanente.Å Diputados: María de Jesús Singh Castro, presidenta
y Jesús Salvador Minor Mora, secretario.»
«Honorable mesa directiva de la Comisión
Permanente del Congreso del Estado.
Los diputados integrantes de la Comisión
de Desarrollo Económico de esta XV Legislatura, recogemos de manera puntual la legítima
preocupación de los sectores productivos del municipio de Tecate, por la iniciativa
presentada ante el consejo de supervisores del condado de San Diego, California, para
restringir la circulación de camiones mayores de 38 pies de largo, por la carretera
interestatal 94.
Esta vialidad es la que posibilita el flujo
comercial e industrial del municipio de Tecate, ya que es por esta ruta que cruzan
diariamente en ambos sentidos alrededor de 400 camiones de carga, provenientes incluso de
la ciudad de Ensenada y de Baja California Sur.
La carretera interestatal 94, es la única
vía que permite la comunicación terrestre de la ciudad de Tecate con las ciudades del
Sur de California. Por ello, al restringirse el uso para autotransporte de carga, su
impacto sería desastroso para la vida económica de aquella ciudad, que actualmente se
compone de 1 mil 200 establecimientos comerciales y más de un centenar de empresas
maquiladoras.
Esta iniciativa que busca convertirse en
una ley restrictiva a la circulación de camiones de carga por la carretera 94, fue
presentada por la supervisora Dianne Jacob, y aceptada por mayoría del consejo de
supervisores del condado de San Diego, el pasado miércoles 28 de enero del presente y
tomará de cuatro a seis meses para que ésta se convierta en ley.
El objetivo de esta medida tomada por el
consejo de supervisores, es la de presionar para que la agencia encargada de carreteras en
California (Cal Trans) acondicione dos tramos de la carretera 94 que consideran de alto
riesgo para los usuarios de la misma, dado el tráfico de camiones pesados.
De prosperar esta medida restrictiva, todo
el transporte de carga que actualmente cruza por la aduana de Tecate tendría que
desviarse, ya sea a las garitas de Tijuana o Mexicali, con un grave incremento de costos y
tiempo, con consecuencias sumamente graves para el desarrollo de Tecate.
Es por lo antes expuesto que esta Comisión
de Desarrollo Económico tiene a bien proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Envíese atento oficio al
gobernador del Estado licenciado Héctor Terán Terán, al Senado de la República, a las
secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes del Poder
Ejecutivo Federal, solicitando su rápida intervención ante las instancias que
correspondan, a efecto de lograr impedir que se restrinja el uso de la carretera
interestatal 94, del condado de San Diego California, al uso de tractocamiones de carga
mayores de 38 pies de largo.
Segundo. Esta Comisión Permanente del
Congreso del Estado, brinde todo su apoyo a la Comisión de Desarrollo Económico, para
promover las gestiones que sean necesarias ante las instancias correspondientes, a efecto
de lograr una solución satisfactoria a la preocupación de la comunidad tecatense, por la
pretensión de restringir el uso de la carretera 94.
Atentamente.
Mexicali, Baja California, a 4 febrero de
1998.Å Por la Comisión de Desarrollo Económico.Å Diputados: Juan Algravez Uranga,
presidente y César Baylón Chacón, secretario.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
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La secretaria senadora María Elena
Alvarez Bernal: |
«Escudo.Å Poder Legislativo de Baja
California.Å XV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Por medio del presente nos permitimos muy
respetuosamente hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la Comisión
Permanente celebrada el día 4 de febrero del año en curso por la XV Legislatura del
Estado de Baja California, se tomó el acuerdo de solicitarles participen en el
seguimiento a los acuerdos que se anexan al presente.
Aprovechamos la oportunidad para
reiterarles nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 9 de febrero
de 1998.Å La Comisión Permanente.Å Diputados: María de Jesús Singh Castro, presidenta
y Jesús Salvador Minor Mora, secretario.»
«Escudo.Å Partido Acción Nacional.Å
Grupo Parlamentario en la XV legislatura.Å Baja California.
Diputada María de Jesús Singh Castro,
presidenta de la Comisión Permanente de la XV Legislatura Constitucional del Estado.Å
Presente.
Los diputados del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que nos consigna el artículo
114 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en vigor, ante esta
soberanía comparecemos para someter a consideración de la Asamblea los presentes
acuerdos económicos en el orden de las siguientes
MOTIVACIONES
El artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con amplia precisión y contundencia
jurídica, las reglas en la práctica de cateos para la autoridad investigadora de los
delitos.
Al efecto se consigna que: "en toda
orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia".
Esta disposición del procedimiento para la
práctica de cateos, además de imponer las reglas para el allanamiento de un domicilio,
obliga a la autoridad al cumplimiento de determinadas obligaciones en el desempeño de su
función, misma que requiere del más elemental, si no amplio conocimiento del lugar a
catear.
Anteriormente, mediante la publicación del
26 de junio de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, fue reformado el artículo 16
constitucional y demás relativos para establecer el combate jurídico en contra del
fenómeno social de delincuencia organizada; lo cual permitió la expedición de una Ley
Especial Contra la Delincuencia Organizada, que reglamenta los procedimientos
ministeriales para el combate, a estos fenómenos delictivos.
Hoy por hoy, el clima de inseguridad
pública y efectos sociales que nos acarrean las organizaciones delictivas, hacen imperar
la existen-cia de mecanismos y procedimientos que hagan factible en la esfera de
competencias de la autoridad, investigaciones que permitan identificar a los delincuentes,
ello fue precisamente el propósito y motivación de la reforma constitucional en comento,
así como el antecedente de origen de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Sin embargo, la Procuraduría General de la
República acredita mediante las acciones temerarias y dañosas de la madrugada del
sábado 31 de enero del año en curso, mediante su acción de cateo al domicilio de los
hermanos maristas del instituto México su inobservancia de la legalidad, un abuso y
exceso de autoridad y la transgresión de las más esenciales garantías constitucionales
consagradas para los habitantes de nuestra República.
Los hechos inspiradores del cateo no
justifican por sí solos el abuso en el ejercicio de la autoridad de la Procuraduría
General de la República en contra de los hermanos maristas, sino que también,
desvirtúan y ensombrecen el ánimo legislativo para establecer procedimientos y
dispositivos legales para el combate a la delincuencia organizada, toda vez que estas
modificaciones legislativas promueven la investigación científica del órgano
ministerial no así el impulso desmedido, lacerante e impreciso que se viene exponiendo.
Estas acciones que quebrantaron derechos
fundamentales de los hermanos maristas, demuestran, además del encuadramiento en tipos
delictivos y dar causa a la determinación de responsabilidades
de los servidores públicos federales, la
falta de atención, responsabilidad, voluntad y conducción de la PGR, a cargo de un
distinguido ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente
encargado y garante de la legalidad de los actos de la autoridad que con mayor incidencia
suelen incurrir los agentes de la Procuraduría General de la República. Acreditan, así
también, que los procedimientos encaminados a la expedición de órdenes de cateo por
parte de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal deben revisarse para
fortalecer la precisión, responsabilidad, certeza, eficiencia y eficacia en la emisión
de órdenes de cateo y no constituyan tan sólo un simple trámite burocrático en el cual
se analiza parcial y sólo el de- recho de la autoridad para solicitarlas y no así el
hecho y derecho de los ocupantes del lugar cateado.
Por último, cabe destacar que la práctica
de cateos por la Procuraduría General de la República han dado muestra de ilegalidades y
abusos de poder en Baja California, lo que genera, en primera instancia, que el clima de
inseguridad lo propicie la propia autoridad y, hace necesario revisar tanto los mecanismos
para la expedición de órdenes de cateo, como las acciones concretas que involucran su
ejercicio, así como las investigaciones mínimas que deben preceder a su emisión para
conseguir la certeza, legalidad y eficacia en su desarrollo.
Por todo lo que antes se ha expuesto y en
apego a los procedimientos contenidos en los artículos 77, 113, 114, 115, 116 y 121 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos someter
a la consideración de esta honorable representación popular, los siguientes
ACUERDOS ECONOMICOS
Primero. Que este Congreso solicite
directamente a la Secretaría de la Contraloría de la Federación, la investigación e
iniciación del procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos en contra
de las autoridades que expidieron y ejecutaron la orden de cateo emitida por el juez
séptimo de distrito ocurrida en fecha 31 de enero de 1998, en el domicilio ubicado en
boulevard Las Américas y Las Ferias, ocupado por los hermanos maristas del instituto
México, así como la imposición de las sanciones y acreditación de delitos en que
incurrieron las autoridades que resulten responsables.
Segundo. Se solicite respetuosa y
atentamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, que en la brevedad posible informe por
escrito a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones que habrá de
efectuar la Secretaría de la Contraloría, informándole sobre el acuerdo económico
primero anterior y solicitándole su directa atención.
Tercero. Se informe al Congreso de la
Unión, sobre los presentes acuerdos, haciéndolos partícipes de su seguimiento.
Cuarto. Se envien los presentes acuerdos y
se solicite directamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su
participación en las investigaciones que correspondan a efecto de que, en el ámbito de
su competencia, emita las recomendaciones pertinentes e informe en su oportunidad a esta
Asamblea.
Atentamente.
Dado en la ciudad de Mexicali, Baja
California, a 4 de febrero de 1998.Å El grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.Å Rúbricas.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
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La secretaria senadora Laura Pavón
Jaramillo: |
«Escudo.Å Poder Legislativo de Baja
California.Å XV Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
De conformidad con el artículo 28 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos
comunicar a usted la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias,
así como la instalación de la Comisión
Permanente y de la designación de la mesa directiva, que fungirá durante el primer
periodo de receso, que comprende del 1o. de febrero al 31 de marzo del año en curso,
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, la cual quedó integrada de la
siguiente forma:
Diputados: María de Jesús Singh Castro,
presidenta; Miguel Angel Barraza Chiquete, vicepresidente; Jesús Salvador Minor Mora,
secretarios; Alfonso Becerril Sánchez, prosecretario; Miguel Guerrero Cruz, Abraham
Correa Acevedo, Juan Jesús Algravez Uranga, vocales; José Raúl Ramos Popoca, Luis
Montijo Palacios y Juan Meneses Jiménez, suplentes.
Al hacer de su conocimiento lo anterior,
aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California, a 2 de febrero
de 1998.Å La Comisión Permanente.Å Diputados: María de Jesús Singh Castro,
presidenta; Jesús Salvador Minor Mora, secretario.»
Recibo y de enterado.
ESTADO DE CAMPECHE
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El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo.Å Poder Legislativo.Å LVI
Legislatura.Å Campeche.
Acuerdo de la diputación Permanente del
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Campeche.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
La diputación Permanente de la LVI
Legislatura del honorable Congreso del Estado de Campeche, ratifica los puntos de acuerdo
tomados por las fracciones parlamentarias que integran el honorable Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, de fecha 15 del presente mes, referente a los penosos y reprobables
hechos ocurridos en los municipios de Chenalhó y Ocosingo del Estado de Chiapas, los
días 22 de diciembre del año próximo pasado y 12 de los corrientes. En consecuencia,
esta representación popular se adhiere a los puntos de acuerdo del documento de
referencia.
Primero. Rechazamos los hechos violentos
que han ocurrido en el Estado de Chiapas y exigimos, sin antagonismos, se aplique todo el
peso de la ley a los autores intelectuales y materiales de los lamentables sucesos que han
perturbado el esfuerzo de los chiapanecos en la solución de sus conflictos.
Segundo. Apelamos a los protagonistas para
que dentro del marco legal, se propicie un futuro diferente a través de la convivencia
social en donde la diversidad de opiniones y grupos se diriman con el entendimiento y el
respeto.
Tercero. Lamentamos los hechos violentos
ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas, porque consideramos que el camino de la
violencia siempre ha sido estéril. La vocación del pueblo de México ha sido en todo
tiempo la convivencia pacífica, el diálogo y la negociación. Elementos que han sido a
través de nuestra historia, las constantes de la democracia y los instrumentos que han
hecho posible la legalidad y la vigencia del estado de derecho.
Cuarto. Considerando que por encima de
filiaciones, vocaciones y doctrinas está la unidad y el respeto entre todos los
mexicanos, respeto que debemos mantener y fortalecer cada día más, para que la política
logre el consenso entre todos. De aquí que rechacemos tajantemente todo tipo de violencia
donde quiera que se presente y cualquiera que sea el rostro que adopte.
Ouinto. En esa causa común de preservar la
vida por encima de cualquier otro valor, los integrantes de esta LVI Legislatura,
expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos al esfuerzo de los chiapanecos por lograr su
desarrollo social y bienestar económico. Tenemos la firme convicción de que en la
búsqueda del elevado objetivo de defender los derechos fundamentales del hombre, el
pueblo de Chiapas habrá de alcanzar, con la sabiduría que lo caracteriza, una paz digna,
justa y duradera.
Palacio Legislativo, Campeche, Campeche, a
29 de enero de 1998.Å Diputados: Jorge Luis Lavalle Azar, presidente de la diputación
Permanente del honorable Congreso del Estado de Campeche; Salvador López Espínola,
secretario y Manuel Jesús Angulo Romero, vocal.»
Recibo y túrnese a la Comisión Especial
de Concordia y Pacificación.
ESTADO DE JALISCO
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El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Gobierno de
Jalisco.Å Poder Legislativo.Å Secretaría del Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
El honorable Congreso del Estado de
Jalisco, en sesión verificada el día 30 de diciembre del año próximo pasado, aprobó
el acuerdo económico número 716/97, mediante el cual se acordó girar a esa
representación popular federal, un atento y respetuoso oficio, para comunicarles que,
"los integrantes de la LIV Legislatura de esa entidad, manifiestan su indignación y
repudio, ante los hechos ocurridos en el Estado de Chiapas y exigen la actuación
responsable y eficaz de las autoridades involucradas en el caso y se exhorta a las demás
partes en este conflicto para que se restablezca el diálogo y mediante éste se llegue a
un acuerdo permanente de paz".
Lo que hago de su conocimiento para los
efectos legales procedentes.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de
1998.Å José Manuel Verdín Díaz, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión Especial
de Concordia y Pacificación.
ESTADO DE TABASCO
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
La LVI Legislatura al honorable Congreso
del Estado, en sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de enero del presente año,
aprobó emitir un acuerdo signado por las fracciones parlamentarias del Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática,
referente a los lamentables sucesos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 y el 12 de enero
de 1998 en los municipios de Chenalhó y Ocosingo del Estado de Chiapas, acordándose su
envío a las cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como a las
legislaturas de los congresos de los estados de la República.
Por lo anterior, nos permitimos remitirle
el citado documento, solicitándoles su apoyo a este acuerdo legislativo.
Sin otro particular hacemos propicia la
ocasión para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, a 16 de enero de
1998.Å Diputados: Oscar Argáiz Zurita, presidente y Raymundo Rosado Mendoza,
secretario.»
«Escudo Nacional.Å Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
La vida y la libertad son elementos
consustanciales e inherentes a toda sociedad, al Estado corresponde su tutela y
protección para el buen logro de la convivencia social.
La LVI Legislatura al honorable Congreso
del Estado de Tabasco, se pronuncia para que las condiciones de seguridad favorezcan la
paz y la justicia como factores de equilibrio y tranquilidad social en el Estado de
Chiapas, que entre la sociedad chiapaneca, las autoridades gubernamentales y las
organizaciones políticas se haga imperar el diálogo con respeto a la ley como
instrumento de comprensión y entendimiento, pero que también se actúe en secuencia en
contra de quienes amparados en la ignominia han producido desgracias personales, que de
ninguna manera puede quedar impune y por lo tanto debe recaer y aplicarse todo el peso de
la ley a quienes resulten responsables de los lamentables hechos ocurridos en Acteal,
municipio de Chenalhó y recientemente en Ocosingo.
No obstante, es indispensable transitar del
crimen a la esperanza, el futuro de Chiapas no puede obstaculizarse, pero tampoco olvidar
en el pasado, pues de nada serviría mantener iluminado un escenario con sombras de
desconcierto que no hayan sido resueltos.
Apelamos a los protagonistas para que se
destierren de Chiapas los antagonismos de violencia, venganza y represión y los
sustituyan por circunstancias políticas que propicien un futuro diferente, en donde la
diversidad de opiniones sean la resonancia de convivencia y consecuentemente se produzca
el respeto a las mayorías, pero también a las minorías; libertad a los cultos con
observancia en las leyes.
Ahora, más que nunca debe prevalecer la
convergencia política de partidos y organismos políticos hacia un solo fin, un solo
objetivo, para que en la tranquilidad social se instrumente el diálogo y la tolerancia en
la búsqueda de las soluciones cuya meta tenga como propósito el bienestar de los
habitantes de Chiapas, para lograrlo debe generarse la pluralidad partidista e
institucional que supere las divergencias matizadas existentes y no lanzarse acusaciones
que no llevan a ninguna solución, sino que, al contrario, genera más violencia.
Por ello, sin dejar de sentir dolor y
tristeza por los hechos ocurridos en Chiapas, que ahora todos llevamos en la memoria, los
diputados integrantes de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco,
sin distingo partidario alguno. ¡Exigimos paz y justicia para la sociedad chiapaneca!
Por lo tanto, las fracciones parlamentarias
del Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática y Partido
Acción Nacional de la LVI Legislatura, emiten de manera conjunta, en torno a los hechos
acaecidos el 22 de diciembre de 1997 y el 12 de enero de 1998 en los municipios de
Chenalhó y Ocosingo, Chiapas, el siguiente comunicado:
Tomando en cuenta que la población
indígena se encuentra distribuida en todo el territorio nacional y, particularmente, en
las entidades federativas del sur y centro del país; imprimiendo su propia identidad
social, cultural y política; y que igualmente, el espíritu del constituyente en materia
de protección al indígena, está trazado con vigorosos perfiles en el primer párrafo
del artículo 4o. de la Ley Suprema, que a la letra dice: "la nación mexicana tiene
una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley
protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos
y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado, en los juicios y procedimientos agrarios en aquellos
que sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los
términos que establezca la ley.
Con base en lo anterior, nos pronunciamos:
Primero. Rechazamos los hechos violentos
que han ocurrido en el Estado de Chiapas y exigimos sin antagonismos se aplique todo el
peso de la ley a los autores intelectuales y materiales de los lamentables sucesos que han
perturbado el esfuerzo de los chiapanecos en la solución de sus conflictos.
Segundo. Apelamos a los protagonistas para
que dentro del marco legal, se propicie un futuro diferente a través de la convivencia
social en donde la diversidad de opiniones y grupos se diriman con el entendimiento y el
respeto.
Tercero. Lamentamos los hechos violentos
ocurridos en el municipio de Ocosingo, Chiapas, porque consideramos que el camino de la
violencia siempre ha sido estéril. La vocación del pueblo de México ha sido en todo
tiempo la convivencia pacífica, el diálogo y la negociación, han sido a través de
nuestra historia, las constantes de la democracia, los instrumentos eficaces que han hecho
posible la legalidad y la vigencia del estado de derecho.
Cuarto. Considerando que por encima de
filiaciones, vocaciones y doctrinas está la unidad y el respeto entre todos los
mexicanos, respeto que debemos de mantener y fortalecer cada día más, para que la
política logre el consenso entre todos. De aquí que rechacemos tajantemente todo tipo de
violencia donde quiera que se presente y cualquiera que sea el rostro que adopte.
Quinto. En esa causa común de preservar la
vida por encima de cualquier otro valor, los integrantes de esta LVI Legislatura
expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos al esfuerzo de los chiapanecos por lograr
más desarrollo social y bienestar económico. Tenemos la firme convicción de que en la
búsqueda del elevado objetivo de defender los derechos fundamentales del hombre, el
pueblo de Chiapas habrá de alcanzar, con la sabiduría que lo caracteriza, una paz digna,
justa y duradera.
Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de
1998.Å Diputados por las fracciones parlamentarias: Carlos Alberto Valenzuela Cabrales,
PAN; Milton Lastra Valencia, PRI y José González Domínguez, PRD.»
Recibo y túrnese a la Comisión Especial
de Concordia y Pacificación.
ESTADO DE CHIAPAS
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Estado Libre y
Soberano de Chiapas.Å Honorable Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Por medio del presente me permito comunicar
a usted, que el día de hoy la LIX Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en los numerales 22 y 31 de la Constitución Política del Estado y en el
artículo 165 del propio Reglamento Interior, clausuró el primer periodo de sesiones
ordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio; igualmente en esta misma fecha
se integró e instaló la mesa directiva de la Comisión Permanente, que funcionará
durante el receso comprendido del 19 de febrero al 18 de mayo del presente año, quedando
de la siguiente forma: diputados: Carlos Oswaldo Pano Becerra, presidente; Salvador
Quevedo Ramos, vicepresidente; Fernando Aparicio Trejo, secretario; Miguel A. Cal y Mayor
Gutiérrez, Arturo de Jesús Pérez Hernández y Juan Eduardo Martínez López, suplentes.
Reitero a usted las seguridades de mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de febrero
de 1998.Å Magda Cielo Villanueva Ríos, diputada secretaria.»
Recibo y de enterado.
ESTADO DE
CHIHUAHUA
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Congreso del
Estado de Chihuahua.Å Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Por este conducto, nos permitimos hacer de
su conocimiento, que con fecha 22 de enero la LVIII Legislatura del honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, dio inicio a los trabajos correspondientes a su octavo periodo de
sesiones extraordinarias a que fue convocado por su diputación Permanente, siendo
clausurado con esta fecha.
Asimismo, comunicamos a usted que fue
electa la mesa directiva que presidió dichos trabajos, quedando integrada de la siguiente
forma, diputados: Alfonso Luján Gutiérrez, presidente; Pablo Israel Esparza Natividad,
Miguel Agustín Corral Olivas, vicepresidentes; Hortensia Enríquez Ortega, primera
secretaria; Guillermo Villalobos Madero, segundo secretario; Dagoberto González Uranga y
Rubén Aguilar Jiménez, secretarios.
Sin más por el momento, reiteramos a usted
las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 23 de enero de
1998.Å El presidente del Congreso del Estado, diputado Alfonso Luján Gutiérrez.»
Recibo y de enterado.
ESTADO DE DURANGO
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Congreso del
Estado de Durango.Å Honorable LX Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Ante este Poder Legislativo, ocurrió el
pasado martes 27 del mes en curso, militantes de la organización de colonias populares de
esta ciudad, con el fin de solicitar de los señores diputados su intervención ante las
dependencias correspondientes, para frenar las alzas a los productos básicos, como el
gas, la tortilla, la leche etcétera, que repercuten en la economía de sus familias.
Por lo anterior, la Comisión Permanente de
la honorable LX Legislatura, acordó solidarizarse con las familias de más bajos ingresos
y solicitar a esa Cámara, su intervención ante las autoridades correspondientes y se
realicen las acciones conducentes para frenar el alza de estos productos.
Sin otro particular le manifestamos las
seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 28 de enero
de 1998.Å Diputado José Rubén Escajeda Jiménez, presidente de la Comisión
Permanente.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez
Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Congreso del
Estado de Durango.Å LX Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
La honorable LX Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Durango, en sesión ordinaria verificada el día de hoy, aprobó un
punto de acuerdo, el cual me permito transcribir para su conocimiento y efectos legales
consiguientes y que a la letra dice:
"Que esta legislatura envíe una
solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que de ser posible
sean tomados en cuenta los siguientes puntos:
Primero. Establecer que los saldos de la
cartera sean depurados y establecidos montos reales, tomando en consideración las
disposi- ciones de la Ley General de Instituciones de Crédito en sus artículos 65, 66,
106 fracciones V,XVII y XVIII y demás relativos;
Segundo. Una vez que sean depurados los
saldos, llevar a cabo una desamortización de garantías, quedando en garantía la
garantía original y en relación de uno a uno;
Tercero. Que la contratación de deuda
pública externa que se pretende ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
se canalice a la solución del problema de cartera vencida, a la
reactivación económica y al gasto social
de los sectores más desprotegidos, estableciendo bajas tasas de interés, periodos largos
de gracia y amortizaciones a largo plazo;
Cuarto. Renegociación de la deuda externa
y del pago del servicio de la deuda (intereses), destinando los recursos negociados a los
rubros señalados en el punto tres;
Quinto. Fomentar y destinar el ahorro
interno a la reactivación económica, sobre todos los provenientes del fondo para el
retiro, aplicando tasas de rendimiento adecuadas al igual que las tasas de intermediación
que permitan la operatividad financiera. Los recursos de las Afore se destinen por un
periodo de 10 años a la inversión interna y
Sexto. Gestionar ante el Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial y otros organismos financieros y de asistencia social la
canalización de recursos para la solución de cartera vencida y su rescate por parte del
Gobierno, para que a través de éste se lleve a cabo la amortización sobre todo los
créditos agropecuarios y la vivienda de interés social en primer termino y en segundo
termino la cartera de la micro y pequeña empresas, al tratar lo relativo a la Ley de
Ingresos y Ley de Egresos de la Federación."
Nos es grato reiterar a ustedes las
seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 3 de
diciembre de 1997.Å Diputados: Carmen Aidé Quiñones Ruiz y Felipe A. Franco Garza,
secretarios.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE
JALISCO (II)
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Gobierno de
Jalisco.Å Poder Legislativo.Å Secretaría del Congreso.
El honorable Congreso del Estado, en
sesión verificada el día nueve de los corrientes, aprobó el acuerdo económico número
695/97, mediante el cual, esta LIV Legislatura se adhiere al pronunciamiento realizado por
El Barzón "comité estatal", en favor de la búsqueda de soluciones a la
cartera vencida, a fin de evitar que se siga afectando la deteriorada economía familiar
de los habitantes del país.
Para tal efecto, anexo al presente les
envío fotocopia del acuerdo de referencia para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 10 de diciembre de
1997.Å José Manuel Verdín Díaz, oficial mayor.»
«Escudo Nacional.Å Gobierno de Jalisco.Å
Poder Legislativo.Å Secretaría del Congreso.
Ciudadanos diputados: la comisión de
peticiones, que es a cargo de los suscritos, le fue turnado por acuerdo de la asamblea,
para su estudio y dictamen, el ocurso que suscribe El Barzón "comité estatal",
mediante el cual, solicitan se formule un exhorto para que durante el periodo de sesiones
en el Congreso de la Unión, se establezcan condiciones y se acuerden soluciones al
problema de la cartera vencida con las instituciones de crédito y que esta legislatura,
se una a dicho pronunciamiento y
CONSIDERANDO
1o. Que toda persona, tiene el derecho de
petición, siempre y cuando se formule de manera pacífica y por escrito y que,
tratándose de asuntos relacionados con materia política, sólo los ciudadanos podrán
ejercitar este derecho, de conformidad con el artículo 8o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
2o.Que corresponde a la comisión de
peticiones, la atención de los asuntos no reservados expresamente a las demás comisiones
designadas por el Congreso y la de los ocursos de particulares o agrupaciones privadas, en
los que expongan los problemas que les afecten, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco;
3o. Que en el ocurso sometido a dictamen de
esta comisión, se solicita se exhorte al Congreso de la Unión, a una iniciativa para que
durante el periodo de sesiones, ordinarias se establezcan soluciones a los problemas de la
cartera vencida;
4o. Los integrantes de la comisión
dictaminadora consideran procedente la adhesión de esta legislatura, al pronunciamiento
realizado por El Barzón "comité estatal", en virtud de lo anterior se
propondrá un punto de acuerdo, para solicitar al Congreso de la Unión, se encuentren
soluciones viables al problema de la cartera vencida.
En mérito de lo expuesto y con fundamento
en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
sometemos a la elevada consideración de ustedes, señores diputados, el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO ECONOMICO
Unico. La LIV Legislatura del Congreso del
Estado de Jalisco, se adhiere al pronunciamiento realizado por El Barzón "comité
estatal" y se pronuncia a favor de la búsqueda de soluciones a la cartera vencida, a
fin de evitar se siga afectando la deteriorada economía familiar de todos los habitantes
del país.
Comuníquese el anterior acuerdo a El
Barzón "comité estatal" y al Congreso de la Unión, para los efectos legales a
que haya lugar.
Sala de comisiones del Congreso del
Estado.Å Guadalajara, Jalisco, a 9 de diciembre de 1997.Å La comisión de peticiones,
diputados: Gildardo González Muñoz, Juan López Ramírez, María Dolores Guzmán
Cervantes, Efraín Miramontes Garibay, Leoncio Miranda Corona y Francisco Montaño Mercado
Gallo.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE
DURANGO (II)
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Congreso del
Estado de Durango.Å LX Legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
En sesión ordinaria verificada el día de
hoy, la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Estado acordó un punto de acuerdo,
el cual nos permitimos transcribir a usted para su conocimiento y trámite correspondiente
el cual dice:
"Solicitar a esa Cámara de Diputados
por conducto de la comisión respectiva, su intervención decisiva y firme ante la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para solucionar el conflicto laboral que
existe entre el Nacional Monte de Piedad y sus trabajadores, ya que este conflicto laboral
afecta a miles de familias duranguenses que tienen a esta institución como último
recurso para resolver algún problema económico."
Por lo anterior nos es grato reiterar a
usted las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 10 de
febrero de 1998.Å José María Alcantar Chávez, oficial mayor.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE
JALISCO (III)
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Gobierno de
Jalisco.Å Poder Legislativo.Å Secretaría del Congreso.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
El honorable Congreso del Estado en sesión
que tuvo verificativo el día de hoy, tuvo a bien emitir el acuerdo económico número
721/98 en los siguientes términos
ACUERDO ECONOMICO
Unico. La LIV Legislatura del Congreso del
Estado de Jalisco, se adhiere al pronunciamiento realizado por el Frente Popular
Jalisciense, para que el Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones
establezcan soluciones al problema de las condiciones de vida y la inseguridad jurídica
de la ciudadanía.
Comuníquese el anterior acuerdo al Frente
Popular Jalisciense y al Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya
lugar."
Se adjunta al presente copia del acuerdo
aludido, para su conocimiento.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de
1998.Å José Manuel Verdín Díaz, oficial mayor.»
«Escudo Nacional.Å Gobierno de Jalisco.Å
Poder Legislativo.Å Secretaría del Congreso.
Ciudadanos diputados:
La comisión de peticiones, que es a cargo
de los suscritos, le fue turnado por acuerdo de la Asamblea, para su estudio y dictamen,
el ocurso que suscribe el Frente Popular Jalisciense, mediante el cual solicita se formule
un exhorto para que durante el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, se
establezcan soluciones al problema sobre las condiciones de vida de la ciudadanía y la
creciente inseguridad jurídica y que esta legislatura, se una a dicho pronunciamiento y
CONSIDERANDO
1o. Que toda persona, tiene el derecho de
petición, siempre y cuando se formule de manera pacífica y por escrito y que tratándose
de asuntos relacionados con materia política, sólo los ciudadanos podrán ejercitar este
derecho, de conformidad con el artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
2o. Que corresponde a la comisión de
peticiones, la atención de los asuntos no reservados expresamente a las demás comisiones
designadas por el Congreso, y la de los ocursos de particulares o agrupaciones privadas,
en los que expongan los problemas que les afecten, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco;
3o. Que en el ocurso turnado para su
dictamen a esta comisión, se solicita se exhorte al Congreso de la Unión, para que
durante el periodo de sesiones, ordinarias se establezcan soluciones a los problemas que
plantea el Frente Popular Jalisciense;
4o. Los integrantes de la comisión
dictaminadora consideran procedente la adhesión de esta legislatura, al pronunciamiento
realizado por el Frente Popular Jalisciense, en virtud de lo cual se propondrá un punto
de acuerdo, para solicitar al Congreso de la Unión, las soluciones viables a los
problemas planteados por dicho organismo;
En mérito de lo expuesto y con fundamento
en los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
sometemos a la elevada consideración de ustedes, señores diputados, el siguiente
proyecto de
ACUERDO ECONOMICO
Unico. La LIV Legislatura del Congreso del
Estado de Jalisco, se adhiere al pronunciamiento realizado por el Frente Popular
Jalisciense, para que el Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones
establezcan soluciones al problema de las condiciones de vida y la inseguridad jurídica
de la ciudadanía.
Comuníquese el anterior acuerdo al Frente
Popular Jalisciense y al Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.
Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de
1998.Å Sala de comisiones del Congreso del Estado.Å La comisión de peticiones.Å
Diputados: Gildardo González Muñoz, Juan López Ramírez, Efraín Miramontes Garibay,
Leoncio Miranda Corona y Francisco Montaño Mercado Gallo.»
«Escudo.Å Frente Popular Jalisciense.Å
Adherido a la Central Unitaria de Trabajadores.
Ciudadano Alberto Cárdenas Jiménez,
gobernador constitucional del Estado de Jalisco.Å Palacio de Gobierno.Å Gobernador.Å
Honorable Congreso del Estado:
Durante los últimos años los trabajadores
jaliscienses y demás capas de la población asalariada, hemos vivido un agravamiento de
las condiciones de vida caracterizada por una carestía de bienes de uso y consumo
irrefrenable, aunado a la creciente inseguridad pública, prepotencias y soberbia de las
autoridades, con atropellos a los derechos humanos más elementales y, una limitación en
las expectativas de existencia; ante la escasa posibilidad de acceder a la enseñanza
superior, vivienda, servicios públicos eficientes y salarios suficientes.
En esas condiciones los jaliscienses
asalariados y no asalariados, enfrentamos una lista interminable de problemas, quejas,
reclamos, aspiraciones legítimas, etcétera, que desbordan nuestras posibilidades
económicas, físicas y humanas de soluciones, ante la actitud limitada y apática, de las
autoridades.
Las situaciones que más golpean a las
familias que cada día que pasa ven mermados sus ingresos económicos son:
Cobros excesivos y absurdos del SIAPA;
aumentos desconsiderados de impuestos; transporte público urbano caro y malo; servicios
de salud pública onerosos e ineficientes; hospitales públicos que aumentan
progresivamente sus cuotas a la población marginada de la seguridad social que procura
esos servicios; aumentos continuos del costo en el gas doméstico, en la gasolina, el
teléfono y otros servicios; retiro de teléfonos económicos de alcancía en las colonias
populares incomunicando a las familias por ser de escasos recursos; altos cobros en la
regularización de terrenos y predios ejidales, incluyendo la doble tributación en el
inconstitucional pago de cinco años atrasados por el impuesto predial; verdaderos robos
en cobros exorbitantes para poder construir y tener una vivienda escriturada; ausencia de
créditos para la vivienda de carácter popular; cobro a la educación en escuelas
públicas, mediante supuestas cuotas voluntarias que son obligatorias ante la indiferencia
y beneplácito de las autoridades educativas; más presupuesto para la Universidad de
Guadalajara y que ésta institución lo destine únicamente a funciones educativas, a la
vez, en crear más espacios educativos para los hijos de los trabajadores; garantizarles
con hechos, a los egresados de las escuelas normales de Jalisco, la base o plaza de
trabajo en donde ejerzan los conocimientos adquiridos; liberación casi total de precios
de artículos básicos, sin la menor preocupación del daño a la economía popular;
salarios de hambre para los trabajadores; suspensión ad perpetuam de las construcciones
de nuevas líneas del tren ligero; una policía ineficiente y técnicamente mal preparada;
represión y saqueo económico permanente a los comerciantes en pequeño, especialmente a
los tianguistas y ambulantes; pésima estructura del alcantarillado que provoca
inundaciones fre- cuentes; enseñanza pública media y superior, discriminatoria y
orientada hacia el lucro; cada vez menos estudiantes de origen proletario ingresan a la
Universidad de Guadalajara; servicios públicos municipales onerosos etcétera.
Todos estos y muchos otros problemas se
agravan aún más en el medio rural, en el que los bajos precios de garantía y el escaso
apoyo oficial en programas a la producción, desalientan, las actividades agropecuarias,
condenando al Estado y la nación a la dependencia cada vez creciente, en la importación
de alimentos.
Por lo antes expuesto, señor gobernador
atentamente pedimos:
1o. Intervención ante quien corresponda,
para lograr la suspensión de las alzas continuas y periódicas en el gas, gasolina,
teléfonos, servicios públicos e impuestos. Peso y precio justo a la tortilla.
2o. Que los recursos del presupuesto que
aportamos con impuestos y gravamen, se canalicen en mayor proporción a costear servicios
públicos municipales en colonias populares.
3o. Medidas concretas para la recuperación
del poder adquisitivo de la población.
4o. Acciones eficaces para solucionar el
problema de la cartera vencida.
5o. Proyectar iniciativas para lograr
aumentos salariales por arriba de los costos de mercancías y servicios.
6o. Eliminación de las leyes de ingresos,
de impuestos por regularización de fincas en terrenos ejidales.
7o. Proyección urgente de nuevas líneas
del tren ligero urbano.
8o. Participar decididamente ante Telmex,
para que instale teléfonos públicos económicos en colonias populares.
9o. Apoyo a proyectos cooperativos en
particular las de vivienda e incorporación de programas de crédito para
autoconstrucción y vivienda de carácter popular.
10. Diálogo abierto de autoridades del
gobierno con las agrupaciones de los barrios y colonias de la ZMG y del interior del
Estado.
11. Respeto a las organizaciones sociales y
populares y atención y solución a sus demandas.
12. Ninguna modificación a las leyes
laborales en contra de los derechos de los asalariados y no asalariados.
13. Verdadero apoyo a los jubilados y
pensionados, así como a los de la tercera edad. Ejecutar programas de apoyo en áreas
como recreación y descanso, cobros en servicios, transportes y otros más.
14. Garantizar con los recursos del Estado,
una estricta vigilancia en el peso y precio del gas doméstico.
15. Respeto absoluto a la libertad sindical
de las organizaciones de trabajadores del Estado y privadas. Atención y respuesta a sus
justas demandas y planteamientos.
16. Legislación precisa para evitar cobros
en educación pública e instituciones de salud.
17.Mayores recursos a la educación
superior, para lograr más espacios educativos para los trabajadores y sus familias.
18. Mejores precios a los productos del
campo, diseñar proyectos de apoyo a los mismos o propios productores.
19. Impulsar programas de abasto directo de
mercancías a precios accesibles para las familias de trabajadores de escasos recursos.
20. Tarifas mínimas del SIAPA, en colonias
de trabajadores o de escasos recursos o desempleados. No al cobro de agua en baldíos y
vivienda que no tienen tomas y servicios.
21. Apoyos reales a los proyectos
asociativos productivos y a las iniciativas de las organizaciones y grupos independientes.
22. Agilización en los expedientes de
regularización de la tendencia de la tierra.
23. Defensa enérgica de los derechos de
los trabajadores que radican temporal o definitivamente en los Estados Unidos de América.
Ofreciéndoles acciones y planes concretos si fueran expulsados de ese país.
24. Promover reuniones periódicas con las
diversas organizaciones sociales independientes, para escuchar sus planteamientos y
propuestas.
25. Los problemas de la juventud no se
resuelvan con más patrullas, creemos que se saneará con: trabajo, estudio, zonas
recreativas y de descanso, deporte masivo en barrios, funciones ocupacionales, viajes de
promoción turística para el conocimiento del Estado, etcétera.
26. Promover para convertir en Reserva
Ecología y de utilidad pública, los cerros deprabados, de la zona sur de la ZMG, en
particular, para rescatarlos, reforestándolo, lo que queda del llamado Cerro del Cuatro y
regiones aledañas al mismo.
27. La Barranca de Oblatos convertirla en
una zona recreativa para las familias y en aprovechamiento del turismo en general.
28. Definitivamente nos manifestamos contra
de las obras de relumbrón, caso específico, las "nueve esquinas". Fachadas
arregladas y estómagos vacíos.
29. Más recursos en áreas de
capacitación para el trabajo, especialmente en acciones de becas para estudio en
computación.
30. Acciones eficaces y concretas en contra
de la terrible contaminación ambiental que sufre la ZMG. Es de las más altas del país.
Atentamente.
"Por un Poder Popular."
Guadalajara, Jalisco, a 17 de noviembre de
1997.Å Andrea Suárez, Comisión del Movimiento Urbano Popular del F.P.J.; Adolfo Salazar
García, Comisión de Organización del F.P.J; David Arroyo Pardo, presidente del Frente
Popular Jalisciense; Primitivo Madrigal Michel, CUT Comité Estatal; Benjamín Ramírez
Castañeda, por el FAC-MLN.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SINALOA
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Congreso del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Adjunto nos permitimos remitir a usted
copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del día martes 10 del
presente año, propuesto por la Comisión de Concertación Política de la LV Legislatura
del honorable Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual manifestamos nuestro más
enérgico repudio a las maniobras de ingerencia norteamericana en la vida política
nacional y se rechazan las imputaciones infundadas y dolosas de que fue objeto en un
periódico norteamericano, el licenciado Francisco Labastida Ochoa.
Lo que comunicamos a usted para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Atentamente.
Culiacán, Sinaloa, febrero 10 de 1998.Å
El presidente de la Comisión de Concertación Política del honorable Congreso del Estado
de Sinaloa, diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco.»
«Escudo Nacional.Å Congreso del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa.
La LV Legislatura del honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a iniciativa de la Comisión de Concertación
Política y
CONSIDERANDO
Que este honorable cuerpo colegiado ha
seguido con atención las circunstancias y hechos que pudieran afectar a Sinaloa, así
como a las instituciones nacionales; que frente a ello, siempre ha actuado y levantado su
voz responsable y oportunamente.
Que este Congreso del Estado, como
depositario de la soberanía y expresión de la representación popular, debe asumir, con
base en los principios de la ética política, la defensa de quienes con rectitud han
prestado sus servicios a la entidad.
Que puntualmente cada año, previo al
proceso de certificación unilateral que realiza el gobierno norteamericano, sobre la
cooperación de otros países en la lucha contra el narcotráfico, actores políticos
ultraconservadores de ese país se empeñan en crear una atmósfera negativa para México
en la opinión pública internacional y tratan de crear confusión al interior de nuestro
país.
Que el pasado 5 de febrero, en un
periódico de los Estados Unidos de América, se publicaron imputaciones infundadas y
dolosas contra un destacado ciudadano sinaloense, como lo es el licenciado Francisco
Labastida Ochoa, quien fungiera como gobernador constitucional del Estado durante el
periodo 1987-1992.
Que los mexicanos no podemos tolerar ni
permitir pretensiones intervencionistas que atentan contra nuestra soberanía como
nación; somos un pueblo de trabajo y con sólidas instituciones para resolver nuestros
asuntos internos.
Es por ello que el honorable Congreso del
Estado de Sinaloa, a través de su LV Legislatura emite el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Manifestamos nuestro más
enérgico repudio a las maniobras de ingerencia americana en la vida política nacional,
so pretexto de una certificación unilateral sobre la cooperación mexicana en el combate
contra las drogas. Los mexicanos no aceptamos ni aceptaremos certificación de país
alguno.
Segundo. Expresamos nuestro rechazo a los
infundados y dolosos señalamientos realizados en contra del licenciado Francisco
Labastida Ochoa, secretario de Gobernación, por una publicación americana. Los
sinaloenses no aceptamos estas tácticas de presión e intimidación, que tratan
injustamente de desacreditar a un distinguido sinaloense.
Tercero. Remítase este punto de acuerdo al
Congreso de la Unión solicitando su intervención al respecto.
Es dado en el palacio del Poder Legislativo
del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 10 días del mes de febrero
de 1998.Å Diputados: Enriqueta Gómez Millán, presidente; Héctor Velarde García,
Jesús Alfredo Quintero Urias, secretarios.»
Recibo y túrnese a las comisiones de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
ESTADO DE
GUERRERO
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo.Å LV Legislatura del
Congreso del Estado de Guerrero.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Para los efectos legales procedentes, me
permito comunicar a usted que la LV Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sesión ordinaria del día 10 del presente mes y año, tuvo a
bien elegir a la Comisión Permanente, que fungirá durante el primer periodo de receso
comprendido del día 15 de febrero al 31 de marzo del presente año, correspondiente al
segundo año de su ejercicio constitucional; quedando integrada de la siguiente manera:
Diputados: Florencio Salazar Adame,
presidente; Ezequiel Zúñiga Galeana, primer vicepresidente; Saúl López Sollano,
segundo vicepresidente; Silvino Zúñiga Hernández, Amalia Tornes Talavera, secretarios
propietarios; Violeta Campos Astudillo, Justino Damián Calvo, secretarios suplentes;
Primitivo Castro Carreto, David Guzmán Maldonado, Enrique Galeana Chupín, Fernando
Navarrete Magdaleno, Gabino Olea Campos, J. F. Ezequiel Tapia Bahena, Gildardo Montúfar
Pineda, vocales propietarios; Sabdi Bautista Vargas, Oscar Eloy Polanco Salinas, José
Luis Peralta Lobato, Norberto Escalera Gatica, Enrique Caballero Peraza, Severiano de
Jesús Santiago y Sergio Tavira Román, vocales suplentes.
Sin otro particular, reitero a usted las
seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Chilpancingo, Guerrero, a 19 de febrero de
1998.Å El oficial mayor del honorable Congreso del Estado, Luis Camacho Mancilla.»
Recibo y de enterado.
ESTADO DE
MEXICO
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo.Å Estado de México.Å
Poder Legislativo.Å H. LIII Legislatura.Å Secretaría.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
Nos permitimos comunicar a usted que la
LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión celebrada el día 4 de
febrero del año en curso, tuvo a bien elegir a la directiva del tercer mes del tercer
periodo de sesiones ordinarias, conforme a la siguiente integración:
Diputados: José Gerardo de la Riva Pinal,
presidente; Guillermo Espinoza Cruz, José Guadalupe Solano Olmos, vicepresidentes; Javier
Jerónimo Apolonio, Alfonso Rodríguez Tinajero, secretarios; Manuel Vázquez Cabrera y
Artero Guzmán Barrera, prosecretarios.
Sin otro particular, le expresamos nuestra
elevada consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Toluca de Lerdo, México, a 6 de febrero de
1998.Å diputados: Javier Jerónimo Apolonio y Alfonso Rodríguez Tinajero, secretarios.»
Recibo y de enterado.
REINO DE SUECIA Y
REPUBLICA POTUGUESA
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Fe- deral.Å Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el
expediente integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del
ciudadano Mauricio de María y Campos, como embajador extraordinario y plenipotenciario en
comisión especial para representar a los Estados Unidos Mexicanos ante los gobiernos del
Reino de Suecia y de la República Portuguesa, en la preparación y organización de una
reunión internacional de alto nivel sobre el problema de la producción, el tráfico y el
consumo de narcóticos, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la
propia Carta Magna.
Después de haber analizado el nombramiento
en cuestión y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea
señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el
ciudadano Mauricio de María y Campos, consta que nació en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el 13 de octubre de 1943. En tal virtud, reúne los requisitos de
nacionalidad por nacimiento y edad mínima
que se requieren para desempeñar el cargo para el cual ha sido designado. A su vez, se
encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Los miembros de la comisión dictaminadora
deseamos mencionar que en el curriculum vitae del embajador designado se establece que
obtuvo el título de licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Posteriormente estudió la maestría en desarrollo económico en la Universidad
de Sussex en Gran Bretaña.
Consideramos oportuno señalar que el
licenciado De María y Campos cuenta con una amplia experiencia dentro de la
administración pública. En tal virtud, ha desempeñado los siguientes cargos: jefe de
Planeación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1971 y 1972; subdirector de
Evaluación en la dirección de Transferencia de Tecnología de la Secretaría de
Industria y Comercio en 1973 y 1974; director general de Inversiones Extranjeras en la
Secretaría de Industria y Comercio en 1975 y 1976; director de Estímulos Fiscales en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1977 a 1979; subdirector general de
Promoción Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1980 y 1981;
director general de Promoción Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
1982; subsecretario de Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial de 1982 a 1988 y director adjunto del Banco Mexicano Somex de 1989 a 1992.
Asimismo fungió como director adjunto de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en 1992 y 1993 y
actuó como director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial de 1993 a 1997.
La comisión que dictamina considera
oportuno manifestar que el ciudadano Mauricio de María y Campos impartió cátedra de
economía internacional en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México y se desempeñó como consultor para diversos organismos de la Naciones Unidas
(ONUDI), Centro de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales, UNCTAD y CEPAL.
Además es autor de diversas publicaciones sobre transferencia de tecnología, inversión
extranjera, comercio exterior, política industrial y de asuntos internacionales en
diversas revistas y libros publicados en México y en el extranjero.
Es de destacar que el ciudadano De María y
Campos recibió las condecoraciones "Orden del Gran Comendador de la República
Francesa" y la "Orden Francisco Miranda de la República de Venezuela".
En acatamiento del acuerdo tomado por la
Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente
para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos
diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano Mauricio de María y Campos a
una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la
circunstancia internacional en que se desenvuelve y en forma especial, el problema de la
producción, el tráfico y el consumo de narcóticos a nivel internacional.
Dicha reunión tuvo verificativo el día de
hoy y en la misma los legisladores que integramos la comisión que dictamina, dialogamos
sobre los citados temas con el embajador nombrado, pudiendo comprobar por este medio el
grado de experiencia y preparación que en materia internacional posee. De igual forma
quedó de manifiesto su vocación y voluntad de servicio a la República.
En la citada entrevista, el embajador
designado demostró su conocimiento sobre la problemática de las drogas en el entorno
mundial, así como el momento actual y perspectivas de la relación bilateral con el Reino
de Suecia y de la República Portuguesa. A su vez, expuso con solvencia diversos puntos de
vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de conocimiento, como una firme convicción
en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la
entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe hemos podido
constatar que el ciudadano Mauricio de María y Campos posee los requisitos ordenados por
el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado
embajador.
Por lo antes expuesto, los suscritos
miembros de la comisión consideramos que el ciudadano Mauricio de María y Campos reúne
en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de
embajador extraordinario y plenipotenciario, para representar a los Estados Unidos
Mexicanos ante los gobiernos del Reino de Suecia y de la República Portuguesa, por lo que
nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le
confiere la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el
nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano
Mauricio de María y Campos, como embajador extraordinario y plenipotenciario en comisión
especial, para representar a los Estados Unidos Mexicanos ante los gobiernos del Reino de
Suecia y de la República Portuguesa, en la preparación y organización de una reunión
internacional de alto nivel sobre el problema de la producción, el tráfico y el consumo
de narcóticos.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 10 de marzo de 1998.Å
Senado- res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo Ruiz, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados Armando Neyra Chávez,
Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el dictamen... No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este
recinto el ciudadano Mauricio de María y Campos, cuyo nombramiento como embajador
extraordinario y plenipotenciario de México, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo
acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes
legisladores: José Angel Conchello Dávila, Rodolfo Elizondo Torres, Jaime Miguel Moreno
Garavilla, María del Socorro Aubry Orozco y Luis Patiño Pozas.
Se pide a la comisión designada cumpla con
su cometido.
La secretaria senadora María Elena Alvarez
Bernal:
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
Ciudadano Mauricio de María y
Campos: "¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario, en comisión especial, para representar a los Estados
Unidos Mexicanos ante los gobiernos del Reino de Suecia y de la República Portuguesa, en
la preparación y organización de una reunión internacional de alto nivel sobre el
problema de la producción, el tráfico y el consumo de narcóticos, que se le ha
conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la
unión?"
El ciudadano Mauricio de María y
Campos:
"¡Sí, protesto!"
¡Si no lo hiciereis así, que la
nación os lo demande!
Se ruega a la comisión designada
acompañar al embajador cuando desee retirarse.
Se encuentran presentes en el salón de
sesiones de la Comisión Permanente, 24 alumnos del segundo año de preparatoria del
Centro de Educación y Cultura Ajusco Seica, acompañados por los profesores Arturo
Cerrillo y Jesús Humberto Hernández.
La mesa directiva les extiende la más
afectuosa bienvenida y agradece el interés que muestran por las actividades del Poder
Legislativo Federal. ¡Bienvenidos!
Continúe la Secretaría con los asuntos en
cartera.
GRADOS MILITARES
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor Guillermo
Esteban Virgen, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la
Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la
fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de
1965 y fue ascendido a subteniente de caballería por acuerdo del Secretario del ramo el
1o. de noviembre de 1967;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 31 años, nueve meses, 29 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta y Tercera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Guillermo Esteban Virgen.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 21 de enero de 1997.Å
Senado- res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, secretarios; Mario Saucedo Pérez, José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No ha- biendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en
conjunto.
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Segunda Comisión.
Honorable Asamblea: a la comisión que
suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con hoja de servicios que
contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1997, por el Presidente de la
República, en favor del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Raúl Pinedo
Dávila, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión
envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII
del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del
interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos como cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 16 de noviembre
1967 y fue ascendido a subteniente de infantería por acuerdo del secretario del ramo el
1o. de septiembre de 1971;
b) A los siguientes grados ascendió de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado
servicios a la nación mexicana durante 30 años, 12 días y
d) Se le confirieron en su oportunidad las
condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera clases.
De la revisión del expediente personal y
la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce
que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el
grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se
permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general
brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del
ciudadano Raúl Pinedo Dávila.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 21 de enero de 1997.Å
Senado- res: José Angel Conchello Dávila, presidente; Juan Ramiro Robledo, Rodolfo
Elizondo Torres, Mario Saucedo Pérez, secretarios; José Antonio Valdivia, Manuel Cadena
Morales, Laura Pavón Jaramillo, Héctor Sánchez López; diputados: Armando Neyra
Chávez, Sadot Sánchez Carreño y Verónica Velasco Rodríguez.»
Está a discusión el punto de acuerdo...
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se
aprueba este punto de acuerdo y el anteriormente reservado.
Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquense al Ejecutivo.
REPUBLICA DE
NICARAGUA.
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de trabajo que suscribe le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación,
por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Roberto
Miranda Sánchez, José Angel Gurría Treviño, Pedro José González-Rubio Sánchez, Juan
Rebolledo Gout, Javier Treviño Cantú, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, Fernando Solís
Cámara y Jiménez Canet, Rubén Pérez Ramírez y César Kuno Becker Cuéllar, puedan
aceptar y usar las condecoraciones de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz y
de Gran Oficial, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
general de brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le
confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo segundo. Se concede permiso al
ciudadano José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de
Nicaragua.
Artículo tercero. Se concede permiso al
embajador Pedro José González-Rubio Sánchez, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo cuarto. Se concede permiso al
ciudadano Juan Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de
Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Nicaragua.
Artículo quinto. Se concede permiso al
ciudadano Javier Treviño Cantú, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José
de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de
Nicaragua.
Artículo sexto. Se concede permiso al
ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para aceptar y usar la Condecoración de la
Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo séptimo. Se concede permiso al
ciudadano Fernando Solís Cámara y Jiménez Canet, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden José de Marcoleta, en Grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Artículo octavo. Se concede permiso al
coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Rubén Pérez Ramírez, para aceptar y
usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en Grado de Oficial, que le
confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo noveno. Se concede permiso al
ciudadano César Kuno Becker Cuéllar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden
de José de Marcoleta, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la
República de Nicaragua.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 19 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA DE
VENEZUELA
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por
el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jorge Luis
Madrazo Cuéllar, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella del
Ministerio Público, Doctor Juan Germán Roscio, en su Unica Clase, que le confiere el
Ministerio Público de la República de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Jorge Luis Madrazo Cuéllar, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
Estrella del Ministerio Público, Doctor Juan Germán Roscio, en su Unica Clase, que le
confiere el Ministerio Público de la República de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 20 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA
FRANCESA
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: a la Primera Comisión
de trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación,
por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaime
Enrique Inocencio García Amaral y María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, puedan
aceptar y usar las condecoraciones de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de
Oficial y de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, respectivamente, que
les confiere el gobierno de la República Francesa.
La comisión considera cumplidos los
requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de
acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37
constitucional y el artículo 60, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la
República Francesa.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana María Natividad de la Luz Oñate Muñoz, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de
la República Francesa.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 20 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REINO DE
DINAMARCA
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 18
de agosto de 1997, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel
González Calette, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca
en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua y Sonora.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 14 de enero, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
solicitante prestará al gobierno de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular
en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora, serán
estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Miguel González Calette, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honorario de Dinamarca en Tijuana, con circunscripción consular en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 16 de enero de 1998.Å
Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago
Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo Monreal
Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REPUBLICA DE
NICARAGUA (II)
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 11
de noviembre del año próximo pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través
de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana
Ana Yadira Urroz Castillo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de
Nicaragua en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 28 de enero, se turno a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana, con copia de la declaratoria de nacionalidad mexicana por
naturalización;
b) Que los servicios que la propia
solicitante prestará a la República de Nicaragua, en Monterrey, Nuevo León, serán
estrictamente consular y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Ana Yadira Urroz Castillo, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul
honoraria de Nicaragua en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 29 de enero de 1998.Å
Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos, Santiago
Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo Monreal
Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REINO DE
DINAMARCA (II)
|
El secretario diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 20
de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Elpidio
Alberto Acosta Ibarra, pueda prestar servicios como chofer, en la embajada del Reino de
Dinamarca en México.
En sesión celebrada en esta fecha por la
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su
nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio
interesado prestará en la Embajada del Reino de Dinamarca en México, serán como chofer
y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al
ciudadano Elpidio Alberto Acosta Ibarra, para prestar servicios como chofer, en la
Embajada del Reino de Dinamarca en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D. F., a 20 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
REINO DE ARABIA
SAUDITA
|
La secretaria senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 19
de enero de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de
Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lala
Tofik Kizi Kafar-Zade, pueda prestar servicios como traductora, en la Embajada del Reino
de Arabia Saudita en México.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero, se turno a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su
nacionalidad mexicana, con certificado de nacionalidad numero 82/97
expediente................................... VII/521.2/ (470)/2385/97;
b) Que los servicios que la propia
interesada prestará en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México, serán como
traductora y
c) Que la solicitud se ajusta a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la
ciudadana Lala Tofik Kizi Kafar-Zade, para prestar servicios como traductora, en la
Embajada del reino de Arabia Saudita en México.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 19 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA
|
La secretaria senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados el
29 de enero y 3 de febrero de 1998, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de
la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos
Felipe Salomón Monzón, Martha Atienzo Pérez, Enrique Rangel Lucio, Alfonso Parra Parra,
Tirsa Pérez Castillo y Fausto Valle Gutiérrez, puedan prestar servicios como inspectores
de campo en el departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos
de América en Tijuana, Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios
solicitantes prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California, serán como inspectores de campo en el departamento de
agricultura y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
ciudadano Felipe Salomón Monzón, para prestar servicios como inspector de campo en el
departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana Martha Atienzo Pérez, para prestar servicios como inspectora de campo en el
departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Artículo tercero. Se concede permiso al
ciudadano Enrique Rangel Lucio, para prestar servicios como inspector de campo en el
departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Artículo cuarto. Se concede permiso al
ciudadano Alfonso Parra Parra, para prestar servicios como inspector de campo en el depar-
tamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Artículo quinto. Se concede permiso a la
ciudadana Tirsa Pérez Castillo, para prestar servicios como inspectora de campo en el
departamento de agricultura en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Artículo sexto. Se concede permiso al
ciudadano Fausto Valle Gutiérrez, para prestar servicios como inspector de campo en el
departamento de agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en
Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 18 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael
Oceguera Ramos, Santiago Creel Miranda,
Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo Monreal Avila, Jesús
Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza; senadores: José
Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal
en conjunto.
| El secretario
diputado Juan José Rodríguez Prats: |
«Escudo Nacional.Å Poder
Legislativo Federal.Å Comisión Permanente.
Primera Comisión.
Honorable Asamblea: en oficios fechados los
días 17 de diciembre de 1997, 20 y 23 de enero del año en curso, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional
necesario para que los ciudadanos Jaime López Velázquez y María Eugenia Cázares
González, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los
Estados Unidos de América en México y el ciudadano Angel Iván Arce Díaz, en el
Consulado General en Tijuana, Baja California.
En sesión efectuada por la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 18 de febrero, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su
nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios
interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el
Consulado General en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo
establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite
someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al
ciudadano Jaime López Velázquez, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de
los Estados Unidos de América en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la
ciudadana María Eugenia Cázares González, para prestar servicios como secretaria, en la
Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al
ciudadano Angel Iván Arce Díaz, para prestar servicios como distribuidor de correo, en
el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F., a 19 de febrero de
1998.Å Senador Dionisio Pérez Jácome, presidente; diputados: Rafael Oceguera Ramos,
Santiago Creel Miranda, Socorro Aubry Orozco, secretarios; José Luis Lamadrid, Ricardo
Monreal Avila, Jesús Martín del Campo, Carlos Medina Plascencia, Ricardo Cantú Garza;
senadores: José Trinidad Lanz Cárdenas y Mario Vargas Aguiar.»
Es de segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de
decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la
votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 27 votos en
pro y una abstención.
Aprobados los proyectos de decreto
por 27 votos.
Pasan al Ejecutivo para los efectos
constitucionales.
LEY DE
CAMARAS EMPRESARIALES Y SUS CONFEDERACIONES
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
«Escudo.Å Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara en Pequeño.
Ciudadanos secretarios de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å México, D.F.
A nombre de los empresarios del Estado de
Jalisco, nos permitimos solicitarles de la manera más atenta y respetuosa, su
consideración para que la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones sea
reformada en sus artículos siguientes:
Artículo 1o. (Así debe quedar.)
Artículo 2o. (Así debe quedar.)
Artículo 3o. (Así debe quedar.)
Artículo 4o. (Así debe quedar.)
Artículo 5o. (Así debe quedar.)
Artículo 6o. (Así debe quedar.)
Artículo 7o. Deberá quitarse (el
reglamento definirá las características de las empresas que podrán constituir cámaras
de comercio en pequeño, en atención al personal empleado e ingresos anuales de las
empresas) y se le agregara lo siguiente, las cámaras de comercio y de comercio en
pequeño. Es importante que el legislador se remonte a la historia y veamos que es de
mucha importancia que en todos los lugares que existe una Cámara Nacional de Comercio se
autorice de inmediato la constitución y funcionamiento de una cámara nacional de
comercio en pequeño. Los intereses de los empresarios en pequeño son distintos a los de
los comerciantes que manejan grandes fortunas y explotan al que nada tiene.
Artículo 8o. (Así debe quedar.)
Artículo 9o. (Así debe quedar.)
Artículo 10. (Así debe quedar.)
Artículo 11. (Así debe quedar.)
Artículo 12. Los requisitos para
constituir una cámara son los siguientes: que no se encuentre constituida en los
términos de esta ley una cámara del mismo tipo y en la misma circunscripción,
tratándose de una cámara de industria específica que no esté constituida, una del
mismo giro y contar con un mínimo de 150 afiliados solicitantes. En caso de constitución
de una cámara nacional de comercio se girará oficio a la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, para la promoción y constitución de una
cámara nacional de comercio en pequeño, se girara oficio a la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio en Pequeño.
Artículo 13. (Derogado.)
Artículo 14. (Así debe quedar.)
Artículo 15. Las cámaras de comercio y de
comercio en pequeño que representen la actividad comercial integrarán las
Confederaciones de Cámaras de Comercio y de Comercio en Pequeño. Las que representen la
actividad industrial, integrarán la Confederación de Cámaras de Industria.
Artículo 16. (Así debe quedar.)
Artículo 17. (Así debe quedar.)
Artículo 18. (Así debe quedar.)
Artículo 19. (Así debe quedar.)
Artículo 20. (Así debe quedar.)
Artículo 21. (Así debe quedar.)
Artículo 22. (Así debe quedar.)
Artículo 23. (Así debe quedar.)
Artículo 24. (Así debe quedar.)
Artículo 25. (Así debe quedar.)
Artículo 26. (Así debe quedar.)
Artículo 27. (Así debe quedar.)
Artículo 28. (Así debe quedar.)
Artículo 29. (Así debe quedar.)
Artículo 30. (Así debe quedar.)
Artículo 31. (Así debe quedar.)
Artículo 32. (Así debe quedar.)
Artículo 33. (Así debe quedar.)
Artículo 34. (Así debe quedar.)
Artículo 35. (Así debe quedar.)
Artículo 36. (Así debe quedar.)
Artículo 37. (Así debe quedar.)
Artículo 38. (Así debe quedar.)
Artículo 39. (Así debe quedar.)
Artículo 40. (Así debe quedar.)
Artículo 41. (Así debe quedar.)
Con lo que respecta a los siete primeros
transitorios, únicamente deberá anexarse al tercero lo siguiente: las cámaras que no
hayan cumplido con la adecuación de sus estatutos por omisión o negligencia, les será
cancelado su registro, también por no haber convocado a la celebración de su asamblea
general extraordinaria.
Artículo octavo transitorio. (Deberá
derogarse.)
Los empresarios deberán elegir libremente
a la cámara que deberán registrarse y/o afiliarse.
Con respecto a la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio en Pequeño es de vital importancia para la micro, mediana
y pequeña empresas, que se nos separe de las confederaciones que están con los grandes
empresarios, así estaremos implementando programas específicos sin ingerencia ni pirateo
de las grandes cadenas comerciales, transnacionales y acaparadores.
Señores diputados que integran las
comisiones de Comercio y Fomento Industrial:
Estamos comisionando a los señores Juan
José Ochoa Munguía y José Vicente Palencia Delgadillo, vicepresidente y secretario
general, para que asistan a las reuniones programadas los días 17 y 18 de febrero en el
Palacio Legislativo.
En esas plenarias nuestros representantes
les explicarán detalladamente las adecuaciones y harán la exposición de motivos,
imperando siempre la fe de lograr una patria justa y generosa que sea para todos.
Agradeciéndoles de antemano sus
atenciones, me permito saludarlos repitiéndonos de ustedes como sus amigos y servidores.
Atentamente.
"Por la patria y por Jalisco."
Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de
1998.Å Guillermina Zepeda Ochoa, presidenta.»
Recibo y túrnese a la Comisión de
Comercio de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Sindicato Unico de Trabajadores de
la Secretaría de Pesca, actualmente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Ciudadano Presidente de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión.Å Presente.
Muy respetable funcionaria de la NAO
americana, nos dirigimos a usted con objeto de reactivar en esa instancia el caso de
violación a los códigos de conducta en materia laboral, que el Gobierno de México
continúa ejecutando en la práctica, en agravio a nuestra organización sindical, que se
encuentra debidamente documentado ante esa operadora del Acuerdo de Colaboración Laboral
de América del Norte (NALC), como parte integrante del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA), cuya examinación fue emitida por ustedes mediante el NAO
Submission No. 9601. Public Report of Review, con fecha 27 de enero de 1997.
Considerando que nuestra denuncia sigue
siendo válida, en tanto que por la vía práctica y no obstante haber logrado en los
tribunales laborales competentes: recobrar nuestra personalidad jurídica, las autoridades
de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), así como la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que es el
monopolio de control sindical de todos los trabajadores que se emplean en el Gobierno
mexicano, continúan reconociendo y apoyando de todas formas al sindicato
progubernamental: SNTSemarnap, que ha sido ininterrumpidamente impuesto por el mismo
Gobierno para el tratamiento de toda la problemática laboral y que obviamente no responde
a los intereses y garantías de los trabajadores de base de la Semarnap en el país, sin
reconocer que nuestro sindicato (SUTSP) mantiene legalmente su registro y está vivo por
voluntad de nuestros compañeros afiliados a nivel nacional.
Ha transcurrido un año desde que el día 3
de diciembre de 1996 testificamos en su oficina de Washington, DC, dentro de la audiencia
pública que para tal caso fue llamada y lamentamos aún que las cosas no hayan avanzado
sensiblemente, a no ser por la celebración reciente (4 de diciembre) de otra audiencia de
examinación conjunta de las diferentes normas laborales de derecho, vigentes en los
países que firmaron el NAFTA para intentar, muy tímidamente, por cierto, un diagnóstico
de las prácticas que cada país mantiene y cómo estas prácticas son o no congruentes
con el derecho laboral internacional.
Le suplicamos respetuosamente nos mantenga
informados de los posibles resolutivos a que se llegue en esta última audiencia y en
particular si podremos esperar alguna señal favorable a nuestra demanda y a la Request
for Reconsideration, que con fecha 3 de diciembre de 1997 ha sido ingresada ante ustedes
por parte de los tres copeticionarios de origen: Human Rights Watch/Americas,
International Labor Rights Fund y Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Lo anterior será fundamental para informar
a nuestros compañeros y para preparar nuestro próximo Congreso General en el que, entre
otras cosas, habremos de renovar al Comité Ejecutivo Nacional que continúe nuestra lucha
sindical, por el periodo de julio de 1998 a julio de 2001.
Sin otro asunto aprovechamos para enviarle
fotocopia de algunos documentos que a pesar de ser oficiales, no son atendidos por las
autoridades de la Semarnap.
"Por un Sindicalismo Democrático y
Participativo."
México, D.F., a 22 de diciembre de 1997.Å
Roberto C. Tooms C., secretario general.»
Recibo y túrnese a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Esta Presidencia quiere transmitir
una invitación a todos legisladores miembros de la Comisión Permanente, por cuanto que
el día de hoy a las 5:00 de la tarde visitará a la Cámara de Diputados, Mario Soares,
para quienes consideren y puedan hacerlo, están invitados a tener un encuentro con él a
las 5:00 de la tarde, en el salón de protocolos de esta Cámara de Diputados.
COMISION
PERMANENTE
El tema relativo al Parlamento de
Mujeres de México, solicito a la Secretaría dé cuenta del informe correspondiente.
| La secretaria
senadora Laura Pavón Jaramillo: |
«Comunicado de la Comisión
Permanente sobre el Parlamento de Mujeres de México.
La Comisión Permanente del honorable
Congreso de Unión, se congratula por la realización del Primer Parlamento de Mujeres de
México, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
El parlamento fue convocado por las
comisiones de Equidad y Género de las cámaras de Diputados y Senadores del honorable
Congreso de la Unión y celebró su ceremonia de inauguración y clausura en el recinto
principal de la honorable Cámara de Diputados.
El evento, de gran trascendencia en el
proceso de lucha por la igualdad jurídica y social de las mujeres y los varones, fue
inaugurado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, en su calidad de presidente de la
Comisión Permanente y contó en el programa inaugural con la participación del diputado
Porfirio Muñoz Ledo, presidente en turno de la Comisión de Régimen Interno y
Concertación Política de la Cámara de Diputados y de la Presidenta en turno de la
Comisión de Equidad y Género de la misma Cámara.
Las mujeres participantes en el parlamento
abordaron nueve grandes temas, de interés para ellas y para la sociedad mexicana en su
conjunto, a saber:
Violencia Intrafamiliar y reformas a las
legislaciones, Civil, Penal y Procedimental; la Legislación en Materia de Educación y la
Mujer; la Ley Federal del Trabajo, nueva Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE, en lo que
concierne a la mujer; Código Civil en Relación con la Familia; Ley General de Salud y su
Relación con la Mujer Mexicana; Revisión de la Situación de las Mujeres Campesinas en
el Derecho Agrario; Participación Equitativa de las Mujeres en la Administración
Pública y en Cargos de Representación Popular; La Mujer Indígena y el Derecho y
Comunicación y las Mujeres.
El parlamento contó con la participación
de aproximadamente 1 mil 300 mujeres de los más diversos sitios del país. Legisladoras
federales y locales, investigadoras sociales, trabajadoras comunitarias, miembros de
organizaciones sociales y no gubernamentales dialogaron, expusieron sus ideas sobre la
nación, sobre las mujeres y sobre su papel en el cambio y el desarrollo con equidad.
Las más de 350 ponencias que se
presentaron sobre todos los temas y con los más variados enfoques, fueron una prueba de
la disposición de participar y del potencial de aportación inteligente e informada a la
identificación de problemas y de propuestas para su solución. El evento fue
caracterizado por el pluralismo; el respeto a las opiniones y a la expresión de todas y
la voluntad de unir esfuerzos para pro- mover el bienestar de los mexicanos.
Como resultado del Parlamento de Mujeres de
México, se aprobó un punto de acuerdo por el que en términos de la convocatoria del
Parlamento de las Mujeres, se constituya una comisión bicamaral integrada por
legisladoras del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, cuya función será
de reflexión, deliberación y promoción de una agenda legislativa nacional y de las
políticas públicas, para eliminar toda forma de discriminación de género por la
democracia, la paz y el desarrollo de la República Mexicana; se apoyará en grupos de
trabajo especializados para la realización de sus tareas y podrán llevarse a cabo
consultas y solicitarse asesoría a expertas y expertos, organizaciones, ciudadanos,
interesados en la materia de su actividad; establecer contactos y favorecer consultas e
interacción con legisladoras locales en aquellos asuntos que repercutan en la
jurisdicción legislativa estatal; ela- borar propuestas legislativas que reformen,
adicionen o en su caso deroguen leyes para contribuir a eliminar todas las formas de
discriminación de género; promover, a través de las facultades del Poder Legislativo,
políticas y acciones gubernamentales con visión de género que garanticen el respeto a
los derechos de las mujeres y la implementación de programas que las beneficien en los
rubros de salud, educación, trabajo, cultura, alimentación, toma de decisiones y
política, entre otros.
Deberá también integrar formalmente
grupos de debate y de articulación política permanentes, que den continuidad a los
acuerdos signados.
Para el cumplimiento de acuerdos, la
Asamblea General del Parlamento de Mujeres de México, se reunirá una vez al año de
manera ordinaria.
La ceremonia de clausura le correspondió
al Senado de la República y dirigió el mensaje la primera vicepresidenta de la Gran
Comisión del Senado, senadora María de los Angeles Moreno Uriegas. Asimismo, hizo uso de
la palabra la senadora Guadalupe Gómez Maganda, presidenta de la Comisión de Equidad y
Género de la Cámara de Senadores.
Los integrantes de esta Comisión
Permanente felicitan esta iniciativa y celebran los buenos resultados del parlamento que,
sin duda, contribuirán a impulsar el avance democrático del país, a través de una
participación política y social más amplia y equitativa de las mujeres.
Esta Presidencia informa a la
Asamblea, que el tema relativo a la Crisis de la Banca en México, ha sido retirado por el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Para referirse a los efectos de la
disminución del presupuesto educativo en las universidades públicas, tiene la palabra
hasta por 15 minutos, el diputado Armando López Romero, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado
Armando López Moreno: |
Con su permiso señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Subo de nuevo aquí a tratar un punto de
suma importancia y que sabemos que hay conciencia de lo que impacta y lo que implica el
sistema educativo de las universidades públicas en el país.
Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el
cansancio, que no hay mejor inversión que la que se hace en educación. Está comprobado
el efecto directo que la escolaridad produce en la movilidad social y por lo tanto en la
distribución del ingreso, en el incremento en la productividad vía el llamado
"capital humano" y por la innovación científica y tecnológica, así como su
impacto en el mejoramiento de la salud de la población, sus niveles de crecimiento
demográfico y lo más importante, la socialización de las nuevas generaciones con el
mundo contemporáneo.
Podemos plantear el mismo problema en otro
sentido y preguntarnos con toda gravedad cuál es el costo de la ignorancia.
Decían los liberales en aquella lucha por
fortalecer el programa educativo: no hay mejor avance en una sociedad que aquéllo que
produce conocimiento. Toda esta energía, esta monumental obra educativa, sacrificio y
satisfacción de generaciones enteras, tenía como finalidad al pueblo y no al mercado.
Este gran esfuerzo educativo provenía de un estado nacional que se asumió como educador
y que reconocía las profundas diferencias sociales de sus habitantes.
Se sabía y así se estableció en la
Constitución, que la obligatoriedad de la educación primaria, ahora también la
secundaria, no era una responsabilidad individual o familiar, sino social y por lo tanto
estatal. Sin embargo,
Deberá también integrar formalmente
grupos de debate y de articulación política permanentes, que den continuidad a los
acuerdos signados.
Para el cumplimiento de acuerdos, la
Asamblea General del Parlamento de Mujeres de México, se reunirá una vez al año de
manera ordinaria.
La ceremonia de clausura le correspondió
al Senado de la República y dirigió el mensaje la primera vicepresidenta de la Gran
Comisión del Senado, senadora María de los Angeles Moreno Uriegas. Asimismo, hizo uso de
la palabra la senadora Guadalupe Gómez Maganda, presidenta de la Comisión de Equidad y
Género de la Cámara de Senadores.
Los integrantes de esta Comisión
Permanente felicitan esta iniciativa y celebran los buenos resultados del parlamento que,
sin duda, contribuirán a impulsar el avance democrático del país, a través de una
participación política y social más amplia y equitativa de las mujeres.»
Esta Presidencia informa a la
Asamblea, que el tema relativo a la crisis de la banca en México, ha sido retirado por el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
UNIVERSIDADES
PUBLICAS
Para referirse a los efectos de la
disminución del presupuesto educativo en las universidades públicas, tiene la palabra,
hasta por 15 minutos, el diputado Armando López Romero, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
| El diputado Armando López Moreno: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Paso de nuevo aquí a tratar un punto de
suma importancia y que sabemos que hay conciencia de lo que impacta y lo que implica el
sistema educativo de las universidades públicas en el país.
Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el
cansancio, que no hay mejor inversión que la que se hace en educación. Está comprobado
el efecto directo que la escolaridad produce en la movilidad social y, por lo tanto, en la
distribución del ingreso, en el incremento, en la productividad vía el llamado
"capital humano" y por la innovación científica y tecnológica, así como su
impacto en el mejoramiento de la salud de la población, sus niveles de crecimiento
demográfico y, lo más importante, la socialización de las nuevas generaciones con el
mundo contemporáneo.
Podemos plantear el mismo problema en otro
sentido y preguntarnos con toda gravedad cuál es el costo de la ignorancia.
Decían los liberales en aquella lucha por
fortalecer el programa educativo: no hay mejor avance en una sociedad que aquello que
produce conocimiento. Toda esta energía, esta monumental obra educativa, sacrificio y
satisfacción de generaciones enteras, tenía como finalidad al pueblo y no al mercado.
Este gran esfuerzo educativo provenía de un Estado nacional que se asumió como educador
y que reconocía las profundas diferencias sociales de sus habitantes.
Se sabía y así se estableció en la
Constitución, que la obligatoriedad de la educación primaria, ahora también la
secundaria, no era una responsabilidad individual o familiar, sino social y por lo tanto
estatal. Sin embargo, este esfuerzo educativo está en riesgo ahora.
Los enormes avances conseguidos en el
terreno educativo, aunque insuficientes aún, se construyeron sobre la base de la abierta,
directa y franca intervención estatal para compensar en parte los efectos de la
desigualdad social en la escuela; tratar a los desiguales con igualdad sólo profundiza la
desigualdad existente.
Hoy el país tiene un efecto en su
economía en la caída de los precios del petróleo, hoy la educación se encuentra
amenazada en este efecto. El sistema público de las universidades en este país ha
brindado cerca del 90% de la formación de profesionistas en este país. Aun a pesar del
avance del sistema privado en las universidades, no ha sido la respuesta para la
inscripción para brindar la oportunidad a la mayor parte del pueblo mexicano.
El pueblo mexicano, donde el 50% de sus
habitantes se encuentran en niveles de pobreza, en donde por el costo de la educación
privada, la única alternativa para ellos es el sistema público. Si este efecto ha sido
negativo para la Universidad Nacional Autónoma de México, para el Instituto Politécnico
Nacional, para la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿cuánto ha significado para el
sistema de universidades estatales? Es increíble encontrarnos ahora universidades en los
estados que prácticamente sobreviven en las condiciones más inadecuadas para lograr su
objetivo. Es increíble encontrarnos universidades en los estados en donde prácticamente
el presupuesto no representa más allá del 0.1% del total del presupuesto educativo.
Y ahora este efecto se ha vuelto más en
contra de ellos. Hoy nos encontramos con que todas las universidades, funcionarios,
maestros y trabajadores, reclaman la atención de nosotros para evitar el deterioro de sus
instituciones.
Hoy, por ejemplo, el Instituto Politécnico
Nacional, que se encuentra en una revisión contractual, está ofreciendo apenas el 12% a
sus trabajadores porque no tiene más recursos. Estamos hablando que está por abajo del
común del aumento salarial que se dio a otras universidades y sin embargo el Politécnico
Nacional ha formado a la mayoría de los técnicos de este país. ¿Cuántos de nosotros
no hemos pasado por las aulas del Instituto Politécnico Nacional?, y hoy reclaman nuestra
atención y la obligación que tenemos en defender a estas instituciones.
¿Cuántos de nosotros en los estados
tuvimos la oportunidad de estudiar en las aulas de las universidades públicas y hoy
tenemos una profesión? Pero hoy, con base en este problema económico, se sujeta la
educación, ya no como una prioridad, sino como una área sacrificable en donde se pueda
reducir su presupuesto. Hoy la educación nos exige poner atención al peligro que tiene.
Se nos ha informado y en las cifras están
los ajustes al gasto educativo y obviamente la pregunta que surge es ¿si sigue cayendo el
precio del petróleo, seguirá la reducción en este renglón?
Veamos las cifras: en gasto directo, se
reduce en 304.1 millones de pesos; en subsidio, ayudas y transferencias, 1 mil 206.1, en
total la educación va a tener un ajuste presupuestario de 1 mil 510.2 millones de pesos.
Para el Instituto Politécnico Nacional, en
gasto directo hay una reducción de 24.1%.
En el Conacyt, que de por sí es una
institución que ha solicitado y exigido aumento presupuestal en los programas en
desarrollo científico y tecnológico, hoy van directas reducciones a programas de becas
de posgrado, que obviamente atentan con la formación de los cuadros especialistas en este
país. Hoy va directa la reducción a la inversión afectando el programa de apoyo a la
ciencia en México, que dejará de aportar 90 proyectos en 1998.
El Conacyt es una institución que ha
venido creciendo, apoyándose de manera regional en los estados, tiene una reducción
directa a la investigación experimental de cinco laboratorios y apoyos en programas de
maestría y doctorado.
Hoy la reducción del presupuesto afecta al
programa de investigación del Instituto Politécnico Nacional, en el renglón de
transferencias para el equipamiento de los museos Tezozómoc, Zacatenco y la Biblioteca
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
Hoy la universidad reduce en más de 300
millones de pesos su presupuesto, afectando directamente en obras y contratos sobre
construcción de laboratorios de investigación.
Tenemos obviamente una responsabilidad
directa. Solicitemos al Ejecutivo que no se toque, que no se reduzca el presupuesto en la
educación. Busquemos fortalecer la creación de un fondo de recuperación de
universidades públicas. Busquemos que el Estado reduzca presupuestos en otros renglones y
no en la educación y, sí se puede, compañeros legisladores.
Hoy apostamos por el futuro de este país y
la inversión en la educación es el futuro de este país. Que no quede simplemente en un
discurso. Que esta reflexión que hagamos y este compromiso nos permita entrar a
fortalecer el sistema educativo.
Hoy vayamos a los estados y exijamos cómo
fortalecer a estas universidades. Solicitemos, como lo hemos hecho ya en la firma de un
punto de acuerdo en esta Comisión Permanente, la creación de una comisión tripartita de
extrema urgencia y yo diría que se amplíe esto también a la representación de las
universidades de los estados y buscar los caminos para ampliar "el techo" de
financiamiento económico a las universidades públicas.
Hoy se exige de nosotros mayor esfuerzo,
tomemos conciencia, solicitemos al Ejecutivo de manera urgente el buscar, repito, otras
áreas donde no se afecte a la educación.
Busquemos cómo recuperarnos de un fondo de
contingencia la posibilidad, repito, de crear este fondo de recuperación de universidades
públicas.
Quiero hacerles, de verdad compañeros
legisladores, ver la importancia de lo que hoy sucede en el sistema educativo público,
este sistema educativo que hace el 75% de la investigación científica y tecnológica en
este país.
Hoy que el reto en este país reclama la
soberanía del conocimiento, puede enfrentar el reto del Siglo XXI con un desarrollo
científico y tecnológico necesario para construir y apoyar los sistemas productivos de
nuestro país.
No creo que haya ninguna fracción aquí
que se oponga a buscar el fortalecimiento de las universidades públicas. No creo que
exista un legislador aquí que se oponga a fortalecer el sistema educativo público. Hoy
convoco a que todas las fracciones entremos de manera urgente a exigir, a solicitar,
buscar, que no se afecte el sistema educativo en las reducciones presupuestales que se
están llevando a cabo como efecto de la reducción del precio del petróleo.
No es posible apostar a que reduzcamos este
presupuesto para salvar la economía del país. Ningún país se va a salvar si no tiene
educación y yo espero que cada uno de los compañeros que aquí pasen a la tribuna a
hablar de este tema, expresen su conciencia y expresen su solidaridad, su preocupación en
fortalecer al sistema educativo público de este país, al sistema educativo que fue
producto de la lucha de los liberales, que fue producto de una revolución, que fue
producto de las mejores mentes, de los mejores hombres que han pasado por este país, de
todos y cada uno de los mexicanos que han pasado.
Y obviamente yo creo que la
responsabilidad, señor senador, como lo dice usted, del PRI y no nada más del PRI, de
todos y cada uno de los partidos, será sostener estos ideales de educación que vienen y
forman parte de nuestra historia.
Repito, espero que cada uno de nosotros
tengamos la conciencia y el esfuerzo suficiente para fortalecer e impedir un mayor efecto
negativo a las universidades y desde luego, al sistema de educación pública.
Hoy requerimos intervenir para salvar este
sistema. El Instituto Politécnico Nacional, en este proceso en que se encuentra hoy de
revisión salarial, que ya enfrentó el paro y la huelga del Cinvestav, pueda también
ofrecer a sus trabajadores el aumento necesario, por lo menos similar a lo que se ha
entregado.
Hoy hay que apoyar a este país invirtiendo
en el renglón más válido y con mayor valor para el futuro de él, que es la educación.
Muchísimas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Luis Patiño Pozas, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo... Declina.
Para hablar sobre el mismo tema y hasta por
15 minutos, tiene la palabra el senador José Angel Conchello Dávila, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El senador José Angel Conchello Dávila: |
Señor Presidente; señores
legisladores:
Quiero referirme a los antecedentes del
porqué hago uso de esta tribuna, para que después se inscriban todos los colegas del PRI
que así lo deseen.
Se encomendó a la comisión que me honro
en presidir, que iniciara el desahogo del estudio de la propuesta hecha por el diputado
que me precedió, de formar un fondo para resolver los problemas
de la insuficiencia de presupuesto de las
universidades y en general del sistema de educación superior en México. En función de
ese encargo se le solicitó a la Secretaría de Hacienda que nos enviara el presupuesto de
egresos de cada una de las universidades, lo cual hizo muy escuetamente y que ahí
tenemos, lo cual no significó nada.
También se le pidió que designara un
representante de la Secretaría para explicarnos el funcionamiento del manejo del
presupuesto a las universidades del país, ya fue designado un funcionario, luego se le
pidió a la Secretaría de Educación que nos enviara el conjunto de criterios con los
cuales la dirección de educación superior de este país asigna los presupuestos a cada
una de las universidades, cosa que desde luego no ha hecho porque hemos descubierto que no
existe más criterio que el capricho del Ejecutivo y el capricho del señor secretario de
educación superior.
Pero en esa misma investigación tuve
oportunidad de hablar con los rectores de dos universidades, que sin ponerse de acuerdo me
pintaron un panorama que yo voy a transmitir a ustedes para que junto conmigo, de ahora en
adelante se preocupen.
Según ellos y yo coincido, el
estrangulamiento a las universidades es parte de un nuevo esquema de Estado y de país
donde cabe un nuevo esquema de educación superior y a la vieja educación tradicional,
llena de valores, llena de cultura, se está imponiendo lenta pero implacablemente un
criterio eficientista de la educación. La nueva divisa no es: "Por Mi Raza Hablará
el Espíritu", la nueva divisa es: "sobran profesionistas, faltan obreros
calificados" y entonces desde el sexenio anterior correspondió al Secretario de
Educación del sexenio anterior, echar a andar un nuevo tipo de escuelas que fabrican
obreros calificados sobre pedido de la industria, donde después de la preparatoria, con
sólo dos años, ya no sé si se gradúan o se titulan, pero salen expertos en
refrigeración, en mecánica de fluidos, en andamios, salen obreros expertos de los cuales
la industria está tan necesitada, porque repito, la idea general de los dos últimos
gobiernos es que sobran profesionistas, faltan obreros calificados.
Y la industria le ofreció al Gobierno que
iba a pagar el 15% de lo que les costaba fabricar estos nuevos obreros y finalmente debido
a la competitividad internacional pues les condonaron el costo y ahora según sienten los
rectores de universidades la mayor parte del esfuerzo del Gobierno y su presupuesto está
destinado a la fabricación de expertos, a pedido de la industria nacional. Ellos están
de acuerdo en que hacen falta los obreros, pero que eso no implique el menosprecio a los
centros superiores de cultura.
Les diré un secreto para que no pase de
aquí de entre nosotros, sienten que si al Poli no lo han estrangulado tan fuertemente
como a la Universidad, es porque el investido de poderes en México es emanado del Poli,
porque si no, también al Poli lo hubieran estrangulado igual que a todas las
universidades públicas y en ese menosprecio dicen que saben que el secretario o el
subsecretario Limón Rojas, considera que en las universidades hay mucha golfería y mucha
vagancia; piensa que usar el dinero del pueblo en enseñar arte dramático o letras
españolas, es tirar el dinero del pueblo, que lo que hay que enseñar es mecánica textil
o mecánica automotriz, que es lo que requiere la industria nacional y que por eso no hay
ningún criterio.
Y en ello quisiera saber qué criterio se
aplica, que no es por el número de alumnos, porque si hacen cuentas, a una le dan 10 mil
pesos por alumno y a otro le dan 40 mil pesos por alumno. No es por grados académicos, no
es por ningún criterio conocido y quisieran, suplican por nuestro conducto al secretario
o subsecretario de educación superior, que les diga a qué criterio se atienen para tener
derecho a esperar el subsidio federal, que a veces lo usan según el grado de
lambisconería del rector o de lo bien o mal que le caiga al subsecretario de Educación y
por eso están muy preocupados.
Cuando decía el diputado que hay que ver
cómo les aumentamos o les ayudamos a aumentar el presupuesto, ellos están desesperados
porque saben que subir las cuotas es muy difícil en un país pobre; ponerse a dar
servicios en estos momentos, tampoco encontraría fuente; que entonces quisieran que
nosotros y todos los rectores de todas las universidades encontremos cómo hacer para
resolver el problema de los ingresos, pero a partir de la idea de que nos oponemos a ese
criterio eficientista o productivístico de la educación superior.
Las universidades, dicen ellos, son los
depositarios de la cultura y que bueno que haya muchos operarios que sepan cómo se hacen
las cosas; es necesario que haya otros que sepan para qué se hacen las cosas y de eso se
encargan, así lo creemos, los profesionistas.
Reconocen también, a propósito de lo que
decía el diputado, que los están obligando a abandonar la investigación básica para
dedicarse únicamente a la investigación aplicada. Reconocen la importancia de la
investigación aplicada, porque significa que van a hacer las cosas con menos costo y que
por tanto los empresarios van a tener mejores utilidades; lo reconocen, pero insisten en
que no por ello debe renunciarse a la educación básica en México y nos ponen el ejemplo
de nuestros compañeros universitarios de Cuba, que dedican tantos esfuerzos a la
investigación básica y gracias a eso han podido resultar con una extraordinaria
investigación aplicada.
Hay que invertir en recursos humanos. En
eso estamos de acuerdo con el gobierno eficientista, pero entendamos que el invertir en
recursos humanos no sólo es en operarios calificados, sino también en todos aquellos que
son depositarios de la cultura y por ello cuando ambos rectores me hicieron ver sus
preocupaciones, me sentí obligado a comunicarlas a ustedes y qué bueno que me dio la
oportunidad, pero al comunicarlas a ustedes en el sentido de que el problema es, al
parecer, más hondo de lo que nosotros suponíamos, que este nuevo modelo de país, un
tanto gerencial y poco político, este modelo de país en que se pide a los políticos que
no seamos santones, es decir, que no tengamos principios, sino que seamos eminentemente
prácticos, eficientistas. Eso mismo aplicado a la educación está resultando en el
estrangulamiento de las universidades; eso mismo está resultando en un empobrecimiento de
las instituciones de cultura por las instituciones del saber como en lugar del saber para
qué.
Y en función de eso, yo quisiera someter a
ustedes, señores legisladores, un sencillo punto de acuerdo, para que esto no se agote
aquí, que nos lo llevemos senadores a la Cámara de Senadores, diputados a la Cámara de
Diputados, para que citemos a una pasarela nacional con todos los rectores del país, que
nos digan cuál es su sentimiento respecto al momento que vivimos y que de ahí tomemos
recetas, medicinas, soluciones, no sólo para resolverles el problema presupuestal, sino
para dar y reubicar en México la educación superior en el modelo de país que queremos.
En consecuencia, someto a ustedes este
PUNTO DE ACUERDO
"Que la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión recomienda a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores,
encomienden a sus respectivas comisiones de Educación y de Ciencia y Cultura, la
continuación de los estudios del problema presupuestal de las universidades públicas y
sus efectos en el desarrollo del país."
Señores, no le volvamos la espalda a las
instituciones que nos dieron oportunidad de llegar hasta aquí a defender a México.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Con la venia de las damas aquí
presentes; la del señor Presidente de esta comisión; compañeras y compañeros
legisladores; señoras y señores:
Estoy totalmente de acuerdo con lo que
acaba de sostener el senador Conchello por cuanto a que la responsabilidad que nos compete
como universitarios debe esgrimirse en cristales y no en ilusiones.
Como universitarios algo debemos hacer,
porque estamos convencidos de que formamos parte de esa línea de educación que tiene la
necesidad de ofertar calificadamente las mejores estrategias para dar resultado y
satisfacción a las necesidades del sector productivo nacional en cualesquiera de sus
niveles.
Pero es fundamental, antes que eso,
mantener presente que la educación en general efectivamente es la base de la felicidad de
las naciones; es la base de la felicidad de las familias; es la base de la felicidad de
los individuos.
La educación hace buenos padres, hace
buenos hijos, pero también hace buenos ciudadanos.
Y la educación superior ha de hacer
también buenos egresados, aquellos que recuerdan que la lealtad con las instituciones que
les dieron formación, es un concepto que a manera de ancha avenida tiene tránsito en
doble sentido: es de aquí para allá y de allá para acá y de allá para acá se ha dado
ya la lealtad y tenemos que ser propositivos.
Qué bueno, señor senador Conchello, que
propongamos que se estudie el problema presupuestal de las universidades; qué mejor que
saquemos a flote nuestra capacidad e imaginación, nuestra capacidad de aportación, para
que a través de fórmulas muy concretas se establezcan cuáles son los mecanismos con los
que las universidades públicas estatales puedan enriquecer su financiamiento.
Y esto no es ocioso, porque nuestra
educación tiene, como muy bien lo señalaba, que propender al humanismo, sí, esa figura
a la que una vez se refirió el insigne jurista, el maestro De la Cueva: "El hombre
primitivo Ådijo el maestro De la CuevaÅ, tembló ante los embates de la fuerza de la
naturaleza". El hombre del Siglo XX tiembla ante los embates de sus grandes obras, el
Estado, la economía, la política, porque se olvidó en su creación de dotarles de la
dosis de humanismo necesario y hoy en la proporción, en la crisis que vive el hombre, es
de la misma dimensión del olvido que tuvo.
Tenemos efectivamente que llevar siempre
presentes que la educación, como lo reza nuestro artículo 3o. constitucional, debe
propender a la dignidad de la persona, a desarrollar armónicamente sus facultades como
tal, a procurar un fervor y un amor a la patria. Sí, recordando aquellos lunes en que
erguidos, dignos y orgullosos, salíamos al patio de la escuela a venerar a nuestro
lábaro patrio, en medio de las notas marciales, siempre venerables también, de nuestro
Himno Nacional.
Sí, señoras y señores, compañeros: la
educación también debe propender a un nacionalismo, aquel que sin hostilidades y sin
exclusivismos, permite el aprovechamiento adecuado de nuestros recursos. Tiene que
propender a ser democrática, en la independencia económica y política, tiene que
advertir que la evolución del pueblo debe darse en niveles de bienestar económico,
social y político.
En este marco encontramos inmersa la
educación superior y en este marco a la educación superior las instancias competentes
del Gobierno del Estado mexicano, le han asignado un presupuesto de 147 mil millones de
pesos, que a propósito de las reducciones del precio internacional del petróleo,
tuvieron que verse disminuidos estos recursos en un 0.7%, sí, repito, el 0.7%. De suerte
que quedaron en 146 mil 205 millones de pesos. Debe advertirse que ninguno de los que
hemos sido egresados del sistema de educación a que me he referido con antelación
deseamos su recorte, por ningún concepto.
Deseamos todos que la educación tenga
siempre una tendencia de alcance del nivel que ha recomendado la UNESCO, de alrededor del
8% del producto interno bruto. Pero tenemos también que reconocer que el esfuerzo en la
asignación de los recursos, se ha significado para que, en vez de haberle disminuido 3
mil 600 millones de pesos, lo cual correspondía al 24% del recorte que se asignó a otras
instancias del Gobierno Federal, por la mediación y las prácticas que tuvieron
funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública,
este recorte solamente fue del orden de los 961 millones de pesos.
Considerando este recorte, todavía se
advierte un incremento global en términos reales, en relación a 1997, con el
presupuesto, de tal suerte que, si bien es cierto se disminuyen algunos programas
asignados a la educación superior, se ha aludido aquí a programas de la Universidad
Nacional Autónoma de México y citemos a ésta como ejemplo.
En 1997 la UNAM recibió 5 mil 639 millones
de pesos, en 1998 su asignación original fue del orden de 7 mil 200 millones de pesos.
Hubo un incremento real del orden del 28.3%. Esta asignación se ve afectada por una
reducción de 308 millones de pesos, lo cual deja su asignación real en 6 mil 900
millones, significando aún así, un incremento del orden del 22.9%.
Y si se me apura, con gusto les doy a
ustedes el desglose del recorte: 100 de esos 308 millones de pesos, afectaron al Capítulo
1000; 75 al programa UNAM-BlD; 83 al no incremento del 17% al PRlDE que como sabemos es un
programa de estímulo a la docencia y 50 millones de pesos por concepto de recursos
autogenerados por bajas de interés.
Adviértase que a pesar de la reducción,
el incremento real es efectivo. Por lo tanto el argumento y la petición, sí, en la
medida en que se vaya gestando la recuperación financiera, en la medida en que se pudiera
ir recuperando el precio internacional del petróleo, en la medida en que tengamos más
disponibilidad de recursos, en esa medida es saludable, plausible, atendible y exigible
por parte de nosotros y peculiarmente por parte de los universitarios, que se le asigne
más gasto a la educación en su rubro genérico y muy particularmente a las universidades
y dentro de éstas, por supuesto a las universidades públicas estatales y quiero decir a
las instituciones de educación superior en general.
No olvidar que este tipo de recortes
también afectan a la planta docente, a esos hombres que tienen fundamentalmente dos
deberes:
Primero: el de enseñar a propósito de las
disciplinas que los congregue con sus alumnos.
Segundo: el de grabar en las conciencias y
en las almas, la virtud y la moral. A esa edad en que todavía son las almas y las
conciencias susceptibles de ser grabadas por sendos valores.
Hay que imbuir un marco axiológico sólido
que propenda al humanismo, que como lo dice el artículo 3o. constitucional, propenda a
que la educación evolucione a base o a partir del criterio del progreso científico, sí,
pero sin olvidar el humanismo.
Y ese segundo deber de los mentores se
advierte en que cuando su obra ha sido debidamente sembrada, esos valores son indefec-
tible, inamoviblemente reflejados.
Por eso sí hagamos un llamado, señor
senador Conchello, a que se estudie el problema financiero de las instituciones de
educación superior; pero también advirtamos una realidad: cómo es posible pensar, para
quienes frecuentemente acudimo a las aulas universitarias, que haya un alumno que luzca
una cajetilla de ci- garros que vale más, muchas veces más, que la cuota que cubre por
pagarse la universidad a lo largo de todo un semestre; cómo es posible que se advierta
que se pagan 20
centavos de cuota semestral cuando darse un
paso por los estacionamientos de cualesquiera de las facultades universitarias, es
advertir vehículos último modelo y de modelos recientes.
Eso no es justicia distributiva en los
términos del célebre estagirita Aristóteles. Legisladores: eso no es tratar igual a los
iguales y desigual a los desiguales.
Que se estudie también, señor senador, si
usted me lo permite, propondría un adendum a su proyecto de acuerdo: que se estudie
también cómo los universitarios con imaginación, con buena fe, con disposición vamos a
proponer fórmulas que propendan al enriquecimiento del presupuesto de las universidades.
¿Por qué no se estudia el mecanismo de
cobro de cuotas dejando a salvo a aquellos de alto rendimiento y de bajos recursos, que
tienen el derecho de seguir contando con su educación superior?
¿Por qué no se revisa el sistema de
becas?
Hay que proponer la revisión al sistema de
becas para que se asignen a quienes no tienen recursos y tienen una gran capacidad para
estudiar y disposición y por el otro lado, para que recuerden ustedes que todo lo que es
gratuito no se sabe valorar; para que se sepa valorar lo que es estar en un aula
universitaria y no saquen una cajetilla de cigarros o luzcan un vehículo último modelo,
cuando la Universidad se está debatiendo por falta de recursos.
Que proporcionalmente dé quien pueda dar y
proporcionalmente reciba de la universidad lo que tenga que recibir. En consecuencia sí
estaríamos en esa virtud cumpliendo con nuestro compromiso de universitarios, porque
recordemos que la verdadera y definitiva redención del hombre está en el conocimiento.
Compañeras y compañeros legisladores,
muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Señoras y señores legisladores:
Quisiera manifestarme en contra de la
propuesta de adición que hace el diputado Moreno Garavilla, sobre lo planteado por el
senador Conchello.
La educación, está reconocido, es un
derecho universal. Es decir, un derecho de todos. La existencia en la sociedad de ricos y
de pobres, no es una responsabilidad directa de la educación. La educación es víctima
de la injusta distribución del ingreso.
La universidad no está llamada a resolver
el problema de la injusta distribución del ingreso. Esa no es su función. Los
estudiantes de familias ricas tienen igual derecho que el de familias pobres a acceder a
los servicios educativos. El derecho lo tiene aquí el niño y lo tiene el joven,
independientemente del status social de su familia.
Establecer una diferenciación como lo
intentó tanto y tantas veces el señor Ronald Reagan y fracasó tanto y tantas veces el
señor Ronald Reagan en su país y lo ha intentado, lo han intentado varios presidentes,
especialmente el señor Carlos Salinas y fracasó tanto y tantas veces en su intento, no
es ninguna solución. ¿Dónde está la progresividad? ¿Donde está digamos el carácter
justiciero en materia de financiamiento educativo?, pues en los impuestos, en las
contribuciones.
Si la universidad pública se sostiene con
fondos públicos, el Estado debe garantizar como lo indica la Constitución de México:
que contribuya a los fondos públicos con mayor cantidad y en mayor proporción, quien
más tiene y en menor cantidad y en menor proporción, quien menos tiene.
Pero en lugar de hacer una reforma
tributaria, se le pide a la universidad y a las universidades del país que establezcan
sistemas de cobro de cuotas diciendo que a ellas concurren estudiantes cuyas familias
tienen niveles de ingreso medios y quizá también altos. ¿Está ahí la solución del
problema? No lo está.
Si el diputado Moreno Garavilla quiere que
se cobre a los ricos, que apoye las propuestas de modificaciones fiscales. El problema de
las universidades de México, es el problema de las finanzas públicas de México, no es
el problema de la diferenciación social de los estudiantes. El problema de las
universidades de México consiste en una insuficiencia de recursos como insuficientes son
los ingresos públicos.
México es un país donde hay un gran
retraso en materia de ingresos públicos y tan es así que México está a las puertas, en
estos meses, de una nueva crisis económica, producto del castigo con el cual se han
manejado las finanzas públicas.
El presidente Zedillo ha asumido, sin
autorización del Congreso, obligaciones de deuda por 45 mil millones de dólares y los
contribuyentes tendrán que pagar esta cantidad y si no se quiere entrar en una espiral de
déficit público, que a la postre sería inmanejable, esa deuda de 45 mil millones tiene
que ser pagada a costa del gasto público, simplemente, a menos que se haga una reforma
impositiva, se incremente los recursos del Estado y se pueda cubrir esa monumental deuda
realizada en nombre y re-presentación del dios mercado, pero que representa el mayor acto
de intervencionismo estatal en la economía, como acto singular, en toda la historia
económica de México. Nunca hubo otro de ese tamaño.
Y éstos son los neoliberales más
estatizantes que ha habido y que hay en el mundo y claro, ¿quiénes son los que pagan los
platos rotos? Ocurre lo que dijo hace poco el presidente del PRD: en este país se
socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Esa es la línea del Gobierno y en
eso siguen.
Por eso sufre también la educación
pública y el problema de educación pública es que es un sector más sensible que otro,
porque la política educativa de México fracasó. Después de 70 años, o más quizá,
tenemos cuatro años de escolaridad promedio. Pocos países fracasaron tanto en la materia
educativa y creo que eso ya ni siquiera merece discusión.
México es un país de inmensos fracasos
sociales. Uno de esos fracasos es la educación, aunque algunos creen que no han fracasado
esas políticas, sino lo que ocurrió es que aumentó demasiado la población. De esa
manera pues no tiene solución nada. Estamos metidos en un problema irresoluble a mediano
plazo.
Entonces yo me pronuncio en contra de este
planteamiento y de este intento de adicionar a la propuesta del diputado Conchello un
llamamiento a que se examine la posibilidad del aumento de ingresos propios por la vía de
las cuotas, de las colegiaturas, a los estudiantes de las universidades públicas del
país. No es ninguna solución; es un planteamiento falso; es un planteamiento
pretendidamente justiciero, profundamente injusto en el fondo. Tampoco económicamente
suficiente y lo que va a hacer es crear muchos problemas, pero ninguno de los problemas
actuales del sistema educativo medio y superior de México va a ser resuelto de esa
manera, como ya ha sido comprobado en muchos países y yo creo que también en cierta
forma en México.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Armando López Romero.
| El diputado Armando López Romero: |
Con su permiso, señor
Presidente:
Vengo nada más a precisar cifras, que esto
es justamente algo muy importante sobre el argumento, compañero diputado.
Inicialmente se nos informó que eran 911
millones. Posteriormente, en un desglose que hicieron, se nos informó que eran 961
millones. Pero al término, en el informe último, la Secretaría de Educación Pública
envía las siguientes cifras:
Para gasto directo son 304.1 millones para
subsidio, ayudas y transferencias 1 mil 206.1 millones. Nos dan un total de 1 mil 510.2
millones. Si a esto le agregamos las posibilidades que nos vamos a enfrentar con un nuevo
ajuste, tendría que ir aumentando.
Entonces sí es muy importante reconocer
esta danza de las cifras y yo creo que algo que es muy importante también, reconocemos
todos, según entendí, la importancia de la educación. Y le quiero dar nada más un dato
sobre la Universidad Nacional Autónoma de México:
En 1995, en términos reales, la variación
anual en términos reales fue de -7.5%. En 1996 de -.93%. En 1997, estoy hablando sobre el
ejercido, es el 6.86%. En términos reales el presupuesto de 1997 de la UNAM fueron 278
mil 850 millones de pesos.
Para 1998, en términos reales
presupuestados, la Universidad tiene 276 mil 958.25 millones. Obviamente al ejercido
contra el presu- puesto hay una disminución y lo que implica en el PlB es el 0.19, con la
tendencia obviamente a bajar.
Obviamente son las cifras frías, pero yo
sí creo, y así creo y sentimos darle este apoyo a la educación pública, como una
obligación que tenemos.
Yo creo que es muy importante razonar, como
en la propuesta que hace el senador, e inclusive con la urgencia y la emergencia que se
tiene en hacer este estudio, en hacer una propuesta, yo diría en un término perentorio.
De manera que pudiéramos afrontar, a través de estas comisiones o proponer a través de
estas comisiones, una medida capaz de buscar alzar este famoso "techo" de
financiamiento económico.
Yo creo que ésta es la parte sustantiva y
yo creo que en ese sentido asumamos y yo diría que ambas cámaras, senadores y diputados
en un plazo perentorio, este estudio, para que tengamos a su vez una propuesta de manera
urgente sobre el aumento presupuestal o buscar las medidas extraordinarias que se
requieran tomar para fortalecer las universidades.
Yo creo que éste es el punto sustantivo.
Cuando uno visita las universidades de los estados, realmente se da uno cuenta cuán
desastroso ha sido el efecto de esa caída presupuestal y si esto lo ponemos en un
renglón prioritario para este país, obviamente tendremos también los argumentos
necesarios para buscar, repito, las medidas que por lo menos no tengan un efecto más
negativo de esta caída presupuestal a la educación.
Yo creo que afectar renglones como
construcción de escuelas, renglones como son proyectos científicos, pues prácticamente
estamos, yo no diría arriesgando, sino exponiendo en alto riesgo al fracaso a este país.
Yo creo que éste es el punto de reflexión
que tenemos que hacer todos y sacar la parte sustantiva que tenemos que hacer y yo creo
que tenemos que abocarnos y obviamente nos adherimos a la propuesta del senador, a que de
manera inmediata, de manera urgente, estas comisiones, junto con las universidades, con el
Ejecutivo, junto con todos los elementos necesarios, encontremos a la brevedad posible una
ayuda para solucionar este problema.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla.
| El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: |
Es inadmisible un mecanismo
vertical autoritario en un seno universitario.
No, la propuesta de adicionar el punto de
acuerdo que propone el senador Conchello no parte de la base de un mecanismo impuesto;
parte de la capacidad de imaginación y aportación de los universitarios, con
disposición, con ánimo para resolver el problema.
No pensemos en que las universidades van a
vivir exclusivamente del subsidio, tendríamos que cancelar los autogenerados y los
productos. Pensemos con imaginación, con buena fe, con una línea de pensamiento de
justicia social, dejando la discusión tributaria para otros momentos, porque además de
prolija y compleja vendría a quitarnos en este momento la posibilidad de aportar sobre lo
que nos ocupa.
En una línea de pensamiento de justicia
social, tratando de atender con un equilibrio armónico los intereses particulares y los
intereses colectivos, propongamos una fórmula a través de la cual los que más tienen
más den, más aporten; los que menos tienen que no aporten. Pero eso sí, que quienes
tengan o no tengan y no sepan aprovechar las aulas universitarias, que no ocupen el lugar
de quien sí debiera ocuparlos.
Por lo tanto, no se trata de establecer una
imposición a través de una cuota, no, se trata de ponernos de acuerdo y de hacer una
recomendación respetuosa en ese punto de acuerdo que propone el
senador Conchello, para que la formula
aplicada sutil, oportuna, inteligente y eficazmente pueda ser una contribución efectiva a
las universidades para enriquecer su presupuesto.
Y por el otro punto, preciso cifras: la
educación media superior y superior y de posgrado, en la que obviamente se incluyen las
34 universidades de provincia y cito textualmente información proporcionada por la
dirección general de planeación de la Secretaria de Educación Pública: "mereció
una asignación de 37 mil 990 millones, un 10.8% más realmente en relación a 1997".
Esta cifra se ajustó en 350 millones de pesos, reducción que implicó menos del 1% y lo
cual significó, a pesar de esto, un incremento real del orden del 9.9%.
En las universidades de provincia, que
fueron aludidas por el diputado Armando López Romero, el rubro de las universidades de
provincia mereció una asignación de 9 mil 973.4 millones de pesos, 7.4% mayor en
términos reales en relación a 1997. Esto es para atender a 601 mil 700 alumnos que se
encuentran en los niveles de educación superior y de posgrado y además incluye también
724 millones que se destinan al subsistema de educación superior, a través de los fondos
para la modernización administrativa.
En virtud de que la Universidad Nacional
Autónoma de México ya fue aludida y de que el dios Cronos es impasible y yo no quisiera
contrariar sus designios, simplemente dejo el comentario sobre la asignación presupuestal
de la Universidad Autónoma de México, perdón, Autónoma Metropolitana, por si hubiera
necesidad de hacer alguna rectificación sobre nuestras cifras.
Muchas gracias.
En relación con la proposición
formulada por el senador José Angel Conchello, con fundamento en los artículos 27 inciso
b y 106 de la Ley Orgánica y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a las comisiones de
Educación, de Ciencia y Tecnología y de Cultura de la Cámara de Diputados y a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores.
ESTADO DE MORELOS
Para referirse a la situación
política en el Estado de Morelos, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador
Mario Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El senador Mario
Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
El tema de la situación que vive el Estado
de Morelos ha sido abordado ya por esta Comisión Permanente y particularmente el PRD
asumió la posición de que como era un asunto de carácter local no tenía por qué
entrar al debate sobre lo que está pasando y sucediendo en este Estado.
La situación en Morelos ha venido
avanzando en términos de poner en evidencia aspectos que tienen una relevancia de
carácter nacional, no es nada más privativo a la situación del Estado de Morelos, sino
que lo que está sucediendo ahí preocupa a la nación entera.
El asunto del gobernador Carrillo Olea y de
los funcionarios implicados en cuestiones de delitos como el secuestro, asesinato,
narcotráfico, nos ponen en evidencia un problema central que está sucediendo no
solamente en Morelos, sino en el país y es la penetración del crimen organizado del
narcotráfico a las altas esferas de los gobiernos, la presencia en organismos de
seguridad pública y de la policía judicial y que observamos no solamente en Morelos,
sino en varios estados, el caso de Chiapas por ejemplo, cuando inclusive los
acontecimientos de Acteal pusieron en evidencia la complicidad de la policía de seguridad
pública del Estado como gente que entrenaba e inclusive orientaba en las acciones de
seguridad pública a cuerpos paramilitares, estaban implicados mandos de la policía.
Por cierto quisiera dejar aquí mi
preocupación de que no se haya metido el tema de Chiapas, que había sido ya una
costumbre desde que se inició debido a los asesinatos, a la masacre, al genocidio en
Acteal, porque hubiera sido importante que en esta última sesión de la Comisión
Permanente hubiéramos podido evaluar en el transcurso de las sesiones cuál ha sido la
evolución de los acontecimientos y también poder evaluar las distintas posiciones de la
Cocopa, recientemente la que se tomó ayer y las perspectivas del conflicto en Chiapas.
En el Estado de Guerrero también, con la
masacre de Aguas Blancas quedó en evidencia cómo los cuerpos policiacos, inclusive altos
funcionarios como el propio procurador del Estado, en la masacre de Aguas Blancas estaban
implicados en este asesinato, que llevó a la renuncia de Rubén Figueroa, a quien por
cierto está pendiente el juicio político por su involucramiento en esta masacre de Aguas
Blancas.
Es decir lo de Morelos nos lleva a
preguntarnos hasta qué grado o nivel de penetración ha logrado desarrollar el crimen
organizado los grupos que están vinculados al narcotráfico y hasta qué punto esta
situación no son ya una amenaza para la estabilidad y la gobernabi- lidad del país.
Cualquier ciudadano común y corriente se pregunta frente a lo que está sucediendo en
Morelos y lo que observamos en distintas partes del país, ¿cómo es posible que los
cuerpos de seguridad, los que están con la responsabilidad de combatir al crimen
organizado, son cómplice o parte del crimen organizado?
Por eso lo de Morelos no es privativo
solamente hacia el Estado, sino tiene qué ver con una situación nacional que es
sumamente preocupante y está también la gran duda sobre cómo se administra y se procura
la justicia y la aplicación de la justicia aquí en nuestro país.
Resulta que la manera como la PGR plantea
el delito contra Miyazawa y el procurador, ex procurador, vinculados a la tortura y al
ocultamiento del cadáver, no son considerados como delitos graves y por lo tanto con 500
mil pesos, pronto, no sé si el día de hoy, ya estén libres dos de los principales
responsables de la situación de impunidad, corrupción y crimen que se está viviendo en
este Estado de Morelos.
Es una manifestación lo que ahí sucede de
la crisis del régimen político que estamos viviendo; es muy preocupante cómo estos
procesos de descomposición plantean una situación a la sociedad en términos de los
riesgos que representa para la integridad física de las familias y las personas, como la
integridad en su patrimonio.
Por eso el caso de Morelos es un caso que
tiene que ver también con un pronunciamiento a nivel Federal, porque es el reflejo de lo
que está sucediendo en muchos estados y es reflejo también, lo hemos observado,
inclusive por declaraciones del mismo Procurador General de la República, de la presencia
y complicidad de agentes federales, funcionarios delegados de la PGR, involucrados
directamente en acciones de crimen organizado.
Recuerdo solamente el caso del güero
Palma, que tuvo que ser detenido por el Ejército porque más del 30% de los agentes
judiciales del Estado de Jalisco estaban directamente protegiendo al güero Palma.
A esta situación crítica en el Estado de
Morelos, el gobernador Carrillo Olea ha respondido, primero en el sentido de avalar a sus
dos funcionarios, inclusive con expresiones como que él metía las manos al fuego por el
señor Carlos Peredo y Jesús Miyazawa y que a pesar de que a ambos funcionarios se les
han presentado pruebas que los ligan a las bandas de secuestradores y a narcotraficantes,
al crimen organizado, seguramente pronto los veremos en la calle, obviamente como una
amenaza hacia la sociedad y directamente a aquellos que han osado levantar su voz en
contra de estas personas, de estos responsables de lo que está sucediendo en el Estado de
Morelos.
El Partido de la Revolución Democrática,
junto con otros partidos, el Partido de Acción Nacional y el Partido Cívico Morelense
plantearon, junto con organismos civiles, más de 50 organismos civiles, un referendum
importante, porque era de alguna manera la manifestación de un sector de la sociedad,
respecto a la permanencia o no de la presencia de Carrillo Olea, como gobernador en el
Estado de Morelos.
Hubo una asistencia importante a este
plebiscito, a pesar de la intimidación de policías y judiciales que estuvieron
merodeando las casillas y se pudo obtener una respuesta de cerca del 90% en contra de
Carrillo Olea; es decir, a favor de la salida de Carrillo Olea y 5.6% a favor de que
permaneciera como gobernador.
Evidentemente no es, desde el punto de
vista legal, todavía en Morelos el plebiscito una norma jurídica que se pueda aplicar.
Creo que el ejemplo de aquí en el caso de Morelos, es la necesidad de que se incorpore
para que pueda en estos casos tener todo el peso de la ley, pero tiene el peso de la
opinión de la sociedad, tiene el peso de la mayoría de los ciudadanos de Morelos que
están en contra de la permanencia del señor Carrillo Olea.
El está representando ahorita a las
autoridades que han estado coludidas con el crimen organizado, que han estado tolerando la
presencia de funcionarios con el crimen organizado y ésta es una afrenta no solamente a
los morelenses, su permanencia en el Gobierno, sino es una afrenta a todos los mexicanos,
porque demerita la labor y la función de un gobernante el que haya estado y esté
implicado en acciones y relaciones con aquellos funcionarios que directamente se vieron
involucrados en actos delictivos.
Es preocupante que la Procuraduría General
de la República haya fincado responsabilidades limitadas a los que, por otra parte, vemos
que tienen, de que existen elementos probados para mostrar ante el secuestro,
narcotráfico y acciones delictivas en el Estado de Morelos, los elementos suficientes
para ser enjuiciados.
Una vez más, desde esta tribuna, como lo
habíamos solicitado en su momento, el Partido de la Revolución Democrática plantea la
necesidad de que el señor Jorge Carrillo Olea, gobernador del Estado de Morelos, deje el
Gobierno, que renuncie y dé paso a la conformación de un Gobierno que empiece a
restablecer la legalidad en esta entidad.
Creemos, junto con aquellos diputados que
de manera mayoritaria en el Congreso local manifestaron la semana pasada, haciéndole una
recomendación al señor Carrillo Olea, de que era importante por el bien del Estado
dejara su cargo. Nos manifestamos en solidaridad, no sólo con los diputados que han
rechazado las respuestas ofensivas de Carrillo Olea, tanto a la situación, como a la
encuesta, como al plebiscito que se ha dado, sino que también nuestra solidaridad hacia
los organismos no gubernamentales, hacia los ciudadanos que están movilizándose para
lograr que Carrillo Olea renuncie y que una vez que renuncie y que seguramente será
producto, como empieza a observarse ya la fragilidad de su estancia como gobernador,
producto de la movilización social, como ha sido este plebiscito, producto también de la
movilización social que seguramente se generalizará en el Estado de Morelos, que una vez
que se retire sea enjuiciado también.
No basta con que sea retirado de su cargo,
como el caso de Rubén Figueroa, como de Julio César Luis Ferro, que están implicados en
acciones delictivas. Tendrá en su momento, tanto el Congreso, Cámara de Diputados, como
la Cámara de Senadores, como la Procuraduría General de la República, asumir la
responsabilidad para investigar a estos ex gobernadores, al propio Carrillo Olea, cuando
se es gobernador, para fincar las responsabilidades de sus acciones, en donde claramente,
como en el caso de Rubén Figueroa, de Julio Luis Ferro y seguramente también como en el
caso, hoy gobernador y después ex gobernador Carrillo Olea, acciones delictivas solapando
acciones que fueron orientadas y dirigidas directamente contra la población civil.
Entonces planteamos nuevamente, desde esta
tribuna, dada la trascendencia nacional que tiene el caso del señor Carrillo Olea, por
sus vínculos con el narcotráfico, por sus vínculos con el crimen organizado, para que
deje, renuncie al Estado de Morelos, a la gubernatura del Estado de Morelos y se dé paso
a la conformación de un Gobierno que permita restablecer la legalidad en este Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
| El diputado Juan José Rodríguez Prats: |
Con su permiso, señor
Presidente:
Como siempre y ya al finalizar estas ricas
sesiones de la Comisión Permanente, permítaseme con esa paciencia que siempre han tenido
para escucharme, con esa generosidad con la que siempre atienden estos debates, hacer
alguna reflexiones previas sobre este problema que agita al Estado de Morelos, pero que de
ninguna manera está separado de lo que pasa en todo el país.
Escuchamos al orador que me antecedió en
el uso de la palabra, cómo hacía mención de distintos conflictos en distintas entidades
de la República y que, sin lugar a dudas, nos deben preocupar porque son síntomas de
descomposición política.
En alguna ocasión, dentro de estas
discusiones de la Comisión Permanente, yo aludí hasta dónde llega el compromiso
partidista. Como hombres políticos tenemos lealtades, tenemos lealtades hacia los
hombres, hacia los grupos, hacia los partidos, hacia los intereses, tenemos lealtades
hacia las ideas, pero yo creo que la deformación, la patología de la vida parlamentaria
está cuando se exacerban las lealtades, cuando las lealtades se convierten en
hiperlealtades, entonces se rompe lo que es la representatividad, la autenticidad, para
venir aquí a defender los intereses de nuestros representados.
Cuando la lealtad se exacerba en torno a
una persona, en torno a un hombre, pues entonces ya no es lealtad, ya no es disciplina, es
genuflexión, es afección, es sometimiento. Cuando esa lealtad se convierte en
interlealtad a un grupo o a un partido, entonces hablamos de corporativismo, estamos
poniendo los intereses de un partido, de un grupo sobre los intereses de la nación.
Cuando la lealtad se exacerba en torno a las ideas, entonces estamos cayendo en el
dogmatismo y nos estamos olvidando de la realidad. Los partidos políticos nos debemos
más que al Estado, más que al Gobierno, nos debemos a la sociedad.
Y yo creo que esta reflexión es muy
pertinente, porque en el partido oficial yo he sentido una defensa absolutamente
indiscriminada, absolutamente, yo diría, que irracional, de toda la política
gubernamental y eso riñe con lo que es la auténtica representatividad, la legítima
representatividad.
Por eso hay algunos autores que señalan,
que la división de poderes, muchas veces más entre órganos de gobierno, se da entre el
partido que está en el Gobierno y los partidos que están en la oposición y yo creo que
México es un ejemplo claro de eso.
Si alguna división puede distinguirse
claramente, es precisamente esa. Un sector en el Gobierno, con sus distintos órganos y
una oposición que es la que está señalando, criticando y pretendiendo convertir a la
Cámara, no en una caja de resonancia de la política gubernamental, sino una Cámara
crítica, que esté ejerciendo sus funciones.
Yo recuerdo, inclusive, ésta es una cita
de un priísta, que decía que en algo ha sido sistemático el PRI, el votar siempre a
favor del Gobierno.
Y, señores legisladores de la fracción
priísta, creo que esto en este afán de que se habla de movilizar al Partido
Revolucionario Institucional y yo estoy convencido que si no se reforma el PRI, no creo
que haya una reforma del Estado, yo creo que es hora de reflexionar, ¿cuál es el precio
o hasta dónde seguirá esta conducta, de un apoyo irrestricto al Presidente?
Porque eso es lo que está detrás de
Morelos, eso es lo que está detrás de Chiapas y eso es lo que está detrás de Yucatán,
para no mencionar otros estados y pueda criticarse de provincionalismo mi actitud, de un
Presidente que a veces me da la impresión de ser el personaje de Alicia en el País de
las Maravillas.
Recuerden ustedes como Alicia le preguntaba
a algunos de los personajes qué camino tomaba y le preguntó el otro personaje, ¿hacia
dónde vas?, no voy a ningún lado, pues entonces cualquier camino te lleva, y yo creo que
en esa situación está el Presidente. Una de bandazos, una de contradicciones, una de
conflictos en relación a los principios y a los valores que deben inspirar su
administración.
Recientemente dijo en ese discurso, lleno
de estridencia, lleno de lugares comunes, pero vacío de teorías y de principios, que
pronunció el cuatro de marzo Ådijo textualmenteÅ, un gran discurso, sí, duró 70
minutos, largo terriblemente y pesado también y la paciencia que ustedes tuvieron para
escucharlo y aplaudirlo, siguen siendo pacientes.
Dijo el Presidente: "es imprescindible
que logremos que el PRI sea visto y sea justificadamente reconocido como un enemigo
decidido y activo de la impunidad y la corrupción en donde sea y contra quien sea".
Esto dijo el Presidente.
Y ha dicho también que él va a ejercer
una Presidencia, acotada por la Constitución, que guardará la distancia con el partido
de Estado, así lo dijo, y sin embargo, corre y apoya a los gobernadores y dice que
continuarán hasta el año 2000 y en otro caso, no en forma tan explícita, pero ahí en
el caso de Morelos, siento que es lo que está detrás, es este apoyo irrestricto, repito,
en donde se privilegian los viejos valores de la estabilidad, de la gobernabilidad, de la
eficacia frente a otros valores que para mí tienen mayor peso, como es la justicia, la
búsqueda del bien común, la democracia.
Yo creo que al final de cuentas el problema
de hoy día, es una cierta mezquindad, una cierta mediocridad. Yo creo que éstas son las
enfermedades que está padeciendo la clase política en el poder.
Y no es que lo hayan generado ellos, es que
la representan, la encarnan, la simbolizan, esta falta de grandeza, falta de visión para
asumir un auténtico liderazgo.
Por eso, parafraseando al señor diputado
Sánchez Carreño, que citaba aquí con gran sapiencia las palabras de Cicerón,
deberíamos decir: "¿hasta cuándo, legisladores priístas seguirán ustedes
defendiendo al Presidente en forma irrestricta y sin argumentos?"
Se habla en Morelos de un juicio político.
¿Qué es al final de cuentas un juicio político? Es la pérdida de confianza, es la
pérdida de la credibilidad.
Quiero, con esta paciencia que ustedes me
deparan, señalar un párrafo de lo que fue el dictamen correspondiente en el Congreso de
1857, sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahí hay un señalamiento
que dice lo siguiente:
"La significación de las sanciones de
carácter político, quedó plasmada en el septuagésimo párrafo del dictamen a la
Constitución de 1857, en los siguientes términos: "sois un inepto", no
merecéis la confianza del pueblo, "no debéis ocupar un puesto público",
"es mejor que volváis a la vida privada". He aquí un resumen, dice una
sentencia del juicio político, sin impedir por eso que los delitos del orden común sean
juzgados y castigados por la jurisdicción ordinaria. El voto del pueblo no es infalible,
sus esperanzas pueden frustrarse, venirles males imprevistos de quien les prometió
crecidos bienes y es lógico y muy justo, que por medio legal, sin conmociones ni
turbulencias, pueda retirar el poder a su delegado, así los encargados de las funciones
públicas, son más fieles y más celosos en el cumplimiento de sus deberes".
Qué hermosa definición de lo que se busca
precisamente con el juicio político, porque hablamos en la Constitución y en toda la Ley
de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, de cuatro tipos de responsabilidades: hay
la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa;
pero en materia de juicio político estamos hablando, repito, de esto que ya se dio en
Morelos, porque ya en Morelos hubo un juicio político de la ciudadanía, con este
plebiscito en donde está diciéndole al gobernante: "te hemos perdido la confianza,
nos retractamos ya de cualquier supuesto en el que tú pudieras gobernar".
Y yo creo, amigos legisladores, que ésta
debe de ser una oportunidad para que de esta Comisión Permanente pueda señalarse la
necesidad de que por fin aterrice toda esa legislación de responsabilidad de funcionarios
públicos, todo ese Título Cuarto de la Constitución, que ha sido letra muerta.
Por eso el Partido Acción Nacional el día
de ayer insistió en el juicio político que, repito, ya se dio en la comunidad del Estado
de Morelos; ya debe el señor gobernador Carrillo Olea, en beneficio de la tranquilidad de
Morelos, yo no voy a hacer afirmaciones en relación a su conducta, no estoy hablando de
lo que pueda derivar en cuanto a responsabilidad penal, me estoy restringiendo a su
responsabilidad frente al Estado de Morelos, porque todavía él se atreve a decir que si
se va, la crisis será peor, y yo creo, señores, que aquí también tenemos que hacer una
reflexión.
Basta ya de ver a la política como una
opción entre el desastre y la ruina. "Si me voy, se acaba todo".
Si no se adopta lo que desde el poder se
dice, se viene el tremendo caos. Yo creo que eso es totalmente falso; eso es haber
despojado a la política de su grandeza, de su optimismo, eso es evocar en cada acto de
Gobierno, el conformismo y la resignación. Por eso yo creo que en el Estado de Morelos,
debe cesar en sus funciones el gobernador Carrillo Olea.
Si algo nos dice este siglo, en forma
clara, fue el mal uso que se hizo del poder; en el caso de México, podríamos mencionar
muchísimos casos de abuso, de desorden, de corrupción y de impunidad.
Y por eso creo que de este órgano que hoy
tiene su última sesión, debe emanar una voz clara que le diga a Carrillo Olea, en su
sentido de responsabilidad, en su exhorto que él en alguna ocasión formuló al pueblo de
Morelos para que le depositaran su voto, que es oportuno por el bien de ese pueblo, por el
bien de esa entidad, que se retire del cargo y que permita, en otras formas, por otros
medios, fortaleciendo el estado de derecho, que este Estado que ha sido tan sacudido, tan
lastimado por la inseguridad y la delincuencia, pueda encontrar de nuevo su rumbo.
Muchas gracias.
Para hablar sobre el mismo tema y
hasta por 15 minutos, tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
| El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros legisladores:
Nuevamente hoy venimos y en ésta que es la
última sesión del órgano de gobierno del Congreso de la Unión, a tratar un tema que
efectivamente agravia no solamente a una parte de nuestros conciudadanos, sino que
representa también un agravio a los bienes, a los intereses, a los derechos de los
mexicanos. Porque hablar de la violencia, hablar de la violación a la ley, de la
trasgresión al derecho, constituye, y en esto estoy de acuerdo con quien ha opinado así,
un problema que nos debe de ocupar a todos a nivel nacional.
Mi partido, el Revolucionario
Institucional, ha tenido una inalterable conducta de condena hacia todos los actos de
violencia. De ninguna forma transigimos ni transigiremos con quien viole el derecho o la
ley. Esta es una posición que, reiteradamente, no sólo en esta tribuna, sino en todas en
las que se han alzado las voces de los priístas, han definido de manera categórica.
No hay ni falsos entendidos ni conductas de
defensas indiscriminadas cuando está en juego el derecho y la ley.
Por lo que se refiere a los hechos de
Morelos, estamos respaldando a las instituciones que tienen hoy la responsabilidad de
aplicar la ley, para que continúen con esa investigación y se aplique con todo el rigor
y el peso que tiene nuestro orden jurídico, para castigar a quienes resulten responsables
de cualquier hecho, particularmente en este Estado, pero en cualquier entidad federativa
que esto se realice.
Hoy se comentan aquí fundamentalmente dos
opiniones: en primer término, que existe en el Estado de Morelos, una situación en la
que las propias autoridades y concretamente se refieren al titular del Ejecutivo estatal,
se encuentran vinculados a ilícitos que castiga nuestro orden jurídico.
Y segundo, se hace una solicitud, se
presenta una denuncia para que se sigan también los procedimientos de un enjuiciamiento
en contra de este titular.
Yo quisiera que los hechos de Morelos los
fijáramos en el escenario y en el contexto objetivo, que es el que nos debe de guiar
cuando tenemos la responsabilidad de alzar nuestra voz en esta tribuna.
En efecto, con motivo de un homicidio que
se registró el 28 de enero pasado, se inició una averiguación en contra de quien en
esos momentos fueron sorprendidos al tratar de encubrir y ocultar el cuerpo de quien
resultaba en ese momento o en ese momento, como el occiso e inmediatamente se inició una
averiguación en el Estado de Morelos, pero la Procuraduría General de la República, y
en esto hago la primera observación de, ¿en qué forma la justicia federal está
respondiendo a los requerimientos de la sociedad?
La Procuraduría General de la República,
ejerciendo el derecho de atracción que se encuentra señalado constitucional y legalmente
en nuestro orden jurídico: por una parte la fracción XXI del artículo 73, el artículo
10 del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 2o. de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, facultan para que esta institución en el caso de
conexidad de delitos, pueda atraer al Fuero Federal el conocimiento, la investigación de
aquellos hechos que aun cuando tenían una vinculación en el orden común, tengan esa
conexidad con el Fuero Federal.
Apenas al día siguiente de haberse
suscitado estos hechos, la Procuraduría General de la República, con celeridad, ejerció
esa facultad de atracción para que fuese la propia institución del Ministerio Público
Federal, la que iniciara las averiguaciones. De inmediato, en menos de dos semanas, 14
días para ser exactos, la Procuraduría solicitó y obtuvo órdenes de arraigo a quienes
se presumía como responsables de los hechos delictuosos que en ese momento se
investigaban, arraigo que fue obsequiado por el Poder Judicial de la Federación y en
menos de 20 días el Poder Judicial, habiéndose integrado la averiguación previa
correspondiente, libró las órdenes de aprehensión de quienes resultaron responsables de
esos hechos, como fueron Armando Martínez Salgado y otros presuntos responsables o
indiciados en el proceso correspondiente.
Posteriormente y en virtud de que le
resultaba, cita y responsabilidad a Carlos Peredo Merlo y a Jesús Miyazawa Alvarez, en
menos de 40 días la Procuraduría General de la República obtuvo, previa consignación
de las averiguaciones, las correspondientes órdenes de aprehensión para que fueran
cumplimentadas y se ejecutaron estas órdenes de aprehensión por los delitos de
encubrimiento, de homicidio y tolerancia a la tortura.
Esta es una actuación que muestra la
celeridad con que la Procuraduría General de la República actuó en el caso de la
comisión de hechos, que no solamente se refieren a la violación de intereses o de
derechos particulares, sino que también crean incertidumbre, crean desasosiego en la
sociedad.
Por esa razón, la actuación de la
Procuraduría General de la República no solamente se dio con oportunidad, sino con total
apego a derecho. Hay una afirmación que señalaba el senador Mario Saucedo y que
comentaba que los delitos por los que fueron consignados quienes en su momento tuvieron la
responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y la
responsabilidad de la Coordinación de la Seguridad de la Policía Judicial, Jesús
Miyazawa, eran delitos graves. Quiero aclararle, señor senador, que efectivamente el
homicidio, y más el homicidio calificado, es un delito grave; que la tortura, como la
prevé la Ley Federal de Prevención a la Tortura, es un delito grave, pero el
encubrimiento al homicidio constituye una conducta distinta del tipo penal a que se
refieren estos preceptos de nuestro ordenamiento penal.
Hay que distinguir entre lo que es el tipo
y la modalidad o la participación que tienen los sujetos. Por esta razón, y porque la
Constitución, en su artículo 20, fracción I, señala este beneficio que tienen
indistintamente todos los procesados, obtuvieron la fianza, porque la imputación procesal
que tenían no era por homicidio ni por tortura, sino por encubrimiento de homicidio y
tolerancia a la tortura. Es una distinción que tenemos que hacer para no juzgar de manera
superficial una decisión del Poder Judicial, señalándolo como una imputación que
obedece a actos de desviación de nuestro derecho.
También se refiere el senador a las
situaciones que, con motivo de estos hechos, se han venido desarrollando en el Estado de
Morelos y habla él de una movilización social que se produjo en el Estado de Morelos
para hacer una consulta a la ciudadanía. Efectivamente y coincido con él en que fue una
movilización social, pero una movilización organizada por los partidos de oposición ni
siquiera refleja la opinión de la ciudadanía.
Este llamado supuesto referendum o
plebiscito, y como aceptadamente también señala él, no se encuentran consagrados dentro
de nuestra normatividad en el sistema jurídico; es decir, no existen estas figuras
legalmente establecidas o instituidas, pero sin embargo aceptamos que este llamado, esta
consulta a la opinión que se hizo, se llevó a cabo en el Estado de Morelos y que
arrojó, según los datos que señalan y que han hecho públicos los propios organizadores
de la Coordinadora
Morelense de Movimiento Ciudadano, arrojan
menos de 100 mil expresiones, menos de 100 votos y de éstos menos de 100 mil votos;
señala el senador, que el 90% estuvo en contra de Carrillo Olea.
Efectivamente, yo no dudo que hayan sido
estos votos en contra de Carrillo Olea. Pero estos votos no solamente fueron expresados
ahora el domingo pasado en contra de Carrillo Olea, sino que desde 1994, tanto Acción
Nacional como el PRD, ya habían votado en contra de Carrillo Olea.
De acuerdo con los resultados de las
votaciones que se dieron en 1994, el PAN obtuvo 31 mil 900 votos y el PRD 74 mil 730
votos. Estos dos partidos, sumando sus votos, arrojaron 106 mil votos en 1994. Es decir,
¡que desde 1994 hay 106 mil ciudadanos en Morelos que están en contra de Carrillo Olea!
¡Que votaron en ese momento en contra, que seguirán votando y lo van a hacer hasta que
salga! En eso su voto lo respetamos, se mantiene de la misma forma.
Pero ahora en esta votación ¡ni siquiera
pudieron llegar a la suma que en 1994 los dos partidos llevaron a cabo de manera conjunta!
Esto nos refleja...
Diputado Sánchez Carreño: el
diputado Rodríguez Prats pregunta si le acepta una interpelación.
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con mucho gusto, pero nada más que
termine la frase.
Esto refleja que la votación que se obtuvo
en el pasado domingo, de menos de 100 mil votos, ¡ya ni siquiera refleja, repito, la
totalidad de los votos de panistas y perredistas que en el 1994 votaron en contra de
Carrillo Olea!
A sus órdenes.
| El diputado Juan
José Rodríguez Prats (desde su curul): |
Señor diputado: su afirmación me ha
sorprendido. ¿Sería usted capaz de reiterar que esos 100 mil y pico de votos depositados
en este plebiscito, son los mismos que votaron en 1994 por el PAN y por el PRD? ¿De
memorizar y de tener en su memoria los ciento y pico mil personas que votaron también en
contra, lo reitera usted así con esa facilidad?
| El diputado
Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Lo reitero, porque como lo afirmaba
el senador Mauricio Saucedo, esto fue producto de una movilización, de una movilización
en donde están afiliados quienes simpatizan precisamente con la oposición; oposición
que por demás ha caminado o a transitado por senderos y por caminos de una oposición
sistemática.
Tenemos en ese sentido qué madurar, para
que así como en algunas ocasiones se ha comentado aquí que los priístas únicamente
pasamos a la tribuna a hacer una defensa indiscriminada de las
políticas nacionales, tendríamos que
decirle que los de oposición, sin alcanzar esa estatura madura que deben de tener,
también existe una oposición por posición. Necesario es que reflexionemos también en
estas posiciones de las oposiciones.
Se menciona también que existen pruebas
respecto a la posible vinculación del titular del Ejecutivo con el narcotráfico. Yo
quiero pedirle a quien lo ha mencionado así, que por disposición de la ley está
obligado a presentarla y a presentarla ante los órganos competentes de la procuración de
justicia. No hacerlo así incurriría incluso en situaciones que pudieran ser tipificadas
como un encubrimiento. ¡Que las presenten! ¡Si hay pruebas que las presenten!
Nosotros no venimos a encubrir a ningún
ilícito, no venimos a encubrir a ningún responsable de hechos. Queremos la
investigación, queremos que el tránsito hacia nuestra democracia sea por el camino del
derecho y aquí lo importante es que tengamos una convicción de lo que son las decisiones
democráticas.
Hablando sobre el resultado de la consulta,
comentamos que estos menos de 98 mil votos, como lo señalan las referencias de prensa y
que no representan frente a los votos obtenidos en las pasadas elecciones de 1994, en
donde el PRI del total de votos obtuvo un 63%, esta votación, como lo han asegurado los
coordinadores, apenas y refleja un 12% de la lista nominal. Pero eso aceptando que hubiese
sido una votación en la que sólo hubieran participado ciudadanos.
Sabemos y tenemos la información de que
fue una votación abierta, que si bien es cierto se exigió en determinado momento que se
acreditaran con credenciales de elector, también se permitió que pudieran justificar su
residencia con otros elementos. Eso nos da una idea de que esas menos de 100 mil personas
no representan ni siquiera el 10% de la población que tiene en sus 33 municipios el
Estado de Morelos. Más de un millón y medio de personas habitan Morelos.
¿Cómo es posible que con base en esta
reducida cifra, que si bien es cierto refleja una opinión, pero una opinión minoritaria,
vayamos a tomar decisiones de carácter político, en donde la mayoría le dio su
confianza, le otorgó de manera directa el voto al titular del Ejecutivo? Hacerlo, atender
a las fuerzas minoritarias, sería subvertir el término y el concepto de democracia por
el que hoy todos estamos luchando.
La democracia es concurrencia de disensos,
así es, es participación y responsabilidad de minorías, pero de ninguna forma la
democracia se guía o se orienta por decisiones minoritarias. Hoy la mayoría en el Estado
de Morelos da y ha otorgado su confianza en favor del titular del Ejecutivo del Estado.
Hay una afirmación que hace el preopinante
Rodríguez Prats y señala que nosotros tenemos lealtades indiscriminadas. Como mexicanos,
como profesionales de la política compro- metidos con el servicio y con el bien común,
pero sobre todo quienes hemos encontrado en la justicia y en la ley el escudo suficiente
que cobije todas las intemperancias de nuestra convivencia y de nuestros conflictos,
creemos que debe de prevalecer la ley y el derecho.
La única lealtad, señor diputado, que
tenemos aquí y que tiene el PRI y que tenemos los priístas, es una lealtad con la ley.
Es la ley la que debe de servir como el instrumento insustituible para dirimir los
conflictos y debe ser el argumento convincente que nos permita avanzar en la construcción
de esta democracia.
Hacía alusión al recuento de las palabras
que el titular del Ejecutivo Federal mencionó en nuestra reciente conmemoración, el 4 de
marzo y, efectivamente, en ese recuerdo volvieron a tener un énfasis especial las
palabras que no solamente son vacíos, sino que hoy pareciera que encuentran un eco de
respuesta en las posiciones que aquí escuchamos.
No ataquemos al PRI sólo por atacarlo, no
ataquemos al PRI sólo para ganar notoriedad. Las columnas de los periódicos pueden
también tener otros temas, hoy queremos confirmar que nuestra lealtad principal
efectivamente es con las instituciones, nuestra lealtad es con la ley.
Y recordando la cita que mencionaba, hay
una que particularmente ustedes como abogados la recuerdan, señalaban en la antigüedad
con una acotación latina que: ubi homo hubi societas, hubi societas hubi iure"
("donde hay hombre hay sociedad y donde hay sociedad hay derecho"), es el camino
que debemos transitar.
Muchas gracias.
Para rectificar hechos y hasta por
cinco minutos, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez.
| El diputado Pablo Gómez Alvarez: |
Por alguna razón, mejor dicho
motivo, que no es difícil de descubrir, el diputado Sánchez Carreño habló de la
votación en 1994, pero no habló de la votación de 1996 ni la de 1997.
Esta es la historia de cómo el PRI ha
quedado en minoría en el Estado de Morelos y cómo ha surgido una fuerza que se perfila
mayoritaria, sobre todo 1997, que es el PRD. Los datos electorales del diputado Sánchez
Carreño son los datos convenencieros, se olvidan de lo más reciente, escogen la cifra
menos ingrata, pero en Morelos ha habido un cambio político que se está expresando, se
sigue expresando, de tal manera que el PRI dejó de ser la fuerza electoral mayoritaria.
Ya antes, en 1996, había perdido la
mayoría absoluta en el Congreso; en 1997 ya perdió más, el gobernador del Estado ha
hecho un gobierno malo y esto ha ayudado a la declinación del PRI, como es natural. El
Procurador de Justicia está acusado de encubrir un homicidio y ha sido declarado presunto
responsable; el Procurador de Justicia no es cualquier policía, es un miembro muy
importante en los usos y costumbres más que en las Constituciones de los gobiernos
locales y el Procurador de Justicia, había sido señalado durante mucho tiempo por
partidos políticos y medios de opinión pública y por ciudadanos en general de Morelos,
como una persona que estaba en connivencia con delincuentes, pero el gobernador negaba
todo, protegía al Procurador y protegía al jefe de policía y protegía al jefe de la
unidad antisecuestros, que ahora está acusado de secuestrador, además de homicida, está
también acusado de secuestrador y cobró en un camino, ahí de Morelos el dinero de un
secuestro que hicieran en otra entidad.
La Procuraduría General de la República
ha tenido que intervenir porque la justicia local no existe y esto sí es responsabilidad
del gobernador, responsabilidad política . Mire usted, en México había, hasta ahora,
una institución que se hacía cargo de la justicia política, que era el Presidente; no
había juicios políticos de ninguna naturaleza, ésta es una institución muerta,
constitucional pero muerta.
Entonces el Presidente era el que hacía
los castigos, él era el jurado, si se declaraba a alguien inocente o culpable, le
imponía la pena que era la remoción del cargo, los hacía renunciar, eso hacía el
Presidente de la República y no se aplicaba la Constitución, sino las reglas no escritas
paralelas a la Constitución.
Ahora ya no, el Presidente ya no puede,
porque el sindicato de gobernadores ya lo detuvo porque mucha gente del PRI ya le detuvo
la mano también; la mano de la justicia política está detenida o es muy débil, pero
las instituciones constitucionales siguen sin operar.
¿Cuál es la causa fundamental de un
encauzamiento político? ¿Culpar a alguien o acusar a alguien por responsabilidad
política? Actos u omisiones que atenten contra los intereses públicos y el buen
despacho, además naturalmente que las violaciones a la Constitución y a las leyes. Esto
que no se aplica desde el punto de vista federal para los gobernadores, porque hubo una
reforma constitucional en la época de De la Madrid, que cambió todo esto, sigue siendo
el elemento esencial del juicio político, de la responsabilidad política mejor dicho.
Un gobernante inepto, un gobernante que no
sabe gobernar, que lo hace mal, que comete actos o tiene omisiones que atentan contra el
buen despacho de los asuntos públicos, contra la aplicación general del cuerpo de leyes,
ese gobernante puede ser encausado por una instancia política y puede ser removido de su
cargo.
Esto es lo que no se puede hacer todavía y
lo que debería hacerse en casos como éste.
¿Por qué no aplican la justicia de las
leyes paralelas? Porque muchos gobernadores no están de acuerdo, como decía yo hace un
momento y porque en este caso el Presidente tampoco está de
acuerdo, porque el PRI no podría nombrar
gobernador sustituto, no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, como no hay mayoría
priísta en el Congreso, el PRI no quiere que caiga un gobernador que le hace daño, mucho
más daño al PRI que a la oposición.
Yo diría que el gobernador de Morelos en
este momento no le hace daño a la oposición, sino al contrario, la impulsa. Ya de por
sí es mayoritaria, pero no solamente en su conjunto, sino el propio PRD lo ha llegado a
ser en las elecciones y ahora hay un gobernador de lo más debilitado y repudiado que
benéfico, su permanencia beneficia a la oposición.
Con ese criterio nosotros no estaríamos
pidiendo que el gobernador se fuera, pero claro que en la medida en que permanezca el
gobernador, todo el Gobierno entra en un problema terrible. Hay un desgobierno muy grande
y a fin de cuentas, si por un lado eso beneficia a la oposición, por otro lado afecta al
Estado y eso no nos parece que esté bien.
Entonces nosotros les hemos dicho: ¡quiten
al gobernador, quítenlo, porque está afectando al Estado de Morelos seriamente, a la
función pública en su conjunto!
El gobernador defendió siempre al
procurador; lo defendió hasta que bueno, ya eso fue insostenible y decía: "el
Procurador de Justicia no puede saber lo que hace cada uno de los policías
judiciales". Resultó que sí sabía lo que hacían; resultó que el procurador
sabía que el jefe de la unidad antisecuestros y el grupo de la unidad antisecuestros
mataron ahí a un presunto secuestrador justamente; es decir, mataban a los de la
competencia según se ve. Pero sí sabía el procurador lo que hacían sus policías y sí
lo sabía el jefe de la Policía Judicial también, no obstante lo cual, con ese argumento
falto, el gobernador defendió al Procurador casi como Sánchez Carreño defiende al
gobernador ahora y, no sólo al gobernador, sino por lo que se ve habla como si fuera el
defensor de los que fueron ahora encausados: el procurador y el jefe de la policía y nos
explica por qué tuvieron derecho a fianza, cómo está el proceso etcétera; parece que
es el abogado defensor de estas personas, yo no sé francamente si lo sea, porque habla
con el conocimiento propio de un abogado defensor de un encausado.
Entonces aquí finalmente quiero decir que
Morelos está sufriendo mucho porque el PRI no quita al gobernador, porque no puede elegir
gobernador sustituto.
¿Quién paga los platos rotos de esta
desventurada situación en la que se encuentra el PRI en el Estado de Morelos? Pues el
pueblo de Morelos, la administración pública de Morelos.
Si tuvieran altura de miras, un sentido de
responsabilidad institucional y político, los priístas ya hubieran despachado al
gobernador con el propósito de que llegara otro gobernador que estableciera un gobierno
funcional.
Y esto me parece que es el fondo de la
cuestión, independientemente, señor diputado Sánchez Carreño, de que quizá
eventualmente tega usted que defender a Carrillo Olea en un tribunal federal, porque no
hay que descartar que en efecto, en un momento determinado, pues en uno de esos arranques
y situaciones que hay, la justicia se le venga encima al mismísimo gobernador, al que
usted defiende con tan poca ventura desde la tribuna de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión.
Para contestar alusiones personales y
hasta por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño.
| El diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño: |
Con su permiso, señor Presidente:
La referencia que hice a los resultados
electorales, lo hice citando las elecciones de 1994, que fueron las elecciones para elegir
gobernador. Resultaba irrelevante citar otras votaciones, toda vez que el supuesto
referendum o plebiscito, se hizo precisamente para saber si permanecía o no en la
titularidad del Ejecutivo del Estado, el señor gobernador.
Estas cifras, como lo hemos comentado,
arrojan mayoritariamente una votación que sigue siendo el aval y el respaldo que la
ciudadanía, en un proceso transparente, claro, limpio y legal, refrendó en 1994.
Mientras no exista una votación, un
resultado, una opinión que pudiese reflejar una mayoría que se expresara en un sentido
distinto, este criterio prevalece como el fundamento democrático de la elección en el
Estado de Morelos.
Por otra parte, y aquí quisiera referirme,
aunque no es mi costumbre hacerlo, pero de manera personal, señor diputado, no se sienta
usted sorprendido de que yo hable como abogado, porque sucede que yo soy abogado y es que
la defensa, si usted no lo recuerda, eso es lo que quiere decir abogado: advocatus viene
de advocare, el que es llamado para defender.
Muchas gracias.
DECESO DE DIPUTADO
La Presidencia de la Comisión
Permanente lamenta el sensible fallecimiento acaecido el día de ayer de José García
Cerda, diputado federal por el VII distrito del Estado de Guanajuato e integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Solicito a los presentes, ponernos de pie
para guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero.
(Minuto de silencio.)
MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL DE 1968
Para referirse al Movimiento
Estudiantil de 1968, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra el senador Mauro Saucedo
Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
| El senador Mario
Saucedo Pérez: |
Gracias, señor Presidente:
El pasado 3 de febrero, el ex presidente
Luis Echeverría Alvarez citó a los medios de comunicación, para explicar su actuación
durante los acontecimientos que conmovieron al país durante el verano de 1968.
La comisión de la Cámara de Diputados,
que investiga acerca de los acontecimientos del 2 de octubre, pensó de buena fe, que se
hubiera podido dar la entrevista con uno de los principales protagonistas del 2 de
octubre.
En principio nos inspiraba el mismo afán
que ha inspirado a generaciones de mexicanos a reivindicar una de las demandas centrales
que inspiraron el célebre pliego petitorio de los seis puntos, pliego en el cual el
Movimiento Estudiantil Popular concretó sus aspiraciones, que fue una de las razones de
ser de la lucha de los estudiantes en aquel año.
La exigencia de deslindar
responsabilidades, para que la justicia procediese en contra de aquellas autoridades
responsables de los crímenes cometidos durante las marchas del 26 de julio, del bazookazo
contra la preparatoria número uno, los crímenes cometidos en aquella noche de agosto,
los responsables de haber dado orden a la Policía Judicial de abrir fuego durante la
ocupación al Instituto Politécnico y de perseguir, detener y torturar impunemente a
estudiantes y ciudadanos, cuyo único crimen fue el pretender ejercer sus derechos
constitucionales.
Antes de los acontecimientos del 2 de
octubre, el Movimiento Estudiantil ya había levantado la bandera, que hoy se hace
presente como una obligación moral y civil, para todos aquellos que están convencidos de
que la aplicación estricta de la ley en contra de la impunidad, es la única forma de
establecer las condiciones para una convivencia efectivamente democrática.
Y esa bandera, ese mandato moral, civil,
fue, ha sido y sigue siendo el deslinde público y jurídico de responsabilidades de cada
uno de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en los crímenes cometidos
durante el verano de 1968 y que sigue siendo un mandato pendiente de la historia, no sólo
para quienes estamos convencidos que la lucha de los estudiantes de 1968 representa uno de
los principales patrimonios de nuestra herencia cívica y democrática, sino para todos
los mexicanos que estamos empeñados en construir un orden efectivamente republicano y
democrático.
Es decir, un orden donde la ley prevalezca
por encima de los intereses políticos, de grupo, partidos o por razones de Estado, mas
aún cuando se trata del incumplimiento de la ley y del respeto y de la violación a los
derechos humanos, por parte de los propios funcionarios del Estado.
Hay una enorme sabiduría en la
vindicación que hizo el Movimiento de 1968 del deslinde de responsabilidades. Es la
sabiduría de quienes efectivamente están convencidos de la importancia y la pertinencia
de conceder al presunto criminal, al presunto homicida, el derecho a un juicio justo,
a una defensa real, al derecho a recurrir a
los principios constitucionales para fincar su inocencia. Es un principio inalienable de
quienes inspiran sus acciones en las prácticas del estado de derecho.
En esto los estudiantes de 1968 merecen
nuestro máximo respeto a nuestro más auténtico reconocimiento.
No es casual que 30 años después nos
sintamos con la responsabilidad de llevar hasta sus últimas consecuencias, el derecho que
los estudiantes concedieron a quienes decidieron ahogar sus demandas en el arrebato de la
violencia indiscriminada.
No olvidemos que un Estado incapaz de
obligar a sus funcionarios a deslindar responsabilidades frente a la violación de la ley,
es un Estado que jamás podrá aspirar a convertirse, efectivamente, en un estado de
derecho.
El 3 de febrero, el ex presidente Luis
Echeverría emitió un conjunto de declaraciones sobre los acontecimientos de 1968, que la
prensa y la opinión pública tildaron, acertadamente, como una burla a la ciudadanía.
Aparentemente Luis Echeverría desvió la
atención reiterando simplemente lo que ya había dicho en otras ocasiones. Pero un
análisis más detallado de esas declaraciones nos obliga a realizar una reflexión
detenida y cuidadosa de la percepción que el mismo Echeverría tuvo de su actuación en
1968.
Prestemos, así sea por un momento,
atención a las palabras del ex presidente.
A la pregunta de quién fue el responsable
de la matanza del 2 de octubre, Echeverría respondió, y éstas son afirmaciones que
constan en la grabación de uno de los periodistas que estuvo presente. Respondió, que el
Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas Åobviamente se refería a
Gustavo Díaz OrdazÅ, así lo ordena la Constitución. Yo lo fui pero hasta el 1o. de
diciembre. Pero la cosa no es tan simple; se acumularon muchos problemas y se complicaron
muchísimo y los problemas que economistas y políticos no pueden resolver, se torna en
violencia.
Luego se le hizo la siguiente pregunta:
¿acepta usted que el Gobierno tuvo entonces responsabilidad en la matanza?
La respuesta de Echeverría es
perfectamente clara en la grabación: "corresponsabilidad, sí"
Eso es exactamente lo que afirmó Luis
Echeverría Alvarez, el hombre que estaba a cargo de la seguridad interna del país y de
la dirección de los principales cuerpos policiacos que perpetraron la matanza; es decir,
el hombre que estaba después del Presidente, a cargo del Gobierno.
Repito: "el Gobierno tuvo
corresponsabilidad en la masacre del 2 de octubre". Fue la respuesta de Luis
Echeverría.
La pregunta que nos hacemos es: ¿lo
traicionó el inconsciente, lo traicionó la falibilidad de la memoria? Nunca, en ninguna
declaración anterior Luis Echeverría había afirmado que el Gobierno que él dirigía en
parte, había tenido corresponsabilidad en la masacre, siempre había sostenido la tesis
de que los estudiantes habían provocado la balacera; una tesis que absolutamente nadie ha
podido demostrar hasta la fecha.
Yo me pregunto: ¿qué sigue ahora?, ¿qué
sigue ahora después de que Echeverría justificó ilegitimó el hecho de que el Gobierno
de aquella época fuera corresponsable de la matanza?
Yo les solicito que lean la entrevista
letra por letra, párrafo por párrafo, lo que hace Luis Echeverría es tratar de
reafirmar que los crímenes cometidos contra los estudiantes a lo largo de dos meses, eran
válidos y justificables, que el crimen del 2 de octubre fue justificado.
O, ¿cómo podríamos interpretar esta otra
declaración?
"Supongamos que existe la amenaza de
una revolución Ådice Luis EcheverríaÅ, si se dispone a atacar Palacio Nacional, ¿Qué
se debe hacer?, ¿qué debe hacer el comandante supremo de las fuerzas armadas si hay otro
Tlatelolco, que no es deseable, pero sí posible? Hasta aquí la cita de Luis Echeverría.
¿Fue acaso ésta la filosofía, la que
siguió Luis Echeverría al decir que el Gobierno fue corresponsable de la matanza?, de
ser así y esto sólo lo puede decidir la Suprema Corte de Justicia y lo que dijo Luis
Echeverría fue que el Gobierno conspiró contra los estudiantes, no como había sostenido
hasta la fecha que el Gobierno sólo había respondido a una provocación.
Señoras y señores legisladores de la
Comisión Permanente, lo que está en juego en el deslinde de responsabilidades de la
matanza del 2 de octubre, es un crimen de lesa humanidad. Los cuerpos del orden público
masacraron ciudadanos y estudiantes indefensos en una plaza pública, que se manifestaban
pacíficamente.
Es un crimen que la conciencia pública no
ha olvidado ni va a olvidar a riesgo de que se repita. Hoy, el máximo representante vivo
de aquel Gobierno ha reconocido la corresponsabilidad de las autoridades en aquel
homicidio masivo.
La Carta General de los Derechos Humanos
firmada y reconocida por México, tipifica esa corresponsabilidad como genocidio. Nuestras
leyes reconocen este delito como un crimen de lesa humanidad por el hecho de que es el
crimen más imperdonable que puede cometer quien abusa del poder y de la autoridad.
La sospecha es inevitable, ¿es acaso Luis
Echeverría un presunto responsable de ese genocidio?, todo hace indicar que fue al menos
un corresponsable y no basemos esas acusaciones sólo en el deslice de Luis Echeverría,
sino también en la decena de declaraciones de sus colaboradores más estrechos, que una y
otra vez lo han inculpado de aquellos hechos, que muchos de ellos estarían dispuestos a
rendir testimonio, sobre todo aquellos que se hallaban cerca del general Marcelino García
Barragán.
De ser fiel al mandato de 1968 sobre el
deslinde de responsabilidades, de ser fiel a la vocación hacia un verdadero estado de
derecho, de preguntarnos sobre la forma en cómo Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría
enfrentaron al movimiento de 1968 y sobre todo del intento permanente de legitimar aquella
acción como algo justificado, sólo queda iniciar las averiguaciones para fincar un
juicio a Luis Echeverría, sobre su presunta corresponsabilidad en el genocidio del 2 de
octubre, así como su responsabilidad ya como Presidente de la República, de los
acontecimientos del 10 de junio de 1971, cuando también fueron asesinados impunemente
estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional.
Es tarea de la actual legislatura,
convertirse en el artífice del estado de derecho y para contribuir a ello, llevar a cabo
las investigaciones y deslindes de responsabilidades sobre los autores intelectuales de
estos crímenes.
Por lo anterior, con fundamento en los
artículos 21 fracción III y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de esta mesa directiva,
turne a las comisiones de Justicia de ambas cámaras, la siguiente
PROPOSICION
Unica. Que las comisiones de Justicia de
ambas cámaras y la Comisión Especial Investigadora del Caso 1968, de la Cámara de
Diputados, recaben la información sobre los acontecimientos que conmovieron al país
durante el verano de 1968 y junio de 1971, a fin de deslindar las responsabilidades en que
hayan incurrido el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y las autoridades que
participaron en esos lamentables hechos, para proceder en su caso a hacer del conocimiento
de las autoridades competentes, los hechos y se inicie la averiguación previa en contra
de quienes o quien resulte responsable de los crímenes cometidos durante las marchas del
26 de julio, del bazookazo contra la preparatoria número uno, los crímenes cometidos en
aquella trágica noche de agosto, los responsables de haber dado orden a la Policía
Judicial de abrir fuego durante la ocupación del Instituto Politécnico y de perseguir,
detener y torturar impunemente a estudiantes y ciudadanos cuyo crimen fue el pretender
ejercer sus derechos constitucionales, así como la matanza del Jueves de Corpus del 2 de
junio de 1971.
Con fundamento en los artículos 27
inciso b y 106 de la Ley Orgánica y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna la proposición
formulada por el senador Mario Saucedo, a las comisiones de Justicia de ambas cámaras y a
la Comisión Especial Investigadora del caso 1968 de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DIA
| La secretaria
senadora María Elena Alvarez Bernal: |
Se va a dar lectura al orden del día
de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.Å Primer Receso.Å
Primer Año.Å LVII Legislatura.
Orden del día
Domingo 15 de marzo de 1998.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Informe sobre las actividades realizadas
por la Comisión Permanente.
Designación de comisiones reglamentarias.
Declaratoria de terminación formal de los
trabajos de la Comisión Permanente.»
CLAUSURA Y
CITATORIO
| El Presidente (a
las 14:45 horas): |
Recuerdo a los miembros de esta
Comisión Permanente la invitación para que a las 5:00 de la tarde recibamos a don Mario
Soarez, en el salón de protocolo de esta Cámara de Diputados.
Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas.
RESUMEN DE
TRABAJOS
Tiempo de duración: 4 horas con 30
minutos.
Quorum a la apertura de sesión: 27
legisladores.
Comisiones reglamentarias y protocolarias:
1.
Diputado que solicita licencia: 1
(Patricio Martínez García).
Minuto de silencio: 1
Puntos de acuerdo: 2
Temas de agenda política: 3
Oradores en tribuna: 12
PRI-4; PRD-2; PAN-6.
Se recibierón:
17 comunicasiones de congreso estatales;
1 oficio de la cámara Nacional de
Comercio, Servicios, y Turismo de Guadalajara en Pequeño.
1 ofocio del Sindicato de la Secretaría de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.
Se aprobó:
1 dictamen relativo a nombramiento de
embajador ante los gobiernos del Reino de Suecia y de la Repúblicca Portuguesa;
2 dictámenes con punto de acuerdo por los
que se ratifican los grados militares de igual número de ciudadanos.
12 dictámenes que conceden los permisos
para aceptar condecoraciones que confieren los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y
Francia;
2 dictámenes para aceptar y desempeñar
los cargos de cónsul honorario de Dinamarca y Nicaragua;
11 dictámenes para prestar servicios en
representaciones diplomáticas.
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